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POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL UNIDAD Nº III

Caracterización y medición de la pobreza y la desigualdad en Chile y

América Latina

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Introducción

En esta última semana de la asignatura de pobreza y exclusión social, analizaremos los

perfiles de vulnerabilidad social en relación a la desigualad social, nos referiremos a la

etapa del ciclo de la infancia, juventud, adultez y vejez, y como estos grupos son

afectados por la desigualad estructural de la sociedad latinoamericana y su importancia

de fomentar e impulsar diversas políticas sociales y públicas en beneficio a estos

grupos con el fin de disminuir los índices y mejorar su calidad de vida.

Para poder saber el nivel de desigualdad social que tiene un país no solo basta con

medir la pobreza en relación a los ingresos sino también es importante conocer la

distribución de los ingresos en una sociedad, y en este sentido estudiaremos el índice

de GINI, que se ha trasformado en una herramienta analítica que permite medir la

desigualdad social en los países y que ha tenido una importancia relevante en los

últimos años en el mundo, ya que permite además tener una visión crítica sobre la

estrecha relación entre las personas más ricas y más pobres de una sociedad.

Finalmente veremos los desafíos sociales y económicos que tendrá que enfrentar los

países de Latinoamérica y el caribe a propósito de las desbastadoras consecuencias

que ha dejado la pandemia del COVID 19 en la región, ya que según datos de la

CEPAL en los próximos años se especula un aumento considerable de la pobreza y la

desigualad social y en este sentido los países de la región deberán redoblar sus

esfuerzos para minimizar estos efectos en la sociedad.

SEMANA 6

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Ideas Fuerza

Grupos vulnerables: se considera como vulnerables a diversos grupos de la población

entre los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los

migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena,

que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo

Infancia: es una etapa en la que convergen dimensiones de riesgo en áreas tan

sensibles para el desarrollo como la salud y la nutrición, la estimulación temprana y la

educación, así como la posibilidad de crecer y desenvolverse en entornos familiares y

comunitarios seguros y de apoyo.

Juventud: Es una etapa crítica en las desigualdades sociales, ya que es el periodo

donde pueden ensancharse o reducirse los indcies de desigualdad.

Adultez: Es una etapa crucial en el acceso a los ingresos y el bienestar dependen en

mayor grado de la capacidad de las personas para insertarse en el mercado laboral.

También es la etapa en que las presiones de cuidado son más apremiantes, debido a la

presencia de dependientes de corta edad (los hijos) y, eventualmente, también de edad

avanzada (los progenitores u otros miembros de la familia).

La vejez: Es la etapa del ciclo de vida donde se encuentra relacionado con la

modificación de los arreglos de convivencia familiar, el acceso a un ingreso estable a

través de pensiones y jubilaciones y cambios del estado de salud y la autonomía física

e intelectual.

Índice de GINI Es una herramienta analítica que suele emplearse para medir la

concentración de ingresos entre los habitantes de una región, en un periodo de tiempo

determinado.

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Desarrollo

Caracterización y medición de la pobreza y la desigualdad en Chile y América

Latina

4. Edad y etapas del ciclo de vida: perfiles de vulnerabilidad y encadenamiento de

las desigualdades sociales en América Latina

La edad es un eje determinante de la distribución del bienestar y del poder en la

estructura social, así como una de las bases de la organización social en torno a la que

se asignan responsabilidades y roles. Tradicionalmente se distinguen cuatro etapas

básicas del ciclo de vida: la infancia, la juventud, la adultez y la vejez. Cada una de

estas etapas presenta oportunidades, desafíos y riesgos específicos. Por lo tanto, es

necesaria una reflexión sobre las distintas etapas del ciclo de vida para profundizar en

el examen de las múltiples dimensiones de la desigualdad social. Existen tres aspectos

de particular relevancia a la hora de considerar la edad como eje estructurante de las

desigualdades sociales.

Un primer aspecto corresponde a las desigualdades entre personas situadas en

diferentes etapas del ciclo de vida, en especial en el ámbito de los derechos (ingresos y

trabajo, protección social y cuidados, educación, salud y nutrición y participación). La

pobreza y la vulneración de derechos pueden ser más marcadas y tener consecuencias

más graves en ciertas fases de la vida. Estas brechas intergeneracionales pueden, a su

vez, verse agravadas por otras desigualdades, en especial aquellas vinculadas al

género o a la pertenencia étnico-racial.

Un segundo aspecto observa los cambios que se han producido en los sesgos etarios

del bienestar y el goce de derechos desde una mirada intertemporal. La modificación de

la estructura demográfica, las transformaciones socioculturales y tecnológicas, el

funcionamiento de los mercados laborales, las desigualdades de género y las

características y carencias de los sistemas de protección social, entre otros elementos,

han contribuido a modificar las brechas intergeneracionales del bienestar. Estos

factores también van transformando las necesidades, las oportunidades y la experiencia

general de las cohortes de cada etapa del ciclo de vida, lo que también incide en las

desigualdades sociales; las experiencias de la vejez, la juventud o la infancia presentan

hoy características diferentes a las de hace cinco decenios.

