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Problemáticas sociales, fenómenos de exclusión social y fragmentación urbana. Causa-efecto de elementos delictivos Alumno: Alfredo Llorente del Río Docente: Dra. Molina Ibañez Curso: Estrategias de desarrollo en la era de la globalización Doctorado: Geografía y Desarrollo: territorio, sociedad y turismo Universidad Complutense de Madrid

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Problemáticas sociales,

fenómenos de exclusión social

y fragmentación urbana.

Causa-efecto de elementos delictivos

Alumno: Alfredo Llorente del Río

Docente: Dra. Molina Ibañez

Curso: Estrategias de desarrollo en la era de la globalización

Doctorado: Geografía y Desarrollo: territorio, sociedad y turismo

Universidad Complutense de Madrid

Problemáticas sociales, fenómenos de exclusión social y fragmentación urbana.

Causa-efecto de elementos delictivos

Las urbes españolas han sufrido numerosos cambios sociales, urbanos y económicos en

los últimos cuarenta años, coincidiendo con la migración masiva campo-ciudad que

tuvo lugar en España. Estas han vuelto a dar un vuelco a sus estructuras ya arraigadas

desde hace aproximadamente una década, cuando la irrupción de una migración

notablemente numerosa, en este caso migración no nacional, ha supuesto un reto a la

hora de abordar políticas de integración y convivencia.

Asistimos, no solo a dos formas de entender el concepto de vivencia entre el campo y la

ciudad como se ha producido hasta ahora, sino a una innumerable mezcla de valores

sociales y de procedencias culturales que hacen muy difícil conjugar la convivencia de

los valores autóctonos con aquellos procedentes de mundos culturales totalmente

antagónicos.

Dicha diferenciación cultural puede traer consigo determinados comportamientos de

exclusión social tanto por parte de la población autóctona, como mero rechazo ante lo

ajeno, como por parte de aquellas poblaciones migrantes, que se recluyen en torno a

gente con las mismas afinidades.

Es precisamente en dichas exclusiones sociales donde se pueden generar procesos que

lleven a dichas barriadas a condiciones económicas y sociales excluyentes, como la

aparición de “guettos”, y que pueden conllevar comportamientos incívicos, vandálicos e

incluso delictivos.

Las grandes áreas metropolitanas, en este caso la conurbación de Madrid, suelen generar

procesos de asentamientos migratorios por nacionalidades en las localizaciones de su

entorno urbano.

Los objetivos del siguiente trabajo consistirán en un primer lugar en la inmersión del

fenómeno urbano y las consiguientes deficiencias de este en cuanto a la exclusión social

y las dinámicas negativas que estos procesos conllevan.

Posteriormente se realizará una aproximación práctica, apoyado en el estudio de otros

espacios urbanos, de los diferentes elementos susceptibles de alterar el buen

funcionamiento social de un área, entre los que se incluyen los estudios urbanísticos del

área en cuestión (densidad de vivienda, carencia de equipamientos y servicios,

infraestructuras,...), estudios sociales (movimientos migratorios, cambios de usos del

suelo,...), y aquellos procesos de segregación socio-espacial que se pudiesen estar dando.

La metodología que se empleará para llevar a cabo dichos objetivos se sustentará

principalmente en tres campos interrelacionados:

-Fuentes bibliográficas: Se realizará una lectura de aquellos trabajos que pudiesen

aportar recursos teóricos para el análisis de la ciudad a estudio, atendiendo a trabajos de

entornos urbanos y sus problemáticas sociales como los abordados por Castells o

Estébanez.

-Análisis de otros espacios metropolitanos: Se analizarán los estudios realizados sobre

otros ámbitos metropolitanos que pudiesen tener similitudes o semejanzas con el

espacio a estudio.

-Material cartográfico, bibliográfico y estadístico del municipio de Alcalá de Henares:

Finalmente, se intentará realizar un análisis de las problemáticas que se observen en

Alcalá trabajando sobre diversas fuentes informativas de la realidad social del territorio

escogido.

Exclusión social. El reverso de la sociedad urbana

Cuando se intenta realizar una aproximación al mundo de la delincuencia, desde

numerosos ámbitos cívicos (culturales, medios de comunicación,…) se afirma que

aquellas personas que cometen actos delictivos, en su mayor parte, proceden de áreas

con graves dificultades económicas, educativas, sociales y urbanísticas (entendida esta

como la ausencia de infraestructuras básicas en un barrio o entorno urbano determinado).

Estas barriadas por lo general suelen llevar aparejados procesos de exclusión social, la

cual es el factor más importante para la no integración de determinados colectivos

urbanos en las dinámicas de la ciudad, y en consecuencia, alargan dicho proceso de

aislamiento generando dinámicas negativas no solo para su entorno (sin perspectivas de

mejora económica, ni de rehabilitación urbana en el ámbito donde habitan,…).

La exclusión social se encuentra detrás de la mayor parte de los problemas a los que se

enfrentan las áreas metropolitanas, ya que es en los límites de estas donde se concentran

las mayores bolsas de población en riesgo.

Cuando nos referimos a conceptos como pobreza, marginación, delincuencia

(dependiendo del grado de esta), precariedad, aculturación, minorías,…estamos

hablando de fenómenos que han tenido su raíz en un rechazo por parte de la mayoría de

una determinada población urbana sobre un colectivo en concreto, donde dicho

colectivo padece fenómenos excluyentes o bien directamente de rechazo.

Dicho concepto (exclusión social) se ha intentado analizar desde numerosas disciplinas,

así, dependiendo del ámbito de estudio al que nos refiramos estaremos presenciando

diferentes formas de exclusión social, aunque todas ellas tengan presente la no inclusión

de un determinado individuo a los circuitos económicos actuales así como a la ausencia

de servicios de protección social del ámbito al que esta circunscrito.

Hablar de exclusión social es “en que medida se tiene o no un lugar en la sociedad,

marcar la distancia entre los que participan de su dinámica y se benefician de ella, y los

que son excluidos e ignorados fruto de la misma dinámica social” (BEL; 2002).

Las definiciones son notables, aunque un gran número de ellas aboga por una relación

entre los aspectos económicos y sociales personales junto con los mismos del ámbito

donde habita dicho individuo, así “es (…) el carácter acumulativo de las situaciones de

desventaja relacionadas con la precariedad ocupacional y con otras dimensiones de la

vida económica y social (familia, ingresos, condiciones de vida, redes sociales,…) y su

concentración espacial lo que hace a ciertos grupos más vulnerables a experimentar

procesos de exclusión social” (BAYÓN; 2007)

Son precisamente dichos ciudadanos en riesgo los principales candidatos a engrosar

dichas dinámicas excluyentes, aunque actualmente no podemos hablar de un grupo

determinado y especifico de personas en riesgo ya que dicho riesgo es imperante en

todas las clasificaciones sociales. Como se ha visto, son las circunstancias tanto propias

como aquellas exteriores las que influyen en que un determinado individuo acabe

apartado del circuito de las dinámicas urbanas.

“El mundo de los excluidos (…) es de gran heterogeneidad (…); no es una clase social;

(…) solo tienen en común el haber quedado excluidos. Ocupan una misma geografía:

barrios, puerto, cárcel, calle; pero no hacen historia común, cada uno carga con su

historia personal (BELL; 2002).

En numerosos encuentros, escritos, investigaciones y demás foros de discusión se ha

intentado interpretar que papel ha jugado la globalización en el la ampliación o

reducción de los parámetros de la exclusión social en nuestros nuevos entornos urbanos

cada vez más globales e internacionales.

