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Noticias ley general servicio docente A maestros evaluación o despido; acotarían al máximo al

SNTE El proyecto del gobierno federal para reglamentar la reforma educativa castiga la venta de plazas y limita a los comisionados sindicales 14/08/2013 23:24 Leticia Robles de la Rosa http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/14/913660

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CIUDAD DE MÉXICO, 15 de agosto.- El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión un paquete de nuevas leyes educativas para reducir al mínimo el poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sobre las decisiones del sistema de enseñanza nacional. Propone que ninguno de los maestros que actualmente ocupan una plaza definitiva perderá su empleo, pero advierte que los docentes que se nieguen a la evaluación serán despedidos. Quienes ocupan una plaza provisional también estarán sujetos, al igual que los nuevos maestros, a tres oportunidades para quedarse a trabajar, a partir de evaluaciones anuales. La iniciativa del gobierno pone fin a los comisionados sindicales, que cobran por plazas docentes sin cumplir su labor frente a grupo, crea un candado para evitar paros magisteriales sin justificación laboral y castiga la venta y “herencia” de plazas. Regula las cuotas escolares voluntarias, las cuales, reitera, no son obligatorias, pero estarán sujetas a la transparencia. La tarea es limitar el poder del SNTE El presidente Enrique Peña Nieto propuso ayer al Congreso de la Unión el paquete de reformas y nuevas leyes educativas para poner fin al poder del SNTE sobre las decisiones del sistema de enseñanza, porque el ingreso y permanencia de los docentes será responsabilidad única de las autoridades, no del sindicato de maestros.

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Además, propone terminar con el tema de los comisionados sindicales que cobran sin cumplir su labor docente. “Las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión no educativa, deberán separarse del Servicio Profesional Docente, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”, se indica. De igual forma, busca evitar los paros magisteriales como presión política, sin justificación laboral, pues plantea que sean despedidos los maestros que se ausenten tres días, consecutivos o alternados, a lo largo de un mes, al igual que aquellos profesores que se nieguen a someterse a la evaluación. Dan impulso a evitar venta de las plazas En la Ley General del Servicio Profesional Docente se establece que el sindicato no tendrá la facultad para interferir en el ingreso y permanencia de los maestros. El gobierno de Enrique Peña Nieto mantuvo su decisión de devolver al Estado la rectoría del sistema educativo nacional y limitar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a la defensa laboral de sus agremiados sin interferir en los procesos de ingreso, permanencia, comisiones, asesorías, ascensos y permisos, que corresponden sólo a las autoridades educativas. Ayer, el Presidente de la República envió a la Comisión Permanente el paquete de reformas y nuevas leyes en materia educativa, entre ellas la Ley General del Servicio Profesional Docente, cuyo objetivo es romper la inercia laboral en el sector.

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La propuesta del mandatario federal incluye castigar e impedir la herencia, compra y venta de plazas de ingreso y promoción, así como los cachirules. Plantea facultar a los directivos de escuelas a pedir la sustitución de un maestro si no encaja en el perfil, y considera el despedir a los supervisores que no se excusen cuando incurran en conflicto de intereses. Además, asienta un golpe a la dinámica histórica del SNTE y los gobiernos estatales, pues ordena que todo el personal que cumpla asesoría técnica pedagógica tendrá que regresar a sus horas frente al grupo y comenzar de cero el proceso para ocupar esas plazas, mediante concurso y evaluación; además, todo los supervisores y directivos que carezcan del perfil o no realicen esas labores deben retornar a la docencia. Advierte también que “las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión no educativa tendrán que separarse del Servicio Profesional Docente, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”. Precisa que ninguno de los maestros con plaza definitiva que actualmente trabaja será afectado en sus derechos; incluso si no aprueba las evaluaciones serán adscritos a otras áreas. También advierte que el personal con nombramiento provisional tendrá que someterse a las nuevas reglas de evaluación y capacitación. De negarse, se aplicará el despido. La iniciativa plantea en varios artículos que “será nula de pleno derecho y, en consecuencia, no sufrirá efecto alguno