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En tercer lugar, la persistencia o el aumento de las desigualdades sociales están

estrechamente vinculados a la acumulación de desventajas y privaciones (o, en

contrapartida, de ventajas y privilegios) en el tiempo, y la reproducción

intrageneracional de las desigualdades ocurre mediante procesos incrementales a lo

largo del ciclo de vida. Por lo tanto, es relevante considerar la perspectiva del ciclo de

vida para comprender cómo las vulneraciones de derechos se encadenan en círculos

viciosos y acentúan las desigualdades que pueden ser consecuencia de vulneraciones

anteriores o constituyen un precursor de vulneraciones o riesgos posteriores. En este

sentido, se considera la importancia de la trayectoria de las personas a lo largo del ciclo

de vida y la acumulación y consolidación en el tiempo de constelaciones de desventajas

sociales.

4.1. Análisis de las brechas de la desigualdad social inter e intrageneracionales

de America Latina

4.1.1 Infancia

Desde el punto de vista del desarrollo humano, la infancia, en particular la primera

infancia, es una etapa de especial relevancia: es el período en el que se sientan las

bases para el futuro desarrollo de las personas. Por una parte, es una etapa en la que

convergen dimensiones de riesgo en áreas tan sensibles para el desarrollo como la

salud y la nutrición, la estimulación temprana y la educación, así como la posibilidad de

crecer y desenvolverse en entornos familiares y comunitarios seguros y de apoyo. Por

otra parte, la vulneración de derechos en esta etapa puede tener efectos profundos y

perdurables para el bienestar y para las futuras posibilidades de desarrollo de las

personas. La especial vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes se debe a diversos

factores, entre ellos su alto nivel de dependencia de otros (en particular de sus familias)

a la hora de asegurar su bienestar y su nivel de desarrollo físico, intelectual y

emocional. Esa vulnerabilidad también está vinculada a su invisibilidad como sujetos de

derechos y como actores políticos.

La especial vulnerabilidad de la población infantil en comparación con otros tramos

etarios queda patente en el ámbito de la pobreza. Este desequilibrio etario, que

posiciona a niños, niñas y adolescentes en una situación de clara desventaja, se debe a

diversos factores. El primero de ellos tiene que ver con la disminución estratificada de la

fecundidad; si bien las tasas de fecundidad de la población en general han disminuido

de forma marcada, este descenso ha sido mucho más paulatino entre los grupos de

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bajos recursos económicos, por lo que en los hogares pobres nace un número

proporcionalmente más elevado de niños. El segundo factor, relacionado con lo

anterior, es la transformación de las estructuras familiares, en particular el aumento de

hogares con una mujer como jefa de hogar de familia. Estos hogares tienen una mayor

probabilidad de encontrarse en situación de pobreza, dada la difícil incorporación de

estas mujeres al mercado de trabajo y por el hecho de que, además, estos tienden a

ser hogares con niños. Asimismo, a medida que las sociedades envejecen, existe la

tendencia de destinar una parte mayor de los recursos públicos disponibles a atender

las necesidades de la población de edad. A su vez, las brechas etarias de la incidencia

de la pobreza y la indigencia están asociadas a otros ejes transversales de la

desigualdad, como el género, la pertenencia étnico-racial y la heterogeneidad territorial,

que también hacen que estas brechas se magnifiquen.

Además de las brechas en lo que respecta al bienestar que existen entre la infancia y

otras etapas del ciclo de vida, también existen notables desigualdades dentro de la

propia población infantil si se consideran otros ejes de la desigualdad social, como el

género, la pertenencia étnico-racial o el territorio. Un indicador que evidencia tales

brechas es la asistencia escolar, particularmente en la educación. La entrada precoz al

mercado laboral, el embarazo adolescente, las responsabilidades domésticas y de

cuidados y la desmotivación escolar son algunos de los factores que explican el

elevado porcentaje de no asistencia a la escuela secundaria entre los adolescentes,

especialmente entre las adolescentes indígenas y en áreas rurales.

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Finalizar la educación secundaria no solo es el piso mínimo requerido en la mayoría de

los países de América Latina para tener menos probabilidades de vivir en condiciones

de pobreza más adelante, sino que, además, es una herramienta fundamental para

cerrar las brechas de desigualdad social relacionadas con otros derechos (como la

salud, la participación cívica y el acceso al trabajo decente) que tiene repercusiones

para las generaciones actuales y futuras.

Las políticas centradas en el bienestar de las niñas y los niños deben actuar sobre las

desigualdades concomitantes de esta etapa del ciclo de vida. Asimismo, deben

considerar enfoques integrales que contribuyan a limitar el encadenamiento de diversas

privaciones a edades tempranas, en especial en materia nutricional, de salud y de

estimulación cognitiva, además del trabajo infantil, con el fin de evitar que estas,

además de vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes, generen mayores

brechas de bienestar en otras etapas de la vida.

Este es el sentido del principio del interés superior del niño, que debe ser el eje de las

políticas y programas públicos hacia este sector de la población. En particular, la

infancia y la primera infancia deben ser los pilares de una política integral que aspire a

incorporar el enfoque de ciclo de vida.

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4.1.2 Juventud

La infancia es el período en que se sientan las bases para el desarrollo futuro de las

personas, pero la juventud es la etapa crítica en la que las desigualdades sociales

pueden ensancharse o reducirse. Sin la intervención de políticas públicas, las

trayectorias desiguales y las vulneraciones de derechos pueden llegar a consolidarse.

