No.42 El centro de América

19 de marzo de 2011 • Número 42

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver

Suplemento informativo de La Jornada

TEMA DEL MES

19 de marzo de 20112

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Me-dios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo en trámite. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores.

Suplemento informativo de La Jornada 19 de marzo de 2011 • Número 42 • Año IV

“Podemos muy bien alabar a los mayas como el pueblo indígena más brillante del planeta”, escri-bió el arqueólogo Sylvanus G.

Morley. Hoy el territorio que ocupó esta excep-cional civilización es zona de desastre barrida por huracanes, asolada por hambrunas, cimbra-da por golpes de Estado como el de Honduras, desgarrada por la violencia de las Maras y deser-tada por su pueblo.

Los orígenes del mal son complejos pero po-drían remontarse a hace 500 años cuando “(…) el dicho Pedrerías entró en aquella tierra como lobo hambriento”. Porque según Bartolomé de las Casas, Pedro Arias de Ávila, cabeza de una expedición al Istmo en 1514 y gobernador del Darién, primera colonia española continental, “(…) hizo tantas y tales matanzas y estragos, tantos robos y tantas violencias y crueldades (…) despobló más de cuatrocientas leguas de tierra, que es desde el Darién donde desembarcó, has-ta la provincia de Nicaragua, la tierra más po-blada, y rica y feliz del mundo”.

Habría, quizá, que atemperar la exaltación de Morley y hasta la inquina de Fray Bartolomé, pero lo cierto es que la región ha sido víctima de sucesivas conquistas militares y económicas que terminaron implantando una expoliadora agri-cultura de enclave y cavando un tajo interoceá-nico que es herida y maldición; todo adminis-trado por obsequiosos personeros del imperio y apuntalado por ominosas incursiones armadas.

Centroamérica es tierra de volcanes, terremo-tos y huracanes, es tierra de conquista y opre-sión, pero es también tierra de magnas hazañas civilizatorias. Y no sólo en el pasado remoto. Las proverbiales “repúblicas bananeras” han sido escenario de proezas culturales y liberta-rias consumadas por hombres de letras, como Darío y Asturias; por hombres de utopías, como Sandino y Farabundo Martí, y sobre todo por centroamericanos de a pie que han hecho de an-gostura geográfica, estrechez económica y apre-tura política un reto a la invención artística, a la creatividad social y a la imaginación política.

Para su fortuna o su desgracia, la cintura del con-tinente no sólo es propicia a los cultivos de plan-tación y la ganadería, también posee recursos estratégicos: petróleo, gas natural, uranio y mine-rales no metálicos, mantos de valiosa agua subte-rránea, ríos de alto potencial hidroeléctrico, bos-ques y selvas maderables, potencial pesquero de agua dulce y salada. Y sobre todo biodiversidad: profusión de flora, fauna y microorganismos, con frecuencia endémicos. Además, su feraz natura-leza y densa historia la hacen atractiva para el tu-rismo. Y sin olvidar que por su ubicación el Istmo es insoslayable corredor del comercio que fluye de la costa oeste de Estados Unidos al Pacífico, evitando Los Apalaches y Las Rocosas.

A la seducción que todo esto ejerce sobre ciertos capitales, hay que agregar que la región es vital para Estados Unidos en la perspectiva geopolí-tica de cerrar la pinza sobre el Golfo de México y el Caribe.

La América de en medio ofrece variedad de posi-bles rentas: recursos excepcionales del subsuelo y de la biosfera; clima, paisaje, cultura e historia comercialmente valorizables; ubicación estraté-gica para el mercadeo global tanto de mercan-cías legales como de productos ilegales; servicios productivos y a la población, ya privatizados o privatizables; pueblos desamparados y ansiosos de empleo… Sin olvidar lo más importante: una mayoría de gobiernos predispuestos y solícitos.

Y como al capital le interesan más las rentas de monopolio que las posibilidades de inversión competitiva, la región es escenario de pugnas entre piratas y corsarios del gran dinero. Se dirá que cualquier inversión es mejor que el éxodo re-sultante de la falta de ocupación, de ingresos, de futuro. Tesis dudosa, pues la nueva colonización está resultando tan expoliadora como las anterio-res. Centroamérica necesita desarrollo, no saqueo.

A la maldición de ser botín del imperio se agre-ga la de tener como vecino a un México prepoten-te y desafanado que si antes mostraba poco interés en los pobres del barrio, desde la firma del Trata-do de Libre Comercio de América del Norte (TL-CAN) se volcó del todo hacia el norte. El proble-ma son nuestros gobiernos, sí, pero también un pueblo carente de definiciones identitarias claras. Si para los estadounidenses Sudamérica empieza en el Río Bravo y para los centroamericanos Nor-teamérica empieza en el Suchiate, los mexicanos estamos en el limbo. Geográficamente somos en parte Norteamérica y en parte Centroamérica, para nuestros gobernantes estamos llamados a ser la provincia más equinoccial de la Norteamérica yanqui, y en la percepción de los centroamerica-nos somos un big brother hostil y persecutorio que devino cancerbero del imperio.

Si para los centroamericanos, todos, México es tierra hostil; para los migrantes en tránsito a Esta-dos Unidos, es extenuante viacrucis. Traspasar la frontera sin documentos es ser hostigado, deteni-do, arrollado por el tren, extorsionado, robado, se-cuestrado, torturado, violado, asesinado… El 25 de agosto de 2010 se conoció la masacre de 72 centro-americanos en San Fernando. Pero en Tamaulipas y otros estados, las agresiones son permanentes y ocurren con la complicidad de las autoridades. Hace poco tres centroamericanas fueron deteni-das por policías municipales de Reynosa, que las entregaron a miembros del grupo delincuencial conocido como Los Zetas, quienes las violaron y extorsionaron. Al ser liberadas, se presentaron ante funcionarios del Instituto Nacional de Mi-gración (INM)… que las “vendieron” de nuevo a Los Zetas. Y lo mismo en Tabasco: se sabe que en Tenosique el jefe de Los Zetas intercambia con los funcionarios del INM a los migrantes secuestra-dos “balines” (que no pueden pagar su rescate) por otros detenidos cuyas familias tengan con qué…

Según la guatemalteca organización no guber-namental Mesa Nacional de Migraciones, to-dos los años entran a México en promedio 400 mil centroamericanos. Las cifras del INM son menores, pero aún apabullantes: calcula que en 2009 entraron 250 mil, de los cuales 64 mil fueron detenidos y repatriados. La mayoría hon-dureños, guatemaltecos y salvadoreños.

Hubo un tiempo, cuando el auge de las guerrillas, que gran parte de los que emigraban de Centro-américa a México eran refugiados de guerra. Pero hace dos décadas empezaron a cruzar los jóvenes

combatientes desmovilizados a resultas de los acuerdos de paz de El Salvador; del fin de la gue-rra entre sandinistas y contras, en Nicaragua, y del desmantelamiento de las bases militares de Esta-dos Unidos en Honduras. Hoy el éxodo se alimen-ta de los damnificados por huracanes, las víctimas de los desastres económicos y los que escapan de la violencia política y social. Todos seducidos por los cantos de sirena del “sueño americano” que ni el estruendo de la reciente recesión pudo silenciar.

Antes, el flujo humano era operado por “polle-ros”, hoy bandas de narcotraficantes de diversifica-da actividad delincuencial, como Los Zetas, se han apoderado también de este negocio y en ocasiones reclutan como operadores a los viejos facilitadores de la trashumancia. Y la mudanza es lesiva, pues los sicarios del narco no sólo trafican con personas, también las reclutan forzadamente, las emplean como portadores de droga, las secuestran para extorsionarlas y con frecuencia las torturan y ase-sinan. En esto son cómplices algunos maquinistas del tren conocido como La Bestia, que se detienen en lugares convenidos con los delincuentes, y tam-bién los empleados de las compañías de remesas que hacen efectivos a una sola persona decenas de envíos que en realidad son pagos de rescate.

Según Óscar Martínez, autor de Los migrantes que no importan, la generalización de este delito se debe a que en vez de secuestrar a un empresa-rio por el que se puede obtener un gran rescate, pero por el que se movilizará la policía, es mejor secuestrar a 40 indocumentados que pagarán al-rededor de mil 500 dólares cada uno, y por quie-nes ninguna autoridad se va a preocupar. Según la Comisión Nacional de los Derechos Huma-nos, “la cifra de víctimas (de secuestro) podría ser de 18 mil al año” y dado que según la misma instancia cada uno paga entre 500 y cinco mil dólares, el negocio deja una ganancia anual del orden de 50 millones de dólares.

Y ese es el problema: los “hermanos” centro-americanos son asaltados por Los Zetas; por las Maras; por policías municipales, estatales y fede-rales; por agentes del INM y por soldados. Sobre la responsabilidad del gobierno mexicano hay pocas dudas. En el VI Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México, realizado por varias orga-nizaciones no gubernamentales, entre ellas Be-lén Posada del Migrante, después de documentar los hechos, se concluye que “es clara la colusión del INM y de la Policía Federal con Los Zetas”.

El 27 de diciembre pasado el gobierno de Guate-mala se manifestó “consternado ante las constantes violaciones a los derechos humanos de los migran-tes que transitan por territorio mexicano”, y el vice-canciller chapín sostuvo que “los actos hostiles y a veces delictivos en contra de la comunidad migran-te no son aislados, sino una práctica sistemática”.

Como pueblo, los mexicanos no podemos perma-necer pasivos ante el genocidio de la Mesoamérica peregrina. Pero el compromiso verdadero con esta causa es parte de una definición mayor. Para el país optar entre el Norte y el Sur ha sido siempre una disyuntiva histórica. Elección más insoslaya-ble ahora, cuando la gerencia de la nación mira hacia Estados Unidos anhelante y obsequiosa.

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COMITÉ EDITORIAL

Armando Bartra Coordinador

Luciano Concheiro Subcoordinador

Enrique Pérez S.Lourdes E. RudiñoHernán García Crespo

CONSEJO EDITORIAL

Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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Diseño Hernán García Crespo

BUZÓN DEL CAMPOTe invitamos a que nos envíes tus opiniones, comentarios y dudas a

[email protected] Sigüenza Ramírez fue coeditor del presente número del suplemento

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“(…) ENTRÓ EN AQUELLA TIERRA COMO LOBO HAMBRIENTO” BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

“(…) que había

ricas tierras y

buenas minas”

Como Cortés tuvo noticia que en la provincia de Guatemala había recios pueblos y mucha gente, y que había

minas, acordó enviar a conquistarla y a poblarla a Pedro de Alvarado (…)

Cortés tuvo nueva que había ricas tierras y buenas minas en lo de Higueras

y Honduras, y también su Majestad mandó que mirase e inquiriese de buscar

el estrecho o puerto, pasaje para la especiería. Sea por el oro o por buscar el

estrecho, Cortés decidió enviar a Cristóbal de Olid, y le encargó que con diligencia les predicase las cosas de nuestra santa fe, y

que en todas partes pusiese cruces (…)

Al capitán Luís Marín le mandó que con todos los soldados fuésemos a la provincia de Chiapa,

que estaba en guerra, y que la pacifi cásemos.

BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO, HISTORIA VERDADERA DE LA NUEVA ESPAÑA

“(…) cesión a la United

Fruit Co., de la zona

bananer a del Pacífico”

Cable del Primer Magistrado a Ariel, su hijo, Embajador en Washington, disponiendo la inmediata compra de armamentos, parque, material logístico (…) procediéndose

para ello, puesto que toda guerra es cara y el Tesoro Nacional andaba muy maltrecho, a la cesión a la United Fruit Co., de la zona bananera del Pacífi co,

operación demorada desde hacía demasiado tiempo por los peros, alegatos y objeciones, de catedráticos e intelectuales que no sabían sino hablar pendejadas, denunciando las apetencias –¡por Dios! inevitables, fatales querámoslo o no, por

razones geográfi cas, por imperativos históricos– del imperialismo yanqui.

ALEJO CARPENTIER, EL DISCURSO DEL MÉTODO

¿(…) cansados

de ser indios?

¿Quién dijo que estábamos cansados de ser indios?

YABILIQUINYA, CACIQUE KUNA DE PANAMÁ

“(…) su

creatividad

la han

incorporado

en las armas

populares”

Los indios han volcado todo su arte, toda su creatividad que tienen en los telares, en la guerra popular. Su creatividad la

han incorporado en las armas populares: con cal, con sal, con chile, agua caliente,

el pueblo ha hecho sus armas

COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA (CUC), GUATEMALA, 1978

“(…) desarrollar

su cultura

rota”

Porque nuestro pueblo indio, como tal, pueda desarrollar su cultura rota por los criminales invasores; por una economía justa en que nadie explote;

porque la tierra sea comunal como la tenían nuestros antepasados.

CUC, DECLARACIÓN DE IXIMCHÉ, GUATEMALA, 1980

“(…) los hombres escudriñan el cielo”

Quizá Mesoamérica pueda lograr su integración copiando las formas de su poderoso vecino del norte ¿O bien encontrará algún día su propio camino? Presa entre el ayer y el mañana, Mesoamérica sigue en vías de formación. El gallo ha cantado, pero transcurrirá algún tiempo antes de que el sol se levante; sin embargo los hombres escudriñan el cielo (…)

ERIC WOLF, PUEBLOS Y CULTURAS DE MESOAMÉRICA

“(…) el resultado ha sido

catastrófico”

En Mesoamérica vamos para un cuarto de siglo de políticas neoliberales de apertura comercial y desregulación; apuesta suicida por la globalización económica asimétrica

y desleal, que atenida a una agroexportación a la postre ruinosa, desmanteló nuestra agricultura de granos básicos empobreciendo y expulsando del campo a los

pequeños y medianos productores. Primero los acuerdos del GATT, luego los de la OMC y fi nalmente los tratados comerciales, nos llevaron a suprimir apoyos al sector

agropecuario y políticas de fomento a la producción de alimentos básicos.

El resultado ha sido catastrófi co: la decisión de nuestros gobiernos de hipotecar el desarrollo, cancelar la posibilidad de una integración regional y conducirnos desarmados y en desventaja

a un mercado que no tiene nada de “libre”, pues está dominado por los intereses comerciales de los países poderosos y por las trasnacionales, nos ocasionó fuertes daños políticos, económicos,

sociales y ambientales. Para empezar, sacrifi camos nuestra presunta condición de naciones soberanas, nuestras economías quedaron arrasadas y lo restante fue desnacionalizado (…)

MOVIMIENTO INDÍGENA Y CAMPESINO MESOAMÉRICANO (MOICAM), MANIFIESTO DE XOCHIMILCO, MÉXICO, 2004


Juan Pablo Ozaeta

Doce años des-pués del Tra-tado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN), Centroamé-rica y República Dominicana pusieron en marcha un acuerdo similar con Estados Uni-dos: el llamado TLC RD-CAUSA, que entró en vigor en 2006 en la mayoría de países del Istmo. La excepción fue Costa Rica, donde inició en 2009.

Similar a lo ocurrido en México, este acuerdo generó muchas contradicciones entre distintos sectores en Centroamérica. En materia agrícola, los sectores privados y gubernamentales vendían la idea de que se abrirían posibilidades para pequeños pro-ductores de exportar algunos vegetales y frutas. También se prometían beneficios al consumidor, debido al ingreso de más mer-cancías de Estados Unidos.

Detrás de esas promesas, el sector privado cen-troamericano tenía otros intereses guardados. El sector agro exportador buscaba con el acuer-do elevar sus exportaciones a Estados Unidos, y empresarios de la industria de alimentos, como los de la rama avícola, apostaban al abarata-miento de la importación de granos básicos: en Guatemala un poderoso oligopolio avícola logró privilegios para la importación de maíz sin pago de aranceles, ventaja que actualmente no es trasladada al consumidor.

Con la firma de este Tratado, Estados Uni-dos afianzó su política económica hacia América Latina, manifiesta en el llamado Consenso de Washington. Esta propuesta propugnaba por la eliminación del control del Estado en los mercados financieros, pro-ductivos y laborales. Con esto, se pretendía que la empresa privada y la fuerza de trabajo “libre” fuera la que determinara la ruta del desarrollo económico.

Contrario a acuerdos anteriores, como el de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en que se establece la reducción gradual de los aranceles, en las negociacio-nes del TLC RD-CAUSA se eliminó inme-diatamente un 50 por ciento de las fraccio-nes arancelarias. De esta forma, se dejaron de considerar las asimetrías de los países firmantes.

En las negociaciones, mientras que la ma-yoría de países centroamericanos escogieron

uno de los granos básicos fundamentales para su alimentación y su economía para es-tablecer protecciones, Estados Unidos eligió el azúcar, y junto a éste añadió productos sustitutivos de azúcar y con alto contenido del edulcorante.

De manera que mientras un país como Gua-temala pudo proteger el maíz blanco, que es una sola línea arancelaria, Estados Unidos protege 47 fracciones arancelarias. Además de esta gran concesión, tampoco se abordó la eliminación de subsidios, práctica aplicada por Estados Unidos a su producción agrícola.

Casi cinco años después se empieza a evi-denciar que las promesas eran falsas, y que el modelo de desarrollo económico que se planteó desde Estados Unidos para la región es inadecuado.

En Centroamérica, con excepción de Costa Rica, granos básicos como el maíz y el frijol son los cultivos que más empleo generan. Por otra parte, productos de exportación como el café, banano y caña de azúcar son los que más valor aportan pero no generan el mismo nivel de empleo en comparación con los granos básicos.

La liberalización comercial ha estimulado el crecimiento de las importaciones de granos básicos subsidiados. Esto ha provocado el aumento de la dependencia alimentaria en la región y ha afectado la rentabilidad de la producción campesina de granos.

Los monocultivos de café, banano, caña y palma africana, entre otros productos, han elevado el costo de arrendamiento de la tie-rra, y desplazan al campesinado que siem-bra granos básicos.

La concentración de la tierra para la agro-exportación afecta a naciones como Nica-ragua, Guatemala y El Salvador, en donde existe una producción elevada de caña de azúcar, y en Costa Rica sucede igual con la piña. Además hay un impacto ambiental por el uso de agroquímicos.