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sin necesidad de declaración judicial, toda forma de ingreso (promoción) distinta a lo establecido en este capítulo. “Quienes se beneficien, participen, autoricen, efectúen algún pago o algún otro tipo de contraprestaciones en relación con ello, incurrirá en responsabilidad y serán acreedores a las sanciones correspondientes. La nulidad de pleno derecho a que se requiere este artículo será oportunamente notificada al personal de que se trate por quien realice las funciones de administración de recursos humanos”, precisa. Faculta además a las escuelas a pedir les retiren un maestro. “Las autoridades educativas y los organismos descentralizados darán aviso a los directores de las escuelas del perfil de los docentes que pueden ser susceptibles de adscripción. Por su parte, los directores deberán verificar que esos docentes cumplan con el perfil para los puestos que deban ser cubiertos. “Las autoridades educativas y los organismos descentralizados estarán obligados a revisar la adscripción de los docentes cuando los directores señalen incompatibilidad del perfil con las necesidades de la escuela, y a efectuar el reemplazo de manera inmediata de acreditarse dicha incompatibilidad.” Propone poner fin a los llamados cachirules, pues “quienes participen, autoricen o efectúen algún pago al personal de nuevo ingreso o que ha sido objeto de promoción o reconocimiento tendrán la obligación de verificar en cada caso que dicho personal está en los registros oficiales que deberá emitir y actualizar la autoridad competente.

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“De lo contrario, incurrirán en responsabilidad y serán acreedores a la sanción económica equivalente al monto del pago realizado indebidamente y a la separación del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas”, señala. Advierte también del despido de supervisores que no se excusen de interés personal, familiar o de negocios “incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, su concubina o concubino, o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles”. Demandan retrasar aprobación Pedro Hernández Morales, subsecretario de organización de la sección 9 de la CNTE, apeló a la sensibilidad de los partidos representados en el Congreso de la Unión para que se retrase la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa. En entrevista, el dirigente gremial dijo que dichas leyes han sido discutidas de manera insuficiente y además se quedaron fuera de ese debate sectores que debieron haberse incluido, por lo que su aprobación podría causar malestar en diversas entidades, advirtió. “Debemos retomar una discusión abierta, franca, argumentada y no la imposición de leyes reglamentarias”,

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recalcó el integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), es decir, del magisterio disidente. Incluso, manifestó que la demanda de la CNTE desde hace varios meses ha sido la abrogación de la reforma a los artículos 3 y 73 constitucionales. “Nuestro planteamiento es que en este tema no han sido escuchadas todas las voces. “Hemos manifestado la necesidad de una transformación profunda de la educación, pero consideramos que esta reforma y sus leyes reglamentarias son parciales y no sólo no van al fondo, sino que limitan y trastocan algunos derechos laborales y de la gratuidad de la educación pública”, sostuvo. El proyecto incluye evaluar de acuerdo a cada región Toma en cuenta factores que influyen en el proceso de enseñanza, según el plan de Ley del INEE. La evaluación se coloca como la columna vertebral del sistema educativo nacional, e incluso las universidades y demás Instituciones de Educación Superior autónomas pueden suscribir convenios para que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) les auxilie a examinar a sus profesores, propuso el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión. Se trata de la propuesta del mandatario federal para crear la primera Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que ayer la Comisión Permanente turnó a la Cámara de Diputados y que mantiene la decisión de que la

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evaluación sea diferenciada conforme a las regiones del país, porque no se puede evaluar por igual a desiguales, según lo planteado. “La evaluación del Sistema Educativo Nacional que lleve a cabo el Instituto, así como las evaluaciones que en el ámbito de su competencia lleven a cabo las autoridades educativas, serán sistemáticas, integrales, obligatorias y permanentes. “Estas evaluaciones deberán considerar los contextos demográficos, social y económico de los agentes del Sistema Educativo Nacional, los recursos o insumos humanos, materiales y financieros destinados a éste y demás condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, se precisa en el documento. Asimismo, en la propuesta en manos del legislativo se deja en claro que “la evaluación sobre el tránsito de alumnos de un grado, nivel o tipo educativo a otro, certificación de egresados, asignación de estímulos y las decisiones respecto de personas o instituciones en lo particular, basadas en los resultados de los procesos de evaluación para el reconocimiento, serán competencia de las Autoridades Educativas conforme a sus atribuciones”. El documento también aclara que el Sistema Nacional de Evaluación Educativa es “un conjunto orgánico y articulado de instituciones, procesos, instrumentos, acciones y demás elementos que contribuyen al cumplimiento de sus fines, establecidos en la Constitución”. Tiene el objetivo, agrega, de garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares

