SINTESIS INFORMATIVA DE PRENSA VIERNES 03 DE ENERO DE 2020

Ocho columnas

Aumento de precios llega en cascada Habrá alzas de entre $1 y $3 en productos, dicen abarroteras

Cargan Estados más impuestos Aprietan a ciudadanos ante bajas presupuestales

Rompen racha alcista remesas, destaca Banxico Desaceleración. Pega a envíos de dinero el menor avance industrial de EU

Producción petrolera privada crecería 70% en el 2020 Privados aportaran apenas 5% de la producción total

Récor de remesas con 32.9 mil mdd entre enero y noviembre Alza anual de 7.4%, respecto a 2018: BdeM

Toca a la Corte “acercarse a la gente” y corregir: Zaldívar Poder Judicial. Las Resoluciones “pueden ser debatibles o no gustar a todos, pero jamás arbitrarias”, dice el ministro presidente, que promete “garantías de autonomía e independencia” en el máximo tribunal

EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL

Toman vía para que les vuelvan a pagar tierras Ejidatarios de Morelos

Sedena: Cero huachicol para edificar Santa Lucia Vigila que los transportistas compren combustible en los establecimientos oficiales, no el robado

La Razón Les reabren El Mexe… ahora exigen plazas automáticas Dura normal 11 años cerrada; abren, pero no les dan gusto

El SNTE crea partido político sin la maestra Grupo Social Promotor de México

Este 2020 Nos irá bien en lo económico: López Obrador

Vientos Registro la CDMX ventarrones con rachas de hasta 69 kilómetros por hora; se activaron alertas en el Valle de México

Alerta Banxico: alza al salario pega al empleo Persistirá debilidad en la economía

Panorama Nacional

“Les falta información”, responde AMLO al EZLN sobre Tren Maya (Forbes

México, Notimex, p. web).

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró hoy que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no cuenta con información completa sobre el Tren Maya, luego que dicho grupo advirtió que defendería con su vida las tierras por donde pasará ese transporte. En su conferencia de prensa, el mandatario recordó que lleva 40 años trabajando para mejorar las condiciones de vida de los indígenas y reiteró que la construcción del tren no afectará a las comunidades indígenas, sino todo lo contrario: traerá beneficios y desarrollo. “Les diría que no tienen toda la información. No se va a afectar a las comunidades indígenas en nada, al contrario, se está beneficiando a los pueblos indígenas como nunca se había hecho”, aseveró. “Antes se respetaba, se admiraba al indígena muerto, incluso hasta se les utilizaba en lo político, lo ideológico, pero no se hacía nada por el indígena vivo que padece pobreza y marginación”, expuso el jefe del Ejecutivo. Cuestionado sobre si su gobierno entablaría algún tipo de diálogo con el EZLN, a fin de aclararles los alcances del Tren Maya, López Obrador no descartó que sea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas el que pueda establecer encuentros. “Lo puede llevar a cabo (comunicación con EZLN), el Instituto de Pueblos Indígenas, y estamos dispuestos a hablar con todos, con quien nos busque o quiera tener información, con mucho gusto. No tenemos enemigos, mucho menos a los indígenas”, explicó. (https://www.forbes.com.mx/les-falta-informacion-responde-amlo-al-ezln-sobre-tren-maya/)

Empresas de alimentos mantendrán tendencia creciente en el 2020 (Excélsior,

Redacción, p. web).

La desaceleración económica que se vive a nivel mundial y que se prevé se agudice el próximo año, no frenará el crecimiento de las empresas del sector de alimentos, como Grupo Maseca (Gruma), auguran especialistas. Apoyadas en su diversificación global y el bono demográfico, sobre todo en economías emergentes, empresas como la que dirige Juan González Moreno, mantendrán su tendencia creciente en volúmenes de venta, ingresos y utilidades. Los alimentos procesados registrarán un aumento de 40% en su consumo en los próximos años a nivel global, de acuerdo con un estudio elaborado por Invest In Bogotá, lo que se verá reflejado en mayores inversiones por parte de las empresas líderes del sector, generando la creación de nuevos empleos y desarrollo económico en las regiones en las que participan. En el caso de Grupo Maseca, hay que destacar que la compañía mexicana es líder en la producción de harina de maíz, tortilla y tortilla para wraps a nivel mundial, y que comercializa sus productos en más de 120 países. Lo anterior, derivado de que la firma cuenta con un recurso humano altamente especializado, y que ha fortalecido su capacidad innovadora para desarrollar productos saludables de alta calidad para satisfacer la demanda de sus clientes y consumidores en los mercados donde participa. El crecimiento de Gruma, así como el del resto de las compañías que operan en México en el sector de alimentos, ha hecho que esta industria se consolide como una de las más significativas en términos del valor del Producto Interno Bruto del sector secundario de manufactura, ya que se encargan de transformar el producto agropecuario obtenido en el campo, en alimentos fáciles de preparar y servir por el consumidor final. (https://www.dineroenimagen.com/empresas/empresas-de-alimentos-mantendran-tendencia-creciente-en-el-2020/117894?categoria=%22dinero%22)

Ejercerá el IMSS $825 mil millones en este año (La Jornada, Laura Poy Solano, p.

web).

En 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrá recursos por 825 mil 62.8 millones de pesos, de los cuales 53 mil 611 millones se destinarán a medicinas, productos y suministros médicos. De acuerdo con el calendario del presupuesto autorizado a las unidades responsables para el ejercicio fiscal 2020 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el organismo tendrá 332 mil 715 millones de gasto corriente, de los cuales 211 mil 593 millones se destinarán al pago de servicios personales. Otros 488 mil 616 millones de pesos se canalizarán a pensiones y jubilaciones, como parte de las obligaciones que debe cubrir el gobierno federal, por lo que se trata de recursos irreductibles. De estos fondos, 344 mil 161.7 millones corresponden al pago de pensiones en curso con el régimen solidario correspondiente a la Ley de 1973; 101 mil 286.6 millones se destinarán al régimen de pensiones y jubilaciones del IMSS. Además, destinará 20 mil 918.1 millones de pesos para subsidios, ayudas e indemnizaciones, así como 3 mil 153 millones para pensiones provisionales y temporales. Por lo que respecta a la inversión física, el IMSS destinará a bienes muebles e inmuebles 10 mil 464.9 millones de pesos, y a obra pública 2 mil 217 millones de pesos. Además, invertirá mil 592.6 millones en conservación y mantenimiento con terceros. En el Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destaca que el instituto destinará 9 mil 322.5 millones de pesos para su programa de adquisiciones, y al menos 917 millones para mantenimiento de su infraestructura. (https://www.jornada.com.mx/2020/01/03/politica/011n3pol)

Sedena: Sin huachicol, la edificación de Santa Lucía (La Crónica de Hoy, Arturo

Ramos Ortiz, p. web).

El Aeropuerto de Santa Lucía tiene una premisa a cumplir: ser una obra Cero Huachicol, es decir, que ningún camión o tráiler que traslade arena, grava, cemento o cualquier material esté moviéndose gracias a gasolina o diésel robados de los ductos de Pemex. El área del Estado de México, entre Tecámac y la propia Santa Lucía, es una de las que tiene mayores registros históricos de robo de combustible, si se consideran sus conexiones carreteras hacia Hidalgo y Querétaro. El insumo de combustible robado para empresas transportistas es un incentivo, puesto que abarata costos de operación y aumenta márgenes de ganancia, así que el tema surgió en Santa Lucía, la megaobra del amlismo que, a diferencia de otros proyectos como el de Dos Boca o el Tren Maya, tiene el control absoluto gracias al papel central que juega el Ejército mexicano. Los militares a cargo de la planeación y construcción del proyecto aeroportuario establecieron una medida específica para que los contratistas de la megaobra no estén comprando gasolina fuera de establecimientos oficiales y llenando los tanques de huachicol. Como requisito, deben estar dispuestos a la verificación de sus compras de combustible (diésel o gasolina). Ese es el motivo de las protestas que los transportistas escenificaron en noviembre y diciembre pasados, confiaron fuentes de alto nivel de Sedena a Crónica, pues la asociación más grande de los Traileros no había enfrentado antes medidas de esta naturaleza. La primera reacción vino de los llamados Sindicatos Unidos para la Transformación de México (SUTM), en realidad, una unión de gremios que incluye al 80 por ciento de los transportistas del país. (https://www.cronica.com.mx/notas-sedena_sin_huachicol_la_edificacion_de_santa_lucia-1142031-2020)

Insabi tendrá presupuesto de 100 mil mdp para compra de medicinas: López Obrador (El Financiero, Redacción, p. web).

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) tendrá un presupuesto de entre 80 mil millones y 100 mil millones de pesos para la compra de medicamentos en 2020, afirmó este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador. "Vamos a tener presupuesto para que no falten las medicinas. Yo calculo que vamos a destinar de 80 a 100 mil millones de pesos para comprar medicamentos y garantizar que se entreguen de manera gratuita los medicamentos a la gente que no tiene seguridad social, a la mayoría de los mexicanos", detalló. López Obrador remarcó que la partida alcanzará para la compra y distribución de medicinas "si no hay corrupción", por lo que pidió la ayuda de la población para denunciar casos de corrupción relacionados con los medicamentos. "Que no se quede la medicina o los materiales de curación en las bodegas, echándose a perder. Que los trabajadores y los mismos ciudadanos avisen y estén pendientes", abundó. El Insabi, que entró en funciones el miércoles pasado, da servicios de salud de manera gratuita a las personas que no cuenten con seguridad social, como la brindada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Los beneficiarios del Insabi deben recibir esos servicios sin ningún tipo de restricción ya que se atenderán todos los padecimientos, incluidos aquellos que el Instituto califica como "gastos catastróficos". (https://elfinanciero.com.mx/nacional/insabi-arranca-con-presupuesto-de-100-mil-mdp-para-compra-de-medicinas-lopez-obrador)

La Central de Abasto será la zona más vigilada de la CDMX (Excélsior, Gerardo

Jimenez, p. web).

