No Cesó La Horrible Noche

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    No ces la horrible noche:Derechos humanos y paramilitarismo despus de la desmovilizacin

    No ces la horrible noche:Derechos humanos y paramilitarismo

    despus de la desmovilizacin

    No ces la horrible noche:Derechos humanos y paramilitarismo

    despus de la desmovilizacin

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    Informe de Derechos Humanos

    R ELECTURAS

    No ces la horrible noche:Derechos humanos

    y paramilitarismo despusde la desmovilizacin

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    Para esta publicacin el IPC ha recibido apoyo econmicode MISEREOR e ISAGEN. El contenido de esta publicacines responsabilidad exclusiva del IPC y en ningn caso debe

    considerarse que reeja la opinin de dichas entidades.

    Primera edicinDiciembre de 2012 INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACINCalle 51 N55-84PBX: (574) 5698420FAX: (574)[email protected]

    Presidente Diego Herrera Duque

    Junta DirectivaDiego Herrera DuqueAdrian Ral RestrepoHernando Loaiza BastidasMara Soledad BetancurRoberto Moreno

    SERIE RELECTURAS N 34Comit Editorial Diana Marcela Barajas VelandiaDiego Herrera DuqueAutor - Investigador Diana Marcela Barajas Velandia

    Auxiliar de Investigacin Ana Mara Jaramillo Silva

    Correccin de Estilo Yhoban Camilo Hernndez Cifuentes

    Diseo e impresin Pregn Ltda.

    Publicacin apoyada por: MISEREOR e ISAGEN

    ISBN: 978-958-8484-16-7

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    Contenido

    Presentacin ...........................................................................5

    CAPTULO 1Principales problemas y retos en materiade derechos humanos ............................................................7

    1.1. Rasgos generales de un conicto armado irregular ....8

    1.2. Termin la era Uribe Vlez,termin la horrible noche? ................................................24

    CAPTULO 2Balance sobre el proceso de desmovilizacinde los bloques paramilitares Cacique Nutibara y Hroes de Granada .............................................................35

    Presentacin .............................................................................36

    1. Complejo contrainsurgente: origen y expansin del paramilitarismo .............................................37

    2. Medelln: historia de conictos ...........................................48

    3. La negociacin nacional: Gobierno y AUC .........................60

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    4. Debates en torno a la desmovilizacin de los bloquesCacique Nutibara y Hroes de Granada .................................72

    4.3. Reconguracin de los actores .........................................105

    CAPTULO 3Derecho a la vida y afectaciones mltiples en Medelln ......127

    3.1. Derecho a la vida en Medelln ..........................................129

    3.2. Caracterizacin de la poblacin vulnerada ......................143

    3.3. Vulneracin mltiple de derechos ....................................150

    3.4. Afectados entre la legalidad y la ilegalidad .......................162

    3.5. Algunas recomendaciones ................................................166

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    Presentacin

    La serie Relecturas, en su edicin N 34, presenta unbalance sobre los rasgos generales del conicto armadocolombiano e identica algunos de los principales pro-blemas y retos a los que se enfrenta el pas, en materia deDerechos Humanos, al nalizar la era Uribe Vlez.

    En el argot popular, poltico e incluso acadmico, dichogobierno fue caracterizado como el Gobierno de la Ho-rrible Noche. El 2010 fue entonces un ao de rupturaporque las posibilidades de continuar en el poder, portercera vez consecutiva, se cerraron para lvaro UribeVlez. As las cosas, haba preguntas por el cambio o lacontinuidad, por si la ruptura sera verdadera y profun-da y por si terminara la horrible noche.

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    RELECTURAS 2012

    El comportamiento de los Derechos Humanos en el pas

    y el desenvolvimiento del conicto armado dan pocasluces, sobre las posibilidades de una verdadera transfor-macin de las condiciones de violencia y alta vulnerabi-lidad en las que estn inmersos los colombianos.

    Una exposicin sobre algunos fenmenos, que no per-miten prever un panorama menos pesimista, se abor-dar en apartados posteriores. Primero, con un balancesobre el proceso de desmovilizacin de las dos principa-les estructuras paramilitares que tuvieron injerencia enel Valle de Aburr y el rea circundante. Segundo, conotro balance sobre el comportamiento de los derechosa la vida y la libertad en la ciudad de Medelln duranteel ao 2010.

    Esperamos que este texto sea un aporte signicativo a laconstruccin de la memoria del conicto desde diferen-tes puntos de vista. Esperamos que enriquezca el dilogo y motive discusiones, no solo sobre el desenvolvimientodel fenmeno sino tambin sobre las alternativas de so-lucin.

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    CAPTULO 1

    Principales problemas y retos en materia

    de derechos humanos

    Diana Marcela Barajas Velandia

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    RELECTURAS 2012

    1.1. Rasgos generales de un conicto

    armado irregularDe acuerdo con el ndice Global de Paz (GPI)1, en elranking mundial Colombia ocupa el lugar 138 entre 149pases; slo se encuentran por debajo Corea del Norte,Repblica Democrtica del Congo, El Chad, Georgia,Rusia, Israel, Pakistn, Sudn, Afganistn, Somalia e

    Irak. En Amrica Latina, Colombia sigue siendo el pascon ms bajo ranking. Esto signica que posee puntua-ciones muy altas en los niveles de militarizacin, gastomilitar y violaciones a los Derechos Humanos.

    Cuadro N 1ndice Global de Paz de Latinoamrica2010

    Pos Pases Posicin Mundial Total Puntuacin1 Uruguay 24 15682 Costa Rica 26 15903 Chile 28 16164 Panam 61 18785 Nicaragua 64 19247 Argentina 71 1962

    8 Cuba 72 19649 Paraguay 78 2019

    1 El indicador es construido con 23 variables a saber: percepcin de la cri-minalidad, tasa de efectivos de fuerza pblica por cada 100.000 habitantes,tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, tasa de poblacin carce-laria por cada 100.000 habitantes, acceso de armas de destruccin menor,nivel de conicto organizado, riesgo de manifestaciones violentas, nivel dedelitos violentos, inestabilidad poltica, violaciones a Derechos Humanos,importacin de armas no convencionales, nmero de muertes por conictoorganizado, actos terroristas, % del PIB destinado a gasto militar, tasa defuerza pblica por cada 100.000 habitantes, nanciacin de misiones de pazde la ONU, tasa de armas pesadas por cada 100.000 habitantes, exportacinde armas no convencionales, sosticacin de la capacidad militar, desplaza-dos, relaciones con pases vecinos, nmero de conicto internos y externos,nmero estimado de muertes por conicto organizado.

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    Pos Pases Posicin Mundial Total Puntuacin10 Bolivia 81 203711 Brasil 83 204812 Per 89 206713 Guyana 91 209514 Repblica Dominicana 93 210315 Trinidad y Tobago 94 210716 Jamaica 98 213817 Ecuador 101 218518 El Salvador 103 219519 Mxico 107 221620 Guatemala 112 225821 Hait 114 227022 Venezuela 122 238723 Honduras 125 239524 Colombia 138 2787

    Promedio 86 2079

    Fuente: Instituto de Economa y Paz (Australia)

    Teniendo en cuenta lo anterior, resulta imposible pasardesapercibido el hecho de que Colombia se encuentrea 11 puntos de Irak. No obstante, esta realidad puedeexplicarse desde diversas aristas. Una de ellas, es que enColombia continan presentndose masacres, asesina-

    tos, secuestros, desapariciones, intimidaciones y amena-zas, entre otras violaciones graves a los Derechos Huma-nos (DDHH) e infracciones al Derecho InternacionalHumanitario (DIH).

    Durante el ao 2010, en el pas se presentaron 15.459homicidios segn el Observatorio del Programa Presi-dencial de Derechos Humanos y Derecho InternacionalHumanitario (OPPDHDIH), cuya fuente es la PolicaNacional. Estos registros indican una disminucin del2% respecto al ao 2009 y sealan que el 74% de los ca-sos, 11.400, habran ocurrido en reas urbanas y el 26%,4.059, en zonas rurales.

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    Estas cifras representan aproximadamente el 80% del

    total de homicidios ocurridos durante el citado ao, ya que la metodologa de recoleccin de informacin,de la fuente empleada, genera una estadstica inferior ala del Instituto Nacional de Medicina Legal y CienciasForenses, el cual basa sus reportes en los cuerpos de lasvctimas que recibe y procesa; en esa medida el margende error es lgicamente menor.

    Las masacres seran otro indicador a tener en cuenta.En este caso, se encuentra que en el 2010 aumentaronen nmero de acciones y tambin de vctimas. Segnel OPPDHDIH, durante 2009 se reportaron 29 eventoscon un saldo de 147 vctimas. En el 2010, se observ unincremento del 34,5% al registrarse 39 casos con un sal-

    do de 183 vctimas, un aumento del 24,5%.Por su parte, los secuestros ya no reportan las elevadascifras de inicios de la dcada, aunque muestran un leveaumento respecto al ao precedente. De 213 casos en2009 pasaron a 282 en 2010. Para el desplazamiento for-zado las cifras tampoco son tan elevadas como hace diez

    aos, incluso muestran una reduccin del 47% entre2009 y 2010, al pasar de 165.541 vctimas a 87.990, se-gn el Sistema de Informacin de Poblacin Desplazada(SIPOD).

    Si bien en trminos relativos esta disminucin es bas-tante signicativa, tambin es preciso considerar que

    en trminos absolutos, denota un problema de granmagnitud el cual podra ser incluso mayor, si se tieneen cuenta el paulatino incremento de esta prctica al in-terior de las reas urbanas y el amplio subregistro queposee el fenmeno.

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    El Desplazamiento Forzado Intraurbano (DFI) rompi

    con la categorizacin bajo la cual eran registradas lasvctimas y en ese trnsito, fueron muchas las que no sereconocieron como tal. En efecto, las cifras entregadaspor el Sistema de Informacin de Poblacin Desplazada(SIPOD) para el ao 2010, que ubican a Medelln en elprimer lugar de los municipios expulsores del departa-mento, representan slo el 58% del total de los casos,

    que durante los diez primeros meses del mismo ao re-gistr la Personera de Medelln.

    En el rea del DIH, se observa que siguen siendo recu-rrentes los eventos relacionadas con Minas Antipersonal(MAP), Municin sin Explotar (MUSE) y Artefactos Ex-plosivos Improvisados (AEI). El total de eventos regis-

    trados en el ao 2010 por el OPPDHDIH, fue de 1.150(741 menos en comparacin con el 2009).