En esta etapa se definen aspectos que marcarán la vida adulta: se espera que los

jóvenes finalicen sus estudios, inicien una trayectoria laboral y formen una familia (si

bien, en la realidad latinoamericana, estos pasos con mucha frecuencia no siguen una

trayectoria lineal). Pese a su importancia, la etapa juvenil está mayormente

invisibilizada en las políticas públicas y, cuando se hace mención a los jóvenes, estos

aparecen como el objeto de las políticas y no como sujetos de derechos y agentes de

desarrollo y cambio productivo. Dado el peso demográfico que los jóvenes aún tienen

en la gran mayoría de los países de la región y el actual período de bono demográfico

por el que transitan, es un momento especialmente propicio para invertir en esta etapa

del ciclo de vida y lograr la plena inclusión de los jóvenes de cara a construir una

sociedad más justa e igualitaria.

Un desafío importante para los jóvenes de la región, que obstaculiza su proceso de

independización, es la transición de la educación al trabajo. Esta dura entre 5 y 7 años

en promedio, aunque suele llevar más tiempo para las mujeres que para los hombres.

El paso de la educación al trabajo se ve obstruido tanto por las dificultades que

enfrentan los jóvenes para concluir el proceso educativo y adquirir las habilidades que

se requieren en el mercado laboral, como por las barreras que existen para integrarse

al mercado del trabajo en condiciones adecuadas. Respecto a la finalización del ciclo

educativo, en especial en lo que se refiere a la conclusión de la educación secundaria,

las tasas de graduación siguen siendo relativamente bajas y las de deserción escolar,

altas. Estos procesos están marcados por las desigualdades relacionadas con el nivel

socioeconómico de los hogares de origen, entre otras. Así, los jóvenes que no han

podido adquirir la formación necesaria para ingresar al mercado laboral se sitúan en

una posición de desventaja. A esto se le suman ciertas características del mercado de

trabajo que dificultan la construcción de una trayectoria laboral decente para los

jóvenes. Para muchos de ellos, por lo tanto, no se trata de una transición lineal, sino de

una trayectoria marcada por entradas y salidas del mercado de trabajo, relacionadas

con períodos dedicados a la adquisición de una mayor formación y capacitación, a la

formación de una familia o a la necesidad de asumir altas cargas de trabajo doméstico

no remunerado en su familia de origen, así como fases de empleo, desempleo e

inactividad.

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Un grupo que genera especial preocupación no solo en América Latina y el Caribe, sino

en todo el mundo, son los jóvenes que no estudian y no están ocupados en el mercado

de trabajo. Es un grupo altamente estigmatizado y, si bien en el imaginario social su

rostro es masculino y se asocia con situaciones de vagancia y delincuencia, los datos

regionales demuestran que las mujeres jóvenes son las más afectadas por esta

situación. Además, las diferencias entre las mujeres y los hombres jóvenes son muy

notorias: en casi todos los países el porcentaje de las jóvenes que se encuentran en

esta situación dobla al de los varones. En algunos casos, esta diferencia es aún más

acentuada; por ejemplo, en el Ecuador es el cuádruple, y en Guatemala, el séxtuple. Se

trata de una expresión más de las desigualdades asociadas a la división sexual del

trabajo, pues, entre los que están en esa situación, la mayoría de las mujeres jóvenes

se dedican al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y la mayoría de los

hombres jóvenes están desempleados o buscando trabajo por primera vez. En algunos

casos la situación es más estructural y en otros, más coyuntural. En el caso de las

mujeres jóvenes, la ausencia de servicios de cuidado es un factor determinante que

dificulta finalizar los estudios o participar en el mercado laboral; a su vez, esto limita sus

posibilidades de tener ingresos propios en esta fase y en las posteriores etapas del

ciclo de vida.

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Los jóvenes, una vez que logran insertarse en el mercado laboral, lo hacen sobre todo

en trabajos precarios e inestables, en actividades informales y sin acceso a

mecanismos de protección social. La proporción de asalariados con un contrato formal

de trabajo es más baja entre los jóvenes que entre los adultos y, con los mismos niveles

de educación, sus ingresos laborales son inferiores. Esta problemática se agudiza en el

caso de las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes jóvenes, lo que evidencia el

entrecruzamiento de los diferentes ejes de la matriz de la desigualdad social.

Los desafíos relacionados con la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral no solo

tienen efectos directos e indirectos de corto y largo plazo para ellos y sus familias, sino

que, al desaprovecharse sus capacidades y limitarse su desarrollo, también suponen

una pérdida de productividad para el conjunto de la sociedad. Paradójicamente, hoy en

día este patrón se observa en un contexto en el que los jóvenes han adquirido un mayor

nivel de educación que las generaciones anteriores, pero la baja calidad y limitada

pertinencia de esa educación pueden generar un desfase entre las habilidades y

conocimientos que adquieren los jóvenes y lo que requiere y valora el mercado laboral.

A su vez, debido a sus características estructurales, los mercados laborales de la región

no generan suficiente oferta de empleos de calidad para los jóvenes, creando una

contradicción entre los niveles educacionales adquiridos y las oportunidades de trabajo

existentes.

