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PLANTEAMIENTOS POLÍTICOS E IDEOLÓGICOS EN LAS PROPUESTAS DESCENTRALIZADORAS O AUTONÓMICAS DE LOS ALBORES DE LA TRANSICIÓN. AUSENCIA DE PROYECTO

PARA ANDALUCÍA

Carmen R. García Ruiz Universidad de Almería

Las posibilidades de continuismo o evolución del régimen franquista, desechadas

con el fracaso del gobierno Arias, hizo viable un cambio de legitimidad a partir de la Ley

de Reforma Política bajo el compromiso de respetar las demandas regionales. Era el primer

reconocimiento gubernamental sobre la previsible reestructuración del estado,

respondiendo a las aspiraciones de la oposición nacionalista. Desde entonces se asistirá a la

confluencia de programas entre partidos de derecha e izquierda, para alumbrar una fórmula

de descentralización administrativa que hiciese viable la práctica política desde la

tolerancia y la convivencia social. Esto viene a demostrar que implícitamente el consenso

estaba gravitando sobre el futuro autonomista aproximando posturas que de partida eran

irreconciliables, pero que favorecían al nacionalismo democrático.

En meses, con la aceptación del sistema de partidos que supone las primeras

elecciones democráticas, se consolidaría la confluencia de proyectos de descentralización

administrativa y política entre los partidos que finalmente participarán en la redacción del

texto constitucional. No obstante, la ausencia de un planteamiento global del sistema

autonómico por parte de los partidos de oposición, estuvo en la base de la aceptación de

gobiernos provisionales en Cataluña y el País Vasco, previa la aceptación de su

generalización en el Pacto de la Moncloa.

1.- Regionalismo versus descentralización.

El personal político más avanzado del régimen había planteado desde principios de

la década de los 70 una reforma política y administrativa para una gestión pública desde las

regiones. Ese debate, circunscrito a una minoría encaramada en cotas de poder local, no

llegó a incidir en la aceptación de las regiones como unidades administrativas dentro de la

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Ley de Régimen Local que Arias Navarro había presentado como una de sus aportaciones

al proyecto “aperturista”1. La falta de solución a un problema planteado desde dentro del

régimen, llevó a la apertura de un debate sobre regímenes administrativos especiales, a

partir de procuradores en Cortes y diputados provinciales2. Se demandaban competencias

administrativas y dotación económica para confluir en un régimen mancomunado,

generalizable a todo el estado bajo los principios de igualdad, generalidad y solidaridad

entre las distintas áreas regionales3.

Los proyectos de mancomunidad de diputaciones provinciales se fundamentarán

históricamente por la preexistencia de regímenes forales como el vasco, o por

circunstancias socioeconómicas de subdesarrollo como era el caso de Andalucía, Canarias o

Extremadura4. En el primer caso no se satisfizo los intereses de la derecha nacionalista más

conservadora, pero permitió contactar con la oposición y el reconocer de facto

personalidades nacionales específicas. En el segundo caso, la falta de una tradición

institucional propia hizo más patente la necesidad de clarificación de la situación política y

racionalización del proceso ante conciertos económicos que suponían privilegios fiscales

para algunas regiones y profundización en los regionalismos discriminatorios.

Los proyectos de las comisiones de estudio de regímenes especiales, fueron la base

de los estatutos de mancomunidad de diputaciones provinciales de régimen común

aprobados en febrero del 77. Su definición como entidades locales, con personalidad

jurídica y patrimonio propio, era la respuesta ofrecida desde las diputaciones ante la

reforma política, el umbral de unas elecciones democráticas y la futura presencia de

representantes políticos elegidos por el pueblo. Con ello pretendían salvaguardar a las

futuras entidades regionales de modificaciones posteriores efectuadas por los partidos

políticos del futuro estado democrático.

