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Prof. Carla Larrobla. “La dictadura cívico – militar”. Uruguay 1973-1985. 1 La dictadura cívico militar (1973-1985) Prof. Carla Larrobla Antecedentes del Golpe de Estado de 1973 El Golpe de Estado de 1973 estuvo precedido por un proceso de crisis gradual del sistema político cuyo inicio podría fecharse en 1967 1 . Caracterizado por el deterioro de la democracia y del Estado de Derecho, este período ha sido denominado por Álvaro Rico como “el camino democrático de la dictadura” 2 , donde se asistió a una auto-transformación del Estado de Derecho en Estado policial. 1 Es importante mencionar que las periodizaciones suelen ser “recortes” arbitrarios y que siempre se encuentran sujetas a movilidad dependiendo de los enfoques y miradas que produzcan quienes estudien el período. 2 Ver: Álvaro Rico. Del Estado de Derecho al Estado de Policía. Uruguay 1967- 1973. En: C. Demasi y otros; “Estado de derecho y Estado de excepción”; Ed.: Trilce, Montevideo, 1999. / Álvaro Rico. “1968: el liberalismo conservador”. EBO, Mdeo.,1990. PROCESO DE AUTOTRANSFORMACIÓN ESTATAL. ESTADO DE DERECHO, REPUBLICANO, DEMOCRÁTICO ESTADO POLICIAL La dinámica estatal es quien permite el proceso de transformación. El golpe de Estado no se produce por un elemento ajeno a éste sino que es el propio titular del Poder Ejecutivo quien deviene en dictador. De allí que sea necesario observar el comportamiento de las Instituciones democráticas en este proceso, ya que ellas mismas se convierten en “cómplices” del advenimiento del autoritarismo. Se pasa de gobernar según las leyes a gobernar por medio de las leyes Los fines del Estado van mutando, siendo la seguridad y el orden el fin primario, desplazando la garantía de los derechos individuales a un segundo plano Las FF. AA. intervienen cada vez en la vida pública sin que se establezcan mecanismos de freno al aumento de poder que van adquiriendo
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Prof. Carla Larrobla. “La dictadura cívico – militar”. Uruguay 1973-1985. 1
La dictadura cívico militar (1973-1985) Prof. Carla Larrobla
Antecedentes del Golpe de Estado de 1973
El Golpe de Estado de 1973 estuvo precedido por un proceso de crisis gradual del sistema
político cuyo inicio podría fecharse en 19671. Caracterizado por el deterioro de la democracia y del
Estado de Derecho, este período ha sido denominado por Álvaro Rico como “el camino
democrático de la dictadura”2, donde se asistió a una auto-transformación del Estado de Derecho en
Estado policial.
1 Es importante mencionar que las periodizaciones suelen ser “recortes” arbitrarios y que siempre se encuentran sujetas
a movilidad dependiendo de los enfoques y miradas que produzcan quienes estudien el período. 2 Ver: Álvaro Rico. Del Estado de Derecho al Estado de Policía. Uruguay 1967- 1973. En: C. Demasi y otros; “Estado
de derecho y Estado de excepción”; Ed.: Trilce, Montevideo, 1999. / Álvaro Rico. “1968: el liberalismo conservador”.
EBO, Mdeo.,1990.
PROCESO DE AUTOTRANSFORMACIÓN ESTATAL.
ESTADO DE DERECHO,
REPUBLICANO,
DEMOCRÁTICO
ESTADO
POLICIAL
La dinámica estatal es quien permite el proceso de transformación. El golpe de Estado no se produce
por un elemento ajeno a éste sino que es el propio titular del Poder Ejecutivo quien deviene en
dictador. De allí que sea necesario observar el comportamiento de las Instituciones democráticas en
este proceso, ya que ellas mismas se convierten en “cómplices” del advenimiento del autoritarismo.
Se pasa de gobernar según las leyes a
gobernar por medio de las leyes
Los fines del Estado van mutando, siendo la seguridad
y el orden el fin primario, desplazando la garantía de
los derechos individuales a un segundo plano
Las FF. AA. intervienen cada vez en la vida pública sin que se establezcan mecanismos de freno al
aumento de poder que van adquiriendo
Prof. Carla Larrobla. “La dictadura cívico – militar”. Uruguay 1973-1985. 2
La agudización de la violencia es otro de los elementos que
permiten caracterizar los años previos a la dictadura. La irrupción de la
lucha armada como camino de transformación impulsada por algunas
organizaciones políticas, como fue el caso del Movimiento de
Liberación Nacional- Tupamaros (MLN), se inscriben en un clima de
agitación revolucionaria que trasciende a la esfera nacional.
Las movilizaciones sociales crecientes fueron acompañadas
por los procesos de unidad sindical y de la izquierda uruguaya.
Estos procesos culminan con la formación de la Convención
Nacional de Trabajadores en 1964 y del Frente Amplio en 1971.
En contrapartida las prácticas represivas por parte del
Estado se fueron extendiendo y profundizando. La aplicación
sistemática de la tortura a los detenidos fue denunciada en
reiteradas ocasiones al tiempo que aumentaban las acciones de los
grupos de ultra derecha.
El avance del autoritarismo a nivel de la esfera pública
provocó la reestructuración del mundo privado, instalando el
clima de sospecha, la duda, la desconfianza. El miedo
comenzó a calar hondo en la sociedad uruguaya.
Las Medidas Prontas de Seguridad fueron utilizadas
de forma sistemática por parte del gobierno en aras de
combatir a la “subversión” que era representada tanto por la
guerrilla como por todos aquellos que respondían al
“marxismo internacional”.
En enero de 1972, Juan María Bordaberry asumía la
presidencia de la República como el nuevo mandatario electo.
