NUEVAS SENDASEN LA MILENARIA BÚSQUEDA

DEL PUEBLO MOJEÑO:Experiencias de su participación

político-electoral en Mojos

ÍNDICE

Pág.

PRESENTACIÓN 9 AGRADECIMIENTOS 11 PRÓLOGO 13 INTRODUCCIÓN 17

CAPÍTULO ILa cuestión indígena y las reformas constitucionales en Bolivia 231. SOBRE LA CUESTIÓN INDÍGENA EN BOLIVIA 232. LA CONDICIÓN MULTIÉTNICA EN BOLIVIA 263. LA DEMOCRACIA MUNICIPAL COMO REFORMA

DE DEMOCRATIZACIÓN 274. REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 2004 Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE 30 4.1 Asamblea Constituyente 2006 32

CAPITULO IIDialéctica de los Pueblos Indígenas de Beni 351. LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN BENI 35 1.1 Indígenas en los municipios 36 1.2 Población y territorios indígenas 38

Pág.

2. NUEVAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS 41 2.1 Cultura política y nuevas formas de organización indígena 42 2.2 La Central de Cabildos Indígenas Mojeños (CCIM) 45 2.3 La Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) 473. LA MARCHA INDÍGENA POR EL “TERRITORIO Y LA DIGNIDAD” Y SUS EFECTOS. 494. CRISIS DE UN DISCURSO Y NUEVOS REFERENTES POLÍTICOS EN LAS ORGANIZACIONES 55

INDIGENAS DE BENI 4.1 La Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) 56

CAPITULO IIIEl Contexto Regional en la Participación y Representación Política de los pueblos indígenas de Beni. 631. PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Y GRUPOS DE PODER EN BENI 632. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA POLÍTICO EN BENI 68 2.1 Acerca del bipartidismo MNR-ADN en Beni

y la irrupción del MAS 70 2.2 La composición de los gobiernos municipales 733. CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN INDÍGENA

EN LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA 744. ENCUENTROS Y DESENCUENTROS: Contexto político

y organizativo previo al triunfo electoral mojeño de 2004 75 4.1 Nace la COPIM: La dirigencia de CPIB no la aprueba 76 4.2Agudizacióndelascontradiccionesydelosconflictos 78 a) El espacio local 78 b) El frente nacional y la 4ta. Marcha Indígena Multisectorial 815. CONGRESO DE SANTA ANA, RUPTURA DE LA CPIB Y NACIMIENTO DE LA CPEMB 83 5.1 Movilizaciones de octubre de 2003 y persecución de dirigentes 87

CAPITULO IV Abriendo las puertas de la Loma Santa: El pueblo mojeño y su participación política 911. PRIMERAS EXPERIENCIAS:

JUGANDO CON REGLAS KARAYANAS 93 1.1 Elecciones nacionales de 1997 93 1.2 Elecciones municipales de 1999 94

Pág.

1.3 Remando contra la corriente: Nuevasdefinicionesynuevasestrategias 97 1.4 La participación en las elecciones nacionales de 2002 982. ELECCIONES MUNICIPALES 2004 ¡AHORA ES CUANDO! 100 2.1 El proceso electoral de 2004 102 a) Sobreladefinicióndeloscandidatos 104 b) Sobre los colores 105 c) Sobre los símbolos 105 d) Sobre los responsables de la campaña 106 2.2 La primera pulseta 106 2.3 De la Agrupación Ciudadana Moxos, “el mismo vaquero con otro caballo” 107 2.4 Las campañas electorales:

“Cómanse la carnaza pero no se traguen el anzuelo” 110 2.5 Los resultados electorales 111 2.6 Las negociaciones 112 2.7 Posicionamiento del primer alcalde indígena en Beni

ylasprimerasdificultades 113 2.8 “La traición de Aguirre” 1153. PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 117 3.1 Elecciones de 2006 para Asambleístas 118 3.2 Resultados electorales de 2006 1184. COMPORTAMIENTO ELECTORAL

Y PARTICIPACIÓN INDÍGENA EN MOJOS 120 a) ADN-PODEMOS 120 b) El MNR 121 c) La opción indígena CPEMB-MAS 121 d) Otros 122

BIBLIOGRAFÍA 123

OTRAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 125

LISTA DE ENTREVISTAS REALIZADAS 127

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PRESENTACIÓN

El departamento del Beni es la región con mayor diversidad étnica y cultural de Bolivia.Con21.356.400,00hectáreasdesuperficie,eselsegundodepartamentomás extenso, habitado por 18 de los 36 pueblos indígenas, quienes a la vez re-presentan el 40% de la población total de este departamento. En el proceso de lucha reivindicativa, los indígenas del Beni han logrado consolidar casi 11 mi-llones de hectáreas en 19 demandas territoriales. El pueblo mojeño, de la familia lingüística arawak, con sus 43.000, habitantes es el más numeroso del Beni, el quinto a nivel nacional y tercero en las tierras bajas después del pueblo guaraní y chiquitano.

La historia del pueblo mojeño ha sido estudiada desde varias perspectivas, pero el hito que marca la historia reciente de este pueblo emblemático es la “Marcha por el Territorio y la Dignidad” salida gestada en las entrañas de las organiza-ciones tradicionales mojeñas el 15 de agosto de 1990 que catapultó al escenario político regional y nacional la problemática indígena como tal como hoy la cono-cemos. A partir de ella, la lucha por el territorio se transformó en una demanda histórica con una carga política subyacente que ha constituido uno de los ejes centrales de la agenda reivindicativa de todo el movimiento indígena boliviano.

Las luchas en el proceso de recuperación de los territorios en la década de los 90 clarificaronsusdemandasalavezqueforjaronunimportantesegmentodedi-rigentes indígenas, quienes fueron madurando la posibilidad de ocupar espacios en los órganos del Estado local y nacional. Como en muchos pueblos del Orien-

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te boliviano, tradicionalmente los pueblos indígenas fueron instrumentalizados por los partidos tradicionales para llegar al poder con compromisos electorales que nunca cumplieron. Por ello los mojeños decidieron representarse “por si mismos” y pelear las plazas con el nombre de su misma organización social. Fue entonces que en 2004, el municipio de San Ignacio de Mojos pudo ver un alcalde indígena elegido por sus compañeros bajo la sigla de la Central de Pueblos Mo-jeños del Beni (CPEM-B).

Haciendo un amplio y enriquecedor recorrido por la historia organizativa mo-jeña, Hernán Ávila nos ilustra la lucha de este pueblo indígena por perforar un Estado ideado para dominarlos y asegurar su propia reproducción. Frente a la lógica excluyente de las prácticas tradicionales del manejo del “poder”, los mojeños ofrecen su propia concepción y experiencia que se expresa en la devolu-ción en obras y servicio hacia la comunidad, titular del poder originario que ese ejerce. El cántaro de chicha y el maripi ilustran esos valores fundamentales para entender la cultura mojeña.

Pese a que la participación política en esta fase, como demuestra el autor, sirvió de bálsamo para sus peligrosas reivindicaciones que amenazaban los poderes locales y regionales, las sendas ya están abiertas y, aunque largas y sinuosas, re-correrlas es un deber para este pueblo en su larga lucha por transformar un país que necesita de ellos para entenderse a sí mismo.

Este libro toma como base en sus primeros capítulos los resultados de la inves-tigación “Presente y Perspectiva de la Presencia de los Pueblos Indígenas Del Beni en los Sistemas de Representación Política del Estado”, realizada por Her-nán Ávila (coordinador), Amparo Rodríguez, y Martha Leonarda Mosúa con el apoyodelProgramadeInvestigaciónEstratégicaenBolivia(PIEB).Confinesde publicación los resultados han sido actualizados y complementados, a ellos se han agregado nuevos capítulos referidos a la experiencia electoral del pueblo mojeño.

Leonardo TamburiniDirector Ejecutivo

Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social - CEJIS

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AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi gratitud al pueblo mojeño, a su dirigencia y a sus líderes, aunque no quisiera dar nombres por miedo a omitir algunos que merecen ser mencionados, me atreveré a señalar a Sixto Vejarano, Pedro Nuni, Miguel Peña, Ernesto Sánchez, Teresa Limpias, Armando Nolvani, Carmelo Muñuni, Ignacio Apace, Ignacio Pérez, Corpus Malale, Erasmo Yujo, Cruz Tamo, Esteban Tamo, Ademar Chori, Sobeida Ruiz, Fernando Vargas, Miguel Alcántara, Juana Caiti, Bertha Vejarano, Pedro Salazar, Carmen Muñuni, Lorenza Yaca, Rosario Cu-navi, Adolfo Yónima, Virgilio Moy y otros grandes hombres y mujeres provistos demística,quienesduranteochoañosmebrindaronsuamistadyconfianzaycon quienes he compartido sueños y aprendido a transitar caminos de lucha y esperanza. También a mi amigo Arturo Casanovas -un mojeño a todo dar- que me proporcionó información valiosa.

También agradezco a mis amigas y colegas de trabajo del CEJIS, especialmen-te a Claudia Montaño, Elba Flores y Pilar Valencia, quienes han brindado su tiempo, capacidad y paciencia proporcionándome valiosas sugerencias para la presentepublicación.Delamismaformaalafiligránicarevisiónenlaredacciónde Sebastián Ochoa, a la revisión de Carla Roca en estilo y Francisco Padilla en la diagramación.Agradezco al director ejecutivo del CEJIS Leonardo Tamburini y al Coordina-dor del programa democracia intercultural de OXFAM GB Jorge Velázquez por laconfianzayelrespaldoinstitucionalparaeldesarrollodelapresentepublica-ción.