Es cierto que la irrupción del fenómeno de la globalización, principalmente en la última

década con la aparición principalmente de Internet y la llegada de las compañías low-

cost, ha desencadenado una competencia notable entre distintos sistemas urbanos

mundiales para la atracción de capitales extranjeros. La llegada de dichos esfuerzos

inversores pueden suponer para un determinado territorio el despegue/crecimiento

económico, o bien la ausencia de este, lo que provoca una desinversión económica y tal

vez una salida del circuito de ciudades globales, con lo que supone para la generación

de riqueza a dichos actores locales.

“En el escenario de la globalización, la conjunción de estos elementos (reestructuración

económica y la precarización del empleo, el impacto de las nuevas tecnologías, los

cambios culturales y las nuevas pautas de consumo, la movilidad de la población,…) y

los cambios en las pautas de localización y crecimiento en las ciudades, inducen una

profunda diferenciación y segregación socio-económica entre los residentes en distintas

áreas urbanas” (VEIGA; 2005).

La exclusión social es la consecuencia de la ausencia de políticas de protección social

de un estado, entendiendo por dichas políticas todo un espectro que abarca desde el

subsidio al desempleo, el derecho a una vivienda, educación, sanidad,…una tasa de paro

reducida con empleo cualificado,…

Por este motivo, habría que matizar que los efectos de la globalización en todos los

ámbitos estatales (sociales, económicos, culturales, urbanos,…) no ejercen ni la misma

influencia ni la misma presión sobre las regiones industrializadas (aquellas que ejercen

la mayor parte del liderazgo en el avance de la globalización) que sobre aquellas

regiones en vías de desarrollo (incluso dentro de este grupo, habría que realizar una

subdivisión, ya que el alcance de las políticas de internacionalización económica de los

distintos países no ha sido la misma, veanse los ejemplos de la región asiático-oriental o

en Iberoamérica).

No tienen la misma capacidad económica para llevar a cabo políticas de protección

social un país nórdico que una nación de Centroamérica, por lo que el posible impacto

de la globalización en las estructuras económico-sociales no tendrá la misma

repercusión en el primero, con mayor capacidad de reacción, que en el segundo, por lo

que los procesos de exclusión social no podrán ser equiparables.

Son muchos los autores que han tratado de dar respuesta a determinadas cuestiones

planteadas desde ámbitos sociales muy diversos aunque con un mismo fin: dar respuesta

a si la globalización es causa/efecto de determinados desequilibrios territoriales/sociales,

o si bien son las dinámicas locales las causantes de dichos desequilibrios y son esas

mismas comunidades locales las que no han sabido aprovechar las sinergias de la

globalización.

Autores como Myles o Berger apuntan en la dirección de las políticas nacionales como

las causantes de dichos desequilibrios estructurales ya que son dichas administraciones

las competentes en materia de protección social. Garret o Pierson se preguntan como

puede la globalización resultar contraproducente para el equilibrio social, y ponen como

ejemplo los casos de Holanda o Singapur, estados favorecidos por dicho proceso gracias

a las políticas llevadas a cabo dentro de sus gobiernos nacionales.

“La importancia de la globalización es mucho menor que la de políticas nacionales, (…),

la historia nacional, su cultura e instituciones continúan dominando las políticas de cada

país en términos de bienestar” (ALAMINOS; 2006).

En cambio, otros autores defienden la implicación de la globalización en numerosos

desequilibrios tanto territoriales como económicos así como sociales. Afirman que el

proceso globalizador solo toma en consideración aquellas áreas urbanas globales o bien

en ciudades donde la competencia entre ellas es radical para la atracción de las sinergias

que este proceso conlleva (inversiones de capitales, sedes corporativas,…), y todo ello

afecta a una reducción del estado del bienestar, entendido este desde una perspectiva

occidental.

“La era de la globalización necesita un declive del estado de bienestar, dado que el

estado pierde soberanía sobre las políticas de bienestar ante la preponderancia de la

economía globalizada” (ALAMINOS; 2006); “globalización y fragmentación son dos

procesos indisociables a los que no escapa ningún lugar del planeta” (BALLESTEROS;

1998); “el proceso de globalización, al menos con el actual modelo económico, va

acompañado de una creciente marginalización y exclusión que afecta a un numero de

lugares y personas cada vez mayor” (BALLESTEROS; 1998). Citas donde se aprecia

las matizaciones que hacen dichos autores sobre los beneficios de la globalización y l

internacionalización sobre determinados espacios.

“El discurso de la globalización con su carga ideológica, con su carácter de

representación interesada de la realidad, tiende a enmascarar las fuertes desigualdades

territoriales y sociales que constituyen una de las características esenciales del mundo

moderno” (BALLESTEROS; 1998).

Habría que matizar que los efectos de la globalización en todos los ámbitos estatales

(sociales, económicos, culturales, urbanos,…) no ejercen ni la misma influencia ni la

misma presión sobre las regiones industrializadas (aquellas que ejercen la mayor parte

del liderazgo en el avance de la globalización) que sobre aquellas regiones en vías de

desarrollo (incluso dentro de este grupo, habría que realizar una subdivisión, ya que el

alcance de las políticas de internacionalización económica de los distintos países no ha

sido la misma, veanse los ejemplos de la región asiático-oriental o en Iberoamérica).

Los procesos globalizadotes en América Latina han tenido distintas repercusiones

dependiendo del ámbito geográfico referido y de las políticas puestas en marcha por los

distintos estados. Se partía de una región donde las dinámicas políticas heredadas de las

ultimas décadas habían sido determinantes a la hora de excluir del circuito económico-

social a numerosas familias, principalmente en los ámbitos urbanos, empezando por las

clásicas desigualdades en las principales áreas metropolitanas, donde la sucesión de

barrios de clase alta pegados a espacios totalmente degradados de edificaciones

espontáneas debieran hacer reflexionar a la sociedad.

Entonces, ¿es la globalización la causante de esa impresionante fragmentación social o

de los desequilibrios territoriales que padecen numerosos países del subcontinente

americano? ¿O son las políticas y la estructuración tanto social como económica previas

las responsables? Como se ha dicho, existen ejemplos para cada una de estas preguntas.

Ya en la década de los setenta, intelectuales brasileños entendían que la exclusión social

constituía, en realidad, un gran ejercito de reserva funcional al proceso de acumulación

del capital mundial (GOMES).

En Uruguay, “las tendencias de largo plazo demuestran la incidencia de factores

estructurales de gran impacto en la sociedad urbana, tales como el estancamiento

productivo y/o bajo dinamismo, la baja absorción del empleo, la crisis fiscal del Estado

Benefactor, el envejecimiento poblacional” (VEIGA; 2005).

Otro ejemplo ha sido la crisis padecida en Venezuela a finales de los noventa, que

genero procesos de exclusión social principalmente en el área metropolitana de Caracas,

con esto “el avance de los procesos excluyentes aceleró la articulación a formas

económicas ilícitas y la emergencia de culturas de trasgresión, a la vez que se activaron

la desestructuración familiar y las experiencias de escape (…), dificultando a los

sectores populares mantener vínculos integradores a la sociedad” (CARIOLA y

LACABANA; 2004).

La generación ni-ni de jóvenes argentinos (población joven que ni trabaja ni estudia),

grupo en exclusión social que es desconocido sociológicamente, y que intenta sumarse

al proceso globalizador, “pero que fácilmente se asocia con diversos e incluso

contrastantes prejuicios sociales (…), hasta la estigmatización de este grupo con

actividades delictivas, consumo de drogas y otras practicas socialmente sancionadas”

(SARAVÍ; 2004).

