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▶ACTUALIDAD

Policía comunitaria... ¿una alternativa?

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PABLO ROMO CEDANO

En las últimas semanas las policías comunitarias han sido uno de los focos de

atención de la opinión pública y de múltiples analistas. La insur-gencia de estos grupos armados de “autodefensa comunitaria e indígena” ha generado una serie de discusiones y polari-zando los puntos de vista: unos equiparándolos con los grupos paramilitares colombianos y otros reconociendo el valor de la acción desde lo local para la seguridad ciudadana.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de Guerrero, es el más antiguo de estos grupos en el país. Fue fundado hace 17 años por indígenas de las regiones de Costa Chica y la Montaña. De hecho, fue el 15 de octubre de 1995 que ante el clima de inseguridad, como robos, vio-laciones y hasta el tráfico de drogas y maderas preciosas,

se formó este grupo que en un principio abarcó 38 comunida-des indígenas. Su inspiración e impulso provino tanto de las parroquias locales, como de las organizaciones regionales tales como 500 años de Resisten-cia Indígena, Negra y Popular y Ejidos de Cafeticultores Luz de la Montaña, Unión Regional Campesina de la Costa Chica y Montaña. Algunos párrocos de la región han participado acti-vamente en la consolidación de sus estructuras internas.

Nos dice la investigadora experta en el tema Meyatzin Velazco a Vida Nueva: “Los po-licías comunitarios arrestaban a estas personas y después los entregaban a los Ministerios Pú-blicos; pronto se dieron cuenta que ellos se tardaban más en detenerlos que el gobierno en soltarlos. Así que, cansados de esta situación, en 1998 decidie-ron formar la CRAC, que tendría

como trabajo principal impar-tir justicia, apoyándose cuando los casos fueran difíciles en los Consejeros”. Estos últimos son personas nombradas en cada comunidad, bajo las usanzas indígenas ancestrales, ya sea por su experiencia en la organi-zación o porque son conocidos por ser ‘honorables y respon-sables’ dentro de la región y se conjugan en una Asamblea Regional, que seguiría siendo el máximo órgano de decisión dentro de la organización.

A diferencia de la CRAC en las últimas semanas han sur-gido instancias llamadas tam-bién “policías comunitarias” o “grupos de autodefensa” en Chiapas, Michoacán, Yucatán, Puebla, Veracruz y Oaxaca que tienen poca trayectoria, for-mación y conocimiento de los sistemas de justicia tanto in-dígenas como constitucionales del país y que están explorando las experiencias de policías muy desde la base para configurarse

en fuerza de defensa, ante la inoperancia o corrupción de las establecidas en las entidades.

La CRAC, puede decirse, es un sistema de justicia en el nivel más de base del país, con la distinción de poderes: la pro-curación y la administración de justicia. De hecho en muchas partes del país, los pueblos in-dios tienen sus propios sistemas que funcionan para dirimir los asuntos internos o territoriales de los propios pueblos indios. En ocasiones entran en conflicto con los regulados por los siste-mas estatales y federales, pero en otras ocasiones fluyen como “primera instancia” en los pro-cesos de justicia.

La investigadora Velazco nos refiere que “las tareas que cada uno tendría que cumplir quedan registradas en el Reglamento Interno mediante el cual se podrían guiar tanto policías como coordinadores para rea-lizar su trabajo”. Los policías comunitarios están coordina-dos en dos grandes sectores: los policías que se encargan de la seguridad en las comunidades y caminos, suelen ser de 6 a 12 personas, dependiendo que tan grande sea la comunidad, y los Comandantes Regionales quienes son responsables de

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FP

En los últimos meses han surgido policías comunitarios que tienen poca formación en sistemas de justicia

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les con el objetivo de “evitar el saqueo de sus comunidades por parte de empresas mine-ras”. Lo curioso del caso, según fuentes periodísticas, es que fueron armados por el Ejército Mexicano(La Jornada 26 de fe-brero), al tiempo que la Segob afirmaba que había una “mano obscura que mece la cuna” en estos procesos de autodefensa que pudiera estar ligada con bandas criminales (Milenio 3 de marzo).

Los grupos de autodefensa co-lombianos fueron una creación contrainsurgente que crecieron en todo el territorio de ese país, haciendo en muchas ocasiones el trabajo sucio que el ejército no hacía. Las tácticas contra-insurgentes desarrolladas por Francia en su guerra contra Ar-gelia establecían la creación de grupos paramilitares o parapo-liciales para controles finos del territorio, lo que los romanos llamaban “divide y vencerás”. Estos grupos civiles armados en la guerra contrainsurgente de-

sarrollada en Chiapas a finales del siglo pasado, cometieron atrocidades como la conocida masacre de Acteal, que en voz del obispo Arizmendi “permane-ce aún en la impunidad”.

