PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE - Suprema Corte de … · crÓnica de la controversia constitucional...

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  • CRNICA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 54/2009 TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIN

    PLDORA DEL DA SIGUIENTE

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    CRNICA DE LA

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 54/2009

    MINISTRO PONENTE: JOS RAMN COSSO DAZ SECRETARIO: RAL MANUEL MEJA GARZA

    TRIBUNAL PLENO DE LA

    SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIN

    PLDORA DEL DA SIGUIENTE

    Cronista: Lic. Hctor Musalem Oliver

    Con el propsito de garantizar la atencin mdica de las vctimas de violencia sexual

    e intrafamiliar, la Secretara de Salud, por medio del Centro Nacional de Equidad de

    Gnero y Salud Reproductiva, present ante el Comit Consultivo Nacional de

    Normalizacin de Prevencin y Control de Enfermedades el anteproyecto para modificar la

    Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, para quedar como NOM-046-SSA2-2005.

    La dependencia sanitaria, en coordinacin con la Comisin Nacional de

    normalizacin, inici el procedimiento administrativo respectivo. El 16 de abril de 2009 se

    publicaron en el Diario Oficial de la Federacin las modificaciones mencionadas.

    De acuerdo con la exposicin de motivos que contiene dicho Diario Oficial de fecha

    ya sealada, esta modificacin se llev a cabo con la intencin de establecer los criterios a

    observar en la deteccin, prevencin, atencin mdica y la orientacin que se proporciona

    a todo tipo de usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se

    encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, as como en la

    notificacin de los casos; en este contexto, se agreg que la Norma Oficial Mexicana era

    de observancia obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, as como

    para los prestadores de servicios de salud de los sectores pblico, social y privado que

    componen tal Sistema.

    El 11 de junio del mismo ao, en la Oficina de Certificacin Judicial y

    Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, el Gobernador

    Constitucional del Estado de Jalisco, promovi una controversia constitucional mediante la

    cual se demand la invalidez de la Modificacin a la Norma Oficial Mexicana NOM-190-

    Funcionario adscrito a la Unidad de Crnicas de la Direccin General de Casas de la Cultura Jurdica.

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    SSA1-1999, Prestacin de servicios de salud. Criterios para la atencin mdica de la

    violencia familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y

    contra las mujeres. Criterios para la prevencin y atencin.

    El asunto que se suscit al respecto y que correspondi conocer a la Suprema Corte

    de Justicia de la Nacin, fue la controversia constitucional 54/2009, que correspondi por

    razn de turno el seor Ministro Jos Ramn Cosso Daz y resuelto por el Pleno del ms Alto Tribunal el 27 de mayo de 2010, en el que se estableci un criterio de suma

    importancia jurdica y social en nuestro pas.

    Al presentar el asunto, el Ministro ponente sugiri iniciar la discusin con el tema de Violaciones a diversos derechos fundamentales, ya que a juicio del promovente la norma

    controvertida causaba perjuicio a las personas que ofrecan servicios de salud de carcter

    privado al imponer la obligacin de prestar atencin mdica a las vctimas del delito, lo que

    corresponda al poder pblico, situacin que violaba el artculo 31 fraccin IV de la

    Constitucin,1 pues impona una carga impositiva con la obligacin de proporcionar

    atencin mdica y psicolgica a esas vctimas; asimismo, indic que la norma violaba

    garantas, porque remita a los artculos 1122 y 112-A3 de la Ley Federal de Metrologa y

    1 Artculo 31.- Son obligaciones de los mexicanos: I IV.- Contribuir para los gastos pblicos, as de la Federacin, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 2 Artculo 112.- El incumplimiento a lo dispuesto en esta Ley y dems disposiciones derivadas de ella, ser sancionado administrativamente por las dependencias conforme a sus atribuciones y en base a las actas de verificacin y dictmenes de laboratorios acreditados que les sean presentados a la dependencia encargada de vigilar el cumplimiento de la norma conforme lo establecido en esta Ley. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros ordenamientos legales, las sanciones aplicables sern las siguientes: I. Multa; II. Clausura temporal o definitiva, que podr ser parcial o total; III. Arresto hasta por treinta y seis horas; IV. Suspensin o revocacin de la autorizacin, aprobacin, o registro segn corresponda; y V. Suspensin o cancelacin del documento donde consten los resultados de la evaluacin de la conformidad, as como de la autorizacin del uso de contraseas y marcas registradas. 3 Artculo 112-A.- Se sancionar con multa las conductas u omisiones siguientes: I. De veinte a tres mil veces el salario mnimo cuando: a) No se proporcione a las dependencias los informes que requieran respecto de las materias previstas en esta Ley; b) No se exhiba el documento que compruebe el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas que le sea requerido; o c) Se contravenga una norma oficial mexicana relativa a informacin comercial, y ello no represente engao al consumidor; II. De quinientas a ocho mil veces el salario mnimo cuando: a) Se modifique sustancialmente un producto, proceso, mtodo, instalacin, servicio o actividad sujeto a una evaluacin de la conformidad, sin haber dado aviso a la dependencia competente o a la persona acreditada y aprobada que la hubiere evaluado; b) No se efecte el acondicionamiento, reprocesamiento, reparacin, substitucin o modificacin, a que se refieren los artculos 57 y 109, en los trminos sealados por la dependencia competente; c) Se utilice cualquier documento donde consten los resultados de la evaluacin de la conformidad, la autorizacin de uso de contrasea, emblema o marca registrada, o que compruebe el cumplimiento con esta Ley y las disposiciones que de ella derivan, para un fin distinto del que motiv su expedicin; d) Se contravengan disposiciones contenidas en las normas oficiales mexicanas; e) Se cometa cualquier infraccin a la presente Ley, no prevista en este artculo;

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    Normalizacin, para sustentar las sanciones por el incumplimiento de la Norma Oficial, sin

    tomar en cuenta que estos preceptos fueron declarados inconstitucionales por la Suprema

    Corte de Justicia de la Nacin.

    Asimismo, se estim por el promovente que se viol la garanta de igualdad porque

    la Norma fomentaba que se contratara personal que no fuera objeto de conciencia y

    limitaba a las personas que s lo eran para obtener un trabajo o conservarlo, lo que se

    traduca en discriminacin causada por sus opiniones y puntos de vista. Adems consider

    que la Norma no respetaba lo previsto en el artculo 5, dado que precisaba las sanciones

    civiles, penales o administrativas que eran consecuencia del incumplimiento en que

    incurran los trabajadores de salud por omitir ofrecer el anticonceptivo de emergencia a las

    vctimas de ciertos delitos.