Finalmente, retribuyo también la orientación y apoyo metodológico de Wilder Molina, facilitador regional del PIEB en el Beni el año 2005-2006, así mismo, al equipo de investigación que me acompañó en aquella oportunidad: Leonarda Mosua y Amparo Rodríguez, a todos ellos mis agradecimientos.

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PRÓLOGO

Los estudios sobre las acciones colectivas de los pueblos indígenas de la región amazónica orientadas a objetivos políticos como la participación política o de-rechos de autogobierno surgen con claridad después de la “Marcha por el Te-rritorio y la Dignidad” de 1990, hasta podemos concluir que esta reorientación temática es uno de los efectos políticos de aquel movimiento social emergente desde la región sur amazónica de Bolivia. Antes de aquellos eventos, los estu-dios, casi congruentes y consecuentes con la valoración folklórica cultural que se daba a las culturas étnicas, se localizaban en el enfoque propiamente etno-lógico, más interesados por la descripción de las vivencias locales, el folklore o las costumbres, es decir eran estudios sobre las culturas pero no sobre los procesos políticos porque, justamente, hasta ese momento, los grupos indígenas no se proyectaban como sujetos políticos, ni eran reconocidos como tales. La marcha incrementa en instancias del Gobierno nacional y ONGs el interés por estudiar las realidades étnicas y fortalecerlas como sujetos político-culturales y no simplemente folklóricos. Desde entonces se amplía el debate en torno a los conceptos de “indígena” y “pueblo indígena” en el campo de las ciencias so-ciales, además insertándose como parte de una lucha política que se desarrolla hasta ahora en los Departamentos amazónicos. Con la marcha de 1990, se inicia una lucha que continúa y que de manera global involucra a los siguientes actores: las organizaciones indígenas y sus nacionales, partidos políticos, líderes cívicos y empresarios locales. El hecho de que los términos indígena y pueblo indígena

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se hayan convertido en temas de lucha política forma parte del proceso de po-litización que surge con los movimientos indígenas en las tierras amazónicas. Ademásdelasdemandasespecíficasdederechospolíticosysociales,losmovi-mientos proponen el reconocimiento de las identidades étnicas junto con nuevos conceptos de autogobierno que vienen generando polémicas entre intelectuales, políticos e indígenas.

En Bolivia, la institucionalización de lo indígena como identidad global resulta, en parte, de la emergencia de movimientos indígenas en las tierras bajas, mien-trasquelapolitizacióndelasidentidadesétnicassignificaquelasorganizacionesindígenas, junto a sus aliados, luchan por difundir los términos de indígena, pueblo indígena y territorios indígenas como sustitutos de otras etiquetas socia-les como selvícolas, tribus o bárbaros. Es una lucha política por desplazar ciertos sentidosydefinicionesprovenientesdelasculturaspolíticasexpresadasporlosactores como el Estado y grupos sociales de origen criollo o mestizo. Como parte de esa lucha, los actores opositores se ocupan por reducir su politización y conservarlos como datos folklóricos, incluso calificarlos comoparte de unpasado histórico y no de la condición política actual de la región. La “antropolo-gización y folklorización de lo indígena” es una estrategia política que se utilizó para reducir su posibilidad de politización y constitución como sujetos políticos. Pero, la emergencia de organizaciones indígenas en los territorios amazónicos junto a la lucha por incidir en los universos simbólicos motivaron una reorien-taciónteórica,pasandodeladescripciónetnográficaalainterpretacióndelosprocesos de politización, las acciones colectivas y formación de identidades y nuevos actores sociales, fenómenosque ya tienen investigaciones específicascomopartedelasociologíapolíticaregional.Damoscuentaasídelainfluenciade las acciones políticas en las prioridades de investigación y generación de cono-cimientoqueacompañantalesfenómenos,inclusotambiénconfinespolíticos,ya que los estudios al mismo tiempo socializan un discurso sobre los pueblos étnicos que coadyuva a la legitimidad de sus demandas y el reciclamiento de sus identidades. Antes existía una “tradición de estudios” referidos a la vida cultu-ral de los pueblos indígenas, pero en general, enfocados en la perspectiva de la antropología, el folklore y la etnología histórica hacia los pueblos que formaron misiones religiosas. Sus acciones colectivas en la región amazónica, recién desde 1990soninvestigadasconunenfoquesociológico,alinflujodelaemergenciadenuevos actores sociales y demandas políticas como derechos territoriales, acceso a autogobierno y representación política.

Es decir, las acciones colectivas de la marcha desencadenan un proceso de poli-tizaciónquemarcatambiénsuinfluenciaenelámbitodelascienciassocialesdel

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país, dando lugar a nuevos abordajes desde la sociología política. En esta línea el estudio que ahora nos presenta Hernán Ávila sobre la participación política con propósitos de representación política o posesión de Gobiernos locales es un aporte al conocimiento de los nuevos sentidos, transformaciones y estrategias que adoptan las organizaciones indígenas, a casi dos décadas de la marcha por el territorio y la dignidad.

En el estudio se describe las virtudes y debilidades de las acciones políticas de las organizaciones indígenas por generar auto representación propia en los diferen-tes escenarios estatales de representación política, objetivo que gradualmente es asumido como una de las prioridades de su agenda desde el año 1998, hasta convertirse hoy día en uno de los objetivos políticos de prioridad junto con los derechos de autonomía y autogobierno, sin dejar de lado el interés por los proce-sos todavía inconclusos como la titulación de los territorios. Es interesante que el estudio nos muestre las diversas iniciativas locales de las organizaciones para la creación de sus propias posibilidades de lucha por la competencia electoral, pero al mismo tiempo que se aprovechan algunas oportunidades políticas que se abren con las leyes como la de participación popular o últimamente la de agru-paciones ciudadanas. En el trayecto, se nos visualiza una combinación de estra-tegias orgánicas e individuales, entre acciones legitimadas de interés colectivo por logros de representación y Gobierno con otras actitudes más pragmáticas, individuales y calculistas de algunos dirigentes, es decir no se presenta entre las organizaciones étnicas una estrategia única de participación política.

Yaeneldetalleelestudioanalizaalgunasdificultadesestructuralesquereducenlas posibilidades reales de inserción de representación política con el uso de los procedimientos formales de la democracia electoral liberal. En el caso del Beni, no obstante la diversidad de organizaciones étnicas en todos los Municipios del Departamento y la existencia de más de una docena de pueblos étnicos electo-rales, son limitaciones estructurales que le generan desventaja a una población electoralminoritariarespectoaltotalylanoposesiónderecursosfinancieros,en términos concretos, organizaciones o lideres con capital económico, factor que constituye un ventaja determinante del acceso al Gobierno por parte de los actores ganaderos, dicho sea de paso que entre las sociedades étnicas no existe grupos o sectores con gran posesión de propiedades económicas, lo que se puede llamar como una élite económica, al estilo de los ganaderos o los castañeros. In-cluso es actualmente otra limitación estructural la inexperiencia en la adminis-tración pública que se explica por la exclusión estructural de la gente de origen indígena en la función pública de las diferentes entidades estatales, la repartición familiar de los cargos que operan los partidos y caudillos locales, cada cambio

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de Gobierno no les llega nunca por no pertenecer a las redes familiares y eso les ha creado una desventaja que incluso, maliciosamente, algunos actores urbano-karayanas quieren hacer ver como una expresión de conformismo.

Por eso mismo, como propone el autor son necesarias algunas condiciones de reglas institucionales que desde las leyes estatales faciliten condiciones de igual-dad en la competencia política, pero también son necesarias las acciones de cla-rificaciónpolíticaylaconstitucióndeunnosotroscolectivodesdelospropiossujetos indígenas, desde donde se exprese hacia los ámbitos políticos como ser los procesos electorales y la orientación del voto. Será importante este cambio respecto a una lógica dual de acciones que se ve todavía en la acción política en los ámbitos locales del Beni, cuando actores indígenas y campesinos se remiten asuorganizaciónensituacionesdedemandaoconflictosporposesiónyusoderecursos con otros actores, pero durante procesos electorales la orientación de su voto acaba en las candidaturas de personajes que se oponen a sus demandas de derechos territoriales y políticos, mientras sus candidatos avalados por ellos mismos quedan esperando.

Wilder Molina A.Investigador

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INTRODUCCIÓN

La emergencia de los pueblos indígenas en Bolivia ha sido abundantemente abordada por variados investigadores e historiadores nacionales y extranjeros, sobre todo aquélla referida a los pueblos de la zona andina.

La incidencia de los pueblos indígenas amazónicos se marca a partir de la “Mar-cha por el Territorio y la Dignidad” (agosto de 1990) donde por primera vez emergen nuevas formas de organización indígena, a este proceso corresponde el nacimiento de la Central de Pueblos Indígenas del Beni CPIB en 1989, ci-mentándose en lo que fue la Central de Cabildos Indigenales Mojeños CCIM, ambasorganizacionesformadasenlaciudaddeTrinidad.Bajolainfluenciadelíderes urbanos ubicados en Trinidad, se forman además la Subcentral Indígena del Isiboro Sécure, la Subcentral Indígena de San Ignacio de Mojos y el Consejo del Pueblo Sirionó. Con estas organizaciones como actores principales se lleva a cabo la marcha indígena hacia la ciudad de La Paz, con una participación de 700 personas aproximadamente. Los efectos políticos sociales de ésta fueron diversos, tanto en las instituciones políticas como entre los mismos pueblos in-dígenas.

