Martes 6de noviembre 2018

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La gobernadora de la provincia de Buenos Aires ya tiene hoja de ruta para las cuentas públicas 2019. Ahora deberá esperar que su plan de trabajo sea aprobado por la Legislatura, básicamente, con los votos del Frente Renovador, algunos del PJ y, por supuesto, todo Cambiemos. Se descarta elrechazo del FpV. El plan de María Eugenia Vidal se ajusta al contexto de equilibrio fiscal que la Nación se comprometió a hacer el año que viene. La Provincia por ejemplo deberá absorber los subsidios al transporte y la energía. Los municipios pagarán la carga de la tarifa social de energía.

Por el lado tributario, el gobierno bonaerense planea bajar las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos para distintos sectores. Eso significa una pérdida de recaudación por $10.000 millones estimaron fuentes oficiales de la gobernación. Una cuarta parte de estos ingresos que Vidal 'relegará', provendrá de que el campo pague menos por ingresos brutos (la alícuota pasará de 1,5%

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a 0,75%). La rebaja en ingresos brutos correrá, además del sector agropecuario, en servicios profesionales (de 5% a 4,5%), construcción (3% a 2,5%), transporte (3% a 2%), servicios públicos(4% a 3,75%), comunicaciones (5% a 4%) y alquileres (6% a 5%).

Siguiendo por el lado de los impuestos, Vidal presentará una propuesta en la Legislatura para aumentar 38% la alícuota del impuesto inmobiliario de las propiedades rurales y urbanas. Se estimaque tres de cada cuatro bonaerense reciban aumentos mensuales de $63 en sus boletas y de $99 como máximo. Las arcas provinciales se reforzarían unos $8.000 millones con este aumento de alícuotas.

Finalmente, en materia tributaria, la novedad será que se buscará gravar el juego online con una tasa de 15% (ingresos brutos) y se pagará un canon. Además, se instaurará un impuesto al juego con una alícuota de 2% a los premios de las máquinas tragamonedas. Cerca de Vidal estiman que por estos gravámenes recaudarán $ 7.100 millones. Los ingresos se destinarán a financiar gastos desalud, educación y protección social.

Desde el punto de vista del gasto, al igual que en 2018, el gobierno de la Provincia buscará bajar el nivel de erogaciones que hacen al funcionamiento de la política, básicamente, la Legislatura. Lo mismo buscará que ocurra con el funcionamiento del estado provincial. De hecho, el Presupuesto supone aumentos de salarios y tarifas -la política tarifaria que gravitará sobre el transporte público y la energía de los bonaerenses pasará ahora a la órbita de la Provincia- en línea con la inflación presupuestada a nivel nacional. La inflación promedio anual que supone Nicolás Dujovne (Presupuesto Nacional) para el año que viene es 34,8%.

Desde la Provincia señalaron con respecto al proyecto de Presupuesto que "el foco principal va a estar en el plan de obras públicas, que continúa representando el 6% del presupuesto, y en la inversión social que representa 7 de cada 10 pesos del presupuesto".

Fuentes de la Provincia, señalaron que las cuentas fiscales son superavitarias desde el punto de vista operativo (léase como la diferencia entre ingresos y pago de salarios) por tercer año consecutivo. Sin embargo, al incluir el pago de las obras de infraestructura se torna deficitario. En 2019 se proyecta un rojo de unos $40.000 millones. El total de gastos proyectados de $929.000 millones, mientras que los ingresos totales ascienden a $889.000 millones.

¿Cómo planea financiar Vidal ese agujero? Con deuda. La Provincia proyecta tomar capitales del mercado por un monto de $ 68.500 millones (básicamente para pagar vencimientos de deuda ya existente) y, por otro lado, emitir letras (deuda de corto plazo) por $ 8.500 millones.

El proyecto de Presupuesto no contempla los ingresos por el Fondo del Conurbano. "Pasamos la discusión para 2019", explicaron fuentes de la gobernación. Los ingresos extra en debate -se busca determinar con la Nación en qué plazo y forma se haría el pago-, son $ 19.000 millones por ese concepto.