    Con base en lo anterior, por mayora de siete votos de los seores Ministros, se

    decidi que habra de discutirse en primer lugar, lo relativo al tema de las impugnaciones

    relacionadas directamente con la vulneracin de diversos derechos fundamentales.

    El Ministro ponente indic que, en la va de controversia constitucional no proceda

    analizar violaciones de derechos fundamentales, pues se desnaturalizara el sistema

    procesal de ese medio de control constitucional, el cual, principalmente estaba dirigido a

    preservar las competencias de cada orden de gobierno previstas en la Constitucin;

    seal tambin que las autoridades no podan plantear la defensa de los derechos

    fundamentales. Puntualiz que el gobernador constitucional del Estado de Jalisco cuando

    invoc la violacin a un principio tributario del numeral 31 fraccin IV, a un principio de

    igualdad y a un principio de libertad de trabajo, lo hizo a nombre de los habitantes del

    Estado de Jalisco, y no como una violacin a su esfera competencial propia.

    En uso de la palabra, el seor Ministro Arturo Zaldvar Lelo de Larrea fij su postura en cuanto a que el actor de la controversia hizo valer la violacin de derechos

    fundamentales de manera aislada a su mbito competencial; es decir, la supuesta

    III. De tres mil a catorce mil veces el salario mnimo cuando: a) Se incurra en conductas u omisiones que impliquen engao al consumidor o constituyan una prctica que pueda inducir a error; b) Se ostenten contraseas, marcas registradas, emblemas, insignias, calcomanas o algn otro distintivo sin la autorizacin correspondiente; o c) Se disponga de productos o servicios inmovilizados; IV. De cinco mil a veinte mil veces el salario mnimo cuando se incurra en conductas u omisiones que impliquen grave riesgo a la salud, vida o seguridad humana, animal o vegetal, al medio ambiente o dems finalidades contempladas en el artculo 40; Para efectos del presente artculo, se entender por salario mnimo, el salario mnimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infraccin.

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    vulneracin a estos derechos fundamentales no se sigue de manera directa con que se

    haya usurpado o no una competencia del Estado, sino pareciera que se aleg que esta

    Norma Oficial Mexicana que se impugn, por s misma vulneraba estos derechos, y en su

    caso sera materia de otro proceso constitucional analizar dichas violaciones.

    Sin embargo, el seor Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia indic

    que la preocupacin del gobierno del Estado no era qu haca cada uno de los

    gobernados en el Estado de Jalisco, sino las cargas que derivaban para las propias

    autoridades estatales al cumplir cabalmente con la Norma Oficial Mexicana. Agreg que

    no era una cuestin de competencia, sino cargas derivadas de dicha Norma, a travs de

    las cuales el Estado consider que lo obligaban a violar derechos humanos.

    Contrario a lo expuesto en la consulta, el seor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano puntualiz que la Norma impugnada ataa directamente a servicios de salud y poda trastocar derechos fundamentales de los individuos.

    De todo lo anteriormente discutido, el Tribunal Pleno resolvi que eran infundadas

    las alegaciones en las cuales se hacan valer violaciones a derechos fundamentales,

    porque de los conceptos de invalidez no se desprenda que esas infracciones se

    encontraran relacionadas con alguna vulneracin a la esfera de competencias del ente

    actor en la controversia constitucional.

    As las cosas, por mayora de siete votos a favor, se declararon inoperantes los

    conceptos de invalidez, ya que las presuntas infracciones no implicaban el rompimiento del

    principio de divisin de poderes o conllevaban una intromisin en el mbito de atribuciones

    del actor, y ni siquiera eran consecuencia de una invasin competencial o un ejercicio

    indebido de las atribuciones de algn ente o poder; por ende, no se estudiaron los temas

    de violacin a garantas tributarias, derechos de igualdad y libertad laboral.

    Conforme a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nacin consider que en

    la va de controversia constitucional no proceda analizar los argumentos de los conceptos

    de invalidez sintetizados, pues de hacerlo se desnaturalizara el sistema procesal de ese

    medio de control constitucional, el cual, principalmente, estaba dirigido a preservar las

    competencias de cada orden de gobierno previstas en la Constitucin Poltica de los

    Estados Unidos Mexicanos.

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    Posteriormente, se analiz lo relativo a si exista alguna cuestin que suplir o

    efectivamente planteada que el Alto Tribunal considerara incorporar a la litis. En ese

    contexto, uno de los temas se refiri a la posibilidad de realizar una prueba pericial para

    analizar la naturaleza de la pldora que se administra por parte de las instituciones del

    sistema nacional de salud en aplicacin de la Norma impugnada, para determinar si la

    misma era, o poda tener el potencial de ser abortiva y enfrentarse as con el artculo 4 de

    la Constitucin del Estado de Jalisco que establece la proteccin de la vida desde el

    momento de la concepcin.

    El seor Ministro Aguirre Anguiano, seal que deba prevalecer lo establecido en

    la Constitucin del Estado de Jalisco, respecto a la Norma impugnada, puesto que

    protega el derecho fundamental a la vida. Aadi que el embarazo se entenda a partir de

    la fecundacin. En trminos mdico-cientficos mencion que no hay acuerdo sobre el

    comienzo de la vida, siendo que para unos es el momento de fecundar o fertilizar, que

    consideran es igual a concebir, y para otros la concepcin ocurre hasta la implantacin,

    por ende, manifest que se requera un peritaje mdico.

    En cambio, el seor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia indic que, la Constitucin Poltica del Estado de Jalisco protega la vida desde el momento de la

    fecundacin pero las normas constitucionales no son absolutas, sino que admitan

    excepciones que son las que estableca la ley.

    Por lo anterior, indic que el artculo 229 del Cdigo Penal del Estado de Jalisco,

    contena que no era punible el aborto culposo causado por la mujer embarazada ni cuando

    el embarazo fuera resultado de una violacin; en consecuencia, no ser objeto de sancin

    alguna porque est prevista la dispensa para que pueda llevar a cabo la interrupcin del

    embarazo.

