Practica del Derecho

101

REVISTA

INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

IDEI-BOLIVIA Prctica del Derecho

PRCTICA DEL DERECHO

La presente seccin est destinada a publicar artculos y ensayos,

de investigacin y produccin acadmica en temticas relativas a la

prctica del Derecho Pblico, de nuestros asociados, acadmicos o

profesionales que remiten sus trabajos al IDEI-Bolivia, en el marco

de las actividades planificadas por el Programa de Asesora del

Instituto o a solicitud de otras instituciones del medio.

En esta ocasin les presentamos los trabajos que constituyeron

una de las bases para la construccin del Proyecto de modificacin

a la Ley de celebracin de tratados. Los ensayos a presentarse

fueron realizados por la Dra. Sara Ferreira, Dr. Sergio Guzmn y

Dra. Marianela Salazar.

102

REVISTA



LA LEY N 401 DE CELEBRACIN DE TRATADOS, DE 18/09/14, Y SU ANLISIS EN RELACIN AL

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y DERECHO COMUNITARIO

Sara C. Ferreira Quevedo*

19/02/14

I. Antecedentes.

En mrito a la propuesta que, sobre Anlisis interpretativo de la ley sobre derecho de los

tratados Ley N 401 de 18/09/13, hiciere el IDEI, se desarrolla en el presente artculo un

anlisis de la citada norma, enfocndonos y delimitando dicho anlisis bsicamente en tres

aspectos: vigencia y antecedentes de la Ley, la contrastacin de algunos de sus artculos con el

mbito constitucional, sobre todo lo referido a los Tratados contemplados en el bloque de

constitucionalidad, contemplando la tipologa de Tratados contenida en la Ley, para terminar

abordando un aspecto especfico referido a los Tratados de Derecho Comunitario y la validez

que se otorga a los mismos, sin desprender el punto de vista de la fuente constitucional,

doctrinal, jurisprudencial nacional y comunitaria, as como legislativa.

Se propone el desarrollo del artculo a travs de un cuerpo terico que inicialmente contemple

la vigencia de la Ley; los rdenes jurdicos, validez, efectos y tipologa de los Tratados; el

denominado bloque de constitucionalidad y los Tratados incluidos en el mismo, entre los

cuales se destacan los Tratados de Derecho Comunitario.

Finalmente, se intentar proponer la redaccin, complementacin, derogacin de uno o ms

artculos en cuanto al contenido y lmite de lo analizado en este documento.

II. Vigencia de la Ley N 401 de celebracin de tratados.

El 18 de septiembre del ao 2013 fue promulgada y publicada la Ley N 401, de celebracin de

tratados (en adelante simplemente Ley 401) en mrito al mandato constitucional del art. 2581,

que la propia Ley se encarga de anteceder en el primer artculo, al referirse a su objeto. Dicha

norma contiene 73 artculos, 2 Disposiciones Adicionales y 1 Disposicin Final que no

abordaremos en su totalidad, sino que nos remitiremos a analizar determinados aspectos

* Abogada, Docente de derecho de Integracin en la Universidad Privada Boliviana (UPB) y en la Universidad Catlica Boliviana.

1 Artculo 258. Los procedimientos de celebracin de tratados internacionales se regularn por la ley. Constitucin

Poltica del Estado de 07 de febrero de 2009. Publicacin NCP.

103

REVISTA



relacionados con el bloque de constitucionalidad, la tipologa de Tratados propuesta en la

norma y la validez que se otorga a los Tratados de Derecho comunitario, tanto desde el

artculo 410 de la Constitucin Poltica del Estado (en adelante C.P.E.) como desde el articulado

que, en referencia a Relaciones Internacionales y especficamente Integracin, se encuentran

contemplados en el mbito constitucional.

Como antecedentes de la Ley, es menester sealar que, en mrito a la carencia de un

Prembulo o parte considerativa cuya tcnica jurdica viene dejndose para los Decretos

Supremos y Resoluciones que introduzca y ayude en la comprensin material y fundamentos

de la ley, nos llama la atencin que esta norma haya sido redactada, de manera textual y

adaptada, sobre la base de varios artculos de la Convencin de Viena de 1969 sobre el

Derecho de los Tratados, siendo que sta Convencin se halla en pleno vigor desde el 27 de

enero de 1980 pero en cuya ratificacin no ha participado Bolivia. As, por ejemplo, gran parte

de las definiciones contenidas en el artculo 6 de la Ley 401 resultan siendo la transcripcin del

artculo 2 de la Convencin (referido a trminos como son la comprensin y alcance de

Tratado, Reserva, Estado negociador, Estado parte, entre otros).2

Por lo anterior, de acuerdo a lo sugerido por Sergio Castro, parecera ser que la entrada en

vigencia de la Ley 401 intenta suplir las carencias bolivianas sobre la celebracin de los

tratados, y al mismo tiempo regular algunas cuestiones accesorias como la relacin de los

tratados con la poltica exterior en relacin a la no ratificacin de la Convencin de Viena3.

Sin embargo, se debe analizar si efectivamente, a nivel local, suple dichas carencias y si el

enfoque de la legislacin domstica produce los efectos deseados al no poder regular las

relaciones interestados, propia del mbito internacional.

En este punto, cabra hacerse la pregunta efectuada por Reuter, cuya traduccin ha sido

efectuada por Surez: la validez interna es enteramente distinta e independiente de la

validez internacional, como lo sostienen los dualistas? (SUREZ 1999: 32-33). Y es que,

2 Lo que facilitara potenciales problemas de imprecisiones terminolgicas.

3 Un aspecto peculiar es que, en mrito a la publicacin que se hiciere de la Nueva Constitucin Poltica del Estado, a

cargo de los abogados Lecoa y Quiroz, por Resolucin Ministerial de la Presidencia, el comentario que hicieren al artculo 258, mandato a Ley, es el siguiente: el presente artculo establece la formulacin de una ley, que regule los procedimientos de celebracin de tratados internacionales, ms es necesario hacer notar que desde la entrada en vigencia del presente texto constitucional, esta ley implcitamente la tenemos a nuestra disposicin, nos referimos a la Convencin de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969, que an no ha sido ratificada por nuestro Gobierno, y que en mrito al pargrafo I dela artculo 257 del presente texto, este Instrumento Internacional entrar a formar parte de las leyes de la Repblica. A pesar de sus imprecisiones, incluso hasta la mencin de Repblica en lugar de Estado Plurinacional, es interesante la opinin de los abogados, en sentido de reconocer la no necesidad de una nueva ley frente a la Convencin de Viena y tener autorizacin de publicar dicho comentario, por primera vez, en una publicacin del texto constitucional.

104

REVISTA



necesariamente, hacia delante nos detendremos en la relacin de los Tratados genricos y la

Constitucin, los Tratados de Derecho Comunitario y el bloque de constitucionalidad, as como

los efectos de cada uno de ellos, para dar respuesta que, sobre validez, nos refiere el autor.

Por otra parte, hay que hacer referencia a los principios que, basados en el Derecho

Internacional primera colisin con los principios propios del Derecho Comunitario rigen

esta Ley4 como son: la buena fe, irretroactividad de los Tratados, jus5 cogens, pacta sunt

servanda, reserva, entre otros. Tal como se seal, no contempla los principios de

preeminencia, aplicacin directa, efecto inmediato, supremaca del mbito comunitario6 y

otros.

Para concluir, de acuerdo a la Disposicin Final, se establece la necesidad de aprobacin de un

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo, en el lapso de 180 das posteriores a la

publicacin de la Ley 401, es decir, hasta finales de marzo del presente ao. Sobre su

contenido, parecera ser que el mismo desarrollar el procedimiento ejecutivo para polmicas

figuras introducidas por la Ley 401 como es la negociacin, adopcin y autenticacin, por el

rgano Ejecutivo, de los Tratados abreviados (las comillas son nuestras) que quedarn

perfeccionados solamente con la firma respectiva; es decir, sin necesidad de ratificacin7; por

otro lado, encontramos las facultades de Declaraciones Interpretativas de Tratados (las

comillas son nuestras) que el Ministerio de Relaciones Exteriores podr efectuar, a efectos de

armonizar el derecho interno con las Disposiciones de un Tratado, dividindose, adems, en

Declaraciones facultativas y obligatorias.8

III. Los Tratados: ordenes jurdicos, validez, efectos y tipologa.

Siguiendo a Reuter, existen rdenes jurdicos diferenciados, de acuerdo a las etapas que

atraviese un Tratado. Por un lado, la etapa primigenia o de celebracin de los mismos,

parecera sujetarse a lo establecido en las normas constitucionales de cada pas (a pesar de las

crticas que puedan existir en torno a que ciertas legislaciones hacen impracticable la vigencia

de un Tratado) y, en parte, por el derecho internacional. Por tanto, en este primera etapa hay

una remisin, sobre todo, a las particularidades de cada mbito nacional. Por otra parte, en

cuanto a la aplicacin de los Tratados, sta parecera depender principalmente del derecho

principal (Cfr. SUAREZ 1999: 30). A ello, aade, que el derecho nacional de los tratados varia

4 Nos referiremos a los principios generales contenidos en el artculo 4, pargrafo II, de la Ley N 401.

5 A nuestro criterio, un trmino cuya correcta escritura debas ser ius por su raz latina.

6 Sobre estos principios hay una exhaustiva jurisprudencia comunitaria andina a la que nos referiremos hacia delante.

7 Consltese los artculos 10 y 11 de la Ley N 401.

8 Consltese los artculos 56 y 57 de la Ley N 401.

105

REVISTA



de un pas a otro, pero todos los Estados deben tomar en cuenta el derecho internacional de los

tratados (SUAREZ 1999: 32) como una especie de reglas uniformes para todos los pases.