Respecto de las exportaciones de vegetales, que se suponía serían la oportunidad para la población campesina, en países como Gua-temala no se observa un crecimiento elevado del comercio de estos productos. La actual dinámica de producción y venta en este ru-bro no es favorable para el pequeño produc-tor, pues son los intermediarios quienes se apropian del valor de la producción.

En conclusión, la desigualdad en el acce-so a medios de producción permite sólo a grandes empresas participar del comercio exterior, y les afecta a quienes no tienen esos medios, principalmente en su producción alimentaria. No existe para las comunidades rurales centroamericanas un modelo de libre mercado, y se hace indispensable la partici-pación del Estado para que provea medios de producción para el campesinado y les ayude a producir de una forma eficiente y sosteni-ble, además de garantizar canales de comer-cialización justos.

EL MERCADO NO APLICA EN EL CAMPO:CINCO AÑOS DE “LIBRE COMERCIO” CON EU

En materia agrícola,

los sectores privados y

gubernamentales vendían la idea

de que se abrirían posibilidades

para pequeños productores de

exportar algunos vegetales y

frutas. También se prometían

benefi cios al consumidor,

debido al ingreso de más

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19 de marzo de 2011 5

Lourdes Edith Rudiño

La experiencia de negociación del Acuerdo de Asociación

Centroamérica-Unión Europea (UE), con-cluida en mayo de 2010, dejó un sabor amar-go en el gobierno de Nicaragua. Las delibe-raciones de este acuerdo, que iniciaron en 2005 –cuando todavía el presidente nicara-güense era Enrique Bolaños, del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC)- fueron marcadas por la búsqueda tenaz del gobierno de Daniel Ortega, a partir de 2007, de imprimirle un contenido de cooperación, de complementariedad y de integración real de las dos regiones participantes. Pero el re-sultado fue frustrante.

En entrevista, Bernardo González, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y quien participara dentro del go-bierno de Daniel Ortega en las negociacio-nes con Europa, afirma: “el saldo finalmente fue que se impuso la lógica del libre merca-do, depredadora, excluyente, injerencista y punitiva”.

Su relato es éste: cuando el Frente Sandi-nista de Liberación Nacional (FSLN) ganó la Presidencia nicaragüense, Ortega aceptó asumir las negociaciones de tal acuerdo pero lo hizo bajo protesta y puso como referencia otras formas de integración que se estaban estableciendo, como la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba), la cual no es un acuerdo de libre comercio, sino de comple-mentariedad y su espíritu es ese, además de implicar cooperación y comercio justo.

Nicaragua, agregó, mantuvo siempre una posición crítica e incluso discrepante con la UE y con los demás países de América Central, pero se mantuvo dentro de las nego-ciaciones del acuerdo de asociación porque quería fortalecer la integración como región de Centroamerica, proceso éste que suma ya muchos años.

Además en ese entonces, 2007, había buenas posibilidades de que la posición de Ortega ante el acuerdo se robusteciera: Álvaro Co-lom, con una bandera social-demócrata, estaba llegando a la Presidencia de Guate-mala; Manuel Zelaya, el entonces presidente de Honduras, mostraba una apertura muy grande a la integración centroamericana, simpatizaba con la Alba y era un aliado es-tratégico de Ortega en la visión de la integra-ción plena; se perfilaba entonces un viraje de derecha a izquierda en el gobierno de El Salvador, que estaba por realizar elecciones, y por último la llegada de Barak Obama a la Presidencia de Estados Unidos generaba la expectativa de que este país modificara su conducta para con América Central, a la cual tradicionalmente ha considerado su pa-tio trasero y su zona de influencia absoluta.

Nicaragua hizo énfasis en que el acuerdo Centroamérica-UE se estaba dando desde arriba y desde afuera –esto es por el interés de las cúpulas y con presiones externas– cuan-do debería ser desde adentro y desde abajo, ”para beneficiar a las personas antes que al negocio”, comenta el entrevistado y precisa que quienes llevaban la batuta en las nego-ciaciones eran Costa Rica y El Salvador, con la consigna de que no debería ponerse nin-guna barrera al acuerdo para aprovechar lo que consideraban era una gran oportunidad de alianza con los 27 miembros de la UE.

El gobierno de Daniel Ortega se mantuvo suspicaz, pues la integración centroamerica-na, “que es un anhelo legítimo, en realidad se ha venido dando desde los capitales loca-les y su relación con las trasnacionales, cuyo propósito es aprovechar la riqueza natural de Centroamérica, explotar la mano de obra ba-rata y realizar inversiones en las condiciones más favorables, en la lógica tradicional de los países más fuertes”. La pregunta que se hacía Nicaragua es para qué entrar en dinámicas de integración de este tipo y con un acuerdo con la UE que fortalecía esa visión, si eso es lo que tiene sumido al país en la pobreza y lo que ha provocado la necesidad de mucha gente de emigrar. Aunque dentro del país los capitales nacionales sí le apostaban al acuer-do con Europa con la bandera de fortalecer las exportaciones.

Bernardo González comenta que para Da-niel Ortega el riesgo del acuerdo es que abriría caminos a los capitales europeos en Centroamérica, con los recursos naturales como principal objetivo, mientras que to-dos los países de esta región continuarían sus exportaciones tradicionales, que son de materias primas, como banano, café, azúcar y últimamente agrocombustibles. “Todos los países producen lo mismo; compiten por el mismo mercado y los productos se abaratan”.

En las negociaciones, Nicaragua insistió sin éxito en incorporar cinco preceptos: uno, respeto a la soberanía nacional, al orden constitucional y a la idiosincrasia de cada país. Esto, a contracorriente con los plantea-mientos de Europa, “la cual insiste en ser la creadora de la democracia y desde hace mu-chos siglos tiene pretensiones civilizatorias”.

Al respecto, subraya que la mayoría de orga-nizaciones no gubernamentales de Nicara-gua tienen financiamiento europeo y eso ha

propiciado una discusión interna polarizada, pues a la UE no le agradó que el FSLN gana-ra la Presidencia y ha condicionado ayudas y cooperación. Eso es ejemplo de injerencia e irrespeto a la soberanía nacional.

El segundo de los cinco preceptos menciona-dos era respeto a los recursos naturales, a los territorios rurales y a la población que vive allí, pues preocupa que a los capitales euro-peos les interesan las costas, el agua, la selva, los bosques y los minerales centroamerica-nos. El tercero se refería a la creación de un mecanismo de compensación financiero: un fondo de inversiones, por 60 mil millones de euros, con 90 por ciento de aportaciones de la UE, para construir infraestructura y elevar la capacidad productiva de Centroamérica, que tiene grandes rezagos en caminos, puer-tos, aeropuertos y aduanas.

El cuarto era la integración plena de las dos regiones negociadoras, a fin de que el acuer-do sirviera para mejorar las condiciones de la población y fortalecer las capacidades de los Estados, las cuales se han debilitado en los años recientes por las políticas neolibera-les. Y el quinto era el reconocimiento, dentro de las negociaciones del acuerdo, de la gra-vedad de la crisis económica global surgida en 2008. “Ninguno de estos preceptos fue aceptado”.

El panorama para Nicaragua empeoró por-que las expectativas que tenía no se cum-plieron: Obama no ha mejorado su relación con los latinoamericanos; en El Salvador, si bien ganó las elecciones el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), no ha habido viraje a posiciones progresistas, ya no digamos de izquierda, y Colom tam-poco ha cambiado nada en su Guatemala. Además, en Honduras el presidente Zelaya fue depuesto por un golpe militar.

“Llegó un momento (en 2008) en que Ni-caragua se levantó de la negociación y se suspendió ésta, pues había el acuerdo que todos los países (delas regiones involucradas) debían participar y si uno se levantaba, se rompería el proceso”. Pero hubo presiones a Nicaragua, por medio de Obama, para que regresara al diálogo, y hubo muchas presio-nes de Europa. Retornó a la mesa Nicaragua,

“Pero vino después el golpe militar en Hon-duras. Y Nicaragua tuvo entonces que tomar una decisión: o se levantaba de la negocia-ción o acababa aceptando la participación de Honduras. Su decisión fue intermedia: no reconoció ni reconoce a Porfirio Lobo como presidente hondureño, pero sí aceptó que continuara la negociación comercial. La de-legación política (la cancillería nicaragüen-se) se retiró de la negociación y sólo continuó la parte comercial. Y ésta fue la que cerró el acuerdo, que se firmó en mayo en Madrid, en la Cumbre Iberoamericana”

Según Bernardo González, es muy pronto para hacer evaluaciones del acuerdo en cues-tión: se ha logrado cierta apertura del merca-do europeo, que da beneficio a quienes ex-portan, pero éstos “no derraman”: no tienen ningún compromiso para que compartan su bonanza ni siquiera con sus trabajadores con las regiones donde se ubican.

“El saldo es que finalmente se impuso la ló-gica del libre mercado. Eso nos habla de la fortaleza que tienen las economías potentes, cuyos gobiernos están aliados con las tras-nacionales que alientan el modelo del libre comercio”. Y en el momento actual los países europeos (Italia, Francia, Bélgica, Holanda, entre otros) se están corriendo a la derecha y apoyan los intereses trasnacionales, los cua-les paradójicamente se fortalecieron con la crisis económica global.

Nicaragua

ESFUERZOS FRUSTRADOS EN LA BÚSQUEDA DE UN ACUERDO JUSTO CON EUROPA• La lógica de libre mercado, depredadora e injerencista, se impone: Bernardo González

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Susana Gauster

En casi toda América Lati-na, en los 50 años recientes

la relación del campesinado con el Estado ha tenido diferentes expresiones, de acuerdo con los modelos de desarrollo económico en vigor.

La lógica de la época de la sustitución de im-portaciones implicaba incluir en el modelo al campesinado, aunque fuera bajo condiciones desfavorables, convirtiéndose –en su momen-to– las políticas de fortalecimiento productivo en políticas de combate a la pobreza. En cam-bio, en la época neoliberal se van separando desarrollo económico y combate a la pobreza: se excluye al campesinado del desarrollo pro-ductivo y se le va reduciendo a un sujeto social.

Después de varias décadas de un modelo de sustitución de importaciones basado en su-puestos modernizantes (como la confianza en el efecto derrame –reducción de pobreza auto-mática a partir del crecimiento económico–), a inicios de los años 70s se realizó un cambio conceptual en la teoría de desarrollo. Se ge-

neró conciencia de que el crecimiento eco-nómico por sí solo no había contribuido a la reducción de la pobreza (rural) y se empezó a cuestionar la relación entre pobreza y distribu-ción. Derivado de ello se planteó la estrategia de necesidades básicas, que ponía en el centro del desarrollo al ser humano y sus necesidades.

En el ámbito rural esta estrategia se tradujo en el concepto denominado “desarrollo ru-ral integral” (DRI), el cual consideraba vital para la reducción de pobreza la inclusión del campesinado a los procesos de desarrollo na-cionales. Por tanto se planteaba fortalecer el sector rural de tal manera que por su propia fuerza pudiera generar los ingresos necesarios para superar la pobreza, a la par de proveer a las ciudades de alimentos baratos que per-mitirían que los salarios de los trabajadores urbanos aumentaran en términos reales (im-plicando ello una reducción de los costos de producción para las industrias domésticas).

Aspectos clave de esa estrategia eran la imple-mentación de una política agraria estructural (reformas agrarias) para permitir un uso ópti-mo de la tierra; una política de intervención del mercado a favor de los agricultores, me-

diante la elevación (con subsidios) o estabi-lización (con precios de garantía) de los pre-cios de los productos agrícolas; una política comercial protectora de bienes agrícolas bási-cos, así como el fortalecimiento del comercio intra-regional y nacional; el rescate y desarro-llo de recursos locales ante la introducción de recursos externos (en tecnología, personal et-cétera); la asistencia técnica, y la provisión de créditos con criterios de aplicación adaptados al contexto de los campesinos, entre otros.

Producto de lo anterior, se realizaron inversio-nes fuertes para las áreas rurales y se organizó la actividad pública alrededor de este propó-sito. Sin embargo, por el tipo de Estado que desarrollaba tales planes, el impacto de esta estrategia, al igual que las reformas agrarias que se dieron en la época, fue minimizado. Las dictaduras militares predominantes en muchos países de la región, con sus prácticas de corrupción y mal gasto de recursos, no contribuyeron a que los préstamos y demás in-versiones llegaran a su destino y que la estra-tegia de inversión en el campo surtiera efecto.

A partir de los años 80s cambió la concep-ción de desarrollo. La crisis de la deuda dio lu-gar a la aplicación de medidas rígidas de ajuste estructural y sectorial, lo cual para el ámbito rural ha tenido tres repercusiones principales: el desmantelamiento de los sectores públicos agrícolas que hasta esos momentos habían apo-yado la producción (campesina) alimentaria, la liberalización de los mercados agrícolas y la apertura comercial. Todas esas medidas luego se convirtieron en “ley” mediante el Consenso de Washington, cuyas principales característi-cas se han mantenido hasta la fecha.

Así, el apoyo al sector campesino desapare-ció; las políticas económicas macro obstacu-lizaron su desempeño. Todo ello sin existir medidas de “compensación” de ningún tipo. La teoría del derrame había regresado a la agenda económica.

A partir de una mayor sensibilización en los temas de la pobreza que se dio a mediados de los años 90s, los temas del desarrollo rural y

del combate a la pobreza regresaron a la agen-da de los Estados y de las instituciones (fi-nancieras) internacionales, pero con el sesgo neoliberal característico de la época, el cual cambió de fondo el papel del campesinado.

Con excepción del pequeño sector que logra la transición hacia la producción y comercia-lización de cultivos rentables y aquel grupo que posee suficiente tierra para seguirse re-produciendo con base en los excedentes en la producción de alimentos básicos, los campe-sinos tienen que ampliar su base de ingresos mediante la pluri-actividad, fuera del ámbito agrícola. De esta manera no desaparecen como campesinos, pero limitan la producción agrícola a las necesidades alimenticias de sus hogares y transforman su relación con el mer-cado. En lugar de productos agrícolas, venden su fuerza de trabajo como semi-proletarios.

La semi-proletarización es un fenómeno atractivo para los capitales pues permite la venta de la fuerza de trabajo por debajo de los costos de reproducción familiar, dado que una parte de estos costos es absorbida por la producción de subsistencia de los campesinos. Para mantener condiciones de semi-proleta-rización aun bajo la tendencia de reconcen-tración de la tierra, que afecta la producción de subsistencia campesina, las transferencias sociales pueden jugar el papel de cubrir parte de los costos de vida. Y son esas transferencias las que en la práctica constituyen aportes cada vez más significativos a los ingresos rurales. Se trasladan con el fin de que las poblaciones acepten las reformas económicas y se eviten revueltas sociales, y bajo el planteamiento aparentemente caritativo de establecer “redes sociales para los que quedaron atrás”.

Desde la óptica de la relación Estado-cam-pesinado, resulta evidente entonces cómo el campesino se ha ido convirtiendo de sujeto económico, parte fundamental de la estrategia de desarrollo, en un sujeto social receptor de transferencias monetarias condicionadas e in-tegrado a la estrategia de desarrollo nada más como vendedor de fuerza de trabajo barata. Colectivo de Estudios Rurales IXIM

Rocizela Pérez Gómez

La Vía Campesina (LVC) es un movimiento in-ternacional e intercultural que coordina organi-zaciones nacionales y regionales de campesinos (as), mujeres rurales, campesinos (as) sin tierra,

trabajadores (as) agrícolas, pueblos indígenas, migrantes y campesinos (as) que trabajan en la pesca o en la artesanía, así como jóvenes rurales. Es un movimiento autónomo, multicultural, pluriétnico y pluralista.

Se basa en la convicción de que las y los campesinos, inclu-yendo a los pequeños pescadores, pastores y pueblos indíge-nas, que constituyen casi la mitad de la población mundial, son capaces de producir alimentos para sus comunidades y alimentar al mundo de forma sana y sostenible. Su objeti-vo es desarrollar la solidaridad y la unidad en la diversidad entre las organizaciones miembros, para promover las rela-ciones económicas de igualdad, de paridad de género y de justicia social; la preservación y conquista de la tierra, del agua, de las semillas y otros recursos naturales; la soberanía alimentaria; la producción agrícola sostenible, y una igual-dad basada en la producción en pequeña y mediana escalas.

La Vía Campesina se identifica como un movimiento in-ternacional autónomo, plural, multicultural, independien-te, sin ninguna afiliación política partidaria, económica

o de otro tipo. Fue creada en mayo de 1993, constituida como una organización mundial en la primera conferencia de La Vía Campesina en Mons, Bélgica, donde, definió sus primeras pautas estratégicas y su estructura. La Vía Cam-pesina tiene presencia en las regiones de: Norteamérica, Centroamérica, Caribe, América del Sur, Europa, África, Asia del sur y Asia del sureste y este.

El carácter anticapitalista y antineoliberal del movimiento es constatable en sus luchas contra instituciones como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC). Y ratifica su lucha contra el modelo de agricultura industrial basado en la generación de excedentes y en la agroexpor-tación, la acumulación, la explotación y el libre mercado.

Por una soberanía alimentaria: En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada en 1996, La Vía Campesi-na lanzó la idea de “soberanía alimentaria”, que es una de sus principales acciones de lucha; la misma creció y en la actualidad forma un movimiento popular global promovi-do por una gran variedad de sectores sociales, tales como pobres urbanos, grupos medioambientales, grupos de con-sumidores, asociaciones de mujeres, pescadores, pastores y otros muchos. Además, cuenta con el reconocimiento de numerosas instituciones y gobiernos.

La Vía Campesina considera esta acción primordial porque la soberanía alimentaria da prioridad a la producción y el consumo local de alimentos, además de que proporciona a

un país el derecho de proteger a sus productores locales de las importaciones baratas y de controlar la producción, Ade-más garantiza que los derechos de uso y gestión de tierras, te-rritorios, agua, semillas, ganado y biodiversidad estén en ma-nos de quien produce alimentos y no del sector empresarial. Sostiene que una auténtica reforma agraria integral consti-tuye una de las prioridades del movimiento campesino.

