Politizacin de fiscala

Politizacin de fiscala?Patricia Manrique

El posible sesgo en la intervencin de la Fiscal de la Audiencia Nacional Blanca Rodrguez en el caso de los tuits de Guillermo Zapata, el excesivo celo del Fiscal anticorrupcin Pedro Horrach al proteger los derechos de la Infanta en el caso Nos, la ceguera de Torres-Dulce con las preferentes... son algunos ejemplos que hacen pensar que la Justicia, en este caso la labor del Ministerio Fiscal, est mediatizada por el poder o, cuando menos, no es igual para todos.

"La institucin no brilla lo que debera brillar", reconoce Ins Herreros, fiscal de la Unin Progresista de Fiscales, y es una pena porque su vocacin debiera ser proteger a los ms vulnerables. A esta fiscal le parece tan relevante el alejamiento de las personas que ms sufren como la politizacin que seala, por su parte, la jueza Victoria Rosell, de Jueces para la Democracia.

Politizacin de la justicia

El pasado ao, el Grupo Anticorrupcin del Consejo de Europa emita un informe en el que aconsejaba al Estado espaol hacer esfuerzos adicionales para garantizar la imparcialidad de la Fiscala, y reconsiderar el mtodo de seleccin y el periodo de mandato del Fiscal General del Estado.

La Jueza Rosell es taxativa al afirmar que "el diseo actual no garantiza la independencia ni la imparcialidad de la fiscala, por el principio jerrquico y el poder fctico que ejercen los fiscales provinciales, autonmicos, especiales, y todos ellos bajo el mando del Fiscal General del Estado". No es la nica en denunciar que la Constitucin plantea un papel complejo de la Fiscala, ya que el Fiscal General del Estado, a quien est sujeta jerrquicamente, es designado por el Gobierno y, sin embargo, la Constitucin exige que el Ministerio Fiscal sea imparcial.

Para la fiscal Herreros, el sistema es mejorable, pero cree que la autonoma de los fiscales de a pie al trabajar es mayor de lo que socialmente se piensa. A su juicio, se tiende a identificar politizacin con partidismo y, aunque no niega su importancia, afirma que el margen de influencia de los partidos no es tan grande y que quiz sea ms necesario abordar la separacin de los problemas de la ciudadana de las personas que forman parte del cuerpo judicial y fiscal. Las preferentes, los desahucios, la protesta social... son temticas a las que en demasiadas ocasiones la Institucin es ajena. Estima conveniente, para acortar esa distancia una formacin continua, a cargo del Ministerio, para conocer estas difciles realidades sociales", experiencias que ya se han hecho de modo puntual y cree que es necesario intensificar.

Mediante circulares e instrucciones, los fiscales, a diferencia de los jueces, deben seguir la lnea marcada por sus jefes, de quienes es superior jerrquico el Fiscal general del Estado. Para Rosell, "el principio jerrquico debera ceder en determinados aspectos y debera haber muchsima ms democracia interna". Considera tambin que los organismos del Ministerio Fiscal, las Juntas de Fiscales o el Consejo Fiscal, presentan claros "dficits democrticos". A la eleccin discrecional del Gobierno se proponen alternativas con la ciudadana como protagonista: o bien la eleccin parlamentaria, semejante a la del Consejo General del Poder judicial, tan criticada, o el sufragio universal, con la problemtica de que quien tenga ms medios podr hacer mejor campaa.

Fiscales e ideologa

Con todo, Herreros subraya que el Fiscal general del Estado no es puesto ah para llevarse bien con el Gobierno" y que "no tiene por qu tener ninguna servidumbre" una vez que ha sido nombrado, ya que ni puede ser renovado ms all de los cuatro aos del cargo ni cesado salvo causas graves y tasadas. Esto es as desde la modificacin del Reglamento del Ministerio Fiscal que data de 1969, esto es, preconstitucional en la poca de Cndido Conde- Pumpido como Fiscal general del Estado. En esa lnea de defensa de la independencia, Herreros no comparte las valoraciones positivas de la dimisin de Torres-Dulce que, aunque esgrimi razones personales dej entrever con su marcha que no se pueden tener desavenencias con el Gobierno. Para esta fiscal: Es Fiscal General del Estado no est para tener sintona con el Gobierno, sino para hacer su trabajo y cumplir su mandato constitucional".

La fiscal estima necesaria cierta sintona poltica de la Institucin, pero no con el Gobierno, sino con el pueblo, en el que reside la soberana popular". Cita como ejemplo la persecucin de la Violencia de Gnero: Soledad Cazorla, primera mujer Fiscal de Sala contra la Violencia de Gnero, fue responsable de dirigir la red de fiscales especialistas en este tema y para propiciarlo tuvo que obligar mediante circulares a seguir directrices, an cuando hubiese fiscales que no crean en ello", seala. Dado que "todo el mundo tiene ideologa", que la Fiscala General determine la orientacin de la poltica criminal posibilita que esta no quede a merced de ideologas personales.

Por su parte, Rosell aade un "dficit en responsabilidad y de garantas de imparcialidad": los jueces pueden ser recusados, los fiscales, no en todo caso, pueden abstenerse , y, aunque est contemplado en la teora, en la prctica "no tienen rgimen sancionador". Si bien hay jueces sancionados, esto no llega nunca a los fiscales aunque hayan avalado las decisiones del juez.

Una carrera que marca perfiles

Fiscal y jueza coinciden en la necesidad de abrir la carrera para que de acceso a otro tipo de perfiles fiscales. Rosell propone imaginar un origen de las carreras judicial y fiscal "ms abierto y democrtico, con ms oportunidades para juristas que no se pueden permitir acceder a un cuerpo con una oposicin de cuatro o cinco aos". Las oposiciones a fiscal, explica Herreros, exigen una dedicacin completa, incompatible con otro trabajo, y a menudo un monto mensual que se paga a preparadores: "Aunque hay familias humildes que hacen un gran esfuerzo, es inaccesible para una buena parte de la ciudadana". Herreros propone "sistemas de acceso pblicos, programas pblicos como posgrados" que permitan el acceso de todas las clases sociales a la carrera por mritos y no por posibilidades econmicas.

Judicializacin de la poltica

En el mundo judicial, el constante uso del calificativo jurdico imputado como arma arrojadiza genera estupor. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en el Congreso y ahora en el Senado, sustituir el trmino por investigado, y por encausado cuando haya auto de acusacin.

Rosell coloca la responsabilidad del uso indiscriminado del trmino en la clase poltica, ya que se han utilizado las imputaciones de los dems como arma arrojadiza, tuvieran la consistencia que tuvieran". Seala adems "una cierta trampa en hacer depender de todo la responsabilidad penal" y, en sintona con las declaraciones de Guillermo Zapata al pedir disculpas por sus tuits sealando que "es importante separar la dimensin tica de la jurdica, para Rosell "a ms responsabilidad de los partidos polticos, menos dependeramos de los tiempos y decisiones judiciales".

Herreros seala que es "una salvajada" usar como arma poltica el trmino y cree necesario subrayar que esto provoca otra forma de interferencia del poder judicial en la eleccin de la ciudadana, al poner en bandeja la eliminacin de contrincantes con imputaciones.