ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS · trascendencia para la sistematización de información...

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA OEA/ Ser.L/XXIV.3.3 DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN CEDDIS/doc.6 (III-E/13) DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 10 enero 2014 CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CEDDIS) Original: español 21 y 22 de noviembre de 2013 San José, Costa Rica

INFORME FINAL

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INDICE

I. ANTECEDENTES………………………………………………………………………………1 II. PARTICIPANTES……………………………………………………………………………2-4 III. DESARROLLO DE LAS SESIONES……………………………………………………..4-32 A. SESIÓN INAUGURAL………………………………………………………………………...4 B. SESIONES DE TRABAJO……………………………………………………………………..5 Primera sesión: Presentación de resultados de relatoría sobre el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad a nivel hemisférico…………………………………….5 Segunda Sesión: Propuesta de formato ajustado para la presentación del segundo informe de cumplimiento de la CIADDIS-PAD y hoja de ruta para su evaluación……………………….11

a. Presentación de antecedentes………………………………………………………………11 b. Presentación de la propuesta del formato simplificado……………………………………14 c. Acuerdos sobre el tema…………………………………………………………………….21

Tercera Sesión: Adopción de Reformas al Reglamento del CEDDIS……………………………22

a. Antecedentes……………………………………………………………………………….22 b. Aprobación de cambios al Reglamento……………………………………………………23

Cuarta sesión: Consideración de asuntos varios (I parte)………………………………………..24

a. Situación financiera del Comité y su Secretaría Técnica………………………………….24 b. Seguimiento a iniciativas propuestas durante la Cuarta Reunión del CEDDIS (Santiago, Chile, noviembre 2012)……………………………………………...25

b.1 Presentación de propuesta para la creación de un banco de buenas prácticas del CEDDIS (Chile)………………………………………………………..25 b.2 Presentación de una estrategia de visibilidad del Comité (Costa Rica)……………...27

Quinta sesión: Presentación de experiencias nacionales inclusivas……………………………...28

a. Programas para la inclusión de las personas discapacidad en el marco de la

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Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y “Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia” (Argentina)……………………………………………..28 b. Programa “Proceso Electoral Accesible” (Costa Rica)……………………………………29 c. Plataforma virtual en discapacidades (Ecuador)…………………………………………..29 d. “Programa Piloto Tumbes Accesible, una apuesta por la Igualdad de las Personas con Discapacidad en el Perú” (Perú)………………………………………………………….29

Sexta sesión: Consideración de asuntos varios (II parte)…………………………………………31

a. Adopción de Resolución “Voto de Agradecimiento al Pueblo y Gobierno de la República de Costa Rica”………………………………………………………………….31 b. Sede de la próxima reunión del CEDDIS………………………………………………….31

Diálogo con sociedad civil………………………………………………………………………..32 Clausura de la III Reunión Extraordinaria………………………………………………………32 IV. RECAPITULACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS DURANTE LAS SESIONES DE TRABAJO DE LA TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CEDDIS……..32-34 ANEXOS……………………………………………………………………………………...35-47 1. Resolución CEDDIS/RES.1/13 (III-E/13) “Diagnóstico regional sobre el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”……………………………………….35 2. Resolución CEDDIS/RES.2/13 (III-E/13) “Reformas al Reglamento”……………………….38 3. Resolución CEDDIS/RES.3/13 (III-E/13) “Voto de agradecimiento al pueblo y gobierno de la república de Costa Rica”……………………………………………………44 4. Solicitudes de la sociedad civil………………………………………………………………...45

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I. ANTECEDENTES La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad fue adoptada en la ciudad de Guatemala el 7 de junio de 1999 durante el 29º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, y entró en vigor el 14 de setiembre de 2001. A la fecha, 21 Estados Miembros de la OEA han suscrito esta Convención y 18 la han ratificado. Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la Convención, el artículo VI de la misma prevé el establecimiento de un Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (en adelante CEDDIS), integrado por un representante designado por cada Estado Parte y dos suplentes. A la fecha de este informe, el Comité ha celebrado las siguientes reuniones: Reuniones Ordinarias:

• Primera Reunión: 28 de febrero al 1 de marzo de 2007. Panamá, Panamá. • Segunda Reunión: Del 28 de julio al 1 de agosto de 2008. Brasilia, Brasil. • Tercera Reunión: 26 y 27 de abril de 2010. San Salvador, El Salvador. • Cuarta Reunión: 27, 28 y 29 de noviembre de 2012. Santiago, Chile. Reuniones Extraordinarias: • Primera Reunión Extraordinaria: 4 y 5 de mayo de 2011. San Salvador, El Salvador. • Segunda Reunión Extraordinaria: 25 y 26 de abril de 2012. Lima, Perú. • Tercera Reunión Extraordinaria: 21 y 22 de noviembre de 2013. San José, Costa

Rica. La Tercera Reunión Extraordinaria del CEDDIS tuvo por finalidad la adopción del formato simplificado para la presentación del segundo informe de cumplimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS) y del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (PAD); la presentación de los resultados finales de la relatoría de Argentina sobre el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad; la constitución de un grupo de trabajo para la elaboración de un manual instructivo sobre apoyos y salvaguardas a la luz de lo dispuesto en Artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la revisión del Reglamento del CEDDIS, y el intercambio de experiencias nacionales inclusivas, entre otros asuntos. Asimismo, conforme a lo indicado en el párrafo dispositivo 4 de la Resolución AG/RES. 2596 (XL-O/10), se dedicó un espacio para la participación de la sociedad civil a fin de que le hicieran llegar al Comité la información que estimasen pertinente sobre las medidas que han implementado los Estados Parte de la CIADDIS para el cumplimiento de la misma.

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II. PARTICIPANTES

1. Argentina -Pablo Rosales (titular). Abogado, experto independiente. -Silvia Bersanelli (primera suplente). Presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad, CONADIS 2. Bolivia -José Enrique Colodro Baldivieso (Acreditado especial). Encargado de negocios ad ínterin de la Embajada de Bolivia en Costa Rica 3. Brasil -Fernando Antonio Ribeiro (primer suplente). Asesor Internacional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. 4. Chile -María Ximena Rivas (titular), Primera Vicepresidenta del CEDDIS. Directora Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS. -Elia Puentes (segunda suplente). Fiscal del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS. 5. Colombia - Hernando José Mora González (titular). Director del Centro de Rehabilitación Cardio Neuro Muscular. 6. Costa Rica -Erick Hess Araya (titular). Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, CNREE. -Francisco Rodríguez Gutiérrez (primer suplente). Representante de Organizaciones de Personas con Discapacidad ante la Junta Directiva del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, CNREE. -Francisco Villalta Montes (segundo suplente). Representante de Padres y Madres de Personas con Discapacidad ante la Junta Directiva Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, CNREE. 7. Ecuador -Xavier Torres (primer suplente). Vicepresidente del Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS y Coordinador de las Federaciones Nacionales de y para la Discapacidad del Ecuador.

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-Giovanny Rivadeneira (segundo suplente). Procurador de Discapacidades del Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS. 8. El Salvador - Elvia Violeta Menjívar (titular). Presidenta del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, CONAIPD. 9. Guatemala - Miriam Noemí Leal de Stwolinsky (titular). Tesorera de la Junta Directiva del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. - Julio Roberto Bámaca Delgado (primer suplente). Titular de Organizaciones de Personas con Discapacidad Auditiva del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI 10. México - María Patricia López Arciniega (Acreditada especial). Directora de Toma de Conciencia del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS. -Rafael Barceló (Enviado Especial). Representante de Asuntos Políticos y Derechos Humanos de la Embajada de México en Costa Rica. 11. Panamá -Ramón Alemán (titular), Segundo Vicepresidente del CEDDIS. Director de la Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS. -Oris Salazar de Carrizo (segunda suplente). Asesora de la Dirección General de la Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS. 12. Paraguay - Rocío Soledad Florentín Gómez (titular). Ministra, Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, SENADIS. - Mirtha López Filippini (primera suplente). Directora de Gabinete de la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, SENADIS. 13. Perú - Irma Esther Beteta (segunda suplente). Responsable de Cooperación Internacional del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. 14. República Dominicana -Magino Corporán Lorenzo (titular). Director del Consejo Nacional sobre Discapacidad, CONADIS.

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Secretaría Técnica del CEDDIS -Evelyn Jacir de Lovo -Mercedes Carrillo Invitados especiales -Mabel Remón. Coordinadora Nacional del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia, ADAJU, Argentina.

III. DESARROLLO DE LAS SESIONES

A. SESIÓN INAUGURAL

Las palabras de apertura de la Tercera Reunión Extraordinaria estuvieron a cargo de los Señores María Ximena Rivas, Primera Vicepresidente del CEDDIS, Luis Fallas, Defensor Adjunto de los habitantes de la República de Costa Rica, Henry Jova, Representante Nacional de la OEA en Costa Rica, y Erick Hess, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, CNREE y delegado titular de Costa Rica ante el CEDDIS.

Un rasgo común de las intervenciones fue destacar el privilegio de contar con este foro regional de Estados Parte, toda vez que la información que es colectada y procesada a partir de los informes de cumplimiento de la CIADDIS, que el Comité tiene a bien evaluar, constituye uno de los referentes más confiables sobre la situación de las personas con discapacidad de las Américas por la diversidad de países que participan en este proceso y por la credibilidad de los actores nacionales que contribuyen en su preparación. Debido a la falta de información estadística suficiente, y la dificultad de establecer tendencias, la apreciación de los avances y dificultades a nivel hemisférico es compleja y de allí que la labor del CEDDIS sea de gran trascendencia para la sistematización de información sobre la región.

Se recordó al Comité que la Asamblea General de la OEA adoptó en junio de 2013 la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia que es el primer instrumento jurídicamente vinculante que condena la discriminación basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno y discapacidad.

Tanto la CIADDIS como la Convención Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia establecen para los Estados Parte la obligación de adoptar legislación, políticas especiales y acciones afirmativas con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. En este sentido, se destacó que espacios de intercambio como el de dicha reunión son una excelente oportunidad para que los Estados puedan repasar los progresos y dificultades en la consecución de los objetivos de la CIADDIS y otras convenciones, así como para propiciar la cooperación internacional.

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B. SESIONES DE TRABAJO JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

Primera sesión: Presentación de resultados de la relatoría sobre el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad a nivel hemisférico.

El delegado titular de Argentina ante el CEDDIS, Pablo Rosales, comenzó por

contextualizar sobre los esfuerzos emprendidos por el Comité desde 2011 para la realización de un mapeo de los mecanismos que están siendo implementados para el ejercicio de la capacidad jurídica (sea la tradicional curatela, o mecanismos emergentes de apoyo) de modo que, tras identificar los avances y dificultades en la región para garantizar la capacidad jurídica amplia consagrada en el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante CDPCD), se proceda a la construcción de un manual instructivo sobre apoyos y salvaguardas. Pablo Rosales, Relator designado para este proyecto, explicó que 1 de febrero de 2012 se distribuyó a las Misiones de los Estados Miembros de la OEA un cuestionario dirigido a funcionarios de gobierno pertenecientes a las ramas del Poder Judicial, Legislativo y a los Ministerios, Consejos o Secretarías de Inclusión Social, Desarrollo Social, Infraestructura, u oficinas nacionales cuya misión o función organizacional se relacione con las políticas de discapacidad, en forma exclusiva o como organismo asesor del Estado (CONADIS o afines), con el fin de recabar la información necesaria para la creación de un diagnóstico y una propuesta preliminar de carácter regional que permita visualizar cuáles son las principales dificultades que revelan los países del continente americano que han ratificado la CDPCD para aplicar el artículo 12 de dicha Convención, determinando si tales obstáculos son de naturaleza legislativa, institucional, cultural o financiera. Ello como consecuencia del nuevo cambio de paradigma surgido tras la entrada en vigor de la CDPCD en mayo 2008, según el cual la subrogación del ejercicio y goce de los derechos que caracteriza al modelo de protección de la mayoría de los Códigos Civiles latinoamericanos (que generalmente consiste en declaraciones de interdicción e imposición de curatelas para las personas con discapacidad intelectual o mental) debe ser sustituido por un nuevo sistema basado en la toma de decisiones con apoyos y salvaguardas. El Sr. Rosales compartió con el plenario los resultados derivados de la concatenación de las respuestas recibidas por 14 Estados Miembros de la OEA: Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Tales Estados reportaron sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad; el marco jurídico existente; gestiones capacitación y sensibilización de los funcionarios judiciales; aplicabilidad y efectividad del régimen de curatela para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas interdictas; el impacto en los países de la región tras el cambio de paradigma surgido en virtud del art. 12 de la CDPCD; previsión legislativa de apoyos, entre otros asuntos.

Al procesar la información recibida, el Relator concluye lo siguiente1:

1 El texto completo de la relatoría se distribuyó como documento de trabajo de la III Reunión Extraordinaria bajo la clasificación CEDDIS/doc.1(III-E/13).

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1. Las Reglas de Brasilia, hasta la fecha de corte del cuestionario, solo son obligatorias en la mitad de los Estados que contestaron el mismo.

2. La mayoría de los Estados tienen normas que amparan a las personas con discapacidad en

su acceso a la justicia o a la población en general, incluso anteriores a la vigencia de la CIADDIS o de la CDPCD.

3. En su mayoría los Estados utilizan distintas formas de determinar la discapacidad

mostrando heterogeneidad entre las mismas, aunque un eje en común es que aún predominan las clasificaciones médicas de la discapacidad siendo la Clasificación Internacional de Funcionalidad (CIF) utilizada solo por la mitad de los Estados. Cinco Estados informan determinar la discapacidad con la clasificación CIF, dos de ellos con la la Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDIM), otros dos utilizan la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10) y los restantes determinan la discapacidad por otros medios . Como aspecto positivo surge que la mayoría de los Estados que no aplican al momento del informe la CIF manifiestan encontrarse en pleno proceso de capacitación y aplicación de esta clasificación.

