NÚMERO 9 ICIEMBRE DE 2015 - Eumed.net · una publicación electrónica de periodicidad semestral,...

NÚMERO 9 DICIEMBRE DE 2015

Revista electrónica [http://www.eumed.net/rev/rehipip/09/index] e impresa Texto al completo del nº 9 en versión electrónica (html y Pdf) y editado en papel en Madrid

Número monográfico dedicado a ESTUDIOS DE HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS, DE LAS DECLARACIONES DE DERECHOS

HUMANOS, DEL DERECHO PÚBLICO DE LOS PAÍSES DEL ESTE DE EUROPA ENTRE 1917 Y

1990 Y DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS FRANCESAS, ITALIANAS Y GERMÁNICAS (SIGLOS

XVIII-XXI) EN HOMENAJE A MAURICE DUVERGER (1917-2014)

GUNZENHAUSEN – MADRID – BARCELONA

La Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas es una publicación electrónica de periodicidad semestral, que incorpora el sistema de referees por pares para la edición de los artículos. Dicho criterio no se aplica a la sección de Notas, Noticias, Recensiones, y Valoraciones doctrinales, bajo el control del director y de la vicesecretaria de redacción. La presente revista es la única publicación periódica española de carácter científico en el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas que admite trabajos y colaboraciones en 15 lenguas (francés, inglés, italiano, alemán, español, polaco, árabe, holandés, catalán, húngaro, latín, croata, búlgaro, sueco y rumano). No se admiten ya, desde 2013, trabajos escritos en portugués, danés, ruso, ucraniano, griego moderno, noruego, finés, etc. Asimismo, se acompañarán resúmenes y palabras clave en dos lenguas de las anteriormente indicadas. Los profesores que, a iniciativa propia, no invitados por la redacción, envíen artículos a esta revista deben ser docentes de una Universidad que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas español, a través de Webometrics, integre entre las dos mil primeras del mundo. Amplios Abstracts de la revista aparecen publicados en EconPapers (Örebro University – Swedish Business School. Suecia), en RePec-Ideas de la Society of Economic Dinamics (University of Connecticut. EE.UU), en EconBiz (Hannover, Leipzig y Colonia. Alemania) y en Соционет, научное информационное пространство (Moscú. Rusia). La presente revista ya no es una publicación periódica vinculada a la Universidad de Málaga, sino interuniversitaria, con un sitio alojado en Gunzenhausen (República Federal de Alemania). Las indicaciones sobre el modo de envío de artículos y recensiones están precisadas en Normas de publicación. Latindex reconoce el cumplimiento de 34 Criterios a la Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas.

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REVISTA EUROPEA DE HISTORIA DE LAS IDEAS

POLÍTICAS Y DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

NÚMERO 9

ESTUDIOS DE HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS, DE LAS DECLARACIONES DE DERECHOS HUMANOS, DEL DERECHO PÚBLICO DE LOS PAÍSES DEL ESTE

DE EUROPA ENTRE 1917 Y 1990 Y DE LAS

INSTITUCIONES POLÍTICAS FRANCESAS, ITALIANAS

Y GERMÁNICAS (SIGLOS XVIII-XXI) EN HOMENAJE

A MAURICE DUVERGER (1917-2014)

DICIEMBRE-2015

EUMED.NET Y SERVICIOS ACADÉMICOS INTERCONTINENTALES

SITIO ALOJADO EN GUNZENHAUSEN, DISTRITO DE WEISSENBURG-

GUNZENHAUSEN, BAVIERA (REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA)

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EQUIPO TÉCNICO DE EDICIÓN EDICIÓN EJECUTIVA IMPRESA

Manuel J. Peláez RESPONSABLE DE EDICIÓN

Miriam Seghiri MAQUETACIÓN EDICIÓN ELECTRÓNICA

Miriam Seghiri Lisette Villamizar

ISSN 2174-0135 versión electrónica ISSN 2386-6926 versión impresa Depósito Legal: MA 2135-2014

© Los autores de las colaboraciones son responsables de los contenidos expresados en los mismos. La redaccion de la revista, por la amplitud de procedencias geográficas, diversidad de temáticas cultivadas y diferencias lingüísticas de sus miembros, no se identifica con los juicios puestos de manifiesto por los colaboradores de la misma, ni tampoco puede indagar infaliblemente las posibles malas artes que puedan llevarse a cabo, fundamentalmente los plagios, cáncer científico del que hay tantos ejemplos en la red. Uno de los objetivos de esta publicación es precisamente el de denunciar todo tipo de plagios, plagistas y plagiones en los ámbitos temáticos específicos de la publicación, como ya ha hecho desde su primer número. © Maquetación y responsable de edición: Miriam Seghiri ([email protected])

© Diseño de portada y secciones: María del Mar España ([email protected])

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CONSEJO DE REDACCIÓN

ANTONIO ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ Catedrático jubilado de Derecho Romano de la Universidad de Málaga (España). Miembro de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada. Presidente del Consejo de redacción de la Revista. GÉRARD D. GUYON Catedrático emérito de Historia del Derecho, de las Instituciones y de los hechos sociales y económicos. Universidad Montesquieu. Burdeos IV (Francia). Vicepresidente del Consejo de Redacción. JOSÉ MARÍA PÉREZ COLLADOS Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones. Universidad de Gerona (España). Responsable deontológico y árbitro único de conflictos de la Revista. LEONARD LUKASZUK Catedrático de Derecho Internacional Público. Fue Vicepresidente del Tribunal Constitucional de la República de Polonia. Universidad de Varsovia (Polonia). TOMÀS DE MONTAGUT ESTRAGUÉS Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones. Universidad Pompeu Fabra (Cataluña). SYLVIO NORMAND Catedrático de Derecho de bienes y de Historia del Derecho del Canadá. Universidad Laval, Québec (Canadá). ANTONIO FERNÁNDEZ DE BUJÁN Catedrático de Derecho Romano. Universidad Autónoma de Madrid (España). Miembro de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. MARIE SANDSTRÖM Catedrática de Historia del Derecho. Universidad de Estocolmo (Suecia). BJARNE MELKEVIK Catedrático de Metodología Jurídica y Filosofía del Derecho. Universidad Laval, Québec (Québec). THOMAS GERGEN Catedrático de Derecho civil y económico internacional y comparado con Derecho de la propiedad intelectual de la EUFOM University, European University for Economics and Management de Luxemburgo (Luxemburgo). TADEUSZ WASILEWSKI Catedrático de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Administración. Universidad Nicolás Copérnico. Torun (Polonia). GLORIA CORPAS PASTOR Catedrática de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga (España) y de Tecnologías de la Traducción de la Universidad de Wolverhampton (Inglaterra). GÁBOR HAMZA Catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Romano de la Universidad Eötvös Loránd. Budapest (Hungría). HORST DIPPEL Catedrático de Historia de Inglaterra y de los Estados Unidos de América. Universidad de Kassel (Alemania). STAMATIOS TZITZIS Director de Investigaciones del Centro Nacional de la Investigación Científica. Instituto de Criminología. Universidad Panthéon Assas. París II (Francia).

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JEAN-LOUIS CLÉMENT Profesor del Instituto de Estudios Políticos. Universidad de Estrasburgo (Francia). GEORGE PENCHEV Catedrático de Derecho administrativo y del medio ambiente. Facultad de Derecho. Universidad de Plovdiv (Bulgaria).

JEAN-LUC CHABOT Catedrático emérito de Ciencia Política. Universidad Pierre-Mendes-France de Grenoble (Francia). HARRY E. VANDEN Catedrático de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad del Sur de Florida, Tampa (Estados Unidos). HENRI R. PALLARD Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho. Universidad Laurentiana. Sudbury, Ontario (Canadá). ANTONIO JORDÀ FERNÁNDEZ Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones. Universidad Rovira i Virgili. Tarragona (Cataluña). MARÍA SALAZAR REVUELTA Catedrática de Derecho Romano. Universidad de Jaén (España). HELENA CARVALHÃO BUESCU Catedrática de Literatura comparada. Universidad de Lisboa (Portugal). MARIA PAOLA MITTICA Profesora de Filosofía del Derecho. Universidad Carlo Bo' de Urbino (Italia). MANUEL J. PELÁEZ Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones. Universidad de Málaga (España). Director de la Revista. JOSÉ CALVO GONZÁLEZ Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de Málaga (España). Director adjunto de la Revista. MARÍA BELÉN MALAVÉ OSUNA Profesora Titular de Derecho Romano. Universidad de Málaga (España). Jefa de redacción de la Revista. MARÍA ENCARNACIÓN GÓMEZ ROJO Profesora Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones. Universidad de Málaga (España). Subdirectora de la Revista. MARÍA DEL CARMEN AMAYA GALVÁN Profesora Colaboradora de Traducción e Interpretación. Universidad de Málaga (España). JORGE JESÚS LEIVA ROJO Profesor Titular de Traducción e Interpretación. Universidad de Málaga (España). Supervisor de redacción de la Revista. MIRIAM SEGHIRI Profesora Titular de Traducción e Interpretación. Universidad de Málaga (España).

Vicesecretaria de la Revista. Editorial Chief

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ÍNDICE DE CONTENIDOS

Artículos de los Estudios de Historia de las ideas políticas, de las Declaraciones de Derechos humanos, del Derecho

público de los países del Este de Europa entre 1917 y 1990 y de las Instituciones políticas francesas, italianas y

germánicas (siglos XVIII-XXI) en homenaje a Maurice Duverger (1917-2014)

La oportunidad de los «Estudios de Historia de las ideas políticas, de las Declaraciones de Derechos humanos, del Derecho público de los países del Este de Europa entre 1917 y 1990 y de las Instituciones políticas francesas, italianas y germánicas (siglos XVIII-XXI) en homenaje a Maurice Duverger (1917-2014)» Manuel J. Peláez y Miriam Seghiri ................................................................................ 1

Duverger und Gewerkschaften Thomas Gergen ............................................................................................................ 11 Europa delle nazioni o Europa degli uomini? Il problema dell‘unità giuridico-politica europea nelle riflessioni di Claude Bruaire e di Maurice Duverger Lorenzo Scillitani ........................................................................................................... 21 De la démocratie : Athènes d‘hier, Europe aujourd‘hui Stamatios Tiztzis ........................................................................................................... 39 Theoretical grounds of Environmental Law George Penchev ........................................................................................................... 53 Maurice Duverger ou la rançon du succès Dominique Terré ............................................................................................................ 61 Walter Hallstein: the USA, the Atlantic Partnership and the European Community Corrado Malandrino ....................................................................................................... 71 Uomini che decidono per le donne. Il suffragio femminile nel dibattito parlamentare dell‘Italia post unitaria (1861-1920) Loredana Garlati ............................................................................................................ 79 Recenti sviluppi delle relazioni fra stato e chiese in Cina Stefano Testa-Bappenheim ........................................................................................... 125 Maurice Duverger, un juriste sous Vichy en 1940-1941 Fantin Fabre .................................................................................................................. 157

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Towards a one-speed system of justice arbitral tribunals and article 267 TFEU Flavia Marisi .................................................................................................................. 169

Elementos de Teoría, Doctrina y Crítica A jogtörténész szemével a Törökország, Macedónia és Észak-Ciprus Hóvári János ................................................................................................................. 181 La deuda histórica del arbitraje moderno (Discurso leído el día 20 de enero de 2014, en el acto de recepción como Académico de número, por el Excmo. Sr. D. Antonio Fernández de Buján y Fernández y contestación del Excmo. Sr. D. Luis Díez-Picazo y Ponce de León, Presidente de la Academia) Belén Malavé Osuna ..................................................................................................... 184 La denominazione di America e il principe ungherese Sant‘Emerico Gábor Hamza ................................................................................................................ 191 Espacio político y orden internacional en la teoría política de Carl Schmitt (1888-1985) Luis Ángel Triguero Martínez ........................................................................................ 193 «Lo que nos depara el futuro» ‒ Preguntas filosñficas acerca del futuro del Derecho público [forma parte del homenaje a Maurice Duverger] Bjarne Melkevik ............................................................................................................. 195 Bjarne Melkevik y su particular visión de la epistemología jurídica Guillermo Hierrezuelo Conde ........................................................................................ 201 Des outils de transparence, au service de la Démocratie. L‘experience de NousCitoyens Jean-Paul Pinon ............................................................................................................ 203 Los 160 mejores romanistas europeos entre 1900 y 2015: una relación de quienes en el siglo XX y los tres primeros lustros del siglo XXI han mantenido encendida la llama de Friedrich Carl von Savigny y Theodor Mommsen Elena Sáez Arjona ......................................................................................................... 207 La «Revista de Dret Històric Català» de 2011-2012 en 2013 Guillermo Hierrezuelo Conde ........................................................................................ 210 Reflexiones sobre el Iluminismo penal italiano en su recepción portuguesa durante los siglos XVIII y XIX José Calvo González .................................................................................................... 214 Bjarne Melkevik y unas muestras de su aportación a la Filosofía del Derecho desde el Canadá francófono Guillermo Hierrezuelo Conde ........................................................................................ 219

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La Teoría y la Filosofía del Derecho de Antonio Falchi (1879-1963). Un congreso italiano cuyas actas aparecen en 2015 Guillermo Hierrezuelo Conde ........................................................................................ 224 Los «Studies on International Law» de la Bulgarian Association of International Law, vol. 8, Sofia, 2013, 200 págs. Guillermo Hierrezuelo Conde ........................................................................................ 229 El número 2 de 2014, vol. 25 (julio-diciembre), de la «Revista Latinoamericana de Derechos Humanos» Guillermo Hierrezuelo Conde ........................................................................................ 235 La Gaseta Municipal de Barcelona (1914-2014). Cròniques des de L‘ajuntament José María Pérez Collados ........................................................................................... 241 Sobre las teorías sociales de Otto von Gierke en edición de José Luis Monereo Pérez Guillermo Hierrezuelo Conde ........................................................................................ 243 Miguel de los Santos Oliver Tolrà (1864-1920) y los españoles en la Revolución Francesa Manuel J. Peláez ........................................................................................................... 245 Traducción al castellano del discurso de Pierre-Marie Pory-Papy (1805-1874), como representante electo por Martinica en 1848 y de un manifiesto dirigido a sus conciudadanos de Saint-Pierre Diana Lucía Martín Solís ............................................................................................... 249 Evolución histórica de la apelación y la segunda instancia penal hasta la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1882 Antonio María Lara López ............................................................................................. 257 Traducción del inglés al castellano de «A Critique of Political Economy. A post mortem on Cambridge Economics» de Franz Oppenheimer (1864-1943), sociólogo, economista, teórico del Estado y de sus instituciones [forma parte del homenaje a Maurice Duverger] Yolanda Fernández Garrido .......................................................................................... 297 La defensa de los derechos individuales y las libertades públicas en el pensamiento de Ángel Ossorio y Gallardo (1931-1933) Elena Sáez Arjona ......................................................................................................... 321 El «Arte breve de la invención del Derecho» del Ramon Llull (Edición crítica de 2015 de Ramis Serra y de Ramis Barceló) Guillermo Hierrezuelo Conde ........................................................................................ 350 Gobernar y administrar justicia: Navarra ante la incorporación a Castilla Guillermo Hierrezuelo Conde ........................................................................................ 354

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Ad Praesidem Internationalis Consilii adversum poenam capitalem, excellentissimum dominum Fredericum Mayor Franciscus Romanus Pontifex [Comentario y edición de José Martín Pinto] ................................................................ 359 Reflexiones sobre la legítima defensa en el Derecho romano con referencia a la dogmática moderna María Salazar Revuelta ................................................................................................. 363 Ángel Galarza Gago (1892-1966), Ministro de Gobernación de la Segunda República Española, del republicanismo radical socialista al socialismo y al exilio Fernando Jesús Hernández Ruiz .................................................................................. 369 Ad Plenariam Sessionem Pontificiae Academiae Pro Vita (5 de marzo de 2015) Franciscus Romanus Pontifex [Comentario y edición de José Martín Pinto] ................................................................ 394 El conflicto de Ucrania y la posición de la Unión Europea [forma parte del homenaje a Maurice Duverger] Kristina Gorokhova Bass ............................................................................................... 398 Las teorías jurídicas del profesor de la Universidad Laval André Bélanger (2014) (Historia, consensualismo, lenguaje literario: diálogo y aproximación polifónica a la teoría contractual) Guillermo Hierrezuelo Conde ........................................................................................ 437

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LA OPORTUNIDAD DE LOS ESTUDIOS DE HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS, DE LAS DECLARACIONES DE DERECHOS

HUMANOS, DEL DERECHO PÚBLICO DE LOS PAÍSES DEL ESTE DE EUROPA ENTRE 1917 Y 1990 Y DE LAS

INSTITUCIONES POLÍTICAS FRANCESAS, ITALIANAS Y GERMÁNICAS (SIGLOS XVIII-XXI) EN HOMENAJE A MAURICE

DUVERGER (1917-2014) Manuel J. PELÁEZ

* Miriam SEGHIRI

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Para citar este texto introductorio puede utilizarse el siguiente formato: Manuel J. Peláez y Miriam Seghiri (2014): «La oportunidad de los Estudios de Historia de las ideas políticas, de las Declaraciones de Derechos humanos, del Derecho público de los países del Este de Europa entre 1917 y 1990 y de las Instituciones políticas francesas, italianas y germánicas (siglos XVIII-XXI) en homenaje a Maurice Duverger (1917-2014)», en Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 9 (diciembre 2015). Ver http://www.eumed.net/rev/rehipip/09/duverger.html.

