NO. 101 Colombia: inminencia

20 de febrero de 2016 • Número 101

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver

Suplemento informativo de La Jornada

COLOMBIA:inminencia

LA REFORMA AGRARIA EN VIETNAMNGUYEN DUC TRUYEN

Pag. 21

PARLAMENTARIOS Y SOCIEDADES CONTRA EL TPP

Pag. 25

TEMA DEL MES

2

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Me-dios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008-121817381700-107.

Suplemento informativo de La Jornada 20 de febrero de 2016 • Número 101 • Año IX

COMITÉ EDITORIAL

Armando Bartra Coordinador

Lourdes E. Rudiño Subcoordinadora

Enrique Pérez S.Hernán García Crespo

CONSEJO EDITORIAL

Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

Publicidad [email protected]

Diseño Hernán García Crespo

BUZÓN DEL CAMPOTe invitamos a que nos envíes tus opiniones, comentarios y dudas a

[email protected]/jornadadelcampofacebook.com/La Jornada del Campoissuu.com/la_jornada_del_campo

Fueron coeditoras en este número del suplemento: Danae Astrid Álvarez Ruiz y Nelly Iveth Del Ángel Flores, antropólogas y estudiantes de la Séptima Generación del Doctorado en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X).

PORT

ADA:

Age

ncia

Pre

nsa

Rura

l

“La primera guerra” *

Nos perseguían con batallones de tropa y por el aire con aviones ametrallándonos […]

Rosa María

Una larga guerra está por terminar. Iniciadas en noviembre de 2012, en unos días debieran llegar a su fin las negociaciones de paz en-

tre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Santos, dando así por concluido el alzamiento ar-mado de mayor duración ocurrido en este continente: más de 60 años.

Casi todos lo celebramos, pero me parece que la imagen que muchos tienen de las FARC es la de un grupo militar profesional que en nombre de una ideología y una es-trategia inviable cometió crímenes contra el pueblo. Quizá. Pero la realidad es que esta-mos presenciando la terminación negociada de lo que en un principio y por dos décadas fue una guerra netamente campesina, un curso de autodefensa armada forzada por la barbarie de los hacendados y el gobierno.

Y no está de más recordar que a fines de los 80’s, en el marco de negociaciones de paz, las FARC prohijaron una organización cívi-ca electoral, la Unión Patriótica (UP), que ganaba diputaciones, senadurías y alcaldías, y los pacificados fueron víctimas de una sal-vaje represión que dejó miles de muertos, entre ellos Jaime Pardo y Bernardino Jara-millo, candidatos presidenciales de la UP. Podemos discutir la pertinencia o no de la vía armada pero sin olvidar que en el origen de las radicalizaciones políticas está casi siempre el genocidio.

A principios del siglo pasado cobró fuerza en Colombia el tema de la tenencia de la tierra a resultas de que en algunas zonas como Su-mapaz comenzaron a establecerse, a costa de los campesinos, extensas plantaciones de plátano y café servidas por jornaleros. Desde entonces se acentuaron las tensiones agrarias de los patrones con las familias proletarizadas, pero también con los arrendatarios y con los pueblos indios cuyos resguardos habían sido expropiados. La Ley 200, de 1936, que debía permitir el acceso de los sin tierra a terrenos incultos, en la práctica no operó, pero sí frus-tró a los solicitantes y radicalizó la lucha. A los hacendados los representaba el Partido Con-servador, mientras que el Partido Liberal y en particular uno de sus líderes, el doctor Jorge Eliecer Gaitán, apoyaban la causa campesina.

El 9 de abril de 1948 Gaitán fue asesinado y en Bogotá hubo una revuelta pronto sofo-cada, mientras que en el campo la rebeldía subía de tono. En Sumapaz, región de larga tradición organizativa, los campesinos toma-ron las alcaldías al grito de “¡Viva la revolu-ción!”. Un participante, Gerardo Gonzales, narraba que en Pasca “se unió la gente agra-rista y se tomó la autoridad del presidente municipal” y, para defenderse, “la gente sa-caba las escopetas que tenían en sus casas”.

En los años siguientes se intensificó la vio-

lencia de las guardias de los hacendados, del Partido Conservador y del gobierno contra los campesinos liberales. Uno de sus líderes, cuya trayectoria era sintomática y represen-tativa, Juan de la Cruz Varela, que había sido asambleísta y era presidente del concejo municipal de Icononzo, sufrió un atentado y tuvo que refugiarse en las montañas para salvar su vida. Fue transitando así de la lu-cha legal a la autodefensa y pasando de la militancia liberal a la militancia comunista. Y no era sólo Varela. En El Roble, en Gali-lea, en El Palmar, la gente acosada por la violencia conservadora salió de los pueblos y se refugió en lugares apartados protegidos por campesinos que portaban armas. Se conformaron así grandes concentraciones integradas mayoritariamente por colonos. Se calcula que en la región se desplazaron a la selva cerca de mil familias, pues sólo en El Roble había alrededor de 600 ranchos. Así lo cuenta Varela en sus memorias:

“La primera guerra son precisamente los grandes genocidios cometidos en el país […] Entonces siguió la violencia, la matanza de la gente, la quema de casas […] Y prin-cipió la gente que estaba sufriendo mucho a echarme de menos porque yo andaba es-condido en las cuevas por allá en los montes ‘¡Ay! Si viniera el compañero’ […] Entonces resolví un día, en la Vereda de Valencia, convocar a la mayor gente que hubiera sin decir que era yo […] Cuando asomé, la gen-te principió a mirarme y a creer que era mi espíritu […] ‘¡No compañeros, no es mi es-píritu! ¡Soy Juan de la Cruz Varela en carne viva!’. Entonces les di instrucciones para que nos organizáramos y para la autodefensa y me aplaudieron. Esta fue una reacción total-mente espontánea ante las grandes matan-zas y la quema de casas. Me fui de Vereda en Vereda, en forma clandestina, y veía que mataban gentes, niños, mujeres, quemaban las casas […] Y fui recogiendo la gente y más me enfurecía […] Entonces organizamos la defensa y principiamos la pelea y duramos tres meses resistiendo en la Vereda de El Palmar.”

Es en esos meses que el gaitanista Varela ingresó al Partido Comunista, que tenía bases campesinas e impulsaba la autodefen-sa armada en el sur de Tolima, sobre todo porque el Partido Liberal, asustado por el endurecimiento de la confrontación rural, comenzaba a recular de su agrarismo y a pactar con los conservadores la desautoriza-ción de la lucha campesina.

El episodio final de la que Varela llamó “la primera guerra”, porque después hubo otra cuyo epicentro estuvo en Marquetalia, fue la ofensiva militar de febrero de 1953 sobre los asentamientos en autodefensa armada que obligó a los resistentes a escapar por las montañas. Así lo relató el líder:

“De la [posterior] evacuación de Marque-talia se habla de 500 personas, pero en El Palmar eran más de cuatro mil con los gue-rrilleros, andando por esas selvas, rompien-do cordilleras […] La aviación por encima bombardeando y ametrallando. Después de tres meses, cuando metieron la aviación, rompimos el cerco. Y toda la gente se fue. Y murió mucha gente por el camino. Mujeres que iban embarazadas daban a luz y con la criatura ahí se paraban. Y les decíamos ‘¡Va-

mos!’. A muchas se les murieron los niños y los escondían tapaditos entre los brazos […] Los guerrilleros descubrieron que llevaban niños muertos y me consultaron. Yo les dije: ‘Hay que quitárselos, qué hacemos, no po-demos cargar muertos’. Tenían que quitarles los niños y tirarlos en la selva […]”

En el terrible éxodo todos sufrieron. Pero por fortuna no todas las mujeres perdieron a sus hijos. Este es el testimonio de Rosa María:

“Eso fue en 1953 […] Nos perseguían con batallones de tropa y por el aire con aviones ametrallándonos. Huimos talando monte, subiendo y bajando por altos precipicios, prendidos de bejucos […] Y así fue como murieron muchos niños y ancianos desnuca-dos porque se desvanecían y caían encima de las piedras, pues pasábamos días sin probar comida. Pero en esa huida también nacieron muchos niños entre las montañas, bajo el agua, el sol y el sereno de la noche. Casual-mente esa huida la hice yo cuando apenas tenía dos días de nacido mi hijo Jorge. Me tocó coger la montaña enseguida […]”

En su Séptimo Congreso, de abril de 1952, el Partido Comunista había decidido apoyar la “autodefensa de masas” de los pueblos, y muchos campesinos que habían sido libera-les se aproximaron a ellos. Se formó así una nueva generación de dirigentes que impul-só esta forma de resistencia y en ocasiones la conformación de grupos guerrilleros en sentido estricto. El resultado de la violencia represiva y las acciones armadas para hacer-le frente fue la reproducción de los asenta-mientos en resistencia que fueron conocidos como “repúblicas comunistas independien-tes”. La más conocida y persistente fue la de Marquetalia, que se mantuvo hasta 1965, cuando fue arrasada por el ejército. Al año siguiente surgieron las FARC como grupo guerrillero propiamente dicho.

Fue el genocidio lo que llevó a los campesi-nos a la autodefensa armada, y fue el arrasa-miento de los asentamientos en resistencia lo que condujo a la conformación de focos guerrilleros. La guerrilla latinoamericana es mucho más que un “método”, es una prolon-gación de las guerras campesinas por otros medios. De su natural radicalización, dice Varela:

“Yo recuerdo que después de la muerte de Gaitán y sin que nadie me invitara me ma-triculé en el partido comunista. Porque mu-rió Gaitán, murió el compañero Valencia y yo perseguido y víctima de una infinidad de atentados, no podía dejar que el movimiento agrario se perdiera. Entonces, en esta situa-ción, pedí mi aceptación al partido. Conser-vo la contestación que fue en 1952, cuando ya estábamos en plena guerra […]”

*Al profesor Julián Sabogal le debo que me haya facilitado la amplia investigación de Rocío Londoño sobre Juan de la Cruz Varela, de la que provienen los testimonios que cito en este texto.

20 de febrero de 20164

CRONOLOGÍA DE VIOLENCIA Y DESPOJOS DE TIERRA EN COLOMBIA*Luz Angélica Dueñas Checa Estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco

La lucha por la tierra ha sido una constante en la historia de Colombia. Desde la Conquista hasta

nuestros días, las clases dominan-tes han ejercido su poder y todo tipo de violencia para despojar a las comunidades de sus territorios: exterminaron pueblos enteros, desplazaron a millones de perso-nas, torturaron y desaparecieron a campesinos, indígenas y afros que luchaban por la tierra.

Aun así, en medio de la geografía del terror instaurada para alcanzar el máximo nivel de acumulación de riqueza (según conceptualiza-ción de Ulrich Oslender), los pro-cesos organizativos de resistencia se mantuvieron siempre presentes.

La lucha por la tierra y la violen-cia pueden caracterizarse en cua-tro periodos:

Primer periodo, 1819-1920: Los cambios socioeconómicos que se produjeron después de la Colonia llevaron a la formación de un Es-tado colombiano donde los grupos de poder generaron varias formas de apropiación de los recursos naturales y de control de la pobla-ción. Fue un tiempo de larga du-ración, en el cual se conservaron las formas de apropiación de la tierra derivadas de la Colonia. Esta economía se basó en un régimen señorial hacendatario, en el que la extrema concentración de la tierra en manos de latifundistas se construyó de forma violenta, por la vía de los ciclos colonización-con-flicto-migración-colonización y se consolidó por medio de la guerra y de las llamadas “leyes del despojo”.

Segundo periodo, 1920-1965: Se caracterizó por la modernización capitalista donde las contradic-

ciones con el régimen señorial hacendatario se agudizaron y se hizo necesario transformar las re-laciones de propiedad para superar este régimen por medio de la “de-mocratización de la propiedad”. Se generó entonces una serie de refor-mas agrarias orientadas al fortale-cimiento de la naciente clase bur-guesa del país, la cual se forjó vía la concentración de la propiedad lati-fundista de la tierra en oposición a la clase trabajadora rural y de las mayorías campesinas desposeídas del país. La modernización capita-lista de este periodo se sustentó en la consolidación de la economía cafetera y la apertura al proceso de industrialización basada en la sus-titución de importaciones.

Esta nueva dinámica produjo for-mas de resistencia que van desde la colonización de tierras que am-plían la frontera agrícola hasta las

respuestas armadas y de autodefen-sa campesina. En estas tierras en disputa entre la reproducción del capital y la resistencia de las comu-nidades, destacó la lucha dada por el movimiento indígena campesi-no encabezado por Quintín Lame en el departamento del Cauca. Fueron numerosas las expresiones de oposición de los campesinos contra la reducción sistemática de sus espacios de vida, pero alcanza-ron muy contadas victorias; aun así, con el correr de los años ayu-daron a fortalecer una cultura de resistencia que habría de enfrentar nuevos embates, entre ellos la lu-cha contra el capital transnacional.

Tercer periodo, 1960-1980: Ocu-rrió un proceso de transición del régimen de acumulación produc-tiva hacia un régimen neoliberal de financiarización, debido esen-cialmente a la crisis del proceso de industrialización basado en la susti-tución de importaciones y a la pér-dida de influencia de la economía cafetera tras la crisis de la bonanza.

Para la salida a esta crisis, se pro-puso una nueva Reforma Agraria (Ley 135 de 1961), con la cual se cerró cualquier posibilidad de de-mocratización de la propiedad de la tierra por la vía institucional, manteniendo así el poder latifun-dista ganadero y agroindustrial. Ahora sí se abandonó toda mira-da al sector rural, agudizando las formas de represión y violencia contra los movimientos sociales, obreros y campesinos.

De acuerdo con Darío Fajardo, en su artículo “Estudio sobre los orígenes del conflicto social ar-mado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana” (publicado en 2015 en el libro Contribución al entendimiento del conflicto ar-mado en Colombia, Bogotá, Co-lombia: Sin editorial), en 1961, “como resultado de la aplicación de la guerra contrainsurgente, las regiones en donde habían surgido organizaciones campesinas fueron arrasadas y el campesinado some-

tido a muy difíciles condiciones de existencia […] círculos político-militares norteamericanos diseña-ron la iniciativa contrainsurgente de carácter “preventivo”, para aplicarla contra las comunida-des campesinas refugiadas en las montañas, las llamadas ‘repúblicas independientes’”. Esta iniciativa sería “el acompañante militar de la ley de reforma agraria”.

El mismo autor señala que “en prosecución de este propósito, el desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional contemplaba la articulación y movilización de todo el ‘poder nacional’, incluyen-do las formas institucionales: en primer lugar las fuerzas armadas, las demás entidades del Estado, las organizaciones de la sociedad (gre-mios, medios de comunicación, iglesias), y ‘no institucionales’, representados en particular por los grupos paramilitares”. Ello sin embargo tuvo como respuesta el surgimiento de distintas expresio-nes de insurgencia armada, en par-ticular las Fuerzas Armadas Revo-lucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Li-beración (EPL), señala.

La política de asistencia militar de Estados Unidos se implemen-tó vía el “Plan Colombia”, con el justificante de luchar contra el narcotráfico. Tal Plan le asignó al país el carácter de laboratorio de la “guerra contrainsurgente”, pro-fundizando la concentración de la tierra y el poder político en muy pocas manos; la pobreza extrema especialmente en el campo, el desplazamiento masivo, las desa-pariciones forzadas, los asesinatos selectivos y la criminalización de la protesta social.

Todo el despliegue institucional, político y militar tenía el fin de resguardar los intereses del capital, que giraban hacia la industria de la construcción, especialmente de la vivienda, dando impulso a la acu-mulación financiera y consolidán-dola en 1990 con la política IL

USTR

ACIÓ

N: D

iego

Pom

bo

VISITA DE ESTUDIANTES DEL DOCTORADO EN DESARROLLO RURAL DE LA UAM-XNelly Iveth Del Ángel Flores

En abril y mayo de 2015, un grupo de estudiantes y profe-sores de la séptima generación del Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en su nivel Doctorado, visitamos Colombia y

tuvimos la oportunidad de convivir con organizaciones de campesi-nos, indígenas, afrocolombianos y académicos de los departamen-tos de Bogotá y Boyacá en el centro y El Cauca en el suroccidente de aquella nación sudamericana, que pese a la distancia es tan cercana a México en muchos sentidos.

Sostuvimos diálogos con nuestros generosos anfitriones para conocer sus propuestas políticas y/o académicas, sus formas de organización, las demandas en torno al derecho a la tierra y el territorio. También nos ex-plicaron sus luchas por la soberanía alimentaria y la dignidad del trabajo campesino, así como la construcción de autonomías. Por nuestra parte,

identificamos los principales elementos de sus contextos de lucha, en muchos casos semejantes a los presentes en nuestro país y nos empa-pamos de sus experiencias y visiones; para fortalecer las reflexiones y prácticas en los escenarios y causas en las que cada uno de nosotros participa. Confirmamos la afinidad entre las realidades y problemáticas que viven nuestros pueblos, que intuimos se extienden a toda Latinoa-mérica y que, en no pocas ocasiones, tiene los mismos antagonistas: los grandes proyectos extractivistas, la aplicación de políticas neoliberales y globales asociadas a grupos de poder locales, la subalternización de los pueblos indígenas y afrocolombianos, entre otros aspectos. Empero, sin duda, nos regocijamos también al conocer la vitalidad y logros de los mo-vimientos, organizaciones, redes e instituciones educativas con quienes resultaría profundamente beneficioso intercambiar experiencias y de las cuales hay mucho que aprender. He En este número de La Jornada del Campo mostramos un poco de lo que está oportunidad nos brindó.

20 de febrero de 2016 5

CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR EN COLOMBIA: UN EJEMPLO DE UNIDAD EN LA LUCHA POR LA DIGNIDAD Y LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR RURALLuz Angélica Dueñas Checa Estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco

Porque quien sabe las problemáticas del campo es el movimiento agrario,

el movimiento indígena, el movimiento afro, el movimiento campesino, el movimiento popular,

quienes saben de los problemas de la soberanía alimentaria somos nosotros,

quienes tenemos propuestas para superar la crisis somos nosotros,

quienes nos hemos pensado, nos hemos organizado alrededor de buscar

soluciones para el campo somos nosotros, por lo tanto no solamente con nosotros debe contar

para diseñar una política que apoye todas las propuestas que desde el movimiento agrario se lideran,

no solamente para liderarla sino para ejecutarla, para hacerle seguimiento,

para que se empodere este movimiento agrario de los cambios

y las transformaciones en el país.Andrés Gil, vocero de la MIA en Rueda

de prensa Cumbre Agraria.

La agudización de la política neolibe-ral en Colombia ha fortalecido los procesos de resistencia social, espe-cialmente los movimientos del sec-

tor rural que desde siempre han marcado un punto de inflexión en la historia de las luchas sociales de nuestro país.

La implementación del modelo neoliberal inicia en 1990 con la apertura económica promovida por César Gaviria, pasa por el de-sarrollo del Plan Colombia y culmina en esta etapa con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2012 durante el gobierno de Juan Manuel Santos; este pano-rama ha profundizado las problemáticas agra-rias y sociales históricas y ha sumido al sector rural en condiciones de extrema pobreza.

Sin embargo, a la vez que estos procesos gene-ran explotación, dominación y exclusión, tam-bién se constituyen en dinamizadores del mo-vimiento social, que no sólo está resistiendo, sino además está generando alternativas para la construcción de un nuevo país, de un país en paz y con justicia social y que en las voces del propio movimiento ha sido denominado “Sembrando esperanza, cosechando país”.

Este movimiento de resistencia, que a todas luces se ha constituido en contrahegemóni-co, ha puesto en jaque los intereses del ca-pital. Sus integrantes han logrado por medio de las dos grandes movilizaciones ocurridas en 2013 y 2014, ser reconocidos como suje-tos sociales y políticos capaces de pensar, discutir, plantear y ejecutar las condiciones de vida para sus comunidades, lo cual se verá reflejado en la Reforma Rural Integral como parte de los acuerdos logrados durante esta movilización que ha sido llamada por algu-nas organizaciones “dignidad campesina” y por otras “la revolución de las ruanas”.

“Dignidad campesina” o “la revolución de las ruanas” inicia con la inconformidad de diferentes organizaciones, y destacan por su activa participación de la Asociación Nacio-nal de Zonas de Reserva Campesina, la Orga-nización Nacional Indígena de Colombia, el Coordinador Nacional Agrario y la Mesa de Interlocución y Acuerdo, y concluye con la ar-ticulación de campesinos, afrodescendientes, indígenas y sectores populares en la denomi-nada Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y

Popular, que se constituye en la máxima ex-presión de unidad por la transformación del sector rural en Colombia y que cuenta con una plataforma de lucha para negociar di-rectamente con el gobierno de Juan Manuel Santos una verdadera Reforma Rural Integral.

En febrero de 2016 está convocada la Cum-bre Agraria para continuar con la discusión de lo que debe ser materializado en la Refor-ma Rural Integral. Estos son algunos de los elementos que promueve la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular:

• Las comunidades definirán los usos del territorio y las maneras de habitarlo de acuerdo con una política diferencial que incluya las distinciones étnicas, regionales y productivas. El ordenamiento territorial exigido tendrá como base la definición y el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y defensa del territorio, incluyendo: seguridad jurídica para las figuras colectivas de gobierno propio como Zonas de Reserva Campesina (ZRC), resguardos indígenas y territorios colectivos afrocolombianos, y re-conocimiento de los derechos de indígenas, comunidades afro y campesinas al territorio.

• Política de reforma agraria integral que re-distribuya y democratice la propiedad de la tierra con enfoque territorial.

• Que se detengan todos los planes y proyec-tos que amenazan el goce de la tierra para las comunidades campesinas, indígenas y afro, entre ellas el derecho de superficie y los mercados de carbono en favor de em-presarios nacionales o extranjeros. Consi-deramos que esas medidas son otra forma de despojo contra los pueblos.

• Manejo público y comunitario del agua y el desmonte de los megaproyectos que amenazan las fuentes hídricas.

• En las ciudades se deben realizar pactos con las áreas rurales y municipios que las abastecen de alimentos, que prioricen la ar-ticulación de las zonas agroalimentarias, las

de reserva campesina, los territorios afroco-lombianos, los resguardos indígenas y terri-torios ancestrales, para acciones tales como preparación y venta de despensas alimenta-rias y apoyo a las economías campesinas.

• Garantías de retorno al campo de las perso-nas que viven en las ciudades a causa de los desplazamientos y garantías para quienes decidan no retornar al campo. Exigimos al Estado el reconocimiento de las proble-máticas urbanas que surgen de modelos de despojo del sector rural.

• Reformulación del modelo de redistri-bución de las rentas petroleras y minero-energéticas, con el fin de invertir en el desarrollo rural.

• Transformación del modelo productivo del país, apuntando a una política económica planificada y agroecológica que regule el mercado.

• Fortalecimiento de la economía campesi-na, indígena y afrocolombiana.

• Desmonte de todos los tratados de libre co-mercio y freno a la aprobación de nuevas normas, tratados y acuerdos internacionales de cooperación que vulneren la producción agropecuaria nacional.

Todos estos puntos son extractos de algunos de los mandatos que resultaron de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular 2013-2014 y que se constituyen en la plataforma de lucha para la negociación con el gobierno para la Reforma Rural Integral.