4. Ninguno de los Estados informó tener en su normativa interna una definición que distinga

claramente los conceptos de discapacidad mental y el de discapacidad intelectual y ninguno tiene determinado el concepto de discapacidad psicosocial. No obstante se informan distintas definiciones de discapacidad, sustentadas la mayoría de ellas en un modelo acorde con las modalidades de determinación de la discapacidad mencionada previamente y, en general, comparándola con parámetros de “normalidad”. Algunos Estados tienen leyes de salud mental específicas o incorporan el concepto de salud mental en otras normas generales. En resumen: a) El concepto “discapacidad” está definido en todos los Estados; b) la definición guarda relación con la modalidad de determinación de la discapacidad, en el marco del modelo médico y en relación a la “normalidad” como parámetro y en la mayoría de los casos no existe una distinción entre discapacidad mental (o psicosocial) y discapacidad intelectual, y c) el concepto de salud mental se encuentra en crecimiento y desarrollo en la región

5. Los Estados informan sobre la detección de una variada clase de estereotipos, imágenes

circulantes o percepciones negativas que afectan a las personas con discapacidad en distintos ámbitos, incluido el judicial. Los principales estereotipos identificados por los informantes son: a) presencia arraigada del modelo médico rehabilitador; b) inadecuado reconocimiento de la capacidad de ejercicio de los derechos; c) falta de conciencia de valor y respeto a la diversidad humana; d) la invisibilidad de las personas con discapacidad, y e) procedimientos judiciales estandarizados e inexistencia de estudios oficiales sobre estas prácticas negativas.

6. La región promueve activamente la capacitación de los operadores judiciales a través de

actividades realizadas hacia el interior del Poder Judicial o conjuntamente con programas u organismos del Poder Ejecutivo (principalmente en colaboración con los CONADIS o similares).

7. Los Estados informaron como contenido prioritario de las capacitaciones el conocimiento

de la CIADDIS y la CDPCD. Específicamente refieren también: a) sensibilización y reconocimiento de la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad y del modelo social de la discapacidad; b) lucha contra los estereotipos negativos que las personas con discapacidad tienen en el ámbito público y privado para permitir la

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valoración e inclusión de la diversidad y la identificación de acciones discriminatorias; c) accesibilidad de las personas con discapacidad, y d) capacitaciones basadas en técnicas de talleres de trabajo.

8. La oferta educativa de educación superior en la región, aunque no se informa el grado de

inclusión en términos del artículo 24 de la CDPCD, se encuentra en crecimiento y desarrollo y se expresa mediante oferta educativa local, a través de redes regionales de universidad o mediante la colaboración internacional.

9. La accesibilidad arquitectónica de los edificios judiciales constituye una deuda pendiente

en la región ya que la mayor parte de los Estados informa que existen barreras de accesibilidad para las personas con discapacidad. En algunos casos la no accesibilidad es total, en otros se establece una diferencia entre edificios judiciales anteriores a la CDPCD y los nuevos espacios que se construyen que sí son accesibles. La accesibilidad en las instalaciones del Poder Judicial se ha venido promoviendo de forma paulatina, y en la actualidad los Estados que se encuentran en estos procesos informan que las nuevas edificaciones incluyen los estándares universales de accesibilidad. Varios Estados informan que se encuentran en proceso para que todo tipo de instalaciones públicas sean accesibles para las personas con discapacidad aunque, en general, el Estado no cuenta con inventarios o informes detallados sobre accesibilidad de estas instalaciones.

10. En su mayor parte las páginas web del Estado, no son accesibles en general, pero resulta

positivo que la mayoría tiene normativas que regulan la obligatoriedad de la misma. Al menos un 20% de los Estados no tiene aún accesibilidad web, pero manifiestan estar trabajando en ello.

11. Algunos Estados disponen de peritos de lengua de señas o herramientas de lectura

accesible en forma permanente (en estos casos en general se encuentran regulados a través de leyes o normas) y otros proveen estas herramientas de accesibilidad cuando son requeridas en cada caso particular, contando con el financiamiento del Estado. Otros Estados aún se encuentran en proceso de encuadre legal o de organización de estas herramientas incluso determinando algún área de Estado para la defensa de las PCD. Ningún Estado, por ahora, informa disponer de ambas herramientas en todo el Poder judicial, pero se reconoce la necesidad de desarrollo de las mismas.

12. Respecto a los procedimientos judiciales, en principio, en todos los Estados la regla es

que cuando una persona con discapacidad interviene en un procedimiento judicial es representada por un tercero, en algunos casos llamado curador, en otros tutor, en otros puede ser una persona cercana o un organismo del Poder Judicial. En todos los Estados relevados existe alguna forma de asesoramiento o patrocinio legal de las personas con discapacidad en el ámbito del Estado de carácter gratuito, pero que funcionan con diferentes modalidades.

13. Respecto a la accesibilidad de los procedimientos judiciales en los que intervienen

personas con discapacidad sea como justiciables, testigos o jurados, ninguno de los Estados informa tener adecuaciones específicas a los procedimientos procesales en estos casos.

14. En los procedimientos judiciales si el juez o el personal administrativo observase que una

de las partes o testigo porta algún tipo de discapacidad física o intelectual, los Estados toman medidas variadas. En primer lugar, las medidas a tomar por el Poder Judicial

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tienen una relación directa con la mayor o menor visibilidad de la situación de discapacidad. La más común de las medidas es la determinación respecto a si la persona requiere o no una representación, suspendiéndose el proceso hasta la decisión.

15. En ninguno de los Estados la legislación nacional contempla mecanismos de sistemas o

de apoyo a favor de las personas con discapacidad en términos del art 12 de la CDPCD. En algunos casos el “apoyo” solicitado es el de un perito o un médico. En otros casos también se aplican las Reglas de Brasilia.

16. Respecto a las personas con discapacidad en situación de encierro, la falta de medidas

especiales tendientes a facilitar la autonomía de las personas con discapacidad en este escenario constituye la realidad de todos los Estados, centralizadas en las personas con discapacidad mental o psicosocial y personas con discapacidad sensorial (ciegos o sordos) y particularmente la falta de accesibilidad arquitectónica para personas con discapacidad motriz. Las dificultades que se mencionan son variadas: a) los centros de detención no son aptos para la permanencia de personas con discapacidad; b) los Centros Penitenciarios no cuentan con medidas o estructuras acondicionadas para las personas con discapacidad física; c) el federalismo regula facultades exclusivas de los estados provinciales que dificulta la homogeneidad de las propuestas; d) desconocimiento de las condiciones en que se encuentran recluidas las personas con discapacidad; e) ambientes en condiciones de hacinamiento, de infraestructura pequeña y en la mayoría de ellos se sobrepasa la cantidad de internos a su capacidad de recinto, y f) desventajas de las personas sordas que no pueden comunicarse con los demás internos y personal que los custodia porque en estos recintos en su generalidad se desconoce la lengua de señas para comunicarse con aquellas.

17. Respecto a las capacitaciones del artículo 13 inciso 2 de la CDPCD, la mayoría de los

Estados ofrecen capacitaciones, originadas en un mandato normativo o bien incorporado a los currículos de las escuelas judiciales, específicamente respecto a apoyos o en otros casos incorporando trabajo con los estereotipos que generan conductas discriminatorias contra las personas con discapacidad.

18. En cuanto a la capacidad de obrar de las personas con discapacidad, la mayoría de los

Estados se pronuncian por el acuerdo positivo al cambio que implica la vigencia del artículo 12, expresando la necesidad de aplicar gradualmente el mismo a fin de superar los estereotipos negativos que subsisten respecto a la capacidad de ejercicio de derechos de aquellas. Existe consenso en los Estados sobre la aplicación concreta del artículo 12, aunque se concluye también que es necesario modificaciones al derecho interno para su mejor aplicación. La modificación mayormente propuesta por los Estados es la del Código Civil.

19. Sobre el alcance de la compatibilidad entre la interdicción o curatela y el artículo 12 de la

CDPCD, una mayoría de los Estados expresan la incompatibilidad de ambos modelos con distintos argumentos, pero las posturas aparecen compartidas por quienes consideran que debe sostenerse también el modelo de representación. Otros Estados encuentran cierta compatibilidad práctica en los dos modelos, pero condicionada a la necesidad de concretar cambios. Otra postura apunta a que la interdicción o curatela solo es válida cuando es dictada por un tribunal en protección de las personas con discapacidad o bien porque en la práctica ha demostrado resultados positivos y otros Estados entienden que la propia CDPCD permite esta interpretación. Algunos Estados proponen no eliminar la figura de la interdicción o curatela, sino mantenerla para casos muy puntuales. Para

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concluir, se observa que entre la aceptación del modelo del artículo 12 y la percepción de su aplicación concreta subsiste aun un importante margen de espacio para la gradualidad y la superación de la inercia de las décadas de vigencia y consolidación del modelo fundado en la representación a través de la interdicción o curatela, que es aceptado en varios casos como un “modelo exitoso de protección” de las personas con discapacidad.

20. Para el caso de que fueran necesarias reformas de fondo y de procedimiento, se les

pregunta a los Estados cómo consideran que debe realizarse el camino de la eliminación de la figura de la curatela o insania hacia el modelo de capacidad amplia del artículo 12 de la CDPCD determinando quiénes (actores políticos y técnicos claves) deben participar en el diseño de propuestas a cualquiera de dichos efectos. Tres grupos de propuestas son indicadas: a) Reformas de fondo y de procedimiento; b) Mantenimiento de la interdicción o curatela (propuestas contrarias al artículo 12 de la CDPCD) dividas en dos grupos: a.1) Mantener la interdicción o curatela, pero regulando un procedimiento que apunte a determinar las circunstancias de cada caso particular, y a.2) Mantener la interdicción o curatela, pero reforzando lineamientos. Como conclusión, la aplicación plena del artículo 12 de la CDPD no aparece aún en la región como una alternativa plenamente consolidada frente al modelo de representación, respecto del cual por ahora existe cierto consenso de mantenerlo limitado a casos puntuales

21. Varios Estados consideran que es necesario adoptar medidas de transición entre el

modelo de representación hacia el modelo de capacidad amplia con apoyos del artículo 12 de la CDPCD. Estas medidas propuestas se reúnen los siguientes grupos: a) Propuesta de transición previa a la aplicación del modelo del art. 12 con revisión de la actual legislación. Se propone la necesidad de un proceso gradual de modificación del derecho interno como previo a la aplicación plena del modelo del art. 12, otro Estado estima necesario iniciar estudios legislativos previos; b) Algunos Estados proponen la aplicación inmediata del artículo 12, fundado en la jerarquía normativa de la CDPCD que debe ir acompañada de capacitación adecuada junto con una amplia difusión y promoción de los derechos. También se consideró innecesaria una transición al modelo social, sino entender qué significa el mismo. Sin embargo, particularmente en esta pregunta del cuestionario, varios Estados no emitieron opinión alguna.

22. Respecto a procedimientos de "adecuación de la capacidad jurídica de obrar", (o de

"provisión de apoyos para la toma de decisiones"), en el marco del artículo 12 y 13 de la CDPCD, en algunos casos, las modificaciones legislativas influyeron centralmente en las decisiones judiciales. La previsión normativa surge en otros Estados en la misma Constitución nacional y también a través de documentos base sobre los que se trabajaron las capacitaciones. En otros casos no se prevé legislativamente las adecuaciones, aunque ello no significa que las mismas no se realicen en función del rango supralegal de la Convención. Sin embargo, ninguno de los Estados informantes tiene regulados los apoyos a personas con discapacidad en los términos del artículo 12 de la CDPCD.

23. Respecto a ejemplos de buenas prácticas que permitan sustituir el modelo de

representación o bien aplicarlo, pero limitándolo a casos particulares, los Estados proponen las siguientes como ejemplos de las mismas: a) Campañas masivas que trabajen para modificar los estereotipos negativos que afectan a las PCD y a sus derechos; b) Transversalización de la discapacidad en todos los programas y políticas de Estado; c) Promover la eliminación de estereotipos y eliminación de prácticas nocivas que afectan a los funcionarios públicos; d) Difundir y sensibilizar a todos los jueces sobre la necesidad de fortalecer en sus criterios la presunción de capacidad jurídica de obrar que opera en

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favor de todas las personas con discapacidad, así como todas las implicaciones que ese fortalecimiento implica en la interpretación de la ley; e) Escuchar a las personas (o colectivos) con discapacidad; f) Trabajar con las personas con discapacidad y sus grupos familiares a fin de acompañar los cambios de paradigmas hacia el concepto de autonomía y vida independiente afectado en todo la región por las prácticas enunciadas anteriormente; g) Desalentar y limitar las medidas de seguridad, principalmente internaciones prolongadas que afectan a las personas con discapacidad y a quienes padecen problemas de salud mental; h) Limitar las interdicciones a casos extremos en el marco de instituciones estatales (unidades jurídicas) que participan activamente en la defensa de las personas con discapacidad (se propone también "Identificar los tipos de actos en los que debe darse mayor atención en el sistema de apoyos y salvaguardias, para que las instituciones involucradas con esos actos reciban capacitación prioritaria y diseñen protocolos de atención adecuados"); i) Inclusión en los planes de estudio de los derechos de las personas con discapacidad y la diversidad, concientizando a través del modelo educativo; j) Capacitaciones no sólo dirigidas a funcionarios públicos, sino también al sector privado, y k) Impulsar la inmediación y la escucha entre el poder judicial y las personas con discapacidad en los procesos judiciales.

Al término de la presentación, las delegaciones agradecieron y felicitaron al Relator

Pablo Rosales por su trabajo y decidieron, por unanimidad, lo siguiente: 1. Adoptar, como documento oficial del Comité, el primer diagnóstico regional sobre el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad presentado por el Relator Pablo Rosales.

2. Establecer un grupo de trabajo para la elaboración de un manual instructivo para la implementación de mecanismos de apoyos con salvaguardas para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Este grupo de trabajo estará compuesto por 6 países: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Panamá y Perú.

