OCUPA TODO EL ESPACIOGuía urbana

Análisis del proyecto de ley de agua.

La importancia del trabajo voluntario en el ambiente.

Análisis de la crisis de combustible.

Aporte de las áreas privadas a la conservación.

S U M A R I O 1 3 3

Director y editor Eduardo Mora. Asistente Karol Montero.Consejo editor Manuel Argüello, David Kaimowitz, Luis Poveda, Rodia Romero.Diagramación e impresión Litografía e Imprenta Segura Hermanos, tel. 279 9759.Circulación Enrique Arguedas.

Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional,tel.: 277 3688, fax: 277 3289, apartado postal: 86-3000, Costa Rica,ambientico@una.ac.cr, w w w . a m b i e n t i c o . u n a . a c . c r

EditorialIndígenas y río Pacuare avasallados

Hugo LázaroUsos y abusos en tierras indígenas

Dónald RojasIndígenas ticos pierden tierras

Rubén ChacónDerechos sobre recursos naturales en territorios indígenas

Osvaldo Durán Planean destruir el Pacuare sin importar indígenas

O T R O S T E M A S

3467

10

Javier BaltodanoBosques en reservas del Ida: biodiversidad y manejo

María Isabel Camacho Benignidad ambiental y social de las cabras

María Isabel CamachoLeche de cabra y salud

María Virginia Cajiao¿Hasta cuándo estaremos sin Ley de Pesca?

Reseñas de estudiosDestruir bosques afecta la salud

1418202122

U.S. FISH & WILDLIFE

SERVICE

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Ilustración de portada: O. Durán

E N O C T U B R E

T E M A D E P O R T A D A

2 Octubre 2004

E D I T O R I A L

Los derechos indígenas son crecientemente reconocidosy respetados en el mundo, pero aún no lo suficiente. EnCosta Rica, como en casi todo el planeta, continúa la

devastación de las culturas originarias: la economía de mer-cado desarticula su organización económica, social y políticay sobreexplota la mano de obra indígena, además invade lasáreas de reserva estableciendo actividades ecológicamenteletales que obvia-mente impactantoda la culturaindígena. Agri-cultura, ganade-ría, cacería y ex-tracción madere-ra son prácticasrealizadas en lasreservas indíge-nas ticas por par-te de no indíge-nas y, como sifuera poco el ava-sallamiento, elInstituto Costa-rricense de Elec-tricidad planea laconstrucción deuna represa en elrío Pacuare, eco-sistema milena-riamente respeta-do y aprovechadososteniblementepor los indios delas reservas Bar-billa-Dantas y Chirripó como fuente de alimentación, de es-parcimiento y como vía de transporte. Esta obra en cierneshace evidentes la diferencia y la contradicción existentes en-tre la premoderna cultura indígena y la moderna cultura ca-pitalista en la que el ansia de ganancias a costa de ecosiste-mas frágiles y del equilibrio y supervivencia de las comunida-des -ancestrales o no- es desgraciadamente dominante.

Así como sería insensato intentar mantener a culturasaborígenes intocables para preservarlas en su pureza hasta elfin de los tiempos, lo es también permitir que en las reservas

se instalen actividades productivas ajenas a la economía y ala cultura indígenas. Precisamente por eso es obligado el res-peto a las reservas, donde pareciera que uno de los pocos em-prendimientos económicos no lesivos ecológica ni cultural-mente con involucramiento de no indígenas sería el ecoturis-mo, que por su orientación axiológica y organizativa originalprivilegia el beneficio a las comunidades locales y la partici-

pación de éstassin perder su ca-rácter.

Las comuni-dades indígenasno depredan suentorno no por-que hayan sido to-cadas por una di-vinidad ecologistasino porque su de-sarrollo tecnológi-co es muy escaso,tal que siguen vi-viendo una eco-nomía de subsis-tencia con pocosexcedentes quecomerciar, lo cualhace que su siste-ma ideológico semantenga con po-cas variaciones, ala vez que éste,obviamente, re-fuerza el estanca-miento tecnológi-

co. El medio biofísico caracterizado por la alta pluviosidad yel suelo quebrado contribuye a que la agricultura indígena nose desarrolle generando más excedentes, los que a su vez in-cidirían en más especialización del trabajo y mayor intercam-bio comercial, dinamizándose la economía. En contraste conesa economía sustentable, la economía nuestra (a pesar de labuena fe del Ice y otras entidades) puja por crecer exponen-cialmente arrasando con todo, incluso con las reservas indí-genas y las áreas silvestres protegidas, por lo que no la pode-mos dejar sin crítica y a rienda suelta.

Indígenas y río Pacuareavasallados

En el cantón de Buenos Aires, en el sur del país,existen seis territorios indígenas que albergan acuatro pueblos originarios de lo que hoy es Costa

Rica: bruncas, teribes, bribris y cabécares, e inclusivegnöbes, que se asientan en el territorio de Coto Brus,constituyendo el cantón mas diverso desde el punto devista étnico y cultural. Estos territorios suman 91.040hectáreas, de las que el 67 por ciento está en manos deno indígenas (60.997 ha). Paradójica e injustamente, el67 por ciento del total de la población es indígena.

Uno de los principales problemas de los territoriosindígenas lo constituye la tenencia de la tierra, la cual,además de ilegítima en la mayoría de los casos, resultainjusta, desproporcionada y fiel reflejo del abandono es-tatal: Derivada de esa tenencia encontramos el proble-ma del aprovechamiento de la tierra y su impacto am-biental, tema que motiva este artículo.

En estos territorios se distinguen dos tipos de uso desuelo: el expansivo y con fines comerciales, típico en elcampesino no indígena, y el tradicional, de subsistencia,de los indígenas. Durante todo el periodo de ocupaciónno indígena la práctica agrícola más usual ha consistidoen la eliminación de los bosques para la siembra de gra-nos básicos y, luego, la ganadería extensiva. Hoy día,cualquier foráneo puede distinguir a la distancia la fin-ca de un indio de la de un no indígena, por la sencillarazón de que la de este segundo siempre estará destina-da a la ganadería y, más recientemente, al cultivo de ca-fé en las zonas más altas y, muy aisladamente, a cultivosno tradicionales como el ayote o el tiquisque.

Quizá el efecto e impacto más evidente de este usoindiscriminado de los suelos, desde el punto de vistaambiental, ha sido la destrucción de los bosques. Estoimplicó, entre otras cosas, la alteración y contamina-ción de los mantos acuíferos, la caza y eliminación dehábitats, la destrucción y saqueo de sitios sagrados(huaquerismo), el comercio ilegal de madera y, en gene-ral, el deterioro casi irreversible de la cuenca del ríoGrande de Térraba, además de la destrucción de la flo-ra y la fauna que albergaba una compleja red de benefi-cios como la medicina tradicional o los alimentos delpueblo indígena.

Esto contrasta con el uso de suelo por parte de losindígenas, que practican una agricultura de subsistenciacon venta de excedentes, que normalmente es de bajovolumen. En la mayoría de las veces existe una parcelatradicional donde se mezcla el cultivo de aguacate, na-ranja, banano, raíces y tubérculos. Además, se practicaaún el sistema de manos vueltas y peonadas o "juntas",donde colectivamente se siembra y cosecha granos bá-sicos. Las semillas tradicionales para todos estos culti-vos son, en muchos casos, únicas y han resistido el pa-so de varias generaciones.

Como puede observarse, la cultura juega un rol defi-nitivo en la forma en que se aprovechan los recursos.Los indígenas, de acuerdo a su cosmovisión, tienen unconcepto propio de la naturaleza a la que definen comomadre. Los no indígenas (por lo menos así se ha demos-trado en estas comunidades) ven la naturaleza comoobjeto mercantil donde la tierra y sus recursos se tasande acuerdo a la utilidad productiva y es bajo esa premi-sa que se aprovechan. Ejemplos de ello los encontramosa diario: comercio de tierras a precios cada vez mas es-peculativos, comercio de pieles, de cabezas de venado,de animales silvestres vivos como el tepezcuintle y aves,de plantas silvestres como las orquídeas y guarias y cazay venta ilegal de carnes silvestres.

Además, se ha incrementado la pesca ilegal y la con-taminación de los ríos: quebradas, riachuelos y el ríoGrande de Térraba son frecuentemente envenenadoscon insecticidas para obtener pescado y camarones,tanto para el consumo familiar como para la venta en elcentro de Buenos Aires y Palmar Norte, principalmen-te. Aunque estamos frente a un tipo de delito ambien-tal y contra la salud pública, es poco lo que pueden ha-cer las autoridades sanitarias y ambientales debido aque se trata de actos realizados furtivamente, a que esdifícil obtener pruebas y a que el sitio en que se cometeel daño es recóndito.

Ante la reactivación de los estudios por parte delInstituto Costarricense de Electricidad para la cons-trucción del Proyecto Hidroeléctrico Boruca, se hansuscitado reacciones que contribuyen al deterioro delambiente: especulación en el comercio ilegal de tierras,aplicación de técnicas agrícolas inadecuadas, explota-ción de los reductos boscosos y los cultivos altamenteerosivos en zonas de aptitud forestal. El comercio ilegal

4 Octubre 2004

Hugo Lázaro es presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Rey Curré.

Usos y abusos en tierrasindígenas

H U G O L Á Z A R O

T E M A D E P O R T A D A

de tierras está asociado a la idea de los campesinos deque "el estado va a pagar bien todas las mejoras" que sele hagan a la propiedad, y en la mayor parte de las ve-ces esas "mejoras" están ajustadas al concepto anticua-do de eliminar la vegetación biodiversa -bosques prima-rios o secundarios en terrenos de alta pendiente- e ins-talar potreros. También se han recrudecido los conflic-tos por el derecho a las tierras, las cuales en los territo-rios indígenas tienen un carácter colectivo y son admi-nistradas por las asociaciones de desarrollo integral y asíestán inscritas en el Registro. Como está demostrado, lamayoría de esas tierras son poseídas en forma ilegítimay, por tal motivo, sus poseedores intentan en vano quese les otorgue escrituras individuales y, más reciente-mente, han presentado acciones de inconstitucionali-dad para que se eliminen las leyes indígenas. En esecontexto, los recursos naturales son usados indiscrimi-nadamente con el argumento de que "de por sí en cual-quier momento me largo de aquí".

La erosión de suelos, que es otro problema ambien-tal gravísimo, está vinculada a los cultivos como el caféen zonas de alta pendiente, la ganadería a cielo abiertodonde todo árbol es un estorbo y el pastoreo en laderas.Una práctica muy común para "rejuvenecer" pastos esel uso del fuego que, muchas veces, culmina con incen-dios incontrolables como el que recientemente destru-yó miles de hectáreas en la zona de Ujarrás, en el cerroDúrika y en el Parque Internacional La Amistad.

