CULTURA y POLTICA / Publicacin del Instituto PRISMA y PLURAL editores / N 124 / 2da. quincena de mayo 2013 / Bs 5

Contrapuntos

Juan Carlos Salazar: De la Doctrina Monroe a la enmienda Penn, 4

Ariel Prez Castelln: Derechos de la Madre Tierra: Quin tiene capacidad para defenderlos?, 5

Arturo D. Villanueva Imaa: Insurgencia y potencia plebeya, 6-7

Jorge Luna Ortuo: Evo Morales no lector, 7Jorge G. Len Trujillo: Bolivia, el mar y Ecuador, 8 Comentario de Juan Pablo Lira, embajador de Chile

en el Ecuador. Respuesta de Jorge Len Trujillo al embajador de Chile, 9

Debate / Vecindario / Ideas

Aitor Iraegui: La tentacin de quedarse: Eleccin o reeleccin?, 10-11

Boaventura de Sousa Santos: Hay alternativa, 11H.C.F. Mansilla: Apuntes sobre el populismo en otras

latitudes latinoamericanas, 12Manuel De La Fuente: Bolivia y sus vecinos andinos, 13Eduardo Gudynas: Brasil, el extractivista ms grande

del continente, 14Jos Orlando Peralta B.: Pensar ms all de los

supuestos: Del anlisis poltico al oportunismo meditico, 15

Historia / Memoria / Libros

Eduardo Machicado Saravia: Humberto Vzquez Viaa, buscador de verdades, 16

Norma Klahn y Guillermo Delgado-P.: Jess Urzagasti, por l mismo. II: La obra, 17

Adolfo Cceres Romero: Los deshabitados, novela fundacional, 18-19

Artista invitado: Ral Lara.

El supervit incentiva la presin redistributiva

La revuelta del corporativismo rentistaConvertida en poltica de Estado, la redistribucin prebendal de los recursos fiscales incentiva la confrontacin entre las corporaciones sindicales, gremiales e institucionales que conforman el nuevo bloque social en el poder. Todos aspiran a una tajada mayor de la renta de los recursos naturales. En el Estado corporativo instaurado por el mas, la pugna no reconoce lmites legales o institucionales: los conflictos se resuelven a favor del que detenta mayor poder de movilizacin en las calles. Las instituciones pblicas y las empresas estatales son gestionadas como bienes privados por la confederacin corporativa y su instrumento poltico. Asoma una crisis del Estado corporativo, ms compleja que la del Estado precedente que dio origen al proceso de cambio.

Reeleccin transitoriaLa aprobacin de la Ley de Aplicacin Normativa que modific la Constitucin por simple mayora de votos en una sesin bochornosa que mostr el grado de degradacin del debate y la funcin parlamenta-ria, autoriza la segunda reeleccin de Evo Morales en 2014. Uno de los argumentos esgrimidos por la bancada oficialista es que las disposiciones transito-rias como la que prohbe la reeleccin de Morales por un tercer periodo son eso: transitorias, es decir, no valen despus de haber sido aprobadas.

Otro argumento recurri a la profeca auto-cumplida: si la re-reeleccin de Evo Morales no fuese viable constitucionalmente por qu un grupo de opositores pidi conformar un frente nico para enfrentarlo? Algunos apelaron a la larga duracin histrica: si los indgenas estuvieron excluidos del poder por ms de 500 aos y Evo es indgena, por qu no puede gobernar transitoriamente cinco aitos ms? Etctera.

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2da. quincena de mayo 2013 / 3editorial

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Disputas dentro del Estado corporativo

En Guatemala el general Jos Efran Ros Montt acaba de ser juzgado y condenado a 80 aos de prisin por

la matanza de indgenas durante la dic-tadura que presidi entre 1982 y 1983. Y en la Argentina el general Jorge Rafael Videla fue sentenciado recientemente a cadena perpetua por delitos de lesa hu-manidad cometidos entre 1976 y 1979.Videla estaba siendo adems juzgado por su participacin en el Plan Cndor, que involucr a varios pases de Amrica del Sur. Acaba de morir en una celda comn del penal de Marcos Paz. Distinto fue el caso de Augusto Pinochet, otro de los responsables de numerosos crmenes de lesa humanidad, violacin sistemtica de derechos humanos y participacin ac-tiva en el Plan Cndor. Despus de su detencin en Londres en 1999 por una

demanda interpuesta por el juez espaol Baltasar Garzn, el gobierno de Eduar-do Frei logr su extradicin a Chile, donde muri en 2006, sobresedo en varios casos de violaciones de derechos humanos, y sin sentencia en los juicios por enriquecimiento.

El general Hugo Bnzer, por su parte, logr soslayar el enjuiciamiento por los crmenes y violaciones cometidos durante su ejercicio dictatorial del poder entre 1971 a 1978, mediante la creacin de un partido poltico y el establecimien-to de alianzas con el MNR, primero, y el MIR, despus, que le permitieron regre-sar a la presidencia por la va constitucio-nal. El general Garca Meza, en cambio, fue sentenciado a 30 aos de prisin sin indulto, en un juicio que sent un prece-dente en toda la regin.

Dictadores con condena y otros con perdonazoEste breve recuento de las dife-

rentes maneras en que se ha tratado en Amrica Latina a los dictadores milita-res que cometieron genocidio, viola-ron gravemente los derechos humanos y cancelaron la vigencia del Estado de Derecho en el anterior ciclo militar-autoritario, no proporciona una posi-cin ejemplar de nuestro pas, donde se ha impedido el establecimiento de una comisin de la verdad, no se ha resarci-do a las vctimas de las dictaduras entre 1971 y 1982, tampoco se ha entregado el cuerpo de Marcelo Quiroga Santa Cruz y menos se permite que investigadores imparciales accedan a los archivos mili-tares. En cambio, el presidente Morales por s y ante s ha devuelto a los militares todos sus privilegios y los ha premiado con cargos pblicos de relevancia.

Liderizada por los mineros de Huanuni, la huelga general in-definida convocada por la cob logr la adhesin de otros asalariados que esperan una mejor jubilacin que la que les

ofrece el sistema de pensiones recientemente reformado. El con-flicto sac a luz los privilegios otorgados a los funcionarios de las FFAA, que perciben una jubilacin equivalente al 100% del ltimo salario, o a los mineros de Huanuni, muchos de los cuales reciben ingresos su-periores al sueldo del Presidente.

A las movilizaciones se sumaron los trabajadores de salud, que tras un largo y ruidoso conflicto en 2012 hicieron retro-ceder al gobierno en su decisin de in-crementar de seis a ocho horas la jornada laboral en ese sector; los empleados univer-sitarios, que fueron afectados en sus ingre-sos por la decisin de que nadie debe ganar ms que el presidente Morales; los policas, que exigen una jubilacin similar a la que se les otorg a los militares en gobiernos pasa-dos; y los maestros que, no contentos con la prerrogativa constitucional que les otorga inamovilidad en su carrera docente, exigen tambin una mejor jubilacin.

Como sucedi ya en otras moviliza-ciones sociales, el gobierno del mas de-nunci que detrs de estas demandas hay una vasta conspiracin destinada a impedir la continuidad del proceso de cambio, que consiste bsicamente en la reeleccin inconstitucional de Evo Morales y Garca Linera. El Presidente acus a la cob de haberse convertido en un partido de oposicin: si no son de este proceso, si no quieren aparecer como oficialis-tas, entonces son gonistas, banzeristas, son neoliberales sostuvo Morales, y llam a sus bases sindicales a movilizarse contra los golpistas.

Pero lo que parece estar ocurriendo es ms bien un nuevo episodio de la consabida querella del excedente, protagonizado esta vez por las corporaciones que conforman el nuevo bloque social en el poder, a cuya imagen y semejanza se viene organizando el llamado Estado plurinacional comunitario, constatacin que requiere algunas precisiones conceptuales.

En ausencia de las naciones indgenas que conformaran el Estado pluri-nacional ningn pueblo indgena est organiza-do como nacin poltica o cultural el Estado realmente exis-tente a partir de 2006 es de naturaleza corporativa. Los sindi-

catos cocaleros, los cooperativistas mineros o los colonizadores campesinos conforman corporaciones de pequeos y grandes propietarios cuyo instrumento es el MAS, que opera no como un partido poltico sino como una confederacin de gremios privados denominados impropiamente movimientos sociales. Frente a ese bloque poltico, las dems corporaciones sindicales,

patronales e institucionales como los trabajadores mineros, las juntas vecinales, los agroindustriales cruceos o las FFAA y la Polica presionan para lograr una mayor participacin en la redistribucin preben-dal de los ingresos fiscales particularmen-te de la renta petrolera y minera converti-da en poltica de Estado por el mas. Lo que el proceso de cambio ha conformado es un Estado corporativo en el que compiten grupos de inters privados que van desde lo informal o ilegal, hasta lo formal o ins-titucional. En un Estado corporativo, todas las organizaciones sociales e instituciones pblicas se comportan bajo la misma lgica del inters privado, en desmedro de la insti-tucionalidad republicana y del bien comn. Esa conducta impregna incluso a las enti-dades territoriales que tambin compiten por la captura de rentas. La distribucin de las regalas que beneficia a los departamen-

tos productores de hidrocarburos es un claro ejemplo de la cor-porativizacin que impregna hoy a todo el cuerpo social y estatal. Incluso los mineros de Huanuni perciben unos ingresos que co-rresponden ms a un reparto de dividendos entre los dueos de una empresa que a un salario otorgado a la clase trabajadora.

Este modelo de gestin es sustentable en la medida en que existan excedentes fiscales suficientes para distribuir entre las corporaciones y mientras las pugnas entre ellas no desborden los mrgenes del orden que por inercia se sigue llamando pblico, cuando se vive en realidad la privatizacin ampliada de la sociedad y del Estado. Este populismo corporativo no tiene nada de socia-lista o de comunitario y, por el contrario, entrega el patrimonio del Estado al apetito insaciable de las corporaciones con mayor capa-cidad de movilizacin o presin. Los ciudadanos sin adscripcin corporativa, es decir la mayora silenciosa de este pas, queda iner-me frente a las violentas disputas de los que detentan hoy el poder y las riquezas. Una nueva crisis de Estado, esta vez del corporativo, asoma tras la creciente conflictividad social.

2da. quincena de mayo 20134 / contrapuntos

De la Doctrina Monroe a la enmienda PennJuan Carlos Salazar*

Como lo hizo durante el gasolinazo y la marcha del tipnis de 2011, el gobierno acus a usaid de mover todos sus hilos e influencias para desbarrancar el proceso de cambio. Tambin apel al expediente de la intervencin estadounidense para neutralizar las consecuencias

polticas del escndalo de la red de extorsionadores.

