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Organización Internacional para las Migraciones • OIM en ColombiaCarrera 14 No. 93B - 46 piso 6, Edificio Chicó 94 • Bogotá PBX: 57.1.6397777 website: www.iom.int • http://www.oim.org.co/programas/visp-descripcion.html

Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas

Como resultado de décadas de conflicto armado, Colombia tiene una de las cifras más altas de víctimas de violaciones a los derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario a nivel mundial, inclu-yendo víctimas de desplazamiento y desaparición forzada, secuestro, re-clutamiento forzado de menores y minas antipersona, entre otros.

Para responder a esta situación, el 5 junio de 2011 el gobierno colombiano sancionó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448). A través de esta Ley, que entró en vigencia en enero de 2012, se espera responder demanera integral a los problemas persistentes que enfrentan las víctimas del conflicto. La Ley reconoce que la manera más equitativa e incluyente para avanzar en la reconciliación nacional es restaurar los derechos de las víctimas del conflicto a través de su asistencia, atención y protección, y de su reparación a través de medidas de restitución, indemnización judicial y administrativa, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

En el marco de la implementación de la Ley de Víctimas y con el apoyo financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), la OIM desarrolla desde julio del año 2012 hasta abril del 2016, el Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas (VISP).

Objetivo del ProgramaBrindar acompañamiento y apoyo técnico para que las políticas, sistemas e instituciones del gobierno colombiano a nivel nacional, departamental y municipal, tengan las capacidades y competencias necesarias para la eje-cución e implementación oportuna y eficaz de la Ley de Víctimas.

El Fortalecimiento InstitucionalEn el marco del VISP, el fortalecimiento institucional se entiende como el proceso diseñado para mejorar las competencias de los individuos y las capacidades de las instituciones del gobierno colombiano responsables de la implementación de la Ley 1448, en el uso efectivo de los recursos para alcanzar el objetivo propuesto de manera sostenible.

En este sentido el VISP, buscará fortalecer a las entidades y personal del Gobierno colombiano que tienen un rol principal en la provisión de servi-cios enmarcados en la Ley relacionados con medidas de reparación tales como la indemnización, rehabilitación y satisfacción.

Lo anterior a través del apoyo a las entidades del Gobierno, Alcaldías y gobernaciones en áreas claves para el aprendizaje y una atención dignifi-cante a las víctimas (tales como planeación estratégica, procesos internos, herramientas, cualificación de equipos de trabajo y relacionamiento).

Socios • Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)• Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)• Ministerio de Salud y Protección Social • Alcaldías y Gobernaciones • Ministerio Público

Taller de fortalecimiento a la Red Departamental de Mujeres de Chocó. Octubre 7 de 2014

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ResultadosEl programa se articula alrededor de una estrategia de cuatro (4) grandes resultados:1. Gestión estratégica efectiva para la implementación de la Ley de

Víctimas: Busca apoyar al gobierno en áreas como sistemas de in-formación, coordinación interinstitucional, planeación estratégica, gerencia, comunicaciones interna y externa y todo lo relacionado con el monitoreo y evaluación de la Ley.

Desarrolla capacidades del Ministerio Público para la toma de declara-ción, apoya operación de mesas de participación, Comités de Justicia Transicional (CJT), Puntos de Atención y Centros Regionales de Atención (CRA), así como la implementación de los Planes de Acción Territorial (PAT) y la comunicación de las entidades y hacia las víctimas.

2. Servicios de rehabilitación integral para el bienestar físico y mental de las víctimas: Se refiere al mejoramiento y calidad de procesos de rehabilitación física y psicosocial a través de protocolos, rutas y de-sarrollo de actitudes y capacidades de respuesta de funcionarios pú-blicos y comunidades en zonas de conflicto. Lo anterior a través de la identificación y diagnóstico de las afectaciones psicosociales y físicas de las víctimas, la incorporación de sus necesidades en herramientas y protocolos, así como el entrenamiento en su uso por parte de equipos relacionados con la atención. Se priorizan en estas acciones aquellas que permitan una mayor apropiación de protocolos y rutas, que fa-ciliten el acceso de las víctimas al sistema de salud a nivel territorial.

3. Procesos de justicia transicional avanzados: Involucra por un lado, la asistencia técnica y acompañamiento para la reparación individual, y colectiva con la integración de la asistencia, atención y reparación en una ruta única, la formación de funcionarios y el apoyo a progra-mas para la inversión adecuada de los recursos de indemnización, así como la gestión de oferta estatal y privada hacia la reparación.