Finalmente, es aconsejable denunciar los casos de es-clavitud que viven muchos indígenas de la región,

desposeídos en su propia tierra, acosados para el comer-cio ilegal de sus tierras, desplazados a las zonas menosproductivas y que han terminado como peones, reci-biendo salarios ridículos por jornadas extenuantes y encondiciones extremadamente violatorias de los dere-chos humanos. Aunque éste no es un problema expre-samente ambiental ni productivo, sí es una consecuen-cia de la disputa por los recursos, es derivado de la acti-vidad productiva y tiene connotaciones sociales, econó-micas y culturales que influyen negativamente en suconstitución como pueblo autóctono. La jornada diariade los indígenas empleados por no indígenas por lo ge-neral es de seis horas, consiste en la limpieza de potre-ros, instalación y mantenimiento de cercas de alambrede púas y en la siembra, cosecha y mantenimiento decultivos agrícolas. No se les cubre ningún tipo de garan-tía social, el salario es mínimo y en muchos casos solo seles da trabajo durante cinco horas diarias "porque elrendimiento disminuye con el cansancio"; es decir, encinco horas se somete al trabajador a un esfuerzo exce-sivo, no se le da ni se le paga el tiempo de descanso pa-ra desayuno ni almuerzo y se le obliga a que en cinco omenos horas haga lo que debería hacerse en ocho.Cuando hay accidentes laborales el patrón obliga alpeón a que mienta o le encubra ante los funcionarios dela Caja Costarricense del Seguro Social y si no obedece

lo despide del trabajo. Pero, aun así, si el accidente im-plica una incapacidad, el patrón le abandona a su suer-te o le presta dinero para la comida de su familia, deu-da que se vuelve eterna, pues los intereses o el desba-lance que implica tener que pagar lo que ya era un de-recho hará que ese peón termine anciano sin poder can-celar su "obligación". En el derecho moderno eso se lla-ma esclavitud y es un tema ampliamente tratado en losforos de discusión sobre derechos humanos. No obstan-te, tratándose de indígenas se habla de "beneficios quelos no indígenas dan a los indígenas".

Luego de este somero recorrido por la problemáticade los indígenas ticos en sus territorios y por las im-

plicaciones ambientales de las actividades productivas,vale recordar el mensaje que nos dan los indígenas deCurré y Boruca en la Danza de los Diablitos: "Antes deque los españoles llegaran a nuestras tierras, el pueblohacía fiestas y compartíamos nuestros animales, alimen-tos y la bebida ritual y alimenticia, la chicha. Todos vi-víamos juntos, muy cerca uno del otro, para proteger-nos mutuamente. Pero vino el hombre blanco y nos per-siguió, nos puso a pelear entre hermanos, nos dio su Bi-blia y su ley y se quedó con nuestras tierras. Desde en-tonces luchamos contra el sistema y contra quienes loimpulsan, nos resistimos a morir y, si caemos, nos volve-mos a levantar. El hombre enmascarado y camuflado re-presenta al indio que no muere, el toro representa alenemigo". La Danza de los Diablitos termina con la dis-tribución de la carne del toro, que, aparte del significa-do triunfal que tiene, representa también la esperanzade volver a compartir, de que todos los indios se junteny celebren la victoria y el renacer de la esperanza en unfuturo mejor.

5Octubre 2004

T E M A D E P O R T A D A

O. DURÁN

D Ó N A L D R O J A S

6 Octubre 2004

T E M A D E P O R T A D A

Indígenas ticos pierden tierras

En Costa Rica existen ocho pueblos indígenas (brun-cas, bribris, cabécares, chorotegas, huetares, male-kus, gnöbes y teribes) ubicados en 24 territorios in-

dígenas, con una población, según datos de sus propias or-ganizaciones, de 75.000 habitantes (63.876 según el Insti-tuto Nacional de Estadísticas y Censos [Inec]). En los 24territorios, que suman 330.509 ha, impera sobre la tierraun sistema de propiedad comunal indígena según lo calificanexpertos juristas. La Ley Indígena (No. 7172, de 1977) de-fine que ese tipo de propiedad no es estatal, y el Convenio169 de la OIT (1992), que tiene rango constitucional, re-conoce la propiedad de las tierras por parte de las comuni-dades indígenas.

Desde la fecha de creación de los territorios indígenashasta hoy, la situación de tenencia de la tierra es cada vezmás caótica. Primero se dio una alta deforestación del bos-que, especialmente en los territorios de Boruca, Curré yTérraba (Buenos Aires de Puntarenas), siguiendo los terri-torios de Salitre, Ujarraz y Cabagra. Posteriormente, se dioinvasión de tierras por parte de no indígenas hasta -segúnlas organizaciones indígenas- quedar en manos indígenassolo el 54 por ciento de la tierra en Boruca y solo el 15 porciento en Térraba. Esos datos coinciden con los resultadosdel Censo 2000 del Inec, según los que en territorios indí-genas hay mayor presencia de no indígenas (véase cuadro).

Además de la pérdida de tierra por manos de no indíge-nas, se da una pérdida de recursos naturales: en Boruca, deun área total de 12.470 ha. determinada como territorioindígena en 1993, momento en que el 70 por ciento esta-ba cubierto por bosque con la fauna autóctona, hoy el bos-que solo cubre el 20 por ciento del área y la fauna desapa-reció; la situación es peor en Térraba.

Adicionalmente, a pesar de que las reservas indígenasdel cantón Buenos Aires -entre las que están las dos reciéncitadas- fueron las primeras en ser declaradas, las de Boru-ca, Térraba y Curré no han podido obtener sus títulos co-munales, por lo que las respectivas asociaciones de desa-rrollo interpusieron un recurso de amparo ante la SalaCuarta obteniéndose un fallo favorable, mas el gobiernoaún no ha subsanado la falta. La Ley Indígena manda al go-bierno, a través de la Comisión Nacional de Asuntos Indí-genas (Conai), a defender la inalienabilidad y la exclusivi-dad de las tierras para los indígenas, pero, en vez de cum-plirse, cada vez aumenta más la cantidad de personas noindígenas en los territorios indígenas, lo que ocasiona que

muchas familias ya no tengan dónde cultivar ni sitio parasu vivienda y tengan que migrar, tal que -según el Censo2000- hoy casi el 50 por ciento de la población indígena vi-ve fuera de sus territorios.

La Conai, que incumple todo lo que norma la legisla-ción indígena nacional e internacional, incluido el Conve-nio 169 de la OIT, a pesar de ser una entidad gubernamen-tal se atribuye la representación de los pueblos indígenasdel país y limita y presiona para que las organizaciones in-dígenas no reciban cooperación internacional para el desa-rrollo en sus territorios. Las organizaciones indígenas pormucho tiempo han enviado propuestas al gobierno para re-cuperación de tierras, para inversión social y para estable-cer un plan de desarrollo consensuado, pero la respuestaha sido nula. Se anunció un plan de desarrollo 2002-2006que no fue consultado con los indígenas y cuyo objetivo estodo lo contrario a la legislación, pues llama a la "plena in-tegración a la sociedad nacional", concepto éste que ya fueeliminado de la legislación internacional.

Costa Rica es el único país donde los indígenas todavíavivimos bajo una visión colonial: nos tratan como menoresde edad cuya representación recae en entidades guberna-mentales, en nuestros territorios no se hace inversión so-cial ni económica y no se protegen nuestros derechos hu-manos: los indicadores económicos oficiales sitúan a los 24territorios indígenas como las zonas de mayor pobreza en elpaís. Esta política paternalista promueve el etnocidio y ladestrucción de nuestros recursos naturales. Las organiza-ciones indígenas exigen con urgencia un plan de recupera-ción de la tierra y la seguridad alimentaria, inversión social,reactivación económica y uso y manejo de los recursos na-turales bajo un verdadero plan de desarrollo indígena pro-ducto de un verdadero consenso. Esto debe estar acompa-ñado de un mecanismo financiero adecuado, actualizacióny aprobación de nueva legislación indígena, modernizacióndel aparato gubernamental de atención a los pueblos indí-genas que incluye la eliminación del Conai y el estableci-miento de un mecanismo de coordinación gubernamentaleficiente y con políticas públicas bien definidas.

Dónald Rojas, indígena brunca, es coordinador ejecutivo de la Mesa NacionalIndígena de Costa Rica, asesor del Consejo Indígena de Centroamérica y ex presi-dente del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas (drojas@ice.co.cr).

7Octubre 2004

T E M A D E P O R T A D A

Una premisa fundamental en el tema del derecho te-rritorial de los pueblos indígenas es el principio deque, según el artículo segundo de la Ley Indígena

N° 6172, de 1977, la comunidad indígena es la propietariaúnica de los territorios indígenas. El artículo cuarto del Re-glamento de esa ley (Decreto No. 8487-G, de 1978) deter-minó que esas tierras se inscribirían a nombre de las asocia-ciones de desarrollo integral (adi) de cada territorio, puesdentro de las jurisdicciones indígenas se impuso jurídica-mente a este tipo de entidades como las representantes ofi-ciales de la comunidad indígena. Otro de los postuladosque fundamentan ese derecho de propiedad (derecho terri-torial) se relaciona con el reconocimiento del derecho hu-mano de las personas indígenas sobre las áreas que poseen:los indígenas mantienen derecho de posesión sobre las tie-rras que habitan, el cual se reivindica por su condición deindígenas (su identidad indígena).

El primer numeral de la Ley Indígena estableció que losdecretos ejecutivos que se habían emitido para fundamen-tar la demarcación territorial de las jurisdicciones indíge-nas eran el fundamento normativo para el reconocimientode estas áreas, de manera que los 24 territorios indígenasque el sistema jurídico costarricense reconoce tienen comobase estas disposiciones del Poder Ejecutivo. Dichos decre-tos de demarcación sirvieron a su vez como fundamentopara que el estado adjudicara tales extensiones a las respec-tivas comunidades indígenas, inscribiéndolas en el RegistroPúblico de la Propiedad a nombre de cada una de las adi delos diferentes territorios. No existe persona jurídica o físicadistinta a la comunidad indígena -que se representa pormedio de la adi- que pueda alegar propiedad sobre esas tie-rras.

Cuando se reconocieron las primeras jurisdicciones delos pueblos originarios, diversas personas no indígenas re-clamaron derechos sobre algunas de las zonas. La Ley Indí-gena previó esa situación y dispuso que en ciertas condicio-nes las personas no indígenas tenían derecho a ser indem-nizadas (artículo 5), pero, igualmente, dispuso que quienesno tuvieran derecho alguno debían ser expulsados de lasmismas. Lamentablemente, la falta de voluntad política yla poca comprensión que el sistema ha tenido de los dere-chos territoriales de los pueblos indígenas sobre las tierras

que habitan, en muchos casos desde tiempos inmemoria-les, ha implicado que aún muchos intereses no indígenas semantengan reclamando derechos sobre esas áreas. No obs-tante, el principio de que solo los indígenas pueden alegardominio absoluto sobre sus jurisdicciones se mantiene in-cólume, aunque las personas no indígenas que puedan de-mostrar posesión de buena fe, o inclusive un derecho depropiedad, sobre determinadas áreas de los territorios indí-genas tienen ciertos derechos, que no pueden ser descono-cidos, sobre esas áreas.

