Procesos constituyentes: Los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia

Factores explicativos comunes

Nicolás Miranda

Hacia finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, América Latina ha vivido importantes procesos de transformación constitucional, ya sea la aplicación de nuevas constituciones, o bien reformas sustanciales a las ya existentes. En este sentido, Negretto (2009) señala que desde 1978 a 2008, en la región se han elaborado al menos 15 constituciones exceptuando Costa Rica, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Así mismo, 17 constituciones se les ha aplicado algún paquete de reformas–tanto anteriores como posteriores a 1978 (2009: 39).

Según Nolte en la región se han llevado a cabo 326 reformas constitucionales parciales entre 1978 y 2009, y se han elaborado 15 nuevas constituciones, llegando a 16, si sumamos la constitución de la República Dominicana, aprobada en 2009 y promulgada en 2010 (2011: 2).

Dentro de este contexto de cambios constitucionales, tres de esos países Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009) logran superar las retoricas reaccionarias y rompen el statu quo conservador prevaleciente, mediante la transformación de la institucionalidad formal de sus países, dando un giro en la concepción del Estado y el modelo económico con el que funciona la sociedad, contrario a la lógica neoliberal y Estado Subsidiario que se ha venido planteando durante las últimas décadas dentro de la región, así como la búsqueda de integración social a través del reconocimiento de la pluralidad étnica, además, aplicando un modelo de democracia de carácter más participativa.

El presente trabajo estará enfocado en el contexto previo al establecimiento de las asambleas constituyentes de los tres países mencionados, teniendo como objetivo central la identificación de factores o dimensiones explicativas comunes a esos tres casos, que posibilitan la creación de los procesos constituyentes. Especial atención se tendrá en entender el rol del conflicto como catalizador de cambio, en el entendido de que los antagonismos sociales juegan un rol clave a la hora de realizar transformaciones dentro de la sociedad, de modo tal de que si no existirá conflicto social, los cambios serian lentos e incrementales (Silva, 2008; Dahrendorf, 1992; Coser, 1970).

En este sentido, las preguntas que se intentan responder son ¿Cuáles son los factores explicativos que permiten la emergencia de procesos constituyentes en Venezuela, Ecuador y Bolivia? ¿Cuál es el rol del conflicto para la emergencia de los procesos constituyentes? Para responder a estas preguntas, se hará una revisión bibliográfica centrada en el estudio de estos procesos, y a partir de este análisis, identificar las variables comunes entre los casos.

Hipótesis de este trabajo consiste en que sociedades bajo un entorno de conflicto político-social, la presencia de: institucionalidad política y judicial deslegitimada por parte de la ciudadanía; la emergencia de nuevos actores sociales; la presencia de un líder “carismático”; y altos niveles de exclusión social y pobreza, son determinantes para la emergencia de Procesos Constituyentes.

El presente trabajo pretende comprobar la valides de esta hipótesis a partir de un revisión del desarrollo de cada uno de estos factores en los diferentes países, para ello el trabajo se estructura de la siguiente manera: comienza con algunas consideraciones metodológicas referidas al estudio comparado y a los marcos teóricos a utilizar para luego hacer una breve descripción de cada dimensión que se pretende estudiar. En segunda instancia se hace una breve reflexión acerca de los objetivos que persiguen los procesos constituyentes, lo cual nos permite comprender el contexto social existente y si se vinculan o no con los marcos teóricos propuesto, y finalmente se desarrollarán las dimensiones propuestas en cada uno de los países.

Consideraciones Metodológicas Realizar un estudio comparativo presupone un desafío para las ciencias sociales, pues existen aprensiones sobre lo que es posible de ser comparado. Algunos pregonan las particularidades de cada caso o si es necesario, en la búsqueda de factores explicativos, incorporar la comparación entre más casos. Pérez Liñán advierte que lo que se gana en capacidad explicativa, al aumentar el rango de nuestra teoría, incorporando varios casos “…mayor es el riesgo de asumir que situaciones históricamente diferentes están gobernadas por un mismo proceso causal” (2008: 6). En el entendido de esta tensión metodológica, es que se ha optado por una investigación comparada a partir del método MSSD o de similitudes, donde se buscará comprender si las dimensiones planteadas en la hipótesis del trabajo se encuentran presentes en todos los procesos constituyentes. El carácter cualitativo, nos permitirá observar de mejor manera el desarrollo de cada una de estas dimensiones en los diferentes países estudiados, con lo que se intenta disminuir la tensión entre los estudios de caso y los estudios de casos. El modelo de similitudes plantea un problema metodológico a considerar al momento de establecer un estudio comparado y es principalmente el sesgo de selección de casos, pues al seleccionar estos a partir de la variable dependiente, esta carece de varianza. Sin embargo, el objetivo de este trabajo es ser una primera aproximación hacia el estudio de los procesos constituyentes, para luego, en una profundización del mismo, incorporar otros casos cuyos atributos no sean la constatación de procesos, y así someter a prueba la hipótesis planteada.

Para poder abordar esta investigación, se utilizarán distintos marcos teóricos como el constitucionalismo, especialmente el latinoamericano, el cual explica los cambios constitucionales actuales, partiendo desde el momento mismo de la creación de los marcos institucionales históricos en la región, la contraposición de ideas en cuanto a la concepción de participación de la sociedad en la toma de decisiones políticas, de manera tal que proyectos de sociedad más participativos, tenderán a transformar las

instituciones formales, las cuales fueron fundadas con principios totalmente contrarios (Gargarella, 2011).

Asi mismo, la teoría del conflicto también parece adecuada a esta investigación, pues nos ofrece una visión del conflicto como generadora de cambio. Tal como se mencionó, el choque de interese sociales entre diferentes grupos, tiene un papel clave en las transformaciones sociales (Silva, 2008; Dahrendorf, 1992; Coser, 1970). El conflicto puede ser entendido como el resultado de divergencias o disputa entre determinadas personas o grupos sociales, cuya causa es la existencia de intereses y/o valores diferentes (Silva, 2008; 1996; Balza-García, 2009). Silva explica que para Dahrendorf (1993) y Vold (1967) el conflicto surge como manifestación “…cuando se intente desplazar a otro grupo social de la posesión o acceso a bienes, recursos, derechos, valores o posiciones escasas o apreciadas.” (2008: 36).

Definición de las Dimensiones Se analizaran tres dimensiones que, generalmente, son indicadas tanto de manera individual o en asociación a alguna otra, como características del contexto político social durante la emergencia de procesos constituyentes en estos tres países. El objetivo de este trabajo es identificar si estas tres dimensiones están presentes en los tres casos en un primer intento para la posterior construcción de variables en estas dimensiones y así identificar el peso de cada una en la conformación de estos procesos.