El 14 de abril del mismo año, el MLN lanzó su plan de
ofensiva contra el grupo de ultra derecha “Escuadrón de la
Muerte”.
Luego de una jornada sangrienta que culminó con 11
personas asesinadas3; el Parlamento declaró el “Estado de
Guerra Interno” que
se extendió hasta el
10 de julio de 1972
con la aprobación de “Ley de Seguridad del Estado” (que
estará vigente durante toda la dictadura). De esta manera
quedaban suspendidas las garantías individuales.
El deterioro de la democracia era visible para todos
los sectores políticos y para la población en general
mientras que la injerencia de los militares en la vida
pública iba creciendo. Una vez finalizada la fuerte
contraofensiva militar contra el MLN que logró
3 Tres de ellas fueron asesinadas por el MLN-T y siete tupamaros perdieron sus vidas en manos de las Fuerzas
Conjuntas.
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desmantelar a la organización, el Presidente mostró claras intenciones de alejar de escena a las
Fuerzas Armadas.
Llegamos, de esta manera, a la crisis de febrero de 1973. Ante el nombramiento del Gral.
Antonio Francese para el cargo de Ministro de Defensa Nacional, el
Ejército y la Fuerza Aérea emitieron, el 8 de febrero un comunicado
solicitando al Presidente que relevara del cargo al nuevo ministro. Por
su lado, la Armada Nacional, fiel a Bordaberry ocupó la Ciudad Vieja,
bloqueándola en señal de apoyo.
Paralelamente el Ejército y la Fuerza Aérea, emitieron los
comunicados 4 y 7 -el 9 y 10 de febrero. Éstos provocaron una gran
confusión en diversos sectores políticos y sociales que apoyaron la
postura de los militares al considerarlas más progresistas que las que
representaba el Poder Ejecutivo. De esta forma se produjo un mayor
aislamiento del Presidente que veía como se multiplicaban las voces
que pedían su renuncia. Ante esta situación, es Bordaberry quien pone
punto final a la
crisis
institucional, tras acordar con los militares el
13 de febrero de 1973, en lo que ha sido
llamado el “Pacto de Boisso Lanza”. En el
mismo se estipuló la creación del Consejo de
Seguridad Nacional (COSENA), integrado
por el Presidente, algunos ministros, los
Comandantes de las tres armas y el Jefe del
Estado Mayor Conjunto. La presencia de las
Fuerzas Armadas en la vida pública del país
quedaba, así, institucionalizada.
El 25 de abril de 1973, el Poder Ejecutivo solicitó al Senado el desafuero del Senador
Enrique Erro, por supuestas vinculaciones con el MLN- T, el cual será rechazado por la Cámara de
Representantes, por un solo voto de diferencia. Las discusiones que se generaron al respecto del
desafuero agudizaron las tensiones entre el elenco parlamentario y los mandos castrenses.
El 1º de junio Bordaberry reimplanta las Medidas Prontas de Seguridad, provocando el retiro
del apoyo de la “Lista 15” al gobierno. Los conflictos con los partidos políticos siguen
profundizándose: es detenido el Presidente del Directorio del Partido Nacional al tiempo que se
anuncia el envío por parte del Ejecutivo del pedido de desafuero del diputado nacionalista Héctor
Gutiérrez Ruiz. La crisis política se agravaba cada vez más.
Golpe de Estado y Huelga General
En la madrugada del 27 de junio, el Presidente Juan María Bordaberry firmó, junto a los
Ministros de Defensa e Interior, el decreto de disolución del Parlamento. De esta manera es el
presidente electo constitucionalmente quien “…en dicho acto (autogolpe) deviene dictador de facto.
No existió, pues, ni usurpación, ni vacío, sino continuidad y unidad del poder estatal…”4
4 Álvaro Rico (coord..). “15 días que estremecieron al Uruguay. Golpe de Estado y Huelga General”. Fin de Siglo,
Montevideo, 2005. P. 16.
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La respuesta de la Convención Nacional de
Trabajadores (CNT) fue inmediata y la Huelga General fue
declarada el mismo 27 de junio, procediéndose a la
ocupación -por parte de los obreros- de los lugares de
trabajo. Esta medida fue acompañada por la Federación de
Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) impulsando
la paralización de las actividades curriculares y la ocupación
de los centros de estudio. La respuesta del gobierno no se
hizo esperar y el 30 de junio se emitió el decreto de
disolución de la CNT y se
dispuso la clausura de sus
locales y el arresto de
dirigentes sindicales. El 11
de julio la central decidió
levantar la huelga en el
marco de una represión
creciente que provocó que el
gobierno debiera habilitar el
Cilindro Municipal como centro de detención, debido a que la
capacidad de las cárceles y de otros establecimientos de reclusión se
encontraba saturada.
La Huelga General se extendió a lo largo de 15 días y fue
acompañada por distintas acciones del movimiento popular:
manifestaciones relámpago (la más significativa de ellas fue la
realizada el 9 de julio sobre la avenida 18 de julio5), reorganización
inmediata de las ocupaciones luego de los desalojos, volanteadas,
pintadas; llegando a realizarse el simbólico acto de apagar la llama de la refinería de ANCAP,
ubicada en el barrio La Teja.
Como contraparte, la política represiva desplegada por el gobierno dejó como saldo cientos
de detenidos y heridos y dos trabajadores asesinados: Walter Medina (6 de julio) y Ramón Peré (9
de julio).