    De los 1.150 eventos registrados, el 80,9% fue responsa-bilidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-lombia (FARC); el 12,5% se atribuyeron a actores des-conocidos; el 5,57% fue responsabilidad del Ejrcito deLiberacin Nacional (ELN); el 1,39% de otras guerrillas; y el 0,26% de narcotracantes. El OPPDHDIH sealaadems que, al igual que las FARC, las nuevas bandasemergentes asociadas al narcotrco han venido sem-brando minas antipersonal en aras de proteger reas ycaminos que conducen a cultivos ilcitos y laboratoriospara el procesamiento de narcticos2.

    2 Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho InternacionalHumanitario, 2010, Informe Anual de Derechos Humanos y Derecho In-ternacional Humanitario 2010,Sitio Web Programa, [en lnea], disponi-ble en: http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/Comunicados/2011/Documents/110825a-Informe-DDHH-2010.pdf

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    En el marco del Convenio sobre la Prohibicin de Mi-

    nas Antipersonal (Convencin de Ottawa) y de acuerdoespeccamente con el artculo 5, el Estado colombianoadquiri el compromiso de destruir las minas y asegurarlos campos minados en un lapso de diez aos, el cualvenci en marzo de 2010. Bajo el argumento que staes una prctica sistemtica, en ese mismo mes solicit alos Estados Parte una prrroga, la cual fue concedida en

    diciembre por diez aos ms.Ahora bien, otro de los ngulos desde los cuales se po-dra explicar el por qu Colombia se ubica tan slo oncepuntos por encima de Irak, en el ndice Global de Paz,sera la presencia de lo que formalmente se ha denomi-nado de manera equivocada como Bandas Criminales.stas, segn la Comisin Interamericana de DerechosHumanos y la Ocina para Colombia de la Alta Comi-sionada para las Naciones Unidas, operan de modo pa-recido a las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia.De hecho, ms que simular las expresiones paramilita-res, estas expresiones denotan claramente las falenciasdel proceso de desmovilizacin de dicha agrupacin, losvacos en el marco jurdico de Justicia y Paz y el impactonegativo de las extradiciones de los jefes paramilitares.

    En los informes de la MAPP-OEA por ejemplo, el fen-meno se presenta como reagrupamiento de desmovili-zados, reductos no desmovilizados, aparicin de nuevosactores armados y fortalecimiento de algunos ya existen-tes en zonas abandonadas por el paramilitarismo. Sin em-bargo, llama la atencin que en los territorios no se sintiefectivamente un vaco de poder que diera cuenta de unatransicin entre uno y otro momento del conicto, puesfue claro que los ataques contra la poblacin no cesaron ylos dominios territoriales instaurados se preservaron.

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    Muestra de ello, es que todas las instancias internacio-

    nales mencionadas hasta el momento, durante el 2010 y aos precedentes, recibieron denuncias sobre la ac-tuacin de agrupaciones como Las guilas Negras, LosUrabeos, Autodefensas Gaitanistas, Los Paisas, Rena-cer, ERPAC, y otras. Al respecto, han sealado de manerareiterada en sus informes que dichas agrupaciones par-ticipan en actividades como el narcotrco, la extorsin,

    el despojo de tierras, los juegos de azar y la seguridadprivada, entre otras actividades para la extraccin de re-cursos. Lo llamativo de estos anlisis, es que presentanestas prcticas como propias de las nuevas manifesta-ciones del conicto, ms no en directa relacin con lasrentas legales e ilegales que en las reas rurales y urbanaseran la fuente nanciera de las AUC.

    En el ao 2010, se hizo bastante notorio que la recongu-racin del conicto comenzaba a generar ambivalenciasconceptuales que, si bien a la luz de las estadsticas de vio-laciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIHno parecieran relevantes, conducan implcitamente a unnivel de no reconocimiento de las vctimas de la guerra en

    Colombia como vctimas del conicto armado.Denir las estructuras armadas protagonistas de la nue-va etapa del conicto como agrupaciones delincuencia-les que aparentemente recrean la actuacin paramilitar,sin poner de maniesto sus hilos de continuidad con elciclo anterior de la conictividad, en ltima instancia,ha contribuido a reforzar los argumentos de legitima-cin de un proceso de desmovilizacin que la ocialidadsigue presentando como exitoso.

    Por ejemplo, la Ocina de la Alta Comisionada paralas Naciones Unidas en Colombia, en el informe sobre

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    la situacin de Derechos Humanos en el pas, en 2010,

    armaba que el mvil fundamental de estos grupos esla obtencin de lucro econmico, principalmente de ac-tividades ilcitas. En ese sentido, ejercen control social y recrean estructuras similares a la delincuencia organi-zada. Sin evidenciar una clara y coherente ideologa ointencionalidad poltica, a veces utilizan terminologa yparafernalia propia de organizaciones paramilitares, as

    como sumodus operandi 3

    .Esta descripcin, no permite sacar ningn tipo de hi-ptesis concluyente del carcter de los actores del con-icto. Sin embargo, si las lecturas tratan de profundizar,entre lneas, en los diferentes temas expuestos sobre elpas y las realidades cotidianas de los colombianos, efec-tivamente la descripcin se ampla y a la vez se decan-ta. Algunos de esos temas y realidades necesariamenteseran la diferencia si la hay- entre las economas queprotegan los paramilitares y las que en la actualidad de-enden las mal denominadas BACRIM, la suerte delos desmovilizados del paramilitarismo, el papel de losmandos medios, el papel post desmovilizacin de loscombatientes, la vigencia de las lneas de mando y la es-peculacin en el nmero de hombres que componen lasactuales estructuras.

    Si en la actualidad resulta tan destacado el perl econ-mico de las denominadas BACRIM, es coherente en-tonces identicar si sus intereses econmicos se distan-cian de los que tena el paramilitarismo. Como puntode partida, se debe considerar que los actores armados

    3 Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, 2010, Infor-me sobre la situacin de Derechos Humanos en Colombia,Sitio Web Nacio-nes Unidas, [en lnea], disponible en: http://www.hchr.org.co/documento-seinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod=14&cat=11

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    en Colombia han prosperado al calor de los auges eco-

    nmicos. Tambin es cierto, que su incursin en cier-tas economas ha tenido propsitos diversos, entre loscuales, para efectos de este informe podran destacarsedos con carcter diferente: la acumulacin de capital yla nanciacin de la guerra. En consecuencia, lo que seha observado es la instauracin de circuitos de violenciaacordes al ritmo de la economa: de las zonas cafeteras

    a las zonas petroleras, esmeralderas, bananeras, madere-ras, palmeras, carboneras, cocaleras, mineras y energti-cas, entre otras.

    Al respecto, habra que armar que el acentuado perleconmico de las denominadas BACRIM en nada sedistancia del perl econmico de los actores que les pre-cedieron. Por citar algunos ejemplos, se encuentra quelas estructuras armadas que protegan circuitos econ-micos como el de la palma, la minera o la coca, nuncase retiraron de dichas zonas con la desmovilizacin. Dehecho, el fenmeno que en consecuencia ha llevado a al-gunos sectores a armar tajantemente que se est frenteal mismo paramilitarismo bajo otra denominacin, noes otro que la identicacin en los territorios de los mis-mos hombres que fungieron como AUC encabezandoestas expresiones paramilitares reeditadas.

    Adems de estar en los mismos territorios articuladasa las mismas economas, las denominadas BACRIMcuentan en su composicin con los mismos hombresque participaron del paramilitarismo. En justa medida,armaciones de este tipo emergen a razn del papel que juegan los mandos medios de las AUC como los actualescomandantes de dichas estructuras. Ellos tienen el cono-cimiento del desenvolvimiento de la guerra y sus econo-mas y, adems, ejercen poder de mando sobre los com-

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    batientes rasos. Ellos son los mismos que no recibieron

    un tratamiento diferencial en la reinsercin a pesar delas advertencias que emitieran diferentes entidades. Talcomo lo sealan algunas experiencias internacionales,eran ellos los que tenan la capacidad de reactivar el con-icto. La realidad de Colombia demuestra que esta tesisse aplic como regla.

    Cuando se hacen ms evidentes los hilos de continui-dad entre el paramilitarismo y las denominadas bandascriminales, necesariamente se recurre a discutir sobrela suerte de los desmovilizados en el proceso de reinser-cin. Al respecto, la Comisin Nacional de Reparacin yReconciliacin (CNRR) seal que el 15.5% de los des-movilizados (aproximadamente 8.100) ha reincidido enactos ilegales. Las estadsticas de la Ocina de Desmo-vilizados y Reinsertados de la Polica Nacional sealanque entre el ao 2006 y el 31 de marzo de 2010 fueroncapturados 5.552 desmovilizados sin indicacin sobrecuntos de ellos pertenecan a bandas criminales4.

    Un recurrente alegato de exoneracin de responsabili-dades del Estado, por los errores del proceso de desarme,desmovilizacin y reinsercin de los grupos paramilita-res, ha sido la pertenencia de personas desmovilizadas y no desmovilizadas a las las de las agrupaciones reor-ganizadas, argumentando que las segundas representanuna alta proporcin mientras que a las primeras se lespresenta como si fuesen un margen de error casi necesa-rio del mencionado proceso. Basta con observar las cifras

    4 Comisin Interamericana de Derechos Humanos, 2010, Captulo IV. Co-lombia. Informe Anual de la Comisin Interamericana de Derechos Huma-nos, sitio Web CIDH, [en lnea], disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/indice2010.htm

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    que el Estado presenta al respecto. [] en los ltimos

    cuatro aos [2007 2010] el 87% de los miembros de lasdenominadas bandas criminales capturados (10.356) ymuertos en operativos no eran desmovilizados5.

    Ahora bien, para hacer justicia con la realidad es ne-cesario destacar que el proceso en cuestin tuvo xitosindividuales pero, tambin, que fracas en lo colectivo.Por una parte, la reinsercin le brindaba oportunidadesa una poblacin numerosa de acceder a derechos quenunca tuvo garantizados en los territorios de pobreza,marginalidad y exclusin de los cuales eran originarios.Sin embargo, en la otra orilla se encuentra que el con-icto no se desestructur y simplemente se transform,por lo tanto, menos discursividad para la legitimacinde las acciones y altas dosis de estrategias de acumula-cin de capital caracterizan esta nueva fase, a lo cual sesuma que no hubo una total desarticulacin del ncleobsico de los actores primarios del conicto.

    De este modo, adems de los desmovilizados y no des-movilizados, estas estructuras armadas tambin estncompuestas por personas reclutadas voluntaria y forza-

    damente. Esta ltima armacin tambin ha trado unsinnmero de controversias alrededor de la voluntarie-dad, que en algunos alegatos se nombra como vincu-lacin. No obstante, algunos casos corroboran una vezms que tras una oferta econmica o ciertas garantasmateriales, muchos jvenes en el pas ingresan por supropia decisin a estas estructuras. Lo que se pierde de

    vista all, es que la ausencia de garanta de derechos y ladebilidad institucional han generado un caldo de cultivopara los actores de la guerra.