Las mujeres juegan un papel fundamental en el trabajo de La Vía Campesina. Según la Organización de las Nacio-nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las mujeres producen el 70 por ciento de los alimentos mundiales pero están marginadas y oprimidas por el neo-liberalismo y el patriarcado. Ante esto La Vía Campesina defiende los derechos de las mujeres y la igualdad de géne-ro en todos los niveles y lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Desde La Vía Campesina, en las diferentes regiones la lu-cha es por incidir en el centro de poder y decisión de los gobiernos y los organismos multilaterales, para la reorienta-ción de las políticas económicas y agrícolas que afectan los pequeños y medianos productores; por fortalecer la partici-pación de las mujeres y los jóvenes, y por formular propues-tas con relación a las temáticas que afectan a la mayoría de los pueblos del mundo. Entre sus banderas de lucha está el fomentar la movilización social y permanecer firmes en la convicción de que OTRO MUNDO ES POSIBLE. ¡Glo-balicemos la lucha, globalicemos la esperanza! Cloc-La Vía Campesina en Guatemala

LA VÍA CAMPESINA

EL CAMPESINADO Y LAS

POLÍTICAS PÚBLICAS

EN AMÉRICA LATINA

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Olga Pérez

Gu a t e m a l a , al igual que otros países de la región,

enfrenta procesos de reorganización agraria y de crisis política que son expresión de las nuevas formas de acumulación capitalista e inciden de manera directa en la conflictivi-dad agraria.

Si se parte de que el problema agrario y cam-pesino es de orden político y no sólo técnico o institucional, se asume la necesidad de profundizar en cómo ha sido la configura-

ción histórica –en lo económico– de los regí-menes productivos y –en lo político– de los Estados oligárquicos.

Desde finales del siglo XX y principios del XXI observamos en Guatemala el desenvol-vimiento y la expansión de formas agrarias –con la lógica de los procesos de acumula-ción liberales y oligárquicos, al mantener los ejes de dominio en el control de la tierra, la fuerza de trabajo y el carácter de “monocul-tivos”– que expresan una nueva etapa de ex-pansión capitalista en el agro.

A la par del café, la caña de azúcar y el hule, el cultivo de la palma africana irrum-

pe en el contexto productivo guatemalte-co, reflejándose en la concentración de la producción de cultivos comerciales. Esta realidad ha venido a transformar las formas de uso del territorio y de las áreas agrícolas, dañando la producción alimentaria para el consumo interno; debilitando la relación Estado-municipios (autonomía municipal) y propiciando la desterritorialización de co-munidades y pueblos. Todo esto afecta de manera sustancial la relación del campesino y/o trabajador agrícola con la tierra.

La división político administrativa del país expresa desde la segunda mitad del siglo XIX el carácter del modelo agro-exportador cafetalero y la visión del Estado en torno a la nación. La historia nos brinda las herra-mientas para comprender el carácter de los procesos agrarios actuales y sus bases de fun-damentación, entre ellos el carácter depen-diente, mono-productivo, concentrador, mi-litarizado y racista del modelo de desarrollo agrario que ha prevalecido en Guatemala y define al país como una economía primario exportadora. La realidad guatemalteca es la de una sociedad que transcurre el siglo XXI atada a normativas jurídicas del periodo de conformación del modelo agro-exportador cafetalero del siglo XIX: el Estado finquero que construye como categoría de análisis Sergio Tischler.

Este aspecto jurídico de los regímenes libe-rales es fundamental a fin de comprender los obstáculos estructurales para resolver el pro-blema de la tierra y la producción en Guate-mala, así también para entender cómo estos nuevos monocultivos irrumpen en los con-textos municipales y regionales, debilitando aún más a los gobiernos y poderes locales y a la institucionalidad pública.

La nueva agroindustria se desenvuelve con pocos controles impuestos por el Es-tado, su tributación a las municipalidades no corresponde a los niveles de ganancia, además de no reportar los mismos a las municipalidades; implica pocos puestos laborales (entre dos mil 500 y tres mil en palma africana, en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz), y tensa más la relación Estado-municipalidad.

Es evidente que las formas productivas de-linean el tipo y carácter de los procesos de desarrollo nacional, es evidente también que las oligarquías nacionales guatemaltecas es-tán activas en cuanto a las transformaciones político-administrativas, territoriales, labora-les y tributarias que tienen que impulsarse en esta nueva etapa para actualizar nuestros marcos constitucionales.

Los pueblos, y en particular los trabajadores rurales y las comunidades, están respondien-do a los efectos –ya sentidos y en expansión- de las nuevas condiciones productivas: la pérdida de tierra para el cultivo de alimentos y rupturas en los circuitos comerciales y en los mercados laborales. Es importante recor-dar que en Guatemala el mercado laboral abarca tan sólo 180 de los 365 días del año. Esto ejemplifica las condiciones de miseria y falta de perspectivas de una vida digna. Antropóloga. Escuela de Historia. USAC

Rocío García

En 1996, Guatemala ponía fin a una guerra in-terna de 36 años. A penas una década más tarde se firmaba el tratado de libre comercio entre los países de Centroamérica, Estados Unidos y Re-

pública Dominicana. Para los guatemaltecos, una efímera ilusión de paz. No es un secreto que el fin de la guerra adquirió otra connotación en la geopolítica del capital: la ansiada gobernabilidad que garantiza la libre instalación de las empresas trasnacionales, la imposición de sus rela-ciones de trabajo y la circulación de sus mercancías.

Desde entonces hemos presenciado algunos cambios en la matriz económica del país, correspondientes con los ejes de acumulación de capital de esas empresas. Y ha habido mutaciones en el marco jurídico nacional y en las políticas de ordenamiento territorial para hacerlos permisivos a los intereses del capital nacional y trasnacional. Todas estas transformaciones –económicas y jurídicas– han sido res-paldadas por las orientaciones políticas y el financiamiento de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centro-americano de Integración Económica.

Si bien la tierra ha sido central en la economía guate-malteca, como medio de producción para la agroindustria y como base de la economía campesina –esta segunda con-dición sine qua non de la primera–, hoy la lucha por ella se intensifica dado el interés para mantener el consumo energético de los países del Norte, que incita a su concen-tración y reconcentración, con miras a la producción de caña de azúcar y palma africana como materias primas de los aditivos para agrocombustibles.

Datos recopilados por el Instituto de Estudios Agrarios y Ru-rales (Idear) apuntan que en Guatemala “(…) la caña pasó de ocupar el 3.4 por ciento de la superficie agrícola total en 1980 (…) al 14 por ciento en 2008”. Para el caso de la palma africana, nos dicen que “la superficie cosechada con palma estuvo cerca de cuadriplicarse entre el año 2000 y 2008, reportando la Co-misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) un total de 58 mil 800 hectáreas cosechadas ese año”.

A la concentración y reconcentración de la tierra se suma el advenimiento de las industrias extractivas –donde se funden ca-pital nacional y trasnacional–, como la de minerales metálicos y la de hidrocarburos. Para finales de 2010 se reportaban dos licencias de reconocimiento, 116 de exploración y cuatro de ex-plotación de minerales metálicos diversos. Los contratos petro-leros son cuatro en fase de explotación y se prevé que aumenten su número en cuatro zonas que al momento se encuentran en fase de exploración. Dos de ellas están en áreas protegidas que han sido declaradas humedales de importancia a nivel mundial.

Aunado a estas industrias extractivas, hemos de considerar todo el sistema de infraestructura y logística que las hace funcionar. Se contempla la energía eléctrica de diversos orí-genes, aunque para su generación el agua adquiere también importancia estratégica: para mediados de 2010 en Guate-mala funcionaban o estaban en construcción 28 plantas hi-droeléctricas y habían seis solicitudes en trámite. A esto su-mamos la construcción de dos grandes carreteras: la llamada Franja Tansversal del Norte, con 340 kilómetros que conec-tan el norte de Huehuetenango (cercano a la frontera con México) con el puerto Santo Tomás de Castilla en el océano Atlántico, atravesando el país de noroccidente a nororiente. La otra es el Corredor Tecnológico, con 317 kilómetros de asfalto que van desde el mismo puerto hacia el suroriente del

país, donde conectará con la autopista de El Salvador hacia el océano Pacífico. Se suman a esto proyectos de telecomu-nicaciones, puertos, aeropuertos, almacenadoras y maquilas.

Pero Guatemala sólo tiene una extensión territorial, po-larizada ya por la estructura agraria de latifundio-mini-fundio. Y todos estos proyectos recaen en buena parte sobre bosques, campos de cultivo, ríos y montañas donde habían sido históricamente relegadas las comunidades indígenas y campesinas. Allí se ha reproducido la vida en todas sus manifestaciones, la economía nacional y diversas culturas. Los ofrecimientos paliativos: desarrollo –entendido apenas como infraestructura– y empleo –entendido como un ma-gro salario–, ya no son suficientes para ganar voluntades a favor del modelo de acumulación capitalista. La violencia y el despojo con que se imponen, y la pobreza y degrada-ción ambiental que generan, nos muestran la necesidad de nuevos paradigmas no sólo para la economía mundial y na-cional, sino nuevas formas de organizarnos y concebirnos respecto de la naturaleza.

Quizá por ello, más de un millón de personas se han orga-nizado para hacer valer el derecho a decidir sobre su tierra y territorio garantizado por instrumentos del derecho na-cional e internacional, en lo que han sido ya 53 Consultas Comunitarias de Buena Fe que dicen “no” a la imposición de megaproyectos.

Quizá por ello estamos presenciando la emergencia de al-ternativas ancladas en la diversidad cultural. Los reclamos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que defienden su territorio. Son más que la negativa al mo-delo de desarrollo hegemónico. Nos plantean alternativas de presente y futuro, un ejercicio probado por ellos en la historia, que sin hablar de ciudadanía ni democracia nos proponen modelos de desarrollo ambiental, económica y culturalmente sustentables. Aquí se respira lucha.

GUATEMALA… AQUÍ SE RESPIRA LUCHA

Guatemala

AGRESIÓN A

COMUNIDADES Y

TRABAJADORES

NUEVO

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Es importante recordar que en

Guatemala el mercado laboral

abarca tan sólo 180 de los 365

días del año. Esto ejemplifi ca las

condiciones de miseria y falta de

perspectivas de una vida digna


Alberto Alonso-Fradejas

“Fuimos instrumentos del café primero, después del algodón, del ganado y ahora de la palma y la caña. Ya conocemos lo que nos vienen a ofrecer”. Así dijo hace

ya cuatro años don Pedro, un anciano maya-q eqchi´ de 81 años originario de un área de violenta expansión de plantaciones de caña de azúcar y palma aceitera en las tierras bajas del norte de Guatemala. Y la verdad es que algo similar podrían haber comentado también sus coetáneos indígenas, mestizos, garífuna y afro-descendientes que pueblan –y trabajan– el agro desde Chiapas hasta Colombia.

Don Pedro tenía razón en que, en el fondo, los agronegocios palmeros buscan “lo mismo” que los cañeros, los bananeros, o los de la oli-garquía terrateniente (muchas veces los mis-mos que los primeros). Una clase, por cierto, que auto-referenciada como suprema raza, se resiste a la extinción enquistándose en el co-razón de las repúblicas centroamericanas para seguir ejercitando diligentemente el legado histórico de sus abuelos liberales de adminis-trar la finca, el Estado y a sus pobladores.

Lo que don Pedro no se esperaba eran las “modos” en los que estos capitales extracti-vos de vida rural iban a operar. Los vecinos de don Pedro, y especialmente “las vecinas” –a quienes les toca aguantar otra vuelta de

tuerca para seguir sosteniendo la vida en sus hogares– se ven envueltos en un salto histó-rico de 300 años, al ver cómo las relaciones de producción, caracterizadas por el trabajo semi-servil y el paternalismo autoritario y explotador de los finqueros, dan paso a pos-modernas relaciones de producción flexible.

Efectivamente, a la par de la flexibiliza-ción de los modos de producción en el agro (respecto de la tecnología empleada; de los mercados destino o del control normativo), estos agronegocios flexibilizan también las relaciones sociales de producción. Así logran articular el control con la híper-explotación de la fuerza de trabajo por medio de la tercia-rización/subcontratación; la subordinación a condiciones laborales flexibles con relación a la contratación, el despido, la duración de la jornada y la ubicación geográfica; la remu-neración vinculada a la productividad, o la cancelación de sistemas de seguro social.

Una flexibilización que no sólo sufren quie-nes trabajan (nótese distinto de “emplearse”) en las plantaciones, sino que reconfigura de modo generalizado las relaciones sociales entre toda la población rural.

Más allá de elementos de diferenciación ma-terial (que también los hay) la diferenciación social a lo interno de la comunidad de Don Pedro y otras del área de expansión cañera

y especialmente palmera del norte de Gua-temala, se expresa por medio de elementos de carácter simbólico y de estatus. Así, por ejemplo, el caporal de la palma no tiene ne-cesariamente una renta neta anual mayor que un vecino (aún) dedicado a la agricultu-ra campesina, pero en muchos casos él y sus allegados entran a disputar el poder simbólico en la comunidad, haciendo valer su relativa capacidad de decisión sobre a quién contratar (o despedir), así como su rol de informante “a terceros” sobre los planes comunitarios (o de ciertos grupos dentro de la comunidad).

Y es que sin pretender ser tremendista, Guatemala podría estar en la génesis del tercer hito histórico de la desposesión –cultural y material– de la población indí-gena y campesina, tras la Colonia y las re-formas liberales privatizadoras de las tierras comunales. Desposesión refuncionalizada hoy al régimen de acumulación flexible de los agronegocios, que por muy posmodernos que sean sus discursos no pierden las “viejas mañas” finqueras de control de la fuerza de trabajo y coacción de la población que habita –y trabajaba– los territorios de su interés.

Algo que tampoco don Pedro se esperaba, ni había visto antes por acá, era que estos agrone-gocios se iban a presentar (o re-presentar) con discursos endulzados de “desarrollo sosteni-ble” y “responsabilidad social corporativa”. Y no lo hacen solos. Les acompañan burócratas y variopintos prescriptores a sueldo que inclu-yen desde personalidades carismáticas locales, hasta fundaciones, medios de comunicación de masas, e incluso grandes organizaciones no gubernamentales multinacionales de la conservación (perdón, quise decir, internacio-nales), las cuales rubrican sin mayores cargos de conciencia planetaria las solicitudes de estos agronegocios por millones de dólares al

mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto por vender bonos de carbono.

Asombrados nos quedamos propios y extra-ños, ante la desfachatez de tildar de “sosteni-bles” a negocios basados en exprimir socio-ecosistemas completos hasta reventarlos, para buscar repetir un ciclo que sólo “sostie-ne” los patrones de consumo en el Norte, y los de las elites en el Sur. Así es, de todas las nuevas tierras que se incorporaron a plan-taciones de palma africana en Guatemala en la década reciente, cerca la mitad eran bosques tropicales y humedales, y casi una tercera parte eran tierras otrora dedicadas a la producción alimentaria nacional.

Aunque ya no sorprende a nadie, sí desespera a algunos –y encoleriza a muchos– el accionar de un Estado que ya no sólo “deja hacer y pa-sar”, sino que además “empuja” fervientemente el aseguramiento de estos privilegios poscolo-niales. Lo preocupante de este modus operandi es que además de beneficiar a los lobos con piel de oveja del gran capital agrario nacional e in-ternacional, promueve un imaginario social en que el campesinado no es sujeto económico, ni sus emprendimientos productivos objeto de in-versión pública, sino de la acción de las transfe-rencias condicionadas gubernamentales y de la caridad privada (pues al parecer la solidaridad, nacional e internacional, ya no está de moda).

Otro mito constitutivo de las repúblicas cen-troamericanas que migrantes, campesinos y trabajadoras y trabajadores rurales y urbanos derrumban anónima y cotidianamente, pues son ellas y ellos, y su trabajo, los que generan la riqueza y el empleo. Y esto no es un discurso. Pero ni modo, así sigue el patio trasero; mien-tras unos crían fama, otros cardan lana. Responsable de Estudios del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de CONGCOOP. Guatemala.

Guatemala

AGROCOMBUSTIBLES: ¿QUÉ PLANTEAN LOS NUEVOS MESÍAS DEL AGRO MESOAMERICANO?

ILEGAL, PERMISO PARA SIEMBRA PILOTO DE MAÍZ TRANSGÉNICO EN

TAMAULIPAS• Sagarpa y Semarnat violan la ley al otorgar permisos a Monsanto de

siembra de maíz transgénico en fase piloto en Tamaulipas.• Este primer permiso en fase piloto abre la puerta a siembras masivas

de maíz transgénico en México, poniendo en riesgo la alimentación de todos los mexicanos y la agricultura nacional.

• Nuevamente el gobierno demuestra que toma sus decisiones en fun-ción de los intereses de los monopolios trasnacionales, de espaldas a la ciudadanía y a la evidencia científi ca.