RESUMEN: La figura de Maurice Duverger es la de un intelectual enormemente significativo dentro del ámbito de la Ciencia Política, las Instituciones político-administrativas y la Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas. Han surgido algunos interrogantes respecto a sus ideas y sus cambios ideológicos, y el hecho de que viviera noventa y siete años y atravesara en su vida por periodos tan complejos puede justificar algunas de sus afirmaciones y posicionamientos ideológicos. Formó parte de grupos de derechas bien significados en su país en un primer momento, no está nada claro su posicionamiento durante el régimen de Vichy, pero sí parece que la mayor parte de su vida fue un hombre de izquierdas, evolucionando desde la socialdemocracia al comunismo. Entre 1989 y 1994, en calidad de independiente, fue elegido eurodiputado en las listas del Partido Comunista Italiano. Defendió hasta el final de su vida el modelo político de los antiguos países del Este y su ideología. Fue criticado por ello. PALABRAS CLAVE: Maurice Duverger, Ciencia Política, Historia de las instituciones públicas, Instituciones políticas, Derecho administrativo, Francia, Socialismo, Comunismo, Democracias populares. RESUM: La figura de Maurice Duverger és la d'un intel·lectual enormement significatiu dins de l'àmbit de la Ciència Política, les Institucions polític-administratives i la Història de les idees polítiques i de les institucions polítiques. Han sorgit alguns interrogants respecte a les seves idees i els seus canvis ideològics, i el fet que visqués noranta-set anys i travessés en la seva vida per períodes tan complexos pot justificar algunes de les seves afirmacions i posicionaments ideològics. Va formar part de grups de dretes ben significats al seu país en un primer moment, no està gens clar el seu

* Catedrático de Historia del derecho y de las instituciones. Universidad de Málaga.

** Profesora titular de Traducción e Interpretación. Universidad de Málaga.

Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas

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posicionament durant el règim de Vichy, però sí sembla que la major part de la seva vida va ser un home d'esquerres, evolucionant des de la socialdemocràcia al comunisme. Entre 1989 i 1994, en qualitat d'independent, va ser triat eurodiputat en les llistes del Partit Comunista Italià. Va defensar fins al final de la seva vida el model polític dels antics països de l'Est i la seva ideologia. Va ser criticat per això. PARAULES CLAU: Maurice Duverger, Ciència política, Història de les instituciones públiques, Institucions polítiques, Dret administratiu, Socialisme, Comunisme, Democràcies populars.

Maurice Duverger es el más grande estudioso de la Ciencia Política que ha

habido en Europa en el siglo XX. Sus construcciones intelectuales superan todo lo visto hasta el presente momento, además en una etapa en la que ha sido posible crear en francés una edificio intelectual propio diferente de las Politikwissenschaften germánicas.

La Ciencia política española y latinoamericana han sido deudoras durante mucho tiempo de los libros y de los artículos de Duverger. Muchas de sus obras han sido traducidas al castellano.

Nuestro personaje nació el 5 de junio de 1917 en Angoulême y falleció el 17 de diciembre de 2014 en París. El homenaje que en principio estaba previsto (sin haberse cursado en aquel momento ninguna invitación) para otro jurista nacido en 1915 se desvió por razones claras hacia quien era inmensamente más significativo e importante, Maurice Duverger. Sus obras que tuvieron mayor impacto serían Introduction à la Politique, donde en su primera edición (Gallimard, París, 1964), se encarga el propio Duverger de abrirla con una nota introductoria sorprendente en la que dice: «Era fácil escribir una Introducción a la Política en el siglo XVIII. Resulta fácil hacerlo ahora en la U.R.S.S. Es una tarea muy difícil llevarlo a cabo en Occidente en 1964, ya que no existe una teoría de conjunto de la política, generalmente admitida, como ocurría en tiempos de la Enciclopedia, como lo es también en el mundo comunista» (p. 11). Luego se detiene Duverger en contrastar la Política como «ciencia del gobierno de los Estados» con la política como «arte y práctica del gobierno de las sociedades humanas» (p. 15). Otras obras capitales suyas y de gran influencia y traducidas a varios idiomas han sido el libro Les partis politiques, que vio la luz en francés, en París, en 1951 y que fue traducido al castellano por Julieta Campo y Enrique González Pedrero, dentro de esa magna tarea que crearon los exiliados españoles en México, que fue Fondo de Cultura Económica. Duverger aplica los conceptos marxistas de superestructura y de infraestructura a su construcción intelectual. El mismo lo refleja en algunas de sus afirmaciones al advertir que «la originalidad de los partidos del siglo XX reside en que su organización es un hecho; que esta organización tiende a convertirse en un elemento esencial de la acción del partido, de su influencia y de su papel, es también evidente: los dos explican la orientación general del libro. No deberá deducirse de esto que el autor considere la organización de los partidos como un elemento más importante que la doctrina o que la base social de estos. En verdad, él se inclinaría más bien a pensar que esta última es aún la predominante y no estaría lejos de aceptar en este caso, con algunas reservas, la teoría marxista de la infraestructura y de la superestructura. En cierta medida, este estudio se sitúa pues en el plano de la superestructura.


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Pero las relaciones de ésta con la infraestructura no tienen un sentido único y para ciertos tipos de partidos contemporáneos la organización tiende precisamente a descender de la superestructura a la infraestructura. Tal es, sin duda, el sentido profundo de la evolución en curso» (Maurice Duverger, Los partidos políticos, México, ed. 2002, pp. 11-12, nota 1).

Michel Winock, en su magistral obra Le siècle des intellectuels (Éditions du Seuil, Paris, 2ª ed., 1999, reimpresión de enero de 2014), presta escasísima atención a Maurice Duverger, pero dice cosas, por ejemplo: «De todas las lenguas afiladas, la más venenosa sigue siendo la de Maurice Duverger, quien, desde Le Monde, se ha esforzado en explicar que todo el malestar de Aron reside en que ese viejo intelectual de izquierdas es "demasiado inteligente, para no ver el papel exacto que él juega actualmente: encargado de abastecer a la ‗burgesía‘ la dosis de justificaciones que le permitan a ella tener buena conciencia y de debilitar a sus adversarios [...] Más que a sus lectores, es a sí a quien se pretende convencer"» (p. 608). Mantuvo Duverger diferencias con Raymond Aron (al que me parece que Winock le concede una posición relevante y le presta una atención desmedida en su obra, y así ad casum ver pp. 254, 337, 391, 398, 399, 426-428, 472, 494, 497, 510, 537-549, 561, 563, 571, 597, 598, 602-609, 615, 648, 649, 657, 659, 665, 668, 693, 695-697, 699-701, 704-709, 720, 728-732, 744, 748, 750, 752, 756-759, 764 y 771). Lógicamente los dos intelectuales más significativos de la izquierda francesa en el siglo XX, según Winock, son Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir (con su libro Le Deuxième sexe, publicado al completo por primera vez en 1949).

El propio Michel Winock se entretiene en recordar una frase puesta en escena por André Frossard, quien, remontándose a los orígenes intelectuales de Duverger, precisa: «donde yo me quedo completamente fascinado es cuando contrasto que M. Duverger proviene de la extrema derecha; sin embargo, él ha llegado a creerse que por fin ha impresionado y enternecido a la izquierda; no ha logrado recorrer más que la cuarta parte del camino» (p. 608). Winock vuelve a ocuparse de nuestro personaje en relación a Gamal Abdel Nasser (1918-1970) y la nacionalización del Canal de Suez. Maurice Duverger lo criticó ásperamente en el diario Le Monde, poniendo por ejemplo la reacción que se produjo en los años treinta, por si pudiera servir de paradigma en ese momento: «El ejemplo de los años 1933-1939 es claro: frente a la megalomanía de un dictador, no cabe responder con procedimientos jurídicos ineficaces que ridiculizan el derecho, sino con la fuerza» (p. 625). La denominación de partidos políticos que utiliza Duverger es muy completa: «Se llaman ―partidos‖ a las facciones que dividían a las repúblicas antiguas, a los clanes que se agrupaban alrededor de un condotiero en la Italia del Renacimiento, a los clubes donde se reunían los diputados de las asambleas revolucionarias, a los comités que preparaban las elecciones censitarias de las monarquías constitucionales, así como a las vastas organizaciones populares que enmarcan a la opinión pública en las democracias modernas» (p. 15). Sin embargo, para Duverger «los verdaderos partidos [políticos] datan de apenas hace un siglo» (p. 15, esto lo publicaba en el año 1950, por lo que sería un siglo y 66 años más). Por otro lado, Harold Laski (1893-1950) precisaba, desde otro punto de vista, que «la vida del Estado democrático se cimenta sobre el sistema de partidos; es importante discutir, por eso, el papel que desempeñan los partidos. Brevemente puede decirse que los partidos presentan las cuestiones, acerca de las cuales se formulan, después, los votos», para pasar


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luego a interesarse por el origen de los partidos políticos: «Mucho tiempo se ha gastado para discutir el origen de los partidos. Para unos brotaron de la oposición natural entre quienes se aferran a lo viejo y quienes se entusiasman con lo nuevo. Según otros, los partidos políticos nacen del espíritu batallador de los hombres», lo que no impide que «lo cierto es, que si no existieran partidos, resultaría muy difícil el encauzamiento de la voluntad popular de modo que se concretara en soluciones suceptibles de ser interpretadas, políticamente, en sentido satisfactorio», pero eso también se traduce para Harold Laski en «decir que los partidos son naturales en su origen no equivale a decir que son perfectos. Adolecen de todos los males del separatismo... Falsifican y pervierten los puntos de vista que fomentaron previamente. Producen divisiones en el cuerpo electoral... Aseguran una incompleta y transaccional fidelidad política. Falsifican las perspectivas de los problemas enunciados. Fomentan la fidelidad hacia las personas, en vez de propulsar la devoción por las doctrinas. Edifican sobre lo inconsciente y tuercen la voluntad de los hombres, sometiéndoles a la sumisión de sus prejuicios» (Harold Laski, La Gramática de la Política. El Estado moderno, traducción de Teodoro González García, edición y estudio preliminar de José Luis Monereo Pérez, Comares, Granada, 2002, pp. 315-316).

A mayor abundamiento, Stanley Henig y John Pinder ofrecen una definición del partido político como «grupo de personas que actúan conjuntamente con propósitos políticos, esto es, con objetivos definidos en cuanto a las relaciones entre los diferentes sectores de la sociedad y el papel que corresponde al Gobierno. No es necesario para un partido poseer una ideología total, en sentido estricto, pero, en cambio, es un vínculo esencial del partido la participación en ideas y programas políticos comunes. El partido puede ser también la forma en que toman cuerpo político ciertos intereses parciales. Su fin característico es controlar o influir en cualquier manera la maquinaria de gobierno de acuerdo con las ideas o los intereses del partido» [Stanley Henig y John Pinder, Partidos políticos europeos, traducción al castellano dirigida por Luis Sánchez Agesta (1914-1997), ediciones Pegaso, Madrid, 1976, p. 8].

Otras obras importantes de Duverger fueron La participation des femmes à la vie politique, que la presentó en la UNESCO en París en 1955; Métodos de las Ciencias Sociales, traducido por Alfonso Sureda, Ariel, Barcelona, 1969, libro que va acompañado de un modestísimo prólogo de Enrique Tierno Galván (1918-1986), donde no cita ni una sola vez el nombre de Maurice Duverger y se dedica a escribir seis páginas completamente ajenas a la obra que prologa (salvo dos párrafos finales, con una cierta distancia, tal como si no le interesara aquello de lo que escribe). Una de las cuestiones más significativas es que Duverger no se ocupó en su versión francesa apenas de la doctrina española, pero los editores de la obra han introducido unos autores que no sirvieron en nada para la redacción de este libro por parte de Duverger, no solo pues ajena a la pluma del profesor parisino sino en ocasiones bien distante de sus criterios y posicionamientos ideológicos. ¿A qué viene incluir un capítulo sobre la organización de archivos españoles que redacta el medievalista Federico Udina Martorell? (pp. 119-121). No consta que Maurice Duverger hubiera citado nunca a Antonio Perpiñá Rodríguez (1910-1984), ni a José Ignacio Alcorta Echebarría (1910-1983), ni a Francisco Ayala García Duarte (1906-2009).

El profesor originario de Angoulême advierte que «la aportación decisiva de [Karl] Marx a la ciencia política es la de haber proporcionado una nueva


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explicación general de los fenómenos del poder, de haber elaborado una nueva ―cosmogonía‖. Hasta él se viviñ con una imagen del Estado y del poder más o menos derivada de Aristóteles y de Montesquieu en el plano teórico y de las recetas de Maquiavelo en el plano político. Marx la substituye por una imagen totalmente nueva. Considerarle como el Newton de la ciencia política no sería muy exagerado» y, por otro lado, «la importancia de la cosmogonía marxista no reside únicamente en el hecho de que el sistema explicativo adoptado por Marx sea más exacto y más completo que el de sus predecesores, sino también en el hecho de que orienta las investigaciones políticas hacia el análisis científico de los hechos sociales» (p. 556).

Jean-Luc Chabot, profesor emérito de Ciencia política de la Universidad Pierre-Mendès-France de Grenoble, siendo Maurice Duverger el autor o personaje que menciona un mayor número de veces en su Introduction à la politique (Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 2003, pp. 16, 27, 28, 43, 54, 114, 181, 182, 183, 189, 190, 196, 200 y 251), sin embargo, aun reconociendo la importancia de la construcción ideológica y conceptual de Duverger, precisa que el libro de este último como los de Grawitz y A. Brimo en lo que se refiere a su manualística «bajo el mismo título de Méthodes des sciences sociales se limitan a una descripción de los métodos técnicos utilizados en ciencias sociales sin presentar verdaderamente el problema filosófico fundamental del estatuto epistemológico del conocimiento humano, notablemente científico» (p. 16).

Considera juiciosamente Maurice Duverger que la Ciencia política no puede ignorar la historia y en este caso los cinco grandes precursores de la misma son Aristóteles, Maquiavelo, Jean Bodin, Montesquieu e Ibn Khaldun quien, segön Duverger, había que incluir como el ―quinto hombre‖. E. Perroy lo resalta de forma extraordinaria, al precisar que «la obra de Ibn Khaldoun es considerada ahora como una de las ciencias del pensamiento medieval, sobrepasando en numerosos aspectos la fuerza intelectual de un Tomás de Aquino» (p. 548), lo que Duverger ve como «juicio posiblemente demasiado favorable en ciertos aspectos» (p. 548). Duverger concluye que John Locke y Jean-Jacques Rousseau no pueden ser considerados como fundadores de la Ciencia política «porque su método continúa siendo ampliamente deductivo. Locke es muy importante para la Historia de las ideas políticas, pero mucho menos para la Historia de la Ciencia política. La misma observación es válida para J. J. Rousseau» (p. 552). La importancia de Montesquieu y en concreto toda su teoría sobre los factores geográficos es abordada con acierto por Duverger en su Introduction à la politique, pp. 85-100. Además en un aspecto bien específico como el despotismo y el perdón mediante cartas de gracia, la construccion intelectual de Montesquieu le parece a Voltaire superior a lo escrito al respecto por Huig de Groot y Samuel Pufendorf (ver Voltaire, Commentaire sur quelques principales maximes de l‟Ésprit des lois, Libraire Hernri Feret, Œuvres de Montesquieu, Paris, 1827, tomo V, XXXIII, pp. 233-234).

Otros libros importantes de Duverger que vale la pena mencionar serían, dentro de la multitud de sus publicaciones y diversas ediciones, los siguientes: L‟influence des systèmes électoraux sur la vie politique, A. Colin, Paris, 1950; La participation des femmes à la vie politique, UNESCO, Paris, 1955; Droit constitutionnel et institutions politiques, PUF, Paris, 1958, 3ª ed.; Méthodes de la science politique, PUF, Paris, 1959; Constitutions et documents politiques,


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PUF, Paris, 1960; Introduction à la sociologie politique, Paris, 1963; Finances publiques, Paris, 1965, 5ª ed.; La démocratie sans le peuple, Éditions du Seuil, Paris, 1967; Sociologie politique, PUF, Paris, 1966; Droit public, PUF, Paris, 1968, 5ª ed.; La Cinquième République, PUF, Paris, 1968; Janus : les deux faces de l‟Occident, Fayard, Paris, 1972; La Monarchie républicaine, R. Laffont, Paris, 1974 y Éléments de fiscalité, PUF, Paris, 1976.

El marxismo es un tema sumamente complejo, con posiciones muy encontradas y sobre lo que es difícil en nuestros días llegar a decir algo ni nuevo, ni novedoso. En 1971 se publicó la obra de Witold Gombrowicz (1904-1969), Guide à la philosophie en six heures un quart, L‘Herne Gombrowicz, Paris, 1971, pp. 390-417, aunque la edición completa en lengua polaca aparecería en 1991 en Cracovia. Gombrowicz había escrito en los años sesenta del pasado siglo XX lo siguiente: «¿El futuro del marxismo? Preveo en el arco de veinte o treinta años que el marxismo será abandonado. Si la clase superior fuera tan estúpida y ciega como lo es ahora y se dejara el poder en manos de las masas, deberíamos prepararnos para un periodo de recesión, que durará hasta el nacimiento de una clase superior más fuerte, pero si la derecha manda y no se deja imporner la "falsa conciencia", que caracteriza a los marxistas, la cuestión puede ser resuelta con un galopante progreso de la técnica que, según mis cálculos aproximados, puede transformar el mundo en el curso de veinte o treinta años» (edición italiana, Milán y Roma, 2003, p. 109). ¿Cómo es posible que escribiera esto Gombrowicz en los años sesenta del pasado siglo? ¿Cómo es posible que en el siglo XXI Maurice Duverger siguiera defendiendo el marxismo-leninismo y el modelo de los antiguos países del Este?. Son cosas para las que no tenemos respuesta. Con respecto a los chinos, Gombrowicz afirmaba que lo suyo era "puro estalinismo".

