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PERÚ: ¿PAZ SOCIAL O DESARROLLO SUSTENTABLE?

El presente capítulo es una síntesis del informe de investigación realizado por el equipo nacional del proyecto, constituido por Juan Ossio, coordinador, Gerardo Damonte, Camilo León, Boris Dávila y Fidel Rocha.

Introducción El estudio de las experiencias de las empresas mineras presentes en Perú, en su relación con el desarrollo comunitario y local, se propuso brindar recomendaciones que propicien una articulación más eficiente y constructiva entre la actividad minera y las poblaciones de su entorno. Por un lado, se analizaron las políticas de desarrollo comunitario aplicadas por las empresas y las políticas sociales vinculadas con las operaciones mineras (logística y compras locales, recursos humanos y empleo local, entre otras). Por otro lado, se analizó la forma de participación de los diversos actores vinculados a la minería --en especial, las comunidades directamente afectadas, los gobiernos y otros agentes locales y nacionales (iglesia, ONG, gremios)-- en el diseño y ejecución de los proyectos sociales de las empresas. La metodología de estudio empleada comprendió: una encuesta a empresas de mediana y gran minería; entrevistas a diversos actores del sector; exploración de campo de la articulación de dos proyectos mineros con las poblaciones de su entorno; y la revisión de fuentes secundarias de información para elaborar el marco conceptual de la investigación y esbozar el contexto histórico, institucional, político y económico de la actividad minera en Perú. 4.1. INFORME NACIONAL Breve historia de la minería Si bien en el periodo prehispánico existen evidencias de la extracción y uso de algunos metales en los Andes, es con la creación en la colonia de enormes centros mineros, como Potosí o Huancavelica, que la minería termina de insertarse en la historia de la región1[1]. La importancia de la actividad minera como fuente de riqueza regional es indiscutible; sin embargo, esta riqueza siempre ha sido aprovechada fuera del lugar de donde se extrae. 1[1] Para este tema ver por ejemplo: Fisher, John “ Mineros y minería de plata en el virreynato del Perú, 1776-1824” en Histórica Vol. 3 N. 2 Lima, PUCP, dic. 1979.

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En los años 1970, en el marco de un proceso de estatización, es creada la empresa Centromin para hacerse cargo de la minería en todo el país. La estatización trajo pocos cambios en cuanto a tecnología, producción y manejo ambiental. Sin embargo, las grandes empresas mineras se convirtieron entonces en referentes del Estado en la localidad, en lo que a servicios y empleo se refiere, dentro de una lógica de enclaves de desarrollo. En ese período, las poblaciones aledañas a los grandes centros mineros adquirieron la costumbre de exigir servicios básicos a cambio de los evidentes pasivos ambientales que esta minería dejaba. En este sentido, un caso paradigmático es el de la refinería de la Oroya que, mientras fue estatal, brindaba una compensación mensual monetaria a las comunidades campesinas2[2] adyacentes por la contaminación de sus pastos. En los años 90 se producen importantes cambios en la política minera peruana. En 1991 se promulgan el DL (Decreto Legislativo) 662, para el fomento de la inversión extranjera, y el DL 674, que promovió la privatización de la minería. En 1996, el DL 818 brindó incentivos adicionales para la inversión en recursos naturales. Este proceso desencadenó, a mediados de la década, un "boom" minero en Perú3[3], acompañado por una ola de exploraciones que promete mantener el ritmo de inversión en el sector en los próximos años. Luego de más de una década de estancamiento, en la mayoría de los nuevos proyectos se adopta las más modernas tecnologías disponibles. Según Aste4[4], este proceso se caracteriza por una mayor intensidad del capital, mediante la reducción del empleo y el aumento de la capacidad de producción. Las nuevas empresas mineras promueven el aumento de la productividad y la extensión de la jornada laboral, gracias a un marco legal más flexible. El incremento en las operaciones va acompañado de una nueva organización en la producción y de un nuevo enfoque social basado en la creación de mayores lazos con la población, en el marco de un discurso de desarrollo sustentable hasta ahora desconocido en contextos mineros. Importancia económica La minería es una de las principales actividades económicas de Perú. En las tres últimas décadas, la producción de minerales es el rubro predominante en las

2[2] La compresión de la organización comunal campesina en el Perú es de suma importancia para entender la organización rural en el país. Para mayor información sobre las comunidades, consultar Debate Agrario, 1992, Nº14, ó Flores, Galindo, Alberto ed., Comunidades campesinas. Cambios y permanencias. Chiclayo-Lima, Concytec-Ces Solidaridad, 1986. 3[3] Entre mediados de 1992 y fines de 1998 se solicitaron alrededor de 32.000 Petitorios Mineros, comprometiéndose un área total de 19 millones 800 mil hectáreas, adicionales a las que ocupaban las empresas existentes antes de mediados de 1992, que era de 3,7 millones de has. Ministerio de Energía y Minas del Perú www.mem.gob.pe 4[4] Aste, Juan “Trasnacionalización en la minería peruana”. FFE. Lima, 1997.

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exportaciones del país. En 1985, de los US$ 3.000 millones de exportación nacional, unos US$ 1.200 millones fueron generados por la minería. En 1995, el valor de las exportaciones fue de US$ 5.800 millones y cerca de US$ 2.700 correspondieron a la minería. En 2000, las exportaciones se calcularon en US$ 7.000 millones, siendo US$ 3.150 millones generados por el sector minero. La minería representó de 6% a 8% del PIB peruano entre 1990 y 1999, pero la contribución media de las tres últimas décadas fue de 5,2%. En 1994, el PBI minero creció 12%, el mayor registro de la década, pero el año siguiente cayó a poco más de 4%. En 1998, el PBI minero casi llegó a 6% de crecimiento anual y el año siguiente repuntó a poco menos de 12%. En cuanto a la composición del PBI minero, la extracción de minerales es por lejos la principal actividad, mientras que la extracción de petróleo y gas es pequeña: En 1999, el empleo en la minería totalizó 300.000 trabajadores, 60.000 directos y 240.000 indirectos. La modalidad de contratación laboral predominante en el sector es la subcontratación, en desmedro de la contratación directa. En 1999, un 59% de los 60.000 trabajadores del sector no tenía vínculo laboral directo con las empresas mineras, mientras que seis años antes cerca de 80% de los trabajadores del sector tenía un vínculo laboral directo. La clasificación de los proyectos mineros según el tamaño ha sido definida por el Estado de la siguiente manera: pequeños, menos de 350 TM día (toneladas métricas de producción al día); medianos, de 350 a 5.000 TM día; y grandes, más de 5.000 TM día. Entre 1996 y 1999, las inversiones en minería mayores a US$ 100.000 pasaron de US$ 472:881.473 a US$ 886:497.503. En este último monto, la gran minería metálica representó US$ 329:471.768 y la mediana minería US$ 542:232.446. En 1999, la minería aportó 21.7% del total recaudado por Impuesto a la Renta, ocupando el segundo lugar después del sector manufacturero5[5]. Contexto socioterritorial El Estado peruano otorga los derechos mineros a los particulares interesados en realizar actividades mineras en un territorio determinado. Entre 1991 y 1999, el área ocupada por estos títulos pasó de 10:019.000 a 15:381.000 has. En su mayor parte, estos derechos se concentran en los departamentos de Arequipa (9.8%), Lima (8.5%), La Libertad (8.4%), Cajamarca (7.4%), Ancash (7.2%), Ayacucho (7.1%) y Apurimac (7.0%)6[6]. De los títulos vigentes, 3.6% se hallan en explotación, 35.2% en exploración y 61.2% sin actividad minera7[7].

5[5] Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). 6[6] Registro Público de Minería. 7[7] Dirección General de Minería-Ministerio de Energías y Minas del Perú (1998)

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Contexto sociopolítico: principales actores La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo es el único gremio de empresas privadas vinculadas al sector energético peruano. Fundada en 1896, brinda servicios de apoyo técnico, legal, estadístico, comercial, de noticias, de acción social, de biblioteca y archivo, de extensión cultural y otros. La Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios y Productores Mineros del Perú fue creada para velar por los intereses de la pequeña y mediana minería y orientar hacia su modernización y promoción. La Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) fue creada en 1998 en respuesta a los nuevos retos creados por los incentivos a la

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inversión minera y petrolera de esos años8[8]. A fines de 2000 CONACAMI llegaba a 1126 comunidades campesinas e indígenas de las 3500 que poseen terrenos titulados en lugares donde existen concesiones mineras y petroleras. CONACAMI ha recibido respaldo de organismos de cooperación internacional y ONGs vinculadas a los problemas ambientales y sociales del sector. Asimismo, CONACAMI se ha vinculado y, en algunos casos, compite en representatividad con organizaciones más antiguas, como la Confederación de Campesinos del Perú (CCP) y la Confederación Nacional Agraria (CAN)9[9]. En el Primer Congreso de Comunidades Afectadas por la inversión Minera, en 1999, CONACAMI hizo un diagnóstico de la situación y definió sus propuestas, que pueden ser resumidas de la siguiente manera: • Tratamiento del derecho a la tierra y mejora de la legislación sobre tierras y

titulación en el campo; • Capacitación en gestión ambiental de los impactos de la minería y en

estrategias de negociación de conflictos; • Instalación de comités distritales10[10] de gestión ambiental, para mejorar el

tratamiento y la negociación sobre los impactos ambientales locales de las actividades mineras;

• Funcionamiento de las salas judiciales ambientales, para disponer de un marco formal e independiente de solución de conflictos entre comunidades campesinas y empresas mineras;

• Respeto a la propiedad privada, derecho a la consulta, acceso a la información y a la participación en los proyectos mineros; y

• Derogación de las leyes inconstitucionales que afectan los derechos de la mayoría de la población rural.

El Centro Cultural Labor Pasco, fundada en 1981, es una de las ONGs más influyentes que opera en la tradicional región minera de Cerro de Pasco, en la capital del departamento. Inicialmente, su trabajo de promoción del desarrollo social y la preservación ambiental estuvo dirigido a los trabajadores mineros y sus familias, pero luego se amplió a otros a las organizaciones de mujeres, de campesinos, los grupos culturales y estudiantiles. Las propuestas de esta ONG en torno a la relación entre la minería y la ciudad de Cerro de Pasco son las siguientes: mejora de la tecnología de explotación minera; mejora en la disposición y tratamiento de desmontes y relaves; sanción de leyes de promoción de la minería que consideren tanto los intereses de las empresas

8[8] Basado en: El Rostro de la Minería, CONACAMI. Lima, 2000. 9[9] Cabe señalar que la CCP es aun la confederación campesina con más bases en todo el país y que su accionar ha estado ligado históricamente a la lucha por el derecho a la propiedad y usufructo de la tierra de la Comunidades Campesinas. Por otro lado, la CNA ha orientado su trabajo al desarrollo agrícola de las bases que representa. 10[10] En Perú, el distrito es la menor división política territorial, equivalente al municipio.

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como los de la ciudadanía; promover la complementariedad de la actividad minera y el desarrollo de la ciudad de Cerro de Pasco; y sensibilizar a la población e instituciones locales sobre los impactos de la operación minera. Por su parte, la ONG Cooperación ha desarrollado un trabajo permanente de investigación y capacitación social en diferentes zonas mineras de Perú, sobre todo en los departamentos de Pasco, Junín y Cusco. A partir de la experiencia y su diagnóstico, Cooperación propone cuatro líneas estratégicas de trabajo: 1. Capacitación de las comunidades en aspectos legales, técnicos, productivos,

ambientales y de gestión, para mejorar las condiciones de negociación y ejecución de propuestas de desarrollo sustentable.

2. Fortalecimiento organizativo, tanto intracomunal como intercomunal, mejores condiciones para visualizar una estrategia de desarrollo sustentable y responder a las nuevas demandas del entorno.

3. Relacionamiento y actividades de difusión con entidades de cooperación, ONG, universidades, redes de solidaridad y organizaciones extranjeras, para evitar el aislamiento y las negociaciones por separado.

4. Relaciones con las empresas y acceso a la información del proyecto minero, sus antecedentes, composición de sus accionistas y su perfil.

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)11[11], fundado en 1943, está integrado por profesionales técnicos y otras personas vinculadas a la industria minera nacional. Su objetivo principal es la incorporación a la economía nacional de los recursos minerales del país. Las instituciones del Estado El Ministerio de Energía y Minas (MEM) es la institución estatal encargada de promover y normar la actividad minera, petrolera y eléctrica. Está dividido en dos viceministerios. El Viceministerio de Minas integra a las Direcciones Generales de Minas y Asuntos Ambientales y el Viceministerio de Energía a las Direcciones Generales de Electricidad e Hidrocarburos. La función principal de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) es evaluar los Estudios de Impacto Ambiental que por ley deben presentar las empresas minero energéticas antes de iniciar cualquier actividad. Además, por el Decreto Supremo 012-99-EM, a la DGAA le fue asignada la función de promover relaciones armoniosas entre las empresas energético mineras y las comunidades en sus áreas de influencia. La principal organización de gestión ambiental del Ministerio de Agricultura, el INRENA debe proponer y coordinar las políticas de uso racional y conservación de recursos naturales renovables. El INRENA emite opinión sobre los estudios de impacto ambiental (EIA) presentados al Ministerio de Energía y Minas y su 11[11] Para mayor información ver: www.iimd.org.pe

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evaluación es decisiva cuando las actividades minero energéticas se encuentren en Áreas Naturales Protegidas. El Código Nacional del Medio Ambiente, aprobado en septiembre de 1990 (DL 613), establecía una lista de empresas públicas o privadas productivas de gran magnitud obligadas a presentar un EIA. Un año después, la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (DL 757) eliminó la lista de actividades sujetas a la presentación de EIA y confirió a la autoridad sectorial respectiva el rol de decidir sobre los impactos ambientales. En este escenario, se creó en 1994 el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM - Ley No. 26410), como organismo rector de la política ambiental nacional, con la misión de promover el desarrollo sustentable mediante el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, el uso y la conservación de los recursos naturales. El CONAM debe coordinar las acciones del gobierno central y de los gobiernos regionales y locales en materia ambiental, así como de concertar las políticas, normas, plazos y metas con la sociedad civil organizada a través de los gremios empresariales o las organizaciones comunitarias El CONAM aprobó un Marco Estructural de Gestión Ambiental (MEGA), que establece las normas de participación del sector empresarial privado y de las organizaciones de la sociedad civil en la definición de las políticas ambientales, facultad que no ha sido adecuada ni plenamente aprovechada por factores de índole política, cultural, económica y educativa. La Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional autónomo con la atribución, entre otras, de defender los derechos fundamentales de la persona y la comunidad. La Defensoría ha sido convocada en diversas ocasiones por las organizaciones comunitarias y las comunidades campesinas e indígenas para mediar en sus conflictos y negociaciones con las empresas mineras en torno a los proyectos que ejecutan. Marco normativo y político La Constitución vigente fue sancionada por el Congreso instalado por el ex presidente Alberto Fujimori, tras haber cerrado el Parlamento el 5 de abril de 1992. La Constitución Política aprobada en 1993 derogó la que regía desde 1979 e introdujo importantes cambios en las esferas económica y política. La reforma constitucional de 1993 significó una redefinición del rol del Estado inspirada en el modelo neoliberal. Se establecieron como responsabilidades fundamentales del Estado garantizar la seguridad interna y externa y el acceso a salud, educación y justicia de la población. Paralelamente, se concibió el rol del Estado como promotor y subsidiario de la iniciativa privada, cuyos agentes son los principales responsables de crear riqueza. El Estado produce bienes y servicios solamente en ámbitos donde las empresas no pueden hacerlo. Esto condujo a una drástica modificación de la función del Estado en la economía: a la desregulación

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y liberalización del mercado, la privatización de empresas públicas, reducción del aparato estatal y apertura del mercado interno a la inversión y competencia extranjera. Ya desde 1991 se dictaron una serie de dispositivos legales para incentivar la inversión privada y revertir el estancamiento y retroceso de la minería y otras actividades productivas por la violencia política de los años 80, sobre todo en zonas mineras. La Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada de 1991 tuvo por objeto garantizar la libre iniciativa y las inversiones privadas en todos los sectores de la actividad económica. En el quinquenio 1990-95 también se revisó y reformuló la legislación minera. Se sancionó la Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero12[12], que introdujo importantes modificaciones a la Ley General de Minería13[13], que rige en el presente la actividad minera. La aplicación de estándares sociales por los proyectos mineros y de políticas de responsabilidad social no eran prioridad política del gobierno. De ahí que las inversiones de las empresas en proyectos comunales o sociales responden más a una necesidad de convivencia pacífica con las comunidades directamente afectadas por sus actividades que a una obligación formal estipulada en una norma legal. En ese marco, el Ministerio de Energía y Minas publicó en enero de 2001 una Guía de Relaciones Comunitarias, con valiosos lineamientos en materia de estudios de impacto social, mecanismos de consulta pública y responsabilidad social de las empresas mineras, eléctricas y de hidrocarburos. Sin embargo, dicho documento no tiene fuerza legal obligatoria; en consecuencia, no puede exigirse su cumplimiento ni sancionarse su incumplimiento. El 23 de abril del 2001 se sancionó la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Estudio de Impacto Ambiental (Ley 27446) que norma sobre la protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades e incorpora el concepto de impacto social y cultural. Las normas legislativas relativas a la articulación entre actividades mineras y poblaciones afectadas por las mismas están principalmente referidas a la recaudación y distribución de las rentas mineras y el acceso a la tierra. El sistema de rentas mineras La legislación minera y tributaria establece dos figuras denominadas Derecho de Vigencia y Canon Minero. El derecho de vigencia es el monto que deben pagar todos los concesionarios mineros para mantener la vigencia de las concesiones otorgadas. Inicialmente el monto fue de US$ 2.= por hectárea otorgada o solicitada

12[12] Decreto Legislativo N° 708, aprobado el 6 de noviembre de 1991. 13[13] Decreto Legislativo N° 109 del año 1981.

