Posicionamiento esf sa def-castellano

Propuesta de posicionamento en soberanía alimentaria

PROPUESTA DE POSICIONAMIENTO EN SOBERANÍA ALIMENTARIA DE

ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS GALICIA

La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea

General de las Naciones Unidas de 1948 reconoce el derecho de todas las personas

a contar con comida suficiente y de calidad. Sin embargo, cada año aumenta el

número de personas que sufren hambre en el mundo, y la mayoría de la humanidad ve

negado su derecho básico a una alimentación suficiente y adecuada. Esta situación

no tiene que ver con la falta de producción, sino con los problemas de acceso a los

alimentos, los cuales son consecuencia de las desigualdades, la injusticia, la

mercantilización de los recursos naturales y la alimentación, y la expansión de la

agricultura industrial y sus monocultivos.

En este marco, nace el concepto de soberanía alimentaria que, de acuerdo

con la definición que surgió a partir del Foro de Nyéléni (Malí) en 2007, es el derecho

de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles,

producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio

sistema alimentario y productivo.

Este concepto nace en el seno de los movimientos sociales, y no propone

únicamente medidas técnicas o económicas para garantizar el acceso a los alimentos,

sino que considera cuestiones políticas, ecológicas, sociales y culturales, y entiende

que es necesaria una transformación del sistema capitalista neoliberal actual que

establece un modelo de desarrollo basado en reglas injustas e insostenibles. Esta

transformación debe tener como principales actores a los agricultores y agricultoras,

poblaciones indígenas y movimientos campesinos.

Los objetivos de la soberanía alimentaria son válidos tanto en países del Sur,

donde el modelo del monocultivo extensivo para la exportación es el imperante, como

en los del Norte, donde las ayudas provenientes de las políticas agrarias favorecen el

dumping y el mundo rural está desapareciendo a una velocidad aterradora.

Consideramos la Soberanía Alimentaria una propuesta integral y completa de

transformación del modelo agroalimentario actual. Creemos que tiene en cuenta y

valora todos los actores que intervienen desde un punto de vista respetuoso con

criterios ecológicos, sociales y culturales. Por estos motivos consideramos la

Seguridad Alimentaria y el Derecho a la Alimentación términos incompletos y que

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ignoran elementos clave que condicionan fuertemente la producción de alimentos y el

control sobre la misma.

Por tanto, para lograr la Soberanía Alimentaria, desde ESF defendemos:

• Modelo agroecológico frente al modelo agroindustrial:

El proceso de industrialización que ha sufrido la agricultura en las últimas

décadas no sólo no ha contribuido a disminuir el hambre ni a mejorar el acceso a

alimentos suficientes y adecuados de la población mundial, sino que supone una

seria amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos. El modelo agroindustrial

aumenta las desigualdades sociales, concentra la mayor parte de los beneficios

económicos en manos de empresas multinacionales y grandes productores, dificulta el

acceso a la tierra, agua y biodiversidad de las poblaciones campesinas e indígenas y

promueve la desaparición de la agricultura familiar

La línea tecnológica que dio lugar al modelo productivo agroindustrial, y fue

desarrollada únicamente por las grandes posibilidades de conseguir beneficios para

las industrias y las empresas suministradoras de los insumos agrícolas, impone un

modelo homogéneo que no tiene en cuenta las condiciones ambientales, contexto

cultural y necesidades específicas de las poblaciones campesinas e indígenas.

La expansión de la agricultura industrial erosiona la diversidad cultural,

agrícola y biológica del planeta sustituyendo los agrosistemas diversos por

monocultivos de exportación, y arrasando selvas, bosques y sabanas poco aptas para

la agricultura para expandir la frontera del agronegocio.