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El catedrático de la Universidad de Luxemburgo Thomas Gergen publica un artículo sobre la importancia de los sindicatos en el pensamiento de Maurice Duverger, quien otorgaba mucha relevancia a este tipo de organizaciones. Contextualiza Gergen la magnitud de estas organizaciones obreras en Prusia y luego en el resto de Alemania, junto al nacimiento de los partidos políticos de inspiración socialista y comunista. El autor, ya en otras ocasiones, se había ocupado de mostrar la humanidad de los sindicatos. Termina su artículo con una contundente crítica al nacionalsocialismo alemán.

Lorenzo Scillitani, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad del Molise, nos deleita con una serie de reflexiones contrastando el pensamiento de Claude Bruaire (1932-1986) y sus consideraciones ontológicas, filósofo católico, que fue profesor en las Universidades de Tours y de París IV, con Maurice Duverger en su condición de politólogo de izquierdas y en ocasiones bastante frecuentes defensor del marxismo y del comunismo. Diferencia Scillitani el libro de Bruaire, La raison politique del de Maurice Duverger, L‟Europa degli uomini. Scillitani ha colaborado en varios homenajes organizados en España y cuenta con una excelente proyección intelectual igualmente en Francia.

Conforme a una línea crítica de la que se viene haciendo eco en varios artículos respecto a la Unión Europea, Stamatios Tzitzis defiende la Grecia


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clásica, la Liga de Délos y censura determinados comportamientos adoptados desde las instituciones comunitarias europeas, advirtiendo que «los ―Seðores de Bruselas‖ imponen a los pueblos medidas y políticas que son contrarias a los valores republicanos y a los ideales de la democracia», estando claro para Tzitzis que «la democracia ateniense en una víctima de la democracia postmoderna». Se centra por enésima vez George Penchev en el Derecho medioambiental, es decir las relaciones entre sociedad y naturaleza.

« Maurice Duverger ou la rançon du succès » es el título del artículo de Dominique Terré, quien pone de relieve el olvido premeditado de Duverger y de su aportación a la Ciencia política y al Derecho público en sus diversas especialidades en Francia. Incluso, en el diario Le Monde, con el que colaboraba desde 1947, sufrió una cierta marginación. Se detiene Terré en algunos de los resultados de sus colaboraciones científicas. Terré pasa revista a la influyente manualística de Duverger. También resalta que escribió incluso de Derecho financiero y que no olvidó considerar los antecedentes históricos de las diferentes ramas de las ciencias sociales a las que prestó atención. Su obra impresa ha perdido relevancia en el siglo XXI, pero hasta 1980 fue impactante en Francia la luz que irradiaba de su pluma.

Corrado Malandrino, catedrático de Historia de las doctrinas políticas de la Universidad del Piamonte Oriental, escribe sobre Walter Hallstein, quien durante varios lustros tuvo una refulgente contribución a la construcción de la Europa común. Durante la ocupación alemana en 1946 llegó a ser canciller de la Universidad de Fráncfort del Meno. Construyó en política internacional la denominada doctrina Hallstein.

Loredana Garlati, catedrática de Historia del derecho medieval y moderno, ha escrito un trabajo impresionante sobre el sufragio femenino en el debate parlamentario italiano en el periodo que va desde 1861 a 1920. Homenajea a Maurice Duverger, quien en la UNESCO se ocupó de disertar sobre el voto femenino y publicó una obra significativa sobre la participación de las mujeres en la vida política.

Stefano Testa-Bappemheim hace una serie de consideraciones sobre las relaciones entre las iglesias y el estado en China, que se contemplan en el denominado Plan de acción nacional chino para 2015. Examina también todo un conjunto de documentos del Partido Comunista chino y la idea del Partido-Estado de que hablaba V. I. Lenin, ya que en China «el sistema político y de las libertades fundamentales, como puede ser la referida a la religión, no pueden ser comprendidas sin analizar el modo de funcionamiento de la guía del Partido Comunista». Una de las consecuencias importantes del régimen chino es que «las confesiones religiosas y las cuestiones relacionadas con la religión no deben estar sujetas a ningún control extranjero». Testa contempla el Segundo Plan del Gobierno para la Acción nacional sobre Derechos Humanos entre 2012 y 2015.

Por otro lado, Fantin Fabre se está convirtiendo en un estudioso complejo y crítico respecto al Maurice Duverger que prestó "sus servicios", si es que se puede hablar en estos términos, al régimen autoritario de Vichy. Previamente en 1933 se había afiliado a la Unión Popular Republicana, para pasar luego al Partido Popular Francés. En 1940 publicó un artículo sobre la situación de los funcionarios en la República de Vichy, donde proponía una serie de posicionamientos aparentemente racistas que tenían como consecuencia la marginación de los judíos del ejercicio de la administración pública, de


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cualquier función pública e incluso les negaba el poder de ejercer determinadas profesiones liberales o del sector privado. También se permitía hacer algunas definiciones sobre el concepto de judío, y glosaba la emergente excepción con carácter retroactivo. Pasado el tiempo se originó un gran debate sobre el artículo de Duverger que llegó a verse en vía judicial, aparte del contencioso doctrinal a que el mismo dio lugar. Maurice Duverger declaró que su artículo en dos partes era un texto «puramente jurídico, crítico y técnico» sobre la legislación racial vigente en el momento. Para Danièle Lochak, Duverger legitimó con su publicación en la Revue du Droit Public «los textos antisemitas de Vichy». Tema complejo el abordado por Fabre, que además él mismo se encarga de complicarlo innecesariamente con razonamientos lógicos que quizás no vengan tanto a cuento. Desde otra óptica iuspublicística Flavia Marisi se detiene en describir algunos aspectos relacionados con el funcionamiento de los tribunales de arbitraje dentro de la Unión Europea, estudiando el reenvío prejudicial y el denominado sistema de doble velocidad de la justicia.

Hóvári János inicia la «Sección de Elementos de Teoría, Doctrina y Crítica», donde en lengua húngara hace una serie de elogios de Gábor Hamza y luego examina diversos momentos de la historia de Hungría en el siglo XX. «La deuda histórica del arbitraje moderno» fue el discurso de ingreso que pronunció Antonio Fernández de Buján en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Recensiona y valora positivamente el texto Belén Malavé Osuna.

Gábor Hamza precisa que la denominación del continente americano se ha de poner en relación con San Emerico, que fue príncipe de Hungría. Amerigo Vespucci (1451-1512) se ha considerado como el que dio el nombre a toda América. De acuerdo con las ideas puestas sobre el papel por Albert Ronsin y Franz Lanbenberger, sostiene Hamza que «la denominación del continente americano está vinculada al nombre del príncipe San Emerico... Anastasio Vespucci, miembro de la aristocracia culta de Florencia y secretario de la Señoría de la ciudad, según las teorías más recientes había bautizado a su hijo con el nombre de Amerigo como consecuencia del culto de San Emerico muy difundido en la Italia medieval». De nuevo el nazi Carl Schmitt (1888-1985), que da la impresión que por uno u otro cauce ajenos a la voluntad del director y de la editorial chief de la presente revista, aparece en un número sí y en otro también. Esta vez se trata del comentario crítico que hace Luis Ángel Triguero Martínez a la obra publicada por José Luis Monereo Pérez sobre el jurista alemán, con el sugestivo título de El espacio de lo político en Carl Schmitt. Precisa Triguero que «este recorrido analítico por la teoría política del jurista y politólogo alemán se completa con una sección que, de forma específica, se dedica a relacionar pormenorizadamente una selección clave y básica de obras traducidas al castellano por Carl Schmitt».

Bjarne Melkevik se hace una serie de preguntas sobre el Derecho público en el futuro, texto que Melkevik había escrito en lengua francesa y que la colombiana Carina Duque Ayala ha puesto en lengua española, sin ser tan cuidadosa, lo que nos ha obligado a esmerarnos desde la redacción. Realmente que el interrogante principal que plantea sea la afirmación de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) de que «el buho de Minerva levanta el vuelo solo al atardecer» no pensamos que sea motivo que nos haga perder el sueño. Ya con mayor enjundia, sí dice Melkevik que los tres grandes problemas que van a afectar al Derecho público en las próximas décadas, serían «el fenómeno de la "pobreza pública" en el ámbito político; en segundo término, la


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cultura "ego-individualista" en el ámbito cultural; y finalmente, el desapego o más bien "la renuncia a la relación entre legalidad y legitimidad" en el nivel democrático».

Sigue luego, tras el trabajo de Melkevik, un comentario precisamente sobre el libro dedicado por el catedrático de Québec a la epistemología jurídica. El punto de partida es François Gény (1861-1959), autor entre otras obras de una capital titulada Méthode d‟intérpretation et sources en droit privé positif, essai critique, que cuenta con dos tomos a partir de su segunda edición y varias versiones. Entre otras cosas Melkevik hace reflexiones sobre las "reglas del derecho", la "la validez jurídica", la "constitucionalidad", el "proceso justo y equitativo" y la "fuerza obligatoria". Jean-Paul Pinon en su artículo presenta una experiencia que ha puesto en marcha, la de NousCitoyens, destinada a la orientación del voto en Bélgica, fundamentalmente a los perfiles de los candidatos y sus opiniones, por encima de los partidos políticos. Sugerente es la propuesta de Elena Sáez Arjona de seleccionar los 160 mejores romanistas europeos entre 1900 y 2015. Nos parece excesivo el número de españoles recogidos. Se hace eco al final de algunas ideas expresadas por escrito por Álvaro d‘Ors al respecto de la romanística espaðola. Comenta Guillermo Hierrezuelo Conde la aparición en 2013 de una serie de trabajos publicados en la Revista de dret històric català. Son artículos de Juan Alfredo Obarrio Moreno, de Thomas Gergen, de Patricia Zambrana Moral y de María Encarnación Gómez Rojo. El pequeño artículo de José Calvo González es un piacevole capolavoro, notato di notevole intuito. A este profesor no le agrada mezclarse con la gente ignorante, vulgar y zafia, lo que los italianos conocen como la gentaglia. Su colaboración, exquisita desde el punto de vista literario y bien documentada bibliográficamente, se titula "Reflexiones sobre el iluminismo penal italiano y su recepción portuguesa durante los siglos XVIII y XIX". Se centra en dos personajes de gran relieve intelectual: António Ribeiro dos Santos y Pascoal José Freire de Melo dos Reis, junto al francés Jacques Pierre Brissot de Warville. Vuelve Hierrezuelo Conde a ocuparse de Bjarne Melkevik y de su obra Philosophie du jugement juridique, donde recuerda a José F. Lorca Navarrete, a Alfredo Rodríguez García y al discípulo de ambos Enrique Cibantos. Para Melkevik las Facultades de Derecho «representan el "futuro", ya que son el lazo de unión con los profesionales que trabajan en el mundo del Derecho. Aunque en las mismas se forman "generalistas" (y es bueno que así sea, siempre que los alumnos obtengan un gran bagaje conceptual jurídico), logran adquirir las competencias necesarias como juristas, pues las Facultades de Derecho deben sentar las bases sólidas de la formación de los juristas y no de los leguleyos». Dedica Melkevik además otro libro a lo que denomina Tolérance et modernité juridique, que nos remonta a John Locke (1632-1704) y su Letter concerning Toleration de 1689.

El estudio dedicado al político republicano radical socialista y luego socialista Ángel Galarza Gago (1892-1966) tiene que ver con el mundo francés, y no solo con la España republicana de 1931 a 1939 o con el México del exilio. De hecho Galarza vivió numerosos años en Francia y desde allí remitió misivas muy comprometidas a políticos significativos del Gobierno de la República del exilio y a significados miembros de la francmasonería. Galarza sigue siendo un personaje controvertido, pero no tan olvidado como otros, entre ellos Enrique Ramos Ramos, de quien seguimos sin aclararnos sobre qué pasó con una serie de millones de pesetas de la época que algunos le atribuyen que sacó de


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España. En Acta Apostolicae Sedis, año y volumen CVII, correspondiente al 3 de abril de 2015, se publicó una carta dirigida por el papa Francisco a Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, que ha sido políticamente un personaje sumamente versatil. En la misiva (comentada ampliamente en el Abstract por José Martín Pinto) el pontífice recuerda algunas de las ideas que ya tuvo ocasión de expresar en un más extenso discurso dirigido a una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal y de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y de Criminología, en la que se detuvo en el denominado ―populismo penal‖, las pena de muerte, las torturas, la esclavitud y la corrupción. Dicho texto apareció oficialmente publicado bajo el título Ad Delegationem Internationalis Consociationis Iuris Poenalis, en Acta Apostolicae Sedis, año CVI, nº 11 (7 de noviembre de 2014), pp. 840-848, y está recogido y comentado por Cristina Toledo Báez, en Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht – Revista crítica de derecho canónico pluriconfesional – Rivista critica di diritto canonico moliticonfessionale, nº 2 (febrero 2015), pp. 218-225.

El artículo de Kristina Gorokhova Bass forma parte del propio homenaje a Maurice Duverger y de hecho es el último trabajo del mismo, pero por razones de adaptación técnica de los modos de citación y la complejidad del mismo se sitúa al término de la sección interdisciplinaria, para facilitar la tarea de maquetación, cuadros, mapas, etc., que en el mismo se reproducen. Por una serie de motivos, las colaboraciones de Bjarne Melkevik sobre las preguntas filosóficas acerca del futuro del Derecho público, de Kristina Gorokhova como acabamos de citar y de Yolanda Fernández Garrido forman parte del homenaje a Maurice Duverger, pero al haber estado escritos en lengua castellana, que no estaba contemplada en la convocatoria del homenaje, o haber llegado tarde a la redacción, se han publicado en la «Sección de Elementos de Teoría, Doctrina y Crítica», no en los trabajos acogidos en la parte preliminar del presente número 9 de la Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas.

El contenido del presente número 9 de la Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, aparecerá como ha ocurrido con números anteriores con amplios abstracts, y en otros casos más reducidos, en EconPapers (Örebro University – Swedish Business Schools. Suecia), en RePec-Ideas de la Society of Economic Dinamics (University of Connecticut. EE.UU), en EconBiz (Hannover y Colonia. Alemania) y en Соционет, научное информационное пространство (Moscú. Rusia). A ello se añadirán las posibles recensiones que del mismo aparezcan en diversos lugares.

Recibido el 15 de diciembre de 2015 y aceptado el 7 de enero de 2016

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DUVERGER UND GEWERKSCHAFTEN Thomas GERGEN

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Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: Thomas Gergen (2015): „Duverger und Gewerkschaften―, en Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 9 (diciembre 2015). Puede leerse este artículo en línea en el siguiente sitio indicado a continuación: http://www.eumed.net/rev/rehipip/09/gewerkschaften.html.

ÜBERSICHT: Maurice Duverger untersuchte, dem Marxismus zugetan, die Rolle von Zünften und Gewerkschaften, die er insbesondere als Gründer und Anreger von politischen Parteien ansah. Dies soll anhand der Gewerkschaftsgeschichte in Deutschland gezeigt werden. SCHLÜSSELWÖRTER: Gewerkschaften, Sozialdemokratische Deutsche Arbeiterpartei, Weltkriege, Grundrechte der Arbeiterschaft. RESUMEN: Maurice Duverger, marxista, analizaba mucho el papel de los sindicatos que consideraba en primera línea de fundadores y estimuladores de los partidos políticos. Este aspecto es objeto de nuestra contribución que trata sobre la historia de los sindicatos en Alemania. PALABRAS CLAVE: Sindicatos, Partido socialdemócrata de los obreros alemán, Guerras mundiales, Derechos fundamentales de los obreros

1. Standpunkt der Begegnung mit Duverger: Raubdruck und

Gewerkschaftsgeschichte Beim Gedenken an Maurice Duverger fallen mir aus meinen

Forschungsgebieten zwei Felder ein. Zunächst der Bereich von unerlaubtem Nachdruck und Raubdruck, den die marxistische Lehre vor allem damit rechtfertigte, den Kapitalismus zu entmachten. Während die einen den Nachdruck als Verletzung des Eigentums von Autoren und Verlegern betrachteten, wollte die Raubdruckbewegung eine Vervielfältigung der Schriften sogar ohne Nennung des nachdruckenden Verlages. Es handelte sich dabei um die marxistische, sozialistische, sozialphilosophische, psychoanalytische, soziologische und pädagogische Theorie vor allem der zwanziger und dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts, die klassischen Analysen, Quellen und Dokumente zur Arbeiterbewegung, zur politischen Ökonomie, zum Anarchismus, Syndikalismus, zur Rätebewegung, zur materialistischen Ästhetik und Kunsttheorie und besonders die Arbeiten der Kritischen Theorie des alten Frankfurter, mit der Machtergreifung des Faschismus emigrierten Instituts für Sozialforschung – so hauptsächlich die Forschungen unseres Fachkollegen

* Der Autor hat an der European University for Economics and Management (eufom) in Luxemburg die Professur inne für Internationales und vergleichendes Zivil- und Wirtschaftsrecht mit Immaterialgüterrecht/Recht des Geistigen Eigentums, verbunden mit der Direktion des dortigen Forschungsschwerpunktes für Immaterielle Wirtschaftsgüter und Geistiges Eigentum. Er ist zudem Sachverständiger für ausländisches Recht bei Gerichten, Notariaten und Kammern. E-Post-Adresse: [email protected].


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Albrecht Götz von Olenhusen, der in Freiburg im Breisgau das Raubdruckarchiv gegründet hat und unterhält. Mit dem Raubdruck sollte im Kampf gegen das Bürgertum, das die gewerblichen Schutzrechte wie das Urheberrecht verteidigen wollte, das Eigentum des Volkes an Schriftwerken ermöglicht und das persönliche Eigentum des einzelnen Schriftstellers zurückgedrängt werden. Eine Idee, die dem Marxisten Duverger sicherlich gefiel.

