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CISA / Co mu ni ca ción e Información, SA de CV 

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semanario de información y análisis

ECONOMÍA Y FINANZAS

30  El proyecto Kia-Nuevo León, un pantanode irregularidades /Luciano Campos Garza

RELIGIÓN

34  “Tatik” revive en un libro /Isaín MandujanoANÁLISIS

36  México sitiado /John M. Ackerman  37  Jarabe loco /Naranjo  38  Esplendor autoritario /Jesús Cantú  39  Hackear para ganar /Denise Dresser  40  Los independientes: así no /Sabina Berman  41  Peligros de la crisis brasileña /Olga Pellicer  43  Petróleo: una “reforma” depredadora 

 /Juan José Dávalos López y Eliezer Morales Aragón

  45  TIEMPO FUERA: Nuevas tradiciones:el autopremio /Fabrizio Mejía Madrid

POLÍTICA

  6  La inconformidad social, amenaza para laselecciones /Carlos Acosta Córdova

DERECHOS HUMANOS

10  El gobierno propicia una campaña contra la  CIDH, denuncia su presidente /J. Jesús Esquivel

  13  Esclavizado por el narco /Ezequiel Flores Contreras  15  Búfalo hoy: el estigma del narco /Patricia Mayorga

NARCOTRÁFICO

18  Diálogo con el narco, propone el episcopado  /Rodrigo Vera

  23  Narco, zetas y paramilitares, la nueva realidadde Chiapas /José Gil Olmos

TELECOMUNICACIONES

26  David Martínez, zar de las telecomunicaciones  argentinas... y de ICA /Jenaro Villamil

ÍndiceNo. 2057 • 3 de abril de 2016

Foto portada: Octavio Gómez

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INTERNACIONAL

46  EUROPA: Cuando huir no es suficiente /Andrés Mourenza

  50  COLOMBIA: La guerra sucia que amenazael proceso de paz /Rafael Croda

HISTORIA

54   A 40 años del genocidio argentino:La provocación de Obama /Miguel Bonasso

  58  Scherer con Los Montoneros /Julio Scherer García

CULTURA

60  Las Galas de Vargas Llosa /Alejandro Gutiérrez  65  Los desacuerdos Paz-Vargas Llosa  /Armando Ponce

  67  Páginas de crítica  ARTE:  Pseudomatismos 

 /Blanca González Rosas

  MÚSICA:  La noche de los griots  /Raúl Díaz

  TEATRO: La obra de Bottom  /Estela Leñero Franco

  CINE:  Las elegidas /Javier Betancourt

  TELEVISIÓN:  Downton Abbey  /Florence Toussaint

LITERATURA

71  Caperucita Loba y su poesía digital   /Columba Vértiz de la Fuente

DEPORTES

74  Patada inicial en el futbol americano profesional /Raúl Ochoa y Beatriz Pereyra

  78  Los caballos negros /Raúl Ochoa

  80  Palabra de Lector

  82  Mono Sapiens /Superhéroes reales  /Helguera y Hernández

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CARLOS ACOSTA CÓRDOVA

Este lunes 4, el Instituto NacionalElectoral (INE) llega a su segun-do aniversario como órgano rec-tor de la vida electoral del paísen sustitución del Instituto Fe-deral Electoral (IFE), que lo fue

durante casi 24 años, entre 1990 y 2014.Pero lo hace en medio de “un país cru-

zado por graves problemas estructurales,de pobreza, desigualdad social, discrimi-nación, corrupción, impunidad, inseguri-dad y todos aquellos que, parafraseandoa Andrés Molina Enríquez –abogado y so-ciólogo mexiquense (1868-1940)–, son Losgrandes problemas nacionales”, como titulóel libro que publicó en 1908.

Así lo asegura, en entrevista, Loren-

zo Córdova Vianello, consejero presidentedel INE desde que éste entró en funciones.Problemas a los que ahora se agregan,

dice, la violencia del crimen organizado yel narcotráfico.

Y no sólo eso, sino que es un país su-mido en la desconfianza, no sólo hacia lopúblico –“a las instituciones democráti-cas del Estado, que, sin duda, hoy viven unproceso de credibilidad muy delicado”–sino en todos los órdenes.

Explica: “El problema de confianzaes un problema estructural de la vida de-mocrática en México. El informe-país que

hizo el IFE al final de su existencia y delque ahora estamos elaborando una segun-da edición, nos revela que siete de cada 10mexicanos sostienen que no se puede con-fiar en nadie fuera del circuito familiar;que hay un problema de, como dicen lossociólogos, erosión del tejido social”.

Con el agravante, además, de que “nohemos logrado remontar la baja en la cre-dibilidad que la autoridad electoral ha ex-perimentado en la última década, sobretodo después de las elecciones de 2006,

que tuvo el IFE primero, y que el INE here-da naturalmente”.

Ese es el contexto “muy adverso”, en-tonces, en el cual el INE cumple sus prime-ros dos años de vida, en el que operó en laselecciones de 2015 y en las que está ope-rando para las elecciones de este 2016, enlas que se votarán los siguientes cargos:

Doce gobernadores: Aguascalientes,Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca,Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamauli-pas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Este año en el país serán elegidos 12 gobernadores,388 legisladores locales, 965 presidentes municipales,300 presidencias comunitarias y 60 diputados para laAsamblea Constituyente de la Ciudad de México, unagran carga de trabajo para el INE, sostiene en entre-vista su presidente, Lorenzo Córdova. Y ello ocurrirá enuna sociedad que desconfía de las instituciones y estávulnerada por la violencia del crimen organizado. Estoselementos son un riesgo para los procesos electora-les, pues podrían generar “pulsiones autoritarias” queeventualmente devendrían en el boicot a los comicios.

La inconformidad social,

amenazapara las elecciones

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También 388 diputados locales, de loscuales 239 son de mayoría relativa y 149de representación proporcional.

Además 965 presidentes municipales,547 mediante proceso electoral y 418 por elsistema de usos y costumbres en Oaxaca.

Se votará también por más de 300 pre-sidencias comunitarias en Tlaxcala, 206por elección y 93 por el sistema de usos ycostumbres.

Por último, se elegirán los 60 diputa-dos que formarán la Asamblea Constitu-yente de la Ciudad de México.

En total, mil 724 cargos los que esta-rán en juego en la jornada electoral del 5de junio próximo.

–Pero ese contexto social tan adversoque usted menciona, ¿qué tan diferentees al que se ha vivido en otros momen-

tos de la historia electoral del país? Pare-ce que el país no ha cambiado gran cosa–se le pregunta a Córdova Vianello, licen-ciado en derecho por la Universidad Na-cional Autónoma de México y doctor enteoría política por la Universidad de Turín.

–Que hoy la insatisfacción y la descon-fianza de la sociedad son de tal magnitudque pueden traducirse, o son más bien, uncaldo de cultivo poco propicio para la re-creación democrática de la sociedad, en elque es muy fácil que germinen pulsionesautoritarias.

“Lo que quiero decir es que esos pro-

blemas estructurales a los que me refiero,y que no están resueltos, generan natural-mente una gran cantidad de demandas–en su mayoría, legítimas–, porque hayderechos insatisfechos, derechos vulne-rados, y más, que no necesariamente en-tran en un ámbito que sea competenciadel INE.”

Demandas democráticas

En el proceso electoral de 2015, de eleccio-nes intermedias, explica Córdova, múlti-ples actores de la sociedad le plantearonal instituto demandas, por ejemplo, de fal-ta de agua, de cosechas afectadas por pla-gas, promesas incumplidas por gobiernoslocales o municipales, carreteras no cons-truidas, demandas de justicia de los 43 es-

tudiantes desaparecidos en Iguala… ungran número de demandas de ese tipo.Son, dice, demandas “naturales y le-

gítimas”, producto de la gran inconfor-midad social que deriva de los grandesproblemas “que no han sido todavía re-sueltos y que son, por cierto, muy delica-dos, porque esos conforman el contenido,la materia de la inconformidad o el des-contento con la democracia.

“Son problemas que si el sistema de-mocrático no logra atender, corren elriesgo de convertirse en aquello que (el fi-lósofo y politólogo italiano) Norberto Bob-

bio, llamaba ‘las promesas incumplidas dela democracia’.

“Y en consecuencia van a alimentaresta lógica no sólo de desasosiego, sino deinconformidad con la democracia y conlas elecciones, que son su expresión másinmediata”.

Si bien muchas de esas demandas noeran competencia de la autoridad electo-ral, aunque ésta se solidarizó con ellas, “síse aparejaron, en muchos casos, a la lógi-ca antidemocrática de impedir las eleccio-nes, de boicotearlas”, dice Córdova.

–Dice usted: pulsiones autoritarias,pretensiones de boicotear las elecciones,pero… ¿de parte de quién?

–De muchos actores. Fue lo que sucedióen el proceso electoral de 2015. En la opera-ción electoral de ese año tuvimos que en-

frentar la retención de funcionarios, la tomade instalaciones, por ejemplo. No fue nadamás una cuestión retórica; no era nada másuna cuestión discursiva. Nos amenazabanclaramente: O se cumplen nuestras deman-das o impedimos las elecciones.

“En una gran cantidad de casos se tra-dujeron en actos tendientes a impedir uobstaculizar la organización de las elec-ciones: funcionarios secuestrados, ame-nazas en ocasiones cumplidas en contrade nuestros funcionarios y en muchos ca-sos hasta de los ciudadanos que ya habíanaceptado ser funcionarios de casilla.

POLÍTICA

 Árbitro. Reto mayúsculo

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“Estoy hablando de consejos distri-tales en su conjunto que fueron reteni-dos durante horas y en ocasiones durantedías, por grupos que manifestaban unainconformidad social –insisto: en la granmayoría de los casos legítima–, produc-to de problemas concretos que no habían

tenido solución, pero que abanderaron yque en ese sentido son absolutamente de-mandas justificadas y legítimas, pero queal momento de actuar con el propósito deimpedir las elecciones, ya se salen de lalógica del funcionamiento democrático.

“Es decir, se acaban convirtiendo oacaban adoptando una lógica autorita-ria en lo concreto, no sólo en el discurso,como fue el caso de grupos presuntamen-te anarquistas que destruyeron localesnuestros, entre otros muchos casos.”