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para concesiones o petitorios mineros por sustancias metálicas y US$ 1.= por hectárea solicitada o concedida para petitorios o concesiones mineras de sustancias no metálicas. Si bien los principales beneficiarios del derecho de vigencia son los gobiernos locales, la recaudación no es de su libre disposición sino que integra un Fondo Municipal de Inversión14[14], cuya finalidad es garantizar que los recursos se destinen a obras de infraestructura en beneficio de las poblaciones y no a gastos administrativos corrientes. El Fondo Municipal de Inversión se vuelca a las comunidades directamente afectadas por la actividad minera pero, por lo general, lo asignado a cada municipio no es significativo y genera descontento entre las poblaciones, que no ven compensados los impactos negativos que sufren. Esto se debe al monto reducido del impuesto y a la amplitud de la distribución. El principal ingreso aportado por las empresas mineras es el Canon. Entre los años 1996 y 2000, el Estado distribuyó por este concepto aproximadamente US$ 126:666.563 entre los gobiernos locales. El Canon Minero es un 50% del total de ingresos y rentas pagados al Estado por las empresas por el aprovechamiento de los recursos minerales. Este fondo es distribuido por el Ministerio de Economía y Finanzas a las provincias y distritos del departamento en donde se sitúa la operación minera bajo una fórmula que favorece a las zonas con mayor población y mayor mortalidad infantil. No son sujetos del Canon las comunidades campesinas o indígenas. Los aportes del Canon Minero solían variar significativamente al estar sujetos a la generación de excedente y las pérdidas de las empresas mineras. Además, estás estaban facultadas a reinvertir parte de sus utilidades, con el beneficio tributario de reducir el monto imponible y, por ende, los recursos del Canon Minero. Este último factor, aseveran especialistas como Juan Aste Daffos (1998), permitía deducir a las empresas mineras hasta 80% de la renta imponible. Sin embargo, la nueva Ley General de Canon, promulgada en julio de 2001, prohibe a las empresas mineras acogerse a cualquier beneficio o incentivo tributario con respecto al Impuesto a la Renta antes de haber cancelado el aporte por concepto de Canon.

Transferencias Recibidas por Canon Minero 1996-2000 (en US$) Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2001. 1996 1997 1998 1999 2000 Total

Total nacional

4:278.164

32:155.710

49:109.555

25:076.493

16:046.640

126:666.563

El monto y la distribución del Canon Minero son objeto de conflicto y disputa constantes entre el gobierno central, las municipalidades y las comunidades

14[14] De conformidad con lo establecido por el Decreto Supremo N° 03-94-EM, Reglamento de Diversos Títulos de la Ley General de Minería y la Ley N° 23853, Ley Orgánica de Municipalidades.

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directamente afectadas por las actividades mineras. La equidad en el monto y distribución del Canon ha sido cuestionada por los diversos actores, incluso por las compañías mineras, que se han quejado de que las municipalidades no redistribuyen ni asignan adecuadamente los ingresos y postergan la atención de las comunidades, propiciando conflictos y mayor presión social sobre las empresas a raíz de las demandas insatisfechas. A pesar de las modificaciones legales realizadas para asegurar una adecuada recaudación y distribución de las rentas mineras, no se ha logrado un sistema reconocido como equitativo y eficaz por la mayoría de los grupos involucrados. Políticas de desarrollo de las empresas En virtud de los impactos socioambientales atribuidos, las empresas mineras son objeto de presiones de comunidades, ONGs y el Estado, pero pocas están dispuestas a reconocer los impactos socioeconómicos y la necesidad de una indemnización. Sin embargo, diversas empresas mineras que operan en el territorio peruano, Doe Run, BHP-Billiton Tintaya y Southern Perú, entre ellas, realizan actividades de desarrollo en las comunidades que denuncian impactos. El objetivo es tanto prevenir y/o mitigar los impactos atribuidos, como asegurar la paz social necesaria para la realización de los proyectos. Las motivaciones corporativas En este contexto, las relaciones de las empresas mineras con las poblaciones, sobre todo rurales, han estado orientadas por criterios compensatorios y asistencialistas, antes que por un principio de desarrollo sustentable. De esta manera, las empresas siguen una estrategia que llamamos de “transacción”, que privilegia relaciones de mercado con las comunidades afectadas. Así, se aplican criterios comerciales para acciones tales como la compra de tierras, adquisiciones locales, indemnizaciones por daños y perjuicios, etc. Las relaciones de transacción se combinan con una estrategia de relaciones públicas, que busca articular las acciones de la empresa con respecto a las comunidades con las necesidades de imagen corporativa y paz social de los proyectos. Dentro de esta estrategia se encuadran acciones asistencialistas como las donaciones a diferentes grupos de interés. Muchas comunidades han logrado fondos para proyectos de desarrollo a partir de una negociación por impactos sociales y ambientales negativos. La mayoría de las empresas analizadas da prioridad a las poblaciones afectadas en sus programas de desarrollo. Sin embargo, esta prioridad es real en todos los casos cuando la población afectada deviene en grupo de presión. Por ejemplo, las exploraciones de la empresa minera Cambio en La Granja, departamento de La Libertad (norte del país), requirieron la compra masiva de terrenos y el reasentamiento de familias. Dada la magnitud de los impactos y sus

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complejas características, las empresas tuvieron que realizar extensos programas de relaciones comunitarias y apoyo social en dicha etapa. En suma, si bien en Perú la visión del desarrollo sustentable predomina en el discurso de la gran minería en la última década, existen de hecho muy pocas operaciones que estén tratando de ponerla en práctica. Acciones y formas de trabajo adoptadas Si bien la legislación peruana no impone obligaciones a las empresas mineras en materia de proyectos sociales, la Ley General de Minería contempla ciertos beneficios tributarios para los concesionarios que realicen inversiones en obras públicas, vivienda o bienestar social. Sin embargo, la reglamentación de tales incentivos tiene vacíos que impiden su aplicación práctica por las autoridades tributarias del país. Por tal razón, las empresas mineras recurren casi siempre a la donación para formalizar el apoyo acordado con las comunidades. En efecto, las acciones de las empresas mineras consisten habitualmente en brindar apoyo económico para tecnificar las actividades de la comunidad; ya sea la agricultura, la agropecuaria u otra actividad, que se entrega en la forma de donación. La donación es un acto por lo general aislado y que no responde a una política de apoyo comunitario a mediano o largo plazo. Con respecto a las entidades ejecutoras de los programas sociales, existe una mayor especialización organizativa en las grandes empresas que en las medianas, donde el desarrollo comunitario es considerado parte de los programas de medio ambiente. Respecto al tipo de políticas específicas que emprenden las empresas, el empleo es la más utilizada. A mayor tamaño de las operaciones mineras y de las empresas ejecutoras, mayores en número y magnitud son las acciones de desarrollo comunitario que se implementan. Esto se debe a que operaciones y empresas de gran escala se hallan bajo mayor escrutinio público por parte de diferentes grupos de interés, a diferencia de las empresas medianas y pequeñas. Este es el caso de la trasnacional Billiton y de otras grandes empresas mineras como Yanacocha, Southern Perú y Antamina. Además, el financiamiento para las empresas que ejecutan o proyectan operaciones de gran magnitud, como Yanacocha y Quellaveco, respectivamente, depende del cumplimiento de estándares internacionales básicos de gestión ambiental y social.

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Mecanismos de articulación Las empresas coordinan sus actividades de desarrollo con dos tipos de entes estatales: el gobierno central y los gobiernos locales. Con el gobierno central, la mayoría de las empresas consultadas plantea la existencia de una relación de complementariedad. Las empresas buscan vincularse con programas que puedan ser desarrollados en sus zonas de operación. Por ejemplo, el programa de educación bilingüe intercultural del Ministerio de Educación en zonas con población nativa, los programas de mejoramiento genético de semillas y ganado del Ministerio de Agricultura en zonas con actividad agropecuaria, etc. El objetivo de estas articulaciones es evitar la duplicidad de acciones, ahorrar costos a la mina y aprovechar la experiencia de los entes especializados en programas de desarrollo del gobierno. Generalmente, las empresas se articulan para financiar programas ya diseñados en los ministerios. Los aspectos en los que se articula la cooperación empresa y Estado son tres: • Infraestructura - En acuerdo con las comunidades, las empresas encuestadas

dan prioridad a proyectos de construcción de postas médicas y colegios. Esta infraestructura tiene un diseño establecido por el gobierno a través del INFES (Instituto Nacional de Infraestructura en Educación y Salud). Otras obras de infraestructura son de caminos, canales de irrigación y energía eléctrica, a través de los ministerios de Transportes y Comunicaciones, de Agricultura (Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos - PRONAMACH) y de Energía y Minas, respectivamente.

• Servicios - Profesionales de la salud y la educación y técnicos especialistas en

desarrollo agropecuario del gobierno, reciben en algunos casos un fondo de las empresas mineras como bonificaciones extras. Algunas empresas mineras desarrollan programas de capacitación a promotores de salud.

• Proyectos de desarrollo - Algunos proyectos de desarrollo de las empresas

se coordinan con programas del Estado. Tres grandes proyectos mineros han coordinado tareas de capacitación con PROMPYME (Promoción de la Pequeña y Micro Empresa), ente dependiente del Consejo de Ministros. Otro ente estatal con el que las empresas mencionan una amplia articulación es el PRONAMACH del Ministerio de Agricultura, que tiene el cometido de desarrollar estrategias de gestión de cuencas hidrográficas mediante la conservación de suelos, reforestación y construcción de infraestructura.

Las exigencias del Estado para la realización de obras en la infraestructura de educación, salud, caminos e irrigaciones, son que las empresas mineras, como cualquier otro ente privado, deben ceñirse a las especificaciones técnicas y los trámites legales que regulan las construcciones en esos sectores.

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La relación con las urbes se concentra en los gobiernos locales. Las empresas estudiadas realizan actividades de saneamiento y embellecimiento urbano (parques, plazas y avenidas) destinadas a facilitar las relaciones con los centros de poder político en sus zonas de influencia. Con las comunidades campesinas, las empresas negocian a través de la Junta Directiva y la Asamblea Comunal. Si la negociación es para el uso de tierras comunales, las empresas deben lograr un acuerdo con la Asamblea, que debe reunir a los socios y decidir con el voto de más de dos tercios de los miembros activos. Los acuerdos con comunidades campesinas implican generalmente la transferencia del monto acordado a la Junta Directiva la cual determina el uso de esos fondos. En muchos casos estos son repartidos entre las familias que poseen más tierras y mayor poder en la comunidad. Con bastante frecuencia, los acuerdos por uso de tierras comunales incluyen la realización por parte de las empresas de obras de infraestructura en la localidad. Instituciones financieras internacionales, como la International Finance Corporation - IFC (Corporación Financiera Internacional), exigen a las empresas mineras la realización de programas especiales con las poblaciones que cedieron sus tierras y debieron reasentarse en otras zonas, con el fin de facilitar su adecuación al nuevo entorno. Sólo en dos de los casos analizados se ha encontrado que la empresa acompaña a la comunidad en el uso adecuado de los fondos transferidos. Cuando las negociaciones por el uso de tierras son con propietarios privados, las empresas generalmente cancelan al contado los montos acordados. Aquí no existe la presión por generar un programa de desarrollo con una comunidad, a menos que sea un conjunto de propietarios organizados. En este caso, la organización puede participar en la negociación, asesorando o interviniendo abiertamente en la relación con la empresa. En dos casos se ha encontrado que las asociaciones de propietarios han tomado medidas colectivas con relación a las minas que fueron acatadas por todos sus miembros. Las empresas que contactan ONGs para sus actividades de desarrollo buscan un conocimiento especializado en un tema que no desean asumir. El papel de estas ONGs es el de implementar los acuerdos alcanzados entre empresas y comunidades en materia de desarrollo local. Participación y percepción de los actores La expansión de actividades acentuó el conflicto con las poblaciones asentadas en las áreas de influencia de las operaciones mineras. La percepción de estas poblaciones es que la minería afecta sus actividades económicas y sus formas de vida. Se atribuye a la actividad minera la contaminación de suelos, cursos de agua y el aire, con la consecuente repercusión sobre la agricultura y la ganadería, que son sus principales fuentes de subsistencia. Además, se considera que tales operaciones generan problemas de seguridad y orden ciudadano, al promover la

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inmigración de personas foráneas y la proliferación de problemas sociales, como la delincuencia, la prostitución y el consumo de drogas y alcohol, trastocando sus costumbres y tranquilidad. Otra fuente de conflicto está relacionada con el proceso legal que regula el acceso y control de tierras en posesión de poblaciones rurales por parte de las empresas mineras. El marco normativo vigente facilita el acceso a los terrenos para la exploración mediante leyes de promoción y a través de una norma que permite la virtual expropiación estatal, si las empresas no llegan a un acuerdo con los propietarios de los terrenos. Estas normas son consideras injustas y coercitivas por las poblaciones rurales involucradas en negociaciones y transacciones con empresas mineras. En la interrelación entre las comunidades, las empresas mineras y el Estado peruanos existen una serie de dificultades, a saber: Ausencia del Estado en las zonas de operación - Las empresas mineras tienen la percepción de que realizan una labor de desarrollo que no les compete, sino que es responsabilidad del Estado cumplir. Al ser prácticamente inexistente la presencia de autoridad estatal en las áreas de actividad minera, las empresas buscan atraer al Estado para coordinar acciones de desarrollo. El problema de esta política es que el Estado es visto como un instrumento de las empresas mineras y se fortalece la imagen de la falta de una autoridad independiente que medie entre dos partes en conflicto. Sólo algunas empresas y entes estatales reconocen este peligro. Sectorialización y descoordinación de los programas - Para las empresas es difícil coordinar acciones con el Estado por la diversidad de entes oficiales encargados de promover el desarrollo en zonas rurales. A lo anterior se suman las percepciones diferentes entre las distintas áreas del gobierno. En muchos casos, el área de Agricultura está enfrentada a la de Energía y Minas en cuanto a la viabilidad de un proyecto minero o de hidrocarburos en zonas de producción agropecuaria o en áreas de reserva ambiental. La mayoría de las empresas señala que su principal problema es tener que actuar sin el apoyo del Estado en un área de responsabilidad primordial del gobierno. Los especialistas también señalan que el desarrollo rural no es un área conocida por las empresas mineras ni de su interés. Al ser el objetivo primordial de las empresas la aceptación de sus operaciones, las acciones de desarrollo están sesgadas por la necesidad del proyecto minero de lograr acuerdos rápidos, a bajo costo y que generen paz social en la zona. Sinergia Estado/empresa/comunidades La coparticipación del Estado en los proyectos de desarrollo de las empresas mineras es una estrategia que se ha venido dando en diversas operaciones mineras y petroleras del Perú. En estas acciones, la empresa generalmente aporta