Junto a las frecuentes formas de exclusión social (personas con ínfimos recursos

económicos, población sin acceso a educación o sanidad, viviendas en estado de

derribo,…) aparecen nuevos procesos de exclusión que vienen precisamente

acompañados de uno de los símbolos de la globalización económica, el consumo y los

centros comerciales, ya que se ha producido una construcción de innumerables

superficies de este tipo en los últimos quince años

Dicho modelo se ha asentado con gran fuerza principalmente en nuestro país,

importando el modelo de los malls norteamericanos, primando el vehículo privado,

como nuevos espacios de relación social, en las periferias urbanas, rodeados de

urbanizaciones unifamiliares, y con el consiguiente abandono del comercio del centro

urbano, por lo que, ante la ausencia de capacidad económica o bien de vehículo privado

(ligado al punto anterior) es imposible el acceso a estas nuevas plazas privadas, por lo

que el proceso de exclusión social sigue vigente.

“(…) siempre se ha observado la desigualdad social en las diferentes practicas y

capacidades de consumo, pero, en los últimos años se ha consolidado y acrecentado con

la aparición de nuevas formas y espacios de consumo que son accesibles a una parte de

la población segmentada social y culturalmente. Quedan así excluidos grandes grupos

de población. La función de espacio social que se produce en el interior de los centros

comerciales, en el que el espacio privado parece convertirse en publico (…), lleva a las

personas a sentirse en su interior más seguros” (MIGUEL, ALCARRAZ, MERINO,

SARAVIA, JONES, GONZALEZ, MARTINEZ, PAULI, VARELA; 2002).

En la misma línea se argumenta la apropiación de dichos espacios comerciales de la

nueva función de relaciones sociales. “Esta pretendida función de espacio social del

interior de los centros comerciales, en la que el espacio privado parece convertirse en

publico y alternativo a los problemas de inseguridad, contaminación, etc. de las calles

comerciales tradicionales, encubre toda una serie de formas de exclusión que

continuamente recuerdan a su carácter privado” (BALLESTEROS; 1998).

Por último, se afirmaba la incapacidad de dichos grupos excluidos en acceder a las

nuevas áreas comerciales, es por esto que “estos grupos (de exclusión consumista) viven

fundamentalmente en los barrios centrales en proceso de degradación, o en barrios

periféricos alejados de los grandes centros comerciales, o en núcleos de infravivienda”

(BALLESTEROS; 1998).

Uno de los principales problemas generados por la exclusión social y la salida de un

individuo del circuito de la sociedad y de sus mecanismos de protección es la pobreza,

donde no solo radica una carencia monetaria, sino una ausencia total de ingresos que

dificultan notablemente el acceso a una vivienda digna, a una alimentación asegurada y

continua así como, y dependiendo de los casos, a una educación mínima, aspecto

fundamental para un progreso sostenido en la calidad de vida social.

“(La pobreza) se transforma (actualmente) en un problema persistente y de largo plazo

desconectado de las tendencias macroeconómicas y concentrado en ciertas áreas

relegadas donde el aislamiento social y la alineación se retroalimentan mutuamente”

(BAYÓN; 2007).

“La pobreza deja de constituir un problema residual o cíclico, remediable mediante la

expansión del mercado” (Wacquant; 1999).

Hay que tener presente que es la pobreza, si no la única sí con una marcada importancia,

la causante de determinados comportamientos que pueden derivar en actitudes delictivas

ante la perspectiva de una ausencia continuada de ingresos económicos. La única salida

observada por determinados colectivos incluidos en dichas situaciones de vida extremas

son los actos criminales ante una falta de perspectiva de integración en el circuito

social-capital.

“También supone alertar sobre los efectos en la evolución de la sociedad y los riesgos

de ruptura de la cohesión social que conlleva, así como todo un proceso de agresividad

y violencia personal y social que desencadena. Es un germen de violencia en su triple

componente: institucional, personal, represivo” (BEL; 2002).

El fenómeno de la exclusión social en España

Los riesgos que pueden suponer para un determinado colectivo las implicaciones

causantes de la exclusión social son a su vez comunes y heterogéneas dependiendo del

caso de estudio.

Se ha comprobado que son múltiples los colectivos expuestos a riesgo, y como

consecuencia de un notable numero de condicionantes socio-económico-culturales que

pueden acarrear una fragmentación entre dicho grupo y el resto de la ciudadanía.

Los resultados que esto conlleva permiten generar redes colectivas de asociacionismo

para la integración de dichos grupos, donde en ocasiones (no muy extendidas en España

en comparación con otros países más avanzados de nuestro entorno) se integran

entidades con representación de toda la sociedad (centros sociales autogestionados,

asociaciones vecinales, ayuntamiento,…), con todas las implicaciones sociales y

territoriales que ello conlleva.

Para entender la lógica de la exclusión social se analizan diferentes variables del

Informe FOESSA, donde se desagregan numerosos puntos donde existen una serie de

variables con el colectivo afectado y otras con los contenidos de la exclusión.

En un primer escalón se analizan las condiciones generales de los hogares españoles, y

se observa como en un cuarenta por ciento de los mismos padece una exclusión de la

ciudadanía, los siguientes casos que se presentan en los hogares españoles son la

vivienda (un veinte por ciento), del mercado (20 %) y de las relaciones sociales (18 %).

Entre un diez y un quince por ciento de los hogares sufren riesgos de exclusión en el

empleo, en la salud, en la política y en la conflictividad social.

Elaboración propia. Fuente: Informe FOESSA 2008

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Exc. Del

empleo

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consumo

exc. Polit ica exc. De la

educacion

exc. De la

vivienda

exc. De la

salud

conf lict o

social

aislamient o

social

exc. Del

mercado

exc. De la

ciudadania

exc. De las

relaciones

sociales

Como se aprecia, son muy diversos los índices en cuanto al riesgo de sufrir un

determinado tipo de exclusión se refiere. Un análisis más detallado de los mismos

demuestra que en numerosas situaciones familiares la exclusión con respecto a la

ciudadanía es notablemente elevada (mayor del noventa por ciento en hogares

polinucleares y con presencia de menores).

Elaboración propia. Fuente: Informe FOESSA 2008

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Per sona sol a 2-4 mi embr os 5 o + mi embr os si n nucl eo mono nucl ear pol i nucl ear hay anci anos hay menor es hay

mi nusval i dos

c o n f l i c t o s o c i a l

a i s l a mi e n t o s o c i a l

e x c . D e l a c i u d a d a n i a

e x c . D e l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s

Se observa como en hogares con solo una persona el riesgo de aislamiento social es

elevada (casi un treinta por ciento), mientras que el peligro de conflicto social así como

permanecer excluido de las relaciones sociales es mayor en hogares de más de dos

miembros. Los problemas más graves en hogares sin núcleo provienen del aislamiento

social, mientras que en aquellos mononucleares o polinucleares se agravan situaciones

de conflicto social.

En familias con presencia de ancianos, menores o minusválidos, los riesgos de conflicto

social (todos mayores del treinta por ciento) y de exclusión de las relaciones sociales

(mayores del 40 %) son homogéneas en las tres categorías, a excepción del aislamiento

social, donde aquellas familias con menores duplican los casos en comparación con los

otros dos campos de investigación.

Desagregado dicho estudio por intervalos de población en entornos urbanos, se observa

como dependiendo del riesgo de exclusión referido es mayor en unas ciudades que en

otras (probablemente relacionado con el volumen de capital monetario que contenga

cada municipio). En un primer análisis se podría afirmar que son los núcleos de l

intervalo 20.000-50.000 habitantes y los núcleos mayores de cien mil habitantes los

principales receptores de familias en riesgo, en cuanto a exclusión del consumo, de la

educación y de la vivienda en el primer grupo, mientras que los núcleos mayores de

100.000 habitantes concentran los mayores porcentajes de exclusión en la salud y en el

empleo.

