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AAANNNGGGOOOLLLAAA Medidas de urgencia contra el ‘shock’ petrolero Con el petróleo barato, puede que Angola deje atrás la etapa de vacas gordas. Este país africano había disfrutado de una bonanza espectacular desde el final de su guerra civil en 2002 gracias al colosal auge de la exportación de crudo que, en consecuencia, se había convertido en la fuente de la inmensa mayoría de los ingresos fiscales y exteriores. Los petrodólares permitieron acometer ambiciosas inversiones en infraestructuras, muchas de ellas necesarias en el marco de la reconstrucción posbélica, y otras de eficacia dudosa. Además, alimentaron un ritmo colosal de crecimiento, el mayor del mundo entre 2002 y 2008, que posibilitó que la élite

angoleña prosperara enormemente hasta incluso convertirse en importantes inversores en otros países, en particular en Portugal. El auge petrolero en Angola ha sido tan sobresaliente que podía hacer olvidar que todavía se trata de un país con bajo nivel de desarrollo, en reconstrucción posbélica, con un funcionamiento institucional deficiente y alta corrupción.

La caída del precio del barril de crudo es, por tanto, un revés formidable para la economía angoleña que, súbitamente, ha visto cómo se disparaban sus déficits público y por cuenta corriente. Para hacer frente al desequilibrio fiscal, en febrero de 2015 se aprobó un nuevo presupuesto con previsiones de ingresos conservadoras, y una enorme reducción de gastos. En el nuevo documento, la inversión pública se desploma, y el resto de partidas se reducen sustancialmente. A pesar de los recortes, el sector público se está retrasando en sus pagos lo que, en definitiva, es otra forma de adaptarse a la caída de ingresos, si bien no resulta recomendable, ya que traslada el problema de liquidez a los acreedores. Igualmente, se estima que el déficit público podría llegar a un 7% del PIB en 2015 incluso a pesar de los recortes. Dado que casi todos los bienes de consumo y de capital son importados, las medidas de austeridad

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fiscal también reducirán las compras al exterior y, por tanto, ayudarán a paliar el déficit externo. En lo que respecta al desequilibrio en las cuentas exteriores, las autoridades han ido aplicando una depreciación progresiva de la kwanza, han limitado las importaciones de algunos productos básicos que también se producen dentro de Angola, y han racionado la oferta de dólares. La relativa escasez de dólares ha tenido como efecto colateral el incremento del tipo de cambio en el mercado negro, que se ha elevado hasta un 40% por encima del oficial. Con todo, el déficit por cuenta corriente podría superar el 10% del PIB en 2015. Mientras estas medidas surten efecto, y para suavizar la adaptación, el gobierno está recurriendo a sus elevadas reservas de divisas para compensar la caída de ingresos y, además, negocia a nivel internacional para obtener préstamos. Así, por ejemplo, ya ha conseguido que el Banco Chino de Desarrollo preste 2.000 mill.$ a la petrolera pública angoleña Sonangol. Se estima que el nuevo endeudamiento del sector público en 2015 podría alcanzar los 10.000 mill.$ (8% del PIB). A medio y largo plazo, existen dudas razonables sobre la capacidad de desarrollo de Angola si los precios del petróleo no remontan, y si no se ejecutan grandes reformas estructurales. El mal clima de negocios, las dificultades para obtener financiación y la ‘enfermedad holandesa’ son obstáculos enormes para el desarrollo de sectores independientes del petróleo y que causan, entre otras cosas, que la tasa de inversión sea muy baja, incluso minúscula en el caso de la inversión privada. Igualmente, la escasez de capital humano es tan grave que se ha recurrido masivamente a trabajadores expatriados de otras partes del mundo, sobre todo chinos y portugueses, para realizar la gran mayoría de los trabajos técnicos, mientras que la formación de capital humano local avanza lentamente. Por tanto, para aprovechar la buena fortuna que implica poseer recursos naturales, sería necesario llevar a cabo reformas muy ambiciosas que fomentaran el ahorro y la inversión, apostaran enérgicamente por la formación de capital humano, y mejoraran drásticamente el clima de negocios y el funcionamiento institucional. Si no se ejecutan esas reformas, y de momento no parecen estar en el horizonte, el destino de la economía del país seguirá absolutamente ligado al los vaivenes del mercado de petróleo.

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BBBRRRAAASSSIIILLL Tormenta Petrobras

Brasil vive una de las mayores crisis políticas de su democracia apenas unos meses después de las elecciones del pasado mes de diciembre, que supuso la reelección de Dilma Rousseff por estrecho margen ante el conservador Aecio Neves. Más de un millón de personas se manifestaron en las principales ciudades del país hace unas semanas pidiendo la destitución de la Presidenta. La principal razón es el enorme escándalo de corrupción en torno a la petrolera estatal Petrobras. Presuntamente, durante años tanto directivos de la compañía como congresistas de diversos partidos políticos habrían participado en una trama de sobornos para adjudicar contratos inflados, especialmente a constructoras y a compañías de exploración. La magnitud de lo desviado no se conoce con exactitud, pero se estima que podría alcanzar más de 20.000 mill.$. y son ya cerca de 100 los implicados en la investigación. Todo ello sucedió principalmente durante la Presidencia de Lula, cuando la propia Dilma Rousseff presidía la compañía. Aunque el escándalo se destapó con anterioridad a las elecciones, la magnitud del mismo y la implicación casi sistemática de políticos, entre ellos tanto del Partido de los Trabajadores como de sus socios de coalición, se han conocido con más detalle con posterioridad. Aunque Dilma haya negado todo conocimiento de los hechos y nadie la haya acusado hasta el momento, la implicación de políticos de alto rango ha cerrado el círculo en torno a su persona. Según las últimas encuestas, es la Presidenta más impopular del continente, con menos de un 20% de apoyo. El asunto, además, ha supuesto la crisis de la propia coalición de gobierno ya que el principal socio de Dilma en el Congreso, el PMBD, uno de los más salpicados por la lista Janot (los acusados oficialmente por el Fiscal General), ha acusado al gobierno de utilizar la investigación en su contra y ha amenazado con paralizar los planes de ajuste fiscal si continuaban las actuaciones contra su partido, lo que podría además provocar una parálisis de gobierno con todo el mandato presidencial por delante. Por otra parte, la trama de corrupción llegó a tomar por si sola un cariz alarmante para las finanzas del país, ya que PricewaterhouseCoopers (PwC), el auditor de la compañía, se negó a firmar las últimas cuentas ante la imposibilidad de valorar las pérdidas ocasionadas por el escándalo. La compañía tenía de plazo hasta el 30 de abril para presentar sus cuentas auditadas en EE.UU., donde cotiza. Si no cumplía, sus acreedores extranjeros podrían activar el pago acelerado de buena parte de su deuda, lo que podría, incluso, haber llevado a la empresa al default o a obligar a un rescate por parte del gobierno de los más de 100.000 mill.$ de deuda que tiene la compañía. Finalmente, el 22 de abril Petrobrás presentó sus cuentas, declarando unas pérdidas