Esta plataforma de lucha demuestra la claridad política del movimiento rural aho-ra fortalecido por la unidad de los pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes y algunos sectores populares que tienen un objetivo común: la consecución de la paz con justicia social y la defensa de un modelo de economía propia que permita la construc-ción de otro mundo, de otras formas de habi-tar la tierra y nuestros territorios.

neoliberal de apertura econó-mica durante el gobierno de César Gaviria Trujillo.

En este periodo, se produjo la in-serción de la economía colombiana en la economía corporativa trasna-cional de las drogas de uso ilícito, primero con la mariguana y luego con la producción de cocaína en la década de los 80’s, situación que no sólo estimuló la especulación in-mobiliaria en las ciudades, sino que además provocó mayor concentra-ción de la tierra y ampliación de la frontera agrícola por los nuevos ciclos de colonización campesina, que encontraron en esta actividad una salida al empobrecimiento vio-lento al que se han visto sometidos los campesinos. A la sombra de esta economía trasnacional se propició una creciente militarización de la vida económica, política, social y cultural del país.

Cuarto periodo, 1990-2015. Fue-ron los años de consolidación del régimen neoliberal de financiari-zación, caracterizado por la con-formación de un nuevo bloque de poder que tiene actualmente la hegemonía del capital financiero producido por la creciente trasna-cionalización y desnacionalización del proceso económico. La acumu-lación por despojo es característica de este bloque de poder, igual que en todo el proceso histórico.

El proceso de neoliberalización, amparado en el proyecto político-económico de la llamada “Revolu-ción Pacífica” no sólo ha agudizado el conflicto social y armado, sino que además le da continuidad y persistencia, pues logra establecer nexos entre las dinámicas de expro-piación-apropiación territorial, la economía de la guerra y los procesos de acumulación, y entre el régimen de luchas y la destrucción de los pro-cesos organizativos populares.

*Extracto editado del proyecto de tesis de la autora para alcanzar el título de doctora en desarrollo rural, por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xocimilico (UAM-X). “Zonas de Reserva Campesina en Colombia: Una experiencia alternativa al desarrollo rural”.

FOTO

: Man

uel E

spin

osa

Anto

nio

Espi

nosa

Sán

chez


TENENCIA DE LA TIERRA, VIOLENCIA Y MEGAPROYECTOS EN COLOMBIA: ALGUNAS REFLEXIONES PARA MÉXICOAlfredo Méndez Bahena

El sistema capitalista ope-ra sólo en la medida en que pueda elevar de for-ma permanente la tasa

de ganancia, premisa que ha lleva-do a numerosos y salvajes procesos de despojo y destrucción ambien-tal y cultural en todo el mundo a lo largo de los siglos recientes. La escala e intensidad de estos pro-cesos destructivos se reflejan en profundas transformaciones a ni-vel planetario, dando lugar a la en-crucijada que diversos autores han llamado crisis civilizatoria, pues pone en entredicho la viabilidad de la existencia de la humanidad en el largo plazo.

Por más que se hable de la tercia-rización de las economías, en la actualidad en toda Latinoamérica siguen operando diversos procesos de acumulación de capital basados en el usufructo directo de la tierra, por lo que los mecanismos para permitir el acceso de los capitales a los territorios constituyen un punto nodal en la política de los gobiernos “nacionales” en todo el Continente.

Estos mecanismos van desde la modificación a los marcos jurídicos nacionales para legalizar el despo-jo, hasta la creación de escenarios de guerra para desplazar población y restringir las garantías individua-les y colectivas, pasando por su-puesto por la criminalización de la lucha social que busca defender a la población y a sus territorios.

Tenencia de la tierra y violen-cia. Estos procesos ocurren tanto en México como en Colombia, aunque con las especificidades de cada caso.

Esta contribución pretende ha-cer un breve análisis de lo que ha ocurrido al respecto en aquel país en las décadas recientes, para tratar de extraer algunos apren-dizajes para la actual coyuntura mexicana. Una de las principales diferencias radica en la tenencia de la tierra: en México 52 por ciento de la superficie nacional se encuentra bajo propiedad so-cial, mientras que en Colombia, según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el De-sarrollo (PNUD) de 2011, 52 por ciento de la tierra está en manos del 1.15 por ciento del total de la población; menos de mil familias acaparan 70 por ciento de las me-jores tierras, mientras que 1.5 mi-llones de hogares campesinos no tienen dónde cultivar para comer. Estas cifras evidencian el fracaso de los diversos intentos de reforma agraria promovidos a lo largo de 40 años, que no han logrado una

transformación significativa en la estructura de la propiedad.

Por el contrario, como lo expre-sa Isaac Marín, del Congreso de los Pueblos, el clima de violencia imperante ha provocado desde la década de los 90’s la expulsión de ocho millones de personas del campo, es decir, un auténti-co vaciamiento del medio rural colombiano. Paralelo a ello se ha producido una compra masiva de tierras de parte de los narcotrafi-cantes y la expropiación por par-te de grupos armados ilegales, lo que condujo en los hechos a una “contrarreforma agraria armada”, incrementando en gran medida la concentración de la tierra.

Según la Comisión de Seguimien-to a las Políticas Públicas sobre Desaparición Forzada, entre 1980 y 2010, 6.6 millones de hectáreas de tierras fueron abandonadas o usurpadas; otras fuentes conside-ran que la cifra podría llegar a los diez millones de hectáreas. Estas tierras, despojadas a sangre y fue-go, se encuentran actualmente en manos de los grupos paramilita-res y narcotraficantes, utilizadas principalmente para el cultivo de palma aceitera o bien para la ex-tracción minera.

Uno de los más graves desplaza-mientos masivos tuvo lugar en la parte norte del Chocó, entre 1996 y 1997, cuando 20 mil personas fueron brutalmente despojadas de sus territorios, en la llamada Operación Génesis. “Nosotros nos dimos cuenta”, relatan personas de las comunidades que fueron bombardeadas y cazadas como animales en medio del bosque, “que nuestro desplazamiento no era por ninguna guerrilla, sino por intereses económicos”.

Las compras de tierras con capita-les ilícitos y los desalojos forzados permitieron constituir neolatifun-dios a costa de la pequeña y media-na propiedad, que se destinaron a la especulación, o para ejercer do-minio armado sobre un territorio por razones políticas, estratégicas o militares. Este fenómeno provocó una grave distorsión institucional sobre los derechos de propiedad, y en particular un proceso de involu-ción en los derechos de propiedad territorial y sus usos, al establecerse territorios de dominio al estilo feu-dal (ejércitos privados o por fuera del control del Estado que utilizan la fuerza para controlar un territo-rio), en una sociedad y ambiente capitalistas que se enmarcan en un proceso de globalización de mer-cados de materias primas.

Este control territorial es el res-ponsable del desplazamiento for-zado de los habitantes rurales y del despojo de sus pertenencias, incluyendo la tierra. Este fenóme-no acentuó la pobreza, contribuyó al crecimiento de las economías informales y generó inseguridad alimentaria a escala familiar, afec-tando también la formación y el desarrollo del capital social, des-estructurando relaciones sociales tejidas históricamente y agudizan-do los factores de concentración y desigualdad en el campo.

Durante décadas, los campesinos se han visto en medio del fuego cruzado entre el narcotráfico, la insurgencia armada, la delincuen-cia común y grupos paramilitares conformados entre ganaderos, co-merciantes, ex militares y militares activos, que se armaron para defen-der sus intereses económicos y des-plazar a los campesinos para apro-piarse de sus tierras. La emigración forzada de campesinos pobres y sin tierra a los centros urbanos exacer-bó la histórica situación de pobre-za del pueblo colombiano. Casi la mitad de la población colombiana vive en la pobreza (42.8 por ciento) y más del 22.9 por ciento en pobre-za extrema. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, llega al 0.85 en una escala de 0 a 1. En 2008 Colombia fue el sexto país más desigual del mundo.

Teófilo Acuña, quien es parte del Congreso de los Pueblos, afirma que el conflicto social en Colom-bia es por la tierra, pues el gobierno promueve abiertamente el despojo a los campesinos a partir de tres pro-yectos, la minería, la agroindustria (principalmente palma africana) y la construcción de la infraestructu-ra que requieren los dos anteriores. En el mismo sentido, Darío Fajar-do, investigador de la Universidad Externado, afirma que el desplaza-miento forzado y la usurpación de tierras fueron instrumentos para operar el tratado de libre comercio firmado en 2005, pues se buscó garantizar una inmensa mano de obra desplazada, desorganizada y aterrorizada, al tiempo que se generaban territorios francos para instalar proyectos extractivistas de muy alto impacto ambiental.

Los desiertos de palma africana. El cultivo de la palma africana se inició en Colombia 60 años atrás, pero se ha consolidado a partir de los años 80’s. Para 2001 se estima que había 170 mil hectáreas de palma aceitera en Colombia y el entonces presidente Álvaro Uribe proclamaba que “el país debe te-ner 600 mil hectáreas de palma

africana”, dejando clara la impor-tancia que se le asignaba a esta ac-tividad en los planes de gobierno. Fue así como durante años el go-bierno colombiano promovió fuer-temente su cultivo, estableciendo incentivos financieros y hacenda-rios, dando facilidades para la en-trada de empresas trasnacionales y dejando inermes a millones de campesinos que fueron desaloja-dos con el uso de las armas para arrebatarles sus tierras.

En el contexto de un muy largo y complejo proceso de pacificación, el gobierno concedió un papel central al cultivo de la palma afri-cana como parte de su estrategia. Bajo el argumento de su alta renta-bilidad y su demanda en los mer-cados internacionales, se manejó que era el producto ideal para pro-mover la conversión de los cultivos ilícitos hacia una economía formal pero que mantuviera altos márge-nes de ganancia. Fue así como se gestionaron cuantiosos fondos in-ternacionales para promover este cultivo, y como, según cuenta Ja-vier Orozco, coordinador del Pro-grama de Atención a Víctimas de Violaciones de Derechos Huma-nos en Colombia del Gobierno de Asturias, la Unión Europea termi-nó financiando por medio de los Fondos de Cooperación al Desa-rrollo proyectos para la siembra de palma que “finalmente benefician a los paramilitares”.

Fue con financiamientos como el mencionado, supuestamente para apoyar el proceso de paz, que la palma aceitera se convirtió en la mayor causa de cambio en el uso del suelo, avanzando a costa de enormes extensiones de selvas tro-picales y zonas campesinas de pro-ducción de alimentos. Según los datos de la Federación de Produc-tores de Palma, para esta década, Colombia se convirtió en el cuar-to productor mundial de aceite de palma y participa con 1.4 por ciento del volumen global. Esta actividad es responsable de seis por ciento del

PIB en el sector agropecuario, con una superficie cultivada de 500 mil hectáreas que producen más de un millón de toneladas de aceite crudo. En la provincia de Bolívar, existen zonas donde la palma acei-tera ocupa hasta el 80 por ciento de la tierra cultivable, desplazando de forma dramática los diversos culti-vos destinados a la alimentación.

El propio Instituto Colombiano de Desarrollo Rural reconoció en un informe gubernamental, resultado de una comisión de verificación en octubre de 2004, que “el 95 por ciento de la palma se encuen-tra sembrada de manera ilegal” y requirió “detener de inmediato el avance de las siembras”.

El rostro oculto de los biocom-bustibles. El auge en la produc-ción de biocombustibles fue mo-tivado por la ventaja comparativa que representa para los países con-sumidores de energía a gran escala, pues el cambio de un combustible a otro (de petróleo a biocombusti-bles) no exigía grandes inversiones, pero aparentemente genera gran-des beneficios ambientales para la humanidad. El mayor consumo energético de petróleo en el mun-do y a la vez el más contaminante es destinado al transporte (carros, aviones, barcos), por lo que la sus-titución por los biocombustibles se promovió, sobre todo en los países “desarrollados”, como la panacea a los problemas del calentamiento global. Los biocombustibles se pre-sentan no sólo como una fuente energética renovable y por tanto no perecedera, sino que además se argumenta que emiten menos ga-ses de efecto invernadero.

Si bien la renovabilidad es cierta, lo que se omite decir es que su pro-ducción está generando un proble-ma de competencia en el uso de la tierra entre la producción de ali-mentos y la producción de materias primas para combustibles. Tam-bién que el agronegocio necesitaría grandes extensiones de tierra


que se consiguen a costa de comunidades indígenas y campesi-nas y de la rica biodiversidad de los países tropicales, para extender la frontera agrícola en función de mo-nocultivos como el de la palma afri-cana. Algunas organizaciones am-bientalistas ya han destacado que para sustituir totalmente la deman-da actual de petróleo en el mundo por biocombustibles se necesitaría sembrar el equivalente a tres plane-tas Tierra con oleaginosas.

Su contribución a frenar el calen-tamiento global va a depender de la materia prima usada para ob-tener los biocombustibles. En el caso concreto de la palma africa-na, algunos especialistas señalan que el biodiesel obtenido resulta ser un contribuyente neto al calen-tamiento global del planeta, pues la destrucción de selvas tropicales para su implementación, y el he-cho de tener que drenar las fuentes de agua que se encuentran en el terreno donde el mismo se va a lle-var a cabo, provocan la liberación a la atmósfera de todo el dióxido de carbono que antes retenían las selvas tropicales que este cultivo viene a sustituir. Por otro lado, la oxidación de la tierra al ser dese-cada genera aún más cantidad de dióxido de carbono que va a la at-mósfera. Decir que el biodiesel de palma africana genera menos dió-xido de carbono que el diesel fósil es una gran mentira.

Finalmente, es necesario decir también que el cultivo de palma aceitera utiliza fertilizantes (que se hacen con derivados del pe-tróleo), además de que el proceso industrial para generar aceite y posteriormente biodiesel requiere de combustibles fósiles. Con este proceso agroindustrial se pro-fundiza la tendencia capitalista a abandonar una agricultura basada en el flujo de energía renovable (solar y humana) y pasar a una ac-tividad muy demandante en com-bustibles fósiles y recursos no re-novables. Todo esto parece indicar

que el balance energético no es favorable, ya que por cada unidad de energía gastada en combustible fósil, el retorno en biocombustible es menor a esa cantidad, lo que en términos más palpables lleva a de-cir que es más lo que se invierte en energía fósil para producir bio-combustibles que la energía que éstos generan.

Si efectivamente esta agroindustria no es rentable en términos energé-ticos ni ambientales, la pregunta es ¿por qué se sigue promoviendo de forma tan vigorosa? Porque el conjunto de subsidios financieros e incentivos hacendarios, aunados a los bajísimos costos de mano de obra que se pagan en el proceso, la hacen rentable en términos econó-micos. Es un cultivo que sirve a los intereses de las elites locales y de las empresas trasnacionales con las que se alían para la obtención de beneficios mutuos. Sobre todo estas últimas resultan muy beneficiadas al controlar la mayor parte de la producción, industrialización y co-mercialización en todos los niveles.

Las consecuencias. Como afir-ma la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), estas plantaciones son “un triste ejemplo del coctel de latifundis-mo con aspiraciones de eficiencia o modernidad que al pretender ser productivo no renuncia, sino al contrario se reafirma en su origen excluyente y monopolista del uso de la tierra”.

Los daños ocasionados por este modelo de agronegocio son pro-fundos y diversos, pero de una u otra forma repercuten siempre en la población más pobre. Desde la perspectiva ambiental, lo primero que se debe tener claro es que las plantaciones no son bosques, sino monocultivos que sustituyen los ecosistemas naturales. Cuando esto ocurre en contextos de muy alta biodiversidad, las repercusio-nes son incalculables, se altera la abundancia y composición de especies de fauna y flora acele-rando los procesos de extinción, disminuye la producción de agua y se modifica la estructura y com-posición de los suelos al igual que el clima local.

Desde una perspectiva social, con la implementación de estos mono-cultivos se pierde la base del sus-tento para la población nativa, ya sea por la pérdida de las especies silvestres que se cazaban o reco-lectaban, o bien por la sustitución de la agricultura orientada a la producción de alimentos; como ya se ha dicho, la expansión de la pal-ma africana ha producido el des-plazamiento de las comunidades negras, indígenas y campesinas, con repercusiones de pérdida de conocimientos locales. Por si fue-ra poco, es bien sabido que estos procesos de despojo han ocurrido con un alto costo de represión e, incluso, de vidas humanas.

En resumen, la vertiginosa expan-sión de la palma africana ha signi-ficado una profunda destrucción de hábitats, el resquebrajamiento del tejido social y el colapso de las economías locales. Una de las ex-presiones más agudas de este fenó-meno es que en la actualidad Co-lombia importa el 62 por ciento de los alimentos que consume, dato que, por sí mismo, muestra la vul-nerabilidad de la población frente a los vaivenes del mercado global.

La aguda problemática agraria, de pobreza y de desigualdad social subsiste y se agudiza por la falta de decisión política para reformar la estructura agraria nacional, en función de objetivos de desarrollo y equidad de largo plazo. Se ha prefe-rido mantener los privilegios de una oligarquía político-económica, sea de uno u otro partido, que históri-camente ha expoliando los recursos de la nación, primero para su exclu-sivo beneficio y, ahora, en contuber-nio con empresas trasnacionales.

La respuesta social. En medio de un clima aparentemente de-solador marcado por la violencia, la represión y el despojo, diversos sectores de la sociedad colombia-na se organizan para hacer frente común y reivindicar sus derechos. La Minga Indígena, Social y Co-munitaria, realizada en 2008, fue un espacio fundamental para confluir e iniciar los procesos de diálogo entre organizaciones, que desembocó en octubre de 2010 en la conformación del Congreso de los Pueblos, un espacio simbóli-co de construcción de propuestas para el buen vivir, en el que existe representación de organizaciones de todo el país.

Por medio de grandes eventos de consulta y participación, el Con-greso de los Pueblos genera “man-datos populares”, que son grandes consensos hacia la construcción de un nuevo país; en primera ins-tancia estos mandatos son instru-mentos de autogobierno, es decir, que se ponen en práctica como la forma de hacer política dentro de los territorios colectivos; esto no significa quedarse en una visión local, pues se siguen tejiendo las alianzas con otros sectores sociales que permitan cambiar la correla-ción de fuerzas en la ruta de una transformación radical del país.

Pero el proceso de organización no se ha quedado ahí. Mediante un gran esfuerzo de concertación, una diversidad de organizaciones indígenas, campesinas, barriales, sociales y políticas, lograron dejar de lado sus diferencias y confluir en un frente común, al que lla-maron la Cumbre Agraria, Cam-pesina, Étnica y Popular. Esta enorme coalición social logró con-vocar al Paro Nacional Agrario en 2013, con el que durante un mes bloquearon casi todas las vías de comunicación del país y pararon labores en diversos sectores, obli-

gando al gobierno de Juan Manuel Santos a abrir la discusión sobre los planes nacionales en materia agraria y de desarrollo rural, en lo que se llamó la Mesa de Interlocu-ción Agraria (MIA).

El conjunto de organizaciones sociales agrupadas en torno a la Cumbre han consensuado como parte central de su agenda que, frente al modelo extractivista de-predador que impera, se vuelve impostergable: a) Desarrollar la economía propia frente a la eco-nomía del despojo, incluyendo una moratoria minera, y a la agro-industria de la palma aceitera; b) Reivindicar el derecho a la con-sulta para ejercer una verdadera democracia; c) Reivindicar los derechos ciudadanos y exigir la libertad de todos los presos políti-cos por la defensa del territorio, y d) Impulsar un amplio reordena-miento territorial, para restituir las tierras despojadas, pero también para promover una integración productiva entre el campo y la ciudad. Para ello plantean el con-cepto de territorios interculturales como una figura que aglutine tres formas de tenencia colectiva de la tierra: las zonas de reserva cam-pesina, los resguardos indígenas y los territorios colectivos de los pueblos afrocolombianos, para es-tablecerlos como territorios agroa-limentarios cuya encomienda sea repoblar el campo como territorios de vida, para restablecer el tejido social y la economía campesina mediante cultivos lícitos y garanti-zar la soberanía alimentaria.

Algunas reflexiones para México. La experiencia colombiana puede tener diversos y profundos apren-dizajes para México si sabemos leer adecuadamente la coyuntura. En primer lugar se debe entender el crecimiento de la violencia en diversas regiones no como un fe-nómeno aislado, sino en el marco de las riquezas naturales existentes en dichos territorios y de la exis-tencia de capitales con interés por apropiarse de dichas riquezas. Por-que, como dicen los compañeros colombianos: no hay desplazados porque haya violencia, sino que hay violencia para que haya des-plazados. En México, algunas de las zonas con mayor violencia y ausencia del Estado coinciden con concesiones mineras y pro-yectos hidroeléctricos, carreteros, aeroportuarios o de monocultivo de palma africana.

Es muy sintomático que en Méxi-co, la mayor expansión de mono-cultivos de palma de aceite sea en Chiapas, avanzando a costa de las magníficas selvas tropicales de la región lacandona, que todos los estudios reportan como un patri-monio mundial de biodiversidad, y bajo el auspicio de un supuesto gobernador ecologista. Ojalá la Comisión Nacional para el Cono-cimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) le remitiera su reporte

con las asombrosas cifras de biodi-versidad chiapaneca, recientemen-te publicado.

Para seguir con las coincidencias, tanto en México como en Co-lombia defender la madre tierra constituye una postura de muy alto riesgo; basta recordar los en-carcelamientos de Mario Luna por defender el agua y territorio de la tribu Yaqui en Sonora, y de Mar-co Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota en Guerrero, apresado por defender el patrimonio de sus comunidades y que luego de una año de injus-ta detención apenas fue liberado. También la detención de Eduardo Mosqueda en Colima por tratar de hacer valer un amparo federal contra la operación de una pro-yecto minero; en su momento, la detención de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera de la Organiza-ción Campesina de la Sierra del Sur en Guerrero, por defender los bosques, en una violación tan flagrante al estado de derecho que mereció la intervención de la Co-misión Interamericana de Dere-chos Humanos y que en la cárcel recibieron el premio internacional Goldman por su trabajo en favor del ambiente; la desaparición de Eva Alarcón y su esposo en 2012, miembros de la misma organiza-ción y destacados defensores de los bosques. Desgraciadamente los casos son numerosos y la intención de nombrarlos es tenerlos siempre presentes, pero también buscando generar la conciencia de que su lu-cha debe ser nuestra también, pues no han defendido otra cosa que no sea el interés común, el patri-monio de los mexicanos que está siendo saqueado ante nuestros ojos y con nuestro silencio cómplice.

Cierro con una breve reflexión sobre la necesidad de salir todos a defender lo que es nuestro, en un momento en que el ejercicio del poder ha adquirido tal nivel de cinismo y corrupción, de servilis-mo frente al capital privado y de desmantelamiento de la infraes-tructura social y ecológica de la que depende nuestro bienestar; cuando se compromete nuestro presente por medio de la pobreza y la violencia y se hipoteca nues-tro futuro al regalar el patrimonio nacional, me parece indispensable modificar nuestra actitud frente a lo público. Me pregunto si, como hicieron en Colombia por medio de la Cumbre Agraria, Campesi-na, Étnica y Popular, en México seremos capaces de anteponer el interés colectivo para defender nuestro país de esta rapiña que nos agrede a todos, dejando de lado nuestras pequeñas o grandes diferencias, sean de militancia, de religión o de clase, para confluir en un gran movimiento nacional que permita refundar nuestra na-ción. Colombia nos enseña una gran lección, ¿seremos capaces de aprender de ella?