Elaboración propia. Fuente: Informe FOESSA 2008

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exc. Del empleo

exc. Del consumo

exc. De la educacionexc. De la vivienda

exc. De la salud> 100000 hab

50-100000

20-50000

5-20000

< 5000

Mientras que en el grupo de población entre los cincuenta mil y los cien mil habitantes

presentan las menores tasas de exclusión de las cinco variables (a excepción de grupos

en riesgo de exclusión educativa).

En cuanto a las disparidades regionales que se observan en relación a la exclusión social

varían notablemente ya que los procesos territoriales, económicos, sociales y urbanos de

una región varían con respecto a la comunidad limítrofe.

Elaboración propia. Fuente: Informe FOESSA 2008

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noroeste noreste madrid centro este sur canarias

Exc. Del empleo

Exc. Del consumo

Exc. De la educacion

Exc. De la vivienda

Exc. De la salud

Madrid presenta los dos peores porcentajes respecto a exclusión en el empleo (un 60 %)

y grupos excluidos del sistema sanitario (casi un cincuenta por ciento), mientras que

después de Canarias (90 %), es la peor región en porcentaje de hogares totales excluidos

de una vivienda; también presenta un elevado numero de familias (cuarenta por ciento)

con riesgo de exclusión en el consumo; por el contrario, la exclusión en la educación es

inferior al diez por ciento.

Los porcentajes relativos a las variables temáticas de relaciones sociales vuelven a

mostrar a Madrid como la segunda región donde se presentan más casos de exclusión de

la ciudadanía mientras que en los tres indicadores restantes se mantiene por debajo de la

media estatal (35 % de hogares sometidos a conflicto social; 35 % de hogares excluidos

de las relaciones sociales; y un exiguo cinco por ciento de aislamiento social).

Elaboración propia. Fuente: Informe FOESSA 2008

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noroeste noreste madrid centro este sur canarias

conflicto social

aislamiento social

Exc. De la ciudadania

Exc. De las relaciones sociales

Urbanismo, exclusión social y delincuencia

“En las últimas décadas, el territorio de las áreas metropolitanas manifiesta, en mayor o

menor medida, la transformación del soporte físico espacial producto de los cambios

socioeconómicos y las nuevas pautas de la globalización que se sustentan en las nuevas

Tecnologías y los nuevos canales de comunicación y transporte.

La ciudad se extiende por la acción de los agentes inmobiliarios en un acelerado proceso

de transformación de los usos dominantes. Especialmente amplios sectores de la franja

periurbana y los espacios intersticiales pasan de un uso rural y/o libre a otro urbano.

Paralelamente ese nuevo modelo de desarrollo incrementa la desocupación, la

informalidad, la pobreza urbana, la pérdida de la movilidad social que nos caracterizaba.

La creciente marginalidad que genera y la estratificación social se reflejan en la

fragmentación espacial y ambiental del territorio.” (PERAHÍA).

Con esta cita se podría resumir la constante evolución que sufren las principales áreas

metropolitanas de los últimos años, principalmente desde la irrupción del proceso de la

globalización, aunque no todo, que continua con un proceso de concentración de

capitales en las grandes áreas urbanas, creando espacios de oportunidades y espacios de

marginación y exclusión social debido a la incapacidad de dicha población para acceder

al circuito metropolitano global.

No nos debería asombrar que es precisamente el fenómeno globalizador un catalizador

de nuevas formas de organización urbana así como de promoción de determinados

espacios para una repercusión internacional. La apertura a nivel global de los

intercambios económicos hace hoy más que nunca necesario la mejora del entorno

metropolitano para la atracción de financiación foránea, y uno de los principales

elementos de los que disponen las ciudades son sus entornos urbanos y lo que pueden

ofrecer espacialmente dentro de sus metrópolis.

“La globalización e informacionalización de los procesos de producción, distribución y

gestión han transformado las ciudades contemporáneas, creando nuevos procesos y

reestructurando las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y generando

cambios en la organización espacial urbana” (MIGUEL, ALCARRAZ, MERINO,

SARAVIA, JONES, GONZALEZ, MARTINEZ, PAULI, VARELA; 2002).

La apertura de mercados y capitales, o la llegada masiva de población extranjera, ha

cambiado las dinámicas existentes hasta entonces en cuanto a relaciones culturales así

como en las convivencias vecinales, ya que el origen cultural de las nuevas relaciones

sociales es amplísimo, así “las nuevas dinámicas metropolitanas llevan aparejados

procesos emergentes de naturaleza demográfica, pero también otros de carácter social,

como el incremento de la exclusión dentro de los sistemas metropolitanos, los cambios

en el modelos de convivencia y la mutación de los esquemas de pertenencia a una

comunidad” (ALMOGUERA, 2008).

Habría que matizar estos cambios ya que, si bien es cierto que se están reestructurando

los viejos patrones de relaciones sociales dentro de una barriada, no es menos cierto que

dichos procesos ya se vivieron con la llegada masiva de población rural en las

migraciones masivas ocurridas en las ciudades occidentales el pasado siglo.

Ahora bien, ¿pueden influir estos cambios culturales y económicos en las

transformaciones urbanas y, por consiguiente, en las estructuras urbano-sociales de

nuestras ciudades?, ¿son estas dinámicas consecuencia parcial del aumento constante de

las desigualdades sociales así como de la exclusión social que sufren grandes colectivos

urbanos?

“Durante las dos ultimas décadas, surgen transformaciones estructurales en las

relaciones de producción, cuyas manifestaciones más claras son el aumento de la

desigualdad y la exclusión social, y la fragmentación del empleo” (CASTELLS, 1998).

A la vez que estos grandes espacios urbanos se consolidan como los principales destinos

de las inversiones económicas extranjeras en detrimento de otros espacios intermedios,

también se posicionan como los principales generadores de unos procesos de exclusión

que no atañen a otros sistemas urbanos. Los continuos cambios culturales, sociales y

urbanísticos a los que están expuestas las grandes áreas, sometidas a lo inmediato en

esta etapa de globalización, hacen que “estas fuertes tensiones temporales (entre los

ritmos rápidos de las grandes ciudades y los ritmos lentos de las comunidades locales)

están también en el origen de las desigualdades más radicales que se concentran en las

megaciudades, y que reflejan el choque frontal entre esta precipitación y la ausencia de

perspectivas de una gran parte de la población” (VELTZ, 1996).

Es a través de la zonificación espacial de los distintos sistemas productivos así como del

aislamiento poblacional por clases sociales uno de los principales factores a la hora de

analizar el problema de la exclusión social y de su marginación con respecto al resto del

entramado urbano.

La zonificación de un espacio urbano promueve la unión en un mismo espacio de

determinadas actividades económicas o habitacionales, por lo que se crean espacios

aislados, donde cada uno tiene su propia organización pero sin ningún tipo de relación

con el espacio que le rodea, imposibilitando una integración funcional de los distintos

componentes del entramado urbano, por lo que estos espacios de oportunidad estarán

destinados a poblaciones con capacidad de acceso.

Ya se viene vislumbrando que las nueva organización funcional del espacio

metropolitano provoca nuevas formas de marginación y desigualdad en el territorio; y lo

que tenemos es un territorio en el que el nivel de desarrollo está condicionado por el

acceso y la proximidad a zonas de oportunidad, el territorio queda privilegiado o

marginado por la construcción de infraestructuras.