3. Las funciones del grupo de trabajo serán las siguientes:

a. Elaborar el manual instructivo sobre apoyos y salvaguardas tomando como base las conclusiones de la relatoría sobre capacidad jurídica. Los integrantes del grupo de trabajo deberán trabajar de la mano de un grupo multidisciplinario de actores, esto es, representantes de la sociedad civil y profesionales de diversas áreas (antropólogos, sociólogos, abogados, psicólogos, entre otros) en el diseño de sus recomendaciones.

b. Operativizar las recomendaciones que sean presentadas en el manual, esto es, tratar de

aterrizarlas en el plano real, con acciones como brindar capacitación a los operadores de justicia en los Estados sobre los mecanismos de apoyo, o brindar asistencia técnica a entidades gubernamentales en el marco de proyectos que estén siendo implementados a nivel nacional que impacten a las personas con discapacidad.

c. Establecer relaciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a

fin de hacerla partícipe sobre los avances del Comité en la materia, de modo que la CIDH pueda no sólo difundir las observaciones del Comité sobre la necesidad de sustituir la curatela por otros mecanismos de apoyo, sino además tomarlas como fuente doctrinaria en sus relatorías.

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4. Se solicitó al grupo de trabajo que para la próxima reunión del Comité presentaren un plan de trabajo para el desarrollo del manual que contemple etapas de trabajo, actividades a desarrollar en cada fase, actores involucrados en cada actividad, resultados esperados, estimación de costos, entre otros aspectos. A sugerencia del delegado de Brasil se estableció que el grupo de trabajo podrá sostener reuniones aparte antes o después de las reuniones ordinarias del CEDDIS para agilizar sus tareas. Las decisiones anteriormente señaladas fueron recogidas en la Resolución CEDDIS/RES.1/13 (III-E/13)2 adoptada, por unanimidad, el 21 de noviembre de 2013.

Segunda Sesión: Propuesta de formato ajustado para la presentación del segundo

informe de cumplimiento de la CIADDIS-PAD y hoja de ruta para su evaluación.

a. Presentación de antecedentes. La Sra. Evelyn Jacir de Lovo, responsable de la Secretaría Técnica del CEDDIS, realizó

una exposición introductora sobre los antecedentes del diseño, ejercicio piloto de aplicación y posterior simplificación del formato para la presentación del segundo informe de cumplimiento de la CIADDIS-PAD, con la finalidad de contextualizar a los nuevos integrantes del CEDDIS de las delegaciones de El Salvador, Guatemala y Paraguay recién incorporados.

Se explicó que las autoridades nacionales encargadas del monitoreo de la CIADDIS y el PAD reconocieron desde el año 2008 que existe una simbiosis entre ambos instrumentos toda vez que mientras la CIADDIS contempla disposiciones de carácter programático que anticipan las líneas de desarrollo de los Estados Parte para la construcción de sociedades inclusivas, el PAD es el que realiza la planificación de las correspondientes medidas a ser adoptadas para tal efecto. Es así como el PAD fue tomado progresivamente la forma de marco operativo para materializar los objetivos de la CIADDIS.

Esta simbiosis entre la CIADDIS y el PAD es lo que ha sido reconocido por las

autoridades nacionales de la Región como la reciprocidad entre ambos instrumentos, la cual viene dada por la similitud de objetivos que persiguen, el foro político dentro del cual se gestaron, y la similitud de autoridades responsables de su aplicación que comúnmente son miembros de CONADIS y de CEDDIS. Esta reciprocidad llevó a las autoridades regionales en discapacidad a la conclusión de que presentar dos informes de cumplimiento en nombre del mismo país para reportar lo mismo (avances en la construcción de una sociedad inclusiva) significaba duplicar esfuerzos, tiempo y recursos.

Las autoridades regionales sostuvieron reuniones técnicas con el fin de examinar la posibilidad de que los Estados Miembros pudiesen presentar un mismo informe de cumplimiento tanto de la CIADDIS como del PAD, y éste fue el punto de partida para la creación de una nueva metodología para la medición de avances que reposaría en nuevos parámetros e indicadores inéditos de común aplicabilidad para ambos instrumentos normativos.

La Sra. Jacir hizo un recuento de las reuniones efectuadas para el diseño del formato:

2 Ver Anexo 1

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i. Segunda Reunión del CEDDIS. Brasil, septiembre 2008. En dicha reunión se detectó que los primeros informes de cumplimiento de la CIADDIS

eran extremadamente heterogéneos y que carecían de puntos de referencia comunes y compartidos para valorar la información y jerarquizar los avances. Se constituyó en consecuencia un grupo de trabajo integrado por representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, México, Panamá y Venezuela, y se generó un informe provisorio “Proyecto Parámetros para fijar puntos de partida, establecer metas y medir los avances en el cumplimiento de la Convención por parte de los Estados”.

En tal oportunidad el CEDDIS realizó las siguientes recomendaciones:

- Utilizar, como instrumento de aplicación y seguimiento de la CIADDIS, al Programa de Acción del Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (PAD).

- Hacer comentarios y/o presentar propuestas alternativas al informe provisorio: “Proyecto

Parámetros para fijar puntos de partida, establecer metas y medir los avances en el cumplimiento de la Convención por parte de los Estados”.

ii. Primera Reunión de Directores y Formuladores de Políticas Públicas que dan seguimiento al PAD (CONADIS). Panamá, enero 2009.

En la Primera Reunión de los CONADIS o entidades afines de la Región el representante

de Chile presentó los siguientes documentos:

- “Índice de inclusividad de Personas con Discapacidad” - “Propuesta de Parámetros para fijar puntos de partida, establecer metas y medir los

avances en el cumplimiento de la Convención por parte de los Estados”.

Las anteriores propuestas fueron acogidas por la Secretaría encargada del seguimiento del PAD, SEDISCAP, así como por otros países, organizándose una primera reunión técnica en Brasil (mayo 2009), posteriormente en Argentina (septiembre 2009) y nuevamente en Brasil en marzo 2010 para estudiarlas a fondo.

iii. Tercera Reunión del CEDDIS. El Salvador, abril 2010.

En abril de 2010 los miembros del CEDDIS, muchos de los cuales son a su vez autoridades de CONADIS, adoptan el documento “Relaciones de reciprocidad entre la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad”, que da sustento conceptual y teórico a la utilización del PAD como instrumento de aplicación y seguimiento de la Convención.

En esta reunión se encargó a la Secretaría del Comité coordinar con organismos

internacionales y regionales la adopción de indicadores y parámetros que le den mayor objetividad al informe. Esto fue realizado a través de la asesoría del Sr. Ricardo Villa quien se desempeñaba como delegado suplente de Chile ante el CEDDIS y funcionario del Fondo

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Nacional para la Discapacidad de Chile. El Sr. Villa fue seleccionado para concatenar todos los aportes e instrucciones recibidas de los Estados y diseñar sobre esa base la primera propuesta, dado a su participación activa desde la reunión de Brasilia de 2008.

También se constituye en esta reunión un Grupo de Trabajo sobre Parámetros (G-T Parámetros) que retroalimentaría la propuesta elaborada por el Sr. Ricardo Villa.

iv. Segunda Reunión de Directores y Formuladores de Políticas Públicas que dan seguimiento al PAD (CONADIS). Argentina, agosto 2010.

Fue presentado el documento “Informes de avances del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad”, un índice de avance por país y global, por ámbito del PAD, logrado a partir del procesamiento del primer informe de cumplimiento del PAD en el documento de alineamiento, entregado por los países en 2009 y calificado con escalas de valoración elaborada por SEDISCAP.

En el marco de la consultoría de Ricardo Villa se elaboró, con la participación de los países asistentes, una propuesta de Escala de Jerarquía de las Acciones por Ámbitos de Acción del PAD, que permite establecer sus grados de incidencia (“peso relativo”) en el avance hacia los objetivos y metas a alcanzar, configurando el nivel de importancia de los estados de avance logrados, y se realizaron un conjunto de sugerencias y recomendaciones por parte de los Estados, mismas que serían acogidas posteriormente por el GT-Parámetros reorientando la metodología.

v. Reunión del Grupo de Trabajo del CEDDIS sobre Parámetros. Washington D.C., octubre 2010. Se analiza el documento “Propuesta de Metodologías de Seguimiento de la Convención

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, que integra y reorienta el proceso para la definición de la metodología, determinando las metas ideales compartidas por todos los Estados Parte y las metas posibles determinadas por los países según su capacidad.

Se efectuó una revisión de las principales orientaciones para seguimiento de las

convenciones y documentos técnicos, tanto de la ONU como de la OEA y de propuestas presentadas por Chile.

Se estableció la máxima sinergia entre los instrumentos de OEA, CIADDIS y PAD, este

último como instrumento de aplicación y seguimiento de la Convención. vi. Primera Reunión Extraordinaria del CEDDIS. El Salvador, mayo 2011. Los miembros del CEDDIS, que en su mayoría también son miembros de CONADIS

responsables de la implementación del PAD, adoptaron el marco conceptual y metodológico que permitiría avanzar en la construcción y medición de indicadores específicos de discapacidad así como un cronograma del proceso. A partir de dicho marco conceptual y metodológico se comenzaría a elaborar el formato final.

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Habiéndose recopilado insumos suficientes a través de las reuniones referidas, se dio inicio al “ensamblaje” o desarrollo del nuevo formato para la presentación del segundo informe de la CIADDIS-PAD. Para este proceso se realizaron adicionalmente otros talleres subregionales para presentar las propuestas finales de indicadores y recibir asimismo la retroalimentación de la sociedad civil. Se realizó un taller para la subregión del Cono Sur en Argentina en septiembre 2011; otro para la región de Centroamérica en Costa Rica en octubre 2011, y otro para la región de Norteamérica y Caribe angloparlante en Washington D.C. en noviembre 2011. Asistieron representantes de 11 Estados y más de 20 organizaciones de la sociedad civil, completando un total de participantes superior a 60 personas.

Al término de estos talleres, el consultor encargado del diseño del formato, el Sr. Ricardo

Villa, presentó en diciembre de 2011 el formato final del segundo informe de cumplimiento de la CIADDIS-PAD, resultante de todos los insumos que le fueron provistos por los Estados. Este formato fue transmitido al CEDDIS en el mismo mes, quedando validado al no recibirse observaciones para su ajuste. En marzo de 2012 se solicitó el informe a todos los Estados Miembros de la OEA a través de sus Misiones Permanentes. Un total de 13 Estados presentaron su informe entre 2012-2013 (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, y República Dominicana) y otros 2 reportaron encontrarse culminándolo (Brasil y Guatemala). Durante la Cuarta Reunión del CEDDIS celebrada en Chile en noviembre 2012, varias delegaciones compartieron su experiencia durante el ejercicio piloto de completar el nuevo formato. Sucedió que varios países manifestaron haber tenido dificultades para recabar la información solicitada dado a la carencia de datos estadísticos o porcentuales que son requeridos, o dado a la falta de sistematización de estos. También se comentó que hay algunos indicadores que pueden ser redundantes o ambiguos. En virtud de ello el plenario acordó hacer una revisión del formato adoptado en 2011 para presentar el segundo informe de cumplimiento de la CIADDIS-PAD, de manera que se logre consensuar una versión revisada y a la vez simplificada del formato, que es la que finalmente evaluarán los grupos de trabajo. Para el proceso de simplificación del formato se requirió a las delegaciones presentar a la Secretaría Técnica del CEDDIS un listado de aquellos indicadores que debiesen ser removidos o modificados por considerarse ambiguos, redundantes o inaplicables a la región. Se hizo hincapié en que la idoneidad del indicador no debe ser confundida con la incapacidad temporal del Estado para responderlo por falta de información, pues nada obsta para que, precisamente, en virtud de dicho indicador, el Estado pueda promover una medida o política para recabar más adelante la información que con él se pretende evaluar, y a mediano plazo sí pueda ser respondido. México, Costa Rica y Perú presentaron sus propuestas de ajustes. En septiembre de 2013 se contrató al Sr. Rodrigo Jiménez, experto designado por las autoridades del CEDDIS para la labor de edición del formato, quien debía tomar en cuenta las observaciones recibidas de parte de los Estados así como de la Secretaría Técnica que acompañó todo el proceso. Se fijó entonces la Tercera Reunión Extraordinaria del CEDDIS para que el Sr. Jiménez presentase el resultado de su trabajo.

b. Presentación de la propuesta del formato simplificado.

El Sr. Rodrigo Jiménez incorporó ciertos ajustes al formato originalmente desarrollado por el Sr. Ricardo Villa que fuese previamente adoptado por el CEDDIS en 2011 y se distribuyó

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al Comité la nueva propuesta del formato simplificado como documento de trabajo de la Tercera Reunión Extraordinaria [CEDDIS/doc.4 (III-E/13)].

Tras tomar una muestra de varios de los informes nacionales presentados en 2012, el

consultor Jiménez concluyó lo siguiente con respecto al ejercicio piloto de completar este nuevo formato:

i. Utilidad del informe a nivel nacional e internacional.

La utilidad del informe nacional de cumplimiento de la CIADDIS-PAD va mas allá de cumplir con la obligación internacional de reportar sobre el cumplimiento de estos instrumentos, ya que a través de él se logran los siguientes objetivos:

- Monitorear los planes nacionales que sean conducidos por el ente nacional rector en la materia. El informe permite generar información sobre el impacto de las acciones públicas generadas por esta obligación internacional.

- Valorar el progreso del estado de los derechos humanos de la población con discapacidad (que puede ser utilizado por los Ombudsman de cada país para monitorear y evaluar, desde una perspectiva interna, la implementación de la CIADDIS).

- Evidenciar las buenas prácticas que cada Estado ha venido desarrollando para cumplir con sus obligaciones y generar por ende posibilidades de cooperación internacional.

- Facilitar la toma de decisiones a nivel nacional para encausar los recursos o políticas acorde con las áreas críticas, entre otros asuntos.

