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Plan Estratégicopara la política pública de

Justicia2012-2015

2 [Plan estratégico de justicia 2012-2015]

Plan Estratégico para la política pública de Justicia 2012-2015

Edita:Dirección General de Relaciones con la Administración de JusticiaConsejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias

Primera versión: Mayo 2012Versión nº 10: octubre 2012.

Plan Estratégico

[Plan estratégico de justicia 2012-2015] 3

para la Política Pública de

Justicia

2012-2015


Índice

Capítulo Página

Presentación 51. El Proceso de planificación 72. Nuestra Misión, Visión y Valores organizativos 93. Los Ejes estratégicos 114. Los Objetivos. El Mapa estratégico 125. Programas y proyectos 155.1 Nueva Oficina Judicial 165.2 Nueva oficina Fiscal 195.3 Nuevas inversiones en infraestructuras y equipamiento 215.4 Mejora del acceso al Derecho y a la Justicia a los más desprotegidos 245.5 Mejora de la Información y Atención al ciudadano 275.6 Mejora de los servicios soporte de la Actividad jurisdiccional 295.7 Colaboración y participación institucional 315.8 Mejora de la gestión de los Recursos Humanos 335.9 Desarrollo del Capital Humano al servicio de la Administración de Justicia

34

5.10 Búsqueda de la Excelencia en la Gestión 355.11 Modernización del Registro Civil 375.12 Desarrollo del Sistema de Gestión Procesal Atlante II 385.13 Mejora de la Interoperabilidad 405.14 Reingeniería de la Organización judicial 455.15 Fomento de la mediación y otros mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos

46

6. Alineación y Priorización de los proyectos 486. Indicadores 51Anexo I. Análisis DAFO 56


Presentación

La elaboración del presente Plan Estratégico responde al convencimiento de que la gestión de las

competencias del Gobierno de Canarias en materia de Justicia no pueden desarrollarse de manera

reactiva, como reacción a problemas o demandas urgentes no previstas ni planificadas con la

suficiente antelación, lo que suele conducir a la obtención de malos resultados y tensiones

organizativas.

Por el contrario, pretendemos desarrollar una filosofía de gestión orientada a resultados y

comprometida con la rendición de cuentas. La orientación

a resultados se concreta en un conjunto de objetivos y

metas que se tratan de alcanzar con la realización de un

conjunto de proyectos. Para hacer realidad la rendición de

cuentas ha sido necesario definir un conjunto de

indicadores que sirva para medir el grado de consecución

de los objetivos planteados, comprometiéndonos a la

elaboración y publicación anual de una Memoria de

Gestión y Balance de resultados que tranparente la

gestión desarrollada.

Asimismo, tratamos de desarrollar una gobernanza

pública presidida por la participación e interacción de los

distintos niveles de Instituciones púbicas, colectivos y agentes implicados e interesados en la

política de Justicia, al ser conscientes de que la toma de decisiones sobre los importantes desafíos

que tiene planteados la Administración de Justicia serán de mayor calidad si son adoptadas en

procesos deliberativos en los que se intercambie el mejor conocimiento disponible. Para hacer

realidad este fin se desarrollan un conjunto de acciones que tratan de potenciar la colegiación de

esfuerzos y la colaboración de los distintos grupos de interés.

Sin duda, nuestra sociedad actual se caracteriza por su creciente dinamismo y complejidad. En

efecto, los cambios se producen a una velocidad de vértigo que pone en cuestión la capacidad de

adaptación de los individuos y organizaciones. De otro lado, la creciente multiplicidad de colectivos

con expectativas e intereses distintos y, a veces, contradictorios, aportan un grado de complejidad

importante a las Administraciones públicas, exigiéndoles a éstas un cada vez mayor esfuerzo en la

búsqueda de soluciones equilibradas no exentas de dificultad.


Estos factores aportan incertidumbre a los procesos de planificación de las Administraciones

Públicas, pues la problemática o expectativa para la que se diseñaron los objetivos y proyectos

puede cambiar o evolucionar rápidamente, haciendolos ineficaces o ineficientes. Asimismo, en una

época de crisis económica tan persistente como la actual la incertidumbre se acrecienta, ante las

lógicas tensiones sbre el Presupuesto y la eventualidad de decisiones de política financiera que

supongan una aminoración de la financiación de

los dispintos proyectos e iniciativas.

No obstante lo anterior, la incertidumbre del

contexto actual sólo puede reducirse

interiorizando e implementando en el seno de la

organización un proceso de planificación

estratégica adaptativa; razón por la que a este

proceso le hemos dado también la

consideración de proyecto en el Plan que ahora

se trata de presentar.

Por último, es preciso agradecer el esfuerzo de

todo el personal que ha participado en el diseño y elaboración del Plan, así como de cuantos

colectivos y agentes nos han hecho llegar propuestas, invitándoles a mantener el espíritu de

colaboración a lo largo de todo su despliegue, con el convencimiento de que redundará en la

mejora de la Administración de Justicia en Canarias.

Francisco Hernández Spínola

Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Pedro Herrera Puentes

Viceconsejero de Justicia.

Alejandro Parres García

Director General de Relaciones con la Administración de Justicia.


1. El proceso de planificación estratégica

El proceso de planificación se ha desarrollado siguiendo una metodología inspirada en el Cuadro

de Mando Integral. En esencia, se han seguido las siguientes fases:


Para la fase de Diagnóstico se elaboró un análisis DAFO cuyo contenido se extracta en el Anexo I

de este documento.Nuestros Grupos de Interés: Las necesidades

y expectativas actuales y futuras de los grupos

de interés son el fundamento de nuestras

estrategias.

Hemos identificado los siguientes grupos de

interés en nuestra gestión:

El Consejo de Gobierno de Canarias Los órganos superiores del

Departamento y organismos adscritos. El Ministerio de Justicia y Fiscalía

General del Estado. El Consejo General del Poder Judicial El Tribunal Superior de Justicia de

Canarias y la Fiscalía Superior de Canarias.

El Personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia del Libro VI de la LOPJ. Los Magistrados, jueces, fiscales y secretarios judiciales. El personal adscrito a la Viceconsejería de justicia y a la Dirección General de Relaciones

con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias. Los Sindicatos y órganos representativos del personal al servicio de la Administración de

Justicia. Los Colectivos profesionales que intervienen o se relacionan con la Administración de

Justicia. Los Institutos de Medicina Legal. Órganos rectores del presupuesto, así como los de control interno y externo de la gestión

económico financiera (Viceconsejería de Hacienda, Dirección General de Planificación y Presupuestos, Intervención General, Audiencia de Cuentas de Canarias)

Los departamentos competentes en materia de Justicia de otras Comunidades Autónomas con competencias transferidas.

La Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias, el Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.

Las Corporaciones locales. Nuestros proveedores de bienes y servicios Fundaciones y Organizaciones no gubernamentales en áreas vinculadas a la Administración

de Justicia. Los Grupos parlamentarios y partidos políticos Los medios de comunicación Los ciudadanos y la Sociedad en general.

Recogeremos periódicamente un corpus global de información sobre los grupos de interés,

incluyéndola en el proceso de formulación y despliegue del Plan. Sus necesidades y expectativas

se intentan determinar por diversas vías, (reuniones de Comisiones Mixtas o de formación pluri-

institucional; reuniones de grupos de trabajo; encuestas, análisis estadísticos, publicaciones,

Debilidades Amenazas

Fortalezas Oportunidades


informes y estudios de Instituciones o de elaboración propia; informes anuales de control financiero

permanente, etc.

2. Nuestra Misión, Visión y Valores organizativos.La metodología de la planificación estratégica exige una labor introspectiva previa de la

organización, en paralelo a la fase de diagnosis con el objeto de definir su misión, su visión y sus

valores.

La “misión” trata de condensar cuál es la razón

de ser del departamento competente en materia

de Justicia. Es una declaración escrita en la

que se concreta el propósito de la organización.

Constituye el objetivo primordial hacia el que se

deben dirigir los programas y proyectos que se

desarrollen; la misión es por tanto una declaración

finalista.

La “visión”, por su parte, es un salto en el tiempo,

supone plasmar de forma concisa cómo nos gustaría

ser percibidos por nuestros grupos de interés, la

imagen gráfica que se desea para la organización en

el futuro, sirve para alinear las iniciativas que se

planteen en el presente con el rumbo que debe seguir la

organización. La visión, por consiguiente, es una declaración voluntarista.

Los “Valores” definen el conjunto de principios y reglas que se consideran especialmente

resaltables para cumplir con la misión y alcanzar la visión que se desea de la organización.

Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional. El objetivo básico de la

definición de valores es el de reforzar un marco de referencia que inspire y regule la forma de

funcionar en el departamento competente en materia de Justicia.

Sentado lo anterior, las personas adscritas a los órganos superiores del Departamento competente

en materia de Justicia definen la misión (larazón de ser del mismo ) la visión (ccómo nos gustaría

ser percibidos en el futuro) y los valores o principios que sirven de guía, de la siguiente manera:

Es el eje de los proyectos relacionados con la

vocación de servicio del Departamento hacia

las personas que acuden a la Administración

de Justicia para ejercer su derecho

fundamental de acceso a la tutela judicial

Es el eje mediante el cual se articula el

deseo de alcanzar la excelencia en la

prestación de los servicios en un marco de

gestión que garantice la sostenibilidad de

la Administración de Justicia

Es el eje que aglutina los proyectos

destinados a incrementar el valor del capital

humano, tanto del Departamento

competente en materia de Justicia como de

la propia Administración de Justicia


3. Los ejes estratégicos

Se han definido tres ejes estratégicos

Servicio público eficaz

y orientado a las

personas

Gestión eficiente de los

recursos

Personal cualificado y

motivado


4. Los objetivos

Se han determinado los objetivos siguiendo la metodología del Cuadro de Mando Integral.

El Cuadro de Mando Integral es un marco para implantar las estrategias y para medir la actividad y

los resultados de una organización que pretende superar la limitación tradicional que para los

directivos representa tomar decisiones basadas sólo en indicadores financieros. Los indicadores

financieros informan sobre los resultados de esta índole (indicadores del pasado), pero no

comunican cuáles serán los inductores que indican cómo se crea valor desde la perspectiva de los

ciudadanos, de los procesos, de los empleados o de la tecnología e innovación.

Con el Cuadro de Mando Integral (CMI), se mantienen los indicadores financieros, para dar

información de los resultados de este tipo realizados (enfoque al pasado), pero equilibra el sistema

de medición incorporando indicadores no financieros, en otras tres perspectivas que se suman a la

Financiera (Clientes, Procesos y Aprendizaje y desarrollo), y que responden a las siguientes

preguntas clave:

Perspectiva Financiera: ¿Para alcanzar éxito qué resultados financieros debemos

presentar? (objetivos e indicadores claves para los resultados financieros). En el

sector público, debemos entender por “financieros”, en sentido amplio, a los

objetivos e indicadores de tipo financiero, económico-patrimonial y presupuestario1.

Perspectiva de Clientes (Ciudadanos y demás grupos de interés, en

organizaciones del sector público): ¿para alcanzar nuestra visión, qué resultados nos

valorarán preferentemente nuestros grupos de interés? (objetivos e indicadores que

hacen referencia a lo que tiene valor para los ciudadanos y demás grupos que se

ven afectados o tienen interés en la política pública que se planifica),

Perspectiva de los Procesos internos: ¿Para alcanzar el éxito en la gestión, en qué

procesos internos debemos destacar, obtener buenos resultados? (objetivos e

indicadores del núcleo de los procesos del negocio),

1 En el nuevo Plan General de Contabilidad Pública aprobado en el 2010 (Orden EHA/1037/2010, de 13 de

abril. BOE núm. 102, de 28 de abril de 2010) se señalan los indicadores financieros, patrimoniales y

presupuestarios que han de incluirse en la Memoria de las Cuentas anuales de las Administraciones

públicas.


Perspectiva de Aprendizaje y desarrollo: ¿Para alcanzar nuestra visión, para

mejorar nuestros procesos, cómo debe aprender y mejorar nuestra organización?

