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Presión antrópica sobre el agua y los ecosistemas en la Cuenca Nazas-

Aguanaval1

Gerardo Jiménez González

Resumen

En la Cuenca Nazas-Aguanaval, ubicada en el norte centro de México, se ha realizado una

gestión hídrica deficiente que se expresa en la presión antrópica sobre los principales

acuíferos subterráneos comprendidos dentro de la parte baja al ser sometidos a una

condición de sobreexplotación y contaminación, y en el deterioro del bosque y los

pastizales ubicados en las partes alta y media, situación que plantea serias dificultades para

el abasto de agua a la población en cantidad y calidad, para la conservación de los

ecosistemas asociados a esos recursos hídricos y el propio desarrollo social de sus regiones

económicas. Al ser provocada esta problemática por las actividades humanas, se delimita

dentro del ámbito social y las soluciones que se proponen se centran en aplicar medidas

orientadas a recuperar los recursos naturales, las cuales, sin embargo, enfrentan la

oposición de los grandes usuarios que concentran las concesiones que les permiten extraer

agua del subsuelo.

Palabras clave: presión antrópica, agua, ecosistemas, Cuenca Nazas-Aguanaval

Summary

In the Nazas- Aguanaval Basin, located in the north center of Mexico, there has been one

hydrological unsatisfactory management that expresses in the human pressure over the

main underground aquifers in the lower part submitted to an over-exploitation and

contamination condition, and deterioration of the forest and pasture located in the middle

and highest parts, situation that brings up serious difficulties for water supply in population

density and quality, for the conservation of ecosystems associated to that hydrological

resources and the own social development of the economic regions. This is caused because

of human activities. It’s delimited inside the social field and the solutions that are proposed.

They need to be focused to apply measures guided to retake the natural resources that

confront the opposition of the many users that concentrate the concessions to extract

ground’s water.

Key words: human pressure, water, ecosystems, Nazas-Aguanaval Basin

1 Publicado en la Revista Artículos y Ensayos de Sociología Rural, Año 8, No. 16, Julio-Diciembre de 2013.

Universidad Autónoma Chapingo, ISSN:2007-3836, Pp.43-57. México.

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Introducción

El agua es un recurso natural que determina gran parte de los procesos vitales que suceden

en la naturaleza y ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de las poblaciones

humanas, por eso la relación entre el hombre y los recursos hídricos depende de la gestión

que de ellos se realice.

Durante milenios esa relación ocurre sin grandes dificultades, cambiando a partir del

descubrimiento de la agricultura, en particular desde que el agua se aplica en el riego de los

cultivos, entonces la gestión hídrica cobró relevancia porque implicó que esta actividad

productiva y la vida propia de las poblaciones sedentarias surgidas por la producción de

excedentes alimenticios, fuera condicionada por la disponibilidad de los cuerpos de agua

dulce existentes y de la distribución social que se hiciera de los volúmenes entre usos y

usuarios.

Con el tiempo la gestión hídrica requirió de innovaciones tecnológicas que les permitieran a

los pueblos administrar de manera más eficiente estos recursos y enfrentar las condiciones

ambientales que les presentaban una variabilidad en su disponibilidad, pero su connotación

siguió siendo social o antrópica y la problemática o las soluciones que se formulen a ésta

siempre tendrán ese sentido.

Sin embargo, el crecimiento demográfico y la expansión de esas actividades productivas

aumentaron la demanda de agua, de modo tal que en la actualidad en muchos lugares esta

se estima por encima de la oferta; la consecuencia de lo anterior ha conducido a realizar

trasvases en grandes longitudes con costos ambientales y sociales desafortunados, a la vez

de que ha significado ejercer una presión antrópica sobre la disponibilidad y calidad que se

expresa en su sobreexplotación y/o contaminación.

Cuando esto ocurre se presenta un déficit en la gestión hídrica que amenaza con revertirse

al hombre, al entorno ambiental en que vive y a su propio desarrollo social, ya que ambos

aspectos, la disponibilidad y calidad del agua, están estrechamente asociados a los

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ecosistemas que forman parte de dicho entorno y las actividades que realiza dependen de la

salud que estos tengan.

En diversas partes del planeta ya se están presentando las condiciones anteriores, las cuales

probablemente se acentuarán si los pronósticos del cambio climático y el crecimiento

económico ocurren y no se corrigen las alteraciones que el hombre ha efectuado en el ciclo

hidrológico.

Tal es el caso que actualmente se enfrenta en la Cuenca Nazas-Aguanaval, al norte centro

de México, donde no solo se ha afectado a los ecosistemas que posibilitan la disponibilidad

de agua, sino también los flujos superficiales y subterráneos que conforman los cuerpos de

agua dulce de los que históricamente ha dependido el desarrollo de las poblaciones que

habitan en estos espacios geográficos, y que son demográficamente más densas en la parte

baja de la cuenca por la concentración de recursos hídricos que ahí ocurre a pesar de que las

precipitaciones son menores debido a las condiciones de aridez que prevalecen en ella.

En esta cuenca hidrográfica la gestión hídrica ha sido deficiente porque se ha centrado en

aumentar la oferta cuando las fuentes son limitadas de manera natural y el daño que sufren

los ecosistemas en que se basan han aumentado las restricciones de agua, por lo que ahora

el reto se centra en recuperarlos para garantizar la disponibilidad y administrar la demanda

hasta reducirla por debajo de los volúmenes históricos promedios, de manera que se puedan

crear reservas de agua previendo eventuales períodos en que se agudice el déficit hídrico

por la recurrencia de las sequías.

Este reto enfrenta una problemática específica determinada por factores económico-

sociales, jurídico-políticos y culturales que dificultan la aplicación de políticas públicas

orientadas a lograr ese balance hidráulico favorable, sin el cual resulta inviable un

desarrollo sostenible basado en el abasto seguro de agua en calidad y cantidad para la

población, el mantenimiento de los ecosistemas asociados a los recursos hídricos y el

crecimiento económico en las diferentes regiones de la cuenca.

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Dicha problemática se caracteriza por la fuerte presión derivada de la destrucción y

deterioro de los ecosistemas de bosque y pastizal ubicados en la parte alta y media de la

cuenca que constituyen las principales fuentes de disponibilidad, incluyendo los humedales

de la parte baja, y la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos subterráneos

ubicados en esta última, de los cuales se extrae agua de baja calidad para el consumo

humano y la agricultura debido a las elevadas concentraciones de sales que contiene,

afectando la salud pública y la fertilidad de los suelos agrícolas.