El informe de cumplimiento de la CIADDIS-PAD puede fungir asimismo como un instrumento de participación y control ciudadano donde las organizaciones de personas con discapacidad aporten su propia percepción sobre los avances de la Convención y sus recomendaciones para mejorar la implementación.

En contrapartida, se evidenciaron las siguientes debilidades: - No existe uniformidad en los datos suministrados por los Estados ya que ciertos

indicadores están siendo respondidos con base a la información que esté disponible o conforme a la interpretación que le de cada Estado por estar estos diseñados de modo muy amplio.

- Se presenta información reiterativa.

- La falta de información disponible por parte de los Estados hace que se presente

información poco pertinente para efectos del informe o que no se brinde respuesta alguna.

- La información presentada no se encuentra articulada con lo que se reporta en otros

informes internacionales sobre discapacidad.

- Debe existir un grupo de indicadores sobre acceso a la justicia pues transversalizar este tema en otros indicadores hace que la información reportada sea repetitiva.

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- En ocasiones no se menciona la fecha del dato cualitativo o cuantitativo reportado, lo que

impide medir la pertinencia.

- Muchos de los indicadores no están siendo respondidos y no se determina el por qué no se cuenta con la información.

ii. Observaciones concretas resultantes del análisis de los informes. Conforme a la estructura del formato adoptado, los Estados que lo presenten deben completar diversas secciones. A continuación se indican las observaciones del consultor Rodrigo Jiménez respecto a la forma en que han sido respondida algunas de ellas:

1. Aspectos Generales del país (Permite comprender el contexto político-administrativo, jurídico, social y económico, en que se aplica la Convención). Esto incluye: estructura político-administrativa, población total, población económicamente activa, población distribuída por edad/etnia/genero, tasa de alfabetización, escolaridad de la población joven y adulta, tasas de pobreza/ indigencia/desempleo y presupuesto público total anual. En esta sección el consultor Jiménez identificó los siguientes problemas:

- Algunos de los datos que se solicitan son pertinentes en el primer informe pero no necesariamente para los informes sucesivos. Esto hace necesario la eliminación de cierta información solicitada para simplificar el instrumento.

- En el apartado de “estructura política-administrativa” algunos Estados responde sobre la

organización territorial, otros sobre la división de funciones del Estado y no se hace mención sobre la participación de la población con discapacidad en esas estructuras estatales. Adicionalmente, no se describe la ubicación del mecanismo nacional de la discapacidad en la estructura político administrativa.

- Es fundamental hacer una comparación de los índices generales de la población en

general con la población con discapacidad para poder medir los parámetros de desigualdad existentes.

- No se incorpora la perspectiva de género en la aplicación de los índices generales y

cuando se solicita información diferenciada por edad, etnia o región, esta es interpretada de manera diversa.

- Las respuestas dadas en relación a índices de educación o pobreza no siguen el mismo

criterio, ejemplo de ello es que unos países informan sobre el alfabetismo y otros sobre el analfabetismo.

2. Información general sobre discapacidad (Permite dimensionar el universo de las personas con discapacidad y sus características generales). Esto incluye: porcentaje de la población con discapacidad, distribución territorial/por genero/por edad/etnia/grado y tipos de discapacidad, número de hogares de personas con discapacidad, número de hogares de personas

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con discapacidad que son accesibles, número de personas con discapacidad que asisten a escuelas comunes, número de personas con discapacidad que asisten a escuelas especiales.

En esta sección el consultor Jiménez identificó los siguientes problemas:

- Algunos de los informes no utilizan los conceptos teóricos de manera correcta, por

ejemplo confunden minusvalía con discapacidad.

- En ocasiones los porcentajes brindados en los indicadores no son cerrados.

- Algunos de los informes utilizan lenguaje no inclusivo en las respuestas que refuerzan roles y estereotipos discriminatorios.

- En ocasiones no concuerdan los datos aportados en la sección de aspectos generales del país con respecto a la sección de información general sobre discapacidad.

- Se establece criterios de medición de interpretación variable como el “grado”.

- Ausencia de muchas respuestas sin determinar las causas del impedimento para responder y los avances para obtenerla.

- Las fechas de la medición en algunos casos no son homogéneas. Unos Estados reportan sobre el año 2007 y otros 2011.

3. Marco constitucional y jurídico sobre igualdad y no discriminación, accesibilidad y participación. Esto incluye: información sobre toda reserva o declaración hecha por el Estado Parte respecto de cualquier artículo de la CIADDIS, otros instrumentos internacionales ratificados, descripción de normas jurídicas sobre igualdad y no discriminación, información sobre las instituciones o mecanismos nacionales que trabajan para la igualdad y no discriminación, accesibilidad y participación de las personas con discapacidad y garantizar sus derechos; recursos judiciales y administrativos de que dispone la persona que se considere víctima de discriminación o violación de sus derechos y sistema de reparación, indemnización y rehabilitación para las víctimas.


- La obligación que surge del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es la armonización de la legislación interna con las obligaciones internacionales que surgen de la Convención. Se hace necesario centrarse en esta obligación y concretar desde esta perspectiva la información que se solicita.

- Se refleja desconocimiento de las reglas básicas de jerarquización de las normas jurídicas

y la ubicación de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico de cada país.

- El tema jurídico no se aborda conforme a sus componentes que son: 1) El componente formal que es el desarrollo normativo, 2) El componente estructural fundamentado en la interpretación y aplicación de las normas, y 3) El componente político cultural que es el conocimiento que tienen los sujetos de sus derechos humanos y la obligatoriedad de su cumplimiento.

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- De las respuestas provistas no se logra medir dos factores fundamentales: 1) La armonización del derecho interno al derecho internacional, y 2) El acceso a la justicia de las personas con discapacidad. No se cuenta con información sobre las autoridades judiciales y los servicios que han desarrollado para asegurar el acceso a la justicia.

4. Participación de la Sociedad Civil. Esto incluye: mecanismos nacionales o federales, regionales y locales de participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas de inclusión social y en la elaboración del segundo informe de la CIADDIS.

Respecto a esta sección el consultor Jiménez identificó que algunos Estados eluden la

respuesta a las preguntas planteadas aportando datos que no contribuyen a lo que se desea conocer. Se hace necesario en consecuencia que se cierren las preguntas agregando opciones de selección simple, de modo de concretar y homogenizar las respuestas.

5. Metas ideales y metas posibles al 2015 por ámbito. Esto incluye: situación actual en

educación, salud, empleo, sensibilización de la sociedad, accesibilidad y participación política; metas al 2015 para los ámbitos referidos; metas ideales para cada ámbito, y acciones en curso para cumplir con las metas del PAD en bienestar social, participación en actividades culturales/artísticas/deportivas/recreativas, cooperación internacional.


- Se requiere centralizar la información sobre armonización jurídica en un apartado propio pues, al estar dispersa en cada sección, algunas de las respuestas pueden tornarse redundantes.

- El documento de análisis previo de viabilidad del indicador es de valoración subjetiva de

quienes cumplen con presentar el informe. Se recomienda que sea un instrumento de trabajo interno y se haga un resumen en cada uno de los indicadores para que quienes valorarán el informe determinen la validez de la información suministrada.

- En ocasiones los indicadores son amplios para su interpretación lo que se presta a

diferentes enfoques para su respuesta por parte de los Estados que informan. - Siendo que algunos de los indicadores no pueden ser respondidos por falta de

información disponible algunos de los Estados responden a pesar de ello, con información que no corresponde.

A la luz de lo anterior, se hicieron las siguientes recomendaciones para ajustar el formato:

- Facilitar la comparación de datos, incorporando la forma de cálculo de los indicadores para que no se presten a interpretación como tasa de pobreza, tasa de desempleo o tasa de indigencia con sus respectivas fórmulas, por ejemplo: número de hogares en situación de pobreza ÷ números de hogares totales).

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- Reducir la información solicitada para los informes sucesivos en lo que respecta a datos como deuda externa, producto interno bruto (PIB), tasa de inflación anual promedio o producto interno bruto (PIB).

- Cerrar las respuestas a las preguntas que se plantean colocando opciones de selección

simple que faciliten la sistematización (por ejemplo: “sí/no”, “tiene/no tiene”) dejando siempre abierta la posibilidad de que el Estado pueda colocar otra respuesta cuando las que figuran como predeterminadas no concuerden con su realidad.

- Priorizar los indicadores conforme a la viabilidad. La Secretaría Técnica a este respecto

advirtió que, si bien la viabilidad del indicador se ve siempre reducida por la poca información disponible en la materia, no obstante, un indicador no debe considerarse más o menos importante según la facilidad de ser respondido pues nada obsta para que el Estado pueda generar la información a posteriori.

- Incorporar otros indicadores conforme a la integralidad e interdependencia de los

derechos humanos, de modo que se aborde el tema de una vida libre a la violencia y el acceso a la justicia.

Todos los ajustes aplicados a los indicadores del formato con base a las recomendaciones

propuestas pueden consultarse en el documento CEDDIS/doc.2(III-E/13) “Matriz de indicadores del segundo informe de cumplimiento de la CIADDIS-PAD” que fue distribuido como documento de trabajo de la Tercera Reunión Extraordinaria.

iii. Propuesta de metodología para evaluación. La hoja de ruta metodológica propuesta por el Sr. Rodrigo Jiménez para el procesamiento de los informes nacionales consta de 3 etapas que se desglosan a continuación. 1. Etapa de preevaluación.

- Paso 1: Fin y propósito de la evaluación del informe. Identificar los antecedentes de aprobación de la CIADDIS y su relación con la CDPCD y con otros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.

- Paso 2: Antecedentes del informe. Conocer los informes previos presentados por los Estados así como las conclusiones, observaciones y recomendaciones que ha realizado el CEDDIS sobre ellos.

- Paso 3: Recursos disponibles para evaluar el informe. Inventariar los recursos materiales, humanos y financieros así como el tiempo que cuenta el Comité para realizar la evaluación del informe.

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2. Proceso de evaluación.

- Paso 1: Clasificación de la información. Distinguir entre las siguientes categorías: i) cualitativa y cuantitativa ii) documental y de campo iii) grado de credibilidad de la información.

- Paso 2: Análisis de la información. Leer y analizar la información conforme a las

categorías establecidas en el formato acuerdo. Comparar el informe con informes anteriores para medir la progresividad del goce y disfrute de los derechos humanos y con los estándares regionales presentados por otros Estados. Revisar las conclusiones, observaciones y sugerencias generales brindadas por el Comité en informes anteriores

- Paso 3: Sistematización de la información. Reconocer retroceso en el goce y disfrute de

los derechos humanos de las personas con discapacidad; identificar los obstáculos que impiden el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención; identificar los avances en el goce y disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad e identificar las buenas practicas que facilitan el avances de la implementación de la Convención.

- Paso 4: Validación de la evaluación del informe. Validar los resultados de la evaluación

con la sociedad civil representada por la diversidad del movimiento de personas con discapacidad (física, intelectual, sensorial y psicosocial).

- Paso 5: Elaboración de conclusiones, observaciones y sugerencias generales. Elaborar

conclusiones, observaciones y sugerencia generales para el Estado que presentó el informe.

- Paso 6: Remisión de resultados. Presentación de las conclusiones, observaciones y

sugerencia generales derivadas de la evaluación de los informes nacionales a la Asamblea General de la OEA.

3. Proceso de seguimiento de la evaluación.

- Paso 1: Divulgación de las recomendaciones. Divulgar las recomendaciones por medios virtuales ya sea la página oficial del Comité o redes sociales del movimiento de personas con discapacidad.

- Paso 2: Presentación de las recomendaciones a las autoridades nacionales encargadas

de la conducción del tema. Realizar presentaciones ante las autoridades gubernamentales del Ministerio de Relaciones Exteriores, mecanismos nacionales de la discapacidad y responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención.

- Paso 3: Promoción del control ciudadano. Presentar las recomendaciones a líderes del

movimiento de personas con discapacidad del Estado. - Paso 4: Incorporar las recomendaciones en las políticas públicas. Incentivar a los

mecanismos nacionales de la discapacidad para que incorporen en los planes nacionales de la discapacidad las recomendaciones establecidas por el Comité.

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- Paso 5: Impulsar la transversalización de las recomendaciones en los planes anuales operativos. Solicitar informes de la implementación de las recomendaciones del CEDDIS en los planes anuales operativos de las instituciones responsables de cumplir con las obligaciones establecidas en la Convención.

c. Acuerdos sobre el tema.

Al término de la presentación del consultor Rodrigo Jiménez, los países agradecieron y felicitaron al consultor por su trabajo e iniciaron un diálogo en el cual predominó el reconocimiento por parte de los delegados de la utilidad del informe de la CIADDIS-PAD como instrumento para realizar un mapeo y valorar el impacto de las políticas públicas nacionales por lo que funge como instrumento de apoyo para la agenda nacional en discapacidad; generar la recopilación de datos contribuyendo a la mejora de sistemas estadísticos y, especialmente, para fortalecer la identidad regional pues estos informes permiten visibilizar el panorama en la región y propiciar la cooperación internacional. Se destacó la importancia de que la sociedad civil sea partícipe en la elaboración de los informes por mecanismos que los entes rectores nacionales determinarán. La Vicepresidenta del CEDDIS María Ximena Rivas comentó que es muy importante planificar cómo hacerle seguimiento a las observaciones que el Comité realice sobre los informes explorando por ejemplo la posibilidad de que representantes del CEDDIS se trasladen al país y entreguen personalmente sus recomendaciones a las autoridades rectoras del tema, contribuyendo así al relevamiento de la temática. Finalizado el diálogo entre los países se adoptaron las siguientes decisiones:

1. Los delegados del CEDDIS preaprobaron la propuesta de formato simplificado presentada por el Sr. Jiménez para la presentación del informe nacional CIADDIS-PAD circulada como documento de trabajo de la reunión con la clasificación CEDDIS/doc.3 (III-E/13). La aprobación final de este documento está sujeta a una segunda revisión por parte de los miembros del CEDDIS quienes, de tener observaciones o solicitudes de cambios a la propuesta, tendrían plazo hasta el 20 de diciembre de 2013 para comunicarlo a la Secretaría.