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de 8.100 mill.$. Además, la compañía ha registrado el valor de sus activos a la baja en 19.000 mill.$, y ha contabilizado 2.300 mill.$ en pérdidas directas por sobornos. La grave situación, unida a la caída de los precios del crudo, que pone en peligro la rentabilidad de las fuertes inversiones en los yacimientos de gran profundidad de la empresa, ya ha precipitado que una de las agencias de rating retirase el grado de inversión a la compañía y que las otras dos la hayan puesto en revisión. La propia calificación de grado de inversión de la deuda soberana de Brasil está ahora en juego, y es que, además de este escándalo, el país atraviesa una coyuntura económica delicada. En efecto, Brasil sufre una situación recesiva y graves problemas para controlar la inflación. En 2014 apenas creció un 0,1% y los últimos pronósticos para 2015 apuntan a una contracción entre el 1% y el 2% del PIB. La política monetaria no sólo no ha podido actuar de forma anticíclica, sino que se ha visto obligada a subir de forma reiterada los

tipos de interés ante la persistente inflación. Tras subir un 1,3% el pasado febrero, el IPC brasileño acumulaba un ascenso anual del 8,13%, muy por encima todavía de la banda objetivo del 2,5%-6,5% del Banco Central. La autoridad monetaria ha elevado los tipos de interés hasta el 12,75% en el último año, pero el impacto ha sido limitado, ya que los precios internos se han visto muy afectados por la sequía y la revisión de los precios de

los combustibles. Por otra parte, la caída internacional de los precios de las materias primas ha afectado notablemente a las cuentas externas brasileñas, que tras años de superávit arrojan ahora un saldo deficitario por cuenta corriente que supera ya el 3% del PIB. No es de extrañar que el real brasileño haya sido uno de los más afectados en los últimos meses por el deterioro del clima inversor hacia los países emergentes y el impacto anticipado de las subidas de tipos de interés en EE.UU.. Así, el real ha llegado a cotizar a 3,2 reales por dólar en 2015, lo que supone una depreciación de más del 30% en poco más de seis meses, agravando con ello también los problemas inflacionarios. Así pues, el país parece estar viviendo una tormenta perfecta en lo político y en lo económico que está provocando ya serias dificultades a muchas empresas brasileñas para acceder al mercado de capitales. La situación ha obligado, como suele ser el caso, al gobierno a acudir, al menos sobre el papel, a la senda de la ortodoxia fiscal con el nombramiento de Joaquim Levy como Ministro de Hacienda. Levy, un independiente que proviene de la banca y cuenta con la aprobación del mundo empresarial, tiene la difícil misión de poner en orden las maltrechas cuentas públicas y mantener la confianza de los mercados mientras arrecia la Tormenta Petrobrás. Tanto de su pericia como de que se resuelva la investigación en la compañía con la transparencia suficiente como para tranquilizar a los mercados depende buena parte del futuro del país y de la supervivencia política de Dilma Rousseff.

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CCCUUUBBBAAA El hombre honesto de Washington El pasado 11 de abril Raúl Castro y Barak Obama mantuvieron una breve entrevista durante la séptima Cumbre de las Américas que sirvió para escenificar el nuevo marco de relaciones entre ambos países. El Presidente cubano, aunque mantuvo buena parte de la clásica retórica anti imperialista en su discurso, hablo también de trabajar alejados de la ideología y terminó por elogiar a Obama calificándole como “un hombre honesto”. Al día siguiente de la entrevista, la Secretaria de Estado estadounidense enviaba petición formal al Congreso de retirar a Cuba de la lista de países promotores de terrorismo. Podría despejarse así en breve (está sujeta a un proceso de evaluación de 45 días) uno de los puntos más espinosos en las negociaciones emprendidas desde que ambos líderes sorprendieran al mundo en diciembre con el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y el inicio de un proceso para ir desmantelando el llamado embargo. En efecto, para sorpresa de muchos analistas, tras 18 meses de contactos, 9 rondas de negociación en secreto y la intermediación de Canadá y el Vaticano, ambos países llegaron el 17 diciembre a un histórico acuerdo que puede suponer la transformación de las relaciones políticas y de la propia economía cubana en los próximos años. El acuerdo ha sido posible gracias a que Cuba liberó a Alan Gross, y a cambio EE.UU. hizo lo propio con tres agentes de inteligencia cubana, la demanda que Cuba siempre mantuvo para acceder a la excarcelación de Gross. Washington ha obtenido también la libertad de un agente estadounidense que llevaba preso en Cuba 20 años.

Aunque lejos de suponer un levantamiento total del complejo sistema de sanciones lo anunciado hasta la fecha tiene ya un efecto positivo. En primer lugar, mejora la imagen del país y da mayores facilidades para viajar a la isla por parte de los estadounidenses, lo que supone un importante impulso para el sector turístico, posiblemente el sector que más podría beneficiarse a

corto plazo del deshielo diplomático. Tras varios años de estancamiento, el número de visitantes registró ya en enero de 2015 un fuerte aumento apoyado en un incremento del 14% de los norteamericanos, lo que permite proyectar una cifra record de visitantes para todo el año, por encima ya de los 3 millones de turistas. No obstante, lo que verdaderamente supondría una autentica revolución para el sector, sería la

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libertad total para viajar por razón de turismo. Se estima que, de tomarse esta medida, la cifra de turistas podría elevarse en un millón más casi de forma inmediata y, potencialmente, doblarse a medio plazo. Sólo el impacto directo podría elevar los ingresos por turismo de los algo menos de 2.000 mill.$ actuales a 4.000 mill.$, elevando de igual forma las importaciones. Además, el sector se convertiría en este escenario en un importante foco de inversión y potenciaría también el crecimiento de los sectores de construcción y de los servicios necesarios para acomodar la oferta turística. Por otra parte, el impacto inmediato sobre la inversión directa de momento no se ha notado y sería en todo caso un proceso lento. Las empresas, aunque atentas, siguen todavía a la espera de ver cómo evoluciona el levantamiento de las sanciones. No obstante, en caso de permitirse con total libertad y de darse ciertas garantías jurídicas con la profundización de la nueva Ley de Inversiones, según algunas estimaciones sólo la IED estadounidense podría pasar de ser inexistente a alcanzar cerca de 1.500 mill.$ anuales. Algo similar sucede con el comercio. Aunque se amplían las posibilidades a otros sectores, las restricciones financieras limitan de momento enormemente el impacto, ya que no se permite vender a crédito a empresas estadounidenses. De todas formas, debería elevarse significativamente. Las exportaciones norteamericanas (hasta ahora se permitían medicinas y alimentos), tras alcanzar unos notables 800 mill.$ en 2008, han caído a menos de 300 mill.$ en el último año. Se estima que dichas exportaciones podrían elevarse al menos a unos 500 mill.$ en 2015-16, y a más largo plazo se calcula que el comercio bilateral debería estar en torno a 2.500 mill.$, de los cuales 1.500 mill.$ serían exportaciones estadounidenses y los otros 1.000 mill.$ exportaciones cubanas. La medida aprobada de elevar los importes que es posible enviar a la isla también debería tener un impacto inmediato en el incremento de las remesas, aunque dadas las características de la emigración cubana, se espera que sea un impacto moderado. Por último, hay que señalar la posibilidad de que EE.UU. levante el veto a la pertenencia de Cuba a las Instituciones Financieras Internacionales, lo que abriría una puerta más para la financiación de proyectos en la isla. De todas formas, aunque las medidas anunciadas por Washington comportan ya cierto impacto económico positivo, el levantamiento total depende en buena medida del Congreso de los EE.UU.. Ambas cámaras están dominadas por los republicanos que, aunque no de forma unánime, sí son mayoritariamente contrarios a la relajación de las sanciones. Es cierto que a partir de ahora sufrirán la presión de los lobbies empresariales con interés en establecer negocios en la isla. Además, cabe la posibilidad de que el Presidente apruebe medidas que dejen sin efecto práctico muchas de las disposiciones de la llamada Ley Helms-Burton. No obstante, no está claro que Obama pueda ir mucho más allá de lo anunciado si no es a cambio de contrapartidas por parte cubana, ya que en términos estrictamente políticos este acuerdo aparece como muy favorable a Cuba y le ha valido al Presidente no pocas