En la Ley 401, objeto de anlisis, ello parecera reconocerse en el artculo 6, cuya definicin

contenida en el inciso o) establece que un Tratado es un acuerdo internacional celebrado por

escrito entre sujetos de Derecho Internacional, regido por el Derecho Internacional ()

creando obligaciones jurdicas incluso, yendo ms all de la definicin de la Convencin de

Viena de 1969 que restringe a la celebracin de Tratados a los Estados parecera adoptar el

criterio de la Convencin de Viena de 1986, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y

Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, que ampla la

celebracin de los Tratados a estos ltimos, entendindose todos ellos como sujetos de

derecho internacional (las comillas son nuestras).

Referente al orden jurdico nacional, la opinin, desde el punto de vista doctrinal, parecera ser

que se ha establecido un criterio comn que distingue unas Constituciones de otras: la

tendencia monista o dualista de las mismas. Desde el primer criterio, el ordenamiento jurdico

corresponde a un sistema de integracin, siendo que tanto el derecho nacional como

internacional se integran en un orden jerarquizado. Por su parte, los dualistas establecen la

separacin de los rdenes: el nacional y el internacional, siendo que este ltimo solo puede ser

parte del primero en merito a recepcionar o transformar sus disposiciones para ser

cumplidos por el Estado del que se trate. Solamente de ese modo tendra aplicacin un

Tratado.

De acuerdo a lo anterior, es de importante diferenciar y reconocer el orden jurdico aplicable a

cada momento, debido a que Andaluz establece claramente sus efectos, en el sistema de

fuentes: lo que vicia la validez del acto es el solo hecho de incursionar en campo material

ajeno y, por tanto, normar sin competencia (ANDALUZ 2009: 24).

En cuanto a sus efectos, ntese que el objeto de la Ley 401, respondiendo a un mandato

constitucional, es el de establecer el procedimiento en cuanto a orden jurdico interno de

celebracin de tratados internacionales, en concordancia al mbito de aplicacin que tambin

se otorga en el artculo 3. Sin embargo, el artculo 2 va ms all de este precepto al sealar, en

su inciso b) Regular los alcances de los efectos de la celebracin de Tratados por parte del

Estado Plurinacional de Bolivialo que contradice su objeto, expandiendo el mismo a controlar

sus efectos a nivel interno, tratndose de una obligacin internacional entre dos o ms sujetos

de derecho pblico.

106

REVISTA



Sobre la tipologa establecida por la Ley 401 se reconocen dos clases de Tratados: aquellos que

la ley denomina como Formales y los que reconoce como Abreviados. El mbito material y

formal de cada uno es diferenciado. De acuerdo al art. 8, los Tratados formales podrn

celebrarse en las siguientes materias:

a. Derecho comunitario;

b. Derechos humanos;

c. Cuestiones limtrofes;

d. Integracin monetaria;

e. Integracin econmica estructural;

f. Cesin de competencias institucionales a organismos internacionales o

supranacionales, en el marco de los procesos de integracin;

g. Acuerdos de carcter econmico comercial; y

h. Otras materias conforme a la Constitucin Poltica del Estado y normativa vigente

aplicable.

Antes de ingresar al mbito de cada uno de ellos, comparemos las materias contenidas con la

C.P.E., especficamente, con el art. 257 que, en su pargrafo II, establece el requisito de

aprobacin, mediante referendo popular vinculante, previo a la ratificacin, los Tratados

internacionales que impliquen:

1. Cuestiones limtrofes.

2. Integracin monetaria.

3. Integracin econmica estructural.

4. Cesin de competencias institucionales a organismos internacionales o

supranacionales, en el marco de procesos de integracin.

Es decir, exceptuando los dos primeros mbitos citados en el artculo ut supra de la Ley 401,

los restantes temas se refieren a lo mismo; sin embargo, se aaden las norma de Derecho

Comunitario y de Derechos Humanos, como parte del bloque de constitucionalidad, al cual nos

referiremos en el siguiente acpite.

Asimismo, la C.P.E. no parece distinguirlos como Tratados formales, aunque parece quedar

medianamente claro que les concede cierto status. Sin embargo, con la finalidad de indagar

107

REVISTA



sobre el espritu del artculo 257, pargrafo II, acudiremos a dos fuentes: la primera de ellas

ser la doctrinal, en sentido de que, por Resolucin Ministerial N 090/09, de 04/03/099 se

permiti a los abogados Lecoa y Quiroz, la publicacin del texto constitucional comentado en

cada uno de sus artculos y, en segundo lugar, acudiremos a las publicaciones de la

Vicepresidencia del Estado, sobre el proceso constituyente, a efectos de tomar en cuenta uno

de los mtodos de la interpretacin constitucional, cual es el mtodo histrico.10

Para los abogados citados, la interpretacin o aclaracin que hacen del artculo 257, pargrafo

II, es la siguiente: El pargrafo II establece los referendos de tipo obligatorio, con la intencin

de dar validez a los Tratados celebrados por el rgano Ejecutivo y ratificados por el rgano

Legislativo (BOLIVIA, CPE 2009: ART. 257). Es decir, le atribuyen una razn de validez a la

necesidad de realizar un referendo vinculante a los Tratados que conlleven las materias

citadas; sin embargo, nada se seala sobre una tipologa determinada en sentido de

formalidad.

Sobre los antecedentes de la Asamblea Constituyente, la Comisin encargada de Fronteras

nacionales, relaciones internacionales e integracin redact el contenido del artculo 257, II, de

una manera similar a la redaccin actual, excepto en el primer punto Cuestiones limtrofes al

que haba denominado Alteracin de lmites territoriales11 Lo ms interesante es la

fundamentacin que sustenta este artculo, siendo que, de manera textual, se establece lo

siguiente: considerando la enorme importancia que tiene para el pas los temas que se

detallan en el presente artculo, es necesario que se convoque a un referndum popular

vinculante para proceder a su aprobacin mediante ley. Esta es una forma de garantizar el

ejercicio de la democracia en temas cruciales que hacen a la vida del Estado

(VICEPRESIDENCIA 2012: 2379).

De acuerdo a lo anterior, la exigencia del referndum viene a cumplir el presupuesto de

democracia, propio de los procesos de integracin. Al establecer el requisito de la aprobacin

previa a la ratificacin, por medio de referendo vinculante, se cumple dicho presupuesto

bsico de la integracin, cual es el presupuesto democrtico, expresado en las formas

9 Firmadas por el entonces Ministro y Viceministra de la Presidencia, Juan Ramn Quintana Taborga y Rebeca E.

Delgado Burgoa, respectivamente. 10

Para mayor informacin remitirse a Rivera, Jos Antonio (2012). Temas de Derecho Constitucional. Olimpo Editora. Cochabamba Bolivia. 11

De acuerdo al Tomo III, volumen 2, de los antecedentes del proceso constituyente, contenidos en las publicaciones de la Vicepresidencia del Estado, tambin se agregaba al artculo 257 un inciso que textualmente establece: una interpretacin restrictiva de derechos y garantas consolidadas en el pas que no hemos tomado en cuenta en el documento principal por hacer referencia a derechos fundamentales. Fecha de consulta: 18/02/14: http://www.vicepresidencia.gob.bo/spip.php?page=publicaciones

108

REVISTA



democrticas participativas de cada pas, para aceptar o no un Tratado que modificar

relaciones esenciales en su Estado12, constituyndose en un Tratado constitutivo o fundacional

de una Comunidad o ente supranacional.

Nada se seala respecto del tipo de Tratado, excepto que contiene temas cruciales para el

Estado.

Otro aspecto que tambin concierne a este tipo de tratados, ms especficamente a aquellos

que deben aprobarse por referendo y que constituyen las bases del Derecho Comunitario, es el

referido al procedimiento de denuncia de los mismos. Tal como establece la doctrina y la

propia C.P.E., artculo 260, la denuncia de los tratados deber seguir: 1) los procedimientos

previstos en el mismo Tratado13 que hacen parte de la obligacin contractual y del principio

pacta sunt servanda; 2) las normas generales del Derecho internacional convencional y

consuetudinario y 3) los procedimientos establecidos en la propia constitucin y ley para su

ratificacin.

Sobre este ltimo punto, en mrito a los Tratados formales que requieren aprobacin previa

por referndum vinculante, se ha establecido la posibilidad de que su denuncia sea, a iniciativa

presidencial, convocada a travs de un referndum cuyo objeto tiene legitimar

democrticamente la denuncia de una obligacin internacional. De acuerdo a la lectura del

artculo ut supra el procedimiento debera ser el siguiente: iniciativa presidencial,

sometimiento a referndum de denuncia, aprobacin de la Asamblea Legislativa previa

ejecucin de la denuncia por el nivel presidencial.