Por tanto, el modelo de producción alimentaria industrial (basado en un uso

intensivo de insumos como agroquímicos u otros productos químicos de síntesis en

acuicultura y maquinaria pesada, monocultivo, utilización irresponsable de semillas

híbridas y transgénicas, agua, etc.) tiene consecuencias ambientales y sociales

devastadoras: impactan negativamente sobre el medio ambiente mediante la

liberación indiscriminada de tóxicos y transgénicos, la deforestación, la erosión y

agotamiento de los suelos, el empobrecimiento de la agrobiodiversidad, la

sobreexplotación de los recursos y la dependencia de combustibles fósiles y productos

químicos de síntesis u otros insumos para asegurar la productividad (que reducen la

autonomía de las personas productoras), siendo un factor determinante en el cambio

climático; juega con la salud de todos/as los/as consumidores/as y productores/as, y

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niega nuestro derecho a consumir y producir alimentos saludables, nutritivos y

culturalmente adecuados en unas condiciones laborales justas y dignas y sin

discriminaciones (en particular la de género).

Desde ESF Galicia defendemos el modelo agroecológico y otras formas de

producción alimentaria sostenible como reacción crítica frente al modelo de

producción alimentaria industrial y sus múltiples impactos. Los espacios

productivos de producción alimentaria básica deben ser entendidos como

ecosistemas que integran un conjunto diverso de elementos ecológicos y

humanos, y la búsqueda de la productividad debe hacerse a través de la

capitalización de los procesos biológicos y naturales, más que de las

innovaciones químicas o de la ingeniería genética. Creemos que es necesario un

cambio del actual modelo de producción alimentaria, hacia uno basada en los

principios de la agroecología, pesca artesanal sostenible y otros modelos de

producción alimentaria sostenible, que parta del respeto y del equilibrio con las

condiciones naturales, la cultura local y los saberes tradicionales, y sobre todo

que garantice la soberanía alimentaria tanto para las poblaciones presentes como

para las generaciones futuras.

Apostamos por el uso de tecnologías con un enfoque de desarrollo

humano y apropiadas para cada contexto, distintas en cada caso y heterogéneas.

Además, la difusión de técnicas y prácticas debe contar con la participación de

los/as producetores/as, que las probarán, evaluarán y adaptarán por sí mismos.

• Mercados locales frente a un mercado global y un modelo exportador

de alimentos:

El modelo de industria alimentaria, integrado en el sistema capitalista

neoliberal, considera los alimentos como una mercancía sujeta a las normas del

libre mercado. En esta dinámica, los países del Norte, una vez más, parten de una

situación ventajosa frente a los países del Sur ya que, no sólo tienen más recursos

económicos para apoyar su producción alimentaria con políticas que cuentan con

presupuestos millonarios y permiten prácticas como el dumping, sino que también son

beneficiados por las políticas económicas impuestas por el Fondo Monetario

Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y

amparados por los Tratados de Libre Comercio. Así mismo, las grandes empresas

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transnacionales también se benefician de este sistema influyendo en la formulación

de estas políticas según sus intereses económicos, al igual que se benefician

empresas y entidades financieras mediante la especulación con el precio de los

alimentos.

En gran parte gracias a estas políticas neoliberales y de ajuste estructural

impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a los países

del Sur, durante las últimas dos décadas ha tenido lugar en estos países una

impresionante expansión de los monocultivos orientados a la exportación, que han

sustituido sistemas agrarios diversos dirigidos al consumo local, y han desplazado de

sus territorios a miles de comunidades indígenas y campesinas. Este modelo

agroexportador no sólo ha empobrecido aún más las economías de los países del Sur,

sino que ha debilitado la autonomía y la autosuficiencia alimentaria de estos países.

Creemos que la alimentación es un derecho, no una mercancía, por lo que

los alimentos no deberían estar sujetos a las normas de libre mercado ni afectados por

actividades especulativas. Por tanto, es necesario que se tomen medidas para evitar

esta situación, como la retirada de la producción de alimentos básicos de la

Organización Mundial de Comercio, la prohibición de la especulación con

alimentos, así como la protección de los mercados y la producción locales de los

países del Sur.

Rechazamos las políticas neoliberales de ajuste estructural impuestas

por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a los países del Sur, ya

que están dirigidas por los intereses económicos de los países del Norte y de las

grandes empresas transnacionales, y ponen en claro peligro la soberanía alimentaria

de los países del Sur.