Sin embargo, agrega Córdova, en 2015a pesar de que hubo riesgos inminentesde que se tuvieran que cancelar eleccio-

nes –habría sido la primera vez en la his-toria–, las hubo en todo el país.

Afirma el entrevistado: “No llegamos aese extremo, cosa que no ha ocurrido des-de 1917, gracias a que se logró construirun orden democrático, no un orden a se-cas, no un orden como los que claman yque a veces incluso subyacen a las vocesque plantean soluciones autoritarias. Fueun orden democrático en donde al finaldel día los mismos ciudadanos reivindica-ron e hicieron suyas las elecciones. La so-ciedad, a pesar de todo, salió y participó;inclusive en los estados más conflictivos,que fueron Guerrero y Oaxaca”.

Según Lorenzo Córdova “la actuaciónde la autoridad electoral en coordinacióncon las instancias de seguridad del Estado

mexicano, fue lo que permitió que hubie-ra elecciones en todos los Distritos y quese exorcizara la posibilidad de que no lashubiera”.

Para las elecciones de este 2016 Córdo-va se muestra optimista. “Hoy, las eleccio-nes en Oaxaca, que hace un año estuvieron

en riesgo de no llevarse a cabo, están trans-curriendo en una relativa normalidad”.

–Sin embargo, hay problemas que per-sisten, a los que se agregan pugnas inter-nas en los partidos políticos, entidadesasediadas o capturadas por el crimen or-ganizado, la propia sobrecarga de trabajoen el INE, problemas entre muchos otros,que podrían dificultar las elecciones deeste año y las presidenciales de 2018...

–Claro que hay conflictos que ponenen riesgo la actividad electoral. Estamosviendo partidos que hoy viven un proce-so de crisis de confianza también muyagravado, que están viviendo procesos in-

ternos de selección de candidatos muycomplicados, que han provocado esci-siones, fracturas, en fin. Hay una rispidezelectoral, pero que es parte de la naturale-za de las elecciones.

En relación con los estados donde hayuna presencia manifiesta del crimen or-ganizado, Córdova asegura que “hastaahorita no se han visto alteradas las rutasde organización de la elecciones. Se hantomado medidas preventivas, como en2015. Por ejemplo, ante alguna situaciónde violencia pública se instruye a nuestragente suspender el trabajo de campo has-ta que haya las condiciones necesarias”.

Recuerda que el INE “no es una ins-tancia de seguridad. Nosotros no tenemosun mapa de riesgos; no los hacemos. Haycontacto con las instancias de seguridad,encargadas de ello”.

Sobrecarga de trabajo

“Una virtud del INE y que le da una grancapacidad de adaptación a las distintascircunstancias, es que quienes realizanel trabajo de campo, nuestros capacitado-res, son personas de las comunidades endonde operan. Ellos mejor que nadie son

los que conocen cuál es la mejor mane-ra para garantizar la seguridad del trabajoque desempeñan”, señala.

Respecto de la sobrecarga de traba- jo para la autoridad electoral que ha im-plicado la reforma electoral de 2014 –de lacual nació el INE–, que agregó al institu-to 74 atribuciones adicionales, 53 de ellasrelacionadas con las elecciones locales, elfuncionario afirma:

“Sí, es una carga de trabajo brutal parael INE. Y pongo sólo un ejemplo, que es elcaso de la fiscalización: el INE no sólo sehará cargo de fiscalizar todas las campa-

ñas electorales del país, locales y federa-les, sino que antes se tenía un año parahacerlo; ahora se tienen escasas semanasdespués de la jornada electoral.”

Pero no cree que el INE sea por ello“una institución rebasada. Sino que hoy ledemanda muchísimo más a su personal, a

su estructura, de lo que le demandaba an-tes, incluso el último año. La cantidad detemas y sobre todo la participación en laparte local, requiere de mucha dedicacióninstitucional.

“Nunca en la historia del órgano elec-toral, más de cinco lustros, había habidouna demanda de trabajo a la estructura, alfuncionariado del INE, como la de ahora”.

Concluye: “El año pasado pudimossuperar los retos que nos presentabanlos problemas sociales, inclusive la pro-pia conflictividad electoral. Pero, cuida-do: nada significa que en 2018 no vuelvana presentarse. Porque, al final del día, los

grandes problemas nacionales siguen es-tando presentes y eso puede acabar gene-rando –si no se logra construir, procurar,recrear esa base social de la que dependeel funcionamiento de la democracia– laspulsiones autoritarias y la tentación deboicotear las elecciones que experimen-tamos el año pasado.

“Las elecciones de 2018, que incluye elrelevo en la Presidencia, son la prueba defuego no sólo del INE, sino también de lapropia reforma. Y nada garantiza que nonos vuelva a pasar lo de 2015.

“La de 2018 será la más grande y com-pleja de la historia, en términos de su or-ganización. Habrá 29 elecciones, en igualnúmero de estados, que serán concurren-tes con las tres federales (para presiden-te de la República, diputados y senadores).

“Por lo mismo, habrá una moviliza-ción sin precedente: 155 mil casillas, seismil más que en 2015, en las que participa-rán 1 millón 840 mil ciudadanos, 220 milmás que en las elecciones intermediasdel año pasado.

“Y es tanto lo que está en juego, em-pezando por la Presidencia de la Repú-blica –se disputarán 3 mil 637 cargos, untercio más que el año pasado–, que esto

puede acabar siendo un estímulo paraque lo que nos ocurrió vuelva a ocurrir.“Por eso –termina el consejero presi-

dente del INE–, creo que debemos reflexio-nar más sobre lo cerca que hemos estadode la ruptura de la normalidad democrá-tica, a causa de la baja cultura cívica quetenemos, el cada vez más erosionado teji-do social, la irresponsabilidad de múltiplesactores –que, por sólo perseguir sus inte-reses, en algunos casos ha llevado a anu-lar elecciones o a desconocer resultados–,factores que han minado el sistema elec-toral y la democracia misma en el país.”

POLÍTICA

   H  u  g  o

   C  r  u  z

Desconfianza. Uno de los fantasmas

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J. JESÚS ESQUIVEL

WASHINGTON.- No –le dice laCIDH al gobierno de En-

rique Peña Nieto–; no esprerrogativa de la Secre-taría de Gobernación de-cidir si amplía o termina

la participación del Grupo Interdisciplina-rio de Expertos Independientes (GIEI) enla investigación por la desaparición de los43 jóvenes de Ayotzinapa.

“No es decisión del señor (Miguel Án-gel) Osorio Chong, secretario de Goberna-ción, dar por terminada la participacióndel GIEI en el caso Ayotzinapa”, dice JamesL. Cavallaro, presidente de la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos(CIDH), dependiente de la OEA.

“Extender o ampliar la prórroga de tra-bajo del GIEI es decisión de la CIDH”, su-braya Cavallaro, quien durante una largaentrevista telefónica con Proceso denun-

cia la campaña de desprestigio que se lle-va a cabo en México contra los integrantesdel GIEI y contra Emilio Álvarez Icaza Lon-goria, secretario ejecutivo de la Comisión.

El martes 29 de marzo, en entrevis-ta con Radio Fórmula, Osorio Chong de-claró que no habría otra prórroga para elGIEI, que el próximo 30 de abril concluyesu labor como coadyuvante del gobiernomexicano en la investigación del casoAyotzinapa.

“Estamos dentro del plazo. Estamostrabajando en el plazo que se les dio. Creoque lo que se tiene que hacer es acele-rar el trabajo que viene realizando y en

abril termina ese trabajo”, indicó el se-cretario de Gobernación en esa entrevistaradiofónica.

Con un aplomo que refleja seguridad

en lo que dice, el estadunidense Cavallaroenfatiza que, como lo establece el acuerdofirmado el 18 de noviembre de 2014 entrela CIDH, el Estado mexicano y los repre-sentantes de los jóvenes desaparecidos,el futuro de la participación del GIEI en elcaso Ayotzinapa es un punto que nada tie-ne que ver con lo que quiera o no quiera elgobierno de Peña Nieto.

“El acuerdo dice que la Comisión pue-de decidir si renueva o no la prórroga departicipación. Es lamentable esta manio-bra del gobierno de decir que no se va a re-novar, cuando no le corresponde hacerlo”,insiste Cavallaro.

El gobierno propicia una

campaña contra la CIDH,denuncia su presidente

   G  e  r  m   á  n   C  a  n  s  e  c  o

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DERECHOS HUMANOS

Llamado “Acuerdo para la incorporaciónde asistencia técnica internacional desdela perspectiva de los derechos humanos en

la investigación de la desaparición forzadade 43 estudiantes de la normal rural RaúlIsidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, den-tro de las medidas cautelares MC/409/14 yen el marco de las facultades de monitoreoque la CIDH ejerce sobre la situación de losderechos humanos en la región”, el docu-mento firmado el 18 de noviembre de 2014asienta en su décimo punto:

“El mandato del Grupo Interdiscipli-nario de Expertos sería de seis meses, ypodrá extenderse por el tiempo necesariopara el cumplimiento de su objetivo, enconsulta de la CIDH con las partes.”

Cavallaro, respaldado por lo que de-termina el acuerdo, insiste en que el go-bierno de Peña Nieto puede decir que norenovará la prórroga de asistencia delGIEI, inclusive que el mismo Grupo de Ex-pertos diga que ya no quiere seguir coad-yuvando, pero a final de cuentas, dice, laCIDH tendrá la última palabra.

“Es casi como decir que el Estadomexicano no se responsabiliza del casoAtenco. Al Estado no le corresponde decireso. Es su opinión; vamos a recibirlo y laComisión va a decidir”, insiste el presi-dente del órgano jurídico de la OEA.

Buscan la prórrogaEste lunes 4 se inician en Washington lassesiones de la CIDH, que terminarán elviernes 15. En ese plazo la Comisión de-cidirá el futuro de la participación del GIEIen el caso Ayotzinapa, en consulta con laspartes involucradas.

Abogado graduado en la Universidadde Harvard y con un posgrado en derechopor la Universidad de California en Berke-ley, Cavallaro se muestra optimista de queel GIEI seguirá investigando el caso de los43 normalistas desaparecidos hasta quesea necesario.