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con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Proponen que las cuotas no caigan en la opacidad. No se podrá condicionar la inscripción al pago de contraprestaciones, se señala en la iniciativa. Las cuotas voluntarias que reciben las organizaciones de padres de familia serán reguladas en su destino y aplicación, además de que se someterán a transparencia y vigilancia, establece la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para modificar la Ley General de Educación. El mandatario federal retiró de su propuesta la intención de la Secretaría de Educación Pública para aplicar sanciones económicas a los gobiernos estatales que permitieran paros de labores. En la versión definitiva esta parte fue nulificada. La iniciativa, que forma parte del paquete de tres instrumentos legales derivados de la reforma constitucional en materia de educación, refrenda que “en ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestaciones”. Ayer, Peña Nieto presentó a la Comisión Permanente este paquete de iniciativas que fue turnado a la Cámara de Diputados, y lleva a la Ley General de Educación los principios que establecen las nuevas leyes del INEE y del Servicio Profesional Docente.

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También marca los nuevos parámetros de la educación, atiende el tema de la gestión escolar e instruye la creación del Consejo Nacional de Participación Social. Precisa que la gestión escolar tendrá como objetivos “mejorar la infraestructura, compra de materiales educativos; resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación entre los alumnos, maestros y padres de familia bajo el liderazgo del director. Añade que el Sistema de Información y Gestión Educativa estará integrado, entre otros, “por el registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos; las estructuras ocupacionales; las plantillas de personal de las escuelas; los módulos correspondientes a los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional del personal, así como la información, elementos y mecanismos necesarios para la operación del sistema educativo nacional. Este sistema deberá permitir a la Secretaría una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas”. El PRD advierte falta de consenso Exigió que sólo el tema del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación entrara al periodo extraordinario. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidió incluir el paquete de reformas y nuevas leyes en materia educativa enviado por el presidente Enrique Peña Nieto en el periodo extraordinario de sesiones que se abre la próxima semana, a pesar de que llegó apenas ayer y, por lo tanto, la

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Comisión de Educación de la Cámara de Diputados no lo ha discutido para tener un dictamen. De inmediato, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) expresó su inconformidad e instó a la prudencia parlamentaria, porque advirtió que ni la Ley General del Servicio Profesional Docente ni los cambios a la Ley General de Educación tienen los consensos de los diputados y senadores, por lo que pidió que sólo se incluya la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), pero el voto mayoritario del PRI, PAN y PVEM mantuvieron el paquete completo en el orden del día. Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), adelantó que “habrá un debate alrededor de estas tres leyes, en donde se ha construido un amplio consenso, pero no unanimidad, como es natural, por lo que estamos dispuestos a dialogar, conversar, debatir sobre ellas”. “Pensamos que tienen un alto grado de consenso, porque surgen también del Pacto por México, en donde se ha negociado con las principales fuerzas políticas la interpretación del espíritu de la reforma al artículo Tercero Constitucional”, dijo. Pero Miguel Alonso Raya, diputado federal del PRD, junto con el coordinador de ese partido en San Lázaro, Silvano Aureoles, y el líder de los senadores perredistas, Luis Miguel Barbosa, advirtieron del riesgo de insistir en imponer la discusión de esas dos leyes sin contar con el respaldo de las fuerzas políticas de izquierda.

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“Se sigue queriendo resolver problemas de carácter laboral que tienen que ver con el Reglamento General de Condiciones de Trabajo o con la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, en la Ley del Servicio Profesional Docente, y eso no lo vamos a aceptar, porque no es lo correcto, porque no es lo que le sirve a la educación”, advirtió Alonso Raya. Las sanciones a profesores traban leyes secundarias de reforma educativa Legisladores coincidieron en que la búsqueda de opciones para no retirar plazas a docentes aplazará la discusión más allá del 26 de agosto Por Lizbeth Padilla Fajardo Jueves, 15 de agosto de 2013 a las 15:19