4.1.3 Adultez

Durante la edad adulta, el acceso a los ingresos y el bienestar dependen en mayor

grado de la capacidad de las personas para insertarse en el mercado laboral. También

es la etapa en que las presiones de cuidado son más apremiantes, debido a la

presencia de dependientes de corta edad (los hijos) y, eventualmente, también de edad

avanzada (los progenitores u otros miembros de la familia). La combinación de estas

demandas, la conciliación entre la participación en el mercado laboral y las

responsabilidades de cuidado, genera un desafío particular para las mujeres en la etapa

adulta. Por otro lado, el tipo de vinculación de cada persona con el mercado laboral

durante la adultez tiene consecuencias para su bienestar en el futuro: si esta es de

carácter informal, la persona no tendrá derecho a una jubilación contributiva en su

vejez. Por estas razones, los principales riesgos de esta etapa están relacionados con

la participación laboral, la calidad del empleo en cuanto a ingresos y condiciones de

trabajo y el acceso a mecanismos de protección social, incluidos los servicios de

cuidado. Los indicadores subjetivos sobre la inseguridad laboral recalcan la importancia

de la vinculación al mercado de trabajo en esta etapa del ciclo de vida.

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En el caso de las mujeres, el tiempo dedicado al trabajo no remunerado se incrementa

de forma pronunciada entre los 25 y 45 años, mientras que el tiempo que los hombres

dedican a estas actividades es comparativamente mucho menor y presenta menos

variaciones a lo largo del ciclo de vida. Esto corrobora que la carga del trabajo no

remunerado tiene un marcado sesgo de género y que esa brecha es mayor durante las

etapas en las que es más probable la presencia de dependientes de menor edad. Así,

la reducida participación masculina en esas actividades y la ausencia de sistemas

asequibles de cuidado tienen como contrapartida menores posibilidades para que las

mujeres puedan participar en el trabajo remunerado, en particular en la etapa adulta.

Finalmente, debido a la fuerte segmentación del mercado laboral que caracteriza a los

países de la región, el acceso también segmentado a la protección social contribuye a

generar grandes brechas entre los distintos grupos poblacionales y en su interior (por

ejemplo, entre hombres y mujeres, dentro de los pueblos indígenas y entre aquellos que

residen en zonas rurales). Las desigualdades en cuanto al bienestar y el goce efectivo

de derechos que existen entre los progenitores por su tipo de inserción laboral también

se manifiestan y transmiten entre los niños y jóvenes que dependen de ellos

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4.1.4 Vejez

Durante el siglo XX se produjo un marcado aumento de la esperanza de vida de la

población latinoamericana y caribeña. Este hito demográfico, resultado de mejoras en

materia de nutrición, salud y saneamiento y de cambios tecnológicos, entre otros

factores, implica que el número de personas de 60 años o más irá aumentando de

manera sostenida en las próximas décadas. De hecho, en todo el mundo, América

Latina y el Caribe es la región donde se proyecta el incremento más acelerado de la

población de personas mayores, con un aumento de 71 puntos porcentuales en los

próximos 15 años. Como se aprecia en el siguiente gráfico, el grupo poblacional que ha

predominado históricamente ha sido el de los niños y jóvenes de entre 0 y 19 años; sin

embargo, se proyecta que en 2031 el grupo de 20 a 39 años pasará a ser el de mayor

volumen, y en 2045 la población de 40 a 59 años superará a la de 20 a 39 años. En

2052 las personas de 60 años y más pasarán a ser la población predominante.

En vista del protagonismo que tendrán las personas mayores en nuestras sociedades

en las próximas décadas, velar por su inclusión en todas las esferas y abrir espacios

para su desarrollo personal será de una importancia crítica. En este sentido, es

necesario entender no solo sus intereses y necesidades, sino también de qué forma

pueden seguir contribuyendo a la sociedad desde niveles adecuados de bienestar.

Vivimos una profunda transformación demográfica en la que la extensión de la

esperanza de vida no solo se traduce en un mayor porcentaje de personas mayores en

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la población, sino que, además, estas personas vivirán más años. Desde el enfoque del

ciclo de vida, por lo tanto, la mayor esperanza de vida implica una vejez prolongada y

más compleja.

Lograr que esta conquista (el hecho de que más personas alcancen la vejez y vivan una

vejez más larga) vaya acompañada de un acceso efectivo y universal a niveles

adecuados de bienestar, realización, goce de derechos y sociabilidad para todos

representa un desafío considerable. Esta gran transformación demográfica muy

probablemente dará origen a nuevos arreglos familiares y tendrá un impacto profundo

en la modificación e innovación de los diseños institucionales hasta ahora

prevalecientes respecto a la vejez y el envejecimiento.

Las desigualdades que se manifiestan más fuertemente durante esta etapa del ciclo de

vida están relacionadas con la modificación de los arreglos de convivencia familiar, el

acceso a un ingreso estable a través de pensiones y jubilaciones y cambios del estado

de salud y la autonomía física e intelectual. Un ejemplo ilustrativo de esos desafíos y

posibilidades es la discapacidad en la vejez.