Goldberg y de la agencia de lucha contra el narcotrfico (dea). Por tanto y hasta nuevo aviso, parece que la relacin con el poderoso pas del norte seguir en un segundo nivel y sin intercambio de em-bajadores, concluy el diario El Deber.

Como lo hizo durante el gasolina-zo de diciembre de 2010 y la marcha in-dgena del tipnis de 2011, el mandatario acus a usaid de mover todos sus hilos e influencias para desbarrancar el pro-ceso de cambio. Tambin haba apelado al expediente de la intervencin esta-dounidense para neutralizar las conse-cuencias polticas del escndalo de la red de extorsionadores. El 1 de Mayo afirm que la agencia norteamericana otorgaba limosnas a lderes de organizaciones sociales campesinas e indgenas para ha-cerlos funcionales a sus intereses.

Alejandro Almaraz, un librepen-sante que ocup un importante cargo en los primeros aos de la administracin de Evo Morales, dijo que abundan los ante-cedentes de la intervencin estadouni-dense en los asuntos internos de Bolivia, pero que ello no exime al Gobierno de la elemental responsabilidad de demos-trar la injerencia concreta de la que acusa a usaid, por cierto, con alguna seriedad mayor que la de la lista de Quintana, casi tan cinematogrfica como la de Schind-ler, pero bastante menos virtuosa.

Se refera, obviamente, a la lista de analistas e intelectuales crticos del Gobierno, a quienes el ministro Juan Ramn Quintana, ariete de la ofensiva masista antiestadounidense, acusa de es-tar al servicio del imperio por haber trabajado para programas de usaid.

Al igual que en la fbula del pastor y el lobo, la opinin pblica ha comen-zado a tomarse a broma las advertencias gubernamentales sobre la supuesta inter-

vencin estadounidense. Al nico grin-go que hemos visto en todo este relajo es a Sean Penn, ironiz un twittero, en alusin al protagonismo del famoso actor estadounidense en el caso Ostreicher y el destape de la red de extorsionadores.

Como documenta la monumental Cronologa de las intervenciones extranjeras en Amrica Latina, del periodista argen-tino Gregorio Selser, Estados Unidos ha intervenido en su patio trasero desde 1904, cuando el presidente Theodore Roosevelt introdujo la enmienda o co-rolario Roosevelt en la famosa Doc-trina Monroe (sintetizada en la frase Amrica para los americanos), que supuso una carta blanca para la inter-vencin en los pases latinoamericanos y caribeos que supuestamente amena-zaban o ponan en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses.

No est distante el da en que tres estrellas y tres franjas en tres puntos equidistantes delimiten nuestro terri-torio: una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panam y la tercera en el Polo Sur. El hemisferio completo de hecho ser nuestro en virtud de nuestra supe-rioridad racial, como es ya nuestro mo-ralmente, haba proclamado el presi-dente republicano William Howard Taft en 1912, ao en que los marines entra-ron a Nicaragua para quedarse 21 aos.

Posteriormente, las tropas esta-dounidenses invadieron Mxico, Re-pblica Dominicana, Cuba, Granada, Panam, intervenciones que legaron, entre otras cosas, el trmino gringo como resultado de la conjuncin de las palabras inglesas green-go. El dicta-dor mexicano Porfirio Daz (1884-1910) se haba lamentado alguna vez: Pobre Mxico, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos.

Los marines pisaron por ltima vez tierra latinoamericana en diciembre de 1989, cuando invadieron Panam para derrocar al dictador Manuel Antonio Noriega, pero lo cierto es que Estados Unidos no slo ha organizado expedi-ciones militares, sino tambin interven-ciones polticas, como la orquestada por la cia en 1973 para derrocar al presi-dente socialista chileno Salvador Allen-de al calor de la Guerra Fra.

A pesar de los nuevos aires demo-crticos de fines del siglo xx y principios del siglo xxi y con Washington mirando a todas partes menos a Amrica Latina a causa de los viejos y nuevos conflic-tos internacionales, los gobiernos de izquierda de la regin han apelado con

frecuencia al fantasma de la interven-cin para encubrir errores o desviar la atencin de problemas irresueltos.

As lo hizo el presidente Morales a propsito de la red de extorsionadores. El imperio convierte el caso extorsin en una agresin netamente poltica, afirm en plena cresta del escndalo. El propio mandatario puso nombre al supuesto agente al servicio de Estados Unidos, el ex asesor Boris Villegas, y acus al abogado defensor de Jacob Os-treicher, Jimmy Montao, de ser asesor de la Embajada.

La frmula a la que el Primer Mandatario ha vuelto a recurrir es muy sencilla y ha sido ya tantas veces utilizada que es de lo ms conocida. Consiste en atribuir todos los males que aquejan al rgimen gobernante a una conspiracin contra el proceso de cambio, urdida por la embajada de Estados Unidos y ejecuta-da por sus servicios de inteligencia; la cia nunca deja de ser protagonista principal con el apoyo de unos cuantos infiltrados y otros tantos resentidos, opin al res-pecto el diario Los Tiempos.

Analistas independientes ven detrs de la expulsin de usaid razones polti-cas internas, concretamente electorales. Si pudisemos hacer una encuesta, po-dramos verificar que tal vez seis o siete de cada 10 bolivianos estn de acuerdo con la expulsin de usaid. Por tanto, pudo haber primado un clculo electo-ral, escribi a su vez el politlogo Car-los Cordero Carafa. Las banderas an-tiimperialistas todava generan votos, admiti un dirigente opositor.

Lo cierto es que en siete aos de gobierno masista el nico diplomtico estadounidense que se ha movido en Bo-livia como pez en el agua, al punto de haber sacado a luz un escndalo mays-culo de corrupcin, es Sean Penn, de-signado por el presidente Morales em-bajador especial para la reivindicacin martima, la defensa del acullico y la ex-tradicin de Snchez de Lozada, aunque se desconoce el tipo de gestiones que ha realizado desde su nombramiento.

Sean Penn entr a Palmasola para rescatar a su compatriota Jacob Ostrei-cher con la misma facilidad con la que su amigo Hugo Chvez le abri las puertas del Palacio Quemado. El actor cumpli su misin al mejor y ms limpio estilo intervencionista, pero, como se ha visto, si la intervencin viene de un hermano bolivariano, no es tal. Es la enmienda Penn a la Doctrina Monroe.

* Periodista.

James D. Nealson, el experimentado diplomtico propuesto por el presi-dente Barack Obama como embaja-dor de Washington en La Paz, fue

virtualmente expulsado antes de recibir el plcet de estilo. El presidente Evo Morales declar a la televisin rusa en febrero pasado, que a su gobierno no le interesa que Estados Unidos reponga a su representante, porque los embajadores gringos slo planifican cmo acabar con Gobiernos antiimperialistas, hasta con golpes de estado. Bolivia no aceptar a embajadores que tengan, por ejemplo, denuncias de intromisin en Amrica Latina, haba dicho un mes antes la mi-nistra de Comunicacin, Amanda Dvila.

Con el mismo argumento, el de la supuesta conspiracin contra el proce-so de cambio, el mandatario boliviano orden el 1 de Mayo la expulsin de usaid. Estados Unidos sigue cons-pirando. Por eso, aprovechando esta concentracin, hemos decidido expulsar a usaid de Bolivia. Se va. Nunca ms usaid, que va manipulando y utilizando a nuestros hermanos dirigentes, dijo al formular el anuncio. Morales admiti que su decisin era una represalia por las declaraciones del secretario de Esta-do, John Kerry, quien se haba referido a Amrica Latina como el patio trase-ro de Estados Unidos (us backyard). Slo vamos a nacionalizar la dignidad del pueblo boliviano, afirm, demos-trando por lo dems que siempre tendr algo que nacionalizar, as no quedara ninguna empresa extranjera, para satis-facer las expectativas de cada Da del Trabajo.

La decisin afectar, en primer lu-gar, a las relaciones bilaterales con Es-tados Unidos, virtualmente congeladas desde la expulsin del embajador Philip

2da. quincena de mayo 2013 / 5contrapuntos

Derechos de la Madre Tierra:Quin tiene capacidad para defenderlos?

Ariel Prez Castelln*

La Ley de la Madre Tierra niega el derecho colectivo al medio ambiente, y de modo expreso, a la legitimacin activa para protegerlo.

A lgunos antecedentesLa Ley del Medio Ambiente N 1333 de 27/04/1992 reconoci por primera vez el derecho al

ambiente sano en favor de las personas y seres vivos en la legislacin boliviana. Ello signific un paso muy importante en trminos de jerarquizacin legal de este derecho de tercera generacin. No obstante, el derecho se qued corto al no prever vas adecuadas para que las personas puedan tutelar por la va ju-dicial, administrativa o de la Justicia Constitucional este nuevo derecho.

La Ley 1333 prevea nicamente una accin indemnizatoria, cuando la esencia del derecho ambiental reside en la prevencin del dao al ambiente (pues en muchos casos este dao es irreversible o difcil de recomponer pensemos en un derrame de petrleo). Por otra parte, y ya entrando en el objeto de este artcu-lo, la ley de referencia prevea que quien estaba facultado para plantear la accin judicial era el representante de la colecti-vidad afectada. Lo que resultaba restric-tivo del derecho colectivo al ambiente de cualquier persona, y de su capacidad para actuar en defensa del mismo.

Hay que recordar que la Ley del Medio Ambiente se insertaba en un en-tramado jurdico, pero tambin de valo-res y prcticas, de raz eminentemente ius privatista, donde primaba el derecho sub-jetivo, individual. Por tanto, quien tena facultad para presentar acciones judicia-les, administrativas, etc., (esto es, legiti-macin activa) era la persona directamen-te afectada, perjudicada o agraviada en su derecho individual a la salud o a la propie-dad, principalmente. Visin del derecho y de la legitimacin activa que era incon-gruente con la tutela del ambiente como bien jurdico per se y de carcter colectivo, respecto al cual nadie puede demostrar una relacin exclusiva y excluyente.

Como queda claro, el derecho al am-biente sano es un derecho esencialmente colectivo, transindividual, e incluso trans-generacional (esto es, que genera derechos y responsabilidades con las generaciones presentes y futuras); y de all, que en Bo-livia dicho derecho haba nacido con una camisa de fuerzas afincada en el derecho privado, que lo enervaba e inviabilizaba.

La Constitucin Poltica delEstado de 2009La Constitucin de 2009 introduce un salto epistemolgico en cuanto al reco-nocimiento de los derechos colectivos, y de modo particular, en relacin al derecho

al ambiente, que por vez primera se reco-noce con rango constitucional en el pas. Pero la norma constitucional va ms all, y establece que cualquier persona () est facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente. Enton-ces, no slo reconoce el derecho colectivo al ambiente, sino que, de modo coheren-te con la naturaleza del mismo, contem-pla una legitimacin amplsima para que cualquier persona en el pas, pueda plan-tear acciones judiciales, administrativas o constitucionales para tutelarlo.