Y si bien el concepto de zonificación funcional del espacio urbano podría legitimarse en

cuanto a la instalación de actividades económicas (por sinergias producidas en un

cluster, por ejemplo), el efecto es totalmente negativo en cuanto a los usos de vivienda,

ya que la zonificación además de separar funciones en el espacio, segrega socialmente a

la población en el territorio; esta accede a una residencia, y por tanto a un determinado

territorio, en base a su capacidad económica.

Aunque como ya se ha comentado hemos de ser muy cautos a la hora de achacar a los

procesos de la globalización de todos los males de las grandes ciudades y, como

siempre, habría que echar una mirada al pasado para comprender que la historia se

repite, aunque no aprendamos de nuestros propios errores, como es el caso de la

zonificación con perfil segregador.

“En el Primer Congreso Nacional de Arquitectura celebrado en Madrid en 1883 se

planteó abiertamente el tema de la vivienda popular, mostrándose algunos partidarios de

la construcción de viviendas unifamiliares para obreros en la periferia de las ciudades;

propuesta a la que se opusieron otros argumentando que favorecería la segregación y el

antagonismo social” ( CAPEL).

El problema radica en que fuerzas o en que intereses se promueve un espacio urbano o

se acoge a un determinado tipo de planificación urbana. En España, hemos podido

comprobar en los últimos quince años como gestores municipales o autonómicos don

competencias urbanísticas han promovido, en colaboración con promotores

inmobiliarios y demás grupos económicos, una gestión urbana con fines meramente

especulativos.

El problema de nuestra gobernanza actual es dejar en manos de “lideres” políticos o

agentes económicos sin preparación ni formación adecuada una ordenación de nuestras

ciudades que es la base misma de nuestra vivencia diaria, y que con sus decisiones se

crea un tipo de ciudad poco habitables y segregada tanto poblacional como

funcionalmente.

“Aumentan los espacios periféricos, los barrios con dificultades, las bolsas de

desempleo en un proceso que abarca a nuevos grupos sociales y a nuevos territorios

(…), el poder se expresa mediante el control del espacio, relegando a los grupos más

débiles (…) a los lugares menos deseables y excluyéndoles, mediante múltiples formas

de diseño del espacio o (…) de estereotipos de los lugares que se quieren privatizar”

(BALLESTEROS; 1998).

No son procesos que se encuentren fuera de nuestro alcance o de nuestras decisiones, o

tal vez son agentes extraterritoriales los que nos imponen unas formas de vida, “las

pautas del desarrollo urbano son sujeto de control y gestión, lo que significa que no son

resultado de fuerzas inmanejables o leyes económicas no controlables” (MARCASE y

VAN KEMPEN, 2000).

No interesa lo que opine la población que elige democráticamente a sus responsables y

con ello, a los que deben rendir cuentas, no interesa una democracia participativa, una

gestión común con los habitantes de dicho espacio. “La integración de la ciudadanía, la

existencia de espacios públicos de intercambio y la participación efectiva en los mismos,

son elementos centrales (para una buena gestión urbana)” (DAMMERT; 2004).

Y es precisamente la incapacidad de los gestores urbanos y económicos (sean políticos,

agentes económicos o cualquier otro con capacidad de influir en la transformación

urbana y social de un espacio metropolitano) la que les lleva a crear otros miedos a la

ciudadanía para mantenerles “ocupados” ante los problemas que realmente deberían ser

fuente de su preocupación.

“La figura del delincuente se convierte en un chivo expiatorio que concentra otros

temores relacionados con la precarización de la vida cotidiana” (PNUD; 1998).

Esto se observa con bastante claridad en el Área Metropolitana de Caracas, donde “el

miedo al otro se corresponde con una realidad objetiva expresada en el constante

incremento de la seguridad ciudadana, transformando en un problema de la ciudad que

ha condicionado modos de vida urbanos basados en el aislamiento y el encierro. Este

temor se proyectó socialmente estigmatizando a los sectores populares y a sus habitats,

que han sido percibidos por el resto de la sociedad metropolitana como focos de

trasgresión y violencia” (CARIOLA Y LACABANA; 2004).

Son esos sectores urbanos con capacidad para hacerse escuchar entre miles de

conciudadanos los que crean una imagen distorsionada y simplista de un espacio y/o

colectivo, y estas ideas tienen la capacidad de transformar espacios urbanos o calificar a

un barrio como atractivo o no, con las consecuencias que ello tiene para ese

determinado territorio. “Los medios de comunicación alteran la percepción ciudadana

de un barrio y, por ende, la forma de hacer ciudad” (DAMMERT; 2004).

Dicha estigmatización de un determinado sector poblacional o de un determinado

colectivo social nos lleva a criminalizar a un colectivo en cuestión, simplemente para

crear un miedo que no nos permita discernir sobre el porque de esa situación o el

causante primero de una exclusión o una desigualdad. Habría que recordar que un

setenta por ciento de las personas reclusas en España (el país con mayor número de

presos totales en Europa, 65.066) están encarceladas por delitos contra la salud pública

y robo con/sin lesiones.

Este estigma provocado intencionadamente por determinados sectores nos lleva a

criminalizar a determinados colectivos por intereses particulares. Así, se tiende a

relacionar okupación violenta de un edificio con la instalación de centros sociales en

espacios inmuebles abandonados para realizar actividades culturales para los vecinos (el

ejemplo más claro corresponde al centro social Patio Maravillas en Madrid, desalojado

hace unas semanas, donde se ofrecía desde talleres de reparación de bicicletas, tan

escasos en Madrid, hasta clases gratuitas de castellano para inmigrantes), servicios que

deberían ofrecer las administraciones publicas.

Otro ejemplo es el consumo de drogas blandas por parte de determinados colectivos

sociales, como la reciente manifestación por la legalización del cannabis, donde cerca

de diez mil personas marcharon por el centro de Madrid y donde ningún medio de

comunicación nacional ni regional se hizo eco de la noticia y donde desde diversos

estudios se apunta hacia una posible solución. Pero como siempre es más fácil

silenciarlo que plantear un debate abierto. “Muchas personas que consumen drogas,

legales e ilegales, no viven en la exclusión social en ningún momento de su vida”

(Informe FOESSA, 2009).

Estas maneras de hacer ciudad y de “hacer ciudadanos”, de no actuar ante problemas

como la segregación espacial o la exclusión social, nos lleva a crear espacios urbanos

donde la delincuencia es el recurso último de amplios sectores poblacionales sin

recursos y recluidos a espacios de exclusión y marginalidad.

La ciudad siempre se ha caracterizado, y principalmente las grandes capitales, como

lugares de encuentro de numerosas formas de entender la vida y la convivencia, eran

espacios de relación social donde lo diferente era un factor positivo para la ciudad.

Actualmente lo diverso se considera extraño y lo extraño resulta peligroso. Aquellos

espacios no homogeneizados se convierten en espacios no atractivos.

“La imagen clásica de la ciudad como espacio de interacción y celebración de las

diferencias esta siendo amenazada. Visiones alternativas la muestran como espacio de

conflicto, desorden e inseguridad; donde la diferencia se convierte en un elemento

peligroso que requiere ser excluido o segregado” (DAMMERT; 2004).

Estas formas de planificación urbana crean espacios con graves problemas

infraestructurales, con ausencia de equipamientos esenciales para la reducción de la

exclusión social y con el fin ultimo de la prevención delictiva. Se ha demostrado que un

aumento de las mejoras educativas, sanitarias y urbanísticas de un determinado entorno

son las mejores armas para la reducción de la segregación y la exclusión social así como

para la creación de unas bases para la prevención de patrones delictivos entre sus

habitantes.