(objetivos e indicadores críticos para la mejora del desempeño organizacional, de la

capacidad para adaptarse al cambio, para el aprendizaje, para la innovación).

El Cuadro de Mando Integral es un marco para impulsar la dirección y planificación estratégica, que

está especialmente indicado para las organizaciones intensivas de conocimiento como son las del

sector público, en cuanto que para medir el desempeño de éstas no basta con los resultados

financieros o presupuestarios.

Sentado lo anterior, fruto de la reflexión realizada en el seno del departamento, hemos identificado

15 objetivos relevantes, que mediremos con un conjunto de indicadores.

Los objetivos se representan gráficamente a través del “Mapa estratégico”.

El Mapa estratégico del cuadro de mando integral proporciona un marco para ilustrar gráficamente

de qué forma la estrategia vincula los activos intangibles con los procesos de creación de valor;

ayuda a revelar la relación causa efecto que existe entre los objetivos inductores (los de

aprendizaje y desarrollo y de los procesos internos) y los de resultado (financieros y del ciudadano

y demás grupos de interés).

A continuación se inserta nuestro Mapa estratégico:

Misión: “Contribuir a que el servicio de tutela judicial a los ciudadanos se desarrolle de manera efectiva y sin dilaciones indebidas, a través de la puesta a disposición del Sistema de Justicia de los recursos humanos, económicos, y materiales precisos para satisfacer sus necesidades y expectativas, desarrollando su gestión con arreglo a los principios de buena administración.”

Visión: "Departamento que es apreciado por sus grupos de interés por la calidad, eficacia y eficiencia de su gestión y por la percepción de la alta cualificación, rigor profesional y respeto a a los valores éticos del servicio público de las personas que lo integran; siendo considerado un referente por la contribución de su sistema de gestión a la modernización y mejora continua del servicio público de Justicia.

Valores: Queremos fomentar una cultura organizativa guiada particularmente por los valores que a se explicitan a continuación, en cuanto que contribuirán al desarrollo de los fines y objetivos que queremos alcanzar. Por consiguiente, queremos desarrollar un entorno de trabajo:En el que la gestión se encuentre orientada a conseguir resultados, estableciendo un sistema de dirección estratégica guiado por objetivos, que sean evaluados periódicamente.Que asimismo se encuentre orientada a nuestros grupos de interés, focalizando nuestro sistema de gestión a la satisfacción de sus expectativas y necesidades previamente identificadas.En el que se fomente la búsqueda de la excelencia en el desempeño de nuestras funciones; así como la responsabilidad y rigor profesional por el trabajo desarrollado.Un entorno laboral en el que se valora el trabajo en equipo, se maximiza la comunicación interna, interacción y coordinación entre las distintas unidades del centro, así como el respeto y colaboración con los compañeros de trabajo.Todo ello, en un marco de Integridad, ética profesional y respeto al Código de Conducta de los empleados públicos previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Mapa estratégico (representación gráfica de los objetivos)

5. Programas y proyectos

Se han definido 15 Programas que agrupan a los distintos proyectos. Son los siguientes:

Programas Descripción Núm. proyecto

s1. Nueva Oficina Judicial. Aglutina los proyectos destinados al diseño y despliegue de la

nueva Oficina Judicial 4

2. Nueva Oficina Fiscal Reúne los proyectos destinados al diseño y despliegue de la nueva Oficina Fiscal 2

3. Nuevas Inversiones Acoge los proyectos de construcción, adaptación y equipamiento de Edificios judiciales 4

4. Mejora del acceso a la Justicia de los más desprotegidos

Agrupa los proyectos de carácter más asistencial, como el dedicado a la Asistencia Jurídica Gratuita, Puntos de Encuentro Familiar o a la atención a víctimas de delitos. 8

5. Mejora de la Información y atención al ciudadano

Aglutina los proyectos destinados a mejorar la transparencia y a facilitar al ciudadano una atención de calidad 3

6. Mejora de los servicios soporte actividad jurisdiccional

Destinado a mejorar los indicadores de calidad de los servicios que prestan los Institutos de Medicina Legal, Servicios Técnicos de menores, de Familia, etc 4

7. Colaboración y participación institucional

Trata de potenciar la colegiación de esfuerzos y la colaboración con el CGPJ, Ministerio de Justicia y otras instituciones y agentes.

6

8. Mejora de la gestión de los Recursos Humanos

Reúne los proyectos dirigidos a modernizar la gestión operativa de los RRHH 3

9. Desarrollo del Capital Humano al servicio de la Administración de Justicia

Aglutina los proyectos destinados a mejorar la cualificación del personal y el clima laboral. 6

10. Búsqueda de la Excelencia Acoge los proyectos dirigidos a implementar un Sistema de Gestión de Calidad en el Centro directivo 4

11. Modernización del Registro Civil

Tiene como fin modernizar la gestión del Registro Civil y dar cumplimiento a las previsiones de la Ley 20/2011, del Registro

Civil.2

12. Desarrollo del Sistema de Gestión Procesal Atlante II

Destinado al mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Procesal Atlante II 5

13. Mejora de la Interoperabilidad Agrupa los proyectos de integración e interconexión del Sistema Altante con otros sistemas de información 11

14. Reingeniería de la organización judicial

Destinado a la reflexión, propuesta y, en su caso, ejecución de acciones destinadas a la mejora de la organización judicial. 4

15. Fomento de la Mediación Regoge los proyectos destinados al fomento de los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos y de la cultura de la mediación

2

Total proyectos 68


A continuación se describen en extracto los distintos proyectos de cada Programa, si bien para

cada uno de ellos se ha elaborado una Ficha en la que se recogen sus elementos principales

(acciones en las que se descompone, fechas de inicio y terminación, unidad responsable,

indicadores para medir su grado de cumplimiento, etc.).

Programa 1. Nueva Oficina Judicial

Contiene la planificación del cambio del modelo organizativo tradicional al de la nueva oficina

judicial diseñado en la Ley Orgánica 19/2003. Este nuevo diseño debe responder a un sistema

flexible para permitir su adaptación a cualquier tipo de necesidades de la Administración de

Justicia, buscando potenciar el trabajo en equipo, así como la racionalización y optimización de los

medios personales y materiales, para una mejor y más rápida Administración de Justicia.

La nueva organización judicial se organiza en dos tipos de unidades básicas de trabajo:

La Unidad Procesal de Apoyo Directo (UPAD), cuya función principal es asistir a jueces y

magistrados en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales. Hay una Unidad Procesal

de Apoyo Directo por cada juzgado, sala o sección de tribunal. Existirán tantas unidades

procesales de apoyo directo como juzgados, o en su caso, salas o secciones de tribunales

estén creados y en funcionamiento.

Los Servicios Comunes Procesales. Son unidades que no están integradas en ningún

órgano judicial, sino que funcionan como grandes centros administrativos que asumen

labores centralizadas de gestión y apoyo. Su dirección corresponde a los Secretarios

Judiciales. Se diferencian tres tipos de Servicios Comunes:

o Servicio Común General, encargado de realizar las labores de registro y reparto,

actos de comunicación y auxilio judicial, depósito y archivo, y otras funciones

accesorias de la labor judicial.

o Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, encargado de realizar la

tramitación de los procedimientos hasta sentencia.

o Servicio Común de Ejecución, encargado de realizar la tramitación de la ejecución

de los procedimientos.

Además de éstas unidades, es preciso hacer referencia a las Unidades Administrativas que, sin

estar integradas en la Oficina Judicial, ordenan y gestionan los medios personales, informáticos y

materiales.

La nueva oficina judicial implica redefinir los flujos de trabajo, el alcance e interrelación, tanto de

las unidades procesales de apoyo directo, como de los servicios comunes procesales; la


elaboración de los manuales de puestos de trabajo y de las Relaciones de Puestos de Trabajo; la

adaptación de los sistemas tecnológicos al nuevo modelo, entre otras acciones.

A tal efecto, se ha

considerado conveniente

desplegar este objetivo de

forma gradual durante esta

legislatura, iniciándolo en

los Partidos judiciales de

Las Palmas de Gran

Canaria y de San Cristóbal

de La Laguna, en atención

a que próximamente se

culminarán los procesos de

construcción de sus

nuevas sedes adaptadas a

los requerimientos

espaciales que demanda el nuevo modelo organizativo.

Proyecto 1.1. Diseño de la nueva oficina judicial de Las Palmas de Gran Canaria.

Agrupa los trabajos necesarios de diseño y planificación del lanzamiento de la nueva Oficina

Judicial. Requiere el desarrollo de un conjunto de acciones:

1. Medición de la situación inicial de los juzgados del Partido Judicial.

2. Coordinación, asesoramiento/Apoyo a las Comisiones y Grupos Técnicos de implantación.

3. Diseño inicial del modelo de Oficina

4. Análisis de la adecuación de los sistemas de información al nuevo modelo: Elaboración del

plan de adecuación.

5. Definición detallada del modelo organizativo. Elaboración de herramientas necesarias para

el cambio:

a. Manual de Puestos de trabajo

b. Manual de Procedimientos

c. Manual de Optimización organizativa

d. Sistema de Gestión de Calidad

6. Análisis del dimensionamiento de los servicios y elaboración borrador de Relación de

Puestos de Trabajo

Dirección y Coordinación

Organizativo

Logístico y Arquitectónico

Tecnológico

Gestión del Cambio


7. Definición del Plan detallado de despliegue

Proyecto 1.2. Diseño de la nueva oficina judicial de San Cristóbal de La Laguna

Al igual que el anterior, agrupa los trabajos necesarios de diseño y planificación del lanzamiento de

la nueva Oficina Judicial. Acciones:

1. Medición de la situación inicial de los juzgados del Partido Judicial.

2. Coordinación, asesoramiento/Apoyo a las Comisiones y Grupos Técnicos de implantación.

3. Diseño inicial del modelo de Oficina

4. Análisis de la adecuación de los sistemas de información al nuevo modelo: Elaboración del

plan de adecuación.

5. Definición detallada del modelo organizativo. Elaboración de herramientas necesarias para

el cambio:

a. Manual de Puestos de trabajo

b. Manual de Procedimientos


d. Sistema de Gestión de Calidad

6. Análisis del dimensionamiento de los servicios y elaboración borrador de Relación de

Puestos de Trabajo

7. Definición del Plan detallado de despliegue.

Proyecto 1.3. Implantación/Despliegue de la nueva oficina judicial de Las Palmas de Gran Canaria.

Contiene la planificación de las acciones necesarias para la implantación de la nueva Oficina

judicial:

1. Fase de Preparación:

a. Subproyecto de Acoplamiento y reorganización del personal.

b. Subproyecto de Traslado de expedientes y mobiliario.

c. Subproyecto de despliegue y configuración tecnológica de la sede.

d. Subproyecto y comunicación.

2. Fase de Implantación efectiva

3. Fase de Seguimiento:

a. Estabilización.

b. Consolidación


4. Gestión del Cambio

Proyecto 1.4. Implantación/Despliegue de la nueva oficina judicial de San Cristóbal de La Laguna

Al igual que el anterior, contiene la planificación de las acciones necesarias para la implantación de

la nueva Oficina judicial: en el Partido judicial de San Cristóbal de La Laguna:

1. Fase de Preparación:

a. Subproyecto de Acoplamiento y reorganización del personal.

b. Subproyecto de Traslado de expedientes y mobiliario.

c. Subproyecto de despliegue y configuración tecnológica de la sede.

d. Subproyecto y comunicación.

2. Fase de Implantación efectiva

3. Fase de Seguimiento:

a. Estabilización.

b. Consolidación

4. Gestión del Cambio.

1.5. Proyecto. Extensión de los servicios comunes General y de Ejecución a los Partidos Judiciales de Arrecife, Arona, san Bartolomé de Tirajana y Telde.

Contiene la planificación de las acciones necesarias para el diseño y la implantación de la nueva

Oficina judicial en los Partidos judiciales señalados.