En este sentido, el/la Constituyente entendi que no se pueden aplicar reglas de derecho privado a los derechos colec-tivos, y que por tanto los titulares del am-biente en Bolivia (todos sus habitantes), no requieren demostrar una afectacin o dao particular en su patrimonio o salud para defenderlo, ni demostrar una espe-cfica relacin de vecindad con el mismo para estar legitimados. Cada persona es ti-tular de una cuota parte del derecho al am-biente, la que no es exclusiva ni excluyente del idntico derecho de las dems perso-nas. Por tanto, un residente de Villa zn tiene tanta legitimacin para plantear una accin contra la tala de bosques en el Par-que Nacional Ambor, como un pandino puede plantear una accin que busque la descontaminacin del Ro Pilcomayo.

La Constitucin (cpe) ha creado la Accin Popular como herramienta esencial para la tutela de los derechos colectivos, a travs de la Justicia Consti-tucional. Una accin hecha a la medida de la tutela ambiental, por cuanto, tiene una faz preventiva, ya que puede operar ante la existencia de un riesgo amena-za que pueda comprometer al ambiente. Tiene tambin una faz suspensiva, que ante la existencia de la violacin o el dao ambiental busca detenerlo rpidamente, para que no se contine propagando o agravando. Y tiene por otra parte, una faz de recomposicin, que busca la restaura-cin del bien jurdico a su estado ante-rior al dao, lo que en materia ambiental constituye una obligacin prioritaria, ya que se persigue reestablecer el bien am-biental afectado a su statu quo ante.

El Tribunal Constitucional Pluri-nacional ha generado una lnea de juris-prudencia homognea en torno a la legi-timacin amplsima para la interposicin de acciones populares destinadas a la tu-tela de los derechos colectivos, lo que es plenamente coherente con la letra y esp-ritu de la cpe. As la Sentencia Consti-tucional 1979/2011-R, establece: la accin popular puede ser presentada por cualquier

persona cuando se alegue lesin a derechos o intereses difusos; legitimacin amplia que se justifica por la naturaleza de dichos derechos resguardados por la accin popular, que debe su nombre precisamente a esa caracterstica. Contemplan un criterio similar sobre la legitimacin amplsima: la Sentencia Constitucional 1977/2011-R; la Sen-tencia Constitucional 1018/2011-R; y la Sentencia Constitucional 1982/2011-R.

La Ley Marco de la Madre Tierray Desarrollo Integral para VivirBien N 300En octubre de 2012 se promulg la Ley Marco de la Madre Tierra (aunque sta todava no se encuentra en vigencia, sien-do que entrar en vigor 120 das despus de la publicacin del Reglamento de la Ley, que an est pendiente de aproba-cin). Probablemente, uno de sus avances ms importantes es el de haber recono-cido a la Naturaleza el carcter de sujeto de derechos, en la lnea del artculo 33 de la cpe que reconoce a los seres vivos el derecho a desarrollarse de manera normal y permanente. Este reconocimiento de un nuevo sujeto de derechos significa tam-bin el otorgamiento del carcter de bien jurdico per se a los diferentes elementos de la naturaleza, independientemente de que stos sean de ms o menos utilidad para las personas, o que estn entroncados con los derechos a la salud o la propiedad de las mismas. El nuevo estatus jurdico de la naturaleza, permite a las personas que como es natural siempre deben interme-diar para efectivizar su tutela realizar una proteccin integral del ambiente, y tran-sitar del antropocentrismo del derecho clsico, al biocentrismo de los derechos de la naturaleza y de los derechos colectivos.

No obstante, de modo incongruen-te con el derecho-deber al ambiente de todos los habitantes del pas, la Ley de la Madre Tierra establece que los encar-gados de proteger los derechos de la madre tierra () son nicamente, las autorida-des pblicas administrativas y jurisdiccionales en funcin a sus competencias (Cfr. artculo 34 de la Ley Marco de la Madre Tierra). Ello, sin reparar en que uno de los prin-cipales cuellos de botella de la efectividad de las normas ambientales es su escasa apropiacin, cumplimiento e implemen-tacin por parte de los ciudadanos/as. La Ley N 300, no se queda all, si no que tambin asume un criterio restrictivo y ius privatista en el reconocimiento de legitimacin activa a favor de las perso-nas. Establece que tienen legitimacin para plantear acciones administrativas o

judiciales para proteger los derechos de la madre tierra, de modo adicional a las au-toridades pblicas, las personas individua-les o colectivas, directamente afectadas. Esta ltima formulacin nos retrotrae al de-recho individual clsico del siglo xix, ya que el sujeto legitimado debera demos-trar nuevamente una afectacin directa a su salud o propiedad para poder invocar dicha legitimacin (Cfr. artculos 34 y 39 de la Ley Marco de la Madre Tierra).

Va de suyo, que dicho criterio res-trictivo de legitimacin activa es palma-riamente inconstitucional, ya que la cpe de 2009 ha reconocido el derecho colec-tivo al medio ambiente, y de modo expre-so, legitimacin activa para protegerlo a travs de acciones legales a favor de todas las personas (Cfr. artculo 34 de la cpe).

En trminos temporales, el recono-cimiento de los derechos colectivos es su-mamente reciente en el pas. Y este debe batallar con valores y prcticas de fuerte raigambre en los derechos individuales de muchos actores pblicos y privados en el pas (entre ellos: jueces, fiscales, abogados, profesores universitarios, ciudadanos en general, legisladores, etc.). No obstante ello, la cpe plantea un derrotero claro para la exigibilidad de los derechos colec-tivos y de la Naturaleza, y una co-respon-sabilidad de todos/as para mantenerlos en plena vigencia. En este sentido, nos parece inaplazable desarrollar una tarea de amplia sensibilizacin a los diferentes actores es-tatales, la sociedad civil, la academia, las empresas, etc., sobre esta nueva visin de los derechos colectivos y de la naturale-za. Est en juego la construccin de una sociedad ms justa, respetuosa y sensible a la capacidad de carga y la resiliencia de la Naturaleza, de la que formamos parte.

* Profesor de derecho ambiental y derechode hidrocarburos. Universidad Simn I. Patio.

2da. quincena de mayo 20136 / contrapuntos

Insurgencia y potencia plebeyaArturo D. Villanueva Imaa*

El autor analiza los motivos, la fuerza y los lmites de la insurgencia plebeya, con el objeto de perfilar las alternativas y el potencial transformador (o regresivo y retrgrado) que quedan a futuro en el marco del proceso de cambio y transformacin nacional.

ciales que la componen, as como la base donde se asienta la conformacin y orga-nizacin de los sectores y movimientos sociales, cuya potencia expresiva e inter-peladora se manifiesta recurrentemente.

Dejando al margen el primer gru-po protoburgus que a pesar de su peso econmico e influencia poltica, tam-bin constituye una clase dominada y sometida a los intereses capitalistas y transnacionales (lo que en determinadas coyunturas y condiciones puede desper-tar un impulso por la recuperacin de la soberana y la liberacin nacional); segu-ramente coincidiremos en la tipificacin por la cual las denominadas clases me-dias, el proletariado y los dems sectores explotados a los que se hizo referencia ms arriba, constituyen el sujeto plebeyo (aunque no homogneo y s popular) de nuestra sociedad y al que dedicaremos el anlisis que sigue en este artculo.

Origen y lmites de la potencia insurgente de la plebeSe ha discutido mucho y tambin se han efectuado importantes aportes al cono-cimiento sobre la insurgencia plebeya y los motivos que originan su moviliza-cin y levantamiento en diverso tipo de circunstancias. Sea como resultado de momentos de conflicto y crisis social o como expresin de coyunturas de cambio y transformacin que han seguido a la detonacin de revueltas populares, movi-lizaciones sociales, o luchas de larga du-racin; o sea como expresin de la pugna por intereses que en unos casos pueden limitarse a demandas y reivindicaciones sectoriales, inmediatistas y coyunturales, o como expresin de luchas por el inters mayor y los objetivos nacionales; con se-guridad encontraremos que junto a estos momentos de rebelda y movilizacin so-cial, los actores protagnicos sern preci-samente aquellos actores plebeyos, com-puestos por aquella diversidad de sectores sociales mencionados ms arriba, que en algunos casos se movilizarn de forma aislada y, en otros, de forma conjunta en una lucha popular de mayores alcances.

En la generalidad de los casos, como una constante que a medida que pasa el tiempo se va mostrando cada vez ms agresiva e intransigente, la movili-zacin y adopcin de diversas medidas parece constituir su caracterstica ms importante. Parece como si hubiesen comprendido que cuanto ms agresiva y violenta sea la medida de presin adop-tada (bloqueos, crucifixiones, tapiados, huelgas de hambre), mayores posibili-dades de xito tendrn para cumplir sus objetivos y alcanzar sus demandas. Se

ha llegado al punto de bloquear carre-teras principales y paralizar el trnsito interdepartamental, para expulsar au-toridades locales indeseadas, para cons-truir una pequea obra comunitaria, o demandar algn servicio que eventual-mente constituyen aspectos que podran ser resueltos localmente, pero que inva-riablemente exigen la presencia de auto-ridades nacionales o al menos departa-mentales para abrir espacios de dilogo.

En todo caso, lo que aqu se quiere llamar la atencin, no es solamente por aquellas caractersticas de predisposicin insurgente, potencia movilizadora y rebel-da plebeya que histrica y cotidianamente se puede verificar en los conflictos y movi-lizaciones sociales de diversa envergadura; sino sobre las causas que originan dicha predisposicin, potencia y rebelda.

En otras palabras, se ha insistido mu-cho respecto de los mviles y los objetivos que explican la insurgencia y predisposi-cin plebeya para involucrarse en diversos momentos de movilizacin y rebelda. Es ms, tambin se ha hecho nfasis en aquella potencia y fuerza que, muy espe-cialmente en nuestro pas, suelen emplear los sectores plebeyos cuando deciden comprometerse con una causa y luchar por alcanzar sus objetivos. Sin embargo y aunque pudiera parecer un hecho obvio, no se ha prestado la misma atencin, ni se ha utilizado el mismo nfasis para referirse a las condiciones de sometimiento, explo-tacin y discriminacin que constituyen una constante en su vida. Es decir, se ha olvidado prestar atencin a las causas que originan su constante predisposicin a la lucha, la movilizacin o la insurgencia.

Desde esa perspectiva, lo que po-dra decirse de una buena parte de los anlisis efectuados, es que han destaca-do una especie de vocacin innata por

la lucha y la movilizacin social, como si ella explicase al fin sus alcances y pro-yecciones. Es decir, importa ms inda-gar acerca de los efectos y consecuencias que dan como resultado la insurgencia y movilizacin popular, que establecer las causas y los lmites de esas luchas.