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un fondo para que el Estado impulse algunos de sus programas en las áreas de educación, salud, industria, agricultura, pesquería, etc. Si los proyectos de desarrollo de las empresas mineras implican la participación estatal, entonces la capacidad estatal de responder ante esa demanda de intervención se vuelve una necesidad ineludible. En la práctica, el Estado peruano no ha demostrado ser una buena contraparte para las actividades de desarrollo de las empresas mineras. La carencia de fondos, de profesionales y mecanismos adecuados de intervención y evaluación de los proyectos que evidencia el Estado en diversos programas de desarrollo, puede hacer peligrar la viabilidad de esta estrategia15[15]. Por ello, un aspecto importante en las acciones de desarrollo que involucren al Estado es una evaluación previa de las entidades estatales y su capacidad de responder ante las demandas de un proyecto coparticipativo. Estos proyectos deberían prever incluso un componente de capacitación y fortalecimiento de las organizaciones estatales involucradas, que asegure que las contrapartes del sector público puedan promover de manera sustentable en el tiempo los objetivos de un programa de desarrollo. En el plano local, las empresas tienden a favorecer a aquellos municipios que establecen relaciones de diálogo y cooperación, mientras niegan aportes a los municipios que consideran agresivos. Todas las empresas mineras reconocen la importancia de la cooperación y el aporte a los gobiernos locales como parte de la inversión en la paz social necesaria para la operación. Los municipios pueden limitar la aprobación de concesiones mineras en áreas de expansión urbana. Para el otorgamiento de una concesión en estas áreas es necesaria la opinión favorable de los municipios distritales y provinciales involucrados. Esta norma favorece la posición de los gobiernos locales en una eventual negociación con nuevas actividades mineras. La interrelación con las comunidades y el nivel de coordinación depende, de un lado, de las políticas, estrategias y ámbitos de acción descritos anteriormente, pero también de las organizaciones a cargo de la relación: por un lado, el departamento de la empresa a cargo de los programas de desarrollo y, por otro, las organizaciones de la comunidad. Una de las empresas encuestadas señala que el objetivo de internalizar los programas de desarrollo es “promocionar la imagen de la empresa", no la de una ONG. El objetivo estratégico en este caso es asegurar relaciones armónicas con la comunidad local y, al mismo tiempo, mejorar la imagen corporativa frente a actores externos como la prensa y el gobierno. 15[15] Ver por ejemplo la experiencia de Southern Perú en la sección sobre estudio de casos.

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Las comunidades campesinas están reconocidas en la Constitución y la ley peruanas como entes autónomos en su organización y en el manejo de sus tierras16[16]. Sin embargo, no son reconocidas como beneficiarias del Canon o de la distribución de la Vigencia Minera, a pesar que el Convenio 169 de la OIT, suscrito por Perú, establece la participación de los pueblos indígenas en los beneficios de la extracción de recursos naturales en sus tierras. Las comunidades demandan la aplicación del Convenio 169 de la OIT, pero para ello es necesario que el Estado las reconozca como pueblos indígenas y apruebe un reglamento. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ha promovido en este momento un debate, con participación de antropólogos e historiadores, en torno a la cuestión de sí las comunidades campesinas son o no pueblos indígenas. Los entrevistados en las comunidades señalan que la llegada de un proyecto minero a una zona rural coloca a los pobladores locales ante una serie de nuevas relaciones y retos para los que no están necesaria y adecuadamente preparados. Generalmente la llegada de una operación minera demanda de la población algunos de los siguientes recursos y capacidades: • Información sobre leyes; • Información sobre operaciones mineras y manejo de impactos; • Información sobre negociaciones entre otras empresas y comunidades y

capacidades para negociar; • Fortalecimiento de la organización, para definir objetivos y acciones de manera

autónoma; • Capacitación para aprovechar oportunidades de empleo minero; • Capacidad de ofrecer productos y servicios útiles para el proyecto; y • Fortalecimiento institucional para vigilar el cumplimiento de las normas y

acuerdos a los que está sometida la empresa. Cuando las comunidades y sus organizaciones son débiles, para las empresas es más fácil la negociación pero, al no existir una contraparte activa en la relación, les es más difícil también emprender acciones de desarrollo. 4.2. ESTUDIO DE CASO 1: SOUTHERN PERU Caracterización regional y local La empresa minera Southern Perú opera el proyecto cuprífero de gran minería “Torata-Cuajone” en el departamento de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, ubicado en el extremo sur del territorio peruano. 16[16] Las Comunidades Campesinas están reconocidas en la Constitución Política de Perú (artículo 89) y por la Ley de Comunidades Campesinas (Ley Nº 24656-1987).

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La población del departamento de Moquegua se estima en 147.374 habitantes y representa el 0.6% de la población total del país. El crecimiento demográfico del referido departamento se estima en 1,7%. El Indice de Desarrollo Humano (IDH) del departamento de Moquegua es el más alto del país, mayor aún que el departamento de Lima, donde se ubica la capital. Este dato es relevante en un país histórica y estructuralmente signado por un extremado centralismo y caracterizado por la concentración de la dinámica económica y la calidad de vida en torno a su capital. Sin embargo, si bien la existencia de operaciones mineras aumenta los índices de desarrollo de una región, debido a los niveles de ingresos y servicios en las minas, no necesariamente expresan una distribución homogénea de dichos recursos. Los campamentos mineros en los países del Sur, y Southern no es una excepción, operan como enclaves autosuficientes en un entorno rural y pobre. Por este motivo, los altos índices de desarrollo en la zona deben tomarse en el contexto de altos niveles de desigualdad. Area de articulación El área de articulación de Southern Perú está formada por las unidades de extracción y procesamiento de cobre de la empresa y las poblaciones de su entorno afectadas de distintas formas y grados por sus actividades El conjunto de unidades productivas está conformado por: Mina Cuajone - En el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, dentro del departamento de Moquegua, está ubicada en la vertiente occidental de la cordillera volcánica de los Andes del sur de Perú, en la quebrada Chuncatala, tributario seco del río Torata, a 3.500 msnm. La cuenca hidrográfica pertenece al río Ilo o Osmore. La mina es un depósito de cobre diseminado tipo porfírico, explotada desde 1976 con el sistema de tajo abierto. El proyecto de expansión Torata-Cuajone, que proveería 1.400 millones de TM de reservas, consiste en una ampliación de la mina y una desviación del río, denominada Control de Avenidas del Río Torata, para utilizar su lecho como depósito de desmontes. Iniciado en 1999, luego de aprobado el Estudio de Impacto Ambiental, el proyecto afecta las poblaciones de Torata y Moquegua. Mina Toquepala - También de cobre tipo porfírico, se ubica en el flanco oeste de la cordillera del Barroso, en los Andes del sur peruano, a 3.500 msnm, y dentro de la cuenca del río Locumba. Políticamente, se ubica en el distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna. Circundan a la mina las poblaciones de Ilabaya, Higuerani y Mirave. Concentradoras Botiflaca y Toquepala - Ubicadas en las inmediaciones de las minas, procesan la producción de Cuajone y Toquepala, respectivamente.

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Fundición y Refinería de Ilo - De los concentrados de Botiflaca y Toquepala, en la fundición se obtiene el cobre ampolloso o Blister, que pasa a la refinería de donde sale el cobre fino. Los impactos inmediatos afectan a los habitantes de la ciudad de Ilo y los productores agrícolas del distrito de El Algarrobal Sistemas de captación de aguas - Las operaciones de Southern requieren un volumen mínimo de agua de 2.360 l/seg, para lo cual ha instalado un sistema de captación en la laguna de Suches, en las alturas del distrito de Candarave, en la provincia del mismo nombre, del departamento de Tacna. El uso de esta agua tiene impactos en una conjunto de comunidades campesinas localizadas alrededor de esta laguna y los ríos a los que da origen. La más inmediata es Huaytire, pero también se cuentan Tacalaya, Turun, Chilihuane y Candarave. Infraestructuras de emisión de relaves - Los relaves de las concentradoras Botiflaca y Cuajone, formados por agua, sílice, alumina y otros elementos, son canalizados hacia las zonas bajas de la región hasta ingresar en el tramo final de 21 km. del río Locumba y desembocar en el mar en la bahía de Ite. Con ese fin, el río fue derivado previamente hacia las pampas de Ite norte. Las poblaciones afectadas por la contaminación de los relaves son Locumba e Ite, en los distritos del mismo nombre, de la provincia de Jorge Basadre, perteneciente al departamento de Tacna. Organización política Para el distrito de Torata se pueden distinguir los siguientes actores e interrelaciones:

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Southern es miembro de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego. Tiene voz pero no voto. La empresa ha desarrollado una estrecha relación con el Distrito de Riego y con la municipalidad de Torata. La primera, es una organización legal de los usuarios del agua, que coordina sus actividades con la Dirección de Aguas del Ministerio de Agricultura. Southern realiza todos sus proyectos de desarrollo rural en la zona en coparticipación con esta organización. El Municipio de Torata ha sido tradicionalmente receptor de donaciones de la empresa. Esos aportes, sumados a los ingresos provenientes del Canon Minero, han sido derivados a obras de infraestructura. El Frente de Defensa de los Intereses de Torata es una organización reciente que se opuso al proyecto de desviación del río Torata. Actualmente, mantiene presencia esporádica en la zona pero no logra atraer mayores seguidores. Su líder es, a la vez, dirigente sindical en la empresa. El Gobierno Regional y las Direcciones Regionales de Transporte y Agricultura, con sede en Moquegua, tienen jurisdicción sobre el distrito de Torata. Ellas han firmado convenios con la Southern y la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Torata para diversos programas de desarrollo. En el distrito de Moquegua, los actores e interrelaciones identificadas son:

Las articulaciones en Moquegua se producen a partir de una política de relaciones públicas de la empresa con el municipio y diferentes segmentos de la opinión pública local.

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Perfil de las comunidades Como hemos visto, el conjunto de las operaciones de Southern tiene impacto sobre un número importante de comunidades de los departamentos de Moquegua y Tacna. El conjunto incluye a comunidades que comparten las mismas aguas, comunidades afectadas ambientalmente por las emisiones y deshechos y poblaciones sobre las que Southern ejerce un efecto por el empleo que ofrece, las adquisiciones que realiza en la localidad y región y las donaciones y programas de desarrollo que implementa. Para este estudio hemos seleccionado un conjunto parcial de ellas en base a dos criterios: • que sean representativas de distintas formas de impacto y de características

demográficas, sociales, económicas y culturales de las poblaciones; y • que los impactos a observar provengan directa o indirectamente de las

operaciones del proyecto Torata-Cuajone. Torata - La población del distrito de Torata es la más cercana a la mina Cuajone y su zona de ampliación. Tenía una población total de 7.654 habitantes en 1999, distribuida en 73,4% urbana y 26,6 % rural, según el censo nacional de 1993. En 1998, la superficie cultivada ocupaba 885 has., en su mayoría constituida por parcelas de 1 ha. en promedio. En la actividad pecuaria se contabilizaban 8.200 cabezas de ganado. La organización de más larga trayectoria y mayor institucionalidad, la Junta de Usuarios, administra el uso del agua en la producción agrícola, observando las normas comunales y legales del sector, que responde al Distrito de Riego de Moquegua17[17], cuya autoridad local sectorial, la Oficina de Administración Técnica pertenece a la Dirección General de Aguas y Suelos del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). Existen otras organizaciones sociales con asistencia estatal, como comedores comunales y clubes de madres. El Frente de Defensa de los Intereses de Torata (FEDIT) surgió en la coyuntura del proyecto Control de Avenidas del Río Torata, en 1998, oponiéndose a su ejecución. Tres años después y habiéndose ejecutado el proyecto, el FEDIT no tiene base social, reduciéndose a sus dirigentes y sus actividades. Moquegua - Distrito capital del departamento del mismo nombre, tenía en 1999 una población estimada de 41.984 habitantes, 93,5% en zona urbana y 6,5% en áreas rurales en 1993. La mayor parte de la población reside en la ciudad de Moquegua, que sufrió los más graves y extendidos daños en el sismo ocurrido en junio de 2001 en la región sur del país. 17[17] La división en distritos de riego es de otra naturaleza y no coincide necesariamente con la división político territorial del país.

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Moquegua está intrínsecamente vinculada a la actividad agrícola, prestando servicios financieros y comerciales a los productores del valle. En 1993, 13,5% de la población económicamente activa se dedicaba a la agricultura y 68,2% se ocupaba en los servicios, 53,9% de los cuales eran asalariados. Como capital, Moquegua es sede del gobierno regional y de las dependencias de los ministerios del Estado peruano. En los meses posteriores al sismo de junio de 2001, adquirió significativa importancia un conjunto de organizaciones agrupadas en un frente de defensa local encargado de gestionar demandas al Estado para la ejecución de un programa de reconstrucción del distrito. Al igual que Torata, Moquegua recibe impactos de la actividad minera en el empleo, la actividad económica y la disponibilidad y calidad del agua. Ilo - En el distrito de Ilo se ubica la ciudad del mismo nombre, la más grande y de mayor importancia económica. De un total de 55.892 habitantes estimados para 1995 en toda la provincia 88,4% pertenecían a Ilo. En 1999, Ilo tenía una población estimada de 52.850 habitantes. La actividad productiva de esta ciudad gira en torno al puerto pesquero y sus industrias del pescado y a la fundición y refinería de cobre de Southern Perú. La población económicamente activa en 60,8% se ocupaba en los servicios, 54,1% como asalariados, según cifras del censo de 1993. Solamente, 1.6% trabajaba en actividades agrícolas. El Algarrobal - Este distrito de características rurales tiene dos veces y media la superficie del distrito de Ilo y, sin embargo, para 1999 se estimaba que su población era de 200 personas, con un 94.5% viviendo en la zona rural. La actividad económica principal es la agricultura, con un área cultivada de 400 has. aproximadamente, dedicadas en su gran mayoría (80%) al olivo y el resto a productos alimenticios básicos y frutales (20%). La mayoría de las parcelas es de 1 a 1,5 has. Aquí se concentran los impactos de la fundición de Ilo en la agricultura del valle. Southern Perú paga compensaciones, por ley, a los agricultores que lograron demostrar daños ocasionados por los humos de la fundición sobre sus cultivos. La empresa desarrolla actualmente en la zona un programa para la exportación de aceitunas con un grupo de agricultores. Según autoridades municipales, un significativo número de agricultores no recibe compensaciones de la empresa a pesar de los daños sufridos. La población local, en un 93.7% se dedica a actividades agrícolas y un 6.3% trabaja en los servicios, 88,5% de los cuales son asalariados. La organización principal aquí es la Junta de Regantes, que cumple las mismas funciones que en Torata con respecto al uso agrícola del agua y tiene la misma articulación jurisdiccional con los órganos sectoriales estatales.