Pero aclara: “Si el Estado adopta unaactitud intransigente, de falta de asisten-cia y falta de colaboración con el GIEI, ahí

se podría imposibilitar de hecho la reno-vación. Sería algo terrible y esperamosque no sea así”.

Sin adelantarse a los hechos, el es-pecialista en asuntos de la defensa delos derechos humanos dice que la CIDHconsultará al gobierno de México y a losrepresentantes de las víctimas sobre eltema, por lo que la decisión última se to-maría a finales de este mes.

“Desgraciadamente parece que losmedios de comunicación de México estánengañados y han aceptado ese discurso(la declaración de Osorio Chong a RadioFórmula). Lo publican tal cual. He leído:‘No se va a renovar’. No. Esa es su opinión,es su insumo. Es como si yo dijera queesta entrevista no se va a publicar en larevista Proceso. Yo no mando en la revistaProceso; su director y sus editores deter-minan eso, no yo”, subraya.

La labor de seis meses del GIEI comocoadyuvante en las investigaciones delcaso Ayotzinapa finalizará el último díade este mes. Cuando eso ocurra, el GIEIdeberá entregar un documento con lasconclusiones de su trabajo.

Por eso el presidente de la CIDH tam-bién se sorprende por lo que afirmó categó-

ricamente Osorio Chong: “Antes de recibirel informe del GIEI, el gobierno de Méxicoya no quiere que siga. ¿Por qué? Deberíapor lo menos escuchar lo que van a decirlos expertos. Fue el Estado mexicano el quesolicitó que se creara el GIEI, lo ha financia-do. Es interesante y muy curioso que ya noquiera que continúe colaborando”.

–¿El gobierno de México no acep-ta la autoridad de la CIDH? –pregunta elcorresponsal.

–Es una situación un poco más compli-cada. México tiene una relación bien com-pleja y complicada con la CIDH. Por unaparte es un Estado que por su normativa

El secretario de Gobernación dijo en una reciente entrevistaradiofónica que el GIEI terminará su labor este mes y ya nose necesitarán sus servicios para saber qué pasó con los 43normalistas de Ayotzinapa; pero el presidente de la CIDH,

James L. Cavallaro, lo desmiente: no le toca a Osorio Chongdecidir eso, afirma, sino a la Comisión Interamericana. Enentrevista con Proceso, el abogado estadunidense aseguraque hay una campaña de desprestigio contra esa institucióny reitera que existe en México una muy grave crisis de dere-chos humanos.

nacional, por la reforma constitucional,reconoce las instancias internacionalesen materia de derechos humanos y lassentencias de la Corte Interamericana ylos informes de la Comisión. Es un Estadoque nos buscó para montar el GIEI cuandolo necesitaba o cuando surgió el incidente.

“Había mucho interés por parte del Es-tado. Ha financiado al GIEI, ha facilitado lasinvestigaciones en muchos momentos, sibien es cierto que a la vez no le ha permi-tido el acceso al 27 Batallón (de Infantería)–de Iguala– y no le ha permitido al GIEI en-trevistarse con los soldados”, responde.

Al mismo tiempo, Cavallaro dice quequedó “atónito” cuando hace unos díasen México se presentó una demanda civilcontra Álvarez Icaza Longoria, y más por-que la Procuraduría General de la Repúbli-ca (PGR) no la eliminara al instante.

“¡No puede ser! Es una averiguaciónprevia sin fundamentos, sin base, sin nin-

guna razón de ser. La PGR la ratificó y ledio trámite. ¡Caramba! ¿Cómo se explicanestas acciones contradictorias? El térmi-no tendría que ser contradictorio paradescribir la posición del Estado mexicanofrente a la Comisión.”

–¿Percibe al gobierno de México detrásde la demanda contra el secretario ejecu-tivo de la CIDH?

–Prefiero no entrar en especulaciones.Lo que sí digo es que la demanda llegó a laPGR; comenzó por una iniciativa particu-lar, de algunas personas. Y si entiendo elderecho en México, al recibir la demandala PGR tenía la opción de archivar, deses-timar o ponerle fin a la averiguación, y nolo hizo. Es algo que evidentemente care-ce de fundamento. Ahí prefiero hacer lapregunta: ¿Por qué habrá decidido la PGRdarle trámite a esta averiguación infunda-da, cuando hay tantos asuntos mexicanosque necesitan con urgencia investigacio-nes intensas, de calidad?

“Hay miles de personas desapareci-das, homicidios, incidentes de ejecucio-nes sumarias, ejecuciones cometidas poragentes del Estado, de acuerdo con laspruebas existentes. Y de este universode problemas decide darle trámite a esta

averiguación previa. Hay que preguntarsepor qué lo hace.”

El desprestigio

Cavallaro declina sacar conclusiones políti-cas sobre la razón de la demanda contra elsecretario ejecutivo de la CIDH. Aclara queeso es algo que no le corresponde decir.

“Lo que nos llama la atención y nospreocupa más es el hecho de que hayasido criticado Juan Méndez –relator espe-cial sobre la tortura y otros tratos o penascrueles, inhumanos o degradantes de laONU–, que es un experto reconocido en el

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DERECHOS HUMANOS

mundo entero”, dice el presidente dela CIDH, y apunta: “Estoy preocupadopor Álvarez Icaza Longoria, por la ave-riguación, por la campaña de despres-tigio contra los integrantes del GIEI,por los ataques contra Juan Méndezy por ahí otros defensores de los de-rechos humanos de la sociedad civil”.

–¿A quién o a quiénes acusa laCIDH de llevar a cabo en México lacampaña de desprestigio contra losintegrantes del GIEI y contra ÁlvarezIcaza? –se le insiste.

–Dejo a los buenos periodistasmexicanos, que hacen un excelentetrabajo de investigación, identificarquién o quiénes están detrás de lascampañas. Es curiosa la existenciade la campaña y es preocupante. Sa-camos un comunicado de respaldoal GIEI hace dos meses (el 30 de ene-ro), por los ataques, por la plata reci-bida para financiar los trabajos del

GIEI, porque a la licenciada ÁngelaBuitrago la quisieron ligar con laguerrilla colombiana y con otrascosas. Muy parecido a esta averi-guación previa.

“Dice un dicho: ‘Avienta ellodo y algo se va a pegar’. Sonmentiras descaradas, repetidastantas veces. Alguien estará orga-nizando la campaña, no sé quién.Me encantaría saber, me encan-taría saberlo por un trabajo deinvestigación, para identificar alresponsable o responsables; perono puedo especular”, revira.

Buitrago integra el GIEI juntocon Carlos Martín Beristáin, Fran-

cisco Cox Vial, Claudia Pazy Paz y Alejandro Va-

lencia Villa.

Índice de letalidad

Desde la guerra militarizada contra lasdrogas que lanzara el expresidente Feli-pe Calderón, asegura Cavallaro, comenzóa profundizarse el deterioro de los dere-chos humanos en México, lo cual, macha-ca, “no es un problema creado por este

gobierno (el de Peña Nieto); pero que du-rante este gobierno se hizo más visible yde ello se dio cuenta no sólo la CIDH sinoel mundo entero”.

–¿Es en realidad tan grave la situaciónde los derechos humanos en México? –sele insiste.

–Sí, sí y sí. Por eso publicamos el in-forme Situación de los Derechos Humanos enMéxico (2015).

–¿Es más grave ahora que la que ha-bía hace muchos años en México y la queexiste en otros países de América Latina?

–Es muy grave y más grave que la demuchos países del continente, sí. Hasta

por eso sacamos un informe en el cualcalificamos la situación de “grave crisis”,porque es lo que vive México y ya no sepuede esconder. El mundo entero lo estáviendo, como en el caso Tlatlaya...

“Hay una cifra que debemos desta-car. El índice de letalidad, que entre otrascosas compara los números de personasheridas y de las muertas en enfrenta-mientos con las fuerzas del Estado.

“Cuando se trata de las fuerzas mili-tares mexicanas, debería haber más heri-dos que muertos. Los militares deberíandisparar para incapacitar y no para matar.Los militares están realizando accionesde la policía, como una fuerza auxiliar. EnMéxico no hay ninguna invasión extran- jera, de Guatemala o China.

“En un enfrentamiento entre supues-tos delincuentes y efectivos de la Sedenao la Semar, es de 10 a 15 el número másbajo de muertos. Ha habido hasta 63. No

son enfrentamientos, son ejecucionesde civiles”, resalta Cavallaro,

muy alterado.

Precisión. Acuerdo firmado en 2014

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Basándose en estadísticas recopiladaspor especialistas del Centro de Investiga-ción y Docencia Económicas y del Institutode Investigaciones Jurídicas de la UNAM,el informe de la CIDH sobre la situación delos derechos humanos en México en 2015dice lo siguiente en términos del índice deletalidad en los enfrentamientos con cri-

minales en los que han estado involucra-dos el Ejército o la Marina:

“En México el índice de letalidad delEjército fue de 7.7 civiles por cada civil he-rido en 2013 y de 11.6 en el primer trimes-tre de 2014. Tomando datos de prensa, elíndice de letalidad arroja en términos ge-nerales la tendencia de los datos oficiales.Ambos datos, oficiales y de prensa, indicanque la letalidad en enfrentamientos de laSedena tuvo el valor más elevado en 2011y 2012, pero el descenso posterior arrojavalores elevados del índice en un contex-to donde la información no oficial ya no seestaría registrando o haciéndose pública.

“La Secretaría de la Defensa Nacionalinformó que a partir del 6 de abril de 2014ya no se le da continuidad a dicha estadísti-ca, en relación de no ser necesaria para estadependencia del Ejecutivo federal, debido aque […] el personal de esta Secretaría, des-pués de repeler una agresión, se limita úni-camente a preservar el lugar de los hechosy una vez que hacen presencia las autorida-des competentes, se desliga de los procesosde investigación correspondientes.”

El presidente de la CIDH califica estasituación de “chocante”, porque, para él,lo que dice la Sedena desde el 6 de abril de2014 es algo así como que otros cuentenlos cadáveres.