En lo que refiere al movimiento estudiantil, las autoridades decidieron realizar en setiembre
de 1973, las elecciones universitarias bajo el control de la Corte Electoral. En todos los servicios
universitarios triunfaron los sectores de oposición a la dictadura, convirtiendo a este acto
eleccionario en un fracaso para los objetivos del gobierno. A esta instancia se le suma el suceso del
27 de octubre de 1973, donde luego de la explosión de una bomba en la Facultad de Ingeniería, fue
intervenida la Universidad de la República al tiempo que fueron detenidos el Rector y la mayoría de
los Decanos. A partir de ese momento se inició un proceso de depuración de los principales cuadros
docentes universitarios. Por último el 28 de noviembre fueron ilegalizadas las actividades de casi
todos los partidos o grupos de izquierda y de la FEUU.
5 A las 5 de la tarde fue convocada una concentración en 18 de julio. La movilización que contó con una asistencia
masiva resultó fuertemente reprimida. En ella son detenidos los generales Seregni y Licandro y el coronel Zufriategui
junto a un centenar más de manifestantes.
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Breve síntesis del proceso político de la dictadura
El 27 de junio de 1973 comenzó a organizarse el aparato institucional que daría forma al
gobierno de facto. De esta manera, a través del mismo decreto que disolvió el Parlamento, se creó el
Consejo de Estado, cuyas atribuciones fueron: desempeñar las funciones de la Asamblea General y
controlar la gestión del Poder Ejecutivo en lo referente al respeto a los derechos individuales y a las
normas constitucionales y legales. A su vez debía elaborar un anteproyecto de reforma
constitucional. Dicho Consejo inició sus funciones el 19 de diciembre de 1973 siendo su primer
presidente el ex senador nacionalista Martin Echegoyen.
El mismo día del Golpe de Estado se emitió el decreto de disolución de las Juntas
Departamentales que fueron sustituidas por las Juntas de Vecinos, cuyos miembros (nueve para
Montevideo y siete para las 18 restantes) serían designados por el Poder Ejecutivo. Las principales
funciones gubernamentales fueron absorbidas por las Intendencias Municipales. Cabe señalar que la
totalidad de los intendentes fueron confirmados en sus cargos, registrándose sólo la renuncia del
Prof. Amaral, intendente de Rocha.
El ya mencionado decreto del 28 de noviembre de 19736 ilegalizó a los siguientes partidos o
grupos políticos: Grupos de Acción Unificadora (GAU), Movimiento 26 de marzo, Movimiento
Revolucionario Oriental, Partido Comunista Revolucionario (PCR), Partido Comunista del Uruguay
(PCU), Partido Socialista (PS), Unión Popular y Unión de Juventudes Comunistas (UJC).
La participación de las Fuerzas Armadas había sido institucionalizada en febrero de 1973,
tras la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) cuya integración era mixta en tanto
participaban civiles y militares. Éste organismo y la Junta de Comandantes en Jefe (JCJ) de las tres
Armas, jugaron un papel fundamental durante el proceso dictatorial tanto para la coordinación de la
gestión gubernamental como para la planificación de medidas políticas y represivas.
Bajo los principios rectores de la Doctrina de Seguridad nacional (DSN) se aprobó en 1974
una nueva Ley Orgánica Militar, que
completaba la institucionalización del
COSENA, la JCJ y el Estado Mayor Conjunto
(ESMACO).
A partir de ese año, el número de
funcionarios militares que comenzaron a ocupar
cargos en el aparato estatal fue aumentado
considerablemente. Este proceso de
“militarización” del Estado implicó que
integrantes de las Fuerzas Armadas fueran
designados como interventores de distintos
Entes Autónomos y para distintos cargos dentro
de la administración pública. Estas medidas se
6Decreto por el cual es ilegalizada la FEUU junto a otras agrupaciones estudiantiles o sindicales como ser:
Agrupaciones Rojas, Resistencia Obrero-Estudiantil, Frente Estudiantil Revolucionario.
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enmarcan dentro de una política de control y vigilancia de la sociedad civil comprendida dentro de
la lógica de combate al enemigo interno.
Como mecanismo para fortalecer la idea de un proyecto nacional, 1975 fue fijado como el
“Año de la Orientalidad” en el marco de los festejos del “Sequiscentenario de los Hechos
Históricos de 1825”. Toda una serie de dispositivos conmemorativos se desplegaron en el correr del
mismo año en el que comienzan a manifestarse las primeras divergencias entre el elenco castrense y
el presidente Juan María Bordaberry.
Estas diferencias se pusieron de
manifiesto a la hora de definir el camino
que debía tomar el gobierno en 1976 (año
en el que – constitucionalmente- deberían
ser realizadas las elecciones nacionales).
Los planteos de Bordaberry se orientaban
a la fundación de un nuevo régimen
político donde el sistema de partidos como
tal no tendría cabida. Este último punto
resultó inadmisible para los mandos
militares que decidieron la destitución del
presidente el 12 de junio de 1976.
A partir de ese momento asumió -
de forma transitoria- la presidencia Alberto
Demicheli, quien pertenecía al Partido
Colorado, y las elecciones previstas para ese año fueron suspendidas. Se creó el Consejo de la
Nación, integrado por el Consejo de Estado y la Junta de Oficiales Generales y que, entre sus
facultades, poseía la potestad de designar al Presidente así como a los miembros del Consejo de
Estado y de otros ámbitos gubernamentales de extrema importancia. Pocos meses después, el 1º de
setiembre de 1976, la presidencia de la República pasó a manos de Aparicio Méndez, de filiación
blanca.
Una de las primeras
medidas de Méndez fue la
firma de una serie de Actos
Institucionales, dentro de los
cuales se estableció la
proscripción de toda actividad
política. Estos actos
constituían una serie de
normas de carácter
constitucional que sustituían a
la Carta Magna en tanto se proyectaba una reforma de la misma.