En el primer caso, sobre el origen de esa predisposicin plebeya, la explicacin se encuentra en las mseras condiciones de vida y trabajo, la falta de acceso a los ms elementales servicios bsicos y, principal-mente, a las condiciones de explotacin, sometimiento y exclusin social, tnico cultural y econmica; pero que adems, en nuestro caso, atraviesa los planos indi-vidual, colectivo (es decir como pueblos y culturas con identidad propia y como sectores sociales) y nacional (en tanto de-pendencia y sometimiento neocolonial e imperialista sobre el pas).

Al observar de esta manera el asun-to y su complejidad, en realidad lo que se busca es desentraar los lmites de la in-surgencia y la potencia plebeyas. Por eso se ha hecho una referencia global y for-zadamente homognea a lo plebeyo, para entender el por qu de su predisposicin a la insurgencia, movilizacin y lucha; sin embargo, al incorporar los factores cau-sales que los originan, estamos buscando identificar el tipo de reaccin que esas mismas causas tienen en cada uno de los sectores que componen al sujeto plebeyo.

Ahora bien, establecidas las causas de la belicosidad y la furia plebeyas, as como de los motivos que impulsan su recurrente predisposicin a movilizarse y luchar, es importante volcar la vista a la composicin social y los intereses que defienden cada uno de los sectores que componen ese sujeto plebeyo al que ha-cemos referencia. Al hacerlo encontramos tambin los lmites de sus luchas; es de-

Composicin social de lo plebeyoSociedades como la boliviana, caracterizadas por su condicin

neocolonial donde an persisten econo-mas y sistemas de produccin precapita-listas que se encuentran junto a modernas tecnologas y mtodos capitalistas de ex-plotacin de la fuerza de trabajo y la na-turaleza, tambin albergan y condensan un conglomerado social muy heterog-neo y abigarrado como su economa.

En este tipo de sociedad es posible identificar desde pequeas (pero econ-mica y polticamente influyentes) capas de terratenientes, agroindustriales, ban-queros y tecncratas dependientes de grandes empresas transnacionales (que constituyen una especie de burguesa fracasada que no ha logrado constituirse como clase ni como proyecto poltico), pasando por una muy amplia y diversa clase media compuesta por artesanos, co-merciantes, pequeos propietarios agr-colas y campesinos, funcionarios pblicos como maestros, empleados de salud, etc., transportistas y choferes, trabajadores por cuenta propia, albailes y mineros coope-rativistas, todos ellos que, dependiendo de la situacin econmica nacional, las con-diciones de explotacin y las relaciones de produccin y trabajo que prevalecen en sus respectivas actividades econmicas, generalmente fluctan entre su crnico empobrecimiento (que ha sido una cons-tante en el pasado) y la posibilidad de acu-mular ingresos y constituirse en una clase media enriquecida, que refleja la pulsacin natural de sus aspiraciones e intereses.

A esta tipologa social se incluye una reducida clase obrera y proletaria (que so-cial y polticamente ha sido dispersada y prcticamente anulada como resultado de las medidas de relocalizacin neoliberal y, especialmente, por la violenta represin y hostigamiento militar que se produjo a la Marcha Minera por la Paz del ao 1986, que termin desarticulando y debilitando al extremo aquella otrora poderosa cob y fstmb que constituan el smbolo social y nacional de la combatividad y la con-ciencia poltica en el pas), junto a sectores desocupados, empleados temporales en diversas actividades, trabajadores ambu-lantes y poblacin rural depauperada y empobrecida que subsiste en condiciones extremas tanto en las ciudades como en las propias comunidades de origen.

Esta escueta caracterizacin social de nuestra sociedad, nos permite apreciar por una parte la diversidad, amplitud y complejidad de sectores y estamentos so-

* Socilogo, boliviano.

2da. quincena de mayo 2013 / 7contrapuntos

cir, hasta dnde son capaces de llevar su rebelda. Desde esa perspectiva, es claro que las luchas emprendidas por mineros y obreros asalariados respecto de lo que defienden comerciantes o transportistas, efectivamente no tendrn el mismo pro-psito. Tampoco habr plena coincidencia si se trata de campesinos y colonizadores, respecto de lo que pueden demandar arte-sanos o pequeos empresarios. En fin, lo que se busca destacar es que si bien como conjunto aquel sujeto plebeyo sufre casi por igual las condiciones de sometimien-to, explotacin y discriminacin y, consi-guientemente, en forma coyuntural tiene condiciones para establecer alianzas entre sectores sociales y emprender luchas por objetivos comunes, pero circunstanciales; a la larga y en perspectiva, cada uno de ellos tender especficamente a defender sus intereses sectoriales, en corresponden-cia a la relacin que guarda con la propie-dad, los medios de produccin y la forma de trabajo de su clase. Los lmites y el con-tenido de las luchas sociales y populares, entonces, estn marcadas por el tipo de la clase social que las emprenda y abandere.

Implicaciones y salidasEsta argumentacin que podra ser cri-ticada por entenderse como una traduc-cin de manuales elementales del mar-xismo, en realidad tiene una profunda significacin a la hora de entender asun-tos de mayor envergadura. Por ejemplo, por qu se produce una proliferacin de conflictos que se limitan y terminan secuestrados por la lucha inmediatista y sectorial, cuando en realidad existen condiciones y potencial de cambio o, lo que es an mucho peor, que movimientos sociales dirigidos por clases vanguardistas y revolucionarias, o por sectores popula-res y plebeyos que tienen potencial de cambio y se plantean tareas de transfor-macin, terminen siendo caldo de cultivo para procesos regresivos y restauradores, en vista de que solo se limitan a resolver problemas nacionales rezagados, o senci-llamente se plantean demandas coyuntu-rales o corporativas, con lo cual contribu-yen a retornar a kilmetro cero, procesos que ofrecan condiciones para transfor-maciones ms profundas.

Es ms, en coyunturas de cambio y transformacin como la que vive nuestro pas, este tipo de situaciones de conflicto y confrontacin, donde se ponen a la luz los verdaderos intereses en pugna, indu-dablemente surge el debate acerca del fu-turo de la nacin y cules son los caminos para superar aquella condicin de nacin atrasada que se ha convertido en una es-pecie de identificativo. Es decir, se vuelve a reproducir aquel dilema permanente por el cual la disyuntiva consiste en supe-rar esa nacin atrasada que es asociada a la idea de pobreza, hambre, baja cober-tura de servicios, falta de integracin na-cional, bajo uso de energa, etc., frente a otra manera de entender el atraso, como rezago histrico y capacidad transforma-dora, que ha sido lcidamente traducida como aquella condicin de posibilidad que Ren Zavaleta planteaba.

El sucesivo e histrico desperdicio de este tipo de coyunturas, nos ha re-tornado a ese crculo vicioso de lamen-taciones por el que no ha sido posible avanzar en la superacin de esa condi-cin de atraso y, peor an, se ha tenido que retroceder o retornar a la condicin conservadora inicial (sea por la va de la traicin o la restauracin de los proce-sos emprendidos), que al final de cuen-tas nos lleva tambin a esa recurrente pregunta que suele ser planteada como recriminacin, del por qu los sectores populares y los movimientos sociales se entrampan y limitan en demandas secto-riales e inmediatistas.

En este punto, sera oportuno in-corporar aquella variable del lugar que cada sector social ocupa en el proceso productivo y las relaciones que establece con los medios de produccin, porque por ms elemental que pudiera parecer, puede constituir la llave maestra que im-pida estancar y/o retroceder a procesos de transformacin como el que se encara en Bolivia.

En la medida en que los procesos sociales y polticos que se han puesto en marcha, sean acompaados paralela y simultneamente por la transformacin de las relaciones de produccin y la for-ma de apropiacin de los medios de tra-bajo, para establecer y desarrollar inicia-tivas comunitarias, asociativas y sociales; entonces efectivamente se estar contri-buyendo a completar el circuito virtuoso de transformaciones que repercutirn en la conformacin de esa conciencia pol-tica extraada en los sectores plebeyos y populares. No debe olvidarse que la ma-yora de los sectores sociales plebeyos y mientras conserven su actual condicin de clase, sus luchas correspondern a in-tereses conservadores y hasta reacciona-rios, que con seguridad van a continuar reproduciendo los ciclos de conflicto y rebelda (contribuyendo inclusive a pro-cesos regresivos y reaccionarios), mien-tras no logren realizarse como clase y/o no se resuelvan las contradicciones que originan su malestar.

Salvo el riesgo de continuar transi-tando en medio de conflictos y convul-siones sociales hacia ese espejismo que supone batallar estrilmente por reducir o minimizar las carencias que correspon-den a un concepto desarrollista de nacin atrasada, cuando en verdad se puede dar el paso y potenciar la condicin de po-sibilidad transformadora; la actual co-yuntura nacional presenta condiciones inmejorables para producir este salto en la transformacin y establecimiento de nuevas relaciones de produccin comu-nitarias y asociativas, que transformen la condicin social y productiva de los sec-tores populares y plebeyos, superen los intereses sectoriales y la naturaleza con-servadora que caracteriza a la mayora de estos actores sociales, y conduzca a la construccin de aquel socialismo comu-nitario para Vivir Bien en armona con la naturaleza que se plante como horizon-te de posibilidad al aprobar la Constitu-cin Poltica del Estado.

Evo Morales no lectorJorge Luna Ortuo*

Al no tener Evo especial inclinacin por la lectura, menos an lo tendr por la escritura, y entre ambas se pierde un mundo, sin

que por ello este mundo deba ser ajeno a sus aventuras.

El presidente Evo Morales volvi a hacer noticia a partir de una de sus afir-maciones medio despistadas, medio acertadas. O tal vez sea ms correcto decir que los medios de prensa nacionales se sirven de una de sus afirma-

ciones para convertirlo en lnea de primera plana. Lo concreto es que hace unos das se encontraba promulgando la nueva Ley del libro y la lectura scar Alfaro (366), ocasin en la que confes que tiene problemas para leer, que a lo mucho ve los ttulos o unas pginas de los libros que le regalan. Se critica su sentido de la ubicacin y del momento, pero tal vez aquel acto haya sido el ms idneo para plantear el problema.