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El senador Romero Hicks dijo que antes de aprobar las leyes escucharán las peticiones de los maestros de la CNTE (Lizbeth Padilla/CNNMéxico). (CNNMéxico) — La discusión sobre qué hacer con los profesores que no logren acreditar las evaluaciones que marca la reforma educativa es uno de los puntos que retrasará la aprobación de las leyes secundarias, coincidieron legisladores. El Congreso tiene como plazo para aprobar la Ley General del Servicio Profesional Docente, modificaciones a la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) antes del 26 de agosto, de lo contrario los legisladores caerían en un incumplimiento y su discusión se aplazaría hasta el periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre próximo. El conflicto para los legisladores es la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente, que determina que los nuevos profesores que en la evaluación obtengan una "mala calificación" tendrán tres oportunidades para conservar su plaza. Si en una tercera evaluación y tras haber asistido a programas de regularización, no acreditan la “suficiencia” de conocimientos, las autoridades educativas "darán por terminados los efectos de nombramiento correspondiente", sin ninguna responsabilidad. Los legisladores analizan “alternativas” a lo planteado por la iniciativa del gobierno federal para que los docentes de nuevo ingreso no pierdan su plaza, dijo Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara alta.

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En tanto, los profesores que ya cuenten con una plaza definitiva y no aprueben las tres evaluaciones no serán separados de la función pública, sino solo readscritos en otra tarea administrativa, según el octavo artículo transitorio de la ley. Leer: La SEP da a nuevos docentes dos años para probar que son competentes Este miércoles, la Secretaría de Educación Pública (SEP) envió a la Comisión Permanente del Congreso las tres iniciativas de leyes secundarias necesarias para la aplicación de la reforma educativa, promulgada en febrero por el presidente Enrique Peña Nieto. El paquete de leyes secundarias en materia educativa será discutido por el Congreso del 21 al 23 de agosto en periodo extraordinario. “Si no se aprueba antes del 26 de agosto caemos en falta (…) vamos a trabajar para que se haga el esfuerzo posible para que estén aprobadas en tiempo”, dijo el senador. El diputado Jorge de la Vega, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, dijo que la iniciativa enviada por el presidente Peña Nieto “no va a pasar (sin cambios), lo que no podemos hacer es que se pase sobre los derechos laborales”. Consideró que estas tres iniciativas “se mandaron de manera precipitada”, por lo que “los tiempos nos acotan, son tres leyes fundamentales y es muy poco tiempo para trabajarlos, sobre todo que no ha habido el proceso de elaboración suficiente en dos de ellas que son la Ley General de Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente”.

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Los diputados —quienes deben aprobar las iniciativas como Cámara de origen para luego enviarlas al Senado para su revisión y aprobación— buscarán defender los derechos de los trabajadores haciendo cambios a la iniciativa para evitar que el Estado pueda rescindir la plaza a los docentes que no acrediten las evaluaciones. De la Vega dijo que los legisladores están de acuerdo en la evaluación de docentes y en el concurso de oposición para acceder a una plaza, pero que primero se debe dar capacitación constante y actualización a los docentes, pues “no se vale evaluar sin que se les den las herramientas para la evaluación”. Romero Hicks dijo que antes de aprobar las leyes escucharán las peticiones de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pues por la "desinformación" protestan por puntos que no están en la propuesta. "Están preocupados porque creen que se van a afectar sus derechos laborales, porque algunos creen que habrá una sola evaluación, de un solo instrumento", dijo, y no se puede generar una legislación en contra de los profesores. La propuesta del PRD Ante las iniciativas de ley que envió la SEP al Congreso, las bancadas del PRD en el Senado y en la Cámara de Diputados presentaron este jueves sus propias propuestas y acusaron a la dependencia federal de causar inestabilidad al buscar que sus proyectos se aprueben en un periodo extraordinario.

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“Meterla a resolver en un periodo extraordinario no tiene lógica, no tiene el menor cálculo de lo que puede provocar”, dijo por la tarde en rueda de prensa el líder de los senadores perredistas, Miguel Barbosa. “La apuesta por querer resolver los impactos políticos y sociales de las reformas secundarias en materia educativa puede afectar el escenario político, social y legislativo, tan necesario para resolver otros temas de igual importancia”, agregó. Miguel Alonso Raya, vicecoordinador de los diputados perredistas, señaló que los partidos únicamente tienen acuerdo en aprobar la ley del INEE, pero no las reformas a la Ley General de Educación ni la del Servicio Profesional Docente. Los legisladores del PRD afirman que el proyecto de la SEP afecta los derechos de los docentes porque implica que pierdan sus plazas si no acreditan una evaluación. En contraste, la izquierda plantea que los profesores que no pasen reciban más capacitación, así como crear un Instituto Nacional del Servicio Profesional Docente. La presentación de las iniciativas del PRD en materia de educación ocurrió mientras, por segundo día consecutivo, decenas de integrantes de la CNTE protestaban afuera del Senado por los cambios legislativos que consideran perjudiciales para sus derechos laborales.