Ciudad de México. - La Central de Abasto (CEDA) será la zona más vigilada de la Ciudad de México con 636 videocámaras que integran rotación de 360 grados, lectura de placas, resolución 4K y reconocimiento facial. Ayer fue puesto en marcha el nuevo equipamiento que será operado a través del Centro de Comando y Control (C2) que funciona al interior de la CEDA y estará coordinado con el C2 Oriente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Van a tener 60 días de grabación, a diferencia de lo que ocurre con las que tenemos actualmente que hay modelos que tienen siete y otros que tienen 30. Podemos utilizar 50 cámaras, las que sean, para labores de reconocimiento facial. Tenemos cubiertas todas las entradas de Central de Abasto para lectura automática de placa (cualquiera de las cámaras puede ser utilizada para este fin), de hecho, lo podemos hacer sobre video grabado, no tiene que ser nada más en vivo”, detalló Juan Manuel García Ortegón, director del C5. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que a diario 500 mil personas concurren en este centro de venta, cifra similar a la población de la alcaldía de Cuauhtémoc (532 mil habitantes). Estamos hablando de una superficie de 327 hectáreas en Central de Abasto y 500 mil visitantes diarios. Eso, además de la propia problemática de la Central de Abasto, había generado un importante número de delitos”, expresó la mandataria capitalina. (https://www.excelsior.com.mx/comunidad/la-central-de-abasto-sera-la-zona-mas-vigilada-de-la-cdmx/1356117)

Trump ordenó asesinar a general iraní líder de grupo de élite (proceso,

Redacción, p. web).

fuerzas de élite Quds y cerebro de las guerras de poder en Oriente Medio. El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que el presidente Donald Trump autorizó el asesinato de Soleimani en un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad.

Su muerte podría elevar el conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que amenaza con aumentar dramáticamente las tensiones en la región. De acuerdo con el Pentágono, su asesinato se debió a que “estaba desarrollando activamente planes para atacar a diplomáticos y miembros del servicio estadunidenses en Irak y en toda la región”. Además, lo acusó de aprobar el ataque contra la Embajada de Estados Unidos en Bagdad a principios de esta semana. Un asesor del presidente de Irán, Hassan Rouhani, advirtió a Donald Trump sobre las represalias de Teherán. “Trump, a través de su apuesta, ha arrastrado a Estados Unidos a la situación más peligrosa de la región”, escribió Hessameddin Ashena en Telegram. “Quien ponga su pie más allá de la línea roja debe estar listo para enfrentar sus consecuencias”. En el ataque también murió Abu Mahdi al-Muhandis, subcomandante de las milicias respaldadas por Irán en Irak conocidas como las Fuerzas de Movilización Popular, y otras cinco personas. Trump, quien vacaciona en Palm Beach, Florida, publicó un tuit con una bandera de Estados Unidos. (https://www.proceso.com.mx/612839/trump-ordeno-asesinar-a-general-irani-lider-de-grupo-de-elite)

Procuraduría Agraria

Procuraduría Agraria deberá aclararlo (Crónica de Campeche, Redacción, p. web).

Viernes 03 enero 2020 Campeche. - Aunque aclaró que la compra venta de terrenos ejidales de las comunidades de Xbacab y Revolución, en el Municipio de Champotón, se hicieron antes de que el excandidato a la alcaldía de Champotón, José Cardozo Rivera, fuera funcionario de la Secretaría de Bienestar Social, la delegada de programas para el Desarrollo del Estado de Campeche, Katia Meave Ferniza, aclaró que la Procuraduría Agraria (PA) deberá aclarar el tema. Tras reunirse ayer por la tarde-noche con los ejidatarios de las dos comunidades, que pidan evaluar el proceso de compra-venta que hicieron con el actual funcionario de la Secretaría de Bienestar Social, Cardozo Rivera, destaco que “el próximo lunes se realizará otra reunión en donde estarán presentes los inconformes y la encargada del despacho de la Procuraduría”. Confirmo que se reunió con “ejidatarios pertenecientes al ejido de Xbacab y Revolución, donde ellos manifiestan que efectivamente hicieron una compra venta, lo que nos mencionaron es que desde su punto de vista posiblemente haya alguna situación que no consideran ellos que haya cumplido con la legalidad del procedimiento”. Indicó que “entonces se les orientó y se les planteó que sea la PA quien les dé el acompañamiento jurídico, la Procuraduría puede hacer dos cosas, una iniciar un proceso de conciliación o una asesoría, en este caso ellos tienen que proceder si tuvieran argumentos jurídicos en ese caso un juez para interponer sus argumentos y se determine si existe o no alguna situación fuera del debido procedimiento”. Secretaría de Bienestar Social, “pero tengo entendido que esos acuerdos se hicieron antes de que el llegara a la dependencia, de cualquier modo, habrá total imparcialidad al respecto, porque son los lineamientos que nos manda el Gobierno de México”. (https://www.cronicacampeche.com/?p=153093&__cf_chl_jschl_tk__=1bca42f106c55ae2190948893b753a1ea8f3ddd5-1578066755-0-AWJC9lUAue2Gm077rYh5uljLXUZARBKCbszv0rzsNTplp-t8k73TobM-dXY1T4Btp1u3d4uRiTYEpTwWvpeorS4vULBLpUYsmtqqGOAZbzQ5y114MN-priKFZ4rUmihyzNS0CXQIqcnReLhAOW-DUG3XVgd7HjIEL_xuzCnGa9vXpio6FAVLXPvIMx79JHGxGn7gHWdRwHaxT6GjInTT

3_D_qeg9XOpySWpZ5ERJc6jkqcNYeY8ThKZ4mauNdHY6zEpkC3ArO_jvsQEuwTnVnpM)

Campesinos acusan a funcionario federal de presunto despojo (Campeche,

Redacción, p. web).

Viernes 03 enero 2020 Campeche. - Habitantes de los ejidos Xbacab y Revolución, municipio de Champotón, exigen la destitución de José Antonio Cardozo Rivero, del cargo que ostenta como asesor jurídico de la Secretaría de Bienestar en el Estado de Campeche, a quien acusan del presunto despojo de más de mil 34 hectáreas en ambas comunidades, en perjuicio de 47 familias. Encabezados por Pedro Celestino May Can, líder de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc) en Campeche, los inconformes se presentaron en Palacio Federal, donde se ubican las oficinas de la dependencia, para protestar por la permanencia de Cardozo Rivero como servidor público. Pancartas en mano con frases de protesta, aseguraron haberse apropiado de cientos de hectáreas de los ejidatarios y afirmaron las pagó a 60 centavos el metro a la gente. -Lo más terrible es que las firma que usaron en la asamblea, hay más de diez ejidatarios que no lo son; se utilizaron a personas que no son de la comunidad, del ejido, para consumir el delito de despojo –afirmó May Can. -Son las mismas personas que operaron con Javier Duarte de Ochoa, en el 2011, en el despojo del ejido de Lerma –afirmó-. Son los mismos actores políticos como José Cámara, que trabajaron en la Procuraduría Agraria en Campeche, y él mismo operó en Xbacab para despojar de mil 300 hectáreas a los pobladores. Y ahora intenta sembrar más de 100 hectáreas con el programa Sembrando Vida”. Afirmó la misma situación se dio en el ejido Revolución, por lo que su petición es que ante el Tribunal Agrario se declaren nulas las actas de asamblea que señaló presentó Cardozo Rivero, y comparezca ante esta autoridad, deje de inmediato su cargo para estar en igualdad de condiciones con los ejidatarios. (http://www.campeche.com.mx/campesinos-acusan-a-funcionario-federal-de-presunto-despojo/ Información también disponible en:

- Este año deberá acabar el lío ejidal en Lerma (Punto Medio, Héctor Euan

Uicab, p. web).

Viernes 03 enero 2020 Campeche. - Pedro Celestino May Chan, dirigente de la lucha del ejido de Lerma en contra de las personas de Javier Duarte que fueron sus prestanombres para despojar a los ejidatarios de una enorme extensión de terrenos ejidales, señaló que este año se debe dar la conclusión de dicho lío. En estos meses se realizará el juicio de nulidad de un acto de asamblea donde se realizó un aparcelamiento que se hizo sin estudios de impacto ambiental y que afecta a la ecología del lugar, según especificó el líder campesino quien el sexenio pasado estuvo en la cárcel por defender los derechos de su ejido y sus compañeros ejidatarios. A 11 años de que inició el conflicto del ejido de Lerma, May Chan considera que para octubre a más tardar se deberá dar el amparo. También agregó que la Procuraduría Agraria citará a declarar a los 17 prestanombres del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y consideró que tiene confianza en las nuevas autoridades nombradas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues dijo, estas personas sí estudiaron lo que están ejerciendo y en ese sentido piensa que ellos sí cumplirán las leyes como debe ser, dándole la razón por completo a los ejidatarios de Lerma ya sin la corrupción que imperaba y que en algún momento inclinó la balanza a favor de los prestanombres de Javier Duarte. https://www.puntomedio.mx/este-ano-debera-acabar-el-lio-ejidal-en-lerma/

- Protestan contra próximo despojo de tierras (Por Esto, David Vásquez, p.

web).