En la Provincia explican que el año que viene afrontarán un gasto extra por unos $ 28.000 millones. Esto es porque recibirán menos transferencias en concepto de subsidios y del Fondo Sojero.

Con la reforma del pacto fiscal de 2018, la provincia de Buenos Aires obtuvo unos $ 21.000 millonesen concepto de compensación por el Fondo del Conurbano Bonaerense y otro monto similar por la masa de coparticipación. Para 2019 ese monto casi se duplicará. La Provincia apunta a que los $44.000 millones del FCB se transformen en $63.000 millones. Y además, sumaría a eso los ingresos por coparticipación. En total, la Provincia recibiría más de $85.000 millones por concepto de esas transferencias.

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Es uno de los capítulos más polémicos del Presupuesto bonaerense y uno de los que más resistencias genera en la oposición. Por eso, ayer fue una de las cifras más destacadas del proyecto que el Ejecutivo envió a la Legislatura. Para 2019, el gobierno de María Eugenia Vidal tiene previsto tomar deuda por unos 77 mil millones de pesos, para lo que necesitará la autorización de una mayoría especial en el Senado y la Cámara de Diputados provincial.

El número surge del proyecto de Presupuesto 2019, que ya comenzó a cosechar críticas de algunos sectores de la oposición, como el massismo.

El gobierno bonaerense prevé tomar fondos del mercado por un monto de $ 68.500 millones, que serán destinados básicamente para pagar vencimientos de deuda ya existente, según explicaron ayer fuentes del ministerio de Economía. “Se prevé tomar todo en pesos”, adelantaron en el Gobierno.

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Por otro lado, pedirá autorización para emitir Letras (deuda de corto plazo) por $ 8.500 millones en 2019.

“Es el pedido de deuda más bajo de esta gestión: en 2016 fue 2,13 por ciento, en 2017 fue 1,43 porciento, en 2018 fue 1,24 por ciento, y en 2019 es 1,06 por ciento del producto”, dijeron desde Economía.

En tanto, el Ejecutivo tiene previsto antes de fin de año avanzar con la colocación de bonos por otros 30 mil millones de pesos que tiene autorizados a tomar por el Presupuesto 2018.

Cerca de Vidal destacan que la Provincia tendrá superávit corriente (ingresos contra gastos) del 0,2%. “Entonces, el déficit se debe a la ejecución del plan de obras”, resaltaron.

El calculo de gastos que elaboró el Ejecutivo bonaerense asciende a 929 mil millones de pesos. Los ingresos, en tanto, fueron estimados en 889 mil millones y el déficit en 40 mil millones.

Ese rojo, destacaron desde la administración Vidal, está compuesto básicamente por el impacto de la decisión del gobierno nacional de transferir a la Provincia los subsidios al transporte y la tarifa social, entre otros. Por ese concepto, serán 28 mil millones de pesos.

POR ÁREAS

En cuanto a la distribución del gasto, como ocurre tradicionalmente Educación será el área que más recursos concentrará en el Presupuesto del próximo año.

En segundo lugar está el ministerio de Seguridad, tercero se ubicaría el ministerio de Infraestructura y en el quinto puesto el Poder Judicial. En sexto lugar, Desarrollo Social.

Pero si se mira el crecimiento de los fondos en 2019 con respecto al presupuesto en ejecución, el área que más se verá beneficiada el año próximo será la de obras públicas.

Luego, de acuerdo al detalle brindado por el Ejecutivo, aparecen las áreas de Desarrollo Social, Educación, Salud y Seguridad.

Paritaria

El gobierno bonaerense ofreció ayer a los profesionales de la salud un 32% promedio de incrementoa partir de octubre con respecto a los haberes de diciembre de 2017. El gremio la analizará en comisiones y responderá en los próximos días.