Es evidente que los recursos económicos y sociales influyen de manera importante en

el goce de una vejez con mayores niveles de autonomía. Aquellos que pasan por estas

etapas de su vida en un contexto de vulnerabilidad económica y con un menor acceso a

mecanismos de protección social tienen un riesgo elevado de que cualquier problema

de salud se transforme en una discapacidad como consecuencia de la falta de recursos

para costear los servicios de apoyo y las ayudas técnicas que necesitan para aminorar

el impacto de las limitaciones adquiridas con la edad. Los sistemas de salud, en

especial los incipientes servicios de cuidado que existen en la región, deben considerar

los efectos a largo plazo de las grandes dinámicas de cambio demográfico, en especial

el proceso de envejecimiento de la población, y reorientar su enfoque hacia la

prevención y atención de enfermedades no transmisibles y crónicas.

Pregunta de reflexión

¿Qué estrategias plantearía usted para disminuir las desigualdades sociales

en la niñez y la adolescencia?

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5. Consideraciones sobre el índice de GINI para medir la concentración del

ingreso

El grado de desigualdad económica existente en una sociedad y su evolución en el

tiempo son temas que mantienen el interés permanente de la opinión pública y de los

especialistas en el estudio del bienestar colectivo. Por su parte, en la literatura que

aborda el análisis de la distribución del excedente de la economía, se han propuesto

diferentes medidas que pretenden sintetizar esta variable, con el objeto de efectuar

comparaciones intertemporales y entre países, a la vez de permitir asignar un valor

absoluto a la desigualdad y derivar conclusiones sobre el nivel de concentración del

ingreso en una población determinada.

Diversos son los análisis que se hacen sobre el tema, así como los procedimientos

metodológicos que se aplican para evaluar el grado de inequidad que existe en una

sociedad. A lo largo de la historia del análisis económico, se han propuesto diversos

indicadores para el estudio de la desigualdad; sin embargo, parece existir consenso en

el hecho de que el indicador que ha tenido mayor aceptación en los trabajos empíricos

es el denominado coeficiente de concentración de GINI. Este índice, de fácil

interpretación, es una referencia común en los debates sobre el bienestar y la equidad;

además, la opinión pública está muy pendiente de su evolución para sancionar el

funcionamiento de los gobiernos en materia de desigualdad y sus efectos en el nivel de

vida de la población

5.1 La medición de la desigualdad

Un índice de desigualdad es una medida que resume la manera como se distribuye una

variable entre un conjunto de individuos. En el caso particular de la desigualdad

económica, la medición se asocia al ingreso (o al gasto) de las familias o personas. Así,

si Y1, Y2,… Yn representan los ingresos de un grupo de n individuos, el indicador de

desigualdad se construye como función de las observaciones: I (Y1,Y2, …, Yn).

Una primera clasificación de los indicadores de desigualdad que se encuentra en la

literatura los agrupa como sigue: medidas positivas, que son aquellas que no hacen

referencia explícita a ningún concepto de bienestar social, y medidas normativas, que sí

están basadas en una función de bienestar. Al primer grupo pertenecen los índices

estadísticos que tradicionalmente se utilizan para analizar la dispersión de una

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distribución de frecuencias, en tanto que hay diversas medidas normativas que se han

propuesto para el estudio de la concentración del ingreso y la salud.

Dependiendo del indicador seleccionado, se define la norma o parámetro con la cual se

compara la distribución del ingreso observada. En el caso de los estadísticos que

comúnmente se utilizan para estudiar la dispersión de una variable (varianza,

desviación estándar y coeficiente de variación), el valor de referencia está representado

por el promedio de la variable de análisis (y).

Una de las medidas probablemente más utilizadas en la medición de la desigualdad

social es el denominado coeficiente de GINI (CG). Es una herramienta analítica que

suele emplearse para medir la concentración de ingresos entre los habitantes de una

región, en un periodo de tiempo determinado. Este indicador, que se clasifica entre las

medidas estadísticas para el análisis de la distribución del ingreso, no utiliza como

parámetro de referencia el ingreso medio de la distribución -a diferencia de la

desviación media, la varianza y el coeficiente de variación-, dado que su construcción

se deriva a partir de la curva de Lorenz, se calcula como el cociente entre el área

comprendida entre la diagonal de perfecta igualdad y la Curva de Lorenz (área A en el

gráfico, sobre el área A+B). Si la Curva de Lorenz se aleja de la diagonal, aumenta la

desigualdad a la misma velocidad que aumenta el área “A.

5.2 La curva de Lorenz

En el estudio de la desigualdad, se dispone de diversos métodos para describir la forma

en que se distribuye el ingreso entre los diferentes grupos de individuos en una

sociedad: los diagramas de dispersión, los indicadores de desigualdad y los

ordenamientos de la información.

Elaborar un diagrama para visualizar la distribución del ingreso resulta una opción

extremadamente útil para el análisis de la desigualdad, ya que permite identificar ciertos

aspectos de la forma de la distribución que de otra manera no sería posible apreciar. En

la literatura se consignan al menos cuatro posibles alternativas para generar

ordenamientos de datos, aunque sólo nos ocuparemos en el análisis de las dos que se

emplean con mayor frecuencia. Estas son las distribuciones de frecuencias, la curva de

Lorenz, los denominados diagramas de desfile propuestos por Pen y la transformación

logarítmica. La distribución de frecuencias es la manera más intuitiva de ordenar las

observaciones, al agrupar el ingreso de los individuos en diferentes intervalos de clase

y observar la concentración de observaciones que se forman al interior de cada uno de

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ellos. Sin embargo, con este tipo de representación gráfica no se muestran en forma

adecuada las colas de la distribución.