    El seor Ministro Aguirre Anguiano puntualiz que era necesario determinar

    cientficamente si la anticoncepcin de emergencia prevista en el punto 6.4.2.3 de la

    Norma impugnada no interrumpa la fecundacin, pues en ese supuesto sera claramente

    violatoria del artculo 4 constitucional y s implicara un aborto qumico.

    Concluy que la Suprema Corte de Justicia de la Nacin no deba investigar si el

    tratamiento hormonal de la llamada pldora poscoital era o no abortiva, porque para el

    Estado de Jalisco la interrupcin del embarazo se poda dar cuando era producto de una

    violacin.

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    En su intervencin, la seora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos seal que resultara ocioso agotar la prueba pericial; porque en este caso, aun en el extremo

    de considerar que la pldora era abortiva, se estaba en la situacin de que el propio

    Cdigo Penal del Estado de Jalisco estableca que: tratndose de mujeres violadas, el

    aborto puede darse sin que haya una penalidad, lo que indicaba la existencia de una

    excluyente de responsabilidad que el propio Estado de Jalisco contiene en su

    Legislacin.

    En el mismo tenor, la seora Ministra Olga Mara Snchez Cordero seal que la pldora no era abortiva. Aclar que la Norma Oficial Mexicana indica en su texto cmo

    deben actuar las instituciones prestadoras de los servicios de atencin mdica frente a

    un problema de tal magnitud, como lo es precisamente una violacin.

    Ahora bien, respecto a la procedencia de la suplencia de la queja, el seor Ministro Zaldvar Lelo de Larrea, manifest que no exista la causa de pedir, ya que se deberan de reunir por lo menos tres requisitos:

    1. Analizar de qu tipo de proceso se trata, pues no es lo mismo una accin de

    inconstitucionalidad, que es un control abstracto donde la suplencia es amplia,

    y una controversia constitucional, donde se tiene que observar si la suplencia

    efectivamente lleve a determinar una vulneracin, una afectacin en la

    competencia del rgano actor que afecte su inters legtimo, porque de lo

    contrario no puede haber suplencia.

    2. xito del argumento. La suplencia implica establecer un argumento que no est

    en la demanda o en el recurso perfeccionarlo, pero siempre y cuando lleve a la

    inconstitucionalidad o a la ilegalidad de la norma o actos reclamados

    dependiendo del tipo de proceso.

    3. La suplencia de la queja debe estar sujeta a las votaciones que obligan en

    determinado proceso; si hay ciertos aspectos que por votacin del Pleno

    quedaran fuera de la discusin del asunto no es vlido volverlas a plantear.

    Por lo que, concluy que en el caso concreto no se reunan los requisitos

    detallados con anterioridad.

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    En consecuencia, el seor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia orden que se tomara la votacin en el sentido de s se deba suplir la queja e incorporar a la discusin

    diversos temas planteados por el seor Ministro Aguirre Anguiano o s haba que practicar una prueba pericial mdica. De esta forma, por mayora de 9 votos del Pleno, se

    determin no suplir la deficiencia de la queja respecto de los temas propuestos, ni ordenar

    el desahogo de alguna prueba pericial.

    Por lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nacin consider que la posible

    realizacin de una prueba pericial no tena cabida en la presente va, ya que lo que se

    analiz en la controversia era una potencial invasin de esferas por parte de la Norma

    Oficial Mexicana impugnada a la esfera competencial del Estado actor, es decir, la

    distribucin competencial de materias en la Constitucin Federal, lo que poda dar como

    resultado la validez o invalidez de la norma impugnada dependiendo de s sta vulneraba

    dicho sistema de competencias.

    En otro orden de ideas, el Ministro ponente seal, que el demandante consideraba

    como precedente directamente aplicable las razones elaboradas en la accin de

    inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007,4 tanto en lo relativo a la relacin

    entre materia penal y de salud, como en lo que tocaba a la aplicabilidad de las normas

    oficiales mexicanas en el mbito local.

    Por ello, el seor Ministro Aguirre Anguiano seal que las consideraciones elaboradas al resolverse por el Tribunal Pleno las acciones de inconstitucionalidad ya

    mencionadas eran directamente aplicables al caso concreto, ya que la Norma Oficial

    cuestionada s contena reglas que incidan en el mbito penal del Estado actor en la

    controversia, toda vez que del contenido de la Norma se desprenda que las acciones y

    deberes que impone a las autoridades sanitarias tenan como causa eficiente o como

    antecedente necesario, la comisin de un delito, como es el de violacin y el de violencia

    intrafamiliar, y por ello lo que prev son reglas para la atencin de las vctimas de esos

    delitos.

    Advirti que, independientemente de que la Norma impugnada en la Accin de

    Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada, fuera de carcter penal, en la resolucin se

    realiz un estudio definitorio de la materia de salubridad general y sus materias

    4 http://www.supremacorte.gob.mx/Cronicas/Cronicas%20del%20pleno%20y%20salas/cr_desp_aborto-A.pdf

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    concurrentes, al delimitar la facultad reglamentaria del Presidente y el carcter de las

    Normas Oficiales Mexicanas, y sostener que las mismas se refieren slo a las

    dependencias del Gobierno Federal, pues pretender que el Presidente a travs de los

    reglamentos o de las Normas Oficiales pudiera regular el mbito competencial de los

    Estados y municipios, conducira al vaciamiento de sus competencias.

    Apunt que como se afirmaba en el proyecto, el Ministerio Pblico no tena el

    monopolio de atencin a las vctimas del delito, ya que era lgico que existieran otras

    autoridades o instancias que coadyuvaran con esa autoridad como son las del sector

    salud.

    Sin embargo, argument que el vicio de inconstitucionalidad radicaba en que la

    Norma Oficial Mexicana fija reglas propias del mbito penal, en el cual, de acuerdo con el

    artculo 124 constitucional, los Estados de la Unin tienen libertad de legislar y a pesar de

    ello la Norma Oficial alude a delitos del fuero comn, cuya regulacin, se encuentra en el

    Cdigo Penal de la entidad.

    En consecuencia, concluy que la Norma Oficial s contiene reglas que incidan en el

    mbito penal del Estado de Jalisco, pues tienen como antecedente conductas tipificadas

    como delito y estableca acciones y deberes que tienen como objetivo brindar atencin

    mdica a las vctimas del delito; puntualiz que lo anterior era razn suficiente para

    concluir que se invada la esfera de competencia de la parte actora, por lo que deba

    declararse su invalidez.