Das Feld des Nach- und Raubdrucks, das erst noch kürzlich behandelt werden konnte1, soll an dieser Stelle aber nicht weiter beleuchtet werden. Statt dessen kommt nachfolgend ein anderer Strang zum Tragen: die Gewerkschaftsgeschichte2 als Gegenstand unserer Begegnung mit Duverger. Gewerkschaften sind bekanntlich Vereinigungen der Arbeitnehmer zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Interessen. Da der Einzelne auf sich allein gestellt seine Interessen nicht durchzusetzen vermag, kann er sich mit Gleichgesinnten zusammenschließen, um gemeinsame Ziele zu erreichen, und notfalls gar die Arbeit verweigern. Dem wirtschaftlich Schwachen eröffnet dies auch, unwürdige Abhängigkeiten zu überwinden. Dabei halfen stets, und helfen bis in die Gegenwart, die Gewerkschaften mit ihrer politischen Einflussnahme bis hinein in die Arbeit der politischen Parteien. Ihre Funktionen konnten die Gewerkschaften nicht immer wahrnehmen. Ihre Geschichte, die schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einsetzte, zeigt dies deutlich und soll unter Berücksichtigung der Gründung von Verbindungen und politischer Parteien betrachtet werden.

2. Vorformen der Gewerkschaften (Gesellenverbindungen) bis zur Gründung

der Sozialdemokratischen Deutschen Arbeiterpartei Bereits seit den 1840er Jahren kamen in der Arbeiterschaft Bemühungen

auf, eigenständige Organisationen zur Interessenvertretung zu gründen. Es wurde versucht, genossenschaftliche Betriebe zu errichten. Dabei wurden die „Bildungsvereine― zu Vorläufern von Gewerkschaften und Arbeiterparteien in Deutschland. Erste Streiks lenkten die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die miserable soziale Lage und Unruhe der Arbeiter, deren Zahl und Bedeutung mit der wachsenden Industrialisierung immer stärker wurde. Die Länderregierungen innerhalb des Deutschen Bundes begannen damit, Strafen für zuwiderhandelnde Arbeiter, das „Proletariat―, auszusetzen. Durch einen Beschluss der Deutschen Bundesversammlung in Frankfurt am Main von 1840, der „Maßregeln― gegen Handwerksgesellen enthielt, „welche durch Teilnahme an unerlaubten Gesellenverbindungen gegen die Landesgesetze sich vergangen haben―, wurde die Koalitionsfreiheit bekämpft. Dieses ôkonomische Grundrecht der Arbeiterschaft, sich zu Interessenvertretungen zu vereinen, sollte durch die Gesellenverbindungen realisiert werden, die als Frühformen gewerkschaftlicher Organisationen auftraten.

In der allgemeinen preußischen Gewerbeordnung von 1845 wurden „Gehilfen, Gesellen oder Fabrikarbeiter― bedroht, „welche entweder die Gewerbetreibenden selbst oder die Obrigkeit zu gewissen Handlungen […]

1 Raubdruck und Urheberrrecht. In: Revista europea de historia de las ideas políticas y de las

instituciones públicas, Nr. 7 (September 2014), http://www.eumed.net/rev/rehipip/07/raubdruck-urheberrecht.html [21.5.2015]. 2 Gewerkschaften in der deutschen Rechtsgeschichte. In: Arbeit und Recht (AuR), Zeitschrift für

Arbeitsrechtspraxis, 9 (2006), S. 307-313. Dort auch umfängliche Literaturangaben.


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dadurch zu bestimmen suchen, daß sie die Einstellung der Arbeit oder die Verhinderung derselben bei einzelnen oder mehreren Gewerbetreibenden verabreden […]―. Den Fabrikarbeitern, Gesellen, Gehilfen oder Lehrlingen war demzufolge die Bildung von Verbindungen ohne polizeiliche Erlaubnis verwehrt. Trotzdem gründete Adolf Kolping 1846 in Elberfeld bei Wuppertal einen Gesellenverein, dem später in vielen Orten weitere Vereine folgten und die in der noch heute aktiven „Kolping-Bewegung― mùndeten.

Ein revolutionärer Druck brachte auf deutschem Boden für kurze Zeit Koalitions- und Versammlungsfreiheit. Denn 1848 entstanden die ersten großen Arbeiterorganisationen: die Allgemeine Deutsche Arbeiterverbrüderung, der Gutenberg-Bund und die Assoziation der Zigarrenarbeiter. Als die „Bùrgerliche Revolution― scheiterte, traf das obrigkeitsstaatliche Einschreiten die Zusammenschlüsse der Arbeiter und Handwerksgesellen hart. Man wollte erneut „das Gewerbe vor Übergriffen der Arbeiter― schützen. 1854 beschloss die Deutsche Bundesversammlung, in sämtlichen Gebieten noch bestehende Arbeitervereine oder Verbrüderungen, welche politische, sozialistische oder kommunistische Zwecke verfolgten, binnen zwei Monaten aufzuheben. Die Neubildung solcher Verbindungen war unter Strafe gestellt, wobei nicht alle Regierungen dieses Gebot befolgten. Schon vor der Sozialgesetzgebung, insbesondere seit 1860 gab es in etlichen Gesetzen arbeitsrechtliche Schutzvorschriften, die auf der Einsicht des Staates beruhten, wenigstens die größten Missstände beseitigen zu müssen. Denn der Gesetzgeber stand unter dem Druck der erstarkenden Arbeiterbewegung. 1862 forderte das Zentralkomitee des Allgemeinen Deutschen Arbeiterkongresses Ferdinand Lassalle auf, seine Ansichten über die Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitersituation mitzuteilen. Lassalle, der den Vorsitz des in Leipzig am 23. Mai 1863 gegrùndeten „Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins― ùbernahm, proklamierte politische Freiheit und Selbstständigkeit der Arbeiterbewegung sowie die Vertretung der Arbeiterschaft in den gesetzgebenden Körperschaften auf der Basis der Gleichberechtigung. Ferner reklamierte er eigene Produktionsgenossenschaften mit Starthilfe durch den Staat. Das freie, gleiche Wahlrecht sollte die Teilnahme der Arbeiter an der Gestaltung des politischen Lebens ermöglichen. August Bebel vertrat 1868 auf einer Vereinstagung der Arbeitervereine in Nürnberg ein eindeutig sozialistisches Programm, das die Abschaffung der Klassenherrschaft, die politische Freiheit als Voraussetzung für die wirtschaftliche Freiheit, internationale Solidarität sowie die Gründung von internationalen Gewerksgenossenschaften als Ziele verkündete.

In der Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes vom 21. Juni 1869 wurden die Arbeit an Sonn- und Feiertagen, der Lohnschutz und vor allem das sog. Truck-Verbot (also die Lohnzahlung in Form von Naturalien und Waren) sowie gewisse Wettbewerbsvereinbarungen fixiert. Mit dieser Gewerbeordnung war zugleich der erste Schritt zur Koalitionsfreiheit getan, denn dort hieß es in § 152: „Alle Verbote und Strafbestimmungen gegen […] Gesellen oder Fabrikarbeiter wegen Verabredungen und Vereinigungen zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen, insbesondere mittels Einstellung der Arbeit […] werden aufgehoben.― Dies beflùgelte die Gewerkschaftstätigkeit durch Erweiterung der bereits vorhandenen Organisationen bzw. durch viele Neugründungen. Das Notgewerbegesetz vom 8.7.1868 hatte die politischen Grundentscheidungen der Reichsgewerbeordnung vom 21.6.1869 bereits vorweggenommen, so die


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Aufhebung des Rechts der Zünfte und gewerblichen Korporationen, andere vom Betrieb eines Gewerbes auszuschließen, die Beseitigung des Befähigungsnachweises für den Betrieb eines Gewerbes, den Fortfall der Unterscheidung zwischen Stadt und Land und jeglicher Einschränkung von Art und Zahl der Arbeitnehmer für den Gewerbetreibenden sowie der Freiheit der Wahl des Arbeitsplatzes für die Arbeitnehmer. Das ebenfalls vom 21.6.1869 stammende Gesetz betreffend die Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohnes bildete insofern den Beginn des deutschen Arbeitsrechts, als es alle Arbeitnehmer, also nicht nur die gewerblichen Arbeitnehmer, betraf. Ebenfalls 1869 gründeten August Bebel und Wilhelm Liebknecht in Eisenach die Sozialdemokratische Deutsche Arbeiterpartei, die „Mutterpartei― der heutigen SPD. Die „Sozialdemokratische Arbeiterpartei― sah sich damals als deutscher Zweig der „Internationalen Arbeiterassoziation―. Noch im selben Jahr rief Bischof Ketteler von Mainz, der Autor des Werkes „Die Arbeiterfrage und das Christentum― aus dem Jahre 1864, die christlich-sozialen Arbeitervereine ins Leben. Bischof Ketteler lag speziell die Verkürzung der Arbeitszeit für gesundheitliche, geistige und religiöse Bedürfnisse (Sonntagsruhe!) sowie ein Verbot der Fabrikarbeit für schulpflichtige Kinder und Frauen am Herzen. Dadurch dass zum größten Teil alle Gewerkschaften diese Ziele mittrugen, erlangte die zu jener Zeit entwickelte Katholische Soziallehre Breitenwirkung. Im entscheidenden Jahr 1869 (18. Mai) fand überdies der Konstituierende Verbandstag des Verbandes Deutscher Gewerkvereine von Hirsch-Duncker statt. Max Hirsch war ein Berliner Maschinenbauer, Franz Duncker liberaler Politiker. Der Hirsch-Dunckersche Verband, der nach einjährigem Bestehen schon 258 Ortsvereine mit 30000 Mitgliedern in 13 Gewerkvereinen zählte, stand politisch dem bürgerlich-liberalen Lager nahe.

3. Gegenbewegung im Reich: Sozialistengesetz und Unterdrückung Dass das „Sozialistengesetz― von 1878 nicht nur die seit 1875 in einer Partei

geeinte Sozialdemokratie zu vernichten drohte, sondern auch eine ernsthafte Gefährdung für die Gewerkschaften war, ist keine Frage. In diese Epoche fällt aber auch der Aufstieg der Gewerkschaften, der nach der Aufhebung des „Sozialistengesetzes― von 1890 einsetzte. Das Jahr 1873 stellte ein Jahr der Krise dar mit Börsenkrach, Preisverfall, Lohnkürzungen, Entlassungen und Störungen des Wirtschaftswachstums. Die dadurch an Bedeutung gewinnenden Arbeiterorganisationen beunruhigten zusehends die Obrigkeit. Reichskanzler Otto von Bismarck nahm zwei Attentate auf den Kaiser zum Anlass, sein „Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie― im Reichstag durchzubringen. Fast alle linksgerichteten Verbände, Organisationen und Zeitungen wurden mit Datum des 21. Oktober 1878 verboten. Wenngleich die deutschen Gewerkschaften damit ein für allemal vernichtet schienen, konnten viele Arbeiter doch mehr oder weniger im Untergrund weiterwirken. Überall im Reich entstanden gewerkschaftliche Lokalvereine, die alle zunächst betont fachgewerblichen Charakter hatten, sich dann aber zum größeren Teil zu Kampforganisationen entwickelten und Streiks durchführten. Insgesamt gesehen brachte das „Sozialistengesetz― der SPD und den Gewerkschaften viele neue Anhänger, obschon die sozialistische Opposition schikanös behandelt wurde. Gerade weil der Gegensatz zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden verschärft wurde, begann für die Arbeiterbewegung nach dem


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Ende der Illegalität im Jahre 1890 eine Zeit des Wachstums und des Aufstiegs. Bismarck hatte erkannt, dass die Arbeiter an den Staat herangeführt werden mussten und bemùhte sich fùrderhin, statt „Sozialistengesetze― „Sozialgesetze― als Basis sozialer Sicherheit zu schaffen. In den 1890er Jahren und nach der Jahrhundertwende vollzog sich ein umfassender gewerkschaftlicher Konzentrationsprozess. Den ersten Industrieverband gründeten Metallarbeiter schon 1892. Später verschmolzen eine ganze Reihe kleinerer Gewerkschaften mit anderen und bildeten größere Organisationen; so vereinigten sich Maurer, Bauhilfsarbeiter und Isolierer im Bauarbeiterverband oder Handels-, Transport- und Hafenarbeiter sowie Seeleute im Deutschen Transportarbeiterverband. Für diesen Zeitraum erwähnenswert sind auch die „Werkvereine―, d.h. friedliche Gewerkschaften, die den „Klassenkampf― ablehnten. Mit den christlichen Gewerkschaften entstand eine neue „Richtungsgewerkschaft―: 1894 kam es zur Gründung des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter sowie 1899 zum ersten Kongress Deutscher christlicher Gewerkvereine. Seit 1890 erlaubte das Gewerbegerichtsgesetz die Errichtung von Gewerbegerichten. Seit 1891 war zudem die Arbeitsordnung obligatorisch, vor deren Erlass ein ständiger Arbeiterausschuss oder die Arbeiter anzuhören waren und der Kontrolle der unteren Verwaltungsbehörde unterworfen wurden.

War die direkte Unterdrùckung mittels „Sozialistengesetz― nun gewichen, trat an seine Stelle fortan eine Politik der Schikane und nicht zuletzt der Versuch, durch neue Gesetze die Entwicklung der Gewerkschaften zu behindern. Wilhelm II. drohte mit Zuchthausstrafen gegen Streikende. Einzelne Gerichte fällten harte Urteile gegen Arbeiter, die in Arbeitskampfmaßnahmen verwickelt waren. Seit seiner Entscheidung von 1896 bewertete das Reichsgericht in ständiger Rechtsprechung die von gewerkschaftlicher Seite an Unternehmen gerichtete Streikandrohung als strafbare Drohung gemäß § 153 der Gewerbeordnung und zudem bereits seit 1890 als Erpressung im Sinne von § 253 StGB. Die Versuche, das Wachstum der Gewerkschaften durch rigorose Maßnahmen (d.h. Aussperrungen durch in dieser Zeit gegründete Arbeitgebervereine, Schwarze Listen, Gründung von Gegenorganisationen wie z.B. dem „Antistreikverein―) zu behindern, hatten gleichwohl nur geringen Erfolg und konnten den Aufstieg der Gewerkschaften nicht wesentlich hemmen.

Auf dem Parteitag der SPD in Mannheim von 1906 wurde die gleichberechtigte Rolle der Gewerkschaften neben der SPD offiziell festgeschrieben. Die arbeits- und sozialrechtlichen Forderungen der Gewerkschaften wurden erstmals auf dem sechsten Gewerkschaftskongress in Hamburg 1908 zu einem geschlossenen Programm verdichtet. Der Kongress forderte zur Sicherung der Arbeitsverhältnisse die Errichtung von Arbeiterkammern, volle Koalitionsfreiheit für alle gegen Lohn oder Gehalt beschäftigte Personen, ein zwingendes Recht für alle zum Schutz der Arbeit erlassenen Gesetzesbestimmungen, damit sie nicht durch Verträge aufgehoben werden konnten, sowie eine gesetzliche Grundlage für kollektive Arbeitsverträge. Darüber hinaus sollten der Acht-Stunden-Tag als Normalarbeitstag sowie Verbote der Erwerbsarbeit für Kinder unter 14 Jahren und der Nachtarbeit festgesetzt werden. Ferner ging es um die Vereinheitlichung und Ausdehnung der Arbeiterversicherung unter der Selbstverwaltung der Versicherten, um die Schaffung einer Mutterschafts- und Arbeitslosenversicherung sowie einer Witwen- und Waisenversorgung.


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Bis Ende 1913 stiegen die Mitgliederzahlen auf über 2,5 Millionen Gewerkschafter. Mit dieser Entwicklung einher gingen die Stärkung des gewerkschaftlichen Selbstvertrauens verbunden mit dem Streben nach Autonomie und parteipolitischer Unabhängigkeit von der SPD. 1913 waren über 10000 Sozialdemokraten, Zentrumsangehörige und Gewerkschafter in den Gemeindevertretungen und Magistraten der Städte tätig. Die Arbeiterbewegung war darüber hinaus zu einer Kulturbewegung geworden, denn Bildungs-, Jugend- und Frauenorganisationen, Sport- und Gesangvereine, Wohlfahrtsverbände und Genossenschaften bildeten eine ganze Kette von Betätigungsmöglichkeiten in Arbeits- und Freizeitwelt. Seit den 1890er Jahren entstand auch zunehmender Beratungsbedarf, der durch Einrichtung ständiger Beratungsbüros gedeckt wurde. Als erstes Beratungsbüro gilt das des Berliner Gewerkschaftskartells, des Zusammenschlusses der sozialdemokratischen Gewerkschaften in Berlin. Dieses 1890 eingerichtete Auskunftsbüro erteilte zunächst nur nebenbei Rechtsauskünfte. Das Nürnberger Gewerkschaftskartell beschloss 1891 die Bildung eines Arbeitersekretariats, um den Gewerkschaftsmitgliedern bei der Durchsetzung ihrer neu erworbenen Ansprüche zu helfen. Das Arbeitersekretariat war ein von Arbeiterorganisationen unterhaltenes Rechtshilfebüro, das ganztägig geöffnet und mit mindestens einer vollständig beschäftigten Person besetzt war, deren Hauptaufgabe darin lag, Rechtsuchenden über die gesamte soziale Gesetzgebung, teilweise auch über bürgerliches und öffentliches Recht, sowie über Strafrecht, Rat zu erteilen und bei der Geltendmachung von Rechtsansprüchen zu helfen. Ab 1894 kam es zunehmend auch in anderen Orten des Deutschen Reiches zur Gründung solcher Arbeitersekretariate. 1901 existierten 29, 1912 bereits 120 Arbeitersekretariate. Die Arbeitersekretariate hatten sich nunmehr zu Einrichtungen der Ortskartelle der Einzelgewerkschaften entwickelt. Eigene Sekretariate konnten damals finanziell vor allen Dingen die Bergarbeitervereine unterhalten. Nach der Aufhebung des Sozialistengesetzes und zwei Monate nach der Einsetzung der Generalkommission am 16.11.1890 wurde am 20.1.1891 die erste Nummer des „Correspondenz-Blattes― verôffentlicht. Anfangs hatte August Bebel es nicht fùr erforderlich gehalten, ein selbstständiges Gewerkschaftsorgan zu schaffen. Nach Bebels Auffassung genügte eine gewerkschaftliche Beilage zum „Volksstaat―. Doch das „Correspondenz-Blatt― wollte weder den „bùrgerlichen Sozialreformern― noch den sozialdemokratischen Organen wie der „Neuen Zeit―, dem „Vorwärts― oder den „Sozialistischen Monatsheften― ùberlassen, die Gewerkschaftsmitglieder zu informieren. Es legte schon bald seine Schwerpunkte auf das Arbeiter- und Angestelltenrecht und die für beide bestehenden versicherungsrechtlichen Aspekte. Da dort wissenschaftliche und rechtspolitische Beiträge selten waren, wurde 1914 die Zeitschrift „Arbeitsrecht― gegründet. Als erstes speziell arbeitsrechtliches Organ der Gewerkschaften erschien am 13.1.1912 die „Arbeiterrechts-Beilage des Correspondenz-Blattes―. Die „Arbeiterrechts-Beilage― war somit die erste, ausschließlich dem Arbeits- und Sozialrecht gewidmete wissenschaftliche Zeitschrift in Deutschland. Ab 1916 berichtete „Das Schlichtungswesen― regelmäßig ùber die Entscheidungen der Schlichtungsausschùsse, ab Juli 1919 erschien das „Mitteilungsblatt des Schlichtungsausschusses Groß-Berlin―.