1.- Deslegitimidad o debilidad la institucionalidad política y emergencia nuevos actores (movimientos y partidos). Una de las características distintivas en estos países es que las instituciones políticas y judiciales decaen en su apoyo ciudadano (Pachano, 2010; Peña y Lillo 2009; Hernández, 2009; Paz y Miño, 2007). El congreso, los partidos políticos tradicionales, el poder judicial, en definitiva, todo el establishment, pierde legitimidad ciudadana, ve como los causales de todos sus problemas presentes y herederos de la elite dominante históricamente.

Este decaimiento de las instituciones y de los representantes políticos tradicionales, da paso a la emergencia de nuevos actores sociales como líderes, partidos políticos o movimientos sociales, que ejercen una función de presión y exigen una reivindicación ciudadana, entendida esta como una serie de ámbitos político-sociales. (Peña y Lillo 2009; Hernández, 2009; Paz y Miño, 2007)

2.- Exclusión social y Pobreza. Gargarella (2011) Gargarella y Courtis (2009) señalan que el desarrollo institucional de los países latinoamericanos está fundado bajo el principio de exclusión de las masas en el proceso de toma de decisiones. Así mismo, en el caso de los países andinos, gran parte de la exclusión se da para con los indígenas, estos a lo largo de toda la historia han quedado fuera de cualquier tipo de participación (Pachano, 2010; Peña y Lillo 2009; Hernández, 2009; Bizarro, Moricz, González, 2009).

En el caso de la pobreza, la región latinoamericana, y los países andinos en particular, se ha caracterizado por mantener un nivel considerablemente alto de pobreza (Pachano, 2010; Hernández, 2009; Bizarro, Moricz, González, 2009; Paz y Miño, 2007). Como consecuencia de la implementación de las reformas económicas neoliberales, los niveles de pobreza deberían haber descendidos, sin embargo esto no fue así, al menos no en todos los países, y si hubo descenso, no fue a los niveles esperados.

3.- Líder carismático. Cada uno de los procesos constituyentes está asociado al presidente que impulsa esta idea, y cuyo objetivo es la refundación del Estado. Estos líderes han sido las personas que logran canalizar las demandas ciudadanas en los momentos de crisis o conflicto político-social; a través de la movilización ciudadana logran triunfar en las elecciones y alcanzar la presidencia –y mayorías en el congreso- y desde ahí impulsar las transformaciones del Estado. (Peña y Lillo, 2009)

Constitucionalismo Autores como Gargarella (2011) Gargarella y Courtis (2009) Negretto (2009) señalan que de una u otra manera las constituciones han sido concebidas como solucionadoras de problemas o un mal que aqueja a la sociedad. Según Gargarella y Courtis “…el constitucionalismo siempre apareció asociado a la necesidad de poner fin a un cierto mal: se dictaba entonces una nueva Constitución como contribución institucional clave a una empresa social más vasta, orientada a remover a la sociedad de la peculiar situación de crisis por la que atravesaba (2009: 9). Una Asamblea Constituyente se constituye en los momentos de crisis a fin de regular “…una situación de hecho que rompe con un orden establecido e implica un nuevo sistema jurídico político (Bizarro, Moricz y González, 2009: 178). De esta manera los autores explican que las Constituciones generalmente se originan en periodos de crisis, y que su principal objetivo es la solución de algún “drama político-social fundamental”.

Ahora bien, cambiar una Constitución no es tarea sencilla, principalmente porque detrás de esta, existe una serie de intereses y equilibrios políticos que intentarán mantenerse a como dé lugar. Tal como señala Negretto (2009) el cambio institucional es poco frecuente, y de existir es incremental. Alterar las reglas formales del juego implica una serie de costos e incertidumbre, y ningún actor quiere asumir, es por ello que los procesos de modificación son dificultosos y requieren, generalmente, del apoyo de una amplia mayoría, lo que en algunos casos se traduce en la formación de amplias colaciones.

Las constituciones también deben ser capaces de adaptarse a los nuevo contextos políticos y sociales, de manera tal de asegurar la estabilidad institucional y que la sociedad estime que aún sigue interpretando sus deseos y necesidades, en el entendido de que la constitución vigente cuente con el consenso y apoyo de la mayoría social, cosa que como veremos más adelante, Gargarella (2011) no comparte y que provocaría la inestabilidad institucional de la región.

Respecto a los cambios constitucionales, ya sea a través de nuevas Constituciones o paquetes de reformas, existen diversas razones que explican su motivo. Negretto señala que se pueden distinguir al menos tres eventos catalizadores: cambios a nivel del régimen político, crisis políticas, y cambios en las preferencias o distribución de poder entre los principales actores políticos. Para el caso de dos de los tres países que estudiamos –Venezuela y Ecuador, el autor los sitúa en este último punto, donde los cambios “…se han hecho con propósitos puramente partidistas, para redistribuir poder o mejorar la imagen de un gobierno ante la opinión pública. A veces un presidente o un partido introducen reformas a la constitución vigente porque tienen la capacidad de hacerlo y perciben que existe un conjunto alternativo de reglas que les permitiría obtener una ventaja electoral o incrementar su poder de decisión e influencia en el futuro.”(2009: 41)

Ahora bien, Ibarra (2010) siguiendo a Vergottini (2000) señala que existen al menos dos tipos de Constitución: las denominadas “balance” y las denominadas “programa”. “Las primeras, serían las que ajustan cuentas con el pasado y establecen determinadas adaptaciones a las trayectorias constitucionales previas. Las segundas, en cambio tienen un conjunto de directivas para el mediano y largo plazo relativas a disposiciones de tipo económico y social” (2010:4).

Por último, Gargarella (2011) Gargarella y Courtis (2009) explican los cambios constitucionales actuales, señalando que estos tienen su origen en la conformación de los primeros marcos institucionales de los países de la región, donde más allá de la contraposición de ideas conservadoras y liberales, ambos bloques político generan un pacto donde logran una democracia imperfecta, basada en una amplia defensa y desarrollo de los derechos civiles –especialmente el derecho de propiedad- y un desarrollo restringido de los derechos políticos, pues ambos sectores tenían un profundo miedo a la participación de las masas en la toma de decisiones, lo cual genera un path dependency de exclusión social en el desarrollo democrático. Es por ello que, parece lógico, que proyectos políticos basados en mayor participación social y de inclusión de sectores sociales, especialmente los sectores indígenas, necesiten una nueva institucionalidad que les dé el soporte necesario para llevar a cabo su proyecto político.