    Por el contrario, el seor Ministro Cosso Daz, mencion que al hacer una distincin clara entre la materia penal, la materia de atencin a las vctimas y la salubridad

    general en el precedente de la Accin de inconstitucionalidad 146 y su acumulada 147, se

    respetaba el mbito competencial de los Estados y municipios, es decir, se haca una

    delimitacin material, que era lo que corresponda en todo conflicto competencial para

    efecto de sostener que la Federacin s puede regular estas competencias, o las puede

    realizar a travs de las Normas Oficiales Mexicanas, y de ah generar consecuencias en

    su aplicacin.

    Para la seora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, lo importante era contestar el concepto de invalidez, es decir, si la Norma Oficial Mexicana combatida, en

    realidad sealaba o no cuestiones relacionadas con la administracin y procuracin de

  • - 9 -

    justicia, lo que en un momento dado era lo que impugnaba el quejoso, y analizar si la

    norma otorgaba cuestiones relacionadas con salud y que por esa razn no invada esta

    facultad.

    Los seores Ministros Zaldvar Lelo de Larrea, Gudio Pelayo y Aguilar Morales, sealaron que no eran aplicables los precedentes, porque en aquel caso la

    cuestin era si poda modificarse un tipo penal para sancionar una determinada conducta

    que en una entidad federativa no estaba sancionada por una norma de carcter federal, en

    materia de salubridad, lo cual se dijo que no poda ser as.

    Posteriormente, en su intervencin, el seor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia puntualiz que en el caso del aborto se analizaba una norma penal, contenida en el

    Cdigo Penal del Distrito Federal, en tanto que en la controversia en comento, el objeto de

    estudio era una norma de salud derivada entre otras cosas de la Ley General de Salud y

    despus desarrollada en la Norma Oficial Mexicana correspondiente. Por lo tanto, si lo que

    la Norma Oficial Mexicana autoriza era que a quien se dice vctima de un delito de

    violacin, se le ofreciera un anticonceptivo postcoital, no afectaba el concepto jurdico de

    aborto que da el Cdigo Penal del Estado de Jalisco.

    Adems, agreg que toda mujer poda acudir al mtodo de anticoncepcin hormonal

    postcoital, y que en el caso de la mujer violada el mdico que la atendi tiene la nica

    obligacin derivada de la Norma Oficial Mexicana de decirle que existe la posibilidad de

    utilizar el mtodo ya mencionado.

    El seor Ministro Aguirre Anguiano, en uso de la palabra, seal que la normalizacin era una materia que tena como destinatarias solamente a las autoridades

    federales; y que considerar que el Ejecutivo Federal, por va de reglamentos y de normas

    oficiales mexicanas, pudiera regular el mbito competencial de los Estados y Municipios,

    conducira al vaciamiento de las competencias estatales y municipales.

    Por ello, estim que lo considerado en la accin de inconstitucionalidad 146/2007 y

    su acumulada era aplicable a la controversia constitucional 54/2009, ya que la tesis

    temtica contenida en dicha ejecutoria era categrica y no contena matices, al sealar

    que las normas oficiales se refieren particularmente a las dependencias del Gobierno

    Federal, y las mismas son expedidas para regular su especfico mbito de competencia.

  • - 10 -

    Puntualiz que la Norma Oficial impugnada en su punto 6.4.2.3, estableca el

    ofrecimiento de la anticoncepcin de emergencia hasta en un mximo de ciento veinte

    horas de ocurrido el evento. Cuestion si tal anticoncepcin de emergencia constitua

    realmente slo un mtodo anticonceptivo que impeda la fecundacin o si la interrumpa.

    Sobre lo anterior, advirti que no fue recabada prueba pericial alguna en la

    instruccin de la controversia constitucional en anlisis, respecto a la posibilidad de que no

    slo prevenga la fecundacin, sino que pueda llegar a interrumpirla. Por lo tanto el mtodo

    de anticoncepcin de emergencia que debe ofrecerse en los trminos de la Norma Oficial

    impugnada, puede constituir un mtodo abortivo conforme al Cdigo Penal del Estado de

    Jalisco.

    Concluy, que el mtodo de anticoncepcin de emergencia que prev la Norma

    impugnada, violaba el artculo 4 de la Constitucin del Estado de Jalisco, y obligaba a los

    prestadores de servicio de salud a violar tal norma constitucional y conforme a aquella

    legislacin, a cometer un delito.

    Por el contrario, la seora Ministra Snchez Cordero, manifest que si en el referido precedente se seal de otro modo considerar que el Ejecutivo Federal por va de

    reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas, pudiera regular el mbito competencial de los

    Estados y Municipios, ello no era razn suficiente para declarar que la Norma Oficial

    Mexicana impugnada fuera inconstitucional, toda vez que no regulaba de modo alguno,

    cuestiones competenciales, sino que se limitaba a sealar los criterios tcnicos en la

    prestacin de servicios de salud, y de manera precisa por situaciones de violencia familiar

    o de violencia sexual.

    Indic que la Norma Oficial Mexicana en materia de salubridad general, tena

    aplicacin tanto en materia federal como en materia local, pues su finalidad se refiere a

    unificar criterios tcnicos para la prestacin de servicios de salud, sin determinar en modo

    alguno cuestiones competenciales.

    Para concluir, coment que dicha Norma estableca los criterios para otorgar

    atencin mdica a las personas involucradas en situaciones de violencia intrafamiliar o

    sexual, que si bien podan tener consecuencias penales, lo cierto era que tal norma se

    limitaba a regular la cuestin mdica, tan es as que estableca como obligacin de las

    instituciones del sector pblico, social o privado que otorguen atencin mdica a los

  • - 11 -

    usuarios involucrados en la situacin de violencia familiar o sexual y de dar aviso al

    Ministerio Pblico con un formato que se anexa a la propia Norma, y precisar que ello ser

    para los efectos de la procuracin de justicia a que haya lugar.

    Por su parte, el seor Ministro Zaldvar Lelo de Larrea seal que exista una contradiccin clara con el precedente; adems agreg que si se abandonaba, se tendra

    que argumentar que se estaba modificando y leyendo de una forma distinta, por lo que no

    se poda resolver que el precedente no era aplicable al caso concreto, cuando exista un

    alegato de por medio.