Apostamos por un sistema alimentario más local, en el que la comida sea

producida, recogida, procesada, vendida y consumida lo más cerca posible, y por la

defensa y promoción de una producción de alimentos a pequeña escala y

sostenible, con importante base campesina y familiar o de pesca artesanal que

garantice la autonomía alimentaria de la población.

• Acceso al agua y a la tierra.

En el contexto económico actual, en el que la producción de alimentos ha

sufrido un proceso de mercantilización, la tierra, el agua y la biodiversidad han

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dejado de estar en manos de los pueblos para convertirse en objeto de especulación,

expuestos a la lógica del libre mercado. Este proceso ha fomentado la dinámica de

concentración de los bienes en pocas manos y, como consecuencia, la privación

del acceso a los bienes naturales de la población campesina e indígena que,

apartada de su fuente de sustento, se ve forzada a desplazarse de sus tierras hacia

las ciudades, generando pobreza y aumentando la despoblación del mundo rural.

Además, a partir de las últimas crisis alimentaria y financiera, surge a gran

escala el fenómeno de acaparamiento de tierras, que genera una mayor privatización

y concentración de las tierras agrícolas más fértiles, y por tanto una fuerte amenaza a

la subsistencia futura de personas que siguen dependiendo de sus agroecosistemas

locales para alimentarse en los países del Sur. Este acaparamiento está liderado tanto

por los gobiernos con “inseguridad alimentaria”, que dependen de las

importaciones para alimentar a sus pueblos, y se están adueñando rápidamente de

tierras agrícolas por todo el mundo en las cuales producir sus propios alimentos fuera

del país; como por las corporaciones de alimentos y los inversionistas privados,

ávidos de ganancias en medio de la profundización de la crisis financiera, que ven la

inversión en tierras agrícolas extranjeras como una importante fuente nueva de

ingresos. De esta manera, las empresas privadas extranjeras obtienen nuevas

formas de control sobre tierras agrícolas para producir alimentos, no para las

comunidades locales, sino para otros, y los/as trabajadores/as, las/os agricultoras/es y

las comunidades locales inevitablemente pierden acceso a la tierra para la producción

local de alimentos.

Desde ESF-Galicia creemos que el acceso a los bienes naturales garantiza

la permanencia de los pueblos en el territorio, sus vínculos con el mismo, sus

modos de entender el mundo, de vivir y de producir, permitiendo su desarrollo

sociocultural y político autónomo.

Para un acceso más equitativo y completo a la tierra, al agua y a otros recursos

naturales, así como para un mayor control democrático sobre ellos, es

imprescindible una Reforma Agraria integral y políticas agrarias que apoyen a la

producción nacional, desarrolladas con la plena participación de las comunidades

campesinas e indígenas y las pequeñas productoras y productores, y adaptadas al

contexto y a las necesidades de la población de cada país o región.

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Rechazamos que los recursos naturales puedan ser objeto de

especulación financiera, así como el acaparamiento por parte de empresas

privadas y gobiernos extranjeros de grandes extensiones de tierra, ya que estas

prácticas ponen en peligro la soberanía alimentaria de los pueblos locales.

Defendemos que el agua en todas sus formas es un bien común y su

acceso es un derecho humano fundamental e inalienable. El agua es un patrimonio de

las comunidades y de los pueblos, no una mercancía, y por tanto su gestión y

control deben permanecer en el ámbito público, social, comunitario,

participativo, con equidad y sin fin de lucro.

Apostamos por una gestión sostenible de los ecosistemas y la preservación del

ciclo del agua mediante el ordenamiento del territorio, y consideramos la cuenca

hidrográfica como unidad básica integral de gestión.

• Protección de semillas autóctonas.