La Comisión Promotora del Ente Regional Andaluz, se había constituido el 21 de

abril de 1976 en la Diputación Provincial de Sevilla, dispuesta a colaborar en la redacción

1GÓMEZ de las ROCES, H.; Perspectivas de la región en la nueva legislación local. Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1977. 2Cambio 16, nº 190, 28 de julio de 1975. Las fuentes hemerográficas utilizadas para la comunicación han sido Cambio 16, Diario Sur, El País, Posible, Sol de España, e Historia de la Transición. Diario 16. 10 años que cambiaron España, 1973-1983. Se ha procurado sintetizar el número de citas para hacer el texto más fluido. 3 El País, 21 y 22 de mayo de 1976, p. 10

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del Plan Director de Ordenación Territorial de Andalucía, ampliamente rechazado desde

todos los ámbitos profesionales de la región por su inspiración centralista, y la redacción

del proyecto de mancomunidad de diputaciones andaluzas a partir de la nueva legislación

de administración local5. Sus objetivos se ceñían a coordinar, planificar y desarrollar vías

interprovinciales de comunicación para impulsar el plan director de coordinación de la

región6, y proyectos de expansión industrial que se redactarían ante la previsible

transferencia de servicios a las diputaciones. No se valoraba un concierto económico

propio, sino que se supeditaba a la forma de descentralización que acordaran las Cortes.

Los estatutos, aprobados después del referéndum de la reforma política, serían

desestimados por la Dirección General de Administración Local por su fin exclusivo de

realización de obras, oferta de servicios y ausencia de aspiraciones de autogobierno, a pesar

de lo cual se logró poner a información pública después de las elecciones legislativas,

cuando ya era inviable7. El programa de descentralización económico-administrativa de

Andalucía, respondía al más puro regionalismo, concibiendo una institución enfrentada

ideológicamente a soluciones autonomistas ligadas a principios democráticos8.

Proyectos más avanzados que el andaluz, originados dentro del régimen, serán

asumidos en parte por asociaciones y partidos políticos creados desde el mismo. El

conglomerado de grupos acogidos a la ley de asociaciones políticas coincidía en algunos

casos en la necesidad de un regionalismo tendente a formalizar la descentralización

administrativa, dentro de la unidad política del estado. El más progresista, Reforma Social

Española, que aceptaba un sistema de autonomía con la constitución de consejos regionales

o de país, con competencias administrativas, ejecutivas y legislativas9. Pero no olvidemos

que entre ellos se encontraban también partidos continuistas de tendencia falangista.

Entre los que formaron UCD, defendían el desarrollo de las peculiaridades

culturales, sociales y económicas de las regiones mediante una descentralización

administrativa, asociaciones como Unión del Pueblo Español, Tácitos y Partido

4Cambio 16, nº 222, 8 de marzo de 1976. 5Sesión 6 de junio de 1977. Leg. 4.628. Sección Presidencia. Archivo de la Diputación Provincial de Málaga. 6El País, 3 de febrero de 1977, p. 14. 7BOP, nº 148, 1 de julio de 1977, p. 1. 8Leg. 1.801: 4. Sección Presidencia. Archivo de la Diputación Provincial de Málaga. 9CANTARERO DEL CASTILLO, M.; Reforma Social Española. Albia, Bilbao, 1977, p. 79-81.

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Socialdemócrata. Mientras que desde posturas más cercanas a una optimización de la

gestión estatal, ANEPA apelaba a una redistribución del poder público10. En el caso de

Andalucía, la aproximación al proyecto centrista del Partido Social Liberal Andaluz,

contribuirá a asumir ideas desarrolladas en opciones políticas de izquierda, para defender

un regionalismo no discriminatorio y esgrimido como forma de superación de una situación

económica diferencial.

AP se encuentra en la verdadera base de los proyectos mancomunados ofertados

desde las diputaciones provinciales, recordemos que Manuel Fraga venía planteándolo para

crear órganos regionales representativos, reconociendo después su personalidad y

autonomía11. Ese proyecto se mantendrá ante las elecciones legislativas, envuelto en

apasionado nacionalismo español para defender la unidad del estado12. Sólo en una minoría

se encontraba presente el discurso “antiseparatista”, como el Frente Nacional Español o

FAE, que desarrolló acciones contra la bandera andaluza durante las campañas de

concienciación del PSA13.