Se solicitó para tal efecto, que se consultase el documento CEDDIS/doc.2(III-E/13) “Matriz de indicadores del segundo informe de cumplimiento de la CIADDIS-PAD” en el que se desglosan todos los ajustes realizados a la propuesta original para su simplificación. Se considerará que los países que no presenten observaciones, convalidan la propuesta tal y como fue presentada.

2. La Secretaría Técnica distribuirá el formato final del segundo informe que recogerá los

comentarios realizados a la propuesta durante la reunión y los aportes que se hayan recibido de los países (esto último si aplicare).

3. Los siguientes países acordaron ajustar, al nuevo formato simplificado, el segundo

informe nacional CIADDIS-PAD presentado entre 2012-2013: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Panamá y Paraguay. De otro lado, los siguientes países manifestaron que trasladarían la consulta a sus gobiernos y responderían oportunamente si lo ajustarían o no: Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y República Dominicana.

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4. El plazo para que los países indicados en el párrafo anterior reenvíen sus informes

nacionales es el 15 de junio de 2014. Esta se decisión se adoptó por votación unánime. 5. La Quinta Reunión ordinaria del CEDDIS, prevista para celebrarse a finales de 2014,

tendrá por finalidad la evaluación de estos informes. Tercera Sesión: Adopción de Reformas al Reglamento del CEDDIS.

a. Antecedentes. De conformidad con el Artículo 3.a. del Reglamento del CEDDIS, el Comité tiene la

atribución de adoptar y reformar su Reglamento interno para el cumplimiento de sus objetivos.

Durante la Segunda Reunión Extraordinaria del CEDDIS celebrada en abril de 2012, se conformó un grupo de trabajo para la revisión del Reglamento del Comité compuesto por Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala y Panamá, a fin de revisar el Reglamento de manera detallada para identificar lagunas o disposiciones que merezcan adaptarse o ser eliminadas para subsiguiente consideración en una próxima reunión. De los integrantes del grupo de trabajo Argentina consideró pertinente proponer algunas reformas al Reglamento y a tal efecto remitió a la Secretaría Técnica, en noviembre de 2012, una tabla con propuestas de cambios a los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 9, 15 y 16. Estas propuestas fueron remitidas al Comité el 22 de noviembre de 2012 como uno de los documentos de trabajo de la Cuarta Reunión del CEDDIS. Durante la Cuarta Reunión del CEDDIS celebrada del 27 al 29 de noviembre de 2012, las delegaciones acordaron utilizar las propuestas enviadas por Argentina como “propuesta mártir” o documento base, y solicitar a cada país que, utilizando la tercera columna de la misma matriz que presentó Argentina, emitiese su opinión sobre si estaba de acuerdo o no con la reforma propuesta y/o propusiera los cambios que estimase pertinente. Cada país debía enviar la matriz con sus comentarios a la Secretaría Técnica al 31 de marzo de 2013 (plazo que posteriormente fue extendido por decisión de las Autoridades), tras lo cual la Secretaría Técnica consolidaría todas las opiniones que se recibieran y las presentaría al Comité en su próxima reunión para someterlas a votación.

El 28 de mayo de 2013 se remitió a los delegados del CEDDIS todas las propuestas recibidas a la fecha (Argentina, Panamá y Perú). El 13 de junio de 2013 Paraguay comunicó estar de acuerdo con todas las reformas propuestas por Argentina. El 12 de agosto de 2013 se reenviaron las propuestas de reformas recibidas a todos los integrantes del Comité, esta vez sumando dos nuevas propuestas recibidas por parte de Chile y Uruguay. El 18 de noviembre de 2013, Brasil envió sus propuestas de reforma al Reglamento. Todas las propuestas de reformas que fueron recibidas se agruparon en una tabla que fue distribuida al Comité mediante el documento CEDDIS/doc.3(III-E/13)_Rev.1 “Propuestas de Reformas al Reglamento del CEDDIS” que fue distribuido como documento de trabajo de la Tercera Reunión Extraordinaria.

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b. Aprobación de cambios al Reglamento. De conformidad con el artículo 15 del Reglamento del Comité, las decisiones relativas a la modificación del Reglamento deben aprobarse con el voto favorable de al menos 2/3 partes de los miembros presentes. Los delegados tomaron como base el documento CEDDIS/doc.3(III-E/13)_Rev.1 y se procedió a examinar las reformas propuestas y la Vicepresidenta sometió a votación cada una de ellas. Entre los principales cambios adoptados se destacan los siguientes:

- Oficialización de los acrónimos CIADDIS y CEDDIS para referirse a la Convención y al Comité respectivamente.

- Se admite ahora la posibilidad de reelección de las autoridades para otro período de dos

años adicionales, siempre que se trate de otro cargo distinto al ocupado en el período anterior.

- Para la elección de autoridades, si no se logra consenso, la decisión se tomará con el voto

de las dos terceras partes de los miembros presentes.

- La convocatoria a reuniones extraordinarias debe contar con el respaldo de al menos 3 países.

- Ante la falta de consenso para cualquier decisión, se acudirá al sistema de votación,

mismo que será a mano alzada.

- Se elimina el límite de cuatro años para desempeñarse como miembro del CEDDIS. La designación tendrá efecto hasta que el Estado que nombre al representante disponga lo contrario.

- Se establece que un representante de cada delegación sea, preferiblemente, integrante de

la sociedad civil. El detalle de todas las reformas adoptadas al Reglamento del Comité, así como los resultados de las votaciones que tuvieron lugar en este proceso, quedaron reflejados en la Resolución CEDDIS/RES.2/13 (III-E/13) que consta como Anexo 2 de este informe. Conforme fue explicado por la Secretaría Técnica, estas reformas serán sometidas a revisión jurídica del Departamento de Servicios Legales de la OEA para asegurar que las mismas no contradigan disposición alguna de la CIADDIS y se informará al Comité de la opinión que sea recibida.

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VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cuarta sesión: Consideración de asuntos varios (I parte).

a. Situación financiera del Comité y su Secretaría Técnica.

La Sra. Mercedes Carrillo de la Secretaría Técnica del CEDDIS recordó que durante la

Segunda Reunión Extraordinaria del Comité, celebrada el 25 y 26 de abril de 2012 en Lima, Perú, la Secretaría Técnica presentó un presupuesto estimado para el funcionamiento anual del CEDDIS y de su Secretaría por un valor aproximado de 222,751.47 dólares que permitiría entre otros:

- La contratación de un funcionario a tiempo completo para que despache las tareas asignadas por el Comité considerables en volumen;

- La traducción de documentos del CEDDIS; - La publicación de sus observaciones o manuales; - Consultorías específicas para investigaciones, diagnósticos, u otros productos que

encomiende el Comité; - Celebración de sus reuniones.

Durante la Segunda Reunión Extraordinaria del CEDDIS la entonces Presidenta del Comité, Dra. Vanda Pignato, sugirió a los delegados presentes distribuir equitativamente el presupuesto estimado para el funcionamiento del CEDDIS entre todos los Estados Parte que lo conforman, considerándose un aporte anual aproximado de 15,000 dólares por Estado Parte a fin de garantizar un margen más amplio de operatividad del Comité ante el supuesto de que no se verifiquen aportes externos. Esta propuesta fue acogida unánimemente por el plenario y los delegados presentes manifestaron su disposición de hacer sus mejores esfuerzos para lograr conseguir el patrocinio de sus respectivos gobiernos.

Así entonces el CEDDIS adoptó durante su Segunda Reunión Extraordinaria la Resolución CEDDIS/RES.3 (II-E/12) “Aportes al Fondo Específico para el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad” mediante la cual el Comité expresa tomar nota del presupuesto anual estimado para el funcionamiento de la Secretaría Técnica y se compromete a realizar gestiones para conseguir el aporte de los gobiernos que lo integran por una cantidad equitativa con respecto al monto reflejado en el presupuesto anual estimado para su funcionamiento, y el número de los Estados Parte de la CIADDIS, calculándose el valor de cada contribución anual a partir de quince mil (15,000) dólares americanos por cada Estado.

Tras la adopción de esta resolución se ha recibido en 2012 y 2013 los siguientes aportes:

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Se informó a los delegados que el total recibido entre el período 2012-2013 fue de US$ 60,000 de los cuales se habían ejecutado, al momento de la reunión, la cantidad de US$ 17,410.8 en gastos derivados de las siguientes actividades: Reunión de Autoridades del CEDDIS en Nueva York en septiembre 2012; Cuarta Reunión del CEDDIS celebrada en Chile en noviembre de 2012; Tercera Reunión Extraordinaria del CEDDIS celebrada en Costa Rica en noviembre 2013, y consultoría para la edición del formato del segundo informe CIADDIS-PAD de septiembre a noviembre de 2013.

b. Seguimiento a iniciativas propuestas durante la Cuarta Reunión del CEDDIS

(Santiago, Chile, noviembre 2012).

b.1 Presentación de propuesta para la creación de un banco de buenas prácticas

del CEDDIS (Chile).

La Vicepresidenta del CEDDIS, María Ximena Rivas, estuvo a cargo de la presentación

de una propuesta de banco de buenas prácticas para la inclusión social de las personas con discapacidad elaborada por la delegación de Chile4. Esta iniciativa fue concebida durante la Cuarta Reunión del Comité como una herramienta para la consecución de los siguientes objetivos:

- Propiciar la cooperación internacional entre los Estados Miembros de la OEA u otros

Estados a través del intercambio de información entre sus administraciones públicas y

3 En fecha 27 de diciembre de 2013 se verificó una contribución adicional de parte de Chile por la cantidad de US$ 14,579. 4 La propuesta completa desarrollada por Chile puede ser consultada en el siguiente enlace: http://ceddis.senadis.cl/

2012

COOPERANTE

APORTACIÓN

FECHA

PERU

5,000

marzo 2012

EL SALVADOR

15,000

junio 2012

ECUADOR

15,000

octubre 2012

20133

COOPERANTE

APORTACIÓN

FECHA

COLOMBIA

10,000

abril 2013

PERU

15,000

mayo 2013

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entidades privadas, implicándolos como agentes activos de un proceso de concientización social;

- Reforzar la visibilidad y el reconocimiento de los esfuerzos nacionales que demuestren

un impacto positivo y efectivo en la inclusión social de las personas con discapacidad, y en la promoción y protección de sus derechos;

- Difundir el compromiso de los integrantes del CEDDIS, así como de los logros alcanzados,

con el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, contribuyendo a la transparencia y a la participación de la ciudadanía.

El banco de buenas prácticas pretende ser un catálogo de experiencias exitosas e

innovadoras que estarán distribuidas entre las siguientes categorías: accesibilidad, toma de conciencia, acceso a la justicia, inclusión laboral, inclusión educativa, innovación y nuevas tecnologías, salud y rehabilitación con base comunitaria, concientización social; gestión pública o privada, deporte, ocio y recreación.

En la postulación de la buena práctica debe indicarse la relevancia del problema de gestión sobre el cual se ejecuta; los resultados alcanzados en no menos de dos años de desarrollo y/o evolución; la sustentabilidad en el mediano y largo plazo; la capacidad de réplica a otras organizaciones de similares características, el carácter innovador de la práctica y los niveles de satisfacción de los destinatarios del servicio.

Las buenas prácticas que sean postuladas serán consideradas por una Comisión Evaluadora compuesta por un miembro de la mesa directiva del Comité y por dos representantes de Estados miembros del Comité designados en reunión ordinaria del CEDDIS. Los miembros de la Comisión se rotarán cada dos años conforme a un calendario confeccionado al efecto por la Secretaría Técnica. Conforme a la pauta de evaluación objetiva elaborada al efecto por la misma instancia, cada miembro de la Comisión Evaluadora producirá un informe de evaluación que contendrá los principales aspectos evaluados de cada experiencia, los resultados verificados, recomendaciones y relevancia que amerite su incorporación. El reporte se traducirá en un puntaje que, de ser superior al piso fijado en la pauta de evaluación, resultará en la validación de la práctica o iniciativa, y por tanto, en su inclusión en el Banco de Buenas Prácticas del CEDDIS.

Culminada la presentación las delegaciones felicitaron a los representantes de Chile por la creatividad de la propuesta y arrojaron algunas sugerencias para complementarla tales como la posibilidad de incorporar a la sociedad civil en la evaluación de las buenas prácticas (Argentina), la categorización de las buenas prácticas conforme al listado de derechos que se enuncian en la Convención de Naciones Unidas (Brasil); la inclusión de la categoría de personas de la tercera edad (Paraguay); la delegación, a la primera vicepresidencia, de las tareas de supervisión de todas las actividades relacionadas con el banco de buenas prácticas (Ecuador); la posibilidad de que se postulen iniciativas con independencia de que sean estatales o de la sociedad civil (Guatemala), entre otras ideas.

La representante de Perú, Irma Beteta, comentó que la propuesta de crear el banco de buenas prácticas se corresponde con la realización de un evento que ha sido realizado por el CONADIS de Perú “Encuentro Internacional de Proyectos Inclusivos Exitosos” que en su segunda edición de 2010 contó con el patrocinio de la OEA. Estos encuentros buscan promover la discapacidad en la agenda política del desarrollo mediante el intercambio de experiencias y el reconocimiento público de aquellos proyectos con enfoques inclusivos que tengan elementos de trascendencia local, regional, nacional o internacional, con potencial para ser replicados. En estos

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encuentros se evalúan proyectos inclusivos en seis categorías: educación, desarrollo social, salud, sensibilización de la sociedad, trabajo y tecnologías. La delegada de Perú invitó a los países del CEDDIS a participar de la próxima convocatoria de estos encuentros que será lanzada en 2014 en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Se abordó así la posibilidad de que los proyectos que sean seleccionados en el marco de este concurso, sean incluidos en el banco de buenas prácticas del CEDDIS.