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Ite - El distrito de Ite tiene una población que para 1999 fue estimada en 3.457 habitantes. Es una zona predominantemente rural, con 94,4% de su población ubicada en áreas de esa condición, según el censo de 1993. La producción pecuaria es predominante en la zona y está articulada a la industrialización de la leche. El ganado de Ite produce diariamente 10.000 litros de leche que son vendidas a un grupo regional de industria lechera. Otra actividad importante es la agricultura, con una superficie productiva de 1.700 has., la cual viene iniciando un proceso de conversión del cultivo forrajero y de alimentos básicos a productos de exportación como el ají Páprika que es empleado como insumo en la industria de tintes y la cebolla blanca y también productos de consumo interno pero más rentables como el olivo. Este proceso ha sido apoyado por Southern Perú con la introducción de la tecnología de riego por goteo con el proyecto de un módulo experimental. Posteriormente, esta experiencia ha alcanzado sostenibilidad y se viene expandiendo merced a programas implementados por el municipio y el Ministerio de Agricultura. En décadas anteriores, un significativo número de familias tuvo que abandonar la pesca artesanal porque los relaves depositados en la bahía de Ite acabaron con toda la flora y fauna del litoral. La población se distribuye según ocupación laboral en 65,7% en actividades agropecuarias, 32,1% realizando servicios y 47,5% laborando en actividades asalariadas, según el censo de 1993. La organización más relevante es la comisión de regantes que tiene igual naturaleza y características a las juntas de regantes vistas anteriormente. Huaytire - Comunidad campesina situada en el distrito de Candarave, provincia del mismo nombre, cerca de la laguna Suches, cuyos recursos hídricos debe compartir con la empresa, en la zona altoandina del departamento de Tacna. Según las estadísticas del censo de 1993 tiene una población de 199 personas. Su organización se centra en la Asamblea Comunal, que es la instancia de decisión más importante, y en la Junta Directiva, elegida por dos años mediante el voto de más de dos tercios de la asamblea. Higuerani - Grupo de familias pertenecientes a la comunidad campesina Carumbraya, ubicada en el distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre, en una zona altoandina del departamento de Tacna. En Ilabaya se encuentra la mina y el campamento minero Toquepala de Southern Perú. Torata e Ilabaya registran los menores índices de pobreza, mientras que los distritos de Candarave e Ite tienen los mayores. El Algarrobal, Ilo y Moquegua se ubican en una franja intermedia. Salvo El Algarrobal, las comunidades del distrito de Moquegua presentan un índice de pobreza inferior al departamental y al nacional. Con respecto a este último, las diferencias son significativas, siendo la mínima (con El Algarrobal) de casi 13 puntos porcentuales.

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Entre las comunidades de Tacna hay algunas con mayores niveles de pobreza que las de Moquegua, siendo Ite con 41,2% el caso más extremo y alcanzando virtualmente el nivel nacional (42,3%). Incidencia de los actores El Canon Minero que reciben las municipalidades es un porcentaje del total de la recaudación tributaria de las empresas mineras, cuyo monto específico es determinado por el Ministerio de Economía. Bajo la ley de Canon Minero, estas transferencias deben utilizarse en inversión social y desarrollo local. El Canon lo reciben todos los municipios provinciales y distritales en los que se ubica la operación. En la zona de estudio, el Canon se empezó a distribuir desde 1996 de la siguiente forma:

Transferencias Recibidas por Canon Minero (Nuevos Soles) 1996-2000 1996 1997 1998 1999 2000 Total

Moquegua 1,448,923 6,539,494 8,343,603 2,300,869 200,795 18,833,686

Torata 712, 048 1,590,621 1,723,224 421,979 36,826 4,484,698 Total Provincial18[18]

2,587,812

10,316,811

12,834,993

3,480,627

304,008

29,594,252

Total departamental

6,875,584 23,215,200 28,729,729 7,862,306 686,140 67,368,959

Total Nacional 14,759,664 110,937,201 169,427,966 86,513,903 55,360,909 436,999,643

Los recursos del Canon son manejados en forma exclusiva por la autoridad municipal. La definición de “desarrollo” no es clara y en la práctica los fondos recibidos son invertidos básicamente en saneamiento urbano, maquinaria, parques y locales municipales. Las donaciones de la empresa se deciden luego de evaluar las solicitudes que llegan a sus oficinas de Relaciones Públicas. Las solicitudes deben señalar el valor del proyecto, los participantes y el monto que los coparticipantes planean aportar. El área de Relaciones Públicas prioriza los aportes para educación y cultura, apoyo a la comunidad (infraestructura de municipios y comunidades campesinas), apoyo a proyectos de la iglesia, salud y bienestar. Un significativo monto de las donaciones lo decide directamente el presidente de la empresa. Southern Perú ha implementado una serie de proyectos de desarrollo en áreas rurales, bajo el principio de la coparticipación. La empresa acuerda con las comunidades su aporte en mano de obra y en varios proyectos ha participado el Estado, destinando personal y eventualmente maquinaria. Southern Perú propone programas de desarrollo a partir de un diagnóstico de la situación de cada comunidad en su ámbito de influencia. La decisión sobre la realización de los proyectos es compartida entre comunidad, empresa y Estado, cuando ha sido el

18[18] La provincia incluye, además de Moquegua y Torata, a los distritos de Samegua, Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal.

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caso. El diseño técnico es financiado por la empresa y realizado por profesionales en la materia. La ejecución es siempre coparticipativa. Principales conflictos socioambientales a) Proyecto de derivación de las aguas del río Torata El conflicto surgió al conocerse el proyecto de Southern Perú de derivación del río Torata y ampliación de la mina en 1998. Se formó el Frente de Defensa de los Intereses de Torata (FEDIT) y se generó un debate en torno a la viabilidad del proyecto. La empresa logró la aprobación estatal del Estudio de Impacto Ambiental a fines del 98 y procedió a la construcción de la represa y tuberías del proyecto. Desde su construcción no se han producido mayores incidentes en el área. La empresa mantiene un control sobre las aguas del río Torata, pero no las administra, pues su único objetivo formalmente establecido es derivarlas para utilizar el antiguo lecho del río en actividades mineras. En la actualidad, un conjunto minoritario de actores locales, que incluye a algunos pobladores dentro del Frente, algunas autoridades municipales y la ONG Labor, mantiene su oposición al proyecto. Los reclamos son: • Riesgos de contaminación de las aguas del río Torata con aguas ácidas. El

cauce seco del río es utilizado para la deposición de desmonte de la mina, restos que contienen sulfatos y pueden generar aguas ácidas en contacto con las lluvias o con los manantiales de la zona. Estas aguas podrían llegar hasta el río Torata filtrándose en el suelo o escurriéndose por la superficie. La empresa sostiene que este riesgo está descartado por los bajos niveles de lluvias que normalmente caen en la zona y la alta evaporación. Algunos de estos actores afirman que se están contaminando las aguas del río, que ya no encuentran en la zona algunas especies de peces y que los proyectos de acuicultura de camarones han fracasado por este mismo motivo, no obstante que ningún estudio ha certificado estas aserciones.

• No existe garantía de control de la contaminación en el largo plazo, pues dentro de 40 ó 50 años, con el cierre de la mina, será el Estado quien se responsabilice por la sostenibilidad del canal a construir para hacer correr el caudal del río nuevamente por su cauce. El riesgo estará representado por el desmonte acumulado sobre el cauce abandonado, que quedará debajo del mencionado canal. La empresa ha replicado con el argumento de que para ese momento se contará con la tecnología adecuada para ejecutar un programa de cierre sin riesgos ambientales.

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b) Disposición de relaves mineros en la Bahía de Ite Hasta 1991, Southern Perú depositaba los relaves provenientes de las concentradoras Botiflaca y Cuajone, conteniendo sílice, alumina, óxidos, azufre, hierro y cobre, entre otros, en la zona conocida como Quebrada Cimarrona, de donde discurrían hasta el río Locumba y de ahí al mar, en la Bahía de Ite, ocasionando impactos económicos en la zona, especialmente sobre la actividad agrícola y ganadera. En diferentes momentos entre fines de los años 60 e inicios de los 90, la población de Ite, el Municipio de Tacna, el Poder Judicial y los Ministerios de Salud y Pesquería presionaron a Southern para que cesaran las emisiones de relaves al mar en Ite. Finalmente, por disposición estatal, Southern construyó un depósito de relaves en tierra, en la zona denominada Quebrada Honda. c) Emisión de anhídrido sulfuroso y disposición de escorias en la fundición Ilo Una de las principales fuentes de conflicto entre Southern y la población de Moquegua ha sido las emisiones gaseosas de la fundición ubicada en Ilo. Las emisiones contienen anhídrido sulfuroso (SO2), fuente de impactos sobre la actividad agrícola, especialmente en el Valle de Ilo. En junio de 1967, la Ley 16.583 ordenó el desarrollo de una solución al impacto atmosférico provocado por la fundición, creó la Comisión de Alto Nivel (CAN) para evaluar los impactos sociales y ambientales de los humos y ordenó el pago de indemnizaciones de la compañía a los agricultores del Valle de Ilo cuyos cultivos y predios sufran daños ocasionados por las emisiones. Hasta el presente, los agricultores del Valle de Ilo perciben compensaciones anuales por esta ley. Las poblaciones del Valle del Tambo en Arequipa denunciaron también impactos de los humos de la fundición, pero no se han hecho evaluaciones ni pago compensaciones al respecto. Actualmente, la empresa invierte en un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) con el fin de adecuar la empresa a los estándares ambientales vigentes en Perú. El PAMA de Southern incluye 32 medidas de mitigación y manejo ambiental. La acción más significativa es la planta de SO2 en la fundición de Ilo, que deberá recuperar, a su conclusión, 92% o más del anhídrido sulfuroso emitido por esta operación. Autoridades del municipio de El Algarrobal, en el valle de Ilo, afirman que no todos los afectados han accedido a las compensaciones y que los agricultores compensados no consideran satisfactoria la solución a las pérdidas agrícolas en vigencia actualmente. Sostienen asimismo que la contaminación afecta la salud de lo población local, sobre todo a los niños, causando enfermedades respiratorias. Según esta misma fuente, los niveles de contaminación exceden los límites admitidos por la Organización Mundial de la Salud. Las escorias producidas por la fundición son depositadas en una playa cerca de las instalaciones de la empresa en Ilo. Entre 1960 y 1982, las escorias se depositaban en el mar, generando impactos en la población marina del área.

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d) Uso de aguas de la Laguna de Suches Las operaciones de Toquepala y Cuajone requieren un importante volumen de agua, principalmente de la Laguna de Suches. El agua es almacenada en los reservatorios de Pampa de Vaca (Toquepala) y Viña Blanca (Cuajone). Además, la empresa obtiene agua de los ríos Cinto y Locumba, del canal de Tacalaya, así como del subsuelo en Titijones (6 pozos), Huaytire (4) y Vizcachas (1). La obtención de agua para las operaciones de Southern, no ha estado exenta de conflictos. Anteriormente, la empresa contaba con pozos de extracción de agua en el Valle de Ilo, pero enfrentaron una fuerte resistencia de los agricultores de la zona, especialmente en los años de sequía. A inicios de los 90, la empresa retiró el sistema de bombeo de estas aguas. Los campesinos de la comunidad de Candarave se movilizaron en 1990 para exigir al gobierno regional la suspensión de la explotación de Southern en el río Callazas, argumentando que dicha extracción disminuía el caudal río abajo. El gobierno regional suspendió la explotación de pozos en la zona mientras durase el estado de emergencia por sequía. A la vez, autorizó a Southern a utilizar un volumen adicional de aguas de la laguna de Suches. El uso de aguas del río Cinto afectó la disponibilidad de aguas en la comunidad de Carumbraya, sector Higuerani, la cual intentó de manera infructuosa anular la concesión que desde 1961 mantiene Southern sobre dichas aguas19[19]. Caracterización del proyecto minero Southern Perú posee dos minas en operación, Toquepala, desde 1960, y Cuajone, desde 1976, en los departamentos contiguos de Tacna y Moquegua, respectivamente. En 1998, Southern Perú obtuvo la autorización estatal para desarrollar el proyecto Torata, consistente en la ampliación de la mina Cuajone en dirección del lecho del río Torata. También opera la fundición y refinería de Ilo en la que procesa el mineral proveniente de sus minas. Actualmente la participación accionaria en Southern es como sigue: Grupo México (54,2%), Cerro Trading Company (14,2%), Phelps Dodge Overseas Capital Corporation (14,0%) y accionistas comunes (17,6%). La mina Cuajone está localizada en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, dentro del departamento de Moquegua. Cuajone se ubica en la vertiente occidental de la cordillera volcánica, segmento montañoso de los Andes del sur de Perú, en la quebrada Chuncatala, un tributario seco del río Torata, a 3.500 metros sobre el nivel del mar. La cuenca hidrográfica en que se ubica es la del río Ilo o

19[19] Tomado de Balbín, 1995.

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Osmore. La mina es un depósito de cobre diseminado tipo porfírico que es explotada utilizando el sistema de tajo abierto. El proyecto de expansión Torata-Cuajone, con reservas estimadas de 1.400 millones de toneladas métricas, es una ampliación de la mina Cuajone y la derivación de las aguas del río Torata para la utilización de su lecho como depósito de desmontes. Iniciado en 1999 luego de la aprobación oficial del Estudio de Impacto Ambiental, este proyecto tiene impactos ambientales y sociales sobre las poblaciones vecinas. Las obras reciben la denominación de Proyecto de Derivación de las aguas del Río Torata o Proyecto Control de Máximas Avenidas del Río Torata. Southern Perú opera además la Mina Toquepala, las concentradoras Botiflaca y Toquepala y la fundición y refinería de Ilo, que forman con la mina Cuajone un complejo industrial integrado. Para el funcionamiento de sus unidades de producción minero metalúrgicas, Southern Perú requiere un volumen mínimo de agua de 2.360 l/seg. Con ese fin instaló un sistema de captación de agua en la laguna de Suches, en el distrito de Candarave, en la provincia del mismo nombre del departamento de Tacna. Esta instalación tiene impactos en un conjunto de comunidades campesinas ubicadas alrededor de esta laguna y los ríos a los que da origen. Entre ellas la más inmediata a la laguna es Huaytire pero también están las comunidades de Tacalaya, Turun, Chilihuane y Candarave. Política social de la empresa La misión proclamada en los documentos de la Southern Perú es obtener los mejores resultados económico-financieros con el uso eficiente de sus activos, mediante un crecimiento sostenido y observando altos niveles corporativos de cumplimiento en los aspectos ambiental, cívico y social. La mención de la cuestión social aparece al final del enunciado de la misión, al referirse a la necesidad de lograr altos niveles de cumplimiento en aspectos sociales y, en la última de las “áreas claves”, al establecer la intención de asegurar operaciones socialmente sólidas, si bien no explica cuáles son los objetivos ni estándares sociales propuestos. A su vez, la mención al objetivo de asegurar “la continuidad de la producción” se vincula con la necesidad de evitar conflictos laborales y comunitarios, que puedan paralizar la actividad en algún momento y generar pérdidas importantes para la empresa. En la historia de las relaciones entre Southern Perú y las poblaciones en sus áreas de impacto, se han producido conflictos ocasionados por los impactos ambientales y sociales asociados con el uso de aguas y la emisión de agentes contaminantes en el agua y el aire por parte de la empresa. Las relaciones laborales fueron particularmente álgidas en los años 80, cuando la empresa y el gremio minero, en

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general, enfrentaron sucesivos paros nacionales que causaron grandes pérdidas a la minería. Por ello, uno de los objetivos que se expresan de manera explícita en la actividad de Relaciones Comunitarias de Southern Perú es la intención de evitar cualquier paralización en las actividades de la empresa que pudiera ser causada por un conflicto con las comunidades en las áreas de impacto de los proyectos. Southern Perú practica dos tipos de acciones de desarrollo, las donaciones y los proyectos de desarrollo. Las donaciones son otorgadas a los municipios, iglesias, poblaciones vulnerables y diversos segmentos de la opinión pública local, regional y nacional. Los aportes en donaciones se deciden luego de evaluar las solicitudes que llegan a la empresa en sus diferentes oficinas de Relaciones Públicas. El área de Relaciones Públicas prioriza los aportes en los rubros de Educación y Cultura, apoyo a la comunidad (obras de infraestructura en municipios y comunidades campesinas), apoyo a proyectos de la iglesia, salud y bienestar. Un significativo monto de las donaciones es de decisión discrecional del presidente de la empresa. En las áreas rurales, Southern Perú ha implementado una serie de proyectos de desarrollo. Aplicando un criterio de coparticipación, la empresa acuerda con las comunidades su aporte en mano de obra. En varios de estos proyectos ha participado el Estado con el mismo criterio participativo, destinando personal y eventualmente maquinaria. Southern Perú propone programas de desarrollo a partir de un diagnóstico de la situación de cada comunidad en su ámbito de influencia. El diseño técnico es financiado por la empresa y realizado por profesionales. Cuando se da el caso, la decisión sobre la realización de los proyectos es compartida entre la comunidad, la empresa y el Estado. En la ejecución rige siempre el criterio de coparticipación. Dentro de ese criterio, se han desarrollado programas de construcción de redes de agua y desagüe, de plantas de acopio, secado y comercialización de orégano, de habilitación de parcelas experimentales de siembra, mejoramiento genético de camélidos, construcción de servicios educativos, de talleres de mecánica, infraestructura de riego, tendido de redes de electricidad, programa de mejoramiento de la disponibilidad y uso de agua, etc. Asimismo, Southern Perú fomenta el empleo local a través de la selección, capacitación y contratación temporal de pobladores rurales para la prestación de servicios no calificados o semicalificados. Programas de desarrollo social La empresa tradicionalmente ubicó sus acciones de desarrollo dentro de una política asistencialista dirigida a mejorar su imagen ante diversos públicos, en el área de impactos y en la capital, Lima. Aplicó así una estrategia que se sostenía en dos ejes interrelacionados: el manejo de la imagen institucional con métodos de relaciones públicas y el uso de medios de comunicación masiva y la realización de donaciones en las áreas de educación , cultura y apoyo a la comunidad.