Tal vez la forma más habitual de representar la desigualdad sea a partir de la Curva de

Lorenz. Esta medida fue propuesta en 1905 con el propósito de ilustrar la desigualdad

en la distribución de la salud y, desde su aparición, su uso se ha popularizado entre los

estudiosos de la desigualdad económica.

En términos simples, la curva de Lorenz representa el porcentaje acumulado de ingreso

(%Yi) recibido por un determinado grupo de población (%Pi) ordenado en forma

ascendente de acuerdo a la cuantía de su ingreso (y1≤ y2 ≤..., ≤ yn).

La construcción de esta curva se efectúa como se muestra a continuación: Supóngase

que se tienen n individuos ordenados en forma creciente respecto al valor de sus

ingresos y1 ≤ y2,…, ≤ yn., y se forman g grupos de igual tamaño, llamados percentiles

(quintiles o deciles son las formas más comunes de ordenar a la población). La curva

de Lorenz se define como la relación que existe entre las proporciones acumuladas de

población (%Pi) y las proporciones acumuladas de ingreso (%Yi).

De esta manera, en caso que a cada porcentaje de la población le corresponda el

mismo porcentaje de ingresos (Pi=Yi; ∀ i), se forma una línea de 45 grados. Como

puede observarse en la siguiente figura, esta línea divide en dos partes iguales el

cuadrado de lado uno que se forma al graficar las proporciones acumuladas de

personas en el eje horizontal (Pi) y de ingresos en el vertical (Yi). Dicha diagonal

corresponde a lo que Lorenz definió como la línea de equidad perfecta y denota, por

ende, ausencia de desigualdad.

En el siguiente grafico se observan tres elementos: la línea de equidistribución, la curva

correspondiente a la distribución empírica formada a partir de las parejas (Pi,Yi), o

curva de Lorenz, y el área entre las dos líneas, denominada área de concentración. A

partir de la relación entre esta última y la línea de igualdad perfecta, es posible derivar

diversos indicadores que se utilizan para evaluar la concentración del ingreso.

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De esta manera, la inclinación de cada segmento de la curva se determina a partir del

cociente que se forma al dividir el porcentaje de ingreso apropiado por un determinado

segmento de la población, por el ingreso medio de la distribución. Así, en la medida que

la inclinación que tenga el segmento sea más pronunciada, mayor será también la

proporción de ingreso que retiene ese grupo. Es evidente que cuando la inclinación de

un determinado segmento coincide con la de la diagonal, el ingreso de ese grupo es

igual al promedio de la distribución.

Las curvas de Lorenz permiten comparar niveles de desigualdad relativa, cumpliendo el

principio de preferencia por la igualdad y simetría, sin tener que calcular ningún índice

adicional. Finalmente, cabe señalar que un índice de desigualdad será consistente con

el orden de Lorenz, cuando su valor sea menor en la distribución dominante que en la

dominada

5.3 Datos desagregados

En el Coeficiente de Concentración de Gini (CG), existen diversas formas de derivar la

expresión algebraica que se usa para su cálculo, y también es posible deducirlo

desarrollando un procedimiento geométrico a partir de la curva de Lorenz.

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Gini (1912) definió su conocida medida de desigualdad en los términos siguientes:

En donde ∆ representa la media aritmética de las n(n-1) diferencias absolutas de las

observaciones y 2µ es el valor máximo que asume ∆ cuando un individuo concentra

todo el ingreso. Posteriormente, en 1914 Gini propuso un nuevo indicador de

concentración que se define como 1 menos dos veces el área de la curva de Lorenz, y

demostró que era equivalente a la que había presentado en un trabajo previo y que

corresponde a la definida en la expresión

CG = 1 - 2 F(y)

Donde F(y) representa la curva de Lorenz; es decir, la proporción de individuos o

familias que tienen ingresos acumulados menores o iguales a Y. El coeficiente de Gini

se define como el cociente de las diferencias entre la línea de equidistribución y los

valores de la curva de Lorenz.

A diferencia de las medidas estadísticas que tradicionalmente son utilizadas para

estudiar la dispersión de un conjunto de datos, donde la media es el parámetro de

localización que se utiliza como referencia, el índice de Gini se construye al comparar la

distribución empírica que se forma con los datos observados y la línea de igualdad

perfecta que supone la distribución teórica derivada de la curva de Lorenz.

5.4 Datos Agrupados

En el trabajo empírico es habitual que el cálculo de los índices de desigualdad se

efectúe a partir de las observaciones agrupadas, debido a que no resulta práctico

comparar conjuntos de datos que pueden llegar a tener tamaños muy distintos. En ese

sentido, lo común es que se decida agrupar las observaciones en subconjuntos de igual

tamaño de modo que se faciliten tanto los cálculos como las comparaciones entre

grupos.

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Sin embargo, esta manera de proceder conduce necesariamente a la pérdida de

información, debido a que los valores individuales de las observaciones serán

sustituidos por algún valor que represente al intervalo en que se encuentran agrupados

(por ejemplo, la marca de clase).

De acuerdo a lo anterior, el procedimiento que se utiliza para el cálculo del índice de

Gini para datos agrupados es el siguiente:

• Ordenar los hogares en forma ascendente conforme a su ingreso.

• Definir intervalos de igual tamaño (por ejemplo, deciles de hogares).