Sin embargo, parecera ser que la redaccin del artculo 46 de la Ley 401 sostiene parte de

dicho procedimiento de denuncia constitucionalmente previsto para los tratados aprobados

por referndum, en sentido que, posterior a la aprobacin de la Asamblea Legislativa, se le

impone a la misma la ratificacin de la iniciativa y el resultado del referndum para formar

12

A modo de ejemplo positivo podemos sealar que, en lo que hoy en da conocemos como Unin Europea, cada uno de sus Tratados Constitutivos CECA, Roma, Amsterdam, Maastricht, Carta nica Europea, Niza, Lisboa cumplieron con el presupuesto ciudadano. Es de destacar tambin la no aprobacin por referndum popular vinculante del documento intitulado una Constitucin para Europa, a causa del voto negativo de los ciudadanos franceses y neerlandeses. 13

Refirindonos, por ejemplo, a los Tratados constitutivos de los procesos de integracin, especficamente el Acuerdo de Cartagena que da origen a la CAN, sealaremos que ste tiene su propio procedimiento de adhesin, vigencia y denuncia, en el artculo 135 del texto integrado con el Protocolo de Sucre. Al respecto, se establece la obligatoriedad de notifcar a la Comisin Andina; sin mbargo, los efectos plenos referidos a las ventajas recibidas y otorgadas en su calidad de Estado no cesarn sino hasta 5 aos posteriores.

109

REVISTA



parte, directamente, del ordenamiento jurdico interno, con rango de ley, antes de su

ejecucin.

En este punto, vale la pena tomar en cuenta que, trtese de Tratados formales, tradicionales,

de integracin, abreviados u otros, no podemos dejar de lado los 2 primeros parmetros

establecidos en la norma constitucional, cuales son los principios del derecho internacional o

principios de integracin, segn sea el caso y/o el procedimiento aplicable para la denuncia

del Tratado.

Los Tratados abreviados tienen, procedimentalmente, una diferencia fundamental en relacin

a sus antecesores: no requieren su ratificacin por el rgano Legislativo, cobrando vigor a su

sola firma, de acuerdo a lo establecido por el artculo 10 de la Ley 401, a modo de

autenticacin.

Al respecto, la Comisin constituyente relacionada a este ttulo constitucional, aporta un dato

interesante: entre los artculos aprobados por mayora absoluta, se da constancia del trabajo

en un artculo signado como el nmero cuatro, cuyo contenido establece el procedimiento y la

atribucin de facultades del Presidente y Legislativo en la celebracin de los Tratados. En su

segundo pargrafo se seala que algunos Tratados, considerados de ejecucin de actos

ordinarios (las comillas son propias) como son las donaciones u otros que no comprometan la

independencia o fondos pblicos, podrn ser ratificados de manera directa por el Presidente

de la Repblica en aquel entonces mediante Decreto Supremo, previo control de

constitucionalidad e informacin al O. Legislativo.14

Ahora bien, a pesar del antecedente histrico constitucional, el hecho de que se establezca

una suerte de ratificacin autenticacin a la firma, dice la Ley 401 ha sido una cuestin

ampliamente debatida desde hace mucho tiempo, en sentido de la validez formal de este tipo

de Tratados. Reuter seala que se conoce con el nombre de ratificaciones imperfectas en

sentido de la inconstitucionalidad formal que acarrea consigo este tipo de tratados (SUAREZ

1999: 32).

Aunque aceptramos la tesis de los constituyentes, es decir, que existen ciertos Tratados de

mera ejecucin o que no comprometen la soberana del Estado aunque, como veremos

14

Enciclopedia Histrica Documental del Proceso Constituyente Boliviano. Tomo III, Volumen 2. Vicepresidencia del Estado. Pg. 2378. Fecha de consulta: 18/02/14. Link: http://www.vicepresidencia.gob.bo/spip.php?page=publicaciones

110

REVISTA



adelante, los Tratados constitutivos dan origen a entes supranacionales, en cesin recproca de

soberana que hacen todos los Estados firmantes, en mrito a un proceso de integracin mal

podramos aceptar la redaccin de la Ley 401 por un gravsimo error conceptual, al establecer

que los Tratados abreviados lo son en sentido de comprender las materias inherentes a las

competencias exclusivas del rgano Ejecutivo, en alusin a la organizacin autonmica del

Estado Plurinacional.

Nos atrevemos a sostener lo anterior debido a que hay una clara contradiccin no se trata de

una mera antinomia, de acuerdo al concepto de Bobbio respecto al texto constitucional, a la

Ley N 031 marco de autonomas y descentralizacin (en adelante Ley 031) y a la incipiente

jurisprudencia constitucional al respecto15 que adelantan la inconstitucionalidad de dicha

redaccin, en sentido de atribuirle dichas competencias (exclusivas) nicamente al rgano

Ejecutivo. Veamos porqu.

La C.P.E. define las competencias exclusivas como aquellas en las que un nivel de gobierno

tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva,

pudiendo transferir y delegar estas dos ltimas.16 Ello quiere decir que la competencia puede

ser ejercida nicamente por el nivel de Gobierno sea central o autonmico al cual se le

haya asignado la titularidad de la misma. La Ley 031 se refiere, asimismo, a las competencias

exclusivas del nivel central del Estado y/o entidades territoriales autnomas en gran parte de

su articulado.

Aun as, si hubiese alguna posibilidad de confusin en cuanto a la comprensin o sinonimia

que se pretendiere aplicar bajo el entendimiento que las competencias exclusivas del nivel

central del Estado son, en resumen, las exclusivas del rgano Ejecutivo, la STC N 2055/2012

nos aclara que existen tres mbitos de ejercicio competencial: el mbito jurisdiccional (en cual

jurisdiccin de gobierno se aplica); el mbito material (respecto de las materias determinadas,

como ser salud, educacin, por citar solamente algunas) y, el ms importante para este

anlisis, el mbito facultativo, que hace referencia a los rganos ejecutivos y legislativos de los

niveles de Gobierno. En su fundamento II.3.1. reconoce que la C.P.E. establece cinco

facultades mediante las cules ejercern sus atribuciones: facultad legislativa, reglamentaria,

ejecutiva, deliberativa y fiscalizadora. Las facultades deliberativa, fiscalizadora y legislativa son

de titularidad de los rganos deliberativos. En tanto, que las otras dos facultades:

15

Como ejemplo, explicaremos algunos puntos de la STC N 2055/2012. 16

Artculo 297, pargrafo I de la C.P.E.

111

REVISTA



reglamentaria y ejecutiva, son de titularidad de los rganos ejecutivos17 Asimismo, se seala

la complementariedad que, sobre dichas facultades, establece la SCP 1714/2012 de 01 de

octubre.

De acuerdo a lo anterior, mal podra pretenderse atribuir a un solo rgano de un nivel de

gobierno, sea ste central o autonmico, la ejecucin de todas las competencias exclusivas,

puesto que la organizacin del Estado a travs de los rganos del poder pblico continua

fundamentndose en los principios de independencia, separacin, coordinacin y cooperacin,

sin que alguno de ellos pueda rebasar el lmite de sus atribuciones.18

Asimismo, ntese que el artculo 12, al establecer la competencia en la celebracin de los

Tratados, se refiere al nivel central del Estado como titular de la competencia privativa de la

poltica exterior y no as, al rgano Ejecutivo como titular de dicha competencia.

IV. El denominado bloque de constitucionalidad y su relacin con el derecho de los

Tratados.

El bloque de constitucionalidad constituye la integracin de las normas que no solo integran el

texto formal de la Constitucin, sino tambin los Tratados y convenios internacionales en

materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario.

De acuerdo al aporte de Horacio Andaluz, la expresin bloque de constitucionalidad es

francesa. Al respecto, sostiene que se refiere a las normas que se aplican para controlar la

constitucionalidad del derecho ordinario, del mismo modo que la expresin bloque de

legalidad dice de las normas ordinarias que se aplican para controlar la legalidad de los actos

administrativos (ANDALUZ 2009: 30).

De hecho, la expresin surgi en atencin a la interpretacin que hiciere el Consejo

Constitucional sobre la Declaracin de los Derechos del Hombre y el ciudadano de 1789 y el

prembulo constitucional en el que se aluda al compromiso de los franceses de adhesin a los

derechos humanos y normas definidas por la Declaracin. Por tal motivo, el Consejo consider

que dicho prembulo y Declaracin eran normas incorporantes de la misma manera que la

Constitucin que era la nica norma que gozaba de primaca.

17

STC N 2055/2012 18

Al respecto, el artculo 12 de la C.P.E. establece la separacin de los rganos de poder pblico.

112

REVISTA



En el caso de la Constitucin de Bolivia, llama la atencin que, de acuerdo a las publicaciones

que hiciere la Vicepresidencia sobre el proceso constituyente, el texto constitucional aprobado

por la Asamblea Constituyente, en diciembre de 2007, no hubiese contemplado en el artculo

410 al bloque de constitucionalidad. Sin embargo, s se tena prevista la preeminencia en

sentido de otorgarle a los Tratados internacionales sobre Derechos Humanos una primaca en

relacin a la Constitucin, siempre que se cumplan con las condiciones de ratificacin de

dichos tratados y que los derechos y garantas en ellos reconocidos sean ms favorables.

Actualmente, el contenido del artculo 256 tiene parte de esa redaccin. Se rescata que se

hayan ampliado las posibilidades en sentido que Los tratados e instrumentos internacionales

en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera

adherido el Estado, que declaren derechos ms favorables a los contenidos en la Constitucin,

se aplicarn de manera preferente sobre sta entendiendo que la sola adhesin19 tambin le

confiere primaca, en virtud del principio pro homine de dichos Tratados.

A los Tratados de derecho comunitario y su inclusin en la Constitucin me referir en el

siguiente subttulo.

V. Tratados de Derecho comunitario, relaciones internacionales y bloque de

constitucionalidad.