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Actualmente, los mayores donativos se concentran en las zonas urbanas de Moquegua, Tacna, Arequipa y en Lima. A fines de la década de 1990, se inauguró el área de Relaciones Comunitarias para ejecutar proyectos de desarrollo con un enfoque distinto: con metodologías participativas. El área de Relaciones Comunitarias tiene un enfoque de responsabilidad social centrado en criterios de coparticipación y sustentabilidad de los proyectos. Su estrategia incluye tres componentes: • Estudio de línea de base - El objetivo es conocer la situación socio económica

de la comunidad y sus percepciones y actitudes en relación al proyecto minero. • Plan de Comunicaciones - El estudio de línea de base indica los mecanismos

de comunicación más apropiados entre la empresa y los diferentes grupos de opinión dentro de la comunidad.

• Plan de Desarrollo - Finalmente, la línea de base indica las áreas de intervención prioritarias para la comunidad.

Esta estrategia carece del elemento de evaluación de impactos. Esta carencia conduce a otra, que es la consiguiente falta de una medición objetiva de los avances conseguidos por la política social de la empresa. Las comunidades que participan en los proyectos de desarrollo de la empresa son aquellas que reciben impactos socio ambientales por causa de las operaciones actuales o antiguas de la Southern. El área de Relaciones Comunitarias de la empresa trabaja especialmente con las comunidades con las que la empresa comparte el uso de agua, ya sea de fuentes superficiales como lagos y ríos, o de pozos subterráneos, algunos de los cuales se hayan conectados con cuerpos de agua de uso de las poblaciones. El área de Relaciones Públicas de la empresa trabaja también en las zonas urbanas más cercanas a las operaciones mediante donaciones y aportes en salud, cultura, educación e infraestructura. Southern Perú trabaja muy estrechamente con algunos proyectos de la Iglesia Católica. Las comunidades, percepciones y experiencias Las comunidades han carecido tradicionalmente de la capacidad para crear proyectos de desarrollo de largo plazo. Para muchas, esta es la primera experiencia en ese sentido. En el caso de Torata, una de sus principales fortalezas es su organización para el manejo del agua en la Junta de Usuarios de Riego. Esta organización tiene como finalidad específica la administración del agua en la localidad. No tiene mayor poder de control sobre sus miembros más allá del manejo del agua. Sin embargo, esta organización es la base para la realización de cualquier proyecto de desarrollo que involucre la actividad agrícola de la zona. El

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proyecto de riego tecnificado y sustitución de cultivos en Torata toma como punto de referencia a dicha Junta de Usuarios. La comunidad participa en la definición de los problemas y necesidades más urgentes del área y en el aporte de mano de obra no calificada, pero no ha participado en la elaboración de los estudios técnicos. Para sus programas de desarrollo, Southern Perú utilizó las Evaluaciones Rurales Rápidas, un sistema de autoevaluación llevado a cabo por las comunidades sobre sus carencias, necesidades, percepciones, etc. Luego de estas evaluaciones, la empresa planteó propuestas encaminadas a superar los problemas detectados. Estas propuestas sirven a la empresa como elementos de negociación a la hora de discutir con la comunidad el uso de aguas o tierras. La compensación puede incluir mecanismos de apoyo social en aspectos importantes para la comunidad, que han sido previamente detectados. Todos los pobladores entrevistados consideran positivo el carácter participativo de los programas de Southern Perú. Inclusive uno de los miembros del Frente de Defensa de los Intereses de Torata (FEDIT), opuesto tradicionalmente a la empresa, consideró muy positiva está política, sin perjuicio de las opiniones críticas sobre la manera como se vienen ejecutando algunos de ellos, porque estaba “cansado de los regalos de la empresa a la población”. Los participantes en el programa de riego tecnificado en Torata estaban bastante satisfechos por el aprendizaje sobre el uso apropiado del agua. Todos ellos señalaron que sus vecinos habían manifestado interés en participar del proyecto. El Estado (gobierno local), percepciones y experiencias En general, las autoridades locales cuestionan la eficacia de los programas de desarrollo de la Southern Perú como contribución al desarrollo local y como mecanismo de compensación y mitigación de los impactos sociales y ambientales que se atribuyen a la empresa en la zona. Las percepciones más críticas provienen de las autoridades municipales del distrito de Torata, en donde existe una demanda común para que la empresa incremente su aporte global, en programas sociales y donaciones, al desarrollo comunitario hasta recuperar los niveles logrados en años pasados. Partiendo de esta postura, se critica el alcance reducido de los programas de desarrollo agrícola más recientes, que benefician a menos de 20 agricultores miembros de la junta de riego, los cultivos experimentales de orégano, frutales y hierbas aromáticas y la planta de acopio, secado y comercialización de orégano y hierbas aromáticas. En respuesta, la empresa argumenta que se trata de cultivos experimentales, con el objetivo de determinar el tipo de producción más eficiente, para luego ampliarlo al resto de productores. Asimismo, otra postura dentro del municipio cuestiona la posibilidad misma de que la empresa tenga una política social pues considera que, por sus impactos

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ambientales, la presencia de la empresa en la zona es incompatible con el desarrollo local. De tal premisa se deriva la imposibilidad de evaluar la pertinencia y eficacia de los programas sociales de la empresa. En ese sentido una de las autoridades del distrito de Torata considera que el aspecto principal de una estrategia de desarrollo en la zona es el asegurar fuentes de agua limpias y abundantes, necesarias para la agricultura y la ganadería y para el consumo humano y que la principal responsabilidad al respecto recae sobre Southern Perú. Su principal preocupación es el manejo ambiental de las aguas del río Torata por parte de Southern Perú, sobretodo luego de que la empresa se retire de la actividad, con el agotamiento de las reservas de cobre, estimado dentro de 40 ó 50 años Una percepción similar a las posturas más críticas de Torata es expresada por las autoridades municipales del distrito de El Algarrobal, a partir del impacto de las operaciones de refinación de Southern Perú en el puerto y la ciudad de Ilo. El argumento es que el balance entre impactos ambientales y actividades de desarrollo comunitario es negativo. Sin embargo, se admite la posibilidad de entablar nuevas relaciones empresa-comunidad-Estado, a partir de la solución de los problemas de contaminación ambiental. Las autoridades municipales del distrito de Ite, una zona costera afectada por antiguos relaves mineros de Southern, mostraron una visión favorable a los programas promovidos por la empresa en su zona. Estos son vistos como de importancia estratégica para el desarrollo local, pues su pertinencia proviene de un diagnóstico de necesidades que contó con la participación de la comunidad. Se considera positivo también el seguimiento de la ejecución de los programas, que tiene lugar en un régimen de comunicación fluida y que trasciende los plazos programáticos del proyecto, entre el área de relaciones comunitarias de la empresa y los distintos actores locales. Sin embargo, ninguno de los municipios de Torata, El Algarrobal e Ite cuenta con planes de desarrollo local ni ha definido clara y formalmente el rol que le compete al sector minero y, en particular, a Southern Perú. Si bien es cierto que las autoridades municipales entrevistadas manejaron visiones bastante compartidas de las prioridades de desarrollo local, constituye una debilidad institucional la ausencia de experiencias de los gobierno locales en la planificación estratégica del desarrollo como procesos participativos con los actores claves de sus jurisdicciones político-administrativas. Por otra parte, todos los funcionarios entrevistados del gobierno central y regional (Dirección de Transportes, Agricultura y Consejo Transitorio de Administración Regional.) evaluaron como positivo el enfoque coparticipativo de la empresa. Todas los proyectos de infraestructura de riego, electricidad o educación se han realizado en coordinación, en todas las fases, con los ministerios de Agricultura, de Energía y Minas y de Educación.

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Sinergia estado/empresa/comunidades Las relaciones entre Southern Perú y las comunidades vecinas a sus áreas de operación han atravesado periodos significativos de tensión y conflicto a causa de los impactos ambientales y sociales de las emisiones contaminantes de la empresa en Ilo e Ite y de la captación de aguas para uso minero en zonas altas de las cuencas hidrográficas de los ríos Ilo u Osmore, en el departamento de Moquegua, y el río Locumba, en el departamento de Tacna. En algunas de las comunidades los conflictos siguen vigentes, aunque con menores grados de intensidad, como consecuencia de las medidas de mitigación, adecuación y manejo ambiental realizadas por la empresa. Las acciones de desarrollo de Southern también han contribuido en algún grado a la creación de mejores condiciones de negociación con respecto a dichos conflictos. El problema central en la zona de Torata, Moquegua y en varias comunidades alto andinas de las cuencas de los ríos Osmore o Ilo y Locumba, como Huaytire e Higuerani, es la escasez de agua para la producción agropecuaria, a lo que se suma el consumo de grandes cantidades de agua de Southern Perú en sus operaciones. El impacto del consumo minero del agua sobre comunidades cuya subsistencia depende de las actividades agropecuarias pone en riesgo la reproducción misma de estas poblaciones. En este escenario tradicionalmente ha existido una relación conflictiva entre la empresa y estas poblaciones, lo cual explica porque Southern ha dirigido sus acciones al aprovisionamiento de agua para las comunidades. En este contexto, los proyectos de implementación de la tecnología de riego por goteo y de construcción de reservatorios en lugares como Torata e Ite responden al propósito de elevar los niveles de eficiencia en el uso comunal del agua en la agricultura. El grado de participación de las comunidades en los proyectos con la Southern es bastante elevado. Esta participación se inicia con una autoevaluación de necesidades de la comunidad y la búsqueda de alternativas de solución. Para las comunidades, estos mecanismos de participación son un proceso de aprendizaje que potencialmente les permitirá una mayor independencia en el futuro. Para la empresa, la coparticipación genera sustentabilidad en el proyecto, pero también relaciones sociales de largo plazo en las que los actores se van conociendo y van creando lazos que facilitan la interacción y la lealtad. Sin embargo, la mayoría de los proyectos de desarrollo de Southern se hayan en fase de experimentación y son bastante recientes. Es necesario un seguimiento de estas actividades para determinar sus resultados. Por otro lado, el intento de Southern Perú de realizar actividades con el Estado enfrentó la crisis de la renuncia del ex presidente Fujimori, que afectó a un aparato estatal fuertemente centralista y hegemonizado por la institución de la Presidencia de la República . Este hecho plantea el problema de la debilidad de los actores estatales para participar de manera sostenida en acciones de desarrollo de este tipo, que ya ha sido referido en el contexto.

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Se puede constatar una relación entre el estado de evolución de los conflictos con comunidades y la presencia de Southern Perú en la zona. Actualmente, ninguno de los conflictos en el área alcanza grados de confrontación. Este hecho, relevante a la luz de los serios conflictos existentes en Perú en la actualidad entre minería y poblaciones, puede atribuirse a los proyectos de desarrollo en ejecución y a un manejo ambiental por parte de la empresa que mantiene los impactos dentro de rangos admisibles por la población. A su vez, la metodología participativa de dichos proyectos habría logrado crear una relación cooperativa entre la empresa y una parte de las comunidades. Si bien persisten opiniones que mantienen la demanda por un manejo social y ambiental que elimine definitivamente los impactos negativos y, en el caso del proyecto de desviación del río Torata, voces que denuncian la existencia de contaminación de las aguas, ellas no han logrado un consenso general entre los diferentes sectores políticos y sociales de la zona. 4.3. ESTUDIO DE CASO 2: COMPAÑÍA MINERA MILPO Caracterización regional y local La Compañía Minera Milpo opera la mina El Porvenir, su principal operación, clasificada como de mediana minería, en explotación desde hace más de 50 años. El Porvenir se halla situada en la sierra sur central andina de Perú, en el departamento de Pasco. Este departamento limita con los de Lima al Oeste, Junín al Sur, Huanuco al Norte y Ucayali al Este. La capital departamental es la ciudad de Cerro de Pasco, situada a 4.338 metros de altitud y distante a 305 kilómetros de la ciudad de Lima. El departamento de Pasco es el principal productor de plomo y zinc a nivel nacional. Un 54,92% de la producción nacional de plomo y 43,3% de la producción de zinc proviene de dicho departamento. Además, también es un importante productor de plata. La minería genera casi la mitad del producto interno bruto del departamento. La agricultura constituye la segunda actividad económica más importante, siendo su aporte al PBI departamental también significativo (19,16% aproximadamente). La mayoría de las tierras en Pasco son de uso ganadero, siendo pequeña la proporción de tierras agrícolas. En lo concerniente a la tenencia de la tierra, en el área de articulación de la operación El Porvenir es sumamente significativa la proporción de tierras de propiedad comunal. Finalmente, el común denominador en el área rural de articulación es el minifundio debido al pequeño tamaño de las parcelas que son de propiedad privada o son usufructuadas por los campesinos o agricultores.

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Un 55% de la población total del referido departamento –244 mil habitantes- reside en la provincia del mismo nombre, donde se ubica la operación El Porvenir. Al igual que en Moquegua, el IDH del PNUD sitúa a Cerro de Pasco por encima del promedio nacional. Es posible, nuevamente, que la presencia de proyectos mineros en la zona eleve el valor de los índices de desarrollo sin considerar problemas de distribución y desigualdad social. Las mediciones de pobreza y los indicadores relativos al consumo de alimentos por parte de la población, el tipo de infraestructura básica con la que cuenta y factores limitantes al desarrollo económico, como el grado de accesibilidad vial y el porcentaje de población que carece de fluido eléctrico, coloca a Pasco dentro de la categoría de departamento pobre, aunque con un índice de pobreza ligeramente menor al promedio nacional: La mayor parte de la población económicamente activa del departamento de Pasco se halla empleada en la agricultura, ganadería y minería (54,4%). El comercio y los servicios constituyen también una importante fuente de empleo (36,5%), mientras que la industria y la construcción ocupan a un 9,1%. Sin embargo, en la provincia de Pasco, tanto el sector primario como el sector terciario tienen similar importancia en generación de empleo ( 45,1% y 44%, respectivamente). Además, es importante destacar que Pasco concentra el 54,4% de la población ocupada mayor de 15 años del departamento.

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Área de articulación El Porvenir es una mina subterránea ubicada en el Distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco, Departamento de Pasco. El área de articulación de dicha operación comprende seis áreas geográficas claramente diferenciadas y distantes entre sí: 1. La cuenca del río Huallaga hacia donde discurren las aguas de rebose,

previamente tratadas, de la cancha de relave de la operación minera y donde residen las comunidades campesinas de San Miguel, Santa Rosa de Pitic, La Candelaria, La Quinua, San Ramón de Yanapampa, San Isidro de Yanapampa y 30 de Agosto,

2. La ciudad de Cerro de Pasco, ubicada a 30 kilómetros de la operación El Porvenir y adyacente a un tajo abierto de explotación minera en proceso de expansión que perteneció durante décadas a la empresa minera norteamericana Cerro de Pasco Copper Corporation, luego estatizada y después vuelta a privatizar. Allí reside un gran número de trabajadores de Milpo y diversas empresas subcontratistas y proveedoras que prestan servicios a la mina.