Uno de los elementos más característicos del modelo agroindustrial, altamente

tecnificado, es que hace a los y las agricultoras totalmente dependientes de los

insumos de origen industrial que suministran las empresas del agronegocio. De esta

forma, el paquete tecnológico en el que se basa el modelo de producción

agroindustrial y que es ofrecido por unas pocas multinacionales que dominan de

manera casi monopólica los mercados de insumos agroindustriales, tiene como una de

sus bases fundamentales, las semillas híbridas estándar. A pesar de que son

vendidas como semillas de alto rendimiento, este tipo de semillas necesitan unas

condiciones específicas y abundantes insumos agroindustriales para prosperar y

ser realmente productivas Además, la productividad y el índice de germinación de las

siguientes generaciones de estas semillas decae de manera muy importante, hecho

que impide guardar parte del grano cosechado un año para usarlo como

simiente el año posterior, obligando por tanto a las personas productoras que lo

asumen a comprar semillas cada año. Así mismo, mediante el uso de estas semillas

en lugar de semillas autóctonas adaptadas a la zona, se produce una pérdida de

biodiversidad y por tanto una uniformización genética de los cultivos, lo que aumenta

la vulnerabilidad de la agricultura respecto a fenómenos climatológicos adversos,

enfermedades, plagas y la carencia de insumos químicos y energéticos.

Además, el sistema de patentes desarrollado por estas multinacionales, y

el control que ejercen sobre el mercado conlleva la privatización del conocimiento y

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el patrimonio agrogenético que las culturas campesinas y los pueblos indígenas han

desarrollado durante milenios.

Así mismo, la reciente expansión de los cultivos transgénicos, teóricamente

dirigidos para modernizar la agricultura, aumentar la producción mundial y acabar así

con el hambre en el mundo, ha constituido en realidad una nueva estrategia de las

multinacionales para seguir con el control monopolista del mercado mundial de

semillas e insumos agrícolas. Los transgénicos agrícolas controlados por unas pocas

empresas han profundizado la dependencia del campesinado y los y las

consumidoras respecto a las multinacionales que dominan el sector agroalimentario,

han posibilitado a las Empresas Transnacionales que controlan la industria

biotecnológica apropiarse de la agrobiodiversidad desarrollada por las culturas

campesinas e indígenas, y han negado el derecho de los y las productoras y los y

las consumidoras a elegir entre agricultura y alimentación modificados

genéticamente y libre de transgénicos, ya que los cultivos modificados genéticamente

llevan asociado el fenómeno de la contaminación genética. Además, el uso de semillas

transgénicas ha implicado la utilización de agroquímicos altamente contaminantes y

nocivos para la salud, y los efectos que los alimentos genéticamente modificados

puede tener sobre el organismo humano y sobre el medio ambiente en el que son

liberados son todavía desconocidos e impredecibles, de forma que el principio de

precaución ha sido totalmente ignorado, ESTO LO BORRÉ: y quienes consumen

han estado siendo empleados como cobayas en un laboratorio a escala planetaria.

Defendemos la importancia de proteger las semillas autóctonas, ya que la

Soberanía Alimentaria depende del acceso, el uso y la conservación que se haga de

la biodiversidad agrícola y de los recursos genéticos. Consideramos necesario que

exista una amplia variedad de organismos vivos adaptados a las condiciones de

cada entorno particular y aprovechables por los seres humanos, para que los pueblos

puedan decidir su propia producción y alimentación, y conservar un alto nivel de

autonomía e independencia de las multinacionales, así como preservar la riqueza

tanto ecológica como cultural y posibilitar un modelo de producción agroecológico

sostenible.

Las semillas no son una mercancía, sino una creación colectiva que refleja la

historia de los pueblos, y por tanto deben mantener su carácter de patrimonio

colectivo en lugar de ser utilizadas para el enriquecimiento de las multinacionales.

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Los OMG no sólo no están contribuyendo a reducir el hambre en el mundo,

sino que están favoreciendo el monopolio de la agroindustria en detrimento de la

soberanía alimentaria de los pueblos, además de jugar con la salud de

consumidores/as, productores/as y población campesina. Por tanto, con un enfoque

de tecnología para el desarrollo humano, creemos que el cultivo de transgénicos

con estas condiciones debe ser prohibido, ya que incumple el principio de

precaución y niega el derecho a producir y consumir productor libres de transgénicos

por el fenómeno de contaminación genética.

• Equidad de género.

Dentro del sistema capitalista neoliberal y patriarcal, las mujeres, que han

jugado un papel fundamental en la agricultura a lo largo de toda la historia de la

humanidad, son las más afectadas por las políticas neoliberales y sexistas. Las

consecuencias del actual modelo de negocio alimentario (pobreza, acceso insuficiente

a los recursos, éxodo rural y migración forzada, guerras y violencia física y sexual,

etc.) afectan de forma más profunda a las mujeres, que sufren doblemente esta

problemática al partir de por si de una situación más desfavorable.