A partir de la creacin de la Comunidad Europea del Carbn y el Acero (CECA) y, ms

propiamente, con los Tratados de Roma, que dieron paso a la Comunidad Europea, se ha

teorizado sobre una rama del derecho autnoma e independiente, cual es el Derecho

Comunitario o tambin denominado Derecho de Integracin.

De acuerdo a Pizzolo, para abordar el Derecho de la Integracin, es necesario reconocer en el

Derecho Internacional la matriz normativa originaria para separar la variante normativa

de la integracin, que no se basa en meros tipos de asociacin y cooperacin, sino que

establece un tipo supranacional (PIAZZOLO 2010: 27 28) que la mayor parte de las

Constituciones permite, para dar cumplimiento a dicho orden.

En Amrica Latina, hemos tenido varios antecedentes de integracin regional y subregional.

Entre ellos contamos con antecedentes ms idealistas o romnticos a la cabeza del Libertador

19 De acuerdo a la Ley 401, artculo 6, debe entenderse por adhesin: acto por el cual el Estado Plurinacional de Bolivia

expresa formalmente en el mbito internacional, su consentimiento en obligarse por un Tratado de cuya negociacin, adopcin, autenticacin y firma no particip.

113

REVISTA



Bolvar20 hasta antecedentes ms concretos y apegados al concepto contemporneo del

mbito integracionista como es la Organizacin de Estados Centroamericanos de 1951

(ODECA) que hacia delante pas a denominarse Sistema de la Integracin Centroamericana

(SICA) la creacin de la Asociacin Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1960

posteriormente sustituida por la Asociacin Latinoamericana de Derecho de Integracin

(ALADI) la firma del Acuerdo de Cartagena en 1969, que posteriormente dara paso a la

Comunidad Andina de Naciones (CAN), la firma del Tratado de Asuncin de 1991, por el cual se

instituye el Mercado Comn del Sur (MERCOSUR) hasta llegar a ejemplos ms recientes

contenidos en procesos de integracin y cooperacin como son la Unin de Naciones

Suramericanas (UNASUR) de 2004, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeos

(CELAC) de 2011, entre otros.

El acervo comunitario andino est compuesto por el conjunto de normas jurdicas

comunitarias, contenidas en tratados constitutivos de la comunidad as como el

Derecho Derivado: Decisiones del CAMRREE y de la Comisin y Resoluciones de la SG, y

por los Convenios de Complementacin Industrial que adopten los PM entre s y en el

marco del proceso de integracin subregional andina.

De acuerdo a lo sostenido por Garrn, la Constitucin abrogada presentaba un dilema en

sentido de que no contemplaba de manera especial los acuerdos asumidos por el pas en

cuanto a integracin se refiere y a la no cesin de soberana prevista necesariamente para la

aplicacin y cumplimiento del derecho originario y derivado de los acuerdos de integracin

(Cfr. GARRN 2004: 28-29). A pesar de ello, hemos sido Estado miembro activo de la CAN,

actualmente lo somos aunque an no con plenos derechos del MERCOSUR, UNASUR, entre

otros que, en la mayor parte de los casos, involucra la cesin de competencias soberanas a

rganos supraestatales que legislarn, ejecutarn e incluso administrarn justicia en dichos

mbitos. Ejemplo de ello son los rganos del Sistema Andino de Integracin (SAI) de la CAN.

El hecho de que la C.P.E. actual hubiese introducido un Captulo dedicado a la Integracin, as

como la inclusin de las normas de Derecho Comunitario en el bloque de constitucionalidad ha

representado un excepcional avance en esta vertiente normativa, al decir de Pizzolo. Sin

embargo, an se nota en el texto constitucional incongruencias referentes a la validez,

procedimiento, principios y la labor de los jueces, a la hora de aplicar lo contenido en los

20

El Congreso de Panam de 22 de junio al 15 de julio de 1826 en el que se suscribi el Tratado de la Unin, Liga y Confederacin.

114

REVISTA



tratados constitutivos comunitarios, as como las normas de derecho derivado. De hecho, hay

que sealar que, sobre este ltimo particular, el TJCAN establece que la jurisdiccin

comunitaria andina est constituida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y por

los tribunales nacionales a los que el ordenamiento jurdico andino les atribuye competencia

para decidir asuntos relacionados a este derecho21

Ahora bien, si hacemos un anlisis sobre la inclusin del mbito comunitario al bloque de

constitucionalidad, empezaremos por sealar, como sostiene Andaluz que la Constitucin de

2009 arrastra la herencia dualista de la Constitucin de 1826 (ANDALUZ 2009: 34) aunque,

segn establece el mismo, la Asamblea Constituyente adopt en determinado momento la

tendencia monista.22 Ello se confirma con Pizzolo que sostiene que en la supranacionalidad

nicamente se permite la procedencia de la teora monista, por exclusin de la dualista (Cfr.

PIZZOLO 2012: 266) sin embargo, ello no ocurre as.

Por tanto, debemos recepcionar los tratados, convenios internacionales, en cualquier materia

con la salvedad de Derechos Humanos que abre la posibilidad de sola adherencia del Estado

a travs de una ley, para que sta recin pueda ser aplicada en cuanto a ordenamiento

jurdico domstico se refiere.

Ahora bien, a pesar de lo anterior, podemos seguir analizando la recepcin de la integracin

por el texto constitucional.

En la Segunda Parte de la C.P.E., referida a la Estructura y organizacin funcional (poltica) del

Estado Plurinacional de Bolivia, encontramos el Ttulo VIII referido a Relaciones

internacionales, fronteras, integracin y reivindicacin martima dividido en 4 captulos:

Cap. Primero: Relaciones internacionales.

Cap. Segundo: Fronteras del Estado.

Cap. Tercero: Integracin.

Cap. Cuarto: Reivindicacin martima.

21

Vase la sentencia del Proceso 1-IP-87 de 15 de febrero de 1988. Consulta prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la Repblica de Colombia, dentro del proceso interno entablado por la sociedad Aktiebolaget VOLVO. 22

De acuerdo a Andaluz, el texto del artculo deca: Las normas de derecho internacional que obligan al Estado integran el derecho nacional. Una vez en vigor segn sus propias disposiciones, los tratados en que Bolivia es parte establecen derechos y deberes de aplicacin directa. La organizacin jurdica del poder. Pg. 34, pi de pgina N 20.

115

REVISTA



De todos ellos, como hemos sostenido, tiene especial importancia el captulo tercero referido

a Integracin como una novedosa incorporacin al texto constitucional. Sin embargo, tambin

es importante conocer algunos aspectos de otros captulos que complementan al tercero.

En el captulo primero, referido a relaciones internacionales, encontramos algunos aspectos

que reflejan el procedimiento, principios, jerarqua y denuncia de los tratados internacionales:

El art. 255: seala que las relaciones internacionales y la consiguiente suscripcin de tratados

deben ser seguir un procedimiento de negociacin, suscripcin y ratificacin siempre que

responda a los fines del Estado en funcin de su SOBERANA (las maysculas son nuestras). Es

decir, se mantiene inclume la soberana externa de Bolivia.

De hecho, el art. 256 confirma la anterior situacin cuando seala los principios en los que

deben basarse los tratados internacionales:

- Independencia e igualdad entre los Estados y no intervencin en los asuntos internos.

- Cooperacin y solidaridad entre los Estados y pueblos (es decir, no cesin de

soberana).

- Seguridad y soberana alimentaria.

Ahora bien, los tratados que cumplan con lo anterior, una vez negociados y suscritos por el

Presidente (en mrito a su atribucin n 5, art. 172 de la C.P.E. de direccin de la poltica

exterior) debern ser ratificados por la Asamblea Legislativa, en mrito a su atribucin n 14,

art. 158. Una vez que sigan este procedimiento, el art. 257 les concede el rango de ley, es

decir, su aplicacin estara en un plano sucesivo, en la pirmide kelseniana del ordenamiento

jurdico boliviano, a la C.P.E., que goza de primaca frente a cualquier otra norma jurdica.

Sin embargo, existe una excepcin a lo anterior: en el caso de los tratados internacionales en

materia de Derechos Humanos., tambin firmados, ratificados o en los que simplemente se

adhiera el Estado y que declaren derechos ms favorables que la C.P.E., el rango que tendrn

stos es de aplicacin preferente a la misma Constitucin.

Pero analicemos esto en contexto con el art. 410 que establece la jerarqua normativa.

El pargrafo II nos seala que la C.P.E. tiene primaca. Asimismo, nos habla de un bloque de

constitucionalidad conformado por los tratados y convenios internacionales en materia de

Derechos Humanos y normas de Derecho Comunitario, ratificados por el pas.

Asimismo, nos seala una jerarqua normativa:

116

REVISTA



- C.P.E.

- Los tratados internacionales.

- Las leyes nacionales, los estatutos autonmicos, las cartas orgnicas y el RESTO de la

legislacin departamental, municipal e indgena.

- Los decretos, reglamentos y dems resoluciones emanadas de los rganos ejecutivos

correspondientes.

De ah que pudisemos sealar que a esta jerarqua corresponden los Tratados que conciernen

a temas que no son de derechos humanos o mbito comunitario, pues los mismos

corresponden al bloque de constitucionalidad.

Ni el captulo segundo, referido a fronteras del Estado, ni el captulo cuarto, referido a

reivindicacin martima, incluyen elementos a considerar en este punto.

El captulo tercero s ofrece la novedad constitucional de tomar en cuenta la Integracin,

contenida en 2 artculos.

Al respecto, el art. 265 enumera algunos principios:

- Relacin justa y equitativa, es decir, corresponde al principio de IGUALDAD.