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críticas. Dando a esto una lectura positiva, ello implica que el proceso de desmantelamiento del embargo debería ir acompañado de nuevas medidas por parte de La Habana, lo que puede ser un enorme incentivo para el hasta ahora tímido proceso de reformas económicas emprendidas con la llegada de Raúl Castro. De todas formas, el proceso corre todavía el riesgo de estancarse o incluso, aunque improbable, de sufrir retrocesos, sobre todo en el caso de un cambio de signo en la administración norteamericana en 2016. En definitiva, aunque sujeto a un complejo e incierto proceso, el anuncio de la revisión de las sanciones por parte de EE.UU. tiene con carácter inmediato un efecto moderadamente positivo, y a largo plazo, de realizarse con éxito, podría constituir junto con el proceso de reformas el eje de la transformación de la economía cubana y conducir a un periodo relativamente largo de crecimiento económico. El proceso resulta especialmente atractivo para las autoridades cubanas, dado que su principal aliado exterior, Venezuela, pasa por graves dificultades financieras.

CCCHHHIIILLLEEE El retorno de la izquierda decepciona El rotundo triunfo de Michelle Bachelet en la segunda vuelta de las elecciones (legislativas y presidenciales) celebradas en diciembre de 2013 supuso el retorno de la centroizquierda al poder, tras el único gobierno de derecha en 20 años de democracia. La presidenta de la coalición de izquierda “Nueva Mayoría” volvió a hacer historia. Tras convertirse en la primera mujer en alcanzar la Presidencia del país en 2006, en las

pasadas elecciones ha sido la primera mandataria reelegida después de más de 60 años. Además, lo logró con el porcentaje de votos más alto cosechado por ningún presidente desde el retorno de la democracia: el 62% en segunda vuelta. La victoria de Bachelet es el resultado de su capacidad de canalizar el descontento social por la falta de

reflejo del “milagro económico” chileno en el bienestar de la población a través de un programa político que recogió gran parte de las demandas de los movimientos sociales; en especial, un nuevo sistema educativo y una reforma fiscal para acabar con la desigualdad, y una nueva constitución que consagrase un sistema político más representativo. Apenas un año después de su toma de posesión, el 11 de marzo de 2014, los niveles de popularidad de la mandataria se han desplomado: el apoyo a la gestión del gobierno ha bajado de un 50% en julio de 2014 a un 39% en marzo de 2015. Nunca antes había caído Bachelet a niveles tan bajos de popularidad, ni siquiera en los peores momentos de su primera Administración (2006-2010), cuando encaró problemas con los

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estudiantes y con el transporte público. Las causas son, por una parte, la desaceleración económica (el crecimiento en 2014 se ha reducido a la mitad) y, por otra, la creciente decepción de la ciudadanía con las reformas y planes estructurales del gobierno, a lo que se suman los problemas en los últimos meses en servicios públicos como el metro. Por si esto fuera poco, los recientes escándalos de corrupción tanto en su partido como en la propia familia de la mandataria han hecho el resto. Los más sonados han sido, en primer lugar, el caso Caval, la empresa de su nuera, que está siendo investigada por posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias tras la compraventa de un terreno; esta operación le costó la salida de la dirección sociocultural de la Moneda a su hijo, Sebastián Dávalos, a quien se acusa de utilizar su influencia para cambiar la calificación del terreno, de agrícola a inmobiliario, y así aumentar exponencialmente su valor. A lo anterior se suman los casos Penta y SQM, ambos relacionados. El primero hace referencia a un proceso por delitos tributarios y soborno en el que están involucrados empresarios y políticos. El Grupo Penta, un holding empresarial chileno con inversiones en las áreas de seguros, finanzas, salud, inmobiliaria y educación, habría supuestamente organizado un sistema de financiación irregular a candidatos presidenciales y al Parlamento con el fin de contar con una red de influencias en el Congreso para sacar adelante las iniciativas que les favorecían. Por último, el caso Soquimich o SQM está relacionado también con la financiación ilegal de partidos. Supuestamente el recaudador de la campaña política de la Presidenta Michelle Bachelet y otros funcionarios públicos, tanto del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) como del actual, emitieron facturas a la sociedad minera Soquimich sin haber trabajado nunca para ella. El dinero que recibieron a cambio lo entregaron a partidos y dirigentes. Por si estos escándalos no fueran suficiente, a la crisis de popularidad de Bachelet se suman las divisiones dentro del propio oficialismo: los continuos encontronazos en el seno de la Nueva Mayoría entre los democristianos y el ala izquierda de la coalición son tan evidentes que la propia Presidenta ha hecho varios llamamientos a la unidad.

El contexto político no podría ser más complejo de cara a la puesta en práctica del programa político y económico de Bachelet. De los tres pilares de la agenda política de “Nueva Mayoría”, la reforma tributaria, aprobada en septiembre de 2014, ha sido recibida con un rechazo generalizado, por la percepción de que perjudica directamente a la clase media, como han insistido la derecha y el empresariado. Sin

embargo, esta reforma es la piedra angular de la agenda política del gobierno, ya que los ingresos obtenidos por el aumento de la carga tributaria (se prevé una recaudación de unos 8.200 mill.$) permitirán, entre otras cosas, financiar con ingresos

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permanentes la reforma de la educación, que es el segundo pilar de la agenda del gobierno. La promesa electoral de lograr un sistema educativo gratuito y de calidad generó altas expectativas, pero la complejidad de la reforma ha retrasado la agenda legislativa. De hecho, el titular de Educación, Nicolás Eyzaguirre, es el ministro peor evaluado del gabinete del gobierno. El primer proyecto de ley, que fue aprobado en enero de 2015 y entrará en vigor en 2016, contempla cambios en la educación primaria. Por un lado, garantiza la educación gratuita, al eliminar gradualmente los copagos en los colegios subvencionados (que pasarán a ser financiados por el Estado). También prohíbe que las instituciones educativas que reciben financiación pública apliquen mecanismos de selección de estudiantes, para evitar discriminaciones. Todos los establecimientos que reciban algún tipo de aporte del Estado deben destinar esos recursos a mejorar la calidad y, en un plazo de tres años, se transformarán en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. La gratuidad de la enseñanza universitaria se deja para una segunda fase de la reforma, lo que ha provocado que el movimiento estudiantil la tache de insuficiente.