    Despus de lo discutido con anterioridad respecto a la aplicabilidad o no del

    precedente, el seor Ministro Cosso Daz indic que en el caso concreto, se propona introducir distinciones en el proyecto, tales como que efectivamente el precedente no se

    aplicaba tal como lo plante el gobierno del Estado de Jalisco, es decir, lo que se deba de

    hacer era la modificacin de la redaccin con los elementos planteados por los seores

    Ministros.

    En uso de la palabra, el seor Ministro Aguirre Anguiano seal que el precedente resultaba aplicable, ya que al darle lectura se desentraaba un segmento que

    era absoluto: que la conclusin fue en el sentido de que las Normas Oficiales Mexicanas

    no resultaban obligatorias para las entidades federativas; por ende, el asunto no daba

    lugar a ajustes, sino que lo congruente sera reconocer que es franco el abandono del

    precedente.

    El seor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia indic que si el precedente se lea en sentido abstracto s era aplicable al caso concreto, pero que no convena aplicarlo tal y

    como se plasm en el engrose, es decir, que las Normas Oficiales Mexicanas jams

    pueden ser obligatorias para autoridades locales o municipales, sino al contrario, la

    definicin de embarazo que da la Norma no coaccionaba a las soberanas estatales ni a la

    Asamblea Legislativa del Distrito Federal a definir el delito del aborto en esos precisos

    trminos.

    Mencion que en el caso concreto se analizaba el contenido de la Norma Oficial

    Mexicana y que en materia de salubridad es probatoria para los Estados y para los

    Municipios y no por esencia de la propia norma, sino porque as lo dispone la Ley General

    de Salud, que es una ley general con vigencia en toda la Repblica.

  • - 12 -

    Sin embargo, el seor Ministro Gudio Pelayo coment que era categrico el precedente y en consecuencia no bastaba con que se interpretara ni matizara, sino que se

    debera replantear la problemtica y esclarecer mejor las inevitables intersecciones entre

    el derecho administrativo y el derecho penal, as como la forma en que interactan estos

    distintos rdenes jurdicos del sistema.

    Los seores Ministros Silva Meza, Snchez Cordero y Aguilar Morales, indicaron que el proyecto no se deba apartar del precedente y que en el caso no era aplicable;

    consideraron que el contenido de la Norma Oficial Mexicana era estrictamente en materia

    de salubridad general, por lo que no exista una invasin de esferas competenciales.

    En otro orden de ideas, el seor Ministro Franco Gonzlez Salas y la seora Ministra Luna Ramos coincidieron en que el precedente no era aplicable, sugirieron realizar un ajuste o una ampliacin para explicitar lo que era la Norma Oficial Mexicana

    cuando desarrollaba competencias de carcter federal pero que tambin eran aplicables a

    los rdenes locales.

    Despus de lo anteriormente discutido, el seor Ministro Presidente someti a

    votacin del Pleno la siguiente consideracin: S se debe aplicar el precedente de la

    accin de inconstitucionalidad sobre despenalizacin del aborto en el Distrito Federal,

    particularmente en la parte que seal que las Normas Oficiales Mexicanas solamente

    eran obligatorias para las autoridades federales y no as para las locales?

    Por mayora de diez votos se resolvi esta parte en el sentido de que no se deba

    aplicar el precedente sustentado en la accin de inconstitucionalidad 146/2007 y su

    acumulada 147/2007, en cuanto a que las Normas Oficiales solamente son obligatorias

    para las autoridades federales. Como resultado de lo anterior, se realiz una segunda

    votacin respecto a si se interrumpe o no el criterio sustentado en el precedente sobre el

    valor de las Normas Oficiales Mexicanas que se entienden dirigidas exclusivamente a las

    autoridades federales y no a las locales.

    A favor de interrumpir el criterio votaron los seores Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco Gonzlez Salas, Zaldvar Lelo de Larrea, Gudio Pelayo y el Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia. En contra de interrumpir el criterio emitieron su

  • - 13 -

    voto los seores Ministros Cosso Daz, Aguilar Morales, Valls Hernndez, Snchez Cordero y Silva Meza.

    En consecuencia, por mayora de seis votos se aprob la propuesta consistente en

    que se deba interrumpir el precedente sustentado en la accin de inconstitucionalidad

    146/2007 y su acumulada, en el sentido de que las Normas Oficiales Mexicanas

    nicamente son obligatorias para las autoridades federales.

    Finalmente, este Tribunal Pleno aclar que la materia referida en la Modificacin a la

    NOM-190-SSA-1999 para quedar como NOM-046-SSA2-2005 no es la Planificacin

    Familiar, sino que se refiere a la atencin de vctimas de violencia familiar y sexual contra

    las mujeres. El hecho de que exista una relacin con la norma NOM 005-SSA2-1993 de

    los Servicios de Planificacin Familiar slo se refiere a las especificaciones de los

    medicamentos a utilizar en los casos identificados por la primera norma, y en ningn

    momento se considera que esta relacin haga que la Norma impugnada cambie de

    naturaleza para convertirse en un protocolo tcnico de planeacin familiar.

    En cuanto al tema de las relaciones entre la materia de salud y la materia penal, el

    Ministro ponente puntualiz que la Norma Oficial no ignoraba la existencia de obligaciones

    y procedimientos relacionados con la procuracin de justicia, al punto de incluir un formato

    de aviso al Ministerio Pblico; no obstante, mencion que era claro que esta Norma se

    refiere a la evaluacin y atencin de la vctima desde un punto de vista mdico y no desde

    el punto de vista criminal o penal, aun cuando estas acciones pudieran tener

    consecuencias de esa naturaleza. Que no resultaba posible afirmar que porque la

    Constitucin estableca un derecho de atencin a las vctimas que deba ser garantizado

    por el Ministerio Pblico, esta garanta funciona a su vez como una restriccin para que los

    usuarios de las instituciones prestadoras de servicios de salud se encuentren

    imposibilitados de acceder a los mismos.

    Concluy que de la necesidad material de acceso a los servicios de salud, derivaba

    la competencia para la regulacin de su atencin a travs de normas especficas del

    mbito de salud, y no de manera exclusiva del mbito penal.