Después de la marcha de 1990, la CPIB, con apoyo de redes de solidaridad con el movimiento indígena, emprende el impulso en la formación de nuevas orga-nizaciones indígenas en diferentes provincias del Departamento del Beni. Como

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resultado, actualmente todo pueblo indígena, toda comunidad que se declara indígena,formaparteoseafiliaaunaorganizaciónindígenadetipoterritorialo étnica.

Las dinámicas de la emergencia social y política de los pueblos indígenas lleva a quepermanentementesereconfigurensusestructurasorganizativas,resultadode pugnas de liderazgos, divergencias de enfoques, de orientaciones y de accio-nes frente a su problemática. Actualmente, existen tres organizaciones que se reconocen a “nivel regional”: La CPIB con sede en Trinidad, la CPEM B con sedes en Trinidad y San Ignacio y la CIRABO con sede en Riberalta, todas integran a un conjunto de organizaciones que se denominan Subcentrales o, en algunos casos, Consejos. Las Subcentrales tienen como miembros base a las organizaciones comunales.

El Beni tiene 16 pueblos indígenas conformados por una población aproximada de entre 50.000 a 100.000 personas, aproximadamente. Viven tanto en ciudades y localidades urbanas como en comunidades rurales del Departamento. Cabe aclarar que para este caso no es correcto tomar los datos del Censo 2001, ya que clasificaalosindígenasdeacuerdoalusodelidioma,porloquelosdatosmi-nimizan su presencia poblacional. Corresponden aproximadamente a un 40 por ciento de la población total de Beni, pero, no existe ninguna correspondencia de proporción poblacional de los pueblos indígenas y su presencia en los ámbitos de representación política.

La existencia de los pueblos indígenas de tierras bajas es fundamental en la con-formación de la sociedad boliviana. Tanto en instituciones cívicas, culturales y estatales reivindican permanentemente sus aportes a las expresiones de identi-dad regional. Pero esta valoración cultural no se corresponde con su presencia en el manejo de instituciones políticas y estatales tanto a nivel departamental y nacional.

En los 184 años de existencia del Estado boliviano, nunca en Beni un indígena en calidad de prefecto departamental, diputado o senador, por nombrar las tres instancias de representación política más antiguas de Bolivia. Tampoco existen en los nuevos ámbitos, como el Concejo Departamental y los Gobiernos Muni-cipales.

Por primera vez en el Departamento hubo un Alcalde indígena avalado por su organización, la CPEMB. Sixto Bejarano Congo asumió como primer Alcalde indígena, posicionado por la organización indígena, otra experiencia destacable fue la elección de Miguel Peña -líder mojeño- quien fue elegido Asambleísta a la

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Asamblea Constituyente por el Movimiento Al Socialismo MAS después de una alianza de la organización indígena con el partido en mención.

Las demandas de mayor participación en la gestión del Estado es uno de los ejes del discurso de los pueblos indígenas, desde que surgen las organizaciones y líderes del movimiento indígena antes, durante y algunos años después de la marcha. No obstante, este anhelo facilitó a operadores de partidos políticos y funcionarios de los distintos gobiernos la cooptación de dirigentes con trayecto-ria a partir de cargos en los ministerios o viceministerios para introducirse en la toma de decisiones de las organizaciones matrices.

Sin embargo, la demanda de participación en los niveles de toma de decisiones del Estado implica crear mecanismos para involucrarse activamente en los pro-cesos electorales y en los ámbitos de representación política. Es decir, las posi-bilidades reales de llegar a estas instancias requieren de ciertas condiciones, por consiguiente no basta con aplicar los principios de ciudadanía según los cuales todos tienen derecho a ser elegidos y a elegir, a formar organizaciones políticas y competir electoralmente. En el caso de los pueblos indígenas de Beni, basarse solamente sobre estos principios, conllevaría a que la competencia política, en las condiciones del diseño institucional del sistema electoral, no garantice repre-sentación, a menos que la organización tenga la capacidad y el porcentaje pobla-cionalsuficienteparaimponersecomoocurrióenelcasodelpueblomojeño.

En este sentido, existe un debate en el marco de la Asamblea Constituyente res-pecto a las propuestas de insertar mecanismos que respeten los derechos de los pueblos indígenas y garanticen su representación política. Algunas posiciones se oponen señalando que los procedimientos de la democracia y las leyes son suficientes.Tambiénconsideran injustoquegruposétnicos tan reducidospo-blacionalmente tengan representación preferencial por encima del principio de proporcionalidad. Según el cual un ciudadano es igual a un voto. Otros, aparte de las organizaciones indígenas, apoyan la creación de mecanismos que garan-ticen la presencia de todos los pueblos indígenas de Bolivia en los niveles de representación política, amparados en los principios del Estado Plurinacional, sostienen que no se entenderá lo plurinacional del nuevo Estado sin la presencia de las naciones y pueblos indígenas de Bolivia.

Se ha consensuado un acuerdo intermedio en el texto de la Nueva Constitución Política del Estado NCPE, que garantiza a través de las autonomías indígenas el ejercicio de autogobierno en sus espacios territoriales. Sobre la representación en el ámbito nacional, se incluiría a los pueblos indígenas demográficamenteminoritarios por medio de las circunscripciones especiales indígenas.

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En el capítulo Primero, se retoma el debate sobre la condición multiétnica y pluricultural de la sociedad y cómo a partir del reconocimiento de esta carac-terística se han desarrollado derechos económicos y políticos en las diferentes reformas constitucionales previas a la Asamblea Constituyente de 2006. Esto permite comprender el planteamiento de Estado Plurinacional presentado por los movimientos indígenas y campesinos del Pacto de Unidad en el marco de la Asamblea Constituyente.

En el capítulo segundo de este libro, se describe la presencia de los pueblos in-dígenas en el Departamento, en los Municipios y en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Se abordan también sus caracteristicas organizativas, que expli-can cómo la introducción de la estructura misional y sindical se combina con la herencia precolonial, constituyendo lo que Molina Wilder denomina las “nuevas organizaciones indígenas”, a esta generación corresponde la constitución de la CCIM en 1987 y la CPIB en 1989. El nacimeinto de esta instancia de represen-tación departamental de los pueblos indígenas no se entenderá sin el desarrollo de la histórica Marcha Indígena por el “Territorio y la Dignidad” del año 1990. Porsusignificadosocio-políticoycultural,estamovilización trastocavaloresen la cultura democrática nacional y regional. Finalmente este capítulo muestra tres organizaciones que se reclaman como regionales: la CPIB, la CIRABO y la CPEMB, que en la actualidad forman parte de CIDOB. La CPEMB surge de la separación de una fracción de la CPIB, a raíz de pugnas de liderazgos que expre-san el agotamiento de un tipo de discurso y de una práctica política organizativa frente a otra.

El capítulo Tercero, trata sobre las características del sistema político en la región haciendo mensión al bipartidismo, destaca al Municipio como ámbito dedemocratizacióndeaquellosespacioslocalesquehanidoconfigurandolascaracterísticas de la participación política del pueblo mojeño, también en esta parte contextualiza el desarrollo político de los mojeños en los últimos años, se muestranlosdesencuentrosylasdefinicionesorgánicasquehanasumido.Estasdecisiones los han conducido a convertirse en la primera fuerza electoral en la Provincia Mojos y un referente político a nivel departamental.

En el capítulo cuarto, se describen las diferentes experiencias de participación electoral del pueblo mojeño, relata desde las elecciones municipales de 1999, donde participaron sólo la Subcentral de San Ignacio y una parte de la Subcen-tral del Multiénico, en alianza con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En 2002 nuevamente -para las elecciones nacionales- participan desali-neados de sus entidades matrices y en alianza con el Movimiento al Socialismo (MAS) logrando presentar los candidatos para la Diputación en la Circunscrip-

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ción 62. Para 2004, después de su separación de la CPIB y la constitución de su propia regional, la CPEMB obtuvo un histórico triunfo electoral, constitu-yéndose en la primera fuerza electoral en Mojos y rompiendo una tradición de aproximadamente cien años de hegemonía política de los karayanas. Finalmente, se muestran dos experiencias electorales más en las que participan los mojeños ratificandosufuerzapoliticaenMojos.

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Los mojeños de la CPEMB han participado en siete marchas nacionales desde 1990.

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CAPÍTULO ILa cuestión indígena y las reformas

constitucionales en Bolivia

1. SOBRE LA CUESTIÓN INDÍGENA EN BOLIVIA

Lanociónde indígenauoriginario, sucuantificación, laestimacióndesupesoestadísticoysupresenciaterritorialseconstituyenenseriasdificulta-des para encontrar una fórmula consensuada que determine la condición indígena o étnica en Bolivia. Resulta sumamente difícil establecer el origen y pertenencia étnica de las personas, debido a la profunda estigmatización asociada a la condición indígena. No obstante y considerando las limitacio-nes que ello conlleva, entenderemos como indígena1 ladefiniciónpropuestapor el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT. En términosde cuantificaciónnosbasaremos en los resultadosdelCensodePoblación y Vivienda del año 2001 del INE2 .