El tercer pilar del programa electoral era la aprobación de una nueva Constitución, "que se haga cargo de los cambios" de las últimas décadas, que refleje "el Chile de hoy" y que establezca "una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos". El objetivo es borrar lo que sobrevive de la dictadura militar, en especial el llamado sistema de elección binominal. Esta fórmula electoral, instaurada en 1980 por Pinochet, difumina las diferencias entre el primer y el segundo clasificado en las elecciones, y beneficia fuertemente a la primera minoría del país, ya que el partido ganador debe duplicar los votos de la segunda fuerza para lograr el segundo escaño en cada uno de los distritos electorales, y el resto de las minorías quedan excluidas. Este método posibilitó durante los casi 25 años de democracia la consolidación de dos grandes alianzas políticas, limitando el acceso de los

partidos más pequeños y los independientes al Congreso. En enero de 2015 se aprobó la reforma, que instaura a un nuevo sistema electoral con carácter proporcional, lo que dará indudablemente más opciones a terceras fuerzas. La nueva ley electoral, además,

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aumenta el número de diputados de 120 a 155, mientras que los senadores pasarán de 38 a 50, y establece que al menos el 40% de los candidatos deben ser mujeres. Por último, se está tramitando el proyecto de ley de la reforma laboral, en el que destaca el fortalecimiento de la negociación colectiva y la prohibición de reemplazar a los trabajadores en caso de huelga. La oposición y los empresarios señalan que la reforma tendrá un impacto negativo en la creación de empleo, sobre todo en un escenario de desaceleración económica. Empresas como BHP Billiton, Rio Tinto y Anglo American han manifestado su preocupación por el posible aumento de los costes laborales y el riesgo de que se incentive la huelga, y consideran que desincentivará la inversión y puede afectar al atractivo ambiente de negocios de Chile, al que tanto debe el éxito económico del país. Afectada por los escándalos que han deteriorado la confianza de los ciudadanos y expuesta al desgaste político por acometer reformas de gran calado, la presidenta Michelle Bachelet afronta actualmente el momento más difícil de sus dos mandatos. Los problemas se le acumulan: a la crisis política se suma la desaceleración económica, producto, en gran medida, de la caída del precio del cobre. En 2014 Chile ha registrado el menor crecimiento del último lustro (1,9%, frente a un promedio del 5,6% entre 2010 y 2012). Las autoridades económicas han reaccionado muy bien en el pasado (sin duda mejor que sus homólogos en otras regiones) ante los shocks externos, con lo que es previsible que ante este escenario apliquen adecuadas políticas contracíclicas, para las que aún disponen de margen, tal y como ya lo están haciendo a día de hoy. Las previsiones recogen esta confianza en la capacidad del ejecutivo de manejar la situación económica y barajan un crecimiento entre el 2,5% y el 3,5%. Manejar el escándalo político será, sin duda, más complejo, pero es imprescindible para que la puesta en práctica de la agenda reformista pueda acometerse con garantías de éxito.

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EEEGGGIIIPPPTTTOOO Abdel Fattah Al-Sisi: un paso obligado para Occidente A mediados de marzo, durante la clausura de la Conferencia Económica Internacional para Egipto organizada en Sharm el Sheik, a orillas del Mar Rojo, al Presidente Abdel Fattah Al-Sisi le costó ocultar su júbilo. La Conferencia, de tres días de duración, fue la

culminación de su triunfo y un plebiscito internacional al nuevo régimen. Siempre se pensó que las manifestaciones que defenestraron hace poco más de un año al Presidente islamista Mohamed Morsi habían sido en gran parte manipuladas por el ejército y su principal referente, el

General y Ministro de Defensa Al-Sisi. En un corto proceso, digno de Maquiavelo, las fuerzas armadas egipcias volvieron a controlar el país de los faraones prometiendo lo que todo el mundo deseaba: estabilidad interna, ayuda externa y desarrollo económico. Desde entonces la actividad del mandatario egipcio ha sido frenética. Devolviendo favores, firmando contratos y resituando a su país en una posición de sólido aliado del campo occidental en la región, la lista de sus actuaciones diplomáticas en tan poco tiempo es sorprendente. Con las monarquías del Golfo y en el conflicto del Yemen, como buen paladín de los Saud, que tanto le han dado, Al-Sisi ha integrado sin discutir la fuerza de intervención árabe contra los rebeldes hutíes y los intereses iraníes. Al oeste de Egipto, participa activamente en los combates contra el recién constituido Estado Islámico en Libia, bombardeando sus posiciones sin ningún reparo, y al noreste colabora con Israel para luchar contra las mismas guerrillas instaladas en el Sinaí. En el sur, el acuerdo con Sudán y Etiopia sobre las aguas del Nilo marca un hito en la política egipcia en este tema tan sensible para la opinión pública. El Cairo ha aceptado finalmente que se finalice el macro-embalse etíope “Del Renacimiento”, que todos los gobiernos anteriores habían vetado. En lo que concierne a Occidente, al ser el primer comprador de los caza-bombarderos Rafale -contrato de 5.000 mill.€ por 24 aviones- Egipto se ha ganado el siempre difícil apoyo diplomático de París, al que de repente se le ha olvidado la defensa de los

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derechos humanos. En cuanto a Estados Unidos, y visto el estado de la región, Barak Obama no puede permitirse el lujo de prescindir de un aliado de la importancia de Egipto. Imitando a Paris, ha corrido un tupido velo sobre la legitimidad del actual gobierno y ha desbloqueado la ayuda al ejército egipcio, entregando material militar

de última generación y los 1.300 mill.$ anuales que le concede EE.UU. desde los acuerdos de Camp David. Con Rusia, durante el proceso pre-constitucional y en calidad de Ministro de Defensa del gobierno provisional, Al-Sisi visitó a Vladimir Putin para asegurarse alternativas en caso de rechazo de su liderazgo por parte de los occidentales. Como

su estrategia prioritaria está teniendo éxito, las relaciones con el mandatario ruso no han progresado. Pero es en el tema económico donde el éxito del nuevo gobernante es clave para el futuro de su país. Aceptando las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, y a partir de julio de 2014, Al-Sisi empezó a recortar los subsidios a la población. Desde hace más de 50 años los egipcios no pagan precios de mercado en ciertos productos básicos -el pan en particular-, en los carburantes y en la energía eléctrica. Acosado por un déficit público insoportable (12% del PIB) y considerando que un tercio del presupuesto del Estado era absorbido por ayudas a la población, mal distribuidas e ineficaces, Al-Sisi, como buen militar, está intentando poner orden en el tema. Apoyándose en las nuevas tecnologías de los medios de pago para distribuir los subsidios, ha tomado medidas de economía drásticas: subir el precio de los carburantes hasta un 78%; anunciar que el precio de la energía eléctrica se doblará a lo largo de los próximos cinco años y controlar la distribución de las ayudas al pan con tarjetas electrónicas, que impiden el fraude generalizado que existía anteriormente. Egipto podría ahorrar en este ejercicio fiscal 5.500 mill.$ de los 17.800 mill.$ presupuestados inicialmente. Volviendo a la Conferencia Económica Internacional, los resultados obtenidos por el nuevo mandatario de Egipto justifican ampliamente su sonrisa. En el evento participaron 22 Jefes de Estado y 3.500 personas, entre ellas innumerables ejecutivos de grandes multinacionales. A la vista de la lista de las inversiones pactadas se puede hablar de un “Plan Marshall para Egipto”.