Programa 2. Nueva Oficina Fiscal

Contiene la planificación del cambio hacia un nuevo modelo organizativo para las distintas fiscalías

que permita lograr una mayor eficacia y eficiencia en la gestión del trabajo. La nueva oficina fiscal

implica definir los flujos de trabajo en la oficina fiscal, la elaboración de los manuales de puestos de

trabajo y de los borradores de las Relaciones de Puestos de Trabajo, la adaptación de los sistemas

tecnológicos al nuevo modelo, etc. Proyectos:

Proyecto 2.1. Diseño e Implantación de la nueva oficina fiscal de Las Palmas de Gran Canaria.


Agrupa los trabajos necesarios de diseño y planificación del lanzamiento de la nueva Oficina Fiscal

en Las Palmas de Gran Canaria

1. Definición de la Arquitectura de implantación. Asesoramiento/Apoyo a los Grupos Técnicos

de implantación.

2. Diseño del Plan de Gestión del Cambio.

3. Medición de la situación inicial de la Fiscalía.

4. Diseño adaptado al modelo organizativo único de Oficina Fiscal elaborado por la Fiscalía

General del Estado.

5. Dimensionamiento de las áreas organizativas de la Oficina Fiscal

a. Definición de los criterios de dimensionamiento

b. Elaboración borrador Relación de Puestos de Trabajo

6. Definición detallada de la Oficina Fiscal y de las herramientas organizativas

a. Manual de Puestos

b. Manual de procedimientos


d. Sistema de Gestión de Calidad.

7. Elaboración del Plan detallado de despliegue.

8. Apoyo a la implantación efectiva

Proyecto 2.2. Diseño e implantación de la nueva oficina fiscal de Santa Cruz de Tenerife.

Al igual que el anterior, agrupa los trabajos necesarios de diseño y planificación del lanzamiento de

la nueva Oficina Fiscal de Santa Cruz de Tenerife

1. Definición de la Arquitectura de implantación. Asesoramiento/Apoyo a los Grupos Técnicos

de implantación.

2. Diseño del Plan de Gestión del Cambio.

3. Medición de la situación inicial de la Fiscalía.

4. Diseño adaptado al modelo organizativo único de Oficina Fiscal elaborado por la Fiscalía

General del Estado

5. Dimensionamiento de las áreas organizativas de la Oficina Fiscal

a. Definición de los criterios de dimensionamiento

b. Elaboración borrador Relación de Puestos de Trabajo

6. Definición detallada de la Oficina Fiscal y de las herramientas organizativas

a. Manual de Puestos


b. Manual de procedimientos


d. Sistema de Gestión de Calidad.

7. Elaboración del Plan detallado de despliegue.

8. Apoyo a la implantación efectiva

Programa 3. Nuevas inversiones en Infraestructuras y equipamiento

Contiene la planificación de los proyectos de construcción, ampliación y equipamiento de Edificios

judiciales, así como su adaptación al modelo de nueva oficina judicial.

Proyecto 3.1. Construcción y equipamiento de la nueva sede judicial de Las Palmas de Gran Canaria.

A finales del 2012 está prevista la terminación de la construcción del Edificio de Juzgados de Las

Palmas de Gran Canaria, diseñado por los arquitectos José Antonio Sosa Díaz Saavedra, María

Luisa González García y Miguel Santiago Peña. La obra está siendo ejecutada por la Unión

Temporal de Empresas (UTE) formada por FCC Construcciones, S.A. y Hermanos Santana

Cazorla, S.L.

Este inmueble se ha diseñado sobre una parcela de 12.886 metros cuadrados con una superficie

total construida de 89.677,47 metros cuadrados (64.732,20 metros cuadrados sobre rasante y

24.945,2 metros cuadrados bajo rasante), así como 10.908,00 metros cuadrados de espacios

libres y plazas exteriores. Desde el comienzo de las obras, en diciembre de 2006, el presupuesto

para su ejecución ha supuesto una inversión de 74.037.000,93 euros. La partida designada para

2012 asciende a 28.934.040,00 euros (incluyendo obra principal, complementario de urbanización

exterior, direcciones de obra y parte de revisión de precios), lo que permitirá que las obras estén

finalizadas entre los meses de septiembre y octubre del presente año

Con este nuevo inmueble, el Gobierno de

Canarias pretende agrupar la totalidad de las

unidades judiciales existentes en el Partido

Judicial de Las Palmas de Gran Canaria:

Instrucción, Penal, Civil, Social, Contencioso-

Administrativa, Menores, Vigilancia Penitenciaria,

Violencia sobre la Mujer y Mercantil, así como


todas las correspondientes de la Audiencia Provincial y el Registro Civil Exclusivo del Partido. Está

previsto que sea ocupado por 800 funcionarios y personal laboral, 65 secretarios judiciales y 125

magistrados, magistrados-jueces y fiscales.

Tras su puesta en marcha, el Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria tendrá capacidad

extra para el 60% de los órganos unipersonales actualmente existentes. Así, de los 54 órganos

operativos hoy día en este partido judicial, distribuidos en quince sedes, se podrá pasar a 84 en

este único edificio. Con respecto a las Secciones Judiciales de la Audiencia Provincial, el

incremento será del 100%, al pasar de las 6 actuales a las 12 previstas. Se incluye una planta para

albergar a la Dirección General del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma.

Además, dispondrá de calabozos con esclusa de seguridad y acceso directo de los vehículos

policiales; aparcamientos con un total de 285 plazas; cuarto de reconocimiento, así como

dependencias policiales de custodia. También contará con espacios suficientes para archivo de

documentación y depósito de piezas de convicción.

De esta manera, se eliminan las 14 sedes actuales que están arrendadas o son propias (una:

Granadera Canaria) y se concentra toda la Administración de Justicia (excepto el TSJC y la

Fiscalía del mismo, que permanecen en el Palacio de Justicia de la Plaza de San Agustín) en este

nuevo edificio. Esto supondrá un ahorro en alquileres de 2.149.422,28 euros al año, que es el

coste total de los 13.454,28 metros cuadrados arrendados.

Proyecto 3.2. Construcción y equipamiento de la nueva sede judicial de San Cristóbal de La Laguna.

En el último trimestre de 2012 está prevista la terminación de la obra del Edificio de Juzgados de

San Cristóbal de La Laguna, diseñado por

el arquitecto Ángel García Palmas, de AMA,

Arquitectura y Medio Ambiente S.L. y

ejecutada por la unión Temporal de

Empresas (UTE) Dragados, SA y

Constructora Herreña Fronpeca. Este

proyecto constructivo ha tenido en cuenta la

especial importancia del entorno histórico

en el que se inserta, y permitirá ennoblecer

los valores urbanísticos e históricos de una

ciudad que es Patrimonio de la Humanidad. El rescate y puesta en relieve de la ermita y la relación


con la plaza es el punto de partida para un inmueble funcional que optimiza al máximo el solar

sobre el que se asienta en relación con el programa de necesidades que se pretende.

Desde el punto de vista dimensional el solar disponible sin edificar tiene una superficie de 1.956,02

metros cuadrados, el ocupado por la edificación actual tiene una superficie de 871.35 metros

cuadrados, por lo que se dispone de una parcela total de 2.827,37 metros cuadrados, sobre el que

se edificarán 16.772,20 metros cuadrados (7.201,43 sobre rasante y 9.570,77 bajo rasante).

El inmueble, que albergará todos los juzgados del Partido Judicial de La Laguna, es decir, seis

Juzgados de Primera Instancia y cuatro de Instrucción, está concebido para una distribución

conforme a la Oficina Judicial, lo que le da una mayor capacidad. Por ello, la última planta se

queda en estructura ante la previsión de crecimiento de cuatro nuevos órganos.

De esta manera, se eliminan las cinco sedes actuales que están arrendadas o en uso y se

concentra todo en este nuevo edificio. Esto supondrá un ahorro en alquileres de 269.703,30 euros

al año, que es el coste total de los 2.248,44 metros cuadrados alquilados.

Proyecto 3.3. Ampliación de la sede judicial de Santa Cruz de Tenerife.

El Edificio que actualmente alberga la sede judicial de Santa Cruz de Tenerife se encuentra con un

nivel de saturación medio-alto, siendo preciso acometer en los próximos años diversas acciones

que permitan ampliar el espacio destinado a la sede judicial.

En el momento de redactar este

Plan se barajan diversas hipótesis

de trabajo no excluyentes entre sí,

a la espera de concretar las

disponibilidades presupuestarias

para priorizar su acometida: La

ampliación del Edificio actual que

alberga la mayoría de los órganos

judiciales de Santa Cruz de

Tenerife, así como la adquisición

de un nuevo Edificio en las inmediaciones que permita concentrar los órganos de diversas

jurisdicciones y extinguir los contratos de arrendamiento de inmuebles en los que se ubican sedes

judiciales. Asimismo, se estudia la cesión, para uso judicial, del Edificio que albergaba la antigua

sede de la Consejería de Hacienda en la Calle Santo Domingo.


Proyecto 3.4. Adaptación y Equipamiento Sedes judiciales al modelo NOJ.

Destinado a la actualización del Plan de Infraestructuras judiciales para acomodarlo al despliegue

progresivo del modelo de la Nueva Oficina judicial en todos los Partidos Judiciales de Canarias.

Programa 4. Mejora del acceso al Derecho y a la Justicia a los más desprotegidosContiene la planificación de los proyectos de carácter más social relacionados con la

Administración de Justicia, que tratan de garantizar y mejorar el acceso al Derecho y a la Justicia a

los colectivos y personas más desprotegidas. Proyectos:

Proyecto 4.1. Fomento de la Red de Puntos de Encuentro Familiar.

El Decreto 144/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Mediación

Familiar recoge el compromiso del Gobierno de Canarias de potenciar la existencia de los puntos

de encuentro familiar mediante actuaciones de fomento de estas iniciativas, expresándose la

Disposición Adicional Segunda en los siguientes términos: “El Gobierno de Canarias propiciará a

través de las oportunas subvenciones y convenios de colaboración la creación de una red de

Puntos de Encuentro Familiar en los que presten servicio mediadores familiares debidamente

inscritos en el Registro regulado en el presente Reglamento.”

Por ello, con este proyecto se persigue facilitar el cumplimiento de las medidas acordadas por los

Juzgados de Familia y otras Instituciones, de conformidad con las previsiones recogidas en la

disposición adicional 2ª del referido Decreto 144/2007, de 24 de mayo.

El Punto de Encuentro Familiar (PEF) es un recurso social especializado para la intervención en

aquellas situaciones de conflictividad familiar en las que la relación de los menores con algún

progenitor o miembro de su familia se encuentra interrumpida o es de difícil desarrollo. Esta

intervención es de carácter temporal, desarrollada por profesionales en un lugar neutral, y tiene

como objetivo principal la normalización de la situación conflictiva, siguiendo en todo caso las

indicaciones que establezca la autoridad judicial o administrativa competente y garantizando el

interés y la seguridad de los menores y de los miembros de la familia en conflicto.


En el Presupuesto de la Viceconsejería de Justicia se inserta esta línea de subvención, dentro del

Programa 232 B “Promoción igualdad de oportunidades para mujeres”. Los importes iniciales de

esta línea de actuación aumentaron entre 2006 a 2009, pero la crisis económica y la necesidad de

cumplir el objetivo de reducción del déficit público ha terminado afectándola en los últimos años,

con un descenso notable de los créditos destinados a este fin.

PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 2008 2009 2010 2011 2012

IMPORTE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 350.000 494.013 469.312 344.146 330.773

Los Puntos de Encuentro existentes a comienzos del año 2011 son los siguientes:

- PEF de Las Palmas de Gran Canaria, de titularidad del Cabildo de Gran Canaria

- PEF de Santa Lucía, de titularidad ese Ayuntamiento

- PEF de Santa María de Guía, de titularidad de ese Ayuntamiento

- PEF de Santa Cruz de Tenerife y de Tenerife Norte, ambos de titularidad de una fundación privada

denominada Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife

Ante la persistencia de la crisis económica y la incertidumbre respecto al importe de los créditos

que para este fin se consignen en los Presupuestos venideros, se considera conveniente, en el

ámbito de vigencia del plan, explorar fórmulas y mecanismos de colaboración con otras

instituciones y, de manera específica, con el departamento competente en materia de protección

del menor, a fin de aprovechar la puesta en común de recursos, para generar economías de escala

y sinergias que permitan mantener, o incluso mejorar, los parámetros de calidad de este recurso.