En este sentido el 66 por ciento de la población boliviana se adscribe o afirmaperteneceraunpuebloindígenaonaciónoriginaria,estascifrascam-bian de forma radical cuando nos referimos a la población que habita las tierras bajas, donde aproximadamente sólo alcanza el 15 ciento. Sin embar-go, existen bolsones de población mayoritariamente indígena en tierras bajas especialmente compuesta por población guaraní en el Chaco boliviano, chi-quitana en el Oriente, mojeña en la Amazonía sur de Beni, guaraya al norte del Departamento de Santa Cruz, chimane y tacana al norte de los departa-mentos de La Paz y Beni. Paradógicamente los pueblos indígenas de tierras

1 El Convenio 169 de la OIT de 1989, establece que se aplica: “a los pueblos en países independientes, considerados indígenas porelhechodedescenderdepoblacionesquehabitabanenelpaísoenunaregióngeográficaalaqueperteneceelpaísenla época de la conquista o la colonización o el establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su condición jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.

2 Instituto Nacional de Estadística.

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bajassondemograficamenteinferioresquelospueblosindígenasdetierrasaltas y la población no indígena. Pero son mayores en cuanto al número de étnias, pueblos o naciones, ya que son 34 los pueblos de tierras bajas y tres los de tierras altas3.

Bolivia conforma un Estado con muchas sociedades, que constituyen mun-dos culturales, formas de producción y organización política diversas. Inclu-so, algunos de sus actores políticos cuestionan la existencia tanto del Estado nacional como de la nación boliviana y reclaman su condición de nación dentro o fuera de la estructura estatal vigente (Molina, 2003). Este debate se ha profundizado en el marco de la Asamblea Constituyente con propues-tas que van desde la reconstitución territorial de las naciones originarias, pasando por las propuestas de autonomías territoriales indígenas, hasta los planteamientos de la constitución de una conferedación de naciones o de dos Estados asociados en el planteamiento de la Nación Camba, por citar algunos extremos del debate.

La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce y describe la condición mulitétnica y pluricultural de Bolivia, pero es un principio declarativo que nosereflejaenlaestructurayfuncionamientomultiétnicodelEstado.Enconsecuencia, la enunciación o reconocimiento de lo multicultural de la so-ciedadsuenatrivialsiestacaracterísticanosereflejaenlaestructuradelospoderes del Estado. De cualquier manera, se puede caracterizar al Estado boliviano en función de su composición étnica como un Estado que contie-ne una sociedad pluriétnica y multinacional. Esta sociedad cuenta con varios proyectos políticos al interior y diversas posiciones respecto al Estado y su forma de organización política. Parece pertinente rescatar las diferencias que propone Kimlyka (1996) entre sociedad multinacional y sociedad poliétnica, parafinesde reconocimientodederechos al interiordeunEstado,en lamedida en que está conformada por diversos pueblos indígenas -algunos de los cuales se reclaman como naciones- que antes de la formación del Estado poseían autogobierno y población propia. Pero esta caracterización describe la condición multiétnica y la diversidad cultural, más no quiere decir que provenga del reconocimuento recíproco entre los distintos.

El reconocimiento de la condición multiétnica y pluricultural de la refor-ma constitucional de 1994 marca una conquista en el reconocimiento de la diversidad sociocultural y lingüística de Bolivia, pero queda corto frente a

3 En el caso de tierras altas el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu CONAMAQ sostiene que entre los pue-blo originarios de tierras altas se encuentran 16 naciones, y que las lenguas -quechua o aymara- no determinan la nación.

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los planteamientos de un Estado que se funda en la pluralidad y el pluralis-mo económico, político, social, cultural y jurídico, según la propuesta de Constitución Política del Estado formulada por los movimientos sociales en 2007.

Sartori diferencia entre el pluralismo y las corrientes que postulan el mul-ticulturalismo: “En teoría, o en principio está claro que el pluralismo está obligado a respetar una multiplicidad cultural con la que se encuentra. Pero no está obligado a fabricarla. Y en la medida en que el multiculturalismo actual separa, es agresivo e intolerante, en esa misma medida el multicultu-ralismo en cuestión, es la negación misma del pluralismo. El pluralismo sos-tieneyalimentaunasociedadabiertaquereflejaunordenexpontáneo,yporsupuesto respeta una sociedad multicultural que es existente y preexistente. Sin embargo, el intento primario del pluralismo es asegurar la paz intercul-tural, no fomentar una hostilidad entre culturas. Los liberales americanos quedefiendenelmulticulturalismohablandeunapolíticadereconocimiento(recognition). Pero convenientemente olvidan precisar que un contexto plu-ralista postula un reconocimiento recíproco. Un reconocimiento que recibe a cambio un radical desconocimiento es antipluralista” (Sartori 2001: 33).

La diversidad multinacional es la coexistencia, dentro de un Estado, de más deunanación,donde“Nación”significaunacomunidadhistórica,másomenos compleja institucionalmente, que ocupa un territorio o una tierra na-tal determinada y que comparte una lengua y una cultura diferenciadas. En una perspectiva sociológica, un país que contiene más de una nación no es, por tanto, una nación-Estado, sino un Estado multinacional, donde algunas culturas más pequeñas en población conforman las “minorías nacionales” (Kymlika,1996).AunqueelEstadoymuchosotrosactoresserefierenala“nación boliviana”, esta cualidad no es más que una posición de una cultura política que se adscribe al proyecto del Estado-nación que a decir de Adler y Lomnitz es el que tiende a ser la cultura política dominante (Molina, 2002).

En el planteamiento de Sartori (2001) se pueden entender con mayor preci-sión los planteamientos de nuevo Estado propugnados por los movimientos indígenas, originarios y campesinos en el proceso constituyente boliviano. A partir del reconocimiento de la condición multiétnica y multinacional de Bolivia, plantean en el marco de la pluralidad y el pluralismo un nuevo marco constitucional dando nacimiento al planteamiento del Estado Plurinacional en el proyecto de NCPE.

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2. LA CONDICIÓN MULTIÉTNICA EN BOLIVIA

En Bolivia, el Estado no ha logrado culminar un proceso de construcción nacional que logre articular bajo su monopolio institucional las formas de producción económica, los procesos de intercambio simbólico, las formas de organización política y la internalización amplia de una cultura política que sostenga y alimente una permanente lealtad a un proyecto de Estado nacional (Molina, 2005).

Desde el origen del Estado boliviano, la construcción del discurso político de la nación ha buscado reducir las condiciones multiculturales y la presencia de lospueblos indígenas, calificándoloscomoobjetosantimodernos, quepor tanto traban el desarrollo de una sociedad moderna y de una nación. Es un proyecto que busca, desde hace más de un siglo, adjudicarles grados de “minoridad” y anacronismo a su existencia como culturas para restar así sus posibilidades de existencia. Es que la construcción de la dominación pasa por la imposición de un lenguaje y un discurso monocultural. Uno de los me-canismos de legitimación de dicha dominación ha sido el de la construcción de las representaciones y discursos de “minorización” del otro. Esta “mino-rización”losdescalificacomosujetosdotadosdecualidadesespecíficasencolectividades y como individuos portadores de ciudadanía.

R. Zabaleta (1986) tiene otra interpretación que supera la descripción y pone atención sobre la complejidad estructural de la sociedad boliviana, a su vez que, por lo mismo, hace más compleja la explicación, su objetivo es buscar y explicar las determinantes estructurales que pueden dar cuenta de los límites de un proyecto de nación y Estado-nación en Bolivia. Lo “abigarrado” es lanociónque utilizaensuobjetivode explicar lascondicionesespecífi-cas de la sociedad y los propios límites de formación del Estado. Pero es importante diferenciar, como señala Antezana (1986), entre el concepto de sociedad abigarrada y el de formación social abigarrada. En el primer caso, Bolivia es una sociedad abigarrada. Es decir, una sociedad atravesada por di-versas historias y culturas. En cambio, como formación social abigarrada se calificalapresenciadediversidadeseconómicosocialesdetalsuerteque,enconcurrencia, ninguna de ellas mantiene formas previas, primordiales o no; la referencia, o sea, la sociedad concreta objeto de conocimiento, permitiría caracterizar las diversas historias en juego, es decir, los diversos grados de constitución social ahí implicados.

El concepto propuesto por Zabaleta (1986), por otro lado, se diferencia del concepto clásico de Formación Económica y Social, que expresa la presencia

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de varios modos de producción pero con uno dominante. Además, contiene niveles de articulación: El capitalismo como lenguaje de la unidad jurídica; el ciudadano, del tiempo: la jornada de trabajo, y de la economía; la forma de producir. Lo abigarrado connota heterogeneidad estructural, donde no hay articulación de un eje dominante. Lo abigarrado es una Formación Econó-mica Social con presencia de varias historias, culturas, estructuras de autori-dad, lógicas donde el rasgo visible es la desarticulación. No sólo hay varios modosdeproducción,tambiénfluyentiemposhistóricosquesecruzanperonoserefierenauntranscursodeltiempolineal,esuntiempohistóricodefi-nido por un modo de transformar la naturaleza y organizar la política. Como ahora en Bolivia, hay una persistencia de formas de producción ajena o en oposición al capitalismo. También hay formas de organización política an-teriores y diferentes a la forma estatal, que mantienen lealtades a su mundo antes que al Estado o la nación.