Viernes 03 enero 2020 Campeche. - El día de ayer, campesinos encabezados por Pedro Celestino May Can, líder del Movimiento Tierra y Libertad, se manifestaron a las afueras del Palacio Federal para pedir la intervención de funcionarios y evitar que sean despojados de sus predios el próximo 10 de enero. En el edificio federal, los ejidatarios acusaron a Pedro Cardozo Rivero de ser el artífice del crimen que se llevará a cabo el próximo viernes contra los pobladores del predio de San Eduardo, por lo que pidieron la intervención de la Secretaría de Bienestar para dar solución a sus demandas contra la persona mencionada. “Traemos un oficio dirigido a la licenciada Katia Meave Ferniza, donde se hace un llamado para que apoye a la gente (de los ejidos de Revolución, Xbacab y el predio de San Eduardo), se forme una mesa de diálogo y no sean desalojados”. En el caso de la gente del predio de San Eduardo ésta será desalojada el próximo día 10 luego de un juicio en el juzgado civil, en el cual hubo corrupción de los jueces, acusaron los campesinos. Los afectados –indicaron- confían ver en Andrés Manuel López Obrador y Katia Meave Ferniza un buen Presidente y buena delegada en Campeche, de quienes aseguraron es vital su intervención para solucionar los conflictos, antes de que la gente sea desalojada de sus predios y sean dejadas sin hogar. Asimismo, señalaron que han entregado oficios en la Secretaría de Bienestar en Campeche para pedir la intervención de la funcionaria federal y aseguraron que se debe juzgar con todas las de la ley al funcionario José Antonio Cardozo Rivero, de quien dijeron desconocer el cargo que ocupa, pero que está laborando en el programa Sembrando Vida. Retomando las declaraciones de Pedro Celestino, éste recordó que continúan los conflictos ejidales en el Ejido de Xbacab y aseguró que José Antonio Cardozo Rivero se registró como avecindado del lugar por medio de malas prácticas y compra de firmas, para apropiarse de mil 300 hectáreas, pagando entre 60 y 50 centavos a la gente por metro de hectárea. “En Xbacab, este señor fue registrado como avecindado para apropiarse de mil 300 hectáreas de terrenos ejidales, pagando en 50 a 60 centavos a la gente; lo terrible es que las firmas son de más de 10 ejidatarios que no lo son, porque son ajenos, cometiendo un delito de despojo”, aseguró. Dijo que José Antonio Cardozo Rivero operó en Xbacab con Rodolfo Cardozo Rivero, Hilado Valerio Hernández, Guadalupe Rivero Camargo, Irma del Socorro Uc, Olivar Romero Rivera Enrique Zavala, Secundino Montero Córdova, Tomás Moctezuma Díaz, Luis Angel Sansores, Magdalena Méndez Pérez, entre otros. Dijo que lo lamentable es ver cómo estas mismas personas son quienes operaron con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en el despojo de Lerma, pues detalló que existe también la colaboración de José Alberto Cámara, quien trabajó en la Procuraduría Agraria en Campeche para despojar de mil 300 hectáreas a los ejidatarios. “Ahora intentan hacer siembras de más de 100 hectáreas con el programa Sembrando Vida, por eso decimos que el señor operó también en el ejido de Revolución, otro lugar afectado, donde realizó otra acta de asamblea con toda su familia”, comentó. Inmediatamente señaló a José Dolores Cardozo Díaz, Juan Francisco Rivero Camargo, Clara Berenice Rivero Camargo, Guadalupe Camargo, Minerva Rivero Trejo, Israel Durán Valdez, Ignacio Hernández Madrigal, entre otros, quienes dijo operaron con el despojo de más de mil 400 hectáreas. “Por eso sólo pedimos ante el Tribunal Agrario que sean declaradas nulas las Actas de Asamblea y que el señor Cardozo Rivero comparezca como cualquier campesino, que deje su cargo para que tenga la misma igualdad que los ejidatarios afectados, para

hacer de nuestras peticiones un juicio justo, por eso igual pondremos una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción”, remató. https://www.poresto.net/2020/01/03/protestan-contra-proximo-despojo-de-tierras/

- Campesinos de Campeche acusan por despojo a coordinador federal y exigen su destitución (Revista Proceso, Rosa Santana, p. web).

Jueves 02 enero 2020 Campeche. - Campesinos de los ejidos Xbakab y Revolución, del municipio de Champotón, exigieron la remoción del coordinador operativo de Programas Federales de la Secretaría de Bienestar, José Antonio Cardozo Rivero, a quien acusan de despojo de tierras. Afuera de las instalaciones del Palacio Federal, los inconformes denunciaron que, en 2015, cuando Cardozo Rivero laboraba en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el área de Terrenos Nacionales, despojó de mil 300 hectáreas a 22 ejidatarios de Xbakab. Y lo mismo hizo con otras mil 400 hectáreas en perjuicio de otro tanto de ejidatarios en Revolución. Explicaron que Cardozo Rivero, quien actualmente funge como coordinador operativo de Programas Federales de la Secretaría de Bienestar en la entidad, utilizó “las mismas artimañas” de los presuntos prestanombres del exgobernador veracruzano Javier Duarte en el caso del ejido Lerma, en Campeche. Denunciaron que el ahora funcionario de la “cuatroté” pagó a campesinos avecindados en ambas comunidades, pero no tienen el reconocimiento legal como ejidatarios para firmar en las actas de las asambleas donde, junto con un grupo de familiares, se apropió de esas tierras. Incluso recurrió al mismo abogado, Jorge Alberto Cámara Castañeda, quien fue visitador de la Procuraduría Agraria (PA), destacaron. En el caso de las tierras de Xbakab, Cardozo habría pagado alrededor de 5 millones de pesos a los campesinos que se hicieron pasar por ejidatarios en las asambleas, y una cantidad similar por las de Revolución. Según los inconformes, los pagos se hicieron en varias partes y se entregaron en el restaurante Pelícanos II y en una vivienda familiar en la unidad habitacional Plan Chac, ambos en la ciudad de Champotón. Adelantaron que emprenderán sendos juicios de nulidad de las asambleas ante el Tribunal Agrario, pero para que “el piso sea parejo” y “no haya mano negra” en el litigio, exigieron la destitución del funcionario federal. https://www.proceso.com.mx/612801/campesinos-de-campeche-acusan-por-despojo-a-coordinador-federal-y-exigen-su-destitucion)

Gobiernos aliados al crimen y pueblo sicario, el rostro de Guerrero (Bajo

Palabra, Redacción, p. web).

Jueves 02 enero 2020 Guerrero. - En vísperas de la navidad, con el cántico arrullador de la noche de paz, Andrés Manuel López Obrador, soltó un mensaje desolador “estamos ante el fracaso rotundo del modelo neoliberal y uno de esos signos, de esas pruebas contundentes de lo fallido del modelo neoliberal y de la hipocresía del conservadurismo es el caso de (Genaro) García Luna…Aquí en nuestro país, donde gobernaba la delincuencia…El gobierno estaba secuestrado, estaba al servicio de una pandilla de rufianes”. Una denuncia a rajatabla que nos muestra un país hecho trizas; sometidos por un poder político capturado por las redes de la macrocriminalidad. Este diagnóstico, los ciudadanos y ciudadanas de a pie lo hemos documentado a lo largo y ancho del país, sin embargo, no se ha atendido el clamor que emerge desde todos los rincones de México: con protestas en las calles; con denuncias ante los ministerios públicos, con la indignación y el dolor de los familiares que buscan incansablemente a sus seres queridos, con la infinidad de noticias y reportajes en los

medios de comunicación. Nada ha removido las murallas construidas por un aparato gubernamental que se erigió en el verdugo de su propia población. Ante este escenario atroz, parece aprisionarnos la fatalidad y la desesperanza. El deterioro de la vida de las y los guerrerenses se ha desquiciado por la violencia imparable que se eleva en la medida que nos sumergimos en la pobreza y la desatención de las autoridades. Hay un abandono histórico y una acumulación de problemas, que la misma gente se siente orillada a cobrar justicia por propia mano. Se ha llegado al extremo de sumergirse en el laberinto de la violencia como única salida ante la ausencia del estado de derecho y la falta de justicia. Ante la desatención, cada vez mayor a los conflictos agrarios, nos interesa resaltar esta problemática, que de manera sistemática las autoridades relegan ante su incapacidad y desinterés, para resolver de fondo conflictos de larga duración que han tenido un alto costo de vida humanas. Hemos tenido que atender varios casos que son sumamente críticos, porque la gente ha dejado de apostarle al diálogo y la negociación. En cada temporada de siembras arrecian las confrontaciones de los indígenas y campesinos que con machete en mano defienden sus terrenos. Dos ejemplos son ilustrativos de esta triste realidad. Los núcleos agrarios de Huitzapula y San Juan Bautista Coapala del municipio de Atlixtac, que llevan más de 40 años disputando 2,449 hectáreas, sin que se cumplan las resoluciones emitidas por el Tribunal Unitario Agrario (TUA). En los últimos dos años, cada comunidad ha optado por atrincherarse en los cerros y accionar sus armas contra cualquier poblador que transita por la zona en conflicto. Hay un número reportado de manera informal que asciende a más de 15 ciudadanos que han sido asesinados, por cada núcleo agrario. Ninguna de las dos partes se interesa en notificarle al Ministerio Público, lo único que hacen es recoger a sus muertos y esperar la oportunidad para cobrar venganza. Las mismas autoridades agrarias han dejado de pedir la intervención de la Procuraduría Agraria y del TUA, porque han constatado que no tienen la capacidad para hacer valer los acuerdos firmados y sus resoluciones. Se repite el ciclo funesto, aplicando la ley del talión. Las autoridades municipales han dejado de lado estos problemas con el argumento de que no son de su competencia. Por su parte, las autoridades del estado, lo más que llegan a intervenir es a convocar a las partes en la ciudad de Chilpancingo, para firmar alguna minuta. Las instancias federales reducen su intervención sugiriendo que sean los tribunales los que determinen cómo resolver el conflicto. (https://bajopalabra.com.mx/gobiernos-aliados-al-crimen-y-pueblo-sicario-el-rostro-de-guerrero)

Sector Agrario

Toman vía para que les vuelvan a pagar tierras; ejidatarios de Morelos (Excélsior, Andres Becerril, p. web).

Viernes 03 enero 2020 Ejidatarios de Jojutla, Morelos, mantienen bloqueada la autopista Siglo XXI, desde el pasado 12 de diciembre, en demanda de siete millones de pesos, la concesión de una gasolinera, un camión de volteo y dos camionetas, como pago por un terreno de nueve mil metros cuadrados que fue expropiado para construir la vía. El grupo de ejidatarios exige que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal (SCT) salde el adeudo, pese a que éste fue liquidado en 2006. Excélsior obtuvo copia del recibo del pago. El 18 de agosto de 2006, Alfredo Casales Díaz, entonces presidente ejidal de Jojutla, recibió un cheque bancario por un monto 590 mil pesos a cambio de la parcela. Los ejidatarios —encabezados por el exdiputado priista Aristeo Rodríguez Barrera, líder cañero con denuncias de fraude y enriquecimiento ilícito, y por Ciro Olguín Malpica,

presidente del comisariado ejidal de Jojutla, acusado de fraude— aseveran que Casales Díaz se quedó con el dinero pagado, por lo que buscan que, 13 años y cinco meses después, la SCT vuelva a pagarles por las tierras expropiadas. Ayer, un grupo que se deslindó de Rodríguez y Olguín se reunió con Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT, quien acordó analizar los adeudos a cambio de la liberación de la vía. (https://www.excelsior.com.mx/nacional/toman-para-que-les-vuelvan-a-pagar-tierras-ejidatarios-de-morelos/1356105)

Para consultar fechas atrás >>>

Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx

“Les falta información”, responde AMLO al EZLN

sobre Tren Maya

El presidente López Obrador consideró hoy que el Ejército Zapatista de Liberación

Nacional (EZLN) no cuenta con información completa sobre el Tren Maya, luego que

dicho grupo advirtió que defendería con su vida las tierras por donde pasará ese

transporte.