Proyecto 4.2. Mejora de los indicadores de calidad del servicio de los Equipos Técnicos de menores y de familia.

Con este proyecto se pretende potenciar el trabajo que vienen realizando los Equipos Técnicos,

con el fin de mejorar los tiempos de respuesta en apoyo a los Juzgados de Menores, y, en

particular, en la instrucción del procedimiento, los términos previstos en los arts. 19 a 27 de la Ley

Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Asimismo, se busca potenciar la mejora de los indicadores de calidad del servicio de los

profesionales que forman los Equipos técnicos que apoyan a los órganos jurisdiccionales en el

ámbito del derecho de familia.


Proyecto 4.3. Colaboración en sostenimiento Red de Centros de Asistencia a Víctimas delitos.

Al amparo de lo dispuesto en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las

víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, se pretende colaborar en el sostenimiento

de un servicio integral (apoyo psicológico y social, asistencia informativa y jurídica).

Proyecto 4.4. Atención y respuesta en materia de violencia de género. Pretende potenciar la

calidad del servicio de los profesionales que actúan en el ámbito de las Unidades de Valoración

Integral contra la Violencia de Género, a que hace referencia la disposición adicional 2ª de la Ley

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección Integral contra la Violencia de

Género, en relación con la Ley autonómica 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección

integral de las mujeres contra la violencia de género.

Como líneas de acción se plantean las siguientes:

Articulación jurídica de las UVIG en el ámbito de organización de los Institutos de Medicina

Legal

Determinación de los objetivos de Mejora e indicadores de gestión de las UVIG, medición,

evaluación y planes de mejora.

De otro lado, recoge los trabajos desarrollados por la Comisión Técnica de Coordinación Inter-

institucional en materia de Violencia de Género. Esta Comisión, presidida por la Viceconsejería, se

reúne un mínimo de dos veces al año y de sus acuerdos se deriva la ejecución de actividades de

interés dentro de su ámbito de actuación.

Proyecto 4.5. Despliegue de las subastas judiciales electrónicas.

Con este proyecto se trata de desarrollar en el ámbito de la comunidad Autónoma de Canarias las

subastas judiciales electrónicas, a fin de :

Facilitar que en las subastas se obtenga el mejor precio posible, ayudando a los

demandados a cancelar sus deudas.

Incrementar la transparencia del proceso de subasta.

Facilitar el acceso y la participación de cuantos estén interesados.

Incrementar la seguridad y claridad del proceso

Dotar de mayor agilidad y homogeneidad al proceso


Se trata de un proyecto a desarrollar en dos fases y de forma gradual. La primera va dirigida a

conseguir la publicación de las subastas a través del portal web del Ministerio de Justicia, para la

que habrá de formalizar un Convenio de colaboración con el Ministerio, elaborar el proyecto piloto

y proceder a su despliegue. La segunda fase, es la relativa a la celebración de las subastas on

line.

Proyecto 4.6. Divulgación on-line de información concursal y mercantil.

Se trata de la puesta en funcionamiento de un portal web del tablón de anuncios en el orden

mercantil, garantizando la máxima publicidad y difusión de las declaraciones concursales que

dicten los Juzgados de lo Mercantil con sede en Canarias, dando cumplimiento con ello a lo

dispuesto en el artículo 23 de la Ley 22/2003, Concursal.

Proyecto 4.7. Mejora de la Asistencia Jurídica Gratuita.

Tiene como fin mejorar la gestión de las subvenciones dirigidas a garantizar la asistencia jurídica

gratuita a los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, en los términos

previstos en los arts. 24 y 119 de la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico; limitando

el uso abusivo de la misma.

Gráfico: Evolución del coste de la Asistencia Jurídica Gratuita en Canarias. Importes certificados.

2006 2007 2008 2009 2010 20110

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

Col. Procur: Gastos func.Col. Procurad: AsistenciaCol. Abogad:Gastos Func.Col. Abogad:Asistencia


Se plantea:

La mejora de la regulación normativa, con ánimo de incidir favorablemente en los aspectos

destinados a control de abusos o fraudes en la utilización del beneficio, asi como en su

sostenibilidad presupuestaria.

La implementación de un sistema informático para la gestión y comunicación entre los

Colegios y las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita

La homogeneización de criterios entre las Comisiones de AJG.

La ejecución de un Plan de control de estas subvenciones.

Proyecto 4.8. Elaboración del Mapa integrado de fosas de desaparecidos durante la Guerra Civil.

Proyecto destinado a implementar la colaboración con el Ministerio de Justicia para la aplicación

de las medidas previstas en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y

amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia

durante la guerra civil y la dictadura, en lo relativo a la identificación y localización de

desaparecidos.

Implica las siguientes acciones:

La elaboración del Mapa integrado de fosas de Canarias

La creación en la web departamental de un espacio destinado a la difusión del Mapa

integrado de fosas y que sirva de repositorio de materiales documentales, visuales y

sonoros aportados por investigadores y Asociaciones de la Memoria Histórica.

Programa 5. Mejora de la Información y Atención al CiudadanoAglutina los proyectos destinados a mejorar la transparencia de la Administración de Justicia,

haciendo efectivo los principios recogidos en la Carta de derechos del Ciudadano ante la

Administración de Justicia (Proposición no de Ley aprobada por el pleno del Congreso de los

Diputados, por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios, el 16 de abril de 2002) y a facilitar

una atención especializada . Proyectos:

Proyecto 5.1. Creación de la Oficina de Información y Atención al ciudadano especializada en Justicia.


Los órganos superiores del Departamento competente en materia de Justicia del Gobierno de

Canarias, se ven sometidos a una fuerte demanda de información sobre aspectos relacionados

con la Administración de Justicia por una pluralidad de sujetos con intereses diversos.

La Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, dentro del catálogo de

derechos de los ciudadanos que

recoge en su artículo 35, incluye

en sus párrafos a), b) y g), tres que

se hallan directamente

relacionados con la función

general de la información, cuya

mejora, en el ámbito de los citados

órganos superiores, resulta preciso

abordar a través de la creación de

una Unidad especializada que

mejore el funcionamiento y la coordinación de las funciones de información, administrativa y de

atención a los ciudadanos.

Como objetivos generales de la Unidad se plantean entre otras, los siguientes:

1. Recibir y registrar las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a la Viceconsejería de

Justicia y a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

2. Ofrecer y orientar a los ciudadanos, personal al servicio de la Administración de Justicia,

agentes institucionales y operadores jurídicos que se relacionan con los citados órganos

superiores, de forma telefónica y presencial.

3. Orientar y ayudar a los ciudadanos en relación a las solicitudes que planteen y a

cumplimentar los impresos que presenten ante la Viceconsejería de Justicia y a la Dirección

General de Relaciones con la Administración de Justicia.

4. Canalizar adecuadamente, hacia los distintos Servicios de la Dirección General de

Relaciones con la Administración de Justicia, las demandas de información especializada o

particular.

5. Colaborar en la detección de las necesidades y expectativas de información de los

ciudadanos, personal al servicio de la Administración de Justicia, agentes institucionales y

operadores jurídicos que se relacionan con los citados órganos superiores y proponer

medidas y acciones para su satisfacción.


6. Recibir y gestionar las sugerencias y reclamaciones relacionadas con el funcionamiento de

la DGRAJ.

Proyecto 5.2. Maximizar la transparencia de la Administración de Justicia.

Con este proyecto se pretende desarrollar un conjunto de acciones dirigidas a hacer efectivos los

principios recogidos en la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Administración de Justicia,

como son los de transparencia y el de acceso a la información.

A este fin se trata de maximizar y mejorar la

información que se ofrece a través del portal web

corporativo, la elaboración periódica de la revista

electrónica “Justicia en red”; así como el diseño y

despliegue de unidades de información y atención al

público en los edificios judiciales.

Proyecto 5.3. Faciliar el acceso, a través de internet, de los interesados que sean parte en un proceso judicial al contenido y estado del mismo.

La Carta de Derechos del Ciudadano ante la Administración de Justicia, redactada por un Grupo

de Trabajo constituido en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado para la

Reforma de la Justicia firmado el 28 de mayo de 2001, recoge –al desarrollar en su primera parte

los principios de transparencia, información y atención adecuada- el derecho de los ciudadanos a

conocer el contenido y estado de los procesos en los que tenga interés legítimo, de acuerdo con lo

dispuesto en las leyes procesales.

Por esta razón, se contempla en este Plan el proyecto destinado a conseguir el acceso on line de

los interesados al contenido y estado de los procesos judiciales que les afecte.

Programa 6. Mejora de los servicios soporte de la actividad jurisdiccionalRecoge los proyectos de mejora de determinados

servicios que sirven de soporte y apoyo a la

actividad jurisdiccional:

Proyecto 6.1. Mejora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.


Agrupa las acciones que tratan de mejorar el funcionamiento interno y la calidad de los servicios

del Instituto de Medicina Legal, en el marco de su Decreto de creación (Decreto 83/2007, de 23 de

abril) y Reglamento de funcionamiento (Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo). Asimismo,

contempla la suscripción/el mantenimiento de Convenios con Universidades para potenciar el

desarrollo científico de la Medicina Legal en Canarias.

Proyecto 6.2. Mejora del Instituto de Medicina Legal de Tenerife.

Agrupa las acciones que tratan de mejorar el

funcionamiento interno y la calidad de los

servicios del Instituto de Medicina Legal, en el

marco de su Decreto de creación (Decreto

198/2002, de 20 de diciembre) y Reglamento de

funcionamiento (Real Decreto 386/1996, de 1 de

marzo). Asimismo, contempla la suscripción/el mantenimiento de Convenios con Universidades

para potenciar el desarrollo científico de la Medicina Legal en Canarias.

Proyecto 6.3. Mejora de la Archivística Judicial.

Contiene el conjunto de acciones destinadas a la mejora de los archivos y la gestión documental

judicial y de las piezas de convicción, garantizando la conservación de los documentos y piezas

necesarios, así como la correcta eliminación de aquéllos cuando resulte procedente.

Contempla la creación de la Junta de Expurgo Judicial y acciones que tratan de mejorar la

organización y la gestión tecnológica de la archivística judicial.

Proyecto 6.4. Convenio con Consejo Canario de Procuradores para el sostenimiento del Servicio de Recepción de notificaciones y traslados de escritos, previsto en el art. 28 de la LEC.

Trata de contribuir a la agilización de las notificaciones y traslados de escritos a las partes,

colaborando en la financiación del Servicio de Recepción de Notificaciones y Traslados de escritos

previsto en el apartado 3 del artículo 28 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bajo la organización del

Consejo Canario de Colegios de Procuradores.

En efecto, el citado artículo establece, en su apartado 3, que:


“En todos los edificios judiciales que sean sede de tribunales civiles existirá un servicio de

recepción de notificaciones organizado por el Colegio de Procuradores. La recepción por dicho

servicio de las notificaciones y de las copias de escritos y documentos que sean entregados por

los procuradores para su traslado a los de las demás partes, surtirá plenos efectos. En la copia que

se diligencie para hacer constar la recepción se expresará el número de copias entregadas y el

nombre de los procuradores a quienes estén destinadas.”

De otro lado, el art. 272 LOPJ es el que disciplina en la legislación gubernativa el sistema de

organización del servicio de notificaciones, para recoger que:

«Podrá establecerse un local de notificaciones común a los varios juzgados y tribunales de una

misma población, aunque sean de distinto orden jurisdiccional. En este supuesto, el colegio de

procuradores organizará un servicio para recibir las notificaciones que no hayan podido hacerse en

aquel local común por incomparecencia del procurador que deba ser notificado. La recepción de la

notificación por este servicio producirá plenos efectos».