- Reconocimiento de las asimetras, es decir, corresponde al principio de SOLIDARIDAD,

en especial, al Trato Especial y Diferenciado (TED).

- Integracin a nivel: social, poltico, cultural y econmico.

En especial, se refiere a la integracin latinoamericana y de los pueblos y naciones indgena

originario campesinos.

En el art. 266 se asume que Bolivia tendr representantes en organismos parlamentarios

supraestatales, es decir, verdaderos funcionarios pblicos de los procesos de integracin, los

mismos que deberan ser elegidos mediante el sufragio directo y universal. Se cree que esta

disposicin ha considerado constitucionalmente en mrito a que la normativa comunitaria

andina ya estableca la obligacin de elegir a los representantes de esta forma.23

23

Acuerdo de Cartagena de 1969, integrado con el Protocolo de Sucre, artculo 42.

117

REVISTA



Sin embargo, a fecha presente los representantes bolivianos al Parlamento andino son

designados en la Asamblea Legislativa, siendo que, potencialmente, se elegirn los mismos por

voto democrtico, en las elecciones generales de 2014.

Ahora, la pregunta es: ser un tratado de integracin normado como un tratado

internacional, de acuerdo a lo que vimos anteriormente o, en su caso, se le dar un

tratamiento constitucional diferente?

Al respecto, el art. 257, analizado anteriormente solo en el primer pargrafo, nos seala, en su

pargrafo II que requerirn de aprobacin previa, mediante referendo popular vinculante los

tratados internacionales que impliquen asuntos relativos a cuestiones LIMTROFES (es decir,

que sean una excepcin a lo establecido en el Captulo segundo de este ttulo), INTEGRACIN

monetaria (como una forma avanzada de integracin), INTEGRACIN econmica estructural

(aduanas, por ejemplo), CESIN DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES a organismos

internacionales o SUPRANACIONALES, en el marco de procesos de integracin (las maysculas

son nuestras).

Por su parte, el art. 259 seala que, potestativamente no obligatoriamente la iniciativa

ciudadana que cuente con al menos 5% del padrn electoral o cuando el 35% de los

representantes de la Asamblea Legislativa as lo solicite se podr pedir que un tratado

internacional requiera de aprobacin por referendo popular.

Lo anterior quiere decir que, en el caso de integracin, la C.P.E. s contempla este aspecto y le

atribuye la jerarqua normativa a las normas de derecho comunitario (entindase por normas a

los tratados u otras fuentes jurdicas como son las Decisiones, Resoluciones, ente otras) y, por

otra parte, cumple con uno de los requisitos que el derecho comunitario declara, cual es la

aprobacin de la ciudadana a los tratados constitutivos, en mrito al efecto directo sobre los

habitantes (aunque debamos recurrir al apartado de Relaciones internacionales, seala

claramente que es en procesos de integracin).

Y es un acierto haberlo incluido en la C.P.E. pues ese era justamente el problema que se tena

en la abrogada C.P.E. al no contar con un respaldo constitucional para la aplicacin de la

normativa comunitaria.

118

REVISTA



El problema con el que se enfrenta en la actualidad es que, de persistir la Ley 401 en el

tratamiento de este tipo de Tratados como Formales y otorgarle unos efectos de mbito

internacional clsico, el acierto constitucional se puede ver afectado por el tratamiento que a

los mismos le otorga la ley de celebracin de tratados.

VI. Propuesta de redaccin.

Basada en los artculos:

Artculo 4. (PRINCIPIOS).

Principios de una relacin justa, equitativa y con reconocimiento de las asimetras, las

relaciones de integracin social, poltica, cultural y econmica con los dems estados, naciones

y pueblos del mundo y, en particular, promover la integracin latinoamericana.

Asimismo, se podran aadir otros principios sobre la vasta jurisprudencia que ha establecido

el Tribunal Andino de la CAN, como ser:

- Trato nacional: 24

- Preeminencia o preemtion: En cuanto al efecto de las normas de la integracin sobre las

normas nacionales, sealan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla

interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la

competencia en tal caso corresponde a la comunidad. En otros trminos, la norma interna

resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria.25

- Reciprocidad: Es la correspondencia mutua entre Estados que van a integrarse expresado en

la cesin de soberana.

- Aplicacin inmediata: Este principio, originado en la doctrina europea, alude a la vigencia

automtica de la norma jurdica comunitaria en el ordenamiento interno de los Estados

24

Vase el Dictamen N 06-2006 de 13 de julio de 2006. Reclamo interpuesto por la Repblica de Colombia contra la Repblica del Per por la negacin de Trato Nacional a los proveedores de servicios colombianos. la entidad peruana PROVIAS NACIONAL se negaba a reconocer y otorgar Trato Nacional

24 a los proveedores de servicios colombianos de

la empresa colombiana INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELCTRICOS S.A. (INGETEC S.A).

En el mencionado caso se comprob el incumplimiento por parte de la Repblica del Per, ya que el mismo solicitaba ciertas exigencias a empresas extranjeras para acceder a un proceso de licitacin con lo cual se modifica las condiciones de competencia a favor de las empresas peruanas, vulnerando de esta forma el Trato Nacional que deben ser aplicados a todos los prestadores de servicios de la Subregin, sin que ello se condicione al lugar de domicilio o de la presencia comercial de la persona natural o jurdica en el Pas Miembro en el que se ejecutar la prestacin del servicio.

25 As lo ha establecido el entonces Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso N 2-IP-8 de

25/05/1988, en mrito a la interpretacin prejudicial imperativa solicitada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, sobre requisitos adicionales establecidos en el derecho interno sobre productos farmacuticos, en comparacin al derecho comunitario que estableca determinados requisitos para el registro de una marca, por lo que el derecho interno agravaba o impona medidas de efecto equivalente.

119

REVISTA



miembros, sin necesidad de introduccin, recepcin, transformacin o cualquier formalidad,

ms que la de su publicacin en la Gaceta Oficial de la Comunidad de la que se trate.26

El fundamento de este principio es que, al haber suscrito los Tratados, los Estados partes han

limitado, aunque en mbitos especficos, sus competencias soberanas, dejando que la

Comunidad tenga la facultad de dictar normas jurdicas dentro los lmites de los Tratados.

- Efecto directo: Este principio fue de posterior nacimiento que el anterior. En un principio, se

entenda que los Tratados no constituan derecho interno en los Es miembros que lo

suscriban, es decir, no creaban derechos para los particulares ni entre stos y el Estado.

Por lo tanto, se planteaba la cuestin de averiguar si los particulares podran pretender derivar

sus derechos de los tratados, aspecto que fue as considerado en este principio de efecto

directo, por el cual se seala que la norma comunitaria tiene aptitud de crear derechos y

obligaciones para los habitantes de la Comunidad, tanto en sus interrelaciones particulares

como con los Estados miembros y con los rganos de la Comunidad, dentro el derecho

comunitario.

La diferencia con el principio de aplicacin directa radica en: mientras que el principio de la

aplicacin directa se refiere a la norma como tal, el efecto directo se relaciona con las acciones

que los sujetos beneficiarios pueden ejercer para la debida aplicacin de la norma comunitaria.

En otras palabras que sus efectos `generan derechos y obligaciones para los particulares al

igual que ocurre en las normas de los ordenamientos estatales', permitiendo la posibilidad de

que aquellos puedan exigir directamente su observancia ante sus respectivos tribunales"

(sealado por el TJCAN).27

- Complemento indispensable: Sobre este principio, en Tribunal Comunitario ha expresado que

la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos,

como el principio del complemento indispensable para medir hasta donde pueden llegar las

innovaciones normativas de derecho interno, anotando que slo seran legtimas aquellas

26

Sobre e principio de aplicacin inmediata y efecto directo, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: En conclusin, las normas que conforman el Ordenamiento Jurdico Andino, cualquiera que sea su forma (Tratados, Protocolos Acuerdos, Convenios o Resoluciones) son, por regla, de efecto y aplicacin directa en todos los Pases Miembros desde su publicacin en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo que significa que son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Pases Miembros, los rganos del Acuerdo y los particulares. Proceso 3-AI-96. Sentencia de 24 de marzo de 1997. 27

En el Proceso en el cual abri la competencia del TJCAN, en mrito a una accin de nulidad interpuesta por una persona individual, se record la posibilidad de que las personas naturales o jurdicas puedan tener legitimacin activa, por el efecto directo que causan las normas comunitarias sobre los mismos, siendo suficiente que acrediten un inters legtimo consistente en que stas les sean aplicables y les causen perjuicio en los trminos del artculo 19 de su Tratado de creacin, tal como han sido interpretados por la presente sentencia.

120

REVISTA



complementarias que resulten ser estrictamente necesarias para la ejecucin de la norma

comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicacin y que de ningn modo la entraben o

desvirten advirti la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento

jurdico comunitario, debiendo quedar substrados de la competencia legislativa interna los

asuntos regulados por la legislacin comunitaria. De esta manera, la norma interna que sea

contraria a la norma comunitaria, que de algn modo la contradiga o que resulte

irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejar de aplicarse

automticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista28

Artculo 5. (FUENTES PARA LA CELEBRACIN E INTERPRETACIN DE LOS TRATADOS).

I. El Estado Plurinacional de Bolivia, en la Celebracin e Interpretacin de los Tratados,

observar:

a. Constitucin Poltica del Estado.

b. Tratados Internacionales vigentes.

c. Decisiones Judiciales.