La Campaña Nacional Sin maíz no hay País y la Unión de Científi cos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), por medio de su Programa de Agricultura y Alimentación, re-chazan categóricamente el otorgamiento ilegal del primer permiso en fase piloto (8 de marzo de 2011), que las secretarías de Agricultura (Sagarpa) y de Medio Ambiente (Se-marnat) dieron a conocer.Son múltiples las violaciones a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modifi cados en que están incurriendo estas secretarías. En primer lugar, el Reglamento actual viola la Ley de Bioseguridad. En su 5to transitorio, tal reglamento establece que la decisión de la Semarnat y la Sagarpa debe tomarse con base en dictámenes técnicos del Instituto Nacional de Ecología (INE), de las comisiones nacionales de Biodiversidad (Conabio) y Forestal (Conafor), así como del Instituto Nacional de Investigaciones Fo-restales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).Contamos con evidencia científi ca contundente para asegurar que dichos dictámenes debieron haber sido negativos si fueron hechos con científi cos y técnicos sin confl icto de

intereses. Por lo tanto, exigimos enérgica y urgentemente se hagan públicos dichos dictá-menes. Asimismo, exigimos que el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, cumpla con el compromiso de abrir un debate público entre los asesores científi cos del gobierno y científi cos de la UCCS y otros libres de confl icto de intereses, que acudieron a propor-cionarle la evidencia científi ca y los argumentos legales el día 16 de diciembre del 2010.Sabemos que el gobierno mexicano ha invertido millones en un estudio conducido por la Conabio, el cual ha arrojado resultados relevantes en cuanto a la biodiversidad del maíz en el norte del país. Presenta nuevas evidencias científi cas para prohibir la siembra de maíz en todo el territorio nacional de acuerdo con los artículos 86, 87 y 88 de dicha Ley, ya que el secretario de Medio Ambiente, Juan Elvira, y la Conabio han dado a conocer en diversos foros públicos que hay variedades nativas de maíz en prácticamente todo el territorio nacional, incluido Tamaulipas.Por otra parte, se ha violado el artículo 46 de la Ley de Bioseguridad, ya que no se han dado a conocer públicamente los resultados de las siembras experimentales en apego a una norma ofi cial mexicana, actualmente inexistente.Al iniciar el año, la Sagarpa y Semarnat habían negado a Monsanto los permisos de siembra piloto de maíz transgénico en Sinaloa en las mismas condiciones en que ahora los autoriza para Tamaulipas. En una decisión contradictoria, ahora los servidores públi-cos han cedido ante la presión de Monsanto ignorando argumentos científi cos, técnicos y legales, y privilegiando los intereses corporativos.La fase piloto abre la puerta a la siembra masiva de maíz transgénico lo que pondrá en riesgo la agricultura maicera y la alimentación de los mexicanos al obligarnos a comer todos los días productos transgénicos que han sido prohibidos en otros países. Además, los campesinos quedarán más que nunca subordinados a las semillas de los monopo-lios.Nuevamente el gobierno de Calderón se pone de lado de los monopolios trasnacionales, de biotecnólogos con confl icto de intereses y de una minoría irresponsable de grandes rentistas y terratenientes de riego del norte del país, y da la espalda a la mayoría de los pequeños y medianos productores, al interés nacional, a la sustentabilidad ambiental y a la evidencia científi ca.La Sagarpa y la Semarnat apuestan por semillas “milagro” engrosando las ganancias de Monsanto en lugar de impulsar una política de Estado para fomentar la producción campesina de alimentos con tecnologías disponibles, no riesgosas ni controladas por monopolios, sustentables, y que han sido y son capaces de asegurar la autosufi ciencia alimentaria. En contraste, los transgénicos no aumentan rendimientos, no resisten a los extremos del clima, y arriesgan la producción de maíces nativos, y han causado problemas agrícolas graves en todos los países en donde se han sembrado. Artículos científi cos recientes demuestran que su uso implica serios riesgos a la salud.


Sindy Hernández

En 2009 Amar-tya Sen, Pre-mio Nobel de Economía

1998, señaló que cuando se define el bienestar humano a partir de lo que se tiene y se consu-me, surge el debate entre el bienestar presente y el futuro. Si bien el tema ha sido estudiado en profundidad, es importante plantear nue-vas fórmulas que tengan en cuenta que los be-neficios de la educación, la salud y la alimen-tación van más allá del bienestar inmediato.

Hablar de inseguridad alimentaria no sólo se refiere a la falta de alimentos, sino también a un problema social que incluye la desigual-dad en los mecanismos de distribución de la riqueza, así como las prioridades del Estado en aspectos socioeconómicos.

Un área con problemas de inseguridad ali-mentaria en Guatemala es la Franja Trans-versal del Norte (FTN). En este territorio ubicado al norte del país se implementa un proyecto de “desarrollo” impulsado por el gobierno y el sector privado, consistente en la promoción y expansión del cultivo de la palma africana. Sus promotores argumentan que está contribuyendo a disminuir la pobre-za y los problemas alimentarios.

Sin embargo, el cultivo de la palma africana en Guatemala no tiene como propósito la pro-ducción de alimentos, sino la exportación de materias primas para la producción de com-bustibles (el denominado agro-diesel). Según el gobierno y los empresarios, al cultivar gran-des extensiones con palma africana, los traba-jadores locales reciben un pago, y así es como pueden comprar comida. Estos trabajadores locales son personas en condiciones de pobre-za y pobreza extrema, que carecen de tierra para cultivar sus propios alimentos, o que se vieron forzados a vender su tierra.

Viejos y nuevos empresarios, con capital na-cional y extranjero, introdujeron durante la década pasada esta agroindustria en la FTN, logrando reproducir una vez más el modelo de explotación de la mano de obra que pro-veen personas en condiciones de pobreza. Estos empresarios siempre se han amparado en el discurso de la generación de empleo, pero en este caso particular además argu-mentan en defensa de esta explotación que la nueva industria contribuye a reducir la inseguridad alimentaria.

Este esquema trastoca la dignidad huma-na, agrediendo las dinámicas locales. Por ejemplo, la economía local, campesina y caracterizada por un sentimiento colectivo de solidaridad, se ve amenazada con esta in-tervención mercantilista. La visión invasora

privilegia la búsqueda sistemática de ganan-cias económicas, desplazando bruscamente las formas locales, en especial el significado social y cultural de la comida.

La industria de la palma africana está en ex-pansión en Guatemala, poniendo en duda se-ria y razonable la viabilidad de la implemen-tación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la FTN. El cul-tivo de la palma africana reconfigura social, ambiental y culturalmente el territorio, con lo cual los siguientes pilares de la Política se tornan inviables: 1) disponibilidad de alimen-tos: el cultivo de palma africana para producir combustibles desplaza la producción de gra-nos básicos para alimentar a la población; 2) acceso económico a los alimentos: al sustituir áreas de cultivo de maíz por la palma aumen-ta la demanda del grano, y con ello se incre-menta su precio; 3) alimentación adecuada: al cambiar el uso de la tierra, los alimentos producidos localmente son remplazados por comida procesada de muy bajo contenido nutricional, agudizando la desnutrición, y 4) el consumo de alimentos de origen nacional debe ser prioritario, oportuno y permanente: la comida procesada que remplaza la produc-ción local muchas veces es importada, y al vender la tierra a los productores de la palma africana, se pierde la fuente oportuna y per-manente de producir alimentos locales.

En el escenario en que la implementación de la Política Nacional de Seguridad Ali-mentaria y Nutricional es inviable, el bien-estar económico de unos pocos continuará anteponiéndose al bienestar social de la ma-yoría de la población. Mientras se continúe impulsando industrias cuya competitividad se base en la explotación de mano de obra barata, y con ello persista la desigualdad en la distribución de la riqueza, la inseguridad alimentaria en la población de la FTN per-sistirá, y peor aún, se agudizará.

Los habitantes de la región mesoamericana podemos hoy reflexionar en lo que Amar-tya Sen nos señala. La industria de la palma aparenta generar bienestar humano presen-te. Sin embargo, el problema social, y espe-cialmente de inseguridad alimentaria que se está agudizando, tendrá serias implicaciones en el bienestar futuro. Peor aún si se reflexio-na sobre el hecho que las personas más afec-tadas en el futuro, hoy en día sufren el flage-lo de la pobreza y la desnutrición. Así, la falta de bienestar humano presente será castigada con un déficit futuro aún peor. Investigadora del área de Población, Ambiente y Desarrollo Rural de FLACSO, sede Guatemala

Este artículo fue elaborado a partir de la investi-gación “El programa de la palma africana como política de seguridad alimentaria en Guatemala”, 2010, realizada en conjunto con Flor Castañeda.

Nadia Sandoval Ramos

Desde hace más de 36 meses, 18 organizaciones de mujeres y mixtas de productoras campe-sinas y centros de investigación

trabajan conjuntamente en investigación, acciones de sensibilización y articulación de alianzas, con el objetivo de modificar y revertir los efectos de las políticas neo-liberales y del Consenso de Washington que en los años recientes han representado para el país un abandono de la producción campesina de granos básicos y el impulso a la agro-exportación y los agro-negocios.

Es evidente el riesgo de inseguridad ali-mentaria, al ser dependiente el país de las variaciones de los precios internacio-nales, lo cual contribuye a ampliar la po-breza y la brecha de la desigualdad.

Guatemala es el segundo país más des-igual del continente y el tercero a escala mundial. Registra el mayor número de personas desnutridas y con desnutrición infantil (49 por ciento de niños menores de cinco años). El 51 por ciento de la po-blación vive en pobreza y 15 por ciento en pobreza extrema, situación que constitu-ye una condena a la nación en términos del impacto en el desarrollo.

El maíz y demás granos básicos son una parte primordial de la dieta de los gua-temaltecos. Según datos de la Organiza-ción de las Naciones Unidas para la Ali-mentación y la Agricultura (FAO), 51 por ciento de la producción de maíz nacional se genera en parcelas menores a 0.35 hec-táreas, por lo que atender a este sector constituye una medida fundamental.

El Estado, como garante del derecho a la alimentación, debe retomar su obliga-ción de respetar, proteger y realizar este derecho a la población.

El desmantelamiento de la estructura es-tatal encargada del agro en los años 80s hace ahora visibles sus impactos en la dependencia de cada vez más productos de la dieta básica. Para contrarrestar esto, se requiere retomar causas históricas re-lacionadas con la exclusión y la pobreza –como el acceso a la tierra, el gasto social y otras medidas estructurales–. Es inelu-dible tomar medidas para evitar que se amplíen las desigualdades.

Bajo esa óptica, la Campaña Vamos al Grano en Guatemala propugna por la adopción de políticas públicas que garanti-cen el derecho humano a la alimentación adecuada. Las propuestas encaminadas a promover la producción y comerciali-zación campesina de granos básicos son: asignar recursos del presupuesto nacional destinados a la producción; facilitar cana-les de crédito agrícola, y promover la aten-ción al campo con asistencia técnica, que responda especialmente a las necesidades de las mujeres. Como medida de regula-ción a los precios y de soberanía alimenta-ria: la recuperación e incentivos a un siste-ma de almacenamiento público de granos.

A lo largo del trabajo realizado hemos en-contrado eco en otras organizaciones indí-genas y campesinas que impulsan esfuerzos por consolidar una política de desarrollo rural integral y convencer a los parlamen-tarios de la urgente necesidad de aprobar una ley que crea un Sistema de Desarrollo Rural Integral, reactivando las economías campesinas y garantizando un abordaje integral a las problemática del campo. ¡El momento del campo es ahora! Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)Campaña Vamos al Grano

POR GUATEMALA Y LA AGRICULTURA CAMPESINA: ¡VAMOS AL GRANO!

Guatemala

PALMA AFRICANA:

UNA AMENAZA

A LA SEGURIDAD

ALIMENTARIA

El 51 por ciento de la

población vive en pobreza

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Carlos Barrientos Aragón

Al rehacer los senderos históricos de la resistencia maya, es necesario iniciar en marzo de 1517 cuando, ante el intento de las tropas españo-

las de desembarcar en las costas de Yucatán, guerreros mayas lo impiden y nuevamente detienen la incursión castellana en 1518. En marzo de 1519, en Tabasco, se dan combates desde el desembarco de tropas hispanas y se producen más de 70 bajas en los invasores, pese a la desproporción en medios militares.

En el caso de los territorios que hoy lla-mamos Guatemala, la primera resistencia tuvo diversos protagonistas, entre ellos a Tecún Umán (k’iche’), que condujo a las tropas kiche’s en su lucha contra los espa-ñoles y cae en combate el 20 de febrero de 1524, y Kají Imox (kakchiquel), que enca-bezó la resistencia del 28 de agosto de 1524 al 28 de mayo de 1540 cuando es ahorcado. Asimismo, Kaibil Balam (mam) se atrin-chera en Zaculeu, Huehuetenango, en 1525 y resiste más de tres meses el cerco de las tropas españolas. Cale-Tohil (uspan-

teco) rechaza el intento español de tomar Uspantán en El Quiché en septiembre de 1529 y en 1530, y en ese mismo año Copán Calel (chortí) encabeza el estallido de un levantamiento, cuyo centro estaba en Jupi-lingo con el apoyo de fortalezas auxiliares en Citalá y Cayur, cerca de Esquipulas.

En la Península de Yucatán, la guerra de conquista inició en 1527 y, en respuesta, pobladores mayas de la península desa-rrollaron una lucha de resistencia que se prolongó hasta 1541, cuando los españo-les consiguieron dominar la mayor parte del Yucatán, al año siguiente fundan la ciudad de Mérida. A los cinco años, en 1546, se produce una revuelta general. La resistencia maya en la zona continuó has-ta fines del siglo XVII. En 1652, una gran sublevación causó la muerte del goberna-dor de Yucatán.

Ricardo Zepeda

Los países centroamericanos se carac-terizan por ser fundamentalmente agrarios; el peso de las actividades agrícolas en las economías naciona-

les es definitivo, genera la mitad de la riqueza nacional y una tercera parte de los empleos. Sin embargo, en la actualidad el agro sufre una de las coyunturas más complejas que de-terminará las posibilidades de desarrollo de la región y de sobrevivencia de sus 40 millo-nes de habitantes. Esta coyuntura adversa se ve condicionada por tendencias derivadas de cambios en los enfoques del sector público agrícola, de las circunstancias desfavorables del cambio climático y del reordenamiento de los mercados internacionales, así como de la suplantación en algunos cultivos que históricamente han sido la principal fuente de alimentos. Impactos sociales que si bien implican retos cruciales para los Estados, aún no generan las respuestas más adecuadas.

Centroamérica sufre problemáticas de-rivadas de las presiones demográficas, como las migraciones; de desastres natura-les, como las sequías e inundaciones; de la contracción de los mercados locales; de la disminución de las posibilidades producti-vas de la tierra, y de la pérdida del empleo y la imposición de nuevas condiciones la-borales. La ampliación y generalización de la pobreza, así como la disminución de las posibilidades de consumo de amplios sec-tores de la población, afectan especialmen-te a las poblaciones cuyas posibilidades de sobrevivencia se desenvuelven entre la marginalidad y el hambre, especialmente las poblaciones campesinas e indígenas.

Ante la ausencia de acciones coherentes de parte de los Estados, el hambre y la ex-clusión social vienen a formar parte de la cotidianeidad campesina; escapar de estas situaciones se torna en la única opción de sobrevivencia para miles de familias, dada la presión que sufren en la disputa por el territorio campesino por parte de las tras-nacionales agroindustriales. Si bien en los Estados centroamericanos recae la respon-sabilidad de responder a estas adversidades, evidentemente se constituyen en una ame-naza que frena las posibilidades de desarro-llo de sus poblaciones.

A pesar de frecuentes llamados para impul-sar acciones que reduzcan el hambre y la desnutrición, los Estados contradicen me-diante sus políticas agrarias principios bási-cos del derecho a la alimentación. Si bien los países cuentan con instituciones diseñadas para apoyar el desarrollo de la agricultura y de las familias campesinas, la falta de respal-do político se refleja en bajas asignaciones

presupuestarias y en la evasiva a abordar las primeras fuentes del hambre: falta de equi-dad en la tenencia de la tierra y violaciones a los derechos laborales en el campo.

Más allá del abandono al agro, lo que prevalece es una tendencia por imponer nuevas relaciones sociales, económicas y políticas, basadas en la explotación de las riquezas naturales. En general, las políticas agrarias se enfocan en acciones de asisten-cialismo alimentario, permeado de clien-telismo político, mientras que los bajos salarios y el encarecimiento de los precios de los alimentos son una constante, lo que genera un ciclo de pobreza que es hereda-do de generación en generación y que ha llevado a más de tres millones de personas a una situación de hambre en la región.

En el marco de un discurso de �modernización� se plantea la inscripción al modelo de acu-mulación capitalista, basado en la explota-ción de los recursos naturales por parte de agroempresas trasnacionales. Agenda para la cual la captura de los Estados por parte de los grupos de poder es un paso básico y ante el cual las poblaciones campesinas y la ciudadanía son un obstáculo. Colectivo de Estudios Rurales Ixim

1

Tomo esta tierra que pertenece a mis abuelos,tomo este pedazo que pertenece al planetatomo esta tierra que yace bajo mis piestomo este pedazo saturado de silenciotomo esta tierra sin agua, sin sendero,tomo este pedazo y me instalotomo esta tierra y le asiento cimientostomo esta tierra y la defiendo con mi cuerpotomo esta tierra y la curo de sus enfermedadestomo esta tierra y le pido a sus espíritustomo esta tierra y la siembro con las uñas y los dientestomo esta tierra y me alimento de ellay así mi espíritu, y mis órganos y mis hijos y mi pueblo,tomo este pedazo, me instalo en esta tierraque me pertenecía aún antes de nacer.

2

Las piedras fuimos marcadas con hierro candentequemados nuestros ojosvimos con la mirada volteadaagujeros negrostragándonos en la infinidadla muerte chineaba nuestra desgraciasu perro lamía nuestras heridasescupiendonuestra conciencia laceradaya el sabor de la tierra no era el mismolos frutos caían antes de madurara escondidas fuimos creciendo gota a gota en lo profundo de las cuevasasí fue como nos envolvió el silencio del gran comienzo.

3

Dame permiso espíritu del caminoregálame permisopara caminarpor este sendero de cementoque abrieron en tu ombligo,por esta autopista de vientoque corta el silenciopermiso también a ustedespájaros que rompen el tímpano del aceropermiso piedraspermiso plantaspermiso animales que resisten en la neblina.Déjame pasar caminodeja que esta rabia que desorbita mis ojosse me salga en palabras dulces,palabras finas, zarandeadas, reventadas,déjame pasarque mi voluntad no se pierdadéjame cruzar el barranco, la hondonada,déjame por favor regresar a mi casaantes de que los volcanes cantenantes de que el discurso de los cerrosescupa en nuestras bocas.

ESBOZO SOBRE LA RESISTENCIA EN TERRITORIOS MAYAS

LAS POLÍTICAS PARA EL AGRO: VIEJOS PROBLEMAS, NUEVOS DILEMAS

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Asimismo, fracasaron numerosos in-tentos de conquistar Petén, en la actual Gua-temala y se mantuvo una región maya inde-pendiente en esta zona hasta 1697. La última ciudad maya que cayó en poder de los españo-les fue Tayasal, el 13 de marzo de 1697, prác-ticamente 180 años después que los españoles comenzaron a penetrar en tierras mayas.