Por último, el art. 272 LEC señala que:

«El procurador efectuará el traslado entregando al servicio de recepción de notificaciones a que

alude el apartado 3 del artículo 28, la copia o copias de los escritos y documentos, que irán

destinadas a los procuradores de las restantes partes y litisconsortes. El funcionario designado

para ello recibirá las copias presentadas, que, una vez fechadas y selladas, entregará al

encargado del servicio, debiendo además firmar el primero un justificante de que se ha realizado el

traslado. Dicho justificante deberá entregarse junto con los escritos y documentos que se

presenten al Tribunal».

Programa 7. Colaboración y participación institucionalAgrupa los proyectos que tratan de potenciar la participación, colegiación de esfuerzos y la

colaboración entre las instituciones y agentes con competencias en materia de Justicia, para

alcanzar los objetivos pretendidos.

Resulta de interés mantener una relación de colaboración y participación continuada con las

instituciones y operadores implicados en la mejora de la Administración de Justicia, entre las que

cabe destacar la Conferencia Sectorial en materia de Justicia entre el Ministerio de Justicia y las

Comunidades Autónomas con competencias en la materia y los diversos Grupos de trabajo que se

constituyen al efecto. Proyectos:


Proyecto 7.1. Colaboración y colegiación de esfuerzos con Ministerio de Justicia y Secretarios Judiciales.

Cabe citar los siguientes ámbitos de colaboración y participación:

1. Conferencia Sectorial con el Ministerio de Justicia y CCAA con competencias transferidas:

a. Comisión Técnica preparatoria de la Conferencia Sectorial de Justicia

b. Grupos de Trabajo

2. Comisión Mixta Gobierno de Canarias con Secretaría de Gobierno y Secretarios Judiciales

Coordinadores

Proyecto 7.2. Colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias


1. Comisión Mixta Gobierno de Canarias-Tribunal Superior de Justicia de Canarias

2. Colaboración con la Sala de Gobierno del TSJC

Proyecto 7.3. Colaboración y colegiación de esfuerzos con el CGPJ.

En el marco de colaboración con el CGPJ se planifican diversos Convenios, así como la

elaboración de actuaciones conjuntas, bajo los principios de lealtad institucional, cooperación y

respeto recíproco.

Cabe destacar la planificación de los siguientes Convenios:

1. Convenio de Formación

2. Convenio de colaboración tecnológica.

3. Convenio de Educando en Justicia.

Proyecto 7.4. Colaboración con la Fiscalía


1. Comisión Mixta Gobierno de Canarias-Fiscalía General del Estado

2. Colaboración y coordinación con Fiscalía Superior de Canarias.

Proyecto 7.5. Colaboración con CC.AA con competencias en Justicia.


Proyecto que recoge las acciones de colaboración con otras Comunidades Autónomas con

competencias transferidas en materia de Justicia.

Proyecto 7.6. Colaboración con representantes del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Cabe citar los siguientes ámbitos de colaboración y participación principales:

1. Mesa Sectorial de Justicia.

2. Comité de Seguridad y Salud.

3. Comisión Técnica de Interinos

4. Participación en órganos mixtos para el diseño de la Nueva Oficina Judicial y fiscal.

Programa 8. Mejora de la gestión de los Recursos HumanosReúne los proyectos destinados a modernizar la gestión operativa de los RRHH y a la adecuación

de los mismos a las cargas de trabajo. Proyectos:

Proyecto 8.1. Mejora de la organización del personal departamental. Agrupa las acciones que

tratan de adecuar la arquitectura de recursos humanos a las cargas y necesidades

departamentales: Actualización de la RPT; redistribución de efectivos desde otros ámbitos; gestión

del cambio, etc.

Proyecto 8.2. Mejora de los procesos de gestión del personal al servicio de la Administración de Justicia. Reúne el conjunto de acciones destinadas a la mejora de la gestión

de recursos humanos al servicio de la Administración de Justicia.

Así, se contempla, entre otras acciones, la elaboración de una nueva Orden departamental

reguladora de los procesos de nombramiento y cese del personal interino, su formación, etc.

Asimismo, se prevé la elaboración del protocolo para objetivar el nombramiento del personal de

refuerzo extra-plantilla; la mejora de la coordinación regional de estos procesos de gestión y el

mantenimiento de unos tiempos de respuesta a las solicitudes de nombramiento de sustitutos

adecuados a las diversas circunstancias.

Proyecto 8.3. Mejora del Sistema de información de apoyo a la gestión de personal de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Recoge las acciones de


diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento de determinadas herramientas tecnológicas que

sirvan de apoyo a la gestión de personal.

Así, es preciso destacar la aplicación para la gestión documental y seguimiento de los recursos y

reclamaciones en materia de personal, y de las diversas resoluciones que se elaboren en el

Servicio de Recursos Humanos de la Dirección General de Relaciones con la Administración de

Justicia.

Programa 9. Desarrollo del Capital Humano al servicio de la Administración de Justicia

Aglutina los proyectos destinados a mejorar y potenciar la cualificación y reciclaje de los

empleados públicos en el ámbito de órganos superiores del departamento competente en materia

de Justicia y en la propia Administración de Justicia en Canarias, así como la mejora del clima y la

satisfacción laboral. Proyectos:

Proyecto 9.1. Mejora de la formación del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Plantea la pretensión de contar con un Plan interno de Formación, elaborado de forma

consensuada con los representantes de los trabajadores. En él se debe prestar especial atención a

la formación de los funcionarios interinos que tengan una experiencia en la Administración de

Justicia inferior a seis meses en los últimos dos años, así como a las personas que integran las

listas de aspirantes a ser nombrados funcionarios interinos en el ámbito de Justicia.

Proyecto 9.2. Mejora de la formación del personal departamental.

Contempla la elaboración y despliegue de un Plan de Formación interno para el personal que

presta servicios en los órganos superiores del departamento competente en materia de Justicia,

alineado con los objetivos y necesidades detectadas.

Proyecto 9.3. Mejora del clima y satisfacción laboral en el Centro directivo.

Contempla el diseño y realización de una Encuesta de Satisfacción de Personas cada dos años, la

medición de sus resultados y la elaboración de los planes de mejora que resulten pertinentes para

la mejora del clima y la satisfacción laboral.

Proyecto 9.4. Mejora del clima y satisfacción laboral en la Administración de Justicia.


Contempla el diseño y realización de una Encuesta de Satisfacción de Personas cada dos años, la

medición de sus resultados y la elaboración de los planes de mejora que resulten pertinentes para

la mejora del clima y la satisfacción laboral.

Proyecto 9.5. Mejora de los servicios de apoyo al personal.

Contempla un conjunto de acciones que tratan de reducir la curva de aprendizaje y facilitar la

rápida incorporación del personal a la organización, tales como Planes de Acogida, potenciación

de servicios web de información y comunicación con los empleados públicos, etc.

Proyecto 9.6. Mejora de la Prevención de Riesgos laborales.

Contiene el conjunto de acciones destinadas a la mejora de la prevención de riesgos laborales en

el ámbito de la Administración de Justicia en Canarias.

Programa 10. Búsqueda de la Excelencia en la Gestión

Recoge los proyectos destinados a la mejora de la calidad de los procesos de gestión que

desarrolla la Viceconsejería y Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia;

así como a la racionalización de los recursos puestos a disposición del sistema de Justicia.

Proyectos:

Proyecto 10.1. Búsqueda de la excelencia operativa en la gestión económico financiera.

Aglutina un conjunto de accione dirigidas a la mejora continua de los indicadores de la gestión

económico-financiera.

La mejora de los tiempos de tramitación de los distintos contratos administrativos y subvenciones;

el cumplimiento de las prescripciones sobre tiempo medio de pago a los proveedores previstas en

la Ley 3/2004, de medidas de lucha contra la morosidad, modificada por la Ley 15/2010; alcanzar

un alto grado de ejecución de los créditos presupuestarios, especialmente de los que tienen

naturaleza de Fondo de Compensación Interterritorial; así como el cumplimiento de las medidas

correctoras o de mejora propuestas por el sistema de control financiero permanente, encuentran

en este proyecto su encaje.

Proyecto 10.2. Fomento de la cultura del ahorro de costes y optimización de los recursos.

Desde ya hace varios años nuestro país viene aplicación una rigurosa política de austeridad

presupuestaria en el conjunto de las Administraciones Públicas, con el objetivo inmediato de


cumplir la recomendación del Consejo Europeo de situar el déficit público en el 3% en 2013 y el

reto a medio plazo de alcanzar el equilibrio presupuestario. La reforma del art. 135 de la

Constitución en septiembre de 2011, consagra el principio de estabilidad presupuestaria con el

máximo nivel normativo de nuestro ordenamiento jurídico, introduciendo una regla fiscal que limita

el déficit público de carácter estructural. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ha venido a desarrollar el mandato recogido en dicho

artículo incorporando la sostenibilidad financiera como principio rector de la actuación económico

financiera de todas las Administraciones Públicas españolas.

Este programa, agrupa las acciones que tienen como fin fomentar y producir economías y ahorro

de costes, así como un mejor aprovechamiento de los recursos públicos puestos a disposición del

Sistema de Justicia.

Contempla la elaboración y difusión de Medidas de racionalización de los recursos en el ámbito de

la Administración de Justicia en Canarias; así como diversas acciones que buscan desarrollar el

principio de eficiencia y de economía en la gestión presupuestaria. Baste citar, a título de ejemplo,

las siguientes:

Protocolo con Ministerio Justicia, TSJ, CGPJ y Fiscalía para utilización videoconferencia,

para reducir gastos corrientes.

Contención del gasto en servicios postales.

Renegociación precios arrendamientos de inmuebles para sedes judiciales.

Racionalización del uso de los medios de transporte para los servicios de notificaciones:

o Criterios de racionalización en el uso del taxi y Generalización del bono-bus

o Aprovechamiento vehículos oficiales para notificaciones en zonas alejadas o donde

no llegue el transporte público colectivo.

o Convenio con Corporaciones locales para compartir gastos de vehículos destinados

al uso de notificaciones.

Medidas para un uso más eficiente de la energía en sedes judiciales.

o Contratación centralizada para centros con potencia superior a 10 KW.

o Realización de estudio y acciones subsiguientes para adaptar la potencia eléctrica

contratada a la que realmente se consume.

o Reducción del gasto en climatización

o Implantación de sistemas de control y desconexión inteligente de iluminaria y PC´s.

Contención del gasto de los servicios de peritaciones judiciales


Incremento de ingresos a través del establecimiento y la gestión de tasas y precios públicos

en el ámbito del departamento.

Contención del gasto en personal sustituto y de refuerzo para los órganos jurisdiccionales.

Proyecto 10.3. Implantación de un sistema de gestión de calidad.

Agrupa las acciones para implantar, de forma gradual, un Sistema de Gestión de Calidad en la

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

Proyecto 10.4. Implantación de un sistema de dirección y planificación estratégica.

Incorpora las acciones necesarias para implementar un sistema de dirección estratégica para la

política pública de Justicia.

La elaboración de este Plan Estratégico, su comunicación, seguimiento, medición y rendición de

cuentas, constituyen realizaciones de este proyecto.

Programa 11. Modernización del Registro CivilTiene como fin modernizar la gestión del Registro Civil, así como dar cumplimiento al proyecto de

reorganización del nuevo Registro Civil previsto en la Ley 20/2011, de 21 de julio, que deberá ser

efectivo en julio de 2014. Proyectos:

Proyecto 11.1. Modernización tecnológica de las funciones del Registro Civil. Proyecto

destinado a la modernización de las funciones del registro Civil mediante el despliegue de la

aplicación REGIUS del Ministerio de Justicia. La implantación de REGIUS conllevará, entre otros,

los siguientes beneficios:

La generación informática de los Libros de Diario.

La sustitución de la búsqueda manual de entradas en el Libro Diario por un sistema de

búsqueda automatizada.

La consulta electrónica de expedientes en trámite y el histórico.

La generación documentos en base a plantillas normalizadas, que quedarán asociadas al

expediente registral.

El volcado de datos automatizado en la aplicación Inforeg, en aquellos casos en los que el

expediente o asiento concluya con una anotación o inscripción.