LA OCDE RECOMIENDA MEDIDAS AL ESTADO PARA EXPLOTAR MÁS A SU PUEBLOJuan Carlos Jaime Fajardo Sociólogo y especialista en políticas públicas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en pedagogía de la Unad, maestro en estudios sociales, doctorante en educación y profesor ocasional, UPN-Colombia, docente del distrito de Bogotá e integrante del equipo Revista Viento del Sur–MODEP [email protected]

El documento “Estudios económicos de la Or-ganización para la Coo-peración y el Desarrollo

Económicos (OCDE) sobre Co-lombia” (2015) recomienda cobrar más impuestos a los colombianos para sanear las finanzas del Estado; realizar reformas laborales, pensio-nales, tributarias y jurídicas para garantizar la inversión extranjera, y formar la mano de obra competen-te para el incremento de la produc-tividad de dicha inversión.

El diagnóstico económico de tal documento considera tres grandes rubros: dificultades para la sosteni-bilidad fiscal del Estado, pocas ga-rantías para la inversión extranjera y baja productividad. Con base en ello, el presente artículo abordará cuatro apartados: 1. tendencia a profundizar en el pueblo la res-ponsabilidad fiscal del Estado; 2. generar garantías para la inversión extranjera en sectores no estracti-vistas; 3. el incremento de la plus-valía por medio de la formación en competencias, y 4. Los impactos sociales de las recomendaciones de la OCDE.

La crisis fiscal del Estado se sigue descargando en el pueblo. Sien-do coherente con los Estados bur-gueses, hoy considerados efectivos, la OCDE realiza un diagnóstico macroeconómico sobre el Estado colombiano, e identifica los prin-cipales factores que afectan su sostenibilidad fiscal en medio de sus responsabilidades crediticias y la pérdida de ingresos por las fluc-tuaciones económicas, propias de una economía extractivista y con incremento sostenido de la inver-sión extranjera, papel que el impe-rialismo asignó a Colombia como nación oprimida y que la hace vul-nerable a los vaivenes de la econo-mía internacional. Por ejemplo, con la revaluación del dólar en promedio en mil pesos en el año reciente, la deuda externa se incre-mentó en una tercera parte.

Por otra parte, la OCDE considera que la disminución de los precios del petróleo afecta la inversión ex-tranjera en este sector y la balanza de pagos y reduciría los ingresos del gobierno, lo que unido a la alta vulnerabilidad ante posibles fluctuaciones a corto plazo del apetito global por el riesgo y el agotamiento de materias primas, llevan a que el Estado requiera ajustes económicos.

Tales ajustes están en función de facilitar la inversión extranjera, garantizar el pago de la deuda y recargar aún más en el pueblo el funcionamiento fiscal del Estado.

Si bien son ciertas la baja del pre-cio del petróleo y la vulnerabilidad ante las fluctuaciones cambiarias internacionales, surge la pregunta: ¿por qué la economía colombia-na depende de la extracción de petróleo y de las fluctuaciones in-ternacionales? Puede responderse que una economía sometida a los intereses de las multinacionales y no a los nacionales es vulnerable, pues los inversionistas extranjeros con sus multinacionales después de destruir nuestra economía, pueden llevarse sus inversiones dejando al país desmantelado y en crisis económica, social y ambien-tal por la dependencia y el saqueo ocasionados.

Las dificultades financieras del Estado colombiano preocupan a la banca internacional pues la deuda externa representa 24 por ciento del producto interno bruto (PIB), sobre todo debido a que se ha venido presentando un agota-miento de fuentes de ingreso del Estado, lo cual afecta su capacidad de endeudamiento internacional y las respectivas responsabilidades adquiridas, situación que se agrava por la devaluación del peso frente al dólar.

La carga tributaria a sectores so-ciales medios y bajos se presen-ta como una de las opciones de compensación. Para tal fin se propone: incrementar el impuesto al valor agregado (IVA) a sectores como construcción, electricidad, transporte, servicios financieros y otros servicios. Según la OCDE, la exención del IVA a estos secto-res representa una pérdida de in-gresos estimada en 2.4 por ciento del PIB. En esa misma tónica, se prevé un incremento en el im-puesto predial, ya que éste queda como base para las transferencias a entidades territoriales, lo que implicará mayor impuesto a los pequeños propietarios del campo

y la ciudad; proponen aumentar el impuesto a la renta, incluidos los salarios de profesionales, y eli-minar las trabas tributarias a la in-versión extranjera, facilitándole el camino a los grandes empresarios. Esto se conoce como una reforma tributaria regresiva, porque no se enfoca en gravar el patrimonio, sino el consumo.

Se profundiza Colombia como plataforma de la inversión extran-jera en sectores no extractivistas. Debido al llamado agotamiento de las materias primas, se recomienda dar un giro económico para forta-lecer ciertos sectores económicos, principalmente terciarios, como venta de servicios. Sin embargo, la OCDE argumenta que la inver-sión extranjera ha sido baja por la carga impositiva que enfrenta, y propone a cambio la implemen-tación de un régimen de IVA ba-sado en el consumo. Con esto se favorecería el ingreso de más ca-pitales al país, pero centrando en sectores económicos basados en la innovación.

De igual manera, para favorecer la inversión extranjera, la OCDE

opina que el salario mínimo es alto, resultado de incrementos superiores a la inflación, lo que unido a los costos laborales no salariales, hace que se empañe la atracción de dicha inversión. Tal afirmación está muy lejos de la realidad. Al respecto vale aclarar que en Colombia, en palabras de Marx (1865), a lo sumo los incre-mentos salariales se han dado des-de lo nominal, es decir no alcan-zan a compensar los costos reales de vida y menos aún permiten que el salario alcance el nivel de plus-valía extraída a los trabajadores.

Es decir, las cifras del Departa-mento Administrativo Nacional

de Estadística (DANE), sobre la inflación, que son la base para el incremento salarial son menores al costo de vida real. Se da tan sólo un aumento nominal cada año en el salario. Cuando los trabajadores exigen procesos de nivelación sa-larial, buscan recuperar el poder adquisitivo acorde con los costos de vida reales, esto es lo que Marx llama un salario real. Un salario relativo tiene estrecha relación con el nivel de plusvalía extraído a los trabajadores, exigiendo por ende un salario relativo a dicha explotación, lo que se concreta en repartir las ganancias obtenidas del proceso productivo.

Sin embargo, para dar cumpli-miento a las necesidades de la inversión extranjera, la OCDE propone establecer el salario míni-mo por edades, incrementando la explotación a la juventud y de las mujeres, pues sería a quienes me-nos les pagarían, y acabar con las cajas de compensación familiar, eliminando subsidios familiares y de vivienda.

Asimismo, se propone una reforma laboral que implica que las horas

de trabajo se contraten de manera flexible de acuerdo con las nece-sidades de producción, por ejem-plo, permitiéndoles que calculen el promedio de la jornada laboral con arreglo a un periodo de tiem-po superior al de una semana. Esto implicará distorsiones en los hora-rios de trabajo, afectando aún más la vida familiar y dificultando la posibilidad de estudio.

Otra propuesta es ampliar la base tributaria para descargar la in-versión extranjera de tributos; se plantea, por ejemplo, reducir los impuestos a transacciones finan-cieras. “Una reforma de estas ca-racterísticas atraería inversión ex-tranjera y nacional a otros sectores distintos al petróleo y la minería”, dice la OCDE.

Por ende, se espera una serie de reformas jurídicas, tributarias y legislativas para facilitar el ingreso de más capitales extranjeros, o sea de multinacionales en el país, sólo que direccionadas principalmente al tercer sector de la economía y a costa de condiciones laborales precarizadas.

Incremento de la plusvalía re-lativa y el valor agregado a las mercancías por medio de habi-lidades y competencias. Para tal propósito, la OCDE afirma: “La productividad sigue siendo baja, lo cual refleja la debilidad de las con-diciones marco existentes, como la informalidad, la baja calidad educativa, el déficit de habilidades y competencias”, entre otras, situa-ción que consideran un problema, tanto para la inversión extranjera como para garantizar las finanzas del Estado. Al respecto la OCDE en el mismo documento afirma: “La productividad aumentaría si se redujera la informalidad a través de la formación y dotación de me-jores habilidades y competencias”. En la misma dirección, la Funda-ción Compartir (2013) y las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2015) “Todos por un mismo país”, consideran que el propósito de la educación es agregar valor a las mercancías. Esto quiere decir que además de la explotación por medio de la reforma en la jornada de trabajo, se pretende “dotar” de habilidades y destrezas a los trabaja-dores para aumentar la productivi-dad, tanto en los procesos industria-les como en la venta de servicios.

Esto en palabras de Marx sería aumento de la plusvalía relativa, debido al acrecentamiento de la producción en el mismo tiempo de trabajo, fruto de las habilidades del trabajador, constituyéndose en par-te de los medios de produc-

FOTO

S: A

genc

ia Pr

ensa

Rur

al

FOTO

: Age

ncia

Pren

sa R

ural


ción, pues tales habilidades del cerebro social son absorbidas por el capital fijo, en este caso de las multinacionales. Esta medida de la economía política se traduce en incremento en la acumulación capitalista, ya sea por trabajar en equipo (saber vivir juntos), por me-jores destrezas técnicas como bilin-güismo, manejo de tics, etcétera (el saber), por poseer habilidades pro-cedimentales que pueda aplicar en diferentes sectores de la economía (saber hacer), entre otras compe-tencias. La Fundación Compartir ya cuantificó el nivel de acumula-ción fruto de la reforma educativa; considera que en una década con una inversión de 14 billones se ob-tendrían 98 billones de ganancia.

Para esto la educación se conside-ra relevante, en donde la forma-ción en competencias laborales y ciudadanas es prioridad, para lo cual los maestros constituyen el pilar fundamental, pues, como afirman, de la calidad del docente depende la calidad de la educa-ción (Compartir, 2013). De ahí que un eje del PND sea la edu-cación. Por eso se promueve la articulación del bachillerato con lo técnico, se forma y evalúa por competencias y se habla de incre-mentar la cobertura en educación y construir nuevas aulas; ya Santos anunció 30 mil de éstas y se ajus-tarán los fines de la educación a lo que llaman pertinencia educativa a las necesidades empresariales. Un ejemplo al respecto es que en la rama de las telecomunicaciones no se apuesta por formar profesio-nales que desarrollen tecnologías para las necesidades del país, sino profesionales y técnicos que se limiten a manejar la trasferencia tecnológica del extranjero.

Al respecto, la OCDE diagnostica que “La educación terciaria en Colombia es del 45 por ciento, in-ferior al 70 por ciento de los países de la OCDE […] Las habilidades y competencias de la educación terciaria muchas veces no coinci-den con las necesidades del mer-cado laboral […] El 45 por ciento de las empresas perciben que no

hay personal calificado”, para su demanda laboral. Se prevé, en-tonces, ajustes a los programas educativos en correspondencia con el enfoque regional del PND, por ejemplo pertinencia a la in-novación, a la conectividad, a los macroproyectos agrícolas, etcéte-ra, proponiendo apuestas pedagó-gicas que reconozcan y se adapten al contexto, mas no tendencias pedagógicas para transformarlo. No en vano en el gobierno pasado de Santos se propuso que la piedra angular del Plan Nacional de De-sarrollo fuera la locomotora de la innovación y el emprendimiento, respondiendo a la necesidad de profundizar en sectores distintos a lo minero-energético; esto cobra mayor importancia en el actual periodo, por eso en el presupues-to del PND “Todos por un mismo país”, el componente de movili-dad social equivale a más del 40 por ciento, con el fin de formar la mano de obra en habilidades, destrezas y competencias para incrementar su productividad, re-quiriendo la formalización laboral precarizada de los llamados traba-jadores competentes. Al respecto una propuesta es constituir el Sis-tema Nacional de Formación de Capital Humano (SNFCH).

Impactos sociales de las reco-mendaciones de la OCDE. Lo anterior lleva a que se presenten una serie de contradicciones entre las políticas del Estado y el pueblo; por ejemplo, la reforma tributaria, con más impuestos a la población en general favoreciendo a las mul-tinacionales; reforma laboral, para bajar salarios y flexibilizar la jorna-da laboral; ajustes a la educación para que sea pertinente a la in-versión extranjera, profundizando la estandarización y los procesos de privatización por medio de las alianzas público privadas, y la re-forma pensional, donde pretenden incrementar la edad y el periodo promediado, para favorecer a los fondos pensionales y afectar a los trabajadores, entre otras reformas.

Cabe precisar que, según la ley 100 sobre seguridad social, para establecer la base pensional se promedian los últimos diez años de cotización; la OCDE reco-mienda ampliar dicho periodo, lo cual bajaría el monto de pensión del trabajador.

Si bien en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado recientemen-te ya se avanzó en algunas de las recomendaciones de la OCDE, se espera que por vía legislativa se sigan tramitando una serie de reformas para dar cumplimiento a las faltantes, como la reforma pensional, reforma tributaria, et-cétera, situación que empeorará la condición socioeconómica de la mayoría de los colombianos. Es indispensable conocer las iniciati-vas de reforma y generar formas de rechazo a la concreción de tales recomendaciones.

RETO PARA LOS REVOLUCIONARIOS EN COLOMBIAJuan Carlos Jaime Fajardo Sociólogo, profesor universitario e integrante de Revista Viento del Sur-MODEP [email protected]

Es evidente que en Co-lombia culminó en los años recientes un pe-riodo de la revolución

que había iniciado en la década de los 60’s del siglo pasado, y que hoy asistimos a la apertura de uno nuevo. Dicho periodo empezó a transitar su fin con el ascenso del fascismo al control del Estado liderado por el ex presidente Ál-varo Uribe Vélez en el año 2002.

A partir de entonces se ha pro-fundizado el despojo de territo-rios de las comunidades, prin-cipalmente rurales (indígenas, afrodescendientes y campesi-nas), imponiendo leyes como la del agua, la forestal y la de páramos y el código minero, para entregar los recursos a las multinacionales; se ha presen-tado un incremento vertiginoso de la inversión extranjera en el país, que pasó de dos mil millo-nes de dólares en 2002 a 26 mil millones en 2014, lo cual ha ve-nido destruyendo la economía nacional; se fortaleció la cultura anticomunista, y se llevó a la gran mayoría de la población a una adaptación ideológica al modelo neoliberal a pesar de las crisis económicas mundiales y los endeudamientos familiares.

Es decir, el proyecto capitalista en su versión neoliberal se im-puso estratégicamente ante los planes políticos del conjunto de los revolucionarios colombianos.

Esto no quiere decir que el pueblo colombiano haya de-jado de luchar, pues es me-morable cómo a partir de la movilización indígena en 2008 el ex presidente Uribe tuvo que someterse a escuchar en terri-torios indígenas sus peticiones, aunque antes había dicho que no dialogaría en ninguna parte en medio de la movilización; es

memorable la lucha de los estu-diantes organizados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) cuando en 2011 lo-gró echar abajo la propuesta de reforma universitaria del pre-sidente Santos; es memorable el paro campesino que logró paralizar varios departamentos del país en 2013; es memorable el paro de los maestros en mayo de 2015, con apoyo popular, en exigencia a sus demandas gre-miales, entre muchas otras lu-chas dadas en la última década.

Además vale mencionar que desde hace más de tres años vienen desarrollándose diálogos entre las guerrillas de las Fuer-zas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el Estado colombiano, con el propósito de fortalecer la lu-cha política desde sus progra-mas revolucionarios y no como resultado de una rendición como sueña la oligarquía. To-das estas situaciones evidencian que se está transitando hacia un nuevo periodo de la revolución en Colombia.

Fruto de todos estos procesos populares existe un rico acu-mulado de experiencias políti-cas, expresadas en diversidad organizativa, iniciativas econó-micas, educativas, culturales, comunitarias, autonomistas y territoriales tanto en el campo como en la ciudad, entre mu-chas otras, incluso algunas con expresiones de poder popular.

Sin embargo, urge el inte-rrogante ¿cómo transitar este nuevo periodo y hacia dónde proyectar este acumulado y las luchas del pueblo? Un camino puede ser limitar las expectati-vas a reformar el Estado actual, y llevar dicho acumulado polí-

tico y las luchas a los brazos de la institucionalidad vigente para dejar a las nuevas generaciones la tarea de liderar tal reforma.

Otro camino puede ser centrar-se en hacer un uso alternativo de las instituciones del actual Estado y desde allí proyectar el nuevo periodo. Otro puede ser el de articular todo ese acu-mulado político concretando la alianza de los poderes populares y creando nuevas instituciones legitimadas por el pueblo para desde allí dialogar y confron-tar la institucionalidad vigente como etapa inicial del nuevo periodo. Sin duda, aflorarán otros caminos en esta búsqueda por la transformación social.

Para concretar las transforma-ciones que requiere la sociedad colombiana, considero conve-niente el tercer camino, pero independientemente de este de-seo, lo cierto es que los revolucio-narios en Colombia tienen que proyectar dicho momento his-tórico, extrayendo lecciones del pasado, reconociendo sus forta-lezas y debilidades, buscando las convergencias y superando las diferencias que en muchos casos son fruto de prejuicios teóricos antes que de investigaciones so-bre la realidad concreta.

Lo cierto es que, aun cuando las clases dominantes pretendan una pacificación de la sociedad colombiana, el pueblo seguirá resistiendo y soñando con una mejor sociedad y allí tendrá que construirse el nuevo periodo; lo cierto es que, en América Lati-na y en otras latitudes existen afortunadamente innumerables experiencias de lucha popular que pueden aportar a los actua-les retos de los revolucionarios colombianos en este momento histórico.

Las dificultades financieras del Estado

colombiano preocupan a la banca internacional

pues la deuda externa representa 24 por ciento

del producto interno bruto (PIB), sobre

todo debido a que se ha venido presentando un

agotamiento de fuentes de ingreso del Estado, lo cual afecta su capacidad

de endeudamiento internacional


INSTITUTO “JUAN TAMA”, MODELO ETNO-EDUCATIVO DE CONVIVENCIA Y PAZJohn Jairo Menza Díaz Rector del Instituto Técnico Agropecuario e Industrial (ITAI) “Juan Tama”

Conozcamos el modelo pedagógico de convivencia, paz y desarrollo comunitario en el marco de la educación propia, ubica-do en Colombia, departamento del Cauca,

municipio de Santander de Quilichao, Resguardo Indígena de Canoas, vereda las

Vueltas, zona rural.

Surgimiento del colegio “Juan Tama”. Uno de los principales retos que enfrenta el sistema edu-

cativo colombiano es preparar a las nuevas generaciones para un desempeño eficiente en una so-ciedad que regula su desarrollo a partir de los avances científicos y tecnológicos.

En el medio rural el sistema edu-cativo todavía no encuentra las alternativas para mejorar el bien-estar y las condiciones de vida de su población, por tanto urge bus-car las estrategias que garanticen el desarrollo, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social y a la unidad nacional.

Para los territorios indígenas se requieren modelos alternativos que fortalezcan su identidad y los potencien como actores sociales válidos en el contexto nacional e internacional.

Frente a este panorama, una de las mayores preocupaciones de la comunidad Páez de la zona norte del departamento del Cauca en los años recientes fue resolver el problema generado por la falta de cobertura del servicio educativo en los niveles de básica secunda-ria y media. Se requieren modelos pedagógicos ajustados a sus carac-terísticas culturales, con una edu-cación pertinente y adecuada a la etnia y a la zona en la cual viven. El cabildo de Canoas, conjunta-mente con otros cabildos vecinos, reclamó al gobierno nacional soluciones a esta situación, y se consiguieron algunas soluciones educativas.

Ante la imposibilidad de que los jóvenes de la región pudiesen ac-ceder a una educación de calidad, especialmente en el ciclo de bási-ca secundaria y en el nivel de edu-cación media, a finales de 1990 la comunidad indígena de Canoas, por medio de sus voceros en el ca-bildo, solicitaron a la Fundación para el Desarrollo Rural Comuni-tario, entidad no gubernamental, el apoyo en esta misión.

Producto de las gestiones hechas por la Fundación, nació el Institu-to Técnico Agropecuario e Indus-trial “Juan Tama” en 1991. Desde sus inicios se definió como un proyecto educativo y cultural de carácter comunitario que busca responder a las necesidades edu-cativas de la región, ofreciendo una educación de calidad, me-

diante una formación integral que desarrolla las competencias cogni-tivas, para la vida comunitaria y el campo laboral; con rescate de téc-nicas tradicionales y aplicación de tecnologías apropiadas para una agricultura orgánica.

Modelo pedagógico de conviven-cia, paz y desarrollo comunitario

Valores institucionales. El mo-delo etno-educativo del Instituto concibe los procesos de socializa-ción y formación como espacios de convivencia, donde interac-túan los diferentes actores de la comunidad educativa en el marco de una educación intercultural basada en el reconocimiento de las diferencias étnicas, en el forta-lecimiento de los valores tradicio-nales y en la construcción de una ética ciudadana moderna.

El “Juan Tama” fundamenta su propuesta formativa y de socializa-ción en los valores más arraigados de los pueblos indígenas de Amé-rica y en las aspiraciones más altas y urgentes para la consolidación de un proyecto de nación.

Los valores institucionales son: reciprocidad, solidaridad, respon-sabilidad, respeto, honestidad, sa-biduría, dignidad del trabajo y ter-nura en las relaciones humanas.

• La dignidad del trabajo: En el “Juan Tama” se concibe el trabajo como una práctica so-cial creativa por medio del cual los sujetos sociales transforman responsablemente su entorno, dándole sentido a sus vidas.

El trabajo en el Instituto debe ser una práctica integral, es decir que converjan la inteligencia, la mano y el corazón o la bondad. Por esta razón debe asumirse el trabajo como una actividad alegre, vo-luntariosa y responsable en la que cada uno deja en la obra realizada parte de su ser.

• Ternura: El modelo “Juan Tama” comienza a despertar una nueva práctica humanísti-ca que busca la transformación social por medio de la fraterni-dad, entendida como un acto de encuentro y de amor hacia el género humano. Desde esta perspectiva, en el Instituto se ejerce la ternura como un dere-cho, como una profunda cons-trucción subjetiva en la que los participantes se valoran a sí mis-mos y a los otros, reconociendo sus diferencias y buscando los consensos que les posibiliten vivir el presente y construir fu-turo junto.

Filosofía institucional

El “Juan Tama” es un proyecto educativo y cultural que busca ofrecer a los jóvenes de las comu-nidades indígenas y campesinas del norte del Cauca la posibilidad de validar y fortalecer sus saberes tradicionales, desarrollar sus com-petencias cognitivas y socio-


culturales a fin de situarse a la altura de la época en que viven y lograr desempeños eficientes en el contexto local y en el marco de la cultura global.

La comunidad educativa del “Juan Tama”, consciente de la necesidad de construir un mo-delo etno-educativo pertinente, contextualizado en la realidad de las comunidades indígenas y campesinas del norte del Cauca y en las exigencias del cambio de época al que se asiste, estableció como pilares básicos de todos sus procesos educativos los siguientes fundamentos filosóficos:

Pedagógico

El modelo etno-educativo de la Institución descansa en cuatro principios pedagógicos básicos:

• “Aprender a aprender”: Un aspecto fundamental del mo-delo es garantizar que los par-ticipantes comprendan los pro-cesos cognitivos mediante los cuales se produce socialmente el conocimiento, así como las dimensiones éticas inherentes a dicha tare, con el fin de que continúen aprendiendo en for-ma sistemática.