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Vaya por delante que el mayor país árabe -90 millones de habitantes- tiene una tasa de crecimiento de la población del 3% anual, lo que implica que de aquí a 10 años habrá que contar con 26 millones de nuevos egipcios. Las necesidades de inversión en infraestructuras se estiman en 300.000 mill.$, y Al-Sisi parece querer ser recordado como “el Raïs” que sacó al país del subdesarrollo. Durante la reunión se ha anunciado un plan de inversión que se estructura a través de tres ejes. En primer lugar, y con la ayuda de las monarquías del Golfo, se confirma que se va a doblar la capacidad del Canal de Suez. En segundo lugar se construirán dos nuevas ciudades alrededor de El Cairo, una de las cuales será la capital administrativa de Egipto. Para finalizar, se generará suficiente energía eléctrica para dar servicio a las necesidades de un país donde los cortes eléctricos son “el pan nuestro de cada día”. Además se firmaron innumerables acuerdos y preacuerdos. Las cifras anunciadas son mareantes: los contratos de inversión en firme representan 36.200 mill.$, los préstamos y ayudas 5.200 mill.$ y los equipamientos “llave en mano”, 18.600 mill.$. Completando el panorama y según lo comunicado, la suma de los protocolos de acuerdo firmados representaría una inversión a medio plazo de 93.000 mill.$.

La gran mayoría de los proyectos conciernen al sector energético: 12.000 mill.$ de inversión en un yacimiento de gas (British Petroleum), 4.000 mill.$ en nuevas centrales eléctricas (Siemens) y 1.700 mill.$ en centrales con turbinas de gas (General Electric). Como no podía ser de otra manera, los principales apoyos en este proceso provienen de las monarquías del Golfo (Arabia Saudí, EAU y

Kuwait), que se comprometen entre inversiones y ayudas financieras a entregar cada una 4.000 mill.$, a sumar a lo que ya han aportado para apoyar al nuevo régimen después del golpe de Estado. Uno de los resultados más perceptibles de todos estos compromisos es que, tras haber atravesado a mediados de 2014 una situación crítica en el nivel de divisas, Egipto dispone al día de hoy de una posición holgada en sus reservas internacionales, que le permitirán asumir sin demasiados problemas sus compromisos internacionales de 2015. El cuadro sería casi idílico si no tuviéramos que hablar de la situación política y de seguridad interna. En el Sinaí cada vez son más preocupantes las noticias sobre las acciones de guerrilla de la rama egipcia del Estado Islámico contra las fuerzas de seguridad. Y no parece que la situación vaya a cambiar con respecto a la más que probable radicalización de la oposición islámica, duramente reprimida por el nuevo régimen. Según diferentes ONGs, alrededor de 40.000 militantes de los Hermanos Musulmanes estarían encarcelados, y los tribunales siguen distribuyendo a diestro y siniestro penas de muerte. Prueba de esta represión es la condena a veinte años de cárcel de Mohamed Morsi, primer Presidente democrático de Egipto, por haberse opuesto al golpe de Estado que le derrocó.

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MMMÉÉÉXXXIIICCCOOO De la mano de su vecino del norte México presenta una fortísima imbricación con el ciclo económico de Estados Unidos, como pudo observarse con el desproporcionado impacto que tuvo la crisis financiera estadounidense en 2009, cuando el PIB experimentó la mayor contracción de la región latinoamericana (una caída del 4,7%), y las exportaciones llegaron a contraerse casi un 35%. Alrededor de tres cuartas partes del comercio mexicano son con Estados Unidos pero, además, el comercio exterior representa en torno al 60% del PIB de México; así pues, una baja demanda de bienes por parte de EE.UU. tiene no solo un impacto directo en el crecimiento vía comercio exterior, sino también un impacto indirecto, ya que se traduce en una menor demanda interna. La evolución de 2013 y 2014 también ha estado muy condicionada por el comportamiento de su vecino del norte, tanto a la baja, en el primer año, como al alza, en el segundo. México cerró 2013 con un crecimiento del 1,1% (frente al 4% registrado en 2012), la tasa más baja desde 2009. El factor más importante detrás de esta desaceleración fue la débil demanda externa, como consecuencia de la atonía en Estados Unidos. De hecho, la desaceleración se inició en el sector exterior. Las exportaciones cayeron acusadamente ya en la segunda mitad de 2012, lo que afectó al sector industrial desde mediados de ese año, y a los servicios a partir del primer trimestre de 2013.

Fuente: Fondo Monetario Internacional

En cambio, en 2014 México creció al 2,4% gracias al impulso de la actividad en la segunda mitad del año de la mano de un mayor dinamismo de Estados Unidos (principal impulsor del crecimiento mundial) y, por otra parte, por un mayor gasto público en infraestructuras. Las previsiones para 2015 apuntan a un crecimiento en torno al 3,5%, si bien el FMI en la última revisión al alza de esta cifra señaló que las reformas estructurales que se aprobaron en México pueden elevar el crecimiento a tasas cercanas al 4% en un periodo de cinco años.

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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México Estados Unidos

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Pero si dejamos de lado estos vaivenes, propiciados por la estrecha relación de las dos economías de América del Norte, y nos centramos en una perspectiva de largo plazo, es indiscutible que el desempeño de la economía mexicana en la última década, en términos de crecimiento, ha sido decepcionante. Entre 2003 y 2013 el país ha crecido a una media del 2,5%, frente a un 4% en Latinoamérica y en el mundo. El contraste entre la estabilidad macroeconómica de México y sus modestas tasas de crecimiento ha sido objeto de un amplio debate. La opinión mayoritaria es que las reformas estructurales han sido insuficientes, lo que ha condenado al país a un lento crecimiento de la productividad y a la pérdida de competitividad. El índice de competitividad de 2013-14 del World Economic Forum colocaba a México en el puesto 55 de 152 países analizados, cuando llegó a ocupar el puesto 33 en 1999. La elevada corrupción, la inseguridad jurídica y la excesiva burocracia desincentivan la inversión; el sistema jurídico no proporciona ni la certidumbre ni la eficacia legal necesarias para que la actividad económica pueda prosperar adecuadamente; y la falta de competencia en algunos sectores clave, como la energía y las telecomunicaciones, junto con las grandes carencias en infraestructuras, se trasladan en altos costes de producción. En definitiva, la llave al crecimiento no reposa en medidas de política macroeconómicas, ya que México destaca por gozar de un marco adecuado y sólido, que ha permitido una estabilidad envidiable, en comparación con la región, sino en la puesta en práctica de reformas estructurales de calado. Es cierto que, al comparar las tasas de crecimiento con las de sus vecinos, no debe obviarse que éstos se vieron muy favorecidos por el boom de las materias primas, que no benefició a México, pero que, a día de hoy, les hace más vulnerables ante la desaceleración de China. Es por ello por lo que las reformas estructurales incluidas en la agenda del ejecutivo generan grandes expectativas. En los dos últimos años se han logrado aprobar más reformas que en las dos pasadas legislaturas. El “Pacto por México”, a día de hoy ya muerto por el desacuerdo en la reforma energética, permitió en su momento la negociación, previa a su paso por las cámaras, de una serie de grandes reformas estructurales necesarias para el país desde hace años. El FMI estima que el impacto de todas las reformas (energética, fiscal, de las telecomunicaciones, educativa y político-electoral) podría aumentar el crecimiento potencial ente 0,75 y 0,9 puntos porcentuales a medio plazo, con lo que se alcanzaría un crecimiento potencial próximo al 4% entre 2016 y 2019 (actualmente se sitúa por debajo del 3%). Todavía queda la

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CANAL NICARAGUA CANAL PANAMÁ

RUTA DISEÑADA

difícil fase de la aplicación de estas reformas, de cuyo éxito dependerá gran parte de la evolución del país en el medio plazo.