El Estado en Bolivia no ha logrado culminar un proceso exitoso de construc-ción nacional-societal de sus instituciones que correspondan a las condicio-nes de un Estado Moderno. Su objetivo de mostrarse como una institución neutral que representa a la colectividad por encima de intereses particulares, sean de clase o étnicos, no ha tenido éxito. El proceso de monopolización al que hacíamos referencia para el caso de los estados modernos “exitosos” no pudo concretarse en la construcción de una comunidad nacional bajo códigos comunes de organización política y producción económica. Por con-siguiente, tenemos un Estado que no asimila ni pone en práctica los con-tenidos de la modernidad que son, básicamente, el funcionamiento de una racionalidad burocrática y el desplazamiento de la lógica patrimonialista, familista, tan comunes a las formas de organización política previas al surgi-miento del Estado moderno y que hoy siguen vigentes en Bolivia.

3. LA DEMOCRACIA MUNICIPAL COMO REFORMA DE DEMOCRATIZACIÓN

Se ve en el Municipio el punto de partida de la institucionalización de la demo-cracia, pues sería el escenario ideal para dar participación a todos en la gestión de un Gobierno (Barbery en SNPP 1997, Cit. Molina, 2002), y por tanto lograr su legitimidad. Además, permitiría romper la dicotomía periferia-centro (Bob-bio,1989)quesedefineapartirdelaconcentracióndelasdecisionesenunsololugar. Se argumenta, además, que la descentralización hacia lo municipal remite a la instalación de un poder visible que sólo puede darse en el ámbito local, pues el Gobierno local es como un ideal inspirado en el principio de que el poder es más visible cuando es más cercano a los ciudadanos. La visibilidad no depende

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únicamente de la presentación en público del que está investido de poder, sino también de la cercanía espacial entre el gobernante y el gobernado (Bobbio, 1989). Es entonces cuando el Municipio, como unidad política más cercana a la vida de la gente, se convierte en el eje de las relaciones y reivindicaciones sociales y políticas (Carrión, 1999, Cit. Molina, 2002). Así, en el ámbito municipal, la democracia se tornaría más cotidiana, más visible y, por tanto, posible, No sólo para ejercer dere-chos, sino también para construir demandas y ejercer control social que permita a los ciudadanos incidir en el diseño de la política municipal. El ámbito del Gobier-no local parece ser el terreno más fértil para renovar la relación entre ciudadanía e institucionalidad política (Calderón, 1998). Pero como primera observación tene-mos que las condiciones favorables a la democracia mencionadas son una parte del ámbito local. La otra parte son los factores de la cultura política también presentes que pueden limitar su desarrollo.

Lamunicipalizaciónsejustificaenpremisasteóricasoideológicasqueprovienende teorías sobre el Estado, la democracia y la dimensión territorial de la política. De aquí se origina la hipótesis de que la democracia es más participativa mientras más pequeño sea el locus (Sartori, cita, Vega, 1995). En cambio, mientras más grande es menos participativa, lo que quiere decir que hay una relación directa entre calidad de la participación y el tamaño del espacio. Por eso lo local (Vega, 1995) es visto como el escenario donde se cierran o achican las distancias entre go-bernantes y gobernados, como el lugar donde el poder es más visible y “palpable” porque es más cercano a quienes lo constituyen (Bobbio, 1989). Según los teóricos de la política, la democracia tiene entonces mayores posibilidades de instituciona-lización en el espacio local, ya que solamente aquí puede darse una participación directa de sus miembros -los ciudadanos- en el control del Gobierno, en la identi-ficacióndesusproblemasyenlabúsquedadesoluciones(Bobbio,1989).

La municipalización tiene en el concepto de la participación popular el instrumen-to para establecer un nuevo modo de expresar la relación Estado-sociedad (Mo-lina,2002),queserefieretantoalfuncionamientodesus institucionespolíticascomo a la formación de una nueva cultura política. Además, como dijimos, contie-ne elementos referidos o sostenidos en el concepto de la democracia, vinculados a su desarrollo e institucionalización. Es decir, en la medida en que hablamos de municipalización, entendemos que los principios y valores de la democracia están presentes como sustento ideológico, que inicialmente, tiene en la Ley de la Parti-cipación Popular a su instrumento legal y al Estado como su principal promotor institucional.

Sobre la propuesta de descentralizar el Estado a través de la municipalización seidentificandosgrandespremisasqueavalanydanlegitimidadasuaplicación.

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UnaeslabúsquedademayoreficienciadelpapeldelEstado,porquesepartedeque es más fácil y efectivo actuar en un espacio estatal más pequeño, tanto para gobernantes como para gobernados. La otra, es que la democracia tiene en este ámbito la posibilidad de desarrollar una adhesión afectiva de la gente, puesto que hay posibilidad real de participar en decisiones del Gobierno local antes que en decisiones nacionales.

Otra dimensión es la democratización como extensión de una serie de derechos y oportunidades que afecta a “subespacios” y actores diversos del Municipio. Porunlado,lahipótesisserefiereaque,desdeespaciosantes“excluidos”,losciudadanos eligen, se organizan y tienen la posibilidad de buscar presencia en ámbitos de representación y toma de decisiones políticas. Por otro, busca un masivo proceso de “ciudadanización” que abarca al área rural (Ardaya, 1995, Cit. en Molina, 2002) como un proyecto de integración política a través del voto, que provoca una ampliación del radio de interpelación de la democracia representa-tiva y un acercamiento de la rutina electoral al ámbito local.

Como los ciudadanos, a su vez, requieren organizaciones que expresen y reco-nozcan sus intereses y sentimientos, la municipalización apunta también a crear condiciones para articular a los actores sociales en torno a los procesos políticos locales. Es la hipótesis que nos remite al funcionamiento y constitución de un sistema local de actores de la sociedad civil. En el contexto municipal, los actores no tendrían como referente de sus acciones elementos clasistas. Más bien, los guiarán vínculos de pertenencia a un lugar de residencia común y de representa-ción de intereses comunes relativos a la vida cotidiana, a su base territorial, que genera un sentimiento común.

En varias partes de su contenido, la Ley de la Participación Popular recoge el principio de la igualdad de oportunidades y pone énfasis en la participación de lamujer.Proponeampliarlasformasdeparticipaciónsocial,loquesignificain-volucrar a nuevos sectores y actores en los niveles de decisión política del Muni-cipio, integrar la representación rural y la igualdad de género en la participación política.Serefiereaperfeccionarlademocraciarepresentativa(Art.1,LPP)conigualdad de oportunidades para hombres y mujeres en los ámbitos de represen-tación (Art. 1, LPP, p.1-2). Instrumentos legales más recientes, como la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas han reforzado estos objetivos al establecer que las listas de candidatos en el ámbito municipaldebenreflejarparidadentremujeresyhombres.

En el debate actual sobre la democracia, el respeto a la diferencia, la identidad y los derechos de los pueblos indígenas están siendo resaltados como nuevos

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valores de la sociedad. La valoración de la diversidad étnica y cultural recibe un fuerte impulso de los movimientos sociales, ambientalistas e indígenas de diver-sas partes del mundo, junto a las políticas de países ricos y organizaciones inter-nacionales de cooperación. En este ámbito, la Ley de la Participación Popular reconoce la Personería Jurídica de las organizaciones indígenas y comunidades en los municipios (Art. 1, LPP, p. 1-2).

Sin embargo, a pesar del enfoque municipalista, aún persisten limitaciones que no expresan la condición multiétnica de Bolivia. Es el caso cuando se asume que los municipios se basan sobre la inclusión y el ejercicio del control social de “vecinos” también sobre la búsqueda y generación de ciudadanía anclada en el concepto liberal de un “ciudadano-un voto”, “un ciudadano igual al individuo”, y así se diluyen las lógicas colectivas subalternizadas, víctimas de la Ley de Par-ticipación que las incorpora en los términos monoculturales establecidos por el Estado y que no permiten la emergencia y expresión de otros elementos consti-tutivos de actores socio-políticos que habitan el escenario municipal.

4. REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 2004 Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE

La caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 2003, fue precedida por la construcción e imposición de los movimientos sociales de una “Agen-da Nacional”, a la que desde tierras bajas las movilizaciones indígenas contri-buyeron con la demanda de refundación del Estado a través de la Asamblea Constituyente. Esta demanda fue posicionada en el escenario político en 2002 con la marcha liderada por los pueblos indígenas de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y mojeños de Beni. Posterior a los sucesos de octubre, las fuerzas conservadoras articuladas en los comités cívicos de tierras bajas lograron imponer una nueva demanda a través de la organización de un Cabildo cuyo planteamiento central fue instaurar las autonomías departamentales.

Para el cumplimiento de las demandas tanto de octubre de 2003 (Asamblea Constituyente del movimiento indígena), como de enero de 2005 (Autono-mías departamentales del movimiento cívico), era necesario dotarse de un marco jurídico constitucional que contemplara nuevos mecanismos de de-mocracia que permitieran su ejecución. En este sentido, en 2004 se asumie-ron dos medidas que marcarían el curso de los sucesos de los siguientes años: el primero fue la reforma constitucional de 2004, en la que se incorporaron mecanismos de democracia participativa como el Referéndum y la Asamblea Constituyente. El segundo, lo constituyó la promulgación de la Ley de Agru-

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paciones Ciudadanas y Pueblos indígenas que arrebató a los partidos polí-ticos la exclusividad de la representación política e incorporó a los pueblos indígenas y sus estructuras como sujetos político-electorales.