Tales cuestiones indican esa deficiente gestión hídrica que se ha basado en un “arreglo

social” que implica una disponibilidad desigual de agua entre la población residente en las

partes alta, media y baja de la cuenca, aunado a la distribución social también desigual

entre usos y usuarios donde hay claramente una asignación mayoritaria de los volúmenes

para la agricultura y una concentración de los derechos de agua en un pequeño y poderoso

grupo empresarial ubicado en la parte baja vinculado al complejo agroganadero y

agroindustrial lácteo, que se opone a aplicar regulaciones en el uso del agua y presiona para

que las soluciones a esta problemática sean tecnológicas y subvencionadas con recursos

públicos.

Estas condiciones prevalecientes han generado una polémica pública en la que se han

involucrado medios de comunicación, académicos de universidades, grupos empresariales

industriales y asociaciones civiles, participando en los recientemente creados órganos de

gestión del agua que hacen contrapeso en la toma de decisiones que realizan las

instituciones oficiales responsables de la administración del recurso y las asociaciones de

usuarios, sobre las posibles soluciones que reorienten y corrijan esa deficiente gestión

hídrica.

En el presente ensayo se analizan tres variables que permitirán comprender algunos de los

matices más importantes de esta problemática: la primera refiere a la disponibilidad que se

describe brevemente a partir de las fuentes que determinan la oferta de agua, la segunda

sobre la distribución social mediante una descripción histórica de los usos y usuarios del

agua en esta cuenca, y la tercera sobre la presión antrópica que se ejerce sobre el recurso;

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finalmente se abordan algunas de las posibles soluciones propuestas y aquellas que se están

aplicando.

Descripción de la cuenca

La Cuenca Nazas-Aguanaval forma parte de la Región Hidrológica-Administrativa VII

Cuencas Centrales del Norte, una de las 13 en que se ha divido el territorio nacional con

fines de planeación y administración del agua. Comprende una superficie de 116,691.78

km2 con 23 municipios del estado de Durango, siete de Coahuila, y siete de Zacatecas; se

divide en cuatro subregiones: Mapimí, Comarca Lagunera–Parras, Nazas y Aguanaval, las

dos primeras ubicadas en la parte baja y las dos últimas en las partes media y alta.

En la parte baja de la cuenca predominan ecosistemas de matorral desértico en cuyo centro

se forma el delta de los ríos Nazas y Aguanaval que desemboca, atraviesa y se esparce por

su cauce, cañones, sangrías y planicies de inundación que dieron origen a suelos fértiles

hoy dedicados a la agricultura, mientras que el entorno seco está conformado por áreas

planas escarpadas por varias serranías; la mayor extensión de la superficie de esta parte

forma la región económica de La Laguna, con una zona metropolitana integrada por las

principales ciudades de Torreón y Matamoros, en el estado de Coahuila, Gómez Palacio y

Lerdo, en el estado de Durango, centro de las actividades económicas y políticas de la

cuenca y sede del organismo que administra el agua, rodeada de poblaciones medias y

comunidades rurales.

Las principales actividades económicas son la agricultura de riego, la ganadería intensiva

de bovinos de leche y carne, aves y extensiva de caprinos, la agroindustria alimenticia

láctea, avícola y de otras ramas, la industria metalúrgica, maquiladora, cementera, de

cerveza, etc., un amplio sector de servicios financieros, educativos, comerciales, de

transporte, entre otros.

La parte media está conformada por las zonas colindantes con el corredor ripario del Río

Nazas en el estado de Durango y las extensas superficies de matorral-pastizal en la

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subregión Aguanaval que abarca porciones de los tres estados, así como la de pastizales en

el Norte de Durango. La economía de la parte media se basa en la agricultura de temporal

de granos y forrajes, agricultura de riego de forrajes y nogal, la ganadería extensiva de

bovinos de carne para producción de becerros en píe destinados a la exportación y el

mercado interior, con poblaciones medias que articulan ranchos y comunidades rurales.

La parte alta corresponde a la zona montañosa de la Sierra Madre Occidental en el estado

de Durango y elevaciones de la Sierra Madre Oriental en el estado de Zacatecas, donde

predominan ecosistemas de bosque de encino-pino, otros árboles y arbustivas; en la primera

existen poblaciones medias mientras que en la segunda destaca la ciudad de Fresnillo,

Zacatecas, ésta última como la segunda zona urbana importante de la cuenca.

La economía de estas partes se sustenta en el aprovechamiento forestal para extracción de

madera, agricultura de temporal de granos y forrajes, de riego con bombeo y superficial

para producción de granos, forrajes y cultivos hortofrutícolas, ganadería extensiva de

bovinos de carne para producción de becerros en pie, servicios y comercio en las

principales localidades urbanas.

Disponibilidad de agua

La disponibilidad de agua en esta cuenca se basa en las fuentes superficiales y subterráneas

conformadas por una infraestructura hidráulica para almacenamiento de ocho presas

importantes: Lázaro Cárdenas, Francisco Zarco, Los Naranjos, Benjamín Ortega, Cazadero,

Leobardo Reynoso, Santa Rosa y El Tigre, con una capacidad total de la cuenca de Nivel de

Aguas Máximo Ordinario de 3,415.48 Mm3 y Extraordinario de 5,121.69 Mm3, y 32

acuíferos de los cuales se extraen alrededor de 1,489 Mm3 (CNA, 2012).

Antecedentes del uso y usuarios del agua y los ecosistemas

El agua y los ecosistemas han sido utilizados por diferentes usuarios conforme a las épocas

históricas y las áreas donde el hombre se establece, creando “arreglos sociales” o una

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distribución social específica, entendiéndose por esta en el caso del agua como la forma en

que se definen los usos y usuarios de este recurso en un espacio geográfico, contexto social

y marco jurídico determinados, originado en un proceso histórico en el que se observan

modalidades específicas de asignación de los derechos de propiedad, posesión y usufructo

que les rigen.

En el norte de México la distribución social del agua se origina en el período colonial con

las ordenanzas y demás disposiciones emitidas por los gobiernos de la Nueva España,

mediante las cuales se reconocían derechos de uso por igual a los cuerpos de agua dulce

entre la población hispana, mestiza e indígena.