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Los estatales bonaerenses agremiados en ATE, junto con una veintena de sindicatos y organizaciones sociales, iniciaron un acampe frente a la Legislatura provincial para rechazar el anteproyecto de Presupuesto 2019 del gobierno de María Eugenia Vidal. Durante la medida, que se extenderá hasta el jueves, también presentarán una serie de propuestas para “demostrar que el ajuste no es el único camino”, definió el titular de ATE, Oscar de Isasi. Una de ellas es plantear una renegociación de la deuda externa.

“Vamos contra el presupuesto de ajuste y propuestas que queremos discutir con los legisladores”, puntualizó De Isasi, quien encabezó la movilización que culminó frente al palacio legislativo provincial y de la cual participaron la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP),Barrios de Pie, Judiciales, los profesionales de la salud de Cicop y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) entre otros. Según calificó el dirigente, serán cuatro días de “acampe temático” del que van aparticipar representantes de distintas áreas para explicar “propuestas políticas sociales y laborales

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que, de instrumentarse, se mejoraría la vida de las millones de personas que la están pasando mal”.Será “desde políticas de niñez hasta la reactivación del Astillero Río Santiago, pasando por la políticasalarial”, agregó De Isasi y remarcó que la exposición de las iniciativas no sólo serán ante los diputados sino también ante los ciudadanos que quieran pasar por allí. “Queremos poner en debate nuestras propuestas con la sociedad y los legisladores, porque el ajuste no es el único camino”, opinó el dirigente. Al mismo tiempo, denunció que los recortes del presupuesto no sólo son responsabilidad de Vidal, sino también del acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el anteproyecto se plantea para la Provincia un ajuste fiscal que ronda los 57 mil millones de pesos. Sin embargo, “hay exenciones impositivas a grupos económicos por 490 mil millones de pesos, y ocho petroleras se llevan subsidios por 114 mil millones”. Si a esto se le suman los impuestos que debieran pagar por sus ganancias los 30 mayores exportadores agropecuarios, “la suma da una cifra que demuestra que hay recursos”, argumentó el dirigente.

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Tal como le pidieron los abogados de Cambiemos, el juez federal (subrogante) con competencia electoral de La Plata, Adolfo Ziulu, insistió en sostener que debe ser su juzgado el que lleve adelantela causa sobre aportantes truchos a las campañas del partido gobernante en 2015 y 2017 y no la justicia penal, donde otro juez, Ernesto Kreplak, investiga posible asociación ilícita y lavado de dinero. Su resolución pide, además, que sea la Cámara Electoral la que resuelva el conflicto de competencia. De hecho, subestima y prácticamente descarta que se hayan cometido delitos y dice que el expediente se enmarca en la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos, que solo prevé multas y sanciones. Todo este tironeo ocurre cuando en el expediente penal ya se comprobó que al menos 1147 personas pobres, beneficiarias de planes sociales y monotributistas sociales,

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figuran haciendo aportes de campaña que niegan, y también comenzó a declarar otro grupo de ciudadanos de clase media, que aparece con donaciones a través del sistema bancario –en cajeros de dos sucursales del Banco Nación, una en Recoleta y otra a metros de la Casa Rosada– que tampoco reconocen.

En la causa que tramita Kreplak fueron denunciados desde la gobernadora María Eugenia Vidal, como responsable del PRO en la provincia de Buenos Aires, los encargados económicos de la campaña bonaerense, hasta la ex contadora del gobierno provincial y tesorera del partido María Fernanda Inza. Esta última es la única que hasta ahora se presentó en el expediente y de hecho reclamó que el caso solo sea tratado como una infracción a las normas electorales. La causa que instruye Kreplak tiene como querellantes a un grupo de personas cuyos nombres aparecieron en las listas de aportantes a la campaña de Cambiemos en 2017, a algunos de los cuales incluso les inventaron una afiliación al PRO. Pero también está bajo la lupa la campaña presidencial de 2015, donde aparecieron candidatos a cargos de consejeros, concejales y hasta intendentes aportando dinero que dicen que no donaron. Los denunciantes iniciales, como La Alameda, que hizo su primerapresentación en el fuero federal porteño, señalaron la hipótesis de lavado de dinero, también la senadora Teresa García y la diputada Florencia Saintout plantearon la posible existencia de una asociación ilícita.