A partir de ese momento asistimos a lo que Carlos Demasi denomina como “giro castrense”
que no implicó el alejamiento de los civiles del gobierno “…pero definió de otra forma las reglas
de su participación: los cuadros políticos debían esperar autorización para hablar en público, o
aleccionar a algún militar para que fuera este el que hablara.”7
7 Carlos Demasi; La evolución del campo político en la dictadura. En: AA.VV. “La dictadura cívico- militar. Uruguay
1973-1985”, EBO, Montevideo, 2009. P. 49.
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En agosto de 1977 los comandantes presentaron
un “Cronograma político” donde se anunciaba la
realización de elecciones para 1981 con una única
candidatura y la apertura a más candidatos para 1986. Al
mismo tiempo expresaron su voluntad de realizar una
reforma constitucional en aras de legitimar las
transformaciones introducidas por medio de los actos
institucionales.
El acto plebiscitario se produjo el 30 de
noviembre de 1980 y la población debía manifestarse por
“Si” o por “No” al proyecto constitucional. Esta instancia
significó la derrota del proyecto impulsado por
la dictadura tras la victoria del “No” por 57,9%
de los votos. Los momentos previos al
plebiscito implicaron una gran movilización
política; las autoridades desplegaron una gran
campaña publicitaria mientras que aquellos que
se oponían a la dictadura realizaron las más
diversas actividades propagandísticas tanto de
forma clandestina como en el marco de una
restringida legalidad. A partir de esta derrota se
abre una nueva etapa del proceso político.
En 1981 se aprobó el Acto Institucional
Nº 11 donde se establecía una transición de tres
años, y se preveía que en 1982 se realizarían elecciones internas en los partidos políticos
autorizados: Partido Colorado, Partido Nacional y la Unión Cívica. Por el mismo acto se designaba
un nuevo presidente; cargo que el 1º de setiembre
asumió el Teniente General ® Gregorio Álvarez.
En lo que respecta a las elecciones internas,
las mismas implicaron la desproscripción de una
buena parte de la oposición y la reactivación de la
vida política. Los partidos acordaron las
candidaturas a presentar y quedaron establecidas
claramente dos alternativas: los opositores a la
dictadura y los que apoyaban al gobierno de facto.
La exclusión de la izquierda suscitó que se
organizara un movimiento que promovía el voto en
blanco como forma de expresar el apoyo al Frente
Amplio. Sin embargo no faltaron los debates entre
los diferentes sectores que conformaban la coalición
sobre cómo actuar frente a las elecciones internas.
La iniciativa del voto en blanco fue impulsada por el Gral. Líber Seregni desde la prisión y, pese
algunas opiniones que se inclinaban por el apoyo a los sectores progresistas de los partidos
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tradicionales; la izquierda se alineó en torno a esta propuesta. Desde el exterior y en la
clandestinidad, los militantes se movilizaron para
marcar la presencia y vigencia del Frente Amplio.
Las elecciones se llevaron a cabo el 28 de
noviembre de 1982, el 60,61% de los habilitados a
votar concurrieron a los comicios y resultaron
ganadoras las listas opositoras a la dictadura. A partir
de ese momento comenzaron a funcionar las
Convenciones partidarias y se iniciaron las
conversaciones con el gobierno para pautar los
caminos a seguir para la salida de la dictadura. Las
primeras conversaciones se llevaron a cabo entre
mayo y julio de 1983 en el Parque Hotel y duraron
hasta que los partidos decidieron abandonarlas por entender que era inadmisible continuar las
negociaciones en tanto se mantenían las prácticas represivas.
Al mismo tiempo, buena parte de la sociedad uruguaya
comenzaba a movilizarse; varios espacios culturales brindaron un lugar
para el desarrollo de acciones de resistencia, profundizando diversos
mecanismos que se habían desarrollado a lo largo de los años de
opresión para, por ejemplo, burlar la censura. Los gremios
comenzaron, paulatinamente, a reactivarse. En ese sentido el gobierno
autorizó la creación de asociaciones de trabajadores por empresa que
se nucleó en el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) y permitió
la realización de un acto para el 1º de mayo de 1983, que resultó
multitudinario. El movimiento estudiantil, por su parte, conformó la
Asociación Social y Cultural de
Estudiantes de la Enseñanza Pública
(ASCEEP).
Hacia mediados de 1983
comenzaron los primeros apagones y caceroleos masivos como
forma de expresar el repudio a la dictadura y en setiembre se realizó
la “semana del estudiante” con una convocatoria altamente exitosa.
En este marco de creciente movilización social fue creada la
“Intersectorial” como espacio de coordinación entre los partidos
políticos y las organizaciones sociales. El momento culmine de este
proceso fue el acto del 27 de noviembre llevado a cabo en los
alrededores del Obelisco de Montevideo y bajo la consigna “Por un
Uruguay democrático y sin exclusiones”.
En julio de 1984 se reiniciaron las conversaciones entre los
partidos y los militares, pero esta vez el ausente fue el Partido Nacional. La negativa de los
“blancos” se debía a la reclusión a la que era sometido Wilson Ferreira Aldunate, líder del sector
más “progresista”, quien había regresado al país el 16 de junio siendo detenido de forma inmediata.
De esta manera las negociaciones fueron llevadas adelante por el Partido Colorado, la Unión Cívica
y la izquierda (cuyo principal dirigente, Líber Seregni, ya había sido liberado pero se encontraba
proscripto).
Prof. Carla Larrobla. “La dictadura cívico – militar”. Uruguay 1973-1985. 9
Como resultado de las primeras conversaciones se fueron
derogando algunos de los Actos Institucionales, y se inició la
liberación gradual de los presos políticos. Al mismo tiempo se
anunció la desprocripción del Frente Amplio pero se mantenía
ilegal al Partido Comunista.