Nuevos hechos se suscitan en 1701, año en que se dan 31 levantamientos en la zona de Chiapas y Huehuetenango, preludio al levantamiento de los tzeltales de 1712; la región sublevada se extendía al norte y no-reste de Ciudad Real, hasta la región alta, montañosa y selvática. Cancuc, Chilón y Yajalón figuran entre las comunidades más activas, además de Ocosingo y Tila. Es hasta 1713 que las tropas federales lograron sofocar el levantamiento.

Cuarenta y nueve años después de la rebelión de los tzeltales, en 1761 Jacinto Canek se subleva en Cisteil, Yucatán, y 59 años después, en 1820 se realiza el levanta-miento de Atansio Tzul y Lucas Aguilar, en Totonicapán, Guatemala, donde permane-cieron insumisos durante un mes, tiempo en el que sustituyeron a las autoridades criollas por autoridades indígenas.

Veintiséis años más tarde, desde 1846, ocurre la llamada Guerra de las Castas en Yucatán;

en 1848 erigen nuevas autoridades que con-trolan todo el territorio con un ejército en ar-mas de miles de combatientes. Los últimos brotes de la Guerra de las Castas llegan has-ta 1901, prácticamente 50 años de rebelión.

Treinta y cinco años después de la Gue-rra de las Castas, en 1936, se da un levan-tamiento en Nebaj, Guatemala; Nuevos levantamientos se registran en Patzicía en 1945, Sansirisay en 1973 e Ixconlaj en 1974, todos en Guatemala y al final de la década de los setenta, en esta nación centroameri-cana se da un levantamiento generalizado de los pueblos indígenas cuando se incor-poran masivamente a la Guerra Popular Re-volucionaria en amplias regiones del país.

Hace 17 años, en 1994 dio inicio, en tie-rras mayas de Chiapas, el alzamiento za-patista que planteó nuevos paradigmas de lucha, estremeció a la sociedad mexicana, impactó en los movimientos altermundis-tas y convocó intergalácticamente a luchar contra el neoliberalismo.

La resistencia del pueblo maya ha sido un proceso largo y continuado a lo largo de ge-neraciones; hacer un recuento de la misma no es solamente para tener información. Esta prolongada epopeya significa que durante estos siglos, ninguna de las mo-dalidades que ha desarrollado el sistema

dominante ha tomado en cuenta los plan-teamientos, las necesidades, los pensamien-tos ni las ideas de los pueblos mayas. Esta afirmación no es por simpatía o deseo, es la expresión de una realidad histórica; el sistema que predomina en los países con población maya se construyó y existe en la actualidad a partir de dos raíces principales: el despojo, sometimiento y la opresión ha-cia los pueblos originarios, y la generación de riquezas a partir de la explotación de la fuerza de trabajo campesina. Mientras esos fundamentos no se transformen sustancial-mente, la resistencia continuará.

Malco Arana

La cuestión agraria de los países de Centroamérica tiene raíces históri-cas comunes de opresión. En El Sal-vador, Honduras, Nicaragua y Costa

Rica, las comunidades fueron explotadas, masacradas y ladinizadas. Encontramos en el proceso agrario diversos momentos de surgi-miento de relaciones sociales campesinas.

1. Las relaciones socio-familiares: al prin-cipio se desarrollan del nomadismo al sedentarismo, luego, logran confor-mar y construir una sociedad agrícola incipiente-aldeana. Los campesinos dominaron la agricultura, por medio de procesos de cultivo, por aislamiento del teocinte, cuya resultante fue el maíz.

2. Campesino tributario: se refiere a la rela-ción de dependencia que se genera res-pecto a los señoríos o cacicazgos, que se pueden identificar, por ejemplo, en los quiches, kaqchikeles, qeqchíes, achíes y pipiles, para señalar los más importantes.

3. Campesino esclavizado vía el trabajo for-zado: producto de la invasión española y del despojo de la tierra por medio del repartimiento, la encomienda, las re-ducciones y las mercedes de tierras, en el contexto de la composición de tierras durante la dominación colonial.

4. Campesino comunitario: se le expropian las tierras comunales en las que sobre-vivía. Producto del despojo, queda re-legado a la sobrevivencia en las peores tierras, particularmente en las laderas de las tierras altas y en las tierras bajas en los márgenes de los astilleros. Esto se posibi-lita gracias a la imposición y la fuerza de la violencia de los liberales, quienes fa-vorecen a los terratenientes emergentes, los que someten al trabajo forzado en las fincas de café a los campesinos, durante la dictadura liberal, amparados por leyes que justifican y legitiman el despojo.

5. Campesino sometido al colonato: en esta etapa, por medio del reglamento de jornaleros, aparece el campesino preca-rista y aparcero. Campesinos quedaron subordinados e insertos en las unidades productivas de economía de plantación, particularmente la producción del café.

6. El campesinado agrarista: es el que, por medio de diversos procesos de organi-zación, retoma colectivamente la tierra como acción de resistencia. Surge como producto de la Reforma Agraria de 1952, Decreto 900.

7. La fragmentación del campesinado: ésta ocurre a partir de los estatutos agrarios a finales de la década de los 50s, en el

periodo contrarrevolucionario y de inter-vención estadounidense. El campesina-do queda subordinado al bloque agrario terrateniente, cuyos mecanismos se lo-gran mantener por medio de la violencia sociopolítica, la explotación y la discri-minación capitalista implantada.

8. El campesino desplazado: como resultado del despojo constante que se prolonga en el tiempo, surge en el contexto de la gue-rra, producto de la represión, el genocidio y las masacres realizadas por los ejércitos gubernamentales centroamericanos. Este proceso inicia a fines de los 60s. El botín más importante de estas guerras en la región lo constituyó, sin duda, la tierra, ya que de nueva cuenta se volvieron a re-concentrar las grandes extensiones, ahora apropiadas por funcionarios de todo tipo, de los gobiernos en turno. Este mismo proceso se prolongó hasta el presente año, cuando estamos asistiendo a una nueva gran reconcentración y acumulación de la tenencia de la tierra, en que la producción varió a los productos agrícolas, como la palma africana, la soya, el maíz y la caña de azúcar, sólo que ahora a escala de pro-ducción masiva. Esta producción se desti-na a la generación de agro-combustibles (el biodiesel, etanol y demás). Productos que eran esencialmente empleados para alimentos se usan ahora también para combustión de automóviles. Estos produc-tos sufren aceleración en su producción, como efecto de la modificación genética, es decir la utilización de transgénicos.

1

Kink’am we ulew kech ri wati’t numamkink’am we jun b’a’ rech ri kajulewkink’am we ulew ri lik’an chi uxe’ ri waqankink’am we b’a’ kpulin che tz’ininemkink’am we maj ujoron ulew, maj ub’ekink’am we b’a’ kinb’an nusok chi uwachkink’am we ulew kinkoj raqankink’am we ulew kinto’ ruk’ ri nuch’akulkink’am we ulew kinkunaj ri uyab’ilalkink’amo, kinta chi kech ri unawalilkink’am we ulew kinch’ik ri wixk’aq ri nuware chi upamkink’am we ulew kinb’an nuwa chexa je ri’ ri nunawalil, ri nub’aqilal, ri walk’u’al, ri nuwinaqkink’am we b’a’, kinb’an nusok pa we ulewri okinaq wech mojo’q chinalaxik.

2

Ri oj ab’aj xkoj qetal ruk’a k’atanalaj ch’ich’xk’at ri qab’aq’wachxojilon ruk’ ri tzolq’ominaq qawachq’eq taq julkqab’iq’ qib’ ruk’ pa ri najilri kamikal kuyuq’uj qaj ri qak’axk’olri utz’i’ kureq’ ri qaqolotajikkuchub’aj ri k’otk’ob’naqalaj qak’u’xri uk’ok’al ri ulew man junam ta chikketzaq lo uwach taq che e ma’j k’u naxaq chi owal xoj k’iyikchi tz’uj chi tz’uj pa uk’u’x taq ri juljeri’ qapisik xub’an ri utz’ininem ri nimalaj majb’alil.

3

Chaya’a b’e chwech rajawal ri b’echaya’a b’e kinq’ax nakinb’in na apan chi upam riab’aja b’e ri xq’ajow ri amuxu’xpa we kaqiq’alaj b’eri ktz’apin uchi’ ri tz’ininemkinta toq’ob’ che alaq xuquje’laj taq tz’ikin ri kkixilij ri ko’alaj ch’ich’kinq’ax na laj taq ab’ajkinq’ax na laj taq che’kinq’ax na laj taq awaj ri kkikoch’ ri sutz’.xa kinq’ax na nub’echaya’a b’e chi we ch’u’jarik ri kurech’ ri nuwachkel lo chwe pa taq ki’ taq tzij,ch’uch’uj taq tzij, e xojowsam, e paq’inaq, chya’ alaq nub’emat b’a chja’r ri nuch’uq’ab’chya’a la b’e chwe kinq’axej ri siwan, ri jomojik, chaya’a la b’e chwe kintzalij chi uwach wachochmojo’q che b’ixan ri ixkanulab’mojo’q chi ri kitzijonik ri taq juyub’ chechub’an ulo pa ri qachi’.

UNA MIRADA AL PROCESO AGRARIO Y A L CAMPESINADO

El botín más importante de

estas guerras en la región lo

constituyó, sin duda, la tierra

Rosa Chávez. Poeta de origen maya k’iche kakchiquel. Ha publicado los poemarios Casa solitaria (Editorial Óscar de León, Guatemala, 2005), Piedra(Editorial Cultura Guatemala, 2009; Editorial Casa de Poesía, Costa Rica, 2009), El corazón de la piedra; antología personal (Editorial Monte Ávila, Venezuela 2010) y Quitapenas (Editorial Catafi xia, Guatemala 2010).FO

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Rocío García

Hace apenas unas lunas que andaba, entre ríos y

montañas, socorriendo los males cotidianos de aquellos pueblos donde no hay maestro, ni médico, ni cura tan siquiera. Lo buscaban porque sólo él era capaz de juntar a la gente y el material y distribuir el trabajo para hacer en tres horas el puente del Río Claro, que hubiese podido costar tres días sin su labor.

Lo buscaban porque era capaz de neutrali-zar una tragedia entre familias, como el día que Macario y Maclovio estuvieron a punto de agarrarse a machetazos porque el prime-ro encontró al segundo encaramado en su mujer, como él mismo decía… y sólo él fue capaz de recuperar la honra de la dama invo-lucrada y volver las relaciones familiares y los lazos comunitarios a su cauce.

Lo buscaban porque, según decían, se en-frentó a la mismita muerte el día que con sus manos improvisó una camilla y se llevó en la espalda a la Chabela, la hija de doña Tona, con una hemorragia que la comadrona no pudo contener.

Por eso lo buscaron el día que vinieron aque-llos ingenieros de la capital, a decir que ahí

merito, donde estaban los ranchos, era un área protegida y que la ley decía que ellos eran usurpadores y que reñían con la ley viviendo ahí. Lo fueron a buscar para consultarle.

–Pero, ¿cómo? –preguntaba el Macario–, si allí nos dio permiso el Tzuultaq a, cuando veníamos huyendo del ejército, si aquí tengo mi milpa.

–¿Cómo? Si ahí nacieron nuestros hijos –de-cían el Maclovio y la Esperanza.

–¿Cómo? Si ahí enterré a mi madre –decía doña Tona, la mamá de la Chabela.

–Si allí fue donde hicimos el puente que ahora dicen que va servir para el turismo.

El tramo que uno hace en tres horas a buen paso, en tres cuartos de hora lo hizo él para ir al pueblo a averiguar si era cierto y dejó muy clarito a la autoridad que la gente no tenía a donde irse, y no tenía por qué irse. Sábado en la noche era cuando llegaron la policía y el ejército a sacar a la gente de sus casas. Quién sabe en qué momento se volteó la tortilla y la gente, defendiendo a sus hijos, sus cosechas, sus animales, sus casitas, agarró a unos cuán-tos policías y amenazó con quemarlos.

A Felipe, el patojo que más rápido corría, lo mandó un anciano hasta la otra comunidad a buscar al que siempre ayudaba, a rogarle

que viniera sin tardar a ver lo que pasaba. Apenas se calzó las botas de hule y salió co-rriendo. Menos mal que llegó, si no segurito que queman a los policías.

Pocos días habían pasado del incidente cuan-do el amigo decidió ir a hacer unos manda-dos a la capital… Ni de la cabecera había salido la camioneta, cuando subieron los sol-dados a bajarlo y se lo llevaron… Registraron su mochila…

¡Nada!, apenas un suéter, la Biblia y un li-bro de Engels… ese libro… motivo suficien-te para despertar las suspicacias conservado-ras, suficiente para que hasta el presidente de la República le dijera terrorista...

¡Usurpador!, dijeron los finqueros;

¡Depredador!, dijeron los ambientalistas…

Manipulador, comunista, guerrillero, hasta borracho y mujeriego, le dijeron en la pren-sa. ¡Que se aplique el Estado de derecho!, pedían todos …

Un año pasó en el bote hasta que pesó más el miedo a la bulla del populacho y se vieron obligados a entablar el juicio. De usurpa-ción, detención ilegal y robo al Estado se le acusó. Una semana tardó el juicio, en el juz-gado departamental… y allá llegaban cientos de gentes diferentes cada día, para acercarle café caliente, tamales fríos, dibujos coloridos de las niñas y los niños, tortillas hechas por las mejores manos, rosarios conjurados con la esperanza de las abuelas, el abrazo y la risa de los amigos.

Los testigos dijeron que él llegó cuando el relajo ya había estallado, y que le llamaron para ver si él podía mediar entre partes, que la medición del terreno era imprecisa y que no podían llamarle usurpadora a la gente que vivía en el sitio… y menos a él que hasta era de otro municipio… Cuan-do le tocó declarar, se dirigió primero a la audiencia y después al tribunal que lo juzgaba, invocó la fuerza y la verdad de sus antepasados y luego procedió a pedir que no encarnaran en su persona los males que a esta sociedad le ha llevado más de cinco siglos enredar.

Absortos audiencia y tribunal se fija la sen-tencia para el día siguiente. Al llegar el nuevo sol, miles de gentes en la calle, pro-clamaban su nombre y exigían su libertad, esperando en las calles aledañas, las gradas, los pasillos y la sala del juzgado…Treinta páginas leyó juez inexpresivo hasta que por fin sentenció:

–Ciertamente no se le puede culpar de usur-pación, porque usted no vive ahí donde fue la molotera; no se le puede culpar de reten-ción ilegal, porque los policías ya estaban re-tenidos cuando usted llegó a ver lo que pasa-ba; no se le puede culpar de robo, porque no hay bienes desaparecidos. ¡Pero este tribunal le encuentra a usted culpable!, ¡culpable de usurpar Historia oficial con la memoria co-lectiva! ¡Culpable de retener ilegalmente las enseñanzas de sus antepasados!, y sobre todo, ¡culpable de robarle al capital la posibilidad de expandirse por este territorio!

¡OCHO AÑOS DE PRISIÓN PARA US-TED, RAMIRO CHOC!*

* Ramiro Choc: preso político del Estado de Guatemala desde el 14 de febrero de 2008.

Pablo Sigüenza Ramírez

Son mocosos por antonomasia.Candelas verdes cuelgan de sus narices. Las niñas y los niños del campo enferman de gripe y tos en

invierno por el exceso de lluvias, en verano enferman por ausencia de agua. También son panzoncitos, no por comer bien, sino porque la panza inflada es un síntoma de la desnutrición aguda que padecen perma-nentemente. Son lombricientos, el agua que toman está llena de parásitos y lombri-ces. Uno de cada dos infantes menores de cinco años sufren desnutrición crónica en Guatemala.

Ejercitan una vida de adultos desde sus pri-meros años: deben aprender a trabajar a esa edad pues será su única herramienta para sobrevivir en este sistema económico explo-

tador. Un dedo incompleto en la mano iz-quierda, pues su otra mano lo cortó a los tres años, en sus primeros intentos de manejar el machete: una marca de orgullo ante el resto de patojos.

Las pequeñas juegan con masa de maíz, sus manos esculpen tortillas con agilidad, preparando una vida destinada al cuida-do del esposo, de los hijos e hijas, de la comunidad.

Niños y niñas de maíz, con un futuro incier-to en los países centroamericanos, en donde cada vez más el gran capital, las grandes em-presas, avanzan en busca de los recursos natu-rales que los abuelos cuidaron: agua, bosques, minerales y tierra. Niños y niñas chorreados aún sonrientes, con padres que hoy se organi-zan para resistir una nueva invasión. Colectivo de Estudios Rurales Ixim

las niñas y los niños en el campo

LA SENTENCIA

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Jochen Dürr

El departa-mento de El Quiché, que se encuentra

situado en la región noroccidental de Guatemala, por su clima, tipos de suelo y la topografía del terreno, tiene una gran diversidad de cultivos tales como maíz, frijol, tomate, cebolla, manzana, aguacate, durazno, cardamomo y productos no-tradi-cionales de exportación, sembrados princi-palmente por pequeños productores. Es-tos productos no solamente dan el sustento para la mayoría de la población campesina e indígena que los cultiva, sino también son la base de las llamadas cadenas productivas que incluyen a varios sectores importantes dentro de la intermediación, y sus vínculos entre lo rural y lo urbano, así como entre lo territorial y lo nacional.

Estas cadenas forman la base de las economías territoriales y, por ende, deben ser el punto de partida para esbozar estrategias de desarrollo desde los territorios. En un estudio realizado por el autor sobre cadenas productivas agríco-las llevado a cabo en la región (Cadenas pro-ductivas, cuentas sociales de base agraria y el desarrollo económico territorial: el caso de El

Quiché. DED/IDEAR/CONGCOOP, Gua-temala 2009) se identificaron, entre otros, los siguientes hallazgos:

1. La importancia de la agricultura cam-pesina e indígena tanto para la economía territorial como nacional: Esa agricultura es responsable en los dos territorios en más de 90 por ciento de la producción. Aporta al Producto Interno Bruto nacional 378 mi-llones de quetzales (47 millones de dólares), generando unos 2.5 millones de jornadas de empleo a escala nacional. De hecho, por cada jornal de empleo en la agricultura, se crean de 0.6 a 1.0 jornadas de trabajo indi-rectas en la intermediación. Además, la agri-cultura campesina aporta a las exportaciones 137 millones de quetzales (17 millones de dó-lares), generando divisas para el país.