Dentro de las grandes extensiones territoriales boreales, los primeros aprovechamientos de

agua se realizaron en el siglo XVII, cuando se utilizan los escurrimientos superficiales

provenientes de ríos, arroyos y flujos subterráneos para el abasto a la población y el riego

agrícola por los colonos y propietarios de tierras; desde entonces, en sus zonas montañosas,

pero sobre todo en las semiáridas y áridas, el agua fue motivo de diferendos.

La creación de asentamientos humanos y la apertura de tierras al cultivo donde las

precipitaciones no eran suficientes para satisfacer la demanda doméstica y obtener

cosechas, dependieron de los cuerpos de agua dulce disponibles: su dinámica demográfica

y económica estuvo determinada por el acceso que los colonizadores e indígenas tenían a

ellos; el desarrollo de estas poblaciones se sujetó a esa disponibilidad, de modo tal que

años lluviosos estaban asociados a una estabilidad y en ocasiones prosperidad económica y

social, mientras que la presencia de sequías provocaban un déficit hídrico que generaba

conflictos.

Estudios preliminares registran ochenta y ocho sequías entre 1521 y 1821, cada una de las

cuales comprendieron períodos de varios años en los que se acentuaron los conflictos por el

agua y aumentaron las migraciones de la población (Meyer, 1997:60).

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En el septentrión mexicano, el proceso de colonización ocurre de manera diferenciada en

las regiones o zonas que le conforman, el cual estaba condicionado por los entornos

ecológicos que posibilitaban la disponibilidad de recursos para abastecer de bienes a los

nacientes núcleos poblacionales locales, las metrópolis coloniales, otras regiones de la

Nueva España o de la península ibérica. El desarrollo de estos núcleos se basó en el agua

disponible y los recursos extraídos de los ecosistemas, el cual, sin embargo, implicó la

continua confrontación con los grupos indígenas nativos en frecuentes rebeliones.

Estos desencuentros ocurrieron en algunas regiones de la sierra y el semidesierto del estado

de Durango, comprendidas parcialmente dentro de la cuenca alta y media del Río Nazas,

ahí se presentaron rebeliones indígenas de las etnias acaxees, xiximes y tepehuanos, estos

últimos libran una guerra con los colonizadores por más de dos décadas que terminó con su

desplazamiento y confinamiento en la zona del Mezquital, al sur de dicha entidad

(Quiñones, 1984; Pacheco, 2001:63-80), mientras que en la cuenca baja el contacto con las

etnias de laguneros o irritilas, mapemes, cocoyomes, entre otros, que moraban en las riberas

de los ríos y lagunas y en las extensas áreas de matorral que les rodeaban, provocó su

exterminio total (Alessio, 1978:163-175).

Durante la mayor parte del período de dominio colonial hispano, la minería constituyó la

principal actividad económica complementada con una agricultura de temporal y ganadería

extensiva, modelo económico que fue alterado cuando el país se independizó de España al

interrumpirse el flujo de metales preciosos a la península; las poblaciones mineras

empezaron a cobrar menos importancia y los nuevos flujos migratorios provenientes del

centro del país aumentaron atraídos por los procesos de colonización que fueron creando

nuevos centros de población no mineros.

Al confluir estos cambios con las políticas de colonización promovidas por los gobiernos

del México independiente en el marco de los conflictos políticos surgidos en los estados

norteños de la recién formada república, la demanda de productos agrícolas como algodón

y cereales favorecieron la diversificación productiva con frecuentes interrupciones debido a

los movimientos separatistas, intervencionistas y de guerra civil interna, hacia una

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agricultura de temporal que se expande en las zonas semiáridas y de riego en los valles

donde se forman los deltas de los ríos en medio del desierto, y otros lugares que presentan

menor disponibilidad de agua.

De esa manera, la agricultura de temporal y riego centrada en la producción de cereales y

algodón que ocurre en las zonas semiáridas y áridas del norte mexicano, sustituyen a la

minería como actividades económicas en que se basan el crecimiento económico y

poblacional durante el Siglo XIX. Tales eventos implicaron cambios sociológicos en la

población norteña.

Durante el período colonial la población de origen hispano, aún siendo muy reducida,

concentraba la propiedad de minas, tierras y aguas, coexistía con los escasos grupos

indígenas nativos que sobrevivieron al extermino conquistador y los originarios de

Mesoamérica que contribuyeron en la pacificación de aquellos, los mestizos, negros y

demás migrantes del centro del país que fueron atraídos por el auge minero y las

actividades agropecuarias complementarias.

Al concluir el dominio colonial, la composición social de la población se modificó con la

expulsión de los peninsulares del país, quedando sus propiedades en manos de los

descendientes criollos que se vieron obligados a compartir los espacios y recursos dentro de

sus grandes extensiones territoriales con los colonos migrantes del centro del país

impulsados por las políticas de colonización, quienes conforman una nueva clase social de

campesinos y productores medios o rancheros que se apropian de tierras y las abren al

cultivo, a la vez que aprovechan los pastizales para agostar el ganado.

Estas transformaciones que ocurren a nivel nacional durante el Siglo XIX, se expresan

dentro de la Cuenca Nazas-Aguanaval originando la formación de nuevas regiones

económicas donde los usos anteriores del agua destinados principalmente a abastecer la

demanda doméstica se amplían para la agricultura, particularmente de riego.

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En la parte alta de la cuenca del Río Nazas las modalidades de uso de agua fueron menores

porque la colonización había sido más lenta debido a las dificultades de acceso, la menor

disponibilidad de tierras para cultivo y pastoreo, la economía siguió basándose en una

minería decadente, en una agricultura y ganadería en aclareos o lunares en medio del

bosque; es hasta fines de esa centuria cuando al aprovechar el bosque se complementan las

anteriores.

En la semidesértica parte media la colonización fue mayor que en la anterior porque atrajo

grupos migrantes provenientes de los estados vecinos del sur, aumentando los estratos de

campesinos y rancheros que ocupan tierras para crear otros asentamientos y utilizarlas con

fines agrícolas, cultivando principalmente frijol y maíz de temporal en las regiones Norte y

Los Valles del estado de Durango, así como en una porción del altiplano zacatecano.