2.- Los proyectos de la oposición.

La distribución territorial del poder político, que no descentralización, fue postulada

por el grueso de la oposición, inducidos por las demandas nacionalistas de vascos y

catalanes. En su plasmación práctica se diferenciaba entre “regiones”, áreas territoriales con

cierta homogeneidad geográfica, y “nacionalidades”, que igualmente aceptaban o

cuestionaban la unidad del estado español, referido a la especificidad catalana, vasca y

gallega. La aceptación del término “nacionalidad” llevaba implícito la demanda de una

organización federal del estado y el ejercicio del derecho de autodeterminación, postura que

se irá abandonando para introducir propuestas autonomistas más próximas al nacionalismo

democrático; a excepción de la izquierda radical que lo acentuará con demandas de

autodeterminación en nacionalidades históricas y regiones subdesarrolladas. Observemos

10CONTE BARRERA, J.; Las Asociaciones Políticas. ATE, Barcelona, 1976. FERNÁNDEZ DE CASTRO, I.; La lucha política por el poder. Elías Querejeta, Madrid, 1976. 11FRAGA IRIBARNE, M.; Sociedad, Región y Europa. Madrid, 1973. La Monarquía y el País. Planeta, Barcelona, 1977. 12RODRÍGUEZ, Rafael; ¿Quiénes son en Málaga? AP, nº 7. Lafer, Málaga, 1977, p. 26. 13LOMEÑA, A. y RODRÍGUEZ, R.; ¿Quiénes son en Málaga? FAE, nº 3. Lafer, Málaga, 1977, p. 19.

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los discursos de los partidos mayoritarios de oposición, en torno a los que se constituirán

plataformas políticas unitarias.

El PCE partía del reconocimiento del carácter multinacional del estado y el derecho

de autodeterminación de nacionalidades y regiones, pero en el Manifiesto-Programa

emanado de la IIª Conferencia Nacional de septiembre del 75, se habla de descentralización

política y autogobierno basada en la solidaridad entre regiones, y aceptación de una

estructura federal del estado14. Ante el Referéndum de la Ley de Reforma Política llamó a

los partidos políticos en Andalucía a adoptar una postura unitaria de abstención y demandar

la institucionalización de países y regiones15, con responsabilidades de gobierno16.

El PSOE, mantuvo durante más tiempo sus exigencias originarias pero tampoco se

pronunció por la especificidad andaluza, tanto en Suresnes como en su XXVII Congreso,

defendió el ejercicio libre del derecho de autodeterminación de nacionalidades y regiones,

dentro de un estado federal, para evolucionar hacia planteamientos autonomistas ante las

elecciones legislativas17.

Ese viraje se inicia con el proceso de unificación de la oposición a nivel nacional,

obligados por la diversidad de ideologías de los partidos que participan en él, hasta

aproximarse a las experiencias autonomistas republicanas. En las plataformas unitarias

quedarían recogidas las propuestas al respecto, siempre bajo el mantenimiento de la unidad

del estado.

La Junta Democrática de España había establecido de antemano la diferencia entre

nacionalidades y regiones, al pedir el reconocimiento de la personalidad política de

Cataluña, País Vasco y Galicia, mientras que se limitaba la propuesta a las regiones que lo

decidiesen democráticamente. Se presuponía que no era necesaria la consulta popular en las

14Proyecto de Programa Regional del PCE en Andalucía, 3 de enero de 1977. Regional Andalucía, documentos,

carpeta 42. AHPCE. En palabras de Carrillo, se estaba dispuesto a trabajar junto a partidos nacionalistas para plantear el problema de al autodeterminación y autonomías en el momento de la democracia. Mundo Obrero, Año XLVI, nº 45, 16 de diciembre de 1976, p. 9. 15Declaración del Comité Regional de Andalucía del PCE, Sevilla, diciembre de 1976. Regional Andalucía,

documentos, carpeta 57. AHPCE. 16A todos los Andaluces, Comité Regional del PCE de Andalucía, 29 de enero de 1977. Regional Andalucía,

documentos, carpeta 58. AHPCE. 17XXVIIº Congreso del PSOE. Avance, Barcelona, 1977, p.128.