El 23 de agosto de 1984, en el Club Naval se concretó el
acuerdo entre militares y políticos y se fijaron las elecciones para
noviembre. En setiembre se organizó, con la participación de los
partidos políticos y distintas organizaciones sociales, la
Concertación Nacional Programática (CONAPRO). Este espacio
tenía como objetivo lograr acuerdos y fijar criterios para el futuro
gobierno democrático.
El 25 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones
nacionales, muchos políticos continuaban proscriptos y varios
miles de ciudadanos tenían vetada la posibilidad de votar. La
victoria recayó en el Partido Colorado y el 1º de marzo de 1985
asumió la presidencia, el Dr. Julio María Sanguinetti.
La política económica: Profundización y fracaso de la liberalización.
En 1973 se realizaron dos cónclaves8 de gobierno; el primero de ellos se llevó a cabo a fines
de agosto en el fuerte de San Miguel en el departamento de Rocha. El segundo se realizó en el mes
de octubre en el departamento de Colonia. Allí se establecieron las pautas de las acciones
económicas que se iban a desarrollar bajo la idea motora de liberalizar la economía y siguiendo las
indicaciones esbozadas en el Plan
Nacional de Desarrollo (PND)
elaborado por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP) y
aprobado por el PE el 4 de abril de
1973. Algunas de las premisas
planteadas en dicho plan eran: limitar
el papel del Estado en materia de
intervención económica, realizar una
apertura económica hacia el exterior, jerarquizar el papel del empresario privado y promover el
ingreso de capitales extranjeros.
La crisis del petróleo que se produce en el mes de octubre provocó la necesidad de ajustar
algunos de los lineamientos planteados, debido a que al alza del precio del crudo y el cierre del
mercado europeo generaron un desequilibro externo que debía ser enfrentado a través de la
imposición de ciertas medidas económicas. Es así que el rol de Estado se mantiene, en algunos
sentidos, como intervencionista; esta experiencia económica ha sido denominada por Jorge Notaro
como “intervencionismo reestructurador”.9 De esta forma y con el objetivo de impulsar la
diversificación de las exportaciones, se tomaron algunas medidas que procuraban incentivar al
sector agro-industrial: exoneración impositiva para algunos productos, líneas de crédito
8 Así fueron llamadas las reuniones que se realizaban entre los principales representantes civiles y militares del
gobierno. 9 Jorge Notaro, “La política económica en el Uruguay 1968-1984”, CIEDUR-EBO, Montevideo, 1984.
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preferenciales y facilidades fiscales. Todos aquellos productos que eran exportables fueron
declarados de interés nacional.
En 1974 la JCJ comenzó a participar activamente en el Consejo Económico y Social que
asistía al gobierno en materia económica al tiempo que oficiaba de contralor de que se siguieran las
medidas acordadas en los cónclaves mencionados. En julio del mismo año, Alejandro Végh
Villegas asumió como Ministro de Economía logrando concretar algunas de las medidas
liberalizadoras iniciadas en 1973 así como el fortalecimiento de la producción nacional.
Para atraer a los capitales extranjeros se implementaron diversas medidas: se promulgó la
Ley de inversiones extranjeras, se promovió la reducción del costo de la
mano de obra y se dio
inicio a un intenso
proceso de
liberalización y
apertura del sistema
financiero uruguayo y del mercado cambiario.
En mayo de 1975 se aprobó la ley de libre convertibilidad del
peso uruguayo para los movimientos financieros y la libre
transferibilidad de capitales. En marzo de 1976 se eliminó el
curso forzoso de la moneda nacional y unos meses después se
liberaron los topes de posiciones en moneda extranjera de los
bancos. Jaime Yaffé expresa que: “al cabo de este proceso el
mercado financiero uruguayo quedó completamente
liberalizado lo mismo que los movimientos de capitales desde
y hacia el país, iniciándose un proceso de dolarización de la
economía”.10
Otra de las líneas económicas que caracterizan a este período
fue el impulso de las exportaciones no tradicionales que
permitió el crecimiento de industrias como la textil, el cuero,
la química y la de algunos minerales no metálicos.
Para promover las exportaciones se impuso un tipo de
cambio real elevado al tiempo que la caída del salario real favorecía que los costos de producción
fueran competitivos en el mercado internacional. La diversificación de los mercados compradores
fue otro de los pilares de esta política, de esta manera se establecieron relaciones comerciales con
países asiáticos y árabes al tiempo que se suscribieron acuerdos con países de la región. Esto último
provocó un fluido intercambio con Brasil y Argentina.
Si bien las exportaciones registraron un claro aumento y constituyeron un puntal del
crecimiento económico, también lo hicieron las importaciones provocando el déficit de la balanza
comercial. Esta situación deficitaria fue apaliada con el ingreso de los capitales extranjeros y con el
aumento de la deuda externa, que pasó de 956 millones de dólares en 1974 a 1.239 millones en
1978.
En setiembre de 1976 Valentín Arismendi asumió como nuevo Ministro de Economía y
Finanzas en tanto que José Gil Díaz se convirtió en el nuevo presidente del Banco Central,
ocupando dichos cargos hasta 1982. En el último mes de 1977 se llevó a cabo el cuarto cónclave
cívico militar en Solís, allí fueron planteados los lineamientos que provocarían un reajuste de la
política económica.
10
Jaime Yaffé, Proceso económico y política económica durante la dictadura; en: AA.VV. “La dictadura cívico-
militar. Uruguay 1973-1985”, EBO, Montevideo, 2009. P. 127.