    El seor Ministro Cosso Daz cuestion si Las autoridades sanitarias podan ofrecer la anticoncepcin de emergencia sin una determinacin de existencia del delito de

    violacin por parte de la autoridad competente?

  • - 14 -

    En ese tenor, subray que la Norma Oficial impugnada en ningn momento se

    refiere a la anticoncepcin de emergencia como aborto qumico. Adems, al establecer el

    deber de ofrecer la anticoncepcin de emergencia a las instituciones prestadoras de

    servicios de salud, lo hace en referencia a otra norma oficial aplicable, que es la que

    establece los mtodos de anticoncepcin, que no fue impugnada en la presente

    controversia: la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, de los Servicios de

    Planificacin Familiar, cuya ltima modificacin fue publicada en el Diario Oficial de la

    Federacin el 21 de enero de 2004.

    Por ende, no era posible entender que la norma impugnada permita o invada la

    competencia del Ministerio Pblico al permitir a los mdicos determinar la existencia de

    una violacin, para despus realizar un aborto. Lo que determina la Norma Oficial

    impugnada en su punto 6.4.2.3, no es ms que un mtodo de anticoncepcin, el cual

    adems debe ser administrado solamente con el consentimiento informado de la usuaria, y

    no un procedimiento de interrupcin del embarazo que pueda tipificar en ningn sentido el

    delito de aborto al no existir embarazo.

    El seor Ministro Aguirre Anguiano, en uso de la palabra, puntualiz que, en la introduccin de la Norma Oficial Mexicana se establece que, con su elaboracin, Mxico

    daba cumplimiento a compromisos adquiridos en foros internacionales en materia de

    eliminacin de todas las formas de violencia, especialmente la que ocurre en el seno de la

    familia y contra la mujer; seal que, entre otras, se establece la obligacin de propiciar el

    uso del anticonceptivo de emergencia, situacin que resultaba una falsa y que por s

    misma la norma era inconstitucional, porque en ningn tratado o convencin firmados por

    Mxico, se establece la obligacin o "el derecho al uso o a proporcionar la pastilla

    postcoital".

    Sin embargo, el Ministro ponente asever no estar de acuerdo en que los

    sealamientos generales en trminos de los compromisos internacionales, derivaran en la

    invalidez de la Norma Oficial Mexicana, cuando su fundamento normativo, su proceso de

    creacin y los rganos participantes, se realizaron adecuadamente conforme a la Ley de

    Metrologa y Normalizacin.

    En esa tesitura, el seor Ministro Juan N. Silva Meza, destac que convena tener presente la normatividad en torno al tratamiento especfico de la violacin sexual contenida

    en la Norma Oficial Mexicana. Mencion que en dicho apartado se sostuvo que los casos

  • - 15 -

    de violacin sexual son urgencias mdicas y requieren de atencin inmediata, y que sus

    objetivos son: estabilizar, reparar daos y evitar complicaciones a travs de evaluacin y

    tratamiento de lesiones fsicas, as como promover estabilidad emocional de la persona al

    garantizar la intervencin en crisis y posterior atencin psicolgica. Se estableci que las

    instituciones prestadoras de servicios de atencin mdica debern de acuerdo con esta

    Norma ofrecer de inmediato y hasta en un mximo de ciento veinte horas despus de

    ocurrido el evento, la anticoncepcin de emergencia, previa informacin completa sobre la

    utilizacin de este mtodo a fin de que la persona tome una decisin libre e informada.

    Concluy, que por todo lo anteriormente expuesto en el caso concreto se habla de

    prevencin, no de aborto.

    Como resultado de lo anteriormente analizado, se consider por el Tribunal Pleno

    que los argumentos del actor en relacin a la exclusividad en la regulacin de las

    conductas relacionadas con el tratamiento mdico de las condiciones establecidas en la

    norma impugnada, resultaban infundados.

    Respecto al tema relativo a la aplicabilidad de la Norma Oficial Mexicana en una

    materia constitucionalmente concurrente, el actor concluy que una Norma como la

    impugnada, invada la esfera de competencias del Estado de Jalisco.

    Con base en el planteamiento anterior, y una vez establecida la distincin entre

    materia penal y la materia de salud, y al determinar que este caso se ubicaba en el

    segundo de estos mbitos materiales, el Tribunal Pleno seal que la pregunta a resolver

    podra formularse de la siguiente manera: cuando se trate de uno de los temas

    considerados por la Ley General de Salud como parte de la Salubridad General de la

    Repblica, puede emitirse una Norma Oficial Mexicana de aplicabilidad general para

    todas las entidades del sistema nacional de salud?

    En efecto, las Normas Oficiales Mexicanas que se dirigen a regular la prestacin de

    servicios de salud para situaciones especficas, como lo es la violencia familiar, sexual y

    contra las mujeres, entran en el mbito pretendido por el legislador, como salubridad

    general cuya facultad se encontraba delegada por el rgano de reforma constitucional al

    legislador ordinario federal.

    De este modo, agreg el Tribunal Pleno, se desprenda que la Federacin puede

    establecer normas tcnicas vinculantes para todas aquellas entidades, ya sean federales o

    locales, pero que integren el Sistema Nacional de Salud, encargadas por la Ley General

  • - 16 -

    de algunos de los rubros de la materia constitucionalmente concurrente de salubridad

    general.

    En ese contexto, el Ministro ponente manifest que la NOM-046-SSA2-2005 estaba

    construida a partir de fundamentos jurdicos contenidos en disposiciones tales como, la

    Ley Orgnica de la Administracin Pblica, la Ley Federal de Procedimiento

    Administrativo, la Ley General de Salud, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una

    Vida Libre de Violencia, la Ley Federal de Metrologa y Normalizacin, el Reglamento de la

    Ley Federal de Metrologa y Normalizacin y el Reglamento Interior de la Secretara de

    Salud.

    Por su parte, el seor Ministro Jos de Jess Gudio Pelayo indic que no exista una invasin de esferas, ya que las instituciones pblicas de atencin mdica debern

    prestar servicios de aborto mdico, pero previa la autorizacin a solicitud de la vctima

    interesada; en caso de ser menor de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta

    de stos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurdicas aplicables.

    De manera que, en todos los casos se deber brindar a la vctima en forma previa la

    intervencin mdica, informacin completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del

    aborto, a efecto de garantizar que la decisin de la vctima sea informada, todo lo anterior

    condicionado a la previa autorizacin de la autoridad competente en los trminos de la

    legislacin aplicable.