Los procesos constituyentes latinoamericanos, tendrán como resultado Constituciones más o menos transformadoras en función de la fuerza con que aquél proceso emerge. En este sentido, existen cambios donde no se altera el orden institucional establecido en el pasado, donde se sigue favoreciendo a la misma elite y la conservacion de su relacion de poder politico, económico y social. Mientras que aquellos procesos donde la participacion de los exluidos es mayor y con altos grados de transarencia, asentadas en una amplia base de legitimidad democrática, tendrán como resultado Constituciones verdaderamente transformadoras, por eso se hace necesario estudiar estos procesos (Viciano & Martínez, 2010).

Teoría del Conflicto Tal como se explicó en un comienzo, la teoría del conflicto nos ofrece una visión del conflicto como generadora de cambio. Bajo esta premisa existe la idea de que el choque interese sociales divergentes, entre distintos grupos dentro de la sociedad juega un rol trascendental en las transformaciones sociales (Balza-García, 2009; Silva, 2008; Dahrendorf, 1992; Coser, 1970).

El conflicto puede ser entendido como el resultado de divergencias o disputa entre determinadas personas o grupos sociales, cuya causa es la existencia de intereses y/o valores diferentes (Silva, 2008; 1996; Balza-García, 2009). Silva explica que para Dahrendorf (1993) y Vold (1967) el conflicto surge como manifestación “…cuando se intente desplazar a otro grupo social de la posesión o acceso a bienes, recursos, derechos, valores o posiciones escasas o apreciadas.” (2008: 36).

Coser (1970) señala que dadas determinadas condiciones estructurales, el conflicto social se traduce en ajustes internos del sistema social o, bien, a un reordenamiento del sistema actual, que trae consigo la conformación de una nueva estructura social. Para el autor, el motor del cambio social se debe al choque de valores e intereses, así como tensión que produce la brecha generadas por las expectativas de determinados grupos y la realidad, y por último, la exigencia de participación de nuevos sectores o grupos y/o grupos excluidos en participar en el poder la riqueza y el status. Estas demandas por transformar el orden establecido “…encontrarán la resistencia de aquellos que establecieron previamente un "interés creado" en una forma dada de distribución de honor, riqueza y poder. Los intereses creados, necesariamente, ven en el ataque a su posición un ataque en el orden social.” (Coser, 1970: 7)

Siguiendo esta secuencia, Balza-García explica que esta amenaza de transformación del orden existente, hacia uno que le quite los beneficios que poseen y los deje en una situación de desventaja, genera acciones coercitivas y reguladoras, del o los grupos amenazados, intentando “…controlar los puntos o elementos en tensión y en posible estado de desequilibrio y extinción; se produce un constante proceso de ajuste que intenta mantener con vida al sistema” (2009:12)

Para la teoría sociológica liberal del conflicto social concurren una pluralidad de aspectos: políticos, sociales, culturales, económicos o de la personalidad, con incidencia sobre las disputas sociales, aunque con distintos grados y alcances. (Silva, 2008: 32). El autor agrega que la diversidad representa el objeto central de la divergencia social y, por ende, del conflicto. La existencia de diversidad dentro de una comunidad, dependen del reconocimiento que debe hacer la sociedad misma de tal realidad.”. En condiciones de relativa amplitud, la aceptación de la diversidad significa pluralidad, competencia, coexistencia y tolerancia. Pero incluso, en tales casos, existen linderos que restringen la aprobación de la diversidad, fundamentalmente establecidos en los límites donde comienzan los derechos de otros, la legitimidad para salvaguardar un interés o un valor poseído por un tercero.” (Silva, 2008: 36).

Intensión de una nueva constitución en Bolivia, Ecuador y Venezuela Los procesos constituyentes de estos tres países se enmarcan dentro de sociedades movilizadas desde las bases, en contextos de alta conflictividad social y política (Viciano & Martínez, 2010), donde las instituciones representativas carecen de legitimidad ciudadana, y la sociedad se moviliza para transformar esta relación político social así como sus estructuras. Las Asambleas Constituyentes conformadas en este proceso, tendrán como objetivo, sin perjuicio de las particularidades de casa proceso, “…la reconstrucción del espacio democrático, el fortalecimiento de los derechos civiles, políticos, sociales y colectivos y la instauración de un modelo económico social y solidario, diferente de aquél caracterizado por una supuesta “libre competencia” (Peña y Lillo, 2009: 80).

Una visión más negativa de los procesos constituyentes señala que estos tienen como objetivo permitir la reelección de los lideres preferentemente por un tiempo indefinido (Negretto,2009; Gratius, 2007 ) así como establecer un nuevo Estado fundado en una democracia participativa “donde las instituciones desempeñan un papel secundario y el líder puede aumentar su margen de poder.” (Gratius, 2007:7).

El caso boliviano perseguirá la transformación de sus estructuras coloniales –políticas, jurídicas e ideológicas, avanzar en una democracia más participativa e inclusiva; mejorar la distribución de la riqueza generada por el país; y avanzar en la multietnicidad, eliminando la segregación tanto económica, social y étnica, fortaleciendo e incrementando los derechos de todos los sectores sociales en general, y de los indígenas en particular (Peña y Lillo, 2009). Venezuela por otra parte buscaba la transformación del Estado, cambiando su rol en las relaciones política, social y económica, y la creación de un “…nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa”. (Bizarro, Moricz y González, 184). Finalmente Ecuador, el objetivo principal radica al igual que en los otros procesos, en cambiar el modelo de desarrollo, centrándose en ser humano, considerándolo como factor fundamental de la economía, de manera tal que la redistribución de la riqueza y distribución del ingreso basados en el principio de equidad, son fundamentales en esta transformación. Busca transformar el rol del Estado como agente de servicios públicos, buscando el equilibrio entre la sociedad, el Estado y el mercado. (Peña y Lillo, 2009)

Presencia de las Dimensiones en cada país

1.- Deslegitimidad o debilidad la institucionalidad política y emergencia nuevos actores (movimientos y partidos). Tal como se señaló en un comienzo una de las características distintivas del contexto bajo el cual se enmarcan los procesos constituyentes, es el decaimiento del apoyo ciudadano para con las instituciones políticas y judiciales (Pachano, 2010; Ibarra, 2010; Peña y Lillo 2009; Hernández, 2009; Paz y Miño, 2007).