A propuesta de Ecuador, la Vicepresidenta sometió a votación la decisión de destinar

fondos del CEDDIS para la contratación de un especialista que desde SENADIS de Chile desarrolle y mantenga actualizado el banco de buenas prácticas del CEDDIS. Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad.

b.2 Presentación de una estrategia de visibilidad del Comité (Costa Rica).

El delegado titular de Costa Rica ante el CEDDIS, Erick Hess, presentó una propuesta para lograr una mayor visibilidad del Comité y de sus acciones. La propuesta tiene 3 objetivos en concreto:

- Fortalecer las capacidades del Comité para el manejo eficaz y asertivo de la información, como un instrumento para la sensibilización, concientización y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad;

- Destacar la imagen del CEDDIS respecto de otros órganos de la OEA y ante la

comunidad latinoamericana, y

- Dar respuesta a la necesidad de identificar el nivel de impacto que tienen las recomendaciones del Comité en los procesos de política pública.

Para la consecución de estos objetivos se propuso trabajar en dos componentes: i. Un componente de divulgación y comunicación por el cual se generen mecanismos

participativos para dar a conocer las diversas acciones del CEDDIS tales como los resultados de su evaluación a los informes nacionales, relatorías, observaciones generales, resoluciones, acciones de cooperación internacional y con sociedad civil, entre otros.

ii. Un componente de posicionamiento con acciones dirigidas a materializar la solicitud del

Comité dirigida al Consejo Permanente de la OEA en 2013 de constituir una instancia interamericana para el tratamiento de la temática de la discapacidad en la región de naturaleza similar a las Comisiones o Institutos Interamericanos que existen por ejemplo para abordar el tema de mujeres, niñez, puertos, drogas, entre otros, a fin de impulsar la visibilidad de la discapacidad en la región, reforzar iniciativas y programas de cooperación a nivel hemisférico, y lograr un mayor impacto en el cumplimiento de los instrumentos interamericanos sobre discapacidad. Este pedido fue recogido en la Resolución CEDDIS/RES.3 (IV-O/12), adoptada por el Comité en su Cuarta Reunión ordinaria de noviembre 2012.

El delegado de Costa Rica propuso presentar, para la próxima reunión del CEDDIS, un

desglose de actividades a ser emprendidas dentro de cada componente con sus fechas tentativas de ejecución lo cual fue aprobado por unanimidad.

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Quinta sesión: Presentación de experiencias nacionales inclusivas.

a. Programas para la inclusión de las personas discapacidad en el marco de la

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y “Programa

Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la

Administración de Justicia” (Argentina).

La delegada suplente de Argentina y Presidente de CONADIS, Silvia Bersanelli, comentó que en su país ha sido establecido un fondo exclusivo para programas dirigidos a la inclusión de las personas con discapacidad en virtud de la sanción de la Ley 25730, los cuales han sido diseñados procurando abarcar los derechos enunciados en la CDPCD. Se brindaron algunos ejemplos no exhaustivos de la labor que se realiza en Argentina al respecto señalando, entre otras iniciativas, que para brindar atención a niños con discapacidad (Art. 7) se trabaja en el fortalecimiento de de espacios de estimulación temprana y desarrollo infantil; dentro del ámbito de concientización social (Art. 8) se proporciona capacitación para el conocimiento y promoción de las convenciones en discapacidad; con respecto a la accesibilidad (Art. 9) se trabaja en el mejoramiento de viviendas y transporte institucional así como en la construcción/adaptación de espacios accesibles como plazas o bibliotecas; en relación al derecho a vivir de forma independiente (Art. 19) se han constituido centros municipales de promoción de derechos de las personas con discapacidad; para promover la movilidad personal (Art.20) se ha desarrollado un banco descentralizado de ayudas técnicas; en el ámbito educativo (Art. 24) se ha creado un banco de máquinas de braille; en cuanto a la salud, habilitación y rehabilitación (Arts. 25 y 26) se han constituido redes de servicios de rehabilitación; para promover la inclusión laboral (Art. 27) se trabaja en la adaptación profesional de puestos de trabajo, fortalecimiento de unidades productivas y apoyo a emprendedores con discapacidad; y, por último, para impulsar la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte (Art. 30) se está velando por la accesibilidad de los espacios culturales y deportivos, así como brindando continuo apoyo a los atletas. Acto seguido la Coordinadora Nacional del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS), Mabel Remón, pasó a explicar dicho programa cuyo objetivo es fortalecer los derechos de las personas con discapacidad a través de procedimientos adecuados, la comunicación e información, mitigando así los diversos obstáculos a los que se enfrentan cuando participan en procesos administrativos o judiciales por situaciones que varían en cada caso como por ejemplo por dificultades en el acceso a la información sobre sus derechos y la forma de ejercerlos; por un trato no adecuado por parte de los funcionarios públicos que intervienen en esos procesos; por abordajes incorrectos en los procedimientos periciales; por el desconocimiento por parte de los actores judiciales de la normativa vigente sobre discapacidad, entre otras circunstancias desfavorables. Mabel Remón explicó que ADAJUS está dirigido a las personas con discapacidad, operadores judiciales, agentes penitenciarios, fuerzas de seguridad, funcionarios de la administración pública, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, y señaló también que las actividades del programa abarcan la orientación o asistencia técnica a los destinatarios del programa así como al sector privado que lo solicite sobre temas varios como por ejemplo: adecuaciones legislativas, personas con discapacidad en situación de encierro, adecuación de la intervención de cuerpos periciales en procesos que involucren a personas con discapacidad, entre otros temas. Asimismo, el programa también comprende la elaboración de guías y de protocolos de intervención y la promoción de la cooperación interinstitucional e internacional.

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b. Programa “Proceso Electoral Accesible”5 (Costa Rica).

El delegado titular de Costa Rica ante el CEDDIS, Erick Hess, señaló que en Costa Rica

aproximadamente un 10% del padrón electoral nacional está integrado por personas con discapacidad y que actualmente el CNREE se encuentra trabajando en reforzar los estándares de accesibilidad universal en el ejercicio del sufragio, la obtención de información, o el ejercicio del derecho a ser electo, entre otras acciones, a fin de incrementar la participación política no solo de las personas con discapacidad sino de toda la comunidad en general.

En el marco de este programa se trabaja en reforzar la accesibilidad en las páginas webs

con información electoral, instalaciones físicas donde se ejerce el sufragio, boletines electorales, materiales de campaña, debates u otras actividades partidistas, asegurando que en ellas se disponga del servicio de interpretación en señas entre otras herramientas. Se ha trabajado de la mano con organizaciones de personas con discapacidad para que sean vigilantes de la accesibilidad del proceso electoral.

Otro importante componente de este programa es la capacitación. Se ha trabajado en

capacitar y concientizar tanto a las personas con discapacidad como a los miembros de partidos y otros actores del proceso sobre la discapacidad e inclusividad. Esto se está haciendo a través del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

c. Plataforma virtual en discapacidades6 (Ecuador).

La plataforma virtual en discapacidades es una herramienta que surge desde el

CONADIS de Ecuador con el apoyo de la Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI) y que cuenta con el aval del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), mediante la cual se puede acceder a datos sobre el estado de la discapacidad en el Ecuador, tipos de discapacidad, indicaciones útiles para su adecuada atención, noticias, recursos bibliográficos, investigaciones, entre otra información.

Asimismo esta plataforma cuenta con aula virtual en el cual se pueden recibir

capacitaciones en línea para la sensibilización y el entendimiento de la discapacidad.

d. Programa Piloto Tumbes Accesible “una apuesta por la Igualdad de las Personas con Discapacidad en el Perú” (Perú).

La delegada alterna de Perú ante el CEDDIS, Irma Beteta, informó que el Gobierno

actual ha asumido, como compromiso de Estado, la implementación de políticas públicas orientadas a la inclusión social en la lucha contra la pobreza, mirando de una manera prioritaria a las personas con discapacidad en cumplimiento de la Ley 29973 “Ley General de la Persona con Discapacidad”, la CDPCD, la CIADDIS y demás normas vigentes. Se indicó que durante el mandato del Presidente Ollanta Humala Tasso, se diseñó y dio inicio a la implementación del Programa Piloto “Tumbes Accesible” en el que se aplica además un proceso de mejora continua y

5 Mayor información sobre este programa en el siguiente enlace: http://www.cnree.go.cr/guiaelectoral 6Mayor información sobre este programa en el siguiente enlace: http://www.plataformaconadis.gob.ec/

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sistematización por tramos, construyendo evidencia de esta aplicación a partir del denominado “Círculo de Accesibilidad”7.

El trabajo desarrollado ha consistido, en primer término, en trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas en la aprobación de la estructura funcional en gasto en discapacidad y luego más adelante, en convocar y empoderar a los sectores prioritarios para el desarrollo de toda persona, como son los sectores Educación, Salud y Trabajo, prestándoles la asistencia técnica respectiva para la formulación de tres programas presupuestales por resultado (PPR8) que han servido de soporte económico para acompañar el proceso posterior de implementación del Programa Piloto “Tumbes Accesible” dispuesto mediante Resolución Suprema N° 085-2012-PCM. La delegada indicó que lo anterior es corolario de la voluntad política del Gobierno Nacional y el CONADIS del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de priorizar en la agenda social la atención a las personas con discapacidad y de dotarle el elemento vital del presupuesto que para esta experiencia específica contó con la suma aproximada de S/. 4,300.00 nuevos soles.

Se trata así de una intervención multisectorial, en la que se han establecido sinergias interinstitucionales e interdisciplinarias que han permitido movilizar la cadena de la gestión pública, fortalecerla para que se visibilice y efectivice la conformación de las Oficinas Regionales de Atención de las Personas con Discapacidad (OREDIS) y las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED).

El programa Tumbes Accesibles se ha desarrollado en tres fases: i. Censo regional: Se censó a una población de 205,421 personas. De este total, se

identificó a 22,387 personas con dificultades para desarrollar sus actividades diarias. ii. Estudio bio-psicosocial aplicado a las siguientes provincias: Contralmirante Villar (592

personas con discapacidad); Zarumilla (992 personas con discapacidad) y Tumbes (3,249 personas con discapacidad). En total, la investigación en Tumbes arroja un porcentaje de discapacidad de 2.4%.

iii. Estrategia de respuesta: En función a los resultados obtenidos, se están desarrollando

acciones inmediatas de respuesta (documentación, entrega de ayudas biomecánicas, atenciones médicas) y también se viene elaborando la política regional de discapacidad con el trabajo conjunto del gobierno nacional, gobierno regional y municipalidades del departamento de Tumbes. En la construcción de políticas públicas nacionales, regionales y locales la data que ha determinado esta intervención se ha convertido en insumo fundamental para generar programas, proyectos e iniciativas para favorecer el desarrollo inclusivo de la persona con discapacidad

7 F1:Construcción de la Plataforma Institucional(Red),F2:Financiamiento del Proyecto, F3:Censo, F4:Fase de Implementación(Centro de Operaciones, RRHH, construcción de Procesos), F5: Estudio Biosicosocial (identificación de PCD), F6:Estrategia de Respuesta(identificación de brechas, de proyectos, de actores, etc), F7:Cierre de Proyecto. 8 PPR-Salud: Inclusión Integral de PCD S/.12´596,741; Educación: Inclusión de Niños, Niñas y jóvenes con Discapacidad en la educación básica y técnico productiva S/. 29´215,922 y Trabajo: Inclusión de los jóvenes con discapacidad en el mercado de trabajo S/. 850,300.

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“Tumbes Accesible” pretende impulsar un proceso de transversalización de la discapacidad en todos los ejes del desarrollo humano para lo cual se trabaja en fortalecer las capacidades del recurso humano que trabaja dentro de las regiones destinatarias del programa a través de las OREDIS o de las Gerencias de Desarrollo Social. Actualmente, están iniciándose seis réplicas de dicho programa en las regiones Moquegua, Huánuco, Ayacucho, Junín, Ica y Lambayeque. Otros esfuerzos nacionales en el tema incluyen el Sistema de Georeferencia Especializado en Discapacidad (SIGED) y la elaboración de una Guía de Proyectos Inclusivos y otra en temas de planificación estratégica en discapacidades, entre otras iniciativas concomitantes del programa piloto.

La Sra. Beteta culminó su presentación manifestando la disposición de Perú de brindar, a través de CONADIS, asistencia técnica a los países interesados sobre el abordaje estratégico que se ha desarrollado para asesorar a los sectores educación, salud y trabajo para la formulación de sus programas presupuestales por resultados; la implementación del Programa Piloto “Tumbes Accesible” y del Programa “Soy Capaz”. Tal asistencia técnica comprende la difusión de las herramientas metodológicas que se han construido a lo largo del proceso como por ejemplo los Estudios de Sistematización del Programa Piloto Tumbes Accesible, la Guía de Proyectos Inclusivos Exitosos, o los manuales y material informativo sobre marcos normativos y sensibilización, según se requiera.

Sexta sesión: Consideración de asuntos varios (II parte).

a. Adopción de Resolución “Voto de Agradecimiento al Pueblo y Gobierno de la

República de Costa Rica”.

El CEDDIS, reconociendo la hospitalidad, acogida, así como la gentil atención brindada por el Gobierno de la República de Costa Rica antes y durante el desarrollo de la reunión, adoptaron la Resolución CEDDIS/RES.3/13 (III-E/13) 9 para expresar su agradecimiento al pueblo y al Gobierno de la República de Costa Rica, y en especial al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial de Costa Rica (CNREE), por su generosa hospitalidad y apoyo eficaz que contribuyeron a asegurar el éxito de la Tercera Reunión Extraordinaria del CEDDIS.

b. Sede de la próxima reunión del CEDDIS. Para el primer cuatrimestre de 2014 se prevé la realización de una reunión del CEDDIS

para dar continuidad a los asuntos abordados en la Tercera Reunión Extraordinaria y para la elección de Autoridades del Comité. Más adelante, tentativamente para el último trimestre de 2014, se prevé una segunda reunión que tendrá por objeto la evaluación de los informes nacionales sobre la implementación de la CIADDIS-PAD.