    Consecuentemente el Alto Tribunal determin que la materia de salubridad general

    establecida en la Constitucin y administrada en la Ley General de Salud es una materia

    en donde se establece una concurrencia operativa, no una concurrencia normativa. En las

    materias que se consideran de salubridad general establecidas en los apartados del

    artculo 13 de la Ley General, aun cuando sean operados por hospitales construidos,

    financiados y regulados en algunos de sus aspectos localmente, los mismos pertenecen al

    Sistema Nacional de Salud, y las materias de Salubridad General con las que operan no

    se transforman en competencias locales, sino que mantienen su origen federal, por lo que

    pueden ser tcnicamente reguladas por las normas reglamentarias y oficiales de la

    materia.

    Asimismo, en varias de estas materias existe, adems, un sistema de coordinacin

    paralelo a la propia concurrencia, que si bien no determina las competencias que

    previamente ya distribuyeron la Constitucin y la Ley, s fijan ciertas competencias y se

  • - 17 -

    hacen ciertos compromisos para la consolidacin y operacin de esta distribucin entre los

    distintos niveles de gobierno. En este sentido, respecto al caso de la materia de salud en

    el Estado de Jalisco, el Tribunal Pleno indic la existencia de los acuerdos de coordinacin

    en los que la propia entidad federativa se compromete a aplicar las normas tcnicas

    relacionadas con la salubridad general.

    En ese tenor, el seor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia puntualiz que cuando se da el caso de una mujer violada, la Norma Oficial refiere que quienes prestan

    los servicios mdicos tienen la obligacin de informarle y ofrecerle este mtodo postcoital,

    consistente en la pldora del da siguiente, ya que pone de manifiesto que hubo un acto

    carnal sin su voluntad, y entonces la nica obligacin que deriva de la Norma Oficial

    Mexicana es que exista la posibilidad para libremente decidir si lo toma o no.

    Por ende, mencion que no hay ninguna interferencia con el derecho penal del

    estado de Jalisco, ahora bien, si en el supuesto anteriormente mencionado, la mujer

    resultara embarazada, depende de la autoridad judicial competente o ministerial emitir la

    autorizacin para que se realice el aborto, y lo nico que hace la norma, es regular la

    obligacin de informar, adems se requieren varios requisitos, tales como: Que lo autorice

    la autoridad ministerial o judicial competente; que lo pida la mujer; y s se les impone a las

    instituciones de salud pblica la obligacin de practicar estos embarazos se dan

    resguardos para que el personal mdico que tenga reserva de conciencia pueda no

    participar en estos eventos.

    Para finalizar, en el tema de reserva de ley, normas tcnicas y seguridad jurdica, el

    promovente se refiri de manera especfica a la reserva de ley y a la relacin de la Norma

    Oficial con el artculo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo que, segn el actor,

    previene que los actos y procedimientos de la Administracin Pblica Federal Centralizada

    invadan las funciones del Ministerio Pblico en ejercicio de sus funciones constitucionales.

    En uso de la palabra, la seora Ministra Luna Ramos plante una duda respecto a si haba o no reserva de ley en cuanto a las facultades del Secretario de Salud, agreg

    que en algunas partes, la Norma Oficial Mexicana se exceda de sus alcances al

    establecer que existe la obligacin de proporcionar la pastilla, ya que la especificacin se

    debera reducir exclusivamente a la informacin y en que sea la persona que se encuentre

    en esa situacin la que determine si la toma o no; pero esa obligacin del hospital, es

    propia de una norma tcnica o podra ser propia de una ley o de un reglamento.

  • - 18 -

    Por el contrario, la seora Ministra Snchez Cordero indic que la Norma Oficial Mexicana impugnada se limitaba a establecer criterios a observar en la prestacin de los

    servicios de salud relacionados con violencia familiar o sexual y por tanto, no rebasaba la

    naturaleza propia de las Normas Oficiales Mexicanas.

    Destac que de lo anterior se poda inferir que en caso de violacin, las instituciones

    prestadoras de servicios de atencin mdica debern, de acuerdo a la norma, aplicar u

    ofrecer de inmediato y hasta en un mximo de ciento veinte horas despus de ocurrido el

    evento, la anticoncepcin de emergencia, previa informacin completa sobre la utilizacin

    del mtodo, a fin de que la persona tome una decisin libre e informada.

    En otras palabras, puntualiz que no se desarrolla concepto normativo alguno al

    ofrecer la anticoncepcin de emergencia, que es la pldora, al permitir que sea la persona

    que sufri la violacin quien lo decida, pues slo se limita a establecer la forma en que

    deben actuar las instituciones prestadoras de servicios de atencin mdica frente una

    violacin.

    Derivado de lo anterior, el seor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia manifest la importancia de la siguiente clusula habilitante, es decir, el artculo 13, Apartado A,

    fraccin I, de la Ley General de Salud, que establece la competencia entre la Federacin y

    las entidades federativas en materia de salubridad general: Corresponde al Poder

    Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretara de Salud. Fraccin I. Dictar las normas

    oficiales mexicanas a que quedar sujeta la prestacin en todo el territorio nacional de

    servicios de salud en las materias de salubridad general y verificar su cumplimiento. En

    consecuencia, concluy que la norma en estudio no rebasaba la clusula habilitante que

    contiene esta fraccin.

    En cambio, la seora Ministra Luna Ramos no comparti lo mencionado respecto

    del artculo 13, Apartado A, fraccin I, ya que otorgaba la competencia formal para que

    emitiera este tipo de normas; sin embargo, agreg que la otra parte del concepto va

    dirigido hacia una competencia material, o sea, si est o no dentro de los parmetros del

    contenido que debe tener una Norma Oficial Mexicana.

  • - 19 -

    Puntualiz que de la lectura del Apartado 6.4.2.3 de la Norma Oficial Mexicana,5 se

    observa que todo est dentro de las especificaciones que debe tener dicha Norma; es

    decir, le estn informando cmo debe aplicarse, cules son los resultados, y queda al

    arbitrio de la persona en todo momento decir si la toma o no, pero el problema radicaba en

    la palabra debern; por ende, una vez que la persona acept que debe tomar la pldora,

    el debern es para el hospital en cuanto el proporcionarla, es decir, esa obligacin hacia

    el hospital es parte de una norma tcnica o es parte de un problema de legalidad que

    debiera establecerse en una ley o en un reglamento.