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Uno de los objetivos estratégicos de este equipo
económico era transformar al país en una plaza
financiera, y para ello era necesario generar un clima
económico favorable donde reinara la estabilización
monetaria. Profundizando la línea
económica del período
anterior se procuraba
mejorar la economía por
medio del ingreso de capitales extranjeros ofreciendo para ello todo tipo
de ventajas.
En ese marco se aplicaron una serie de medidas económicas que
apuntaron a privilegiar la actividad financiera: se anularon los controles
fiscales y se abandonó el control de la oferta monetaria, en 1979 se eliminaron los encajes
bancarios obligatorios y las tasas de intereses fueron liberadas al eliminarse los topes existentes y se
amplió el margen de endeudamiento de los bancos. En ese mismo año el sistema tributario fue
modificado revocando el impuesto que afectaba a los depósitos bancarios y el que gravaba las
ganancias de las inversiones extranjeras.
Un eje central de este período fue la modificación de la política cambiaria; se creó un
sistema de preanuncio del tipo de cambio que fue conocido como “la tablita”.
De esta manera el gobierno
informaba con cierta anticipación cuántos
pesos uruguayos valdría cada dólar
americano. Este régimen privilegió la
moneda norteamericana frente al peso en el
marco de la llamada “dolarización de la
economía”; al tiempo que la imposición del
atraso cambiario elevó el costo de las
exportaciones y abarató las importaciones.
En el marco de una política de
liberalización importadora se fueron
cancelando los beneficios que, en una
primera etapa, se le habían otorgado a las
industrias exportadoras. De esta manera, el
mercado interno se vio, progresivamente,
inundado de productos extranjeros. En ese
sentido el déficit comercial se acrecentó
durante trienio 1979-1981.
En noviembre de 1981 se realizó,
en Piriápolis, el quinto cónclave; los
lineamientos allí aprobados configuraron
un nuevo avance en el proyecto de
desarrollo y de liberalización, pero no
pudieron ser aplicados por el estallido de
la crisis.
CARICATURA NAVIDAD DE 1981
LA TABLITA
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El 25 de noviembre de 1982 el Banco
Central se retiró del mercado cambiario
anunciando el abandono del cronograma de
cotizaciones anticipadas, este episodio ha sido
conocido como el “quiebre de la tablita”. El
gobierno dejó de controlar el precio del dólar lo
que provocó la suba estrepitosa de su valor, en
solo dos días el dólar americano pasó de 13 a 39
pesos uruguayos. Ante esta situación, en
diciembre de 1982 Valentín Arismendi fue
sustituido por Walter Lusiardo Aznárez.
A partir de ese momento se desencadenó
una de las peores crisis económicas de la
historia del país que develó las insuficiencias del
modelo económico de la dictadura y la
persistencia de “desequilibrios estructurales que
el modo de crecimiento del período llevaba
implícitos (déficit comercial, déficit en Cuenta
Corriente, creciente endeudamiento externo e interno, alta inflación y deterioro de los ingresos
reales de asalariados y usufructuarios de la seguridad social)”.11
A la quiebre de empresas se agregó el desempleo, que en 1982 registró un aumento
considerable pasando del 7% al 12%.
Sumado a esto, se asistió a la profundización
de la caída del salario real. Por otra parte, la
fuga de capitales fue acompañada por una
persistente caída de las reservas. Los precios
subieron y se desató, nuevamente, un
proceso inflacionario. El endeudamiento
externo creció alcanzando los 4.238 millones
de dólares y el déficit fiscal trepó al 9% del
PBI12
al tiempo que se producía la cesación de pagos.
En diciembre de 1983, Vegh Villegas fue convocado nuevamente para hacerse cargo de la
cartera económica del país. Una vez más, el estado uruguayo asumió un rol intervencionista para
poder salir de una crisis económica que se enmarcaba en el proceso de transición política hacia la
democracia. En ese sentido la maniobra estatal consistió en adquirir, a través del Banco Central, los
créditos incobrables correspondientes a cinco instituciones bancarias nacionales para que fueran
adquiridos por bancos extranjeros. Para realizar esta operación –llevada a cabo en junio de 1983- el
Estado tuvo que aumentar su endeudamiento con el exterior en 300 millones de dólares. Al verse
imposibilitado de cumplir con los tiempos acordados con el FMI, el Estado uruguayo tuvo que
acordar con dicho organismo un plan de ajuste y refinanciación. El país iniciaba su recuperación
democrática con un endeudamiento externo que alcanzó el 90% del PBI.
Hacia el final de la dictadura los intentos liberalizadores iniciados en 1959 así como las
pretensiones neoliberales habían fracasado demostrando las flaquezas estructurales de dicho
proyecto económico.
11
Ídem. P. 133-134 12
Producto Bruto Interno.
Prof. Carla Larrobla. “La dictadura cívico – militar”. Uruguay 1973-1985. 13
El terrorismo de Estado
El terrorismo de Estado se ejerció en distintas dimensiones y afectó a todo el conjunto de la
sociedad uruguaya. Las prácticas llevadas a cabo por el gobierno comenzaron a manifestarse mucho
antes del quiebre institucional pero se profundizaron y desplegaron en todo su potencial a medida
que transcurrió la dictadura.
Una de las principales características de la estrategia represiva de la dictadura uruguaya fue
la del encarcelamiento masivo y prolongado. Aproximadamente 6000 personas fueron procesadas
por la Justicia Militar mientras que otras miles pasaron por los centros de reclusión o de detención
bajo el régimen de Medidas Prontas de Seguridad o con motivo
de ser interrogados.