No es posible negar un derecho de posesión a una per-sona no indígena sobre una tierra que ocupaba desde

el momento anterior a haberse emitido el decreto ejecuti-vo que incluyó esa área como parte de un territorio indíge-na. Como tampoco es legítimo hacerlo con alguien queinscribió en el Registro Público su derecho en las mismascondiciones referidas anteriormente. En ambos casos, elestado se encuentra ante la obligación de indemnizarlaspreviamente a su exclusión de la zona, según lo dispone elartículo 45 de la Constitución Política. Éstos son los casosque supone el artículo 5 de la Ley Indígena. Como se esta-bleció, el término comunidad indígena que utiliza la Ley In-dígena fue transformado por el Reglamento a la ley en elsentido de considerar como receptora de los derechos sub-jetivos de la misma a las adi de cada territorio indígena, demanera que las adi deben ser consideradas como la expre-sión jurídica oficial de la comunidad indígena. Sin ahondaren aspectos doctrinarios -a veces polémicos-, en términosgenerales -porque la lógica así lo establece y posiblementeel mismo derecho consuetudinario de cada cultura indíge-na lo reclama- es posible entender por comunidad indígenala unidad cultural dentro de un territorio de un pueblo in-dígena que reivindica así su identidad. En términos gene-rales eso ha de implicar: que los indígenas pertenecen auna misma cultura, que existen mecanismos culturales in-ternos que determinan las condiciones para que una perso-na pueda ser considerada parte de esa cultura y que existeuna especie de acuerdo social entre los miembros de esacomunidad para reivindicar como suyo y de manera per-manente tal territorio.

Lo relativo al concepto indígena se aclara desde el pun-to de vista jurídico atendiendo al principio de que es la pro-pia comunidad quien debe definirlo, todo con base en ladefinición que la Sala Constitucional hizo: "(IX) ... el legis-lador simplificó aun más esos requisitos y por reforma

Rubén Chacón, abogado y profesor e investigador en la Universidad de Costa Rica,es exdirector ejecutivo del Consejo Nacional de Asuntos Indígenas y dirige un pro-grama de asistencia legal a comunidades indígenas patrocinado por la IglesiaLuterana Costarricense.

R U B É N C H A C Ó N

Derechos sobre recursos naturalesen territorios indígenas

introducida por ley No. 7225, que deroga la No. 7024,permite la inscripción de los indígenas nacidos en CostaRica con cumplimiento del simple requisito de aportarel testimonio de dos personas de buenas costumbres.Ello con el fin de que sean las mismas comunidades au-tóctonas las que definan quiénes son sus integrantes,aplicando sus propios criterios y no los que sigue la le-gislación para el resto de los ciudadanos. De allí que de-ban respetarse esos criterios y procedimientos para esti-mar a una persona como miembro de una comunidadindígena" (Voto 1786-93. Sala Constitucional de laCorte Suprema de Justicia. San José A las 16.21 horasdel 21-4-93). En resumen, lo relativo a la propiedad (ylos efectos que supone este derecho) de un territorio in-dígena corresponde únicamente a la adi de la respecti-va jurisdicción.

Los indígenas, como personas físicas, son ciudada-nos plenos a los cuales les corresponde el reconocimien-to de cualquier derecho fundamental. Pero en razón delmodo como históricamente se ha tratado a los pueblosindígenas -quienes han sido afectados por los procesosde usurpación que desplegaron primero los colonos eu-ropeos y luego los neocolonizadores criollos-, la doctri-na universal de los derechos humanos se ha preocupa-do por reivindicar estatutos jurídicos que reconozcansus derechos históricos y su "igualdad diferenciada":plantea la posibilidad de admitir el derecho de los pue-blos indígenas a reivindicar como suyas las tierras enque viven desde tiempos inmemoriales y, en lo concer-niente a que la cultura indígena no es "igual" a la no in-dígena sino "distinta", plantea que la idea de igualdaddebe partir del derecho a la diferencia y de la posibili-dad de no sopesar una cultura en el ámbito de la otra,sino simplemente "diferenciarla".

Es en ese contexto que debe entenderse la existen-cia de un estatuto como la Ley Indígena, o el propioConvenio Internacional sobre Pueblos Indígenas y Tri-bales en Países Independientes de la Organización In-ternacional del Trabajo (conocido como Convenio 169de la OIT, que fuera aprobado por Costa Rica en 1992),los cuales lejos de establecerse como "leyes que conce-den privilegios o prerrogativas especiales", solo intentancrear las bases para instrumentalizar derechos que his-tóricamente han sido negados y para posibilitar el desa-rrollo de la cultura indígena dentro de un sistema polí-tico-social dominante que la excluye.

Entendido entonces que la normativa que tutela losderechos indígenas no se refiere a leyes desproporciona-das, cabe analizar el tipo de derecho que se concede alos indígenas con relación a las tierras donde habitan.Como se dijo, las jurisdicciones indígenas son propiedadde la comunidad indígena que se expresa a través de lasadi, y cada miembro de la comunidad tiene sobre la tie-rra que ocupa el derecho de ocuparla y de disponer desus frutos. Pero ese derecho de posesión no llega al ex-tremo de permitirle enajenar su tierra o transferirla a al-guien que no pertenezca a su cultura, pues ello repre-

sentaría una especie de contrasentido cultural, dadoque el territorio indígena es un espacio vital para el de-sarrollo de la identidad indígena. Por ello la Ley Indíge-na declara esas áreas como "inalienables, imprescripti-bles, no transferibles y exclusivas de las comunidadesindígenas que las habitan", y declara nula la venta queun indígena haga de su tierra a un no indígena (artícu-lo 3). Se trata de una lógica de supervivencia; y si esta es-tructura de ordenación jurídica no existiera el sistemajurídico no estaría cumpliendo su objetivo de tutelar losderechos fundamentales de estos pueblos.

La Ley Indígena establece el derecho único y exclusi-vo de los indígenas de explotar los recursos natura-

les que existen dentro de sus territorios (artículo 6), loque es una consecuencia de su derecho de posesión pe-ro fundamentalmente una potestad del derecho de pro-piedad. Y cualquier persona no indígena que alegara de-recho sobre esos recursos no estaría tipificando en ladisposición jurídica. En todo caso, siendo que el dere-cho de propiedad -que es el que legitima cualquier otroderecho subsecuente- se encuentra inscrito a nombredel ente que oficialmente representa a la comunidad in-dígena, es lógico afirmar que ninguna entidad pública oprivada podría sostener una relación jurídica si no escon el legítimo propietario -en este caso con la adi delterritorio. En lo que respecta a personas no indígenasque son poseedoras de buena fe o propietarios (ambosen espera de indemnización), cuando se trata de dere-chos de disponibilidad de recursos naturales fundamen-tales ellos no pueden ser titulares de derecho alguno,pues la ley concede en exclusividad los mismos a la co-munidad indígena. Lo cual deja sentado el principio deque el uso de los recursos existentes en los territorios in-dígenas corresponde a su propietario, sea la comunidadindígena, y es la estructura jurídica que asume esta per-sona jurídica -la Asociación de Desarrollo Integral Indí-gena- la que determina a través de los mecanismos es-tatutarios respectivos cómo instrumentaliza esos dere-chos.

En caso de que la explotación racional de los recur-sos naturales generarse ingresos, éstos deben ser conce-bidos como patrimonio de la comunidad, y será a travésdel mecanismo que defina la adi que tales ingresos sedistribuyan o inviertan, sea repartiéndolos proporcio-nalmente entre los miembros de la comunidad, levan-tando obras comunales o en cualquier acción que impli-que un beneficio colectivo. Lo cual no debe confundir-se con lo que preceptúa el artículo 6 de la Ley Indíge-na: que los indígenas pueden utilizar los recursos natu-rales existentes en sus jurisdicciones para sus necesida-des propias -asunto éste ya regulado por el Decreto Eje-cutivo No. 27800-Minae, de 1999, que establece lascondiciones para el aprovechamiento forestal de indíge-nas dentro de su territorio. Estas normas jurídicas se ba-san en el principio del derecho de los indígenas a los re-cursos existentes en sus territorios y legitiman el princi-

8 Octubre 2004

T E M A D E P O R T A D A

pio de propiedad de la comunidad indígena sobre esosrecursos.Las garantías que establecen las normas jurídi-cas en relación con los derechos de los pueblos indíge-nas sobre los recursos naturales que están en su entor-no (e incluso fuera del mismo, que es el caso del con-cepto hábitat que utiliza el artículo 13 del Convenio 169de la OIT) son violentadas en la misma -o mayor- me-dida que en el resto del país. Es decir, dentro de los te-rritorios indígenas no existen mecanismos es-pecíficos o especiales -que sean consecuenciade este derecho particular que tienen los indí-genas en relación con sus recursos naturales-que aseguren formas de repeler las accionescontrarias al ambiente, pese a que hay disposi-ciones normativas, como la Ley de Biodiversi-dad, que señalan formas innovadoras de rela-cionar a las comunidades con sus recursos (co-mo sería la figura del consentimiento previamen-te informado, por ejemplo).No obstante lo ante-rior, en las áreas indígenas se han establecidomecanismos consonantes con la orientaciónancestral de la cultura indígena: los covirenas(comités de vigilancia de los recursos natura-les) y, en ciertos territorios, los consejos indíge-nas de Justicia Propia, o vecinales. Todas estasposibilidades están legitimadas por el artículo15 del Convenio 169 de la OIT, y los covirenasparticularmente por la Ley de Vida Silvestre, laLey Forestal y el Decreto No. 26923-Minae.Sin embargo, las autoridades administrativasno conceden muchas prerrogativas a las perso-nas indígenas que actúan en esos ámbitos, des-conociendo las diferencias que la normativa in-dígena proporciona, lo que trae como conse-cuencia que los indígenas algunas veces no tie-nen los instrumentos necesarios para repelerlas acciones que se ciernen contra sus recursos.Pasa lo mismo que en relación con sus dere-chos territoriales.

La reversión de esa situación obliga a unaconcienciación de las autoridades acerca de losderechos indígenas a esos recursos y su consi-guiente reconocimiento como los más propi-cios defensores de su entorno, y obliga, ade-más, a algunas reformas legales (muchas yacontempladas en el famoso Proyecto de Ley deDesarrollo Autónomo de los Pueblos Indíge-nas, que ha sido obstaculizado desde hace casi10 años por intereses de la clase política) quelegitimen el poder de defensa indígena de susrecursos naturales. Pero aun sin estas condicio-nes ya en algunos territorios los indígenas estánadministrando más firmemente sus recursos yorganizándose para repeler las agresiones a susrecursos naturales, gracias a la nueva actitudde algunos funcionarios regionales del Ministe-rio del Ambiente. Sin embargo, esto contrasta

mucho con las expectativas de la clase política que pre-tende establecer mecanismos cada vez más flexibles conmiras a autorizar la explotación de los recursos del paísa través de los tratados de libre comercio y de otras ma-neras de apertura al capital transnacional, lo que afec-taría el aprovechamiento indígena de su biodiversidad yde sus conocimientos ancestrales sobre ésta.

9Octubre 2004

T E M A D E P O R T A D A

O. DURÁN

Salvar al Pacuare constituye un aprendizaje acercade cómo defender la vida. La salvación del Pacua-re se inicia en el reconocimiento de la convivencia

verdadera y milenaria de las culturas indígenas con elrío. La naturaleza y las comunidades indígenas del Pa-cuare han sido por milenios una unidad alrededor delagua que es la fuente de la vida.