Proyecto 11.2. Organización del nuevo Registro Civil adaptado a la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Esta Ley desjudicializa la llevanza del registro Civil, al deslindar con claridad las tradicionales

funciones gubernativas y judiciales que por inercia histórica aparecen entremezcladas en el

sistema de la Ley de 1957, aproximando el modelo de Registro Civil al existente en otros países de

nuestro entorno, en los que también se ha optado por un órgano de naturaleza administrativa.

La Ley diseña un registro Civil único para toda España, informatizado y accesible

electrónicamente. El Registro Civil se configura como una base de datos única que permite

compaginar la unidad de la información con la gestión territorializada y la universalidad en el

acceso. Esta nueva concepción implica la superación del Registro físicamente articulado en Libros

custodiados en oficinas distribuidas por toda España, obliga a un replanteamiento de toda su

estructura organizativa, buscando eximir al ciudadano de la carga de tener que acudir

presencialmente a las oficinas del Registro. En cada isla se debe ubicar una Oficina General del

Registro Civil. El grueso de la Ley 20/2011, del Registro Civil, entrará en vigor el 22 de julio de

2014.

Programa 12. Desarrollo del Sistema de Gestión Procesal Atlante II

Programa destinado al desarrollo evolutivo del Sistema de Gestión procesal Atlante II,

incrementando sus módulos funcionales.

Atlante II es el Sistema de Gestión procesal que da servicio a los órganos judiciales y fiscalías,

Institutos de Medicina Legal y Equipos Técnicos en Canarias, y permite la intercomunicación

jurisdiccional mediante la cooperación judicial, la comunicación con el Consejo del Poder Judicial

para la inspección remota, remisión de resoluciones al Centro de Documentación Judicial

(CENDOJ), remisión de documentación digitalizada al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA),

comunicación con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2, la coordinación con

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la gestión de señalamientos a través de la Agenda del

CGPJ y el señalamiento desde los Juzgados de Guardia.

Se trata de una aplicación con arquitectura .NET Remoting, cliente-servidor.

Estación cliente

(Windows XP)

Internet

Lógica de cliente

Presentación


Proyecto 12.1. Desarrollo y mantenimiento evolutivo del Sistema Atlante II.

Proyecto destinado a los desarrollos evolutivos del Sistema de Gestión Procesal Atlante II. Así, se

prevén, entre otros, los siguientes:

Adaptaciones al Test de Compatibilidad del Consejo General del Poder Judicial.

Adaptación al Reglamento 2/2010 del CGPJ.

Migración a nuevas versiones.

Web de Administración de Atlante II

Evolución de la Base de Datos de interés Judicial.

Planificadores de actividad de los órganos judiciales

Mantenimiento y mejora de las Agendas. Atlante dispone de dos tipos de agendas: la de

programación de señalamientos y la de juicios rápidos de faltas y delitos.

Acceso remoto al sistema Atlante a través de VPN. Permitirá el acceso al sistema desde

fuera de las Oficinas Judiciales.

Auditoría de Seguridad del Sistema Atlante.


Proyecto 12.2. Creación de un Data-Warehouse y del Cuadro de Mando Integral del Sistema Atlante II.

La creación de un data-Warehouse y del CMI se enmarca en la necesidad de disponer de

herramientas de explotación de datos que faciliten la toma de decisiones directivas. Por tanto, su

implantación es de la mayor relevancia estratégica para la Gestión de la Calidad, Gestión del

cambio y Gestión de Riesgos, en el ámbito de la Administración de Justicia.

Con el Cuadro de Mando Integral se trata de construir un sistema de indicadores a partir de

diversas fuentes de datos (si bien la principal será la del Sistema Atlante II) que permita ofrecer

información valiosa sobre diversos aspectos: gestión de personal, actividad jurisdiccional,

rendimiento de servidores y aplicativos, etc.

Proyecto 12.3. Implementación del módulo Atlante para la Asistencia Jurídica Gratuita.

Destinado al desarrollo e implantación de una aplicación para la mejora de la gestión del

reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica gratuita y , en una fase posterior, incorporar

un módulo de facturación a los Colegios profesionales de Abogados y Procuradores.

Proyecto 12.4. Implantación/evolución del módulo para los Institutos de Medicina Legal.

El Módulo IML de Atlante se configura como un sólo módulo pero con dos entornos de datos

independientes: uno para la provincia de Las Palmas y otro para la de Santa Cruz de Tenerife.

Entre las funcionalidades cabe destacar las siguientes:

Comunicación entre el módulo del IML y el de Fiscalía de Atlante, al objeto de que fiscalía

tenga acceso a los dictámenes e informes realizados por los profesionales de los IML.

Conexión entre el módulo de IML y el del Registro Civil, para certificar con dictamen.

Limitar el acceso a los procedimientos fijados como secretos a su tramitador, su Jefe de

Servicio, subdirector y director del IML.

Módulo de gestión documental y gestor de servicios.

Facilitar la inclusión de objetos tipo video, audio y fotografía en los expedientes

Nuevos elementos de búsqueda.


Nuevas categorizaciones y filtros estadísticos.

Etc.

Proyecto 12.5. Implantación del módulo Atlante para los Juzgados de Paz.

Destinado al desarrollo e implantación de un módulo para la gestión procesal de los Juzgados de

Paz de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los Juzgados de Paz accederán al sistema a través del portal del Gobierno de Canarias, utilizando

validación contra el directorio LDAP del Gobierno.

Programa 13. Mejora de la Interoperabilidad

Agrupa los proyectos de integración e interconexión del Sistema de gestión procesal Atlante II con

otros sistemas de información, a fin de mejorar la calidad de la información que suministra para la

Administración de Justicia y maximizar sus funcionalidades. Proyectos:

Proyecto 13.1. Integración del Sistema Atlante II con el Sistema de Información, Control y Consultas (SICC) de la Fiscalía General del Estado.

La integración del Sistema Atlante II con SICC ha sido licitada por la empresa RED.es a través de

una encomienda de gestión, resultando adjudicataria la empresa Accenture.

Se ha constituido un Grupo de Trabajo integrado por la Fiscalía General del Estado, Red.es,

Fiscalía Superior de Canarias, Secretaría de Gobierno del TSJ de Canarias, Dirección General de

Relaciones con la Administración de Justicia y Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas

Tecnologías del Gobierno de Canarias, a fin de completar el diseño funcional y técnico de la

interconexión entre ambos sistemas.

Proyecto 13.2. Integración del Sistema Atlante II con el Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

El Punto Neutro Judicial es una red de servicios que ofrece a los órganos judiciales los datos

necesarios en la tramitación judicial mediante accesos directos a aplicaciones y bases de datos del

propio Consejo, de organismos de la Administración General del Estado y de otras instituciones

con objeto de facilitar y reducir los tiempos de tramitación, de aumentar la seguridad, y de mejorar

la satisfacción de los usuarios.


El acceso al PNJ se realiza por un portal que facilita la navegación entre los distintos servicios

y permite ofrecer más información a los usuarios. Con este proyecto se trata de incorporar al

Sistema Atlante II los servicios que el CGPJ ofrece a través del Punto Neutro Judicial (PNJ),

suscribiendo el oportuno Convenio de cooperación tecnológica.

En este momento se prestan un total de 35 servicios en el PNJ, cuya tipología es la siguiente:

• Consultas patrimoniales y domiciliarias: 10

• Intercambio de información: 4

• Consultas penitenciarias: 2

• Consultas y actualización de las estadísticas judiciales: 4

• Servicios Ministerio de Justicia: 5

• Otros Servicios: 10

Administraciones que se integran con el PNJ:• Agencia Estatal de la Administración Tributaria

• Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España

• Consejo General de la Abogacía Española

• Consejo General de Procuradores de España

• Consejo General del Notariado

• Consejo General del Poder Judicial

• Cuerpo Nacional de Policía

• Dirección General de Tráfico

• Dirección General del Catastro

• Fiscalía General del Estado

• Fondo de Garantía Salarial

• Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

• Instituto Nacional de Empleo

• Instituto Nacional de Estadística

• Ministerio de Justicia

• Secretaria General de Instituciones Penitenciarias

• Tesorería General Seguridad Social

• Violencia de Género


Como señala el CGPJ, prueba de la utilidad que el Punto Neutro Judicial ha alcanzado para los

órganos judiciales, son los mas de 12 millones de accesos realizados en el último año que

suponen un considerable ahorro en tiempo de tramitación de los expedientes y en recursos

humanos tanto de la Administración de Justicia como de los organismos consultados.

Proyecto 13.3. Integración del Sistema Atlante II con SIRAJ del Ministerio de Justicia.

Proyecto destinado a la Integración del Sistema Atlante II con el Sistema de Información de los

Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, del Ministerio de Justicia

Proyecto 13.4. Interconexión con CENDOJ (Centro de Documentación Judicial).

Proyecto destinado a la interconexión del Sistema Atlante II con el Centro de Documentación

Judicial

Proyecto 13.5. Integración con los sistemas de gestión gubernativa del CGPJ y Ministerio de Justicia.

Proyecto destinado a la Integración del Sistema Atlante II con los Sistema de Gestión gubernativa

del CGPJ y del MJ.

Proyecto 13.6. Integración del Sistema Atlante II con el sistema LEXNET de comunicación electrónica.

Proyecto destinado a la Integración del Sistema Atlante II con el Sistema LEXNET del Ministerio de

Justicia para la práctica de actos de comunicación procesal (notificaciones) por medios telemáticos

desde los órganos judiciales a los profesionales del ámbito de Justicia (procuradores, Abogados,

Graduados Sociales).

Se trata de un proyecto de alto valor estratégico, al permitir una gran celeridad en los actos de

notificación y un correlativo ahorro de costes postales.

Este sistema se implantó en las oficinas judiciales competencia del Ministerio de Justicia a través

del Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del

sistema informático de telecomunicaciones LexNet para la presentación de escritos y documentos,

el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos.

En el art. 1.3 de este Real Decreto se recoge la posibilidad de que el Ministerio de Justicia


suscriba convenios de cooperación tecnológica con las comunidades autónomas que hayan

recibido los traspasos de funciones y servicios en relación con los medios materiales de la

Administración de Justicia, para la implantación del sistema telemático denominado LexNet en sus

ámbitos territoriales correspondientes.

El Convenio de cooperación tecnológica entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma

de Canarias se ha suscrito el pasado mes de noviembre de 2011.

Este sistema de comunicación será obligatorio para llevar a efecto los actos de comunicación, ya

que el propio art. 4. del Real Decreto 84/2007 apunta que:

«1. La utilización del sistema LexNet será obligatoria para los secretarios judiciales y para los

funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, relacionados como

usuarios en el Anexo II de este real decreto, destinados en aquellas oficinas judiciales que

dispongan del sistema y estén dotadas de los medios técnicos necesarios. También será

obligatorio el uso del sistema LexNet para los colegios de procuradores que cuenten con los

medios técnicos necesarios. 2. Se entenderá preferente la vía telemática de comunicación con

quienes figuren dados de alta como usuarios en el sistema».

Proyecto 13.7. Integración de Atlante con el Sistema de Grabación de vistas.

Este proyecto persigue la integración del sistema de grabación de vistas con el sistema Atlante II,

garantizando la autenticidad e integridad de las grabaciones.

En 2010 se firmó el Convenio trilateral entre el Ministerio de Justicia, el Gobierno de Canarias y la

empresa RED.es para el desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la Administración

de Justicia, denominado “Ius+red”, que implica el cambio de los sistemas de grabación de vistas y

su integración con el Sistema Atlante II.

Proyecto 13.8. Herramienta para la Planificación y gestión de rutas para la práctica de notificaciones fuera de sede judicial, integrada en el Sistema Atlante II.

Proyecto destinado a generar una herramienta informática para mejorar la eficiencia y eficacia de

las notificaciones fuera de sede judicial, facilitando la localización de direcciones, permita el cálculo

de rutas y ofrezca capacidad de análisis estadístico espacial que facilite la toma de decisiones de

gestión y planificación

Proyecto 13.9. Agilización del Tráfico internacional de documentos (apostilla electrónica).