Jueves 02 enero 2020 / Notimex

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró hoy que el Ejército

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no cuenta con información completa

sobre el Tren Maya, luego que dicho grupo advirtió que defendería con su vida

las tierras por donde pasará ese transporte.

En su conferencia de prensa, el mandatario recordó que lleva 40 años trabajando

para mejorar las condiciones de vida de los indígenas y reiteró que la

construcción del tren no afectará a las comunidades indígenas, sino todo lo

contrario: traerá beneficios y desarrollo.

“Les diría que no tienen toda la información. No se va a afectar a las

comunidades indígenas en nada, al contrario, se está beneficiando a los pueblos

indígenas como nunca se había hecho”, aseveró.

“Antes se respetaba, se admiraba al indígena muerto, incluso hasta se les

utilizaba en lo político, lo ideológico, pero no se hacía nada por el indígena vivo

que padece pobreza y marginación”, expuso el jefe del Ejecutivo.

Cuestionado sobre si su gobierno entablaría algún tipo de diálogo con el EZLN,

a fin de aclararles los alcances del Tren Maya, López Obrador no descartó que

sea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas el que pueda establecer

encuentros.

“Lo puede llevar a cabo (comunicación con EZLN), el Instituto de Pueblos

Indígenas, y estamos dispuestos a hablar con todos, con quien nos busque o

quiera tener información, con mucho gusto. No tenemos enemigos, mucho

menos a los indígenas”, explicó.

El mandatario apuntó que el rechazo que puede externar el EZLN a sus

proyectos de infraestructura pueden ser de carácter ideológico, pero descartó

que vaya ser autoritario e imponer su visión a la fuerza.

“Los trato con mucho respeto, por eso me extraña eso de que ‘vamos a defender

la tierra con la vida’. Si yo no soy Salinas. Pero son libres de plantear lo que

consideren”, agregó.

“Que no esperen nuestros adversarios conversadores, de izquierda y de

derecha, que nosotros actuemos de manera autoritaria. No somos iguales.

Nosotros somos pacifistas”, recalcó López Obrador.

Empresas de alimentos mantendrán tendencia

creciente en el 2020

Jueves 02 enero 2020 / Redacción

La desaceleración económica que se vive a nivel mundial y que se prevé se

agudice el próximo año, no frenará el crecimiento de las empresas del sector de

alimentos, como Grupo Maseca (Gruma), auguran especialistas.

Apoyadas en su diversificación global y el bono demográfico, sobre todo en

economías emergentes, empresas como la que dirige Juan González Moreno,

mantendrán su tendencia creciente en volúmenes de venta, ingresos y

utilidades.

Los alimentos procesados registrarán un aumento de 40% en su consumo en los

próximos años a nivel global, de acuerdo con un estudio elaborado por Invest In

Bogotá, lo que se verá reflejado en mayores inversiones por parte de las

empresas líderes del sector, generando la creación de nuevos empleos y

desarrollo económico en las regiones en las que participan.

En el caso de Grupo Maseca, hay que destacar que la compañía mexicana es

líder en la producción de harina de maíz, tortilla y tortilla para wraps a nivel

mundial, y que comercializa sus productos en más de 120 países.

Lo anterior, derivado de que la firma cuenta con un recurso humano altamente

especializado, y que ha fortalecido su capacidad innovadora para desarrollar

productos saludables de alta calidad para satisfacer la demanda de sus clientes

y consumidores en los mercados donde participa.

El crecimiento de Gruma, así como el del resto de las compañías que operan en

México en el sector de alimentos, ha hecho que esta industria se consolide como

una de las más significativas en términos del valor del Producto Interno Bruto del

sector secundario de manufactura, ya que se encargan de transformar el

producto agropecuario obtenido en el campo, en alimentos fáciles de preparar y

servir por el consumidor final.

En el artículo Inside Mexico’s Processed Food Industry, el autor Sergio L.

Ornelas comenta que a nivel mundial el valor de la producción de esta industria

presenta un alto dinamismo y una perspectiva de crecimiento de 7.6% para el

2020.

Entre las características favorables de la industria están que los alimentos

procesados se encuentran disponibles todo el año, su preservación facilita su

comercialización y gracias a la eliminación de microorganismos reducen el riesgo

de enfermedades, son generalmente distribuidos y vendidos por grandes

corporativos.

Con estas perspectivas, coincide la Secretaría de Economía, que según sus

estimaciones se espera que el consumo de alimentos procesados en México

crezca a una tasa de 7.4%. El mayor valor agregado de producción recae en la

elaboración de productos de panadería y tortillas con 32%, seguido por la

industria de matanza y empacado de carne con 22% del total, y la elaboración

de productos lácteos con 12% de la industria alimentaria.

En estas actividades industriales se ubican las principales empresas de México

en el sector de la alimentación como Gruma, Grupo Bimbo, Lala, y Maseca,

SuKarne. Compañías, que además atraen la inversión de empresas foráneas

como Nestlé, Danone, Unilever, Kellogg, Heinz, PepsiCo, entre otras.

Ejercerá el IMSS $825 mil millones en este año

Viernes 03 enero 2020 / Laura Poy Solano

En 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrá recursos por 825

mil 62.8 millones de pesos, de los cuales 53 mil 611 millones se destinarán a

medicinas, productos y suministros médicos.

De acuerdo con el calendario del presupuesto autorizado a las unidades

responsables para el ejercicio fiscal 2020 publicado en el Diario Oficial de la

Federación, el organismo tendrá 332 mil 715 millones de gasto corriente, de los

cuales 211 mil 593 millones se destinarán al pago de servicios personales.

Otros 488 mil 616 millones de pesos se canalizarán a pensiones y jubilaciones,

como parte de las obligaciones que debe cubrir el gobierno federal, por lo que

se trata de recursos irreductibles. De estos fondos, 344 mil 161.7 millones

corresponden al pago de pensiones en curso con el régimen solidario

correspondiente a la Ley de 1973; 101 mil 286.6 millones se destinarán al

régimen de pensiones y jubilaciones del IMSS.

Además, destinará 20 mil 918.1 millones de pesos para subsidios, ayudas e

indemnizaciones, así como 3 mil 153 millones para pensiones provisionales y

temporales.

Por lo que respecta a la inversión física, el IMSS destinará a bienes muebles e

inmuebles 10 mil 464.9 millones de pesos, y a obra pública 2 mil 217 millones de

pesos. Además, invertirá mil 592.6 millones en conservación y mantenimiento

con terceros.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en el portal de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destaca que el instituto destinará 9 mil

322.5 millones de pesos para su programa de adquisiciones, y al menos 917

millones para mantenimiento de su infraestructura.

En cuanto a la prestación de servicios públicos, donde invertirá 266 mil 481.6

millones de pesos de su presupuesto 2020, el IMSS destinará 237 mil 562.4

millones para la atención a la salud; 6 mil 814.5 millones de pesos a la prevención

y control de enfermedades; mil 202 millones a la atención de la salud en el

trabajo, y 12 mil 482 millones para el servicio de guarderías, entre otros rubros.

Sedena: Sin huachicol, la edificación de Santa

Lucía

Viernes 03 enero 2019 / Arturo Ramos Ortiz

El Aeropuerto de Santa Lucía tiene una premisa a cumplir: ser una obra Cero

Huachicol, es decir, que ningún camión o tráiler que traslade arena, grava,

cemento o cualquier material esté moviéndose gracias a gasolina o diésel

robados de los ductos de Pemex. El área del Estado de México, entre Tecámac

y la propia Santa Lucía, es una de las que tiene mayores registros históricos de

robo de combustible, si se consideran sus conexiones carreteras hacia Hidalgo

y Querétaro.

El insumo de combustible robado para empresas transportistas es un incentivo,

puesto que abarata costos de operación y aumenta márgenes de ganancia, así

que el tema surgió en Santa Lucía, la megaobra del amlismo que, a diferencia

de otros proyectos como el de Dos Boca o el Tren Maya, tiene el control absoluto

gracias al papel central que juega el Ejército mexicano.

Los militares a cargo de la planeación y construcción del proyecto aeroportuario

establecieron una medida específica para que los contratistas de la megaobra

no estén comprando gasolina fuera de establecimientos oficiales y llenando los

tanques de huachicol. Como requisito, deben estar dispuestos a la verificación

de sus compras de combustible (diésel o gasolina).

Ese es el motivo de las protestas que los transportistas escenificaron en

noviembre y diciembre pasados, confiaron fuentes de alto nivel de Sedena a

Crónica, pues la asociación más grande de los Traileros no había enfrentado

antes medidas de esta naturaleza.

La primera reacción vino de los llamados Sindicatos Unidos para la

Transformación de México (SUTM), en realidad, una unión de gremios que

incluye al 80 por ciento de los transportistas del país.

La demanda original del SUTM era la posibilidad de que la contratación se les

concediera en exclusiva a sus agremiados, pero el tema del huachicol apareció

a finales de noviembre y, con él, una serie de bloqueos de la organización a los

accesos a Santa Lucía.

Cabe recordar que la baja significativa de robo de combustible a Pemex no ha

terminado con la aparición de tomas clandestinas sobre ductos de Pemex,

particularmente en ramales del centro del país que van desde Guanajuato hasta

alcanzar Hidalgo y Estado de México.