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Plantean el "cese" de malos maestros http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/plantean-el-34cese-34-de-malos-maestros-942663.html

En las leyes secundarias reglamentarias de la reforma educativa, el

gobierno federal plantea dar sólo tres oportunidades a los maestros

para ser evaluados y, en caso de no aprobar los niveles de eficiencia,

dar por terminado su nombramiento

CONDICIONES. Los profesores que no aprueben las evaluaciones

podrán inscribirse a los programas de retiro. (Foto: ARCHIVO EL

UNIVERSAL )

El gobierno federal propone en las leyes secundarias reglamentarias

de la reforma educativa dar sólo tres oportunidades a los maestros

para ser evaluados y, en caso de no aprobar los niveles de eficiencia,

dar por terminado su nombramiento.

En la ley del Servicio Profesional Docente, enviada el martes al

Congreso junto con la Ley General de Educación y la Ley para el

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se advierte

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que el personal que ya tenga nombramiento definitivo a la entrada en

vigor de la reforma deberá ser evaluado y si en tres intentos no

alcanza niveles de calidad, no será despedido; será readscrito a otra

área o bien podrá inscribirse a los programas de retiro.

El Ejecutivo plantea además una nueva forma para realizar los

concursos de oposición entre aspirantes a una plaza, pues quienes

resulten elegidos se incorporarán al servicio sujetos a un periodo de

inducción con duración de dos años ininterrumpidos; serán

evaluados cada año y al final, para determinar si cumplen o no con

estándares requeridos. En caso contrario, “se darán por terminados

los efectos de su nombramiento”.

Carrera Magisterial desaparece

La reforma plantea sustituir la Carrera Magisterial para que las

promociones estén relacionadas con un desempeño destacado y en

continuo avance; busca terminar con la asignación discrecional de

plazas, pues plantea que corresponderá a las autoridades educativas

administrar la asignación de éstas con estricto apego al orden de

prelación de quienes resultaron idóneos en los concursos, diseñar

programas de reconocimiento y cursos para la formación continua

del personal.

Las nuevas formas de ingreso se aplicarían a partir de julio próximo.

La reforma aclara que los resultados de las evaluaciones a maestros

no deberán dar lugar a procedimientos de sanción ni tener

consecuencias administrativas o laborales.

Las iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Educación de la

Cámara de Diputados, mientras integrantes de la Coordinadora

Nacional de Trabajadores de la Educación bloqueban los accesos al

Senado.

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La Ley General de Educación establece el Sistema de Información

y Gestión Educativa que manejará un padrón nacional de alumnos,

docentes, instituciones, centros escolares, y llevará el control de

documentos académicos. El censo estará a cargo del INEGI.

Además, la ley incluye disposiciones como prohibir cobro de cuotas

en educación básica o media superior.

También faculta al Estado a la inspección de los servicios educativos

impartidos por escuelas particulares y fortalece la educación especial

y la Educación Inicial, así como la educación a distancia.

La Ley del Servicio Profesional Docente para la educación básica y

media superior que imparta el Estado regula el ingreso, promoción,

reconocimiento y permanencia.

Facultades del INEE

La legislación permite que ONG participen como observadores en

los procesos de evaluación, y evita que los maestros sean cambiados

de escuela durante el ciclo escolar, salvo causas de “fuerza mayor”.

En cuanto a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la

Educación, que debe aprobarse antes del 26 de agosto, da la facultad

de evaluar —con autonomía técnica y presupuestaria— la calidad,

desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la

educación básica y media superior, privada y pública.

Podrá expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades

educativas para evaluar a través de concursos de oposición para el

ingreso al servicio docente, la promoción, y la evaluación del

desempeño docente y de quienes ejercen funciones de dirección y de

supervisión.