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nacionalidades históricas que asumirían los estatutos de autonomía defendidos por los

partidos que la constituían18.

La Plataforma de Convergencia Democrática reincidía en la necesidad de

reconocimiento de los derechos y libertades políticas de las nacionalidades y regiones del

estado español, asumiendo el programa político del PSOE que introducía como forma de

organización del mismo una estructura federal en un régimen democrático pluralista19.

Ambas ideas confluirán en los programas acordados por Coordinación Democrática

ante una previsible ruptura política frente al gobierno Arias, y en la Plataforma de

Organismos Democráticos nacida ante el Referéndum de la Ley de Reforma Política, que

anteponía el reconocimiento de los estatutos aprobados en la República y dotación de

organismos políticos a las regiones que lo demandasen; de forma que se garantizase un

proceso autonómico generalizado durante el período constituyente.

Andalucía en la pretransición apenas si alcanza alguna relevancia política, se irá a

remolque de otros programas regionalistas o autonomistas, circunstancia que se prolongará

hasta que se cuente con representantes políticos elegidos democráticamente. Presentábamos

los más bajos niveles de conciencia regional, explicado sociológicamente por su situación

de subdesarrollo económico, con escasas pretensiones de asumir competencias regionales o

autonomistas; ya no digamos federales o independentistas20. Pero paradójicamente el

discurso de la desigualdad andaluza se articulará en torno a la situación de dependencia

económica y social, utilizado por la clase política emergente.

La confluencia de la oposición a nivel regional en la Asamblea Democrática de

Andalucía que unía a ASA, OCE(BR), PCE, PCI, PSOE, CC.OO., UGT, USO y Partido

Carlista, supone una de las primeras manifestaciones de unidad regional, pronunciándose

por el derecho de autodeterminación, el reconocimiento de las libertades nacionales y

regionales. Ante la muerte de Franco, las jornadas de acción democrática contra el régimen

y por la ruptura, llevan a la Junta Democrática de Andalucía a apelar a la situación de

subdesarrollo de Andalucía para exigir derecho de autonomía y reconocimiento de su

18Unidad Roja, Portavoz de la OCE (BR) en Andalucía, nº 7, noviembre de 1974, p. 6.

19Socialismo es libertad. Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1976. GONZÁLEZ, F.; La línea política del PSOE

Madrid, 1976.

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personalidad política21, en una estrategia que seguiría Coordinación Democrática de

Andalucía bajo unos principios socioeconómicos propios de la experiencia del movimiento

obrero, con los que convocaban el 4 de noviembre del 76 el “Día Regional de Andalucía”,

contra el paro y la política económica del gobierno22.

Era una experiencia testimonial en comparación con lo que estaba sucediendo en

Cataluña, donde desde 1969 existía la Coordinadora de Fuerzas Políticas que tras la muerte

de Franco se transforma en Consejo. A pesar de la diferencia de proyectos e ideologías que

movía a los grupos que se encontraban en él, la unidad estaba fraguada en su lucha

antifranquista y personalidad política catalana23. En cambio eran factores que también se

daban en el País Vasco, que no consiguió formalizar un organismo unitario regional, debido

a la fuerte presencia entre la oposición de partidos nacionales como el PCE y PSOE.