• “Aprender a ser”: En la pro-puesta pedagógica del “Juan Tama” se concibe al ser hu-mano como una totalidad in-acabada, como un proyecto en permanente construcción. A nivel pedagógico, este principio implica por lo tanto desarrollar la autonomía de los estudiantes para que con criterios claros y responsables asuman la tarea de definir sus propios proyectos de vida.

• “Aprender haciendo”: Parte fundamental del modelo es diseñar experiencias de apren-dizaje en donde el estudiante tenga la oportunidad de produ-cir, modificar o validar cono-cimientos mediante la praxis, es decir, mediante la acción-reflexión para una acción mejo-rada. Con este principio no sólo se pretende entonces integrar la práctica con la teoría, sino que también se busca desarrollar habilidades para fortalecer el trabajo en equipo y dignificar el trabajo como dimensión por medio de la cual se actualiza el ser humano.

• “Aprender a convivir”: En el modelo es fundamental el desa-rrollo de competencias sociales y la formación de una ética ciu-dadana que permitan a los estu-diantes la resolución positiva de los conflictos por la vía del diá-logo, buscando el consenso y el acuerdo como prácticas sociales para la sana convivencia.

Tecnología

Las ciencias agropecuarias: El Instituto desarrolla sistemas silvo-agropastoriles con técnicas practi-cadas por la comunidad Páez de acuerdo con su cosmovisión y las apropiadas de la cultura global. Estos sistemas hacen parte de la agricultura orgánica o agroeco-logía que se basa en el principio de la conservación de la biodi-versidad del suelo y en el aprove-chamiento, en beneficio de los cultivos, del papel que cumplen en la naturaleza las plantas, los animales y especialmente los mi-croorganismos que constituyen un elemento esencial de la vida de los suelos. Mediante la adop-ción de la agricultura orgánica, se pretende contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias, para que practiquen sistemas de producción agrícolas que les per-mitan mejorar sus ingresos, su se-guridad alimentaria y su hábitat.

Dentro el pilar tecnológico, con el fin de que nuestros jóvenes tengan un cocimiento integral, el “Juan Tama” les ofrece profesio-nalización en talleres tales como metalmecánica, ebanistería, cons-trucciones civiles y salud.

Convivencia y paz

La interculturalidad: La cultu-ra global de comienzos de siglo se impone en forma avasallante, invadiendo fronteras, debilitan-do identidades y suprimiendo diferencias. Se requiere por tanto fortalecer la identidad cultural de los pueblos para participar en los procesos globales desde la especificidad étnica. Por eso en el “Juan Tama” formamos ciuda-danos del mundo, pero hijos de la aldea; mediante procesos in-terculturales en los que se com-parten espacios, tiempos y sabe-res dentro del marco del debido respeto por el otro.

El “Juan Tama” como proyecto educativo y cultural se concibe como un espacio de socializa-ción, de producción de conoci-miento y transmisión de saberes en donde se produce una relación dialógica entre el saber tradicio-nal y el saber universal, buscando formar hombres y mujeres que encarnen el proyecto global de vida de la comunidad y que al mismo tiempo desarrollen com-petencias para ejercer una ciuda-danía moderna.

Es así como el Instituto reconoce la interculturalidad como la ca-pacidad para conocer la cultura propia y otras culturas que al inte-ractuar se enriquecen de manera dinámica y recíproca, contribu-yendo a plasmar en la realidad social una coexistencia de respeto por las diferencias.

Evento: Tercera Feria del Maíz y la Sobera-nía Alimentaria. Orga-niza: Varias organiza-ciones. Fecha, lugar y hora: Domingo 21 de febrero de 2016. San-tiago Mexquititlán, cen-tro Amealco, Querétaro. De las 09:00 a las 16:00 horas. Informes: [email protected]

Evento: Foro: México y TPP. ¿Cómo impac-ta a nuestro país el Acuerdo Comercial Transpacífico? Orga-niza: Derechos Digi-tales América Latina y Universidad del Claus-tro de Sor Juana. Fe-chas, lugar y hora: 25 y 26 de febrero. Univer-sidad del Claustro de Sor Juana (Izazaga 92, Centro Histórico). De las 09:00 a las 18:00 horas. Informes: www.derechosdigitales.org

Evento: Exposición Milpa, Ritual Impres-cindible. Organiza: Varias organizaciones e instituciones acadé-micas. Fechas, lugar y hora: Foro Dahlia, en el Jardín Botánico del Ins-tituto de Biología de la UNAM, Tercer Circuito Exterior y Reserva Eco-lógica del Pedregal de San Ángel, UNAM. In-formes: www.ib.unam.mx/jardin / www.uccs.mx

Evento: Seminario de Actualización: Proble-mas Centrales y Alter-nativas en la Sociedad Rural. Organiza: Aso-ciación Mexicana de Estudios Rurales A.C. (AMER). Fechas, lugar y hora: Del 8 de abril al 17 de junio de 2016. Instituto de Investigacio-nes Económicas de la UNAM. 9:30-14:30 ho-ras. Informes: [email protected] / [email protected]

Ante la imposibilidad de que los jóvenes

de la región pudiesen acceder a una

educación de calidad, especialmente en

el ciclo de básica secundaria y en el

nivel de educación media, a finales de 1990 la comunidad

indígena de Canoas, por medio de sus

voceros en el cabildo, solicitaron a la Fundación para

el Desarrollo Rural Comunitario, entidad no gubernamental, el

apoyo en esta misión


ZONAS DE RESERVA CAMPESINA, OPCIÓN REAL DE REFORMA AGRARIA, OBSTACULIZADA POR TERRATENIENTES*Luz Angélica Dueñas Checa Estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco

Desde inicios del siglo XIX, todos los periodos de cambio, ajustes y avance del sistema ca-

pitalista en Colombia, el acceso y el control de la tierra han jugado un papel central tanto para los te-rratenientes como para los campe-sinos, indígenas y afros, que duran-te todo este tiempo han creado y recreado diferentes formas, figuras y medios para acceder a la tierra.

En todo este periodo, los primeros años de la década de 1990 esta-blecen un parteaguas: en 1991 las comunidades indígenas ganaron una importante lucha al lograr el reconocimiento jurídico de los Ca-bildos Indígenas, los afros lograron con la Ley 70 de 1993 el recono-cimiento de las Consejos Comuni-tarios y los campesinos lograron la inclusión de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como una figu-ra jurídica que les permitiría más adelante hacer realidad una refor-ma agraria en la que la producción social campesina del territorio será su principal componente.

Las ZRC surgieron como una opción para que el campesinado, como sujeto histórico político, pudiera delimitar, asignar y apro-vechar el territorio de una manera autónoma, comunitaria, solidaria, organizada y participativa, y en el que además de reivindicar su dere-cho a la tierra pudiera desarrollar su proyecto de vida con base en los saberes ancestrales. Ello, con el reconocimiento jurídico en la Carta Magna.

No obstante, las ZRC, como todo proceso social, se ha desarrollado en medio de fuertes tensiones, pues ha puesto en jaque algunos intereses del capital que no pueden entrar a estos territorios y mucho menos concentrar la tierra como hace tiempo lo venían haciendo.

Estas tensiones han desatado fuertes luchas comunitarias, ya

que después de lograr el reconoci-miento jurídico de seis ZRC, este proceso fue detenido por el presi-dente Álvaro Uribe y actualmente se encuentra en debate en las me-sas de diálogo en La Habana entre las Fuerzas Armadas Revoluciona-rias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP) y el gobierno de Juan Manuel Santos.

Así, las luchas, las formas orga-nizativas y comunitarias, los pro-cesos identitarios, la economía campesina y las relaciones sociales que se tejen dentro de estas Zonas se constituyen en un referente importante que es necesario co-

nocer y profundizar críticamente, no sólo para fortalecer el ejercicio alternativo de producción social campesina del territorio que están llevando a cabo las comunidades de las ZRC (tanto en las legalmen-te constituidas como en las que se encuentran en proceso y las de he-cho), sino además para aportar al debate de la construcción de otros mundos posibles.

Las ZRC se han constituido en el escenario propicio para la materia-lización del derecho a la tierra des-de una perspectiva comunitaria, donde priman los procesos orga-nizativos propios de las comunida-

des que habitan en este territorio y dentro del cual se da cuenta del ejercicio de apropiación, distribu-ción equitativa de tierras y ordena-miento territorial autónomo.

Las Zonas de Reserva Campesina surgen en un contexto histórico determinado por dos fenómenos importantes: el primero corres-ponde a las formas organizativas campesinas que las antecedieron, entre las que se destacan las Zo-nas de Autodefensa Campesina (ZAC), las Rochelas y los Baluar-tes campesinos, y el segundo es el relativo a las movilizaciones campesinas de la Amazonía y los

Llanos Orientales. ocurridas entre 1985-1987 y las marchas cocaleras realizadas en 1996.

Las ZAC, las Rochelas y los Ba-luartes campesinos se remontan a la época de la Colonia a finales del siglo XVIII, donde el proce-so de resistencia por parte de los campesinos les permitió defen-der y conservar sus formas de vida, saberes, identidad y cultura. Las Rochelas se ubicaron en te-rritorios periféricos y dispersos en un espacio lo suficientemente ex-tenso, con el fin de evitar que los españoles impusieran sus leyes y de que los arrochelados

En 1985 durante el gobierno de Belisario

Betancourth se dieron las primeras discusiones

sobre el proceso de ordenamiento

territorial para poner fin a los problemas de

concentración de la tierra, colonización

y expansión de la frontera agrícola

FOTO

: imag

enag

rope

cuar

ia.co

mFO

TO: V

angu

ardi

a Li

bera

l

FOTO

: Van

guar

dia

Libe

ral

FOTO

: Diar

io d

e Hu

ila


pudieran mantener sus pro-pias costumbres trasgrediendo todo orden español.

Las Rochelas se constituyeron entonces en las primeras formas organizativas de subvertir el orden impuesto por el sistema colonial, por medio de la creación de sus propios mecanismos de cohesión social y de alternativas viables de supervivencia al margen de las es-tructuras de poder.

Por su parte, los Baluartes campesi-nos surgieron a inicios del siglo XX en el contexto de las luchas socia-listas de esta época, que incluían en sus reivindicaciones el apoyo total a los campesinos colonos que exigían la titulación legal de las tierras que se habían visto obliga-dos a ocupar y a mejorar para so-brevivir con sus familias. Estos Baluartes fueron constituidos en 1925 y 1926 por tres cooperativas o asociaciones campesinas que ocu-paron terrenos baldíos del Estado y que más adelante fueron amedren-tados, reprimidos y violentados por terratenientes que pretendían adueñarse de este territorio. En respuesta a la fuerte represión y la matanza ocurrida el 7 de septiem-bre de 1921 en Lomagrande, los Baluartes campesinos decidieron recuperar las tierras usurpadas.

Finalmente, las ZAC surgieron en respuesta a la violencia biparti-dista (1949-1964) que obligó a los campesinos a defenderse en dife-rentes territorios del país, princi-palmente en Tolima, Huila y Cau-ca. Dichas Zonas fueron capaces de consolidar un modelo propio de desarrollo rural que les permi-tió durante algunos años resolver las necesidades que el Estado ja-más pudo atender. Sin embargo, ante el peligro que éstas represen-taron para los intereses del capital, el Estado desarrolló una política anticomunista contra los campesi-nos, motivada e influenciada por la guerra fría; eso llevó al Estado

a denominar a esta forma organi-zativa como “Repúblicas indepen-dientes” y establecer una estrate-gia de extermino que se concretó en la “Operación Marquetalia” el 27 de mayo de 1964. Ante la repre-sión y violencia absoluta del Esta-do Colombiano, los campesinos deciden defender su territorio con las armas y su movimiento termi-nó transformándose en las FARC.

El segundo fenómeno histórico que dio lugar a la formación de las ZRC corresponde a las movi-lizaciones ocurridas entre 1985 y 1987 y a las marchas cocaleras del año 1996, que obligaron al gobier-no a negociar con las comunidades y acceder al pliego de peticiones de los campesinos. Así, en 1985 durante el gobierno de Belisario Betancourth se dieron las prime-ras discusiones sobre el proceso de ordenamiento territorial para po-ner fin a los problemas de concen-tración de la tierra, colonización y expansión de la frontera agrícola. En 1987 se realizó la marcha so-bre San José del Guaviare, la cual centró su punto de negociación en la creación de una figura que permitiera a las organizaciones la titulación de la tierra condiciona-da a la preservación ecológica, con un tope mínimo y máximo de acu-mulación de tierras, situación que apuntaba a una verdadera reforma agraria en Colombia y que ha sido evadida durante siglos por todos los gobiernos que han ejercido el poder en el país.

Estas marchas y movilizaciones de miles de campesinos lograron po-ner en jaque al gobierno de Ernes-to Samper y en 1994 se reconoció legalmente la figura de ZRC en la Ley 160 de 1994, Capítulo XIII “Colonización, Zonas de Reserva Campesina y Desarrollo Empresa-rial”; Ley que ha sido reglamenta-da por el Decreto 1777 de 1996 y del Acuerdo 24 de 1996 de la Junta Directiva del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora).

Sin embargo, pese a la reglamen-tación y existencia jurídica de las ZRC, su puesta en práctica ha sido totalmente complicada porque va en contra de los intereses del ca-pital nacional y trasnacional, los cuales han tratado por todos los medios de bloquear esta opción de organización territorial campe-sina. Esta situación de represión ha dado como resultado que el proceso de constitución legal de las ZRC esté detenido por los or-ganismos estatales y que muchas de las organizaciones campesinas constituyan de hecho las Zonas de Reserva. Por ello, hoy se puede ha-blar de tres tipos de ZRC: las legal-mente constituidas, las que están en proceso y las de hecho.

*Extracto editado del proyecto de tesis de la autora para alcanzar el título de doctora en desarrollo rural, por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xocimilico (UAM-X). “Zonas de Reserva Campesina en Colombia: Una experiencia alternativa al desarrollo rural”.

Las Zonas de Reserva Campesina surgieron

como una opción para que el campesinado, como sujeto histórico político,

pudiera delimitar, asignar y aprovechar el

territorio de una manera autónoma, comunitaria,

solidaria, organizada y participativa, y en

el que además de reivindicar su derecho

a la tierra pudiera desarrollar su proyecto

de vida con base en los saberes ancestrales

LA HIDRA DEL CAPITAL Y LA RESISTENCIA DE LOS PEQUEÑOSManuel Antonio Espinosa Sánchez Estudiante de la Séptima Generación del Doctorado en Desarrollo Rural de la UAM-X

“El abismo no nos detiene, el agua es más bella despeñándose”

Ricardo Flores Magón.A la memoria de Guillermo Navi Ramos

Al pequeño grupo de quienes impulsan la fase actual del modo de producción capi-talista no le bastan las usuales estrategias de apropiación del plusvalor mediante la

explotación laboral y la manipulación de la circu-lación de mercancías en el mercado. Y por ello ha recurrido a mecanismos de despojo y apropiación de los espacios territoriales más recónditos y, hasta hace algunas décadas, marginales en los que pueblos en-teros se han recreado al cobijo de la madre tierra.

Ahí, en esos rincones del planeta, abundantes en minerales, agua y vida, los pueblos desplegaron su territorialidad y aprendieron a construirse un mundo propio con base en el trabajo colectivo que sintetiza los saberes ancestrales –despreciados por el saber técnico-, en lo que hemos llamado aquí configuraciones socioecológicas. De tal forma, la interacción entre esos grupos sociales y la madre tierra dio a luz repertorios socioculturales para la reproducción social que son únicos en su cosmos, corpus y praxis y que reclaman un futuro utópico en el presente.

Ya hemos señalado en otros escritos cuáles son los trabajos que pueden revisarse para compren-der esas relaciones sociales y ecológicas y por qué constituyen una alternativa civilizatoria de frente al modo depredador y explotador de la sociedad burguesa y por ello no insistiremos. Sin embargo, sí queremos señalar que las luchas y las resistencias de esos pueblos, que devienen a escala microlocal, son el Heracles dando el golpe final a la hidra ca-pitalista que ha bebido de su propio veneno, como señaló Marx en sus términos.

En cada territorio de nuestra Abya Yala existen miles de casos en los que las resistencias de los pequeños y las subalternizadas, de los explotados y las marginadas, asestan golpes fatales al capitalis-mo, a sus detractores en los gobiernos-trasnaciona-les y a sus expresiones sistémico-estructurales. Un magnífico ejemplo es el caso de las luchas de los pueblos de Colombia que se enfrentan al poder ga-

monal de la burguesía terrateniente conservadora y de los liberales tecnócratas que se han avasallado ante los corporativos trasnacionales. Ambos son cómplices del imperialismo yanqui que los apro-visiona con pertrechos militares para amedrentar a sus opositores. Empero, el poder ha encontrado su parangón en los pueblos de tez morena y oscura.

Con todos los ‘asegunes’ y claroscuros que se pue-dan apreciar e intuir en los procesos y las movili-zaciones políticas –en las urbes y en las chagras-, los pueblos colombianos han sido capaces de abrir múltiples frentes por la defensa de su territorio, por la visibilización de los mecanismos de dominación colonial, por la autonomía en la que quepan mu-chos mundos y por la defensa y liberación de la madre tierra que da cobijo y alimento, sentido de pertenencia y proyección histórica.

Desde las luchas de las Dignidades (Agropecuaria, Papera, Cafetera, etcétera), de la Cumbre Agraria, de la Organización Nacional Indígena de Colom-bia (ONIC), y del Coordinador Nacional Agrario (CNA), hasta los enfrentamientos asimétricos con el ESMAD que han tenido que sobrellevar los pueblos nasa en el Cauca, así como los procesos de construcción de territorio que se ven reflejados en los múltiples organismos del Consejo Regional Indígena del Cauca y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, vemos claramente que las resistencias por la autodeterminación y la justicia en los que la madre tierra, al ser liberada, devuelve gallardía a sus hijas e hijos a quienes les ha venido amamantado con sed de paz pero tam-bién con hambre de dignidad.

La racionalidad extractivista y de desposesión que el poder intenta forzar en los territorios de los pueblos de Colombia, para escapar momen-táneamente a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, sin saberlo, ha delimitado su propio horizonte de posibilidad porque en los barrios po-pulares del sur de Bogotá y en los poblados rurales del Macizo Colombiano se escucha un solo grito: “queremos poder para el pueblo”.

Mientras, en el Palacio, él tiembla, y reza su man-tra “el tal campo no existe”. ¿Escucharon?


RECONSTRUIR EL TEJIDO ORGANIZATIVO CAMPESINO Y LUCHAR CONTRA LOS MEGAPROYECTOS, MISIONES CLAVES DEL CNAAdriana Lozano Doctorante en Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco

Entrevista a Isaac Marín Lizara-zo, vicepresidente de la Junta Na-cional del Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA), en-cargado de la Secretaría de Co-municaciones del CNA; dirigen-te campesino del Centro Oriente de Colombia, formó parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en el De-partamento del Casanare

Adriana Lozano (AL): ¿Cómo nace el Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA)?

Isaac Marín (IM): Es una organi-zación agraria de cobertura nacio-nal. Se fue creando hace unos 20 años, incubado al calor de las mo-vilizaciones y el paro de los cafe-teros en regiones como Antioquia, Risaralda, eje Cafetero y Tolima. Este paro cafetero de 1995 fue una jornada nacional histórica, un paro que duró un poco más de un mes y que fue llamando a la conforma-ción de un espacio de coordina-ción del sector agrario del país.

Más adelante se fueron acercando procesos y organizaciones campe-sinas de otras regiones, como del oriente desde su organización que era la ANUC; también llegaron los campesinos del Catatumbo del Nororiente y los campesinos mine-ros del sur de Bolívar, entre otros procesos.

AL: ¿Cómo se organizan a nivel nacional y regional?

IM: inicialmente, el CNA era ape-nas un espacio de coordinación, es decir, aquí no se tenía una junta directiva y no había una platafor-ma unificada; las organizaciones que llegaban al espacio no se re-conocían bases del CNA, sino más

bien organizaciones que confluían en un punto donde llegaban otras fuerzas y tenían identidad en va-rias de sus iniciativas. Es un poco complejo el escenario y más com-plejo intentar definirlo.

Ahora, poco a poco se fueron con-solidando estas identidades, se fue trabajando sobre los puntos de diferencia; muchos dirigentes ma-nifestaron su interés y la voluntad de sus organizaciones por trabajar en la construcción de un referente nacional, un gran referente nacio-nal del sector agrario.

Hoy el CNA está conformado por más de 50 organizaciones, de pro-cesos campesinos en unos 21 depar-tamentos del país; las integrantes van desde organizaciones locales de algunos municipios, organizacio-nes departamentales o regionales y también nacionales. Es decir el Coordinador tiene procesos y orga-nizaciones en todos los niveles.

Hay otros espacios de articulación; en el ámbito nacional el CNA hace parte de una plataforma de movimientos que se conoce como el Congreso de los Pueblos; allí convergen otros sectores socia-les que tienen identidad con una apuesta del movimiento social y están organizaciones de estudian-tes, de trabajadores sindicalizados, movimientos ambientalistas, pro-cesos y sectores urbanos, cívicos y populares, además de los indíge-nas y negros.

Y en este entramado social, el CNA está en la Cumbre Nacio-nal Agraria Campesina, Étnica y Popular, otra gran plataforma de movimientos agrarios y populares del país, que si bien es una apuesta reciente, vale decir que ha sido en

buena medida gestora de los últi-mos paros agrarios, de 2013 y 2014, que han generado un gran debate nacional y que lograron sentar al gobierno del presidente Santos a discutir la crisis agraria del país.

Hoy la Cumbre Agraria tiene una agenda que está negociando con el gobierno nacional; ahí está el CNA en esa apuesta política.

Y en el escenario internacional, el CNA tiene una agenda y trabaja para el hermanamiento; participa en la Coordinadora Latinoameri-cana de Organizaciones del Cam-po (CLOC), en la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA y en la Vía Campesina. Hace parte de la RED de Herman-dad y Solidaridad con Colombia REDHER.

AL: ¿Cuáles son las motivaciones para conformar esta organización?

IM: Motivaciones son varias, pero fundamentalmente es la necesi-dad de tener un referente cam-pesino de carácter nacional, un espacio de articulación; también es la urgencia de reconstruir el te-jido organizativo. Recuerden que veníamos de tener una gran or-ganización que fue la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que tuvo su momento de grandes luchas, de ser una organi-zación fuerte y que alcanzó reivin-dicaciones importantes, como las recuperaciones de tierra en todo el país, en las décadas de los 60’s y 70 s. La ANUC fue diezmada, pero los campesinos seguían cons-truyendo proceso en lo local.

En buena medida, el CNA retoma las banderas de lucha de la ANUC. Su plataforma política tiene ba-

ses en lo que construyeron los de ANUC, claro, con los cambios y acomodos a las exigencias de la lu-cha de hoy. Por ejemplo, la lucha sigue siendo por la tenencia de la tierra, pero este concepto, hoy es más integral, hoy se da la lucha por la defensa del territorio, por la permanencia en el territorio, este es un concepto más holístico.