Para la mayoría de la gente blanca, y especialmentepara los empresarios del agua y la energía, usar el Pacua-re es explotarlo como si fuera una cosa o mercancía.Mas el Pacuare no puede ser "usado" como si fuera unamercancía porque simplemente no fue creado por laspersonas. No debemos ex-presar las cualidades del Pa-cuare con términos econó-micos como riqueza, inver-siones, potencial energético,etcétera. La importanciadel río es que él mismo es lavida. No podemos permitirla irreverencia de ponerleun precio como si fuera unobjeto creado para consu-mirse, él no puede ser redu-cido a fuente de energíaeléctrica. La explotacióndel río y su destrucción conuna o más represas signifi-caría su muerte.

La descomunal potencia natural del Pacuare hace amucha gente pensar en represas y en dinero. No lo mi-ran desde la vida, sino desde los negocios. Pero ya nopodemos seguir poniendo en riesgo la vida -que es lanaturaleza misma- con el pretexto de suplir la demandaenergética de Costa Rica, ni pensar ingenuamente queel potencial energético visualizado en el Pacuare seráúnicamente para Costa Rica, cuando proyectos como elSiepac, y otros del Plan Puebla Panamá, son la punta delanza del desarrollismo energético, que es una estrategiacon alcances transnacionales. La obsesión por el creci-miento económico nos está llevando con vertiginosaaceleración al límite mismo de toda posibilidad de desa-

rrollo, que no es otra cosa que la destrucción de la na-turaleza.

En los últimos años la inversión del Instituto Costa-rricense de Electricidad (Ice) en diseño y planeamientode represas fue grande: 1.032 millones en 1999, 1.085millones en 2000 y 1.087 en 2001(según estados finan-cieros y opinión de los auditores del Ice para los años men-cionados). Aunque ahora el Ice habla principalmentedel Proyecto Hidroeléctrico (PH) Pacuare, y no tantode otros posibles PH como Boroi, Tanari, Atirro y Siqui-rres, lo cierto es que también en 2002 las inversionesfueron de 1.090 millones de colones (según estados fi-

nancieros y opinión de los au-ditores referentes a 2001 y2002). Ante esto cobra rele-vancia la pregunta de cuálIce defenderemos los y lascostarricenses que creemosen la necesidad de una insti-tución pública estratégicapara el desarrollo energéticoy social con sentido de vidaintegral: ¿el Ice que lo queve en el Pacuare es solo laposibilidad de hacer dinero?El Ice tiene que escoger en-tre el productivismo energé-tico, como simple criterio decrecimiento exponencial de

la oferta, y un verdadero proceso de planificación ener-gética para Costa Rica, entendiendo que esto implicasalvar algunas cuencas y ríos, como el Pacuare, paraasegurar un desarrollo que respete la vida y la naturale-za. Una visión de desarrollo utilitarista frente a la natu-raleza no constituye progreso ni desarrollo sino lo con-trario.

Todavía no se ha ejecutado un solo proyecto hidroe-léctrico en Costa Rica del que podamos decir que se hi-zo respetando las comunidades. La ausencia de infor-mación completa, oportuna y veraz es, igual que en to-dos los proyectos del país, lo que ha definido las relacio-nes del Ice con las comunidades del Pacuare. Ya no so-lo envía a los técnicos de ingeniería que son los "hace-dores" de los PH, sino también una avalancha de cien-tistas (o cuentistas como se dice en las comunidades)

10 Octubre 2004

O S V A L D O D U R Á N

Planean destruir el Pacuaresin importar indígenas

Osvaldo Durán, sociólogo, es presidente de la asociación Proyectos alternativospara el desarrollo social (Proal), asociada a Fecon, y profesor en la Universidadde Costa Rica.

T E M A D E P O R T A D A

Cuando las comunidades defienden su derecho a lavida en sus propios espacios se convierten en unestorbo para el desarrollismo energético. Rey Curréy las comunidades del Pacuare son claros ejemplosde esto. El derecho inalienable a la vida no es solotener dónde vivir. Es que cada cultura, cada pueblo,necesita un espacio físico en el cual se gesta yrecrea su propio curso de vida. Por eso cuando alas comunidades que serán desarraigadas y desa-parecidas se les ofrece otro sitio para vivir, otrasnacientes de agua, otras casas y obras comunales,etc, se confirma que la vida y el arraigo cultural nosignifican nada para los desarrollistas de proyectos.

sociales que, con más o menos artes, cumplen la laborde ablandar y convencer a la gente de la necesidad decrear las hidroeléctricas. Ahora los equipos sociales delIce incluyen sicólogos, además de antropólogos y algu-nos sociólogos, lo cual indica con toda claridad la inten-ción de controlar y mediatizar las relaciones con las co-munidades.

El Ice debe comprender que la información es solouna parte del proceso de comunicación y que se requie-re la segunda y no solo la primera. En todo caso, ni si-quiera se cumple informando de manera efectiva, y pa-ra las comunidades el acceso a la información es dificul-toso cuando no imposible. Otravariante de la carencia de comu-nicación que eleva la prepoten-cia técnica es mostrarle a las co-munidades estudios técnicos sin"traducir" y que, como hemoscomprobado, ni siquiera el perso-nal de los proyectos maneja aplenitud. Estas prácticas refuer-zan la imposición del interés delcapital público o privado sobre los intereses de las co-munidades. Aquí se reafirma con toda claridad la falta

de representatividad y participación en el desarrolloque excluye comunidades y destruye la naturaleza.

En la mejor teoría, el desarrollo debe favorecer a laspersonas. La contradicción absoluta se genera cuandoellas dejan de ser el centro del desarrollo y son suplan-tadas por los privilegios empresariales públicos o priva-dos. En un modelo de sociedad en el que las personassean el centro de interés, los derechos de los pueblos de-ben estar encima de los intereses del capital y del creci-miento. Los derechos de las comunidades son respeta-dos cuando hay mecanismos efectivos para informar,dialogar, pactar, convenir, discutir propuestas y nego-ciar, y jamás imponer. En el caso de Pacuare, igual queen Boruca, las transgresiones no solo atentan contra losderechos actuales sino contra los consagrados en elConvenio 169 de la OIT, firmado por Costa Rica, queasegura los derechos de las comunidades indígenas.

Hay siete líneas de acción, relacionadas con produc-ción y consumo energético, para salvar el Pacuare:

Aumentar la eficiencia y utilizar toda la capacidad degeneración a partir de PH existentes. No se puede argu-mentar la urgencia del PH en el Pacuare y otros ríoscuando se ha demostrado que el Ice ha desperdiciado -por razones políticas y para favorecer a los generadoresprivados- su propia capacidad instalada. Un solo ejem-plo es suficiente para demostrar esto: el embalse Are-nal, que suple de agua a la planta más grande del país,ha tenido que ser vaciado sin turbinar sus aguas para fa-vorecer y obligar a la compra de energía a privados. Elinforme de la comisión legislativa que estudió la gene-ración y la cogeneración privadas de electricidad enCosta Rica indica, con base en un informe de la Con-traloría General de la República (Contraloría 1998: ii):"Esta situación (compra de electricidad a privados) pro-vocó que este Instituto, durante las madrugadas de losmeses lluviosos de 1996 (junio a noviembre), vertieraagua sin turbinar, proveniente de los embalses que ali-menta sus plantas conocidas como a filo de agua, y com-prara energía a los generadores privados a pesar de te-ner en sus propias plantas una disponibilidad de energíaque superaba las necesidades del país. De acuerdo coninformación suministrada a este órgano contralor por elInstituto, esa entidad compró, entre julio y octubre de1996, 23.283 megavatios hora, cuyo costo sumó

¢162.978.000 durante eselapso (unos $780.000 en elmomento), a pesar de quetenía excedentes de aguaque le permitían generarlaen sus propias plantas".

Acelerar la entrada enoperación de proyectos enconstrucción. Un caso espe-cífico es el PH Pirrís, que

estando financiado con un blandísimo préstamo de Ja-pón no recibe los avales administrativos para avanzar. El

11Octubre 2004

T E M A D E P O R T A D A

"Los indígenas somos conservadores por natu-raleza, por nuestro propio bien. Somos unapoblación de casi 1000 personas. El 90% delPacuare son territorios indígenas. El Pacuarenace cabécar en el Chirripó"

Víctor Hernández. Indígena Cabécar.

O. DURÁN

resultado es su aletargamiento, e incluso el recorte desu presupuesto de operación, que para el año 2005 seráde 10.000 millones de colones (según Oscar Luis Vega,director del PH Pirrís [Com. Pers.]). Para nosotros estodemuestra que no se trata de una simple medida admi-nistrativa, sino de una acción política claramente plani-ficada, pues al atrasar la entrada en operación del PHPirrís se crean mejores condiciones para seguir argu-mentando que los co y generadores privados son nece-sarios, y que otros proyectos como los de Pacuare y Bo-ruca son necesarios. El PH Pirrísdebería acelerarse, incluso, ha-biendo ganado nosotros un re-curso de amparo en su contrapor la ausencia del plan de ma-nejo de la cuenca que el Ice estáobligado a financiar y ejecutar.Esto que pareciera una paradoja,responde más bien a una visiónde conjunto para el desarrolloenergético del país. Mientrasque el Pacuare es inconmensura-ble en ecosistemas casi intactos,la cuenca Pirrís está urgida detodo tipo de acciones de recupe-ración de sus suelos, agua y bio-diversidad. Muchas veces hemosinsistido en convertir el PH Pi-rrís en un ejemplo de desarrollointegral, y no en un simple PH.Dentro de esta misma opciónenergética, ya que desagraciada-mente el Reventazón fue asesi-nado, el uso más eficiente de laplanta Angostura también per-mitiría reducir la presión sobrecuencas del país con abundantevida natural y social. Esto impli-caría que el Ice aceleraría la im-plementación de un plan de ma-nejo integral de la cuenca Re-ventazón, tarea que como sabe-mos se inició muy tardíamente.

Desarrollo de energías limpias.De 14 proyectos de generaciónen los cuales el Ice está invir-tiendo en diseño y planificación10 son PH, tres geotérmicos yuno térmico. En 2001 esta in-versión total fue de 10.548 millones y el año siguientede 16.403 millones de colones. Esta inversión es muchomenor que los excedentes netos del sector eléctrico yque lo pagado a los generadores y cogeneradores priva-dos, de manera que el Ice no puede argumentar que nocuenta con recursos para invertir en fuentes de energíalimpias. Veamos estos dos aspectos con algún detalleporque nos permiten ampliar sobre las alternativas

energéticas que salvarían al Pacuare y a otros ríos.Reinvertir públicamente los excedentes del Ice. El exce-

dente neto del sector eléctrico del Ice fue de 21.189 mi-llones de colones en 2001 (el excedente bruto fue de31.971 millones), y de 31.185 millones en 2002 (el ex-cedente bruto fue de 38.570 millones) (Ice 2003), loque demuestra la solvencia económica de la institucióny su capacidad para desarrollar un sistema público efi-ciente de generación y distribución de electricidad,conservando, como estratégicamente fue ideado, su ca-

rácter de servicio social -funciónque por lo demás podría cumplircon todo éxito- y no de empresalucrativa. Esto es mucho más im-portante si gracias al desarrollodel sistema público, logramossalvaguardar los parques nacio-nales y ecosistemas vitales comoel Pacuare, por ejemplo.

