Octavio Acosta: Gobernanza metropolitana desde la seguridad ciudadana.

PROGRAMA PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA

CLAVES PARA UNA GOBERNANZA

METROPOLITANA: LA METRÓPOLI DESDE LA

PERSPECTIVA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

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“PRIMER ENCUENTRO PARA UN

GOBIERNO METROPOLITANO”


Que problemas enfrentan las zonas metropolitanas

en materia de gobernabilidad e inseguridad

1. Desigualdad social y acceso insuficiente a oportunidades de

desarrollo: Educación, salud, empleo, alimentación, vivienda,

seguridad. recreación, deporte, arte y cultura.

2. Debilidad institucional de los gobiernos locales;

descoordinación gubernamental, dependencia económica y

política.

3. Débil e insuficiente organización y capacidad de la sociedad

civil; débiles mecanismos de articulación gobierno-sociedad,

cultura política clientelar, deterioro progresivo del tejido social.

4. Incremento de actos violentos y delictivos tanto a escala social

como en la familia, la comunidad, la escuela y la pareja.


Diez claves para el éxito de las políticas publicas en

materia de gobernabilidad y seguridad ciudadana

1. Su carácter local, Que sean diseñadas e implementadas en al

ámbito local (o municipal) y las autoridades locales asuman el

liderazgo en un proceso pedagógico de coproducción de

seguridad a partir de un diagnóstico de las necesidades de la

ciudadanía.

Comité Municipal de Prevención

de la Violencia de Tijuana


2. El carácter multisectorial de esta coproducción y

la creación de alianzas• En estas experiencias están presentes los diversos sectores sociales

y gubernamentales: Autoridades y funcionarios de los gobiernos

centrales y locales; empresarios, académicos, organizaciones sociales,

civiles, medios de comunicación, etc. Todos ellos (en mayor o menor

medida) se han coordinado y articulado para coproducir la seguridad

en su localidad y se han constituido espacios de ejecución,

seguimiento y coordinación de la política.


3. La creación de confianza en la relación gobierno -

ciudadanía• A través de procesos para la creación de sinergias y el

desarrollo de una política de comunicación constante para

informar de los avances y retrocesos de la política, y rendir

cuentas de lo hecho. “Los ciudadanos apoyan políticas públicas

por razones y emociones. Las apoyan porque las han

entendido, lo cual les da más derecho a vigilarlas y exigirlas”


4. Coherencia entre política de seguridad y política

urbana

• La recuperación del territorio y de los espacios urbanos de encuentro,

es decir, el desarrollo de acciones para diseñar, intervenir, recuperar,

habilitar y construir espacios públicos desde la prevención situacional,

modificando el entorno urbano mediante el diseño ambiental e

involucrando la participación de los vecinos y considerando sus

necesidades e intereses, principalmente, de los grupos de atención

prioritaria para fomentar el uso común del espacio público, en

particular hacia los sectores más empobrecidos.


5. Desarrollar un proceso pedagógico

• Asumir los desafíos de que gobernar es enseñar (independientemente

de la voluntad o intención de los gobernantes, ya que el mejor maestro

es el ejemplo) que exige la convicción de que el cambio es posible. Los

ciudadanos deben conocer su realidad, no para aceptarla sino para

cambiarla, y los gobernantes como educadores deben asumir

consciente y responsablemente su papel en el proceso de la

enseñanza y el aprendizaje, en educar para lograr la igualdad, la

transformación y la inclusión con respeto a la legalidad y a las

personas.


6. Disponer de un buen sistema de información

• Que permita conocer de la manera más precisa posible la

situación de violencia y delincuencia en la localidad; elaborar y

actualizar periódicamente los diagnósticos del estado de la

situación de violencia y delincuencia y monitorear el proceso

con información pertinente, real y creíble. Las mejores

decisiones siempre han estado directamente relacionadas con

la mejor información y análisis disponible.


7. Participación ciudadana activa

• Existencia de un enfoque compartido por la comunidad y las

instancias municipales, coherente en todas las acciones,

análisis e interpretaciones, y promotor de la coproducción de

seguridad. Existencia de canales institucionales, adecuados y

accesibles para que todos los sectores de la sociedad puedan

opinar, incidir en las decisiones, vigilar los programas y exigir el

cumplimiento de sus derechos de manera corresponsable


8. Adecuada articulación de la policía con la

sociedad y con la justicia.