3. A mitad de camino entre la operación El Porvenir y la ciudad de Cerro de Pasco, en la quebrada de Pucayacu, se ubica la cooperativa ganadera del

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mismo nombre y por cuyas tierras atraviesa un canal de agua, un camino para vehículos y un tendido de cables de conexión eléctricas, obras realizadas por Milpo.

4. La quebrada en la que se ubica la operación El Porvenir, junto a la cual se asienta la comunidad campesina de San Juan de Milpo.

5. El extenso territorio de la comunidad-distrito de Yarusyacan, adyacente a la operación El Porvenir aunque separado por un enorme macizo. En dicho territorio se ubican, además, otras importantes operaciones mineras como Atacocha. Recientemente, Cía. Milpo consiguió adquirir un importante paquete de acciones (42%) de “Atacocha” a pesar de la manifiesta oposición de los directivos y algunos de los accionistas más importantes de esta última. Para ello fue necesario una tenaz y accidentada campaña de oferta de compra de acciones, publicitada en diversos medios de comunicación.

6. La meseta de Bombón, donde se ubica la comunidad campesina de Ninacaca. En territorios de dicha comunidad se ubica la laguna de Tauli, de la cual Milpo extrae y canaliza agua para sus operaciones.

En cuanto al uso y tenencia de la tierra en las zonas rurales que comprende el área de articulación de la operación El Porvenir, prácticamente 50% de parcelas existentes en los distritos de Ninacaca, Yanacancha y Yarusyacán son, en promedio, de propiedad de comunidades campesinas, es decir, de propiedad comunal, según datos del INEI. Las poblaciones del área de articulación de la mina El Porvenir se hallan en situación de pobreza según el Mapa de la Pobreza – año 2000 elaborado por el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (Foncodes). Organización política El área de articulación rural de la operación El Porvenir abarca parte de las jurisdicciones de cuatro distritos de la provincia de Pasco: Yarusyacan, Yanacancha, Ticlacayán y Ninacaca. La mayoría de poblaciones rurales articuladas con la empresa Milpo se hallan ubicadas en el distrito de Yanacancha (7 comunidades campesinas en total). En el distrito de Yarusyacán se ubican dos comunidades campesinas, 3 pequeñas comunidades campesinas se ubican en el distrito de Ticlacayán y solamente una comunidad campesina, de significativa envergadura, en el distrito de Ninacaca.

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Mapa de actores

A nivel del diseño e implementación de programas sociales, se pudo observar que la interrelación de Cía. Milpo es inexistente con actores tales como las municipalidades distritales, el municipio provincial de Pasco y las diversas entidades estatales que operan en el área de articulación. También la coordinación con las comunidades rurales, principales beneficiarias de estas acciones, es casi inexistente. Por tal motivo, dicho diseño e implementación aparece como un proceso de naturaleza vertical y centralizado en la sede corporativa de Lima, la cual selecciona las necesidades sociales a atender sin previa consulta a los destinatarios de los programas ni coordinación con los gobiernos locales ni dependencias del gobierno central. Perfil de las comunidades El área de articulación rural de la operación El Porvenir está definida por trece comunidades campesinas y una cooperativa ganadera, ellas son:

Comunidad campesina de Yarusyacán - Fundada en 1619 y reconocida en 1937, es una comunidad campesina de regular extensión ya que cuenta con 11.245 hectáreas, distribuidas en 19 anexos. Esta extensión es producto del proceso de movilización campesina de la década del 60 y que posibilitó restituir las

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tierras arrebatadas por la Mining Cooper Corporation a principios del siglo XX. Las tierras recuperadas eran parte de una enorme hacienda ganadera de propiedad de la referida empresa minera transnacional. La población de esta comunidad-distrito se estima en 13.354 personas, sus principales actividades son la agricultura, la ganadería y la prestación de servicios en minas, que brindan una importante cuota de empleo local como Atacocha. Uno de los anexos de la comunidad-distrito de Yarusyacán es San Juan de Milpo, la comunidad vecina más próxima a la operación minera en estudio. Sobre el terreno que ocupa Milpo, la versión de las autoridades de Yarusyacán es que la referida empresa tomó posesión de dichos terrenos durante la década del 50 sin previo acuerdo con la comunidad y amparada en la figura legal de la servidumbre, que obliga a los propietarios a ceder sus terrenos a favor de las operaciones mineras y a recibir a cambio una compensación monetaria fijada por el Estado mientras dure la misma. Asimismo, sus autoridades no reconocen a San Juan de Milpo como una comunidad campesina independiente, con autonomía y personería jurídica propias, sino más bien como un anexo distrital.

Comunidad campesina de San Juan de Milpo20[20] - Esta comunidad es considerada oficialmente un anexo distrital de la comunidad de Yarusyacán. Sin embargo, mantiene actualmente una directiva autónoma y se considera a si misma una unidad distinta. San Juan de Milpo se asienta sobre parte de las tierras recuperadas a la Mining Cooper Corporation (3.300 has), su directiva asegura que, luego de la recuperación de las tierras, los comuneros pagaron por ellas durante 20 años para conseguir un reconocimiento autónomo, que no se hizo efectivo al poseer Yarusyacan la personería jurídica. San Juan de Milpo es la comunidad que mayor relación tiene con la empresa Milpo, sus tierras circundan la mina y su centro poblado es adyacente a la frontera norte del campamento de la empresa. Incluso han recibido diversas ofertas de Milpo para permitir la realización de actividades de exploración en sus terrenos, que fueron rechazadas por sus integrantes. La principal actividad económica de la comunidad es la ganadería, aunque también cultivan tubérculos pero para autoconsumo principalmente. Comunidad campesina de San Miguel - San Miguel es una pequeña comunidad campesina propietaria de 63 has. al sur de la mina, en la quebrada que forma la naciente del rió Huallaga. Esta comunidad se constituye luego del colapso de las haciendas de La Quinua y Pariamarca, a mediados de los años 60, en el marco del proceso de recuperación y toma de tierras. Sus integrantes se dedican principalmente a las actividades agrícolas.

20[20] Si bien San Juan de Milpo es, en términos estrictos, un anexo de la comunidad de Yarusyacán y centro poblado menor del distrito del mismo nombre, por motivos metodológicos

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San Miguel ha albergado dentro de sus linderos a la pequeña mina Evita, que Cía. Milpo arrendó durante un tiempo. Evita dejó un pasivo ambiental y social importante tras el cierre a mediados de los años 90, cuya responsabilidad es achacada a Milpo. Asimismo, en terrenos de la comunidad se instaló un depósito de relaves que ya fue reubicado y el área reforestada por Milpo. Comunidad campesina de Santa Rosa de Pitic - Se halla ubicada junto a la comunidad de San Miguel, siguiendo la quebrada de la naciente del Huallaga al sur de El Porvenir, con una extensión de 643 hectáreas y 80 comuneros. La principal actividad económica de sus integrantes es la agricultura; el ganado lanar es escaso. Esta comunidad también se formó a raíz de las movilizaciones campesinas que propiciaron una reforma agraria. Comunidad campesina de La Candelaria - Es la siguiente población hacia el sur, bajando la quebrada del río Huallaga. Ocupa una extensión de 68 has. y está estrechamente vinculada con las comunidades de San Miguel y Santa Rosa de Pitic, en parte por proximidad física y también por lazos sociales y culturales. Sus integrantes se dedican principalmente a la agricultura. La hidroeléctrica de La Candelaria, propiedad de la empresa Milpo, que provee de electricidad a El Porvenir y, en forma racionada, a algunas comunidades del entorno, se encuentra dentro de los linderos de esta comunidad. Cía. Milpo brinda fluido eléctrico a la comunidad durante 4 horas al día. Comunidad campesina de La Quinua - Al final de la quebrada de la naciente del río Huallaga, al sur de las tres anteriores, tiene una extensión de 219 has. y era el centro de la hacienda del mismo nombre. En esta área se encuentra el poblado La Quinua, centro administrativo de todas las comunidades de la quebrada del río Huallaga. La Quinua tiene un desarrollo urbano importante y se encuentra al pie de la carretera asfaltada que comunica Cerro de Pasco con Huanuco. En el centro poblado residen algunos integrantes de las empresas contratistas y trabajadores que laboran en la Cía. Milpo. La Quinua tiene una dinámica comercial significativa para la microrregión. Los anexos del poblado La Quinua son: San Miguel, Santa Rosa de Pitic, Candelaria, Quinua y Quichas. Todos ellos pertenecen al distrito de Yanacancha. Las principales actividades de la comunidad de Quinua son la agricultura y los servicios, como venta de comidas y comercio a pequeña escala, dada su ubicación en el cruce entre un camino que viene de Milpo y recorre río abajo la quebrada del río Huallaga hasta la carretera principal de la región. Comunidad campesina de Quichas - Situada en el distrito de Yanacancha, es producto de una invasión de tierras por personas provenientes de Cerro de Pasco y pertenece al centro poblado de La Quinua. Quichas limita con San Miguel, Jarapampa, San Juan de Yanacachi y los terrenos de un propietario privado. Está compuesta por 65 comuneros, que poseen 8.360 has. cuya principal actividad es

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la agricultura. Es atravesada por un canal de agua construido por Milpo para abastecer a la central de La Candelaria. Comunidad campesina de Pariamarca - Con una extensión de 622 has., está compuesta por 60 comuneros, dedicados casi exclusivamente a la ganadería. Cada comunero posee entre 100 y 200 cabezas de ganado ovino. En la década del 80, miembros de la comunidad firmaron un acuerdo con Cía. Milpo, que autorizaba a construir a esta última un canal de agua en terrenos de su propiedad. Los terrenos de uso y aprovechamiento colectivo son escasos. Si bien el proceso de parcelación individual es irreversible, también consideran necesario mantener el estatus legal de comunidad campesina, porque les podría deparar un trato especial de parte de las autoridades estatales. Comunidad campesina de San Ramón de Yanapampa - Está compuesta por 52 comuneros activos y 10 pasivos, que usufructúan colectivamente 8 mil has. Es una comunidad ganadera que no posee título de propiedad, asentada junto al río Huallaga. Quince de sus miembros trabajan como obreros en la empresa minera Atacocha. Tanto la entrada de uno de los túneles de la mina El Porvenir como una zona de depósito de desmonte de las operaciones de Milpo colinda con la escuela de la comunidad. Comunidad campesina de San Isidro de Yanapampa - Se halla conformada por 100 comuneros que poseen en forma colectiva aproximadamente 1.622 has. junto al río Huallaga y a la comunidad de San Ramón de Yanapampa. La principal actividad económica de sus integrantes es la ganadería. Comunidad campesina de 30 Agosto (Ticlacayán) - Pertenece al distrito de Ticlacayán y forma parte del centro poblado de Huamanmarca, compuesto por las comunidades de Racraitingo, Tomacunga y 30 de Agosto. Está conformada por 60 comuneros, cuyas principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería. Un caserío de esta comunidad campesina también se localiza cerca del túnel de la mina El Porvenir y a orillas del río Huallaga. Cooperativa ganadera “Pucayacu” - En la quebrada de Pucayacu, al sur oeste de El Porvenir, la cooperativa compró 2.480 has. al Estado peruano de manera directa en 1979. Con un patrón disperso de asentamiento, propio del manejo pastoril, la mayoría reside en Cerro de Pasco. El actual presidente de la cooperativa es también el vicepresidente del Frente de Comunidades Campesinas de Cerro de Paso, que agrupa 120 comunidades. Comunidad campesina de San Juan de Yanacachi - Pertenece al distrito de Yanacancha y conformada por los caseríos Aurora, Yaucricancha Pariamarca y Huapsacancha, entre otros, sus tierras pertenecieron a una hacienda que, con la Reforma Agraria, se convirtieron en cooperativa comunal (Cooperativa Limitada # 2 Chunguna Pariamarca). El grupo subversivo Sendero Luminoso asesinó a directivos de la cooperativa y se llevó consigo ganado vacuno y ovino, lo cual trajo como consecuencia la desaparición de la cooperativa. En la actualidad, la

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comunidad esta compuesta por 360 comuneros, cada uno con un promedio de 200 ovejas. Cultivan papa para autoconsumo, siendo la principal actividad económica de sus integrantes la ganadería. Comunidad campesina de Ninacaca - Fundada por los padres jesuitas en 1540, por resolución gubernamental del 28 de septiembre de 1928 fue reconocida como comunidad campesina. Conformada por 2.000 comuneros, tiene una extensión de 2.000 has., dedicadas al pastoreo y la agricultura. Un comunero tiene de 150 a 200 cabezas de ganado ovino y 10 cabezas de ganado vacuno. Cultivan principalmente papa, maca y trigo. Las poblaciones rurales más grandes y extendidas del área de articulación son las de Yarusyacan y Ninacaca. El resto no supera las 300 familias, aunque la extensión de sus terrenos es sumamente variada, de 32 has. hasta 8.360 has. Las principales actividades son la ganadería y la agricultura, es poco significativo el número de comuneros que trabaja en las operaciones mineras circundantes. No obstante, hasta 1993, una importante proporción de pobladores de Santa Rosa de Pitec (18% ), La Quinua (29%), Yanapampa (13%), San Juan de Milpo (38%), Yarusyacan (19%) y Ninacaca (40%) laboraba en las minas de la provincia de Pasco. El empleo local generado por la minería podría haberse reducido sustancialmente por los procesos de modernización tecnológica a la que se hallan abocados empresas como Milpo. Además, existe cierta preferencia de las empresas mineras y subcontratistas por los trabajadores foráneos, debido a sus menores exigencias laborales y salariales, mayor calificación profesional y menor capacidad de movilización colectiva que los pobladores locales en defensa de sus intereses. Según el Censo Nacional de 1993, la población femenina es mayoría en las comunidades de Yanacachi, Quichas, Pariamarca, La Quinua, San Juan de Milpo y Ninacaca. En contraste, en los caseríos de Santa Rosa de Pitec y Yarusyacán, los varones son mayoría. En poblados como Carmen Chico y Yanapampa la composición de género es sumamente pareja. Otro rasgo importante de la población de estas comunidades campesinas es un bajo nivel educativo, siendo predominante el nivel primario. La proporción de pobladores con estudios de nivel secundario es menor, salvo en Carmen Chico, mientras que la proporción de personas con estudios de nivel superior no supera en ninguno de los casos el 8%. Incidencia de los actores Las transferencias por concepto de Canon Minero que recibe el departamento y la provincia de Pasco han experimentado un incremento sostenido desde el año 1996 hasta el año 2000. El gobierno central transfirió al departamento de Pasco por dicho concepto en 2000 unos US$ 1:740. 453, mientras que en 1999 fueron

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US$1:032.328. El distrito de Yanacancha, donde se ubica El Porvenir, recibió por concepto de Canon Minero US$ 275.381 en el año 2000. El aporte de la Cía. Milpo por concepto de Canon Minero fue de US$ 36.131,53 en 2001 y de US$ 20.545,72 en 2000. Dicho aporte representa 1,18% de los ingresos departamentales y 3,36% de los ingresos de la provincia de Pasco por concepto de Canon Minero en ese año. Principales conflictos socioambientales La Compañía Milpo enfrenta conflictos sociales y ambientales con once comunidades campesinas y una cooperativa del área de operación. La mayoría están vinculados al uso de fuentes de agua en posesión de las poblaciones rurales o la derivación de las mismas a través de canales que atraviesan terrenos de propiedad de dichas poblaciones y que causarían diversos impactos ambientales y económicos negativos. A ellos se suman los supuestos impactos ambientales negativos ocasionados por los relaves de la empresa en las fuentes de agua de las que se abastecen ciertas poblaciones rurales. Asimismo, los títulos de los terrenos sobre los que se asienta El Porvenir se hallan cuestionados por los comuneros de San Juan de Milpo y de Yarusyacán. Sin embargo, ambas comunidades se desconocen mutuamente autoridad para negociar futuros usos de terrenos comunales por parte de la empresa o compensaciones por los terrenos cedidos y actualmente en uso. A continuación se detallan los conflictos que enfrenta Milpo con las poblaciones rurales del área de articulación. En las décadas del 40 y el 50, en medio de un ciclo expansivo minero, las empresas Cerro de Pasco Corporation y Milpo ocuparon tierras que la comunidad de Yarusyacán aún reclama como suyas. Milpo intentó compensar esta situación mediante el pago de servidumbre, lo cual fue considerado una compensación injusta por parte de la comunidad. Los comuneros de San Juan de Milpo señalan que Yarusyacán vendió terrenos a Cía. Milpo que sirven de depósito de relaves, sin consulta ni consentimiento de su parte, por lo cual consideran ilegítima dicha transacción. Asimismo, atribuyen a Cía. Milpo la contaminación de los manantiales por los relaves y la escasez de agua potable para consumo doméstico. La Cía. Milpo intento hacer exploraciones geofísicas en territorios de la comunidad San Juan y que no pudieron culminarse debido a la oposición manifiesta de la población. La comunidad de San Miguel atribuye a Cía. Milpo la contaminación de un manantial que abastece a la población, producida por las operaciones de la mina Evita y reclama algún tipo de compensación por la empresa.