2. Esa importancia contrasta con la falta de políticas públicas para resolver los princi-pales problemas mencionados por las y los campesinos, especialmente: la falta de asis-tencia técnica, las plagas, la falta de capital, los altos costos de los insumos, las condicio-nes climáticas adversas y los bajos precios de algunos productos agrícolas. Estos proble-mas están vinculados, porque sin asistencia técnica y capital es difícil, por ejemplo, com-batir plagas más eficientemente, aumentar y diversificar la producción, invertir en siste-mas más aptos a las condiciones climáticas, disminuir la dependencia de insumos quími-cos, mejorar la calidad y los precios de los productos, encontrar nuevos mercados, etcé-tera. Dicho de forma positiva, con asistencia

técnica pertinente y capital/tecnologías apro-piadas, es posible transformar estos cuellos de botella en un círculo virtuoso, desarro-llando sistemas de producción más sosteni-bles, social, ecológica y económicamente.

3. El alza de los precios en los dos años recientes; en teoría, podría ser beneficioso para los productores, porque el aumento en los precios del maíz actualmente sobre-compensa el aumento en los costos de los in-sumos. Sin embargo, la mayoría de los cam-pesinos tiene pocos excedentes para vender, y en general la escasa tierra en la que se ven obligados a producir, resulta en la paradoja de que las familias tienen que comprar en el mercado más maíz del que venden. Es decir, como la mayoría de las familias campesinas del departamento son consumidores netos de maíz, los altos precios del mismo ponen en peligro su seguridad alimentaria familiar.

4. La participación de las mujeres en las ca-denas productivas, suele ser subestimada: En-tre 15 y 20 por ciento del trabajo en el campo se lleva a cabo por mujeres. También, en la cadena de intermediación, son importantes en ciertos sectores como tortillerías, molinos de nixtamal y venta en las plazas, a pesar de manejar utilidades muy modestas. Además, el trabajo no remunerado de las mujeres de hacer tortillas en casa es muy importante en la cadena del maíz. Si esas tortillas fueran hechas en tortillerías generarían un valor equivalente de 54 millones de quetzales (6.75 millones de dólares) y 5.5 millones de jorna-das de trabajo. Eso significa, que esta labor genera más valor que la producción de maíz

(35 millones de quetzales, o 4.37 millones de dólares) y más del doble del empleo que se aplica en la milpa (dos millones de jornales).

5. Los sistemas de producción, principal-mente el sistema asociado de maíz y frijol, como base de la agricultura de subsistencia en los territorios estudiados, tienen utilida-des muy bajas o incluso negativas, principal-mente por los bajos rendimientos y el alto costo de los insumos químicos. Sin embargo, en los territorios existen productos con alto valor económico para complementar una co-secha anual de granos, con otra producción.

Concluyendo, las cadenas productivas agrí-colas son uno de los fundamentos más impor-tantes para un desarrollo económico-social de los territorios estudiados, pero tienen su base en los suelos. El agotamiento de los sue-los pone en peligro la sustentabilidad de los sistemas de cultivo actuales de la agricultura campesina, muchas veces concentrados en el uso de insumos externos. Por lo tanto, con-sideramos urgente y necesaria una auténtica “revolución agro-ecológica“, que promueva la fertilidad de los suelos y que fomente la sustentabilidad económica y ecológica de los sistemas de producción. Algo que requiere una visión más amplia e integrada de las y los agricultores y de las instituciones que apo-yan a la agricultura. Aspectos éstos recogidos tanto en la sancionada más no viabilizada Po-lítica Nacional de Desarrollo Rural Integral, como en la propuesta de Ley de Desarrollo Rural Integral consensuada entre gobierno y organizaciones sociales de Guatemala. Investigador, Cooperación Alemana, [email protected]

Guatemala

LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS EN EL QUICHÉ

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la agricultura campesina

aporta a las exportaciones

137 millones de quetzales

(17 millones de dólares),

generando divisas para el país

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Carlos A. Tovar

La historia agra-ria de Hon-duras puede relatarse por

décadas, pero la primera del presente siglo es muy relevante pues fue cuando surgió, por decreto, la posibilidad de saldar la deuda de tierra con los trabajadores y trabajadoras del campo. Pero también fue en este periodo cuando el golpe de Estado, de 2009, revirtió este logro. La consecuencia ha sido la movi-lización campesina.

Una mirada rápida de la historia va así: en los años 50s se sentaron las bases para legi-timar la organización campesina de Hondu-ras, posterior a la Gran Huelga Bananera de los obreros y obreras, ocurrida en 1954; en los 60s se aprobó la primera Ley de Reforma Agraria bajo la impronta de la Alianza para el Progreso, que impulsó el modelo de co-lonización agrícola, del cual se rememoran los asentamientos humanos de Monjarás y Buena Vista en el sur del país.

En los 70s se declaró a la reforma agraria como “el quehacer fundamental de las Fuer-zas Armadas de Honduras” y el modelo que respaldó al proceso fue de tipo evolucionista, liderado bajo la égida de los Decretos Ley nú-meros 8 y 170. Los 80s se conocieron como la década de la desesperanza y en los 90s se potenció la contra-reforma con la Ley de Mo-dernización del Sector Agrícola (LMSA).

Fue apenas en el nuevo milenio, en su primera década, cuando se aprobó un De-creto de Expropiación Forzosa, el 18-2008, el cual busca saldar la deuda o morosidad agraria que se tiene desde hace varios años con los trabajadores y trabajadoras del cam-po, quienes son los dueños legítimos de la tierra, si consideramos que este recurso debe ser para quien la trabaja.

No obstante en este nuevo siglo, se dio en Honduras el primer golpe de Estado en

América Latina. Fue el 28 de junio del 2009 cuando las fuerzas oscurantistas del país rompieron el texto constitucional y el presidente legítimo, Manuel Zelaya, fue expatriado en contra de su voluntad; este mismo hecho dio al traste con las inten-ciones del Decreto 18-2008, obligando al pueblo hondureño a organizar la resisten-cia popular para revertir el golpe de Estado y a movilizarse para defender los derechos conculcados.

El movimiento campesino aglutinado en el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras en Resistencia, Cococh-R –y articulado en La Vía Campesi-na y en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC– se orga-nizó para movilizarse, con el propósito de de-fender las conquistas agrarias, especialmente el decreto mencionado, e hizo suyo el plan-teamiento del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), de elaborar una nueva pro-puesta de ley de reforma agraria y soberanía alimentaria, como punta de lanza, de una nueva Constitución para refundar Honduras y lograr el desarrollo de nuestro país.

Se ejecutaron multitudinarias moviliza-ciones agrarias en varios lugares del país, especialmente en la zona del Aguán, en el Litoral Atlántico y en la Isla de Zacate Gran-de, en la zona sur de Honduras, donde se han recuperado tierras nacionales o fisca-les que estaban en posesión de particulares y grandes terratenientes. Esto, por medio de los frentes o movimientos campesinos aglutinados en dichas regiones, como el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA), el cual ha sido un ejemplo de la lucha agraria, desde abajo, para el re-lanzamiento de un proceso de la soberanía alimentaria. Y se ha transitado por dos gran-des consecuencias:

En primer lugar, la militarización de la zona, aparejada a la represión, muerte y persecución de campesinos y campesinas. Incluso en el momento actual hay muchos

campesinos presos que se encuentran en las diferentes cárceles del país; asimismo, la lu-cha campesina se ha criminalizado para de-tener las grandes demostraciones del poder campesino y popular.

En segundo lugar, la golpista Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucional el Decreto 18-2008, que planteaba regularizar legalmente tierras en manos de campesinos, cuya posesión data de muchos años atrás y que se había obtenido o había sido otorgada en los procesos de reforma agraria de los 70s y 80s pero que no estaba titulada. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en contubernio con grandes terra-tenientes y favoreciendo a miembros de la empresa privada, suspendió la legalidad de los títulos otorgados bajo la cobertura del de-creto mencionado.

Actualmente, el movimiento campesino hondureño, respaldado por el Cococh-R, La Vía Campesina y el movimiento popular, han calendarizado un conjunto de movili-zaciones para defender las conquistas agra-rias. Inclusive se están negociando con el Congreso Nacional de Honduras reformas a

la Ley de Modernización Agrícola, que fue aprobada en los años 90s como parte del pa-quete de la privatización de la economía y los tratados de libre comercio.

La aspiración más destacada del movi-miento campesino es la incidencia en ne-gociar la aprobación de una nueva ley de re-forma agraria y soberanía alimentaria, cuyo proceso ha comenzado y se tiene un progra-ma de trabajo que incluye la socialización de la propuesta en todas las regiones del país, y la realización de un foro nacional para dar a conocer la propuesta y presentar la misma al Congreso Nacional, el 15 de abril de 2011, por medio de una multitudinaria manifestación que se ha identificado como la Marcha de los Sombreros.

La propuesta de reforma agraria que se está socializando se orienta a la transformación de la estructura agraria. Una nueva reforma agraria es necesaria e impostergable pues hay más de 300 mil familias de campesinos y campesinas sin tierra o con poco acceso a este recurso. En efecto, se calcula que en la actualidad existen unas 240 mil familias sin tierra y más de cien mil que poseen propie-dades menores de una hectárea.

Se debe apuntar a eliminar en forma defini-tiva el latifundio y el minifundio; pues cual-quiera de los extremos siempre conduce a la injusticia y a la falta de equidad. En tal senti-do, no deben existir campesinos y campesinas sin tierra y al mismo tiempo grandes exten-siones que no cumplen su función social en poder de propietarios que viven en la ciudad.

En consecuencia, un proceso de reforma agraria debe garantizar la justicia social en el campo; pues todos los pobladores rurales tienen derecho a acceder a la tierra y a los demás factores productivos que garanticen la alimentación, la producción y los mercados en el marco de un comercio con justicia. La Vía Campesina Honduras

Honduras

SEMBLANZA DE LA

SITUACIÓN AGRARIA

La Sala Constitucional

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Auto - convoca -dos, los pueblos indígenas y negros hondu-

reños: pech, tawahka, chorti, tolupanes, len-cas, miskitu, creoles y garínagu, proceden-tes de la tierra y el mar, se reunieron en la comunidad de San Juan Durugubuti, Tela, Atlántida, Honduras, del 20 al 24 de febrero de 2011, con la intención, dijeron, de “juntar nuestros pensamientos, sentimientos y pala-bras e instalar nuestra asamblea plurinacio-nal constituyente y multicultural”.

Al término de la reunión, consensuaron esta declaración:

1. Declaramos que nos hemos encontrado en diferentes ceremonias de nuestra espirituali-dad para recibir la energía y la orientación de nuestros ancestros y ancestras, fortalecer la resistencia milenaria de nuestros pueblos para la defensa de la vida y la madre tierra.

2. Declaramos que el régimen continua-dor del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 profundiza la invasión a los territorios indígenas y negros, mediante el concesio-namiento de los ríos para construir represas privadas como el proyecto denominado Pa-tuca 1, 2 y 3, así como las múltiples represas que se pretenden construir en los ríos de los territorios lencas en donde se libra una histórica batalla; explotación minera; mili-tarización de nuestros territorios; proyectos turísticos como el de la Bahía de Tela; la implementación de las ciudades modelos, que son enclaves que lesionan la soberanía

de Honduras como país para el servicio del narcotráfico internacional.

3. Declaramos nuestra solidaridad con los pueblos que habitan la Moskitia hondureña, que están siendo objeto de represión, milita-rización y saqueo de sus bienes naturales por parte de la oligarquía y las trasnacionales. De igual manera manifestamos nuestro apo-yo rotundo al llamado a la auto-demarcación de su territorio. Asumimos la declaración de los pueblos de la Moskitia UPINH y desde ya nos auto-convocamos a las siguientes se-siones de trabajo de nuestra asamblea pluri-nacional constituyente multicultural en el territorio indígena Miskitu.

4. Declaramos que es urgente que Hondu-ras, como Estado, asuma la Declaración de

las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, como parte del marco jurídico interno.

5. Declaramos nuestra condena al régimen que impulsa la privatización de la educación y la salud; que ejecuta desalojos de comuni-dades indígenas como la Nueva Estanzuela, del pueblo Maya Chortí; que permite el ase-sinato de indígenas tolupanes, así como de líderes de otros pueblos, mismos que quedan en la impunidad.

6. Declaramos nuestra preocupación por los atentados y amenazas contra los medios de comunicación comunitarios, violentando el derecho a la libre emisión del pensamiento y al derecho de nuestros pueblos de crear sus propios medios de comunicación alternati-

vos tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Declaración de la Naciones Uni-das sobre los Derechos de los Pueblos Indí-genas y Negros.

7. Declaramos que esta asamblea plurina-cional constituyente multicultural será con-tinua y la misma se mantendrá hasta lograr la emisión de una nueva constitución que permita la refundación de Honduras.

8. Declaramos nuestro respaldo al Primer Hospital Garífuna de Honduras, mismo que funciona en la comunidad de Ciriboya, mu-nicipio de Iriona, Colon, y denunciamos el manifiesto sabotaje del régimen. Exigimos la incorporación del mismo en el presupues-to de salud pública.

9. Declaramos nuestra solidaridad con el ma-gisterio hondureño en la lucha por la defen-sa de la educación pública y la defensa del Estatuto del Docente; nos solidarizamos con el movimiento campesino que sufre la dero-gación del Decreto Legislativo 18-2008; nos solidarizamos con las familias de las víctimas de las y los asesinados por el régimen golpista; exigimos el retorno incondicional y seguro de los exiliados, entre ellos José Manuel Zelaya, presidente de Honduras 2006-2010.

10. Declaramos la auto-convocatoria a la Gran Asamblea de Mujeres Indígenas y Ne-gras de Honduras, que se realizará en Copan Galel, en el mes de mayo próximo.

11. Los mil 800 delegados y delegadas partici-pantes de esta Asamblea plurinacional cons-tituyente multicultural, expresamos nuestro agradecimiento a la comunidad de San Juan Durugubuti, Tela, Atlántida, al pueblo Garífu-na y su Organización Fraternal Negra de Hon-duras (Ofraneh), por su hospitalidad, herman-dad y alegría con la que nos han acogido.

Ariel Torres Funes

Ana Sánchez es una joven hon-dureña de 24 años que traba-

ja diariamente como empleada doméstica en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Hondu-ras. Originaria de Campamento –población rural ubicada en el departamento de Olan-cho–, como miles de mujeres hondureñas, Ana se trasladó a la capital en búsqueda de un empleo estable que pudiera solventar su economía. Gracias a sus esfuerzos, ella y su hijo ahora viven en una casa de madera ubi-cada en uno de los barrios marginales más populares de Tegucigalpa. “Yo vengo de una familia campesina, pero no tenemos tierra ni recursos para producir, así que mejor decidí venirme a vivir a la capital”, comenta.

A pesar de que la migración hacia la ciudad o hacia el exterior va en aumento, en las déca-das recientes el rol social, productivo y cultu-ral de la mujer campesina en Honduras se ha fortalecido gradualmente. Es innegable que su participación en actividades generadoras de ingreso en las zonas rurales ha aumenta-

do. Según datos oficiales, el 25 por ciento de los hogares en las zonas rurales del país son encabezados económicamente por mujeres.

La mujer campesina vive esta transformación, pero lo hace en un contexto de constante so-metimiento, opresión y pobreza. Problemas como una alta tasa de analfabetismo, violen-cia, un reducido acceso a los derechos de salud y educación discriminación en los espacios de toma de decisiones y exclusión en el marco le-gal, son sólo ejemplos del profundo aislamien-to que sufre la mujer campesina en Honduras.

Prácticamente olvidadas por las políticas públicas, más de un millón y medio de mu-jeres en zonas rurales trabajan diariamente, tanto desde sus hogares como en sus peque-ñas parcelas.

El contexto que enfrentan es sin duda opresivo. En materia de educación, según datos del instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 29 por ciento de la población rural es analfabeta, donde los mayores índices de analfabetismo en la ciudadanía femenina se presentan en la población mayor de 35 años. Datos arrojados por el mismo censo ubican la tasa de analfabetismo de la mujer urbana en 9.8 por ciento y de la rural en 25.7.

Por otra parte, Honduras registra la tasa de embarazos adolescentes más alta de Centro-américa, situación que tiene mayor inciden-cia en el área rural que en la urbana (21.3 por ciento contra 13.8, respectivamente).

También cabe mencionar que la oferta de trabajo es muy reducida y desigual. Según datos oficiales, sólo 22,5 por ciento de las campesinas tiene acceso a este derecho, en comparación con 75.7 por ciento de los hombres.

Toda esta situación ha orillado a que la mu-jer campesina dependa más de los mercados de trabajo asalariados, las agroindustrias y los cultivos de exportación que demandan una mano de obra menos calificada.

Por otro lado, las mujeres campesinas han tenido un débil acceso al crédito institucio-nal o formal. Ello, principalmente debido a la falta de acceso a garantías que respaldan el pago, porque éstas suelen estar en poder de los hombres. Sólo el uno por ciento de las mujeres campesinas posee títulos de tierras. El mejoramiento de la calidad de vida de las familias rurales deberá empezar por romper las desigualdades de género, haciendo énfa-sis en los intereses y las necesidades y aspira-ciones de las mujeres.

“Si las mujeres pudiéramos tener acceso a la tierra, a los insumos necesarios para producir, este país cambiaría”, comenta Gladys Lanza, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, organización que vela por el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Las mujeres han estado limitadas para acceder a los recursos de producción por razones culturales: históricamente no se les ha reconocido su labor como productoras. Por medio de la Campaña por la agricultura Va-mos al Grano, se pretende que haya un mayor reconocimiento del trabajo productivo de la mujer campesina en Honduras.