    5 Ibd.

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    En la misma lnea, volviendo la mirada sobre las in-

    dividualidades del proceso de desmovilizacin y rein-sercin, es de destacar que han sido recurrentes las de-nuncias sobre amenazas, intimidaciones, homicidios,desplazamientos y reclutamiento de desmovilizados,fundamentalmente, en las zonas donde hay disputasterritoriales segn seala la MAPP-OEA. All, se con- jugan por lo menos dos ingredientes: 1. Mandos me-

    dios que conocen la tropa y conservan poder de mandosobre ella, quienes buscan llenar los vacos de poderdejados por sus antiguos jefes 2. Existe efectivamenteuna ausencia de poder hegemnico en el territorio elcual se aspira conquistar. Como consecuencia lgica, seorientan acciones a reclutar a quienes una vez fueronparte de la estructura y poseen el conocimiento y la

    experiencia.Frente a esto, lo que no parecera regirse bajo los crite-rios de la lgica son las situaciones en las que los des-movilizados han sido asesinados y presentados comobajas en combate, como tambin, aquellas donde sonutilizados para labores de inteligencia y reconocimiento

    de terreno por parte la Fuerza Pblica. Se arma que nose rige bajo los criterios de la lgica no porque las eje-cuciones extrajudiciales sean una realidad ajena al pas,sino porque las vctimas que comnmente se conocande estos hechos eran campesinos, jvenes y personas desectores marginales, ms no personas que sirvieron enalgn ciclo del conicto a las estructuras paramilitares.

    A ello se suma, que siguen siendo reiterados los testi-monios sobre la connivencia, tolerancia y aquiescenciade miembros de la Fuerza Pblica con las agrupacionesarmadas reconguradas, actuacin hasta el momentocalicada como actos de corrupcin.

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    Otros hechos que no desdicen la mutacin que sufrie-

    ron las estructuras paramilitares han quedado sealadosen el informe de la CIDH y demuestran que la desmo-vilizacin tampoco gener rupturas denitivas con laslneas de mando ms elevadas de las estructuras de lasAUC. Al respecto, la CIDH ha recibido informacinque indica que conocidos jefes paramilitares estn o hanestado al frente de grupos que han sido denominados

    como bandas criminales o BACRIM. Por ejemplo, lainformacin recibida indica que el paramilitar DanielRendn Herrera alias Don Mario, quien fue capturadoen 2009, estuvo al mando de los grupos paramilitaresde su hermano Freddy Rendn Herrera alias el Ale-mn que se agruparon bajo los nombres de Hroes deCastao y Autodefensas Gaitanistas. Asimismo, Pedro

    Oliveiro Guerrero alias Cuchillo, quien se desmovilizen 2006 y, que segn informacin proporcionada porel Estado fue dado de baja, estuvo al mando del FrenteHroes del Guaviare que haca parte del Bloque Centau-ros de las AUC y Hctor Germn Buitrago alias MartnLlanos, quien segn informacin proporcionada por elEstado abandon el proceso de desmovilizacin en sufase preparatoria en el ao 2003 y fue capturado en abrilde 2010, estuvo al mando de las Autodefensas Campesi-nas del Casanare6.

    Ocialmente, la direccin de la Polica Nacional recono-ce en el ao 2010 la existencia de seis BACRIM, entreellas, Los Urabeos, Los Paisas, Los Machos, Renacer,

    ERPAC y Los Rastrojos, las cuales tendran injerencia en18 departamentos de Colombia. En declaraciones en-tregadas al diario El Tiempo, el general Oscar Naranjo

    6 Ibd.

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    arma que stas seran el residuo de 27 que operaban

    en el ao 2006 y que fueron desapareciendo gracias a laaccin de la Fuerza Pblica. Dicho artculo seala queen el ao 2009 fueron capturados 2.118 integrantes deestas agrupaciones y aade que poseen presencia en 159municipios, donde entre otras actividades, impulsan elnegocio del micro trco de estupefacientes y manejanrutas de narcotrco hacia Estados Unidos, frica y Eu-

    ropa; cuentan con 1.170 pequeas redes que se dedicana ejecutar crmenes menores7.

    Teniendo en cuenta lo anterior, los antecedentes del fe-nmeno y algunos comportamientos de estas estructu-ras, que este Observatorio advirti en aos preceden-tes, es preciso anotar que: 1. Tras su captura, alias DonMario ofreci desmovilizar seis mil hombres, lo que dacuenta de la magnitud que puede alcanzar tan slo unejrcito, que al igual que los dems se caracteriza portener un comportamiento colonizador y expansivo quedara cuenta de un propsito de robustecimiento per-manente. 2. El comportamiento de las actuales estruc-turas bajo la gura de las franquicias, lleva a considerar

    que la desaparicin de algunas de stas del mapa de lasautoridades necesariamente no signica su extincin,sino su hibridacin bajo los nombres de otras estruc-turas de mayor poder mientras conservan sus dominiosterritoriales y establecen transacciones con aquellas. 3.Las pequeas redes que ejecutan delitos menores son enefecto, buena parte de los actores primarios que perma-

    necen activos durante los diferentes ciclos del conicto,los cuales se absorben en un dominio, se atomizan ante

    7 El Tiempo, 2010, Polica lanza ofensiva contra Bandas Criminales en 159municipios,Sitio Web El Tiempo, [en lnea], disponible en: http://www.el-tiempo.com/archivo/documento/CMS-7028767

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    su ausencia y se realinderan en pocas de disputa; stas

    son la principal caracterstica de la forma como operel paramilitarismo fundamentalmente en las reas ur-banas.

    Ahora bien, otros factores que podran incidir en queColombia se encuentre a tan slo 11 puntos de Irak en elndice Global de Paz, estaran asociados a la persistenciade grupos de guerrilla, la ejecucin de acciones terroris-tas y el uso de armas no convencionales.

    En el ao 2010, expertos en la materia aseguraron quelas FARC haban disminuido sus activos en un 40%, porbajas en combate y desercin, y que habran perdidoun 55% de presencia en el territorio; se calculaba quemantenan una fuerza de 12 mil combatientes regulares.De acuerdo con esto, la hiptesis que han planteado esque las FARC se replegaron y retornaron a la guerra deguerrillas y a la utilizacin de las Minas Antipersonales(MAP). Esto signicara que se han readaptado para in-crementar sus acciones de forma descentralizada y coor-dinada con unidades de menor tamao, lo que haramenos probable que pudieran ser derrotadas por la vaarmada en el corto plazo. Por su parte el ELN se mos-traba como una agrupacin golpeada y debilitada. Enambos casos, lo que se reconoce en comn es el incre-mento de su participacin en el negocio de las drogas yuna constante disminucin de prcticas de nanciacincomo el secuestro extorsivo, no obstante, la Corte Su-

    prema de Justicia ha sostenido su reconocimiento comodelincuentes polticos8.

    8 La Alianza, 2010, Balance y Perspectivas de La Alianza, Pretexto sobre sieteaos de trabajo, pg. 8-9 (mimeo).

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    En efecto, hablar de conicto poltico armado se con-

    virti en un fuerte debate toda vez que la lectura de laactuacin de las agrupaciones armadas se realiza exclu-sivamente bajo los parmetros conceptuales de la postguerra, determinados en el Derecho Internacional Hu-manitario. En esencia, si se acogiera en rigor la letra delos protocolos y lo que a conictos no internacionalesrespecta, al conicto colombiano le seran estrechos

    tales parmetros, ms an, en la poca actual donde sehabla incluso de guerras de cuarta generacin9. As, ladegradacin de la guerra en el pas ha hecho que se al-cancen niveles insospechados que lo distancian cada vezms de todos los parmetros humanitarios.

    Naciones Unidas ha registrado ataques sistemticoscontra la poblacin y bienes civiles, tales como masacres,asesinatos selectivos, reclutamiento y utilizacin de me-nores y amenazas atribuidos a las FARC-EP y al ELN. Envarios casos, estos grupos, especialmente las FARC-EP,dirigieron acciones directamente contra la poblacin ci-vil, empleando armas prohibidas y minas antipersonal yatacando instalaciones y bienes civiles. La mayora de lasinfracciones se registraron en zonas remotas de departa-mentos como Antioquia, Arauca, Caquet, Cauca, Cr-doba, Meta, Nario, Norte de Santander y Putumayo10.

    En el conicto colombiano ha sido caracterstica la per-manente violacin del principio de distincin al puntode parecer inherente a la historia del pas. Decretos, di-

    9 Algunas caractersticas de estas guerras son: el uso de fuerzas irregularesocultas, uso de tcticas no convencionales de combate, no hay grandes bata-llas, el enemigo estratgico desaparece y aparece el enemigo universal, gue-rra psicolgica meditica y guerra contraterrorista, ataque masivo a civiles:Guerra Asimtrica.

    10 Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia,Op. Cit. , pg. 15.

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    rectivas e incluso leyes promovidas por el Estado han le-

    gitimado el involucramiento de la parte civil en las hos-tilidades. Es importante recordar cmo en el siglo pasa-do estas prcticas alentaron la constitucin de grupos deautodefensa, que se hibridaron con el paramilitarismo, y cmo en pleno siglo XXI se siguen promoviendo redesde inteligencia y cooperacin remuneradas econmica-mente que involucran a civiles en una versin desnatu-ralizada de la denuncia ciudadana. Al mismo tiempo,los actores armados como las guerrillas han tratado deconstituir bases sociales que, adems de legitimar su ac-tuacin, le fueran funcionales como redes de inteligen-cia y apoyos logsticos con el propsito de restar terrenoal enemigo.

    Resulta importante recordar que en este tipo de con-ictos, el objetivo de las partes es afectar las simpatas ypercepciones de la poblacin civil con el n de privar aloponente de apoyo popular y, por lo tanto, de legitimi-dad y obediencia. Las guerrillas histricamente lograronganar simpatas sociales que legitimaran su proyectopoltico ideolgico compensando en aceptacin lo queen igualdad de fuerza no tenan frente al Estado. En con-secuencia, los paramilitares desarrollaron una estrategiaque no privilegi la confrontacin o el choque militarcon los combatientes guerrilleros sino la aniquilacin,el terror y el desarraigo de la base social de la guerri-lla, y estrategias de aceptacin y preservacin de otrossectores poblacionales que legitimaron sus proyectos11.En este tipo de guerras irregulares, la poblacin juegaun papel protagnico y, en consecuencia, el principio dedistincin es totalmente prescindible.