Cavallaro concluye: “Es una cosa cho-cante en una sociedad democrática. Soltaruna fuerza letal, hacer un operativo, matarno sé a cuántos y ni siquiera preocuparsepor el registro de las bajas. La reacción delgobierno de México sobre el caso Ayotzi-napa es muy interesante.

“Aten los cabos sobre esos índices al-tísimos de letalidad. Aten los cabos, por-que la situación es muy preocupante. Si seatan los cabos se ve la relación que exis-te, como en el caso Tlatlaya, pero a nivelnacional y sobre lo que ha ocurrido en los

últimos años; estamos hablando de cen-tenares, de miles de personas muertas ymuy probablemente en ejecuciones su-marias que no se investigan.

“Desgraciadamente en México la nor-ma es la exoneración. Sólo cuando haymucha presión internacional se investiga,pero después se exonera bajo cualquierdisculpa. Cuando se tiene una crisis dederechos humanos, cuando tienen fuer-zas militares que pueden matar a milesde personas y que las han matado, ¿cómono hablar de otra cosa que no sea de unacrisis, una situación grave de los derechoshumanos?”

El padre de Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de losnormalistas de Ayotzinapa, se niega a aceptar que losrestos de su hijo hayan sido identificados por la Univer-sidad de Innsbruck. En su lucha por obtener justicia yla presentación con vida de los muchachos, MargaritoGuerrero incluso ve con esperanza la posibilidad de queel joven haya sido secuestrado, y los narcos, en con-tubernio con el gobierno, lo tengan esclavizado en laproducción de estupefacientes. Un destino duro, al que

él mismo sobrevivió cuando estuvo en esa condición enel rancho El Búfalo, en los ochenta.

por el narcoEsclavizado

EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

CHILPANCINGO, GRO.- En la década delos ochenta, Margarito Guerrero–padre de uno de los 43 normalis-tas desaparecidos de Ayotzinapa–permaneció secuestrado durante

mes y medio en el rancho El Búfalo, ubicadoal sur del estado de Chihuahua, donde más

de 13 mil campesinos fueron obligados acosechar mariguana en la propiedad admi-nistrada por el capo Rafael Caro Quintero,puesto en libertad el 9 de agosto de 2013 ycasi de inmediato declarado prófugo.

En noviembre de 1984, el Ejército ase-guró este predio de más de 3 mil hectáreas,donde decomisó mariguana por un valorestimado de 8 mil millones de pesos. El caso

José Luis de la Cruz

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exhibió los nexos de organizaciones delic-tivas con agentes de la DEA, así como con

mandos militares y del gobierno federalpara producir enervantes desde Guerrerohasta Baja California a fin de abastecer elmercado de Estados Unidos.

Margarito Guerrero recuerda esa historiapara sostener su esperanza de que, a más de18 meses de la desaparición forzada de losnormalistas de Ayotzinapa, su hijo JhosivaniGuerrero de la Cruz y sus compañeros conti-núen con vida. Tal vez, dice, lo hayan forzadoa trabajar en un campo de droga controladopor la delincuencia y tolerado por el gobier-no, como le sucedió a él en los ochenta.

El hombre de duro semblante y piel cur-tida por el sol narra la singular anécdotasobre su cautiverio en aquel campo de pro-ducción de mariguana en Chihuahua, queutilizaba mano de obra esclava y donde élconoció a Joaquín El Chapo Guzmán cuandoel sinaloense todavía era uno de los “ma-yordomos” que vigilaban a los trabajadoresdel rancho, administrado por el cártel deGuadalajara.

Poco se sabe de este pasaje tempra-no de la carrera delictiva del Chapo, quientras la detención de su mentor Rafael CaroQuintero se convirtió en líder del Cártel deSinaloa y, tras dos espectaculares fugas quevolvieron a exhibir las complicidades entre

funcionarios y narcotraficantes, actual-mente se encuentra preso en el penal fede-ral del Altiplano.

Hasta el momento don Margarito sóloha compartido lo que sabe con gente desu confianza, pues considera que políticosy autoridades se dedican a desprestigiara toda costa a los padres y los activistasque impulsan el movimiento social paraexigir justicia en el caso Ayotzinapa y lapresentación con vida de los estudiantesdesaparecidos.

No obstante, considera que la situaciónen Guerrero y el resto del país sigue igualo peor que hace 32 años, es decir, que los

campesinos y los más pobres son usados ydesechados por autoridades y delincuentes

para beneficiarse a costa del sufrimiento delos demás. Por eso decidió contar su historia.

Proceso entrevistó a don Margarito el 25de marzo, después de una procesión religio-sa en las calles de esta capital, en la iglesiade Santa María de la Asunción, donde lospadres y otros familiares de los 43 estu-diantes afirmaron que las élites política yeconómica del país les han impuesto unapesada cruz al ocultar deliberadamente in-formación sobre el caso con el fin de prote-ger a los sicarios y a los agentes del Estadoque incurrieron en graves violaciones a losderechos humanos.

“El gobierno sabe que existen lugaresdonde esa gente (el narco) tiene a personasinocentes trabajando para ellos”, dice el pa-dre de Jhosivani Guerrero.

En la plaza central Primer Congreso deAnáhuac de Chilpancingo este semanariole preguntó su opinión sobre el anunciodel subsecretario de Gobernación, RobertoCampa, de que se otorgará la reparación deldaño a las víctimas directas o indirectas delcaso Ayotzinapa a partir de un Diagnósticode Impacto Psicosocial.

En septiembre pasado, la ProcuraduríaGeneral de la República (PGR) dio a conocerque Jhosivani había sido el segundo estu-

diante de Ayotzinapa identificado por losexpertos de la Universidad de Innsbruck, apartir de las muestras de restos óseos queenvió la dependencia federal. La primeravíctima identificada por este instituto aus-triaco fue Alexander Mora Venancio el 7 dediciembre de 2014.

Pero Margarito Guerrero señala que ély su familia siempre han rechazado la ver-sión oficial de que su hijo está muerto.

Esclavitud en Chihuahua

En 1984 Guerrero partió con siete amigosdel pequeño poblado mezcalero de Omea-

pa, municipio de Tixtla, rumbo a los camposagrícolas del norte del país. Se unieron a

unos 300 jornaleros procedentes de comu-nidades rurales y marginadas de la Monta-ña guerrerense.

En ese tiempo aún no nacía Jhosivani,el menor de los siete hijos de Martina de laCruz y Margarito Guerrero.

El enganchador les había ofrecido 100pesos diarios por trabajar en la pizca demanzana. Aceptaron y se fueron en un ca-mión desvencijado. Tras varios días, llega-ron a un extenso campo agrícola.

Cuando se percataron que se tratabade un inmenso plantío de mariguana, susreclutadores les dijeron, burlones: “Ahí estásu manzana”. Nadie protestó o se quiso re-gresar, porque vigilaban el lugar hombresarmados.

Don Margarito cuenta que también ha-bía unos empleados a quienes les decían“mayordomos” y se encargaban de vigilara los trabajadores. Recuerda a uno de ellos:el joven Joaquín Guzmán, apodado El Chapo,quien, afirma, tenía buen carácter y tratabadecentemente a los jornaleros.

“Eran muchos mayordomos. Imagíne-se: uno vigilaba a 80 campesinos, y éramoscomo 13 mil tan sólo en uno de los tres pre-dios que conformaban el rancho.”

De esta forma, los 300 guerrerenses fue-

ron obligados a sumarse al cultivo del estu-pefaciente que operaba bajo la proteccióngubernamental y del Ejército en la décadade los ochenta, entre los municipios de Ji-ménez y Camargo, en el sur de Chihuahua.

Según informes periodísticos de esaépoca, el rancho El Búfalo estaba equipadocon la mejor tecnología agropecuaria y fuedetonante económico de los alrededores.“Había de todo”, confirma don Margarito, ydescribe los jornales a los que eran some-tidos en ese ambiente, opuesto a la calidezde Guerrero:

“Trabajábamos de las cuatro de la ma-ñana a las 12 de la noche. Los mayordomos

   E   d  u  a  r   d  o   M   i  r  a  n   d  a

Padres de Ayotzinapa. Esperanza

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DERECHOS HUMANOS

nos daban tres cobijas por persona paraaguantar el frío y las cambiaban a la sema-na porque apestaban a mariguana.”

Agrega que diariamente matabantres reses, preparadas y servidas por 300cocineros para alimentar a los miles decosechadores.

Explica que cada uno tenía su función

específica: unos campesinos se encargabande sembrar, y cuando la mata ya estaba ma-dura otros cortaban “las colitas o lo bueno”para separar las ramas, mientras otros másempaquetaban. Así producían 60 toneladasdiarias de la yerba.

“Al otro día, cuando nos levantábamos atrabajar, ya no había nada. Toda la marigua-na se la llevaban sepa a qué lugar y nosotrosde nuevo a juntar la misma cantidad.”

Cuando se le pregunta si alguna vezintentó escapar, dice que no había posibili-dades: “Uno que otro burló el cerco arma-do, pero llegando a los pueblos cercanos lamisma gente los detenía y los regresaba al

rancho. Por eso ya mejor te aguantabas y nodecías nada”.

El castigo para los jornaleros que inten-taban escapar del rancho era ponerlos arealizar las tareas más duras. Los mayordo-mos decían que les iban a permitir salir delrancho hasta que “cumplieran su contrato”.

“Nosotros nos preguntábamos: ¿cuálcontrato? Si nos dijeron que nos iban a pa-gar 100 pesos diarios por cortar manzana,no mariguana”, comenta.

–¿Y al menos les pagaron los 100 pesos?–No nos pagaron nada. Yo estuve un

mes y medio en el rancho y no me dieron eldinero que nos prometieron.

Don Margarito cuenta que en noviem-bre de 1984, cuando el Ejército irrumpió enel rancho El Búfalo, todos los mayordomosy los hombres armados que tenían cercadoel perímetro escaparon y dejaron solos a los jornaleros.

“Nos sacaron durante la noche. Algunaspersonas nos indicaban un sendero conlámparas desde los cerros y así caminamostoda la noche… hasta las seis de la mañanaque llegamos a Falomir, donde los poblado-res nos atendieron con agua y comida.”