Costó mucho trabajo entender que debía darse una articulación con negros e indígenas, pero estas diferencias se han venido saldan-do y hoy en el CNA se encuen-tran negros, indígenas, pescado-res, agro-mineros, profesionales agrarios. Y en esto vale decir que son las iniciativas las que logran la articulación, es decir, la lucha por defender el territorio. ¡Esta es una lucha de todas y todos! ¡Ahí nos identificamos y nos sumamos negros, pescadores, pequeños mi-neros, campesinos, todos!

La lucha por el reconocimiento del campesino como sujeto de de-rechos, la luchas de resistencia y rechazo a las multinacionales pe-troleras, mineras, carbonera o con-tra las represas e hidroeléctricas, que son megaproyectos que gene-ran desplazamiento y acaban con los territorios; estas son luchas que articulan en torno a la propuesta del CNA.

Por su puesto que también hay iniciativas en construcción: está el tema de la agroecología, la agri-cultura orgánica. Está en diseño una propuesta de economía pro-pia, una economía para los cam-pesinos, negros e indígenas, una economía para la vida, no para acumular riquezas, sino para ge-nerar condiciones de vida digna, una economía para el buen vivir.

AL: ¿Cuáles son sus puntos de lu-cha como organización del cam-pesinado colombiano?

IM: El Coordinador Nacional Agrario ya tiene una base social, es un gran movimiento nacional y tiene una plataforma política, construida desde las comunida-des, en la región, haciendo escue-las, encuentros, movilizaciones, paros y asambleas nacionales.

Y en los puntos programáticos es-tán contribuir a la construcción de organización campesina y agraria y tejer organización.

Construir unidad es urgente y muy necesario. Construir unidad con otros sectores populares, con otros procesos agrarios del país y del Continente. Así, la unidad es

parte de la tarea por hacer y en eso el CNA va a contribuir, hará su mayor esfuerzo para que se avance.

¡Un punto importante en la lucha es el de trabajar por el reconoci-miento del campesino como suje-to de derechos! El Estado colom-biano, la sociedad en su conjunto, tienen una deuda histórica con los campesinos, y es reconocerlos como sujetos de derechos, como un actor político que no sólo apor-ta mano de obra y producción eco-nómica, sino que también ha ayu-dado a construir país. ¡Es gestor de políticas, es actor de cambios, eso es ser sujeto de derechos!

Y por ahí pasa también la defen-sa del territorio, la lucha y la per-manencia en el territorio; porque no puede ser sólo la lucha por la tenencia de la tierra, es también el derecho al agua, a la biodiver-sidad, a los bienes de uso y consu-mo, es el reconocimiento de los gobiernos propios, esos gobiernos que campesinos han consolidado por años, allá en lugares donde el Estado no llega.

Los planes de ordenamiento te-rritorial popular también son una apuesta, como una herramienta de cimentar territorio, de hacer uso racional y equilibrado de los re-cursos, de proteger, ríos, bosques, selvas, ecosistemas que están ame-nazados por la explotación capi-talista. Esto entre otras iniciativas que el CNA viene movilizando.

AL: ¿Cómo conciben al sujeto campesino?

IM: Bueno, sociológicamente hay varias conceptualizaciones so-bre el sujeto campesino, pero un acercamiento que es válido para el CNA es que el campesino colom-biano es el que está directamente relacionado con la tierra, con el campo; el que tiene una parcela, un fundo, una finca pequeña y allí vive y de ésta devenga su sustento; ese que su proyecto de vida está ahí, en la parcela, en la vereda. Es el que se identifica con el campo, con la ruralidad y la vive, FO

TO: C

oord

inad

or N

acio

nal A

grar

io d

e C

olom

bia


por eso el pescador, el agro-minero, el indígena y el negro se reconocen además campesinos!

AL: ¿Cuáles son las reivindicaciones del sujeto campesino colombiano?

IM: Las campesinas y los campesi-nos, reivindican el derecho a la vida, al territorio, y aquí está la lucha por los territorios agroalimentarios; a ser reconocidos como sujetos de derechos. Reivindican el derecho a una economía propia, el derecho a las semillas. Más de 50 años de con-flicto social y armado en Colombia hacen que sea una reivindicación el derecho a la paz, paz con justi-cia social, paz con cambios estruc-turales; que la paz no signifique el silenciamiento de las armas para la expansión de los grupos económi-cos explotando todos los recursos y desplazando campesinos.

AL: Como representante de la organización campesina en Colombia, ¿qué retos conside-ra enfrenta el campesinado en Latinoamérica?

IM: Desde el CNA, creemos que hay varios retos; y en común tene-mos la lucha contra este modelo económico, modelo que es una amenaza para los campesinos del mundo. El sistema capitalista des-conoce a los campesinos, los ve como un estorbo, los está arrinco-nado y los quiere desaparecer.

También está el reto de recono-cernos e intercambiar mejor las experiencias y el conocimiento; para eso es necesario mejorar las comunicaciones entre pueblos y entre organizaciones hermanas.

Otro reto es el de la unidad, ¡Los pueblos campesinos e indígenas necesitan la unidad en el Con-tinente! ¡Unidad para constituir un frente común! ¡Un frente de los pueblos! ¡Unidad para con-frontar al sistema que nos despo-ja! ¡Unidad para avanzar en orga-nización!

Página del Coordinador Nacional Agrario: http://cnagrario.org

EL TERRITORIO INDÍGENAGuadalupe Espinoza Sauceda Estudiante de la Séptima Generación del Doctorado en Desarrollo Rural de la UAM-X

La historia de los pueblos indígenas en Colom-bia no es distinta de la que se ha vivido en el

resto del Continente, marcada por el proceso de conquista y colonización europea. Los pue-blos indígenas fueron discrimi-nados, excluidos, minimizados y desposeídos de sus territorios ancestrales.

Para los pueblos indígenas el territorio es el centro del espa-cio de vida y desarrollo cultural. Se dan cuenta de que hay distin-tas verdades y diversas miradas. Mientras la cultura dominante habla de desarrollo, los indígenas hablan de planes de vida.

Hay 47 millones de habitantes co-lombianos (de los cuales menos de tres millones son indígenas). Hay 96 pueblos indígenas y 116 lenguas indígenas. El gobierno ha aplicado una política de exter-minio. La Iglesia católica habla del “encuentro de dos mundos”, aunque para los indígenas no ha sido realmente un encuentro sino una invasión, un saqueo, un despojo de sus tierras. La inva-sión sigue en nuestros tiempos.

El 25 por ciento de la población de Colombia es negra. José San-tos, del movimiento afro, afirma que Colombia es racista, que el conflicto más fuerte de su país no es el armado sino el social.

Respecto al régimen de propie-dad de la tierra, en Colombia fue a partir de la Constitución de 1991 y del desarrollo jurispru-dencial de la Corte Constitucio-nal Colombiana que comenzó a darse un reconocimiento de las tierras indígenas, principalmente con la figura de los resguardos indígenas; sin embargo, éstos son sólo una parte de los territorios indígenas. El Estado ha recono-cido legalmente los resguardos, pero no lo ha hecho así con al-gunos territorios y ocupaciones tradicionales que los pueblos in-dígenas reivindican.

El Resguardo es la figura terri-torial y jurídica para los pueblos indígenas de Colombia. Los Consejos Comunitarios son la tierra de los afrocolombianos y Las Zonas de Reserva son el área territorial de los campesinos.

Las reservas campesinas se ins-tauraron en 1994, como un ins-trumento de reforma agraria. En 1996 se reglamentó la Ley 160, que es la Ley de Tierras de Colombia, y en 1998 el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) lanzó el plan piloto. Actualmente hay únicamente seis reservas campesinas, con un total de 811 miil hectáreas. Lo

que se plantea es el ejercicio de la territorialidad, el concepto de comunidad, ser interlocutor con el Estado, el manejo del desarro-llo productivo y la autonomía.

En el reordenamiento territo-rial son pocas las familias que tienen la propiedad de la tierra. Los resguardos en voz de los pue-blos indígenas son pecas –dicen-, y para su restitución también se están basando en las Leyes de Indias. El tema de la autonomía también les llama la atención y los pone a pensar. Hablan de un Derecho propio, que viene sien-do el derecho indígena.

En Colombia hay ocho millones de desplazados de un total de 45 millones de colombianos. Hoy está en disputa la devolución de las tierras. La reforma agraria se dio por la vía de los hechos, aun-que desde mi punto de vista en Colombia no ha habido reforma agraria, al contrario, hay grandes acaparadores de tierra y grandes terratenientes. Hay una Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para los desplazados.

Los pueblos indígenas se sienten excluidos, y hacen suyo el discur-so de los zapatistas en México, de que las autoridades deben man-dar obedeciendo. Los cabildos no son propios de la cultura indíge-

na colombiana, pero se los han apropiado y hecho suyos.

Tierra, territorios y soberanía son conceptos que están en la agenda del movimiento social colombiano y en los Diálogos de La Habana.

Durante el viaje de estudios a Colombia de la Séptima Genera-ción del Doctorado en Desarro-llo Rural de la Universidad Au-tónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-Xochimilco), pudimos visitar y entrevistarnos con líderes y representantes de la región del Cauca.

De tres millones de hectáreas de tierra en el Cauca, 650 mil son tierra indígena. Hoy los grandes terratenientes han vendido a las trasnacionales, quienes impulsan megaproyectos en las regiones indígenas. Los pueblos indíge-nas, en especial de la región del Cauca, se han hecho fuertes en los resguardos y en las asociacio-nes de cabildos de 1994.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha puesto énfasis en la recuperación de las tierras (territorios). Trata de recuperar lo perdido y ampliar los resguardos; le apuesta a la conciencia, la organización y la interlocución con el gobierno; va por el diálogo, sabe que así ten-drá que resolverse el problema que enfrentan. El CRIC busca los territorios colectivos, aunque dentro del movimiento hay unos que se refieren a territorios ances-trales y otros a tradicionales.

No obstante, el gobierno colom-biano sigue negando los derechos de los pueblos indígenas.

Algo que se recalca mucho en las discusiones entre las organizacio-nes colombianas es que el conflic-to de fondo en Colombia es por la tierra. Los diferentes dirigentes y actores sociales dicen que se requie-re de una nueva constituyente, algo similar a lo que se busca en México en estos días. Hay una ebullición social y política en Colombia. Javier Betancourt, uno de los principales dirigentes, refirió que en su país hay mucha desigualdad social, por eso el sujeto agrario está en la cresta ahora en el movimiento social.

Hay una tensión entre dos modelos: el dominante versus la autodeterminación. El domi-nante gira bajo los vértices de un triángulo: Desarrollo, Mo-dernidad y Estado-nación, y la autodeterminación sobre: Vida, Cambio civilizatorio y Autono-mía territorial. Llegándose a la conclusión que se requiere una respuesta planetaria, lo que en México los pueblos indígenas le llaman autonomías.

Hay 47 millones de habitantes

colombianos (de los cuales menos de

tres millones son indígenas). Hay 96

pueblos indígenas y 116 lenguas indígenas. El

gobierno ha aplicado una política de

exterminio. La Iglesia católica habla del “encuentro de dos

mundos”, aunque para los indígenas no ha

sido realmente un encuentro sino una

invasión, un saqueo, un despojo de sus tierras

FOTO

: Gey

a G

arcíaFO

TO: C

NA

Asam

blea

Nac

iona

l


APUNTES DE UNA VISITA A SANTANDER DE QUILICHAODanae Álvarez Ruiz Estudiante de la Séptima Generación del Doctorado en Desarrollo Rural de la UAM-X

Santander de Quilichao se encuentra en la zona norte del departamento del Cauca. Cuenta con

una diversidad climática que lo hace atractivo a sus visitantes. Una de sus principales fortalezas es su conformación pluriétnica, la cual refleja su multiculturalidad –característica en todo el departa-mento-, con una alta presencia de comunidades amerindias, como los nasas (paeces), y de afrodescen-dientes, mezclados con la pobla-ción mestiza.

Durante la Colonia, fue una zona identificada por sus yacimientos de oro asociados a la cuenca del gran

río Cauca que nace en su extremo sur. Esta área, que en tiempos colo-niales perteneció a la gobernación de Popayán, se caracterizó por ser uno de los enclaves mineros grana-dinos y una de las mayores zonas receptoras de población esclava. Durante los primeros siglos de colonización de América, la ex-tracción de metales preciosos fue el motor de la economía, y cen-tenares de indígenas esclavizados y sometidos se convirtieron en la mano de obra para la extracción minera, especialmente del oro.

El municipio es conocido como “Tierra de Oro” debido a sus ri-quezas naturales, que a su vez han

desencadenado diferentes situa-ciones de conflicto, especialmente a causa de las explotaciones aurífe-ras que solían realizarse a lo largo de sus ríos. La explotación minera a gran escala por parte de las mul-tinacionales, el monocultivo de caña, el desplazamiento forzado y la reducción de tierras disponi-bles para cultivos, son algunos de los problemas que acontecen en la región.

Nos dirigimos de Santander de Quilichao y caminamos por las veredas del río Quinamayó, para conocer y constatar la devastación provocada por la actividad minera. En nuestro recorrido se pueden

apreciar también las chozas de los que migran para emplearse en las actividades mineras. Bajo un sol intenso y con una temperatura de aproximadamente 35 grados, seguimos caminando y vemos al-gunas personas trabajando en lo que llaman “cúbicos”. Que son perforaciones de entre 20 o 30 me-tros de profundidad –según nos cuentan-, donde literalmente se escarban las entrañas de la tierra.

De regreso, mientras nos trasladá-bamos en la carretera Santander-Popayán, el chofer me comenta: “Allá siempre ha habido minas, sólo que desde que ocurrió el accidente, se enojaron y cerraron”. Se refería desde luego a la tragedia acaecida el miércoles 30 de abril del año 2014, en donde perdieron la vida 30 mineros. Nuestro guía también nos enseñó el lugar de los hechos. Es una cicatriz enorme en la tierra, pero también en el imaginario de sus pobladores “Se escuchó tronar la tierra”, comenta, mientras segui-mos nuestro camino.

En Santander de Quilichao, no sólo su clima es caliente, también la zona lo es, dada nuestra condi-ción de extranjeros, nos aconsejan andar con cuidado, también nos recomiendan no tomar demasia-das fotografías. Uno de nuestros compañeros es el que se encarga de la documentación visual de nuestra visita. Las precauciones no están de más porque esta eco-nomía del gran capital no sólo es violenta con la naturaleza sino también con la humanidad, pues además de producir afectaciones al patrimonio cultural y ambien-tal de los pueblos, la actividad ex-tractiva ha generado problemas de violencia e inseguridad. Está en juego el control de la producción y comercialización aurea, lo cual configura diversos escenarios de violencia y persecución.

Es importante decir que el Cau-ca se ubica en el suroccidente de Colombia. Es uno de los departa-mentos con más diversidad, histo-ria y riqueza en Colombia. Pösee la mayor cantidad de población en zonas rurales del país. Después de La Guajira, es el departamen-to con más población indígena y el quinto con el mayor porcentaje de afro descendientes en su pobla-ción. Además de su diversidad cul-tural –derivada de la confluencia de estos grupos-, el Cauca cuenta con una importante variedad de recursos: más de un millón de hectáreas de bosques, 150 kiló-metros de costa sobre el Pacífico y tres regiones naturales. Asimismo, tiene prácticamente con todos los pisos térmicos, tres valles y cinco grandes cuencas hidrográficas.

Durante los primeros siglos de colonización de América, la extracción de

metales preciosos fue el motor de la economía, y centenares de indígenas

esclavizados y sometidos se convirtieron en la mano de obra para la

extracción minera, especialmente del oro

FOTO

S: M

anue

l Esp

inos

a An

toni

o Es

pino

sa S

ánch

ez

ILUS

TRAC

IÓN

: Joh

n M

urra

y


LAS LECCIONES DE LA LIBERACIÓN, LAS RAZONES HISTÓRICAS DEL PUEBLO NASATejido de Comunicación del pueblo Nasa

Trescientos años han trascurrido desde que, derrotada la resistencia armada de los Nasa y

los Pijaos en el Valle geográfico del río Cauca en el suroccidente de Colombia, los pueblos origina-rios iniciaran una larga jornada de batallas jurídicas que les valió el reconocimiento por parte de la Corona española de los Res-guardos, territorios habitados por comunidades indígenas, y de una jurisdicción propia administrada por instancias de autogobierno, los Cabildos.

Los repertorios de la resistencia colectiva habían cambiado y se articulaban, bajo la hegemonía imperial de la Colonia, para pre-servar las formas ancestrales de la vida en común, la lengua y los sa-beres: los Cabildos representaron el punto de corte entre la decidi-da resistencia de las comunidades originarias, que se ganaron en el campo de batalla y en los tribu-nales su derecho a existir como pueblo, y una estrategia imperial que consistió en crear un mecanis-mo de cooptación política que le permitirá mantener bajo control el desafío indígena.

Ya a partir del siglo XVII el cam-po de batalla quedaba despla-zado: los territorios indígenas y sus formas de gobierno y justicia propia, aun situados en la arqui-tectura jurídica de la Colonia, fueron fértiles para cultivar formas de existencia moldeadas por la re-sistencia y entretejidas por convic-ciones colectivas no capitalistas, por apuestas de construcción terri-torial que no pasan por lo lógica de la rentabilidad, la ganancia o la acumulación. Sin embargo, la situación histórica y estratégica era insostenible en el largo plazo de los siglos para los pueblos in-

dígenas, con la República vino la represión puesta en el altar de un mercado de tierras abierto, que en las particulares condiciones y formas de funcionamiento del ca-pitalismo dependiente resultaron en un violento proceso de con-centración de tierras en el Cauca: la Corona española había sido reemplazada por los Valencia, los Mosquera, los Chaux y los Irago-rri, algunas de las redes familiares más importantes de la Hacienda caucana.

Los indígenas fueron arrincona-dos aún más en las zonas altas del macizo colombiano, sometidos a formas de explotación de la mano de obra que ataba sus destinos a la gran propiedad mientras la legis-lación del despojo se dedicaba, a finales del siglo XIX, a desconocer la existencia de Resguardos en las fértiles tierras del valle. El siglo XX trajo a su paso la tormenta de la modernización capitalista del campo: el progreso bajaba desde el Valle del Cauca en forma de agronegocio cañero en expansión, se cerraba así la pinza contra las comunidades Nasa del norte del Cauca, atropelladas desde el sur por la explotación retrógrada de los terratenientes, y amenazada desde el norte por los vientos del progreso.

Mientras tanto Quintín Lame adelantaba su heroica resistencia acudiendo a tribunales para de-mandar el reconocimiento de los títulos coloniales, sólo para ter-minar preso y perseguido en tres departamentos. Como siempre, más aun entre las comunidades indígenas, el heroísmo de los hom-bres sólo es la síntesis de la digna convicción de los pueblos. Lo que Quintín Lame echó a andar fue la salida organizativa a las tensiones que amenazaban con hacer des-

aparecer a los pueblos indígenas; Pronto, de la lucha jurídica pasa-ron a la recuperación de tierras; en los años 70’s los indígenas del Cau-ca se pusieron en movimiento por la conquista del componente ma-terial que los define como pueblo. Quedaba abierta la perspectiva política de construcción de territo-rialidad en las tierras arrancadas a la soberbia de los terratenientes y al “progreso” del monocultivo.

Muy pocas cosas parecen haber cambiado desde aquellos largos años: Paloma Valencia, senadora del partido de ultraderecha creado por Álvaro Uribe, la última y más privada de sensibilidad moral o agudeza intelectual descendien-te de los Valencia en el Cauca, propone dividir en dos el depar-tamento para liberar a las fuerzas vivas del desarrollo económico del lastre indígena; Aurelio Iragorri, el último delfín de uno de los li-najes más retardatarios de hacen-dados caucanos y actual ministro de Agricultura, burla los compro-misos adquiridos con los indígenas en materia de entrega de tierras; los medios masivos de comunica-ción refrendan el racismo en hora-rio estelar vendiendo la mediocri-dad periodística de Séptimo Día y las mentiras del autodenominado “equipo investigativo” del periódi-co El País (http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/disputa-indigenas-quieren-quedar-con-siete-predios-cauca).

En la época de la locomotora minero-energética y de monocul-tivo cañero para la producción de agrocombustibles –las apuestas estratégicas del modelo emergente de acumulación en Colombia-, el asalto final de la reprimarización económica contra los territorios sigue el patrón de colonización de hace 300 años: la legislación

del despojo, mercenarios parami-litares y fuerzas de policía y ejér-cito mantienen abierto el corredor geopolítico del valle del río Cauca e, impotentes frente a la tenaz re-sistencia de las comunidades indí-genas, tratan de estrechar el cerco en las zonas altas y montañosas, llenas de reservas ecológicas, san-tuarios ambientales y tierras poco aptas para el cultivo.

Y fue en la primera década del siglo XXI que la resistencia de las comunidades Nasa del norte del Cauca, al compás del protago-nismo del movimiento indígena en Bolivia, Ecuador y México, se articuló en la construcción de una agenda de los pueblos que logró hacer frente al proyecto de muerte que asomó sus con fau-ces con furiosa agresividad bajo el gobierno de Uribe (2002-2010). Será el Mandato de Libertad para la Madre Tierra, proclamado en 2005, el que perfile el contenido cultural, político y estratégico que redimensiona la recuperación de tierras para tender los puentes que unirán el destino de la construc-ción de autonomía indígena al fortalecimiento político del mo-vimiento social a escala nacional: la Liberación abría así un ciclo de consolidación de la perspectiva territorial en la articulación de las experiencias regionales de lucha social.

“Hemos caminado por muchos años y seguimos caminando, pero también hemos camina-do la palabra con la que hemos hecho acuerdos que se nos han incumplido. Hemos elevado exigencias para que se nos res-peten los derechos, para que los

gobiernos cumplan sus deberes, pero se han mostrado insolentes, cínicos y prepotentes. Hemos so-portado muchas injusticias y las seguimos sufriendo, pero ya esta-mos cansados. Nuestros cuerpos, espíritus y deidades nos exigen otras acciones. Nuestra descen-dencia aguarda la realización de acciones que honren la palabra y los compromisos incumplidos. Por ello, aquí estamos, en esta cita con la historia para realizar nuestro destino, para abrazar a nuestra madre tierra, pues para defenderla, nos sobran razo-nes” (http://www.nasaacin.org/libertar-para-la-madre-tierra).

Hoy la contradicción histórica sigue planteada a pesar del paso secular de los años, aunque en un lugar distinto al que con tanto es-fuerzo tratan de situar los medios masivos de comunicación: es la disputa entre dos formas de orga-nizar la vida en común en rela-ción al territorio, la una poniendo la vida al servicio de la economía para sembrar con los bosques ári-dos del monocultivo cañero las tie-rras del valle, la otra luchando por poner la economía al servicio de la vida, sembrando maíz, frijol y yuca y, en un sentido más profun-do que la sola recuperación, Libe-rando los territorios de fertilizantes químicos y las quemas masivas, garantizando además el acceso de las comunidades a las fuentes de agua, mermadas y contaminadas hace ya varios años por el sumi-nistro a los ingenios cañeros, que ahora podría ser definitivamente despojadas por la privatización de los acueductos locales.