En ASA localizamos el primer proyecto político específico para Andalucía, en su

manifiesto de noviembre del 73 se pronunciaba por un regionalismo solidario y no

separatista, contra un centralismo discriminador y su colonización política, social y

económica de Andalucía. Demandaba un estatuto especial que reconociese su personalidad

política y regulase su autonomía. Eso exigía una asamblea representativa y un ejecutivo que

realizara una política que aminorase las diferencias y desigualdades en España24. Ese

discurso y principios políticos serán asumidos en buena parte por el grueso de los partidos

políticos de oposición en Andalucía, incluida la UCD. También serán los primeros en

presentar un proyecto de estatuto en mayo del 76, cuando inicia su transformación en

partido político25. Era un documento para trabajar con una oposición que aún no se había

consolidado en su dimensión regional. En la Declaración del Iº Congreso y estatutos se

pronuncia por un regionalismo impulsado por un movimiento popular para la toma de

20CAMPO, S. del; NAVARRO, M. y TEZANOS, J. F.; La cuestión regional española. Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1977. 21Unidad, nº 8, diciembre de 1975. Órgano de las fuerzas de la cultura de Andalucía del PCE.

22N. I. 19 y 21 de octubre de 1971 Servico de Información de la Guardia Civil. Archivo de la Subdelegación del Gobierno de Málaga. La información sobre Junta Democrática, Plataforma de Convergencia Democrática y Coordinación Democrática parte de panfletos y octavillas de la época cedidos por D. Antonio Nadal. 23SOLÉ-TURA, J.; Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías, federalismo, autodeterminación. Alianza, Madrid, 1985. Sistema, nº 74, septiembre de 1986, pp.146-148. 24RODRÍGUEZ, Rafael; ¿Quiénes son en Málaga? PSA, nº 1. Lafer, Málaga, 1977, pp. 7-10. 25AUMENTE, J.; Teoría y práctica del poder andaluz. LOMBAO, M. y SACALUGA, M. A.; Andalucía. La Gaya Ciencia, Barcelona, 1977. Palabras de Luis Uruñuela, dirigente del PSA, pp. 68-74, y José Aumente sobre “Teoría y Praxis de un <<Poder Andaluz>>”, pp. 158-161.

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conciencia colectiva necesaria para la reconstrucción histórica y cultural de Andalucía. El

objetivo era principalmente político, conseguir un estatuto de autonomía para lograr los

suficientes resortes de poder, y capacidad de gobierno para potenciar un cambio social,

económico y cultural. El término nacionalidad era contemplado como categoría

sociopolítica de raíz histórica, pero no diferenciable de la región, por tanto los derechos de

autonomía debían asistir en igual forma a nacionalidades y regiones.

La falta de proyecto propio de Coordinación Democrática de Andalucía acentuaba

su función nacional más que regional, el programa autonómico se supeditaba a la estrategia

de lucha por la supremacía política. Los partidos y sindicatos de mayor calado estaban

unidos en ella y como grupos hegemónicos no estaban dispuestos a participar de una

expresión unitaria de carácter regionalista liderada por proyectos del PSA, que se

pronunciaba por un organismo autónomo para la defensa de los intereses de la región que

inicia sus pasos en Écija. PCE, PSOE, CC.OO. y UGT, que defendían Coordinación

Democrática de Andalucía como plataforma de fuerzas políticas y sindicales de la región,

acepta en su programa la defensa de una autonomía andaluza y a principios del 77 inicia el

estudio de un estatuto.

Mientras, el PSA desarrollaba una campaña a favor del elaborado por ellos26, y

abocados a pactar con el Partido Social Popular para formar un Frente Democrático

Andaluz ante el 15-J, siguiendo la táctica diseñada en la Federación de Partidos

Socialistas27.

Esa división estaba haciendo patente la incapacidad organizativa de la oposición

andaluza respecto a otras regiones. El PSA era un partido con escaso ascendiente político y

mucho menor era el de otras soluciones andalucistas, como el recientemente creado

Movimiento Socialista Andaluz28, junto a las diferencias ideológicas de partida con el

26Andalucía Libre, nº 6, abril de 1977, p. 7.