Eliminar la estafa instituciona-lizada de la electricidad privada. Elobjetivo político de limitar al Icese traduce en una estafa legaliza-da pero ilegítima a todo el pue-blo de Costa Rica, para transferirsumas exorbitantes a los genera-dores y cogeneradores privados.Según Estados financieros del Ice(de 2002), 28 empresas privadasimplicaron para el Ice un costode 26.449 millones de colonesen 2001, subiendo en 2002 a35.530 millones. Muchos estu-dios, incluidos los de la comisiónespecial de la Asamblea Legisla-tiva, el sindicato de ingenierosdel Ice, Siice y la Federación Na-cional para la Conservación delAmbiente, entre otros, demues-tran cómo esta sangría continua-rá por muchos años más hastaque expire cada uno de los con-tratos firmados. La respuesta delas autoridades del Ice siguesiendo que la cogeneración pri-vada es "necesaria y que algunoscontratos vencerán en los próxi-mos años" (según Carlos Obre-gón, subgerente de energía del

Ice [Com. Pers.]). Únicamente diremos por ahora quela "necesidad" del costosísimo 15 por ciento de la elec-tricidad nacional que aportan los privados fue creadapor conveniencia política y no por urgencia nacional.Basta revisar la lista de empresarios generadores y co-generadores (Fecon 2003) para entender por qué estosprivilegios legalizados no se eliminan (el informe de laContraloría atrás citado ilustra bien este problema).

12 Octubre 2004

T E M A D E P O R T A D A

Re-educarnos para el consumoenergético responsable

Costa Rica está urgida de un proceso edu-cativo para el consumo responsable de laenergía eléctrica. Esta re-educación parael consumo tiene que superar la noción deque cuanta más electricidad tengamos me-jor viviremos. Igual que un objeto material, laelectricidad se convierte en una especie defetiche de desarrollo cuando se consumeirresponsablemente sin límites. El Ice estáobligado a liderar e implementar de inme-diato un plan en esta dirección, y no caer enla trampa simplista de pretender aumentarla oferta energética desde una visión pro-ductivista y utilitaria de la naturaleza.El crecimiento desde la oferta para respon-der a una demanda supuestamente inconte-nible (el Ice calcula el incremento de la de-manda nacional en 5,5 por ciento anual) nospuede llevar a colapsar como país. Por elcontrario, lo que debe definirse es cuálesdemandas son prioritarias y cuáles puedenesperar. Pero esto solo es posible desdeuna perspectiva de desarrollo integral, queincluye la educación de los y las beneficia-rias. Si bien el Ice es responsable de aten-der la demanda energética nacional, no de-be hacerlo destruyendo cuanto río existe enel país. Si el Ice insiste en el desarrollismoenergético tendrá que enfrentarse a su pro-pio colapso como institución de desarrollosocial.

13Octubre 2004

T E M A D E P O R T A D A

Servir al pueblo de Costa Rica, no a un clan de privile-giados. Cuando hablamos de capital privado favorecidonos referimos a empresas, familias y personas que sepuedan identificar. La empresa Energía Global de Cos-ta Rica, parte de Global Energy con sede en EstadosUnidos, con la cual están directamente relacionadas lasfamilias Figueres Olsen y Figueres Boggs, desarrolla va-rios proyectos de co-generación privada de electricidad.Solo por el PH Don Pedro S. A. el Ice debió pagar 1.907millones de colones en 2001 (según Estados financieros yopinión de los auditores del Ice 2001 y 2002) y 2.044 en2002, lo que equivale a 5,6 millones de colones al día.Pero si sumamos los pagos de las empresas que, segúnpublicaciones de Fecon, tienen inversión de estas fami-lias, las erogaciones públicas se abultan: de acuerdo conlos estados financieros del Ice, entre La Lucha S. A. (32millones), PH Don Pedro y PH Río Volcán S. A. (2.106millones), el estado pagó 4.048 millones en 2001 y en elaño siguiente 4.329 millones (Ice 2003). Además, estafamilia posee inversiones en el proyecto Guácimo quegenera 12.000 Kw. Los cálculos que podemos hacer, deacuerdo con la información oficial del Ice, indican queno debemos olvidar que, a inicios de este gobierno, lavoz de la casa matriz de Energía Global se hizo sentircuando se habló en Costa Rica de revisar algunas de lastarifas de compra de electricidad a privados.

El progreso de una sociedad no se puede medir por laexplotación de la naturaleza. Las represas generan

energía pero tienen efectos devastadores e irreversiblessobre los ecosistemas impactados y en muchos casos so-bre las comunidades. En la mayoría de los casos las hi-droeléctricas implantan el antagonismo entre la formade progreso que implican y la vida misma. El apegoirrestricto al crecimiento energético puede llevar inclu-so a la muerte de cientos de personas, como ha sucedi-do con las represas que, en el marco del Plan Puebla Pa-

namá, los gobiernos pretenden establecer sobre el ríoUsumacinta entre México y Guatemala (según indíge-nas de Petén y Chiapas [Com. Pers. 2002]).

En Costa Rica, como hemos demostrado, no es ne-cesario poner en riesgo inminente los ecosistemas y a lagente que convive con el Pacuare. Nuestra propuesta esque toda la cuenca Pacuare sea declarada parque nacio-nal para asegurar por siempre su protección. Debe le-garse a la sociedad costarricense y a la naturaleza delplaneta como un espacio de vida completo. En estenuevo parque nacional, y en todos los demás, debe ase-gurarse protección absoluta, ya que actualmente se tra-ta de tan solo el 11,6 por ciento del territorio nacional.La protección de solo una parte de cuenca deja abiertastodas las opciones para que el río sea impactado encualquier momento por una o más represas. Una solamuralla que detenga el flujo de agua es suficiente parainterrumpir todas las formas de vida que existen en elrío.

RefReferenciaserenciasContraloría General de la República. 1998. Informe sobre el procedimientoseguido en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para la compra deenergía eléctrica a empresas cogeneradoras, Informe No. 28/98 de 1998. SanJosé.Fecon. 2003. Degeneración eléctrica. Campaña por la derogatoria de las leyes7.200 y 7.508. San José.Ice. 2003. Estados Financieros y opinión de los auditores. San José.Indígenas de Petén y Chiapas. 2002. Com. pers. Guatemala.Obregón, Carlos. 2003. Com. pers. San José.Vega, Óscar. 2003. Com. pers. Costa Rica.

O. DURÁN

14 Octubre 2004

En Costa Rica, la tenencia comunitaria de bosquesse limita a los territorios indígenas que, estimativa-mente, incluyen alrededor del 5 por ciento de las

áreas cubiertas de bosque del país, y probablemente enellos se localiza la mayor parte del bosque primario quese conserva. El resto de los bosques nacionales se en-cuentra bajo propiedad privada o estatal. Sin embargo,las reservas de los asentamientos del Instituto de Desa-rrollo Agrario (Ida), por sus características geográficas ypor su estrecha relación con comunidades campesinas,se han venido convirtiendo en una especie de embriónde lo que podría llegar a ser un ejemplo de bosques co-munitarios campesinos.

El Ida, a la hora de dividir una finca adquirida paraser distribuida entre familias campesinas, excluye delproceso de segregación las zonas de humedal, las de pen-diente fuerte, las de bosque primario, las de recarga acuí-fera y las de nacientes, asignándoles el estatus de áreasde conservación o protección y manteniéndolas en supoder. La Ley Forestalexplicita que estas tierrasdeben de estar bajo te-nencia y administracióndel Ministerio del Am-biente (Minae); sin em-bargo, debido a ciertosintereses y a una desidia generalizada en la función pú-blica, ellas han ido quedando en un limbo legal y admi-nistrativo. El Ida ha ido perdiendo presencia y liderazgoen los asentamientos que alguna vez promovió y las re-servas no ocupan un lugar prioritario dentro de su agen-da. Y el Minae, por su parte, ha sido enfático en recono-cer su propia incapacidad institucional para atender elcuido y la administración de estas reservas.

Se ha estimado que solo en la Zona Huetar Norte,dentro del Área de Conservación Arenal Huetar Norte,estas reservas pueden llegar a sumar más de 3.000 hec-táreas, siendo la mayoría de ellas remanentes boscososde menos de 50 ha que en gran medida fueron severa-mente madereados antes de la formación del asenta-miento. Sin embargo, al estar distribuidas en medio devastas extensiones de tierras agrícolas, deforestadas, es-tas áreas tiene un potencial muy significativo en térmi-nos de la conservación de la biodiversidad fungiendo co-mo parte de corredores biológicos o como bancos de ger-

moplasma de especies cuyas poblaciones han ido dismi-nuyendo drásticamente en la región. En ellas se mantie-ne aún una buena representación de lo que fue la exube-rante riqueza biológica que una vez cubrió toda esa re-gión (Baltodano 2003).

A nivel local, estas reservas se engarzan de diversasmaneras dentro de las comunidades campesinas que lasrodean. En algunos casos sirven de protección de los re-cursos hídricos y edáficos, en otros fungen como zonasde protección que reducen la probabilidad de desastresnaturales o simplemente proveen a la comunidad un es-pacio invaluable desde un punto de vista educativo y re-creativo.

No obstante, el limbo legal y administrativo a quehan estado sujetas, y la falta de programas de capacita-ción o de simples oportunidades y estímulos que permi-tieran y facilitaran la organización comunitaria en tornoal control y manejo de estos espacios, no han permitidoen la mayoría de casos el desarrollo del potencial educa-

tivo, recreativo y de con-servación de la biodiversi-dad que presentan. Másaun, el limbo legal ha per-mitido el bandolerismo ylos daños. Los fuegos, inva-siones, cacería y tala ilegal

han sido acciones comunes dentro de esas áreas. Sin em-bargo, a partir de mediados de los años noventa variasorganizaciones locales campesinas han empezado a lla-mar la atención sobre la riqueza biológica, el potencialeducativo y productivo y los servicios ambientales quebrindan estas áreas de reserva. La organización ecologis-ta Coecoceiba-Amigos de la Tierra ha acompañado enalgunas ocasiones a estas organizaciones y en algunosasentamientos se han desarrollado talleres y experienciaspiloto de estudio y de reconocimiento de la riqueza bio-lógica, y también se ha iniciado la implementación de es-trategias de protección, manejo y consolidación de talesáreas. Al mismo tiempo se ha ido consolidando la orga-nización campesina de los asentamientos involucradosen torno a la Asociación para la Conservación y el Ma-nejo Forestal (Ascomafor), una organización de segundogrado cuyo objetivo ha sido juntar esfuerzos para ir acla-rando el panorama legal de esas reservas y fortaleciendola capacidad de control y manejo de ellas por parte de lascomunidades.

En este artículo se recrea algunos elementos impor-

Bosques en reservas del Ida:biodiversidad y manejo

Javier Baltodano, biólogo, es integrante de Coecoceiba-Amigos de la Tierra-Cos-ta Rica.

por Javier Baltodano

tantes de todo ese proceso. Primero se brinda los resul-tados de inventarios preliminares de la riqueza florísticaque se conserva en algunas de esas reservas y, segundo,se presenta una reflexión sobre puntos importantes parael control, la gestión y el manejo comunitario de esas re-servas.