La expedición de apostillas electrónicas consiste en sustituir la firma ológrafa de los documentos

públicos apostillados por un certificado o firma electrónica válida

La legalización de documentos públicos mediante apostillas, según prevé el Convenio de La Haya

de 1961 sobre la Eliminación del Requisito de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros

del que España es parte, pretende simplificar y agilizar el tráfico jurídico internacional de

documentos.

Este proyecto pretende por tanto implementar la expedición y emisión de apostillas electrónicas en

el ámbito de Justicia, que permitirá dar cumplimiento a los postulados de la Ley 11/2007 de Acceso

Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y ofrecer una mayor agilidad y seguridad

jurídica en el procedimiento de emisión de Apostillas.

Proyecto 13.10. Estudio del diseño y despliegue del expediente judicial electrónico.

Proyecto destinado al estudio, diseño e implementación del expediente judicial electrónico,

siguiendo las prescripciones del Consejo General del poder Judicial y del Ministerio de Justicia, en

el marco del Esquema Judicial de Interoperabilidad.

La implantación del expediente judicial electrónico supondrá un importante ahorro en recursos y

una simplificación de la gestión documental, lo que repercutirá en una mayor celeridad en la

adopción de las resoluciones y, en consecuencia, en una reducción de los tiempos de espera.

Todo ello, con el objetivo de avanzar hacia una Administración de Justicia más segura y garante de

los derechos de la ciudadanía.

Como se señala en el Informe sobre el Expediente judicial electrónico elaborado por el Ministerio

de Justicia: “La idea de la oficina sin papeles es el horizonte que se plantea cuando se habla de la

Administración Electrónica. En el ámbito de la Administración de Justicia este concepto toma más

relevancia por el impacto que tendrá en los juzgados y tribunales. Se trata de responder de forma

rápida al cada vez más insostenible volumen de papel que se gestiona a diario en los juzgados,

tribunales y Oficinas Judiciales.”

Proyecto 13.11. Integración del Sistema Atlante II con SIGESCA.

Proyecto destinado a la Integración del Sistema Atlante II con el Sistema de Gestión de Seguridad

Canaria (SIGESCA) que utilizan las policías locales y los funcionarios del Cuerpo Superior de la


Policía autonómica canaria; lo que facilitará el intercambio de datos electrónico con los órganos

judiciales.

Programa 14. Reingeniería de la organización judicial

Recoge los proyectos que tienen como finalidad la reflexión, propuesta y, en su caso, ejecución de

acciones destinadas a la mejora de la organización judicial o a la mejora de la regulación de la

política de modernización de la política de Justicia.

Proyecto 14.1. Diseño e implantación de Oficinas judiciales en Centros Penitenciarios.

Proyecto destinado a la suscripción de convenio con el Ministerio del interior y de Justicia para la

creación de delegaciones de oficinas de carácter judicial en centros penitenciarios.

El volumen de actuaciones procesales relativas a personas privadas de libertad en centros

penitenciarios y la actual crisis económica aconseja la creación de este tipo de oficinas para

simplificar trámites y evitar gastos de custodia y traslado de presos, lo que conllevará una

agilización de las relaciones entre internos y los órganos judiciales y una adecuada satisfacción al

principio de eficacia.

Proyecto 14.2. Modernización de la Justicia de Paz

Proyecto destinado a recoger las acciones que buscan la modernización de la organización y

funcionamiento de los Juzgados de Paz radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de

Canarias.

Proyecto 14.3. Elaboración de propuestas de mejora de la regulación de la LOPJ y Ley de Planta y demarcación Judicial.

Recoge la elaboración de propuestas de mejora de la regulación de la Ley Orgánica del Poder

Judicial y de la Ley de Planta y demarcación Judicial a instancias del Ministerio de Justicia.

Proyecto 14.4. Elaboración/Actualización de las disposiciones de carácter general sobre la política de Justicia en Canarias.

Proyecto destinado a recoger las iniciativas de elaboración de disposiciones de carácter general en

materia de Justicia.


En el momento de elaborar este documento se proyectan, entre otras, las siguientes:

1. Proyecto de Decreto sobre la política de modernización de la Administración de Justicia en

Canarias.

2. Proyecto de Decreto para la creación de la Junta de Expurgo de documentación Judicial.

3. Proyecto de Decreto sobre la Asistencia Jurídica Gratuita.

4. Proyecto de Orden departamental de modificación de la Orden reguladora del

nombramiento y cese de los funcionarios interinos al servicio de la Administración de

Justicia.

Programa 15. Fomento de la Mediación y otros mecanismos de resolución extrajudicial de conflictosRecoge los proyectos destinados al fomento e impulso de la mediación y otros mecanismos de

resolución extrajudicial de conflictos. Proyectos:

Proyecto 15.1. Fomento e impulso de la mediación y otros mecanismos de resolución extrajudicial de los conflictos

Reúne el conjunto de iniciativas y acciones que buscan el fomento de los mecanismos de

resolución extrajudicial de los conflictos, principalmente la Mediación y el arbitraje, a fin de reducir

la tasa de litigiosidad, así como los costes y efectos adversos de los procesos judiciales.

Caben destacar las siguientes acciones:

1. Subproyecto de Mediación intrajudicial en el ámbito de los Juzgados con competencia en el

Derecho de familia y sucesiones.

2. La difusión institucional sobre los métodos extrajudiciales de resolución de conflictos.

3. La elaboración de materiales de comunicación sobre estos mecanismos.

4. Protocolos de colaboración para la puesta en marcha de acciones de divulgación de la

cultura de la mediación.

5. La gestión de Sesiones Informativas sobre mediación y el Registro de Mediadores por

personal de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

6. La Creación del Espacio Común de Mediación (Foro para la elaboración de propuestas

normativas, divulgación y participación).

Proyecto 15.2. Educando en Justicia.


Proyecto en coordinación con el CGPJ y con la Sala de Gobierno del TSJC, dirigido a los centros

educativos que pretende la formación y conocimiento práctico del funcionamiento interno de la

Administración de Justicia, potenciando valores como la tolerancia, el diálogo, la mediación y el

respeto.

6. Alineación y Priorización de Proyectos.

Tras la determinación de la batería de proyectos se hacía necesario:

1. Garantizar su alineación con los ejes estratégicos y con los objetivos previamente

definidos a través de un proceso de análisis de su impacto, lo que permite despojarse de

aquellas iniciativas que tuvieran un bajo impacto sobre los objetivos o que, incluso, tras el

análisis, se concluyera que no estaban alineadas con aquéllos.

2. Priorizarlos, pues no se dispone de medios humanos ni económicos para abarcar la

ejecución de todos los proyectos a la vez.

Alineación: Así pues, se efectuó un análisis del impacto de cada proyecto sobre los distintos

objetivos., graduando si el impacto previsible sería alto, medio o bajo. Ello permitió eliminar

proyectos de escasa o nula alineación con los objetivos definidos. De otro lado, se tomaba

conciencia de aquellos proyectos que, al afectar de forma importante a varios objetivos, tenían un

mayor impacto estratégico.

Priorización: Para priorizar la ejecución de los proyectos se sometieron a una evaluación de

“Esfuerzo-beneficio” que conllevaría su desarrollo e implantación.

Para ello se confeccionó una matriz en la que los distintos proyectos fueron evaluados respecto a

una serie de criterios que tratan de valorar tanto el previsible “esfuerzo” como el “beneficio”. Cada

criterio está ponderado sobre el total y se evalúa en una escala de 5 niveles (muy alto, alto, medio,

bajo, nulo) con una traducción numérica (10, 8, 5, 2, 0, respectivamente). La evaluación global del

esfuerzo o el beneficio es la sumatoria de los criterios afectados por sus correspondientes pesos,

el resultado se ha re escalado (Subtotal RES) lo que proporciona una puntuación en un rango de 0

a 10 facilitando la representación gráfica.

Así, para la evaluación del “esfuerzo” se definieron los 6 criterios y sus niveles de valoración que a

continuación se indican:


Nº de agentes implicados: mide el número de agentes implicados en el proyecto.

Muy altoAltoMedioBajoNulo

Necesidad Presumuestaria: mide es esfuerzo inversor con cargo a los presupuestos del proyecto

Muy Alto: Proyecto externo / compras costosasAlto: principalmente externo / compras importantesMedio: necesidad de recursos internos y externos equilibradaBajo: Principalmente interno / compras poco importantesNulo: No requiere recursos externos ni compras

Tiempo de duración: mide la duración del proyecto.

Muy Alto: Superior a 2 añosAlto: Superior al añoMedio: Entre 4 meses y 1 añoBajo: Inferior a 4 mesesInmediato: Aplicación inmediata (semanas)

Esfuerzo hasta finalización: mide grado de desarrollo actual del proyecto.

Muy Alto: Proyecto sin comenzarAlto: Progreso inferior al 20%Medio: Progreso inferior al 50%Bajo: Progreso inferior al 80%Nulo: Proyecto finalizado

Complejidad técnico-jurídica: mide el nivel de dificultad jurídico que supone la ejecución del proyecto.

Muy alto: Manejo múltiples leyes y modificación marco legalAlto: Manejo de múltiples leyes sin modificaciónMedio: Manejo de legislaciónBajo: Manejo mínimo de legislaciónNulo: Sin componente legal

Complejidad tecnológica: mide el grado de dificultad tecnológica o de los sistemas que implica el proyecto.

Muy Alta: Proyecto tecnológico novedosoAlta: Proyecto no tecnológico con componente tecnológica novedosaMedia: Proyecto tecnológico no novedosoBaja: Proyecto no tecnológico con componente tecnológica no novedosaNula: Proyecto no tecnológico


Para la evaluación del “beneficio se definieron también 6 criterios. Son los siguientes:

Nº de sujetos beneficieados: mide el número total de sujetos que resultarán beneficiados por el proyecto.


Nº de colectivos beneficiiados: mide la variedad de colectivos beneficiados por el proyecto


Nº de procesos afectados: mide la mayor o menor contribución del proyecto a la mejora de los procesos.

Muy Alto: Es un proyecto de excelencia operacionalAlto: La reorganización de procesos es una componente importanteMedio: La reorganización de procesos es una componente pequeñaBajo: Los procesos se ven afectados de manera indirectaNulo: No afecta a los procesos

Grado de avance en la e-Justicia: mide la contribución del proyecto en el desarrollo de la Justicia Electónica.

Muy Alto: El proyecto avanza en la digitalización de los procesosAlto: El proyecto reduce varios "trabajos en papel"Medio: El proyecto reduce algunos"trabajos en papel"Bajo: El proyecto reduce algún "trabajo en papel" de manera indirectaNulo: Sin efecto

Grado de beneficio en la ciudadanía: mide el beneficio que recibe especificamente la ciudadania.

Muy Alto: Gran beneficio directo para un número elevado de ciudadanosAlto: Beneficio directo para un número elevado de ciudadanosMedio: Beneficio directo para un número reducido de ciudadanosBajo: Beneficio indirecto para los ciudadanosNulo: Sin beneficio para el ciudadano

Beneficio económico: mide la contribución del proyecto al ahorro y la reducción de costes.

Muy alto: Proyecto de excelencia económicaAlto: Ahorro directo importanteMedio: Ahorro directo pequeñoBajo: Ahorro indirectoNulo:No conlleva ahorro


7. Los Indicadores.

La clave del éxito de cualquier estrategia orientada a resultados está en la definición de los

indicadores y en su posterior evaluación. Este enfoque responde a la máxima: “Lo que no se mide

o evalúa, sencillamente, no se puede gestionar.”

Un indicador de gestión es un índice que permite evaluar los resultados conseguidos en cualquiera

de sus componentes: economía, eficacia, eficiencia, calidad.

Para AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas) un indicador es

“una unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación periódica de las variables clave de

una organización mediante su comparación en el tiempo con los correspondientes referentes

externos e internos.”

La Norma UNE 66175:2003 (Sistemas de Gestión de Calidad. Guía para la implantación de

sistemas de indicadores) los define como “datos o conjunto de datos que ayudan a medir

objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad.”