NOTA: en relacin al punto c) no se especifica a cules decisiones judiciales corresponde,

pudiendo ser nacional e incluso comunitaria.

II. Cuando se presente un vaco en la presente Ley, tendrn carcter supletorio los

principios generales del Derecho y otras fuentes del Derecho Internacional

Se aconseja aadir a ste ltimo pargrafo: y de derecho de integracin

Artculo 7. (TRATADOS FORMALES). Se define como Tratado Formal aquel instrumento

jurdico internacional que requiere ratificacin por el rgano Legislativo.

Se sugiere la supresin de la palabra formal por internacional en concordancia con los

artculos 255, 256 y 257 de la C.P.E.

Artculo 8. (MATERIAS). Podrn celebrarse Tratados Formales (Internacionales) en las

siguientes materias:

28

Al respecto, vase el Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA.

121

REVISTA



a. Derecho comunitario;

b. Derechos humanos;

c. Cuestiones limtrofes;

d. Integracin monetaria;

e. Integracin econmica estructural;

f. Cesin de competencias institucionales a organismos internacionales o

supranacionales, en el marco de los procesos de integracin;

g. Acuerdos de carcter econmico comercial; y

h. Otras materias conforme a la Constitucin Poltica del Estado y normativa vigente

aplicable.

NOTA: Por una cuestin de orden y a fines de citar los incisos que preceden, se aconseja

invertir los incisos: a) referido a Derechos Humanos y en el inciso b) el Derecho Comunitario.

Artculo 9. (PROCEDIMIENTO PARA LA CELEBRACIN DE TRATADOS FORMALES).

I. La Celebracin de Tratados ante el rgano Ejecutivo implica las fases de negociacin,

adopcin, autenticacin del texto, firma y reserva.

II. Dicho procedimiento contina ante el rgano Legislativo y comprende la ratificacin

del Tratado, y en general debe responder a los fines del Estado en funcin de la

soberana y de los intereses del pueblo y la sociedad.

En el pargrafo II debera aadirse al final as como a los acuerdos que, en materia de

integracin, se hubiesen asumido antes de la vigencia de la C.P.E. y durante la

vigencia de la misma

Aadir un pargrafo III:

III. De acuerdo a lo establecido en el artculo 257, pargrafo II, los tratados

internacionales cuyo contenido sea el sealado en los incisos a) al f) requerirn de

122

REVISTA



aprobacin mediante referendo popular vinculante, previo a la ratificacin, de

acuerdo al procedimiento y condiciones del Captulo III, Ttulo III.

Artculo 10. (TRATADOS ABREVIADOS). Aquellos Tratados que versan sobre las competencias

exclusivas del rgano Ejecutivo y que por su materia no requieren su ratificacin por el rgano

Legislativo, cobran vigor a su sola firma.

NOTA: Este artculo debera ser derogado en base a los argumentos que, sobre ratificaciones

imperfectas, le puedan quitar validez; asimismo, porque no puede hacerse referencia a las

competencias exclusivas del rgano ejecutivo, siendo que las mismas recaen en el nivel de

gobierno, con expresa separacin de los rganos de poder que tienen a su cargo determinadas

atribuciones.

A su vez, la recomendacin anterior conllevara la derogacin de los artculos que hagan

referencia a este tipo de tratados o a la falta de ratificacin de la Asamblea Legislativa, por la

materia del mismo (por ejemplo, el inciso d) del pargrafo I del artculo 31).

Artculo 25. (INTEGRACIN). En la negociacin y suscripcin de Tratados relativos a

integracin y de las normas derivadas del Derecho Comunitario, deber observarse las

disposiciones y principios establecidos por la Constitucin Poltica del Estado. Los

representantes del Estado Plurinacional de Bolivia ante Organismos Parlamentarios

Supraestatales emergentes de los procesos de integracin, se elegirn mediante sufragio

universal, debiendo cumplir los requisitos dispuestos en el Tratado respectivo y/o los

determinados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Consideramos que la redaccin es correcta, debiendo aadirse siguiendo el planteamiento

sugerido de incorporar principios propios de integracin y los principios establecidos en la

presente Ley seguido de Constitucin Poltica del Estado.

Artculo 46. (DENUNCIA DE LOS TRATADOS APROBADOS POR REFERENDO).

I. Los Tratados aprobados por referendo debern someterse a un nuevo referendo, en

el caso de pretenderse su denuncia por iniciativa de la Presidenta o Presidente del

Estado.

II. El trmite respectivo ser de referendo nacional por iniciativa presidencial.

123

REVISTA



III. Si la denuncia del Tratado Internacional fuera aprobado por referendo, se remitir a la

Asamblea Legislativa Plurinacional para su ratificacin mediante Ley, para formar parte del

ordenamiento jurdico interno con tal rango.

NOTA: Se aconseja mantener la redaccin del artculo 260 de la C.P.E. De igual manera, es

importante manejar el mismo criterio en el artculo 69 debido a que, si bien ste contiene

parte de lo establecido en el artculo 260, no se hace referencia alguna a las normas y

principios del derecho internacional convencional o consuetudinario, siendo que el inciso c)

tampoco tiene coherencia.

FUENTES:

Bibliogrficas

1. Pizzolo, C. (2010). Derecho e integracin regional. Ediar. Buenos Aires, Argentina. 1

edicin.

2. Garrn Bozo, R.J. (2004). Derecho comunitario. Producciones Cima. La Paz, Bolivia.

3. Surez, E. (1999). Introduccin al derecho de los tratados de Paul Reuter. Universidad

Nacional Autnoma de Mxico. Distrito Federal, Mxico. 1 edicin en espaol.

Electrnicas

1. Enciclopedia Histrica (5 Tomos) del proceso constituyente de Bolivia. Vicepresidencia

del Estado Plurinacional de Bolivia:

http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/tomoiv.pdf

2. Gaceta oficial de Bolivia: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo

3. Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia: www.tribunalconstitucional.gob.bo/

4. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca/index.php

Legislacin

1. Constitucin Poltica del Estado Plurinacional de Bolivia. Publicacin de 09 de febrero

de 2009. Gaceta Oficial NCPE de la misma fecha.

2. Ley N 401, de celebracin de tratados. Gaceta oficial de Bolivia. Fecha de publicacin:

18 de septiembre de 2013.

3. Ley N 031, de descentralizacin y autonomas. Gaceta Oficial de Bolivia. Fecha de

publicacin: 19 de julio de 2010.

***

124

REVISTA



NUEVA LEY DE CELEBRACION DE TRATADOS EN BOLIVIA Y SU REPERCUSION EN LA

SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN EL CONTEXTO DEL DERECHO INTERNACIONAL.

LL.M. Sergio Gonzalo

Guzmn R. *

El ya pasado 2013, en el Estado Plurinacional de Bolivia se constituye una nueva Ley que se

ajusta a la Celebracin de tratados internacionales1, por su gran repercusin y envergadura

jurdica es menester el poder desarrollar un anlisis profundo sobre lo referido. La

Constitucin Poltica del Estado Plurinacional de Bolivia en su apartado referente a la

relaciones internacionales particularmente en el Art 2592, expresa ntidamente un tinte

democrtico para el procedimiento de la celebracin y suscripcin de un Tratado

Internacional, ya que el Poder legislativo goza de facultad plena para ratificar o rechazar el

ingreso de un nuevo Tratado Internacional, sin embargo me es muy preocupante lo que se

concretiza en el los artculos 10 y 11 de la nueva Ley de Celebracin de Tratados, donde

se resea la comparecencia de los Tratados abreviados y su procedimiento3, que como

bien se seala que estos no necesitan la ratificacin del poder legislativo y con tan solo la

firma del ejecutivo entran en vigor. A todo ello me pregunto, donde queda la prelacin

constitucional jurdica interna, no hay una notoria discordancia con lo que pregona la

Constitucin Poltica del Estado en su articulado ya mencionado, donde queda el

acatamiento y respeto para la Asamblea legislativa Plurinacional, Asamblea que en su

identidad representativa traduce activamente el fin y consumacin de la democracia. No es

racional para un Estado que se llame ser democrtico que un Tratado Internacional no

necesite ratificacin ante el poder legislativo, sea cual fuese el tema pactado

internacionalmente. Aparte de todo ello y ms an devienen todo tipo de dudas en materia

congruente al Derecho Internacional que a criterio personal resultaran desfavorables

para el Pas. Como bien conocemos la Convencin de Viena de 1969 sobre derecho de los

Tratados, en uno de sus acpites, hace alusin sobre el Pacta Sunt Servanda4 figura que en

su concepcin clsica; entiende que las partes una vez acordado un Tratado Internacional

deben poseer necesaria fidelidad a sus promesas, consecuencia de la exigencia de la actitud

honrada, leal, limpia, recta, justa, sincera e integra5. Dentro una observancia reflexiva

de insondable contenido tcnico jurdico, la nocin precedente llegara a ser adversa para

* Abogado, Maestra en Derecho Internacional, Comercio, Inversiones y Arbitraje (Universidad de Chile y Universidad de Heidelberg Alemania) 1 Ley de 18 de Septiembre del 2013, N 401. Estado Plurinacional de Bolivia.