Pachano señala que la literatura sobre democracia en américa latina coinciden en la existencia de una directa relación entre “el deterioro de las condiciones de vida de la

población, la baja capacidad del sistema político para enfrentar esos problemas y la pérdida de confianza de la población.” (2011: 121)

Este decaimiento de las instituciones y de los representantes políticos tradicionales, está correlacionado con la emergencia de nuevos actores sociales como líderes, partidos políticos o movimientos sociales, que ejercen una función de presión y exigen una reivindicación ciudadana, entendida esta como una serie de ámbitos político-sociales. (Ibarra, 2010; Peña y Lillo 2009; Hernández, 2009; Paz y Miño, 2007). Para Peña y Lillo (2009) los gobiernos de estos países, basados en el neoliberalismo, desarrollan un modelo social completamente despolitizado, pero sus constantes fracasos en sus objetivos, como desigualdad, promoción de empleo, políticas sociales, exclusión social, servirán como catalizadores para la conformación de desarrollo organizaciones sociales.

En los casos de Bolivia y ecuador, el rol de los movimientos indígenas cumplirán un rol determinante en la reconfiguración institucional, tal como señala del Campo (2011), esto no se produce tan sólo por el porcentaje que representan dentro de sus respectivas sociedades -35% en el caso ecuatoriano, 65%, en el boliviano, sino también por las movilizaciones –y su intensidad- que realizaron desde el comienzo de la década de los noventa.

Bolivia Su historia como república se caracteriza por la inestabilidad política e institucional con constantes golpes de Estado, alzamientos armados militares o cívico-militares, y con ello, gobiernos de tipo autoritario, desconociendo las garantías constitucionales de libertades y derechos individuales (Rivera, 2009). Inksater (2005) explica que entre las caracteristicas del Estado Boliviano se encuentra la informalidad del sistema político, y la debilidad del Estado en si. Plantea que las malas gestiones de los gobiernos se han tratado de arreglar por medio de cuotas y pactos politicos, lo que ha llevado como consecuencia el debilitamiento de las instituciones públicas, agrega que este hecho, permiten la corrupción y tráfico de influencias, por lo que se cae en un circulo vicioso, dado que el resultado de esta situación es el continuo debilitamiento del sistema, incluyendo las instituciones responsables de mantener la ley y el orden

No tan solo Inksater plantea la idea del pacto entre la elite, durante las dos últimas décadas antes de la llegada de Morales a la presidencia, Pachano (2010), Ibarra (2010), Gratius (2007) y Chávez & Mokrani (2007) señalan que la democracia boliviana es una democracia pactada, partidocracia o monopolio partidario, con escasa participación de las bases y apoyo popular. Donde el Poder Legislativo se encuentra cooptado por el ejecutivo a partir de la negociación de cargos dentro del gobierno, donde participan los tres partidos más importantes, y donde la relación con la sociedad es una historia de acciones clientelares, prebendarias y patrimonialistas (Chávez & Mokrani, 2007).

Por último, se puede señalar que el punto más crítico en este proceso de debilitamiento institucional ante la crisis ciudadana, corresponde a los derrocamientos de los gobienro de Sanchez de Lozada el 2003 y de Carlos Mesa el

2005 (Pachano, 2010; Ibarra, 2010; gratius, 2007). Tal como explica Inksater “La prolongada debilidad gubernamental da lugar a las protestas y demandas extremas, la población esta frustrada con la ausencia de un buen gobierno y también percibe que tiene oportunidades de “derrotar” a un Estado vulnerable.” (2005: i). Durante esos momentos, la sociedad boliviana se encuentra altamente movilizada, y donde el rol de los movimientos indígenas, así como el movimiento cocalero –compuesto principalmente por indigenas- es clave para el futuro devenir de Bolivia, tanto en la eleccion de Evo Morales, como en la conformacion de la asamblea constituyente.

El rol de los movimiento indígenas no se remite tan solo a las fechas señaladas, muy por el contrario, la literatura señala como comienzo de su entrada a la escena socio-política con la marcha histórica por la Dignidad, Tierra y Territorio en 1990. Durante la década de los noventa, los movimientos indígenas y cocaleros hacen sentir su presión para con el gobierno, con el objetivo de reivindicar sus demandas y en la exigencia de una Asamblea Nacional Constituyente (Viciano & Martínez, 2010; Bizarro, Moricz y González, 2009; Chávez & Mokrani, 2007). El año 2000, en Cochabamba se materializa una manifestación social conocida como “Guerra del agua”, le siguen en orden cronológico los bloqueos y movilizaciones indígenas de abril-septiembre-octubre del mismo año y en los meses de junio-julio de 2001; el año 2002 la Cuarta Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales; y la “Guerra del gas” en octubre del 2003.

Sobre esta última, Chávez & Mokrani (2007) describen que durante este tiempo, una serie de activistas se movilizaron y difundieron de manera crítica información sobre el manejo elitista e ineficiente de la gestion de los recursos naturales del país - agua, gas, petróleo, minerales. El resultado de esa presion social a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, fue la Ley Nº 2631 de Reforma Constitucional con el fin de derogar la Constitución de 1967 (Bizarro, Moricz y González, 2009). Estas manifestaciones, como es de suponer, son el reflejo del agotamiento del modelo neoliberal y la búsqueda de uno nuevo, inclusivo, socialmente responsable, con un Estado activo, “En términos más concretos, es evidente que ellas se enmarcaron en la corriente crítica que iba tomando cuerpo conforme se iban agotando los recursos de la democracia pactada.” (Pachano, 2011: 136)

Sin embargo, los pueblos originarios no fueron los únicos actores sociales que participaron activamente de este proceso, también han estado presentes organizaciones sociales y comunitarias, y algunos partidos políticos de todo el país, que han tratado de discutir y poner en la esfera pública problemas transversales a la sociedad, y no sólo sectoriales como pobreza, el desarrollo, el crecimiento económico,

la educación y la salud, el trabajo, entre otros. (Bizarro, Moricz y González, 2009) por último, Chávez & Mokrani complementan esta vision señalando que “Mientras las movilizaciones de masas muestran la fuerza del movimiento social en occidente, las marchas indígenas desde oriente –marchas a la sede de gobierno por caminos que describen la precariedad

de la vinculación caminera interregional e interprovincial en el país– se graban en el imaginario colectivo como la escenificación viva de las trayectorias duras y sinuosas que deben sortear en lo político estos pueblos y organizaciones en su relación con el gobierno central y departamental.” (Chávez & Mokrani, 2007: 110)

Ecuador Ecuador fue uno de los pioneros en el proceso de transición a la democracia en la región, este proceso fue diseñado, controlado e implementado por el gobierno militar que, de acuerdo a Pachano (2010) impulsaron procesos de reforma social y económica. La Constitución de 1978, caracterizada por los fundamentos de estado empresarial, trajo consigo resultados político sociales que derivaran en un agotamiento de la institucionalidad, entre otras consecuencias, “la edificación de una economía inequitativa, una sociedad tensionada, la desestructuración institucional, la precarización del trabajo y la debilidad con la que la nación ha enfrentado el nuevo mundo unipolar.” (Paz y Miño, 2006: 89). En 1998, se consagra otra Constitución, que si bien intentó modificar los problemas antes mencionados, en la practica, siguió en el centro de la instituconalidad la omnipresencia del mercado (Peña y Lillo, 2009).