    11 Vilma Liliana Franco, Guerra irregular: entre la poltica y el imperativo mo-ral,Estudios Polticos, Medelln, N 19, julio diciembre de 2001, pg. 41-42

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    En el desarrollo material de las hostilidades, es claro que

    los grupos paramilitares han sido los principales respon-sables de ataques contra la poblacin civil, pues se lesatribuyen alrededor de 200 mil vctimas sin contar losms de cuatro millones de desplazados. Por su parte, lasFARC tuvieron un peso importante en las infraccionesal DIH entre 1998 y 2003, periodo que coincide con lasnegociaciones de paz en San Vicente del Cagun, que si-

    multneamente tuvieron una estrategia de guerra, y conel inicio de la Poltica de Seguridad Democrtica. El ELNes la guerrilla que ha mostrado una disminucin con-siderable de las infracciones al DIH en el siglo XXI, fe-nmeno que podra explicarse por el debilitamiento dedicha estructura como tambin por una decisin delibe-rada del Comando Central de respetar las normas huma-

    nitarias, pues no se puede pasar desapercibido el hechode que en octubre de 2010, Nicols Rodrguez Bautista,alias Gabino, expresara en comunicado pblico que estaagrupacin acatara el DIH. Sin embargo, ambas guerri-llas continuaban siendo reconocidas como violadoras delos Derechos Humanos e infractoras del DIH.

    1.2. Termin la era Uribe Vlez,termin la horrible noche?Sin lugar a dudas, un hecho relevante en el 2010 fuela coyuntura electoral nacional donde predominaba lapregunta por la continuidad o el cambio. La respuestaa esa pregunta comenz a aclararse a inicios de dichoao con la Sentencia C-141 del 26 de febrero, en la quela Corte Constitucional, por vacos de forma y de fondo,declar inconstitucional el referendo reeleccionista quebuscaba un tercer periodo consecutivo de gobierno paralvaro Uribe Vlez.

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    La primera mitad del ao 2010 estuvo marcada por

    procesos electorales. [] El 14 de marzo se celebraronelecciones para el Congreso de la Repblica en un cli-ma general de calma a pesar de las denuncias de algunasirregularidades. Las elecciones presidenciales naliza-ron en su segunda vuelta el 20 de junio con la victoriade Juan Manuel Santos Caldern, quien se posesionel 7 de agosto como Presidente de Colombia. El Presi-

    dente Santos expres su compromiso con los derechoshumanos, enfatiz la importancia de los derechos eco-nmicos y sociales y anunci una ambiciosa poltica derestitucin de tierras, comprometindose a mantenercomo base de su actuacin el dilogo social y la bsque-da de consensos polticos. Entre las primeras medidaspositivas adoptadas se resaltan la sancin de una ley de

    homenaje a las vctimas de desaparicin forzada y delnuevo Cdigo Penal Militar que excluye las violacionesde derechos humanos de la jurisdiccin militar; la ini-ciativa sobre una ley de vctimas que incluye un procesode restitucin de tierras usurpadas; y la mejora de lasrelaciones del Ejecutivo con la sociedad civil y la rama judicial, as como con el Ecuador y la Repblica Boliva-riana de Venezuela12.Con la victoria electoral de Juan Manuel Santos, ex Mi-nistro de Defensa en la era Uribe, la expectativa siemprefue de continuidad al proyecto de Seguridad Demo-crtica. Sin embargo, la actitud menos ofensiva y pocoreactiva de Santos facilit, entre otras cosas, los acerca-

    mientos con sectores de los cuales su antecesor se habadistanciado notoriamente, tal es el caso del Movimientode Derechos Humanos. Ello se vio reejado inmediata-

    12 Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia,Op. Cit., pg. 3

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    mente en la disposicin maniesta de continuar la inter-

    locucin en el Proceso Nacional de Garantas para De-fensores de Derechos Humanos, en perspectiva de llegara la formulacin de un Plan Nacional de Accin en De-rechos Humanos, iniciativa frenada aos atrs precisa-mente porque los Defensores que participaban de dichoproceso no contaban con garantas para el desarrollo desu labor social y poltica.

    Esta apuesta del gobierno de Juan Manuel Santos enun tema del que notablemente se haba distanciadoUribe Vlez, hallaba su explicacin en la creciente pre-sin internacional que estaba teniendo el pas a raz dedos asuntos. A) El discurso de la lucha antiterroristaampliamente difundido en el mundo, haca muy pocoprobable el reconocimiento de un conicto armado in-terno. Y en contraste, B) Los ataques a defensores dederechos humanos y a posturas alternativas, estabandemostrando con sangre la continuidad de la violenciapoltica en el pas.

    Los Defensores de Derechos Humanos, se haban en-cargado en los ltimos aos de documentar ante dife-rentes instancias y organismos internacionales la gravesituacin que viva Colombia. Sus investigaciones, giras y campaas, sealaban que la superacin del conictoarmado era lejana y que el Estado tena gran responsa-bilidad en ello.

    La comprobacin de prcticas como las ejecuciones ex-trajudiciales, conocidas comnmente como Falsos Po-sitivos, fueron un tema promovido por Defensores deDerechos Humanos que pusieron en escrutinio al pas,de tal suerte que en el ao 2009 se efectu la visita delRelator Especial de Naciones Unidas en la materia, el

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    Profesor Philip Alston. A pesar de esta visita de inves-

    tigacin, en el ao 2010 se registr un incremento de58.3% en los casos y de 69.5% en el nmero de vctimas.Segn el Banco de Datos del CINEP, en el 2009 se pre-sentaron 7 casos de ejecuciones extrajudiciales con 16vctimas, que en el ao siguiente incrementaron a 12 y23 respectivamente13.

    Entre tanto, los defensores sufran diversos ataques queobstaculizaban el desarrollo de su labor de investiga-cin, visibilizacin y denuncia, como tambin de acom-paamiento a las vctimas. Organismos internacionalescontinuaban dando centralidad a estos temas dentro desus informes sobre Colombia. Incluso, reconocieron alas denominadas BACRIM como autoras de ataques adefensores, en clara contradiccin con los discursos am-biguos o con aquellos que buscaron destacar un perldelincuencial y criminal para aquellas estructuras, y a supaso crear sosmas de distraccin sobre la continuidaddel paramilitarismo.

    En efecto, en el informe 2010, Naciones Unidas armque entre las vctimas de estos grupos se encuentranlderes y lideresas sociales, defensores y defensoras dederechos humanos y funcionarios y funcionarias p-blicos, que en el ejercicio de su funcin se oponen adichos grupos, as como pueblos indgenas y comuni-dades afro colombianas. Otras vctimas son personasque se niegan a acceder a la demanda de colaborar, quedenuncian a los grupos ante las autoridades y que po-seen o solicitan restitucin de tierras que son de inters

    13 Banco de Datos CINEP, Falsos Positivos 2010: clamor por la verdad y la justicia,Sitio Web CINEP, [en lnea], disponible en: http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=5&Itemid=156&lang=es, consulta: junio 2011.

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    para estos grupos14. Claramente, el patrn de ataques

    se mantena y guardaba total equilibrio con el ao pre-cedente. El Programa Somos Defensores registr 174ataques individuales en el 2010, de los cuales, 109 co-rrespondieron a amenazas, 11 a detenciones arbitrarias y 32 a asesinatos15.

    En este contexto, el discurso conciliador e incluyente delgobierno de Santos pareca mostrar nuevas perspectivaspara los Derechos Humanos en el pas. Buena parte de laatencin de pensadores, acadmicos y analistas, se cen-tr principalmente en dos aspectos durante sus prime-ros meses de gobierno. El primero, era si el gobierno deUnidad Nacional signicaba un cambio en el sector delite que haba logrado hegemona en la era Uribe y queestaba representado por economas terratenientes, ren-tistas y emergentes. El segundo, era si habra una reor-ganizacin de todos los sectores reaccionarios, incluidaslas fuerzas oscuras, para oponerse a las reformas que pa-recan promoverse en el tema de vctimas y restitucinde tierras.

    Algunos hechos fueron signicativos en esos primerosmeses de gobierno en el ao 2010, los cuales mostra-ban tendencias de distanciamiento con el gobierno an-terior. Uno de ellos, fue el relacionado con los prime-ros nombramientos ministeriales. Ministros como el deHacienda y Crdito Pblico (Juan Carlos Echeverri), deRelaciones Exteriores (Mara ngela Holgun Cuellar) yde Transporte (Germn Cardona Gutirrez) no salieron

    14 Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, 2010,Op. Cit.,pg. 8

    15 Programa Somos Defensores, 2011, Agresiones contra Defensores de Dere-chos Humanos, Bogot, pg. 19 (mimeo).

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    especcamente de las entraas uribistas. En cabeza del

    Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se nombraa Juan Camilo Restrepo, reconocido crtico del gobiernoUribe, y en el Ministerio del Interior y de Justicia, y so-bre la base del llamado a la Unidad Nacional, se nombraa Germn Vargas Lleras, considerado opositor polticodel gobierno Uribe.

    Otro indicador fue el estilo diferente en las relacionesinternacionales con los pases de Amrica Latina. San-tos, inici entregando al presidente ecuatoriano, RafaelCorrea, el computador incautado en un campamento delas FARC en la frontera con dicho pas en el ao 2008.Tambin, reanuda las relaciones diplomticas con Ve-nezuela y da inicio a un proceso para abordar asuntosde comercio y seguridad fronteriza. Adems, realiza unviaje a Brasil donde maniesta el inters de reforzar losnexos en Amrica Latina despus de muchos aos deconcentracin de la poltica exterior en Estados Unidos.En su momento, este ltimo hecho se lea en dos direc-ciones: 1. Era el resultado de la fortaleza ya adquirida enla relacin Colombia - Norteamrica, y 2. El gobiernoestaba obligado a volver la mirada sobre la regin antela lentitud del Congreso Norteamericano para la rati-cacin del Tratado de Libre Comercio suscrito desde elao 2006.

    Ahora bien, lo que no denotaba cambios era el mo-delo econmico y, en consecuencia, la transformacinestructural que requiere el pas para la superacin del

    conicto tampoco se mostraba prxima. El compor-tamiento de la economa durante el 2010 ratic latendencia al aumento de las exportaciones en el sec-tor minero con una variacin del 15.6%. El carbnaument en un 11.1%, el ferronquel en 33.3%, el oro

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    no monetario en 36.3% y las esmeraldas en 25.4%16.

    Con el auge minero energtico se pronostic entonces,el incremento de la inversin nacional en el sector yla creacin de un ambiente favorable y garantista a lainversin extranjera, disminuyendo las exigencias deproteccin del medio ambiente, de los territorios y desus habitantes.