“Si mi familia y yo tuviéramos un mayor apoyo para producir, yo no estaría acá”, comenta Ana Sánchez mientras se prepara para ir a trabajar como empleada doméstica en unas de las resi-denciales más exclusivas de la capital. Periodista, ofi cial de medios de la Campaña Vamos al Grano en Honduras

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ADVERSIDADES QUE ENFRENTA LA MUJER CAMPESINA

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DECLARACIÓN DE LOS PUEBLOS DE LA TIERRA Y EL MAR MÁRTIRES DE SAN JUAN

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Una alta tasa de analfabetismo,

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y exclusión en el marco legal,

son sólo ejemplos del profundo

aislamiento que sufre la mujer

campesina en Honduras


Omar Argueta

El aumento mundial de los precios de los alimentos ha tenido efectos en El Salvador. En este país la ca-restía también está relacionada con

los fenómenos naturales de los años recientes: se han experimentado largos periodos de se-quías y luego el exceso de lluvia. Tres tormen-tas tropicales en menos de un año causaron fuertes pérdidas en todo el sector agrícola y, desde luego, en la producción de frijol, uno de los alimentos principales aquí.

Según estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el costo por daños y pérdidas como consecuen-cia del huracán Ida supera los 239 millones de dólares. La misma institución dice que El Salvador necesitaría invertir 343 millones de dólares para recuperar la producción perdida por causa de este fenómeno climático.

De acuerdo con la Organización de las Na-ciones Unidas para la Alimentación y la Agri-cultura (FAO), resulta que la producción de alimentos por habitante se redujo de 156 kilos en 1970 a 125 en 2007. La producción interna no ha sido capaz de cubrir la demanda y como resultado se han incrementado las importa-ciones. Jaime Tobar, investigador de la oficina de la FAO en El Salvador, indicó que al caer la producción, sube el precio del frijol y en general las personas tienen que comer menos.

Otros factores que impulsaron el alza en los precios del frijol fueron el acaparamien-to y la especulación. Después de una larga investigación, las autoridades concluyeron que hubo un alza injustificada en los precios de venta. Se constató que los comerciantes habían pagado menos por la adquisición del grano y que, en aras de obtener más del 35 por ciento en ganancia, incrementaron el precio de la leguminosa. Con esta infor-mación, el 11 de noviembre de 2010 cuatro comerciantes fueron multados por acaparar el grano y aumentar su precio. Esto fue una acción ejemplarizante, pues nunca en la his-

toria de este país se había multado a los espe-culadores de granos básicos.

Un aspecto más a considerar es el factor pro-ductivo y de oferta. Según fuentes del Mi-nisterio de Agricultura y Ganadería (MAG), El Salvador produce 10 por ciento de las ver-duras e importa el 90 faltante, produce el 70 por ciento del maíz e importa el 30 y produ-ce el 40 por ciento del arroz e importa el 60 que falta. En el caso del frijol, anualmente el país produce cerca de 1.8 millones quintales de frijol, pero se consumen casi 2.5 millones.

El precio del frijol en El Salvador en el 2008 alcanzó los cien dólares por quintal. Pero en el 2010 se llegó a 128 dólares. Es decir, la li-bra de frijoles pasó en el mismo año de 75 centavos de dólar 1.50 por libra. Esto fue un incremento del ciento por ciento.

Para hacer frente a estos sucesos, el gobierno salvadoreño se vio obligado en octubre de ese 2010 a importar desde Nicaragua 50 mil quintales de frijol. La gestión de este frijol fue hecha por el gobierno, que decidió ven-derlo directamente a los consumidores. Para ello estableció sus propias plazas en diferen-tes puntos de venta en los departamentos del país y colocó la libra a un precio de 75 centa-vos de dólar la libra.

A inicios de 2011, para hacer frente a la alza en los precios de los granos básicos, de nuevo el gobierno salvadoreño ha buscado realizar la compra de 90 mil quintales que llegarán procedentes de China. Según se ha informa-do, el uno de marzo arribarán los primeros embarques. Estos granos se venderán a un precio de 75 centavos de dólar la libra, según el titular del MAG, Guillermo López Suárez. Esto implicará un subsidio de 15 centavos de dólar en cada libra de frijol. Así las familias salvadoreñas podrán comprar en los puntos de venta establecidos por este ministerio. Esta medida fue y sigue siendo implementada con la finalidad de presionar para que baje el pre-

cio del frijol, sin que genere una sobreoferta y cause una distorsión en el mercado.

A todo lo anterior, se suman dos décadas de gobierno en manos del partido Alianza Re-publicana Nacionalista (Arena). Durante este periodo, con cuatro administraciones conse-cutivas, se impulsaron de lleno las políticas neoliberales. Esta fue una economía enca-minada a desmembrar el agro salvadoreño, lo que desincentivó a quienes cultivaban para garantizar la producción del consumo interno.

En la actualidad, la administración de Mauri-cio Funes, del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional (FMLN) busca imple-mentar medidas para resolver la problemática de la seguridad alimentaria en El Salvador. Una de las iniciativas que se están desarro-llando es el Plan de Agricultura Familiar, que fue presentado el 21 de febrero de 2011.

Los tres pilares de este proyecto de gobierno son: seguridad alimentaria, encadenamien-tos productivos e innovación agropecuaria. Con este plan se propone sacar adelante a las familias salvadoreñas, dependiendo de la situación en que se encuentren, según lo expresó Guillermo López, titular del MAG. Con ello, se busca impulsar la agricultura de subsistencia que identifica a la mayoría de salvadoreños que producen.

Es importante no olvidar que la crisis alimen-taria que viven los países empobrecidos tam-bién obedece al papel oligopólico de las gran-des empresas trasnacionales de la industria agroalimentaria. Muchos de estos emporios controlan los precios, la tecnología, la certifi-cación, los canales de distribución, la fuente de financiamiento de la producción alimenta-ria, el transporte, la investigación científica y los fondos genéticos de la industria y los fertili-zantes. Además estos mismos imponen las re-glas internacionales con que se comercian los alimentos y tienen tecnología para producirlos.

Entendemos que la crisis de los alimentos es una crisis de precios, inmersa en la anuncia-da crisis financiera internacional; los pueblos están en el derecho de exigir a los Estados nacionales medidas urgentes para salvar de la desnutrición, la hambruna y la muerte a po-blaciones enteras. Estas tragedias, provocadas por los especuladores de los alimentos y los conglomerados agroindustriales, no la pue-den pagar los sectores más indefensos de nues-tras sociedades que luchan por sobrevivir. Iniciativa de Acción contra los Agronegocios (AAI) América Latina

El Salvador

ANTE EL PRECIO DEL FRIJOL, APUESTAN A PRODUCIR

EVENTO: Foro Nacional por la R e g e n e r a c i ó n Socio-Ambiental. O R G A N I Z A : Unión de Coope-rativas Tosepan Ti-tataniske, Consejo Nacional de Orga-nizaciones Cam-pesinas (Conoc)

y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). LUGAR: Centro de Formación Kaltaixpetaniloyan, Unión de Cooperati-vas Tosepan. Cuetzalan, Puebla. FECHA: 21 y 22 de marzo de 2011. INFORMES: http://forosocioambiental.blogspot.com/ / [email protected] / 01 (233) 33-10-053 ext 2 y 01 (233) 33-11-279. Km. 1.5 Carr. Cuetzalan – San Antonio Rayón. Tel. en el DF: 55-21-28-93-28

EVENTO: Primer Curso de Expertos so-bre Soberanía Alimentaria y Agroecoló-gica Emergente. ORGANIZA: Instituto de Sociología y Es-tudios Campesinos (ISEC) – Universidad de Córdoba, España. FECHA: Del 28 de marzo al 24 de junio de 2011. INFOR-MES: www.unia.es

EVENTO: Exposición Mapas y Planos Antiguos de Xochimilco.ORGANIZA: Archivo Histórico y Heme-roteca de Xochimilco. LUGAR: Sala de Lectura (Morelos No. 7, Barrio El Rosario, Centro Histórico de Xochimilco. FECHA: Del 18 de febrero al 31 de marzo de 2011. De lunes a viernes de las 9:00 a las 16:00 horas. INFORMES: 56-76-48-69

EVENTO: Diplomado: Perspectivas An-tropológicas sobre el Campo y la Ru-ralidad. ORGANIZA: INAH a través de la Coor-dinación Nacional de Antropología. FE-CHA: Del 25 mayo al 14 de diciembre de 2011. LUGAR: Coordinación Nacional de Antropología del INAH. INFORMES: www.antropologia.inah.gob.mx / [email protected] / Tel. 40405400 ext. 4251 y 4252.

EVENTO: Curso Internacional de Agroecología y Agricultura Sostenible. ORGANIZA: Centro Nacional “Niceto Pérez”, a través del Grupo Ambientalista Tierra Nuestra, A.C. LUGAR: Güira de Melena, Municipio de La Habana, Cuba. FECHA: Del 18 al 29 de mayo de 2011. INFORMES: Tel/fax: 01 (722) 214-2874 y 262-6767 /[email protected] / [email protected]/ www.tierranuestra.org.mx

LIBRO: La utopía posible. México en vilo: de la crisis del autoritaris-mo a la crisis de la democracia (2000 -2008) AUTOR: Arman-do Bartra. EDI-TORES: Ítaca, La Jornada Edicio-nes, Los Nuestros.

TEATRO: Voces de Catedral.FECHA: Todos los miércoles, a las 20:00 horas. En la Catedral Metropolitana. Zó-calo, D.F. INFORMES: Marco Liramark – 04455-91-96-63-37 / [email protected]

El Salvador produce 10 por

ciento de las verduras e importa

el 90 faltante, produce el 70 por

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El programa Hambre Cero, iniciado en 2007 en Nicaragua, ha tenido efectos positivos en varios ámbi-tes–tales como la revaloración del

medio rural, el reconocimiento de la mujer como productora y dueña de la tierra y un proceso de organización de las campesinas-, además de que ha logrado mitigar el hambre rural, su principal objetivo, pero no puede hablarse de resultados espectaculares respec-to de abatimiento de pobreza.

Este programa, señala Bernardo González, un mexicano que colaboró hasta hace un año con el gobierno de Daniel Ortega, cuen-ta con recursos verdaderamente escasos, pues ha aplicado apenas unos 120 millones de dólares, pero, al haber regularizado la tierra a nombre de las mujeres que trabajan el campo –pues muchos hombres han emi-grado en busca de opciones de ingreso- y al dotarlas de animales para garantizar el ali-mento familiar, ha logrado mejorar las con-diciones de las familias pobres.

Nicaragua es el país con el ingreso per cá-pita más bajo de todo Centroamérica, de unos mil 300 dólares anuales, contra siete mil de Costa Rica. Y la población rural, que representa alrededor de 40 por ciento del total nacional, venía enfrentando una crisis económica tremenda, dado que en los años 90s la producción de algodón, que estaba en la zona occidental del país, prácticamente desapareció debido a competencia de pro-ducto ruso y debido a una situación negativa de costo-beneficio, por aplicaciones intensi-vas de plaguicidas demasiado costosas. Ade-más el café, uno de los pilares de la actividad campesina de Nicaragua, y de todo Centro-américa, sufrió un desplome de precios in-ternacionales sostenido.

El programa Hambre Cero, diseñado por un colaborador importante de Daniel Ortega, Orlando Núñez –como producto de su in-vestigación y presencia en el medio rural– se enfoca a las mujeres con tierra, para así reva-lorizar su trabajo, y las dota de recursos tales como vacas paridas, cerdas, gallinas para que garanticen su alimentación y puedan concu-rrir al mercado con sus excedentes.

Asimismo, el programa propicia que las mu-jeres se agrupen localmente en cajas de aho-rro, para que puedan autofinanciarse.

“El resultado ha sido el que tengan mayores posibilidades de alimentación –lo cual es un indicador en la medición de la pobreza-, pero no me atrevo a afirmar que la pobreza haya disminuido” gracias a este programa, señala Bernardo González.

Algo que sí ha logrado Hambre Cero es la re-campesinización; la valoración de la mujer, y el impulso a la organización, lo cual dota a

las campesinas de capacidades para acceder a políticas públicas, y ha conseguido tam-bién fortalecer la idea de que con la tierra es posible sobrevivir”. Esto luego de que el país sufrió un gravísimo abandono de tierras por causa de problemas de mercado y por falta de políticas públicas para el campo por par-te de los gobiernos anteriores (precios bajos, escaso financiamiento, falta de tecnología), pero también por agotamiento de los suelos y por la desesperanza sobre el campo dadas las condiciones de vida precarias que se tienen allí, y por la fuerte migración. Hay muchos nicaragüenses en Costa Rica, El Salvador, honduras, Guatemala, México y Estados Unidos.

Los resultados de Hambre Cero están co-incidiendo hoy día con los precios positivos que registran los productos cárnicos (gana-do, pieles, carne, queso, leche), el azúcar y el café, que son fundamentales en las expor-taciones agropecuarias de Nicaragua. Esto ha mejorado la situación general del medio rural, pero se sabe que los precios de las ma-terias primas no son estables. No hay certeza de que la bonanza dure.

Bernardo González comenta que adicional-mente el gobierno de Daniel Ortega ha im-pulsado programas tales como Usura Cero –para mejorar el acceso al crédito- u otro de-nominado Amor, para apoyar a niños en con-diciones de vulnerabilidad y abandono. To-dos éstos diseñados por Rosario Murillo, la esposa de Ortega y que opera en los hechos como jefa de gobierno, pues el matrimonio aplica un esquema de “pareja presidencial”.

Hambre Cero implica la participación de técnicos comprometidos, pues se comple-menta con capacitación y asistencia técnica para las mujeres.

Nicaragua es el país con el

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HAMBRE CERO, POLÍTICA PÚBLICA QUE MITIGA EL HAMBRE Y REVALORA A LAS MUJERES

Hambre Cero implica la

participación de técnicos

comprometidos, pues

se complementa con

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técnica para las mujeres

CUARTO FESTIVAL INTERNACIONAL CINE EN EL CAMPO

En conferencia de prensa Fernanda Ri-vero, directora del Fes val Internacio-nal de Cine en el campo (FICC) presentó la cuarta edición del fes val, cuyo tema este año será "Historias por un mundo mejor" con los subtemas: Una migra-ción justa, Un mundo más ecológico, Un mundo más pacífi co, Un mundo con agua para todos, Un mundo más amoro-so y Un mundo más tolerante.

El FICC recorrerá 50 localidades de Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit, Guanajuato y Baja California Sur. Es apoya-do por la Fundación BBVA Bancomer. Más información en www.cinecapofest.com


María Paula Morales Gamboa, Gloriana Martínez Sánchez y Jorge Andrés Quesada Lacayo

Si hay algo claro en la historia de los pueblos lati-noamer icanos

es que los proyectos modernizadores no han dado respuesta a los sectores más desposeídos; por el contrario, han reproducido la desigual-dad y exclusión, que en el campo adquieren un significado sustantivo pues hemos pasado de un mundo rural campesino a un capitalis-mo agrario, caracterizado por el monopolio de la agroempresa y los capitales trasnacionales.

En el caso de Costa Rica, se observa que desde el Estado benefactor hasta el proyecto neoliberal puesto en marcha en los años 90s, el Estado ha utilizado distintos mecanismos de cooptación de la movilización y lucha campesina como respuesta a la organización de este sector.

Un breve esbozo del campo en el Estado social. El primer proyecto de moderniza-ción implementado en América Latina –de-nominado desarrollista–, consideró ideoló-gicamente al campesinado como el sector tradicional y atrasado de la estructura social. En Costa Rica esto derivó en un fuerte pro-ceso de descampesinización del agro acom-pañado por la incorporación de un crecien-te número de pequeños productores cuyas dinámicas no necesariamente responden a una economía de subsistencia campesina.

Este despliegue capitalista significó para el campesinado una disminución en el tamaño de sus fincas, la ocupación de tierras menos fértiles, una creciente exclusión de los avan-ces tecnológicos y del crédito y una mayor desposesión en cuanto a los insumos para la producción. En este periodo, la política agra-ria gubernamental se orientó a “pacificar” el agro, y no a desarrollarlo, muy en sintonía con el proyecto neocolonial estadounidense de la Alianza para el Progreso.

En este marco, se buscó institucionalizar los crecientes movimientos de lucha por la tierra mediante la creación del Instituto Costarri-cense de Tierras y Colonización (ITCO) en

1961, y el Estado creó una serie de institu-ciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en 1960 y el Consejo Na-cional de la Producción (CNP) en 1975. És-tas, junto con el ITCO, fueron responsables de la implementación de las políticas que tenían como objetivo principal impulsar la llamada “agricultura de cambio”.

Durante este periodo, el Estado contó con múltiples mecanismos para apaciguar el con-flicto social, que en el campo se evidenció con la disputa por la tierra y por los procesos de pro-ducción y comercialización de las cosechas. Desde el Estado se fomentó la organización del campesinado (cooperativas y asociaciones), esencialmente para aplicar programas de dis-tribución de ayudas asistenciales y para evitar la influencia comunista en la base social.

Por medio de asentamientos campesinos que estableció, el ITCO buscó consolidar la po-lítica de distribución de tierras y fomentó la creación de asociaciones de desarrollo cuyo objetivo era gestionar el acceso a los servicios públicos (electricidad, acueductos, vivienda, educación, salud) ante el resto de institucio-nes del Estado.

La criminalización, la represión y persecu-ción hacia las organizaciones de izquierda o revolucionarias eran parte de la estrategia del Estado para apaciguar la movilización campesina. Resalta, sin embargo, que no se generaron conflictos graves como los que vi-vían en el resto de Centroamérica.

La reestructuración de la política agraria y la movilización campesina (1980-1990). El estilo de desarrollo que se venía implemen-tando desde mediados de siglo en Costa Rica se desestabilizó en los 70s en gran medida por la crisis económica internacional y por-

que los gobiernos del país tenían una deuda externa considerable debido al gasto social y el déficit fiscal provocado por el Estado benefactor.

El periodo de reestructuración inició en el país con la firma de un préstamo entre el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que implicaba compromisos de transforma-ción en la política económica y social del país. Posteriormente, se firmarían otros prés-tamos con la misma entidad y con el Banco Mundial (BM), que permitirían la imple-mentación del Programa de Ajuste Estructu-ral I (PAE I) y II (PAE II).