El problema radica en la falta de financiación de las entidades locales, o más bien, en el

reparto presupuestario de las partidas económicas; “así, a la despoblación de los

espacios rurales se suma, por lo general, el desbordamiento de la capacidad de acogida

de la ciudad receptora, con el colapso de servicios (salud, educación, transporte,

población,…) o el incremento de la pobreza urbana y la agudización de problemas como

asentamientos ilegales o chabolismo” (DAVIS Y MICHELINI; 2009).

Esta continua fragmentación urbana crea espacios de consumo solo aptos para rentas

altas, acceso a espacios culturales solo con unos ingresos elevados, proliferación de

entornos urbanos cerrados, vigilados y separados del entorno territorial que le rodea,

áreas de concentración de un determinado colectivo sin mezcla social. Todo ello

provoca un rechazo por parte de un determinado segmento poblacional que ve que su

único y último recurso son las actividades delictivas, por lo que se entra en un círculo

vicioso que solo a través de políticas urbanas y económicas fuertes puede paliarse.

“Esta fragmentación de la ciudad conlleva (…) un complejo sentimiento de temor frente

a los espacios no conocidos o no utilizados, (…). De esta forma, el temor al delito y la

fragmentación urbana son dos fenómenos que se refuerzan mutuamente y van

consolidando un modelo de no-ciudad donde los espacios de anonimato y temor son

mayores que aquellos de intercambio” (DAMMERT; 2004).

Temor, inseguridad, estigmatización, son términos que se van adueñando poco a poco

de determinados espacios de nuestras ciudades, y donde determinados espacios,

históricamente usados para el esparcimiento colectivo, son abandonados y obviados pro

estos términos que muchas de las veces son irreales.

“El temor impacta sobre la utilización de la ciudad, lo que aumenta los abismos

socioterritoriales, la segregación y la fragmentación de la ciudad” (dec. 28, pp. 6); “el

temor tiende a aumentar la vulnerabilidad personal, y actúa como un elemento que

segmenta a la población, reduciendo aun más su interés por participar en comunidad”

(Crawford, 1997); “el aumento de la criminalidad y el temor o sensación de inseguridad

frente a la posibilidad de ser victima de un delito son elementos que ocupan la vida

urbana, atacando sus pilares económicos, sociales y políticos” (BANNISTER y FYFE,

2000).

Como se puede observar es a través de determinadas decisiones políticas en términos de

ordenación urbanística y territorial, así como unas políticas poco homogéneas en cuanto

a la distribución de determinados equipamientos o recursos por todo el territorio

metropolitano, más que los procesos globalizadotes, los principales responsables de

cómo hacer ciudad, de fragmentar social y urbanísticamente un territorio, con el

consiguiente hartazgo por parte de esa población y, en consecuencia, del miedo del resto

de la población hacia esos sectores marginados y excluidos, donde una de sus formas de

subsistencia será el delito.

“Estos procesos (de fragmentación urbana y exclusión social) están redefiniendo la

configuración de las ciudades (…), y consiguientemente las desigualdades sociales en el

territorio, en la medida en que en el contexto de la globalización los conceptos de

ciudad y región adquieren un nuevo significado. Así por ejemplo, como consecuencia

de la creciente privatización de infraestructuras y servicios públicos, emergen territorios

privatizados y usados” (VEIGA).

Estos conceptos se completan con el estudio realizado a España relacionando colectivos

excluidos con las condiciones de habitabilidad que les rodea. A grandes rasgos se

observa como dependiendo del riesgo de exclusión a estudio, el porcentaje de personas

afectadas por dicho proceso aumentará en función de las características urbanas del

barrio, entre barrios degradados y de carácter marginal o bien aquellos en buenas

condiciones, diferenciándolos.

En cuanto a grupos totales, en dos de los nueve grupos apenas existen diferencias, en

otros dos subgrupos es mayor el porcentaje de personas en riesgo de exclusión

habitando en barrios en buenas condiciones, mientras que en cinco de estos la población

residente en barrios degradados sufre más los riesgos de exclusión

Así, si en los grupos de exclusión de las relaciones sociales o excluidos de la educación

en porcentaje de diferencia es nulo, en otros campos de exclusión este se amplia

ligeramente, o la diferencia es notable.

Las condiciones urbanísticas (viales, de equipamientos,…) de aquellos barrios en

buenas condiciones son proclives a aumentar el porcentaje de habitantes en riesgo de

exclusión en los campos de aislamiento social y de exclusión al consumo

(principalmente motivados por la nueva filosofía individualista de las viviendas

unifamiliares dependientes en todo momento del vehículo privado).

Por el contrario, los cinco campos donde vivir en barrios degradados supone un agravio

comparativo con respecto a los anteriores se materializa en aquellos de exclusión de la

ciudadanía, conflicto social, excluidos de la salud (casi dobla el porcentaje de personas

en riesgo, probablemente debido a la ausencia de infraestructuras sanitarias publicas en

dichos entornos), excluidos de la vivienda y excluidos del empleo.

Elaboración propia. Fuente: Informe FOESSA 2008

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

exc. Del empleo

exc. Del consumo

exc. De la educacion

exc. De la vivienda

exc. De la salud

conflicto social

aislamiento social

exc. De la ciudadania

exc. De las relaciones sociales

barrio degradado, marginal

barrio en buenas condiciones

Estos procesos de exclusión social a través del entorno socio-económico y urbanístico

son totalmente exportables a nuestro caso de estudio, Alcalá de Henares, donde a

continuación se hace un breve análisis de diferentes elementos estadísticos donde nos

vuelven a mostrar las relaciones urbano-espaciales con el entorno en el que se

desarrollan.

Así, el primer aspecto a tener en cuenta es la base económica de las familias. La

ocupación laboral de la población de un municipio o área determinada es uno de los

principales componentes de la evolución de la integración social de sus ciudadanos y,

por ende, la capacidad que tiene una sociedad determinada de crear espacios

económicos que permitan el acceso a un puesto laboral y, por consiguiente, la

probabilidad de exclusión social de sus habitantes y que ello conlleve a la búsqueda por

parte de dicha población a actividades ilícitas que pueden provocar un aumento de la

inseguridad.

Así, según la población ocupada laboral por sectores, un veintinueve por ciento de los

empleados ocuparía posiciones de alta cualificación, con un alto poder adquisitivo

(puestos directivos, así como técnicos y profesionales de alta formación, junto a un uno

por ciento de trabajadores de las fuerzas armadas).

En cuanto al resto de categorías, un once por ciento corresponde a categorías

administrativas, un catorce por ciento están ocupados en el sector de la restauración, un

veinte por ciento corresponde a profesiones cualificadas de la industria y del primer

sector económico (agricultura y pesca) un doce por ciento a operadores industriales

mientras que un doce por ciento corresponde a trabajadores no cualificados.

El esquema laboral de Alcalá de Henares nos presenta un mercado de trabajo donde los

puestos de cualificación en todos sus ámbitos (industriales, agrícolas o de servicios)

representan más de un cincuenta por ciento del total laboral, con lo que estarían menos

expuestos a riesgos de exclusión (aunque solo corresponda por su nivel adquisitivo),

cerca de un treinta y seis por ciento lo ocuparían profesiones menos tecnificadas, y solo

un doce por ciento a puestos de trabajo no cualificados, porcentaje reducido y que nos

da una idea del bajo impacto del mercado laboral en el fenómeno de la exclusión en el

municipio, aunque estas cifras han de ser matizadas por aquellos vecinos que residen en

Alcalá de Henares pero trabajan en otro municipio.