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La comunidad de Santa Rosa de Pitic reclama la ocupación de terrenos de mayor extensión a la originalmente acordada por parte de Cía. Milpo para la construcción de un canal de agua y sostiene que la empresa ha contaminado, en cierto grado, el agua potable con los relaves de sus operaciones. La fuente de conflicto con la comunidad de San Ramón de Yanapampa es un depósito de material de desmonte de Cía. Milpo localizado junto a una escuela y próximo al río Huallaga. Este constituiría un foco de contaminación y habría afectado principalmente a los niños que asisten a dicho centro educativo, de acuerdo con los comuneros. Además, aducen que un representante de la empresa prometió construir un muro de contención para aislar a la referida zona de desmonte y evitar los impactos ocasionados. Los comuneros de San Isidro de Yanapampa reclaman haber sufrido daños en sus viviendas por las explosiones producidas por las operaciones de Cía. Milpo y responsabilizan a la empresa por la contaminación del agua del río Huallaga, que es consumida por esta población. La comunidad 30 de Agosto responsabiliza a la empresa de contaminar el río Huallaga con el desmonte junto a la ribera del mismo. Advierte además que la acumulación de desmonte estaría encauzando el río y podría provocar una inundación de sus viviendas en la temporada de lluvias. La cooperativa ganadera de Pucayacu reclama no haber sido retribuida en forma adecuada por el uso de sus terrenos para la construcción de un canal que redujo el nivel de sus fuentes de agua, causó la desaparición de peces y redujo los pastizales. También sostienen que Milpo hizo un tendido de líneas de alta tensión, en la década del 80, en terrenos de la comunidad sin consulta ni compensación. Este tendido atraería descargas eléctricas naturales, en temporadas de lluvias, que causarían gran mortandad entre el ganado. Finalmente, manifiestan que el camino que comunica a El Porvenir, a través de sus terrenos, impide el normal desplazamiento del ganado y los vehículos que circulan por dicha vía algunas veces arrollan animales. La comunidad de San Juan de Yanacachi se habría visto afectada en su aprovisionamiento de agua por la construcción de una bocatoma y un sistema de canalización de Cía. Milpo. A raíz de esta obra, los pastos se habrían secado, se habrían generado procesos erosivos del suelo y propiciado derrumbes que afectan a los cultivos de la comunidad. Los comuneros expresan que Cía. Milpo suscribió en los años 80 un convenio al inicio de sus operaciones, que habría comenzado a cumplir de modo parcial a fines de la década del 90. Al respecto, demanda que Milpo cumpla con lo acordado en dicho convenio y también con el nuevo compromiso asumido por la empresa en 1998. Este compromiso consiste en la construcción de una escuela, un estadio, un mercado, un pequeño puente y el mantenimiento de los canales y del camino, que constituye la principal vía de comunicación de la comunidad.

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La comunidad de Ninacaca sostiene una contienda legal con Cía. Milpo por los daños ambientales y perjuicios que habría ocasionado la canalización y drenaje de las aguas de la laguna de Tauli. Según las autoridades comunales, Milpo suscribió un acuerdo con Ninacaca mediante el cual se comprometía a construir un dique de contención para captar el agua de las lluvias y elevar el nivel de las aguas de la laguna. A la par, la empresa se comprometió a drenar y canalizar solamente las aguas de rebose, es decir, las aguas superficiales por encima de los niveles normales de la laguna y que podrían se represadas por dique de contención. Sin embargo, este dique jamás se construyó. A raíz de ello, los comuneros aducen que el drenaje y canalización de agua efectuado por Milpo redujo el nivel de las aguas fósiles de la laguna, lo cual habría generado erosión y la desaparición de campos de cultivo que solían regarse con las aguas de rebose de la laguna y de pastizales en los que solía alimentarse el ganado de los comuneros. Este deterioro de las relaciones entre comunidad y empresa ha afectado las perspectivas futuras de El Porvenir. Una de las dificultades que enfrenta dicha operación es la escasez de fuentes de agua, una alternativa de solución es la laguna de Cochachuyco, drenando sus aguas y derivándolas a través de un canal. Esta alternativa ha sido rechazada de plano por Ninacaca, sin mayor consideración a las medidas de prevención y manejo de impactos ambientales propuestas por Milpo. La falta de confianza y credibilidad en la empresa por parte de los comuneros motivaron tal reacción. La comunidad de Quichas señala que un canal de agua construido por Milpo y que abastece a la operación El Porvenir en terrenos de su comunidad suele desbordarse en temporadas de lluvia, inundando los campos de cultivo y erosionando los suelos. Aseveran que Milpo no compensa ni previene adecuadamente los desbordes. En la comunidad de Pariamarca, también un canal de agua atraviesa por sus tierras y, de acuerdo con sus integrantes, sus aguas suelen desbordarse e inundar zonas de pastos y erosionar los suelos. Reclaman no haber sido compensados por la empresa por tales perjuicios. Caracterización del proyecto minero La Compañía Minera Milpo, de propiedad de inversionistas nacionales, es la segunda mayor productora de plomo, zinc y plata en el departamento de Pasco, después de Centromin Perú –empresa clasificada como de gran minería. Por lo tanto, su importancia económica es bastante significativa dentro de la actividad minera departamental. Milpo explota la mina El Porvenir desde 1949. Esta constituye su principal operación, le sigue en orden de importancia la mina Iván en Chile, de donde extrae cobre. La operación El Porvenir cuenta con la certificación ISO 14001, produce anualmente 150 millones de libras de zinc, 46 millones de libras de plomo

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y 3 millones de onzas de plata. Las reservas del yacimiento de El Porvenir se estiman en 7,98 millones de toneladas, lo cual prolongaría la explotación de dicha mina por unos 8 años más. El Proyecto de profundización del nivel del pique actual a –850 metros al nivel de –1410 metros la confirmará como una de las minas más profundas de América del Sur. El personal empleado en la operación de El Porvenir, a fines del año 2000, era de 372 trabajadores, 157 administrativos y 215 obreros. En forma indirecta se había subcontratado a unos 700 trabajadores más. La contratación de mano de obra ha sufrido importantes cambios. Hasta hace unos años, las operaciones de la empresa no requerían mayormente personal calificado, debido a la tecnología empleada, lo cuál favorecía al empleo local. En la actualidad, sin embargo, la política de contratación de trabajadores ha sufrido drásticos cambios a consecuencia de la modernización tecnológica de la operación minera, las recientes tendencias a la tercerización de tareas y la preocupación de prevenir conflictos laborales. El hecho de que la empresa procure trabajadores calificados, ha reducido las oportunidades de empleo de las poblaciones rurales vecinas, dado que la mayoría de sus integrantes no poseen dichas calificaciones. La política de contratación indirecta de personal, a través empresas subcontratistas, ha fomentado también el empleo de personas foráneas, en desmedro de los pobladores locales. Por otra parte, directivos de la empresa consideran que los trabajadores locales son más conflictivos que los foráneos, lo cual desalienta la contratación de aquellos. Los lazos de parentesco y de compadrazgo entre los trabajadores locales fomentarían la solidaridad grupal y la confianza de que serán respaldados por sus pares en caso de conflicto con la jerarquía de la empresa. Algunos directivos consideran, en efecto, que dicha situación mina su autoridad y genera conflictos laborales. Otra característica fundamental que tuvo la operación de El Porvenir fue que aplicaba el modelo de campamento, en el cual la mayoría de los trabajadores residían, junto a sus familias, en las instalaciones de la empresa y ésta les proveía servicios básicos como vivienda, fluido eléctrico, agua, etc. Este modelo de asentamiento propició el crecimiento de la comunidad campesina y centro poblado contiguo de San Juan de Milpo, donde actualmente residen varios ex trabajadores de la empresa con sus familias. Además, dicho modelo propició la permanencia y poca rotación del personal de la empresa. En la actualidad, Milpo ha abandonado el modelo de campamento e incentiva a sus trabajadores a residir en la ciudad de Cerro de Pasco. De hecho, una exigencia para los aspirantes a un puesto de trabajo en El Porvenir es que residan en esta ciudad. Asimismo, sus directivos se hallan abocados a poner en práctica un plan de reubicación de aproximadamente 200 trabajadores que viven junto a sus familias en las instalaciones del campamento. La principal razón de esta política de reasentamiento de personal es la reducción de costos operativos y la eliminación de una de las principales fuentes de demandas sociales hacia la

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empresa, que es aprovechada y defendida por el sindicato de trabajadores. El campamento generaba mayor cohesión y solidaridad entre los trabajadores de la empresa, lo cual propiciaba a su vez una mayor capacidad de movilización colectiva en favor de sus intereses y una mayor estabilidad laboral. Por otro lado, la reubicación del personal en la ciudad genera un mayor impacto positivo de la operación minera sobre la actividad económica de la zona, debido al mayor consumo de bienes y servicios externos. Política social de la empresa Los directivos de Milpo se hallan abocados a diseñar y planificar una política de relaciones comunitarias y responsabilidad social. El gerente de Administración y Recursos Humanos reconoció la carencia en la empresa de una política al respecto y atribuyó a este hecho la ineficacia de las actividades de desarrollo comunitario emprendidas anteriormente por Milpo, así como el enraizamiento de una actitud negativa hacia la empresa en las poblaciones rurales aledañas. Los directivos de Compañía Milpo comparten la necesidad de una política de responsabilidad social y de un programa integral de relaciones comunitarias viable y autosustentable, para lo cual se proponen convocar a diversas instituciones expertas en temas de desarrollo local. Una de las motivaciones que guían la política social de la empresa es contribuir a asegurar un clima de paz social en el área de operación. Esta necesidad se generó a raíz del fenómeno de violencia subversiva que asoló a la región en la década del 80 y principios de la década del 90, el cual obligó a la empresa a tener como aliado a las comunidades de su entorno para evitar eventuales ataques terroristas. La empresa desarrolló entonces diversas actividades sociales para cimentar su relación con las poblaciones rurales. Otra motivación importante para formular y ejecutar una política social integral estriba en la necesidad de mejorar las propias relaciones con las comunidades campesinas del área. Esto debido a que el deterioro que dichas relaciones presentan en la actualidad, cuyo correlato es la desconfianza, impide celebrar acuerdos y realizar transacciones importantes para el futuro de la operación minera. Un claro ejemplo de ello es la contienda legal que sostiene Compañía Milpo con la comunidad campesina de Ninacaca, conflicto que ha impedido a la empresa utilizar aguas de una laguna en posesión de la comunidad y asegurar el abastecimiento del recurso hídrico para sus actividades. Igualmente, la situación de conflicto latente con la comunidad de San Juan de Milpo ha impedido a la empresa realizar exploraciones geofísicas. La mejora de la imagen pública de la empresa es otra de las motivaciones que incentiva a Compañía Milpo a redefinir su política social. Una buena imagen pública tanto a nivel local como nacional e internacional es un activo valioso ante diversas contraprestaciones como, por ejemplo, préstamos.

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Programas de desarrollo social La empresa ha llevado a cabo, en convenio con diversas ONGs, programas de desarrollo en las siguientes áreas: conservación y educación ambiental, salud materno infantil y planificación familiar, prevención de drogas y alcohol, educación cívica para adolescentes y jóvenes y desarrollo agropecuario. Asimismo, la empresa ha brindado apoyo para la construcción de pequeñas obras como canchas deportivas mediante la donación del material requerido. La principal fuente de compensación es la provisión de energía eléctrica a las comunidades campesinas de San Juan de Milpo, San Miguel, Santa Rosa de Pitic y la Candelaria. Además, Milpo ha ejecutado programas de bienestar social y de capacitación laboral dirigidos a sus trabajadores. De otro lado, cabe subrayar que la empresa no tiene una política de adquisición de bienes y servicios locales. Las compras se hacen de manera individual, sin referencia a una política integral. Tampoco posee una política de empleo local, salvo actividades eventuales y esporádicas de contratación de comuneros de la zona para la realización de actividades menores y de corta duración. A su vez, la política de reubicación del lugar de residencia de los trabajadores determina un menor consumo en zonas aledañas a la operación como San Juan de Milpo, y la centralización del mismo en la ciudad de Cerro de Pasco. Los directivos de Compañía Milpo son autocríticos con respecto a las acciones sociales desarrolladas por la empresa en el pasado, que consideran estuvieron orientadas, en cierto grado, por una política asistencialista y paternalista. Esta política habría sido responsable de una relación negativa, de dependencia de los pobladores rurales hacia la empresa, y contribuido a que estos asumieran que los principales responsables de su desarrollo y progreso eran agentes externos, como las empresas mineras, y no ellos mismos. Para evitar que esta situación se repita, la empresa se propone subcontratar a ONG y empresas consultoras especializadas, para que se encarguen de ejecutar los programas sociales. El objetivo es evitar un contacto directo con las pobladores rurales y no recrear ese vínculo de dependencia, dada la forma de relacionamiento con la empresa a la que han estado acostumbrados. Asimismo, Milpo considera que esta estrategia posibilitaría la ejecución de los programas sociales de manera objetiva y profesional, además de contribuir a asegurar la sustentabilidad de los proyectos, al convertir a las comunidades en los principales responsables de su continuidad. Las comunidades, percepciones y experiencias La población opina que Milpo debería enfocar sus esfuerzos de desarrollo en revertir los pasivos ambientales y los efectos socio económicos negativos de sus operaciones, así como en la resolución de los conflictos vigentes y hacer efectivas las compensaciones respectivas.

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Las comunidades aledañas a la operación expresan demandas tales como el reconocimiento y cumplimiento efectivo de compensaciones por apropiaciones atribuidas de tierras, la contaminación de suelos y aguas y daños a bienes de las comunidades, así como de convenios por el uso compartido de agua o uso de suelos comunales, la compra de bienes y servicios locales, y la provisión de servicios de energía eléctrica e infraestructura. Frente a este conjunto de demandas, las acciones de desarrollo realizadas por la empresa en la actualidad son consideradas poco importantes e ineficaces. A juicio de los comuneros, un mayor impacto positivo se conseguiría mediante el empleo de trabajadores locales y la adquisición de sus productos. Por otro lado, la participación comunal en los programas de Milpo es deficiente, y estaría limitada al rol de beneficiarios pasivos. Es decir que los pobladores no participan en el diagnóstico, diseño ni evaluación de dichos programas, sino que están presentes sólo en la instancia de ejecución. Asimismo, los comuneros manifestaron que proyectos tales como talleres de peletería y programas de inseminación artificial del ganado no tuvieron una acogida significativa debido a que su puesta en práctica no fue consultada debidamente a los beneficiarios, ni se les preguntó si eran pertinentes en zonas donde la principal actividad es la agricultura y no la ganadería. Tampoco se les convocó a participar con la debida anticipación, ni se les brindó información suficiente y clara sobre los objetivos y cronogramas a cumplir. El Estado (gobiernos locales), percepciones y experiencias En el diseño y ejecución de los programas sociales, la interrelación de la Cía. Milpo con actores tales como los municipios distritales, el municipio provincial de Pasco y las diversas entidades estatales que actúan en el área, es nula. De la misma manera, la coordinación con las comunidades rurales, las supuestas beneficiarias principales de tales acciones, es casi inexistente. Por tal motivo, el diseño y ejecución es un proceso de naturaleza vertical, centralizado en la sede corporativa de Lima, la cual selecciona las necesidades sociales a atender, sin previa consulta a los destinatarios de los programas, ni coordinación con los gobiernos locales ni dependencias del gobierno central. La municipalidad provincial de Pasco tiene jurisdicción política en el área de articulación de la Cía. Minera Milpo pero no tiene jurisdicción administrativa directa, ni interactúa con la empresa. Sin embargo tiene una experiencia importante de conflicto, negociación y trabajo conjunto en acciones de desarrollo local, en la ciudad de Cerro de Pasco, con la que anteriormente fue la empresa minera estatal Centromin Perú cuyas operaciones, luego de su privatización, pertenecen ahora a la Compañía Minera Vólcan.