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4. Der Erste Weltkrieg und die Zersplitterung der Parteienlandschaft Der Erste Weltkrieg (1914-1918) spaltete die Gewerkschaftsbewegung auf,

weil im Verlauf des Krieges die immer häufiger auftretende Bewilligung von Kriegskrediten für Auseinandersetzungen um die politische Richtung sorgte. Dieser Streit führte 1916 sogar zur Abspaltung einer radikalen Gruppe von der SPD, als sich die Unabhängige Sozialdemokratische Partei (USPD) gründete. Innerhalb der freien Gewerkschaften machten sich Unruhe und Unzufriedenheit mit der Staatsführung bemerkbar, sodass es zu großen politischen Streiks kam. Nach dem 9. November 1918 wurde der politische und wirtschaftliche Mitgestaltungs- und Mitverantwortungswille der Arbeiter zur Wahl der Staats- bzw. der Wirtschaftsform nur unerheblich umgesetzt. Die „Räterepublik―, wie sie die USPD forderte, hatte keinen Erfolg. Das von der SPD favorisierte Modell der parlamentarischen Demokratie schlug sich in der Weimarer Reichsverfassung (WRV) von 1919 nieder, die eine vornehmlich „privat-kapitalistische― Wirtschaftsordnung enthielt. Art. 124 II WRV erleichterte allerdings den Erwerb der Rechtsfähigkeit für Vereine, die politischen, sozialpolitischen oder religiösen Zwecken dienen sollten und begünstigte auf diese Weise Arbeiterbewegungen und Gewerkschaften von 1919-1933. In die Zeit zwischen 1919 und 1933 fallen nicht nur das Scheitern der Arbeiterräte, die Regierungsmacht an sich zu reißen, sondern vor allem die Gründung des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB). Es existierten schließlich vier linksgerichtete Parteien nebeneinander, nämlich die SPD, die USPD und der sich davon abgespaltene Spartakusbund sowie die KPD. Gewerkschaftliche Erfolge in den 1920er Jahren unterbrachen einmal die Weltwirtschaftskrise von 1929 und nicht zuletzt die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Jahre 1933. In den letzten Kriegsjahren hatte der Kontakt zwischen den Gewerkschaftsleitungen und den Betrieben gelitten, und so gründeten sich spontan Arbeiterräte, die zu Beginn der Weimarer Zeit versuchten, die Führung auf der Beschäftigtenseite zu übernehmen. Dabei stießen sie auf den harten Widerstand der Mehrheit der Sozialdemokraten und der Gewerkschaftsführungen. Die Räte wurden schließlich auf die Wahrnehmung innerbetrieblicher und sozialer Aufgaben abgedrängt. Die Gewerkschaften entwickelten sich trotzdem in den ersten Jahren der Republik zu einer respektablen Macht, da ihr Mitgliederstand von 5,5 Millionen (1919) auf 8 Millionen (1922) anstieg. Ein Höhepunkt dieses Prozesses war die organisatorische Vereinigung im Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund (ADGB) mit sozialistischer Ausrichtung. Infolge weiterer Zusammenschlüsse reduzierte sich die Zahl der im ADGB angeschlossenen Verbände auf 30 (1910 noch 58).

Die Abwehr des „Kapp-Putsches― (Generallandschaftsdirektor Kapp ernannte sich selbst zum Reichskanzler und preußischen Ministerpräsidenten) im Frühjahr 1920 durch einen sechstägigen Generalstreik stellte einen Höhepunkt der gewerkschaftlichen Einflussnahme dar, der das erfolgreiche Zusammenwirken von SPD und Gewerkschaften zur Sicherung des Staates bezeugte. Die christlichen Gewerkschaften befürworteten diesen Proteststreik ebenfalls, die KPD erst nach einigem Zögern. Dieses geschlossene Auftreten aller Gewerkschaften war natürlich eine gute Ausgangsposition zur Festigung der jungen und angeschlagenen Weimarer Republik.


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Die Spaltung der Arbeiterbewegung, die im Inflationsjahr 1923 zunahm, wurde Weimar aber zum Verhängnis. Die Mitgliederzahlen der Gewerkschaften gingen um fast 50% zurück, und mehr als ein Viertel der Mitglieder waren erwerbslos. Nach der Inflation des Jahres 1923 richtete der Bundesvorstand des ADGB bei sich eine Rechtsabteilung ein, die für die Vertretung der Mitglieder vor dem Reichsversicherungsamt, dem Reichsversorgungsamt und dem Reichswirtschaftsgericht zuständig war. Große Bedeutung nahm das Arbeitsgerichtsgesetz von 1926 ein, das bestimmte, dass für Arbeitsstreitigkeiten eigene Arbeitsgerichte tätig wurden, die der Weimarer Gesetzgeber wiederum den ordentlichen Gerichten angliederte. Innerhalb der Arbeiterbewegung standen vier feindliche Lager gegenüber, zwischen denen es keine Versöhnung und keine gemeinsamen Aktionen geben konnte: SPD, USPD, Spartakus-Bund und KPD konnten ihre Kräfte nicht bündeln. Die den Staat ablehnende KPD war überdies führungs- und orientierungslos, denn zum einen forderte sie „Hinein in die Gewerkschaften, erobert sie von innen― und zum anderen „Heraus aus den freien Gewerkschaften, schafft die revolutionäre Gewerkschaftsopposition―. Die KPD verhielt sich sehr schwankend gegenüber den Einheitsgewerkschaften und favorisierte in erster Linie die freien Gewerkschaften, die nur über lockere Organisationseinheiten verfügten. Ausgehend von der KPD wurden auch eigene „rote Gewerkschaften― in den Bereichen Metallindustrie, dem Bergbau, im Baugewerbe, bei Eisenbahnern und Hafenarbeitern gegründet, die jedoch keine nennenswerte Stärke erreichten. Sie waren sog. „Billiggewerkschaften―, da ihre Mitglieder bloß geringe Beiträge zu zahlen hatten. Die Billiggewerkschaften zielten aber auf die Abwerbung bei bereits bestehenden Gewerkschaften und damit auf deren Schwächung ab. In den Jahren nach der Stabilisierung der Währung (ab 1924) verzeichneten die Gewerkschaften indes auch eine Reihe wichtiger sozialpolitischer Erfolge; beispielsweise erwähnt seien hier das Arbeitslosenversicherungsgesetz, der Kündigungsschutz und diverse Lohnerhöhungen. Da die wirtschaftspolitischen Verhältnisse sich einigermaßen gebessert hatten, konnten sich auch die Gewerkschaften erholen. Jedoch machten der New Yorker Börsenkrach im Oktober 1929 und seine Auswirkungen auf die Gläubigerstaaten der USA (Die der deutschen Industrie überlassenen ausländischen Anleihen wurden zurückgezogen) alle Hoffnungen und Aussichten auf eine weitere positive Wirtschafts- und auch Gewerkschaftsentwicklung zunichte. Die Produktionszahlen gingen zurück, die Arbeitslosenzahl stieg 1931 auf über 5 Millionen an. Die wirtschaftliche Depression und Hoffnungslosigkeit war der Nährboden für extrem links- und rechtsradikale Kräfte, und so war es nur noch eine Zeitfrage, bis eine der beiden die Regierungsgewalt übernehmen und mit ihrer antidemokratischen Haltung die Parlamentsherrschaft zerstören würde. Diese Herrschaft schien zu Ende, als die amtierende Regierung der großen Koalition wegen sozialpolitischer Auseinandersetzungen (Es ging um die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge) auseinanderbrach. Auch ein Nachgeben der Gewerkschaften bei diesem Streit hätte den Sturz der Regierung wohl nicht aufhalten können, weil er von der politischen Rechten bereits beschlossene Sache war. So war der Sieg des Nationalsozialismus nicht zuletzt auch eine Folge der Fehler, Schwächen und Unentschlossenheit der gespaltenen Linken, deren radikaler Flügel antidemokratisch war. Weder die Gewerkschaften noch die demokratischen Parteien hatten mit einem solchen Ausmaß der


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Weltwirtschaftskrise und ihren verheerenden sozialen Folgen gerechnet, noch war man mit der Beurteilung des Nationalsozialismus realistisch genug. Die NSDAP unter Hitler war zu keiner Zeit eine richtige Arbeiterpartei, denn ihre Anhänger und Mitglieder kamen nur zu einer Minderheit (vor 1933 nur knapp 20%) aus dem Arbeiterstand. Dies galt auch für die 1928 als Kampfinstrument gegen die Gewerkschaften gegründete Nationalsozialistische Betriebszellen-Organisation (NSBO), die es bis 1933 lediglich auf 140000 Mitglieder brachte.

5. Die „Deutsche Arbeitsfront“ des Dritten Reiches Die NSDAP, die 1933 die Macht im Deutschen Reich übernahm, führte das

deutsche Volk sowohl in politischer und gesellschaftlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht in die Unfreiheit. Damit war auch die Freiheit der deutschen Arbeiter und Organisationen dahin, denn Parteien und Gewerkschaften wurden zerschlagen, ihr Eigentum beschlagnahmt und das gesamte Vermôgen der „Deutschen Arbeitsfront―, einer Organisation unter staatlicher Lenkung und Kontrolle, zugeführt. Im Sinne von Führer und Gefolgschaft wurden dort alle Arbeiter und Arbeitgeber zwangsweise zusammengefasst, wobei die Stellung der Arbeitgeber stark hervorgehoben wurde, hatte doch die NSDAP 1932, also ein Jahr vor der Machtübernahme, von vielen Industriellen erhebliche Finanzhilfen erhalten. Die neuen Machthaber beseitigten die Gesetze, die die Autonomie der Arbeitgeber einschränkten, wie etwa das Tarifvertragsgesetz und das Streikrecht. Koalitionsrecht und Ansätze zur Wirtschaftsdemokratie wurden durch das „Fùhrerprinzip― ersetzt. In die alsbald eingerichteten Konzentrationslager brachte man Zehntausende von Funktionären der Arbeiterorganisationen. Die „Deutsche Arbeitsfront― wurde mit 20 Millionen Mitgliedern die größte Organisation der Nationalsozialisten. Mit dem „Gesetz zur Ordnung der Nationalen Arbeit― als Hauptbestandteil der nationalsozialistischen Sozialpolitik fiel jede autonome Organisation der Arbeitnehmer und Arbeitgeber dem Verbot zum Opfer: Das Tarifrecht mutierte zur Verwaltungsangelegenheit des Staates, die Treuhänder der Arbeit setzten Lohn- und Arbeitsbedingungen fest, überwachten die Betriebe und deren Vertrauensräte, die an die Stelle der bisherigen Betriebsräte getreten waren. Von 1934 bis zum Beginn des Krieges wurden die Freizügigkeit der Arbeitsplatzwahl und der Berufswahl sowie die Versammlungs-, Rede- und Pressefreiheit gänzlich beseitigt. Auch der mühsam erkämpfte Acht-Stunden-Tag gehörte mit Einsetzen der Kriegsproduktion der Vergangenheit an. Daneben hielten die Nationalsozialisten die Löhne durch Lohnstopp-Verordnungen niedrig, was die Arbeiterfamilien, die infolge der Weltwirtschaftskrise starke Einkommensverluste erlitten hatten, weiterhin finanziell auslaugte.

Nach der Zerschlagung der Gewerkschaften und der Besetzung ihrer Büros im Frühjahr 1933 wurden die Arbeitersekretariate in Rechtsberatungsstellen der „Deutschen Arbeitsfront― ùberfùhrt. Viele Arbeiter wehrten sich auf die einzige noch mögliche Weise gegen diesen Zwang, indem sie passiv Widerstand leisteten. Da aktive Widerstandsgruppen, die sich sofort bildeten, über keine Erfahrung und Zusammenhang verfügten, konnten sie nur wenig ausrichten. Ihre Mitglieder wurden größtenteils verhaftet und die Gruppen zerschlagen.


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6. Neuorientierung nach dem Zweiten Weltkrieg – Verbindung zur Sozialdemokratie

Die Nachkriegszeit kannte etliche Hindernisse für den Neuaufbau der

Gewerkschaften, insbesondere vonseiten der Militärregierungen der Besatzungsmächte. Infolge der Änderung der alliierten Politik wurde auch die Industrie wieder aufgebaut, was mit einem erneuten Aufschwung der Gewerkschaftstätigkeit einherging. Die Mitbestimmungsgesetze von 1950 und 1976 sind zentral für die arbeitsrechtliche Entwicklung der Nachkriegszeit. Aber wieder zurück in die unmittelbare Nachkriegszeit: Der 8. Mai 1945 und mit ihm das Ende des Zweiten Weltkrieges bedeuteten für Deutschland, seine Wirtschaft und Industrie und natürlich auch für die Arbeitnehmerorganisationen die Stunde Null. Ein großer Teil der früher aktiven demokratischen Politiker war in den Konzentrationslagern und im Widerstand umgebracht worden oder emigriert. Für den Neuaufbau und die Neubelebung des politischen Lebens bildete ihr Fehlen ein großes Hindernis. Hatten alle Parteien die Absicht, den Kapitalismus sozialer zu gestalten, so wollten doch Sozialdemokraten und insbesondere Gewerkschafter die Spaltung der Arbeiterbewegung beenden, weil man darin eine Gefahr für die junge Demokratie sah; das Schreckgespenst der damit verbundenen Unfähigkeit der politischen Betätigung aus der Weimarer Zeit war noch immer im Gedächtnis.

7. Verwendete Literatur Blanke, Thomas, Die Entdeckung des Arbeitsrechts durch die

Gewerkschaften, in: Arbeit und Recht (AuR) 4 (1994), S. 113-122; Gergen, Thomas, Gewerkschaften in der deutschen Rechtsgeschichte. In: Arbeit und Recht (AuR), Zeitschrift für Arbeitsrechtspraxis 9 (2006), S. 307-313; Herbig, Rudolf, Notizen aus der Sozial-, Wirtschafts- und Gewerkschaftsgeschichte vom 14. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 7. Aufl., Wolframs-Eschenbach 1980; Weber, Hermann u.a. (Hg.), Quellen zur Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung im 20. Jahrhundert, 13 Bände, Köln seit 1985, Bonn seit 2005. Darunter insbes.: Schönhoven, Klaus (Bearb.), Die Gewerkschaften in Weltkrieg und Revolution, Bd. 1, Köln 1985; Kehrmann, Karl, Die Entwicklung des gewerkschaftlichen Rechtsschutzes, in: Deutscher Arbeitsgerichtsverband (Hg.), Die Arbeitsgerichtsbarkeit: Festschrift zum 100jährigen Bestehen des Deutschen Arbeitsgerichtsverbandes, Neuwied/Berlin 1994, S. 169-186; Limmer, Hans, Die deutsche Gewerkschaftsbewegung, 13. Aufl., München 1996; Ramm, Thilo, Gewerkschaften und Arbeitsrecht während des Kaiserreichs – Zu Blankes „Entdeckungen―, in: Zeitschrift fùr Arbeitsrecht (ZfA) 3 (1995), S. 581-607; Ramm, Thilo, Das deutsche kollektive Arbeitsrecht zwischen den beiden Weltkriegen, in: Zeitschrift für Arbeitsrecht (ZfA) 1988, S. 157-163; Schneider, Michael, Die christlichen Gewerkschaften 1894-1933, Hamburg 1982; Schröder, Rainer, Die Entwicklung des Kartellrechts und des kollektiven Arbeitsrechts durch die Rechtsprechung des RG vor 1914, München 1985.

Recibido el 25 de mayo de 2015. Aceptado el 22 de junio de 2015

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EUROPA DELLE NAZIONI O EUROPA DEGLI UOMINI?