2 Art. 259 Constitucin Poltica del Estado del Estado Plurinacional de Bolivia; Cualquier tratado internacional

requerir de aprobacin mediante referendo popular cuando as lo solicite el cinco por ciento de los ciudadanos registrados en el padrn electoral, o el treinta y cinco por ciento de los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estas iniciativas podrn utilizarse tambin para solicitar al rgano Ejecutivo la suscripcin de un tratado. 3 A pesar que el Derecho Internacional Pblico no exige que los tratados mantengan una uniformidad en cuanto a su

procedimiento de celebracin. De ah que hay dos procedimientos reconocidos; El procedimiento simplificado o abreviado cual omite la fase de ratificacin o el otro procedimiento que es el clsico cual contempla todas las etapas clsicas que estn contempladas en la Convencin de Viena de 1969. 4 Observancia de los Tratados Pacta sunt Servanda; Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplida por

ellas de buena fe. Convencin de Viena de 1969. Adicionalmente a ello, - Pacta sunt servanda Max Planck Encyclopedia of public International Law . 5 PICOD, Y., Le devoir de loyaut dans l excution du contrat, librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, Paris

198.

125

REVISTA



un Estado que disponga en el uso de sus normas a los Tratados abreviados, resulte que

suscite una desavenencia futura con otro Pas sea cual fuese el tema, y que el mismo sea

encaminado a un Tribunal de Justicia que en razn docta y validando la jurisprudencia como

fuente del Derecho Internacional, ste ltimo aplique la figura del Pacta sunt Servanda a

efectos de emitir un fallo, a tal efecto, interpreto que no ser mejor, que la ratificacin de

los tratados internacionales transiten necesariamente por el poder legislativo con el debido

cuidado de velar en forma precavida el desenvolvimiento de un Estado respecto a las

relaciones internacionales6, y que lo sensato sea ms bien una actividad internacional

consensuada por aprobacin democrtica. Permtaseme manifestar una nocin personal,

un Estado que faculte un poder extralimitado al ejecutivo tiende a generar una moldura

lejana a la democracia y en este caso considerando adems que las tendencias

internacionales son variables, resultara muy perjudicial para un Pas aferrarse a Tratados

Internacionales que hayan sido suscritos por la plenipotenciaria funcin del ejecutivo sin

velar por una consulta a los representantes del pueblo que se concentran en el

Congreso Nacional. Aparte de lo ya aludido, en virtud a nuestro prolegmeno y tema

de estudio, asiento concatenacin para citar un marco ceido en jurisprudencia

internacional, por ello exteriorizo un caso que merece altamente nuestra atencin a

efectos de disociar el Derecho Constitucional con el Derecho Internacional; cuando Qatar

y Bahrein decidieron someter sus diferencias ante la Corte Internacional de Justica por

delimitacin territorial y martima7, se ha podido identificar claramente en la lectura de los

sucesos, que el Estado de Qatar he argumentado el rechazo a las notas suscritas de 1990

indicando de que no tenan ninguna repercusin jurdica internacional ya que internamente,

mencionadas notas no habran sido de conocimiento y no habran ido por el curso normal

del proceso constitucional interno del Pas, y que su Parlamento no habra aprobado

ninguna suscripcin internacional, en ese entendido la Corte Internacional de Justicia se

pronuncia por una resolucin sustentada doctrinalmente mediante antinomia jurdica8 y por

6 Aunque el Derecho en su esfera ms amplia conlleva a; La buena fe es un principio que demuestra su

importancia prctica cuando no se encuentra una norma concreta, cuando hay un conflicto de derechos o cuando est en juego conceptos contradictorios como por ejemplo el Pacta Sunt Servanda contra el Rebus Sic Stantibus. Mientras que el primero pacta sunt servanda- hace una clara mencin que los pactos deben cumplirse, el segundo principio rebus sic stantibus-, para el Derecho Internacional significa mientras las cosas sigan as. En otras palabras, dicho principio se encuentra regulado por la Convencin de Viena de 1969 en su artculo 62 que, segn l, si se produjera un cambio fundamental en las circunstancias preponderantes en el momento de la celebracin del Tratado y ese cambio conlleva a un cambio radical de las obligaciones que en virtud del trata do todava quedan por cumplir, la parte perjudicada puede alegar el cambio para desvincularse del tratado o suspenderlo. Del mismo modo, la Corte Internacional de Justicia considera que el artculo 62 de la Convencin de Viena representa un Derecho Consuetudinario, es decir que este artculo de la Convencin tambin tiene vigor para los Estados no partes de la Convencin de Viena de 1969. 7 Vnculo sitio Web, lase caso en; http://www.cacheirofrias.com.ar/caso_qatar_c__barheim.htm

8 La antinomia es la situacin en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurdico, que concurren en el mbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen consecuencias jurdicas incompatibles entre s a cierto supuesto fctico, y esto impide su aplicacin simultnea. Antes de declarar la existencia de una colisin normativa, el juzgador debe recurrir a la interpretacin jurdica, con el propsito de evitarla o disolverla, pero si no se ve factibilidad de solucionar la cuestin de ese modo, los mtodos o criterios tradicionales de solucin de antinomias mediante la permanencia de una de ellas y la desaplicacin de la otra, son tres: 1. criterio jerrquico (lex superior derogat legi inferiori), ante la colisin de normas provenientes de fuentes ordenadas de manera vertical o dispuestas en grados diversos en la jerarqua de las fuentes, la norma jerrquicamente inferior tiene la calidad de subordinada y, por tanto, debe ceder en los casos en que se oponga a la ley subordinante; 2. Criterio cronolgico (lex posterior derogat legi priori), en caso de conflicto entre normas provenientes de fuentes jerrquicamente equiparadas, es decir, dispuestas sobre el mismo plano, la norma creada con anterioridad en el tiempo debe considerarse abrogada tcitamente, y por tanto, ceder ante la nueva; y, 3. Criterio de especialidad (lex specialis derogat legi generali), ante dos normas incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional), prevalece la segunda, el criterio se sustenta en que la ley especial substrae una parte de la materia regida por la de mayor amplitud, para someterla a una reglamentacin diversa (contraria o contradictoria). En la poca contempornea,

126

REVISTA



opinio juris9, emitiendo su posicin que tan solo basta que se haya suscrito de manera

regular y con aquiescencia las notas diplomticas, estas automticamente propagaran

efectos jurdicos y por lo tanto no se puede dejar de lado su cumplimento10. A un

modesto juicio personal toda actuacin internacional y ms an la suscripcin de un

Tratado Internacional que por su contenido demarcar propsitos nutritivos para el

beneficio del Pas, imprescindiblemente debera pasar por curso regular, a

conocimiento del Congreso Nacional de la Repblica, para que ste ltimo vea por

conveniente el ratificarlo o en su defecto rechazarlo. Retomando el caso sucinto referido,

tal cual se pudo advertir, que la no regulacin de la actuacin unilateral del poder ejecutivo

en asuntos de repercusin internacional, en la mayora de los casos traer consigo

contratiempos para el Estado, que por sus contenidos complejos no resultan asequibles en

resolver, aparte de concebir un poder ejecutivo con potestad absorbente y arbitraria. A

tal efecto y de manera irrefutable, la esfera internacional decanta consigo figuras

enrevesadas, tal es as la figura del Ius cogens que contempla la Convencin de Viena sobre

derecho de los tratados en su Art. 5311, las normas del Ius cogens no pueden ser derogadas,

salvo por otra del mismo rango. Cualquier tratado internacional contrario a una norma de

Ius cogens es nulo, adems rige los principios del Derecho Comunitario europeo y centro

americano, ya que constituye una norma imperativa inderogable vlida universalmente, que

no admite acuerdo en contrario y que tiende medularmente a proteger los ms sagrados

derechos y las libertades fundamentales del ser humano convirtindose en valladar contra la

arbitrariedad. Ante doctrinas legales tan contundentes en su aplicacin, no es imperioso

que la suscripcin de los tratados internacionales pasen por el curso regular, a efectos de

que el Congreso sea quin ratifique los mismos con todos los recaudos de rigor, incluso con

las comisiones congresales encargadas de las diferentes materias tcnicas en ste caso

comisin de relaciones internacionales - , con la premisa de administrar un vnculo

responsable ante la comunidad internacional, bajo el resguardo, de que todas las

obligaciones internacionales tienen carcter erga omnes12. Por lo expuesto y en

concordancia a lo estipulado en el presente ensayo, resulta juicioso el resear, que el

mismo no est sustentado con matices polticos sino al contrario posee un respaldo

vlidamente jurdico en estudios de Derecho Internacional.

la doctrina, la ley y la jurisprudencia han incrementado la lista con otros tres criterios. Antinomias o conflicto de leyes, criterios de solucin Leonel Castillo Gonzales. 9 Los actos en cuestin no solamente deben constituir una prctica establecida, sino que tambin deben tener tal

carcter, o realizarse de tal forma, que demuestren la creencia que dicha prctica se estima obligatoria en virtud de una norma jurdica que la prescriba; Barberis J.L. Reflexions sur la coutume international 1980. Pp. 9 46 el Nuevo alcance de la opinion Juris en el derecho internacional contemporneo, Valencia 1991. Revista. Y es as que la Opinio Juris es la conviccin de algo que es jurdicamente obligatorio y es justamente esa conviccin la que transforma a una prctica habitual hecha costumbre en fuente del derecho internacional pblico. 10

Vnculo sitio Web, lase caso en; http://www.cacheirofrias.com.ar/caso_qatar_c__barheim.htm 11

Jus Cogens; Art 54 Convencin de Viene sobre Derecho de los Tratados; conjunto de normas imperativas de derecho internacional general, establecidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto. 12

Las obligaciones erga omnes incorporan valores esenciales para la comunidad internacional, por lo que no es relevante nicamente el tamao o amplitud del grupo de sujetos internacionales frente al que se asume el compromiso en cuestin, sino el contenido material de dicho compromiso. Erga omnes o respecto de todos; se aplica para calificar aquellos derechos cuyos efectos se producen con relacin a todos. RAGAZZI, Mauricio. The concept of international obligations Erga omnes. Oxford: Claredon press. 1997, p. 58 y ss.