Finalmente, en la parte baja se abren tierras al cultivo con riego en el valle de La Laguna,

que comprende grandes planicies del mismo estado y su limítrofe Coahuila, donde se

aprovechan los volúmenes de agua superficial de los ríos Nazas y Aguanaval para la

siembra de cereales y algodón. Es a partir de este momento en que el agua se usa

principalmente para el riego de cultivos y sus beneficiarios son los agricultores, hechos que

constituyen los antecedentes que explican el origen de las asignaciones de agua a la

agricultura, las cuales perduran hasta la fecha.

En esta última región surgen haciendas y ranchos producto del fraccionamiento del extenso

latifundio del Marquesado de Aguayo y otras grandes propiedades que ocurre a mediados

del siglo decimonono, explotándose dichos cultivos en grandes plantaciones irrigadas

mediante un sistema hidráulico de represas y canales que derivaba agua del cauce de esos

ríos hacia las áreas agrícolas, aplicando métodos de riego como los aniegos o

entarquimientos (Gándara, 1979; Chairez, 2005:30-50).

Este uso del agua como insumo para la producción agrícola provocó el surgimiento de

conflictos entre los nuevos propietarios por la delimitación de linderos y derechos de uso

que derivaron en la firma de un Acuerdo Privado en 1852, repartiéndose los escurrimientos

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del río conforme a los límites estatales; dicho acuerdo constituye la primera regulación no

gubernamental del uso del agua que incide en las asignaciones posteriores al continuar el

fraccionamiento de los latifundios, donde los nuevos predios se enajenaban incluyendo el

agua que transitaba por ellos.

A fines de esa centuria, las haciendas y ranchos fraccionados pasaron a ser propiedad de

nuevos terratenientes que coexistían con los campesinos que llegaron a la región como

colonos agrícolas, surgiendo nuevos conflictos por los espacios para crear poblados y la

siembra de cultivos, algunos de los cuales fueron violentos como la revuelta campesina de

1863 (Martínez, 1989).

El fraccionamiento de los latifundios en haciendas y ranchos, la apertura de nuevas tierras

al cultivo y la construcción de obras de derivación, hicieron más frecuentes los conflictos

por el agua en la parte baja de la cuenca al producirse la expansión agrícola en el valle de

La Laguna, como los que se presentaron entre los usuarios que se ubicaban en las áreas de

desembocadura del río que reclamaron a los que primero accedían al cauce en el inicio del

delta, por la retención o cambio de los escurrimientos; esta controversia condujo a la

elaboración y aplicación de la primera reglamentación federal sobre usos del agua en

México (Romero, 1999:5-10).

En los albores del Siglo XX, gran parte de las superficies de la cuenca se habían

transformado, sobre todo en la parte baja que conforma el valle irrigado de La Laguna,

donde las grandes plantaciones de algodón ocuparon las fértiles tierras sustituyendo el

otrora paisaje natural conformado por ecosistemas de áreas riparias en torno al cauce,

acequias y lagunas que formaban los ríos Nazas y Aguanaval, los bosques de arbustivas

aledaños y las planicies de inundación. La comarca se convierte en un emporio agrícola,

principal productor de fibra en el país.

Esta región presentó un crecimiento económico vertiginoso favorecido por las políticas de

apertura a la inversión extranjera que promovió el gobierno porfirista, el cual fue afectado

por el movimiento revolucionario de 1910 en la producción agrícola pero no en su

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estructura agraria, ya que en su tercera década se mantenía la concentración de la tierra y

agua entre 221 propietarios que ocupaban y explotaban bajo el régimen hacendario a varios

miles de jornaleros agrícolas provenientes de estados vecinos atraídos por el auge

algodonero (Nájera, 1928), mismo que también propició la formación de las principales

ciudades que articularon la economía del valle irrigado.

Con la formación del nuevo Estado Mexicano emanado de la revolución y las bases legales

derivadas de la Constitución Política que reconocía el derecho de la población rural a ser

dotados gratuitamente de tierras, se aplica una reforma agraria que redistribuyó la

propiedad del suelo creando ejidos. Este nuevo ordenamiento legal otorga al agua el

carácter de propiedad pública que el Estado puede transferir mediante concesiones a los

particulares.

El impacto de esta reforma en la cuenca se fue dando gradualmente hasta la aplicación del

reparto agrario cardenista, principalmente en el valle de La laguna, pero también en las

zonas semiárida y boscosa; en la primera se afectaron las grandes haciendas algodoneras

distribuyéndose 147,704 ha equivalentes a dos tercios de la superficie agrícola total, entre

311 ejidos que beneficiaron a 34,743 campesinos, cuyas parcelas se dotaron con derecho a

agua superficial para riego (Liga de Agrónomos Socialistas, 1940).

El reparto de tierras cardenista y las afectaciones posteriores realizadas dentro de la Cuenca

Nazas-Aguanaval, aumentaron considerablemente el estrato de campesinos y sus ejidos,

volviendo más compleja la estructura agraria donde coexistieron con los colonos,

propietarios medios y los nuevos empresarios agrícolas y ganaderos que permanecieron

después de las expropiaciones.

También implicó una fuerte intervención gubernamental no solo en la redistribución de

tierras y aguas, sino también en el financiamiento, la organización económica, el

aseguramiento, la administración del agua y otras funciones que hicieron dependientes a los

ejidos de las políticas y programas implementados por las instituciones y bancos oficiales.

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En las subsiguientes décadas la demanda de agua utilizada en la agricultura aumenta para

irrigar superficies de algodonero, estimulada por la II Guerra Mundial y la Guerra de Corea,

para lo cual se recurre al control de las avenidas de los ríos mediante la construcción de

embalses y redes hidráulicas que garanticen el suministro de agua a las áreas de siembra

conforme a los ciclos agrícolas establecidos y aumenten la eficiencia en su conducción.

Posteriormente, cuando se produce la crisis del mercado de la fibra que provoca la

diversificación de cultivos hortofrutícolas y forrajeros que sustituyen al algodonero, la

demanda de agua se incrementa con la perforación de pozos para realizar extracciones

subterráneas de los acuíferos.