La reforma al Artículo 4º de la CPE de 2004, llevó a que inmediatamente el Presidente Constitucional de entonces -Carlos D. Mesa- echara mano del Re-feréndum para tomar una decisión sobre el destino del gas, en cumplimiento de uno de los puntos de la “Agenda de octubre”, con preguntas dirigidas a orientar las respuestas y los resultados de la ciudadanía. Algunos analistas coincidían en que las fuerzas sociales y políticas se encontraban en un virtual empateyqueeldesenlacedeesedenominado“empatecatastrófico”podíadesencadenar en una guerra civil si no se generaban los canales democráticos necesarios para su resolución.

Las reformas de democratización del nuevo siglo se empezaron aplicar con resultados. Con la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, las elecciones municipales de 2004 marcaron el nacimiento de agrupaciones ciudadanas, algunas de ellas con rostros nuevos en la política y, también, con caras viejas en el intento de reciclarse con nuevas siglas y colores, pero con viejos discursos. Los que marcaron una verdadera novedad en este proceso fueron los pueblos indígenas y originarios, aunque con escasos resultados positivos. Esos resultados destacables constituyeron la opción del pueblo in-dígena mojeño en su participación en el Municipio de San Ignacio de Mojos, en el Departamento del Beni, cuyos resultados serán analizados más ade-lante.

Con los resultados de las elecciones de 2005 parecía que el “empate” se ha-bía dirimido a favor del Movimiento Al Socialismo MAS4, partido de Evo Morales que logra un histórico respaldo electoral. Sin embargo, a pesar de esta contundente victoria, el MAS no logró controlar las prefecturas de los departamentos, en especial, las de tierras bajas. Desde estos espacios que se encuentran en manos de la oposición partidaria (PODEMOS) y a la cabeza de la opción institucional (Comité Cívico) se re articularon las fuerzas con-servadoras en la denominada “Media Luna”.

Por otro lado, la fuerza mayoritaria tampoco logró controlar la Cámara Alta del Parlamento, lo que llevó a la necesidad de negociar con la oposición cada norma que se intentaba promulgar. La Ley Especial de Convocatoria

4 Partido que llevó a Evo Morales Ayma a Diputado en dos oportunidades y a Presidente de la República el año 2005 con el 53.7 % de votos a su favor.

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de la Asamblea Constituyente, fue fruto de una negociación en la que las fuerzas de oposición hábilmente lograron insertar en la Ley dos aspectos quedefinirían lasuertede laAsambleaConstituyente:porun lado,el sis-tema de elección de constituyentes garantizaría la presencia de las minorías y evitaría que una fuerza lograra una abrumadora representación; por otro, las decisiones de la Asamblea Constituyente deberían tomarse a través de los dos tercios de votos de los asambleístas. Con esto, las fuerzas conservadoras lograron imponer a las minorías sobre las mayorías presentes en la Asamblea Constituyente, porque sin las minorías sería imposible avanzar en la aproba-ción de artículos. Con estas negociaciones, la derecha que parecía totalmente derrotada, empezó a rearticularse bajo la bandera de las autonomías depar-tamentales. La demanda de refundación del Estado a través de la Asamblea Constituyente impulsada por los movimientos sociales se convirtió en blan-co de una estrategia orientada a detener el proceso de cambio, vía Asamblea Constituyente.

Las demandas históricas de los pueblos indígenas y campesinos quedaron momentáneamente paralizadas y los grupos de poder de tierras bajas em-pezaron a imponer la Agenda Nacional y establecer los tiempos políticos a través de la realización de un Referéndum para aprobar un Estatuto Au-tonómico del Departamento de Santa Cruz, el cual carecía de legalidad y vulneraba los derechos de los pueblos indígenas conquistados en los últimos 20 años. Las organizaciones indígenas por su parte, amparadas en la legisla-ción vigente, como los Artículos 1º y 171 de la CPE (2004), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, sancionada por el Parlamento como Ley de la República el 7 de noviembre de 2007, iniciaron también la construcción de sus autono-mías indígenas, declarándose en el ejercicio de su autodeterminación como territorios indígenas autónomos.

4.1 Asamblea Constituyente 2006

El planteamiento de la Asamblea Constituyente puso en escena a dos bloques en disputa por la hegemonía política: el primero, compuesto por los movimientos sociales y sus aliados políticos que llegaron al Palacio de Gobierno. El otro, integrado por gremios empresariales y cívicos que mantenían su fuerza en tierras bajas y en la Cámara Alta del Parlamento. Ambos bloques convocaron para el 2 de julio de 2006 la elección de asambleístas, cuyas deliberaciones empezarían a partir del 6 de agosto del mismo año y durarían hasta la misma fecha de 2007.

La Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, como fru-to de una negociación con las fuerzas conservadoras en el Parlamento, estableció una modalidad de distribución de los constituyentes electos

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que garantizó la presencia de las minorías5 y evitó que una sola fuerza política pueda obtener por sí misma los dos tercios de los votos que se requieren para la aprobación de la nueva Carta Magna6.

El 2 de julio de 2006 se realizó la votación para la elección de los miem-bros de la Asamblea Constituyente y el plebiscito para el Referéndum vinculante por autonomías departamentales. En lo referido a la Asam-blea Constituyente, se eligieron 45 Asambleístas Plurinominales o depar-tamentales (5 por cada uno de los 9 Departamentos) y 210 Asambleístas Uninominales (3 por cada una de las 70 Circunscripciones Uninonima-les).

Se eligieron 255 miembros de la Asamblea Constituyente, que a partir del 6 de agosto de 2006 tenían la misión de debatir, consensuar y aprobar un nuevo texto constitucional como resultado de un pacto social entre las diferentes fuerzas sociales, políticas, económicas y regionales de Bo-livia presentes en el escenario constituyente. Sin embargo, ello se ha ido desarrollandoconmuchasdificultadesenuncontextodepolarizaciónyde violencia, aprobándose un texto en diciembre de 2007 que necesitó cuatro meses más de negociación y de enfrentamientos para llegar a un acuerdopreviamodificacióndelproyectovíaelParlamento.

En diciembre de 2007 se aprobó el proyecto de constitución en la Asam-blea Constituyente que se había trasladado a la ciudad de Oruro porque en Sucre la oposición no permitía sesionar. A partir de este momento se establecen varios escenarios de diálogo entre prefectos, cívicos y Gobier-no,opositoresyoficialistasenelCongreso.

El desenlace llevó a la Asamblea a someterse a los poderes constituidos, lo que evidenció que nunca fue originaria, como planteaban los movi-mientos sociales. La asamblea convivió con el poder constituido, que la permeóhastaelfinal.Además,develólo“suigeneris”delprocesoboli-viano a diferencia de otros que se han vivido en América Latina.

5 Sobre la Elección de Constituyentes, el Artículo 14º de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente LECAC, establece:

I. 210 constituyentes serán elegidos en las 70 Circunscripciones aprobadas por la Corte Nacional Electoral para la última Elección Nacional. Tres en cada una de las Circunscripciones, dos por primera mayoría y uno por segunda mayoría.

II. 45 constituyentes serán elegidos, cinco por cada circunscripción plurinominal departamental de la siguiente forma: Dos constituyentes para la mayoría, Un constituyente para la segunda fuerza, Un constituyente para la tercera fuerza

y Un constituyente para la cuarta fuerza. En caso de que la tercera y / o cuarta fuerza no obtengan un porcentaje igual o mayor al 5% de los votos válidos, los constituyentes restantes se repartirán entre las dos primeras fuerzas de acuerdo al residuo mayor que éstas obtengan.

6 El Art. 25º de la LECAC, establece: “La Asamblea Constituyente aprobará el texto de la nueva constitución con dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea, en concordancia con lo establecido por el Título II de la Parte IV de la actual Constitución Política del Estado”.

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Desfile de los representantes del Gran Cabildo Indigenal de San Ignacio de Mojos 2008.

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CAPÍTULO IIDialéctica de los Pueblos indígenas del Beni

1. LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL BENI

De 34 pueblos indígenas que habitan las tierras bajas de Bolivia, 16 están asentados en el territorio del Departamento del Beni. Se calcula una pobla-ción de origen indígena entre 50.000 a 100.000 personas, dependiendo de su ubicación; sin embargo, se puede decir que representan aproximadamente un 40% de la población total del Departamento. A continuación presentamos un cuadro que muestra a los 16 pueblos de acuerdo a su población, ubicación por Municipio y la organización regional a la que pertenece.

Pueblos indígenas de Beni Población7,Ubicación por Municipios y Organización de Pertenencia

7 La cantidad de población total que se presenta no corresponde a la población indígena que se encuentra en el Departamento debido a que muchos pueblos exceden los límites del Departamento, tal el caso del pueblo tacana, yuracaré, esse ejja y cavi-neño.

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Como puede apreciarse, la población indígena mayoritaria en el Departa-mento corresponde al pueblo mojeño, con más de 43 mil habitantes; mien-tras que el pueblo indígena con menor número de integrantes, corresponde al pueblo Moré, con sólo 394 habitantes. Por otro lado, el cuadro muestra que todos los municipios, con excepción de Guayaramerín, cuentan con po-blación indígena. Finalmente, de Beni son tres las Regionales que aglutinan a las diferentes organizaciones indígenas del Departamento: La Central de Pueblos Etnicos Mojeños del Beni (CPEMB), Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y la Central Indígena Regional de la Amazonia Boliviana (CIRABO), las que a su vez, forman parte de la Confederación de Pueblos IndígenasdeBolivia(CIDOB),sóloelConsejoChimánnoseencuentraafi-liado a ninguna regional y participa de forma directa en la CIDOB.