Elaboración propia. Fuente: Informe FOESSA 2008

Como se ha comprobado, las relaciones entre exclusión social y el entorno urbano se

encuentran intrínsicamente asociadas, ya que es precisamente el urbanismo el encargado

de plantear soluciones ante la falta de equipamientos públicos tales como centros

educativos (exclusión educativa), centros sanitarios, entornos comerciales barriales

(exclusión del consumo),…

Junto a la capacidad del urbanismo (si existe voluntad política, referente ultimo de las

tomas de decisiones en las sociedades capitalistas) para resolver dichas carencias

infraestructurales básicas, la planificación urbanística también tiene el objetivo de crear

espacios de habitabilidad social y arquitectónicamente tanto sostenibles y seguros como

agradable para sus residentes.

Es por esto que las condiciones del barrio así como las características de los edificios

que lo componen son aspectos fundamentales a la hora de evaluar las potencialidades de

un sector para integrarse en las relaciones de todo su territorio, y con ello producir una

percepción positiva o negativa en la vida diaria de las poblaciones que habitan dichos

entornos.

Se sabe que el parque de la vivienda en nuestro país ha aumentado de forma alarmante

en los últimos años, introduciendo una numerosa población nueva nuestras ciudades.

Este salto en el ritmo constructor lo podemos observar en el parqué de viviendas

construidas en Alcalá de Henares en el último siglo, comprobando que se han

construido tantos edificios en los últimos veinte años que en el sumatorio de las

edificaciones construidas en todas las series anteriores.

Elaboración propia. Fuente: Informe FOESSA 2008

Número total de edificios construidos

0

1000

2000

3000

4000

5000

Antes de

1900

1900-

1920

1921-

1940

1941-

1950

1951-

1960

1961-

1970

1971-

1980

1981-

1990

1991-

2001

Pero como se ha comentado anteriormente, es igualmente cierto que, aunque un

aumento considerable de la construcción de las viviendas es altamente insostenible

(principalmente en aquellos espacios de baja densidad y con gran uso del vehículo

privado así como de consumo energético total), no quiere decir que estas deban ser

construcciones de baja calidad y en entornos pobres, lo que provocaría un aumento de

las tensiones sociales entre dichos ciudadanos con respecto a vecinos que vivan en

mejores espacios del municipio, lo que conllevaría una fragmentación urbana y un

aumento de la segregación social y un posible aumento de las personas potenciales de

cometer un delito.

En el caso de Alcalá de Henares, la principal forma edificatoria se corresponde edificios

solos con una vivienda familiar, lo que reproduce un modelo insostenible de urbanismo

de baja densidad; un cuarto de los edificios construidos se corresponde con edificios que

albergan varias viviendas familiares mientras que el otros veinticinco por ciento del

total edificado lo componen edificios donde la vivienda familiar es la mayoritaria

aunque comparte espacio con locales.

Elaboración propia. Fuente: Informe FOESSA 2008

Tipología edificatoria

Edificio sólo con una vivienda

familiar

Edif icio sólo con varias viviendas

familiares

Edif icios principalmente con

viviendas familiares compartido

con localesOtros

Pero como se ha analizado, no un determinado perfil edificatorio u ordenación urbana

conlleva un determinado nivel de su edificaron o de su entorno barrial. Por eso se ha

querido hacer una breve referencia al estado de la edificación en los municipios de

Alcalá de Henares, comprobando que un noventa y cinco por ciento de los edificios

presentan un estado de la edificación bueno, lo que representa un porcentaje

notablemente elevado.

Este alto índice puede deberse a dos causas que se unen un numerosos puntos del

sistema: bien el ayuntamiento cuenta con unas políticas de acceso a una vivienda digna

y dichas construcciones son de un alto grado de calidad (que por desgracia no suele

ocurrir), o bien la mayor parte de la población de Alcalá de Henares (95 %) cuenta con

un nivel de ingresos medio-alto, suficiente para acceder a viviendas de buena calidad

(que tampoco son casos generalizados). En ambos casos se podría afirmar que la mayor

parte de los habitantes del municipio cuenta con un respaldo que le permite unas

condiciones de vida digna.

Elaboración propia. Fuente: Informe FOESSA 2008

Estado de la edificación

Ruinoso

Malo

Deficiente

Bueno

Casos de Estudio

Como ya se ha comprobado, la motivación de una persona a la hora de cometer un

delito está influenciada en buena manera por su integración en la sociedad, esto es, no

pertenecer a un grupo en exclusión social, y por otra parte la capacidad de los distintos

actores municipales (privados, públicos, vecinales,…) para crear redes de apoyo para

fomentar la integración de dichas personas en riesgo.

A continuación se harán referencia en primera instancia al programa de reinserción

social que se lleva a cabo en la cárcel de Navalcarnero como ejemplo de actuaciones

relacionando personas en exclusión social (colectivo de presos) con programas de

reinserción; en el segundo ejemplo nos centraremos en las redes desarrolladas en el

municipio de Getafe, como buenas practicas de desarrollo de redes territoriales donde

diferentes actores (publico y privado) crean asociaciones por el beneficio de la sociedad,

en este caso, con programas de reinsercion social y urbana.

1. Centro Penitenciario Madrid IV (Navalcarnero)

Aquellas prácticas de intervención para la erradicación de la exclusión social se

empiezan a implantar por todo el territorio, y principalmente en aquellos espacios más

proclives a aumentar dicha condición de segregación. Tendemos cotidianamente a una

“criminalización de la conducta socialmente desviada”, (Mariano Hernández; 2009)

En este campo se enmarcan los trabajos realizados en el “Programa de Intervención

Psicosocial con personas reclusas que padecen una enfermedad mental grave y crónica”

del Centro Penitenciario Madrid IV (Navalcarnero).

En Noviembre del 2007 se realizó un estudio sobre una población reclusa de

novecientas setenta personas, constatando que uno de cada cuatro reclusos tiene

diagnosticado un trastorno psiquiátrico, un 17.6 % cuenta con antecedentes previos a su

reclusión, un 3.2 por ciento fue internado por trastorno mental previo a su encarcelación

y que un doce por ciento de los reclusos fue derivado a consulta psiquiatrita durante su

estancia en prisión.

No solo lo demuestran datos estadísticos, numerosos países europeos han puesto en

marcha programas similares en sus entornos penitenciarios, sino que los propios

organismos internacionales llevan a cabo programas de sensibilización social, como la

Declaración de consenso sobre la promoción de la salud mental en las prisiones,

promovido por la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud, en

marzo de 1999.

Así se comprende la importancia de programas como el desarrollado en el centro

penitenciario de Navalcarnero, gestionado por un equipo conjunto de actores externos y

los propios servicios de la cárcel, y entre cuyos objetivos se encuentran la

resocialización, la habilitación de soportes socio-ambientales o el entrenamiento de

capacidades instrumentales especificas.

Todas estas actividades van encaminadas a un único objetivo, permitir la rehabilitación

mental de aquellos enfermos recluidos así como su progresiva incorporación al mundo

social para evitar otros riesgo de exclusión.

Entre los resultados obtenidos hasta el momento por el programa destacan la integración

en el medio penitenciario de los pacientes tratados, su inserción en el medio externo y

una progresiva adaptación a esa vida exterior, así como una continuación en los

programas de tratamiento externo en la red de atención comunitaria en un ochenta por

ciento de los casos.