• Construir la distribución de frecuencias relativas, simple y acumulada, de la variable

a distribuir (ingreso), así como de la población que se desea estudiar. Si se opta por

la formación de deciles de hogares, cada grupo deberá concentrar el 10% de las

observaciones, tal como se muestra en el cuadro 1.

5.5 La variable apropiada para la medición de la desigualdad

En el trabajo empírico existe un debate sobre cuál es la variable que se considera más

apropiada para evaluar la concentración del ingreso. De hecho, la principal

controversia surge al momento de elegir entre el ingreso total del hogar o el ingreso per

cápita. Al respecto, es válido afirmar que ambas variables pueden ser adecuadas,

dependiendo de los objetivos de la investigación que se quiera llevar a cabo. Por lo

tanto, primero debiera especificarse cuál es la finalidad de la medición, para luego

proceder a elegir en consecuencia la variable correspondiente.

En ciertos casos puede justificarse el uso del ingreso total familiar, por el simple hecho

de que se considera que es el hogar la unidad de consumo en la cual se concentran

las percepciones de ingreso de sus miembros y se decide sobre el destino de los

recursos. Asimismo, el hogar es donde se comparten todos los bienes y servicios

colectivos que son adquiridos con el presupuesto familiar, y el contexto que sirve para

que sus miembros se formen y desarrollen para el proceso productivo. En ese sentido,

cuando el propósito del investigador es analizar la distribución del ingreso entre los

hogares, no debe existir duda en cuanto a que la variable que debe utilizarse es el

ingreso corriente total del hogar.

Pero también puede darse un cuadro alternativo. En los últimos años, diversos

investigadores han orientado el estudio del bienestar hacia las personas, y por tanto

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han insistido en la necesidad de que deben ser éstas el foco de análisis y de atención

de la política social, a la vez que debiera ponerse mayor énfasis a las modalidades de

asignación de recursos al interior de los hogares. En ese contexto, se reconoce que el

tamaño de la familia es una variable de gran incidencia en la medición de la

desigualdad y la pobreza, debido a que la constatación empírica confirma que los

hogares de menores ingresos están integrados por un número mayor de personas, con

relación a aquellos que se ubican en la parte alta de la distribución, lo cual tiene

relación con mayores necesidades, pero también con las economías de escala que se

generan en el uso de los bienes públicos al interior de los hogares.

5.6 Índice de GINI en América Latina al 2017 según Banco Mundial

La Desigualdad es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta actualmente

América Latina. En los últimos meses, la brecha en el nivel de ingresos ha sido

señalada como una de las razones que ha motivado el surgimiento de protestas en

toda la región. Si bien no resulta sencillo medir esta inequidad, es posible estimar qué

tan concentrados están los ingresos en las franjas con mayor poder adquisitivo de la

sociedad. Según los datos del Banco Mundial, Brasil es uno de los países

latinoamericanos cuya riqueza está más concentrada, ya que casi un 58% de los

ingresos totales van a parar a las manos del 20% más rico de la población. Colombia,

por su parte, es otra de las naciones de la región donde los segmentos más pudientes

cuentan con la mayor participación del ingreso doméstico, llegando a acaparar

alrededor del 55%. De los Estados incluidos en este gráfico de Statista, Uruguay es la

economía con el menor nivel de concentración de la riqueza, ya que el 20% de los

ciudadanos uruguayos más ricos se hacen con cerca de 46% de las ganancias totales.

Esta infografía muestra el porcentaje del ingreso que obtiene el 20% más rico de la

población en una selección de países latinoamericanos.

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6. Desafíos sociales y económicos de América Latina y el Caribe en la Post-

Pandemia

La CEPAL en noviembre del 2020 desarrollo un seminario internacional denominado

“cohesión social, garantías de bienestar y protección social: claves para una

reconstrucción con igualdad post pandemia en América Latina”, donde analizaron y

proyectaron las graves consecuencias que ha dejado la pandemia del COVID 19 en

América Latina en relación a la pobreza y desigualdad social. A continuación le

presentamos los principales resultados del reciente seminario.

• COVID-19 intensifica los problemas estructurales de la región

1. Hay señales de alerta para el cumplimiento de la Agenda 2030 por efectos del

COVID-19

2. Covid-19 reveló serios problemas estructurales: desigualdad, baja productividad y

fragmentación de acceso a la salud y la protección social.

3. Con creciente desencanto social y una cohesión social frágil.

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4. La crisis ha sido más intensa y será más larga de lo esperado lo que genera

incertidumbre sobre la salida y recuperación.

5. Rol del Estado ha sido y será central para apoyar tanto ante la emergencia como la

recuperación pero los esfuerzos públicos han sido insuficientes.

6. Asimetrías globales en materia financiera y climática precisan cooperación

internacional con mayor reciprocidad

7. Pactos nacionales, regionales y globales serán necesario para la provisión de

bienes públicos y para avanzar hacia Estados de bienestar: salud universal,

seguridad climática, paz y estabilidad financiera

• El telón de fondo: la cultura del privilegio y la desigualdad social

1. El desencanto, el malestar, el enojo en la región presentan un punto de quiebre

respecto a la continuidad de un modelo

2. Un modelo asociado a tres décadas de concentración de riqueza y deterioro

ambiental

3. Instituciones que reproducen comportamientos de agentes con mayor poder

económico y político

4. La cultura del privilegio, herencia de nuestros vestigios coloniales, naturaliza

jerarquías sociales y enormes asimetrías de acceso a los frutos del progreso, la

deliberación política y los activos productivos

5. La cultura del privilegio naturaliza las desigualdades, la discriminación y el

patriarcado.