Alo largo de los últimos años, Coecoceiba en conjun-to con organizaciones campesinas locales que han

asumido el control y la protección de las reservas de susrespectivos asentamientos han realizado una serie de gi-ras de capacitación e inventario de la riqueza biológicaen los asentamientos de Santa Elena y Quebrada Gran-de de Pital y Juanilama de Pocosol de San Carlos. La in-formación recogida en estas giras ha sido sistematizadapor Coecoceiba-AT (Baltodano 2003). Los tres asenta-mientos campesinos involucrados se ubican en zonas debosque tropical húmedo y sus áreas de reserva se descri-ben a continuación:

Asentamiento Quebrada Grande: Ubicado a 10 km alnorte de la población de Pital a orillas del camino ruralque va entre Pital y Pangola. Este asentamiento tieneuna reserva de 120 ha que se localiza al inicio de la ca-dena de cerros de El Chaparrón. La zona pertenece aldenominado bosque muy húmedo tropical. El bosque dela reserva fue madereado severamente a inicios de losaños noventa. En esta reserva se identificó la flora másimportante a orillas de un sendero de unos 4 km de lar-go.

Asentamiento Santa Elena: Ubicado a unos 13 km alnoroeste de Pital siguiendo el camino entre dicha po-blación y El Saíno. Este asentamiento tiene una reservade poco mas de 80 ha ubicada también dentro de la zo-na de vida del bosque muy húmedo tropical. Este bos-que igualmente fue madereado a inicios de los noventa,sin embargo conserva un área de unas 20 ha que man-tiene su condición de bosque primario. Además, esta re-serva tiene en su interior varios humedales pequeños.En esta reserva se identificó la flora más importante aorillas de un sendero de unos 3,5 km de largo.

Asentamiento Juanilama: Ubicado a unos 7 km al no-roeste de Santa Rosa de Pocosol. Este asentamiento tie-ne una reserva de 20 ha que protege las orillas y launión de los ríos Pocosol y Llorona. Esta reserva tieneun área de unas 4 ha cubiertas de bosque secundario. Elresto está cubierta de un bosque primario en buen esta-do de conservación. La zona ha sufrido una deforesta-ción severa y en kilómetros a la redonda no existe unbosque similar. La misma se encuentra ubicada dentrode una zona de vida denominada bosque húmedo tro-pical. En esta reserva se identificó la flora más impor-tante a lo largo de un sendero que recorre 1,5 km.

Este inventario tiene carácter preliminar pero sirvecomo indicador de la riqueza biológica que aún se con-serva en estas reservas. Se debe señalar que solamentela reserva Quebrada Grande se mantiene unida a otrosparches de bosque tropical. Las reservas Santa Elena y

Juanilama se mantienen como islas rodeadas de terre-nos deforestados.

En total se identificó 189 especies de plantas distri-buidas en 70 familias. De ellas, 5 especies (Renhartiakoshnyana, Macrolobium costarricense, Lecythis ampla,Lacunaria panamensis y Sclerolobium costarricensis) hansido reportadas por distintos científicos como en peligrode extinción (Coecoceiba 2003), 10 (Tabebuia guaya-cán, Ceiba pentandra, Terminalia oblonga, T buccidioides,Maranthes panamensis, Sacoglottis tricogyna, Minquartiaguienensis, Dussia macrophylla, Qualea panamensis y Za-mia skinerii) son consideradas especies amenazadas, cin-co tienen poblaciones reducidas y son consideradas es-pecies raras (Astrocaryum alatum, Hernandia sternura,Leicontea amazonica,Rinorea hummeliana,R squamatta) ypor lo menos cuatro son endémicas, es decir, tienen unhábitat limitado a Costa Rica (Sterculia recordiana, Scle-rolobium costarricensis, Macrolobium costarricense, Vochy-sia allenni). Además, se encontró unas 66 especies queson utilizadas en la zona para producción de madera yse reportó el uso medicinal de unas 21 especies. Asimis-mo, se encontró poblaciones de tres especies que son vi-tales para la sobrevivencia de la lapa verde (Ara ambi-gua), una de las aves que se encuentran con mayor pe-ligro de extinción en el país.

Estos datos ilustran la importancia de la biodiversi-dad que existe en esas reservas, importancia que se veincrementada por el hecho de que en esa zona particu-lar no existe ningún parque nacional y es una de las re-giones más agredidas por el madereo intensivo de susbosques.

Experiencias internacionales han señalado que los ca-sos exitosos de manejo comunitario de recursos na-

turales tienen en común por lo menos los siguientes ele-mentos: claridad en los límites de la concesión o de losrecursos que se manejan, conocimiento de las caracte-rísticas del recurso por parte de la comunidad, visión defuturo por parte de la comunidad, diseño participativode reglamentos bien definidos sobre el uso de los recur-sos por parte de la comunidad, sistema de vigilancia ymonitoreo ágil, capacidad de resolución de conflictos,reconocimiento legal del recurso por parte del estado yla legislación y capacidad de gestión y administracióndel recurso por parte de la organización responsable.Como parte de las actividades mencionadas, se llevó acabo, en 2003 en el asentamiento Juanilama, un tallerfacilitado por Coecoceiba donde, entre otras activida-des, se reflexionó sobre los puntos anteriores. En él par-ticiparon miembros de la Asociación Campesina deJuanilama así como campesinos de otras localidades dela zona. Cada punto se explicó y se dejó abierta la par-ticipación a comentarios y reflexiones que fueron graba-dos y que a continuación presentamos resumidos, ilus-trando así cuál es la situación de ese asentamiento. Ca-be indicar que Juanilama probablemente es uno de losasentamientos mejor organizados en cuanto a la protec-

15Octubre 2004

ción de su reserva y los problemas y la situación que allíse presentan son extensivos en mayor o menor grado alos otros asentamientos:

1. Claridad en los límites de la concesión: Hasta la fe-cha no hay concesión. El Ida continúa siendo el propie-tario de la reserva. Sin embargo, existe presión por par-te de la organización local para que el manejo y cuidode la reserva sea concesionada a la organización. Prime-ro se debe traspasar la titularidad del Ida a Minae y és-te es el ministerio responsable de concesionar el área.No hay tampoco claridad en los límites de la reserva yse han presentado casos de parceleros que invaden al-gunas orillas. Sin embargo, con la puesta en marcha delcomité de vigilancia, en la actualidad esos abusos hansido controlados y ya el Ida se comprometió a delimitarel área con GPS y mojonear los linderos. En otros asen-tamientos como Quebrada Grande y Santa Elena elproceso de amojonamiento de la reserva ya se efectuó,aunque todavía existen situaciones de conflicto conparceleros y finqueros. Se mencionó el caso de la reser-va del asentamiento de San Miguel de Guatuso dondeen 1999 se invadió 100 ha de reserva causando grandesdestrozos y tala ilegal.

2. Conocimiento de las características del recurso porparte de la comunidad: Se reconoce que el conocimientode la comunidad sobre el recurso es limitado. Se sabeque el bosque mide unas 20 ha. Está rodeado por el ríoPocosol y lo atraviesa la Quebrada La Leona y algunasotras quebraditas menores. Tiene en su interior unahermosa catarata formada por las aguas de la QuebradaLa Leona. Se le ha construido un sendero pero falta se-guridad y rotulación en él. No se conoce mucho sobrela flora y la fauna. Éste fue el primer taller de campo enque se sale con botánicos y biólogos. Es urgente más ca-pacitación e investigación participativa en los temas deinterpretación de senderos, inventarios biológicos yusos no maderables del bosque, árboles semilleros y vi-veros forestales. En otros asentamientos ya se ha inicia-do un proceso de documentación de la biodiversidad yotros recursos.

3. Visión de futuro: Este punto es muy problemático.Mucha gente se cansa del asentamiento y abandona laparcela debido a la falta de buenos caminos y oportuni-dades laborales. Buena parte del asentamiento estáabandonado. Urge crear alternativas al trabajo agrícolaque le dé futuro a los jóvenes que viven aquí. Es unasentamiento que está envejeciendo. Los jóvenes semarchan a buscar trabajo afuera. La asociación campe-sina local tiene como principal objetivo promover acti-vidades ecoturísticas y de uso de la biodiversidad paraabrir oportunidades a los jóvenes a partir del recurso fo-restal. En general, se conoce que la gente que no veningún futuro en la comunidad poco se interesa en con-servar un bien común y con potencial a futuro como loes el bosque, de ahí que algunos crean que es mejor ma-derearlo y cazar lo que sobreviva porque pronto estaránlejos de ahí.

4. Diseño participativo de reglamentos bien definidos so-bre el uso de los recursos por parte de la comunidad: Hastael momento, la comunidad no ha conocido ni ha sidoinformada de ningún reglamento de uso del área porparte del Ida o el Minae. En la comunidad tampoco seha discutido ningún reglamento de uso propio. Sola-mente se ha tenido discusiones preliminares sobre lasventajas y desventajas de permitir el uso de la maderacaída. Urge llevar a cabo este tipo de discusión y definiry capacitar a la comunidad en la reglamentación del usode la reserva.

5. Sistema de vigilancia y monitoreo ágil: Dentro de laAsociación participan miembros del covirena local (co-mité de vigilancia de los recursos naturales) y en gene-ral se hacen caminatas esporádicas de vigilancia delbosque. Como fruto de estas acciones se ha detenido laextracción de madera ilegal. Sin embargo, hay un senti-miento de frustración pues la responsabilidad de quiéncuida el bosque no ha sido definida. Se planteó la ur-gencia de establecer un programa de vigilancia y con-trol acompañado de una rotulación del área. Se instó alos participantes a seguir las experiencias de otros asen-tamientos en el sentido de que para empezar con losprogramas de control y vigilancia no se ha esperadoninguna resolución por parte de las instituciones del go-bierno. Los interesados han ido tomando el control delrecurso y de manera pacífica se han dado a respetar

6. Capacidad de resolución de conflictos: No hay expe-riencia ni capacitación en resolución de conflictos. Ur-ge empezar un programa en este sentido. En otros asen-tamientos han sido comunes los conflictos entre miem-bros de las organizaciones, los cuales debilitan la laborde ellas y el cuidado de las reservas. Existen tambiénconflictos entre líderes de las organizaciones que con-forman Ascomafor.

7. Reconocimiento legal del recurso por parte del estadoy la legislación: En la actualidad la legislación forestal esclara: la titularidad de este tipo de áreas pertenece alMinae y es éste quien tiene potestad para concesionarel uso y protección de esas áreas a comunidades organi-zadas. Se encuentra en proceso de trámite el traspaso dela titularidad de la tierra del Ida al Minae. Posterior aesto seguiría establecer la concesión del caso. En estesentido la experiencia en otros asentamientos es que es-ta discusión y estas acciones llevan atrasándose más deseis años y las comunidades no deben limitar su accio-nar a que esta situación se clarifique. Se debe ir planifi-cando y programando de manera ordenada la adminis-tración del área. Algunas comunidades ya llevan inver-tidos cientos de miles de colones en trabajo voluntarioen sus reservas, por lo que poco a poco las comunidadesvan adquiriendo derechos sobre las mismas.