Ecuador es tambien uno de los primeros paises en presentar una crisis al modelo de democracia representativa (Gratius, 2007), con el inicio del desarrollo democrático, comenzó a la vez un debilitamiento de la credibilidad política y la posición de poder de la elite. Tal como se señaló en el parrafo anterior, los fundamentos institucionales, sumado a la incapacidad de generar acuerdos minimos entre las elites políticas y económicas, que permitieran el establecimiento de gobiernos estables y coherentes, que permitieran generar confianza e inclusión social; la pugna por el control de los segmentos estrategicos del Estado, especialmente para la implementacion de una agenda neoliberal, todo esto sumada la galopante corrupción pública (Peña y Lillo, 2009; Paz y Miño, 2007; Gratius, 2007)

Todo esto se traduce en una grave crisis política -partidos políticos sin ninguna credibilidad-, institucional -entre 1996-2006, existen 7 gobiernos en 11 años, con un intento de dictadura en el 2000 y con los únicos 3 presidentes electos por votación popular, pero derrocados: Abdalá Bucaram (1996-1997), Jamil Mahuad (1998-2000) y Lucio Gutiérrez (2003- 2005).y económica -fuerte malestar social e inseguridad laboral- (Peña y Lillo, 2009; Paz y Miño, 2007; Gratius, 2007). En el caso particular de los partidos políticos, el agotamiento del sistema de partidos se debe, entre otras cosas a que centraba sus esfuerzos en los periodos de campaña a fin de capturar las instituciones del Estado, más que implementar un mandato ciudadano, y en su relación directa con los ciudadanos, predominaba el clientelismo, sin considerar la verdadera organización ciudadana (Paz y Miño, 2007).

El derrocamiento de los gobierno Bucaram, Mahuad y Gutiérrez, está determinado en gran parte a la movilización social, especialmente sectores indígenas. El Congreso destituyó a Abdalá Bucaram en 1997 tras la movilización tanto de la Elites y sectores populares e indígenas. En el caso de Mahuad, el rol del movimiento indígena fue más determinante, apoyados por el ex Coronel Lucio Gutiérrez, se lleva a cabo un levantamiento popular, durante el cual los indígenas ocuparon el Congreso e

instauraron una junta cívico-militar, destituyendo al Presidente. Por su parte, el gobierno del ex Coronel Lucio Gutiérrez llega al poder apoyado por una alianza indígena--‐militar, pero que prontamente perdió el apoyo indígena, en lo que se conoce como La “revolución de los forajidos”, la cual llevó a que el 2005, fuese destituido (Ibarra, 2010; Gratius, 2007).

Pero el rol de los movimientos sociales no se limita al derrocamiento de presidentes. Con el pasar de los años, sin cambios significativos en la institucionalidad político-social, y donde sus resultados fueron acentuando los principales problemas sociales, comenzó a aumentar el malestar y con ello, la articulación de fuerzas sociales contrarias al neoliberalismo. De la Torre señala que el movimiento indígena es tal vez el fenómeno político y social más importante ocurrido en Ecuador durante la década de los noventa, ya se logran organizar de manera ordenada y formal en 1986 con la creación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) (de la Torre, 2006)

Esta confederación asume un rol importante durante las últimas dos décadas, de la Torre (2006) señala al menos 7 levantamientos indígenas, y una serie de manifestaciones durante el 2005-2006 ante el proceso de ratificación del TLC con Estados Unidos (Paz y Miño, 2007) (Bizarro, Moricz y González, 2009). Estos levantamientos indígenas “son formas de acción colectiva a través de los cuales las comunidades bloquean las carreteras y marchan a las capitales de provincia y a Quito para ocupar los espacios y los símbolos del poder para presentar sus demandas” (de la Torre, 2006: ).

Venezuela El caso Venezolano está determinado por lo que Bizarro, Moricz y González llaman la “Cuarta República”, una democracia representativa pero pactada por dos partidos políticos Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y Acción Democrática (AD) en el denominado “Pacto Punto Fijo” en 1958. El proceso de democratización al que da vida este periodo, la corrupción y la gran exclusión política, social y económica de la mayoría de la población, donde sólo la elite era la que tomaba las decisiones y la que beneficiaba del cambio de modelo económico neoliberal implementado en el país durante la década de los 80, fueron las que derivaron en la primera gran manifestación de agotamiento del sistema tradicional, llamado “Caracazo” en 1989. (Bizarro, Moricz y González, 2009)

Con la explotación del Petróleo durante este periodo da inicio al modelo de Estado Rentista petrolero que permitió el enriquecimiento de un sector, y el comienzo de la exclusión de otro sector, además de una forma de hacer política clientelar. Si bien este pacto permitió dar gobernabilidad, como un modelo de consolidación del sistema bipartidista (Hernández, 2007: 123), los bajos resultados de la economía durante la década de los ochenta (tasas muy bajas de crecimiento económico, el agotamiento del modelo de centralismo del Estado dependiente en casi su totalidad de los ingresos petroleros) y el anuncio de la implementación de un paquete de ajuste económico al comienzo del gobierno de Carlos Andrés Pérez, sumado al “hastío ciudadano con un sistema corrupto, elitista y marginador” (Viciano & Martínez, 2010: 20), cuyos

compromisos clientelares terminaron finalmente por socavaron el funcionamiento de las instituciones (Atehortúa & Rojas, 2005), derivó en un periodo de protestas conocido como “Caracazo”, este episodio se caracterizó “…por un estallido de violencia popular masivo, en las ciudades más importantes de Venezuela, con participación de personas pertenecientes a estratos populares, habitantes de zonas marginales y en menos medida individuos pertenecientes a los sectores medios de la población.” (Hernández, 2007: 134).