• Se requiere una fuerte cohesión entre policía, comunidad y justicia.

Esto implica una integración plena en el tejido social y, por tanto, la

máxima interrelación con los diferentes actores sociales. Los lazos de

confianza entre sociedad, policía y procuración de justicia surgen a

partir de una sensación de que la policía y el ministerio público están

orientada a resultados, que resuelven problemas, que opera con

transparencia y, sobre todo, que contribuyen a la legalidad, la justicia

con transparencia y rinden cuentas a la propia comunidad con la que

trabajan y coexisten”…


9. Focalización de las acciones de prevención

social

• Tanto en los espacios (zonas de riesgo, colonias más

inseguras) como en los grupos más vulnerables a la violencia y

la delincuencia, en especial la juventud y las mujeres.


10. Equipos técnicos capaces y profesionales.

• El personal municipal se ha seleccionado, capacitado y cuenta

con la talento y la experiencia adecuadas para desempeñar

eficazmente su trabajo. Existen relaciones laborales positivas y

funcionan sistemas de estímulo y de capacitación permanente.

Todos han aprendido a atender bien a la comunidad y se

preocupan por proporcionar la mejor atención a los ciudadanos

que concurren al municipio. Se sienten verdaderos servidores

públicos.


Diez propuestas para una agenda

de gobierno que contribuya a la

gobernabilidad democrática y la

seguridad ciudadana en zonas

metropolitanas


1. Creación de un Comité Metropolitano

para la prevención social de la violencia

y la delincuencia con participación

igualitaria del gobierno y la sociedad

(sector social, privado, académico)

encargado de diseñar, promover, vigilar, y

evaluar las políticas publicas y los

programas en materia de prevención social

de la violencia y la delincuencia

expresadas en un Plan Metropolitano de

Seguridad Ciudadana y Prevención

Social de la Violencia y la Delincuencia

y Conformación de comités municipales y

delegacionales, con el mismo propósito,

articulados y coordinados en el comité

metropolitano.


2. Servicios y obras publicas con

enfoque social y de prevención

de la violencia y la delincuencia y

establecimiento de normas

metropolitanas de prevención

situacional (basadas en los

principios CPTED) para que los

espacios públicos, vialidades,

obras publicas, fraccionamientos,

cuenten con estándares socio

ambientales adecuados para la

convivencia ciudadana y la

reducción de oportunidades

delictivas.


3. Capacitar a todos los

servidores públicos en

Seguridad Ciudadana

y Prevención Social de

la violencia y la

delincuencia y

establecer parámetros

para medir su

desempeño en esta

materia.


4. Campañas ciudadanas

formativas e informativas

permanentes sobre

prevención de la violencia y

la delincuencia, cultura de

paz y legalidad,

transformación positiva de

conflictos y desarrollo de

habilidades para una vida

libre de violencia.


5. Cartas compromiso de

calidad y seguridad del

gobierno a la ciudadanía. A

que esta obligado y se

compromete a cumplir el

gobierno en cada localidad

y en la zona metropolitana.

6. Creación de

observatorios de la

violencia y la delincuencia

tano en cada localidad

como a nivel metropolitano.


7. Transparencia total y rendición

publica de cuentas sobre

políticas y programas de

seguridad ciudadana y prevención

social de la violencia y la

delincuencia.

8. Promover el enfoque de

proximidad en las policías

existentes: No nuevas

corporaciones de policías, sino

nuevos enfoques y practicas para

contribuir a la seguridad

ciudadana.


9. Promover el saneamiento de los

ministerios públicos, de tal forma

que aseguren su rol de contribuir a

la justicia y la legalidad.

10. Política publica integral en materia

de prevención social y orientación

absoluta de los presupuestos

públicos a la reducción de la

desigualdad social y la promoción

del bienestar: salud, educación,

empleo, deporte, recreación,

cultura, infraestructura social para

el desarrollo, etc.; impulsando

mecanismos de Presupuesto

Participativo.

Este presentación fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de este

presentación es responsabilidad exclusiva de quien lo produjo y no reflejan necesariamente

los puntos de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.


Programa para la Convivencia Ciudadana

www.pcc.org.mx

José Octavio Acosta Arévalo

[email protected]

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