¿Qué dice la resolución de Ziulu que se conoció ayer? “Es fácil concluir que la actividad desplegada por los denunciantes, sin perjuicio de las hipótesis delictivas que puedan haber desplegado en su presentación, se enmarca, claramente, en el procedimiento previsto en la ley 26215 (financiamiento) y a cargo de la competencia electoral”. Agrega que el juez penal no tiene ninguna obligación de ceñirse a lo que diga quien denuncia. Luis Alén, uno de los abogados de las personas cuya identidad fue usurpada para justificar dinero de origen desconocido, dijo a este diario: “Es claro que aquí hay una maniobra de Cambiemos para matar la investigación y Ziulu se presta a ese fin, al negar que haya delitos penales. Sin embargo, Kreplak probó que los aportantes no habían aportado y que se les utilizó la identidad. Mis asistidos tienen otro delito del que se quejan, ya que los afiliaron falsamente al PRO, poniendo sus datos en fichas de afiliación, y eso es claramente un delito. Pero el juez Ziulu no dice nada de eso, ni le interesa saber de dónde salió el dinero, y si hubolavado”.

La Cámara Electoral tendrá que definir, en primer lugar, si le corresponde intervenir en este caso a pesar de que ya lo hizo la Cámara Federal de La Plata. Luego, si acepta avanzar, tendrá que decir sipueden seguir tramitando dos expedientes en paralelo: uno electoral y otro penal, o si Ziulu y los abogados de Cambiemos tienen razón y es él quien debe concentrar todo. Uno de los argumentos a favor de esa salida es que él también tiene competencia penal. Pero en su resolución queda claro que por lo pronto descartaría avanzar en esa línea, lo que ayudaría a licuar las responsabilidades más graves, que podrían acarrear penas para los responsables. Un caso con algunos puntos en común que pasó para la Cámara Electoral es el de la campaña 2007 del Frente para la Victoria: ahí había una investigación penal que tenía entre sus principales implicados a Héctor Capaccioli, ex superintendente de Salud, y otro expediente electoral. La jueza María Servini de Cubría decía que como la causa penal peregrinaba por distintos juzgados y no se definía, ella no podía avanzar. Lo concreto es que no avanzaba nada. Con ocho años de delay fue procesado Capaccioli por lavado, cuando el juez Ariel Lijo dio por constatado que hubo dinero que se destinó a esa campaña que provenía del tráfico de efedrina. En el ínterin, el tribunal de alzada le decía a la jueza que avanzara, pero nada cambiaba.

Otra decisión previa, funcional a la competencia electoral y a diluir las responsabilidades penales, pero que se produjo en Comodoro Py, la tomó el camarista Martín Irurzun, cuando decidió mandar el expediente a cargo de Sebastián Casanello –originado con la denuncia de La Alameda– al juzgado

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de Ziulu. Casanello se quedó con un tramo de la pesquisa sobre aportes truchos en la Ciudad de Buenos Aires.

El juez Kreplak tiene un enfoque muy distinto al de su colega Ziulu, porque algunas de las medidas que adoptó apuntan a conocer el origen del dinero camuflado con aportantes truchos, además de los responsables. La semana pasada le tomó declaración al periodista Hugo Alconada Mon, quien ratificó lo que escribió en su libro La raíz de todos los males: que cuando estaba en campaña Mauricio Macri les pedía a los empresarios el 1 por ciento de su patrimonio, y que fuera en negro. También aportó nombres de empresas.