La tortura fue un elemento constante del régimen y se
aplicó de forma rutinaria a los detenidos ya fuera en los
establecimientos destinados para el encarcelamiento o en los
centros clandestinos de detención. Las prácticas de tortura no
sólo implicaban el daño físico sino que también apuntaban al
debilitamiento sicológico de las víctimas, contando para ambas
funciones con profesionales de la medicina que prestaban sus
servicios a la dictadura.
El exilio político fue otras de las dimensiones del
terrorismo de Estado, cientos de miles de uruguayos debieron
emigrar por razones políticas. La mayoría de ellos se
encontraban requeridos por la Fuerzas Conjuntas y abandonaron
el país en su condición de perseguidos políticos. Desde el
exterior, la mayoría de ellos, organizaron la resistencia a la
dictadura iniciando grandes campañas de denuncia y de solidaridad.
Pero la salida del país no garantizaba la
salvación. El desarrollo de la coordinación
represiva regional encuadrada en el llamado
Plan Cóndor, permitió que la represión y
persecución traspasara las fronteras. De esta
manera, muchos uruguayos fueron detenidos,
desaparecidos y asesinados en Argentina,
Chile, Paraguay e incluso en Bolivia y
Colombia.
El 24 de marzo de 1976 se produce el
Golpe de Estado en Argentina, y a partir de
esa fecha se recrudece la persecución de los
uruguayos que se habían exiliado en la
vecina orilla; “(...), en 1976 se desplegó en
Buenos Aires una serie de acciones contra
militantes uruguayos pertenecientes a otros sectores de la oposición al régimen autoritario. Los
asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz a fines de mayo fueron los ejemplos más claros de que la
coordinación represiva no se restringió a los integrantes de grupos guerrilleros y de acción
directa, aunque hubo varios intentos de asociar a estos dos líderes con los movimientos armados.
Prof. Carla Larrobla. “La dictadura cívico – militar”. Uruguay 1973-1985. 14
La más obvia de estas tentativas fue la aparición de sus cuerpos juntos con los de William
Whitelaw y Rosario Barredo, dos ex MLN (“Nuevo Tiempo”) radicados en Buenos Aires. (...).”13
En lo que se refiere al asesinato político, en las cárceles uruguayas fallecieron 66 personas.
Los motivos de muerte están asociados a los apremios físicos recibidos, a la falta de atención
médica y a la autoeliminación. A su vez 22 uruguayos murieron en
enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y otros 13 fueron secuestrados y
asesinados en Uruguay y Argentina.14
Cerca de doscientas personas fueron detenidas y desaparecidas durante la
dictadura, aunque antes del Golpe de Estado se produjo la desaparición de dos
uruguayos en 1971.
Según las investigaciones realizadas por la Comisión para la Paz se han
confirmado15
168 de las denuncias que allí se presentaron. De ese total de casos
confirmados, 32 personas desaparecen en Uruguay, 125 en Argentina, 9 en Chile,
1 en Bolivia, 1 en Colombia.
Como podrá apreciarse la mayoría de los uruguayos son detenidos y
desaparecen en la República Argentina producto de la coordinación entre las
fuerzas represivas de ambos países.
Por otra parte es importante señalar que estos procedimientos se enmarcaron dentro de
operativos represivos llevados a cabo de forma planificada y como producto de minuciosas
investigaciones de inteligencia.
De esta manera pueden registrarse una serie de “oleadas represivas” vinculadas a los
objetivos políticos que perseguían las fuerzas de seguridad:
Las oleadas o ciclos represivos con secuelas de personas detenidas desaparecidas, se suceden en los siguientes
períodos de tiempo:
1973 setiembre-diciembre. Oleada represiva contra uruguayos militantes del MLN –T y cientos de exiliados
latinoamericanos residentes en Chile, inmediatamente del golpe que derrocó al Presidente constitucional, Dr. Salvador
Allende.
1975 octubre-diciembre y 1976 enero-junio. Oleadas represivas contra militantes del PCU en Uruguay en el marco del
despliegue de la llamada “Operación Morgan”.
1976 abril, junio-julio y agosto-octubre. Oleadas represivas contra integrantes del PVP en Buenos Aires y Asunción
del Paraguay.
1976 abril, agosto, noviembre-diciembre y 1977 febrero, mayo-agosto. Oleadas contra militantes del MLN –T en
Buenos Aires.
1977 noviembre-diciembre. Oleada contra militantes de la organización argentina Montoneros radicados en Uruguay.
1977 diciembre y 1978 enero contra miembros de los GAU, AMS, PCR Y MLN –T radicados en Argentina.
1978 abril, junio-julio y agosto contra militantes PST, anarquistas, PCR y MLN –T radicados en Argentina.
1978 mayo. Nueva oleada contra Montoneros en Uruguay.
13
Presidencia de la República Oriental del Uruguay, Investigación Histórica sobre Detenidos- Desaparecidos”. IMPO,
Tradinco. Mdeo. 2007. Tomo I. Ibíd. Pág. 294.
Los secuestros y asesinatos en Argentina del senador Zelmar Michelini (Frente Amplio) y del Presidente de la Cámara
de Representantes del Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz (Partido Nacional), fue realizado por un comando conjunto de
militares uruguayos y argentinos. Ambos legisladores se exiliaron en Buenos Aires inmediatamente al golpe de Estado
y continuaron desde allí las denuncias por las violaciones a los derechos humanos en Uruguay. En la noche del 18 de
mayo son secuestrados y tres días, el 21 de mayo, los cadáveres de Zelmar Michelini, y Héctor Gutiérrez Ruiz, junto
con los de William Whitelaw y Rosario Barredo, fueron encontrados en un auto abandonado. 14
Datos extraídos de: Álvaro Rico (coord.). “Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado.