27Participa en la federación junto a RSA, formando Convergencia Socialista de Andalucía. Ante la ruptura política habían defendido el reconocimiento de la personalidad política de nacionalidades y regiones, además del derecho de autodeterminación, ejercido previo reconocimiento de su autogobierno. BARÓN, Enrique; Federación de Partidos Socialistas. Avance-Mañana, Barcelona, 1976, p. 36. 28Nace en Casares, septiembre de 1975, con una propuesta de socialismo autogestionario y autonomía para Andalucía. En marzo del 77 presentan un proyecto autonómico para Andalucía. LOMEÑA, Agustín; ¿Quiénes son en Málaga? MSA, nº 6. Lafer, Málaga, 1977.

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Partido Social Liberal Andaluz de Clavero Arévalo, próximo a opciones regionalistas de

centro.

3.- Triunfo de las tesis autonomistas.

Obviado el debate sobre la forma de estado, no era posible para la oposición y el

gobierno hacer lo mismo con su estructura, pero superar la controversia

autodeterminación/autogobierno obligaba a ambos a asumir la opción autonómica. Existía

un compromiso anterior al 15-J del 77, para la construcción de un estado plurinacional y

regional e instituciones que reconociesen su personalidad política, condicionando de

antemano el debate constitucional y autonómico en función a unos objetivos marcados.

Instituciones autónomas históricas y asambleas preautonómicas cumplirán esa

función, la oposición intervendrá desde ellas en el proceso constitucional a través del

autonómico, al atribuirse voluntad de autogobierno en todas las regiones desde junio del 77,

y retrasado en Andalucía por la lucha entre UCD y PSOE para consolidarse como partidos

mayoritarios29. No obstante, se consagrará en la Constitución la diferencia entre regiones y

nacionalidades al admitirse una doble vía de acceso a la autonomía. La ausencia de pacto

político sobre la cuestión, la preeminencia de los partidos organizados a nivel estatal, la

influencia del nacionalismo y su peso en la lucha antifranquista condicionarían tal

circunstancia.

La nueva clase política inducirá el proceso preautonómico al margen de los niveles

de conciencia o demanda social. Ésta crecería conforme se alcanzasen cotas de libertad y

como reacción a los nacionalismos periféricos, justo cuando los debates constitucionales se

encontraban avanzados. Desde el punto de vista del gobierno se abundará en una reforma

institucional con una división territorial del estado, vinculada a la fiscalidad en la

administración local y a su vez solucionaba las demandas nacionalistas30. Desde las

asambleas de parlamentarios se conciben como la restitución de antiguas propuestas

29PÉREZ DÍAZ, V.; El retorno de la sociedad civil. Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1987, p. 59. La primacía de la sociedad civil. Alizanza, Madrid, 1993, p. 242. 30JIMÉNEZ BLANCO, J.; La conciencia regional en España. CIS, Madrid, 1977. LÓPEZ ARANGUREN, E.; La conciencia regional en el proceso autonómico español. CIS, Madrid, 1983. Informe sociológico sobre el cambio político en España. FOESSA, Madrid, 1981. BLAS GUERRERO, Andrés de; “Estado de las autonomías y transición política”, pp. 105-119. En COTARELLO, R. ; op. cit.

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autonomistas, con voluntad política de gobierno que estaba viéndose entorpecida por la

inclusión de representantes de la administración local en el alumbramiento de nuevos

estatutos y la necesidad previa de un texto constitucional.

Se garantizará a partir de septiembre del 77 la posibilidad de organización de entes

preautonómicos para neutralizar agravios comparativos con las nacionalidades históricas31.

Los estatutos preautonómicos se aprobaron por decreto-ley, al margen del Parlamento y con

UCD a remolque de grupos con claros propósitos de gobierno32, situación que preludiaba la

configuración del estado de las autonomías y progresivo deterioro del gobierno33.

En Andalucía la demanda autonómica había formado parte de los programas

políticos de los partidos de izquierda, desde una postura fundamentada en el subdesarrollo

económico, social, cultural y político, propios de una estructura socioeconómica

dependiente y que frenaban la elaboración de una conciencia de identidad andaluza.