Esta disponibilidad de agua ha permitido el cultivo de un promedio de 140,000 ha bajo

riego, ya que el total de las aguas superficiales y más del ochenta por ciento de las

subterráneas fueron asignadas para usos agropecuarios, manteniendo al valle irrigado de La

Laguna como una de las zonas agrícolas más importantes del norte centro del país, solo

equiparado por el valle de Delicias, al sur del estado de Chihuahua (Jiménez, 2005).

En el período posterior al cardenismo las políticas públicas, cambian priorizando el apoyo

a los sectores empresariales a los cuales favorecieron en la integración de importantes

grupos en las diferentes regiones agropecuarias, como sucede en La Laguna, donde se

promueve la creación de una cuenca lechera que actualmente es la más importante del país

con una producción de siete millones de litros de leche diarios, donde surge el corporativo

agroindustrial lácteo LALA, cuyos dueños conforman uno de los sectores dominantes de

las élites económicas y políticas de esta región, la cuenca y el norte de México.

Durante el período que abarca de 1936-1990, La Laguna sustenta una parte importante de

su economía en la producción agrícola y agroindustrial: por un lado, con un sector

campesino dependiente de las políticas y programas gubernamentales dedicado

principalmente a la siembra de algodón, forrajes y leche, integrado al complejo

agroindustrial lácteo y, por el otro, el sector empresarial agroganadero dedicado a estas

últimas actividades integradas vertical y horizontalmente en la industria láctea que se

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expande a otras regiones del país y el exterior. Ambos constituyeron los principales

usuarios de agua en la región y la cuenca.

Esta situación se ve modificada a fines del Siglo XX con las políticas salinistas que en 1990

limitan la oferta de crédito rural oficial a los grupos campesinos de los ejidos laguneros, y

dos años después reforman las leyes agrarias y de aguas para liberalizar las relaciones

económicas en el campo mexicano; al momento que los campesinos carecen de

financiamiento oficial, con unidades de producción en quiebra y empobrecidos, enajenan

sus tierras de manera desventajosa pero lícita, mediante rentas y ventas, y transfieren la

mayor parte de los derechos de agua superficial y las concesiones de pozos profundos a los

grandes empresarios agroganaderos.

Las reformas en la política hídrica implicaron la transferencia de algunos aspectos de la

gestión del agua por parte del gobierno a los usuarios, creando asociaciones de estos que,

por un lado, en el manejo de las aguas superficiales de los distritos de riego se les

responsabilizó de las redes hidráulicas principales a través de Sociedades de

Responsabilidad Limitada (SRL) y secundarias en Módulos de Riego (MR), y por el otro,

de las aguas subterráneas mediante Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS).

La formación de mercados de aguas favoreció a los productores con mayor capacidad

económica, ya que ante la quiebra de las unidades de producción campesinas resultado de

su propia ineficiencia económica y de las restricciones en los créditos aplicadas por la

banca rural oficial, les permitió adquirir concesiones de pozos profundos y de aguas

superficiales; al respecto, un estudio realizado dos años después de que se reforma la Ley

de Aguas con una muestra de 50 grupos ejidales de 21 comunidades rurales localizadas en

siete municipios de la región, integrados por 844 ejidatarios que poseen 56 pozos

profundos, indica que 24 grupos (48%) habían rentado sus concesiones y tierras irrigadas

con los volúmenes extraídos de esos pozos, dos grupos (4%) las habían vendido, 17 grupos

(34%) aún no las enajenaban y los siete grupos restantes (14%) operaban con asociaciones

en participación y otras formas (Jiménez, 1996:146)

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De esa manera, la consolidación de la cuenca lechera, sus empresas y corporativos

agroindustriales lácteos, se basaron en la quiebra de las unidades de producción campesinas

y en el desplazamiento de los ejidatarios como pequeños productores para convertirse en

jornaleros agrícolas, en algunos de los casos en los predios que otrora fueron suyos.

Finalmente, este estrato de la población rural regional que nace producto de las políticas

reformistas del cardenismo, se proletariza con las contrarreformas del salinismo.

Durante el Siglo XX, particularmente durante la segunda mitad, se intensifica el

aprovechamiento de los pastizales en la parte media de la cuenca debido a factores como la

apertura del mercado estadunidense a la exportación de becerros en pie, al aumento en la

demanda de carne de res por la expansión demográfica y el crecimiento industrial en las

ciudades del país, y al apoyo oficial a la producción ganadera después de controlar la

epizootia de fiebre aftosa que diezmó las poblaciones de ganado.

México exporta actualmente alrededor de 1´300,000 becerros en pie a su vecino norteño,

convirtiéndose en su más importante proveedor de ganado por la cercanía, la demanda que

surge en ese país y el diferencial de precios que se pagan, condición que ha contribuido a

aumentar la cantidad de reses en los agostaderos, a modificar su calidad genética y a

mejorar los ingresos de los productores ganaderos con respecto al mercado interior.

Es también en esta centuria cuando se intensifica la explotación forestal al aprovecharse el

bosque para la extracción de madera destinada a la industria de la celulosa, de muebles y

otras; en la parte alta de la cuenca esta actividad tiene un impacto importante en la

economía local donde la propiedad de los predios es compartida por ejidos y particulares,

pero en el caso de los ejidales los principales beneficiarios no fueron los campesinos sino

las empresas a las que se los concesionaron, las que controlan los aserraderos y los circuitos

comerciales de la madera y, solo recientemente, cuando disminuyó su importancia por el

deterioro del bosque y la competencia derivada de la apertura comercial, asumieron un

mayor papel en la gestión a través de la empresa estatal cuya administración les fue

transferida.

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Presión antrópica sobre el agua y los ecosistemas

El patrón de uso del agua en la cuenca, particularmente en la parte baja donde la

disponibilidad es mayor, y los procesos de deterioro del bosque y los pastizales en las

partes alta y media, han provocado una presión antrópica sobre los recursos hídricos y los

ecosistemas asociados a ellos.

En el primer caso dicho patrón se ha fincado en mantener el aumento de la demanda de

agua sobre la base de la regulación de los flujos superficiales e incrementar las

extracciones subterráneas, generando consecuencias no previstas que marcaron esa

deficiente gestión que actualmente expone a una condición de riesgo la salud de la

población porque consume agua contaminada, particularmente la que se concentra en los

asentamientos del valle irrigado de La Laguna, amenaza la estabilidad ecológica y reduce

las funciones de esos ecosistemas y los riparios de la parte media y baja, a la vez de que

afecta las actividades económicas al enfrentar problemas de abasto y calidad del agua.