NNNIIICCCAAARRRAAAGGGUUUAAA La gran apuesta de Nicaragua A lo largo de la historia reciente de Nicaragua, hasta en 72 ocasiones se han llevado a cabo estudios para la construcción de un canal interoceánico que uniera el mar del Caribe y el océano Pacífico. Sin embargo, en todos los casos los proyectos finalmente han fracasado debido a las dificultades técnicas y económicas. En un mundo cada vez más globalizado, impulsado por el auge del comercio internacional, el proyecto del canal surge nuevamente, con la esperanza de las autoridades nicaragüenses de que sea el intento definitivo. Nicaragua, el segundo país con menor renta per capital de América por detrás de Haití, aspira a convertirse en un punto de referencia del transporte internacional con la apertura del canal interoceánico. El objetivo de las autoridades es converger hacia el desarrollo económico de su vecina Panamá (PIB per cápita 6 veces superior), que se ha beneficiado del los recursos generados tras la apertura del canal de Panamá en 1914. En junio de 2013 las autoridades nicaragüenses otorgaron la licencia para la construcción y gestión del proyecto por un periodo de 50 años ampliables a otros 50, a la empresa privada china HKND, con sede en Hong Kong. De esta forma, el pasado diciembre se iniciaron las obras para la construcción de una vía navegable que atravesará el país de costa a costa. De acuerdo a los datos del proyecto, el canal tendrá una longitud de 278 kilómetros, tres veces superior a la del canal de Panamá, una anchura entre 230-520 metros y una profundidad máxima de 27,6 metros. Estas dimensiones permitirán el paso a buques de hasta 23 mil contenedores, mientras que el límite en el canal de Panamá se situará en 14 mil contenedores una vez que concluyan las obras de ampliación. Los defensores del proyecto destacan que supondrá entre 800-900 kilómetros menos en el caso de envíos de mercancías de costa a costa de Estados Unidos, en comparación con la ruta actual.

Fuente: Elaboración propia - Empresas participantes

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Ahora bien, se trata de un mega proyecto que necesitará una inversión estimada de 50.000 mill.$, una cifra que supone más de cuatro veces el PIB de Nicaragua y más de 10 veces el coste de la ampliación del canal de Panamá, lo cual suscita serías dudas acerca de su viabilidad. Las autoridades confían en que la ejecución de las obras

finalice en el año 2020; el estudio realizado por la consultora Mckinsey apunta a que el proyecto se prolongará durante 10 años. Sin embargo, teniendo en cuenta que las obras de ampliación del canal de Panamá han requerido al menos 7 años, parece más realista pensar que el de Nicaragua precisará más de

una década, si es que llegara a concluirse. El proyecto incluye además la construcción de dos puertos, un aeropuerto, una línea ferroviaria, una zona comercial, 7 complejos turísticos y una zona de libre comercio. Dejando a un lado su viabilidad técnica, el proyecto suscita no pocos interrogantes. En primer lugar, los beneficios no llegarán al país hasta dentro de mucho tiempo. El Gobierno nicaragüense estima que el tráfico de mercancías podría alcanzar hasta 9.000 buques al año, y generar 4.200 mill.$ anuales, equivalentes al 35% del PIB. Sin embargo, los ingresos que recibiría el Estado de Nicaragua se limitarían a 10 mill.$ el primer año de funcionamiento más un 1% del capital de la empresa concesionaria. Esta participación se incrementará un 10% cada 10 años hasta culminar el traspaso transcurridos los 100 años de la concesión. Además, el canal de Nicaragua tendrá que competir con el canal de Panamá, por lo que los rendimientos potenciales serán más volátiles en un escenario competitivo.

En segundo lugar, aún no está claro cómo va a financiarse el proyecto. Aunque la compañía HKND no es de dominio estatal, es probable que cuente con el respaldo de las autoridades chinas, dado que aumentaría su

influencia económica, política y comercial en la región, en contraposición al actual predominio de Estados Unidos. Pese al escepticismo sobre el proyecto mostrado por Estados Unidos, las autoridades nicaragüenses con fían en que el país norteamericano finalmente se sume mediante la participación de empresas privadas. Pero, hasta el momento, no se ha producido ninguna de las dos cosas. Por último, se ha suscitado una seria polémica con respecto a la planificación del proyecto y a las repercusiones sociales y medioambientales que conllevaría. En un entorno político cada vez más concentrado en las manos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, la concesión de las obras se realizó en un proceso poco transparente.

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Las dudas no solo se sustentan en la ausencia de experiencia de HKND en este tipo de proyectos, sino también en la apropiada gestión del impacto ambiental. La empresa adjudicataria anunció que la repercusión medioambiental sería mínima. Sin embargo, numerosos expertos internacionales declaran que los estudios ambientales publicados hasta la fecha no son lo suficientemente técnicos y completos, algo fundamental teniendo en cuenta que el canal atravesará la mayor fuente de agua dulce, y segundo mayor lago de Latinoamérica, el conocido como El Gran Lago de Nicaragua.

Asimismo, se verán afectadas al menos 20.000 personas, que tendrán que ser trasladadas a otras áreas. Las autoridades defienden que las expropiaciones, que comenzaron en el primer trimestre del 2015, se llevarán a cabo a precios de mercado, aunque existen dudas de que realmente se cumpla en la práctica. De hecho, el mayor rechazo al canal lo han protagonizado los propios campesinos de las zonas rurales afectadas. Ante el inicio de las obras, se organizaron movilizaciones en contra del proyecto que fueron respondidas con dureza por parte de las autoridades. Finalmente las protestas se saldaron con más de 50 heridos y numerosos detenidos. Asimismo, los trabajadores chinos desplazados a Nicaragua para el desarrollo del proyecto están enfrentándose al malestar de los ciudadanos nicaragüenses que temen la expropiación de sus tierras. Aunque Daniel Ortega cada vez está acaparando un mayor control de las instituciones, su popularidad puede recudirse sensiblemente ante una escalada de la confrontación social. Así pues, se trata del proyecto más serio y ambicioso de Nicaragua de construir un canal interoceánico. Sin embargo, la obra tendrá que enfrentarse no sólo ante dificultades técnicas y financieras propias de la magnitud y complejidad del proyecto, sino también ante un posible incremento de la tensión ciudadana.

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NNNIIIGGGEEERRRIIIAAA La democracia se abre paso La célebre definición de Adam Przeworski afirma que una democracia es un sistema en donde el gobierno puede perder elecciones. Bajo este prisma, la derrota electoral de presidente Goodluck Jonathan es un avance muy importante para la democracia de Nigeria. El triunfo del líder opositor Muhammadu Buhari y la pronta aceptación de la derrota por parte de Jonathan suponen un hito histórico, ya que es la primera vez que un presidente nigeriano en ejercicio no sale victorioso en unas presidenciales. Más aún, es la primera ocasión en la que el candidato del partido de gobierno, el Partido Democrático Popular, pierde unas elecciones de este tipo. A pesar de numerosos problemas ligados a la caótica administración y de algunos ataques aislados a centros de votación, el proceso ha sido considerado libre y justo.