El juez también detectó maniobras de bancarización de aportes truchos: los días 4 y 5 de octubre del año pasado aparecen depósitos en cajeros de dos sucursales del Banco Nación (una en Recoleta y otra en Plaza de Mayo, a metros de la Casa de Gobierno) con donaciones de montos que rondan los 20 mil pesos. Sólo en la sucursal de Avenida Alvear, ingresó 1 millón de pesos de estos supuestos aportes que se les atribuyen a distintas personas de clase media (comerciantes, monotributistas y algún empresario). La semana pasada declararon cinco de ellos: tres dijeron que nunca aportaron nada. Uno suponía que sacaron sus datos porque alguna vez se anotó para participar de los timbreos, pero negó vínculos con Cambiemos. Otros dos admitieron aportes en unacena de recaudación, pero dijeron que lo entregaron en efectivo, no depositaron nada. Uno dijo que no lo declaró en la AFIP porque no le dieron recibo. El otro dijo recordar que sí, por lo que se pidió la documentación al ente recaudador.

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El Presupuesto 2019 avanza en el Senado. El oficialismo de Cambiemos terminó de acordar este lunes con el jefe de la bancada del peronismo federal Miguel Pichetto, para apurar la firma del dictamen del proyecto, en forma anticipada este mismo martes, al término de la exposición previstadel ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

“Están las firmas (de los senadores) y vamos a intentar que tenga dictamen mañana (por este martes)”, confirmó el macrista Federico Pinedo, en diálogo con la prensa acreditada, tras salir de la reunión con Pichetto en su despacho del segundo piso del Congreso.

En el cónclave estuvo también Frigerio, y al final se sumó el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Con Monzó se apuntó a coordinar la cuestión de los proyectos que volverán a la Cámara baja, como Bienes Personales.

“Fue una reunión de trabajo donde estuvimos viendo situaciones de diferentes provincias”, indicó Pinedo. Uno de estos casos fue el de Tierra del Fuego. La gobernadora Rosana Bertone pidió el encuentro con Frigerio para reclamar por fondos para viviendas que la Nación le adeuda, y temas impositivos de empresas afincadas en la isla.

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Frigerio atiende todos los reclamos en el afán de sumar votos al Presupuesto, que el Gobierno necesita tener sancionado para mostrar control político de cara al acuerdo con el FMI y al encuentro de Líderes del G20 a fin de este mes en Buenos Aires. Los fueguinos representarían otros dos votos (los senadores José Ojeda y Julio Catalán Magni) del bloque Justicialista que lidera Pichetto, que votará dividido. El peronismo federal aportaría entre 10 y 12 senadores (la mitad del bloque) a los 25 de Cambiemos. También votarán a favor, entre otros, el salteño Juan Carlos Romero, el santafesino Carlos Reutemann, y el neuquino del MPN Guillermo Pereyra. En la Rosada estiman un piso de 40 votos para la sanción.

“Estamos seguros de que vamos a tener un apoyo importante del sector de la oposición que ha garantizado siempre la gobernabilidad y que ha antepuesto la necesidad de que le vaya bien al país antes que las cuestiones partidarias”, sostuvo este lunes Frigerio al dejar el Congreso. Volverá este martes para la última exposición ante la Comisión de Presupuesto, a cuyo término se buscará darle dictamen al proyecto que tuvo media sanción de Diputados en la madrugada del 25 de octubre.

Con el dictamen, el Presupuesto -y sus leyes “complementarias”- será tratado en el recinto el miércoles 14. El sector de gobernadores opuesto al Presupuesto se propondría avanzar en su intención de derogar en la misma sesión el DNU de Mauricio Macri que eliminó el Fondo Sojero, pararestituir 100 mil millones de pesos a provincias y municipios.

Para el Gobierno, el tema está cerrado, lo mismo que para Pichetto que entiende que el Presupuestoes "federal" y que el reclamo del Fondo Sojero "dinamita" los acuerdos. El oficialismo buscaría sesionar el 14 bajo formato de sesión especial para que no sean tratados otros asuntos que no seanlos contemplados en el temario.