Durante los noventa, ya es manifiesta la crisis de credibilidad sobre la gestión del Estado, de dar respuesta satisfactoria a los intereses y demandas sociales (Atehortúa & Rojas, 2005), de igual manera existe una crítica constante a que el sistema político carecía de representatividad, no existe un vínculo entre representantes y representados, pues una vez terminado el periodo de campaña, los electores eran olvidados por los representantes elector (Hernández, 2007). Con ello el deterioro de los partidos tradicionales ha aumentado, Tanto AD como COPEI vivieron procesos de fraccionamiento. (Ibarra, 2010), aumentan los niveles de abstención y rechazo para con ellos, ahora son vistos como maquinarias corruptas, electoreras y gerontocráticas (Atehortúa & Rojas, 2005). El Poder Judicial también vive su propio declive de legitimidad ciudadana, se le acusa de estar cooptado por la misma elite y partidos políticos, atravesado también por la corrupción al igual que toda la institucionalidad, por lo cual no es capaz de ser el garante del Estado de Derecho (Combellas, 1999).

Viciano & Martínez señala que la sociedad venezolana se ha movilizado, exigiendo cambios hacia una profundización de la democracia a través de la “participación, las políticas de igualdad, el avance en los derechos y la mejora de las condiciones de vida de los venezolanos por medio de coberturas sociales suficientes, la creación de tejido productivo y una mejor distribución de la renta petrolera.” (2010:20 ) esta crisis institucional y de representatividad, sumada a lo que Atehortúa & Rojas (2005) la privación progresiva que vive la sociedad, conlleva la acción de las personas. A diferencia de lo que ocurre en Bolivia y Ecuador, los movimientos indigenas no son determinantes durante este periodo, lo que es relevante es la movilizacion ciudadana como tal, reaccionaria ante los acontecimientos que se producen en la vida social, y a la articulacion de algunos movimientos que intentarás acceder a los cargo representativos, especialmemte despues de que los cargos locales y estatales fueran de elección popular, con la ley de descentralización.

2.- Exclusión social y Pobreza. La exclusión de las masas en el proceso de toma de decisiones, es una constante en el desarrollo institucional de los países latinoamericanos (Gargarella, 2011; Gargarella y Courtis, 2009). En el caso de los países andinos, la clase excluido han sido principalmente los indígenas, estos han quedado fuera de cualquier tipo de participación (Pachano, 2010; Peña y Lillo 2009; Hernández, 2009; Bizarro, Moricz, González, 2009).

La pobreza, la región latinoamericana, y los países andinos en particular, se ha caracterizado por mantener un nivel considerablemente alto (Pachano, 2010;

Hernández, 2009; Bizarro, Moricz, González, 2009; Paz y Miño, 2007). Como consecuencia de la implementación de las reformas económicas neoliberales, los niveles de pobreza deberían haber descendidos, sin embargo esto no fue así, al menos no en todos los países, y si hubo descenso, no fue a los niveles esperados.

“La escasa repartición del crecimiento económico, la exclusión de los sectores populares y una modernización fragmentada incrementaron las desigualdades, desmantelando a su paso las estructuras de asistencia social del Estado y dieron lugar a un resentimiento social de fuerte indiferencia hacia las instituciones políticas.” (Peña y Lillo 2009: 80). Todo estos hechos, sumado a una historia de condena de los estratos más bajos a vivir en las condiciones miserables, de exclusión y discriminación, serán los responsables de las movilizaciones que se irán generando a lo largo de estos periodos.

Bolivia Desde su establecimiento como nación, y la conformación de sus Constituciones, su pacto social y político adoptado carecen de legitimidad ciudadana, debido a la exclusión y marginación de los sectores sociales mayoritarios, como los pueblos indígenas originario campesinos, los sectores laborales, entre otros (Rivera, 2009), mientras la minoría blanca y mestiza controlaba las instituciones políticas y la estructura económica, sin embargo, desde los noventa se da inicio a un proceso de cuestionamiento del contrato social existente (Gratius & Tedesco, 2009; gratius, 2007)

Inksater (2005) señala que entre las caracteristicas de la conformación del Estado Boliviano, está la existencia de violaciones a los derechos humanos, entendidos como los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Agrega que los derechos de la población indígena jamás han sido respetados, debido a la histórica intolerancia y racismo en ausencia de una inclusiva y pluralista definición de nación, igual de histórico es el abandono a ciertas regiones rurales de Bolivia. En cuanto a la desigualdad económica, durante la última década los índices de desigualdad se han incrementado, en desmedro de los grupos antes descritos, a lo que se debe agregar que la mayoría de la población tienden a ser indígenas rurales de manera tal que representan a la población pobres del país.

La movilización indígena en la denominada guerra del agua el año 2000, y también en parte del 2001, se hace manifiesto en el discurso político la existencia de las dos bolivias, una blanca, rica y con el poder político económico y social, y por otra parte la Bolivia indígena, pobre, rural, sometida y excluida, por parte de Felipe Quispe Secretario Ejecutivo de la CSUTCB. Los indígenas hasta esta fecha “…veían frustrada su movilidad social, limitada únicamente al trabajo en el campo, a la construcción o la fuerza pública –restringidos desde la historia a una subalternidad...” (Peña y Lillo, 2009: 88)

Ecuador Al igual que Bolivia, Ecuador también se caracteriza por una historia de exclusión de los sectores indígenas y los sectores populares. Desde la vuelta a la democracia, se ha instaurado un Estado empresarial, con énfasis en la ideología neoliberal, este modelo

de desarrollo trajo consigo resultados sociales desastrosos para la mayoría de la población, perpetuó una sociedad inequitativa y poco solidaria, donde el espacio de los sectores indígenas y patrimonio de la sociedad ecuatoriana fue dejado a la voluntad del mercado, cuyo resultado fue la depredación del medio ambiente y aprovechamiento incontrolado de los recursos naturales (Bizarro, Moricz y González, 2009; Paz y Cepeda, 2007; Paz y Miño, 2007)

“el país pasó a ocupar uno de los primeros lugares en el mundo en cuanto a inequidad, el desempleo y el subempleo crecieron, estalló la emigración de nacionales hacia distintos países (particularmente a España), la seguridad social colapsó, la atención médica y de salud pública se deterioró, la educación pública también retrocedió, la vivienda popular escaseó, el trabajo se precarizó incluso con los sistemáticos desconocimientos de las leyes laborales, la inseguridad ciudadana creció y el desamparo y la desesperanza se convirtieron en síntomas generalizados ante la impotencia de revertir los términos de un tipo de desarrollo económico del que podían disfrutar con holgura y arrogancia las capas sociales más altas y ricas del Ecuador, cuyo poder económico contrastó con el conjunto de la situación nacional” (Paz y Miño, 2007: 3)

Venezuela La exclusion politica, económica y social tambien se da en Venezuela, Combellas (1999) señala que el Estado no se preocupó por diseñar las garantías institucionales adecuadas para la mejor proyección de los derechos fundamentales. Existe un grave deterioro en la calidad de vida de los grupos más vulnerables de la sociedad y los balances sobre las violaciones de los derechos humanos, siempre están en rojos.