Apelaba a uno de los mejores cohesionadores sociales para la región, pues procuraba una

identidad diferenciada, expresión de marginación. La solución era una autonomía

favorecedora para la clase obrera que profundizase en las cotas de democracia previstas.

Era un doble elemento aglutinante en la voluntad andalucista de la sociedad y sus

representantes políticos que hace escorar en su conjunto a una identificación ideológica de

izquierda34, que también influye en posiciones de centro al confluir en el discurso político

la idea de autonomía como instrumento de cambio económico y social para Andalucía35.

La Asamblea de Parlamentarios Andaluces presentó dificultades en su formación

debido a la rivalidad entre PSOE y UCD en su lucha por la hegemonía en la misma, que se

centra en las diferencias sobre la inclusión de Ceuta y Melilla. Se formaliza el 27 de agosto

31FERRANDO, J.; El estado unitario, el federal y el Estado regional. Tecnos, Madrid, 1978. GARCÍA FERRANDO, M.; Regionalismo y autonomía en España, 1976-1979. CIS, Madrid, 1982. VALLÉS, Josep M.; “La política autonómica como política de reforma institucional”, pp. 365-387. VILAS NOGUEIRA, J; “La organización territorial del Estado”, pp. 219-239. En COTARELLO, Ramón; Transición Política y consolidación democrática. España (1975-1986). CIS, Madrid, 1992. 32ÁLVAREZ DE MIRANDA, F.; Del <<contubernio>> al consenso. Planeta, Barcelona, 1985. 33MELIÁ, Josep; Así cayó Adolfo Suárez. Planeta, Barcelona, 1981. 34LACOMBA, J. A. (comp.); Historia de Andalucía. Ágora, Málaga, 1996, p. 151. CAZORLA PÉREZ, J.; “Los andaluces y la autonomía”, pp. 317-339. Actas del IIº Congreso sobre el Andalucismo Histórico, Casares-Málaga, 1985. 35CLAVERO, M.; España, desde el centralismo a las autonomías. Planeta, Barcelona, 1983. MARTÍN VILLA, R.; Al servicio del Estado. Planeta, Barcelona, 1984.

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para trabajar por una constitución en la que la unidad del estado fuese compatible con la

autonomía de los pueblos y regiones, con competencia política, ejecutiva, legislativa y

administrativa, dentro del principio de solidaridad interregional y por un tratamiento

especial a regiones subdesarrolladas. Por tanto el futuro estatuto debía ser una herramienta

para lograr objetivos socioeconómicos que transformasen las estructuras de la región36. Era

el triunfo de la visión que los partidos de izquierda tuvieron sobre la funcionalidad de la

autonomía, respondiendo a la mayoría de parlamentarios del PSOE y PCE.

El proyecto de autonomía aprobado por la asamblea el 19 de noviembre del 77

como marco para la negociación con el gobierno, preveía un consejo regional y un comité

ejecutivo como órgano de gobierno de un régimen preautonómico sin poderes efectivos.

Proyecto en el que dominó las tesis izquierdistas y que decidía la presidencia a favor del

PSOE.

UCD había propuesto una junta de carácter presidencialista, con un consejo en el

que cabían representantes de las diputaciones, con funciones de gobierno y administración,

excluyendo las legislativas hasta la aprobación de la Constitución. El PCE una asamblea

regional, gobierno con poder ejecutivo y órgano de poder judicial, tal y como lo plantearon

sus parlamentarios al ministro de las Regiones y recogían en el estatuto que habían

elaborado para Andalucía37.

Partidos políticos extraparlamentarios, sindicatos y asociones culturales se

mostraron dispuestos a colaborar con proyectos autonómicos propios. Se encontraban en la

coordinadora con más de una veintena de organizaciones que lanzó una campaña de

sensibilización autonómica que colaboraría con la Asamblea de Parlamentarios Andaluces

en la gran manifestación del 4-D.

36Sol, 28 de agosto de 1977, p. 11.

37Mundo Obrero, Año XLVII, nº 39, 6 al 12 de octubre de 1977, p. 9.