    Teniendo en cuenta lo anterior, en el escenario nacio-nal se trazaba una reconguracin de la propiedad, porcuanto habra restitucin a vctimas del despojo de tie-rras, lo que al mismo tiempo representara la armacindel mismo proyecto sobre el cual se dio dicho despojo.La concentracin de la tierra alcanzada por el parami-litarismo lleg a extremos donde se poda calcular que

    de la cantidad de tierras acumuladas, que asciendenaproximadamente a cinco millones de hectreas, se po-dan devolver efectivamente entre uno y dos millonesde hectreas. Las tierras restantes, seran entonces su-cientes para el desarrollo de la locomotora minera y losagro cultivos, sin contar las concesiones formales queseguira otorgando el Estado, y las tierras restituidas no

    seran aquellas que comprometeran las concesiones amultinacionales. Por lo tanto, sobre los acumulados dela Poltica de Seguridad Democrtica que contribuy aldespojo otorgando territorios a las economas en cues-tin, se erige la Poltica de Prosperidad Democrtica queconsolida tales compromisos sobre la base de las tierrasque no sern restituidas.

    16 Sistema de Informacin Minero Colombiano, Comportamiento de las ex-portaciones mineras en Colombia en el 2010,Sitio Web SIMCO, [en lnea],disponible en: http://www.simco.gov.co/Portals/0/estadisticas/COMPOR-TAMIENTO%20DE%20LAS%20EXPORTACIONES%20MINERAS%20EN%20COLOMBIA%202010.pdf, consulta: abril de 2012

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    Otro cambio que se distingue es que los acumulados

    rurales de la Poltica de Seguridad Democrtica se des-concentran para darle importancia al conicto urbano,lo que en ltima instancia tambin podra leerse comocontinuidad. Desde el periodo preelectoral, la coalicinuribista comenz a hablar de una segunda fase de dichapoltica centrada en las ciudades. As, el gobierno San-tos tuvo como punta de lanza en su primer momento la

    seguridad ciudadana. Muchos sectores se han esforzadopor mostrar que el fenmeno de inseguridad slo puedeser abordado mediante medidas anes a la Poltica deSeguridad Democrtica (militarizacin, redes de infor-mantes, intervenciones de intensidad, restriccin a laslibertades, recompensas, etc.); mientras que otros secto-res insisten en la necesidad de abordarlo desde perspec-

    tivas como la cultura ciudadana, la convivencia, el desa-rrollo y los derechos humanos en forma integral. Por lotanto, las determinaciones que durante todo el periodode gobierno se tomen, demostrarn materialmente si sepresenta una ruptura entre ambos mandatarios, en unode los ejes centrales para cualquier gobierno en un pascon un conicto armado: el concepto y el manejo de laseguridad interna.En consecuencia, uno de los asuntos que requeriranrevisin urgente estara relacionado con la actuacinde una Fuerza Pblica sujeta a la Constitucin y la Ley y con el juzgamiento de Crmenes de Lesa Humanidad,violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al

    Derecho Internacional Humanitario por fuera de laJusticia Penal Militar. Esto, a todas luces, representarapara el nuevo gobierno uno de los principales retos.El poder legalmente armado de las posiciones polti-cas de extrema derecha lo encarnan estos actores, por

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    lo tanto, su aprobacin de la poltica nacional y de las

    decisiones de gobierno, seran determinantes para laestabilidad de ste.

    No obstante, ello representaba la encrucijada entre darun gran paso en la superacin de la impunidad de loscrmenes de Estado, mostrando una real transformacinen la poltica de Derechos Humanos y en la Justicia, ydebilitar el propio gobierno al entrar en contradiccincon los poderes armados. Todo ello, en un contextodonde organismos como Naciones Unidas presionabanal hacer evidente su preocupacin por las numerosasdenuncias recibidas por la ocina en Colombia de co-munidades que alegan abusos especialmente del Ejr-cito. Por ejemplo, la realizacin de censos y registrosfotogrcos de personas civiles que acuden a reuniones[que] pone en riesgo a la poblacin civil. [] casos enlos que miembros de la poblacin civil fueron objeto deestigmatizacin y presiones para servir como informan-tes, as como sometidos a detenciones ilegales. En algu-nos de estos casos, las vctimas sufrieron tratos crueles odegradantes, e incluso torturas, y solo fueron liberadastras ser obligadas a rmar un acta de buen trato. []utilizacin de nios y nias para nes de inteligenciapor miembros de la fuerza pblica y [] su participa-cin en campaas cvico-militares17, entre otros.

    En ese contexto, ms grave an fue la identicacin deun cementerio con 2.000 cadveres en el Municipio deLa Macarena, Departamento del Meta, por los cuestio-namientos que sentaba sobre la actuacin irregular de laFuerza Pblica. La Ocina de Naciones Unidas en Co-

    17 Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, 2010,Op. Cit., pg. 15

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    lombia plante que [a] pesar de no encontrar eviden-

    cias de una fosa comn, [] detect al menos 446 per-sonas no identicadas (N.N.) sepultadas en el cemente-rio entre 2002 y 2010 despus de haber sido declaradascomo muertas en combate por las Fuerzas Militares.Los decientes controles judiciales podran haber per-mitido el ocultamiento de posibles ejecuciones extraju-diciales y otras violaciones graves. Informaciones preli-

    minares sugieren que situaciones similares podran exis-tir en otros cementerios. La ocina en Colombia urgi alMinisterio de Defensa a desarrollar un registro nacionalde los muertos en combate y a la Fiscala a expandirsus investigaciones a otros cementerios del pas18.

    Ahora bien, otros organismos internacionales destaca-ron del nuevo gobierno el inicio de esfuerzos dignosde reconocimiento, a n de avanzar en la pacicacinmediante la desmovilizacin de actores armados y laproteccin de sus ciudadanos. Entre stos esfuerzos sedestaca que el 22 de noviembre de 2010 el Vicepresiden-te de la Repblica, el Procurador General de la Nacin,el Defensor del Pueblo y representantes de la comu-nidad internacional y de la sociedad civil rmaron laDeclaracin Conjunta Hacia una Poltica de DerechosHumanos y Derecho Internacional Humanitario, la cualconvoca a una Conferencia Nacional de Derechos Hu-manos, a realizarse en diciembre de 2011, y que tendrpor objeto elaborar una agenda comn para un trabajoconjunto entre el Estado, la sociedad civil y la comuni-dad internacional en torno a una poltica permanentede promocin y respeto a los Derechos Humanos y delDerecho Internacional Humanitario19.

    18 Ibd., pg. 1619 Comisin Interamericana de Derechos Humanos,Op. Cit .

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    Sin embargo, lo que simultneamente observaba la so-

    ciedad civil era la persistencia de ataques a Defensoresde Derechos Humanos, reclamantes de tierras y lderessociales y comunitarios, entre otros, que abanderabanreivindicaciones legtimas por la verdad, la justicia y lareparacin de las vctimas y por garantas reales para lano repeticin de los ciclos de conicto que han sumidoen una larga trayectoria de violencia al pas. Tambin

    observaban, la continuidad de proyectos econmicosbajo los cuales se generaron y se seguan generando gra-ves violaciones a los Derechos Humanos e infraccionesal Derecho Internacional Humanitario; y en general, lapersistencia de expresiones violentas urbanas y ruralesque afectaban a los sectores ms vulnerables de la so-ciedad.

    As las cosas, lo que se distingua era el n del periodode gobierno de Uribe Vlez pero la continuidad y con-solidacin de un proyecto econmico hegemnico conun perl y un estilo poltico diferente, un proyecto quenaci a costa de la violacin de los Derechos Humanosde la poblacin ms vulnerable y pobre del pas. La ho-rrible noche no haba cesado.

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    Balance sobre el procesode desmovilizacin de los

    bloques paramilitares CaciqueNutibara y Hroes de Granada

    Diana Marcela Barajas Velandia

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    A continuacin se presenta un balance sobre el procesode desmovilizacin de los bloques paramilitares Caci-que Nutibara y Hroes de Granada, realizado entre losaos 2009 y 2010. Para su elaboracin, se construy unaunidad hermenutica para el anlisis documental deaproximadamente doscientos textos acadmicos y pe-riodsticos.

    El propsito de este balance fue reconstruir, a partir deun trabajo reexivo y analtico, la instauracin de unproyecto contrainsurgente en Colombia y Antioquia ylas manifestaciones de este fenmeno en la historia delos dos bloques objeto de estudio, para enmarcar el pro-ceso de negociacin entre el Gobierno Nacional y lasAutodefensas Unidas de Colombia a partir del ao 2002 y observar su comportamiento en el escenario local yregional.

    Para tal efecto, anclando las referencias a los hechos ocu-rridos en el mbito nacional y con la intencin de que

    el anlisis contribuya a la comprensin del conicto ac-tual en la ciudad y la regin, se reconstruye el procesode desmovilizacin y desarme de los dos bloques para-militares, se realiza un recorrido por la introduccin dela poltica nacional de desmovilizacin y reinsercin en

    Presentacin

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    el contexto local, se hace una aproximacin al fenme-

    no de reconguracin de los actores ilegales y armadosque operan en la ciudad de Medelln y, nalmente, se re-cogen algunos aspectos de los debates nacionales sobreaplicacin de la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz.

    1. Complejo contrainsurgente:origen y expansin del paramilitarismoEn este aparte, se retoman las propuestas tericas de lainvestigadora Vilma Liliana Franco para explicar la con-solidacin del complejo contrainsurgente en Colombia y Antioquia. Paralelamente, se identican directrices delEstado central y se destacan momentos de la historia re-gional determinantes para la constitucin de este siste-

    ma.El complejo contrainsurgente se constituye para respon-der a situaciones en las que el orden poltico estatal se veamenazado por fuerzas armadas y grupos comunitariosque buscan acceso, autonoma o independencia terri-torial; y se forma donde existen organizaciones insur-gentes que cuestionan el monopolio de la fuerza fsica ytienen como perspectiva la realizacin de cambios en lanaturaleza del Estado.

    El complejo contrainsurgente se desarrolla en el marcode una Doctrina de Seguridad Nacional caracterizadapor la existencia de una estructura dual de actividadesparalegales y actividades ilegales, y requiere del recursode un poder arbitrario, por fuera del orden jurdico na-cional e internacional, para garantizar la integridad es-tatal. Este sistema tambin se caracteriza por la partici-pacin de grupos de inters de la sociedad dominante ensu formulacin, y por los objetivos que persigue, ya que

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    adems de la preservacin de la integridad institucional

    busca la continuidad en el control del poder poltico y lapreservacin de la hegemona1.