• Complejos escenarios sociales previo a la crisis del COVID-19:

1. Chile, octubre 2019, se ocupan las calles pidiendo dignidad, mayor justicia e

igualdad.

2. Argentina, agosto de 2019, masivas protestas sociales frente a políticas de ajuste.

3. Ecuador, octubre de 2019, protestas por el gran malestar social debido a

eliminación del subsidio a los combustibles con incrementos de precios

4. Nicaragua, abril de 2018 protestas por las reformas al sistema de seguro social

5. Guatemala, agosto 2019, manifestaciones debido a problemas con la transmisión

de los datos al sistema informático electoral y por el acuerdo migratorio con EEUU

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6. Honduras, octubre de 2019, protestas y disturbios demandando la renuncia del

presidente Juan Orlando Hernández

7. Bolivia, octubre 2019, protestas ante inconformidad con el proceso electoral

8. Caravanas masivas de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos en

octubre de 2018.

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• Los déficits de cohesión social dificultan el combate contra la Pandemia, a la

vez que se ven magnificados por los efectos de esta

1. La cohesión social es relación dialéctica entre los mecanismos instituidos de

inclusión exclusión social, y las respuestas y percepciones de la ciudadanía frente

al modo en que ellos operan

2. Elementos de la cohesión social que son centrales para el control de la pandemia

• Confianza en las instituciones y respeto a las medidas sanitarias

• Confianza interpersonal y redes de apoyo

• Solidaridad y reciprocidad

• Orientación hacia la igualdad y equidad social

• Reconocimiento y respeto de la diversidad

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• 7 propuestas de la CEPAL para conectar la emergencia con la recuperación y

la década de acción

1. Extender el ingreso básico de emergencia por 12 meses equivalente a una línea de

pobreza a personas en vulnerabilidad social

2. Ampliación de plazos y períodos de gracia en los créditos a Mipymes

3. Una canasta básica digital: un laptop, un Tablet y una conexión de bajo costo

4. Políticas fiscales y monetarias expansivas, convencionales y no convencionales

5. Solidaridad internacional: alivio de deuda en el Caribe y alivio al pago de intereses

en Centroamérica /Iniciativa FACE/extensión de DSSI

6. Planes de recuperación basados en inversión, empleo y sostenibilidad ambiental

7. Pactos políticos y fiscales para una protección social universal, progresiva y

redistributiva, buscando el fortalecimiento del Estado de bienestar.

Pregunta de reflexión

¿Qué problemas ha dejado la pandemia del COVID 19 en relación a la

desigualdad social en Chile?

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Conclusión

La pobreza y la desigualdad social no solo se debe de medir en una sociedad, sino

también como afecta este problema social a los diversos grupos vulnerables de la

sociedad como es la infancia, etapa del ciclo vital que da inicio a la vida de las

personas, la juventud una etapa crítica en los procesos de desigualdad ya que como se

puede apreciar en el presente documento los altos índices hacen que este grupo sea

considerado de riesgo, luego viene la etapa adultez donde se entrecruzan la vida

familiar (el inicio de la familia), y el acceso al mundo laboral que conlleva una serie de

procesos de desigualdad desde el punto de vista de la renta y el género, todos estos

grupos requieren de oportunas políticas sociales y públicas para disminuir los índices

de desigualdad social para que se puedan insertar en la sociedad de una manera

transversal.

El índice de GINI se ha transformado en las últimas décadas la herramienta analítica

mas importante para medir la desigualdad en el mundo, y sobre todo la distribución del

ingreso entre las personas más ricas versus los más pobres, y ubica a Chile según el

Banco Mundial en la posición 5 entre 10 países de Latinoamérica en el año 2017 y

convierte a nuestro país en el país con la mayor desigualdad social de los países de la

OCDE, una tema que ha provocado el impulso de varias políticas públicas y sociales.

La pandemia del COVID 19, no solo ha dejado lamentables muertes en el mundo y

desbastadores problemas sanitarios, sino que además ha dejado a la vista los graves

problemas de desigualdad social que tienen los países de Latinoamérica en sus

sistemas de salud y en como los países han debido de ir en ayudas a las personas y

familias que han perdido sus fuentes laborales y de ingresos y que según la CEPAL se

prevé un aumento considerable de la pobreza y la desigualdad social en américa latina

en los próximos años, a lo cual los países de la región deberán de reorientar sus

esfuerzos económicos y políticas sociales para disminuir estos efectos en la población.

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Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),

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Santiago. Recuperado de: matriz_de_la_desigualdad.pdf (cepal.org)

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recuperado de: Consideraciones sobre el índice de Gini para medir la concentración del

ingreso (cepal.org)

Bárcena, Alicia, Seminario Internacional “Cohesión social, garantías de bienestar y

protección social: claves para una reconstrucción con igualdad post pandemia en

América Latina”, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y

el Caribe (CEPAL), 2020, recuperado de:

https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/presentacion_cepal_24112020.pdf

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