La construcción y operación de las presas permitieron controlar las avenidas para evitar

inundaciones que afectaran cultivos y poblaciones en la parte baja, a la vez que

garantizaban los ciclos agrícolas, pero también interrumpieron los flujos subterráneos

provenientes de las filtraciones originadas en las partes alta y media de la cuenca,

destacando la presa Lázaro Cárdenas que al iniciar sus operaciones en 1946 limitó la

recarga de 440 Mm3 en el acuífero principal ubicado en el subsuelo del valle de La Laguna

(SARH, 1984), iniciándose el desbalance hidráulico que a la fecha persiste.

Este control de avenidas también impactó la biodiversidad riparia al reducir el caudal

ecológico al afectar la vegetación de galería en el cauce de los ríos y en las partes bajas

donde se derivaba el agua a los cultivos, además de que la construcción y revestimiento de

canales y el cambio en los sistemas de riego basados en aniegos que formaban cajas de

agua y lagunas de inundación en las depresiones donde desembocaban los ríos, también

tuvo consecuencias en una de las fuentes de recarga de los acuíferos y modificaron el

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paisaje, reduciendo la vegetación asociada a estos cuerpos de agua dulce intermitentes y el

hábitat en que concurría una fauna silvestre asociada a ellos.

De hecho, el impacto en la biodiversidad ocurre a la par de la ocupación humana de estos

espacios físicos y la apertura de tierras al cultivo a inicios del Siglo XIX, antropizando los

ecosistemas naturales al modificar los hábitat en el que vivían otras especies,

desplazándolas a otros sitios, pereciendo cuando no podían hacerlo, coexistiendo con las

poblaciones humanas adecuando sus hábitos de vida y alimenticios a los de estas,

transformaciones que se acentuaron cuando la producción agrícola se intensifica utilizando

fertilizantes sintéticos, agroquímicos en el control de plagas y enfermedades, maquinaria

agrícola y otros elementos propios de la modernización del campo derivada de la

revolución verde.

Por su parte, el aumento en la demanda de agua subterránea utilizada en la producción

algodonera, cultivos hortofrutícolas y forrajeros, establecidos durante la segunda mitad del

siglo pasado cuando ocurre la reconversión productiva en la región, y del propio

crecimiento demográfico, incrementaron la cantidad de pozos de bombeo y las extracciones

de agua acentuando el desbalance hidráulico en los acuíferos; actualmente cinco de ellos

que almacenan más del 50% de los volúmenes subterráneos se encuentran sobreexplotados

y algunos también contaminados.

Es el caso del acuífero granular principal que subyace al valle irrigado y algunas de las

ciudades con mayor densidad poblacional en la cuenca, el cual para 2010 se estimaba

recibía una recarga de 518.90 Mm3 pero se extraían 930.92 Mm3; de él depende el abasto

para la población que reside en la zona metropolitana de La Laguna y donde se realizan las

actividades económicas de mayor relevancia para la región y la misma cuenca, por lo que

constituye el cuerpo de agua dulce más importante en ambos niveles (CNA, 2012:26).

Este acuífero presenta un severo grado de contaminación por la presencia de sales

arsenicales en una gran parte de los conos de abatimiento donde se almacena el agua

subterránea, al grado tal que el abasto doméstico no se realiza con agua potable y se ha

18

convertido en factor de riesgo para la salud humana al aumentar la propensión a adquirir

enfermedades crónico degenerativas como diabetes y cáncer.

A este fenómeno de sobreexplotación y contaminación de los acuíferos de los que se extrae

el agua subterránea, se agregan los procesos ya señalados de degradación del bosque por la

deforestación que ha sufrido debido a que la demanda de madera es mayor a su capacidad

de producción, particularmente durante la segunda mitad del Siglo XX cuando dicha

actividad se intensificó; en esta áreas fueron comunes la tala y el comercio ilegal de

madera.

Estudios recientes han determinado que esa tala indebida de árboles ha provocado la

pérdida de la cobertura vegetal con consecuencias hidrológicas a escala de la cuenca, como

es la modificación del régimen de escurrimientos superficiales y subterráneos; la erosión de

los suelos cambia el curso natural, la velocidad del agua que se precipita y cae en estas

zonas, además de que limita su filtración, condición acentuada por el sobrepastoreo al

incorporar superficies de bosque al uso ganadero con cargas animales tres o cuatro veces

superiores a su coeficiente de agostadero (Descroix et al, 2004:179-210).

La expansión ganadera hacia el bosque y su intensificación en la zona de pastizales ha

generado otro tipo de problemas como es la construcción de obras de retención y derivación

de agua destinados a almacenarla donde abreve el ganado, complementando la

problemática señalada de alteración de los escurrimientos.

En esta última zona el sobrepastoreo amenaza los ecosistemas de pastizal donde existe el

riesgo de que se pierdan especies y comunidades de pastos, en particular los nativos, que

son importantes por las funciones ecológicas que desempeñan y por la dependencia que

tiene de ellos la ganadería extensiva para la alimentación de bovinos de carne; estudios

anteriores documentan ese deterioro (Ochoa et al, 1987:2-21); otros más recientes han

encontrado predios ejidales donde se ha medido la presencias de suelos desnudos con

pérdidas de hasta 65% en su cobertura vegetal (Quiñones et al, 2010:14)

19

Alternativas

Los aspectos descritos anteriormente sobre la problemática hídrica en esta cuenca solo son

algunos, quizás de los más importantes, que le caracterizan, sobre los cuales si bien se

tiene cierta claridad en las alternativas de solución la realidad indica grandes dificultades

para aplicarlas.

En el caso de la cuenca alta el objetivo consiste en recuperar el bosque de encino-pino, el

cual se intenta concretar a través de un proyecto de pago de servicios ambientales a sus

dueños, con la finalidad de que acepten las regulaciones aplicables a la actividad forestal,

disminuyan la tala de árboles y se reforesten áreas degradadas; dicha iniciativa es

gestionada por grupos civiles y empresariales con el apoyo de investigadores y

académicos, la Comisión Nacional del Agua (CNA) y la Comisión Nacional

Forestal(CONAFOR); su limitante principal ha sido la baja recaudación por las escasas

aportaciones de los usuarios de la parte baja.