9 Ver Anexo 3

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Las delegaciones de Ecuador y Panamá ofrecieron la sede para la próxima reunión del Comité. Se estima que la misma será realizada en Ecuador según sea confirmado por las autoridades del Comité a inicios de 2014.

Diálogo con sociedad civil. Actuando de conformidad con el artículo V de la CIADDIS, el Comité destinó un espacio para la participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad para escuchar sus inquietudes, recomendaciones y aportes. Al término de las presentaciones se abrió el diálogo entre la sociedad civil con los representantes del CEDDIS. Las observaciones de la sociedad civil fueron recogidas en una presentación que consta como Anexo 4 al presente informe.

Clausura de la III Reunión Extraordinaria. Finalizadas las sesiones de trabajo y, habiéndose abordado todos los puntos de la agenda, la Vicepresidenta del Comité, María Ximena Rivas, agradeció a las delegaciones su participación en la Tercera Reunión Extraordinaria del CEDDIS y dio por clausurada la misma.

IV. RECAPITULACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS DURANTE LAS SESIONES DE TRABAJO DE LA TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CEDDIS

A. SEGUNDO INFORME DE LA CIADDIS-PAD

1. Los delegados del CEDDIS preaprobaron la propuesta de formato simplificado presentada por el Sr. Jiménez para la presentación del informe nacional CIADDIS-PAD circulada como documento de trabajo de la reunión con la clasificación CEDDIS/doc.3(III-E/13). La aprobación final de este documento está sujeta a una segunda revisión por parte de los miembros del CEDDIS quienes, de tener observaciones o solicitudes de cambios a la propuesta, tendrían plazo hasta el 20 de diciembre de 2013 para comunicarlo a la Secretaría Técnica. Se solicitó para tal efecto, consultar el documento CEDDIS/doc.2(III-E/13) “Matriz de indicadores del segundo informe de cumplimiento de la CIADDIS-PAD” en el que se desglosan todos los ajustes realizados a la propuesta original para su simplificación. Se considerará que los países que no presenten observaciones, convalidan la propuesta de formato simplificado tal y como fue presentada.

2. La Secretaría Técnica distribuirá el formato final del segundo informe que recogerá los

comentarios realizados a la propuesta durante la reunión y los aportes que se hayan recibido de los países (esto último si aplicare).

3. Los siguientes países acordaron ajustar, al nuevo formato simplificado, el segundo

informe nacional CIADDIS-PAD presentado entre 2012-2013: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Panamá y Paraguay. De otro lado, los siguientes países manifestaron

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que trasladarían la consulta a sus gobiernos y responderían oportunamente si lo ajustarían o no: Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y República Dominicana.

4. El plazo para que los países indicados en el párrafo anterior reenvíen a la Secretaría

Técnica sus informes nacionales es el 15 de junio de 2014. Esta decisión se adoptó por votación unánime.

B. MANUAL INSTRUCTIVO SOBRE APOYOS Y SALVAGUARDAS

1. Se adoptó, como documento oficial del Comité, el primer diagnóstico regional sobre el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad presentado por el Relator Pablo Rosales.

2. Se estableció un grupo de trabajo para la elaboración de un manual instructivo para la

implementación de mecanismos de apoyos con salvaguardas para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad compuesto por 6 países: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Panamá y Perú.

3. Las funciones del grupo de trabajo serán las siguientes:

a. Elaborar el manual instructivo sobre apoyos y salvaguardas tomando como base las conclusiones de la relatoría sobre capacidad jurídica. Los integrantes del grupo de trabajo deberán trabajar de la mano de un grupo multidisciplinario de actores, esto es, representantes de la sociedad civil y profesionales de diversas áreas (antropólogos, sociólogos, abogados, psicólogos, entre otros) en el diseño de sus recomendaciones.

b. Operativizar las recomendaciones que sean presentadas en el manual, esto es, tratar

de aterrizarlas en el plano real, con acciones como brindar capacitación a los operadores de justicia en los Estados sobre los mecanismos de apoyo, o brindar asistencia técnica a entidades gubernamentales en el marco de proyectos que estén siendo implementados a nivel nacional que impacten a las personas con discapacidad.

c. Establecer relaciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

a fin de hacerla partícipe sobre los avances del Comité en la materia, de modo que la CIDH pueda no sólo difundir las observaciones del Comité sobre la necesidad de sustituir la curatela por otros mecanismos de apoyo, sino además tomarlas como fuente doctrinaria en sus relatorías.

C. BANCO DE BUENAS PRÁCTICAS

Se contratará con fondos del CEDDIS a un especialista que, desde SENADIS de Chile, desarrolle y mantenga actualizado el banco de buenas prácticas del CEDDIS, en coordinación con la Secretaría Técnica del Comité.

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D. ESTRATEGIA DE VISIBILIDAD Se presentará un desglose de actividades a ser emprendidas dentro de cada componente

de la estrategia de visibilidad y posicionamiento del Comité, con sus fechas tentativas de ejecución (Costa Rica).

E. REUNIONES DEL CEDDIS EN 2014 La próxima reunión del CEDDIS se celebrará en Ecuador, tentativamente entre marzo-abril 2014, para la consideración de los siguientes asuntos:

1. Elección de autoridades del CEDDIS para el período 2014-2016. 2. Presentación del plan de trabajo del Grupo de Trabajo para la elaboración del manual

instructivo sobre apoyos y salvaguardas. 3. Presentación de propuesta de actividades para posicionamiento del Comité (Costa

Rica). 4. Presentación de experiencias nacionales inclusivas.

Una segunda reunión tendrá lugar, tentativamente en el último trimestre de 2014, con la finalidad de evaluar los informes nacionales de cumplimiento de la CIADDIS-PAD. F. ACCESIBILIDAD

El Sr. Francisco Jiménez, delegado suplente de Costa Rica ante el CEDDIS, reiteró la

importancia de que todas las actividades a ser realizadas en el marco de las sesiones del Comité, especialmente la presentación de experiencias nacionales inclusivas, cumplan con los estándares de accesibilidad en línea con lo dispuesto en el Artículo 24 del Reglamento del Comité que reza lo siguiente:

Artículo 24. Accesibilidad En las actividades del Comité, éste adoptará las medidas pertinentes para asegurar el debido y pleno acceso de las personas con discapacidad a todos los informes, comunicaciones, servicios e instalaciones para el mejor desempeño de sus funciones.

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ANEXO 1 TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA OEA/ Ser.L/XXIV.3.3 DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN CEDDIS/RES.1/13 (III-E/13) DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN noviembre 2013 CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CEDDIS) Original: español 21 y 22 de noviembre de 2013 San José, Costa Rica

CEDDIS/RES.1/13 (III-E/13)

DIAGNÓSTICO REGIONAL SOBRE EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Aprobada en la primera sesión plenaria celebrada el 21 de noviembre de 2013) EL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Reunido en la ciudad de San José, Costa Rica, en el marco de su Tercera Reunión Extraordinaria celebrada el 21 y 22 de noviembre de 2013; CONSIDERANDO, Que durante la Primera Reunión Extraordinaria del CEDDIS, celebrada en San Salvador, El Salvador, en mayo de 2011, el Comité adoptó la “Observación General del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, sobre la necesidad de interpretar el artículo I.2, Inciso B) In fine de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en el marco del artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, como criterio de interpretación respecto al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad; Que durante la sesión especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA sobre personas con discapacidad, celebrada el 17 de noviembre de 2011, el Comité designó al delegado titular de Argentina ante el CEDDIS, Sr. Pablo Oscar Rosales, como Relator Especial para la elaboración de un diagnóstico regional sobre los progresos y dificultades de los países para garantizar el reconocimiento y ejercicio del derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en línea con el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la Observación General del CEDDIS sobre el tema;

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Que el 1 de febrero de 2012 la Secretaría Técnica del CEDDIS distribuyó a todas las Misiones Permanentes de los Estados Miembros ante la OEA un cuestionario dirigido a funcionarios de gobierno pertenecientes a las ramas del Poder Judicial y Legislativo así como a los Ministerios, Consejos o Secretarías de Inclusión Social, Desarrollo Social, Infraestructura, u oficinas nacionales vinculadas con las políticas de discapacidad, con el fin de recabar la información necesaria para la creación del primer diagnóstico regional referido en el párrafo anterior; Que durante el año 2012 un total de 14 Estados presentaron su respuesta al cuestionario: México, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, El Salvador, Bolivia, Chile, Brasil, Guyana y Bahamas; VISTO, el documento CEDDIS/doc.1(III-E/13) “Diagnóstico regional sobre el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad” con las conclusiones derivadas del procesamiento de los cuestionarios recibidos, presentado por el Relator Especial en el marco de la Tercera Reunión Extraordinaria del CEDDIS, y RECORDANDO, que durante su Primera Reunión Extraordinaria de 2011, los miembros del CEDDIS acordaron que tras completarse el referido diagnóstico regional se conformaría un grupo de trabajo para la elaboración de un manual instructivo sobre la implementación de mecanismos de apoyos con salvaguardas para el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que propendan a sustituir el régimen de la curatela a consecuencia de la declaratoria judicial de interdicción, RESUELVE: 1. Adoptar, como documento oficial del Comité, el primer diagnóstico regional sobre el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que se adjunta a la presente Resolución. 2. Establecer un grupo de trabajo para la elaboración de un manual instructivo sobre la implementación de mecanismos de apoyos con salvaguardas para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad conformado por: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Panamá y Perú.

3. Fijar, como funciones del grupo de trabajo, las siguientes:

a. Elaborar el manual instructivo sobre apoyos y salvaguardas tomando como base las conclusiones de la relatoría sobre capacidad jurídica adoptada por el CEDDIS en su Tercera Reunión Extraordinaria. Los integrantes del grupo de trabajo deberán trabajar de la mano de un grupo multidisciplinario de actores, esto es, representantes de la sociedad civil y profesionales de diversas áreas (antropólogos, sociólogos, abogados, psicólogos, entre otros) en el diseño de sus recomendaciones.

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b. Operativizar las recomendaciones que sean presentadas en el manual con acciones como capacitación a los operadores de justicia en los Estados sobre los mecanismos de apoyo, o brindar asistencia técnica a entidades gubernamentales en el marco de proyectos que estén siendo implementados a nivel nacional que impacten a las personas con discapacidad.

c. Establecer relaciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH) a fin de hacerla partícipe sobre los avances del Comité en la materia, de modo que la CIDH pueda no sólo difundir las observaciones del Comité sobre la necesidad de sustituir la curatela por otros mecanismos de apoyo, sino además tomarlas como fuente doctrinaria en sus relatorías.

4. Solicitar al grupo de trabajo que informe al Comité en su próxima reunión sobre los avances registrados en la construcción del manual instructivo. 5. Agradecer a los Estados Miembros de la OEA que respondieron al cuestionario base para la elaboración del diagnóstico regional sobre el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. 6. Felicitar al Relator Especial, Pablo Oscar Rosales, por sus arduos esfuerzos en la consecución de este diagnóstico y notable compromiso con el tema.

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ANEXO 2 TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA OEA/ Ser.L/XXIV.3.3 DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN CEDDIS/RES.2/13 (III-E/13) DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN noviembre 2013 CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CEDDIS) Original: español 21 y 22 de noviembre de 2013 San José, Costa Rica


REFORMAS AL REGLAMENTO

(Aprobada en la tercera sesión plenaria celebrada el 21 de noviembre de 2013) EL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

Reunido en la ciudad de San José, Costa Rica, en el marco de su Tercera Reunión Extraordinaria celebrada el 21 y 22 de noviembre de 2013; CONSIDERANDO,

El artículo 1 del Reglamento según el cual los casos no previstos en dicho marco normativo serán resueltos por el propio Comité; El Artículo 3.a. del Reglamento conforme al cual el Comité tiene la atribución de adoptar y reformar su Reglamento interno para el cumplimiento de sus objetivos; El artículo 25 del Reglamento según el cual el Reglamento podrá ser reformado por el Comité en los términos establecidos en el artículo 15; Que, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento, las decisiones sobre la modificación de sus reglas se tomarán con el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Comité presentes en la reunión, y TENIENDO EN CUENTA, el documento CEDDIS/doc.3(III-E/13) “Propuestas de reforma al Reglamento del CEDDIS”,

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RESUELVE: Aprobar las reformas al Reglamento del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad que se indican a continuación10:

Artículo 1. Alcance del Reglamento Interno11 El presente Reglamento Interno (en adelante el “Reglamento”) regirá la organización y el funcionamiento del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS) establecido en virtud del inciso primero del artículo VI de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS).

El Comité cumplirá sus funciones de acuerdo con lo establecido en la Convención, en el presente Reglamento y, en todo lo no previsto en éstos, supletoriamente por el Reglamento del Consejo Permanente de la OEA.

Los casos no previstos en este Reglamento serán resueltos por el propio Comité. Artículo 2. Composición del Comité

El Comité estará integrado por un representante y dos suplentes designados por cada Estado Parte de la Convención y su nombramiento se mantendrá vigente hasta tanto el Estado que designa disponga lo contrario por un período de cuatro años sin posibilidad de reelección12. Los miembros del Comité desempeñarán sus funciones a título personal y con independencia,13 serán personas de alta autoridad moral y deberán tener conocimientos técnicos sólidos y experiencia en los diferentes temas que abarca la Convención, entre otros, conocimientos en derechos humanos, en temas de discapacidad y políticas públicas.

En caso de ausencia del representante principal, los suplentes gozarán de las mismas prerrogativas.