Poco antes de acabar 2019, en Santa Lucía quedó zanjado el tema de la

verificación de la procedencia de la gasolina y la verificación a los transportistas

mediante documentación de la compra legal (algo que, además deberían tener

para efectos fiscales). Por ahora, al menos, Santa Lucía aparece como la primera

obra que podrá contar con un certificado tácito de Cero Huachicol en su

construcción.

LA RETICENCIA DE SAN LUCAS XOLOX. La decisión de verificar la ausencia

de huachicol en la obra de Santa Lucía afectó también la contratación de

transportistas locales de comunidades como San Lucas Xolox, el poblado más

cercano a la actual base militar.

El miércoles, Crónica publicó las opiniones de transportistas locales que

indicaban que Sedena, responsable de la obra, estaba pagando muy bajo a

quienes se enrolaban en el transporte de materiales.

Esta tardanza, a juicio de las fuentes de Sedena, están ligadas igualmente a un

hábito en la zona para aumentar márgenes de ganancia con la compra de

gasolina barata robada.

Presidencia de la República estableció que parte de los contratados para la obra

debían ser transportistas de las comunidades aledañas al nuevo aeropuerto. Con

ello se cumpliría la premisa de irrigar recursos en el entorno de la obra y no

conceder las contrataciones sólo a los empresarios más fuertes del país.

En el caso de los agremiados del SUTM, éste reúne a tal porcentaje de

transportistas que realizar una obra de estas dimensiones sin ellos, resultaría

imposible. Se estableció la meta de 30 por ciento de transportistas locales, sean

o no del SUTM, para cumplir el mandato presidencial.

Las últimas fechas de 2019 indicaban que faltaban aún transportistas locales

para lograr esa meta.

CERO HUACHICOL, CERO HUELGAS. Finalmente, la supervisión a los

transportistas que estén contratados para esta megaobra podrá hacerse por el

sistema de control de materiales que se ha establecido en Santa Lucía. Dentro

del perímetro de la obra en sí, sólo operarán vehículos militares, en tanto que los

privados llegarán hasta una zona de tránsito entre las carreteras de acceso y las

de construcción.

En esa área de tránsito, la supervisión de los transportistas contratados podrá

realizarse sin problema, y además, evitará que cualquier tipo de controversia con

la SUTM derive en la detención de los trabajos de construcción de la pista o del

área de abordaje.

Insabi tendrá presupuesto de 100 mil mdp para

compra de medicinas: López Obrador

El mandatario pidió a la ciudadanía denunciar cualquier caso de corrupción que se

detecte relacionado con la adquisición de estos insumos.

Viernes 03 enero 2020 / Redacción

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) tendrá un presupuesto de entre

80 mil millones y 100 mil millones de pesos para la compra de medicamentos en

2020, afirmó este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Vamos a tener presupuesto para que no falten las medicinas. Yo calculo que

vamos a destinar de 80 a 100 mil millones de pesos para comprar medicamentos

y garantizar que se entreguen de manera gratuita los medicamentos a la gente

que no tiene seguridad social, a la mayoría de los mexicanos", detalló.

López Obrador remarcó que la partida alcanzará para la compra y distribución

de medicinas "si no hay corrupción", por lo que pidió la ayuda de la población

para denunciar casos de corrupción relacionados con los medicamentos.

"Que no se quede la medicina o los materiales de curación en las bodegas,

echándose a perder. Que los trabajadores y los mismos ciudadanos avisen y

estén pendientes", abundó.

El Insabi, que entró en funciones el miércoles pasado, da servicios de salud de

manera gratuita a las personas que no cuenten con seguridad social, como la

brindada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los beneficiarios del Insabi deben recibir esos servicios sin ningún tipo de

restricción ya que se atenderán todos los padecimientos, incluidos aquellos que

el Instituto califica como "gastos catastróficos".

Los recursos para atender esa clase de padecimientos provendrán del Fondo de

Salud para el Bienestar.

La Central de Abasto será la zona más vigilada

de la CDMX

Se instalaron 636 videocámaras con lectura de placas y reconocimiento facial

Viernes 03 enero 2020 / Gerardo Jimenez

Ciudad de México. - La Central de Abasto (CEDA) será la zona más vigilada de

la Ciudad de México con 636 videocámaras que integran rotación de 360 grados,

lectura de placas, resolución 4K y reconocimiento facial.

Ayer fue puesto en marcha el nuevo equipamiento que será operado a través del

Centro de Comando y Control (C2) que funciona al interior de la CEDA y estará

coordinado con el C2 Oriente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Van a tener 60 días de grabación, a diferencia de lo que ocurre con las que

tenemos actualmente que hay modelos que tienen siete y otros que tienen 30.

Podemos utilizar 50 cámaras, las que sean, para labores de reconocimiento

facial.

Tenemos cubiertas todas las entradas de Central de Abasto para lectura

automática de placa (cualquiera de las cámaras puede ser utilizada para este

fin), de hecho, lo podemos hacer sobre video grabado, no tiene que ser nada

más en vivo”, detalló Juan Manuel García Ortegón, director del C5.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que a diario 500 mil personas

concurren en este centro de venta, cifra similar a la población de la alcaldía de

Cuauhtémoc (532 mil habitantes).

Estamos hablando de una superficie de 327 hectáreas en Central de Abasto y

500 mil visitantes diarios. Eso, además de la propia problemática de la Central

de Abasto, había generado un importante número de delitos”, expresó la

mandataria capitalina.

De acuerdo con la página de Datos Abiertos de la CDMX, en 2019 fueron

abiertas mil 580 carpetas de investigación por robo sin violencia en la CEDA.

También se instalaron 96 altavoces, 100 botones de auxilio y 202 postes dentro

y fuera de la Central, además de las adecuaciones necesarias al inmueble del

C2 para habilitar una sala de crisis y la operación de 20 posiciones de despacho.

Trump ordenó asesinar a general iraní líder de

grupo de élite

Jueves 02 enero 2020 / Redacción

Estados Unidos mató este jueves al general iraní Qassem Soleimani, jefe de las

fuerzas de élite Quds y cerebro de las guerras de poder en Oriente Medio.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que el presidente

Donald Trump autorizó el asesinato de Soleimani en un ataque con drones en el

aeropuerto de Bagdad.

Su muerte podría elevar el conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que amenaza

con aumentar dramáticamente las tensiones en la región.

De acuerdo con el Pentágono, su asesinato se debió a que “estaba desarrollando

activamente planes para atacar a diplomáticos y miembros del servicio

estadunidenses en Irak y en toda la región”.

Además, lo acusó de aprobar el ataque contra la Embajada de Estados Unidos

en Bagdad a principios de esta semana.

Un asesor del presidente de Irán, Hassan Rouhani, advirtió a Donald Trump

sobre las represalias de Teherán.

“Trump, a través de su apuesta, ha arrastrado a Estados Unidos a la situación

más peligrosa de la región”, escribió Hessameddin Ashena en Telegram. “Quien

ponga su pie más allá de la línea roja debe estar listo para enfrentar sus

consecuencias”.

En el ataque también murió Abu Mahdi al-Muhandis, subcomandante de las

milicias respaldadas por Irán en Irak conocidas como las Fuerzas de Movilización

Popular, y otras cinco personas.

Trump, quien vacaciona en Palm Beach, Florida, publicó un tuit con una bandera

de Estados Unidos.

Operador de fuerzas paramilitares

Los integrantes de la Fuerza Quds, dirigidos por Soleimani, han sido

desplegados en la guerra en Siria para apoyar al presidente Bashar al-Assad.

También estuvieron en Irak en 2003 para ayudar a derrocar a Saddam Hussein,

enemigo de Irán desde hace mucho tiempo.

Estados Unidos acusa a los seguidores de Soleimani de haber enseñado a los

militantes iraquíes cómo fabricar y usar bombas contra las tropas

estadunidenses tras la invasión de Irak.

Además, la organización es acusada de fomentar la creación de grupos

paramilitares como Hezbollah en Líbano.

Procuraduría Agraria deberá aclararlo

Viernes 03 enero 2020 / Redacción

Campeche. - Aunque aclaró que la compra venta de terrenos ejidales de las

comunidades de Xbacab y Revolución, en el Municipio de Champotón, se

hicieron antes de que el excandidato a la alcaldía de Champotón, José Cardozo

Rivera, fuera funcionario de la Secretaría de Bienestar Social, la delegada de

programas para el Desarrollo del Estado de Campeche, Katia Meave Ferniza,

aclaró que la Procuraduría Agraria (PA) deberá aclarar el tema.

Tras reunirse ayer por la tarde-noche con los ejidatarios de las dos comunidades,

que pidan evaluar el proceso de compra-venta que hicieron con el actual

funcionario de la Secretaría de Bienestar Social, Cardozo Rivera, destaco que

“el próximo lunes se realizará otra reunión en donde estarán presentes los

inconformes y la encargada del despacho de la Procuraduría”.

Confirmo que se reunió con “ejidatarios pertenecientes al ejido de Xbacab y

Revolución, donde ellos manifiestan que efectivamente hicieron una compra

venta, lo que nos mencionaron es que desde su punto de vista posiblemente

haya alguna situación que no consideran ellos que haya cumplido con la

legalidad del procedimiento”.

Indicó que “entonces se les orientó y se les planteó que sea la PA quien les dé

el acompañamiento jurídico, la Procuraduría puede hacer dos cosas, una iniciar

un proceso de conciliación o una asesoría, en este caso ellos tienen que

proceder si tuvieran argumentos jurídicos en ese caso un juez para interponer

sus argumentos y se determine si existe o no alguna situación fuera del debido

procedimiento”.

Secretaría de Bienestar Social, “pero tengo entendido que esos acuerdos se

hicieron antes de que el llegara a la dependencia, de cualquier modo, habrá total

imparcialidad al respecto, porque son los lineamientos que nos manda el

Gobierno de México”.

Campesinos acusan a funcionario federal de

presunto despojo

Viernes 03 enero 2020 / Redacción

Campeche. - Habitantes de los ejidos Xbacab y Revolución, municipio de

Champotón, exigen la destitución de José Antonio Cardozo Rivero, del cargo que

ostenta como asesor jurídico de la Secretaría de Bienestar en el Estado de

Campeche, a quien acusan del presunto despojo de más de mil 34 hectáreas en

ambas comunidades, en perjuicio de 47 familias.