Desde que se restablecieran las elecciones multipartidistas, a finales de los años 90, se han ido dando pasos hacia la completa democratización del país. La empresa no está resultando sencilla, y en muchas ocasiones los retrocesos hacían difícil mantener la esperanza. En los comicios del año 2007, por ejemplo, las irregularidades y el fraude fueron tan masivos que los observadores de la UE las describieron como las peores elecciones que

habían visto en todo el mundo. En 2011, las mejoras en el proceso no evitaron que un enfrentamiento a raíz de los resultados acabara causando un brote de violencia que se saldó con 800 muertos. En esta ocasión, la concesión de Jonathan ha sido clave para evitar enfrentamientos generalizados. El presidente saliente hizo una llamada a la paz, declarando que “ninguna ambición vale la sangre de un nigeriano”. Por todo esto, resulta evidente que los logros en 2015 han sido muy importantes; los ciudadanos han confirmado que votando pueden cambiar a sus líderes políticos, los dirigentes también han comprobado las consecuencias de la rendición de cuentas en las urnas e, igualmente, la alternancia ha creado esperanzas de renovación y revigorización en la acción de gobierno. Nigeria, además, es la mayor economía y el país más poblado de África y, por tanto, lo que sucede en esta nación tiene un fuerte eco en todo el continente. Muhammadu Buhari tomará posesión del cargo el 29 de mayo de 2015. Sus votos provienen mayoritariamente de la región norte, de donde es originario, aunque también ha ganado en las regiones del suroeste, en particular en Lagos. Buhari es musulmán, militar, y ya fue presidente durante año y medio tras dar un golpe de Estado a finales de 1983, y hasta ser derrocado por otro golpe de Estado. En ese

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periodo el poder se mostró muy duro contra la corrupción, y también contra la oposición. Sus críticos dicen que su caída fue consecuencia de su incapacidad para afrontar los problemas económicos del país, y sus partidarios sostienen que su dureza contra la corrupción propició el abrupto final de su mandato. En los últimos meses, durante la campaña, Buhari se comprometió a derrotar a Boko Haram y a luchar contra la fortísima corrupción que sufre el país. Además, el nuevo presidente deberá afrontar numerosos problemas económicos, como la caída de ingresos exteriores y fiscales a causa del abaratamiento del petróleo, la fuerte depreciación de la divisa nacional, la elevada pobreza o la escasez de infraestructuras de todo tipo, en particular eléctricas.

Millones de nigerianos celebraron el resultado de las elecciones, y muchos esperan que el cambio traiga consigo una nueva Nigeria. Así pues, la responsabilidad del nuevo presidente es enorme, y tanto su ejemplo como las consecuencias de su gestión se harán sentir en todo el continente.

SSSUUUIIIZZZAAA Terremoto suizo Parece difícil pensar que un país con tan solo 8 millones de habitantes pueda generar temblores tan intensos en la economía internacional. Suiza, un país históricamente neutral en el ámbito geopolítico no puede lograr, sin embargo, “la neutralidad” en el ámbito monetario.

Tras el descenso del franco suizo respecto al euro en el tercer trimestre de 2011, el Banco Central Suizo (SNB) anunció la intervención en el mercado para mantener el tipo de cambio por encima de 1,20 CHF/EUR. De esta forma, cuando la tasa cambiaria descendía por debajo del objetivo establecido, el SNB actuaba comprando euros y vendiendo francos. La demanda de la divisa suiza responde a la búsqueda de activos refugio por

parte de los inversores. Desde que el SNB estableció el objetivo de 1,20 CHF/EUR, el banco duplicó su balance con la compra de divisas hasta situarse en un equivalente al 85% del PIB suizo. Sin embargo, justo una semana antes de que el Banco Central Europeo anunciase, el pasado enero de 2015, su programa de Quantitative Easing (QE), se produjo un movimiento inesperado. Ante la imposibilidad de contrarrestar los efectos que

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ocasionaría en el mercado de divisas un posible QE (concretado posteriormente en un objetivo de compra de deuda de la zona euro por un volumen de 60.000 mill.€ al mes hasta septiembre 2016), el SNB anunció que dejaba de intervenir para mantener el franco suizo en el nivel establecido. De esta forma, como se puede ver en la gráfica, tras el anuncio del SNB el 15 de enero, el franco suizo se apreció hasta situarse por debajo incluso de la paridad con el euro.

Aparte de las consecuencias que ocasionó a las sociedades de inversión, la fuerte apreciación del franco se expandió a la renta disponible de ciudadanos de países vecinos, especialmente de Centro Europa y Europa del Este. En la última década, en estos países numerosos préstamos hipotecarios se firmaron en francos suizos, debido a que el tipo de interés era inferior. Como consecuencia de la fuerte apreciación de la moneda suiza, los créditos fijados en dicha divisa aumentaron más de un 20% su valor en apenas un día. Sólo en Hungría se calcula que hay más de 60.000 hogares afectados, debido a la depreciación del forinto húngaro frente al franco suizo en los últimos años, superior al 100%. Sin embargo, la lista de países damnificados se extiende también a Polonia, Croacia, Rumanía o la República Checa. En el caso de Polonia, se estima que el 31% de las hipotecas estarían vinculadas a la divisa suiza, un equivalente al 9,2% del PIB. La apreciación del franco se ha convertido en muchos países en una cuestión de Estado. Por ello, en los últimos meses, los distintos gobiernos han tomado medidas de distinta naturaleza e intensidad.

Fuente: Yahoo Finance

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En el caso de Hungría, el problema se remonta a los últimos dos años en los que el forinto húngaro se depreció sensiblemente frente al franco suizo. El pasado noviembre de 2014, el Primer Ministro Viktor Orban anunció la posibilidad de los prestatarios de convertir las hipotecas a forintos húngaros. El riesgo de conversión a un tipo inferior sería asumido por parte de las entidades financieras. De igual forma, el gobierno croata ha propuesto la posibilidad, durante un año, de realizar una conversión de las hipotecas a un tipo de cambio similar al establecido antes del cambio de política del SNB. Al igual que en el caso de Hungría, son los bancos los que tendrían que afrontar las potenciales pérdidas de la conversión. Por su parte, Polonia no ha optado de momento por medidas tan directas. Sin embargo, sí ha presionado a los bancos para que apliquen el tipo de interés LIBOR-CHS a los préstamos hipotecarios, con el objetivo de que los deudores puedan beneficiarse de tipos de intereses negativos. Además, se están revisando individualmente las operaciones y llevando a cabo medidas para facilitar los pagos a través de la ampliación del vencimiento. La nueva política del SNB no sólo ha convulsionado a países de Europa Oriental, sino también a países del núcleo europeo, como Francia y Austria. Sólo en el mercado austríaco el volumen de crédito ligado al franco suizo alcanzaría la cifra de 20.800 millones de euros. El caso de Francia es aún más excepcional, dado que los principales damnificados no han sido titulares de préstamos hipotecarios, sino municipios, hospitales o asociaciones. Gran parte de las operaciones fueron firmadas en 2008-2009, con una activa participación del otrora banco privado Dexia. Se calcula que más de 700 municipios y asociaciones podrían estar atrapados en este tipo de operaciones. En el caso de Francia, el gobierno ha optado por la creación de un fondo para aliviar la carga financiera a las localidades o instituciones afectadas. El fondo, dotado con 3.000 mill.€, se mantendrá durante 15 años y se estructurará mediante aportaciones al 50% del Estado francés y las entidades financieras. Después de todo, si resulta complejo para un ciudadano de Polonia o de Austria predecir el desarrollo de su economía nacional, más difícil aún es pronosticar la evolución del mercado de divisas. Por ello, no hay que olvidar el riesgo asociado a las operaciones crediticias en monedas extranjeras, más aún en el caso de operaciones con amplios vencimientos, como los préstamos hipotecarios.