Breve rodeo: Al no tener Evo especial inclinacin por la lectura, menos an lo tendr por la escritura, y entre ambas se pierde un mundo, sin que por ello este mundo deba ser ajeno a sus aventuras. Resulta curioso que en los ltimos aos haya sorprendido por la publicacin de libros donde oficiaba como el prologuis-ta. El primero del que tuve conocimiento fue El fin de la prehistoria. Un camino hacia la libertad, de Toms Hirsch. Si Evo Morales hablara como aparece redac-tando en ese texto, seguramente no habra llegado a ser el primer presidente indgena, pues sera uno ms del montn. Para no caer en la monotona hay que saber tomar cuenta de la singularidad de un personaje. El que escribe ese prlogo lo hace de la manera ms uniforme, no patea al castellano en ningn momento, respeta las reglas de puntuacin obedientemente, no se sale, no rompe nada, no provoca ni una fuga ni una risa. Es tan rectito que termina por ser olvidable. Pero firma Evo Morales. Desconozco el valor que pueda tener ese texto aunque l lo firme, pues no corresponde con la relacin que Morales mantiene con el idioma castellano. El autor Toms Hirsh lo vio de otra manera, cosa suya.

Adems de ste, se sabe tambin que hizo el prlogo del libro Abya Yala: una visin indgena (2012), pero ese lo desconozco.

Volvamos a referirnos a las palabras de Evo respecto de la Ley scar Alfa-ro. Una reflexin un poco ms acuciosa de sus palabras nos llevar a evitar los juicios, y ms bien a reparar en las implicaciones. Alguien ya dijo, Evo Morales no es un ser que pas a pertenecer a alguna realeza por haberse convertido en Presidente; su victoria electoral no lo exime de su pasado; en realidad es tambin un producto de las deficiencias y virtudes de la evolucin de nuestro sistema educativo. En nuestro pas se habla fcil de incentivar la lectura, pero es como un eslogan vaco. La lectura es una actividad subestimada, y se la suele relacionar con los hbitos, como cuando se ensea a los nios a que tiendan su cama. Pero la lectura habra que relacionarla mucho ms con el juego que con los deberes. Dicho esto, es una falacia pretender que la palabra Presidente equivalga a decir hombre ledo, no por definicin, sino por las muestras que nos brinda nuestra realidad.

Algunos comedidos le increparon velozmente por sus palabras. Sealaron que les da un mal ejemplo a los nios. Carlos Cordero, segn una nota de M-nica Salvatierra en El Deber (5-5-2013), entiende que el mensaje condenable que se extrae de las palabras del primer mandatario sera que sin importar que no se lea, igual se puede llegar a ser presidente. Pero eso slo asumiendo que los nios o cualquier otro ser que siente el paso del tiempo, desee ser presiden-te. Hay muchas cosas ms importantes y deseables que entrar en la poltica y convertirse en presidente. De hecho, nos resulta familiar la noticia de que los polticos leen poco, o apenas leen, slo de ese modo pueden moverse a gusto en sus aguas. Esto tambin va acorde con la idea del actual gobierno, que con-siste en quitarle relevancia a la formacin acadmica, y valorar mucho ms la experiencia de trabajo sindical.

Lo que no debe olvidarse es que la aventura de la lectura le sucede a cada uno de diversas formas, un poco gracias a la formacin, al espacio geogrfi-co que se ocupa, a las posibilidades de la casa paterna, pero otro gran trecho gracias a la valenta de cada uno para asumir su mundo, y elegir sus pasos en concordancia con sus asombros e interrogaciones ms recnditas. No se lee gracias al colegio, la universidad o el precio alto o bajo de los libros, ms bien se lee a pesar de todo ello.

* Filsofo y gestor cultural.

2da. quincena de mayo 20138 / contrapuntos

Bolivia, el mar y EcuadorJorge G. Len Trujillo*

Lo que la Corte Internacional de Justicia decida no puede ser la ltima salida. Difcilmente la Corte podra resolver el problema,a lo mejor podr invitar a las partes a renegociar una salida. Ya eso sera una victoria para la causa boliviana ante un Chile que

por lgica de conquista quiere convencerse que la otra parte no puede tener razn.

Ecuador sabe lo que es perder terri-torio y ser derrotado en el campo de batalla, y si bien el tiempo re-ciente fue bondadoso en darle vic-

torias militares seguidas de derrotas diplo-mticas es ya historia resuelta; aunque mal concebida. Su disputa de lmites y de de-finicin de su espacio, algo indispensable para definir un Estado y ser pas, es cosa de un pasado que los ecuatorianos no quieren ni recordar. Bolivia, en cambio, no logra resolver una herida profunda e injustifi-cada pues fue fruto de una conquista del vecino sin pretexto justificable. Pura y simple conquista de esas que construyen lo injustificable y que el tiempo no puede darle razones, fue y es inadmisible, a pesar de histricas inconsistencias de las lites bolivianas en la defensa de sus derechos.

Perder territorio, lo sabemos, es in-aceptable, y es an ms, privarle a un pas de la vital salida al mar. Desde luego, esos territorios a los que aludimos nunca fue-ron plenamente establecidos a partir del pasado boliviano, ya que la frontera de Per con Chile fue establecida desde su independencia mutua; Bolivia nace pues sin salida al mar. Pero Bolvar, busc una salida al mar para Bolivia y el pas dispuso de ella hasta 1878. La guerra del Pacfico en que Chile define nuevos lmites con Per y Bolivia termina por enviarle a la condicin actual de mediterraneidad.

Bolivia ha cambiado de espacio de diplomacia para reivindicar lo que le corresponde en razn y por cuestio-nes prcticas, no recuperar la salida que dispona, sino una bsica salida al mar, no una de consolacin y de pena ante el hecho de ser vctima, sino una salida so-berana, es el mnimo para ser una salida aceptable. Ahora plantea el problema a la Corte Internacional de Justicia, lue-go de reiterados y constantes, aunque cambiantes demandas, cuasi solicitudes, a Chile para que le otorgue la salida al mar, una soberana, inclusive ofrecindo-le compensaciones territoriales.

Chile que ha confirmado su con-quista militar con tratados ante Per y Bolivia, quiere santificar lo conquistado con lo que las firmas dicen, argumenta que no se puede ver los tratados de ini-cios del xx (1904), con pautas morales sino como decisiones soberanas. An-tes ya fue difcil de no ver el problema evidente para Bolivia y que mal puede desaparecer por esas firmas, por eso Chile podr tener esa legalidad pero no puede no saber que no le da legitimidad ni menos razn para privar a los bolivia-nos de la indispensable salida al mar. La cuestin es que en derecho Chile gana

y tienen derechos, pero hay un pas que no puede seguir como est privado del mar, lo cual mientras no se lo resuelva no habr plena seguridad para Chile.

Ha habido diversos acercamientos con Chile en el pasado para resolver el problema pero han quedado todos trun-cos, unos por inconsistencias de la li-te boliviana, otros por la chilena, pero tambin por la peruana que persiste en que una solucin de este tipo debe ser integral, digamos en concreto en que Chile devuelva territorio a Per, y blo-quea una salida que pueda implicar un cambio de fronteras con Chile. Los tra-tados y las posiciones implican as una salida tripartita de Per, Bolivia y Chile.

Alguna vez Pinochet propuso a Banzer una salida al mar soberana para Bolivia con compensaciones territoriales para Chile, pero Per objetara la salida, pues quera que ese espacio del litoral sea trinacional. El problema en toda su com-plejidad est en este caso bien retratado.

Bolivia plantea ahora retomar el problema y buscar soluciones pacficas. No habr soluciones milagro y cualquie-ra de ellas tomar mucho tiempo, den-tro del cual es de esperar que Bolivia, sus elites polticas mantengan o persistan en su estrategia.

A los bolivianos les corresponde ha-cer causa colectiva ante este cambio de estrategia de ir a la Corte Internacional y no volverla funcional a sus disputas in-ternas. Un pas debe saber que hay cau-sas que rebasan sus diferendos internos; ms an, debe aprender que su causa internacional no se libra siguiendo sus problemas internos sino una lgica inter-nacional, que tiene otras pautas, ritmos y razones. Su discurso interno no ser

necesariamente til en el campo interna-cional si quiere ganar ventajas a su causa.

Lo que la Corte decida no puede ser la ltima salida. Difcilmente la Cor-te podra resolver el problema, a lo me-jor podr invitar a las partes a renegociar una salida. Ya eso sera una victoria para la causa boliviana ante un Chile que por lgica de conquista quiere convencerse que la otra parte no puede tener razn.

Estamos ante un problema que no se resolver sino con la salida al mar de modo soberano para Bolivia. Nada ser definitivo si Bolivia no tiene salida al mar. De las mltiples posibilidades de concretar esta necesidad, con las impli-cancias tripartitas, ventajas y desventajas a sopesar para cada cual, es previsible que se requiera largas negociaciones.

Para simplificar entonces, la solucin es un rompecabezas difcil de resolver pero exige replanteos no slo por cues-tiones de seguridad a lograr para Chile y Per, sino tambin para zanjar un diferen-do que envenena las relaciones de los pue-blos, y por cuestiones prcticas evidentes de hacer justicia a Bolivia; pero adems conviene repensar el problema en funcin de la nueva condicin de Amrica Latina que ha consolidado sus Estados, no hay riesgos ya de cuestionar su existencia y a cada vez avanza a tener lmites definitivos, el diferendo mayor que queda es este en-tre Bolivia, Chile y Per. Si pensamos en el futuro de Amrica del Sur, en la dinmi-ca de integracin, estos diferendos deben desaparecer, no discursivamente sino pre-cisamente con soluciones a la par realistas, justas y de satisfaccin para todos. Chile vive ya una redefinicin de su histrico aislamiento, y la integracin regional le llevar a mayores redefiniciones, la exi-

gencia mayor en el marco de este proceso para que le sea ms ventajoso de lo que ya es, proviene de la dimensin geopoltica, su seguridad a la postre empieza por no tener diferendos con los vecinos e incre-mentar la buena vecindad.

As, de un modo o de otro, al me-nos dos consecuencias nos quedan a los latinoamericanos, las cuales no podemos no asumirlas.

Por un lado, Amrica Latina tiene como deuda de ayudar colectivamente y Amrica del Sur inclusive tiene ahora responsabilidad institucional, con una-sur (Unin de Naciones de Amrica del Sur), de coadyuvar a encontrar la mejor salida. Por lo mismo, Amrica del Sur debe tomar la iniciativa en unasur y otras instancias latinoamericanas para promover una salida honorable para las partes, Chile, Per y Bolivia. La madu-rez actual de Amrica Latina que hace su propio camino para ser, para insertarse en otro tiempo de la historia, con una historia plenamente suya, debera llevarla a resolver estos diferendos por sus pro-pias iniciativas, con el esfuerzo de todos, con otros parmetros que los del pasado, como ya lo mencionamos. Amrica del Sur, en particular, si quiere reafirmar la regin como una zona de paz y que se encamina a una nueva poca de bsqueda colectiva de bienestar y buen vivir debe garantizar el fin de estos diferendos que desvan los esfuerzos, emociones y sue-os de los pueblos de estos fines.