Por otro lado, con el CNMH, Alcaldías y víctimas se adelantan acciones dirigidas a la difusión y apropiación de la verdad y la memoria histórica que permitan visibilizar a las víctimas y conocer lo que pasó para que no se repita. Lo anterior incluye acciones tales como la difusión de informes e investigaciones del CNMH, el apoyo a archivos de derechos humanos, la construcción de herramientas para maestros, autoridades locales y el apoyo a iniciativas locales de memoria desde las víctimas.

4. Necesidades específicas de grupos étnicos y mujeres incorporadas: Comprende el apoyo a las entidades para que cuenten con procesos,

herramientas y espacios de coordinación que permitan una atención y reparación con enfoque dirigida a grupos indígenas, afrocolombia-nas, personas con discapacidad, mujeres, niños, niñas, adolescentes y población con orientación sexual diversa; también el trabajo con au-toridades étnicas que les permita conocer y apropiarse de las medidas de asistencia, atención, reparación y restitución de derechos.

Finalmente, la visibilización, identificación y atención a mujeres vícti-mas de violencias sexual y de género.

Cobertura GeográficaPara el desarrollo de los cuatro resultados y las distintas acciones descritas, el programa ha priorizado conjuntamente con el Gobierno 10 departamentos, 32 municipios y Bogotá D.C. con los mayores niveles de victimización por el conflicto armado en el país. Estos territorios reúnen regiones, grupos étnicos y dinámicas del conflicto diversas en donde se busca fortalecer al Estado ante los retos de la implementación de la Ley de Víctimas en sus primeros cuatro años.

Departamentos Municipios

Antioquia Medellín, Apartadó, Chigorodó, Necoclí, Turbo.

Bogotá D.C. Bogotá D.C.

BolívarCartagena, María La Baja, El Carmen de Bolívar, San Jacinto,San Juan Nepomuceno.

Cauca Popayán.

Chocó Quibdó, Bojayá, Riosucio.

La Guajira Riohacha, Dibulla, San Juan del Cesar.

Magdalena Santa Marta, Ciénaga, Fundación.

Nariño Pasto, Samaniego, Tumaco.

Caquetá Florencia, La Montañita, Cartagena del Chairá.

Córdoba Monteria, Tierralta, Montelibano.

Sucre Sincelejo, San Onofre, Ovejas.

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Feedback: Camilo Leguízamo, Coordinador Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas • email: cleguizamo@iom.int

AvancesDurante el cuarto trimestre del 2014, se han logrado los siguientes resul-tados y/o productos gracias al Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas (VISP).

1. Gestión estratégica• La consulta al Registro Único de Víctimas y la información de la Red Na-

cional de Información a través de la ficha de caracterización del sistema de información VIVANTO sobre las medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, entró en funcionamiento. A la fecha en el territorio VISP de 1.245 entidades vinculadas al sistema, el 8% utiliza VIVANTO como medio único de consulta y de 3.405 usuarios registrados en el sistema, el 17% mantiene activo su perfil.

• El sistema de información de atención a Víctimas INTEGRAA del municipio de Medellín, cuenta con el desarrollo del módulo de hogares y personas; y el diseño del módulo de atención.

• La metodología de evaluación de resultados del CNMH se transfirió a su comité estratégico y se implementó en las diferentes direcciones y grupos de la entidad, quienes evaluaron sus áreas de efectividad y plantearon indi-cadores para el seguimiento.

• Las víctimas de Cartagena acceden al punto de atención con equipos inte-rinstitucionales de la Unidad para las Víctimas, las alcaldías y el ministerio público.

• Integrantes de 15 mesas municipales de participación VISP 1 fortalecidos en relación con la Ruta de los Derechos de las Víctimas, el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y su incidencia en los Planes de Acción Territorial.

• Se diseñó el protocolo de participación para las víctimas del conflicto arma-do en Bogotá, con el fin de que las víctimas de las localidades y población afrocolombiana e indígena cuente con espacios de incidencia directa en la política distrital, este se socializó con la participación de 171 víctimas.

2. Rehabilitación integral• La estrategia de autocuidado desarrollada para la Unidad para las Víctimas

se institucionalizó a través de la Oficina de Talento Humano como parte del bienestar psicosocial de quienes atienden víctimas directamente.

• El VISP elaboró la propuesta metodológica para incorporar el enfoque dife-rencial de Niños, Niñas, Adolecentes (NNA) víctimas del conflicto en el regis-tro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad.