La crisis económica que atraviesa Venezuela durante la década de los ochentas ante la baja del valor del crudo, caló fondo en la sociedad Venezolana, que hacen mas evidente la situación de exclusión y aumenta los niveles de pobrezas de la población. Tal como señalan Atehortúa y Rojas “Al comparar la situación Venezolana antes y después de 1980, las estadísticas fluyen como sustento irrebatible. La canasta familiar –o cesta alimentaria, como la llaman en Venezuela–registró un aumento del 127% entre 1980 y 1984; pasó al 207% entre 1984 y 1988; y subió al 456% entre 1988 y 1992; para totalizar un incremento en el orden del 947% entre 1984 y 1992. En 1989, el ingreso real medio disponible para cada venezolano fue inferior, en no menos del 35%, al que percibía en 1979. La tasa de desempleo subió del 5 al 13% en el mismo período, y el volumen del subempleo se amplió en un 40%” (Atehortúa & Rojas, 2005: 266).

3.- Líder carismático. Cada uno de los procesos constituyentes está asociado a una determinada persona, quienes logran canalizar las demandas ciudadanas y a través de la movilización social, logran triunfar en las elecciones y alcanzar la presidencia –y mayorías en el congreso- y desde ahí impulsar las transformaciones del Estado. (Peña y Lillo, 2009; Gratius, 2007)

Las dos dimensiones antes explicadas están en directa relación con este tercer factor, tal como señala Peña y Lillo (2009), la pérdida de credibilidad de la institucionalidad y de los representantes políticos, catalizó la organización de movimientos sociales y la capitalización de líderes políticos que logran la canalización de demandas, y en el caso de Ecuador y Bolivia, estos son considerados como “outsiders” por la clase política tradicional. Estos tres líderes intentarán revitalizar la vida política, modificando la institucionalidad existente por una que sea inclusiva y equitativa. A la democracia representativa existente, proponen la democracia participativa, pues a su juicio la primera sólo benefició a una pequeña élite, en desmedro de la participacion popular. Es por ello que su objetivo político se resume en la refundación del Estado, de manera tal que serán impulsores del establecimiento de Asambleas Constituyentes que permitan dicho objetivo.

Gratius tiene una visión de estos liderazgos como populista, a su juicio, estos pretenden crear otro tipo de democracia de características más “radical”, “participativa” o “directa”, por lo que no son anti-políticos, sino anti-sistémicos contrarios a la “democracia elitista” “Todos ellos pretenden trasladar la democracia de las instituciones a las calles y/o a los espacios mediáticos directos (Gratius, 2007: 5).

Bolivia Evo Morales es un líder indígena que proviene del mundo cocalero de la región del Chapare, en el centro de Bolivia es quien personificar las demandas ciudadanas logrando un amplio apoyo ciudadano, lo cual le permite, a partir de una lucha electoral, comenzar un proceso desafiante a la elite política tradicional, la cual descansa en la lucha por la reivindicación indigenista, antiimperialista, con tendencia política de izquierda. (Peña y Lillo, 2009; Bizarro, Moricz y González, 2009; Archondo, 2007). Evo Morales es entre las décadas de los ochenta y noventa dirigente sector cocalero, e hizo su primera aparición en la palestra política formal en 1995 consiguiendo el 3% de los votos en el ámbito nacional y 15% en el departamental, sin embargo fue un líder internacional muchos años antes de contar con respaldos sólidos en Bolivia (Archondo, 2007: 85). En la práctica, condujoal movimiento por la ruta electoral, bajo los cánones instituciona, sin embargo en los momentos de choque directo con las fuerzas armadas o la policía, amenazó frecuentemente con organizar una resistencia armada desde los cocales, sin embargo, será el reformismo el que se convierta en el método de la revolución. (Archondo, 2007: 104)

Ecuador Rafael Correa profesor universitario de economía con estudios en Bélgica y Estados Unidos, adquiere relevancia en la opinión pública durante el gobierno de Alfredo Palacio, desempeñándose como Ministro de Economía y Finanzas, donde mostró una postura nacionalista, contraria a la visión neoliberal predominante, durante su gestión pregonó por una aumentar el manejo del Estado en los recursos naturales, principalmente el petróleo, y eliminar los fondos de estabilización de esos ingresos pues consideraba que sólo favorecían a la elite económica del país (Peña y Lillo, 2009), así mismo, fue un acérrimo opositor al TLC con los Estados Unidos, señalando que no estaba dispuesto a que el país estuviese sometido al capital extranjero sin ningún

contrapeso o protección (Bizarro, Moricz y González , 2009; Paz y Miño, 2007; gratius, 2007).

Correa se posicionó como líder en este momento de crisis institucional antes descrito, considerando las críticas a la clase política tradicional (Ibarra, 2010). Su candidatura tiene como objetivo instaurar una revolución de todo orden tradicional, tal como sostiene Paz y Miño pretendía introducir cambios radicales en las áreas social, constitucional, ética, productiva, soberanía e integración latinoamericana (2007: 6). “mantuvo una estrategia de confrontación dura, directa y sin miramientos con las diferentes élites económicas y políticas del país, a las que ha tildado de “fuerzas obscuras del pasado” (Peña y Lillo, 2009: 85).

Venezuela En medio de la crisis que vive Venezuela, un movimiento cívico militar el Movimiento Bolivariano Revolucionario--‐200 (MBR--‐200) emerge liderado por Hugo Chávez, el cual en 1992 encabeza un fallido golpe de Estado para derrocar el gobierno de Carlos Andrés Pérez (Ibarra, 2010; Bizarro, Moricz y González, 2009). Chávez desarrolla una idea de democracia más participativa que intenta romper la democracia elitista del punto fijo, que solo ha perpetuado las relaciones de poder opresoras sobre las clases populares, para de la Torre (2006) como Arenas (2010) Chávez es el referente máximo de lo que se entiende por «populismo radical», caracterizado por el nacionalismo, en contra posición al neoliberales, así como la promesa de refundación nacional a partir del establecimiento de una democracia directa.