IL PROBLEMA DELL’UNITÀ GIURIDICO-POLITICA EUROPEA NELLE RIFLESSIONI DI CLAUDE BRUAIRE E

DI MAURICE DUVERGER Lorenzo SCILLITANI

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Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: Lorenzo Scillitani (2015): «Europa delle nazioni o Europa degli uomini? Il problema dell‘unità giuridico-politica europea nelle riflessioni di Claude Bruaire e di Maurice Duverger», en Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 9 (diciembre 2015). Puede leerse este artículo en línea en: http://www.eumed.net/rev/rehipip/09/bruaire-duverger.html.

RESUMEN: Planteamiento dicotomista sobre si debemos construir una Europa de los hombres o una Europa de las naciones. Se recogen reflexiones que, al respecto, tuvieron Claude Bruaire y Maurice Duverger. Bruaire es un metafísico y un cultivador de la filosofía política y de la filosofía del derecho. Maurice Duverger es un jurista, un politólogo y un marxista. PALABRAS CLAVE: Maurice Duverger, Claude Bruaire, Europa. RESUM: Plantejament dicotomista sobre si hem de construir una Europa dels homes o una Europa de les nacions. Es recullen reflexions que, sobre aquest tema, van tenir Claude Bruaire i Maurice Duverger. Bruaire és un metafísic i un conreador de la filosofia política i de la filosofia del dret. Maurice Duverger és un jurista, un politòleg i un marxista. PARAULES CLAU: Maurice Duverger, Claude Bruaire, Europa.

1. Premessa

Quando si pensa, oggi, all‘Europa, ai significati che si addensano attorno a

questo nome, alle molteplici valenze che questo comporta1, a quali autori si fa

* Ordinario di Filosofia del diritto. Università del Molise.

1 In generale, è vero che, «quando parliamo di Europa, non sappiamo bene di che cosa stiamo

parlando» (L. Caracciolo, in E. Letta-Id., L‟Europa è finita?, a cura di E. Carlucci, add, Torino, 2010, p. 67). Per rispondere all‘interrogativo «che cos‘è l‘Europa?» si è sostenuto che l‘Europa «è quella specifica volontà di separazione e divisione che appare con la riflessione greca sul senso dell‘essere, del niente e del divenire» (E. Severino, La tendenza fondamentale del nostro tempo, Adelphi, Milano, 1988, p. 126; cfr. M. Heidegger, Il nichilismo europeo, Adelphi, Milano, 2003). Alla domanda «dove finisce l‘Europa?» si è risposto che essa «finisce là dove finisce il cristianesimo occidentale e iniziano l‘islamismo e l‘ortodossia» (S. P. Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garzanti, Milano, 2000, p. 230), «in parte in seguito a una separazione proveniente dall‘esterno, in parte per uno sforzo pi÷ o meno cosciente di creare qualcosa di nuovo» (R. Brague, Il futuro dell‟Occidente, Rusconi, Milano, 1998, p. 152). Fino alla Guerra fredda l‘appartenenza all‘Occidente è stata, per l‘Europa occidentale, un fattore di coesione. Dopo la caduta del Muro di Berlino, anche l‘Europa, come le altre macroaree culturali, torna ad interrogarsi sui contorni della propria identità, alla ricerca di un equilibrio non più garantito dalla cristallizzazione di rapporti di forza tra potenze ideologiche antitetiche. Se è


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appello? Ad autori che vanno per la maggiore, che attirano l‘interesse del popolo degli studiosi per la loro diffusa presenza nella letteratura scientifica di riferimento, o viceversa ad autori (almeno oggi) scarsamente «digitati» nelle ricerche sul web? Rivolgersi a Claude Bruaire e a Maurice Duverger vuol dire, oggi, inclinare per la seconda opzione, nella consapevolezza di operare una scelta apertamente e dichiaratamente controtendenziale, tanto più se si considera di mettere a confronto non due filosofi o due politologi, ma un filosofo e un giurista-politologo: un filosofo a suo modo atipico e poliedrico – metafisico, filosofo della religione, del diritto e della politica, come Bruaire – e un giurista e scienziato della politica, per giunta anche politicamente impegnato – quale è stato Duverger.

Si circoscriverà la ri-lettura double face di questi autori al tema dell‘unità europea, da intendersi, a partire da entrambi, come qualcosa che implica una portata intensamente giuridica2-e-politica. La crisi che l‘Europa, in quanto entità politica che si vorrebbe unitaria, sta attraversando3 è probabilmente dovuta non tanto a un deficit di democrazia, lamentato da più parti4, quanto a un deficit di ragione politica: Bruaire prima, già nel 1974, poi Duverger, nel 1994, segnalavano al riguardo, rispettivamente con quaranta e venti anni di anticipo, gli stessi elementi problematici che i contemporanei – studiosi di varia estrazione e competenza – rilevano con lo sguardo rivolto al presente, e a un sempre più incerto futuro5.

La provenienza eterogenea di questi due autori, tra loro estremamente diversi in termini di profilo intellettuale e di vocazione alla ricerca, risulterà non di obiezione ma di incentivo a una possibile sintesi di giudizio realmente interdisciplinare, nell‘ottica di una reinterpretazione complessiva di ciò che dovrebbe essere inteso, in senso eminentemente filosofico-giuridico6, e filosofico-politico, come Europa.

vero che la situazione della globalità contemporanea è stata creata dall‘Europa (cfr. K. Jaspers, Origine e senso della Storia, Mimesis, Milano-Udine, 2014, p. 105), è altrettanto vero che «il mondo è diventato europeo mercè l‘adozione della tecnica europea e delle esigenze nazionali europee, e sta rivolgendo entrambe con successo contro l‘Europa» (ivi, p. 107). In argomento cfr. anche M. Riedel, L‟universalità della scienza europea e il primato della filosofia, ESI, Napoli, 1982). 2 Cfr. P. Grossi, Unità giuridica europea: un Medioevo prossimo futuro?, ‗Quaderni fiorentini‘,

31/2002, t. 1. L‟ordine giuridico europeo: radici e prospettive, pp. 39-57. Circa l‘insistere essenziale della Rechtsidee nelle prospettive postbelliche dell‘Europa del 1917, così ragionava Max Scheler: «solo i rapporti a livello mondiale, che siano nati spontaneamente dalla forza e dall‘altezza dell‘idea di diritto, e non quelli che stabiliscono giuridicamente le relazioni tra le potenze solo con le armi, promettono una durata e quell‘atmosfera spirituale nella quale solamente è possibile una ricostruzione culturale» (M. Scheler, La ricostruzione culturale dell‟Europa. Una conferenza, in L‟eterno nell‟uomo, Bompiani, Milano, 2009, p. 993). 3 Fa da controcanto a Il sogno europeo, di Jeremy Rifkin (Mondadori, Milano, 2004), La fin du

rêve européen, di François Heisbourg (Stock, Paris, 2013). 4 Non mancano, d‘altronde, i fautori, pi÷ o meno decisi, della tesi della democraticità dell‘Europa

unita, come G. Amato, Noi in bilico (Laterza, Roma-Bari, 2005), o S. Goulard e M. Monti, La democrazia in Europa (Rizzoli, Milano, 2012). 5 C‘è chi crede addirittura di aver intonato il de profundis della creatura eurounitaria, come W.

Laqueur, nel suo lavoro su Gli ultimi giorni dell‟Europa, Marsilio, Venezia, 2007. 6 Cfr. A. D‘Atorre, La forma introvabile. L‟Europa e la via giuridica all‟unificazione, ‗Rivista internazionale di filosofia del diritto‘, 3/2011, pp. 381-413.


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Se Bruaire scrive La ragione politica7 in un periodo che vede ancora l‘Europa divisa tra due blocchi di appartenenza ideologica contrapposti, ma in qualche modo pacificata, Duverger scrive L‟Europa degli uomini8 in un momento che registra, dopo la caduta del Muro di Berlino, il culmine della prima guerra esplosa sul suolo europeo dopo il 1945, ossia la sequenza di conflitti interetnici che negli Anni Novanta tormentano la ex-Jugoslavia. L‘uno e l‘altro sono attenti e perspicaci osservatori della difficile costruzione di un‘identità9 politica europea che a tutt‘oggi, in una situazione attraversata da tensioni e incertezze piuttosto che da speranze10, registra sostanzialmente le medesime criticità11 – anche conflittuali (si pensi alla crisi ucraina, esplosa nel 2014) – di allora, sia pure con l‘acquisizione di obiettivi che sembrano segnare punti significativi a favore del processo d‘integrazione economica, istituzionale, culturale degli Stati aderenti all‘Unione Europea. Si procederà pertanto a una ripresa di alcuni dei passaggi delle riflessioni di Bruaire e di Duverger ritenuti più pertinenti a un tentativo di messa a fuoco delle dimensioni essenziali della questione dell‘unità politica dell‘Europa.

7 Cfr. C. Bruaire, La raison politique, Fayard, Paris, 1974. Bruaire è un pensatore cristiano la profondità, e l‘originalità, del quale sono attestate da una produzione impegnativa e articolata, che spazia da un confronto serrato con Hegel e Schelling alla proposta di una ontodologia – una ontologia dello spirito come dono –, tributaria di un intenso percorso teologico, che si è accompagnata anche a una filosofia del diritto e della politica (in italiano si segnala la traduzione de La forza dello spirito e lo spirito del diritto, a cura di P. Ventura, Giappichelli, Torino, 1990; dopo di allora, il dimenticatoio). Per un primo approccio alla sua opera si rinvia alla voce a lui dedicata da A. Aguti, Enciclopedia filosofica, Bompiani, Milano, 2006, pp. 1475-1476. 8 Cfr. M. Duverger, L‟Europa degli uomini, Rizzoli, Milano, 1994. Ai fini del presente lavoro

Duverger si segnala per essere stato, oltre che un teorico dei sistemi e dei partiti politici, e della democrazia, un autorevole costituzionalista di dimensioni veramente europee, recepito in particolare, in Italia, da Stefano Ceccanti (del quale cfr. Maurice Duverger e il metodo combinatorio: una lezione ancora valida, ‗Quaderni costituzionali‘, 1/2015, pp. 227-242). Il suo discutibile, e controverso, passato nella Francia di Vichy risulta parzialmente riscattato dall‘esperienza d‘impegno politico vissuta da protagonista quale consigliere di Mitterrand (su quest‘ultima fase si vedano i frequenti rinvii in M. Gervasoni, François Mitterrand. Una biografia politica e intellettuale, Einaudi, Torino, 2007), e poi nel Parlamento europeo. 9 Per un primo inquadramento della categoria di identità applicata alla complessa problematica

storico-culturale dell‘idea di Europa (sulla cui complessità filosofica si veda, oltre a E. Husserl, L‟idea di Europa, Raffaello Cortina, Milano, 1999, anche P. Mathias, L‟idea di Europa. Mutamenti di concetti e realtà attraverso i secoli, La scuola di Pitagora, Napoli, 2009) si fa rinvio a P. Rossi, L‟identità dell‟Europa, il Mulino, Bologna, 2007. Sulla tensione dialettica della (presunta) identità europea con la categoria dell‘altro si veda J. Kristeva, Stranieri a noi stessi, Donzelli, Roma, 2014. 10

A una prima presa di contatto, da un privilegiato osservatorio politologico, con l‘atmosfera intellettuale che si respira nell‘Europa di oggi, si offre, a firma di Giuliano Amato e di Ernesto Galli Della Loggia, Europa perduta? (il Mulino, Bologna, 2014). Non sono passati neanche dieci anni da quando Alessandro Ferrara ha indicato L‟Europa come spazio privilegiato della speranza umana (in Identità europea e libertà, a cura di F. Marcolungo, CLEUP, Padova, 2006, pp. 43-61), e Roberto Mancini ha predicato L‟Europa come promessa (ivi, pp. 11-42). 11

Cfr. A. Panebianco, L‟integrazione instabile, ‗liberal‘, 26/2004, pp. 12-17. Sul particolare aspetto dei piani di politica militare comune sperimentati in passato (cfr. L‟Europa indifesa, ‗liberalRisk‘, 1/2003), si rinvia a M. L. Napolitano, Il fallimento di una speranza: gli Stati Uniti e il progetto di Comunità Europea di Difesa, in Le possibilie Europe. Storia, diritti, conflitti, Libreria dello Stato, 2009.


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2. Europa delle nazioni?12

Bruaire precisa il senso di una critica della ragion politica nei termini di una contingenza storica segnata dalla contraddizione tra la libertà13 e la forza, da una parte e, dall‘altra, la ragione14: premesso che l‘essenza del politico non si esaurisce nella politica15, si osserva che la libertà che pone la contingenza della ragione politica, come il volere che la sostiene, «affronta l‘irrazionalità dei poteri e riesce a ridurli solo attingendovi forza per stabilire un diritto»16. L‘opposizione dialettica della forza e della libertà nei confronti della ragione si presenta tuttavia in maniera diversa: «per sussistere, la libertà richiede la ragione, e la ripudia soltanto per alienarsi. La forza è richiesta perché sia resa ragione, ma non si serve affatto della ragione, se non nell‘astuzia della violenza (…). La libertà può dunque fare violenza alla ragione, rischiando di perdersi. Ma essa non può imporre ragione alla forza senza essere a sua volta forte. L‘iniziativa del politico è quindi sempre una scommessa: che la forza neghi la forza attraverso la libertà, a condizione che la libertà si scelga a sua volta, piuttosto che il contrario»17.

Libertà, forza e ragione entrano in una tensione dialettica nella quale si fa spazio il diritto18: «la libertà è impotente senza il potere e la sua forza. Pertanto, la sua scelta del diritto è solo velleità, utopia, astrazione. Ma la forza è l‘arma del diritto solo se la libertà ne fa il suo proprio mezzo»19. Per questo c‘è bisogno di un potere, il quale però diventa tirannico se non edifica e non serve lo Stato, il quale si configura come l‘istituzione moderna che organizza la vita sociale come sistema giuridico20; «ma lo statalismo manda in rovina la realtà del

12

È da vent‘anni all‘incirca, ormai, che ci si chiede se In Europa tornano i caratteri nazionali (cfr. l‘omonimo titolo di un articolo di I. I. Gabara e L. Consoli, in Euro o no euro, ‗liMes‘, 2/1997, pp. 15-30). 13

Per l‘Europeo, la libertà coincide con la necessità del vero: «se sono libero, io non voglio una cosa perché la voglia, ma perché mi sono convinto che è giusta» (K. Jaspers, Dello spirito europeo, cit., p. 129). 14

Va precisato che la politica è l‘ambito della ragione non tecnico-calcolante, ma morale (cfr. J. Ratzinger, Europa. I suoi fondamenti oggi e domani, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2004, p. 55). 15

Cfr. C. Bruaire, La raison politique, cit., p. 108. 16

Ivi, p. 109. 17

Ibidem. 18

«È compito della politica porre il potere sotto l‘egida del diritto, regolando così il suo retto uso. Non deve vigere il diritto del più forte, ma piuttosto la forza del diritto» (J. Ratzinger, Europa, cit., p. 62): una forza che, per Bruaire, pertiene all‘ambito stesso della politica. 19

C. Bruaire, La raison politique, cit., p. 108. «Finché non raggiunge l‘oggettività del diritto positivo, la libertà è puro arbitrio indistinguibile dalla pura contingenza in cui si abolisce ogni senso» (Id., La forza dello spirito e lo spirito del diritto, cit., p. 107). In una chiave di lettura politologica, si è tentato di approfondire criticamente i nessi tra l‘inclinazione dell‘Unione Europea ad autointerpretarsi come potenza dotata di forza normativa e la pressione determinata dalla necessità di fare comunque i conti con l‘uso (trattato sempre con estrema cautela) della forza in quanto tale (cfr. Z. Laïdi, La norme sans la force, Sciences.Po Les Presses, Paris, 2013): la riluttanza ad un‘autoaffermazione identitaria, quantunque soft, sulla scena internazionale, ha creato le condizioni di un fenomeno che è stato chiamato Le reflux de l‟Europe, come recita il titolo di un recente lavoro di Zaki Laïdi (Sciences.Po Les Presses, Paris, 2013). 20

Cfr. C. Bruaire, La forza dello spirito e lo spirito del diritto, cit., p. 106. Questo passaggio può forse essere meglio spiegato con l‘aiuto della filosofia – politica e giuridica – dell‘Europa emergente in Jaspers: «l‘essenza della politica, vista così spesso nel potere che si serve di ogni mezzo, si muta nello sforzo spirituale reciproco, teso ad ordinare la vita pratica nell‘ambito


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politico come il volere nazionale»21, per cui c‘è bisogno della nazione22, depurata di quella degenerazione che è il nazionalismo, anti-Stato in quanto anti-nazione23.

Storicamente, il processo di integrazione politico-istituzionale dell‘Europa24 si è sviluppato all‘insegna di un sovradimensionamento dell‘economico rispetto al politico – come più avanti si avrà modo di ritornare, per riprendere Duverger –, dovuto al retaggio di ben due conflitti mondiali scatenati dal prevalere della violenza politica, oltre che al progressivo consolidarsi di un primato dell‘economia all‘interno dello stesso dibattito politico delle idee. In una temperie socio-culturale tendenzialmente post-nazionale25, giacché in qualche modo, sia pure parzialmente, post-politica26, o, per altri versi, impolitica, l‘ampia convergenza dei soci fondatori di organismo come la CEE sul paradigma (iper)economico, assunto come costitutivo di una unione anche politica, ha fatto sì che il punto focale attorno al quale pensare e progettare un‘Europa politicamente unita coincidesse con l‘elemento economico.

Già nei primi anni Settanta, Bruaire assisteva al profilarsi dello stesso problema europeo di fronte al quale ci si trova oggi: l‘allargamento delle frontiere dell‘Unione europea, lungi dall‘avviarne il superamento, non ha fatto che dilatarne le dimensioni, mostrando non tanto i fattori di inefficienza di una costruzione, quanto i limiti dell‘impostazione progettuale che ne è alla base.