    Desde inicios de la dcada del sesenta se ha logradoconstatar la existencia de directrices de Estado que im-pulsaron y potenciaron el surgimiento del fenmenoparamilitar en el pas. La estrategia contrainsurgentenace antes de la consolidacin de las agrupaciones gue-rrillas en los aos de 1964 y 1965, y se sustenta en lasdirectrices secretas dejadas en 1962 por la Misin Yarbo-rough del Ejrcito Estadounidense, las cuales quedaronconsignadas en los Manuales de Contrainsurgencia delEjrcito escritos desde ese ao2.

    En el contexto de la llamada Doctrina de Seguridad

    Nacional, dicha estrategia tuvo soporte jurdico en elDecreto 3398 de 1965, luego convertido en la Ley 48 de1968, donde se le otorgaba al Ejrcito la funcin de ar-mar civiles y desarrollar tareas conjuntas con stos. Porel carcter dual del complejo contrainsurgente, su m-bito de legalidad permite que se genere adhesin a la leypara legitimar acciones represivas; buena parte de estaestrategia est basada en reformas al sistema jurdico.Lo tradicionalmente conocido como paramilitarismoobedece a una razn de Estado y supone dependenciadel mismo, sin embargo, se constituye en mercenarismocorporativo cuando adquiere la forma de entidad queprivatiza las funciones de seguridad y defensa del Esta-

    do. El mercenarismo corporativo involucra la participa-

    1 Vilma Liliana Franco, El Mercenarismo Corporativo y la sociedad contra-insurgente,Estudios Polticos, Medelln, N.21, julio diciembre de 2002, pp.55-82.

    2 CINEP, 2004,Deuda con la humanidad, CINEP, Bogot, pg. 7.

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    cin de sectores privados que pueden ser del orden na-

    cional o trasnacional. Adems conlleva la preservacindel poder estatal y el resguardo de intereses de activida-des econmicas de carcter legal e ilegal3.

    En Colombia, los grupos de civiles armados se promo-vieron como autodefensas protectoras de las comuni-dades locales y sus operaciones se extendieron a otraszonas consideradas de simpatas guerrilleras. lites eco-nmicas y polticas justicaron la creacin de estos gru-pos, los cuales, en la dcada del 80 obtuvieron el respaldodecidido de buena parte de estas lites y del narcotrco.

    En ese periodo hubo conuencia de actores diversoscomo militares activos y en retiro, terratenientes y nar-cotracantes, alrededor de lo que se denomin Muerte

    a Secuestradores (MAS)4, que rpidamente se extendipor la regin del Magdalena Medio con el impulso delBatalln Brbula y la XIV Brigada del Ejrcito, y poste-riormente hacia otras regiones. Este sistema se fortalecicon la creacin en 1984 de la Asociacin Campesina deAgricultores y Ganaderos del Magdalena Medio, ACDE-GAM, con sede en Puerto Berro y Puerto Boyac; tam-bin con la consolidacin de las organizaciones antico-munistas orientadas por Tradicin, Familia y Propiedad,TFP; y con el intento de creacin del Movimiento deRestauracin Nacional, MORENA, cuyo brazo armadose denomin los macetos.

    3 Vilma Liliana Franco,Op.cit. 4 El MAS es un escuadrn de la muerte creado en 1981 por narcotracantes

    con el objetivo de tomar represalias contra el M-19 por el secuestro de MartaNieves Ochoa, hermana de integrantes del Cartel de Medelln. Este escua-drn sirvi de modelo para el paramilitarismo y su nombre fue utilizadopor lo grupos autodefensa del Magdalena Medio y en operaciones conjuntasentre paramilitares y miembros de las fuerzas armadas.

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    La rpida creacin de un frente antisubversivo orien-

    tado desde Puerto Boyac hacia el Magdalena Medio y luego hacia todo el pas, gener una dinmica de lainstitucionalidad regional que fue comprometiendo enel mismo municipios de los departamentos de Boyac,Santander, Cundinamarca, Caldas, Antioquia, inicial-mente y luego los departamentos, Crdoba, Bolvar,Cesar, Casanare, Meta, Putumayo, Cauca, Valle de Cau-

    ca, entre otras regiones que fueron congurando la redparamilitar5.

    La expansin del paramilitarismo hacia el Norte de An-tioquia se hace desde el Nordeste ingresando por Yaru-mal, Campamento y Guadalupe y desde el Bajo Caucaingresando por Valdivia. En 1984 la tregua rmada entreel gobierno de Belisario Betancur y las guerrillas, propu-so en Urab un escenario para buscar una salida nego-ciada al conicto y tom forma con la constitucin delos primeros Comits de la Unin Patritica en 1985.Un ao despus, Fidel Castao Gil ya es asociado enSegovia con la fundacin del grupo paramilitar MRN,Muerte a Revolucionarios del Nordeste, que recin ha-ba iniciado una campaa de amenazas de muerte con-tra lderes regionales de la UP y que, meses despus enMedelln, reivindicara los asesinatos de varios lderespolticos de la UP y sindicalistas, ya no solo del NordesteAntioqueo sino de Urab6.

    La tregua del gobierno Betancur termina en el ao de1987 y el proceso de paz con la guerrilla fracasa en un

    5 Carlos Medina Gallego, La Economa de Guerra Paramilitar: Una Aproxi-macin a sus Fuentes de Financiacin, Anlisis Poltico, Bogot, Vol.18,nm. 53, enero de 2005.

    6 William Ramrez Tobn, 1997,Urab, los inciertos connes de una crisis.Edi-torial Planeta, pg. 129.

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    escenario donde se intensica la persecucin a las pro-

    puestas polticas de izquierda. En la regin de Urab apartir de ese momento se desencadena una confronta-cin entre grupos de diversa orientacin poltica y secomplejiza al afectar a todos: movimientos, sindicatos,empresarios, campesinos y sociedad civil en general. Serecrudece la violencia destacndose dos situaciones: 1.La avanzada paramilitar pasa del Nordeste de Antioquia

    al departamento de Crdoba en 1988. 2. Se desata unaguerra de guerrillas entre 1988 y 1991 por el control po-ltico, social y militar de la regin.

    En este contexto de avanzada paramilitar, de conictosinter guerrillas y de ataques atroces contra la poblacincivil y la oposicin poltica, el Estado Colombiano emi-te, en 1988, el Decreto Legislativo 0180 por el cual secomplementan algunas normas del Cdigo Penal y dic-tan otras disposiciones conducentes al restablecimien-to del orden pblico. En este decreto se tipic, interalia, la pertenencia, promocin y direccin de gruposde sicarios, as como la fabricacin o trco de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militareso de Polica Nacional. Posteriormente, este decreto fueelevado a legislacin permanente mediante el Decreto2266 de 19917.

    En 1989, con la primera eleccin popular de alcaldes,la ofensiva armada contina en las reas del MagdalenaMedio donde la guerrilla se ha replegado, especialmenteen la zona rural del municipio de Yond. En el Occiden-te Antioqueo, los medianos y pequeos propietarios de

    7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2004, Caso 19 ComerciantesVs. Colombia. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109,Sitio WebCorte Interamericana de Derechos Humanos, [en lnea], disponible en: http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=9

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    Santa Fe de Antioquia y San Jernimo, siguiendo el mis-

    mo patrn de agrupacin que se viva en otras regiones,conforman cooperativas de vigilancia para la proteccinde sus bienes y sus vidas en estrecha relacin con gruposparamilitares.

    Bajo el amparo del Estado de Sitio, el presidente Virgi-lio Barco promulg el Decreto 1194 de 1989 que tipiccomo delito la promocin, nanciacin y pertenenciaa grupos paramilitares, adems, promulg los decretos813, 814 y 8158, reformulando los contenidos de la Ley48 de 1968.

    Sin embargo, el fenmeno sigui creciendo con el res-paldo de las fuerzas de seguridad y la nanciacin nar-cotracante. El arribo de Fidel Castao a Urab pro-

    mueve la coordinacin de las distintas bandas paramili-tares segn la estrategia operacional de las autodefensascampesinas del Magdalena Medio. Sus primeros obje-tivos territoriales se jan en San Pedro de Urab y Ar-boletes, municipios vecinos a zonas de fuerte inuenciaparamilitar en Crdoba, desde donde se inicia el procesode consolidacin sobre el norte de la regin9 que poste-riormente se expandira al eje bananero.No obstante, despus de la negociacin entre el Estadocolombiano y el EPL en 1991, los desmovilizados se con-virtieron en blanco de las FARC para liquidarlos y de losparamilitares para cooptarlos. En consecuencia, surgenen la regin de Urab los Comandos Populares vin-

    8 Suspensin de la vigencia del prrafo 3 del artculo 33 de la Ley 48 de 1968(Decreto 815, del 19 de abril/89). Creacin de comisin asesora para coordi-nar la lucha contra el mismo (Decreto 813 de 1989). Creacin de un cuerpoespecial armado para combatirlos (Decreto 814 de 1989).

    9 William Ramrez Tobn,Op. Cit., pg. 133 134.

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    culados con organismos de seguridad del Estado y con

    administradores de ncas a quienes les proporcionabanproteccin de la propiedad y la produccin.

    En 1991 los paramilitares del Magdalena Medio se frag-mentaran tras el asesinato de Henry Prez fundador deACDEGAM y el acuerdo entre el Estado y Ariel Oteroque se desmoviliz con 230 hombres a cambio de sulibertad condicional y la legalizacin de sus dineros.Desde 1992 se empiezan a hacer ms visibles los gruposque persisten en la regin; uno comandado por RamnIsaza, con presencia en la zona rural de Puerto Berro,Puerto Triunfo, la Danta y San Miguel; y otro, por IvnRoberto Duque Gaviria, alias Ernesto Baez, con inuen-cia en Puerto Berro, Puerto Nare, Puerto Boyac y con

    alcance hasta Cimitarra y Puerto Araujo, en el departa-mento de Santander.

    En el Occidente de Antioquia, en los aos noventa, laestrategia paramilitar busc asegurar el posicionamien-to y control de las zonas colindantes con otras regionescomo Urab y el Norte del departamento, para luegotomar posicin y entrar a disputar el control de las ca-beceras municipales, las vas y los corredores de circula-cin de la guerrilla, entre otras zonas estratgicas. Buscadems el dominio de las regiones del Occidente y el Su-roeste por medio de acciones violentas de intimidacinque propiciaron el abandono silencioso de los campos.En la zona se identicaban paramilitares que operabancomo grupos mviles en grandes territorios o gruposurbanos en las cabeceras.