Encabezados por Pedro Celestino May Can, líder de la Coalición de

Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc) en Campeche,

los inconformes se presentaron en Palacio Federal, donde se ubican las oficinas

de la dependencia, para protestar por la permanencia de Cardozo Rivero como

servidor público.

Pancartas en mano con frases de protesta, aseguraron haberse apropiado de

cientos de hectáreas de los ejidatarios y afirmaron las pagó a 60 centavos el

metro a la gente.

-Lo más terrible es que las firma que usaron en la asamblea, hay más de diez

ejidatarios que no lo son; se utilizaron a personas que no son de la comunidad,

del ejido, para consumir el delito de despojo –afirmó May Can.

-Son las mismas personas que operaron con Javier Duarte de Ochoa, en el 2011,

en el despojo del ejido de Lerma –afirmó-. Son los mismos actores políticos como

José Cámara, que trabajaron en la Procuraduría Agraria en Campeche,y él

mismo operó en Xbacab para despojar de mil 300 hectáreas a los pobladores. Y

ahora intenta sembrar más de 100 hectáreas con el programa Sembrando Vida”.

Afirmó la misma situación se dio en el ejido Revolución, por lo que su petición es

que ante el Tribunal Agrario se declaren nulas las actas de asamblea que señaló

presentó Cardozo Rivero, y comparezca ante esta autoridad, deje de inmediato

su cargo para estar en igualdad de condiciones con los ejidatarios.

Agregó también acudirán ante la Fiscalía Anticorrupción para que Cardozo

Rivero explique de dónde obtuvo los recursos para pagar esa superficie.

May Can señaló también están involucrados Enrique Cardozo Rivero, Gildardo

Valerio Hernández, Selmi Guadalupe Rivero Camargo, José Dolores Cardozo

Díaz, Clara Berenice Rivero Camargo, Guadalupe Camargo, Minerva Rivero

Trejo, Israel Durán Valdez, entre otros.

Este año deberá acabar el lío ejidal en Lerma

Viernes 03 enero 2020 / Héctor Euan Uicab

Campeche. - Pedro Celestino May Chan, dirigente de la lucha del ejido de Lerma

en contra de las personas de Javier Duarte que fueron sus prestanombres para

despojar a los ejidatarios de una enorme extensión de terrenos ejidales, señaló

que este año se debe dar la conclusión de dicho lío.

En estos meses se realizará el juicio de nulidad de un acto de asamblea donde

se realizó un aparcelamiento que se hizo sin estudios de impacto ambiental y

que afecta a la ecología del lugar, según especificó el líder campesino quien el

sexenio pasado estuvo en la cárcel por defender los derechos de su ejido y sus

compañeros ejidatarios.

A 11 años de que inició el conflicto del ejido de Lerma, May Chan considera que

para octubre a más tardar se deberá dar el amparo.

También agregó que la Procuraduría Agraria citará a declarar a los 17

prestanombres del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y

consideró que tiene confianza en las nuevas autoridades nombradas por el

presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues dijo, estas

personas sí estudiaron lo que están ejerciendo y en ese sentido piensa que ellos

sí cumplirán las leyes como debe ser, dándole la razón por completo a los

ejidatarios de Lerma ya sin la corrupción que imperaba y que en algún momento

inclinó la balanza a favor de los prestanombres de Javier Duarte.

Protestan contra próximo despojo de tierras

Campesinos encabezados por Pedro Celestino May Can llegaron a Palacio Federal

para pedir intervención de autoridades para que no sean desalojados del predio de

San Eduardo / Acusan enérgicamente al funcionario Pedro Cardozo de ser artífice del

crimen

Viernes 03 enero 2020 / David Vásquez

Campeche. - El día de ayer, campesinos encabezados por Pedro Celestino May

Can, líder del Movimiento Tierra y Libertad, se manifestaron a las afueras del

Palacio Federal para pedir la intervención de funcionarios y evitar que sean

despojados de sus predios el próximo 10 de enero.

En el edificio federal, los ejidatarios acusaron a Pedro Cardozo Rivero de ser el

artífice del crimen que se llevará a cabo el próximo viernes contra los pobladores

del predio de San Eduardo, por lo que pidieron la intervención de la Secretaría

de Bienestar para dar solución a sus demandas contra la persona mencionada.

“Traemos un oficio dirigido a la licenciada Katia Meave Ferniza, donde se hace

un llamado para que apoye a la gente (de los ejidos de Revolución, Xbacab y el

predio de San Eduardo), se forme una mesa de diálogo y no sean desalojados”.

En el caso de la gente del predio de San Eduardo ésta será desalojada el próximo

día 10 luego de un juicio en el juzgado civil, en el cual hubo corrupción de los

jueces, acusaron los campesinos.

Los afectados –indicaron- confían ver en Andrés Manuel López Obrador y Katia

Meave Ferniza un buen Presidente y buena delegada en Campeche, de quienes

aseguraron es vital su intervención para solucionar los conflictos, antes de que

la gente sea desalojada de sus predios y sean dejadas sin hogar.

Asimismo, señalaron que han entregado oficios en la Secretaría de Bienestar en

Campeche para pedir la intervención de la funcionaria federal y aseguraron que

se debe juzgar con todas las de la ley al funcionario José Antonio Cardozo

Rivero, de quien dijeron desconocer el cargo que ocupa, pero que está laborando

en el programa Sembrando Vida.

“Si no se soluciona esto, la gente se quedará sin hogar y sin lugar para

resguardar su patrimonio, mismo que consiste en pavos, borregos, gallinas,

cochinos, es decir, lo único que tienen; entonces, en el caso particular de los del

predio de San Eduardo, si no se les atiende, ellos vendrán a vivir al Palacio

Federal hasta que la autoridad los apoye”, comentó.

Palabras de un afectado

Por su parte, el habitante del predio de San Eduardo, José Luis Duarte, aseguró

que los terrenos mencionados se encuentran antes del Ejido de Castamay, 100

metros después de la caseta de policías ubicada en el Periférico Pablo García y

Motilla, mismos que –dijo- siempre fueron de la nación y nunca salieron de los

dominios de ésta.

“Los terrenos fueron terrenos nacionales, pero nunca salieron del dominio de la

nación, por eso llevamos un trámite en la Secretaría de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano (Sedatu) y ellos hicieron todo como lo marca la ley; ahora

surgen escrituras nuevas de unas personas que utilizan los documentos para

despojar a la gente, por conducto de actos de corrupción”, detalló.

Comentó que el artífice de todo lo mencionado es el señor Enrique Aguilar

Camejo, quien en colaboración de una licenciada llamada Yolanda Toraya, creó

el documento, por ese motivo igual detalló que lo lamentable es ver que serían

26 los afectados, quienes perderían gracias a la corrupción un total de 79

hectáreas.

“Ellos en 6 meses hicieron un estudio para avalar su escritura, un papeleo que a

nosotros nos costó 3 años, por eso mencionamos que queremos ver intervención

del Gobierno Federal, o de lo contrario todos los afectados nos vendríamos a

vivir al edificio del Gobierno Federal en Campeche”, comentó.

Igual, detalló que su petición es importante, porque deben acabarse este tipo de

actos de corrupción que originan un despojo desmedido de las tierras a los

campesinos, sobre todo en Campeche, donde aseguró que el problema sigue

sin ser resuelto y promovido por los adinerados. Añadió que en su caso ya tienen

más de 20 años viviendo en el lugar, pero ahora “resulta que nos quieren quitar

de ahí, pese a sus luchas por instalar los servicios públicos necesarios en

beneficio de la gente”.

Continúa conflicto ejidal en Xbacab

Retomando las declaraciones de Pedro Celestino, éste recordó que continúan

los conflictos ejidales en el Ejido de Xbacab y aseguró que José Antonio Cardozo

Rivero se registró como avecindado del lugar por medio de malas prácticas y

compra de firmas, para apropiarse de mil 300 hectáreas, pagando entre 60 y 50

centavos a la gente por metro de hectárea.

“En Xbacab, este señor fue registrado como avecindado para apropiarse de mil

300 hectáreas de terrenos ejidales, pagando en 50 a 60 centavos a la gente; lo

terrible es que las firmas son de más de 10 ejidatarios que no lo son, porque son

ajenos, cometiendo un delito de despojo”, aseguró.

Dijo que José Antonio Cardozo Rivero operó en Xbacab con Rodolfo Cardozo

Rivero, Hilado Valerio Hernández, Guadalupe Rivero Camargo, Irma del Socorro

Uc, Olivar Romero Rivera Enrique Zavala, Secundino Montero Córdova, Tomás

Moctezuma Díaz, Luis Angel Sansores, Magdalena Méndez Pérez, entre otros.

Dijo que lo lamentable es ver cómo estas mismas personas son quienes

operaron con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en el

despojo de Lerma, pues detalló que existe también la colaboración de José

Alberto Cámara, quien trabajó en la Procuraduría Agraria en Campeche para

despojar de mil 300 hectáreas a los ejidatarios.

“Ahora intentan hacer siembras de más de 100 hectáreas con el programa

Sembrando Vida, por eso decimos que el señor operó también en el ejido de

Revolución, otro lugar afectado, donde realizó otra acta de asamblea con toda

su familia”, comentó.

Inmediatamente señaló a José Dolores Cardozo Díaz, Juan Francisco Rivero

Camargo, Clara Berenice Rivero Camargo, Guadalupe Camargo, Minerva Rivero

Trejo, Israel Durán Valdez, Ignacio Hernández Madrigal, entre otros, quienes dijo

operaron con el despojo de más de mil 400 hectáreas.

“Por eso sólo pedimos ante el Tribunal Agrario que sean declaradas nulas las

Actas de Asamblea y que el señor Cardozo Rivero comparezca como cualquier

campesino, que deje su cargo para que tenga la misma igualdad que los

ejidatarios afectados, para hacer de nuestras peticiones un juicio justo, por eso

igual pondremos una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción”, remató.