8. Capacidad de gestión y administración del recurso porparte de la organización responsable: La comunidad ha idodesarrollando una capacidad de gestión y administra-ción de recursos y proyectos. En la actualidad se estállevando un programa de capacitación en administra-

16 Octubre 2004

ción con la Universidad Nacional. También se va a em-pezar un módulo de capacitación en manejo de turismoacompañado de un programa de remodelación de las vi-viendas para facilitar la acogida y atención de turistas.Se manejan fondos de soporte económico provenientesdel Fondo CR-Canadá. Sin embargo, hay conciencia deque se debe fortalecer mucho más la capacidad de ges-tión y administración de la organización local. En espe-cial se debe fortalecer la capacidad administrativa, elcontrol y vigilancia, las habilidades en el desarrolloagroecoturístico y las actividades forestales y de uso dela biodiversidad

Las reservas de los asentamientos campesinos son uneslabón importante en la cadena de esfuerzos por

consolidar una estrategia de conservación y uso susten-table de la biodiversidad en nuestro país. Hasta la fechaha habido una desidia generalizada por parte de las ins-tituciones públicas responsables y en el marco de las po-líticas neoliberales que han agredido sistemáticamentea las comunidades campesinas éstas se han visto debili-tadas y con poca capacidad de gestión para asumir elcontrol y desarrollar un programa de manejo y uso sus-tentable y comunitario de los recursos de sus reservas.Los recursos externos que se han canalizado a esas re-servas han sido muy limitados; sin embargo, algunas or-ganizaciones locales han desafiado las limitaciones yhan ido encarrilando un proceso de toma de concien-cia, apropiación y control de los recursos dentro de esas

reservas. Dentro de este proceso se ha ido identificandoalgunos elementos importantes dentro de una posibleestrategia para el manejo comunitario de estos bosques:Adquirir la concesión legal para el manejo de estas re-servas por parte del Minae; diseñar una estrategia de fi-nanciamiento para implementar una estrategia de ma-nejo comunitario que incluya: fondos provenientes dedonaciones y proyectos, fondos de un posible pago deservicios ambientales para casos especiales (casos don-de la tenencia de la tierra pertenece al gobierno pero elcuido y mantenimiento de los servicios que ofrece elbosque es responsabilidad de las comunidades) y pro-yectos productivos; delimitación adecuada del área yresolución de conflictos; establecimiento de un progra-ma de restauración de pequeñas áreas boscosas en lasparcelas de modo que acompañen el proceso de conser-vación dentro del área núcleo, y establecimiento de unprograma de actividades productivas que le den vida alprograma de manejo comunitario (entre otras se estánimplementando o simplemente se han mencionado lassiguientes: identificación de árboles semilleros para pro-ducción de viveros de alta biodiversidad con los cualesabastecer los nuevos proyectos de restauración del bos-que tropical; producción, procesamiento y comerciali-zación de plantas medicinales de bosque tropical; pro-ducción artesanal de madera a partir de la árboles caí-dos y extracción con tracción animal; ecoturismo y re-creación comunal, y programa de educación ambientaldirigido a escuelas, colegios y universidades de la zona).

17Octubre 2004

RefReferencias biberencias bibliográficasliográficasBaltodano J. 2003. Inventario de la flora presente en los bosques comunitarios de tres asentamientos campesinos ubicados en bosque tropical húmedo de bajura. QuebradaGrande, Santa Elena y Juanilama, Área de Conservación Arenal-Huetar Norte. Coecoceiba-Amigos de la Tierra. San José.Coecoceiba-Amigos de la Tierra. 2003. La amenaza de extinción en Costa Rica: listado de especies de flora que han sido catalogadas bajo algún grado de amenaza de extin-ción. Coecoceiba-Amigos de la Tierra. Publicaciones Neovisión, San José.

[A LA [A LA VENTVENTA]A][Informes y pedidos: 277-3688;

ambientico@una.ac.cr]

[Para información y visita a estas reservas contactar a: Olguita Vargas, de Quebrada Grande: 473-3086; a Trinidad Rodríguez, de Santa Elena: 404-1041;a César Sibaja, de Garabito: 474-3930; a Héctor Camacho, de Juanilama: 841-3897; a Félix Díaz, de El Bacón en Saíno de Pital: 403-8038]

En muchas publicaciones, a la especie caprina se leha acusado de ser destructora de la vegetación,depredadora del ambiente y corresponsable, junto

con otras especies, de la erosión del suelo. Las frecuen-tes opiniones adversas sobre la actividad caprina hanprovocado que en países como Hawai, otros de MedioOriente y algunos de Centroamérica y el Caribe se ha-ya establecido acciones tendientes a la eliminación deesa especie. Sin embargo, diversas publicaciones (Me-llado et al. 2003, Devendra y McLleroy 1983) han evi-denciado que entre los animales domésticos la cabra esuno de los más útiles para satisfacer necesidades huma-nas y que su mala imagen se debe más a su mal manejoque a cualquier otro factor. Si a estos animales se lesbrinda un adecuado manejo pueden producir enormesbeneficios.

Por sus hábitos de pastoreo la cabra tiene una altaviabilidad y productividad económica en condicionesde aridez en que no esviable ninguna otra acti-vidad económica, y esposiblemente por estacaracterística que se leacusa de tener un fuerteimpacto en los ecosiste-mas. En realidad, lo que sucede es que cuando por ina-decuadas prácticas de pastoreo el humano ha deteriora-do la capacidad forrajera de una zona es la cabra la úni-ca especie viable y por eso a ella se le encuentra allí pre-sente. Cabe aquí mencionar la respuesta de un estudio-so de las cabras ante la acusación de que éstas habíancausado la destrucción de los bosques de Algarrobo enla costa del Perú: "Las cabras no usan hachas ni cocinancon carbón".

Existen otros factores que contribuyen al menospre-cio de la actividad caprina. En muchos países, incluyen-do el nuestro, la carne y la leche de cabra son produc-tos a los que se les da relativa poca importancia por es-tar ya la demanda de leche y carne cubierta por los pro-ductos vacunos, lo que acaso, adicionalmente, sea la ra-zón del poco apoyo político que tradicionalmente ha te-nido aquella actividad, comparada con otras del sectoragropecuario. La contracción de los servicios estatalesde asistencia técnica, el inadecuado y escaso crédito, losescasos recursos para la investigación y la escasa capa-

citación, entre otros, han hecho que la actividad capri-na no alcance el desarrollo suficiente para mantener ni-veles de eficiencia y rentabilidad acordes con los nive-les de competitividad y de apertura económica de mer-cados. Por ello no sorprende el poco conocimiento so-bre el comportamiento, producción y utilidad de esa es-pecie animal.

En cuanto a producción de leche fluida, quesos y car-ne, y en cuanto a mejoramiento socio-económico de

los sistemas de producción agropecuarios, la actividadcaprina representa una alternativa a la ganadería vacu-na gracias a las cualidades productivas de la cabra: altasfertilidad y tasa reproductiva, gran capacidad para dige-rir la celulosa y alta eficiencia en la producción de le-che. A este respecto existe evidencia de que en térmi-nos de peso vivo las cabras son más eficientes que lasvacas lactantes. Desde el punto de vista de la produc-

ción de alimentos y de lasdiversas opciones plantea-das para ampliar los recur-sos alimenticios, la pro-ducción caprina ofrece unpotencial para el abasteci-miento de alimentos a la

población humana.En 2003 (Fao 2004), la población mundial de cabras

era de aproximadamente 768 millones de cabezas, con-centrándose en una gran proporción (94 por ciento) enlas regiones en desarrollo (Asia, África y América), pre-sentando un incremento anual en el periodo 2000-2003de un 2,3 por ciento. Una característica importante dela actividad caprina es su amplia distribución en zonasclimáticas tropicales, desde las regiones áridas hasta laslluviosas y húmedas. Tal capacidad de distribución delos caprinos se explica por sus cualidades de rusticidadque les permiten permanecer en ambientes particular-mente difíciles. En América Latina y el Caribe se indi-ca una población de caprinos (Fao 2004) de 35 millonesde cabezas; en Centroamérica la población de cabrasconstituye el 28 por ciento de la total existente enAmérica Latina y el Caribe, representando una activi-dad importante en el apoyo económico de la poblaciónrural de la región. En Costa Rica, la cantidad de cabrasha aumentado considerablemente: de 3.000 en 1975 aaproximadamente 18.000 en la actualidad (este últimodato es una estimación debido a que la actividad capri-na no fue considerada de forma independiente en el úl-

18 Octubre 2004

por Mª Isabel Camacho

Benignidad ambientaly social de las cabras

María Isabel Camacho, ingeniera agrónoma especialista en nutrición animal, esprofesora e investigadora en la Universidad Nacional.

timo censo nacional), y hay aproximadamente 600 ex-plotaciones caprinas, de las que un 95 por ciento son detipo familiar: de 1 a 20 cabezas, un 3 por ciento es demedianos productores: de 20 a 50 cabezas y solamenteun 2 por ciento son explotaciones grandes: entre 50 y200 cabezas; del total de las explotaciones caprinas un67 por ciento se encuentran ubicadas en el Valle Cen-tral (Muñoz 1997), lo que, dadas las características deesta región, ha condicionado que crezcan en zonas ur-banas y suburbanas, requiriendo, por el contexto agroe-cológico, de planes que posibiliten una producción in-tensiva de los recursos productivos a utilizar, lo que serefleja en las modificaciones que han sufrido los siste-mas de explotación a través de los años: en 1983 el 53por ciento eran semi-intensivas (Navarro 1983) y en2000 el 87 por ciento correspondían a sistemas intensi-vos en estabulación. La distribución en el tamaño de lasexplotaciones nos indica que una proporción importan-te de la producción caprina nacional está en manos depequeños y medianos productores. La mayoría de losanimales utilizados en los sistemas de producción pre-sentan rasgos de razas especializadas en la producciónde leche, predominando las razas Saanen y Tooggem-burg.

Aproximadamente el 53 por ciento de las explota-ciones caprinas costarricenses utilizan mano de obra fa-miliar, y el resto paga jornales para el corte de forrajespara la alimentación. Un estudio realizado a producto-res caprinos de Heredia (Muñoz 1997) determinó quelos sistemas de producción con una cierta especializa-ción en la producción de leche para la venta, donde latierra, la mano de obra familiar y el capital de trabajoson dedicados casi enteramente a la producción inten-siva de leche, generan ingresos máximos de hasta un 65por ciento del total de ingresos del núcleo familiar, loque sugiere que la actividad caprina juega en los siste-mas de producción agropecuaria un papel de seguridadsocial, de abastecimiento de proteína animal de alto va-lor biológico y de sistema de ahorro que permite a pe-queños y medianos productores disponer de recursos encasos demandantes.

Es indudable que con una mejor apreciación del po-tencial productivo de las cabras y con un manejo ade-cuado se puede esperar aumentos considerables de pro-ducción en el futuro. Sin embargo, una de las limitacio-nes más importantes que presenta la actividad caprinanacional es la ausencia de mercados y canales de co-mercialización efectivos para sus productos.