Ecuador que ya resolvi su diferendo con Per y alimenta buenas relaciones con Chile bien puede cumplir un rol de pro-motor para que colectivamente los pases de la regin asuman esta responsabilidad y puede ser mediador para incentivar en Chile una indispensable apertura para un cambio en sus posiciones y encontrar una salida que sea honorable para su sociedad, para Bolivia as como para el Per. Una diplomacia discreta, sin elocuentes y radi-cales discursos, que trabaje en la regin y con la sociedad chilena debe ser comparti-da por otros pases que Bolivia.

En segundo lugar, en efecto, lo se-guro tambin es que la causa boliviana requiere de un trabajo ms sutil con la sociedad chilena para que, desoyendo el ego colectivo chileno de los laureles de sus victorias de conquistas, comprenda la im-portancia de resolver este problema y ter-mine por aceptar una salida soberana para Bolivia cediendo territorios, sin escudarse en tratados de otras circunstancias, pues eso le garantizar seguridad a largo plazo.

* Cientista social.

2da. quincena de mayo 2013 / 9contrapuntos

Comentario de Juan Pablo Lira,embajador de Chile en el Ecuador

Hace pocos das se public un ar-tculo del Sr. Jorge Len T. titu-lado Bolivia, el mar y Ecuador,

mismo que contiene apreciaciones que requieren ser precisadas.

Primero, no es efectivo que Boli-via carezca de una salida al mar como se afirma. La vigencia ininterrumpida del Tratado de Paz y Amistad de 1904, por medio del cual Chile se obliga a otorgar a Bolivia el ms amplio y libre derecho de trnsito comercial por su territorio y puertos del Pacfico refuta tal aserto.

El libre trnsito ha sido escrupu-losamente respetado por mi pas y nin-gn anlisis serio puede desconocerlo, al punto que el 70% del comercio ex-terior boliviano se lo hace por puertos chilenos.

24 de Abril, Bolivia demand a Chile ante la Corte Internacional de Justicia, para solicitar que se falle y de-clare que m pas tiene la obligacin de negociar un acuerdo que otorgue a Bo-livia una salida soberana al mar. Para el Gobierno de Chile la accin emprendida por Bolivia es carente de fundamentos de hecho y de derecho, y su presenta-cin obedece a normas constitucionales internas de dicho pas de 2009, que son inoponibles a Chile y contrarias al Dere-cho Internacional.

El articulista plantea que Chile de-fiende una legalidad que no le da legi-timidad ni razn para privar a los boli-vianos de la indispensable salida al mar. Esta afirmacin es riesgosa porque su implementacin en nuestro continen-te retrotraera las relaciones vecinales a situaciones caticas. En dos palabras: Sudamrica quedara sin fronteras.

Adems, subyace a la afirmacin efectuada un desprecio preocupante por algunas nociones bsicas de ciertos prin-cipios que regulan la convivencia entre los pases. Entre ellos el ms importante es aquel que dice que lo pactado obliga.

Otro planteamiento del citado ar-tculo, es la exhortacin a que Amrica Latina resuelva estos diferendos con el esfuerzo de todos. As se nos sugie-re todo el continente debe abocarse a renegociar las fronteras existentes entre nuestros pases, pero como dice Truji-llo usando otros parmetros respecto de los que se usaron otrora. Nuevamente el autor equivoca el criterio que informa su pensamiento, por cuanto las diferencias que puedan existir entre Chile y Bolivia, son una cuestin que compete exclusi-vamente a los dos pases, sin que haya ningn espacio para que terceros o algn foro regional o mundial pueda cumplir un papel mediador. Es por ello que lo planteado en orden a que Ecuador debe tomar iniciativa en instancias latinoame-ricanas para promover una salida honora-

Respuesta de Jorge Len Trujilloal embajador de Chile

El embajador Juan Pablo Lira se cie al libreto de Chile sobre el tema, mal poda ser de otra manera. Reitera los argumentos sobre los acuerdos sellados en 1904, en

condiciones en que Bolivia estaba a la defensiva. Los gana-dores con las armas definen as una victoria.

Chile insiste en que cumple el tratado de 1904 porque garantiza el acceso del comercio boliviano al mar, pero est claro que es un permiso dado y mantenido no precisamente lo que Bolivia considera indispensable, por mltiples razo-nes, una soberana salida al mar. Es el mnimo a esperar de Chile que cumpla con ofrecer esta circulacin y un puerto, es el primer interesado para no incrementar el conflicto y legitimar el tratado.

Desde luego, reitero, en derecho Chile tendra razn con la exigencia de que se cumpla lo firmado, pero no as en relacin a los hechos prcticos y a la imperiosa necesidad en el continente de lograr un real reconocimiento de fronte-ras con acuerdos que ahora resuelvan el pasado cuando este no fue bien resuelto. He dado el ejemplo de Ecuador, que a pesar de una victoria militar reciente acept finalmente una frontera que le fue impuesta, error o no, pero es ahora problema resuelto precisamente porque se logr un nuevo acuerdo.

No es verdad que poner en tela de juicio este tratado de 1904 sera levantar el avispero de las fronteras en el continen-te. Es obvio que hemos avanzado en definir las fronteras y consolidar los Estados, pero persisten pocos casos no an re-sueltos adecuadamente y que alimentan una inseguridad que no contribuye a una sana relacin entre Estados, la cual es en cambio indispensable para construir un futuro compartido positivo para todos. Chile ganara si lograra un nuevo acuer-do en que cedera poco territorio, o nada si hay compensa-cin, en relacin a todo lo que gan en una conquista militar. Pero definitivamente, su seguridad estara mejor garantizada.

ble para Chile y Bolivia, carece de todo fundamento jurdico y prctico.

Una reflexin final del articulista llama a ser comentada. Especialmente cuando el lector pertenece a audiencias fuera de mi pas respecto de la situacin que se genera con la demanda de Bolivia ante la cij. Me refiero a la idea de que la causa boliviana requiere de un tra-bajo ms sutil con la sociedad chilena.

Otro error, porque la sociedad chi-lena ha apoyado de manera decidida y transversal, la forma en que sucesivos go biernos democrticos incluyendo uno lar go autoritario han abordado la aspiracin martima boliviana. Otra cosa es pretender que por graciosa concesin Chile se desprenda de parte de su terri-torio, cuestin muy hermanable y hasta emocionante, pero que ningn pas del mundo ha hecho y que por supuesto Chile tampoco har.

Amrica Latina est en otro momento y podr cumplir un rol de mediacin en este caso para que la razn permita comprender la importancia prctica de enfrentar el proble-ma por encima de lo firmado hace ms de un siglo. Si en tanto tiempo el problema no ha dejado de existir, es ms que claro que no ha sido resuelto.

Hay momentos en la vida, de las personas como de los pueblos, que deben dejar de lado aquellas razones que les han dado afirmacin y ventajas para incorporar otras din-micas y realidades que a la postre les permitirn reconsti-tuirse con nuevos bros y renovadas razones para enfrentar un futuro.

Poco a poco este argumento har su camino, pues, felizmente para todos, Amrica Latina est adquiriendo madurez en conjunto. Ya era hora. Resolver estos litigios para permitir que los Estados no tengan cuestionamientos en su existencia y espacios es un paso a mayor madurez. Constancia y paciencia son sin embargo necesarias ya que estos problemas requieren de tiempo para que precisa-mente razones y razones hagan su camino para llegar a terceras razones.

2da. quincena de mayo 201310 / debate

La tentacin de quedarse: Eleccin o reeleccin? Aitor Iraegui*

Si entendemos el autoritarismo como la disposicin del gobernante a modificar arbitrariamente las reglas de juego en beneficio propio, debemos aceptar entonces que es una actitud autoritaria tratar de cambiar, forzar o incumplir las leyes para lograr el objetivo de ser reelecto.

En Amrica Latina ha existido tradicionalmen-te una amplia corriente de opinin claramente contraria a las reeleccin inmediata, tendencia que durante mucho tiempo se manifest en la

existencia de artculos rechazndola en casi todas las constituciones de la regin. As, salvo algunas excep-ciones generalmente vinculadas a gobiernos no demo-crticos (como por ejemplo la enmienda de 1977 a la constitucin paraguaya de 1967), la posicin contraria a la reeleccin inmediata se mantuvo inclume desde la independencia y la mayor parte de la vida republica-na, se consolid durante el proceso de democratizacin de los aos ochenta y no comenz a variar hasta los ltimos aos del siglo pasado y la primera dcada de ste siglo en que, coincidiendo con una oleada de gobiernos populistas, un nmero creciente de pases (como Costa Rica, Per, Brasil, Ni-caragua, la Repblica Dominicana, Ecuador, Colombia o Bolivia) aprobaron la reeleccin inmediata y en algunos casos (por ejemplo en Venezuela) la reeleccin ilimitada.

En realidad, podra decirse que el cambio no fue ni bueno ni malo, porque la existencia de la reeleccin o su ausencia no es positiva ni negativa en s misma. De hecho, algunas de las seudo-democracias ms perversas, por ejem-plo la mexicana del largo periodo del monopo-lio del pri, no contemplaban (ni contemplan) ningn tipo de reeleccin; mientras que en muchas de las democracias ms solventes del mundo (por ejemplo Suiza o Suecia) los gober-nantes se pueden reelegir indefinidamente sin que eso suponga mayor inconveniente. Enton-ces, la cuestin no es tanto si la reeleccin es posible o no, sino la forma en la que se llega a ella y el modo en el que se mantiene. Es decir, que como en tantas otras cosas de esta vida, el problema est en cmo se utiliza.

El principal argumento de los que se oponen a la reeleccin inmediata es la conviccin de que sta es especialmente peligrosa en un contexto de democra-cias poco consolidadas en las que los pesos y contrape-sos estn precariamente apuntalados, mxime cuando predominan regmenes presidencialistas en los que el gobernante cuenta con una amplia gama de atribucio-nes junto a escasos y dbiles controles institucionales. Es decir, se entiende que alargar en el tiempo las fun-ciones del gobernante le permiten a ste consolidar estructuras de poder que pueden promover prcticas autoritarias. Por lo tanto, la preocupacin no estriba en la posibilidad de que un presidente democrtico vaya a terminar por volverse un dictador slo por estar en el poder varias gestiones, sino en que un presidente con tendencias autocrticas pueda aprovechar los periodos sucesivos para crear redes de poder autoritarias. Esta preocupacin por limitar el poder y por prevenir el autoritarismo procede, sin ningn lugar a dudas, del pensamiento liberal y no es extrao que prevaleciera despus de las independencias americanas, consideran-do que las ideas liberales guiaron a prcticamente to-dos los prceres de la independencia. En este sentido, merece la pena recordar al cubano Jos Mart cuando escribi que todo hombre es la semilla de un dspota.