Defendemos el derecho de las mujeres a un acceso equitativo a los

recursos productivos (tierra, agua, semillas y otros medios de producción),

económicos, a formación e información, así como el derecho a unas condiciones de

trabajo justas y equitativas. Creemos que es necesario aumentar el empoderamiento

de la mujer, y por tanto su autonomía y derecho a participar plenamente en las

instancias de toma de decisiones, en la identificación y resolución de problemas y en

el cambio social.

• El fin de la promoción de agrocombustibles.

La expansión global que los cultivos energéticos para la producción de

agrocombustibles están protagonizando en los últimos años se explica, en buena

parte, por el impulso que los EE.UU. y la UE han decidido dar a este nuevo sector

industrial. Ambas potencias económicas han establecido por ley la implementación

obligatoria durante las próximas décadas de porcentajes crecientes de

agrocombustibles en el sector transportes. Sin embargo, esta obligatoriedad contrasta

con la incapacidad de autoabastecerse de las materias primas necesarias para

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producirlos, por lo que las tendencias actuales son inundar los países del Sur con

cultivos energéticos, sustituyendo territorios ocupados en la actualidad por selva,

bosque, sabana y sistemas agropecuarios de subsistencia (y los millones de personas

que dependen directamente de ellos) por monocultivos energéticos de exportación, en

buena parte transgénicos, controlados por las multinacionales.

Además, el uso de cultivos usualmente destinados a alimentación para

agrocombustibles, conlleva un claro riesgo de aumento de los precios de estos

alimentos, haciéndolos inaccesibles para gran parte de la población, y agudizando la

pobreza y el hambre. Igualmente, las consecuencias serán graves si la materia prima

utilizada proviene de cultivos no alimentarios, puesto que éstos sustituirán las

producciones alimentarias preexistentes. A la vez, el desarrollo del modelo de

producción a gran escala previsto significará expandir en los países del Sur la

frontera agrícola sobre áreas con un enorme valor ecológico, social y cultural,

intensificando la presión sobre las comunidades indígenas y campesinas y la

destrucción ecológica asociada a la producción a gran escala para la exportación.

Así mismo, teniendo en cuenta que el modelo de producción agroindustrial es

una de las principales causas del calentamiento global, un modelo de producción a

gran escala de agrocombustibles provocará más emisiones de las que podría ahorrar

en reducir el consumo de combustibles fósiles y, en lugar de contribuir a mitigar el

cambio climático, lo acentuará y lo acelerará significativamente.

Por tanto, creemos que los agrocombustibles son una falsa solución para la

transición energética, ya que, al estar insertados en el actual modelo

agroindustrial, presentan todas sus desventajas: generan un mayor monopolio de

las empresas multinacionales, favorecen el agronegocio y la especulación con los

alimentos, dificultan aún más el acceso de la población local a los recursos

productivos y a los alimentos, y son incompatibles con la agricultura a pequeña y

mediana escala destinada a la alimentación y por tanto con la soberanía alimentaria.

Pensamos que el cultivo de agrocombustibles con estas premisas no sólo no

mitigará el cambio climático, sino que además provocará la intensificación de las

graves consecuencias globales ecológicas, económicas y sociales asociadas a

la expansión del modelo agroindustrial, y profundizará la dominación neocolonial

de los países del Norte sobre los del Sur, perpetuando el rol de estos últimos como

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suministradores de materias primas para los primeros, e impidiéndoles avanzar hacia

mayores cuotas de soberanía alimentaria y desarrollo humano.

• Cambio del modelo de distribución y de consumo.