Y como las tierras no son super-ficies vaciadas de relaciones so-ciales, al Liberar los territorios las comunidades indígenas des-baratan las formas de propiedad y las modalidades de explotación de los trabajadores condenados a los efectos nocivos del monocul-tivo cañero. No se trata entonces, como mentirosamente manifiesta el alcalde de Corinto, Oscar Quin-tero, de un capricho indígena para declarar al Cauca un Resguardo o por separar los territorios indíge-nas del conjunto de la nación: la Liberación no es una invasión, es un hecho político de recuperación de territorios que por justicia per-tenecen a las comunidades, una acción colectiva de retribución y armonización del Cxhab Wala Kiwe y una propuesta abierta a los pueblos, a campesinos y corteros de caña, a pobladores y activistas urbanos, para volver sobre la co-lumna estratégica del conflicto social en Colombia, la concen-tración de las tierras en manos de unos pocos.

El siglo XX trajo a su paso la tormenta de la modernización

capitalista del campo: el progreso bajaba desde

el Valle del Cauca en forma de agronegocio

cañero en expansión, se cerraba así la pinza

contra las comunidades Nasa del norte del

Cauca, atropelladas desde el sur por la

explotación retrógrada de los terratenientes, y amenazada desde el

norte por los vientos del progreso

FOTO

: Gey

a G

arcía


DIGNIDAD AGROPECUARIA COLOMBIANA. CONSTRUYENDO DIGNIDAD EN LA VEREDA BOJIQUENelly Iveth del Ángel Flores Estudiante de la Séptima Generación del Doctorado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco

Mayo de 2015, un es-trecho camino de terracería nos lleva a la Vereda Boji-

que (sector de la Isla, municipio de Ventaquemada), del departa-mento de Boyacá, en el centro nororiente de Colombia. Nos re-ciben en la finca papera de Rosi-ta Rivera y familia, un grupo de más o menos 30 productores de papa, cebolla y leche, miembros de las Dignidades Agropecuarias Colombianas.

Estamos en el campo y con cam-pesinos colombianos, queremos conocer un poco de su situación actual, pero lo que tenemos opor-tunidad de escuchar es más de lo esperado. En un auditorio impro-visado en la bodega de aperos de la finca de los Rivera, nos exponen, utilizando computadora y proyec-tor de imágenes, las situaciones y problemas del campo colombiano. Con ayuda del video documental Ovejas toreadas (https://vimeo.com/75011391), reseñan la histo-ria, las motivaciones y los objetivos de su movimiento; hacen énfasis en la participación, tradicional y reciente, de las mujeres y los jóve-nes. Explican cómo las problemá-ticas del campo compartidas en los distintos sectores de la produc-ción y el comercio los han llevado a unirse, organizarse y prepararse para la causa: la defensa del sector agropecuario.

Cada orador, cuatro en total, de-sarrolla un tema específico, el que ha preparado arduamente y no porque lo tenga que presentar a este grupo de estudiantes mexica-nos, sino porque con ese insumo dialogan con sus compañeras y compañeros campesinos. Se plan-tan ante los medios de comunica-ción; se enfrentan, exigen y nego-cian con los actores estatales, y se muestran al mundo, que observa y a veces acompaña su lucha. La presentación contiene argumen-tos profundamente estudiados: análisis crítico de datos históricos, manejo de cifras micro y macro-económicas, detalles sobre las políticas públicas gubernamen-tales –nacionales e internaciona-les-, legislaciones ambientales, impacto de los Tratados de Libre Comercio firmados por Colombia e información comparada sobre el agro en otros países de Latinoa-mérica y el mundo.

No sólo toman la palabra César Pachón Achary (líder de la Dig-nidad Papera), Yoani Vela Bernal (miembro de la Dignidad Leche-ra), Rosa Elvira Rivera Pulido (Dignidad Papera) y Eduardo Moreno Rodríguez (defensor de los Páramos), sino que participan

otros campesinos y campesinas presentes en la reunión, y algunos jóvenes que hablan de los motivos por los que abandonan el campo y buscan trabajo en la ciudad, o la señora Isabel, que habla de la cri-sis de su finca a la que ha dedicado toda su vida.

Su labor de reflexión y análisis no termina en la enumeración de los conflictos, sino que traba-jan en propuestas. Por ejemplo, diseñan proyectos, que ya están probando, de distribución de la producción en las ciudades me-diante la relación directa entre productores y consumidores y sin intermediarios; de innovaciones en el procesamiento de los pro-ductos a cargo de las mujeres, a quienes consideran “el león dor-mido del campo”, es decir, un grupo con mucho potencial que no se ha aprovechado y valorado suficientemente, por mencionar algunos.

Una expresión que enarbolan las Dignidades Agropecuarias descri-be muy bien lo que hoy presen-ciamos: “En las duras experien-cias vividas durante las dos largas décadas de aplicación de políti-cas neoliberales, los productores acumulamos conocimiento sobre nuestra realidad y las necesidades fundamentales del sector”.

Asociando dignidades. Los re-cientes datos parecen mostrar que el agro colombiano no está en las mejores condiciones y que su des-atención viene de tiempo atrás. Además de la falta de equidad en la distribución de la propiedad rural, los censos agrarios en Colombia evidencian el rezago del campo. Según las estadísticas presentadas

en el tercero, realizado entre 2013 y 2014 por el Departamento Admi-nistrativo Nacional de Estadística (DANE), 83 por ciento de la agri-cultura es básica, sin maquinaria, ni insumos, el 80 por ciento de la tierra se usa para la ganadería y sólo entre 16 y 20 por ciento está destinada a la siembra.

Ante esta situación del campo, marcada además por la desaten-ción y la posición de desventaja en que se le colocó principalmente con los procesos de descapitaliza-ción y de apertura comercial, los campesinos de Colombia se de-cidieron a organizarse para hacer visibles sus demandas.

Con antecedentes en varias protes-tas y momentos de organización popular, como el primer paro de cebolleros el 16 de noviembre de 2011, el movimiento de asociación campesina se ha ido construyen-do sistemáticamente desde 2012, cuando de manera independiente distintos gremios campesinos ge-neraron procesos y se fueron or-ganizando alrededor de banderas comunes.

Ya en el periodo organizado, la Dignidad Cafetera fue el primer sector en integrarse e impulsar un paro, en febrero de 2013 (130 mil personas, con 20 puntos de con-centración en 13 departamentos). Siguió a éste, el surgimiento de la Dignidad Arrocera, Dignidad Cacaotera, Dignidad Panelera, Dignidad Papera, Dignidad Le-chera y Dignidad Cebollera, y ese mismo año las Dignidades em-pezaron a construir una agenda compartida en la búsqueda de una Mesa Común de Negociación con el gobierno, hasta llegar a conso-lidar la Dignidad Agropecuaria Colombiana.

En el camino, otras agrupaciones dedicadas a trabajar la tierra se han unido a la causa de las Digni-dades y la suma de voces y accio-nes ha permitido formar un frente común más fuerte ante las institu-ciones del Estado. La asociación incluso ha generado sus estatutos, de los cuales se desprende el artí-culo 5, que expresa que el objeto principal de las Dignidades es “defender y fomentar el desarrollo del sector agropecuario del país y de las personas que se dedican a esta actividad para alcanzar la so-beranía alimentaria, la protección del medio ambiente y el bienestar económico y social de los habi-tantes del campo. Para eso, lucha-rá para representar ante el Estado, al sector”.

Mediante dos grandes moviliza-ciones, los campesinos organiza-

dos de Colombia han planteado sus demandas al gobierno, a to-dos los colombianos y al mundo. Primero, el Paro Nacional Agro-pecuario de septiembre de 2013, que tenía como algunos de sus principales ejes reivindicativos: reclamos por precios de susten-tación con subsidio del Estado, condonación de la deuda y ac-ceso a tasas de interés competi-tivas ante la crisis generalizada del campo, protección de la ac-tividad agropecuaria por sobre la minera, renegociación de los Tra-tados de Libre Comercio; control del contrabando, oposición a la extranjerización de la tierra y la reestructuración de las gremiali-dades agrarias.

Posteriormente, el Paro Nacional Agrario y Popular de 2014, esta vez impulsado por la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular, que ya sumaba a otros sectores. El plie-go de peticiones que sostenían las protestas incluía la revisión de li-cencias ambientales en zonas pro-ductivas, la lucha contra el contra-bando, la reestructuración de la Federación Nacional de Cafete-ros, el pago del PIC para todos los caficultores y la reducción del 30 por ciento en el precio de los ferti-lizantes e insumos. Para ello hubo múltiples reuniones de negocia-ción de voceros de las Dignidades como el caso de César Pachón y Orlando Beltrán, entre otros, con el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, y funcionarios del Banco Agrario y Finagro.

Justamente fue el ministro de Agricultura quien en medio de las negociaciones expresó a los campesinos, en un “acto de sin-ceridad”, que lo que ellos pedían “estaba muy bien”, pero no se realizaría pues respondía a un modelo económico distinto al que rige las políticas del gobierno colombiano. “Para lograr lo que ustedes creen que el campo nece-sita, deben estar de este lado”, es decir, en el gobierno, expresó en palabras semejantes Lizarralde. Los campesinos han tomado muy en serio ese reto y a la par de las movilizaciones para hacer posibles sus demandas, la búsqueda de al-ternativas de producción y comer-cialización, incursionan también en el plano electoral (en algunos casos construyendo vínculos con organizaciones indígenas que les llevan camino recorrido en ese ámbito). El objetivo es tomar parte en los preceptos políticos y económicos que dirigen el rumbo del país con una visión diferente, con una enérgica consigna: “Los colombianos debemos y estamos en capacidad de producir lo que nos comemos”.

Imagen alusiva al Paro Nacional Agrario y Popular de 2014, esta vez impulsado por la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular.

Mediante dos grandes movilizaciones, los

campesinos organizados de Colombia han

planteado sus demandas al gobierno, a todos

los colombianos y al mundo. Primero, el Paro Nacional Agropecuario

de septiembre de 2013, que tenía como algunos

de sus principales ejes reivindicativos:

reclamos por precios de sustentación con subsidio del Estado, condonación de la

deuda y acceso a tasas de interés competitivas

ante la crisis generalizada del campo


CAFÉ CON AROMA A RESISTENCIA, DIGNIDAD Y AUTONOMÍA INDÍGENA EN EL NORTE DEL CAUCAAntoine Libert Amico y Miguel Carrillo Salgado Estudiantes de la Séptima Generación del Doctorado en Desarrollo Rural de la UAM-X. Miguel Carrillo también es docente de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo

El Cauca huele a café con aromas de autonomía y resistencia indígena. En este departamen-

to colombiano donde más de 25 mil familias dependen del café, la Central Cooperativa Indígena del Cauca (Cencoic) ha buscado articular las comunidades organi-zadas, a pesar del contexto hostil de guerra de baja intensidad por el conflicto armado. En una zona co-diciada tanto por empresas mineras como por el mismo narcotráfico, la Cencoic funge implícitamente como propuesta organizativa que, en los hechos, está generando una alternativa económica a la produc-ción de cultivos ilícitos.

CRIC: 44 años de resistencia por la unidad, territorio, autonomía y cultura. La Cencoic es una línea de acción del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), orga-nización indígena que reivindica desde 1971 los derechos ancestra-les de los pueblos originarios en Colombia. Sus objetivos se enfo-can en reconstruir y fortalecer los planes o proyectos de vida de los pueblos indígenas del Cauca; rei-vindicar y desarrollar sus derechos constitucionales, económicos, so-ciales y culturales, y fortalecer el proceso de autonomía territorial, ambiental, política, económica, educativa, salud y de derecho pro-pio (www.cric-colombia.org).

El CRIC está conformado por re-presentantes de diez pueblos, orga-nizados en 121 cabildos indígenas (comunidades indígenas organi-zadas con un territorio correspon-diente), de los cuales 84 son reco-nocidos por el Estado colombiano. Ricardo Bustos, coordinador del departamento de café de Cencoic, menciona que “es una organiza-ción indígena que ha venido de un proceso de lucha de muchos años. La historia de nuestra organiza-

ción nace a raíz del exterminio por parte de las fuerzas estatales contra las comunidades indígenas por medio del despojo de tierras. Ante este contexto, siete cabildos o comunidades se organizaron para seguir perviviendo”.

El CRIC es una alternativa or-ganizativa indígena que se des-envuelve en medio del conflicto armado, enfretando actores arma-dos de los dos lados del conflicto en Colombia: desde su formación, el 24 de febrero de 1971, hasta mediadios de 2015, el CRIC ha sumado más de dos mil 400 comu-neros asesinados en su proceso de lucha. El Estado colombiano con-tinúa respondiendo con represión a las demandas del movimiento indígena del Cauca, tal como se observa en la violencia y brutali-dad policiaca ante el proceso de “liberación de la madre tierra” que indígenas del norte del Cauca realizan por medio de la toma de tierras de latifundistas de la indus-tria cañera. Aparte de la represión policiaca directa a la lucha de las comunidades indígenas por la tie-rra y el territorio, el Estado movili-za al sistema judicial para procesar a dirigentes indígenas, tal como se ve en el caso de la detención el 15 de septiembre de 2015 de Felicia-no Valencia, quien fue concejero mayor del CRIC de 2007 a 2009.

Cencoic: Base material para el sostenimiento de autonomías in-dígenas. La Cencoic es una línea de acción para el sostenimiento de autonomías indígenas, y se ha-bla en plural, porque son diversos pueblos originarios que confluyen desde sus propios territorios hacia un cooperativismo empresarial, donde se concibe que “el café es una alternativa de desarrollo so-cioempresarial para las comunida-des indígenas en el Cauca” (Ricar-do Bustos, septiembre del 2015).

Esta línea de acción tiene como objetivo central organizar a las fa-milias productoras de café bajo el direccionamiento del CRIC y los cabildos por medio de la comer-cialización del grano, la dinamiza-ción de los mandatos en lo produc-tivo y el posicionamiento del café en mercados internacionales, a la par de la capacitación técnica y el impulso de formas económicas so-lidarias y sustentables.

Según Ricardo Bustos, en sus ini-cios el movimiento indígena en el Cauca “andaba en tres patas”. Como muchos procesos organizati-vos, que construyen alternativas en lo político, en la educación y en la salud. El componente económico era el más débil. La necesidad más sentida en ese entonces, según el entrevistado, era la falta de dinero y la alta pobreza, aparte de enfrentar condiciones productivas difíciles por contar con suelos ácidos y poco fértiles, altamente dependientes de la aplicación de agroquímicos.

Es así que arrancó la Cencoic como proyecto económico, con figura legal para poder entrar en acuerdos comerciales y recibir transferencias de la solidaridad in-ternacional en ese entonces.

En 1980 fue legalmente constitui-da, sin embargo, fue hasta 1996 cuando obtuvo certificaciones y logró concertar exportaciones in-dependientes y directas a consu-midores, sin la intervención de in-termediarios. Ahora comercializa su café en Europa y Estados Uni-dos. También en Nueva Zelanda, país al cual exporta su producción con certificación orgánica.

Cabe mencionar que entre 2010 y 2011 se externó una crisis organiza-tiva debido a un caso de corrupción interna. Ricardo habla con apertura de esta crisis, del tipo que muchas organizaciones han enfrentado pero no han querido debatir en el ámbi-to público. Bustos menciona que “las grandes adversidades que han tenido que afrontar para ofrecer se-guridad a los socios cafetaleros que conforman la cooperativa han sido constantes. Sin embargo, eso no es razón para doblar aspiraciones; al contrario, es razón para fortalecer-se”. Ya en el 2011 se posicionó Cen-coic como parte fundamental del programa económico ambiental del CRIC y se reestructuraron sus esta-tutos, reconstruyendo la confianza con sus socios por medio de una es-tructura organizativa renovada.

Si bien es cierto que el café en Colombia lleva un largo recorrido que ha consolidado una vocación productiva histórica como país cafetalero, y también se reconoce que ha sido uno de los mejores cafés del mundo; es importante evidenciar la diversidad social, territorial y dinámicas sociales que se desarrollan para obtener el aromático, en un contexto donde los sistemas político y económico se confabulan para invisibilizar la pluralidad cultural a través del corporativismo colombiano.

El café tiene una cara y un cora-zón. Es la diversidad social la que hace que el café obtenga aromas que reconozcan los procesos socia-les por los cuales se desarrolla. Así también, es importante reconocer que es la base material para el sos-tenimiento de los modos de vida distintos a los de la monocultura neoliberal. Las autonomías que arropa el CRIC por medio de su lí-nea de acción con la Cencoic han sido un elemento importante para celebrar la diversidad en resisten-cia a la homogeneidad.

FOTO

: Con

sejo

Reg

iona

l Indí

gena

del

Cau

ca

FOTO

: Cen

coic


EL CAFÉ EN COLOMBIA Y MÉXICOFernando Celis Callejas Asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)

De Colombia se ha di-cho que es la “nación cafetera” y sin duda el café es lo que más

identifica a este país en el mundo. Un factor central en la cafeticultu-ra colombiana fue la creación en 1927 de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNCC) que, según el investigador Marco Palacios, es una institución muy difícil de atrapar en una defini-ción. Legalmente se le considera una “entidad de derecho privado que cumple funciones públicas esenciales al interés nacional”.

La FNCC llegó a manejar hasta 70 por ciento de las compras inter-nas de café y estableció medidas, como el precio interno de susten-tación, que dieron cierta estabi-lidad y seguridad en los precios pagados a los productores. Con la fuerte baja de las cotizaciones internacionales a fines de los 50’s, la Federación tuvo un rol impor-tante en acuerdos internaciona-les, como el llamado Convenio de México en 1958, cuando la mayoría de los países producto-res de café acordaron regular la oferta para sostener los precios. Colombia y México jugaron un papel fundamental en el estable-cimiento del sistema de cuotas de exportación de café administrado por la Organización Internacio-nal del Café (OIC), cuyo objetivo central era establecer un precio remunerativo para los productores de café. En función de una banda de precios se establecían las cuotas de exportación por país y esto era acordado también con los países importadores.

Una fuerte helada en Brasil en 1975 elevó los precios y ello junto con el sistema de cuotas propició más de una década de auge, lo cual benefició a los productores. En esta época se tuvo una fuer-te intervención de organismos públicos que establecían precios de garantía y daban apoyos a los productores con plantas de café, asistencia técnica, fertilizante y préstamos en condiciones muy favorables. Hoy los cafeticultores añoran esa época, que contrasta con lo que ha pasado en las déca-das recientes de “libre mercado” en el comercio mundial del café.

En 1989 se rompió el sistema de cuotas y se entró a una liberaliza-ción comercial. Hubo intentos de algunos países productores de llegar a acuerdos de retención de exporta-ciones para regular los precios, pero no tuvieron éxito. En las décadas re-cientes, los precios del café han sido los más volátiles entre las materias primas y se han vivido dos periodos de fuerte baja de precios, de 1989 a 1994 y después del 2000 al 2004, que redujeron fuertemente los in-gresos de los productores.

Si bien Colombia llegó a producir hasta 17 millones de sacos de 60 kilos, del 2001 al 2008 el promedio anual fue de 11.8 millones de sacos; en los siguientes cuatro ciclos, las afectaciones por la roya bajaron el volumen a un promedio de 8.3 mi-llones de sacos por año. La Federa-ción de Cafeteros siguió manejando un nivel de compras no menor al 20 por ciento de la cosecha y establecía un precio que de alguna manera in-fluía en los precios internos.

En los años recientes los cafetaleros se manifestaron fuertemente, cues-tionando el papel de la FNCC; la acusaron de burocratismo e inefi-ciencia. Además, demandaron que se definiera un costo de produc-ción adecuado y un mecanismo de compensación con recursos fisca-les cuando los precios estuvieran por debajo del costo.

La fuerte movilización gremial, que bloqueó algunas de las princi-pales carreteras, recibió el apoyo de otros grupos sociales y gremiales y la simpatía de parte importante de la opinión pública, lo cual obligó al gobierno del presidente Santos a una negociación directa con la diri-gencia de los que protestaban, que finalmente lograron una victoria im-portante. Fue claro que el presidente Santos, que en el pasado fue funcio-nario de la Federación, manejó el conflicto con vistas a reelegirse.

Durante mucho tiempo se con-sideró al café colombiano como uno de los de mayor calidad, pero la variedad que introdujeron de manera masiva para controlar las afectaciones por el hongo de la roya está generando mucha contro-versia. Se estableció un programa de renovación de cafetales con la variedad Castillo (antes Colom-bia) que es un catimor (híbrido de arábigo y robusta) en unas 700 mil hectáreas, esto es casi 70 por ciento del total de las tierras de café. Con un manejo muy centralizado, se otorgó un crédito en condiciones muy favorables, con plantas de café y asistencia técnica, y se estableció un precio de garantía. Para 2015 la producción sumó 14.2 millones de sacos, lo que representó un aumen-to del 70 por ciento en sólo cuatro ciclos. Un efecto de esto ha sido el aumento de las exportaciones y una disminución de los precios de los cafés colombianos arábigos lavados, ya que los catimores, que son amargos, son considerados de menor calidad por muchos com-pradores y consumidores. Actual-mente esos precios son menores que los de cafés de más calidad de Guatemala, Costa Rica, El Salva-dor, Nicaragua, México y otros.

En México se desmanteló total-mente la intervención estatal en la comercialización del café, y los apoyos fiscales se centraron en

compensaciones a los productores cuando los precios fueron muy ba-jos. En la época de auge la produc-ción fue en un promedio de 5.5 millones de sacos, con un récord de 6.2 millones en el ciclo 1999-2000, pero en los años recientes descendió a un promedio de 4.8 millones y se derrumbó a sólo tres millones en el ciclo 2014-15 por causa del mismo hongo de la roya que afectó a Colombia. Para la actual cosecha 2015-16 que está terminando, la producción proba-blemente no llegue a los 2.4 millo-nes de sacos debido a la roya y a afectaciones climatológicas.

En el más reciente padrón cafeta-lero se incluye a 515 mil producto-res con cerca de 700 mil hectáreas; de ellos unos 310 mil tienen me-nos de una hectárea. En general la cafeticultura registra un fuerte minifundismo. Alrededor del 85 por ciento de los productores son indígenas de 25 etnias diferentes y se ubican en las regiones serranas de mayor marginalidad y pobreza.

La combinación de afectaciones por la roya y el clima está generan-do la mayor crisis que ha enfren-tado la cafeticultura mexicana. La falta de producción se está sustitu-yendo rápidamente por mayores importaciones de café de menor precio y calidad principalmente de robusta. En el 2014 se importaron 1.8 millones de sacos, en el 2016 no serán menores de 2.7 millones de sacos y rebasarán el volumen de producción nacional. Por primera vez se importaría cerca de un mi-llón de sacos de cafés arábigos la-vados y lo demás de robusta.

Desde diciembre del 2012 ya es-taba en el Soconusco la roya más agresiva y desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarro-llo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se promovió aplicar un producto biotecnológico que no estaba probado y no dio resultado. La roya se expandió en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y los demás es-tados productores. Desde la Sagar-pa se quiso ocultar la situación y hasta fines del 2015 la institución difundió que no había daños. Eso bloqueó la posibilidad de acciones efectivas a nivel nacional contra la roya. Se dieron recursos fiscales de manera discrecional a gobier-nos estatales, senadores, diputa-dos y presidentes municipales con pocos resultados positivos. Los funcionarios responsables fueron cesados y se nombraron nuevos.

La mayoría de los productores de café en México tienen variedades de café llamadas tradicionales como la typica, bourbon, mundo novo y otras; hay una fuerte presión para que se cambien por catimores ya que se considera que aquellas no son resistentes a la roya.