Agregó que lo lamentable de todo es la corrupción percibida en cada denuncia,

pues el pago de entre 50 y 60 centavos por metro de hectárea, cuando el valor

comercial de cada hectárea es de 180 mil pesos, lo cual si es multiplicado por 2

mil 700 espacios es mucho dinero en los dos ejidos, a los cuales aseguró se le

sumaran más denuncias, pues tan sólo en Revolución fueron 25 y en Xbacab 22

afectados, más los que salgan a denunciar.

Campesinos de Campeche acusan por despojo a

coordinador federal y exigen su destitución

Jueves 02 enero 2020 / Rosa Santana

Campeche. - Campesinos de los ejidos Xbakab y Revolución, del municipio de

Champotón, exigieron la remoción del coordinador operativo de Programas

Federales de la Secretaría de Bienestar, José Antonio Cardozo Rivero, a quien

acusan de despojo de tierras.

Afuera de las instalaciones del Palacio Federal, los inconformes denunciaron

que, en 2015, cuando Cardozo Rivero laboraba en la Secretaría de Desarrollo

Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el área de Terrenos Nacionales,

despojó de mil 300 hectáreas a 22 ejidatarios de Xbakab.

Y lo mismo hizo con otras mil 400 hectáreas en perjuicio de otro tanto de

ejidatarios en Revolución.

Explicaron que Cardozo Rivero, quien actualmente funge como coordinador

operativo de Programas Federales de la Secretaría de Bienestar en la entidad,

utilizó “las mismas artimañas” de los presuntos prestanombres del exgobernador

veracruzano Javier Duarte en el caso del ejido Lerma, en Campeche.

Denunciaron que el ahora funcionario de la “cuatroté” pagó a campesinos

avecindados en ambas comunidades, pero no tienen el reconocimiento legal

como ejidatarios para firmar en las actas de las asambleas donde, junto con un

grupo de familiares, se apropió de esas tierras.

Incluso recurrió al mismo abogado, Jorge Alberto Cámara Castañeda, quien fue

visitador de la Procuraduría Agraria (PA), destacaron.

En el caso de las tierras de Xbakab, Cardozo habría pagado alrededor de 5

millones de pesos a los campesinos que se hicieron pasar por ejidatarios en las

asambleas, y una cantidad similar por las de Revolución.

Según los inconformes, los pagos se hicieron en varias partes y se entregaron

en el restaurante Pelícanos II y en una vivienda familiar en la unidad habitacional

Plan Chac, ambos en la ciudad de Champotón.

Adelantaron que emprenderán sendos juicios de nulidad de las asambleas ante

el Tribunal Agrario, pero para que “el piso sea parejo” y “no haya mano negra”

en el litigio, exigieron la destitución del funcionario federal.

Para ello demandaron la intervención del presidente Andrés Manuel López

Obrador, y pidieron que su caso sea turnado a la Fiscalía Anticorrupción para

que se investigue de dónde se sacaron los recursos para pagar las tierras o si

se lavó dinero, porque las transacciones “se hicieron bajo la mesa, en efectivo,

y los recursos no pasaron nunca por un banco”.

En la misma manifestación de este jueves, pobladores de San Eduardo, en este

municipio, demandaron la destitución de Leonor del Carmen Carrillo Delgado,

Leonardo de Jesús Cú Pensabé y Joaquín Santiago Sánchez Gómez,

magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por

presunta corrupción.

Carrillo Delgado es hija del exgobernador Abelardo Carrillo Zavala, y Sánchez

Gómez, además de empresario, fue el primero de los tres secretarios de la

Contraloría en el cuatrienio del goberndaor Alejandro Moreno Cárdenas. “Alito”

también hizo magistrado a Sánchez Gómez, pese a que carecía de trayectoria

judicial.

Los afectados explicaron que son 21 familias las que hace 26 años se asentaron

en San Eduardo –hasta ahora terrenos nacionales– e iniciaron su trámite ante la

Sedatu en 2007 para regularizar su situación.

No obstante, el 14 de agosto de 2019 la Sala Civil emitió una orden judicial para

desalojar de esas tierras a los campesinos, el próximo sábado 11, en atención a

una demanda promovida por el empresario Jorge Aguilar Camejo, asesinado el

11 de agosto de 2018.

La demanda fue interpuesta por la representante legal del ahora fallecido, Karla

Sugey Aguilar Camejo. Supuestamente aquel compró al banco las tierras en

disputa, pero ni siquiera se han desincorporado como tierras nacionales.

Los quejosos explicaron que el 14 de marzo de 2019 un juez civil declaró la

nulidad de la escritura pública de Aguilar Camejo sobre 79 hectáreas, pero ahora,

“extrañamente”, los magistrados de la Sala Civil emitieron una orden judicial para

desalojar a la comunidad.

Gobiernos aliados al crimen y pueblo sicario, el

rostro de Guerrero

El caos es el que impera en el estado sureño y lo único que infunde respeto es el arma

que apunta a una población inerme.

Jueves 02 enero 2020 / Redacción

Guerrero. - En vísperas de la navidad, con el cántico arrullador de la noche de

paz, Andrés Manuel López Obrador, soltó un mensaje desolador “estamos ante

el fracaso rotundo del modelo neoliberal y uno de esos signos, de esas pruebas

contundentes de lo fallido del modelo neoliberal y de la hipocresía del

conservadurismo es el caso de (Genaro) García Luna…Aquí en nuestro país,

donde gobernaba la delincuencia…El gobierno estaba secuestrado, estaba al

servicio de una pandilla de rufianes”. Una denuncia a rajatabla que nos muestra

un país hecho trizas; sometidos por un poder político capturado por las redes de

la macrocriminalidad.

Este diagnóstico, los ciudadanos y ciudadanas de a pie lo hemos documentado

a lo largo y ancho del país, sin embargo, no se ha atendido el clamor que emerge

desde todos los rincones de México: con protestas en las calles; con denuncias

ante los ministerios públicos, con la indignación y el dolor de los familiares que

buscan incansablemente a sus seres queridos, con la infinidad de noticias y

reportajes en los medios de comunicación. Nada ha removido las murallas

construidas por un aparato gubernamental que se erigió en el verdugo de su

propia población. Ante este escenario atroz, parece aprisionarnos la fatalidad y

la desesperanza.

La desconfianza que se ha instalado en las instituciones gubernamentales, ha

zanjado cualquier acercamiento o apoyo por parte de las autoridades. La

población se contagia con el sentimiento de orfandad, no tiene otra alternativa

que cerrar las puertas de su casa y encomendarse al santo de su devoción, para

implorar protección. Las autoridades hablan de un estado de derecho, que es

mera ilusión y un discurso hueco. La población cotidianamente constata que en

lugar de proteger a los más indefensos, los policías y militares se coluden con

los jefes de las plazas para imponer el terror.

En nuestro estado todavía priva la ley del gatillo; el uso de la fuerza para someter

a los adversarios políticos; el poder del cacique para proteger intereses

facciosos; el compadrazgo político como la mejor forma de hacer los amarres de

candidaturas; las alianzas de los líderes de los partidos políticos con los jefes de

la delincuencia; los acuerdos secretos entre policías y militares, que por una

parte, defienden intereses económicos ilícitos, y por la otra, aparecen como los

guardianes de la sociedad.

Las autoridades viven engolosinadas con las mieles del poder y del dinero. Su

principal preocupación es asegurar un cargo para la siguiente administración. Se

han casado con la idea de que su seguridad pasa necesariamente por el filtro de

la delincuencia organizada. Para que haya gobernabilidad, los políticos y

empresarios prefieren pactar con los jefes de las principales organizaciones

criminales y compartir las prebendas del poder público.

Están muy lejos de garantizar seguridad a la sociedad y salvaguardar los

derechos de la población más vulnerable. Dejan a su suerte a la niñez que crece

con el estómago vacío y a la juventud, que ante la imposibilidad de estudiar y

trabajar se topan con los jefes de las pandillas, para enrolarse en las filas del

sicariato. Las madres y padres de familia tienen que salir a las calles para

dedicarse al comercio ambulante o migrar a los campos agrícolas, en busca de

un salario de hambre. El trabajo seguro se encuentra en los diferentes giros de

la economía criminal, donde florece el dinero mal habido y donde prosperan los

negocios de fachada, que catapultan a los nuevos ricos del país. El caos es el

que impera y lo único que infunde respeto es el arma que apunta a una población

inerme.

El deterioro de la vida de las y los guerrerenses se ha desquiciado por la violencia

imparable que se eleva en la medida que nos sumergimos en la pobreza y la

desatención de las autoridades. Hay un abandono histórico y una acumulación

de problemas, que la misma gente se siente orillada a cobrar justicia por propia

mano.

Se ha llegado al extremo de sumergirse en el laberinto de la violencia como única

salida ante la ausencia del estado de derecho y la falta de justicia. Ante la

desatención, cada vez mayor a los conflictos agrarios, nos interesa resaltar esta

problemática, que de manera sistemática las autoridades relegan ante su

incapacidad y desinterés, para resolver de fondo conflictos de larga duración que

han tenido un alto costo de vida humanas. Hemos tenido que atender varios

casos que son sumamente críticos, porque la gente ha dejado de apostarle al

diálogo y la negociación. En cada temporada de siembras arrecian las

confrontaciones de los indígenas y campesinos que con machete en mano

defienden sus terrenos.

Dos ejemplos son ilustrativos de esta triste realidad. Los núcleos agrarios de

Huitzapula y San Juan Bautista Coapala del municipio de Atlixtac, que llevan más

de 40 años disputando 2,449 hectáreas, sin que se cumplan las resoluciones

emitidas por el Tribunal Unitario Agrario (TUA). En los últimos dos años, cada

comunidad ha optado por atrincherarse en los cerros y accionar sus armas contra

cualquier poblador que transita por la zona en conflicto. Hay un número reportado

de manera informal que asciende a más de 15 ciudadanos que han sido

asesinados, por cada núcleo agrario. Ninguna de las dos partes se interesa en

notificarle al Ministerio Público, lo único que hacen es recoger a sus muertos y

esperar la oportunidad para cobrar venganza. Las mismas autoridades agrarias

han dejado de pedir la intervención de la Procuraduría Agraria y del TUA, porque

han constatado que no tienen la capacidad para hacer valer los acuerdos

firmados y sus resoluciones.