El poblado de Estación Falomir, cono-cido también como Maclovio Herrera, está

en el municipio de Aldama, en Chihuahua.Los soldados lo rodearon para llevarse a los jornaleros, entre ellos Margarito Guerrero,hasta un cuartel militar en la capital de Chi-huahua, donde permanecieron cinco días.

Finalmente el gobierno trasladó a laCiudad de México, en ferrocarril, a los jornaleros originarios del sur. Los 300guerrerenses volvieron a su entidad enautobuses, donde todavía estuvieron de-tenidos unas horas, y después los dejaronlibres.

Años después Margarito Guerrero de-cidió emigrar a Texas, donde vivió nueveaños.

PATRICIA MAYORGA

V

ALLE DE ALLENDE, CHIH.- La colo-nia Búfalo, que saltó a la famadespués del descubrimien-to de un campo de cultivo demariguana de Rafael CaroQuintero, quien esclavizó a

miles de campesinos en unas 20 hectá-reas, ahora está abandonada.

Sentado en una banca del único par-que del poblado, Fernando Sáenz, cercanoa los 90 años, lamenta: “Ya no se puedesembrar. ¿Qué siembra uno? No se puedecultivar algodón porque ya no hay despe-pitadoras, no hay bodegas nacionales alas que se vendía el frijol y el maíz. No haynada”, dice.

La colonia estaba rodeada de sembra-díos de papa, pero ya no existen y las bo-

Búfalo hoy:

el estigmadel narcoLos ejidos de Búfalo, donde el Ejército destruyó en 1984

los extensos sembradíos de mariguana de Rafael CaroQuintero, nunca se beneficiaron de la intensa produc-ción del estupefaciente. En los vecinos municipios deJiménez y Camargo los narcos consumían alimentos,cobijas, ropa y servicios para sus autos, pero de la zonaagrícola ni siquiera requerían mano de obra: tenían mi-les de jornaleros retenidos y sin paga. Hoy Búfalo tieneuna enorme presa, pero no cultivos... ni calles pavimen-tadas ni red telefónica.

Patricia Mayorga

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degas donde se almacenaba la semilla sonruinas.

En noviembre de 1984 el nombre deBúfalo fue conocido internacionalmente,aunque los pobladores nunca tuvieron unbeneficio del “desarrollo” impulsado porel narcotráfico. A los plantíos de marigua-na les dieron el nombre de Búfalo por su

cercanía con la colonia.El gobierno informó entonces que se

decomisaron alrededor de 10 mil toneladasde la yerba. Con el tiempo, las estimacio-nes en torno a la cantidad de campesinosque trabajaban en el rancho han osciladoentre 5 mil y 10 mil. Muchos de ellos fueronengañados para ir a ese lugar.

Caro Quintero fue detenido en 1985 yposteriormente sentenciado a 40 años deprisión. Entre los delitos que se le impu-taron estaban el de privación ilegal de lalibertad en su modalidad de secuestro, ho-micidio calificado; siembra, cultivo, cose-cha, transporte y tráfico de mariguana, así

como suministro de cocaína y asociacióndelictuosa, pero quedó en libertad en 2013.

Hace poco más de un año, el goberna-dor César Duarte Jáquez inauguró la pre-sa Piedras Azules. Fue un incentivo paraque familias adineradas adquirieran lospredios de los ejidatarios que se quedaroncon las tierras tras el decomiso de la drogay los predios a Caro Quintero.

Pero como nadie apoyó la urbani-zación ni los cultivos, la mayoría de lospropietarios de esos ejidos vendieron sustierras y ahora alrededor de Búfalo siem-bran nogales, árboles que requieren mu-cha agua. “Ahora ni ha llovido”, dice donFernando.

Las cosechas de los pequeños agricul-tores decayeron. Éstos tenían esperanzade desarrollar sistemas de riego una vezconstruida la presa, pero ha sido máscomplicado de lo que creían.

Algunos hombres sentados bajo un ár-bol, afuera de una vivienda, dicen espon-táneamente que ninguno de ellos trabajóen los plantíos de mariguana. Uno seña-la que a unos pasos de ahí circulaban loscamiones hacia los sembradíos de la yer-ba, que estaban a unos 15 kilómetros delpueblo.

Todos ríen cuando otro dice que, se-gún la gente, esos camiones transpor-taban manzanas. Añade que llevabantrabajadores de fuera, que no hubo gentede Búfalo ahí.

La colonia era muy tranquila entoncesy nunca obtuvo derrama económica porel rancho, como sucedió en Jiménez. Lospobladores tampoco tenían contacto conlos trabajadores ni con sus empleadores,quienes según los mayores de aquí “eragente de Sinaloa”.

Vieron a los campesinos de los cul-tivos de mariguana cuando salieron co-rriendo el día que llegaron los militares a

decomisar la droga. El resto del tiempo lostuvieron encerrados y vigilados por hom-bres con escopetas. Tras la desbandada,muchos llegaron a Búfalo para pedir aven-tón o ayuda para llamar a familiares.

La mayoría de los colonos emigró a Es-tados Unidos a partir de 1988 por una pro-longada sequía. Cuatro años antes, con el

exterminio del “campo de concentración”,como conocían al rancho de Caro Quin-tero, la actividad ya había comenzado adeclinar.

Los terrenos fueron entregados a loscampesinos el 21 de febrero de 1987. Elloslos dividieron en dos ejidos: Álamos y am-pliación Felipe Ángeles. Hace tres añosse concentraban ahí 420 ejidatarios, peromuchos vendieron sus parcelas a familiasadineradas porque no podían cultivarlas.

Un exejidatario recuerda que veíanpasar los camiones de droga, pero ignora-ban que tuvieran secuestrados a los tra-bajadores: “Dicen que venían engañados.

Nosotros jamás vimos a Caro Quintero;sólo lo conocíamos por nombre y hasta lecompusieron un corrido”.

Búfalo, atrapada en el tiempo

Ubicada entre las cabeceras municipalesde Parral y Jiménez, Búfalo sólo tiene 300habitantes, sus calles no están pavimen-tadas y carece de red telefónica.

El profesor Francisco Raúl Huerta Mar-tínez reclama: “Han dicho que Caro Quin-tero hizo la iglesia y escuelas. Es mentira.El templo de Fátima lo hicieron otras per-sonas. La imagen de la virgen de Fátima latrajeron en 1938 unos españoles de ape-llido Almolea. De ahí empezó a formarseel pueblo, pero Caro Quintero nunca loapoyó. Otra cuestión que no nos parecees que digan que hubo opulencia, cuandoaquí nunca la vivimos”.

Aclara que las compras millonariaspara alimentar y vestir a los trabajadoresse hacían en Jiménez y Camargo. “Estepueblo (Búfalo) se mejoró a partir de 1990.Con Caro Quintero no había siquiera tra-bajadores de aquí. Cuando ocuparon agente de Búfalo fue para que les dijeran

las brechas para salir, pero con nosotrosno hubo economía”, insiste Huerta Martí-nez. Añade que fue seis años después delallanamiento y decomiso cuando se cons-truyó una carretera para llegar al pueblo.

Los pobladores viven de la agricultu-ra o trabajan para familias adineradas dela región, mientras que a los jornalerosde Caro Quintero los traían desde esta-dos como Sinaloa, Sonora y Guerrero; sereconocían porque llevaban huarachescruzados.

Desde la tienda de abarrotes que da ala plaza se emiten los mensajes a los ha-bitantes con un altavoz, ya sea recados de

las escuelas foráneas para los padres defamilia o a quienes reciben llamadas tele-fónicas. Las propietarias de la tienda sonhijas de Ismael Moreno, quien era presi-dente municipal de Búfalo en 1984.

Las hermanas Magda y Camena More-no eran niñas cuando se desató el escán-dalo. “Los soldados entraron en camiones

por el pueblo. Nosotros pensábamos queera la guerra. Estábamos en la escuela ypasaban muchos soldados por aquí”, diceCamena.

La mañana del 9 de noviembre de 1984irrumpieron alrededor de 500 militares yun helicóptero sobrevoló como parte de laOperación Pacífico. Cuando terminaron eloperativo, los judiciales regresaron al pue-blo para cenar.

Las hermanas Moreno recuerdan queun jefe policiaco, Elías Ramírez, llegó enla noche a Búfalo con su gente y obligó aque abrieran el restaurante de la mamádel profesor Huerta. No había suficiente

comida, por lo que hizo que abrieran latienda de abarrotes de los Moreno. No lespagaron.

Aunque en los medios de comunica-ción se habló del “rancho El Búfalo”, estadenominación se derivó de la cercaníacon este poblado. En realidad la siembrade mariguana se realizaba en dos ranchos:El Álamo y Muriel, que luego se convirtie-ron en los ejidos El Álamo y ampliaciónFelipe Ángeles.

Jiménez y Camargo, los beneficiados

Los municipios de Camargo y Jiménezconstituyen un paso estratégico para eltrasiego de droga. Desde los tiempos deCaro Quintero la región fue devastada porla violencia.

Hace casi 32 años, las tropas decomi-saron alrededor de mil toneladas de ma-riguana. Para los habitantes de Jiménez,la cantidad que se dio a conocer se quedacorta porque todos los días hacían variosviajes tráileres, diversos vehículos y hastacontenedores de tren cargados de droga.

En 1984 detuvieron a por lo menos75 personas en el rancho El Reliz, cerca

de Jiménez, y otras tantas lograron huir,recuerda en entrevista Carlos Mario Ar-mendáriz, quien entonces era director deEl Sol de Parral. También fue desmanteladoel rancho de Chilicote, del municipio deAldama, donde también se decomisaronvarias toneladas de mariguana.

Luego siguió el decomiso de la produc-ción de Búfalo. Armendáriz cuenta quellevaron a trabajadores de fuera, princi-palmente sinaloenses, con el cuento deque trabajarían en la pizca de manzanacon muy buen sueldo. Nada les cum-plieron. Los mantenían custodiados conhombres armados.

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DERECHOS HUMANOS

El periodista explica que el país pasa-ba por una fuerte crisis económica en elsexenio de Miguel de la Madrid, que seagudizó con las secuelas del terremoto de1985. Los productores sólo tenían acceso acrédito a través de la sucursal de Banruralen Camargo.