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Sacarán del salón a maestros burros; tendrán 3 oportunidades para aprobar examen Los profesores que ya tienen plaza y no pasen las evaluaciones serán enviados a tareas administrativas 16/08/2013 09:04 Leticia Robles de la Rosa http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/16/913853

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CIUDAD DE MÉXICO, 16 de agosto.- Los profesores que no aprueben los tres exámenes para quedarse de manera definitiva frente a un grupo serán incorporados a las áreas administrativas del sector educativo. Así lo dieron a conocer los presidentes de las comisiones de Educación del Senado y de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks y Jorge de la Vega Membrillo, respectivamente. Excélsior informó ayer que la iniciativa del gobierno en la materia establece que sólo los maestros que ya cuentan con una plaza definitiva tienen el privilegio de mantener sus lugares, pese a no aprobar las evaluaciones, pero aclara que los provisionales y de nuevo ingreso serán despedidos, si no acreditan la evaluación o se niegan a someterse a ella. Sin embargo, los legisladores dijeron que habrá mecanismos alternos que garanticen el empleo a los maestros, aunque no tengan los suficientes conocimientos. A las oficinas, los maestros reprobados En la propuesta del gobierno federal se promete ese privilegio únicamente a los docentes con plaza definitiva. Los presidentes de las comisiones de Educación del Senado y de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks y Jorge de la Vega Membrillo, garantizaron que los maestros que no aprueben los tres exámenes para quedarse de manera definitiva frente a un grupo serán incorporados a las áreas administrativas del sector educativo, por lo que se mantendrán como servidores públicos.

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Como lo informó Excélsior ayer, la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para crear la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que sólo los maestros que actualmente cuentan con una plaza definitiva tienen el privilegio de mantener sus lugares, a pesar de no aprobar las evaluaciones, pero aclara que los profesores con nombramiento provisional y de nuevo ingreso serán despedidos si no acreditan la evaluación o se niegan a someterse a ella. Pero ayer, Romero Hicks y De la Vega Membrillo dijeron que esta nueva ley que regulará el trabajo docente contará con mecanismos alternos que garanticen el empleo a los maestros que carecen de los conocimientos para estar frente a un grupo. Jorge de la Vega Membrillo, diputado del PRD y presidente de la Comisión de Educación y Servicios Educativos en San Lázaro, expresó que debe cuidarse la fuente de empleo de los maestros, aunque no acrediten las evaluaciones. “Si algunos ya compraron una plaza y están ahora, hay que someterlos. Perdón por el término, pero hay que someterlos a un proceso de capacitación intensa y continua, porque ya están ahí y tienen derechos. Hay que hacerlo. Y después de la evaluación si no están aptos hay que sacarlos del aula y hay que ubicarlos en un espacio donde desarrollen su trabajo”, comentó. Juan Carlos Romero Hicks explicó que “si un maestro en una evaluación no llega a la suficiencia deseable, se abre un periodo de formación y se evaluaría al siguiente año, esto

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puede hacerse tres ocasiones; si en el caso improbable llegara a la tercera, entonces se tendría que buscar alguna actividad alternativa, que no estaría frente a un grupo. Se respeta su derecho laboral, se buscarían mecanismos de rea- signación en el servicio público o algunas otras combinaciones “(…) se había comentado, aunque la iniciativa no lo refleja todavía, hay que ver el artículo 22, es esta consideración de que a los seis meses la persona debe tener un nombramiento, y ahí se hace una segunda evaluación, y luego vienen otras evaluaciones. Son detalles finos, muy sensibles, que se tienen que examinar con cuidado”, expresó el senador Romero Hicks, del PAN. —¿Por qué no despedirlos? —Es el tema fino de los derechos laborales. Sobre las rodillas, no Jorge de la Vega aseguró, en tanto, que los legisladores federales no van a aprobar sobre las rodillas la reforma educativa a nivel de leyes secundarias, porque no están obligados a hacer lo imposible. Informó que será el próximo lunes cuando la Comisión que preside se instale en sesión permanente para procesar los dictámenes, pero adelantó que sólo es factible la aprobación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Escuchan a la CNTE