Desde la Sagarpa se ha definido un plan nacional que concentra la aplicación de los recursos fisca-les y el financiamiento en la reno-vación de cafetales pero que en el mejor de los casos beneficiaria a unos 60 mil productores.

El presupuesto público 2016 para el café asignado a la Sagarpa es de 730 millones de pesos, que es el más bajo en términos reales de las décadas recientes. Hay versiones de que podría ampliarse el monto con participación de otras institucio-nes, pero es difícil la coordinación.

En febrero del 2016 la situación se está agravando en las regiones cafe-taleras; las familias tienen una fuerte disminución de sus ingresos y se ten-drá una crisis alimentaria y social.

Llama la atención que pese a la magnitud de la crisis cafetalera, en el 2016 ya no se incluye nin-gún apoyo fiscal directo a los pro-ductores, cuando se había tenido durante los años anteriores. Ya se escucha que desde la Secretaría de Hacienda se asignan recursos incluso mayores que el programa oficial de café a algunos estados como Veracruz de manera dis-crecional y con fines claramente políticos. En Veracruz habrá elec-ciones para gobernador.

Ya hay versiones de que si se asig-naran a Veracruz 280 millones de pesos adicionales alcanzarían para un apoyo de dos mil pesos por hec-tárea y que esto se debería extender a los demás estados cafetaleros.

A diferencia de Colombia, no hay un plan amplio de atención a la crisis y se tiene una mayor descoordinación institucional y dispersión organizativa de los productores. La tendencia de los gobiernos recientes ha sido en el sentido de expresar que muchos productores deben retirarse del cultivo ya que no son productivos ni competitivos, que su actividad no es rentable, etcétera.

La gran mayoría de las familias ca-fetaleras se ha mantenido en el cul-tivo de café, con estrategias especí-ficas de diversificación de ingresos y en muchos casos de producción

propia de alimentos. Hay mucho in-terés de seguir en el cultivo del café, ya que es adecuado para las regio-nes serranas y el manejo familiar, pero se demandan mejores políticas públicas y apoyos más amplios.

Pero pareciera que el gobierno mexicano sólo prestará atención al café si se presentan fuertes movili-zaciones gremiales de los produc-tores, como las de Colombia.

Las demandas desde el sector productor son claras. Un plan na-cional con acciones más efectivas para el control de la roya, un pro-grama más amplio de renovación de cafetales combinando crédito y apoyos fiscales, una actualización del padrón cafetalero y que no se amplíe con fines políticos, un apo-yo directo al ingreso que permita mejorar la alimentación, apoyos de empleo temporal que se apliquen para mejorar el cultivo de café, re-visión de las importaciones de café y que éstas no sean de cafés daña-dos que afecten los precios internos, una mayor promoción del consumo interno y que se fortalezca una ins-titución pública con participación del gobierno federal y del sector productor además de otros actores para definir las políticas cafetaleras.

En el mercado mundial del café, la producción actual de cafés ará-bigos lavados es de alrededor de 41 millones de sacos, casi el mismo nivel que el consumo. Un 80 por ciento es producido por Colombia (35 por ciento), México, Perú y países de Centroamérica. Estos ca-fés son los que se considera de más calidad y tienen mayores precios.

Si unilateralmente Colombia sigue impulsando un fuerte aumento de la producción, y también lo hace Honduras, y si se recupera la pro-ducción en México, tendremos en poco tiempo una sobreproducción de este café y disminuirían los pre-cios. Es mejor tener acuerdos para ordenar mínimamente el mercado de estos cafés. Es importante la cooperación entre estos países. Es necesario también un mayor acer-camiento, coordinación y acuerdos de los gremios de productores de café de estos países, para una de-fensa conjunta de sus intereses.

FOTO

: Inte

rnat

iona

l Cen

ter f

or Tr

opica

l Agr

icultu

re


LA REFORMA AGRARIA EN VIETNAMNguyen Duc Truyen Sociólogo, Academia de Ciencias Sociales de Vietnam

1.- La reforma agraria entre la re-volución nacional y la revolución democrática (1945-1954). El régi-men colonial francés se establece en Vietnam a partir de fines del siglo XIX (en 1862 en Cochin-china y en 1884 en todo el país). Sin embargo, los movimientos de lucha para la independencia na-cional de los vietnamitas contra los colonialistas franceses no ha-bían tenido ningún éxito antes de 1930. El Partido Comunista Indochino (PCI), creado en 1930 y antecesor del Partido Comunista Vietnamita (PCV), abordó a partir de 1945 a la vez la cuestión nacio-nal, apuntando a la lucha por la independencia del país, y la cues-tión campesina para una reforma agraria gradual, dos objetivos ne-cesarios para lograr la revolución nacional.

En efecto, la posición sobre la cuestión campesina, en la línea política del PCI, se había apoya-do sobre las características muy particulares de Vietnam, donde el espacio cultivable de las explo-taciones familiares campesinas había sido reducido y parcelado sin cesar, a causa de lo reducido de la superficie cultivable y a cau-sa de la densidad demográfica en incremento constante a lo largo de los siglos anteriores. Sin embargo, no se puede entender esta parce-lación extrema sin analizar la evo-lución del tema de la tierra en la historia del Vietnam.

La estructura agraria en el tiempo de la colonización francesa, antes de 1954, se caracterizaba por una concentración de las tierras en manos de los terratenientes, en detrimento de las explotaciones campesinas. Antes de la guerra (en los años 1930), cerca de 50 por ciento de las tierras cultivadas eran de los terratenientes (que consti-tuían solamente tres por ciento de

la población) y nueve por ciento de esas tierras pertenecían a fran-ceses. Las tierras comunales, bajo el control de los terratenientes y de los campesinos ricos, formaban el 12 por ciento. El resto (30 por ciento de la superficie cultivada) pertenecía a los campesinos, que constituían el 90 por ciento de la población. Una encuesta de te-nencia de tierras después de 1945 muestra una situación todavía caracterizada por el sistema colo-nial. Es por esta razón que, para el PCV, la cuestión campesina estaba estrechamente ligada a la cuestión nacional y no podía ha-cer una reforma agraria sin lograr primero la liberación nacional.

Al orientarse hacia una revolución nacional, la “cuestión campesina” debía evidentemente ser tratada por el PCI de una manera más flexible que dentro de la lógica so-

cialista, aunque la referencia a la “revolución agraria” fuera recorda-da constantemente. No se trataba de luchar, desde una perspectiva obrerista, contra las clases propie-tarias en general (ya que dentro

del campesinado también hay pro-pietarios) sino solamente de luchar contra los “feudales anamitas y la clase burguesa anti-revoluciona-ria”. El objetivo de la revolución agraria era entonces el de “nacio-nalizar todas las plantaciones y las tierras de los imperialistas france-ses y de los propietarios anamitas anti-revolucionarios y repartirlas a los campesinos probres”.

Después de la victoria de la insu-rrección general (19 de agosto de 1945), el poder revolucionario se estableció en el conjunto del país. Sin embargo, los ataques de las fuerzas del imperialismo francés y de sus aliados en Vietnam habían forzado el PCI a definir una línea política específica (25 de noviem-bre de 1945), insistiendo en la “re-volución de liberación nacional” y su eslogan “prioridad al pueblo”.

Esta línea política nacional del PCI dirigió la resistencia contra los franceses entre 1946 y 1954. La política del partido movilizó todas las fuerzas favorables a la revolución nacional. Esta políti-ca –al inicio del reparto de tierras bajo la presión de la movilización de los campesinos pobres y que contribuyó a la victoria decisiva de la resistencia en 1953- fue siempre

limitada a la repartición de las tie-rras comunales y a la disminución del alquiler de la tierra, sin tocar a los terratenientes, de los cuales se esperaba que se adhirieran a la lucha nacional.

El cuadro 1 indica que la propor-ción de la propiedad de las tierras confiscada a los franceses en 1953 fue de 89 por ciento. En el caso de los terratenientes fue de 41, de 85 para los “traidores” y de 77 por ciento para las tierras comunales. Es importante anotar que, en el caso de los terratenientes, la redis-tribución de las tierras sólo afectó 41 por ciento de sus propiedades. La política de solidaridad nacional del PCI orientó esta redistribución gradual de las tierras, tolerando una propiedad de la tierra de los terratenientes.

El año 1953 marca la última fase de la resistencia y el inicio de la reforma agraria radical. En ene-ro de 1953, la cuarta reunión del Comité Central del PCV decidió “suprimir el régimen de propiedad de los colonialistas franceses y de otros imperialistas en Vietnam, anular el régimen feudal de los te-rratenientes vietnamitas y extran-jeros y promover el régimen de propiedad campesina”. Esta

Cuadro 1. Apropiación de la tierra en la República Democrática de Vietnam (RDV), 1945-1953

Propiedad original 1945-1949 ( por ciento) 1949-1953 ( por ciento)de la superficie del grupo

De la superficie total de reforma agraria

de la superficie del grupo

De la superficie total de reforma agraria

Francesa 61 10 28 3Terrateniente 10 22 31 39« Traidores » 34 7 51 6Tierras no utilizadas 23 6 50 8Tierras retenidas 6 9 26 25Iglesia 13 1Tierra comunal 32 67 45 57Total 22 100 37 100

Cuadro 2. Clases sociales, propiedad de la tierra y tierra utilizada por familia en RDV, 1945-53

1945 1953 Tierra per cápita (3)Clasificación Por

clase por ciento de tierra poseída

Ha por hogar

por ciento por clase

por ciento de tierra poseída (1)

Ha. Propie-tario por hogar

por ciento de tierra utilizada (2)

Ha- utili-zada por hogar

1945 1953 poseída

1953 utilizada

Francés 0.8 1.0 0.2Iglesia 1.6 1.6 0.6Tierra comunal 24.6 22.5 1.4Terrateniente 3.5 22.5 4.958 1.8 17.3 5.786 10.0 3.352 9741 11368 6585Campesino rico 2.2 7.1 2.437 1.2 4.4 2.259 4.5 2.288 4423 4099 4153Campesino medio

32.2 30.4 0.72 33.6 34.6 0.637 45.8 0.844 1549 1371 1816

Campesino pobre

35.4 10.8 0.234 43.5 15.7 0.224 29.7 0.424 589 563 1068

Campesino sin tierra

20.6 1.2 0.047 14.4 2.1 0.092 6.3 0.272 145 287 851

Otros obreros rurales

6.1 0.7 0.094 5.3 0.8 0.094 1.2 0.141 244 242 365

Total/promedio 100 99.7 0.762 99.8 100 0.670 99.8 0.620 1860 1513 1513

(1) La tierra que los terratenientes y los campesinos “ricos” poseen. (2) La tierra que los terratenientes y los campesinos “ricos” utilizan. (3) Metros cuadrados; sobre la base del tamaño promedio de las familias.

FOTO

: Man

hhai


política otorgó un carácter radical a la reforma agraria de este periodo, ligada a la lucha contra la clase de los terratenientes, acu-sados de ser “traidores” porque eran, según su carácter de clase, “explotadores”. El objetivo de esta fase de la reforma agraria fue el de confiscar o requisar las propieda-des de todos los terratenientes y re-partirla a los campesinos sin tierra y pobres. Todos los repartos tem-porales que habían sido hechos durante los ocho años anteriores fueron reexaminados y sanciona-dos durante esta fase (Cuadro 2).

En el mes de octubre de 1957, la décima reunión del Comité Cen-tral del Partido de Trabajadores de Vietnam declaró terminada la “ta-rea anti-feudal” en el norte. Según el balance de la reforma agraria del gobierno, en 1957 un total de 810 mil hectáreas, un millón 846 mil instrumentos de labranza, 106 mil 448 animales de tiro y 148 mil 565 casas habitación fueron distribui-dos a dos millones 104 mil 138 ho-gares campesinos, o sea ocho millo-nes 323 mil 636 habitantes o 72.8 por ciento de la población rural.

Con la reforma agraria, la redistri-bución de las tierras transformó la estructura de clases en el campo en el Vietnam del norte. El régi-men de propiedad de la tierra feu-dal y colonialista fue enteramente abolido y la clase de los terrate-nientes eliminada. El campesina-do se volvió dueño de las tierras y de la producción agrícola. Al evaluar el resultado de la reforma agraria, el partido afirmó que ésta, aunque haya cometido errores de tipo izquierdista (juicios sumarios y eventuales ejecuciones), había liberado a la economía campesi-na de los propietarios de la tierra feudales. Esta reforma abrió la

vía al desarrollo de la industria y del comercio en el marco de la economía rural y de la economía nacional.

Después de la guerra contra los franceses, llamada “Periodo de la Resistencia” (1954), el Vietnam del Norte entró en una fase de res-tauración y de desarrollo econó-mico. Por los efectos de la guerra, la economía agrícola del Norte estaba anémica: 140 mil hectáreas estaban incultas; casi todos los sistemas de diques y de irrigación

habían sido gravemente dañados, al punto que 200 mil hectáreas de arrozales ya no eran irrigados; centenas de miles de animales de arrastre habían sido matados, y hacían falta de forma dramáti-ca instrumentos de labranza. Las políticas económicas fueron pues reorganizadas y se dinamizó la producción agrícola, fundamento de toda la economía nacional.

La economía campesina fue alen-tada por ocho medidas, promul-gadas en mayo de 1955 por el go-

bierno. Se trataba de asegurar los derechos de la propiedad sobre la tierra; de garantizar los bienes de los campesinos y de otras capas sociales; de fomentar el desbroce y el cultivo de las tierras sin cul-tivo (exoneración de impuestos, durante tres años, para las tierras puestas en cultivo, y durante cin-co años para las desbrozadas); los campesinos fueron enteramente exonerados de impuestos sobre los incrementos de cosechas y sobre la producción de rendimientos elevados; fue permitido alquilar mano de obra y animales de arras-tre, prestar y endeudarse; el desa-rrollo de formas de ayuda mutua fue alentado, lo mismo para las ocupaciones rurales secundarias como para los oficios artesanales; las familias trabajadoras fueron recompensadas, y el sabotaje de la producción fue reprimido.

Los efectos de las políticas econó-micas fueron crear el apego de los campesinos a la producción agrí-cola. Todos los índices de produc-ción agrícola se incrementaron, pese al hecho que las condicio-nes de trabajo material y técnico

siguieron idénticas a las de antes de la guerra. La conciencia de ser dueños de su tierra cambió funda-mentalmente la mentalidad eco-nómica de los campesinos.

Pero este desarrollo económico tenía límites. Las familias campe-sinas individuales tenían muchas dificultades para estabilizarse y desarrollar sus explotaciones. La superficie promedio de cada hogar era muy limitada (menos de 0.4 hectáreas en el delta del río Rojo). Varias familias debían compartir un búfalo o un buey de arado. Los instrumentos de cultivo necesarios y elementales, como el azadón, la hoz y el rastrillo, hacían falta. Las calamidades naturales fueron numerosas durante este periodo, agravando todavía más sus dificultades. Algunos hogares campesinos se vieron obligados a vender sus tierras o sus arrozales.

Según las encuestas, era claro que los campesinos pobres (70 por ciento) y los campesinos me-dios (25 por ciento) no estaban a la altura en el trabajo de gestión y desarrollo de sus explotaciones. El hecho de vender sus tierras o sus animales de arrastre lo demostra-ba. En efecto, estos campesinos no tenían suficiente experiencia para hacer prosperar explotacio-nes agrícolas cuya superficie había sido multiplicada por tres. Por otro lado, los campesinos ricos y me-dios, capaces de cultivar explota-ciones de este tamaño, fueron obs-taculizados en sus actividades por razones políticas. El dinamismo de la economía campesina fue en-tonces limitado por los prejuicios políticos contra ellos.

2.- La colectivización: la reforma agraria en la revolución socialis-ta. La revolución socialista,

Cuadro 3. Apropiación de las tierras en RDV antes y después de la reforma agraria (en metros cuadrados por habitante)

Beneficiarios 1945 1953 1957Tierra en posesión

Tierra utilizada (1)

Tierra en posesión

Tierra utilizada (2)

Tierra en posesión

Terratenientes 10 093 11 356 6 393 738Campesinos ricos 3 975 4 679 3 345 1 547Campesinos medios 1 372 1 688 1 257 1 678 1 610Campesinos pobres 431 680 490 1 006 1 437Campesinos asalariados

124 252 262 807 413

(1) Comprende el uso de la tierra comunal. (2) Comprende distribuciones temporales, que incluyen tierra comunal.

Cuadro 4. Efectos de la Reforma Agraria

Años Superficies (en ha)

Rendimiento promedio (en T/ha)

Producción (en T)

1939 1 836 000 1.33 2 353 2001945 2 650 000 1.43 3 770 0001954 1 898 100 1.37 2 600 0001955 2 224 000 1.62 3 604 0001956 2 280 000 1.81 4 132 0001957 2 191 000 1.80 3 947 0001958 2 225 000 2.04 4 576 0001959 2 231 000 2.33 5 200 000

FOTO

: Man

hhai

FOTO

: Man

hhai


en la cual la colectivización agrícola fue uno de los meca-nismos principales, suprimió el derecho de propiedad individual de la tierra y de los medios de pro-ducción, cuando los campesinos empezaban a reapropiarse de las tierras redistribuidas por la refor-ma agraria. Para evitar reacciones negativas, el Estado vietnamita alentó formas voluntarias de ayu-da mutua que ya habían existido durante la guerra en las zonas li-beradas. Colectividades de ayuda mutua, compuestas por 20 a 30 ho-gares, ponían en posesión común las tierras, los animales de arrastre, los instrumentos de labranza y la mano de obra, y trabajaban jun-tos, compartiendo el resultado de la producción común según la importancia de las tierras de cada hogar. Esta colectividad de ayuda mutua se desarrolló en una forma de cooperación agrícola.

Gracias a ella, durante el período de restauración y de desarrollo económico de 1958-60, los progre-sos económicos fueron apreciables en el Vietnam del Norte. Aunque las colectividades de ayuda mutua fueras calificadas por los cuadros políticos de aquella época como “cooperativas de bajo nivel”, ha-bían mostrado bien el espíritu de una cooperación económica de-mocrática e igualitaria. El cuadro 4 muestra los efectos positivos de la reforma agraria y de las políticas de desarrollo económico durante los años que antecedieron a la co-lectivización agrícola. Las superfi-cies cultivadas se incrementaron en 20 por ciento, después de cinco años de restauración económica (1954-1959). El rendimiento se in-crementó en casi la mitad (44 por ciento). La producción se duplicó.

Como se ve, las primeras tenta-tivas de reforma agraria radical tuvieron resultados fluctuantes. La restauración económica estu-vo lejos de cubrir las necesidades elementales del país. Sin embargo, durante el periodo de resistencia colonial, un impulso había sido dado a los campesinos para que se organizaran voluntariamente bajo la forma de grupos de ayuda mu-tua. Sin embargo, por razones po-líticas, durante el periodo siguien-te, el principio de organización voluntaria fue remplazado por el proceso de colectivización.

A inicios de los años 60’s, las tierras y los medios de producción fueron transformados en propiedad co-lectiva de las cooperativas. Éstas debían responder no solamente al problema de fragmentación de las tierras agrícolas, mediante una constante y progresivo ampliación de la escala del trabajo colectivo (del nivel de aldea al de comuna o distrito, sino sobre todo a la exi-gencia de una economía nacional de tipo socialista, establecida por el programa político del PCI en 1930. Este último afirmaba: “des-pués de haber realizado la revo-

lución socialista democrática, el pueblo vietnamita debe empezar la revolución socialista”; “realizar esta transformación revoluciona-ria es realizar la transformación y la edificación socialista […]”

En realidad, la colectivización agrí-cola de Vietnam –y las nuevas rela-ciones de producción, de organiza-ción del trabajo y de reparto de los productos-, se inspiró en el modelo económico soviético. Y se justificó sobre todo por razones políticas más que por objetivos económicos.

Este modelo en Vietnam demos-tró la inferioridad permanente de la productividad del trabajo colec-tivo, en relación con la del trabajo individual o familiar. Frente a esta situación, Le Duan, secretario ge-neral del PCV en aquella époque, reconocía: “Hoy, en el campo, la situación es la siguiente: en el in-greso real de los campesinos, 44.5 por ciento proviene de la econo-mía colectiva y 55.5 por ciento de la economía familiar complemen-taria. Por otro lado, para un cinco por ciento de la superficie total, re-servado para el uso privado de los campesinos, según las cifras de la Oficina General de Estadísticas, la producción llega a representar entre 60 y 70 por ciento del valor total de los productos del área co-lectiva, la cual constituye 95 por ciento de la superficie total”.

La razón de esta situación es que el modelo de colectivización agrí-cola había separado a los campesi-nos-trabajadores de su tierra y de su proceso de producción agrícola, transformándolos prácticamente en asalariados agrícolas. A partir de la década de 1980, este modelo engendró crisis tras crisis, porque no había tomado en cuenta el inte-rés de los campesinos, la ineficacia del trabajo colectivo, la particula-

ridad de la producción agrícola ni el papel de la economía familiar en una sociedad rural.

3.- La descolectivización: la re-forma agraria en la transición post-colectivista. Al intentar solu-cionar los efectos perversos de la colectivización, se aplicaron me-didas que intentaron fortalecer el modelo en vez de abandonarlo y demostraron ser aún más inefica-ces. Sólo las iniciativas de retorno a la economía doméstica trajeron soluciones prácticas y eficaces. Este retorno se hizo primero en la sombra, a partir de contratos clandestinos de alquiler de tierras colectivas a hogares campesinos, que remplazaban algunos traba-

jos colectivos por el trabajo de los hogares, como antes de la colecti-vización. Estas actividades ilegales de los campesinos, llevadas a cabo frecuentemente con la complici-dad de los responsables locales en diferentes niveles de responsabili-dad, no eran más que estrategias de supervivencia. La elección para ellos era simple: vivir y so-brevivir para no padecer hambre o aplicar las normas y directivas oficiales. Estas prácticas ilegales, fuertemente criticadas a inicios de los años 70’s, fueron oficialmente aceptadas e implementadas por el Estado a partir de los años 80’s.

El decreto 100 (1981) del Comité Central del Partido Comunista

Vietnamita, llamado por los cam-pesinos el contrato de “alquiler a precio fijo” sentó las primeras bases de una descolectivización sin tocar sin embargo el estatus jurídico de las cooperativas colec-tivistas. Hubo que esperar el Sexto Congreso Nacional del Partido, en 1986, que criticó el modelo de colectivización agrícola como principal obstáculo a la reforma agraria, para que fuera reconocido el estatus jurídico de la economía doméstica en la economía nacio-nal. El regreso a la economía do-méstica y la aparición de la ley de tierras en 1993 fueron los factores que garantizaron el derecho de uso de las tierras por los hogares agrícolas, confirmando así el ini-cio de la descolectivización.

Este proceso de realizó de ma-nera gradual en Vietnam, con el traspaso del derecho de propiedad sobre la tierra al Estado. Las tierras agrícolas antes llamadas de propie-dad colectiva de las cooperativas agrícolas se convirtieron ahora en propiedad del Estado. Los hogares campesinos asumieron un dere-cho de uso de las tierras y no el derecho de propiedad, como antes de la colectivización agrícola.