VVVIIIEEETTTNNNAAAMMM Depurando Vietnam La historia económica demuestra cómo en la mayoría de los casos los monopolios no suelen ser la representación de máxima eficiencia en la gestión empresarial. Si, además, el término monopolístico incluye la presencia del Estado en sectores clave de

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la economía, se juntan los ingredientes para desarrollar un escenario de corrupción, pésima gestión y pérdidas millonarias. Vietnam es un paradigma de mala gestión empresarial, que tuvo su punto álgido en el periodo 2002-2010 y que a día de hoy sigue representando uno de los principales factores que frenan su rápido crecimiento. Desde el fin de la guerra, el país ha estado dirigido por un partido único (PCV), caracterizado por la paulatina apertura económica y el inmovilismo político. El control de la economía por parte de PCV se traduce en un elevado proteccionismo que se refleja en la prohibición de participación de empresas extranjeras en sectores considerados estratégicos; energía, banca o infraestructuras. De esta forma, las empresas públicas denominadas SOE’s (State-owned enterprise) se han consolidado como un sistema cuasi monopolístico, financiadas por bancos también bajo el control estatal.

Vietnam ha crecido a un fuerte ritmo en la última década, con un promedio superior al 6% en el periodo 2000-2013, y ha conseguido triplicar el PIB en los últimos diez años. Aunque estos datos macroeconómicos serían la envidia de toda economía desarrollada, el país lleva enfrentándose los últimos años al problema derivado de la oligarquía instalada en las principales compañías del país.

Parte del crecimiento estuvo sustentado por el apalancamiento de las SOE’s, gracias a la financiación laxa de los bancos públicos. La evolución de la deuda llegó a alcanzar un incremento del 50% anual en el 2007; además, este endeudamiento se destinó a la inversión en sectores no estratégicos, principalmente en activos inmobiliarios, con la intención de aprovechar del auge de los precios en plena formación de una burbuja inmobiliaria. De acuerdo a los datos del Banco Mundial, el crédito privado en términos de PIB ascendió del 40% al 120% en el periodo 2002-2010. Como consecuencia de la vorágine de endeudamiento, la inflación llegó a alcanzar cotas del 23,1%, como ocurrió en 2008, en un entorno caracterizado por la ausencia de transparencia y un nivel rampante de corrupción. En contraste, los países del Sudeste Asiático mantuvieron el crédito en un nivel relativamente estable, cerca del 70%.

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Juntar en una misma ecuación endeudamiento y sector inmobiliario suele derivar en resultados catastróficos. El crédito continúa ascendiendo hasta que las compañías encuentran dificultades para asumir sus deudas y se inicia la caída del castillo de

naipes constituido por la montaña de deuda acumulada en los años previos. Del total de la deuda privada, se estima que más del 50% corresponde a las empresas públicas, con un elevado porcentaje de créditos de dudoso cobro (NPLs). Según las fuentes oficiales, el volumen de créditos de mala calidad podría ascender al 6% de la cartera crediticia (7.800 millones de dólares). Sin embargo, otras fuentes indican que la cantidad real se ajustaría más fehacientemente a un volumen tres veces superior. Además, como ocurrió en Europa, el estancamiento del sector financiero implica la paralización del flujo de crédito y el bloqueo del acceso a la financiación al tejido empresarial. De esta forma, las autoridades vietnamitas se han tenido que enfrentar en estos últimos 5 años a dos focos de incendio simultáneos: la insolvencia de las SOE’s y el colapso del sistema bancario. Actualmente, el país se encuentra en una fase más avanzada del proceso de depuración que se inició tras el estallido de la burbuja de las SOE’s en el año 2010, que tuvo en la caída de la compañía Vinashin uno de sus mayores exponentes. Vinashin se declaró insolvente ante la incapacidad de hacer frente a su deuda (4.400 millones de $). Tras destaparse una serie de acciones fraudulentas, las autoridades, en un acto de disciplina al resto de las SOE’s, decidieron no acudir a su rescate y dejaron quebrar a la compañía. Aunque es un proceso que comenzó en la década de los 90, ha sido a partir del aumento de casos de insolvencia cuando el gobierno ha acometido con mayor

Fuente Banco Mundial

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seriedad el saneamiento de las SOE’s a través de distintos planes de reestructuración. Dichos planes han tenido como objeto establecer un mayor control y transparencia de la gestión mediante la obligación de las SOE’s de publicar anualmente sus cuentas, convenientemente auditadas, y la recomendación de desinvertir en los negocios considerados no estratégicos. Por otro lado, se está impulsando la llamada “equitization”, que supone la conversión de las empresas públicas en joint ventures a través de la entrada de compañías internacionales. Sin embargo, el proceso de privatización no avanza al ritmo esperado debido a la dificultad de su aplicación. Muchas de las SOE’s se muestran reacias a perder el control ante la entrada de nuevos inversores, más aún si una vez privatizadas se destapa la ineficiente gestión de sus directivos y se reconoce el volumen de NPLs, lo que a su vez podría conducir a los dirigentes a enfrentarse a los tribunales, como ocurrió en el caso de Vinashin. No sólo las empresas públicas se muestran contrarias a perder su independencia, sino que también los inversores internacionales desconfían del proceso, entre otras cosas porque se mantiene el límite de adquisición del 49% del capital por parte de las empresas internacionales en sectores estratégicos, y del 30% del capital en el caso de entidades financieras. Un claro ejemplo es el de Vietnam Airlines, en el que ningún inversor privado acudió a la emisión de acciones el pasado noviembre de 2014. Respecto al sector financiero, en julio de 2013 comenzó a operar el VAMC (Vietnam Asset Management Company), entidad pública encargada de la adquisición de activos tóxicos a las entidades bancarias, con el fin de depurar el sistema financiero. Además, el pasado año 2014 se endureció el marco regulatorio y de supervisión, con medidas para la identificación de entidades sistémicas, creación de un índice clasificatorio de

solvencia y la mejora de la medición de los préstamos de dudoso cobro. Actualmente, uno de los principales objetivos del banco central (SBV) es empujar a los pequeños bancos a iniciar un proceso de fusión o adquisición por parte de otras entidades. De hecho, el propio SBV ha comprado recientemente algunas entidades en situación delicada.

Todo este proceso de depuración acometido en los últimos años ha producido mejoras visibles. Prueba de ello es la evolución del flujo del crédito, que muestra ligeros signos de mejora. En 2014 se produjo un crecimiento del crédito del 12%, una cifra más equilibrada y en consonancia con las necesidades de financiación de un tejido empresarial y una población pujante. A su vez, la inflación se ha reducido hasta una tasa más estable (5,3%, en comparación con el 18,1% registrado en 2011).

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Así pues, Vietnam está modificando su patrón de crecimiento hacia una estructura económica más sostenible y equilibrada, una vez depurados los excesos de la burbuja crediticia. En el 2015 se darán nuevos pasos hacia la limpieza del sistema crediticio y se espera la privatización parcial de algunas empresas públicas. Sin embargo, el éxito de las medidas adoptadas dependerá de su adecuada aplicación. Se trata de un escenario complejo, teniendo en cuenta que las SOE’s, al ser empresas públicas, comparten el mismo origen que las autoridades gubernamentales, e incurren en conflictos de interés. Por ello, es de esperar que la divergencia entre los distintos actores continúe. Finalmente, la correcta aplicación de las medidas dependerá del grado de firmeza que adopten las autoridades vietnamitas.