• La guía “Elementos para la incorporación del enfoque psicosocial en la aten-ción, asistencia y reparación a las víctimas” fue socializada a 406 funciona-rios de once direcciones territoriales (DT) de la Unidad para las Víctimas.

• Los modelos de respuesta psicosocial en crisis complejas para los municipios de Apartadó, Medellín y Popayán se socializaron con los equipos nacionales y territoriales de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias de la Unidad para las Víctimas.

• 78 funcionarios de entidades que integran el SNARIV en Medellín se certifi-caron en atención psicosocial con la Universidad San Buenaventura.

• 952 médicos a nivel nacional certificados, a través de la estrategia virtual con el Servicio Nacional de Aprendizaje, en el protocolo de atención integral en salud a víctimas de violencia sexual.

3. Justicia transicional• La Unidad para las Víctimas expidió, con asistencia técnica del VISP, el de-

creto 2569 de 2014 el cual modifica la política de atención humanitaria a población desplazada, el gobierno espera focalizar su atención en hogares, que una vez superadas sus carencias de subsistencia mínima, puedan ser priorizados para recibir medidas de reparación.

• La Escuela de Reparaciones recibió las herramientas pedagógicas desarro-lladas con el apoyo del VISP y se consolidó un equipo de ocho formadores en territorio por parte de la Unidad para las Víctimas.

• El Fondo para la Reparación a las víctimas cuenta con una estrategia de gestión de recursos privados complementarios. Adicionalmente, se eligió a Bancolombia como la entidad financiera para administrar los recursos de la indemnización de NNA.

• Proyectos de generación de ingresos, fortalecimiento organizativo, acue-ductos y vías para los sujetos de reparación colectiva Narrar para Vivir, Pue-blo Bello y Wiwas, formulados; así como la coordinación con la Subdirección de Nación-Territorio para presentarlos ante los mecanismos de cofinancia-ción públicos y privados.

• 40 funcionarios de la Subdirección de Reparación Colectiva y de las DT ca-pacitados han recibido acompañamiento para presupuestar 30 de los 45 PIRCS a la fecha formulados y aprobados ante los CJT.

• Culminó el proceso de caracterización de iniciativas y acciones de memoria con 43 iniciativas de memoria ubicadas en los municipios VISP.

• 75 integrantes de los grupos regionales de Memoria Histórica presentaron sus iniciativas y experiencias en el Seminario Internacional de Experiencias de Memoria Histórica, el cual contó con la participación de profesores y es-tudiantes de varias universidades del país.

4. Grupos étnicos y mujeres• La Unidad para las Víctimas adoptó el Modelo de Operación con Enfoque Dife-

rencial y de Género, a través de la resolución 0758 de 2014, la cual define las principales acciones y responsables en la puesta en marcha del modelo que permita una atención específica a indígenas, afrocolombianos, mujeres y niños.

• 27 proyectos para comunidades étnicas víctimas formulados con recurso de regalías y dos aprobados.

• Se construyó una propuesta para el fortalecimiento organizativo de pueblos indígenas y se culminó la elaboración de cuatro proyectos tipo: i). formulación de planes de vida; ii). formulación de planes de etno-desarrollo; iii). producción de cacao; y iv). financiación de planes de retorno para víctimas.

• El equipo de la escuela de reparaciones de la Unidad para las Víctimas, las au-toridades étnicas y funcionarios de los tres nuevos departamentos de cobertura VISP (Córdoba, Sucre y Caquetá) cuentan con la metodología de los maletines de divulgación de los decretos ley étnicos para su implementación.

• Tras la realización de 19 círculos de aprendizaje dirigidos a 194 mujeres víctimas de violencia sexual, en los municipios de Pasto, Tumaco, Bogotá, Cartagena, Medellín, Apartadó, Santa Marta y Popayán, se construyó la metodología aplica-da para el fortalecimiento de la participación y la protección a mujeres víctimas de violencia sexual la cual será transferida al grupo de género de la Unidad para las Víctimas.

• La gran familia Awá inauguró la exposición “Ñambi-Telembi viven” y realizó el conversatorio “La minga como acción de resistencia”; por otro lado se apoyó la elaboración de cartografía sagrada y encuentro con mayores para validación de información con los Wiwa.

1 Guajira: Dibulla, Riohacha y San Juan del Cesar; Sucre: Sincelejo y San Onofre; Caquetá: Cartagena del Chairá, Florencia y La Montañita; Nariño: Pasto, Samaniego y Tumaco; Chocó: Bojayá y Riosucio; Bolívar: Cartagena y El Carmen de Bolívar.