Qualunque sia la forma istituzionale – federale27, confederale28, o di altro modello, partecipe a diversi livelli di strutture ordinamentali già sperimentate –

dell‘ordine giuridico che abbraccia tutti gli uomini. Ma questo riuscirà soltanto le sua essenza di prima, l‘uso pragmatico del potere, viene riconosciuta e presentata come ancora continuamente presente, ma non assolutizzata» (K. Jaspers, Dello spirito europeo, cit., p. 147). 21

C. Bruaire, La raison politique, cit., pp. 109-110. 22

La posizione qui sostenuta va controcorrente rispetto a una diffusa prevenzione (a volte aspramente) critica nei confronti di tutto ciò che vuol dire nazione, equivocato (spesso acriticamente) sotto l‘etichetta di «nazionalismo»: «coloro che pensano che la divisione dell‘Europa in nazioni sia stata la principale causa delle guerre europee dovrebbero anche ricordarsi delle guerre di religione devastanti a cui le fedeltà nazionali hanno finalmente messo fine» (R. Scruton, Il bisogno di nazione, Le Lettere, Firenze, 2012, p. 41). Roger Scruton mostra di apprezzare le fedeltà nazionali per la loro particolare attitudine a rispettare le sovranità (a riguardo del profilo filosofico-politico di questo tema cfr. G. Duso, L‟Europa e la fine della sovranità, ‗Quaderni fiorentini‘, 31/2002, t. 1, cit., pp. 109-139) e i diritti degli individui (cfr. R. Scruton, Il bisogno di nazione, cit., p. 52), configurandosi come un presupposto profondo delle stesse democrazie (cfr. ibidem). La tendenza dominante, per converso, avvalora la visione teilhardiana di un mondo sempre più «planetarizzato», si direbbe oggi «globalizzato» (cfr. P.-L. Mathieu, La pensée économique et politique de Teilhard de Chardin, Seuil, Paris, 1969, p. 236 ss.). 23

Cfr. C. Bruaire, La raison politique, cit., p. 110. 24

Cfr. B. Olivi-R. Santaniello, Storia dell‟integrazione europea. Dalla guerra fredda ai giorni nostri (il Mulino, Bologna, 2015). 25

Qualcuno giunge a vagheggiare la società europea come una sorta di «società postnazionale di società nazionali» (U. Beck, Europa tedesca, Laterza, Roma-Bari, 2013, p. 69). 26

Che, per altri versi, la fase storica inaugurata un secolo fa con la Grande Guerra europea (cfr. La guerra in Europa non è mai finita, ‗liMes‘, 1/2012) possa essere letta come la fase contraddistinta dall‘affacciarsi di un mondo post-Europa è quanto dà a pensare Jan Patočka, in L‟Europa e dopo. L‟epoca post-europea e i suoi problemi spirituali (Medusa, Milano, 2013). Non c‘è spazio, in questa la sede, per discutere le analisi del grande pensatore ceco. 27

Cfr. M. Panebianco, Il federalismo euro-nazionale, ‗Jus‘, 1/1999, pp. 429-442. 28

Sul punto si rinvia a A. Vespaziani, L‟Unione Europea: Federazione o Confederazione?, in http://www.apertacontrada.it/2014/03/22/lunione-europea-federazione-o-confederazione/: concordiamo con l‘autore di questo articolo nel considerare che «riproporre a proposito della


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che s‘intenda calare sul processo di unificazione europea, se non si affronta il tema dell‘economicismo esclusivistico che ispira le linee d‘indirizzo della costruzione europea29, si rischia di non cogliere i motivi, e i significati, della crisi oggi in atto, come, d‘altro canto, le opportunità che essa in ogni caso racchiude. Il postulato economicistico che informa le «politiche» di una «comunità»30, oggi di una «unione», che si vorrebbe intrinsecamente apolitica procede da un‘ipotetica, se non pretesa, comunanza di interessi che la produzione e la circolazione delle merci, all‘interno di uno spazio (sub-)continentale, sarebbe di per sé capace di generare, in concorrenza con potenze economiche extra-europee: ieri USA, URSS e Giappone, oggi USA, Cina, Russia e altre realtà politico-economiche emergenti. In un‘epoca che, con le dovute differenze contingenti, registrava le medesime criticità attuali, Bruaire si domandava: «chi o che cosa può garantire a ciascun partner europeo che l‘interesse dell‘altro non sarà, domani, legato a queste potenze che oggi vengono percepite come ostili? Se esiste solamente la legge dell‘interesse, perché sarebbe preferibile non essere il loro ricco satellite?»31.

La pretesa legge – economicistica – dell‘interesse è unitiva o divisiva? Quale fattore, se non politico, almeno culturale in senso lato, assicura la prima ipotesi? Si sa che gli scambi commerciali rappresentano, da sempre, una valida alternativa al conflitto, ma è anche vero che le guerre commerciali non sono tali solo per modo di dire, perché non di rado sfociano in conflitti armati. Non è un caso se il processo di integrazione delle economie europee abbia preso avvio non dall‘industria – salvo che, parzialmente, nell‘esperienza della CECA (fondata nel 1950) – ma dall‘agricoltura, nel presupposto che lo sviluppo industriale crei motivi di attrito più difficili da neutralizzare rispetto ad altri settori economici: questo è il punto, si tratta di difficoltà squisitamente politiche, che si erano ritenute tali da poter essere superate32. Quale sarebbe, in altre parole, l‘«interesse superiore» in nome del quale sacrificare gli interessi particolari di questa categoria di produttori piuttosto che di quell‘altra? Quali categorie, o quali individui, sarebbero titolati a stabilirlo? Viene così a crearsi una situazione nella quale «si domanda ai poteri tutto e il contrario di tutto, paralizzando le negoziazioni con la coniugazione di nazionalismi economici destinati per principio ad abolire le nazioni politiche»33.

qualificazione giuridica della UE l‘antica dicotomia federazione/confederazione significa rimanere all‘interno del formalismo positivistico che privilegia le norme sui processi e che mira all‘individuazione del ―luogo‖ della sovranità, non a caso proprio la prima categoria ad essere stata messa in discussione dalla europeizzazione e globalizzazione del diritto costituzionale» (p. 1). 29

«È la radice economicista ed elitista – dunque antidemocratica – che alimenta l‘idea di Europa dal secondo dopoguerra almeno fino al 1989» (L. Caracciolo, in E. Letta-Id., L‟Europa è finita?, cit., p. 42): l‘esito è stato un‘Europa fatta non con, ma per gli Europei. Il frequente accostamento del termine costruzione all‘Europa «integrata» evoca la fondamentale incompiutezza dell‘essenza dell‘Europa (cfr. K. Jaspers, Dello spirito europeo, in Id., Verità e verifica. Filosofare per la prassi, Morcelliana, Brescia, 1990, p. 136), che solleva l‘urgenza di ripensare l‟Europa, come vorrebbe Emanuele Severino, in un suo recente intervento (‗Scenari‘, 1/2015 http://mimesis-scenari.it/2015/01/30/ripensare-leuropa/). 30

Sullo spessore filosofico della categoria di comunità, in relazione all‘Europa, cfr. G. Ferraro, La verità dell‟Europa e l‟idea di comunità (la lezione di E. Husserl) (Filema, Napoli, 1998). 31

C. Bruaire, La raison politique, cit., p. 171. 32

Cfr. ibidem. 33

Ivi, p. 172.


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La spoliticizzazione dell‘integrazione europea, operata in chiave economica, si rovescia nel suo opposto, in una iper-politicizzazione camuffata da apoliticismo dichiarato, che copre l‘insormontabile contraddizione dell‘economicismo, il quale «consiste nella vecchia legge dell‘individuo ed è plasmato dalla sola necessità che la supera: la necessità della violenza meccanica»34. Al potere sovranazionale individuato nell‘entità paneuropea in perenne «costruzione» viene richiesto un surplus di prerogativa coercitiva, nella speranza di servire al meglio gli interessi economicamente costituiti, e perseguiti35: ne deriva che «la scelta puramente economica si dà tra una maggiore o una minore coercizione, non tra una unità politica o una più vasta. (…). Un‘Europa integrata si troverebbe posta di fronte ad altri imperi economici. A meno che proprio l‘interesse non divenga l‘istanza scaduta di un‘integrazione che lo distrugge: il meccanismo universale governerebbe il mondo solo a dispetto dell‘appetito che lo suscita»36.

In largo anticipo sui tempi che hanno celebrato il trionfo di una visione pan-economicistica del confronto geo-economico, geo-culturale, geo-religioso e geopolitico tra le nuove realtà emerse dalla globalizzazione post-1989, Bruaire osservava che «non soltanto è illusorio, ma è derisorio aspettarsi una unità politica da una coalizione di interessi»37, perché il senso – ossia la politicità di una entità unitaria, retta dal perseguimento di un interesse generale, giuridicamente tutelato – non può derivare da un non-senso, ovvero dalla legge selvaggia dell‘interesse38. In altri termini, un‘alleanza di interessi non è in grado di poggiare su di una legge politicamente costitutiva, quale è la legge di libertà dalla quale Bruaire deduce la categoria di nazione. Un super-Stato, super-coercitivo, coincidente con una sorta di anti-nazione europea, dovrebbe dettare una legge, come quella dell‘interesse, che è in antitesi con la dinamica dei soggetti nazionali, molteplici e irriducibili39. Si delinea quindi, nella lettura di Bruaire, l‘alternativa tra un‘Europa degli interessi, da edificare in una prospettiva che si vuole decentrata dalla politica, ma che invero equivale ad anti-politica, e un‘Europa delle nazioni.

L‘Europa degli interessi economici, comunque mascherati, contribuirebbe, nell‘ottica di Bruaire, al consolidamento della figura storica di un mondo caratterizzato da opposizioni tra sistemi privi di ideologie avverse40: un mondo coincidente con una virtuale, hegeliana fine della Storia, dominata dalla compiuta organizzazione dell‘asservimento planetario. Questa Europa, la nuova Europa tecnocratica a trazione economicistica, nel ‘74 era ancora un progetto in fase di elaborazione; oggi, corrisponde già a un possibile esito, storicamente osservabile. Sistema tra i sistemi, anche quello europeo non riconosce una medesima libertà di cittadini che vivono di un medesimo diritto, ma registra solo l‘autonomia di un funzionamento interno41: la ricerca di una funzionalità al metasistema degli interessi spinge l‘Europa a competere con gli altri attori della

34

Ivi, p. 173. 35

Cfr. ibidem. 36

Ibidem. 37

Ibidem. Fanno riflettere, a questo proposito, i sorprendenti riscontri ricavabili da L‟Europa è un bluff, ‗liMes‘, 1/2006. 38

Cfr. C. Bruaire, La raison politique, loc. cit. 39

Cfr. ibidem. 40

Cfr. ivi, p. 174. 41

Cfr. C. Bruaire, La raison politique, cit., p. 174.


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scena mondiale in termini di puri e semplici rapporti di esclusione42. Se è la ragione economica a determinare il criterio di misura, e di valutazione, di una progettualità anche politica, il risultato è la subordinazione della politica all‘economia, il che equivale alla subordinazione della libertà e del diritto alle (presunte) leggi dell‘economia. Corollario di questa deriva è, oltre a un‘evidente eclissi della democrazia all‘interno del (peraltro incerto) perimetro europeo, l‘accrescersi delle minacce alla stabilità e alla pace dentro e fuori dei confini – o, per meglio dire, dell‘area degli interessi economici – dell‘Europa.

L‘Europa delle nazioni, viceversa, preserverebbe, nella riflessione di Bruaire, la possibilità politica della libertà, perché darebbe a questa motivo d‘imporsi sull‘economicismo dell‘economia moderna43; al tempo stesso, l‘Europa delle nazioni, in quanto Europa dei popoli e dei cittadini44, preserverebbe le condizioni della positività di una pace internazionale, sostenuta da rapporti di reciproca indipendenza politica45, essendo la pace il compito della ragione politica46, e della ragione giuridica. L‘Europa delle nazioni, subordinando l‘economia alla politica, sottrarrebbe alla competizione degli interessi la dettatura dell‘agenda politica, restituendo piena sovranità a popoli e uomini liberi.

Questo passaggio non può compiersi che nel rispetto dell‘irriducibilità, e nella valorizzazione della pluralità, e talora della stessa eccezionalità47, delle istanze nazionali, perché solo una dinamica interna così sostenuta, difesa e promossa, a tutti i possibili livelli – istituzionali, culturali, linguistici48 –, può convertirsi, all‘esterno, in dinamismo propositivo e creativo di percorsi di pacificazione interetnica, internazionale, interculturale, interreligiosa. In questo senso, se l‘Europa dovesse cadere preda del mostro che cova in seno, cioè della violenza dello (stra)potere economico, porrebbe una minaccia alla pace, intra-europea e mondiale, più di quanto non possa esserlo un riarmo cinese (e giapponese) o la destabilizzazione innescata dalla Rinascita islamica. Un‘economia subordinata alla politica può a sua volta crescere, a beneficio di tutti, prima che nell‘interesse di pochi, oltre i limiti che fatalmente l‘economicismo incontra; una

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Cfr. ibidem. 43

Cfr. ibidem. 44

Cfr. L. Siedentop, Un‟Europa dei cittadini, in E. Berti, S. Averincev, E. Nolte, Id., La filosofia dell‟Europa, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, pp. 83-113. Per una «società europea degli individui», cittadini titolari di piena sovranità, si pronuncia Ulrich Beck, in Europa tedesca, cit., p. 68. 45

Cfr. C. Bruaire, La raison politique, loc. cit. 46

Cfr. ibidem. 47

Ad illustrare l‘eccezione pluri-identitaria europea nel panorama delle civiltà possono forse bastare le seguenti considerazioni: «l‘identità europea esiste solo nella misura in cui le identità che la costiuiscono non sono comprese come totalità omogenee che coesistono (e sono coesistite) le une accanto alle altre – ma sono còlte ciascuna in quella eterogeneità costitutiva che, ogni volta in maniera singolare, le ha messe in contatto reciproco, che le ha nutrite di prestiti, scambi, traduzioni» (M. Crépon, Les identités hétérogènes. Réflexions sur la (les) culture(s) de l‟Europe, in Id., Les promesses du langage, Vrin, Paris, 2001, p. 226). Se, e come, e fino a che punto possa conciliarsi la spinta all‘individualizzazione delle identità europee con la ricerca di unità è una questione che fa da sfondo a tutti i discorsi e progetti sottesi al tema trattato in queste pagine. 48

Raffaello Franchini ricordava che l‘unità europea, prima di essere un problema di lingua, è un problema di linguaggio (cfr. S. Cotta, Europa: fantasma o realtà?, Guida, Napoli, 1979, pp. 41-42).


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politica asservita all‘economia finisce col sottrarre a quest‘ultima la chance di tendere a un bene ulteriore ai meccanismi della produzione e del consumo.

La logica dell‘economicismo porta a ritenere che «pi÷ Europa» equivalga a «meno nazione», nella pretesa illusoria che un‘aggregazione istituzionalmente efficace possa essere la risultante di un processo di attenuazione, quando non di azzeramento, delle differenze. Questo approccio implica di fatto uno svuotamento progressivo delle ragioni di essere europei, o di diventarlo49, con conseguente demotivazione ideale50 ad aderire a una storia, a una tradizione, a un futuro51 comuni. L‘appiattimento della questione europea sulla sua dimensione monetaria – si pensi all‘identificazione della (semi)unità economica dell‘Europa con l‘Euro52, presente in una sensibilità diffusa – è solo uno degli indici di palese, e perniciosa, disattenzione dei responsabili delle politiche europee al nucleo filosofico53 della ragione politica europea. Per non parlare dell‘utopia di un‘Europa nazione, o dell‘ipotesi di un‘Europa delle regioni, che fa slittare la questione-Europa a un livello sub-nazionale, localistico, e quindi pre-politico, preparando un dominio centralistico a propulsione economicistica.

La subalternità dell‘Europa al primato dell‘economia globalista fa ritenere che l‘europeizzazione delle istituzioni debba necessariamente passare attraverso un depotenziamento delle istanze nazionali, le quali costituiscono, in realtà, la diversità e insieme la ricchezza dell‘Europa stessa.