Otro alegato contra la reeleccin, directamente relacionado con el anterior, es que inevitablemente re-

duce la competencia electoral. Los candidatos que al mismo tiempo gobiernan cuentan con recursos econ-micos, polticos y simblicos de los que carecen el resto de aspirantes. Pese a que para paliar este problema casi todos los regmenes electorales prohben a los presi-dentes-candidatos hacer uso de esa ventaja durante la campaa (se prohbe, por ejemplo, utilizar recursos es-tatales o inaugurar obras pblicas durante el periodo electoral) en la prctica suele ser muy difcil conseguir que el candidato-gobernante no use las ventajas que le permite su posicin (ms difcil cuanto ms dbiles son los controles y menos rigurosa la separacin de pode-res) lo que reduce objetivamente el carcter competiti-vo del proceso. Quizs a ello se deba que una popular

mxima poltica, que casi siempre se cumple, establezca que no son los opositores los que ganan las elecciones, sino los oficialistas las que las pierden. Para certificarlo basta con ver la situacin latinoamericana reciente: en los pases en los que se promovi un cambio normativo para permitir la reeleccin inmediata, todos los presi-dentes que llevaron adelante la reforma fueron efecti-vamente reelectos en la siguiente eleccin, con la nica excepcin (que es la que confirma la regla) de Hiplito Meja en la Repblica Dominicana.

Los que se oponen a la reeleccin inmediata tam-bin sostienen que sta termina por volverse en un ob-jetivo prioritario y que tarde o temprano llega el mo-mento en el que la urgencia por obtener la reeleccin se impone sobre la necesidad de gobernar para promo-ver el inters general, lo que provoca que los gobernan-tes se dediquen a aplicar medidas con un alto impacto positivo sobre su electorado, dejando de lado, o en el mejor de los casos postergando, aquellas acciones que tienen un mayor costo electoral o que estn dirigidas a sectores sociales que no les votan. Adems, la expe-riencia emprica muestra que, en demasiadas oportuni-dades, se termina producindose un periodo de vaco poltico-administrativo en el que los gobernantes dejan de lado sus obligaciones gubernamentales para dedi-carse a tiempo completo a la campaa electoral. Ese periodo es ms largo y abarca a ms instituciones en la medida que es menor la institucionalidad del pas, por lo que en democracias donde el Estado est muy perforado por el prebendalismo y el clientelismo no es extrao observar cmo durante la campaa gran par-

te de los los funcionarios pblicos estn abocados al trabajo electoral y las instituciones no funcionan, los trmites administrativos no avanzan y los ciudadanos se ven abandonados a su suerte hasta la conclusin del periodo proselitista.

Sin embargo, es cierto que a favor de la reeleccin consecutiva existen tambin importantes argumen-tos que deben ser considerados. El ms importante es quizs tambin el ms intangible y tiene que ver con la posicin del demos (el pueblo) en la democracia, porque no ser que vetar la reeleccin es ms una necesidad de los polticos de promover la circulacin del poder al interior del sistema que una consideracin real hacia las necesidades del soberano? Si honestamente creemos que

es efectivamente cierto que la soberana reside en la ciudadana (si no lo creemos, todo este artculo est de ms) entonces el pueblo debe tener la posibilidad de decidir, libremente y en-tre todos los candidatos posibles, quin quiere que le gobierne, incluyendo, por supuesto, el presidente en ejercicio. Reducir la lista de can-didatos imponiendo restricciones innecesarias, no slo limita notablemente la capacidad real de los ciudadanos para pronunciarse y para elegir, sino que parece provenir de una visin elitista y paternalista, que cuestiona la madurez de los electores, su capacidad para discernir lo que les conviene y para elegir adecuadamente entre las distintas opciones. En este sentido, la reeleccin inmediata tiene un valor democrti-co intrnseco muy poderoso.

Otro factor a favor de la reeleccin in-mediata se relaciona con el famoso concepto

de accountability o responsabilidad de los gobernantes frente a los gobernados. Las elecciones son una de las formas ms importantes de rendicin de cuentas en la medida que con sus votos el ciudadano castiga o premia las distintas opciones que se le presentan. Sin embargo, la ausencia de reeleccin inmediata impide que los gobernantes rindan cuentas y bloquea el reco-nocimiento o la sancin por parte de los gobernados. Es decir, que el gobernante que no puede acceder a la reeleccin no tiene (polticamente) mucho que perder cuando lo hace mal ni mucho que ganar cuando lo hace bien. El resultado puede ser la falta de incentivo para llevar adelante la gestin pblica, pero tambin que el sentido de la responsabilidad tienda a relajarse, lo que promueve, en el peor de los casos, corrupcin y mala praxis y en el mejor, ineficiencia y desinters. Los parti-darios de la reeleccin consecutiva consideran que sta tambin promueve efectivamente la continuidad de las polticas pblicas: en naciones donde tradicionalmente es difcil establecer estrategias a largo plazo y donde los nuevos gobernantes pretenden comenzar de cero tras cada eleccin, la reeleccin garantiza periodos ms largos de estabilidad y provee al gobernante el tiempo suficiente para que pueda llevar adelante sus planes y sus proyectos. Es cierto que esta continuidad de las po-lticas pblicas debera poderse lograr por otras vas, por ejemplo, promoviendo la institucionalizacin, lo-grando pactos de Estado respecto a temas centrales de la agenda poltica o dndole continuidad a las acciones positivas de las gestiones previas, lo que conlleva elimi-nar el arraigado prejuicio de que todo lo que han hecho

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los que nos preceden es, por definicin, un desastre. Sin embargo, mientras eso no se logre o se logre insu-ficientemente, la reeleccin puede ser un paliativo a los permanentes cortes en la gestin pblica.

Por lo tanto, como ya habamos advertido, tanto la reeleccin como su ausencia tienen sus virtudes y sus defectos y no son malas ni buenas en s mismas. Lo que s es tremendamente malo es que el gobernante caiga en la tentacin de quedarse en el gobierno ms all del tiempo que le corresponde y que lo haga atropellando a sus ciudadanos. Por ello, la reeleccin debera, a nuestro juicio, ajustarse a algunos principios bsicos. El primero debe ser que la reeleccin se produzca exclusivamente dentro de la legalidad, es decir, dentro de un marco jur-dico claro y establecido previamente. Ejemplos como el de Nicaragua, donde la legalidad se fuerza para permitir la reeleccin de Ortega; o el de Bolivia, donde ninguna norma jurdica de la que se tenga noticia contempla una tercera reeleccin consecutiva y sin embargo parece que va a producirse, muestran que el apego al poder puede superar la inclinacin al cumplimiento de la ley. Si en-tendemos el autoritarismo como la disposicin del go-bernante a modificar arbitrariamente las reglas de juego en beneficio propio, debemos aceptar entonces que es una actitud autoritaria tratar de cambiar, forzar o incum-plir las leyes para lograr el objetivo de ser reelecto. En este sentido, durante una entrevista a Michelle Bachelet, la en aquel momento presidenta saliente de Chile reco-noci que al final de su gestin, cuando contaba con una popularidad extraordinariamente alta, algunas personas le aconsejaron que modificara la Constitucin para faci-litar su reeleccin inmediata. Ella se neg rotundamen-te, por tica y por esttica y aadi: Me parece que dar pasos de esa naturaleza es, en esencia, un espritu antide-mocrtico, un espritu de ordenar las cosas a la medida de quien est ah.

La segunda condicin es que la reeleccin debe provenir de un altsimo grado de consenso social, es decir, que el conjunto de la sociedad debe entender que el momento, la forma y los objetivos de la reeleccin son los adecuados. Es bueno no olvidar que algo puede ser legal y contar con un respaldo numeroso (incluso mayoritario) y, al mismo tiempo, ser poco democrtico, generar conflictividad social y promover la ruptura de la ciudadana en bandos enfrentados. Si la reeleccin se vuelve ms importante que la paz y que la cohesin so-cial, algo no est funcionando bien y el gobernante est mostrando que sus prioridades estn ms relacionadas con la reproduccin del poder personal que con la pro-mocin democrtica de una representacin adecuada de los ciudadanos.

El tercer elemento es que cuando existe la reelec-cin inmediata, el Estado debe ser especialmente cui-dadoso a la hora de promover la competitividad del acto electoral. Una caracterstica central de muchas de las nuevas democracias que han florecido en Amrica Latina en los ltimos aos, incluyendo la boliviana, es que se basan en la existencia de una fuerte legitimidad electoral junto a una deficiente administracin de los derechos y las libertades. Si la reeleccin termina por promover tambin la erosin de la competencia electo-ral, la democracia caer en una depreciacin en la que ya ser difcil encontrar argumentos para seguir dn-dole ese nombre. Por lo tanto, cuando la reeleccin es un hecho, se debe ser an ms prolijo en la honesti-dad y en la lealtad hacia el sistema democrtico; y eso significa, entre otras cosas, cumplimiento de las leyes, transparencia en el uso de los recursos pblicos, rigor en la separacin de poderes, despolitizacin total de las instituciones electorales, respeto a los opositores, pro-mocin de la libertad de expresin y apoyo irrestricto a toda forma de fiscalizacin, especialmente, por su-puesto, la proveniente de los medios de comunicacin.

* Politlogo. Autor de La democracia en Bolivia.

Hay alternativaBoaventura de Sousa Santos*

Estaremos condenados a slo cuestionar la nueva ortodoxia cuando los jvenes europeos asistan al funeral de Merkel y la degradacin social haya alcanzado el nivel de catstrofe?

La muerte de Margaret Thatcher sirvi de motivo para revisitar y de-batir el eslogan que la hizo famosa:

tina (There Is No Alternative), o sea, no hay alternativa al capitalismo neoli-beral. Mucho se discuti sobre lo que podra y debera haber sido hecho de otro modo y solamente los conservado-res (y tal vez ni todos) permanecieron fieles a la bondad absoluta del eslogan. Los indicadores de bienestar de Ingla-terra tienen hoy valores muy inferiores a los de la poca en que Thatcher lleg al poder.

Nada de esto tuvo relieve en la Eu-ropa continental y la razn es sencilla: la zona del euro vive de forma aguda una nueva versin de la tina, las polticas de austeridad impuestas por Alemania. El dao social que la nueva ortodoxia puede causar en Europa es muy superior al que caus en Inglaterra, pero tenemos una moneda que, a pesar de comn, es administrada apenas por un pas, porque no tenemos un mar del Norte para descubrir petrleo y porque el nivel de bienestar del que se parte es ya bajo en algunos pases, como es el caso de Portugal. Esta-remos condenados a slo cuestionar eficazmente la nueva ortodoxia cuando los jvenes europeos asistan al funeral de Angela Merkel y la degradacin social haya alcanzado el nivel de catstrofe?