La implantación de un sistema de indicadores se sitúa en una perspectiva de verdadero cambio de

la cultura y de los valores que rigen la forma de actuar de las Administraciones Públicas,

introduciendo un elemento de transparencia de la gestión esencial para su buen gobierno.

Se han definido los indicadores que servirán para evaluar cada proyecto. Para evaluar el grado de

cumplimiento de los quince objetivos principales del Plan -dado que los distintos proyectos

impactarán en uno o varios de estos objetivos con distinta intensidad- fue necesario previamente

identificar las relaciones de cada proyecto con los distintos objetivos, para escoger posteriormente

–entre los indicadores de proyecto- aquéllos considerados más relevantes para medir el nivel de

cumplimiento de los objetivos.

En la tabla que se inserta en el Anexo II se describe el impacto de cada proyecto sobre los

objetivos y su previsible intensidad (alto, medio o bajo impacto).

A continuación se señalan los indicadores escogidos como indicadores de los objetivos:


Objetivos Indicadores principalesTutela judicial efectiva con razonable celeridad Tasa de congestión

Tasa de pendenciaTiempo medios de duración de los procesos por orden jurisdiccionalIndicadores de calidad de la OJ y de la OF: Tiempo medio de despacho de diligencias; Nº diligencias incoadas vs denuncias recibidas; Nº notificaciones de señalamiento registradas; Nº asuntos inactivos por más de 3 meses; Nº asuntos pendientes de dictamen; Nº prisiones provisionales activas por periodo; Nº prisiones provisionales caducadas; Nº ejecutorias finalizadas; Nº ejecutorias pendientes; Nº de ejecutorias despachadas por periodo; Nº de asuntos despachados durante la guardia; Nº de denuncias por maltrato registradas por periodo; Nº diligencias de investigación incoadas en materia de violencia de género por periodo; % Diligencias de investigación incoadas en materia violencia de género sobre denuncias recibidas.

Atención a los más desprotegidos Índice de satisfacción de los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita (AJG)Evolución del Nº de beneficiarios de la AJG anualesEvolución del coste anual de la AJGNº de usuarios atendidos en los Puntos de Encuentro Familiar (evolución series anuales)Evolución del Importe subvención para sostenimiento PEF (absoluto y con relación al nº beneficiarios y usuarios)Nº de personas en listas de espera de los PEFNº de Víctima atendidas en los Centros de Asistencia a Víctimas de Delitos (CAVD)Evolución del Importe subvención para sostenimiento CAVD (absoluto y con relación al nº beneficiarios y usuarios)Nº de personas y expedientes atendidos por las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género.Tiempo medio de respuesta de las UVIG a las solicitudes de informe de los órganos judicialesNº de subastas publicadas en canal telemático anualmenteNº de subastas electrónicas realizadas anualmenteNº de fosas de desaparecidos en la Guerra Civil española incluidas en Mapa de Fosas de CanariasNº de personas desaparecidas identificadas en el Mapa de Fosas de CanariasNº de restos no identificados incluidos en el Mapa de Fosas de Canarias.

Justicia transparente y responsable Nº de personas atendidas por las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano especializadas en JusticiaTiempo medio de resolución de consultas por tipo de canal (presencia, telefónica, on line)Índice de satisfacción con la información y atención recibida.Porcentaje de efectividad por tipo de canal (casos resueltos satisfactoriamente por canal)Nº de consultas a servicios de la web del departamentoNº de acciones de comunicación y de la Revista on-line “justicia en red” realizadas anualmente

Mejora de las infraestructuras judiciales Nº de actuaciones anuales y por provincia e islaNº de Infraestructuras adaptadas al modelo NOJ/NOF sobre el total.Gasto en nuevas infraestructurasGasto en renovación de infraestructurasNº de días de desviación del plazo de finalización de las obras sobre el previsto

Una gestión económica sostenible Series anuales comparativas sobre evolución de determinados tipos de gastos (electricidad, peritaciones, seguridad y vigilancia de sedes, limpieza, sustituciones y refuerzos, material de oficina, etc)Comparativa serie de indicadores de ejecución presupuestaria (grado de ejecución, evolución por capítulos, etc)

Servicio profesional y atento con el ciudadano Indicadores de satisfacción de los usuarios y profesionales de la Administración de Justicia con la atención recibida.Nº de quejas recibidas en periodo anual.Nº de felicitaciones recibidas en periodo anualNº de expedientes disciplinarios que finalizan con sanción vs número total de expedientes iniciados.Número de profesionales adscritos a puestos actualizados con RPT

Optimizar el factor operativo en el ámbito laboral Indicadores de absentismo: Tasa de absentismo no justificado; Tasa de Incapacidades temporales; Nº y Coste de horas perdidas por absentismoTasa de interinidadTasa de rotación/movilidadEvolución interanual personal interino de refuerzo y del personal sustituto por enfermedadEvolución de la dimensión de la plantilla. Evolución del Coste de la plantillaTiempo medios de respuesta a la solicitud de nombramiento de personal interino por vacante y por sustitución.

Descongestión de la Justicia mediante fomento de mediación

Nº de mediadores inscritos en el Registro de Mediadores de la DGRAJNº de asuntos judiciales derivados a Sesión informativa de mediación


ANEXO I

Análisis DAFO

Debilidades

Inexistencia hasta ahora de Sistema de planificación y dirección estratégica para la política pública de Justicia:

o Ausencia de diagnóstico. No se tenían identificados los grupos de interés ni

se recoge periódicamente información sobre sus expectativas y necesidades. Débil orientación de la gestión a resultados.

o Ausencia de medición e información sobre los resultados e impactos de la

gestión desarrollada, lo que incide en la calidad del proceso de toma de decisiones.

Deficiencias en la arquitectura de RRHH y organizativa de la Viceconsejería y DGRAJ:

o Inadecuación de los RRHH en todas las Unidades de la DGRAJ respecto a las

cargas trabajo . Poca fuerza de atracción de los puestos de la DGRAJ dificulta el

reclutamiento de personal de otros departamentos (procedimientos de movilidad).

Alto % de RRHH con relación de servicios impropia y precaria (13 LPA y 13 TFE)

o Deficiencias de coordinación; escasa comunicación interna entre las

Unidades de la DGRAJ.o Inexistencia de Planificación en el ámbito de RRHH: Planes internos de

sucesión, Planes de acogida, Planes de Formación alineada con objetivos. Carencias de sistemas de información de apoyo a la gestión. Las peculiaridades del

régimen jurídico del personal de Justicia impiden a la DGRAJ beneficiarse de los sistemas corporativos de aplicación general en la CAC, obligando a acometer desarrollos específicos.

Disfunciones en la Atención al público, que generan mala imagen corporativa.


Insatisfacción del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia con sus condiciones retributivas, debido a la suspensión del Acuerdo Administración-Sindicatos de 2009 por la Ley de Presupuestos para 2011.

Pese a que en el 2010 Canarias era la 2ª Comunidad Autónoma con mayor Tasa de Pendencia (0,40) tras la Comunidad Valenciana (0,41); a finales de 2011 mejora hasta situarse con una tasa igual a la media (0,34)

Si bien en 2010 Canarias es la 2ª Comunidad Autónoma con mayor Tasa de Congestión (1,40. La media del Estado era de 1,36), al final del 2011 mejora hasta situarse ligeramente por encima de la media (1,35, frente a 1,34 de media nacional)

Alta tasa de interinidad de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia (MF 40%; GP 25%; TP 25%; AJ 56%)

Fortalezas

4119

422

149839

286

240

268

Méd. F. Gest. Pr. Tra .Pr. Aux. J.

InterinosTitulares

0,000,050,100,150,200,250,300,350,400,45

TOTAL ESTADOANDALU

CIAARAGON

ASTURIA

SCANARIA

SCANTABRIACATALU

ÑAVALE

NCIAGALIC

IAMADRID

NAVARRAPAIS

VASCO

PENDENCIA


Pese a la escasez de RRHH, la Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia cuentan con personas con altos conocimientos, experiencia e implicación, que sirven de referente para la gestión del cambio.

Liderazgo político y directivo comprometido con la modernización de la Administración de Justicia.

Iniciativas en elaboración que pueden convertirse en palancas para la gestión del cambio.

La ratio de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia por cada 100 mil habitantes (116 en Canarias. La media en el Estado es de 95).

Tasa ingreso de asuntos inferior a la media Estado. (En 2010 la entrada media de asuntos x órgano en Canarias es de 2.355. Media estatal: 2.448).

Un Sistema de Gestión Procesal (Atlante II) implantado en toda la Administración de Justicia, que ha superado parcialmente del Test de compatibilidad del CGPJ, sometido a intenso proceso que busca la interoperabilidad con otros Sistemas, así como a un proceso evolutivo que incorporará nuevas funcionalidades y servicios.

Amenazas

Complejidad de los procesos de gestión derivada de la confluencia de distintas Instituciones con competencias en la materia

La persistencia de la crisis económica y la necesidad de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, que genera:

Incertidumbre en la obtención de un Presupuesto de gastos anual para los programas de la Administración de Justicia razonablemente suficiente para cubrir las necesidades y expectativas.


Incertidumbre en el mantenimiento del Presupuesto de gastos aprobado al inicio de cada ejercicio, ante posibles Acuerdos de Gobierno que decidan la no disponibilidad de créditos para cumplir objetivos de reducción de déficits o la disminución de ingresos en el sistema de financiación de la Comunidad Autónoma.

Incertidumbre en el mantenimiento de recursos que revisten naturaleza de protección social relacionados con la Administración de Justicia y que gestionan Corporaciones Locales o Fundaciones (Puntos Encuentro Familiar, Centros de Asistencia a Víctimas de Delitos), ante la disminución en los últimos años del importe de las líneas de subvención presupuestada.

Incertidumbre sobre el momento en que el contexto económico permita articular medidas para situar las retribuciones de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en un nivel adecuado (actualmente, el complemento específico que determina la Comunidad Autónoma de Canarias es de los más bajos de España y el Acuerdo Administración-Sindicatos que recogía su incremento a partir de 2011 quedó suspendido por la Ley de Presupuestos Generales)

2007 2008 2009 2010 20110

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

Evolución del capítulo 2 del Programa "Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal" (142A)

Créditos Iniciales Obligaciones reconocidas


Rigidez y lentitud de los procedimientos de gestión económica debido a política financiera de restricción del gasto y la necesidad de recabar autorizaciones o informes previos de órganos de la Consejería competente en materia de Hacienda.

Alta Tasa de litigiosidad en Canarias: La 3ª Comunidad Autónoma con mayor tasa de litigiosidad x cada 100 mil habitantes (212 asuntos ingresados), tras Andalucía y Madrid.

Percepción social negativa del Servicio Público de la Justicia: (CISS. Barómetro Febrero 2011) :

¿Cómo considera usted que funciona la Administración de Justicia?

0,4 18

28,736,7

11,35

Muy bienBienRegularMalMuy malN.S/N.C


Oportunidades

Las últimas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de las Leyes procesales que buscan la agilización y modernización de la Justicia

Importante impulso a la colegiación de esfuerzos entre las distintas Instituciones y agentes que actúan en el ámbito de Justicia.

El avanzado estado de desarrollo de proyectos de modernización tecnológica y organizativos efectuados por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, puestos a disposición de las CCAA.

La predisposición del Consejo General del Poder Judicial a participar en las iniciativas de mejora de la Justicia en Canarias. De forma especial en la formación del personal y en la cooperación tecnológica.

La “paz social” y el clima de confianza y colaboración alcanzado con las organizaciones representativas de los trabajadores del sector de Justicia.

El actual desarrollo de las TIC´s y los avances en la interoperabilidad de los sistemas tecnológicos que demanda la modernización del Sistema de Justicia.

La existencia de experiencias de implantación del modelo de la Nueva Oficina Judicial y demás proyectos de modernización en otros ámbitos territoriales, de las que se puede extraer conocimiento valioso para el diseño y despliegue del nuevo modelo en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Plan estratégico de justicia 2012-2015 - Gobierno de … · Web viewAsimismo, tratamos de...

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