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Según la opinión del ex alcalde y actual congresista de la República, Eduardo Carhuaricra, Milpo no tiene una política social hacia la comunidad ni tampoco actúa de manera eficaz en la mitigación y manejo de los impactos socioambientales. Su visión del accionar de las empresas mineras de la región en general es crítica, pues considera que en los hechos su agenda está limitada al cumplimiento de los planes de adecuación y manejo ambiental (PAMAs) aunque despliegan una estrategia de comunicación y manejo de relaciones públicas orientada a proyectar una imagen institucional de actor comprometido con el desarrollo local. El cabal cumplimiento de los compromisos derivados de los PAMAs y la posibilidad de que contribuyan en iniciativas de desarrollo dependen del control social efectivo y la capacidad de la comunidad de movilizarse en función de sus demandas. Por otro lado, dicha autoridad opina que las comunidades campesinas de la zona de articulación poseen una débil institucionalidad, lo cual impide una acción colectiva sostenida en torno a demandas, por lo que los reclamos son manejados coyunturalmente y su gestión se abandona o se retoma de cero con el cambio y sucesión de las juntas directivas. Sinergia Estado/empresa/comunidades En el caso de la operación El Porvenir no existe un escenario en que tanto el Estado, la Compañía Milpo y las poblaciones rurales y urbanas del área de articulación coordinen y cooperen en función de objetivos comunes. Es más, no existen tales objetivos comunes en torno al desarrollo local y regional debido a los intereses y demandas divergentes de estos tres actores. A ello también contribuye la desconfianza mutua entre los mismos. Sin embargo, en contraste con la escasa y deficiente cooperación entre Milpo y las comunidades, existe un mayor nivel de cooperación y comunicación entre las autoridades municipales y las poblaciones rurales y urbanas del área. La decisión de Compañía Milpo de subcontratar a entidades privadas para que se encarguen de diseñar y ejecutar programas de desarrollo comunitario y evitar entrar en contacto directo con sus beneficiarios, no parece favorable a la generación de una acción concertada en aras de metas comunes. En suma, las probabilidades de que ocurra una sinergia entre Estado, empresa y comunidades son escasas. 4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Políticas y estrategias de desarrollo de las empresas mineras La década del 90 en Perú estuvo caracterizada por un proceso de reformas legislativas y económicas orientadas al fomento de la inversión privada. En

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general, se procuró establecer un marco favorable, estable y claro para los inversionistas nacionales y extranjeros. Se redujeron restricciones para la inversión, se brindaron garantías de estabilidad tributaria y se eliminaron derechos laborales. En este contexto, fue sancionada la Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero, que buscó eliminar regulaciones anteriores y dar incentivos tributarios para la actividad empresarial. En el contexto social mencionado, las empresas mineras han respondido de diversas formas. La mayoría se relaciona con las comunidades dentro de los principios de transacción y asistencia social. Las empresas y las comunidades realizan transacciones comerciales de bienes y servicios --por ejemplo, tierras, agua, mano de obra, alimentos y otros. Tradicionalmente, estas transacciones se realizan bajo criterios de mercado. Sin embargo, por un motivo estratégico, existen transacciones que se realizan con el fin de favorecer a las poblaciones ubicadas en las áreas de impacto de los proyectos, aun cuando resulte más caro e ineficiente económicamente para la empresa. La asistencia social se expresa en donaciones y aportes puntuales, sin una perspectiva de desarrollo mayor en el largo plazo, que procuran resolver problemas concretos con poblaciones directamente afectadas por la actividad minera o con grupos de presión. Los beneficiarios de estos aportes son, casi siempre, personas afectadas directamente por el proyecto, sobre todo cuando éstas se organizan en grupos de presión social. Más recientemente, algunas empresas están comenzando a poner en práctica programas de desarrollo sustentable con las comunidades de su entorno. Esto ocurre, en especial, en la fase de operaciones de grandes proyectos. La forma cómo estos proyectos son implementados varía en el grado de participación de la comunidad. En algunos casos, los diagnósticos y la ejecución corren a cargo de técnicos contratados por la empresa. En otros casos, se utilizan criterios participativos, tanto para la elección de los proyectos, como para la ejecución y el seguimiento de los mismos. En estos proyectos, las empresas buscan la participación efectiva del Estado través de sus diversas agencias de desarrollo. La idea es que el Estado aporte recursos y tecnología en áreas que son de su responsabilidad, como salud, educación y el apoyo al desarrollo productivo. Además, se asume que el Estado es un agente que puede acompañar a las poblaciones locales más allá del tiempo de duración del proyecto minero. La participación de otros actores, como las ONGs y la iglesia, depende de las políticas de estas instituciones en la zona particular. Algunas ONGs colaboran con proyectos mineros en acciones de desarrollo. Otras se especializan en el manejo ambiental e indemnización por impactos de este tipo. En algunas diócesis, la Iglesia Católica ha recibido donaciones de las empresas mineras y ha colaborado en actividades de desarrollo impulsadas por sus

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proyectos. En otras, la iglesia ha participado en movimientos opuestos a la inversión minera o en los procesos de negociación y conciliación. En los casos seleccionados, la Compañía Minera Milpo correspondería a una estrategia de apoyo asistencial, aunque se halla en proceso de revisión de la misma, y Southern Perú a una de desarrollo sustentable. En ambos casos, las políticas hacia las comunidades locales integran una estrategia de relaciones públicas, que tiene por objetivo mejorar la imagen del proyecto y de la empresa frente a diferentes grupos de interés y presión. El objetivo final es lograr una paz social que permita realizar las operaciones sin interrupciones ocasionadas por conflictos con las comunidades locales. Recomendaciones para los distintos grupos de interés El contexto peruano y las experiencias analizadas sugieren diversas acciones que podrían ser llevadas a cabo en una perspectiva de desarrollo sustentable y que incluimos aquí como recomendaciones para cada grupo de interés. Las empresas Aprendizaje de otras experiencias - Las empresas mineras utilizan diversas estrategias en sus relaciones con las comunidades, que dependen de las políticas de responsabilidad social corporativa, la magnitud del proyecto y de sus impactos sociales, el grado de presión de las comunidades locales y las normas y estándares nacionales e internacionales a las que estén sujetas las empresas. Teniendo en consideración este contexto, es importante que las empresas mineras conozcan las experiencias de sus pares en el manejo de las relaciones comunitarias y las actividades de desarrollo local. Existen guías de manejo comunitario (como la Guía de Relaciones Comunitarias del Ministerio de Energía y Minas de Perú o la Guía sobre proyectos de desarrollo para empresas con financiamiento de la IFC) que recogen estas experiencias. También existen investigaciones sobre el tema y conferencias en las que se busca alcanzar un aprendizaje colectivo de las mejores prácticas. Desarrollo sustentable - Uno de los problemas que enfrentan los proyectos mineros es la presión por beneficios económicos de diversos grupos locales. Esta presión por beneficios, justificada o no, es generalmente asistemática e insustentable en el largo plazo. Para manejar esta situación, las empresas deben procurar un mecanismo claro de entrega de aportes a las comunidades. Este mecanismo puede consistir en la creación participativa de proyectos, que cuenten con las comunidades para identificar problemas locales, propuestas para resolverlos, recursos económicos y responsabilidades. Una vez creado el marco institucional para los aportes de la empresa, es mucho más fácil resistir la presión de grupos que buscan beneficios particulares de los proyectos. A su vez, el desarrollo participativo con la intervención de las comunidades y el Estado genera mayores grados de compromiso de las partes y una mayor sustentabilidad de estas acciones en el largo plazo.

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Compromiso corporativo - En todos los casos estudiados, las empresas asumen el discurso del “desarrollo sustentable”. La mayoría de las empresas lo entienden como la capacidad de las comunidades locales de disfrutar, en el largo plazo, de un medio ambiente sano y lograr su propio desarrollo al margen de la asistencia de la empresa. Sin embargo, este discurso no se refleja en la práctica y se siguen empleando mecanismos tradicionales de asistencia y cooptación de autoridades. Uno de los problemas es que no existe un compromiso real de los directorios y gerencias corporativas con respecto a estas políticas. Existe una indefinición sobre los significados de “desarrollo”, “participación” y “sustentabilidad”, así como de la relación entre estos conceptos y las prácticas mineras en las áreas de operaciones, logística, recursos humanos, "marketing" y relaciones públicas. Una expresión de este problema es la ausencia de indicadores sociales en los proyectos de desarrollo de las empresas, que pudieran servir para medir no sólo los índices de salud e ingresos, sino de aspectos como la participación y la organización. Por ello es necesario que las empresas definan de manera más clara sus compromisos corporativos por el “desarrollo sustentable”, incluyendo variables e indicadores que permitan seguir y evaluar sus alcances en este sentido. Para ser efectivo, este compromiso debe estar integrado a todas las actividades de la empresa y esto requiere un mandato claro y mecanismos de ejecución y responsabilidad efectivos en las diversas operaciones mineras. Las comunidades Independencia y capacitación - Las comunidades necesitan mantener una independencia organizativa con respecto a los proyectos mineros y, a la vez, incrementar sus capacidades de negociación y gestión. Los proyectos mineros, por su magnitud e importancia económica, se convierten en un actor con poder desmesurado en una zona rural tradicional. Por ello, y para preservar un criterio independiente en el manejo de sus intereses, las comunidades necesitan de una institucionalidad legítima consolidada, que pueda negociar (en caso que exista una aceptación del proyecto minero) con el Estado y la empresa los mecanismos más favorables de explotación de los recursos minerales en sus tierras. Para que esta negociación se realice en los términos más favorables, las comunidades deben capacitarse en diversos aspectos como la evaluación de tierras y el diseño e implementación de proyectos de desarrollo. Proyectos de desarrollo, no donaciones - Las acciones asistencialistas de las empresas tienen su contraparte en el pedido indiscriminado de aportes y donaciones de parte de algunas poblaciones, para la resolución de problemas puntuales en la comunidad. Sin una perspectiva de largo plazo, estos aportes terminan generando un impacto nocivo en la cultura y economía locales. Las comunidades terminan volviéndose dependientes del subsidio de las empresas, no desarrollan capacidades productivas y de gestión y derrochan fondos que podrían ser utilizados en actividades de desarrollo sustentable. Inclusive en actividades que implican un pago de las empresas a las comunidades, como en los procesos

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de compra de tierras, es recomendable crear fondos que puedan ser utilizados en proyectos de desarrollo. Sustentabilidad y participación - El concepto de desarrollo sustentable lleva implícita la participación de todos los grupos de interés en el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos. Sólo la participación genera un compromiso efectivo por el cambio, un aprendizaje de las herramientas necesarias para el desarrollo y una priorización de los problemas a resolver. La sustentabilidad y la participación son particularmente importantes en el contexto de proyectos mineros que por su naturaleza tienen un tiempo limitado de duración, luego del cual las comunidades deben estar en condiciones de continuar su desarrollo desligados de los ingresos provenientes de la minería. El Estado Responsabilidad social - Una de las críticas comunes entre las empresas mineras es que el Estado peruano ha delegado los problemas de desarrollo del sector público al privado. Las empresas mineras sienten que la presión ejercida hacia ellos por demandas de beneficios sociales en las zonas rurales del país se debe en parte a la ausencia del Estado. Si bien es cierto que el Estado no es encontrado en las zonas donde operan los proyectos mineros, esta ausencia es una realidad válida para todo el ámbito rural nacional. Bajo este argumento, la presencia del Estado es necesaria no sólo en zonas de explotación minera sino a lo largo del país. Frente a una situación de recursos públicos limitados y demandas de inversión estatal en todo el país, las empresas mineras, junto a las comunidades en las áreas vecinas, se han convertido en grupos de presión para que el Estado asigne prioridad a su presencia en dichas zonas. Las empresas, con el apoyo de las comunidades, han logrado la atención de entidades estatales de las áreas de salud, educación, agricultura, industria y transporte, entre otros, para el desarrollo de proyectos coparticipativos. Estabilidad institucional - Entre los mayores problemas evidenciados en la minería con relación al Estado está la inestabilidad del sector público en Perú. Sobre todo en el período de desarrollo del estudio, que coincidió con la caída del gobierno de Fujimori, se agudizaron los problemas creados por la remoción continua de representantes del gobierno central y la incapacidad profesional de muchas agencias estatales para desempeñarse como socios confiables en los procesos participativos. Ante esta situación, es necesario que el Estado, en sus más altas instancias, logre coordinar la presencia de sus instituciones en zonas en las que se desarrollan proyectos mineros, especialmente aquellos con un potencial económico significativo para el país. Estas coordinaciones ya se han venido estableciendo en zonas particularmente conflictivas. Sería importante evaluar los resultados de dicha coordinación y extender la experiencia a otras áreas en las que se podría disminuir la presión por beneficios sociales sobre las empresas, participar en proyectos sustentables de desarrollo y prevenir situaciones de conflicto y violencia a futuro.

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Conflictos y coordinación interestatal - Las secretarías o ministerios del gobierno central peruano representan a diferentes sectores productivos (como agricultura e industria) y de servicios (como educación y salud). Los sectores minero y agrícola han estado en situación de conflicto intermitente a lo largo de la historia del país. Con frecuencia, ambos compiten por recursos, como el agua y la tierra, vitales para el desarrollo de sus respectivas actividades. Esta competencia tiene su correlato en el Estado, donde no existe una adecuada coordinación entre dichos sectores productivos para la definición de políticas que permitan establecer de manera más clara los derechos y deberes de cada actividad con respecto a los recursos mencionados. Esta falta de coordinación se agudiza con la responsabilidad del Ministerio de Agricultura sobre temas de protección ambiental a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). El INRENA está encargado, entre otras funciones, de la creación de áreas especiales de protección ecológica, en las cuales se limita o prohibe la presencia de actividades del sector energía y minas. Nuevamente, la falta de coordinación entre esta institución y el sector minero y petrolero ha generado conflictos sociales que han sido provocados de manera indirecta por esta carencia de definiciones claras al interior del Estado acerca de cuáles zonas son apropiadas para la actividad minera y cuáles no. Estabilidad legal y normativa - El Estado necesita asimismo definir normas y reglamentos que permitan aclarar el contexto legal en el que opera la minería. Es necesario que se definan las zonas en las cuales no se deberían otorgar concesiones mineras y normas que establezcan claramente los mecanismos de transacción por el uso de tierras y el agua. Hasta que ese panorama normativo no se aclare, es probable la persistencia y generación de numerosos conflictos de interés entre la agricultura y la minería. Otros agentes: la iglesia y las ONG Capacitación de sus promotores - En la mayoría de los casos, la iglesia y las ONG han actuado en defensa de los intereses de las comunidades frente a los proyectos mineros. Esta defensa es importante dada la disparidad de poder y recursos entre las corporaciones mineras y las poblaciones rurales. Uno de los problemas de los proyectos de desarrollo concertados es la poca disponibilidad de promotores capacitados en las zonas mineras. Es necesaria la capacitación de promotores en temas como manejo ambiental, negociación y desarrollo rural, para que se conviertan en agentes efectivos de apoyo y asesoría a las comunidades con las que trabajan. Es necesario también que estas entidades establezcan con claridad sus objetivos y mecanismos de acción para aislar a los agentes y grupos (en especial, especuladores de tierras) que se acercan a los proyectos mineros con la finalidad de obtener beneficios personales a expensas del interés colectivo. ___________________

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