A dicha iniciativa se le denominó Proyecto Irritila, y en ella se han fincado expectativas

importantes por la respuesta de las comunidades ejidales y los actores institucionales y

ciudadanos que se están involucrando; constituye una alternativa de mediano y largo plazo

que posibilitará recuperar el bosque y con ello algunas de sus funciones ecológicas como la

captación y filtración de agua, que contribuya en la recarga de los cuerpos de agua dulce

ubicados en la parte baja de la cuenca.

Al ser voluntaria la recaudación de fondos que se realiza, su factibilidad depende de la

sensibilidad que adquieran los usuarios y la población que realizan las aportaciones, por

ello es necesario que los primeros, sobre todo los grandes que concentran las concesiones

de pozos profundos, incrementen los montos que aportan, mientras que a la segunda es

importante sensibilizarla para que coopere con el pago de un impuesto voluntario de agua;

es, por tanto, indispensable emprender una campaña más agresiva con la participación de la

Comisión Nacional del Agua que incida en los usuarios de aguas subterráneas y

superficiales, y los organismos operadores de los municipios que lo hagan entre los

ciudadanos.

20

Paralelamente deben adoptarse medidas que acoten la multiplicación de obras de retención

y derivación de agua creados en medio del bosque que alteran los flujos superficiales para

abastecer la demanda destinada a abrevar el ganado, restringiendo los cambios de uso de

suelo y sancionando a quienes los realicen sin cumplir las normas ambientales establecidas

como la realización de manifestaciones de impacto ambiental y las acciones de remediación

que estas implican.

Es recomendable que la responsabilidad de esta gestión de recuperación del bosque

continúe siendo ciudadana con apoyo gubernamental para que asegure su continuidad al no

sujetarse a cambios de gobierno, además de que se garantice la aplicación de los recursos

públicos, privados y ciudadanos destinados al proyecto.

En la parte media no se han promovido opciones importantes para recuperar los pastizales

más allá de los programas nacionales, entre ellos destaca la implementación del Programa

de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN) de la

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

(SAGARPA), que tiene entre sus objetivos el cuidado y mejoramiento de los recursos

naturales de áreas ganaderas; sin embargo, los procesos de degradación que sufre el pastizal

continúan debido al manejo inadecuado de los predios derivado de los sistemas de pastoreo

que se practican.

Recientemente se exploró el proyecto de crear un área natural protegida en el polígono de

Cuchillas de la Zarca, ubicado en la zona norte del estado de Durango, dentro de esta parte

de la cuenca; fue promovido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

(CONANP) y la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Durango

(SRNyMA), realizándose el Estudio Técnico Justificativo por la Universidad Juárez del

Estado de Durango (UJED), proyecto que no prosperó por falta de recursos.

A la fecha sigue siendo un foco rojo sin la atención suficiente a pesar de que es posible

involucrar a los ganaderos en iniciativas como la señalada, pero no existe una política

pública de impacto real, federal o estatal, orientada a la recuperación, conservación y/o

21

manejo sustentable de los pastizales, solo se practican iniciativas individuales por los

propios productores ganaderos que mejoran sus predios con una incidencia puntual,

También es importante regular la construcción de obras de retención y derivación de agua

que los productores ganaderos realizan para abrevar el ganado, ya que en esta parte de la

cuenca se han multiplicado debido a la recurrencia de las sequías, al fraccionamiento de los

agostaderos ejidales y al aumento del hato ganadero estimulado por la apertura comercial

derivada del Tratado de Libre Comercio.

Bajo las condiciones actuales no existe un actor institucional que proponga y articule un

proyecto orientado a recuperar los ecosistemas de pastizal, por lo que sería necesario o

dotar de facultades y recursos a alguna o algunas entidades federales entre las que

actualmente intervienen en esta parte de la cuenca como la SAGARPA (o un organismo

descentralizado de esta), integrar otra ausente como la CONANP o crear una nueva

específica con esas capacidades, la cual involucre a los productores privados y las

poblaciones y comunidades campesinas agroganaderas, apoyándose en las universidades y

centros de investigación que han realizado estudios sobre conservación y manejo

sustentable de estos recursos.

En la parte baja el punto crítico se centra en la recuperación de los acuíferos,

reconociéndose que la mejor manera de lograrlo es reduciendo la extracción de agua para

equilibrarla con la recarga que sufren; al respecto, se han aplicado diversas medidas como

la aplicación de vedas al acuífero principal (CNA, 2003:29), se ha tecnificado el riego en

cultivos como la alfalfa como sucede con las válvulas alfalferas en 10,000 ha que han

aumentado la eficiencia (Estrada y Delgado, 2012:8-9) y otros métodos presurizados que

aumenten la eficiencia en la conducción y aplicación del riego, en el consumo de energía

eléctrica utilizada para la extracción del agua, a través de revestimiento de canales,

nivelación de tierras y otras medidas que presentan resultados parciales pero no resuelven

el grave problema de sobreexplotación y contaminación.

22

Pero esta cuestión es centralmente social, ya que el nudo que atora las soluciones a esta

compleja problemática se ubica en la resistencia que presenta el sector de empresarios

agroganaderos que concentran las concesiones de pozos profundos y destinan estos

volúmenes a la producción de forrajes para la alimentación del ganado bovino lechero, es

en ellos y en la CNA como organismo regulador de los usos y usuarios, en ellos recae la

toma de decisiones para resolverla, donde, lamentablemente, los primeros no asumen su

responsabilidad como principales usuarios y la segunda que se ha visto imposibilitada de

aplicar las disposiciones legales y medidas administrativas a estos.

Si se estima que las extracciones de agua del acuífero principal son de 930.92 Mm3 y el

84% de ese volumen se destina a usos agropecuarios en el riego de cultivos y para que el

ganado abreve, destacando la alfalfa, cultivo que presenta un alto uso consuntivo de agua

puesto que para producir una hectárea se requiere, según el grado de tecnificación del riego

que tengan en los predios, una lámina anual de 1.6 a 2.0 metros.