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Sobre la protesta de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que incluye un cerco al Senado, Juan Carlos Romero Hicks explicó a su vez que ya se ha escuchado sus demandas. “Escuchar es atender las preocupaciones, pero no es quedar bien con todos. Hay dos aspectos que tenemos que combinar: el derecho superior de la niñez a tener una educación de calidad y respetar el ámbito laboral de los profesores.” Añadió que “vamos a seguir escuchando. Hay varios aspectos que ellos dicen que, con mucho respeto, ni siquiera están en el foco de la propuesta. Ellos creen que se va a privatizar la educación y eso no es parte de la reforma. Están preocupados por la afectación de sus derechos laborales, eso queda en la Constitución y habría que cuidar el respeto irrestricto a sus derechos, y están preocupados porque algunos creen que va a haber una sola evaluación, de un solo instrumento, y no es el caso”. Lo que indica el proyecto La propuesta del gobierno federal para el caso de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece lo siguiente: Octavo transitorio. Para el personal con Nombramiento Definitivo: “El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho Servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, o bien, se le

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ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen”. Noveno transitorio. Para el personal con Nombramiento Provisional. “Continuará en la función que desempeña y será sujeto de la evaluación establecida en el artículo 52 de la presente Ley. Al personal que obtenga resultados suficientes en dicha evaluación se le otorgará Nombramiento Definitivo y quedará incorporado al Servicio Profesional Docente. “Será separado del servicio público (…) el personal que I. Se niegue a participar en los procesos de evaluación. II. Obtenga resultados insuficientes en el primero o segundo proceso de evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley y no se incorpore al programa de regularización correspondiente en cualquiera de ellas, o III. Obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previsto en el artículo 53”. Evaluación será justa: INEE Informa que no le toca elaborar el diseño de esos exámenes, sino dar los lineamientos. La presidenta de la Junta de Gobierno del INEE, Sylvia Schmelkes, anunció que la evaluación que realizará esa institución en todo el sistema educativo nacional será justa, porque no se puede evaluar igual a desiguales. La especialista, quien acudió a la presentación del libro La Reforma Constitucional en Materia Educativa: Alcances y Desafíos, editado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado, adelantó que los exámenes de evaluación tendrán

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parámetros iguales, pero la interpretación de los resultados será diferente, en función de las realidades regionales. En entrevista, explicó que la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto deja en claro que sólo los maestros que se nieguen a evaluarse serán despedidos. “Pero cuál sería la razón por la que un maestro no se dejara evaluar, porque es no dejarse evaluar. Eso es lo que dice la ley: si no se deja evaluar entonces es motivo de despido. Entonces uno preguntaría, bueno, por qué, y, otra vez, insisto: no hay empleo alguno en donde no haya procesos de evaluación”, destacó. A pregunta expresa, explicó la forma en que operará la evaluación regionalizada, pues no se trata de aplicar exámenes distintos para cada una de ellas. “La evaluación tiene que ser la misma, lo que tiene que ser distinto es la interpretación de esa evaluación en todos lados, que es lo que nos va a permitir comparar. “No podemos establecer estándares diferentes. No podemos decir que porque este maestro trabaja en una zona pobre le ponemos un estándar pobre, si justamente lo que necesitamos es que en esas zonas pobres el maestro dé lo mejor de sí. “Pero sí tenemos que entender que un maestro tiene condiciones en donde puede rendir bien y condiciones en donde no. Y entonces la interpretación es la que tiene que variar. No son estándares distintos. Yo creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta”, precisó.

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Garantizó que el INEE realizará una evaluación justa, que implica el cumplimiento de tres elementos: que no se evalúe a los maestros con un solo instrumento, considerar que el desempeño del docente depende de las condiciones en las que trabaja y tomar en cuenta el contexto en que se enseña en las aulas. Más tarde, Schmelkes aclaró que al INEE no le corresponde elaborar el diseño de las evaluaciones, pero si la SEP pide que lo haga no tienen ninguna objeción, aunque cada autoridad educativa estatal podrá elegir quién elabore los exámenes. “Como está la iniciativa ahora, lo que nos toca a nosotros es dar los lineamientos para las evaluaciones. Entonces, una vez que los entreguemos el sistema educativo nacional tiene que hacer caso de ellos y si alguna de las partes del sistema educativo quiere que el INEE haga los instrumentos, nosotros estamos totalmente abiertos, pero también las autoridades son perfectamente libres de pedir los instrumentos en cualquier parte.” También dijo que la evaluación no se basa sólo en un examen, sino que también considera el desempeño de los maestros en el aula, por lo que el INEE podrá sugerir la observación en los salones o videos de las clases. En tanto, el rector de la UNAM, José Narro Robles, quien acudió al Senado a la firma de un convenio de colaboración, expresó que la reforma educativa que requiere México no se logra sólo con un cambio en las leyes.