En el caso del PAE I, las reformas en la producción de alimentos y agricultura pre-tendían ajustar los precios de los productos nacionales de los alimentos con los interna-cionales. En el marco del PAE II, la adminis-tración de Óscar Arias Sánchez (1986-1990) se comprometió a seguir con el desmantela-miento del Estado y las transformaciones en las dinámicas productivas del país.

El proceso de liberalización y apertura co-mercial en el agro cristalizó a partir del mo-delo “agricultura de cambio”, propuesto el gobierno de Monge y convertido en eje cen-tral de política agropecuaria en la primera administración de Arias Sánchez y, la Recon-versión Productiva, política propuesta en el gobierno de José María Figueres (1994-1998).

Así, la introducción del modelo neoliberal en el país a partir de los 80s derivó en fomento de la agroindustria en manos trasnacionales, desempleo rural, desestimulo e inestabilidad de los pequeños productores tradicionales, incremento de la proletarización del campe-sinado, migraciones del campo a la ciudad, concentración de tierras y disminución de la frontera agrícola.

Esto reavivó los procesos de lucha por la tierra, de organización campesina y de ocu-paciones de terrenos, lo cual se prolongó hasta 1995.

De 1980 a 1985 la lucha y las demandas de las organizaciones se centraron en la tenen-cia de la tierra y de 1986 a 1990 se orientaron a cambiar las condiciones de la producción, específicamente con la búsqueda de protec-ción de la producción de granos básicos. En-tre 1980 y 1987, las tomas de tierras en el país sumaron 500 y estuvieron involucradas más de siete mil familias.

En los momentos históricos de mayor con-flicto y de lucha por la tierra, la respuesta del Estado ha sido asistencialista y tendente a institucionalizar el conflicto y a las organiza-ciones. Esto, en consonancia con el sistemá-tico empobrecimiento del campesinado y de las zonas rurales, ha conseguido desmantelar la movilización campesina, y los gobiernos en turno se han despreocupado de la situa-ción agraria.

Lo cierto es que la estructura agraria ha tran-sitado desde un modelo de “sustitución de importaciones”, con predominio del Estado, hacia el Mercado Común Centroamericano y los mercados nacionales, y por último a un modelo “hacia afuera” o “trasnacionalizado” en donde el mercado adquiere relevancia para determinar el desarrollo nacional.

El neoliberalismo asentado. Desde los 90s –cuando se comenzó a asentar con más fuerza el neoliberalismo y el capitalismo agrario–, se da un cambio determinante dentro de las formas de organización campesina, debido a la incorporación de nuevas estrategias por parte del Estado, así como un fortalecimien-to de las antiguas estrategias institucionales y discursivas.

Ejemplo de esto fue el papel del Estado �y en especial del Partido Liberación Nacional– en el fomento cooperativo, con la creación sistemática de asociaciones de desarrollo co-munal y de asociaciones formales de produc-tores y de mujeres. Así se fortaleció la maqui-naria institucional en el campo y se desplazó a las formas autónomas y tradicionales de lu-cha y organización del campesinado, lo cual insertó nuevas dinámicas y nuevos temas dentro de las agendas de las organizaciones.

A partir de los 90s, las organizaciones rura-les y campesinas discurren sobre cinco ejes: reconversión productiva, créditos y banca de desarrollo, el derecho y acceso a la tierra para la producción, la incorporación de las muje-res en el acceso a la tierra para la producción y la seguridad alimentaria. Esto implica que este periodo las organizaciones campesinas tuvieron un giro en sus reivindicaciones, in-corporando sobre todo los temas ambientales y de género.

Conclusiones. Con este breve recuento, se puede evidenciar que los distintos procesos modernizadores del Estado costarricense han provocado una exclusión sistemática del campesinado de las dinámicas económicas del país, lo cual ha debilitado la reproduc-ción social de este sector. Es decir, se han generado dinámicas de proletarización y descampesinización, así como una constante trasnacionalización de los recursos indispen-sables para la reproducción campesina como el agua, la tierra, las semillas y otros insumos.

Y a partir de los 90s se han consolidando nuevas formas de acumulación capitalista, que hacen más visible e intrincado el con-flicto agrario y dificultan las condiciones materiales para la movilización y organiza-ción campesina.

Es importante mencionar que, a pesar de las dinámicas de acumulación impuestas en los campos costarricenses y la dificultad que encuentran los sectores campesinos y rurales para organizarse –por la clara intervención del Estado–, en el país hay algunas iniciati-vas de resistencia y reivindicaciones agrarias que trabajan de manera autónoma y por la defensa de sus derechos.

Costa Rica

LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA, UN RECUENTO HISTÓRICO

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La condición ístmica, su ubicación latitudinal y sus variaciones to-pográficas, hacen que América Central (la región de mayor frag-

mentación territorial del planeta) tenga una condición privilegiada en cuanto a produc-ción de agua dulce. La región posee una disponibilidad hídrica per cápita de 31 mil 64 metros cúbicos. Sin embargo, esta abun-dancia no está distribuida equitativamente debido sobre todo al mismo sistema natural que distribuye el recurso en tiempo y espa-cio de manera no uniforme. El dato de dis-ponibilidad per cápita para El Salvador es de dos mil 876 metros cúbicos y para Belice de 64 mil 817.

Además, existe un bajo aprovechamiento y de cobertura de la demanda de agua pota-ble: datos publicados en 1999 señalan que entonces casi la mitad de los centroamerica-nos carecía de este servicio. Y también casi la mitad de ellos (39 millones de personas en 2005) están expuestos al agua contaminada con metales pesados, fertilizantes, pestici-das, sustancias fecales, etcétera, lo cual re-dunda en enfermedades y problemas serios de salud pública.

Entre las causas de la baja calidad del agua están la deforestación, los deslizamientos, las inundaciones y la contaminación por vertidos de aguas residuales domésticas, agrícolas, industriales, lodos y otros, sin tra-tamiento alguno a las fuentes de agua. Otro aspecto que incide en la baja calidad es el arrastre superficial de residuos de agroquí-micos. Todo esto causa graves afectaciones en las cuencas hidrográficas, y la mitigación de los daños ambientales es difícil dentro de cada nación y se complica aún más cuando se trata de escenarios naturalmente compar-tidos, como son las cuencas internacionales.

La distribución no equitativa del agua en la región tiene que ver con el régimen de lluvias, el cual varía considerablemente con la altitud y la vertiente. La vertiente del Caribe recibe abundantes precipitaciones durante todo el año, mientras el Pacífico su-fre periodos secos que se extienden cinco o más meses al año. El Salvador es el país con menos disponibilidad del agua y posee una de las tasas más altas de extracción, lo cual refleja serios problemas de escasez; por su parte, Costa Rica es el país con mayor tasa de extracción pero también con una alta dis-ponibilidad de agua.

En cuanto a los usos del agua, la región está a tono con la tendencia mundial, en la cual la agricultura es el mayor usuario (80 por ciento del total del recurso en promedio en El Salvador, Honduras y Guatemala y 53 por ciento en Costa Rica). Sin embargo hay importantes excepciones: Belice, con sólo 20 por ciento (y también Panamá que formal-mente no es concebido como país centro-americano, con 28 por ciento).

Actualmente, la disponibilidad de agua dul-ce para diferentes usos está comenzando a ser una de las principales preocupaciones socioeconómicas, pues el crecimiento de la población ha incrementado notablemente la demanda doméstica y agrícola del recurso. Y destaca en este punto que la demanda crece también por una cierta apuesta de la región a cultivar productos agrícolas (soya, canola, palma y otros) destinados a los agro-combus-tibles. Es por tanto un reto analizar y sopesar los usos del suelo en la región.

Las limitaciones actuales en el acceso al agua para satisfacer las necesidades básicas como salud, higiene y seguridad alimentaria socavan el desarrollo humano y provocan enormes dificultades a la población afec-tada. La producción de agro-combustibles está en medio de gran polémica.

En muchos casos los sistemas de agua pota-ble y alcantarillado son totalmente obsoletos o necesitan de rehabilitación y ampliación. A ello se suma el hecho de que en muchos de los países de la región todavía existen serias deficiencias en la operación y mantenimien-to de las instalaciones y equipos. Esto oca-siona interrupciones en el servicio, pérdidas en los sistemas de distribución, fallas en la desinfección y otros problemas. Asimismo, la falta de tratamiento de aguas residuales ha provocado que aunque la disponibilidad del agua superficial sea abundante la calidad de la misma no permita su aprovechamiento efectivo.

El panorama se complica por las previsio-nes de incremento de la temperatura glo-bal a causa del cambio climático. Centro-américa es muy vulnerable a este fenómeno, pues es una franja delgada entre el hemisfe-rio norte y el sur. Tiene probabilidades altas de verse afectada por sequías en su litoral del Pacífico e inundaciones en las costas del Atlántico; además, el nivel del mar podría elevarse en el Caribe y en el Pacífico y se tendrían mayores tormentas de marea más fuertes. Los fenómenos naturales como llu-vias tropicales, terremotos, inundaciones, entre otros; implican un gran impacto en las economías de los países afectados, ade-más de que lluvias intensas son sinónimo de aumento de la erosión, pérdida de fertilidad del suelo, más inundaciones y disminución de producción agrícola.

Es claro que el tópico del agua y sanea-miento está hoy más que nunca vinculado al tema del desarrollo. Es importante dar prioridad al acceso al agua para satisfacer las necesidades básicas como salud, higiene y seguridad alimentaria, por el hecho de la crisis del agua afecta en primer lugar a los pobres, para quienes su escasez está asocia-da al hambre, las enfermedades y la falta de servicios públicos, lo cual pone en riesgo su propia existencia.

*Este texto es un resumen-edición de un documento elaborado por Alexander López, y suscrito por el Banco Mundial, el Programa Hidrológico Internacional de la Unesco, el Global Water Partnership (Sociedad Global de Agua) y el Programa Regional para la Reducción de la Vulnerabilidad y Degradación Ambiental de la Unión Europeo. El documento es del 2009 y se titula Política de la subregión ce ntroame-ricana. Hacia el V Foro Mundial del Agua.

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Extensión total: 523 mil 780 km2

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Belice 4

Costa Rica 10

El Salvador 4

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Nicaragua 25

Panamá 15Fuente: GWP.

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embargo, esta abundancia no

está distribuida equitativamente

debido sobre todo al mismo

sistema natural que distribuye

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Es importante dar prioridad

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Los siniestros ocurridos en febrero en campos del noroeste por heladas, en particular en los sembradíos de maíz blanco de Sinaloa, pusieron muy al des-

cubierto la alta dependencia del grano que tiene el centro del país respecto de esa región y respec-to de la agricultura tecnificada y empresarial.

Sobre todo porque al mismo tiempo hay advertencias de organismos mundiales –rati-ficadas, aunque en versión moderada por la Secretaría de Agricultura– de que la situa-ción global de abasto de alimentos empeora a tal grado que, según el Banco Mundial, es previsible que durante este 2011 y el 2012 es-talle una nueva crisis alimentaria más grave que la de 2007-08 con efectos nocivos sobre todo en los países deficitarios, como México.

Hay que recordar que en 2008 el número de po-bres en México repuntó luego de registrar una tendencia a la baja en los indicadores de este flagelo (en 2002 la pobreza más inaceptable, la alimentaria, afectaba a 20 por ciento de la po-blación nacional; en 2006 a 13.8 y en 2008 a 18.2 por ciento, según datos de la Comisión Econó-mica para América Latina y el Caribe, Cepal) y hoy todo mundo coincide en que la causa de este fenómeno fue la crisis alimentaria de 2007-08. En el medio rural, cabe decir, la pobreza alimentaria afectaba en 2002 a 34 por ciento de la población, en 2006 a 24.5 y en 2008 a 31.8.

Tal como ocurrió en 2002-03, cuando la apertura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se volvía más agresiva, un conjunto amplio de organizaciones campe-sinas se han aglutinado ahora –no obstante sus fuertes diferencias ideológicas y de estra-tegia– para levantar la voz frente a esta crisis doble (nacional y global) de alimentos, y de-cir algo muy simple: no pongamos todos los huevos en una misma canasta.

En lugar de dirigir el grueso de los sub-sidios a la agricultura comercial, debe haber un enfoque más equitativo; deben reorientarse presupuestos para el apoyo de

la agricultura de pequeña y mediana esca-la, pues “si el país y los gobiernos confían en la pequeña agricultura, ésta y sólo ésta, puede rescatar a México de la hambruna que se avecina”. Este fue el mensaje de un documento firmado conjuntamente el 28 de febrero por la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Producto-res del Campo (ANEC), la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Central Campesina Cardenista (CCC), la Coordi-nadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y la Unión Nacional de Organizaciones Regio-nales Campesinas Autónomas (UNORCA), además del Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh), la ECIOAC, la CODUC, la CCI y la Cocyp.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), las heladas en Sinaloa propiciaron una merma de alrededor de cinco millones de toneladas de maíz blanco, pero se contra-rrestará en parte por una resiembra de maíz, que, se estima, sumará 450 mil hectáreas en Sinaloa (adicionales a otras 10 mil he maíz en Tamaulipas y 155 mil en el mismo estado para sorgo, así como 40 mil de maíz en Sonora. El saldo de la pérdida de maíz entonces sería de alrededor de 1.8 millones de toneladas.

La Sagarpa estima que la producción nacional de maíz blanco este año sumará 21.7 millones de toneladas y 1.6 millones de maíz amarillo.

Las heladas dañaron en total un millón de hectáreas, 600 mil de ellas en Sinaloa y el resto en Sinaloa y Tamaulipas. Del total 670 mil sufrieron daño total y el resto parcial.

La información sobre las heladas tuvo un efecto inmediato en la cadena maíz-tortilla –igual que ocurrió al iniciar 2007, cuando se supo de una escasez de maíz blanco y se lle-gó a importar desde Sudáfrica–. La tendencia alcista del precio de la tortilla que se observa desde 2006, luego de que tuvo una cierta es-tabilidad entre 2001-05 a la par de los precios internacionales del maíz– se agudizó en lo que va de este año, a tal grado que la Secre-taría de Economía, la Procuraduría Federal

del Consumidor y la Comisión Federal de Competencia declararon, de la misma forma que a inicios de 2007, que castigarían a los tortilleros abusivos, y de hecho han ejercido sanciones en varios estados de la República.

Esto es, el gobierno está entrampado con la realidad del “libre mercado”, que se topa con la condición empobrecida de la pobla-ción, que reclama alimentos accesibles, y de allí los discursos de querer controlar lo que en teoría debería ser incontrolable, los pre-cios de la tortilla, mismos que se rigen no sólo por el maíz, sino por los precios de la energía eléctrica y el diesel, los cuales tienden al alza.

Según el seguimiento de la Secretaría de Economía, el precio promedio de la tortilla en el Distrito Federal pasó de 9.07 a 9.44 pe-sos por kilo, pero si uno hace un recorrido por cualquier colonia, puede observar que los precios están realmente alrededor de los 12 pesos. De finales de 2006 a la fecha se du-plicaron en términos absolutos.

El hecho es que anualmente la producción de Sinaloa, de alrededor de seis-siete millo-nes de toneladas de grano blanco es definiti-va para el abasto del país y para la estabilidad de los precios de la tortilla.

Por ello los productores y autoridades de Sinaloa tradicionalmente han defendido el que esta entidad –junto con Sonora y Ta-maulipas– sea gran beneficiaria de subsi-dios agrícolas, en particular de los apoyos a la comercialización de granos.

Según una presentación elaborada por Gus-tavo Gordillo, especialista en temas rurales, el 35 por ciento del gasto público agrícola se concentra en esos tres estados, mientras que los cinco más pobres del país, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Guerrero, reci-ben sólo 5.7 por ciento, a pesar de que éstos contribuyen mucho más al empleo rural que los tres primeros y están más despoja-dos de infraestructura productiva.

A decir de las organizaciones campesinas, “México se encuentra en una situación de emergencia alimentaria”, la cual se ha venido advirtiendo por años desde varios frentes pero el gobierno federal no la quiere reconocer.

El secretario de Agricultura, Francisco Ma-yorga, dijo en fechas recientes que es muy remota la posibilidad de que México sufra desabasto de alimentos, pero no está exento de enfrentar precios caros. Y el subsecreta-rio de Agricultura, Mariano Ruiz-Funes, dijo en una entrevista que es necesario reducir nuestro consumo de hortalizas, de-bido a que éstas se afectaron por la helada junto con los granos. Aunque el funciona-rio no tomó en cuenta que las hortalizas del noroeste son fundamentalmente para exportación.

Las organizaciones campesinas insisten en que la solución a los riesgos de desabasto, de carestía y de vulnerabilidad ante circuns-tancias derivadas del comportamiento cli-mático está en invertir más en los pequeños productores. En el país hay siete millones de hectáreas ociosas, dicen, y hay potencia-les sin aprovechar, como el del sureste, que podría elevar sustancialmente su produc-ción de maíz si se hicieran pequeñas obras de infraestructura para tener un doble ciclo de siembras en esa región.

Atender esto es fundamental, pues los pre-cios internacionales de los alimentos se mantendrán altos en los próximos años, lue-go de que se han venido encareciendo; tan sólo en el año reciente subieron 32 por cien-to, según un índice elaborado por el Fondo Monetario Internacional.

La vulnerabilidad de México frente a los mercados externos es muy clara: en 2010 México erogó 25 mil millones de dólares para adquirir alimentos del extranjero, prin-cipalmente de Estados Unidos, una can-tidad semejante a los 294 mil millones de pesos del presupuesto del Programa Espe-cial Concurrente para el Desarrollo Rural, señalan las organizaciones campesinas. “Es decir, se gasta lo mismo para comprar en el extranjero que para todo el gasto públi-co destinado a las zonas rurales, lo cual nos parece equivocado”, señalaron en su comu-nicado conjunto.

Comportamiento del precio del maíz y el precio de la tortilla

ALTA DEPENDENCIA DE LA AGRICULTURA COMERCIAL, TRAMPA PARA LOS MEXICANOS • Los precios de la tortilla se duplican en menos de cinco años• Apoyar a los agricultores de pequeña escala, sería solución

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No.42 El centro de América

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