19Octubre 2004

RefReferencias biberencias bibliográficasliográficasDevendra, C y G. Mc Lleroy. 1983. Producción de cabras y ovejas en los trópicos. Editorial El Manual Moderno. México.Fao. 2004 (consultado 23-8-04). Faostat database, en /www.faostat.fao.org/faostat/collections.Mellado, Miguel et al. 2003. "Stocking rate effects on gotas: A research observation", en Journal of Range Management. Vol. 56: 167-173.Muñoz, E. 1997. Diagnóstico estático comparativo de los sistemas de producción caprina en los cantones de Puriscal y en el área central de Heredia. Tesis en ingenieríaagronómica, Universidad Nacional, Costa Rica.Navarro, D. 1983. Evaluación bioeconómica de sistemas de producción caprina semicormercial en Costa Rica. Tesis de maestría, Catie, Costa Rica.

M.CAMACHO

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En los últimos años, en Costa Rica varias institucio-nes de enseñanza y gubernamentales han unidoesfuerzos tendientes a incentivar la actividad ca-

prina con el firme propósito de ofrecer a la poblaciónuna fuente de proteína de alto valor biológico consumi-ble de diferentes maneras gracias a los diversos procesostecnológicos que se han desarrollado. Las ventajas com-parativas en términos nutricionales de la leche de cabraen relación con otras leches (ver cuadro) está relacio-nada principalmente con la composición de las grasas,la composición proteica, la elevada digestibilidad y unacapacidad alergénica baja (Fisberg 1999). La alta diges-tibilidad de la leche de cabra se debe a que no contieneaglutinina, una proteína que tiene la función de agruparlos glóbulos grasos en estructuras de mayor tamaño, he-cho que, además de sernutricionalmente másfavorable, explica el ma-yor tiempo de separaciónde la grasa en la leche decabra que en la de vacu-no. El menor tamaño delos glóbulos de grasa enla leche de cabra facilita el ataque de las enzimas diges-tivas y, por ende, la velocidad de digestión. La leche decabra contiene, además, más ácidos grasos esenciales(linoleico y araquidónico) y una mayor cantidad de áci-dos grasos de cadena corta y mediana que la leche devaca, lo que la hace más saludable cardiovascularmen-te. El contenido mineral de las leches de cabra y de va-ca es semejante, presentando la primera mayores canti-dades de calcio, potasio, fósforo, magnesio y mangane-so. Los valores de vitaminas de la leche de cabra sontambién similares a los de la de vaca, excepto por las vi-taminas B6, B12 y el ácido fólico, que se encuentran enmenor proporción en la leche de cabra; pero ésta pre-senta un 47 por ciento más de vitamina A que la lechevacuna.

La leche de cabra cumple otro papel muy importan-te de cara a los consumidores con alergia a la leche va-cuna e intolerancia genética a la lactosa (azúcar de laleche), afecciones particularmente preocupantes en lainfancia, cuando los requerimientos de crecimiento sesatisfacen principalmente con productos lácteos. Laalergia a la leche de vaca, que es una respuesta del or-

ganismo a las proteínas que la componen, se manifiestaen el 2,5-5 por ciento de la población, principalmenteen niños debido a que es la primera proteína extrañaque consumen. Las personas que presentan alergias a lacaseína alfa se ven beneficiadas con la leche de cabradado que ésta presenta cantidades menores de ese ele-mento que la leche de vaca. Cuando el organismo noproduce suficiente lactasa (enzima responsable delrompimiento o hidrólisis de la lactosa en azúcares sim-ples: glucosa y galactosa) la lactosa no es absorbida porel intestino y las bacterias existentes en éste proliferanfermentando los azúcares y creando irritación y flatu-lencias, lo cual en los niños puede causar diarreas y di-ficultar la obtención de peso. Porque la leche de cabracontiene menor cantidad de lactosa (1 por ciento me-

nos que la leche de vaca)y es más digestible, puedeser tolerada por algunaspersonas que presentanesa enfermedad. Los pro-ductos lácteos fermenta-dos (yogurt y queso) nocontienen lactosa, por lo

que son ideales para quienes tienen deficiencia de la en-zima (Vélez 1998).

María Isabel Camacho, ingeniera agrónoma especialista en nutrición animal, esprofesora e investigadora en la Universidad Nacional.

por Mª Isabel Camacho

Octubre 2004

Leche de cabra y salud

RefReferencias biberencias bibliográficasliográficasFisberg, M, M. Nogueira, y A. Ferreira.1999. "Aceptación y tolerancia de lechede cabra en niños preescolares", en Pediatría Moderna 35, Brasil. Vélez, M. 1993. Producción de cabras y ovejas en el trópico. Escuela AgrícolaPanamericana. Tegucigalpa.

Fuente: Adaptado de Vélez.1993

21Octubre 2004

Desde 1994 empezó a ser considerado en la Asam-blea Legislativa un proyecto de Ley de Pesca yAcuicultura cuyo fin es la regulación del sector

pesquero, que hasta hoy está en casi total abandono esta-tal. Por incumplimiento de ciertos requisitos y por otrasrazones no fue sino hasta agosto de 2003 que alcanzó a serdiscutido en primer debate, pero en éste se le encontrarontales inconsistencias e irregularidades que el plenario le-gislativo conformó una comisión ad hoc de diputados conla misión de que consensuarala mayoría de las mocionespresentadas. A esta comisión,en forma oportuna, un grupode organizaciones no guber-namentales y de representan-tes de instituciones directa-mente interesadas en el proyecto (guardacostas, Ministe-rio del Ambiente, Instituto Costarricense de Pesca) le hi-zo llegar un conjunto de observaciones con el fin de me-jorar el proyecto de ley en diferentes aspectos, principal-mente atendiendo a la necesidad de mayores controlespara asegurar un uso racional de los recursos marinos ycosteros.

La comisión ad hoc emitió un texto sustitutivo que fueaprobado en primer debate por unanimidad y mayoría ca-lificada en julio de este año. Pese a lo arduo del prolonga-do parto, el proyecto aprobado en primer debate no satis-fizo los intereses de todos los actores involucrados, de mo-do que con la firma de 13 diputados, el 19 de agosto pasa-do, se envió a consulta a la Sala Constitucional cuestio-nando la constitucionalidad de 18 artículos. Los magistra-dos de tal Sala, que formalmente están obligados a dicta-minar sobre lo consultado y sobre cualesquiera otros as-pectos que consideraren relevantes desde el punto de vis-ta constitucional en los 30 días posteriores a la recepcióndel documento, hasta el cierre de esta edición (22 de sep-tiembre) no habían hecho ningún pronunciamiento. Valela pena recordar que en la Sentencia 778-95, del 8 de fe-brero de 1995, la Sala declaró inconstitucional el artículo30 de la vigente Ley de Pesca (que es de 1948), argumen-tando que las conductas del tipo penal no estaban biendescritas, y que, asimismo, en ese voto los magistrados hi-cieron un llamado urgente a la Asamblea Legislativa para

que aprobara una Ley de Pesca que respondiera a la actua-lidad y fuera de avanzada.

Los posibles escenarios inmediatos en lo referente altrámite del proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura son lossiguientes: (1) el de pronta solución: se resuelve la consul-ta por parte de la Sala Constitucional observando los ar-tículos que son inconstitucionales, la Asamblea Legislati-va los repara y se aprueba la Ley en segundo debate, (2) elde que pese a las observaciones de la Sala Constitucional,

y por mayoría califi-cada, se retrotraiga alprimer debate y secorrijan las irregula-ridades que aún con-tiene el proyecto pa-ra, luego, ser votado

de nuevo en primer debate y se cuente con una ley másconsistente, y (3) el de que se desista de ese proyecto y secontinúe sin ningún control. Esperamos que en este octu-bre se pueda vislumbrar el desenlace.

¿Hasta cuándo estaremossin Ley de Pesca?

por Mª Virginia Cajiao

María Virginia Cajiao, especialista en derecho ambiental, es directora del ÁreaLegal de Marviva y profesora en la Universidad Nacional.

AA LALA VENTVENTAA

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La agricultura, la minería, la actividad maderera yla caza en áreas forestadas alteran el delicadoequilibrio biológico de éstas. A veces eso resulta

bueno para la salud, pero también puede ser malo. En-tre otras cosas, el documento Biodiversidad: su importan-cia para la salud humana, de Eric Chivian, de la EscuelaMédica de Harvard, explica cómo eso puede suceder.Las actividades humanas alteran la temperatura, la hu-medad, la población de depredadores y la vegetación enlas áreas afectadas. En algunos casos eso aumenta la po-blación de mosquitos, moscas, ratones, murciélagos yotros transmisores de enfermedades infecciosas. Asen-tarse cerca de los bosques puede exponer a la poblacióna enfermedades que subsisten allí, como la malaria, lafiebre amarilla, la leishmaniasis, la enfermedad de cha-gas y la enfermedad africana del sueño. El crecienteconsumo de carne de monte facilita que las enfermeda-des pasen de los animales a los humanos.

La extracción maderera ha favorecido la expansiónde la malaria en algunas regiones del Sureste Asiático yde la Amazonia. Crea charcos de agua estancada y ha-ce que otros sean menos ácidos, lo cual favorece la mul-tiplicación del mosquito que propaga la enfermedad. Esprobable que el humo de los incendios forestales masi-vos del Sureste de Asia en 1997-1998 haya impedidoque numerosos árboles florecieran y produjeran frutos,lo que hizo que muchos murciélagos que los comían mi-

graran hacia las grandes granjas porcinas de Malasia abuscar alimentos. Estos murciélagos pasaron el mortalvirus de nipah a los cerdos, que luego lo transmitierona los seres humanos. Para resolver el problema el gobier-no tuvo que "ordenar que se sacrificara un gran núme-ro de cerdos".

La destrucción del bosque también pudo haber cau-sado la epidemia de la enfermedad de lyme en el nores-te de Estados Unidos, provocando la desaparición demuchos animales que comen ratones de pata blanca oque compiten con ellos, y eso hizo que aumentara la po-blación de ratones, los cuales transmiten la bacteria quecausa la enfermedad de lyme a las garrapatas, las que asu vez la pasan a la gente. Las tres cuartas partes de to-das las nuevas enfermedades humanas que han apareci-do provinieron de los animales, las cuales la gente las hacontraído comiendo carne de animales salvajes que sonportadores de ellas. Éste pudo haber sido el origen delsida y existe un alto riesgo de que virus similares se pue-dan pasar a los humanos desde los otros primates en elfuturo. Comer carne de monte también ha sido relacio-nado con los brotes de ántrax y de peste.

Los incendios forestales y la tala de árboles contribu-yen al calentamiento global, lo que a su vez está relacio-nado con la aparición de la fiebre del dengue, la mala-ria, la fiebre amarilla y la encefalitis en regiones quenunca tuvieron esas enfermedades. Alterar el ecosiste-ma de los bosques no siempre afecta la salud de formanegativa como en esos casos, pero sucede con suficien-te frecuencia como para merecer nuestra atención. Sinduda alguna, destruir los bosques puede ser dañino pa-ra la salud.

Destruir los bosquesafecta la salud

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David Kaimowitz

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Octubre 2004

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deforestación y problemática del bosque; explotación agropecuaria y minera; producción

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