La cuestión es ¿cómo distin-guir desde lejos grupos para-militares o parapoliciales di-rigidos por intereses ajenos a la seguridad ciudadana, de los grupos auténticos comunitarios que brotan de la necesidad de los pobladores con legitimidad local, probos y al servicio de las comunidades? ¿Se puede desde un escritorio lejano calificar o descalificar estos grupos? ¿Exis-ten filigranas que nos ayuden a tener una mejor valoración de las acciones que realizan? La tarea no es fácil, a menos que se viva en el lugar y se conozca a los integrantes de esos cuerpos.

Parece que, en tanto continúe la situación de violencia incon-trolada en el país, continuará el debate sobre los grupos de autodefensa comunitarios de base.

coordinar a todos los grupos de policías. Por otro lado es-tán los Coordinadores Regio-nales, quienes se encargan de la impartición de justicia y las negociaciones directas con los gobiernos municipal y estatal. La labor de la CRAC ha sido muy exitosa y la convivencia tanto con la población como con las autoridades muy útil.

Por cuestiones de conflictos tanto en los liderazgos como en las perspectivas de futuro, la CRAC se ha visto fracturada a principios de este año. Para los que permanecen en esta organización la función de la policía debe restringirse a labo-res de seguridad, en tanto que los disidentes agrupados en la Unión de Pueblos y Organiza-ciones del Estado de Guerrero (Upoeg) consideran que hay que incorporar proyectos pro-ductivos y de desarrollo entre otros aspectos de su labor. Este conflicto ha sido aprovechado tanto por políticos locales como por bandas que se veían restrin-gidas en su labor criminal para agudizarlo.

El debate en torno a las poli-cías comunitarias encierra mu-chas preguntas legítimas aún por discernir que van desde el tema de la impunidad en el

país y el derecho de la legítima defensa hasta el riesgo de las bandas armadas que “salgan de control” o bien el “hacerse justicia por su propia mano”. Hay que recordar que, según el presidente de la CNDH, Raúl Plasencia, “aproximadamente 8 de cada 100 delitos que se co-meten en el país (1.7 millones) son denunciados (cifra negra del 92%) y solamente el 1% es per-seguido por las procuradurías generales, llegando a sentencia condenatoria, lo cual se traduce en un 99% de impunidad”.

Los pueblos indios, con mucha mayor capacidad para organizarse y defender conjun-tamente sus derechos, que el resto de la sociedad, han sido los primeros desde hace tiempo en reaccionar ante la violencia que azota el país, generando estas instancias locales de jus-ticia. De hecho, su fundamento jurídico está en la Declaración Universal de los Pueblos Indios y el Convenio 169 de la OIT, legis-lación internacional vinculante a nivel nacional. En Cherán, Mi-choacán, por ejemplo, los ha-bitantes hartos de los abusos de los talamontes clandestinos que transitan impunes por las carreteras federales del estado, se organizaron en el 2011 y se constituyeron como “cuidadores de los bosques” y “garantes de su propia seguridad”. Sin em-bargo, en la misma entidad el 6 de marzo pasado el Ejército detuvo a 34 supuestos integran-tes de un grupo de autodefensa de la localidad de Buenavista Tomatlán, que según la PGR es-taban relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación, que opera en el occidente del país. Estos presuntos miembros del cartel portaban camisetas con la leyenda de “Policía Comuni-taria”. En la zona de la sierra en Chiapas, en el mes de febre-ro, 78 ejidos conformaron un movimiento de guardias civi-

Se requiere reglamentar estas instancias de seguridad ciudadana

El ex legislador federal y ex integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación, Jaime Martínez Veloz, ahora titular de la Comisión para el Diálogo con Pueblos Indígenas de México, ha declarado recientemente (3 de marzo) sobre la legitimidad de estos grupos de autodefensa urgiendo al tiempo a procesar normas reglamentarias del artículo segundo constitucional, relativo a los derechos y libre determinación de los pueblos indígenas.En el fondo parece necesario reglamentar adecuadamente estas instancias de seguridad ciudadana, muy de base de los sistemas indígenas de justicia, y darles la validez legal para procesar conflictos internos y aquellos que afecten a los pueblos indios. La cuestión salta a la vista, ¿es desde fuera de los propios pueblos indios que les dará legitimidad, o son ellos mismos los que deben anunciarla hacia afuera? Portar armas de uso exclusivo del ejército sin ser miembro de esta corporación es un delito federal, pero los permisos para portar ciertas armas que usan las autodefensas las otorga únicamente SEDENA. En este sentido, cabe señalar, que contrariamente a lo que se difunde en algunos medios de comunicación, los policías comunitarios de la CRAC en Guerrero, han sido entrenados por el propio Ejército Mexicano y sus armas están registras en el 48 batallón de infantería con sede en Acapulco.

AUTODEFENSA LEGÍTIMA Y LEGAL

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