Para responder negativamente a esta pregunta son necesarias dos condiciones:a) identificar las alternativas yb) disponer de actores polticos capaces de luchar

por ellas.En este momento, en Portugal como en otros

pases europeos, la reflexin seria sobre estas con-diciones fue relegada a los mrgenes de la sociedad poltica, sean ellos los jvenes indignados y las masas de desempleados decididos a luchar en la calle para huir del abismo del suicidio, o los grupos de activis-tas e intelectuales forajidos de la mediocridad par-tidaria para poder pensar crticamente y actuar de manera que no contradiga el pensamiento. En esos mrgenes reside la esperanza.

El pasado 11 de mayo, los forajidos de la medio-cridad partidaria se reunieron en Lisboa en el coloquio Vencer la crisis con el Estado Social y con la Democracia. Me refiero a la iniciativa del Congreso Democrtico de las Alternativas. Los participantes saben que se en-frentan a un enorme desafo: identificar, a partir de los mrgenes, alternativas que sean menos marginales que ellos mismos. O sea, crear una contra-hegemona creble entre los ciudadanos y las organizaciones so-ciales como condicin previa a cambiar los partidos existentes o, en caso de que fuese inviable, a crear nue-vos partidos. He aqu los ocho desafos.

Primero, vencer la barrera de comunicacin social, hoy dominada por intereses y comentaristas que, como mximo, quieren que todo cambie para que todo siga igual.

Segundo, explotar la idea de que, en la lucha social, la renovacin de la izquierda puede venir de

los que saben que estn en el lado de la dignidad sin distinciones marcadas por los pasados de izquierda y/o de derecha.

Tercero, no renunciar a concebir la cohesin social en el nico terreno en el que no es la pci-ma milagrosa de los discursos presidenciales: en la disminucin de las desigualdades sociales y en la eli-minacin de las discriminaciones sexuales, raciales, religiosas.

Cuarto, mostrar que la democracia necesita ser constantemente democratizada so pena de ser se-cuestrada por dictaduras varias, sean stas el capital financiero, la corrupcin endmica, los autarcas dino-saurios, los legisladores que legislan en defensa pro-pia por el encanto de un corto viaje entre los escaos parlamentarios y el bufete de abogados, o los dueos de supermercados que ensean educacin cvica a los portugueses como si estos fuesen una oferta ms.

Quinto, convencer sobre todo a los jvenes de que la apata social es tan antidemocrtica como el terrorismo y que hay ms activismo ms all de Fa-cebook y Twitter.

Sexto, hacer las cuentas de manera que quede claro que los portugueses nunca vivieron por encima de sus posibilidades, excepto el 1% que hizo fortuna en parasos fiscales, en las sociedades pblico-priva-das, en los fraudes bancarios, en comisiones ilegales de obras pblicas innecesarias, en premios de ges-tin que, al final, fue ruinosa, en honorarios astro-nmicos de gestores entrenados para dar beneficios a patrones chinos extorsionando los ltimos cnti-mos a consumidores empobrecidos tambin por el recibo de la luz.

Sptimo, dar voz a la leccin de la historia eu-ropea de que el Estado Social no es un peso o una grasa sino un msculo imprescindible de la cohe-sin social, del desarrollo y de la democracia.

Octavo, prestar atencin especial a los tc-nicos de la administracin pblica y a las fuerzas de seguridad, mostrndoles que la otra cara de la austeridad es el desprecio por la condicin de ciu-dadana y la represin de la protesta social, y que se deben mirar en el espejo de cada vctima que hayan provocado.

* Socilogo del derecho y activista social. Portugal.Fuente: Alice News.

2da. quincena de mayo 201312 / debate

Apuntes sobre el populismo en otras latitudes latinoamericanas

H.C.F. Mansilla*

Rasgos distintivos de los regmenes populistas en Ecuador, Nicaragua y Venezuela, y sus diferencias y similitudes con el sistema boliviano.

Durante largos siglos las altas montaas del oc-cidente boliviano han protegido a la poblacin de influencias extranjeras perniciosas, pero tambin han impedido, as sea de manera sim-

blica, un contacto fructfero con otras culturas y otros valores de orientacin. Pudiendo equivocarme, creo que hasta ahora el inters por los modelos civilizatorios fo-rneos es relativamente limitado. Existe, por supuesto, una inclinacin muy grande por adoptar vidamente cualquier cachivache tcnico y por imitar modelos de organizacin econmica, pero en el campo cultural y poltico el anhelo de comprender lo alcanzado en otras latitudes es muy restringido. Por ello me permito men-cionar algunos rasgos distintivos de los regmenes popu-listas en Ecuador, Nicaragua y Venezuela, para percibir las diferencias y las similitudes con el sistema boliviano.

El rgimen populista venezolano (a partir de 1999) cultiva una visin maniquesta que contrapone la democracia meramente formal, basada en los derechos polticos clsicos, a la democracia directa y sustantiva, que se expresara principalmente en los derechos vita-les a la salud, a la educacin y a la vivienda. De acuerdo a la ideologa oficial esta democracia sustantiva hace bien en crecer aunque se vulneren algunas normas de la democracia meramente formal. Los cientistas polticos partidarios del chavismo admiten la mediocridad y el desorden en el desempeo del aparato estatal, consta-tan tambin un incremento de incoherencia institucio-nal, critican a menudo la falta de transparencia y la co-rrupcin desbordada y hasta reconocen el clientelismo prevaleciente en casi todos los vnculos con el Estado venezolano, pero aseveran al mismo tiempo que lo ge-nuinamente importante de la poltica chavista reside en que esta ha devuelto a los pobres de Venezuela la voz, la dignidad, la esperanza y una nueva auto-estima.

La ideologa oficialista supone que la mera existen-cia de la constitucin chavista asegura una ciudadana social basada en una universalizacin de los derechos sociales, excluyente de toda forma de discriminacin. Esta constitucin habra producido una autntica jus-ticia social como primera meta del orden econmico y tambin la formacin de un espacio participativo para todos los ciudadanos. Las corrientes afines al chavismo presuponen que la constitucin y los programas elec-torales tienen efectos reales inmediatos e insoslayables, olvidando, de modo sintomtico, la diferencia y la dis-tancia entre teora y praxis que gener el pensamiento crtico en los albores de la reflexin filosfica.

El actual rgimen ecuatoriano no posee una espe-cificidad que lo diferencie sustancialmente de los otros modelos contemporneos de populismo, y tampoco de las prcticas polticas anteriores del propio pas. La fi-gura del caudillo representa el aspecto claramente pre-dominante, justificada por medio de la argumentacin convencional de que l representa la unidad de la nacin, la integracin de las masas oprimidas y la esperanza de los explotados. El indigenismo ecuatoriano y la exalta-cin de las culturas aborgenes se mantienen dentro de lmites rutinarios, es decir retricos. La defensa de los recursos naturales y la inclinacin ecologista del nuevo texto constitucional tienen, en el mejor de los casos, una funcin programtica, que no interfiere en las ac-

tividades sociales y econmicas de la vida cotidiana. En el Ecuador los especialistas en relaciones pblicas han asumido posiciones estratgicas en los aparatos estata-les, cuyas actuaciones polticas estn acompaadas por encuestas de opinin pblica y por campaas focales de-dicadas a ganar influencia sobre grupos sociales y tnicos de relevancia para el gobierno respectivo.

En lo que respecta a la esfera de la poltica cotidiana, el modelo populista ecuatoriano exhibe una fuerte ten-dencia a transformar la actividad pblica en una escenifi-cacin fcilmente comprensible de una lucha permanen-te entre el caudillo bien intencionado y bien encaminado y los turbios opositores que se hallaran permanentemen-te en afanes conspirativos. Se trata de un gobierno que aprovecha con virtuosismo los progresos tcnicos en la esfera de las relaciones pblica. Al vender exitosamen-te su propia imagen, el gobierno populista denigra a los opositores, simplifica todos los temas en debate e impul-sa a un plebiscito permanente sobre la persona del lder. Esta situacin de un proceso electoral perenne conlle-va una especie de confrontacin maniquesta entre lo a priori bueno que representa el gobernante populista y lo malo per se que encarna la oposicin neoliberal.

Esta confrontacin es tolerada y aprobada por una buena parte de la ciudadana porque simultneamente se establece la ilusin de una comunicacin directa y es-pontnea entre el caudillo y la poblacin, comunicacin que no es mediada ni por los desprestigiados partidos polticos ni por complicados canales institucionales. Pero este vnculo directo tiene sus aspectos problem-ticos: se trata de una relacin asimtrica, en la cual el caudillo adoctrina y ensea a las masas y estas aprenden y asimilan lo que viene de arriba. El presidente Rafael Correa, por ejemplo, es como el profesor que da ctedra a todos los ecuatorianos, el preceptor de la nacin que est muy por arriba de las masas que lo adoran, pero que no tienen la capacidad de iniciar un debate con el primer mandatario. l es el ser superior aunque de origen mo-desto que de manera privilegiada maneja los cdigos que conducen a la modernidad y al desarrollo, es decir a las metas normativas que anhelan los ecuatorianos, aunque estas metas provengan del detestado modelo ci-vilizatorio de Occidente. Estos caudillos son percibidos como si fuesen de extraccin popular, pero superiores a la media del pueblo a causa de sus facultades carismti-cas, su sabidura innata y su astucia poltica.

El ms convencional y rutinario de los regmenes populistas es el que prevalece en Nicaragua. El pri-mer periodo gubernamental del Frente Sandinista de Liberacin Nacional (1979-1990) termin en la usual reparticin de activos materiales y espacios de poder entre los funcionarios de la lite estatal, es decir en la privatizacin de bienes y funciones estatales y, por con-siguiente, en la reproduccin de los giros ms habitua-les y detestables de la historia latinoamericana.

Desde 2001, aun antes de comenzar su segundo pe-riodo gubernamental, el fsln ha promovido un siste-ma de distribucin de cargos, prebendas y favores entre los antiguos adversarios acrrimos (liberales y sandinis-tas), un sistema que, de un lado, asegura la continuidad en el disfrute del poder a los partidos asociados en estas actividades y, por otro, garantiza la impunidad a los servi-

dores pblicos de estos partidos que se hayan propasado en el ejercicio de sus cargos. El resultado en el segundo periodo gubernamental (a partir de 2007) ha sido una presidencia matrimonial, en el fondo una monarqua teologal, como asevera el distinguido socilogo nicara-gense Jos Luis Rocha Gmez. Esta presidencia matri-monial (el presidente Daniel Ortega y su todopoderosa esposa y ministra) recurre a un providencialismo de tin-tes religiosos para legitimar su posicin y sus decisiones. Mediante argumentos y sentimientos religiosos este pro-videncialismo es instrumentalizado con mucha destreza por el rgimen sandinista para justificar un gobierno y unas polticas pblicas que han cado en creciente