En el cónclave de este lunes se acordó también que el Senado dará media sanción a una “ley correctiva” del Presupuesto (para no tener que cambiar el texto), en lo que hace al impuesto especial a mutuales y cooperativas. La alícuota se bajará del 6% al 3%.

Así, el 14 se sancionará el Presupuesto, el nuevo Consenso Fiscal, la suspensión del ajuste por inflación en los balances de las empresas; y se devolverá a diputados los cambios en Bienes Personales con la modificación de dejar fuera del cálculo del impuesto a la casa-habitación hasta los 18 millones de pesos. Más la corrección de alícuota para mutuales y cooperativas.

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La devaluación del peso frente al dólar provocó aumentos inéditos en los subsidios energéticos. La estatal Enarsa ( rebautizada IEASA) demandó $ 2.000 millones para pagar gas importado en septiembre, lo que representa un crecimiento del 500% con respecto al dinero para ese fin usado durante el mismo mes de 2017. Entre enero y septiembre, la ex Enarsa requirió $ 32.255 millones, lo que representa una suba del 265% con respecto al gasto de esa firma en 2017.

Cammesa, que es la empresa mayorista del sector eléctrico, también importa gas, que se destina a la generación eléctrica. Por ambas razones, entre enero y septiembre ya gastó $ 66.100 millones, loque representa un crecimiento interanual del 61%: son $ 25.000 millones más que en 2017.

Los subsidios económicos llegaron a $ 185.505 millones hasta septiembre, una suba del 27% con respecto a 2017.

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El sector energético es el mayor destinatario de las subvenciones estatales de caracter económico, según un informe del instituto Asap. Recibió $ 115.865 millones, un 36% más que en 2017. Los subsidios al transporte acumulan $ 62.404 millones, un 15% más que en 2017.

En las partidas para Energía, hay menos plata para la producción local y más para pagar gastos en el extranjero. Los "incentivos a la producción de gas natural" alcanzaron los $ 8.920 millones hasta septiembre, un 61% menos que en 2016. En cambio, crecieron los presupuestos para la ex Enarsa yCammesa, que tienen que importar.

Los números parecen corroborar lo que dicen algunos productores de gas, con respecto a la polémica por las "compensaciones" en las tarifas. Se está pagando el doble o triple cuando se lo importa que cuando se lo produce en el país.

En el transporte, las asignaciones para colectivos fueron de $ 37.500 millones, un 19% más que en 2017, mientras que para ferrocarriles se destinaron $ 24.869 millones.

"Las transferencias para el financiamiento de gastos de capital de empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado presentaron una caída del orden del 44,1% interanual", define Asap. Se ejecutaron $15.536 millones, repartidos entre las asignaciones para el sector energético ($8.712millones), el transporte ($4.341 millones destinados al sector ferroviario), y a otras empresas públicas ($ 2.384 millones).

La ex Enarsa y Nucleoeléctrica son las que sufren un recorte de hasta un 50% en su presupuesto. También caen 36% las inversiones en infraestructura de trenes.

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Durante todo el día de hoy, los ciudadanos estadounidenses están llamados a votar en los comicios de medio término, después de una campaña cargada de violencia y hostilidad. En estas elecciones están en juego la totalidad de los escaños de la Cámara de Representantes, un tercio de los puestosdel Senado, 36 gobernadores y docenas de legislaturas estatales.

“No sé si están informando de ello, pero hay una gran electricidad en el aire, algo que no se ha vistodesde 2016”, afirmó ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, al comienzo de su mitin en Cleveland (Ohio). Hasta último momento de ayer, el mandatario seguía recorriendo el país apoyando a los candidatos republicanos que aspiran a mantener o conquistar una banca en el Senado, donde se espera que los republicanos mantengan su ventaja. Aunque su nombre no figurase en las boletas, el magnate neoyorquino es plenamente consciente de que estas elecciones son consideradas como un referéndum sobre su administración. Por ello, ayer hizo el cierre de campaña en los estados de Ohio, Indiana y Missouri.