Después de la Resolución 10, la producción agrícola mejoró de manera significativa. Sin em-bargo, por diversas razones esta reforma no pudo fortalecer la economía rural. En efecto, la pro-ducción agrícola, condicionada por la reducción anual de la tierra cultivable y por la fragmentación de las tierras ligada al sistema de contrato de alquiler a precio fijo, enfrentaba obstáculos. Para salir de estas dificultades, el gobierno buscó desarrollar todas las posibi-lidades de la economía doméstica, entre ellas la pluriactividad.

Cuadro 5: Evolución de la estructura económica de Vietnam entre 1985 y 2008

Sectores y contribución al PIB en USD - 2000 1985 (A) 1990 2000 2008 (B)

Evolución : B-A1985-2008

Agricultura 37.2 33.6 24.5 18.5 -18.7Industria 26.2 26.1 36.7 43.2 16.9Producción individual 15.9 13.9 18.6 25.2 9.3Servicios 37.0 40.3 38.7 38.3 1.3Total 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0

Fuente: Índices de desarrollo mundial, Banco Mundial

Cuadro 6: Ingreso promedio per cápita mensual en los sectores rurales y urbanos Unidad: 1000 VNĐ

2002 2004 2006 2008 2010

CONJUNTO DEL PAÍS 356.1 484.4 636.5 995.2 1.387.1 Urbano-Rural

Urbano 622.1 815.4 1.058.4 1.605.2 2.129.5

Rural 275.1 378.1 505.7 762.2 1.070.4

FOTO

: Sta

ffan

Sche

rz


Esta solución fue contem-plada por el Partido, durante la quinta Conferencia del Comité Central (1993). La estrategia eco-nómica del Partido en relación con la economía rural fue de: “renovar la estructura económica agrícola y rural; proseguir la políti-ca de desarrollo de una economía de diferentes componentes; poner en manos de los hogares campe-sinos el derecho de utilización de las tierras a largo plazo (20, 30 hasta 50 años); renovar la macro-política del Estado en relación con la agricultura y el campo”.

La Resolución 5 concedió más de-rechos de utilización de las tierras a los hogares campesinos: derecho de traspaso, de alquiler de uso de la tierra, de herencia y de hipoteca del derecho de uso de la tierra. La polí-tica agrícola del Estado se transfor-mó entonces en política económica rural. El desarrollo de la economía doméstica fue entonces alentado también por múltiples actividades económicas extra agrícolas. La es-tabilización de la producción agrí-cola y el fomento de las actividades no agrícolas fueron factores impor-tantes que lograron el éxito de la economía rural a partir de 1993. En efecto, las actividades no agrí-colas cambiaron la estructura de los ingresos campesinos, trayendo recursos nuevos a la economía do-méstica, mientras que los ingresos agrícolas aseguraban sobre todo el autoconsumo familiar.

Esta diversificación de las activida-des económicas domésticas llevó a una diferenciación de los hogares campesinos en tres categorías y a un cambio de las relaciones entre ellos y la tierra. La primera catego-ría es la de los “hogares puramen-te agrícolas”, que practican sólo actividades agrícolas y ganaderas y

venden ocasionalmente su trabajo. La segunda es la de “hogares mix-tos”, que practican a la vez activi-dades agrícolas y de ganadería y actividades no agrícolas de forma regular, como el comercio, la ar-tesanía y los servicios. Finalmente, la tercera categoría es la de “ho-gares no agrícolas”, que practican una actividad no agrícola especí-fica, conservando sin embargo su acceso a tierras agrícolas, como los otros tipos de hogares. Para estas tres categorías, la importancia de las actividades agrícolas, y por tan-to de la tierra, se desvalorizó en la medida que desarrollaban relacio-nes de mercado en sus actividades económicas. En realidad, la jerar-quía de los niveles de vida de estos grupos es definida, de abajo hacia arriba, por el acceso a medios fi-nancieros como recurso principal (del tercer al primer grupo).

Es por esta reforma decisiva de las relaciones entre el hombre, el trabajo y la tierra que la econo-mía doméstica y la agricultura de Vietnam lograron éxitos impor-tantes. La tasa de pobreza general del país se redujo rápidamente, de 58.1 a 37.4 por ciento, entre 1993 y 1998. La tasa de pobreza alimentaria descendió también, de 24.9 a 15 por ciento. La razón principal de lo ocurrido en este periodo está en un crecimiento económico rápido y estable del país. Además, este crecimiento atendió los intereses de todos los grupos sociales, en especial de los campesinos, que representaban hasta 90 por ciento de los pobres del país (PIB: standard living sur-vey Vietnam 1997-1998).

La descolectivización y el regreso a la economía doméstica escon-den sin embargo un elemento central y decisivo que viene a con-

traponerse a la lógica de la econo-mía doméstica: la introducción de la economía de mercado.

Si la pluriactividad es una carac-terística antigua de la economía doméstica rural, toma con el Doi Moi (la descolectivización) y el desarrollo de la economía de mer-cado una nueva orientación: hace entrar en la economía doméstica factores de producción industrial, como la energía, las máquinas, los fertilizantes, etcétera, e introduce también relaciones productivas de mercado, deformando la natura-leza de la agricultura campesina y las relaciones sociales que le están ligadas, como las relacio-nes de familia, de vecindad y de comunidad.

A partir de los años 2000, los éxitos de la reforma económica y de la in-tegración del país en la economía mundial conllevaron un cambio radical de la estructura económi-ca nacional y el descenso del peso de la producción agrícola en la producción nacional (cuadro 5). Esta desvalorización de la produc-ción agrícola en una economía de mercado tuvo consecuencias muy negativas para los campesinos, pro-vocando una desigualdad del nivel de vida entre el campo y la ciudad (cuadro 6). El ingreso promedio de los habitantes del campo no es más que la mitad del ingreso promedio de los habitantes de las ciudades, lo que favorece el éxodo rural hacia las ciudades o los centros industria-les creados recientemente.

Además, la distensión de las rela-ciones entre el hombre y la tierra y de las relaciones entre las comu-nidades, bajo la influencia de la economía de mercado, creó tam-bién estados psicológicos y menta-lidades que fortalecieron ese mo-

delo. Los hogares campesinos con más medios económicos pudieron abandonar sus actividades agríco-las para mejorar su vida localmen-te, pero los hogares campesinos que no tenían más que sus brazos debieron salir de sus comunidades para ganarse la vida en las ciuda-des o en otros lugares.

Desde 2010, Vietnam ha conocido una tasa elevada de éxodo rural y una tasa de urbanización de 26 por ciento, mientras que en 2000 no era más que de 19 por ciento. La tasa de crecimiento anual de la población urbana es actualmente de 4.1 por ciento. Sin embargo, esta evolución no aporta más que algunos recursos que permiten a los más pobres del campo mante-ner su economía doméstica como base de supervivencia inmediata. Mientras, para los hogares no agrí-colas y ricos, la tenencia de lotes de tierra no significa más que uno de los símbolos tradicionales de su éxito económico. De esta manera, el éxodo rural ha fortalecido la fragmentación de las tierras agrí-colas y de la economía doméstica, impidiendo un reagrupamiento de tierras en el campo.

Para solucionar estas dificultades de la economía doméstica y mejo-rar las condiciones de vida de los campesinos, el Estado vietnamita buscó desarrollar nuevas políti-cas de desarrollo político y rural. Entre ellas, se puede citar la “po-lítica de reducción del número de parcelas de cada hogar, al pro-mover el intercambio de parcelas vecinas, para ampliar la superficie agrícola” y para reducir el estado de fragmentación de las tierras agrícolas. Desde el punto de vista del desarrollo rural, se trata de la construcción de una «nueva vida en el campo», al integrar las acti-

vidades económicas en común (la infraestructura, las obras públicas y el mejoramiento del nivel de vida) en un programa nacional de desarrollo social (salud y educa-ción), político (seguridad social) y cultural (actividades comunita-rias). Esto debe ayudar a los ho-gares campesinos a desarrollar su actividad productiva, a la vez que los inscribe en las redes locales, re-gionales y nacionales para extraer nuevos recursos para el desarrollo de las comunidades rurales.

A partir del reagrupamiento de las tierras agrícolas, del desarrollo de las infraestructuras rurales y del mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos, el obje-tivo es realizar un cambio de eco-nomía doméstica a una economía de escala, bajo la forma de gran-jas agrícolas, de granjas mixtas o de empresas no agrícolas. Esta política está todavía en una etapa piloto, pero ya ha conocido difi-cultades. En efecto, sucede que la cooperación entre hogares campe-sinos sólo es aceptada a nivel de intercambios de experiencias o de ayuda mutua, pero no para aportes de capital o para compartir cuotas de mercado.

En las zonas rurales industrializa-das y urbanizadas, las mejoras del ingreso de los hogares campesi-nos son una realidad, asegurando el crecimiento de las actividades agrícolas, y conservando al mismo tiempo una estabilidad de la vida rural. Esto muestra que el desarro-llo de la sociedad rural del Viet-nam de hoy debe apoyarse en la integración de la economía rural a la economía nacional y sobre el aporte de esta última a la econo-mía rural y no solamente sobre el aporte de los esfuerzos de los cam-pesinos.

FOTO

: Bria

n Hu

ang

FOTO

: Bria

n Hu

ang

FOTO

: Khá

nh H

moo

ng


SOCIEDADES Y PARLAMENTARIOS UNIDOS CONTRA EL TPP

Del 27 al 29 de enero pasados organizacio-nes sociales de Mé-xico, Canadá, Chile,

Perú y Estados Unidos (EU), y parlamentarios de todas estas na-ciones excepto EU se dieron cita en diversos foros y reuniones en la Ciudad de México para debatir de manera crítica el Acuerdo Estraté-gico Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y sus posibles consecuencias en ámbitos como la salud, la agricultura, la propiedad intelectual, las legislaciones inter-nas y la soberanía nacional.

Como resultado, generaron sen-das Declaraciones, una de las or-ganizaciones sociales y otra de los acuerdos con parlamentarios, y de ello destacó el que “Declaramos que la firma del TPP, el 4 de febre-ro en Auckland, Nueva Zelanda, será en contra de la voluntad de los pueblos”.

Conjuntamente, con los parla-mentarios, las organizaciones de-finieron planes de acción, donde resaltan una campaña de difusión en cada uno de los países parti-

cipantes, sobre la “amenaza a la democracia y a la soberanía” que implica el TPP y para promover el rechazo a su ratificación.

Asimismo, en este Encuentro Inter-nacional en Oposición al TPP acor-daron impulsar recursos jurídicos nacionales, y recursos de derechos internacionales, incluida la deman-da a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para obtener su opinión sobre si el TPP es violatorio o no de normas de derechos humanos y, en su caso, solicitar medidas cautelares ante dichas violaciones. También se so-licitará consulta ante organismos de las Naciones Unidas para su debida protección.

Un compromiso más fue propi-ciar consultas ciudadanas y po-pulares, y “[…] alentamos unir esfuerzos hemisféricos e interna-cionales para denunciar la ame-naza del TPP y exigir su entierro definitivo”.

Las organizaciones y parlamen-taros programaron realizar en Canadá en los meses veni-

TESTIMONIOS¿QUÉ ESTRATEGIAS SEGUIRÁN LAS SOCIEDADES PARA ENFRENTAR EL TPP?Ricardo Arnold Common Frntiers, Canadá

Cuando se armó la lucha contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), representantes sociales de México, Estados Unidos y Canadá nos juntamos; fue en 1990-91 y hubo cierta madurez para observar nuestras diferencias

país por país pero también para entender que podíamos trabajar con-juntamente con una estrategia transfronteriza. Fue una lucha que en ciertos momentos parecía que sería exitosa y que al final no lo fue. De cualquier manera allí se pusieron las bases de la intercomunicación con los países. Ahora con el TPP este proceso revive y no es muy di-fícil retomar las pistas de la gente que ha estado en la lucha durante los 25 años recientes. Después de aquel primer encuentro, y con la derrota que sufrimos con la firma del TLCAN, hablamos de nuevo las organizaciones de los tres países y coincidimos en que había que ha-blar con nuestros pares de todo el sur del Continente; hicimos una gira en 1995-96 e interactuamos con diversas organizaciones y redes. Se formó entonces la Alianza Social Continental en 1998-99, a la cual se sumaron gobiernos progresistas, como los de Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela, también Cuba. Con eso pudimos por primera vez hablar a nivel continental y establecer estrategias comunes frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), iniciativa nacida en 1994 en Miami. Hicimos presencia cada vez que había reuniones de presidentes y también de ministros; la gente llegaba de los diversos países y hacía presencia en las calles. En Canadá hubo dos o tres even-tos mayores. En Quebec por ejemplo hubo manifestaciones de gente latinoamericana en las calles. Al final, con un acto en Mar de Plata, en Argentina, se logró la batalla, la iniciativa del ALCA fue enterrada. Eso fue en 2005, luego se perdieron muchos conectes. Canadá comenzó

a firmar tratados comerciales bilaterales y nosotros nos enfocamos a enfrentar eso y perdimos la relación con organizaciones de Latinoa-mérica. Ahora, ante la amenaza del TPP vamos a retomar los contactos y a construir nuevos para impulsar otra vez estrategias transfronteri-zas. Después de casi diez años de un gobierno de extrema derecha (con Stephen Harper, del Partido Conservador, como primer ministro entre 2006 y 2015), en que no logramos incidir en nada, ni siquiera que nos escucharan los funcionarios públicos, mucho menos movi-lizarnos en la calle, ahora con el nuevo gobierno encabezado por el Partido Liberal (con Justin Trudeau como primer ministro), nos sen-timos aliviados, si bien las declaraciones de los funcionarios públicos no resultan esperanzadoras. La ministra de Comercio Internacional, Crystia Freeland, ha dicho que signaría el TPP (en la firma oficial del 4 de febrero en Nueva Zelanda), pero que se mantendrá escuchando a la sociedad por si hubiera algo que tomar en cuenta para la ratificación del Tratado. No obstante ha insistido en que Canadá es un país afín al libre comercio. La estrategia que seguiremos en Canadá es esta: igual que en México, nadie ha leído las más de seis mil páginas del TPP y hay desconocimiento de sus detalles. La ministra Freeland ha ofreci-do realizar consultas. Nosotros vamos previamente a dar talleres para informar a la gente lo que implica el TPP; buscaremos adelantarnos y dar la información antes de que se realice la consulta en cada pueblo o locación. Con ello la población podrá saber si es o no bueno el Tratado. Es información lo que se necesita.

El TPP es un atentado flagrante a los derechos de los

Pueblos reconocidos por el Protocolo

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

(PIDESC), pues pretende legalizar el despojo,

el patentado, y la mercantilización de

la biodiversidad y bioculturalidad,

los conocimientos y saberes y los derechos

consuetudinarios de los pueblos originarios,

ya que obliga a los gobiernos a suscribir convenios de rapiña y

lucro en beneficio de las empresas trasnacionales

FOTO

S: E

nriq

ue P

érez

/ An

ec


deros un nuevo y renovado “Diálogo de parlamentarios con movimientos sociales opositores y alternativos al TPP”. Y también programaron acciones de movili-zación, convocando “a todos los movimientos sociales, civiles y ciudadanos en general de los paí-ses involucrados a movilizarse para detener la aprobación del TPP”.

En la Declaración particular de los movimientos sociales, se seña-la que “las organizaciones sociales de los países involucrados en el TTP, levantamos la voz de alerta y protestamos ante la pretensión de que aceptemos una legisla-ción supranacional, que ha sido construida a espaldas del pueblo y según los dictados de los grandes capitalistas”.

Dice que “Reconocemos el de-recho de los Pueblos indígenas y campesinas sobre los recursos genéticos y el conocimiento tra-dicional, en tanto que el TPP es un atentado f lagrante a los dere-chos de los Pueblos reconocidos por el Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Socia-les y Culturales (PIDESC), pues pretende legalizar el despojo, el patentado, y la mercantilización de la biodiversidad y bioculturali-dad, los conocimientos y saberes y los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios, ya que obliga a los gobiernos a suscri-bir convenios de rapiña y lucro (como la Convención Interna-cional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991, UPOV-91) en beneficio de las empresas trasnacionales y hace referencia a otros mecanismos

de despojo como el Protocolo de Nagoya”.

También destaca que “El meca-nismo de solución de disputas en tribunales privados internaciona-les, parte de la columna vertebral del TTP, es injusto ya que sólo las empresas extranjeras pueden demandar a los Estados y ni éstos, ni las comunidades afectadas por los efectos de sus inversiones pue-den demandar a dichas empresas. Este mecanismo y las demandas millonarias que conlleva preten-den someter a la política para que sirva al lucro de los inversionistas extranjeros, en lugar de respon-der al interés público, erosiona los sistemas judiciales nacionales y soberanos y saquea los ingresos públicos”.

“Bajo el disfraz de reglas de pro-piedad intelectual y comercia-les”, dice la Declaración, “se es-conde el interés de ejercer control político social en el uso de inter-net, se obstaculizan los derechos digitales, lo que es abiertamente contrario a las libertades democrá-ticas, al derecho humano a la in-formación y a la socialización del conocimiento”.

Entre los parlamentarios partici-pantes estuvieron los senadores Manuel Bartlett, Layda Sanso-res, Dolores Padierna y Alejandro Encinas, así como el diputado Juan Romero, por parte de Mé-xico. De parte de Chile estuvo el parlamentario Giorgio Jackson, por Perú el parlamentario Yohny Lescano, y por Cnadá los parla-mentarios Andrés Montecillos y Elizabeth May.

Entre las organizaciones naciona-les estuvieron presentes la Cam-paña Nacional Sin Maíz no hay País, la Nueva Central de Trabaja-dores (NCT); la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), la Asociación Nacio-nal de Empresas Comercializa-doras de Productores del Campo (ANEC); la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Grupo de Estudios Ambientales (GEA); el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”; el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS); el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS); la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida; la Coordinadora Nacional de Sin-dicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC), Vía Orgánica; Mi-llones contra Monsanto; FIAN México, y el CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores del Inca Rural (INCA).

De las organizaciones interna-cionales destaca, por Canadá, la Confederación de Sindicatos Na-cionales (Quebec), el Sindicato Maestros, el Sindicato del Con-greso Laboral Canadiense, CSN/RQUIC, Common Frontiers, la Red de Justicia en el Comercio, el Sindicato de Empleados Pú-blicos y el Sindicato de Maestros Secundarios. De Estados Unidos estuvieron el Institute for Agri-culture and Trade Policy (IATP), la AFL-CIO y la Unión de Elec-tricistas. De Chile, la Plataforma Chile Mejor sin TPP, y de Perú la Red Latinoamericana de Deuda y Desarrollo.

PLATAFORMA CHILE MEJOR SIN TPP, CHILE

Carlos Figueroa

Esta Plataforma surgió luego de que descubrimos que durante cinco años el gobierno chileno, junto con los de otros países, estaba negociando un tratado que afectaría la soberanía chile-na, o sea la capacidad de nuestro pueblo para darse sus propias

leyes, que afectaría la salud de los chilenos, los derechos digitales, la soberanía de los pueblos indígenas y la posibilidad de nuestros legisla-dores de poder legislar sobre materias que tienen que ver con derechos sociales. Tuvimos nuestra primera reunión en junio de 2015 y decidimos hacer una convocatoria amplia a diversas organizaciones para unirse en movilización, acción e información en contra del TPP y con la expec-tativa de poder detener la negociación secreta. Cuando vimos que ya no teníamos mucho por hacer en ese sentido, avanzamos en la expec-tativa de tener un tratado que sea rechazado en el parlamento chile-no. En este punto hemos enfocado nuestra acción. Las organizaciones que conforman la Plataforma reflejan bastante los temas que toca el tratado; son muchas: sindicatos de salud, organizaciones gremiales de médicos, técnicos de la medicina; organizaciones que provienen de los pueblos indígenas como los mapuches que han visto vulnerado su de-recho a participar y a ser consultados por este tratado; también se han unido organizaciones que han reclamado anteriormente la propiedad y la importancia de las semillas, como las que lucharon contra Monsanto; están organizaciones nuevas y varias que tienen que ver con los dere-chos digitales, con la vigilancia y controles que quiere establecer el tra-tado en materia de internet, y otras que tienen que ver con los derechos sociales de los chilenos. La sociedad chilena no está informada sobre el TPP y por eso no ha manifestado su rechazo completo. Es un grupo muy pequeño el que conoce sus implicaciones. Esperamos que poco a poco, con manifestaciones y encuentros que promovemos, se creará concien-cia sobre el tema. La estrategia de la Plataforma es la movilización para generar conciencia y de información por medio de campañas públicas, así como visitas constantes con los parlamentarios para inducirlos a que voten en contra de la ratificación. Los parlamentarios se han venido dando cuenta de la gravedad de las posibles consecuencias del TPP y mientras más saben más consideran que deben rechazar el tratado. Sí es viable y deseable que Chile diga no al TPP.

RED LATINOAMERICANA SOBRE DEUDA, DESARROLLO Y DERECHOS, REPRESENTANTE DE PERÚCarlos Bedoya

En el caso de Perú, hasta antes de que entrara en vigor, en 2009, el Tratado de Libre Comercio (TLC) que tiene con Estados Unidos, había una legislación común de propiedad intelectual con Ecuador, Colombia y Bolivia –que era una decisión en el marco de la Comunidad Andina de Naciones-, la cual regulaba productos biológicos. Con el TLC, una de principales normas que se derogaron en el país fue ese acuerdo, y lo mismo le ocurrió a Colombia. Tuvimos entonces una vulneración, pues el TLC da mayores garantías a las empresas farmacéuticas y pone lími-tes a las medicinas genéricas. En la mayoría de farmacias de Perú no se encuentran genéricos y con el TPP eso se va a agudizar; además avanza-remos a una mayor desprotección con patentes de segundo uso, esto es que si alguna medicina sirve para la gripe pero también contra infartos, tendrá dos patentes y deberán pasar varios años para permitir la libe-ración de genéricos. Y los medicamentos de marca cuestan hasta diez o 20 veces más caros. Hay estudios que indican que con el TPP se va a retrasar la salida de genéricos sobre todo de medicinas contra el cáncer, y los precios de los patentados serán prohibitivos para su uso en el sec-tor público de salud. Esta es una de las cosas negativas que vemos en el TPP y por lo cual lo rechazamos. Otro aspecto es el relativo a las restric-ciones al uso del internet, lo cual repercutirá en menor empleo para los jóvenes. Los opositores al TPP en Perú tenemos la estrategia de que el Tratado entre a discusión al Congreso y tratar de que la mayoría de los congresistas voten en contra de su ratificación pero además que éstos promuevan el debate público y que se divulguen así los peligros del TPP. Pero hay algo muy escabroso. Los ministerios de Economía y Finanzas y de Comercio están buscando que el TPP no entre a discusión en el Congreso, pues el artículo 56 de nuestra Constitución habla de que un Tratado debe ser sancionado por el Congreso siempre y cuando verse en el tema de derechos humanos o implique cambios en la legislación interna o que su enfoque sea en materia tributaria. La estrategia de los ministerios es decir que nada de esto aplica, porque no es un convenio de derechos humanos, por más que sabemos que los afecta; porque no es de tributación, por más que sí impacte en ella, y van a decir que no afecta la legislación interna, pues ésta fue ya modificada cuando se aprobaron los TLCs con Estados Unidos y con Europa.

FOTO

: Enr

ique

Pér

ez /

Anec

NO. 101 Colombia: inminencia

Documents

Transcript of NO. 101 Colombia: inminencia