    En el ao 1993, se expidi el Decreto 2535 que autoriza-ba a civiles el porte de armas cuyo uso se haba restrin-gido a las fuerzas armadas y, adems, se form el escua-

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    drn de la muerte conocido como Perseguidos por Pa-

    blo Escobar, PEPES, en el cual conuyeron los hermanosCastao Gil, narcotracantes de la ciudad de Medelln,el Cartel de Cali y organismos de seguridad del Estadocon el objetivo de propiciar la cada de Escobar.

    En 1994, el Decreto 356 cre los Servicios Especiales deVigilancia y Seguridad Privada, CONVIVIR, iniciativaabanderada por el posterior presidente de la Repbli-ca, lvaro Uribe Vlez. Segn Mauricio Romero, stasseran un dispositivo de seguridad rural en permanentecoordinacin con la fuerza pblica para el desarrollo delabores de inteligencia, por lo tanto, esa poltica pbli-ca facilit que en el mismo periodo se consolidaran lasAutodefensas Campesinas de Crdoba y Urab, ACCU,bajo el liderazgo de Carlos Castao, las cuales luegodieron origen a las Autodefensas Unidas de Colombia,AUC10.

    Las CONVIVIR surgieron sin una clara orientacin ysupervisin y combinaron sus acciones con las de otrosactores armados en las zonas donde eran creadas; se ex-tendieron por el pas y potenciaron en tamao y poderal paramilitarismo, involucrndose en violaciones a losDerechos Humanos. A nales de 1997, las CONVIVIRson declaradas inconstitucionales por la Corte Supremade Justicia ya que representaban una delegacin del con-trol del orden pblico a civiles en armas, no obstante,esta oferta de proteccin violenta privatizada se ha pre-servado hasta nuestros das bajo diversas formas.

    10 Mauricio Romero, 2005, The Desmobilization of paramilitaries and Self-Defences: Risky, Controversial and Necessary, Documento de antecedentespresentado en el seminarioEl paramilitarismo en Colombia Son compatiblesla desmovilizacin y paz con la justicia y los derechos humanos? , Colegio deestudios de desarrollo, Universidad de Uppsala.

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    El paramilitarismo en Colombia no surge con las Auto-

    defensas Unidas de Colombia. Dicha confederacin, fueformada en el ao 1997 para unicar las facciones regio-nales del paramilitarismo bajo el mando de Carlos Cas-tao. ste buscaba romper con las redes narcotracan-tes para presentarse como un proyecto poltico nacional,sin embargo, este objetivo profundiz la fragmentacininterna dado que constitua una gran ambigedad fren-

    te a sus orgenes y sus prcticas.Las AUC fueron presentadas por su Direccin Poltica yMilitar como la unin de dismiles grupos con interesesigualmente diversos, pero siempre orientados a la legti-ma defensa de la vida y los bienes de los ciudadanos antela evidente insuciencia y falta de voluntad poltica delEstado colombiano para combatir a los grupos de gue-rrillas marxistas, quienes con los ingresos derivados delsecuestro, la extorsin y el narcotrco avanzaban consu accionar terrorista11.

    No obstante, la estrategia paramilitar ha sido utilizadapara expropiar a campesinos de sus tierras; para lavardinero; para proteger los circuitos de las economas ile-gales; para resolver conictos laborales mediante tcti-cas de terror; para eliminar a los opositores polticos; ypara controlar las movilizaciones y movimientos socia-les, rurales y urbanos; entre otras acciones que, con laayuda del establecimiento militar en muchos casos, hi-cieron parte de la estrategia contrainsurgente.

    11 Carta enviada a Anne Patterson, embajadora de EEUU en Colombia, 2001,Direccin Poltica y Militar de las AUC (Carlos Castao Gil, Salvatore Man-cuso, Rodrigo Molano, Diego Vecino, Pedro Ponte, Ernesto Bez, Jorge Cua-renta, Julin Bolvar, Adolfo Paz, Alfredo Berro, Ramn Isaza, Botaln, Ale- jandro Llanos).

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    En su accionar, el paramilitarismo obtuvo autonoma y

    a costa de violaciones sistemticas y generalizadas de losDerechos Humanos, instaur control social y poltico yun modelo econmico basado en la extraccin ilegal derecursos y la concentracin de la tierra con nes agroin-dustriales, mineros, de infraestructura y de lavado dedinero.

    Los recursos provenientes de la actividad ilegal y la de-lincuencia comn constituyen la base esencial de lasfuentes de nanciacin del paramilitarismo: narcotr-co, secuestro extorsivo, intimidacin y expropiacinviolenta, piratera terrestre, robo de gasolina, combusti-ble y vehculos, entre otras particulares formas de nan-ciacin. El narcotrco ha sido la principal fuente de in-gresos del paramilitarismo desde la poca de los cartelesde Medelln, del Valle, de la Costa y del centro del pas.La alianza entre paramilitares y narcotracantes dioorigen a prcticas que han sido denominadas narcopa-ramilitares que dividen su nalidad entre combatir lasubversin y controlar, cuidar y proteger el desarrollo dela industria del narcotrco12.

    Daniel Garca Pea arma que el Estado le ha dado alfenmeno del paramilitarismo a lo largo del tiempo untratamiento cambiante y ambiguo: primero legal perosin una reglamentacin adecuada; luego ilegal pero ig-norado por la poltica ocial o catalogado simplementecomo parte anexa al narcotrco; y despus perseguidopor las autoridades pero apoyado por crculos de poderlocal, regional y nacional13.

    12 Carlos Medina,Op. Cit.13 Daniel Garca Pea, La Relacin del Estado Colombiano con el Fenme-

    no Paramilitar: por el Esclarecimiento Histrico, Anlisis Poltico, Bogot,Vol.18, nm. 53, enero de 2005.

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    Por accin o por omisin, la responsabilidad estatal de

    la seguridad fue delegada a grupos ilegales en el pas que,con sus redes de apoyo y nanciacin, hicieron parte delcomplejo contrainsurgente. Al respecto, la Comisin In-teramericana de Derechos Humanos de la OEA sealen 1999 que el Estado colombiano ha jugado un papelimportante en el desarrollo de los grupos paramilitares y que no ha combatido adecuadamente estos grupos. El

    Estado es por lo tanto responsable, de manera general,de la existencia de los grupos paramilitares y, por con-siguiente, se le tendr como responsable de las accionesllevadas a cabo por estos grupos14.

    En el mbito de la legalidad del complejo contrainsur-gente se destacan componentes del orden coercitivo y

    del orden poltico ideolgico. En el primero, se dis-tinguen las acciones coactivas propias del Estado mo-derno, las medidas excepcionales de uso de la fuerzaque, pese a su carcter transitorio, tienden a ser nor-malizadas y permanentes, y las medidas de asistenciamilitar externa directas o indirectas. En el segundo, sedistinguen las acciones comunicacionales, las acciones

    cvico militares o mixtas, y las reformas al sistema jurdico para el endurecimiento de penas o tipicacinde delitos. En el mbito de la ilegalidad, se hallan lasestructuras paramilitares conformadas eventualmentepor unidades militares privadas, mercenarios y alian-zas criminales, que en principio se encuentran en unarelacin de subordinacin al poder estatal y desarro-

    llan actividades que contraran el derecho penal nacio-

    14 Comisin Interamericana de Derechos Humanos, 1999, Informe sobre lasituacin de Derechos Humanos y Derecho Humanitario en Colombia,Si-tio Web CIDH, [en lnea], disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Colom99sp/capitulo-4c.htm

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    nal y el derecho internacional que regula los conic-

    tos no-internacionales. No obstante, en su condicinde ilegalidad, resguardan la legitimidad de las FuerzasMilitares y del Estado. Los elementos fundamentales deeste componente ilegal paralegal del sistema contra-insurgente son el paramilitarismo y el mercenarismocorporativo15.

    2. Medelln: historia de conictosLa historia de Medelln est atravesada por mltiplesconictos que tocan con diferentes mbitos de la vidasocial, poltica y armada del pas. En este aparte, demodo resumido se recogen algunos momentos de esahistoria que permitirn comprender de una manerams estrecha las reexiones sobre la desmovilizacinen la ciudad. Se tratarn de precisar algunos eventos yactores que son importantes para comprender el proce-so de consolidacin del complejo contrainsurgente enMedelln. Para tal efecto, se trabajarn tres momentos:1. Medelln entre autodefensas, bandas y milicias, 2. elproyecto contrainsurgente del campo a la ciudad, y 3. la

    franquicia paramilitar de la Ocina de Envigado.2.1. Entre autodefensas, bandas y miliciasPara la comprensin del paramilitarismo en Medelln,es preciso referenciar algunos de los procesos conicti-vos que tuvieron lugar en la ciudad desde la dcada delsetenta. En dicho periodo, en respuesta a la delincuencia,se conformaron grupos de autodefensa que en la dcadasiguiente se constituiran en grupos de milicia al mandode combatientes campesinos de la guerrilla trados a la

    15 Vilma Liliana Franco,Op. Cit .

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    ciudad por su ideologa y mando, proyecto que alcanz

    a tener fuerte posicionamiento en sectores marginalesde la ciudad caracterizados por la ausencia de Estado yla reproduccin de bandas.

    En los aos ochenta el conicto armado interno en laciudad se caracteriz por acciones de guerrilla urbanacon nalidades de consecucin de recursos para el de-sarrollo de la guerra en el campo y la consolidacin deprocesos organizativos de base social, mientras que elnarcotrco haba logrado consolidarse en la regin in-ltrando sectores sociales del departamento y lograndouna expansin alternativa de rpido crecimiento frentea la crisis industrial y econmica. La irrupcin y con-solidacin del narcotrco en Medelln gener un pro-

    ceso violento que visibiliz las ms grandes secuelas enla misma dcada. En este proceso se dio un auge de laoferta de proteccin violenta para los circuitos y tran-sacciones ilegales, y se gener all la proliferacin del si-cariato y de las bandas, y posteriormente la creacin deescuadrones de la muerte y de los Pepes (Perseguidospor Pablo Escobar)16.

    La estructura maosa organizada por Escobar para lacoordinacin de grupos y acciones delincuenciales en laciudad, a travs de las llamadas Ocinas, se recogi enla denominada Ocina de Envigado, en la dcada delnoventa, tras la muerte de su creador. El liderazgo deesta nueva estructura fue asumido por el empresario de-

    portivo Gustavo Upegui y por Diego Fernando Murillo,alias Don Berna, destacado miembro del escuadrn de

    16 Diana Barajas y Ana Mara Jaramillo, 2009, Bandas en Medelln: zona grisentre el conicto armado y la delincuencia comn,Observatorio de DerechosHumanos, N.10, diciembre de 2009.