Los Estados Parte promoverán en la designación de sus representantes, prioritariamente, la participación de personas con discapacidad en los términos del artículo V de la Convención y de sus familias, así como la designación de al menos un representante de la sociedad civil14. Los Estados Parte deberán comunicar a la Secretaría General de la OEA el nombre y los datos personales de sus representantes, tales como dirección, correo electrónico, teléfono y fax, tan pronto como hayan sido designados. Cada Estado Parte deberá comunicar inmediatamente a la

10 Véase en negrita nuevos agregados. 11 Acrónimos aprobados por unanimidad. 12 Aprobado por unanimidad. 13 Aprobado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Republica Dominicana (13/14). 14 Aprobado por unanimidad.

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Secretaría General de la OEA cualquier cambio en la designación de sus representantes en el Comité. Artículo 4. Autoridades del Comité

El Comité elegirá15 entre sus miembros a un Presidente y a dos Vicepresidentes, teniendo en cuenta los principios de equidad de género y de representación geográfica. El Presidente y los Vicepresidentes desempeñarán sus funciones por un período de dos años, y no podrán ser reelegidos para un período adicional en el mismo cargo16, sin perjuicio de la posibilidad de ser electo para desempeñar otro cargo de autoridad 17 . En caso de ausencia o impedimento temporales del Presidente, lo sustituirá el Primer Vicepresidente. En caso de ausencia o impedimento definitivos del Presidente y/o de los Vicepresidentes, el Comité elegirá a nuevas autoridades, según sea el caso, para ejercer dichos cargos. Artículo 6. Secretaría Técnica del Comité18 La Secretaría Técnica del Comité será ejercida por la Secretaría General de la OEA, a través de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, del Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral, la cual brindará al Comité el apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el inciso séptimo del artículo VI de la Convención Artículo 7. Funciones de la Secretaría del Comité19 La Secretaría cumplirá las siguientes funciones, bajo la supervisión del Presidente y los vicepresidentes del Comité:

a. Apoyar en la elaboración de un proyecto de cronograma de trabajo que someterá a la

consideración de las autoridades del Comité la Presidencia.

b. Apoyar en la elaboración del proyecto de temario y metodología de tratamiento de cada reunión para someterlas a la consideración de las autoridades del Comité la Presidencia.

15 Se mantiene el sistema de elección tanto para el Presidente como los Vicepresidentes, y se descarta propuesta de rotación de autoridades por orden alfabético apoyada por Brasil y Perú por no haber obtenido mayoría suficiente. 16 La posibilidad de ser reelecto como autoridad en el mismo cargo fue sometida a votación con el siguiente resultado: -A favor: Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá y Republica Dominicana (5/14). -No a favor: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Perú (9/14). Se mantiene por tanto la imposibilidad de ser reelecto en el mismo cargo. 17 La posibilidad de ser reelecto como autoridad para otro cargo diferente fue sometida a votación con el siguiente resultado: -A favor: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y República Dominicana (9/14). -No a favor: Argentina, Bolivia, Brasil, Perú (5/14). Se aprueba la reelección como autoridad pero en otro cargo diferente. 18 Aprobado por unanimidad. 19 Cambios aprobados por: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú (10/14).

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c. Distribuir las convocatorias de las reuniones del Comité así como todo otro documento relevante.

d. Prestar servicios de secretaría al Comité y a los grupos de trabajo que se crearen, incluso

en la preparación de los informes que elabore el Comité de conformidad con el inciso quinto del artículo VI de la Convención.

e. Custodiar todos los documentos y archivos del Comité.

f. Difundir por correo electrónico, Internet o cualquier otro medio de comunicación la

información y los documentos públicos relacionados con el Comité, así como los informes de los Estados Parte y el informe del que trata los incisos tercero y quinto del artículo VI de la Convención, una vez que éstos sean de carácter público de acuerdo con lo dispuesto en este Reglamento, en formatos accesibles para conocimiento de las personas con discapacidad.

g. Servir de punto central de coordinación y contacto para el envío e intercambio de

documentos y comunicaciones entre los representantes de los Estados Parte en el Comité, a través de sus respectivas Misiones Permanentes, los órganos de la OEA y otras organizaciones o instituciones.

h. Poner en conocimiento del Presidente y los vicepresidentes las comunicaciones que

reciba para ser sometidas a la consideración del Comité.

i. Elaborar las actas resumidas de las reuniones del Comité y llevar el archivo de las mismas.

j. Asesorar a los integrantes del Comité en el desempeño de sus funciones cuando le sea

requerido.

k. Promover y organizar programas de cooperación técnica, en coordinación con otras organizaciones internacionales y agencias de cooperación, para apoyar a los Estados Parte en sus esfuerzos para dar cumplimiento a las recomendaciones que le formule el Comité.

l. Las demás que le encargue el Comité, o que correspondan a la Secretaría General de la

OEA para el efectivo cumplimiento de sus funciones. Artículo 8. Sede La sede del Comité estará ubicada en la ciudad de Washington D.C., en Estados Unidos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo VI.2 de la Convención, las reuniones del Comité se celebrarán en su sede, a menos que un Estado Parte ofrezca celebrarlas en otros lugares.

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El Estado solicitante deberá prever la logística y presupuesto necesario que garantice el cumplimiento de agendas y objetivos de la reunión del Comité, sin perjuicio de la posibilidad de cofinanciamiento desde el fondo de contribuciones del CEDDIS20.

Artículo 9. Sesiones21

El Comité celebrará al menos un período de sesiones cada dos años. Las sesiones plenarias del Comité serán públicas, salvo que por circunstancias especiales las autoridades determinen que deban ser privadas. Los grupos que eventualmente se conformen sostendrán sesiones privadas salvo acuerdo en contrario y sus decisiones deberán ser recogidas en un informe que se compartirá con el plenario. Un Estado Parte podrá solicitar la convocatoria de un período extraordinario de sesiones con el respaldo de al menos otros tres Estados Parte. Los representantes de la sociedad civil podrán presenciar las sesiones ordinarias o extraordinarias del Comité.

Artículo 15. Decisiones22 Cada miembro del Comité tendrá derecho a un voto. El Comité tomará sus decisiones por consenso. Si no se puede lograr el consenso, el tema será sometido a votación a pedido de cualquier miembro del Comité, en cuyo caso cada miembro titular del Comité, o el suplente en ausencia del titular, tendrán derecho a un voto. Todas las votaciones serán a mano alzada y se dejará constancia del voto de cada miembro. Si la decisión se refiere a la adopción del informe a que se refiere el artículo VI.3, VI.5 de la Convención o, a la modificación de este Reglamento o a la elección de autoridades, la decisión se tomará con el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Comité presentes en la reunión.

En los demás casos, la decisión se adoptará por mayoría de los miembros del Comité presentes en la reunión.

20 Aprobado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú (12/14). 21 Cambios aprobados por: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Perú (12/14) 22 Cambios aprobados por unanimidad.

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Artículo 16. Comunicaciones y Distribución de Documentos23 Las comunicaciones entre la Secretaría General de la OEA y el Comité, así como los documentos a ser considerados por éstos, se remitirán por correo electrónico a través de la Secretaría del Comité a través de la Misión Permanente ante la OEA del respectivo Estado Parte.

Las convocatorias a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité; ofrecimientos de sede; solicitud de informes nacionales; remisión de proyectos de resoluciones; candidaturas a posición de autoridades o nombramientos recibidos, entre otras cuestiones, se remitirá por la Secretaría Técnica con copia a la Misión Permanente del Estado Parte ante la OEA. Los informes de los Estados Parte a los que se refieren los incisos tercero y sexto del artículo VI de la Convención, así como cualquier otro documento o información, se remitirán al Secretario General de la OEA a través de las Misiones Permanentes por correo electrónico, fax o correo convencional.

23 Cambios aprobados por: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú (11/14).

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ANEXO 3

TERCERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA OEA/ Ser.L/XXIV.3.3 DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN CEDDIS/RES.3/13 (III-E/13) DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN noviembre 2013 CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CEDDIS) Original: español 21 y 22 de noviembre de 2013 San José, Costa Rica


VOTO DE AGRADECIMIENTO AL PUEBLO Y GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

(Aprobada en la sexta sesión plenaria celebrada el 22 de noviembre de 2013)

EL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSIDERANDO que la Tercera Reunión Extraordinaria del Comité para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS), se celebró del 21 al 22 de noviembre de 2013 en la ciudad de San José, Costa Rica, y RECONOCIENDO la hospitalidad, acogida, así como la gentil atención brindada por el Gobierno de la República de Costa Rica antes y durante el desarrollo de la reunión, RESUELVE: 1. Expresar su agradecimiento al pueblo y al Gobierno de la República de Costa Rica por su generosa hospitalidad y apoyo decidido y eficaz que contribuyeron a asegurar el éxito de la Tercera Reunión Extraordinaria del CEDDIS.

2. Agradecer al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial de Costa Rica (CNREE) y a su personal que, con gran eficiencia, dedicación y profesionalismo brindaron una valiosa contribución logística antes y durante la consecución del la Tercera Reunión Extraordinaria del CEDDIS. 3. Extender el agradecimiento a los representantes nacionales de Costa Rica ante el CEDDIS y a los miembros de apoyo local por la acogida y cordialidad recibidas.

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ANEXO 4

III REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

San José, 21 y 22 de noviembre de 2013

SOLICITUDES DE LA SOCIEDAD CIVIL

I. CARÁCTER CONCEPTUAL DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA

ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• Garantizar la disponibilidad de la información ya sea utilizando lenguaje de señas,

subtítulos, impresiones y /o cualquier otro sistema de pictogramas que faciliten el conocimiento por parte de las personas con discapacidad sobre el quehacer de la Comisión y el contenido de la misma Convención.

• Considerar en la información la pluralidad de personas señantes, así como de diferentes organizaciones de personas sordas, esto debido a la existencia de diferencias entre la comunidad sorda y la comunidad con discapacidad auditiva.

• Que el CEDDIS apruebe una resolución para que los Estados desarrollen políticas

públicas a favor de las personas con discapacidad, incluyendo poblaciones como las personas indígenas con discapacidad, personas con discapacidad de zonas rurales y personas con discapacidad privados de libertad, colectivo de personas sordas como comunidad socio lingüística, teniendo como plan de acción modelo uno que incluya aspectos como: utilización de herramientas de las Tecnologías de Innovación Inclusión Social (TIIS), adiestramiento de perros, educación inclusiva para mejorar la participación de la población con discapacidad, vivienda digna, personas de cuido y empleo, prevaleciendo la equidad del individuo, entre otros.

• Contextualizar y homologar el concepto de persona con discapacidad; así como el

concepto de discapacidad establecido en la CDPC, inciso E del Preámbulo.

• Contextualizar y conceptualizar el tema de la edad cronológica y mental de las personas con discapacidad mental y cognoscitiva.

• Fomentar la transmisión del mensaje por parte del Estado para permitir que las personas

con discapacidad estén organizadas y logren incidir en las políticas del Estado.

II. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL CEDDIS

• Que los Estados se comprometan a asignar dentro de sus presupuestos un monto específico para el funcionamiento de CEDDIS y de su Secretaría Técnica.

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• Crear a la Organización de los Estados Americanos (OEA) un departamento de discapacidad en donde se ubique a la Secretaría Técnica del CEDDIS y no en el departamento que atiende el desarrollo humano y trabajo, pues se corre el riesgo de diluir el tema de discapacidad.

• Crear el Instituto Interamericano de la Discapacidad, con el fin de dar estabilidad al tema

y que sus proyecciones abarquen hasta el 2030 dentro de la estructura de la OEA.

• Sugerir a la Asamblea General a través del CEDDIS, una modificación de la CIADDIS para que armonice con la CDPC en puntos como:

o Autonomía personal. o Vida Independiente de esta población.

• Reforzar los mecanismos de elección del colectivo con discapacidad dentro del Comité. • Establecer procesos de vigilancia y control en el cumplimiento de la Convención. • Reforzar los procesos de capacitación y formación en cuanto al contenido de la

Convención.

• Generar un observatorio de violación de derechos humanos de las personas con discapacidad.

• Que en este observatorio se cree un apartado de buenas prácticas de los Estados Parte en

relación con el CIADDIS.

• En el artículo 3 inciso b) del Reglamento del CEDDIS se propicia la participación de la sociedad civil menos la integración de la misma a este cuerpo, dando una participación real y efectiva de las organizaciones así como de la misma sociedad civil.

• Estandarizar y sistematizar las consultas sobre el cumplimiento a toda la población con

discapacidad, generando la participación orgánica.

• Que el CEDDIS en sus acuerdos, con la finalidad de dar cumplimiento a la Convención, rinda un informe a la Asamblea General y que en ella participe la sociedad civil.

• Mejorar la accesibilidad de la web de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

para que la población con discapacidad pueda informarse.

• Generar una estadística sobre el cumplimiento de los informes del CEDDIS y la sociedad civil.

• Generar un instrumento que dé pautas mínimas de cómo atender, durante y después, de

situaciones de emergencia y desastres naturales a las personas con discapacidad.

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III. CUESTIONAMIENTOS QUE SE SOLICITAN AL CEDDIS REALIZAR A LOS ESTADOS PARTE DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN

DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

a- Sobre la aplicación y seguimiento de la Convención

• ¿Existe un organismo gubernamental encargado de la aplicación de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad?

• ¿Existe un mecanismo de coordinación para la adopción de medidas en diferentes sectores y a diferentes niveles?

• ¿Existe un mecanismo independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación

de la Convención?

• ¿Brinda espacios la Convención para que las organizaciones de y para personas con discapacidad se integren y participen plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento? ¿Lo anterior, con qué criterios se realiza?

• ¿Quién y cómo se designan ante el CEDDIS a los representantes en el Comité? b- Respecto de los informes

• ¿Quién decide las directrices aplicables al contenido de los informes?

• ¿El informe está preparado mediante un procedimiento abierto y transparente, tomando en cuenta la participación de las organizaciones de y para personas con discapacidad?

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS · trascendencia para la sistematización de información...

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