127

REVISTA



BIBLIOGRAFIA

BARBERIS J.L. Reflexions sur la coutume international 1980.

CARRILLO SALCEDO, J.A. Soberana del Estado y Derecho Internacional. Madrid:

1976.

CASADO RAIGON, Rafael. Notas sobre el Ius Cogens Internacional. Crdoba:

1991

E. SUY. Sur la dfinition du Droit des Gens, en R.G.D.I., octubre-diciembre

1960.

FERRERO REBAGLIATI, Ral. Derecho Internacional. Tercer Mundo Temas de

Derecho

Internacional. Lima: 1989.

JIMENEZ DE ARRECHAGA, Eduardo. Derecho Internacional Contemporneo.

Madrid:

tecnos. 1980.

MAURTUA DE ROMAA, Oscar. Pacta Sunt Servanda y la Solucin de

controversias. Rev.

ADP. N 37. Julio-setiembre. Lima: 1994.

O CONNER. La buena fe en el Derecho Internacional. Comentario por GABE

SHAWN

VARGES en la Revista Norteamrica de Derecho Internacional. Vol. 86, 1992.

PASTOR RIDRUEJO, Jos Antonio. Curso de Derecho Internacional

Pblico y

Organizaciones Internacionales. 8va Ed. Madrid: Tecnos, 2001.

RAGAZZI MAURICIO, The concept of International obligations Erga omnes. Oxford

TRUYOL Y SERRA, Antonio. La Sociedad Internacional. Ed. Alianza Editorial.

Madrid:

2008.

128

REVISTA



YASEEN, Mustaf. Anuario de la Comisin de Derecho Internacional. Vol. I.

WIELAND ALZAMORA, Hubert. Manual del Diplomtico. Fondo de Cultura

Econmica.

Academia Diplomtica del Per. Lima: 1999.

PASTOR RIDRUEJO, Jos Antonio. Curso de Derecho Internacional

Pblico y Organizaciones Internacionales. 8va Ed. Madrid: Tecnos, 2001. Cap. I.

***

129

REVISTA



LA INTERPRETACIN DE UNA LEY NACIONAL SOBRE LOS CASOS DE NULIDAD DE LOS

TRATADOS PUEDEN ESTAR POR ENCIMA DE NORMA DE DERECHO CONSUETUDINARIO

INTERNACIONAL?

Marianela Salazar*

El presente ensayo aborda la interpretacin que la Convencin otorga a los casos de invalides

en un tratado haciendo una comparacin con la ley 401, en sus artculos 59, 60 y 61 sealando

la posible antisonancia que estos artculos significaran con el Derecho Internacional

Consuetudinario.

La ley 401 establece interpretaciones de principios de derecho Internacional, y algunos de los

procedimientos y distinciones (tratados Generales y Abreviados) para la entrada en vigor de

los tratados internacional. Asimismo, seala los parmetros por los cuales la valides de los

tratados se veran afectados por la competencia de los representantes del Estado Art 59,

restricciones especficas de los plenos poderes para manifestar el consentimiento del Estado

Art. 60 y error, dolo, coercin y corrupcin de los representantes como vicios de

consentimiento Art. 61, concluyendo con la terminacin, retiro o suspensin de la aplicacin

de un tratado, estos tres artculos son la interpretacin unilateral de los artculos 46 y

siguientes referidos a la nulidad de la Convencin de Viena del 69 sobre el Derecho de los

Tratados, firmado por Bolivia.

Ahora bien, el artculo 46 de la Convencin de Viena sobre Derecho de los Tratados CVDT,

establece los parmetros sobre la valides de un tratado y los casos de nulidad del mismo, la

Comisin de Derecho Internacional responsable de su redaccin el 21 mayo 19681 estableci

que en los casos de invalides de un tratado, la consideracin de las derecho interno de cada

Estado son imprescindibles, ya que, con la firma, ratificacin, adhesin y otras formas de

expresin de voluntad un Estado, asume las obligaciones de un tratado en su propio

ordenamiento2, siendo los Estados quienes determinen los rganos y procedimientos

mediantes los cuales se celebre un tratado.

Segn la Comisin, en la estructuracin del artculo 46 sobre la competencia de los

representantes del Estado de la CVDT, las leyes internas que limitan el poder de los rganos de

los Estados para celebrar tratados se consideran parte del derecho internacional a fin de

evitar, o al menos hacer anulable, el consentimiento a un determinado tratado en el plano

internacional, que haga caso omiso a las limitaciones constitucionales; el agente que pretenda

vincular al Estado que representa en violacin de su constitucin ser totalmente

incompetente para expresar el consentimiento del Estado al tratado en el plano internacional,

as como para la legislacin nacional. Sin embargo esta visin fue duramente criticada ya que

sta dara paso a que otros Estados no podran confiar en el compromiso de un Estado

supuestamente representado por un Jefe de Estado, Primer Ministro, Ministro de Relaciones

Exteriores, etc, en virtud del artculo 63, sino que tendra que asegurarse en cada caso, que, las

* Abogada, Secretaria General del Instituto de Estudios Internacionales

1 United Nations Conference On The Law Of Treaties, First and second sessions Vienna, 26 March-24 May 1968 and 9

April-22 May 1969, OFFICIAL RECORDS. Pg. 60. A/CONF.39/1 l/Add.2 2 Yearbook of the International Law Commission, 1951, vol. II, p. 73. Assumption Of Treaty Obligations; Article 2: A

treaty becomes binding in relation to a State by signature, ratification, accession or any other means of expressing the will of the State, in accordance with its constitutional law and practice through an organ competent for that purpose. Disponible en: http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes%28e%29/ILC_1951_v2_e.pdf (21/02/2014) 3 Art. 6 Capacidad de los Estados para celebrar tratados. Todo estado tiene capacidad para celebrar tratados.

130

REVISTA



disposiciones de la Constitucin de cada Estado no se infrinjan o, correr el riesgo de encontrar

posteriormente nulo el tratado. Durante el debate sobre estos lmites constitucionales y su

incorporacin dentro del derecho internacional, el entonces Secretario General Adjunto de

Asuntos Jurdicos expres dudas en cuanto a las dificultades con la que se podra enfrentar al

momento del depsito de los tratados, en la discusin de este apartado se concluy que la

decisin de la Comisin sobre la consideracin del derecho interno de cada estado se basaba

poco en principios jurdicos y ms en la creencia de que los Estados no aceptaran ninguna otra

regla.

Por otro lado se reconoci que la incorporacin de limitaciones constitucionales4 al derecho

internacional como doctrina amerita alguna calificacin que procure no menoscabar la

seguridad de los tratados. Segn esta doctrina, el principio de buena fe exige que slo deben

tenerse en cuenta las limitaciones constitucionales notorias con los que otros Estados puedan

razonablemente familiarizarse. Desde esta perspectiva, un Estado puede impugnar la validez

de un tratado sobre bases constitucionales invocando nicamente las disposiciones

constitucionales notorias. Aunque estas puedan ser difciles de identificar en casos de

impugnacin, ya que la celebracin de un tratado pueda caer dentro de una limitacin interna.

De acuerdo con este punto de vista, el derecho internacional determina los procedimientos y

condiciones bajo los que los Estados expresen su consentimiento a los tratados en el plano

internacional, y tambin regula las condiciones en que las diversas categoras de los rganos y

agentes estatales sern reconocidos como competentes para realizar tales procedimientos en

nombre de su Estado5. Sin embargo, el incumplimiento de los requisitos internos pueden

implicar la nulidad del tratado en el derecho interno, y tambin pueden hacer que el agente

responsable de las consecuencias legales en la jurisdiccin interna, pero no afectar a la

validez del tratado en el derecho internacional, siempre como el agente actu dentro del

mbito de su autoridad de conformidad con el derecho internacional.

La Comisin resalto que las decisiones de tribunales internacionales y las practicas estatales,

no son conclusivas, pero, aparentan tender a considerar que el derecho internacional deja a

cada Estado la determinacin de los rganos y los procedimientos mediante los cuales se

forme la voluntad de celebrar tratados, y es en s mismo refiere exclusivamente a las

manifestaciones externas de esta voluntad en el plano internacional.

Las interpretaciones internas sobre la celebracin de tratados en los casos de Mxico y Espaa

son dos ejemplos sobre la interpretacin de valides en los tratados internacionales, los cuales

dejan que el derecho Internacional determine cuando el tratado es vlido o no.

En este sentido, la ley interna sobre la celebracin de tratados de Mxico en este sentido,

limita su alcance a especificar el procedimiento enmienda, denuncia y suspensin de los

tratados, sealando que la valides de los mismos estn regidos por las normas de Derecho

Internacional, dejando que esta esfera se ocupe de determinar la validez de los mismos.

4 La comisin manifest que la entrada en vigor de un tratado est sujeto a diversas formas de limitaciones

constitucionales, algunas constituciones tratan de impedir que el rgano ejecutivo intervenga en la celebracin de tratados, o cierto tipo de tratados, salvo con el consentimiento del rgano legislativo; otros

Practica del Derecho

Documents

Transcript of Practica del Derecho