1.1 Indígenas en los municipios

Los Municipios en el Beni son actualmente 19 y tienen una trayectoria his-tóricadiferente,segúnMolina(2002)podemosclasificarlosentresgru-pos:a)Municipiosconinfluenciadeorigenmisional,b)Municipiosconinfluenciadelaugedeproduccióndelagomayc)Municipioscreadosporel Estado. Al primero corresponden los 8 Municipios que tienen pobla-ción y pueblo de las misiones jesuíticas: Trinidad, San Javier, Loreto, San Ignacio, San Ramón, San Joaquín, Magdalena, Santa Ana, Baures, Reyes y San Borja. A la etapa gomera corresponde Riberalta y Guayaramerin; y al tercer grupo, San Andrés, Puerto Siles, Huacaraje, Rurrenabaque y Santa Rosa. Son diferentes en extensión territorial, tamaño poblacional y diversas perspectivas de autosostenibilidad. Solamente dos Municipios, Exaltación y Huacaraje surgen después de la Ley de Participación Popu-lar, cuando se crean nuevas secciones en las Provincias Yacuma e Iténez. La tradición andina de fragmentar los territorios en secciones y cantones no es una práctica en el Departamento de Beni, aunque surgen demandas de creación de nuevas secciones -caso San Pablo, TIPNIS y Yucumo- las cuales no son factibles actualmente por diversos factores.

El Municipio más grande en población es Trinidad y el más pequeño Puerto Siles. La capital Municipal que concentra la mayor población es también Trinidad, con 80.000 habitantes que corresponden al 30 % de la población total del Departamento. A la inversa, la capital que tiene la menor cantidad de habitantes es Puerto Siles, con solamente 116 habitan-tes (Molina, 2003). El idioma no puede ser la variable para reconocer la presencia de pueblos indígenas o la vigencia de una identidad indígena “pura”. Más aún, tomando en cuenta el impacto de la escuela y la iglesia

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en la desaparición de los idiomas nativos, apoyados en prejuicios. Prueba de ello es la siguiente correlación: a mayor tiempo de presencia de la escuela y de la iglesia católica entre pueblos indígenas, menor uso del idioma propio y, al mismo tiempo, mayor población alfabetizada.

No obstante la división territorial de los Municipios que toma en cuenta la Sección de Provincia, las comunidades que ahora están asignadas a otros Municipios siguen remitiéndose al centro urbano donde siempre lo hacían (Molina, 2001). A través de la municipalización se observa que se están integrando nuevos factores de articulación política8 que, sin em-bargo, están reforzando las relaciones y lógicas de acción de los actores locales con respecto a estos espacios y territorios locales y no a los mu-nicipales. Desde nuestro punto de vista, uno de los criterios básicos en elanálisisdelacalidaddeMunicipioviableenelBeniesverificarsiéstecontiene o no una sociedad local. Dicho de otra manera, los municipios que no se constituyen sobre la base de una sociedad local no tienen pers-pectivas de avanzar hacia un desarrollo de la autonomía, en el sentido de capacidad de existir por cuenta propia. Estos municipios, por otro lado, tienen como salidas la adhesión a la forma de mancomunidad o la fusión a otro con la consecuente desaparición. San Javier, Loreto, San Andrés y Puerto Siles, corresponden al tipo de Municipio que debe tomar alguna de las opciones señaladas. Excluyendo a Puerto Siles, que se integra a la dinámica territorial de San Joaquín, los otros municipios se articulan a la dinámica socio-territorial del Municipio de Trinidad; su capital, a tal extremo que sus principales actores políticos, los gobiernos municipales y los comités de vigilancia, tienen sedes en la capital y sus principales representantes viven en ella.

8 Ver la investigación de Molina, Wilder, Sociedad Local y Municipios en el Beni, PIEB, 2001.

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Mapa 1

1.2 Población y territorios indígenas

En Beni existen 19 Tierras Comunitarias de Origen TCO. Todos sus municipios tienen uno o incluso más de dos (ver mapa 1). Sin considerar las nuevas demandas, las TCO ocupan el 31.32 por ciento del territorio departamental. En tanto propiedad de tipo colectivo tienen como titular legalalaorganizaciónrepresentativadelárea,queasuvezseafiliaaunade las tres organizaciones regionales de los pueblos indígenas de Beni: la CPIB, la CIRABO y la CPEM-B. Hasta ahora, solamente 4 TCO tienen algúnplandedesarrollo,perosuarticulaciónalaplanificaciónmunici-pal es muy débil, Esto se debe a que no tienen experiencia técnica en la gestión municipal que les permita negociar una mejor distribución de proyectos con los gobiernos municipales. Otro obstáculo es la centra-lización urbana en las inversiones. Así se evidencia que detrás del enfo-que municipalista está presente la idea de “vecindad” entendida como el habitante y estante del centro urbano, en desmedro de la ruralidad y sus sujetos para que puedan constituir un Municipio.

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Internamente, las TCO tienen un sistema político que articula espacios de decisión a partir de las representaciones de las comunidades que con-figuranel territorio indígena.Se reúnenperiódicamente en losdeno-minados “Encuentros de Corregidores” y tienen un nivel ejecutivo de la organización territorial, en la mayoría de los casos denominada “Sub Central”. Opera entre ellos, un sistema político sin injerencia del Estado, es decir, la propia sociedad civil crea su institucionalidad política. Cabe preguntarse ¿Qué pasaría si estos espacios territoriales son incorporados en la estructura estatal como entidades autónomas?, ¿Qué ocurriría de aprobarse e implementarse la Nueva Constitución Política del Estado?, lo que indica que se producirá un proceso de “estatización” del sistema po-lítico, emergiendo una división entre sociedad civil y política. Tal situa-ción, no ha sido abordada por los indígenas en cuanto a sus implicancias, beneficiosyproblemas,alahoradeplantearlasautonomíasindígenasenel marco de la Asamblea Constituyente.

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De acuerdo a la Ley de Participación Popular y la Ley de Municipali-dades, determinadas áreas indígenas pueden convertirse en Distritos Municipales Indígenas9 , lo que a su vez, genera un tipo de representa-ción administrativa ante el Gobierno Municipal. La distritación es un mecanismo de descentralización al interior de los municipios, donde los Distritos Indígenas se convierten en Unidades Administrativas Mu-nicipales con un Subalcalde, y gradualmente deben gestionar proyectos y recursos. Sin embargo, al concebir la distritación dentro del marco del ámbito municipal, ésta no podrá desarrollarse fuera de estos límites, lo que no corresponde a la realidad de las demandas de TCOs que en el mayor de los casos sobrepasan los límites municipales, provinciales e in-cluso departamentales.

En Beni actualmente existen siete Distritos, lo que no asegura el fun-cionamiento y cumplimiento de acuerdos del Gobierno Municipal a losfinesquedefinenaquellasleyes.SonDistritosquetambiénfueroncreados con el incentivo institucional del proyecto de gobierno, pero su funcionamiento, una vez creados, queda a cargo de los actores locales. La base territorial de los Distritos Municipales Indígenas son las TCOs encadacasoespecífico,suslímitesvaríandeacuerdoalaextensiónypertenencia municipal, ya que existen TCO que corresponden a dos o más municipios. El principal instrumento de relación con los Gobiernos Municipales son los Planes de Desarrollo Distrital Indígena (PDDI) y ac-tualmente emerge el Plan de Gestión Territorial Indígena (PGTI), como otraherramientadeplanificación.

No obstante, la formación de Distritos y los PDDI, los gobiernos mu-nicipales no priorizan la inversión en las áreas indígenas. La población indígenarurales laquepresenta los indicadoressocialesmásdeficien-tes en comparación con otros grupos poblacionales de los municipios. Tampoco ha mejorado la representación de las demandas indígenas ya que los Subalcaldes, si bien son nombrados por las comunidades, tienen funciones limitadas.

El Municipio de San Ignacio de Mojos, actualmente, cuenta con tres Dis-tritos dentro los límites de TCO, La conformación de estas unidades de-nominadas “Distritos Indígenas” son el fruto de una estrategia diseñada por la Coordinadora de los Pueblos Indígenas Mojeños (COPIM), que

9 NilaLey1551deParticipaciónPopular,nilaLey2028deMunicipalidades,contemplanlafiguradeDistritosIndígenas,laLey de municipalidades contempla la creación de estas unidades sólo como Distritos Municipales.

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en el marco de la defensa de los límites departamentales con Cocha-bamba, planteó la declaración de todo el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) como Distrito Indígena, en el mismo sentido, ante los límites poco claros entre los municipios de Santa Ana de Yacuma y San Ignacio de Mojos -que mantenían una larga disputa entre las comunidades del río Apere pertenecientes a la TCO TIM 1- se logró convencer al Concejo Municipal de San Ignacio de Mojos sobre la necesaria y estratégica declaración de las TCO mojeñas en Distritos Indígenas, declarándose el TIM 1, el TIPNIS y también el TIMI -que no se encontraba en ningún límite pero era parte de la negociación conjun-ta de la organización indígena- en los primeros Distritos Indígenas del Departamento.

2. NUEVAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS

La organización indígena de los pueblos mojeños ha experimentado dos transformaciones orgánicas muy visibles. La forma organizativa del período pre colonial, basada sobre la composición de liderazgos y estructuras or-gánicas de tipo nuclear, fue transformada de manera forzosa en el período misional, introduciendo el Cabildo español como la nueva estructura. En muchos casos, aún se respetan las antiguas autoridades y se incorporan a la nueva estructura organizativa. (Ávila, 2006: 24, 25)

Los Cabildos Indigenales se mantienen hasta la actualidad. Generalmente sus funciones y actividades se circunscriben a la celebración de las festivi-dades religiosas. Sin embargo, la emergencia de los pueblos indígenas en ámbitos sociopolíticos -las demandas de tierra y territorio, educación, salud, desarrollo económico, entre otros lleva a los pueblos indígenas a incorporar

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estructuras que les permitan darle funcionalidad a sus nuevos planteamien-tos. De esa manera, nacen las Subcentrales Indígenas como una nueva forma de organización indígena que coexiste y busca fusionarse con los Cabildos Indigenales, constituyéndose en la segunda transformación orgánica.

2.1 Cultura política y nuevas formas de organización indígena

En el caso de los mojeños de San Ignacio, la nueva estructura organiza-tiva (la Subcentral, conformada en 1986) juega un rol fundamental en la realización de la Marcha por el “Territorio y la Dignidad” de 1990, con la que este movimiento, en su primera etapa de emergencia, tuvo dos alcances visibles. Por una parte, transformó las formas de organización política y liderazgo al interior de las sociedades indígenas. Por otra, in-cidió en el ámbito de la cultura política, dando a su acción colectiva una función de circulación de valores y sentidos alternativos sobre temas y objetos políticos (Molina, 2002). Este movimiento, emergió como una lucha simbólica para desplazar o cuestionar otros valores dominantes, a partir de los cuales se organizan las posiciones e intereses de los miem-bros de la sociedad respecto a ellos. Fue un instrumento social de lucha para imponerdefinicionesdevaloresycreencias.Nobuscónecesaria-mente de búsqueda de resultados tangibles. En este proceso, al menos durante la marcha indígena, los medios de comunicación se convierten encanalesimportantesderecepción,resignificaciónydifusióndeestosdiscursos hacia la sociedad.

A decir de Barbero (2001, Cit. en Molina, 2002), lo que demandan los nuevos movimientos sociales y las minorías -como las mujeres, los jóve-nes o los homosexuales-, no es tanto ser representados, sino, reconoci-dos: hacerse visibles socialmente en sus diferencias. O sea, se remiten a la cultura política, pues esa categoría apunta a las formas de intervención de los lenguajes y las culturas en la constitución de los actores y del propio sistema político. Aquí nos parece oportuno rescatar la noción de politi-zación (Tapia, 1996), que involucra contenidos que buscan adquirir un sentidopolíticoque,ademáslatomamoscomounproductoespecíficode la emergencia de un movimiento social y su lucha política, al menos en la dimensión que corresponde a un reajuste en los universos políticos en juego durante el proceso. La politización es un proceso de generación de sentido, es potenciar una dimensión política a prácticas y ámbitos que no tenían. O, simplemente es generación de nuevas prácticas. Politización comoextensiónycomointensificación,esunprocesodesemantizacióny resemantización, es cargar de sentido político a las cosas.

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Z. Lehm (1999) analiza la relación del movimiento de la Loma Santa con formas de luchas sociales recientes, de “nuevo tipo”, que llevan adelante los indígenas de Beni, como es el caso de la “Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad”. La autora concluye que, lejos de ser excluyentes o estar insertos en un proceso de evolución líneal, de lo tradicional a lo moderno, ambos movimientos, manteniendo sus diferencias, se comple-mentan en las luchas contemporáneas que impulsan los mojeños junto a otros pueblos indígenas.

Entre las diferencias más sobresalientes entre el movimiento de la Loma Santa y la marcha indígena, señala: La marcha tiene una composición heterogénea que involucra a otros pueblos indígenas, no solamente mo-jeños. Esto implica la articulación con otros sistemas culturales, aunque, entre sus miembros, existe una predominancia de actores mojeños. Mien-tras el movimiento milenarista busca clandestinizarse y se desarrolla en silencio con la lógica de la retirada, las acciones y discursos de la marcha se hacen públicos a través de los medios de comunicación, buscan al Estado y la participación política, que además, le favorece en un logro adicional de legitimidad. La búsqueda de la Loma Santa, propone una autonomía absoluta y una diferenciación radical frente a la “sociedad na-cional”, Al contrario, la marcha busca el reconocimiento de derechos ciudadanos y, al mismo tiempo, reconoce al Estado como interlocutor de sus demandas indígenas (Lehm, 1999).

Los trabajos de Lehm son un aporte más importante para comprender las formas tradicionales de resistencia con relación al movimiento indígena contemporáneo y sus contenidos. Este investigador ponen énfasis en las acciones colectivas de los grupos mojeños y, particularmente, en el esce-nario vinculado al eje Trinidad-San Ignacio-Isiboro Sécure.

La emergencia y trayectoria del movimiento indígena de las tierras bajas en las acciones de los pueblos indígenas de Beni, son estudiadas por Mo-lina (1997) desde la perspectiva de los nuevos movimientos sociales. Este movimiento emerge por la presencia de una serie de factores externos e internos que facilitan su aparición, evolución y desarrollo. Por una parte, coadyuvan a este proceso las condiciones favorables coyunturales (Me-lucci, 1987, Cit. Molina, 2003) que inciden en el funcionamiento de un sistemapolíticopredispuestoala“filtración”(Melucci,1987)denuevasdemandas. En este sentido, nombramos principalmente al funcionamien-to de la democracia, las reformas políticas y el auge etno-ecológico a nivel internacional. Destaca como una condición favorable el funcionamiento

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de una red de ONG cuyo principal miembro y actor, al mismo tiem-po, operaba desde Trinidad. No obstante estas condiciones externas, la emergencia no hubiese sido posible, en ese momento, sin la presencia de conflictosenlosespaciosdeocupaciónindígenaaraízdelapresenciadeempresas de explotación maderera. Sin embargo, este movimiento tam-poco se hubiese desarrollado sin la existencia de condiciones inherentes y pre-existentes a sí mismo, principalmente la formación de organizacio-nes propias, el funcionamiento de una red de pertenencias y solidaridad, la existencia de un grupo coordinado de líderes propios movilizados y preparados para actuar en diferentes campos de acción (Molina, 2002).

El movimiento indígena, pese a contener diversos actores en su interior y reivindicar la heterogeneidad étnica como un valor, constituye una iden-tidadcolectivamanifiestacuyaestrategiayejedeaccióngiraalrededorde la demanda de reconocimiento legal de territorios (Molina, 1997). En este proceso, la Marcha por el “Territorio y la Dignidad” es la acción colectiva más importante porque determina que la demanda de reconoci-miento de territorio se convierta en el eje articulador del movimiento. En efecto, para el autor, aunque la movilización emerge con reivindicaciones específicas surgidas en espacios indígenas deBeni, en lamarcha aLaPazotrospueblosindígenasinsertansusdemandasespecíficas.Alfinal,el reconocimiento de territorio se convierte en la demanda principal del movimiento, en torno al cual se producirá la integración simbólica de sus miembros (Revilla, 1994, Cit. Molina, 2003).

La relación con las misiones o, en todo caso, con lo religioso-cristiano de los pueblos indígenas de Beni es un elemento que da cuenta de la situación actual de los pueblos indígenas respecto a su relación con lo urbano, a su presencia o no presencia en los pueblos, a las características ycomponentesde las identidadesétnicasactuales,a la influenciade laideología del Estado en las culturas indígenas. Vamos a destacar algunos casosespecíficosreferidosalosidiomasylapresenciadelaescuelacomomecanismo de socialización de la ideología estatal.

Los pueblos indígenas de Beni forman comunidades a orillas de ríos e islas de bosques, pero además, parte de sus miembros residen en las ciu-dades, son habitantes urbanos y en algunos pueblos constituyen la pobla-ción mayoritaria. Los que tienen presencia en los pueblos y ciudades son justamente miembros de pueblos indígenas que formaron parte de las misiones religiosas.

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La relación con las misiones entre los pueblos indígenas es un elemento central para analizar las formas de acción y los discursos actuales de los diversos actores de los movimientos indígenas, es esta relación la que nos tiene que dar la pauta para comprender elementos y contenidos de los dis-cursos políticos expresados durante la marcha y en las acciones colectivas posteriores de las organizaciones indígenas de las tierras bajas. Explican las diferencias entre líderes de uno y otro pueblo, la tendencia a la preemi-nencia de un discurso con valores católicos expresado por los mojeños, como el discurso más visible con aspiraciones de convertirse en el lenguaje oficialdelmovimiento,peroquealmismotiempomuestraunanecesidadde posicionamiento político de vanguardia de este grupo frente a los otros. Alrespectoyasehaescritosobrelosdespreciosescalonados,laestratifica-ción interna y la reproducción de un criterio de diferenciación que opera en “efecto dominó”, desde lo más dominante hasta lo más dominado, en términos de miradas del otro. Un tema que el idealismo de los teóricos y aliados de los movimientos indígenas ha querido mostrar como resuelto.

Para abordar el surgimiento de las nuevas organizaciones indígenas en el Beni, necesariamente focalizaremos los procesos de los pueblos mojeños que se vinculados a la ciudad de Trinidad. En este sentido, la conforma-ción de las nuevas estructuras orgánicas de los pueblos indígenas mojeños es asistida por un conjunto de factores en distintos ám