“El dueño de un taller mecánico en

 Jiménez me contó que Caro Quintero lle-gaba en convoy, en tres o cuatro carrosGrand Marquis de su agencia Ford en Gua-dalajara”, recuerda Armendáriz.

Por una mínima falla en un vehícu-lo, lo dejaba en el taller y pagaba bien endólares. “Decía: ‘Quiero que dejes de ha-cer todo para que atiendas sólo a nues-tros vehículos’. El mecánico las corregíarápido. Una vez llegaron en uno de losvehículos que venía fallando. Dijo que lorevisara de urgencia porque tenían quesalir rápido.

“Llegaron al mediodía. No era grancosa. Cuando regresaron, Caro Quintero

le pidió al mecánico las llaves del carro yle preguntó: ‘¿Abriste algo?’ Le respondióque no. Y luego Caro Quintero abrió la ca- juela, que estaba tapizada de dólares. Elmecánico le dijo que su trabajo había sidoenfrente y no tenía por qué abrir atrás. Elcapo agarró un fajo de dólares y se los dio.”

Otro negocio que salió ganando fue un

“desponchado” en la entrada de Jiménez.“El dueño me contó que un día llegaronunos tipos y le preguntaron cuántos au-tos atendía. Les respondió que dependíade cuál día, pero a veces era uno y a veceshasta cuatro. Entonces le pidieron que ce-rrara el negocio al público para que traba- jara sólo para ellos. Y así fue; le pagaban

bien”.Las compras para dar de comer a mi-

les de trabajadores dieron ganancias atiendas de abarrotes y tortillerías. La en-cargada de una tortillería contó a CarlosMario Armendáriz que a ella le compraronmás máquinas para hacer la cantidad detortillas que a diario se necesitaban paratoda la gente.

“La tienda de ropa del pueblo en Ca-margo también se vio beneficiada. En unavitrina grande había cobijas cuadradas yla dueña tenía un saco de piel verde. Undía (los hombres que manejaban los sem-bradíos) llegaron y le compraron todas las

cobijas. A uno le gustó el saco verde. Luegoregresaron otros que querían sacos, peroya no había porque lo había traído de Es-tados Unidos, y le pidieron traer más y devarios colores. Le pagaron ahí mismo yella fue por más sacos.”

Agrega que el 9 de noviembre de 1984,cuando los militares destruyeron los

sembradíos de Búfalo, varias personas sebeneficiaron.

“Cuando llegó el reportero Rafael Sa-las a cubrir los hechos para El Sol de Parral,había dos militares. Lo detuvieron y él seidentificó. Un soldado le ofreció dos cajasde mariguana, una para él y la otra paraque la llevara a un domicilio en Jiménez,

pero él salió corriendo por el monte.“La prensa de aquel año consignó que

cuando Enrique Camarena, El Kiki, agen-te estadunidense antidrogas, delató laubicación de millonarios cultivos de ma-riguana en la región, los militares mexica-nos llegaron para acabar con todo.”

El Heraldo de Chihuahua  aseguró queuna banda internacional operaba en Flo-rida, Estados Unidos, y trasladó su centrode operaciones al rancho El Búfalo, prote-gida por funcionarios de la Secretaría deGobernación.

Los campesinos “vivían en un verda-dero campo de concentración. Tenemos

indicios de que muchos que trataron dehuir fueron asesinados por los narcotra-ficantes”, informó la Procuraduría Gene-ral de la República en aquel tiempo. Lasautoridades alcanzaron a detener a algu-nos jornaleros, incluidos mujeres y niños,quienes eran obligados a trabajar hasta 20horas diarias.

   M  a  r  c  o   A  n   t  o  n   i  o   C  r  u  z

Ejidos de Búfalo. Célebres en los ochenta

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RODRIGO VERA

Ante el fracaso de la guerra con-tra el narcotráfico emprendi-da por el gobierno federal, laConferencia del EpiscopadoMexicano (CEM) ya empieza aproponer un “diálogo” con los

cárteles de la droga a fin de evitar lo másposible los asesinatos, desapariciones, se-

cuestros, extorsiones y otros atropellos de-rivados de esa confrontación.

Con el argumento de que “sin diálogono puede haber paz”, la propuesta ecle-siástica surge justamente en el estadode Guerrero, uno de los más violentos delpaís y donde la CEM aplica un proyecto pi-loto de pacificación y atención a víctimasinspirado en el modelo del episcopadocolombiano.

Salvador Rangel Mendoza, principal im-pulsor de este “diálogo” y obispo de la convul-sionada diócesis de Chilpancingo-Chilapa,comenta: “La Iglesia siempre ha promovidoel diálogo, porque sin diálogo no puede ha-ber paz. Por eso es necesario dialogar con lagente que se dedica al narcotráfico, pero sinhacer ninguna concesión. ¡Dialogar, no pac-tar! Eso que quede claro; con ellos no se debepactar, pero sí llegar a ciertos arreglos”.

Diálogo con el narco,propone el episcopado

Eduardo Miranda

Garfias y Rangel. “Sentar a Dios y al diablo”

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NARCOTRÁFICO

–¿Cuál sería el objetivo del diálogo?¿Qué arreglos se pretenden? –pregunta elreportero.

–Sobre todo evitar tantos asesinatos,secuestros, extorsiones y demás atropellos.

Algunos se preguntarán, escandalizados:¿cómo es posible sentar en la misma mesaa Dios con el diablo? Pero es necesario hablarpara detener este terrible baño de sangre,sobre todo de gente inocente. ¿Cómo puedoponerme en paz con mi enemigo si ni siquie-ra podemos vernos la cara? Ya basta, pongá-monos a dialogar, no somos mudos.

Mendoza es un franciscano con am-plia experiencia en zonas de conflicto;durante siete años realizó labor pastoralen Israel, “entre muertes, bombardeos, ex-plosiones de minas personales, ataquesaéreos y todas las demás atrocidades queuna guerra implica”. Y hace apenas sie-te meses que el Papa Francisco lo enviócomo titular a la diócesis de Chilpancin-go-Chilapa para que ahí aplique su expe-riencia como pacificador.

Rangel acota: “La promoción de la pazes el carácter de la orden religiosa a la quepertenezco. Su fundador, San Francisco,decía: ‘Señor, donde haya odio ponga yoamor’. Y es lo que ahora estoy intentandohacer en la diócesis”.

Por lo pronto, ya pudo comprobar queen Guerrero las fuerzas gubernamenta-les poco pueden hacer contra el crimenorganizado.

Asegura: “El Ejército y la policía estatalsólo están para decorar las carreteras. Seponen, por ejemplo, para que se sientanseguros los turistas, en la Autopista del Solque va rumbo a Acapulco, o bien yendo aChilapa o en otras carreteras principales.Pero no hacen una labor más profunda,más de tierra, yendo a los lugares intrin-cados. Ahí no se meten… Los vigilados sonmás bien los soldados y los policías…”

El tema de la amapola

También le ha tocado comprobar que al-gunas zonas del territorio de su diócesis,

y de Guerrero, están bajo el control de loscárteles de la droga, sobre todo porque enellas se cultiva la amapola. Dice:

“Esos territorios son gobernados porlos narcos. Y me deja admirado que ahí

no hay asesinatos, secuestros, levanto-nes ni extorsiones. Incluso a los jóvenesno se les permite drogarse, aunque ellostampoco pueden hacerlo con el opio quesacan de la amapola que cultivan, puesnecesita primero procesarse. Un párrocome comentaba que incluso cuando hayalgún borrachito tirado en la calle, ellosmismos lo recogen y se lo llevan a algúncentro de rehabilitación.

“En la sierra, allá por Tlacotepec y porYextla, la gente me dice: ‘Nosotros apoya-mos a los narcos porque ellos nos cuidan.Hasta podemos caminar muy seguros porlas noches’. Pero la violencia llega a esoslugares cuando se los disputan los distin-tos grupos de narcotraficantes. La mayo-ría de los asesinatos se dan durante esoschoques y ajustes de cuentas entre ungrupo y otro.”

–¿Qué zonas ha detectado usted queestán controladas por el narco?

–Aparte de Tlacotepec y Yextla, está lazona de Mochitlán. También las de Colo-tlipa y de Chichihualco. Y ni se diga porel rumbo de Iguala y Teloloapan, donde sedio una guerra de los grupos locales con-tra La Familia Michoacana y Los Caballe-ros Templarios, a quienes echaron para

afuera y ahora éstos pelean los territoriosde Ciudad Altamirano y Arcelia.“En Chilapa, todavía hace un mes ha-

bía enfrentamientos entre dos grupos.Uno logró desplazar a otro a Zitlala, como30 kilómetros más adelante. Por ese moti-vo, ahora la situación en la zona de Chila-pa está más tranquila.”

En sus recorridos pastorales el francis-cano también ha convivido en zonas apar-tadas con los campesinos que cultivan laamapola, sobre quienes dice: “Viven en lamarginación y en condiciones muy pre-carias. Parecen animalitos encerrados,no pueden salir. Muchos trabajan reco-

giendo la goma de opio, que al contactocon el aire se hace negra y les mancha lasmanos, haciéndoles que se les caigan lasuñas. Trabajan en la amapola porque notienen otra opción. Es su único medio de

sobrevivencia.“Aquí surge un gran dilema: si se arra-

sa con los campos de amapola, entonces¿de qué va a vivir esa pobre gente? Ténga-lo por seguro que si eso ocurre, entoncesse daría un estallido social. Creo que estees uno de los motivos por los que la au-toridad no destruye esos campos. ¿Ustedcree que no existen acuerdos cupularespara que se siga sembrando la amapola?Esos cultivos son acaparados por los gran-des narcotraficantes. Y el Ejército y la poli-cía no se meten en esos territorios”.

–¿La Iglesia considera entonces quedebe legalizarse ese cultivo para que loscampesinos puedan sobrevivir?

–¡No! ¡Tampoco! No vamos a bendecirlos campos de amapola. Nuestra postu-ra es que estos campesinos tengan otrasherramientas para poder sobrevivir, quetengan acceso a la educación, a mejoresmedios de comunicación y a otras fuen-tes de trabajo. Y mientras tanto, que suscultivos de amapola se utilicen para finesmedicinales. Por eso también es impor-tante dialogar con la gente dedicada acomercializarla.