Se repite el ciclo funesto, aplicando la ley del talión. Las autoridades municipales

han dejado de lado estos problemas con el argumento de que no son de su

competencia. Por su parte, las autoridades del estado, lo más que llegan a

intervenir es a convocar a las partes en la ciudad de Chilpancingo, para firmar

alguna minuta. Las instancias federales reducen su intervención sugiriendo que

sean los tribunales los que determinen cómo resolver el conflicto.

Ninguna de ellas acude a la región para entrar en un proceso de negociación con

las dos partes y trazar con ellas mismas una ruta de trabajo orientada a distender

los ánimos, pactar una tregua y retomar el camino de la negociación.

Es muy grave esta situación que se vive actualmente, porque no existe un plan

por parte de las autoridades que se aboque a darle un tratamiento adecuado a

estos conflictos. Solo reaccionan cuando en los medios de comunicación

trascienden los hechos de violencia. Ante la nula intervención gubernamental las

dos comunidades alientan la confrontación y se aprestan para cobrar venganza.

Es una tensión permanente porque en cualquier momento se accionan las armas

contra cualquier persona que pueda ser blanco de ataque.

Un segundo ejemplo, es el conflicto agrario que se ha agudizado en los últimos

meses, entre la comunidad Na’Savi del Jicaral del estado de Oaxaca, que

ocuparon y tienen en posesión 49 hectáreas dentro del núcleo agrario de Jicayan

de Tovar del municipio de Tlacoachixtlahuaca, Guerrero. Es una disputa que

lleva 13 años y que no ha encontrado los cauces institucionales para darle

solución.

Las dos comunidades se han apostado tanto en los caminos como en los cerros

para repeler cualquier agresión. Hubo un tiempo en que se instaló un pelotón del

ejército con el fin de contener las agresiones, sin embargo, esta medida por ser

temporal solo posterga el conflicto. Porque no hay una intervención de las

autoridades de los tres niveles que trabajen un proceso de conciliación. Ante la

ausencia del ejército las comunidades tomaron posición de ataque y se

reactivaron las agresiones. Lamentablemente en la primera semana de julio de

2019 se dio un enfrentamiento donde murió una persona y tres más quedaron

heridas. Las intervenciones de las autoridades están muy lejos de atender las

causas del conflicto. Por ubicarse en la parte más recóndita de la Montaña

colindando con el estado de Oaxaca, este conflicto ha quedado relegado,

dejando que los comuneros y comuneras diriman sus diferencias accionando sus

armas.

Al levantar la mirada en este paisaje desolador encontramos que en las ciudades

y comunidades rurales donde campea la muerte, existen hombres y mujeres que

en medio de la tragedia se han armado de valor, para buscar a sus familiares

desaparecidos, para subir a los cerros, roturar la tierra y desenterrar cuerpos. En

esta escena trágica las personas luchan contra las fuerzas del mal. Nada los

detiene. Su amor por la vida y por sus seres queridos son el motor que los

impulsa a caminar sin descanso y nunca dejarse vencer.

Han sido muy aleccionadoras las iniciativas que han emprendido las familias de

Tlapa y de otros municipios de la Montaña, que, en medio de tanta violencia e

inseguridad, se han unido para caminar por cerros y barrancas con la comisión

nacional de búsqueda, para remover piedra sobre piedra, con la esperanza de

encontrar a su ser amado. La desaparición de Arnulfo y su búsqueda incansable

que rindió frutos, reanimó a las familias que en medio de las tinieblas y la

desolación son una luz en el camino. Así como hay un continuum de impunidad,

existe también un movimiento vigoroso de familiares que perseveran en la lucha

y que con su testimonio han logrado taladrar el muro infranqueable de la

impunidad. Con las fuerzas de sus palabras, han hecho la hendidura de este

régimen obtuso y con la indignación que les ha causado tanta desfachatez e

irresponsabilidad de las autoridades, han logrado urdir un telar multicolor que

nos cobija con la solidaridad de miles de personas que han encontrado en su

dolor, el sentido profundo del amor para que haya justicia y verdad en este 2020.

Toman vía para que les vuelvan a pagar tierras;

ejidatarios de Morelos

Desde el pasado 12 de diciembre bloquean la autopista Siglo XXI; exigen siete

millones de pesos, la concesión para una gasolinería y tres vehículos, por un terreno

que fue liquidado en 2006

Viernes 03 enero 2019 / Andres Becerril

Ejidatarios de Jojutla, Morelos, mantienen bloqueada la autopista Siglo XXI,

desde el pasado 12 de diciembre, en demanda de siete millones de pesos, la

concesión de una gasolinería, un camión de volteo y dos camionetas, como pago

por un terreno de nueve mil metros cuadrados que fue expropiado para construir

la vía.

El grupo de ejidatarios exige que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

federal (SCT) salde el adeudo, pese a que éste fue liquidado en 2006. Excélsior

obtuvo copia del recibo del pago.

El 18 de agosto de 2006, Alfredo Casales Díaz, entonces presidente ejidal de

Jojutla, recibió un cheque bancario por un monto 590 mil pesos a cambio de la

parcela.

Los ejidatarios —encabezados por el exdiputado priista Aristeo Rodríguez

Barrera, líder cañero con denuncias de fraude y enriquecimiento ilícito, y por Ciro

Olguín Malpica, presidente del comisariado ejidal de Jojutla, acusado de

fraude— aseveran que Casales Díaz se quedó con el dinero pagado, por lo que

buscan que, 13 años y cinco meses después, la SCT vuelva a pagarles por las

tierras expropiadas.

Ayer, un grupo que se deslindó de Rodríguez y Olguín se reunió con Javier

Jiménez Espriú, titular de la SCT, quien acordó analizar los adeudos a cambio

de la liberación de la vía.

Denuncian fraude

Integrantes del ejido Jojutla, en Morelos, bloquean desde el 12 de diciembre de

2019 la autopista Siglo XXI en demanda del pago de 9 mil metros cuadrados de

terreno afectado para la construcción de ese camino en el tramo Jantetelco-

Tlaltenchi.

Excélsior tiene copia del recibo del pago de ese terrero, efectuado el 18 de

agosto de 2006, por un monto de 590 mil pesos; el dinero lo recibió con cheque

bancario, Alfredo Casales Díaz, entonces presidente ejidal de Jojutla. Casales

Díaz se quedó con el dinero pagado por el gobierno de estado de Morelos, por

lo que se inició una carpeta de investigación el 29 de julio de 2016 por

defraudación.

El grupo de ejidatarios que bloquean la Siglo XXI están encabezados por el

exdiputado priista Aristeo Rodríguez Barrera, líder cañero con denuncias de

fraude y enriquecimiento ilícito y por Ciro Olguín Malpica, presidente del

comisariado ejidal de Jojutla, acusado de fraude.

Desde 2014, productores de caña de azúcar acusaron a Rodríguez de un desvío

de 300 millones de pesos de la Confederación Nacional Campesina del PRI.

Mientras que a Olguín Malpica se le implica en un fraude ya que en el ejido Jojutla

existe una concesión para tiradero de basura, recursos que se pagan y comentan

que no se reparte entre los ejidatarios.

El grupo de Rodríguez Barrera demandó a la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes federal (SCT) el pago de siete millones de pesos, la concesión de

una gasolinería sobre la autopista, un camión de volteo y dos camionetas, como

pago de los nueve mil metros cuadrados, que fueron pagados hace 13 años y

cinco meses, según documentos oficiales.

Las autoridades ejidales de Jojutla han declarado que en 2006 hubo un convenio

de ocupación en el que, según ellos le pagaron los nueve mil metros cuadrados

a un bajo precio, en un rango de entre 40 y 80 pesos el metro cuadrado.

La gente encabezada por Aristeo Rodríguez Barrera, aprovechó el bloqueo que

realizaron el 19 de diciembre ejidatarios de Amacuitlapilco, Jonacatepec,

Atotonilco, Huitzililla, El Salitre, San Rafael, Tlalquitenango, Tlaltizapan,

Tlatenchi y Higuerón, en demanda de una reunión con el titular de la SCT, Javier

Jiménez Espriú, para el pago de tierras que fueron expropiadas para la liberación

de derecho de vía en el proyecto de la autopista Siglo XXI que corre de Puebla

a Guerrero.

Ayer jueves 2 de enero los, ejidatarios se reunieron finalmente con Jiménez

Espriú y acordaron fechas para los pagos y se deslindaron de los bloqueos de la

gente que encabeza Rodríguez y Olguín.

Las demandas por la cuales tenían bloqueada la autopista eran: cumplimiento

de los convenios acordados previamente por el funcionario de la SCT (ingeniero

Jesús López Ramírez); pago y regularización de las expropiaciones; pago y

regularización de la pequeña propiedad, que incluye el predial de 13 años.

Pero Rodríguez Barrera, y Olguín Malpica demandaron que la SCT les pagara la

parcela de nueve mil metros cuadrados conocida como infraestructura neta

ejidal.

En la reunión de Rodríguez y Olguín con representantes de la SCT, que se

realizó el 19 de diciembre en la que también participaron funcionarios de

Operadora de Carreteras de Cuota (OCC), a los líderes se les presentaron los

comprobantes de pago por la tierra.

Rodríguez y Olguín desconocieron los documentos. Mencionaron que los casi

600 mil pesos entregados a Alfredo Casales nunca fue repartido entre los

ejidatarios.

El tramo bloqueado en Morelos

El tramo de la autopista Siglo XXI que está bloqueado desde el 12 de diciembre

está en territorio del estado de Morelos, sobre 61.8 kilómetros. Inicia en el

municipio de Jantetelco y concluye en la comunidad de Xicatlacotla, en

Tlaquiltenango. La cinta asfáltica de la autopista Siglo XXI en esta parte mide 12

metros de ancho, tiene dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, uno

por sentido, además de acotamientos de 2.5 metros y tiene cuatro entronques:

Jantetelco, San Rafael, Jojutla y Xicatlacotla.