    El seor Ministro Zaldvar Lelo de Larrea consider que no haba ningn exceso, que no sera materia ni de ley ni de reglamento, porque entonces se desnaturalizara la

    norma tcnica; resalt el hecho de que la Norma Oficial Mexicana pretende resolver un

    problema de salud pblica y dar una opcin de tener una alternativa a las mujeres que han

    sido violadas y/o abusadas sexualmente.

    En otro orden de ideas, el seor Ministro Aguirre Anguiano seal que se violaba el principio de reserva de ley, adems de que la consulta slo se limitaba a sostener que

    no se vulneraba tal principio porque el promovente de la controversia no haca

    planteamiento especfico acerca del exceso en que pudiera haber incurrido la norma

    impugnada, ni exista razn para suplir la queja deficiente; por lo tanto, argument que de

    un estudio integral de los conceptos de invalidez se adverta que el actor se dola

    bsicamente de que la Norma Oficial Mexicana se exceda al no regular nicamente

    cuestiones tcnicas, pues introduca reglas que deberan estar contempladas en las leyes

    cuya emisin es competencia del Estado de Jalisco, como lo eran las relativas a la materia

    de salud y a la violencia familiar.

    El seor Ministro Luis Mara Aguilar Morales destac que slo en ciertos casos expresamente establecidos en la Constitucin Federal, las legislaturas locales estn

    autorizadas para ocuparse de establecer un sistema que haga operante un derecho

    fundamental, sin que esto implique que lo puedan definir o redefinir ni aun con pretexto de

    ampliarlo, porque este ejercicio de ampliacin implica necesariamente una interpretacin

    del sustrato bsico del derecho humano establecido en la Constitucin Federal que slo

    compete en materia de interpretacin al Mximo Tribunal de la Repblica, pues dicha

    ampliacin inevitablemente modifica el concepto del propio derecho humano fundamental

    5 En caso de violacin, las instituciones prestadoras de servicios de atencin mdica debern de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana aplicable ofrecer de inmediato y hasta en un mximo de ciento veinte horas despus de ocurrido el evento, la anticoncepcin de emergencia, previa informacin completa sobre la utilizacin de este mtodo, a fin de que la persona tome una decisin libre e informada.

  • - 20 -

    definido en la Norma Federal cuyo contenido y alcances slo puede realizar el

    Constituyente federal o derivar de su interpretacin jurisdiccional. No puede hablarse de

    derechos humanos locales y de derechos humanos federales; ello claramente es

    incompatible con la esencia misma del derecho humano.

    Agreg que en el caso concreto, resultaba paradjico que se quisiera reconocer y

    sustentar una argumentacin jurdica al partir de la definicin de un derecho humano

    fundamental, como es el de la vida, que se pretende configurar en el artculo 4 de la

    Constitucin de Jalisco, pues adems de las razones mencionadas con anterioridad, esto

    demuestra lo confuso que resultara permitir un sistema en que la determinacin y, por

    tanto, la extensin de un derecho fundamental tuviera diversos contenidos legales y

    perdiera con ello la necesaria univocidad de su conceptualizacin, ya que resultara en la

    prctica un vicio de indefinicin nacional, lo que en un Estado de la Repblica se

    considerara como inicio de la vida en otro no lo fuera y que los habitantes de este pas

    perdieran o ganaran esos derechos humanos segn el territorio en que se encontraran, lo

    cual resultaba insostenible y altamente peligroso, pues un derecho fundamental lo es o no

    desde cualquier punto de vista, en cualquier mbito y con una extensin nica.

    El seor Ministro Ponente Cosso Daz concluy que someta a consideracin del Tribunal Pleno el proyecto modificado con las manifestaciones hechas por los seores

    Ministros; para finalizar coment que no se daba el principio de legalidad ya que se estaba

    ante disposiciones cuya fuente normativa pueden ser Normas Oficiales Mexicanas, o

    materias cuya fuente normativa pueden ser dichas Normas, y por otro lado, no encontraba

    que en estas cuestiones administrativas de normas tcnicas que estn dirigidas se tuviera

    que satisfacer un principio de reserva de ley.

    Despus de las intervenciones de los seores Ministros respecto al tema en

    comento, el Pleno de este Alto Tribunal estim que independientemente de la naturaleza

    especfica de la Ley de Procedimiento Administrativo y sus relaciones con las Normas

    Oficiales Mexicanas, el desarrollo de la relacin y distincin entre las materias de salud y

    de procuracin de justicia realizado previamente no permite otra conclusin que la de

    declararlo.

  • - 21 -

    Agreg que, la norma impugnada en su punto 1 Objetivo, seala claramente cul

    es su objeto.6 La norma tampoco establece sanciones de manera directa sino que, en su

    punto 2. Campo de aplicacin, remite a las disposiciones legales aplicables. De este

    modo, fuera de los elementos de la relacin entre materia de salud y materia criminal,

    penal o de procuracin de justicia, no se encuentra planteamiento especfico acerca del

    exceso en el que pudiera haber incurrido la norma impugnada en relacin con su

    naturaleza tcnica, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nacin apreci como suplir la

    deficiencia del argumento desde un anlisis de lo establecido en tal norma.

    Por lo anteriormente discutido y analizado se procedi a la votacin de la totalidad

    del proyecto modificado y con la aclaracin de que el engrose sera puesto a

    consideracin de todos los Ministros.

    De tal manera, existi mayora de 10 votos a favor del proyecto modificado, en el

    sentido de reconocer la validez de la Modificacin a la Norma Oficial Mexicana NOM190-

    SSA1-1999, Prestacin de servicios de salud. Criterios para la atencin mdica de la

    violencia familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y

    contra las mujeres. Criterios para la prevencin y atencin, con el voto en contra del

    seor Ministro Aguirre Anguiano, quien se reserv su derecho a formular voto particular por no compartir la anterior decisin plenaria, de acuerdo a todo lo que manifest a travs

    de las sesiones en que se someti a consideracin del Tribunal Pleno esta controversia

    constitucional.

    6 establecer criterios a observar la deteccin, prevencin, atencin mdica y orientacin que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentran involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, as como en la notificacin de los casos