En los últimos veinte años las grandes empresas de los sectores relacionados

con la agricultura y en general la alimentación han llevado a cabo una intensa

actividad para hacerse con el control de sus respectivos sectores productivos,

fusionándose entre ellas y absorbiendo, desplazando y/o eliminando a las empresas

más pequeñas que operaban en su sector de actividad económica. Es por ello, que el

sistema mundial de producción de alimentos se caracteriza por una

concentración empresarial y control cuasi-monopolístico de unas pocas

Empresas Transnacionales en todos los eslabones de la cadena alimentaria

(aprovisionamiento de insumos, producción, transformación, distribución y

comercialización).

Además, la gran concentración horizontal que ha experimentado recientemente

el sector de la distribución y la comercialización y su marcada tendencia a realizar su

actividad de venta minorista de alimentos en grandes establecimientos

(supermercados e hipermercados) ha dado lugar a lo que se ha llamado la Gran

Distribución Alimentaria (GDA), que se ha convertido en la única vía de los y las

agricultoras y otras proveedoras de acceder al mercado. Esta posición de dominio

de las grandes distribuidoras les permite ejercer un control directo sobre la

producción agrícola, pesquera y ganadera (obligando a las y los productores a utilizar

semillas híbridas, aplicar agroquímicos, emplear grandes barcos para pesca industrial

o infraestructuras de acuicultura, haciendo inviable la producción artesanal de

productos del mar, etc.), e imponer unos precios en origen que prácticamente dejan

sin margen a los y las productoras y proveedoras. A su vez, este modelo de

distribución genera condiciones laborales precarias y de explotación, y la eliminación

de los pequeños establecimientos y comercios de barrio que no pueden competir con

los bajos precios y los prolongados horarios de apertura.

A sí mismo, la comercialización a gran escala está intrínsecamente ligada al

transporte a grandes distancias de los alimentos y el consecuente gasto energético y

contaminación, la desconexión entre la esfera de la producción y el consumo, el

consumo de ingentes volúmenes de embalajes, envases y bolsas de plástico y a la

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generalización de unos hábitos alimentarios homogéneos, insanos, culturalmente

inadecuados y generadores de graves impactos socioculturales y ambientales.

Creemos que el modelo de distribución, comercialización y consumo

alimentario dominante es insostenible y lleva asociado graves impactos

socioculturales y ambientales, siendo factor clave en la agudización del hambre, la

subnutrición y la pobreza, en la degradación medio ambiental y en la erosión de la

diversidad de culturas alimentarias, gastronómicas, productivas, campesinas e

indígenas del mundo. Apostamos por un modelo de organización más local y

ecológico, que permita un mayor vínculo entre productores/as y consumidoras/es, un

menor gasto energético y emisión de contaminantes, y un mayor respeto a las culturas

y tradiciones y al vínculo con el territorio.

Rechazamos el sistema hiperconsumista actual, y pensamos que es necesario

sensibilizar y educar a la población mundial (y en nuestro caso particularmente

la de nuestro entorno) hacia un modelo de consumo más consciente, justo,

respetuoso con el medio ambiente y con los habitantes de los países del Sur.

• Incidencia política.

Las políticas agrarias promovidas por los organismos multilaterales y a

menudo por los gobiernos, imponen el modelo del agronegocio y del negocio

alimentario, e impiden por tanto el desarrollo de un modelo de agricultura campesina

u otros sistemas de producción de alimentos que garanticen la soberanía alimentaria.

Sin embargo, el hecho de que estas políticas estén apoyando un sistema injusto de

producción, distribución y consumo de alimentos no implica que no sean necesarias

para garantizar y desarrollar un modelo más equitativo y justo.

Pensamos que el rol del estado es importante en la construcción de un

modelo alternativo de producción, distribución y consumo. Es necesaria la voluntad

política por parte de los gobiernos y entidades políticas para facilitar el acceso a los

recursos naturales y tecnología mediante las reformas legislativas e institucionales

que promuevan la agricultura familiar y otros sistemas de producción alimentaria

sostenible; así como para evitar las relaciones desiguales e injustas en la

comercialización de alimentos.

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Las políticas gubernamentales en materia agrícola deben favorecer una

verdadera Soberanía Alimentaria, para lo que es imprescindible una transformación

del modelo económico y de negocio alimentario actual, y una redefinición de las

relaciones entre los actores involucrados en la producción y consumo, para lograr un

modelo más justo, equitativo y sostenible.

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