“Los obispos de Guerrero hemos pla-ticado el asunto con el gobernador. Y es-

tamos de acuerdo en darle fines médicosa la siembra de amapola. La famosa he-roína, producto de la goma de opio, tieneese nombre porque era considerada la‘medicina heroica’ que resolvía muchosmales. Los grandes laboratorios la utili-zaban como medicina. Hay que acordarcon los laboratorios para que siga tenien-do este uso.”

Apoyo al gobierno

Por lo pronto, el gobernador de Guerrero,Héctor Astudillo, a fin de reducir la vio-lencia en la entidad, le está proponiendo

Dice que sólo busca la paz, el fin de la zozobra paramillones de mexicanos: ante el aumento exacerbadode la violencia criminal y la ineficacia de las fuerzas delEstado para combatirla, la Conferencia del Episcopado

propone “dialogar” con el crimen organizado. Se tratade sentar a la misma mesa a Dios y al diablo, asegurael obispo de Chilpancingo, en Guerrero, entidad dondese pretende aplicar el modelo que en el pasado le diobuenos resultados al clero colombiano.

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constantes monitoreos sobre la situa-ción de violencia. En su último reportela arquidiócesis de Acapulco señala: “Enlas últimas semanas se ha recrudecido lasituación crítica de violencia e inseguri-

dad en Acapulco. Se habla de al menos 42ejecuciones en la Semana Santa, tan sóloen Acapulco. Ante esta situación, urgenacciones de emergencia, tanto del Estadocomo de la sociedad civil, para disminuirlos riesgos de pérdidas de vidas”.

Rangel aclara que “los obispos de Gue-rrero apoyamos al actual gobierno estatal,siempre y cuando trabaje para el bien delas personas. El gobernador tiene seis me-ses en el cargo, casi lo mismo que yo en ladiócesis. Es poco tiempo para dar juiciossobre su desempeño”.

Y comenta que, aprovechando estacaótica situación, en Guerrero también

operan bandas dedicadas al secuestro yla extorsión, pero ajenas a los grupos denarcotraficantes.

“Hay que saber distinguir a los seu-donarcotraficantes de los verdaderos

narcotraficantes. Aquellos se agrupanen pandillitas que de pronto realizan unasalto o un secuestro y, como les salióbien, continúan con sus fechorías. Sóloaprovechan el río revuelto, no se dedi-can al tráfico de droga, pero a veces sontodavía más sanguinarios. De pronto haygente que se me acerca y me aclara estascosas, diciéndome: ‘Mire, señor obispo,nosotros nos dedicamos a traficar droga,no a secuestrar personas’”, dice.

–¿Y usted ya ha tenido contacto for-mal con los grupos de narcotraficantes?

–No, todavía no. Directamente no. Y losobispos de Guerrero tenemos una postura

Las tiendas de venta de marihuana para uso recreacio-nal abrieron 14 meses después de que los electores aproba-ron, en noviembre de 2012, la Enmienda 64. Fue un tiemporécord si se considera todo el andamiaje que fue necesariocrear para sostener un nuevo esquema gubernamental queregulara todo el proceso, desde la semilla hasta su venta al

público.Un mes después de que la enmienda fuera aprobada

con 55% de los votos, el gobernador del estado y exalcaldede Denver, John Hickenlooper, anunció la formación de ungrupo integrado por representantes gubernamentales, em-presarios, médicos, policías, activistas en pro de la niñez,académicos, abogados y consumidores, entre otros, cuya ta-rea sería proponer los procedimientos, leyes y políticas nece-sarias para echar a andar la industria legal del cannabis.

En muchos sentidos fue una tarea gigantesca, no solo por los múltiples ámbitos quela legalización impactaría y por la variedad de intereses involucrados, sino tambiénporque el único precedente que existía era la industria de la marihuana medicinal, queentonces era muy limitada. Además, el grupo tenía un plazo de no más de dos mesespara hacer sus recomendaciones.

La Enmienda 64 estableció el 1 de julio de 2013 como la fecha límite para iniciar la regu-

lación de la marihuana recreacional, lo que implicó que el estado tenía solo cuatro mesespara construir una nueva estructura que definiría, entre otras cosas, quién podía cultivary vender marihuana, cómo se vendería esta, qué límites de compra se fijarían, cómo seprotegería a los niños, qué tipo de impuestos aplicarían, qué procesos de inspección y vigi-lancia serían necesarios, de dónde se obtendría el financiamiento para ejercer ese control,cómo se regularían los comestibles derivados del cannabis y cómo se evitaría que Coloradose convirtiera en el abastecedor del mercado negro de marihuana para otros estados. Erauna carrera contra el tiempo porque la Enmienda 64 establecía que las tiendas tenían queabrir sus puertas el primer día de 2014.

–Hubo discusiones muy intensas y acaloradas; el reto era muy grande porque mu-chas de las personas alrededor de la mesa no habían pensado realmente lo que signi-ficaba implementar una política regulatoria –recordó Dan Pabon, un legislador estataldemócrata que participó en el grupo de tarea–. Pero gracias a que el lenguaje de la en-mienda constitucional era muy abierto, tuvimos un gran espacio para la interpretacióny para crear un sistema acorde a nuestras necesidades.

El grupo hizo cerca de 80 recomendaciones, la mayor parte de las cuales fueron acepta-das por la Asamblea General de Colorado e implementadas de inmediato por la MarijuanaEnforcement Division (MED). Entre las más relevantes figuran las siguientes:

• Adoptar un modelo de integración vertical 70/30 que significó que el cultivo,procesamiento, manufactura y venta al público de productos de la marihuana

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conjunta a favor del diálogo que, sobretodo, hemos estado expresando a travésde nuestros comunicados de prensa.

Son cuatro las diócesis de Guerreroaglutinadas en la llamada Provincia Ecle-

siástica de Acapulco: la de Chilpancingo-Chilapa, a cargo de Rangel; la arquidiócesisde Acapulco, presidida por Carlos Garfias;la de Tlapa, por Dagoberto Sosa; y la de Ciu-dad Altamirano, por Maximino Martínez.

Los cuatro obispos han estado publi-cando comunicados conjuntos donde ha-cen llamados al “diálogo” para “construirla paz”. Y exhortan, por ejemplo, a crearuna “gran plataforma social” –con la par-ticipación del gobierno, las Iglesias, lasorganizaciones civiles, ciudadanía, etcé-tera– para “reconstruir el tejido social”,pero siempre “privilegiando la palabracomo herramienta social y política”.

Durante la presentación del comu-nicado titulado Compromiso con Guerrero y con la paz, el pasado 3 de noviembre enAcapulco, el arzobispo Garfias dijo: “Lapalabra es el instrumento privilegiado de

las autoridades para relacionarse con susciudadanos. Y la ciudadanía también sonlos delincuentes, las implicaciones pue-den ser muchas”.

A Garfias lo acompañaba el sacerdo-te colombiano Leonel Narváez, quien diouna exposición sobre el diálogo entre elgobierno de Colombia y los cárteles dela droga para conseguir la paz, en el quetuvo bastante participación el episcopadode ese país.

El episcopado mexicano ahora sigueel modelo del colombiano. Y escogió aGuerrero –por sus altos índices de violen-cia– para implementar paulatinamente el

mismo esquema. Un primer paso fue abrirlos llamados “centros de escucha”, espa-cios parroquiales donde se les da aten-ción espiritual, psicológica y jurídica a lasvíctimas de la violencia con equipos de

sacerdotes, psicólogos, abogados y laicosque hacen esa labor social (Proceso 1951).La Iglesia de Guerrero comienza a dar

el siguiente paso: abrir las llamadas “es-cuelas del perdón”, cuyo objetivo es reunira las víctimas con sus victimarios para quelleguen a la reconciliación (Proceso 2038).

Así, la propuesta eclesiástica de “dia-logar” con los cárteles de la droga formaparte del mismo proyecto de pacificación,pues la guerra gubernamental contra elnarcotráfico parece no tener fin.

“Con estos diálogos, lo único que pre-tendemos es alcanzar la paz. Es nuestroobjetivo final”, recalca Rangel.

tendría que estar bajo un mismo dueño o empresa.Con eso se pretendía evitar el tráfico de marihuanalegal hacia otros estados. Bajo ese modelo, el dis-pensario podría vender hasta 30% de su inventarioa otro negocio autorizado, pero con la obligación dereportar mensualmente al estado todas las transfe-

rencias que hiciera a otra tienda. Este modelo seríarevisado en un periodo de tres años para evaluar supermanencia o posibles ajustes.

• Crear una estructura de impuestos –que sería so-metida a un referéndum– con tres tipos de gravá-menes a la marihuana: un impuesto especial de15% para cultivadores; un impuesto especial de10% a las ventas y un impuesto estándar de 2.9%a las ventas al menudeo. Cada ciudad podría ade-más recaudar un impuesto local por ventas demarihuana recreativa. En teoría, los primeros 40millones de dólares recaudados por el impuestode 15% serían destinados a un fondo público pa-ra la construcción de escuelas, mientras que losrecursos recabados por el impuesto especial a las

ventas se usarían para financiar las operacionesde la oficina reguladora y para apoyar acciones deeducación y prevención de adicciones.

• Diseñar normas específicas para la manufacturay etiquetado de productos comestibles derivadosde la marihuana, los cuales tendrían que ser regu-lados como cualquier otro producto que impliqueun riesgo potencial para la salud de los menores.Como parte del etiquetado se requirió que cadaproducto tuviera información sobre los compo-nentes y el potencial de THC. El grupo de tarearecomendó el prohibir campañas promocionalesmasivas en televisión, radio, anuncio en la vía pú-blica o a través del correo.

• Redefinir y ajustar criterios legales para que laposesión de marihuana en el caso de menores deedad fuera tratada como una primera ofensa, cuyaconsecuencia serían las sesiones educativas y eltratamiento que la corte juvenil determine.

Otras recomendaciones incluyeron el limitar sólo a los resi-

dentes de Colorado la posesión de licencias para cultivar y ven-der marihuana y restringir a cierta cantidad la marihuana queresidentes foráneos podían adquirir. Los criterios para el otor-gamiento de licencias fueron: ser mayor de 21 años, no tenerantecedentes criminales y ser una persona honorable.