En el año 2012 se sembraron 39,455 ha de alfalfa, de los cuales 5,744 ha (14.56%) se

irrigaron con aguas superficiales, sobre todo en predios colindantes con el cauce por el cual

aún circula agua del Río Nazas, y 33,708 ha (85.44%) con bombeo realizando extracciones

de los ocho acuíferos existentes en la región (El Siglo de Torreón, 2013:26), utilizando un

volumen estimado de 631.2 Mm3 si consideramos la primera lámina de riego, o 789.1

Mm3 para la segunda, por lo que demanda un volumen mayor o igual al total extraído del

acuífero principal para uso agropecuario

La alfalfa es un cultivo cuya superficie se ha duplicado durante las últimas dos décadas al

incrementarse de 17,408 ha en 1992 a las 39,455 ha en 2012; a pesar de que también se ha

incrementado la superficie de otros forrajes estacionales como maíz y sorgo, aún existe

resistencia de los ganaderos lecheros de sustituirlo por otros que demanden menos agua,

incluyendo las alternativas tecnológicas generadas por centros de investigación como el

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Reta et al, 2008) y

universidades locales.

23

Lo cierto es que la superficie de alfalfa debe reducirse significativamente en el corto plazo,

no como medida voluntaria de los productores porque de esa manera no va a ocurrir, sino

como una política pública que implique suprimir los incentivos oficiales a su

establecimiento, producción y equipamiento de los sistemas de riego si estos se destinarán a

sembrar dicho cultivo, medida que a su vez forme parte de una estrategia de recuperación

de los acuíferos sobreexplotados en la región.

La postura de los grandes usuarios que conforman un reducido pero poderoso segmento de

empresarios agroganaderos, integrados a los corporativos lechero-lácteos de LALA, Alpura

y Nestlé, se dirige al gobierno federal para que les apoye con créditos y subvencione en la

tecnificación del riego mediante métodos presurizados que posibiliten un ahorro en los

volúmenes extraídos, sin embargo, no garantizan su corresponsabilidad de no aumentar la

frontera agrícola con los excedentes ahorrados al aumentar la eficiencia en el riego, y

también de sujetarse a una medición telemétrica confiable de los volúmenes extraídos; sin

esta última no se podrá identificar donde se encuentran los volúmenes extraídos

ilegalmente por encima de 701.8 Mm3 concesionados (CNA, 2003:28).

Otra opción reciente que se viene proponiendo por la CNA es la tecnificación de los

sistemas de derivación de aguas superficiales mediante equipos de rebombeo, también con

la finalidad de eficientar los volúmenes aplicados en los predios agrícolas: el agua

superficial multiplicada con la tecnificación posibilitaría reducir las extracciones de aguas

subterráneas y facilitar la recarga de los acuíferos, a la vez que permite a los empresarios

mantener las concesiones de estas cuyos volúmenes resguardarían como reservas de agua

ante contingencias de déficit que surjan ante las ya cada vez más sequías recurrentes.

Dicha opción es aceptable para los empresarios agroganaderos porque la mayor parte de los

derechos de agua superficial que se asignaron a los ejidatarios a la par de las dotaciones de

tierras a los ejidatarios, actualmente han sido transferidos a los primeros, es decir, este

segmento de grandes productores rurales concentra las concesiones de aguas superficiales y

subterráneas, por ello cualesquier programa de tecnificación del riego tendría en ellos a sus

principales beneficiarios.

24

El poder que representan en la economía local por las inversiones que aplican, los empleos

que generan, la producción y el valor de ésta, les permite incidir en la toma de decisiones

sobre la aplicación de políticas regulatorias en las concesiones y la medición de los

volúmenes extraídos, inclinando la balanza a su favor a pesar de los cuestionamientos que

han recibido en medios de comunicación donde continuamente se aborda esta problemática,

de académicos de universidades locales que dan a conocer estudios e información que la

fundamenta, de grupos empresariales del sector industrial que reclaman la aplicación por

igual de las regulaciones a los usuarios y de asociaciones civiles ambientalistas que

denuncian estos hechos.

El balance de pesos y contrapesos que determinan esta situación no se ha modificado

significativamente con la creación de organismos de gestión del agua recientemente

creados, como los consejos de cuenca, ya que si bien han abierto la participación en la toma

de decisiones sobre la gestión hídrica a los diferentes tipos de usuarios, representantes de

las oficinas de los distintos niveles de gobierno que tienen relación con ella, académicos y

asociaciones civiles, el peso específico que tienen los usuarios agropecuarios en las

asociaciones que manejan las aguas superficiales y subterráneas es definitorio, como sucede

en el propio Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval.

Tal parece que la gravedad del problema se acentúa al observarse los niveles de abatimiento

del acuífero principal; hace diez años se estimaron entre 0.50 m a 3.45 m anuales según los

sitios y concentraciones del bombeo (CNA, 2003:15), mismos que actualmente es posible

se hayan duplicado, a la vez de que ha aumentado la concentración de sales, alguna de ellas

tóxicas para la salud humana, principalmente Arsénico, que presenta valores de por encima

de los 0.025 mg/l establecidos en la NOM-127-SSA-1994, y otros como Flúor, Molibdeno,

Selenio, Manganeso, Nitratos, entre otros, que han deteriorado severamente la calidad del

agua para consumo humano pero también para irrigación de cultivos.

En virtud de que la forma en que histórica y actualmente se han distribuido las aguas

superficiales y subterráneas disponibles en la Cuenca Nazas-Aguanaval, cuyo “arreglo

social” beneficia a los grandes productores agroganaderos integrados al complejo forrajero-

25

lechero-lácteo ubicado en la parte baja de la cuenca, y ante la imposibilidad expresa del

organismo regulador del agua de aplicar políticas públicas con suficiente voluntad política

que den solución a esta compleja problemática hídrica, la población residente en el valle de

la Comarca Lagunera queda sujeta a una condición de riesgo, y el mismo desarrollo

regional ya no solo resulta insustentable, sino incierto.

Ciertamente, toda solución que se aplique debe contemplar la importancia económica que

tienen la gama de actividades asociadas a ese complejo agroindustrial lácteo y, por

consecuencia, involucrar a los grandes usuarios del agua dulce disponible en la región y

cuenca, de modo tal que no desequilibre la economía local; por ello, el gran reto es como

destrabar ese “arreglo social” para recuperar el acuífero principal, al igual que el bosque y

los pastizales, reorientando el desarrollo regional y de la cuenca, para lo cual, es inevitable

modificar la distribución social actual, proceso nada sencillo donde también,

inevitablemente, los ciudadanos tiene la última palabra.

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