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“La reforma tiene que ser integral, y también lo he dicho, y lo digo con toda convicción, es parte del proceso que tenemos que transitar. “Se requiere tomar en cuenta a los actores fundamentales, a los profesores y la realidad de la infraestructura que tiene este país, la necesidad de los planes de estudio, de la revisión de los métodos de enseñanza; nos va a llevar tiempo, pero hay que dar los pasos necesarios”, explicó. Quieren quitar guillotina de propuesta presidencial Iniciativa perredista propone que los profesores sólo sean removidos en caso de una falta grave. Para el PRD, la evaluación de los maestros no debe tener ninguna consecuencia en la estabilidad laboral, sino que sólo debe funcionar como un estimulante para la profesionalización docente, sin utilizarse como instrumento de despido. Ayer, después de una conferencia de prensa en la que senadores y diputados federales expresaron que ninguna de las disposiciones del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo deben trasladarse a la Ley General del Servicio Profesional Docente, como pretende el presidente Enrique Peña Nieto, porque consideraron que eso es sobrerregularlas, cuando lo que se necesita es que las autoridades educativas apliquen las normas y dejen de negociarlas con el SNTE. Contrario a lo que plantea Peña Nieto, los perredistas sugieren que los maestros no sean evaluados para obtener su

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nombramiento definitivo y que sólo esperen seis meses para obtener su plaza permanente y no dos años. La iniciativa de Ley General del Servicio Profesional Docente que propone el PRD dispone que los profesores con nombramiento definitivo sólo podrán ser removidos de sus cargos por causas graves que ameriten su cese o destitución y no por insuficiencia de conocimientos en sus evaluaciones, como establece el Presidente de la República. Para los legisladores del PRD, el ingreso al Servicio Profesional Docente constará de reclutamiento, selección, inducción y nombramiento de los maestros de educación básica y media superior. Precisan que el reclutamiento consiste en convocar aspirantes internos y externos del sistema educativo a ocupar una plaza vacante o de nueva creación y se realizará a través de convocatorias públicas. La selección consiste en que los aspirantes acrediten la formación pedagógica requerida por cada nivel educativo, aprueben los exámenes que se realicen para calificar habilidades y destrezas, y aprueben cursos básicos de inducción consignados previamente en la convocatoria de reclutamiento. La inducción consiste en los cursos básicos que deben cursar los maestros, mientras que el nombramiento de docente será en el puesto y categoría que le corresponda por parte de la Secretaría o de la autoridad educativa que lo haya convocado en un plazo de 180 días. De igual forma, propone la creación del Instituto Nacional del Servicio Profesional Docente como un organismo público

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descentralizado de la SEP, el cual coordinará la formación, capacitación y actualización del profesorado.

Prevén diputados reunirse con maestros de CNTE

18 AGOSTO, 2013 00:11 http://www.unomasuno.com.mx/2013/08/18/preven-diputados-reunirse-con-maestros-de-cnte/

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La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados recibirá el próximo martes a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con el fin de escuchar sus planteamientos en torno a las iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal en materia educativa, anunció el legislador Silvano Aureoles Conejo. En este sentido, el coordinador del PRD en el Palacio Legislativo de San Lázaro, afirmó que la postura de su fracción es y será siempre agotar todos los mecanismos de diálogo para elaborar una legislación que no afecte a un sector en específico y permita el desarrollo del país en el sector educativo. Asimismo, declaró que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han acordado trabajar únicamente sobre la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la cual cuenta con un consenso suficiente a fin de abordar su análisis en el próximo periodo extraordinario. En el caso de la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley General de Educación, dijo que hasta que no se agoten las pláticas con el sector educativo, no tienen viabilidad política sobre la base de un acuerdo entre algunos actores. Finalmente, adelantó que si existe algún indicio de querer imponer mayorías en la aprobación de estas leyes, se podría generar un encono social de mayores dimensiones que no le sirve al país.