Para Ibarra, el liderazgo de Chávez se fundaba en “los idearios de Simón Bolívar, criticaba agudamente a la corrupción de las elites y rechazaba el papel que se había asignado al ejército en su papel de represión de las movilizaciones populares. También proponía convocar a una Asamblea Constituyente. Chávez fue encarcelado, lo que no hizo más que acrecentar su popularidad. Salió de prisión el 26 de marzo de 1994.” (2010: 22). Dentro de su discurso, los componentes antineoliberales y contra la elite política y económica tradicional que pregonaba esta doctrina, pues se favorecían de las privatizaciones, especialmente los relacionados con el Petróleo, en palabras del propio Chávez “Nunca hubo una gota de petróleo para el pueblo de Venezuela, el petróleo se lo chupó la oligarquía criolla y sobre todo el imperio norteamericano. Ahora el petróleo es del pueblo (…) y (…) será para la justicia, para la igualdad” (Chávez, 2009, en Arenas, 2010: 82).

Conclusiones Como se pudo apreciar, la conformación de procesos constituyentes se da bajo sociedades que presentan altos niveles de conflicto político-social, donde por un lado se encuentras los sectores que tradicionalmente se han encontrado en una situación de poder político, económico y social, “versus” aquellos sectores excluidos en estas esferas, que generalmente son los pobres, indígenas y sectores rurales. Estos últimos desisten en su apoyo para con la elite, comienzan a ser críticos de la forma en como se

está manejando el país, y se movilizan por cambiar su situación de exclusión en un franco enfrentamiento al orden tradicional.

El desarrollo de cada una de las dimensiones en cada país nos permiten sostener nuestra hipótesis de que sociedades bajo un entorno de conflicto político-social, la presencia de: institucionalidad política y judicial deslegitimada por parte de la ciudadanía; la emergencia de nuevos actores sociales; la presencia de un líder “carismático”; y altos niveles de exclusión social y pobreza, son determinantes para la emergencia de Procesos Constituyentes. Si bien hay elementos comunes en el desarrollo de cada una de estas dimensiones, también existen espacios de diferenciación entre ellos.

En el caso de la primera dimensión, nos encontramos en presencia de pactos entre elites que excluyen de la participación a la mayoría de la ciudadanía lo que a la postre derivó en crisis institucionales y de los partidos tradicionales, a su vez, este hecho permitió la emergencia de nuevos actores sociales tales como movimientos ciudadanos, indígenas y líderes ajenos a la elite tradicional. Los procesos de descomposición de la institucionalidad y crisis de confianza de los partidos políticos tradicionales son similares en cada uno de los países, los partidos políticos ya no son capaces de canalizar las demandas ciudadanas, las personas ya no creen en ellos, los ven simplemente como corruptos, que solo quieren su voto y que luego se olvidan de ellos; el Estado se ha vuelto un botín a repartir por aquellos que ganan las elecciones, está al servicio del mercado y solo favorece a la misma elite, y en ambos países, durante este periodo existe la deposición anticipada de presidentes. Sin embargo hay diferencias en la emergencia de los actores sociales, Bolivia y Ecuador presentan similitudes en la importancia de los movimientos indígenas, pero cada uno mantiene sus propios conflictos, en el caso Venezolano el rol de los movimientos indígenas no es determinante en la emergencia del proceso constituyente como en los otros dos países, sino que es la movilización ciudadana en general y la lucha electoral de diversos partidos que van emergiendo durante los noventa.

La segunda dimensión también se encuentra presente en cada país de manera parecida, tal como se dijo anteriormente, la historia de estos tres países es una historia de exclusión social, los pobres, los sectores rurales e indígenas han sido expresamente ignorados en la toma de decisiones sobre el devenir político, económico y social. Los modelos económicos adoptados por estos países, de corte neoliberal, han consolidado esta situación de exclusión, aumentando los niveles de desigualdad y de opresión hacia las clases desposeídas. Tal como se vio y se puede inferir del punto anterior, Bolivia y Ecuador presentan un alto nivel de exclusión con su población indígena que a la vez es rural y pobre y serán estas las promotoras de las transformaciones post crisis institucional. En el caso de Venezuela, es la población pobre la que sufre esta exclusión, cercana al 40% al momento de la elección de Chávez.

Por último, En los tres países existe un líder que logra representar el malestar ciudadano y las soluciones que espera la mayoría. A través de un discurso rupturista, pretenden dar solución a los problemas antes presentado, crisis y desconfianza

institucional y altos niveles de exclusión social, prometiendo una nueva forma de Estado, fundado en la inclusión política, social y económica, con un Estado más activo y preocupado de lo público y de los valiosos recursos naturales, preocupados de la participación ciudadana, especialmente de los sectores excluidos históricamente. La gran diferencia entre estos líderes radica en su origen antes de salir a la luz pública, Morales dirigente indígena cocalero, Correa profesor de economía y Chávez proveniente del ámbito militar, sin embargo en los momentos de crisis ingresaron a la vida pública y tomaron como suyas las banderas de luchas ciudadanas, haciendo eco en la mayoría de las personas que los catapultaron a las presidencias y les dieron su apoyo en las asambleas legislativas nacionales para llevar a cabo las transformaciones prometidas.

Tal como se explicó al comienzo de este trabajo, su intención es hacer una aproximación comparada de los procesos constituyentes, tratando de identificar aquellos factores que posibilitan su emergencia. De acuerdo a lo expuesto, parece ser que las dimensiones explicadas en el trabajo son determinantes en la emergencia de los procesos constituyentes, sin embargo, tenemos un conflicto metodológico pues elegir los casos a partir de la variable dependiente, que para nuestro caso resultan ser países con procesos constituyentes, nos genera un problema de sesgo de selección de casos, por lo que nuestro modelo no presentaría varianza en su variable dependiente (Pérez Liñán, 2008; Geddes, 2003, King, Keohane y Verba, 1994; Przeworski y Teune, 1970) Por ello se hace necesario incluir en una futura profundización, aquellos casos que difieren o cuyo “outcome” es distinto, así “…los casos que presentan el resultado de interés deben también compartir una característica explicativa común (con suerte, aquella característica anticipada por nuestra hipótesis), mientras que los casos negativos deben carecer de este atributo” (Pérez Liñán, 2008: 10).

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