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    Los Pepes, cuya conuencia en esta organizacin con los

    hermanos Castao Gil, le permiti aos despus surgircomo paramilitar bajo el alias de Adolfo Paz.

    2.2. Contrainsurgencia del campo a la ciudadEn el ao de 1997, cuando se empieza a consolidar elproyecto de unicacin de los grupos paramilitares enlas AUC, Carlos Castao crea el Bloque Metro en el senode las Autodefensas Campesinas de Crdoba y Urab,ACCU, y delega como jefe de esta agrupacin a CarlosMauricio Garca, alias Doble Cero, Comandante Rodri-go o Rodrigo Franco. Este bloque naci con gente deUrab y tuvo inuencia en el Nordeste y Oriente antio-queos; obedeca a una estrategia contrainsurgente enrespuesta al posicionamiento de los grupos de miliciasen Medelln y llev a sus hombres del campo a la ciudadasimilando la estrategia adelantada por los grupos gue-rrilleros.

    En su estructura bsica, el Bloque Metro fue una orga-nizacin contrainsurgente tpicamente rural que desa-rroll una estrategia de copamiento territorial siguiendo

    el modelo guerrillero, en combinacin con una estra-tegia de terror contra la base social de sus contendoresarmados. Su estrategia fue exitosa en el perodo 1997-2000, cuando se traz como tarea principal la disputapor Medelln, en el marco de un escalamiento de la gue-rra en el pas y de un intento de todos los actores ar-mados por urbanizarla. Para el logro de este objetivo se

    apoy en algunas de las cooperativas de seguridad Con-vivir existentes en la ciudad, y desarroll una estrategiade guerra orientada, en primer lugar, a golpear, aniqui-lar o absorber a los grupos milicianos que respondan almodelo tpico de las autodefensas, y, en segundo lugar, a

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    someter y aprovechar a algunas de las bandas presentes

    en la ciudad17

    .El Bloque Metro se encontr en Medelln con la realidadde las estructuras maosas y narcotracantes urbanas,las Ocinas. As, desarroll modalidades de subcontra-tacin con las bandas y tuvo que apelar a la intermedia-cin de una de las ms poderosas de aquella poca, LaTerraza. Esta banda que haba prestado sus servicios aPablo Escobar, era un importante bastin de Don Bernapara controlar el narcotrco y parte de las organizacio-nes delincuenciales de Medelln.

    La Terraza prest sus servicios a las AUC y particip enlos crmenes de Jaime Garzn y de los investigadoresElsa Alvarado y Mario Caldern, como tambin, en lossecuestros de Piedad Crdoba y de cuatro investigadoresdel Instituto Popular de Capacitacin, entre otros18.

    Disputas en el seno de la Ocina de Envigado por las uti-lidades del narcotrco y problemas por el uso que di-cha banda le daba al nombre de las AUC, son los hechosa los que se atribuye la confrontacin entre La Terraza

    y sus jefes, Murillo Bejarano y Castao; confrontacinque es recordada por el asesinato del jefe de la banda yseis de sus lugartenientes, en una nca en Crdoba en elao 2000. Tambin por las bombas en el Parque Llerasdel Poblado y en el centro comercial El Tesoro de la ciu-dad de Medelln.

    17 Manuel Alonso, Jorge Giraldo y Diego Sierra, Medelln: el complejo cami-no de la competencia armada, en: Camila Gamboa, ed., Justicia Transicional:teora y praxis, 1 ed., Bogot, Universidad del Rosario, 2006, pg. 448-449

    18 Una Bolsa De 8.600 Sicarios,El Tiempo, (3 de diciembre de 2000), [enlnea], disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1295342

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    Producto de esa confrontacin, el Bloque Metro perdi

    la estabilidad alcanzada. La estrategia de urbanizacin delconicto, con una organizacin rural, le impidi adaptar-se a las realidades de la ciudad. Haba logrado hasta el 2002la aniquilacin de algunos grupos de milicia y el someti-miento o la cooptacin de algunas bandas, sin embargo,con la aparicin del Bloque Cacique Nutibara, no logrsobrevivir a las lgicas delincuenciales y muchos de sushombres quedaron asimilados en esta nueva estructura.

    Cuando comienza el proceso de negociacin de lasAUC para lograr la desmovilizacin de sus combatien-tes, el Bloque Metro fue uno de los pocos que se opu-so con decisin. En concreto, Doblecero tema que lamesa de negociacin terminara llena de narcotracantesque nunca haban hecho parte de las autodefensas, y queutilizaran ese espacio para su negocio ilegal, como efec-tivamente ocurri. Desde entonces comenz la guerraentre el Bloque Metro, que comandaba Doblecero yel Bloque Cacique Nutibara, que fueron apoyados poralgunos miembros del ejrcito que participaron en lasacciones. La guerra empez en Medelln y se extendial oriente de Antioquia, a donde haba ido a refugiarseDoblecero. Primero en Santa Brbara, en La Ceja y enEl Santuario; y nalmente en San Roque donde el Blo-que Metro es aniquilado en el 200319.

    2.3. La franquicia paramilitarde la Ocina de Envigado

    Al interior de las AUC, Don Berna adquiere gran pro-tagonismo debido al poder que tena sobre la ciudad

    19 Verdad Abierta, Bloque Cacique Nutibara,Sitio Web Verdad Abierta.com, [en lnea], disponible en: http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-bloques/415-bloque-cacique-nutibara-#sdfootnote5anc

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    d) Y poda enfrentar militarmente, con el apoyo

    de los hombres del Bloque Central Bolvar, al BloqueMetro. Es decir, este camino apareca como el msecaz para responder al reto de la urbanizacin delconicto y disputar la hegemona sobre Medelln a laalianza guerrillera y miliciana que se estaba estable-ciendo. Es en este contexto que surge el denominadoBCN en el ao 200121.

    Con la aniquilacin del Bloque Metro, los territorios delOriente, el Nordeste y el Suroeste antioqueo, controla-dos por el extinto bloque, quedaron bajo el control delBloque Cacique Nutibara y cuando este se desmoviliz,pasaron al Bloque Hroes de Granada, BHG, cuyos co-mandantes militares fueron Daniel Meja, alias Danieli-to, y Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio. El surgimientodel BHG aparece en un momento determinante para laconsolidacin de las estructuras al mando de alias DonBerna, donde se destacan: 1. Los territorios arrebatadosa Rodrigo Doblecero demandaron la reconguracindel paramilitarismo en la regin; el BCN se haba carac-terizado por tener un accionar urbano y comenz unaetapa de expansin hacia las zonas rurales. 2. El iniciode las negociaciones de las AUC y el Gobierno Nacional,sumado a la cercana de la desmovilizacin del BCN,exigieron el traslado de una retaguardia que garantizarala prolongacin del poder en la ciudad y la regin.

    A travs de guerras y negociaciones, el BCN se hizo alpoder de las zonas de la ciudad que en otro tiempo sir-vieron de base social a los grupos guerrilleros, a lo que sesum el desarrollo de operaciones militares que contri-buyeron a su consolidacin denitiva. A continuacin se

    21 Manuel Alonso, Jorge Giraldo y Diego Sierra,Op. Cit.

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    No ces la horrible noche:Derechos humanos y paramilitarismo despus de la desmovilizacin

    especican algunas de las operaciones que han marcado

    esta historia en Medelln:- El 21 de mayo de 2002 se desarrollo la Opera-cin Mariscal en la comuna 13 de Medelln. Ejrcito,polica, polica judicial, CTI, fuerza area y DAS ata-caron unidades de las FARC, el ELN y los CAP. Enesta operacin se utilizaron sin distincin helicp-teros artillados y armamento pesado, violando losprotocolos del Derecho Internacional Humanitario ycausando la muerte de nueve civiles. Esta operacindur menos de 24 horas.- El 16 de octubre de 2002 se desarroll la Opera-cin Orin en la comuna 13 de Medelln. Ejrcito, po-lica, CTI, DAS y fuerza area atacaron la zona y parte

    de la Comuna 7 con helicpteros artillados, infrin-giendo las normas del Derecho Internacional Huma-nitario y realizando graves violaciones a los DerechosHumanos. Los operativos abiertos duraron hasta elmes de diciembre del mismo ao. En el 2008, el JuezTercero Penal del Circuito Especializado de Medelln,reconoci que concluida la Operacin Orin, fueron

    los grupos paramilitares quienes realmente asumieronel control de esta zona de la ciudad, incrementando ygeneralizando las agresiones a los habitantes del lugar,muchos de los cuales fueron obligados a desplazarse ofueron desaparecidos, hechos que fueron denunciadosoportunamente por los pobladores de estos barrios,sin que sus denuncias tuvieran eco alguno, toda vez

    que se impona mostrar como modelo de pacicacinel de la Comuna 1322.

    22 Movice Captulo Antioquia, 2008, Sentencia Judicial conrma fosas co-munes y control paramilitar en la comuna 13 con posterioridad a la Ope-racin Orin, Sitio Web Corporacin Jurdica Libertad, [en lnea], dispo-

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    cursado en la ciudad. El paramilitarismo se comporta en-

    tonces como un conjunto de relaciones resultantes delos complejos procesos de aniquilacin, negociacin, ab-sorcin, dominacin y contratos derivados de las cuatrograndes rutas de la guerra en Medelln: la de las autode-fensas, la del narcotrco, la de las bandas y la paramilitar.Rutas que en las tramas y en los dramas de cada guerra ynegociacin, dieron forma a distintos nodos especcosde la red. Por tanto, en el caso del BCN esta pluralidad re-mita a los variados orgenes, conguraciones, estrategias y composiciones sociales de cada uno de los siguientesnodos: a) el nodo de las autodefensas urbanas, represen-tado por la crisis y metstasis de los grupos milicianos;b) el nodo del narcotrco, representado en la gura deAdolfo Paz y los comandos armados al servicio del nego-cio de las drogas ilcitas; c) el nodo de las bandas; y d) elnodo esencialmente militar y contrainsurgente, represen-tado por el desaparecido Bloque Metro y los ncleos deguerrillas campesinas provenientes, de manera individualo colectiva, de diversos frentes del ELN con presencia enAntioquia (Nordeste y Oriente, especialmente)25.

    La mejor manera de entender esta estructuracin, es laque realiza Gustavo Duncan, al colocar como contrae- jemplo las formas que adquieren los ejrcitos rurales:tienen una cohesin jerrquica y visible para sus miem-bros con canales de mando denidos y una unidad deaccin26. Al interior de la estructura en red, las entida-

    25 Manuel Alberto Alonso y Germn Daro Valencia, 2007, Balance del procesode Desmovilizacin, Desarme y Reinsercin de los bloques Cacique Nutibara yHroes de Granada en la ciudad de Medelln,Sitio Web U