Este programa ha sido premiado por la Organización Mundial de la Salud, cuya

finalidad “es asegurar que la persona con una discapacidad psiquiátrica pueda realizar,

dentro de lo posible, las habilidades físicas, emocionales, intelectuales y sociales

necesarias para vivir de la forma más activa y autónoma posible dentro de su medio

social actual y futuro” (Premios OMS; 2008)

2. Redes asociativas en el municipio de Getafe

Una de las líneas sobre las que se actúa es el programa Centro de Rehabilitación

Laboral de Getafe, donde a través de numerosas instituciones público-privadas se ha

creado un entorno profesional y multidisciplinar de apoyo a personas en riesgo de

exclusión a través del mercado laboral.

Así, durante el año 2008 se atendieron en el CRL de Getafe a setenta y cinco personas

por diferentes motivos, muchas de las cuales acudían para mejorar sus condiciones

socio económicas.

En cuanto al perfil sociodemográfico de las personas atendidas en riesgo de exclusión,

el sesenta y nueve por ciento corresponde a varones, siendo un porcentaje

característicamente elevado en comparación con el bajo índice de mujeres; también

resulta llamativo que el 52 por ciento del total atendido tenga edades comprendidas

entre los veinticinco y los treinta y cuatro años.

El nivel de estudios general no representa datos alarmantes ya que más de la mitad de

los casos a estudio cuenta con el graduado escolar, mientras que solo un veintiuno por

ciento abandonó sus estudios en la primera etapa de la E.G.B.

Esta circunstancia (bajo índice de personas sin estudios) hace que los valores de

aquellas personas atendidas cuenten con un puesto de trabajo, y que solo un ocho por

ciento del total cuenta con una incapacidad laboral, lo que supone que un ochenta y tres

por ciento cuente con ingresos propios (ya que aquellos que no cuentan con trabajo han

sido remunerados últimamente).

Esto supone un aviso previo, ya que lo que son demuestra es que, ante la imagen que el

conjunto de la sociedad pueda tener de las personas en riesgo de exclusión, estas se

muestran como grupos jóvenes, con estudios (de todos los perfiles) y con ingresos

propios.

Elaboración propia. Fuente: Informe FOESSA 2008

Otra de estas iniciativas se está desarrollando en el municipio de Getafe a través de la

“Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera

de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, siendo

gestionado por INTRESS (Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales)”.

Otra de las iniciativas desarrolladas desde la Comunidad de Madrid, entablada entorno a

numerosos colectivos, es el programa “Participa y Comprende”. Compuesta por

diferentes actores, en ella participan entre otros Consejería de Familia y Asuntos

Sociales de la Comunidad de Madrid, Asociación de familiares de personas con

enfermedad mental, la Universidad Carlos III, la Delegación de Garantía de Derechos

Sociales del Ayuntamiento de Getafe o los Recursos de la Red Pública de Atención

Social a personas con enfermedad mental grave y crónica de Getafe.

Entre los objetivos propuestos destaca la lucha contra el estigma de enfermedades

mentales, la repercusión medico-social de la enfermedad mental o “Intentar romper con

los estereotipos de peligrosidad de la enfermedad mental”.

Son precisamente este tipo de iniciativas hacia determinados colectivos en riesgo de

exclusión las que imperativamente deben poner en marcha los actores públicos, últimos

responsables de dicho riesgo de segregación.

La unión de diferentes entidades publicas y la interrelación que surge de ello supone

todo un ejemplo de cómo crear redes colectivas sociales para una mejora no solo de un

colectivo determinado, sino la mejora del entorno urbano y de la calidad de vida de los

vecinos.

Muchas veces tendemos a crear estereotipos y a hacer juicios previos sin ningún

argumento como ya se ha expuesto anteriormente. Los medios de comunicación muchas

veces, como grandes comunicadora a grandes masas sociales, los que crean imaginarios

y prejuicios en la colectividad estigmatizando a determinados colectivos sin un

argumento de peso.

Uno de los colectivos que sufren dicha exclusión son las personas con enfermedad

mental grave y duradera. Y como se ha analizado anteriormente en este trabajo, cierta

estigmatización lleva a crear una idea preconcebida de este colectivo entre la ciudadanía

creando un miedo social que no se relaciona con la realidad, creando problemas en la

convivencia municipal y actuando como segregador de la vida urbana.

Es precisamente este tipo de iniciativas las que pueden ayudar a sensibilizar a la

población. El programa “Participa y Comprende” lleva a cabo numerosas actividades en

el municipio de Getafe como son las docencias a los cuerpos de seguridad (Policía

Local), actuaciones teatrales de concienciación social, programas socio-educativos en

centros de relevancia como la Universidad Carlos III para la concienciación

ciudadana,…

Pero sin la inclusión en dicha mesa de dialogo de todos los integrantes de una sociedad

(comunidad, ayuntamiento, instituciones educativas, redes vecinales,…) será imposible

la consecución de los objetivos, que no son otros que educar y concienciar a la

población sobre determinados colectivos excluidos.

Gracias a la colaboración de uno de los centros de Recursos de la Red Pública de

Atención Social a personas con enfermedad mental grave y crónica de Getafe,

concretamente a la psicóloga del Centro de Recursos de Rehabilitación para personas

con enfermedad mental grave y duradera, Alejandra García, tuve la oportunidad de

conocer de primera mano las distintas actividades que se están realizando.

El esfuerzo desarrollado por dicha persona así como por su equipo colaborador fue

notable, no solo por el trabajo realizado, sino por la implicación y la concienciación con

la que realizan dichas actividades (principalmente para concienciar a la población sobre

los riesgos de exclusión del colectivo con el que trabajan).

Así como la participación de las personas con Enfermedad Mental Grave no permite

divisar, dentro de lo razonablemente lógico, quien pertenecía a que colectivo por las

ganas de trabajar y del esfuerzo y la ilusión de los distintos proyectos realizados.

En opinión de Alejandra García, sin la cual no hubiese podido tener la oportunidad de

conocer de primera mano este tipo de iniciativas, estas jornadas, actuaciones o

actividades son necesarias, así como “la implicación de los actores es positiva, aunque

se requeriría mayor financiación publica”.

El objetivo primordial de estos programas es “informar”, pero debido diferentes causas

este objetivo es limitado. Y sí es verdad. Las jornadas realizadas por el programa

“Participa y Comprende” realizadas en la Universidad Carlos III fueron altamente

satisfactorias, aunque adolecieron de una mayor implicación de la comunidad

universitaria (la participación de esta fue más bien escasa), y es esto precisamente

contra lo que se está tratando de luchar.

Propone la obligatoriedad de formación educativa (secundaria, bachiller, universidad,…)

de cursos sobre grupos en riesgo de exclusión social ya que la educación es la base para

reducir los pre3juicios y el miedo hacia estos colectivos, que suponen un alto porcentaje

de la población. Y en verdad, si se actúa a través de la formación con clases orientadas

hacia el medio ambiente, la sexualidad o las religiones, ¿Por qué no incluir un aspecto

tan cercano a nosotros y tan obviado intencionadamente por cada uno de nosotros?

Es importante conocer e interrelacionarse con determinados grupos en riesgo de

exclusión social, ya que la ignorancia es la base de todas las desigualdades, y dichas

desigualdades, como ya se ha visto, pueden acarrear procesos de estigmatización hacia

esos grupos, que lleva aparejados procesos de segregación y fragmentación urbana, un

aumento de la inseguridad (aunque solo sea imaginaria) y a una perdida de la calidad de

vida en nueceras ciudades.

Es a través de estos programas como se puede luchar contra esa falta de educación

ciudadana, pero son determinados actores públicos los encargados de difundir y dar a

conocer masivamente estas iniciativas, tan duras de sacar adelante en el día a día como

lo hacen los compañeros del Centro de Recursos de Rehabilitación para Personas con

Enfermedad Grave y Duradera.

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