1973-1985.” Ed. Cruz del Sur, UdelaR. CSIC- CEIU, Montevideo. 2009. Tres Tomos. Hay más casos de asesinatos
políticos que no son contemplados en esta clasificación. 15
Estos datos corresponden al año 2009, es importante señalar que se ha avanzado en la investigación y la cifra de
denuncias confirmadas ha crecido. Al carecer de la información precisa se tomó como referencia los datos contenidos
en la Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado, citada con anterioridad.
Prof. Carla Larrobla. “La dictadura cívico – militar”. Uruguay 1973-1985. 15
1981 setiembre y 1982 enero. Oleada represiva con militantes desaparecidos de la UJC y PCU en Montevideo. Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado. 1973-1985.” Tomo I. P.779
Otra de las dimensiones del terrorismo de Estado se concentró en el montaje de una red de
vigilancia que no solo permitía el cercenamiento de las libertades sino que apuntaba a la
modificación de las relaciones sociales desde los aspectos más cotidianos.
Los servicios de información e inteligencia desplegaron todo su potencial en aras de
desarticular tanto a las organizaciones calificadas como subversivas como a los espacios dónde las
mismas pudieran propagarse. De esto se desprende el feroz control que comenzó a ejercerse sobre
los medios de comunicación y las diversas expresiones culturales de la sociedad.
Si bien el montaje de un sistema de control y vigilancia sobre toda forma de expresión social
o ciudadana es parte de un proceso que cobra fuerza a finales de los años 60, su implementación
legal y normativa data, en algunos casos, de los años 30. Así la censura a los medios de
comunicación, el contralor de radiocomunicaciones, la prohibición de la difusión de determinadas
noticias, la prohibición de libros, autores, músicos, artistas “antidemocráticos”, etc., quedó
establecida legalmente antes del Golpe de Estado. De todas formas, la dictadura estableció algunas
normativas que le permitieran profundizar sus mecanismos de control. A modo de ejemplo: en
octubre de 1973 se dispone que toda información sobre la situación del país que fuera enviada al
exterior por las agencias informativas, debía hacerse
previa presentación de una copia al Ministerio del
Interior. En 1975 la Dirección Nacional de Correos es
autorizada a confiscar toda correspondencia que
considere subversiva.
Los medios de comunicación estaban sujetos a
todo tipo de censuras: se controlaban las publicaciones,
los programas de radio y de televisión. Si éstos no se
ajustaban a lo que el gobierno estimaba conveniente
eran castigados como mecanismo de disciplinamiento;
dichos castigos implicaban, por ejemplo, la suspensión
de la edición de un diario por un determinado tiempo o su cierre definitivo.
En el caso de las expresiones artísticas, se realizaba un pormenorizado seguimiento de todas
las actividades. Existía para ello una Comisión de Censura que se encargada de determinar que
podía ser presentado al público. En cuanto a la cinematografía las empresas distribuidoras debían
solicitar autorización para que los films que comercializaban pudieran ser proyectados. De esta
manera, las películas a estrenar eran presentadas ante la Comisión Censora, generalmente
acompañada de algún grupo de oficiales o militares o de la Policía, quien determinaba si la película
ofrecía escenas tendenciosas y si era recomendable o no su proyección y establecía si algún pasaje
del film sería censurado.
Lo mismo sucedía con los espectáculos de carnaval, los conjuntos que se presentaban para
actuar dentro o fuera del concurso oficial debían entregar los textos del espectáculo a una Comisión
censora, la cual los aprobaba o rechazaba total o parcialmente. En algunos casos se realizaban
seguimientos específicos a determinados conjuntos, se asistía a todas sus actuaciones para
determinar que no se realizaran agregados al espectáculo y comprobar el ajuste de sus
presentaciones a lo establecido por la comisión.
A su vez, existían autores y artistas de distintas disciplinas que se encontraban prohibidos
por ser considerados subversivos. En esos casos estaba totalmente prohibida la difusión de sus obras
y la venta de las mismas, para lo cual se controlaban librerías y disquerías. En el caso de los
Prof. Carla Larrobla. “La dictadura cívico – militar”. Uruguay 1973-1985. 16
músicos se realizaban “escuchas” permanentes de los programas radiales para verificar que no se
trasmitieran canciones de artistas proscriptos.
Los mecanismos de vigilancia implicaban controlar todas aquellas actividades que nuclearan
a grupos de personas. Tanto los ámbitos educativos como las comunidades religiosas y todas
aquellas formas de organización que fue encontrando la sociedad civil, fueron objeto de
investigaciones y seguimientos por parte de los servicios de inteligencia del Estado.
De esta manera se asiste a una “clausura de los espacios públicos” que busca impedir todo
tipo de formas de expresión que atentaran contra el orden que se procuraba establecer. Reuniones,
conferencias, festivales, campamentos, todo espacio que facilitara o promoviera el nucleamiento de
personas debía estar previamente autorizado. Al mismo tiempo un equipo de inteligencia asistía a
todas estas actividades para realizar un efectivo control de las mismas. Incluso aquellos eventos o
fechas conmemorativas oficiales que implicaran asistencia de público, eran objeto de un riguroso
control.
La dictadura generó, pues, un proceso de restricción en las formas de solidaridad social, en
la medida que los mecanismos represivos sumados a la presencia del “miedo” conducían, en
muchos casos, a que las familias se encerraran en sí mismas y los espacios barriales de interacción
social fueran restringiéndose cada vez más al tiempo que se imponía, también, la cultura de la
sospecha y la delación.
Prof. Carla Larrobla. “La dictadura cívico – militar”. Uruguay 1973-1985. 17
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