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La dura postura del presidente republicano sobre la migración y su rechazo a las caravanas de migrantes centroamericanos que marchan hacia Estados Unidos, así como la promoción del crecimiento económico del país, han sido los dos temas más importantes de la campaña. A pocos días de las elecciones, Trump envió a miles de efectivos a la frontera con México y sugirió que si los migrantes centroamericanos tiraban piedras a los agentes, éstos podrían responder con tiros, aunque después se retractó. El mensaje que repitió en las últimas semanas es que los demócratas convertirían al país en un agujero negro de crímenes y drogas. “Ellos quieren imponer el socialismo en nuestro país. Y quieren borrar las fronteras de Estados Unidos”, había dicho en la noche del domingo en un encendido mitin en Chattanooga, Tennessee, en el centro del país.

Por este tipo de dichos es que detractores de Trump lo han acusado de alentar los actos de violenciaque se sucedieron durante la campaña. Primero, diferentes líderes opositores recibieron paquetes con explosivos. Luego, una masacre tuvo lugar en una sinagoga en Pittsburgh donde murieron 11 personas. A partir de ambos incidentes creció el temor de nuevos hechos de violencia y avivó los llamados al mandatario a que modere sus palabras y haga más por aliviar la tensión en el país.

Uno de las mayores interrogantes es cómo va a reaccionar el electorado a la agresiva retórica de Trump contra la inmigración y específicamente si esto va a afectar de una forma u otra al voto latino, en un país donde 29 millones de hispanos están registrados para sufragar. Pese a que el presidente estadounidense tiene el rechazo mayoritario de la comunidad latina, casi 30 por ciento de los votantes hispanos lo apoyaron en 2016.

En las elecciones de medio mandato el partido del presidente al frente del gobierno suele perder bancas en el Congreso y muchas encuestas reflejan esta realidad, ya que anticipan que esta vez los republicanos perderán su mayoría en la Cámara de Representantes. En el Senado es otra la historia.Los sondeos muestran que los republicanos podrían mejorar levemente su actual mayoría de dos bancas, gracias a que la economía sopla a favor del presidente. Algunas de las gobernaciones clave que están en juego tienen lugar en Iowa, Colorado, Nueva York, Georgia, Arizona, Michigan, Texas y Florida. En este último estado se dará una de las disputas más reñidas, entre el excongresista republicano Ron DeSantis y el demócrata y alcalde de Tallahassee, Andrew Gillum, quien aspira convertirse en el primer gobernador afrodescendiente de ese estado.

Los demócratas, por su parte, sacaron su principal arma en los últimos días de campaña: el expresidente Barack Obama, salió el domingo a auxiliar a un candidato demócrata en Indiana que podría perder su escaño. “El carácter de nuestro país está en la boleta”, dijo Obama en su discurso, en el que fustigó los escándalos judiciales que han marcado el gobierno de Trump. “Las elecciones de mañana pueden ser las más importantes de nuestras vidas”, reiteró ayer el ex mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

Sin embargo, más allá de la puja entre uno y otro partido, la gran batalla en estas elecciones se da en la participación ciudadana. En un país donde el voto no es obligatorio, los niveles de participaciónen los comicios de medio término suelen ser bajísimos. En 2014, por ejemplo, llegó a un mínimo histórico con un 37 por ciento, el nivel más bajo desde la Segunda Guerra Mundial. Por ello, celebridades, líderes empresariales y líderes políticos impulsaron a los electores estadounidenses a emitir su voto. El jueves, la estrella de la televisión Oprah Winfrey fue la última celebridad en movilizarse por la oposición demócrata. La animadora realizó un puerta a puerta en los suburbios deAtlanta, Georgia, para pedir el voto para la candidata afrodescendiente Stacey Abrams,que aspira a la gobernación de ese estado tradicionalmente republicano. Actrices como Julianne Moore, Jodie Foster, Ellen Pompeo y la cantante Cher también hicieron un llamado a votar en un video producido por el empresario Michael Bloomberg.

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