Algunos consensos fueron muy difíciles de lograr. Uno de

ellos fue la discusión del espacio público para fumar marihuana.–Los electores dijeron: sí puedes consumir marihuana, pero

no abiertamente y en público, y la cuestión fue entonces definirque era “abiertamente y en público”. Algunos miembros queríandefinirlo de manera tan amplia que para fumar tendrías que es-conderte. Se discutió, por ejemplo, si fumar en la ventana o en elbalcón de tu casa pero a la vista del público debería prohibirse yalgunos dijeron que sí, que estar a la vista de otros era abierta-mente y en público. Fue un debate muy acalorado, pero al finalprevaleció el sentido común –dijo el abogado Craig Small.

La marihuana no se puede consumir en parques públicos,en la calle o dentro de los dispensarios, pero cada ciudad tienesus propias regulaciones al respecto. La norma general es fu-marla en la privacidad del hogar.

Para julio de 2013 las recomendaciones estaban listas y la

MED arrancó formalmente sus operaciones como la oficina re-guladora de la marihuana medicinal y recreativa. Faltaban sóloseis meses para la apertura de los dispensarios de venta al pú-blico. Una de sus primeras decisiones fue reforzar el sistema deseguimiento detallado de los cultivos de cannabis, lo que impli-có la adopción de un programa computarizado llamado Mari- juana Enforcement Tracking Report and Compliance (METRC).El sistema requiere que a cada planta (desde el estadio semillao clon) se le asigne un código de barras, el cual es monitoreadoy vigilado por el personal de MED a lo largo de todo el procesode producción hasta su venta al público, ya sea como hierba ocomo producto manufacturado.

La MED implementó además un sistema de vigilancia ymonitoreo de los dispensarios a través de cámaras de circuitocerrado con el propósito de evitar en lo posible actividades de-lictivas, como el sacar la marihuana fuera de los confines delestado.

A pesar de los avances, no todo está resuelto en términosde regulación. Algunos problemas apenas empiezan a surgir ytienen potencial de convertirse en un serio dolor de cabeza parala industria.

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José Gil Olmos

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS,CHIS.- En el norte, Los Altos yla frontera de Chiapas conGuatemala se desató una pe-lea entre grupos del crimenorganizado de la que muy po-

cos quieren hablar. Se trata de zonas a lascuales ni siquiera el Ejército Zapatista deLiberación Nacional (EZLN) se mete, pueslas bandas criminales se han fortalecidoal fundirse con paramilitares e integran-tes del Partido Verde Ecologista de México(PVEM).

La vida en algunas de las comunida-des indígenas de estas zonas cambió ra-dicalmente. Entre los jóvenes indígenas

aumentó la adicción a la cocaína y elcrack que circula en sus pueblos, comu-nidades o colonias, como la famosa Hor-miga –a las afueras de San Cristóbal de lasCasas–, conocida porque ahí se vendendrogas, armas y autos robados.

Un hecho reciente exhibió la virulen-cia en la batalla por el control del terri-torio. El 17 de julio de 2015 fue reportadala desaparición del activista Toni Rey-naldo Gutiérrez López en el municipiode Tila a manos de policías municipalesy civiles armados. Una semana después,fue encontrado muerto con huellas detortura, la cara desollada y sin ojos.

En los últimos años –desde que el PVEM y el PRI llega-ron a la gubernatura– la violencia vinculada al crimen

organizado se desató en Chiapas. Los Zetas protago-nizan la lucha por plazas estratégicas, multiplican ladistribución de droga y amplían su repertorio delictivo;todo, impunemente. Y no es la única señal de descom-posición durante el gobierno de Manuel Velasco: gruposparamilitares de infame memoria como Paz y Justicia,Los Chinchulines y MIRA han resurgido al amparo delpoder político.

Magaly del Carmen Cruz Pérez, espo-sa de Gutiérrez, y habitantes de Tila handenunciado la presencia de Los Zetas yde paramilitares en esta parte del estado.También lo han hecho los sacerdotes BlasAlvarado, de Pueblo Nuevo Solistahuacán,y Marcelo Pérez, de Simojovel, quienes acu-san al gobernador Manuel Velasco –quienllegó al poder en diciembre de 2012 comoabanderado del PVEM y del PRI– de inten-tar ocultar la presencia de la delincuenciaorganizada en Chiapas para no ensom-brecer sus pretensiones de lanzarse como

candidato a la Presidencia de la Repúblicaen 2018.

El desvanecimiento

Desde 1994, la atención pública sobre Chia-pas se concentró en el EZLN, luego de ladeclaración de guerra que lanzó al Estadomexicano. Pero ya desde entonces era evi-dente la presencia de poderosos grupos delnarcotráfico en la entidad.

En mayo de 1993, Joaquín Loera Guz-mán fue capturado por primera vez en la

Narco, zetas y paramilitares,

realidad de Chiapasla nueva

 E s p e c i a l

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frontera de Guatemala y Chiapas. Hubo ver-siones de que el jefe del Cártel de Sinaloase paseaba por San Cristóbal de las Casas

(Proceso  867). En 2010 se reportó nueva-mente su presencia en el municipio de VillaFlores y, más recientemente, después de susegunda fuga, fue visto por Comitán trashaberse escapado de un operativo de la Ma-rina en Tamazula, Durango, donde se habíarefugiado (Proceso 2033).

Luis Alonso Abarca González, del Co-mité de Derechos Humanos de Base deChiapas Digna Ochoa (DH-DO), sostieneen entrevista que el asesinato de Toni Rey-naldo es una señal clara de la presencia degrupos del narcotráfico, como Los Zetas,que están peleando el control de la zona alCártel de Sinaloa y sus aliados del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El activista social observa que, a partirde las elecciones municipales del año pasa-do –en las cuales el PVEM, partido del gober-nador Manuel Velasco, se llevó 57 de las 122alcaldías en disputa–, hubo un repunte dela presencia de grupos paramilitares, comoPaz y Justicia, Movimiento Indígena Revolu-cionario Antizapatista (MIRA), Los Diablos,Los Gómez y Los Petules, entre otros, que sehan vinculado con el narcotráfico y la trata.

“Se trata de la disputa por plazas es-tratégicas en la lógica de la delincuenciaorganizada. Pretenden controlar Comitán

y Frontera Comalapa por su cercanía conGuatemala y por el corredor que va des-de Comitán hasta Palenque, para el movi-miento y trasiego de drogas y armas.

“En Tila, por su cercanía con Tabasco,está una nueva ruta migrante. En NuevaEsperanza se menciona que hay gente quese dedica al tráfico de migrantes y que tieneprotección del ayuntamiento.

“Ése es el contexto de violencia. Y ahorahablamos de la reactivación de un grupo pa-ramilitar, pero con componentes distintos a1994, porque entonces surgió para conteneral EZLN y evitar que la gente simpatizara ose sumara a él. Ahora se le agrega el factor

de delincuencia organizada y un reordena-miento territorial con intereses de mineríay petróleo.”

De acuerdo con el mapeo que hacenalgunas organizaciones, los brotes de vio-lencia han ocurrido en Simojovel, PuebloNuevo Solistahuacán, Tila, Palenque, Oco-singo, Marqués de Comillas, La Trinitaria,Frontera Comalapa, El Bosque, Oxchuc ySan Cristóbal de las Casas –otrora áreas deinfluencia del EZLN.

Pero ahora los zapatistas se han reple-gado o sólo mantienen posiciones de aler-ta, señala Luis Alonso Abarca González, delDH-DO.

–¿Qué ha pasado con el EZLN? –se lepregunta.

–En Tila el EZLN se ha mantenido al mar-gen, pensamos que ya no tiene un papel sig-nificativo en la región. Hay bases de apoyo,pero se han reducido drásticamente en losúltimos años. Ahí han avanzado grupos pa-ramilitares y de la delincuencia organizada.Vemos que el EZLN está en una situación deimpasse o de repliegue indefinido. Ya no tienela fuerza que tuvo hasta 1998 o 1999.

Incluso en la región de Las Cañadas,observa, donde el EZLN nació en 1983, elzapatismo ha mantenido un silencio to-tal y no se ha pronunciado respecto delnarcotráfico.

“Hay total hermetismo y, de repente, lo

único que se sabe es que hay ciertos rocesen las comunidades. Recuerdo una anécdotaque me decía un compañero: el impacto delavance del narco lo puedes ver por el tipo degrupo musical que llega a Las Cañadas, in-cluso en comunidades zapatistas. Antes eraimpensable que fueran grupos como bandaMaguey, Calibre 50 o El Komander.”

El Ejército, recuerda, declaró que destru-yó mil hectáreas de amapola en Las Caña-das, pero él considera que esa afirmaciónsólo intentó vincular al zapatismo con elcrimen organizado.

–El crimen organizado ha tenido pre-sencia desde hace tiempo en Chiapas,

¿pero está resurgiendo? –se le inquiere.–Sí, pero el componente nuevo es que

hay un fin estratégico: el control del territo-rio. Hay interés en apropiarse de los recur-sos mineros, por el agua, por los recursos dela selva y por la frontera.

–¿Los Zetas?–En el caso de Tila hay pintas del Z-40 y

el Z-42. En San Cristóbal hay pintas de MS-13, de los Mara Salvatrucha 13. Estos gra-fitis coinciden con el cambio de las rutasde los migrantes, porque el ferrocarril deTapachula y Ciudad Hidalgo fue cerrado yla gente se está internando hacia el centro.San Cristóbal está en el camino y el corre-dor sigue hacia San Juan Chamula, Bochil,Pueblo Nuevo y Tabasco. La otra ruta es deSan Cristóbal a Ocosingo, Yajalón y Tila, ha-cia Tabasco.

Asevera que en Pueblo Nuevo Solista-huacán hay grupos criminales que son par-te del gobierno, y que bandas como el Cártelde Jalisco Nueva Generación también bus-

can entrar.Frontera Comalapa, indica, es una plaza

estratégica porque hace frontera con Gua-temala. Está controlada por Los Zetas.

“Desde 2009 el gobierno de (el enton-ces mandatario perredista) Juan Sabinesreconoció en un informe que Chiapas es-taba controlado por Los Zetas, y por eso nohabía violencia. Pero creemo