Questo però non vuol dire altro che «meno Europa», anzi «meno che Europa», un prosciugamento della densità delle sue risorse più preziose. Restituire alla politica il suo legittimo primato significa riposizionare l‘Europa nell‘elemento spirituale della composita e stratificata civiltà – greca, romana, cristiana54 – che l‘ha caratterizzata. Il problema è che, nell‘impasse odierna, non

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Nella misura in cui l‘Europa non ha come orizzonte se stessa, quale ultima istanza, consente a coloro che ne partecipano di diventare europei «a condizione di diventare uomini in senso proprio, cioè uomini a partire dalla profondità dell‘origine e del fine, che si trovano entrambi in Dio» (K. Jaspers, Dello spirito europeo, cit., p. 154). 50

Già da anni ci si chiede (con P. Ventura) se e come Devono i giovani amare l‟Europa? (in Quale Europa per i giovani?, I Quaderni di Athenaeum, Roma, 2003, pp. 243-244). 51

Cfr. AA. VV., Quale futuro per l‟Europa?, Rizzoli, Milano, 2014. 52

Circa le opportunità e i problemi comportati dall‘introduzione della moneta unica nella cosiddetta Eurozona si confrontano scuole di pensiero spesso radicalmente contrapposte: si va da chi è convinto che con l‘euro Salviamo l‟Europa – come titola l‘omonimo manifesto programmatico del finanziere George Soros (con G. P. Schmitz, Hoepli, Milano, 2014) – a chi viceversa ne considera e ne teme gli effetti economicamente depressivi (cfr. G. Guarino, Euro: venti anni di depressione, ‗Nomos‘, 2/2012, pp. 1-76; T. Sarrazin, L‟Europa non ha bisogno dell‟Euro, Castelvecchi, Roma, 2013), e politicamente disgregativi, a scapito dei partners europei più deboli (cfr. P. Becchi, L‟Europa e il minotauro dell‟Euro, Quaderno di ‗Politica.eu‘, Campobasso 2015). Per le implicazioni geopolitiche legate all‘impatto dell‘adozione dell‘Euro sulle economie nazionali e sull‘economia mondiale si legga altresì L‟Euro senza Europa (‗liMes‘, Quaderno speciale 2010) e Alla guerra dell‟Euro (‗liMes‘, 6/2011). 53

Sul ruolo determinante dell‘elemento filosofico ai fini di una caratterizzazione dell‘autopresentazione dell‘Europa cfr. in particolare M. Heidegger-H. G. Gadamer, L‟Europa e la filosofia (Marsilio, Venezia 1999); E. Nolte, La filosofia europea e il futuro dell‟Europa, in La filosofia dell‟Europa, cit., pp. 47-81. 54

Cfr. S. Cotta, Europa: fantasma o realtà?, cit., p. 38. Non è forse un caso che l‘Europa politica dei Trattati di Roma del 1957 sia stata concepita dalla democrazia cristiana di statisti come Adenauer, De Gasperi, Schuman (cfr. M. Duverger, L‟Europa degli uomini, cit., p. 91). Per un approccio critico alla questione delle radici cristiane in rapporto al progetto di Costituzione europea si rimanda a J. H. H. Weiler, Un‟Europa cristiana. Un saggio esplorativo, Rizzoli, Milano, 2003. Altro discorso, che meriterebbe maggior attenzione, è la ricostruzione storica, e l‘approfondimento teorico, delle matrici ideologiche che hanno ambientato la nascita dell‘idea di


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si intravede chi abbia il coraggio di raccogliere questa sfida. La domanda resta dunque aperta: il futuro arriderà all‘Europa delle nazioni, o all‘Europa dei mercati e delle banche? L‘Europa si rinnoverà nel segno, e nel pensiero, di una solida unità politica di nazioni libere e democratiche, abitate e animate da cittadini attivamente partecipi della cosa pubblica, o si rassegnerà al destino, marginale, di una (dis-)Unione messa in piedi sulle fragili basi di una provvisoria e, per definizione, precaria comunanza di interessi?

3. Europa degli uomini?

«Noi non coalizziamo gli Stati, ma uniamo gli uomini»: in questa affermazione di Jean Monnet55 si condensa lo spirito dello scritto di Duverger dedicato espressamente all‘Europa, e concepito in un‘ambientazione storico-politica diversa, per molti aspetti congiunturali, da quella nella quale rifletteva Bruaire, ma sostanzialmente simile, anche con riguardo alle linee di tendenza dell‘odierna costruzione europea. Ciò vuol dire che è possibile rintracciare una costante della problematica europea, quantomeno nei termini di una perdurante ricerca di equilibrio tra la forza centripeta delle istituzioni comunitarie e le spinte centrifughe dei partners.

Duverger studia il problema dell‘unità politica dell‘Europa in una chiave ermeneutica che ne accentua i caratteri giuridico-istituzionali, con strumenti derivati essenzialmente dall‘analisi storico-politologica. Se la Comunità Economica Europea, nella quale vive Bruaire, è composta da 9 Paesi, già vent‘anni pi÷ tardi la Comunità Europea, trasformatasi in Unione Europea, registra l‘adesione di 15 Stati.

La progressiva estensione dello spazio comunitario, fino ai 28 membri nel 2015, se da un lato dimostra una notevole capacità attrattiva, dall‘altro segnala un aspetto approssimativo, indefinito, incompiuto, che contraddistingue l‘insieme delle istituzioni eurocomunitarie. La pi÷ grandiosa progettazione aggregativa eurocontinentale che si sia impostata e messa in moto dalla caduta dell‘Impero romano apriva a Duverger un quadro di interpretazione filosofico-storica (per quanto non indicato esplicitamente come tale): «gli stati non hanno distrutto le città, le hanno integrate in un complesso pacifico e ordinato. La Comunità farà la stessa cosa con gli stati, ma riuscirà nell‘intento solo se l‘Europa delle nazioni sarà contemporaneamente anche l‘Europa degli uomini»56.

Per Duverger, la Comunità (europea) si annunciava come la terza forma di società politica inventata dagli Europei dopo la città e lo Stato, nella quale «ogni sistema coordina il precedente in un ambito più vasto»57. La creazione della Comunità di Stati indipendenti (CSI), all‘indomani della dissoluzione dell‘URSS, faceva pensare che, sebbene allo stato larvale, «la Comunità si propone come modello al di fuori dei suoi confini futuri»58. Il progetto di una Unione

Europa unita negli Anni Venti e Trenta del secolo scorso (cfr. J.-L. Chabot, Aux origines intellectuelles de l‟Union européenne, PUG, Grenoble, 2005). Da un osservatorio politico-parlamentare procede invece la lettura eurocristiana di M. Mauro, in Il dio dell‟Europa (Ares, Milano, 2007). 55

Cfr. M. Duverger, L‟Europa degli uomini, cit., p. 11. 56

Ibidem. 57

Ivi, p. 12. 58

Ivi, p. 13.


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eurasiatica59, centrato sulla Federazione russa, ma aperto inizialmente a tutti gli ex-membri del blocco sovietico, riedita oggi, in forme diverse, la stessa idea-guida. Il sogno europeo60 rappresenterebbe allora la visione di un aggregato politico suscettibile di proporsi come paradigmatico: erede della pólis ellenica, della civitas latina, dello Stato nazionale moderno, l‘Europa comunitaria non si limita a lanciare un messaggio, ma si fa essa stessa messaggio politico, sino a farlo coincidere con le sue (porose, mobili, sfumate) frontiere.

Ora, la Comunità secondo Duverger «non è uno stato federale, né il primo stadio di un‘evoluzione tendente allo stato federale»61. Teorico di una sorta di neo-federalismo, Duverger sostiene che «la Comunità alla base dell‘Unione rappresenta un modello radicalmente diverso da tutte le federazioni passate o presenti»62.

La genesi di questa inedita forma istituzionale rimonterebbe almeno al Progetto di trattato istitutivo dell‘Unione europea, elaborato su iniziativa di Altiero Spinelli63, e votato il 14 febbraio 1984, durante la prima legislatura del Parlamento europeo (eletto per la prima volta a suffragio universale nel 1979); l‘originalità di questo documento starebbe nella proposta «di congiungere, e non contrapporre, due metodi di fatto conflittuali sin dai primordi della Costituzione europea: l‘integrazione nel quadro di istituzioni sovranazionali e la cooperazione tra le nazioni basata sul consenso»64. Saggezza, o scaltrezza politica, volle che in quel testo non fosse mai menzionato il termine Costituzione, la quale, approvata nel 2004, sarebbe dovuta entrare in vigore per alcuni aspetti nel 2009, per altri entro il 2014. Si sa come sono andate le cose: nel 2005 un primo «assaggio» della volontà popolare, sollecitata per referendum, se ha dato esito positivo in Spagna e Lussemburgo, ne ha dato uno drasticamente negativo in due dei Paesi fondatori della Comunità, quali Francia e Paesi Bassi65. La pletorica lungaggine dei 448 articoli della carta

59

Circa l‘effettiva portata e le contraddizioni dell‘eurasiatismo cfr. G. Nivat, Les paradoxes de l‟„affirmation eurasienne‟, ‗Esprit‘, ottobre 2007, pp. 118-135. 60

Per la verità, le attese che i dirigenti europei per lo più coltivano oggi sembrano puntare su di un disegno geopolitico che ha a che fare con legami di interdipendenza energetica (cfr. G. D‘Amato, L‟EuroSogno e i nuovi Muri ad Est. L‟Unione europea e la dimensione orientale, Greco&Greco, Milano, 2008), piuttosto che sulla diffusione, e sulla capacità di attrazione, di un modello politicamente valido in prospettiva trans-europea. 61

M. Duverger, L‟Europa degli uomini, cit., p. 57. 62

Ibidem. 63

Per una riproposizione attualizzante del pensiero di questo padre dell‘europeismo contemporaneo cfr. B. Spinelli, Il sonno della memoria. L‟Europa dei totalitarismi (Mondadori, Milano, 2001). 64

M. Duverger, L‟Europa degli uomini, cit., p. 93. Rifkin celebrò la Costituzione UE con accenti estremamente elogiativi, al limite dell‘esaltazione: «un fatto nuovo nella storia dell‘uomo (…). Il primo documento del genere a elevarsi a un livello di consapevolezza globale, individuando diritti e responsabilità che riguardano la totalità degli esseri umani sulla terra» (J. Rifkin, Il sogno europeo, cit., p. 217). Per una critica della Costituzione europea si rinvia a A. Carrino, Oltre l‟Occidente (Dedalo, Bari, 2005), e a A. Negri, L‟Europa e l‟Impero. Riflessioni su un processo costituente (manifestolibri, Roma, 2003). 65

Si ricordi che già nel 1992 il Trattato di Maastricht, bocciato per un soffio dall‘esito del referendum danese, era stato ratificato con una risicata maggioranza dal popolo francese. Questa forte oscillazione, tra picchi di eurofobia, euroscetticismo (per un punto di vista moderatamente critico cfr. R. Dahrendorf, Perché l‟Europa? Riflessioni di un europeista scettico, Laterza, Roma-Bari, 1997), spesso tendente ad eurodelusione, se non a europessimismo, all‘interno dei Paesi fondatori, e picchi di euroentusiasmo e di «eurofilia» (in tema si veda E. Letta, L‟Europa a venticinque, il Mulino, Bologna, 2006), come quello toccato


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costituzionale66 hanno fatto il resto, scoraggiando anche i sostenitori più convinti… Il rinvio a data da destinarsi dell‘adozione ufficiale di quello che dovrebbe essere il testo fondamentale dei Paesi aderenti all‘UE dimostra quanto sia difficile superare il clima di estraneità che si è creato attorno a un progetto percepito come calato dall‘alto, da un‘«eurocrazia» elitaria che ha sostituito i diversi livelli di partecipazione popolare, vale a dire un momento intensamente politico, con l‘ipertrofica produzione documentale dei funzionari di Bruxelles67.

L‘involuzione burocratica del processo d‘integrazione euro-istituzionale ha zavorrato il decollo di un progetto senza dubbio originale in termini di ingegneria costituzionale, ma in debito di ossigeno, ovvero di ragioni politiche sufficienti a sostenere per lo meno la prova delle urne, alle quali, nell‘ultimo decennio trascorso, si è preferito non fare più ricorso diretto, forse per tema di (secche) smentite. Già nel ‘94, all‘indomani del Trattato di Maastricht (1992), Duverger ravvisava in questo processo involutivo un regresso della democrazia68, sacrificata a quell‘idolo, insieme vago e vicino, che egli, circa trent‘anni prima, aveva identificato nell‘idea europea69: una comunità, poi una unione, senza popoli70.

nell‘ormai lontano 1989 (quando gli Italiani, con un referendum consultivo ad hoc, si espressero a larghissima maggioranza per conferire un mandato costituente alla Legislatura parlamentare europea), quando non di vero e proprio eurofanatismo, all‘interno di Paesi candidati all‘ingresso nell‘UE – come nel recente caso ucraino –, si ripropone costantemente alla vigilia di snodi, o di svolte, percepiti come decisivi dalle opinioni pubbliche interessate. È come se sui margini dell‘Europa politicamente «unionista» si avvertisse con maggior nettezza la domanda di senso politica che, invece, entro quegli stessi margini si preferisce ignorare, cautelandosi dietro la (utopistica) neutralità del «non senso» della mera convergenza economica degli interessi. Ci si trova così dinanzi al paradosso (o alla situazione tragicomica) per il quale, mentre per entrare in Europa c‘è gente che mette a repentaglio la vita, in quella stessa Europa non si trova nessuno che sia disposto a immolarsi sull‘altare della messa in comune degli interessi… Non c‘è da stupirsi se buona parte dei cittadini europei, chiamati a esprimersi sul loro destino, si volgano a traduzioni politiche, talora esasperate (come i populismi più o meno xenofobi, oggi riemergenti addirittura in seno al Parlamento di Strasburgo), di una domanda di Europa politica che altrimenti rischierebbe di restare inespressa. In mancanza di una proposta forte di europeismo politico, ci si affida a collaudate, anche se storicamente fallimentari, ricette di particolarismo pseudo-nazionalistico (o regionalistico). 66

Sulle problematiche giuridiche (non solo giuspubblicistiche ma anche giusprivatistiche) connesse alla Costituzione europea, anche in rapporto alla Carta dei diritti fondamentali dell‘UE, firmata a Nizza in una prima stesura nel 2000, si rinvia ai contributi pubblicati in Diritti e Costituzione nell‟Unione Europea, a cura di G. Zagrebelsky, Laterza, Roma-Bari, 2003. 67

La denuncia di questo processo involutivo è piuttosto ben rappresentata in esempi di recente saggistica, tra i quali si citano, di I. Magli, Contro l‟Europa, Bompiani, Milano, 1998 (atto d‘accusa concentrato sul dopo-Maastricht) e La dittatura europea (Rizzoli, Milano, 2010), e di H. M. Enzensberger, Il mostro buono di Bruxelles ovvero L‟Europa sotto tutela (Einaudi, Torino, 2013). 68

«Per meritare il nome di democrazia, un regime politico deve essere caratterizzato da quattro elementi: la definizione di libertà pubbliche e garanzie private inerenti ai diritti dell‘uomo, l‘esistenza di un parlamento eletto a suffragio universale che voti le leggi, la suddivisione dei poteri tra quest‘ultimo e i governanti che devono conformarsi a norme di legge e di bilancio, la presenza di autorità giudiziarie indipendenti e forti» (M. Duverger, L‟Europa degli uomini, cit., pp. 97-98). 69

Id., La democrazia senza popolo (Dedalo, Bari, 1968, p. 250). 70

Per Beck è tramontata l‘età dei popoli: doing Europe porta con sé il passaggio dalla democrazia tradizionalmente concepita su base nazionale a una democrazia transnazionale (cfr. U. Beck, Europa tedesca, cit., p. 79), per la verità tutta da inventare. Con la sola eccezione della Francia (a proposito della quale si rinvia a La Francia senza Europa, ‗liMes‘, 3/2012), il


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Tuttavia, l‘indiscutibile successo dell‘idea-forza di un‘associazione di soggetti statual-nazionali in un‘architettura istituzionale di nuova concezione proviene dall‘incidenza che vi ha registrato, in particolare, l‘elemento giuridico. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell‘uomo e delle libertà fondamentali (approvata nel 1950 dal Consiglio d‘Europa) e la Corte europea dei diritti dell‘uomo (istituita nel 1959 dal medesimo organismo) hanno aperto un varco attraverso il quale, con la trasformazione della Corte di giustizia (1952) in Corte di giustizia dell‘Unione Europea (2009, Trattato di Lisbona), è stata riconosciuta al diritto una preminenza sulla contingenza politica. È infatti il potere giudiziario ad essersi accollato gran parte del compito – per inciso: essenzialmente politico – di «creare un nuovo ordine giuridico, a metà strada tra il diritto interno e il diritto internazionale»71: ciò che ha preso il nome di diritto comunitario, «fondato su istituzioni il cui funzionamento non interessa solo gli stati firmatari, ma anche i cittadini dei paesi membri»72.

L‘evoluzione dell‘Europa delle nazioni (formula che porta un evidente carico di significati politici) in Europa degli uomini (formula che richiederebbe estese precisazioni in chiave antropologico-politica) viene resa possibile non tanto dall‘applicazione di linee d‘indirizzo politiche, pi÷ o meno discusse e condivise, quanto da un esercizio della funzione giurisdizionale che si è spinto sino a creare una legislazione – comunitaria – di giudici, compensando in tal modo la mancanza o l‘insufficienza del potere legislativo attribuito (sulla carta) all‘Europarlamento: «nella semi-autocrazia comunitaria, i giudici della Corte di giustizia hanno sostenuto e sviluppato uno stato di diritto privo di ogni fondamento popolare»73, di qualsiasi legittimità politica.

Duverger vedeva in questo fenomeno uno svuotamento del contenuto democratico dei processi decisionali comunitari; è vero, peraltro, che la funzione di supplenza, svolta anche in sede interpretativa, dalla Corte di Lussemburgo ha fatto da contrappeso all‘esercizio del potere costituente che il Consiglio europeo – formato dai Capi di Stato e di governo dei Paesi UE – si è arrogato, come se fosse una Convenzione permanente, pur non essendo legittimato a sua volta in tal senso da alcun mandato popolare.

Il vuoto di potere legislativo è però solo in parte riempito dal potere giudiziario: la proliferazione dei comitati di esperti fa apparire il regime della Comunità sotto le specie di quella che Duverger chiama, con un‘espressione di

calo demografico generalizzato della popolazione europea, inversamente proporzionale all‘ampliamento della superficie territoriale dell‘Europa comunitaria, registratosi nell‘arco di circa 60 anni, denota anche in cifre numericamente significative il depauperamento complessivo delle risorse umane alle quali il progetto di unificazione europea può attingere: buona parte della problematica inerente ai negoziati di adesione alla UE (per ora in fase di stallo) di un Paese islamico popoloso e anagraficamente giovane, come la Turchia, ruota attorno al potenziale squilibrio demografico che già adesso l‘Europa nel suo complesso farebbe fatica a reggere, al di là dei problemi di integrazione (geo)culturale implicati. Per non aver voluto, a tempo debito, fare i conti, non economici, ma politici, con i suoi popoli autoctoni, l‘Europa rischia di ritrovarsi, a medio termine, senza materiale umano. A quel punto, sarà obbligata a riorientarsi, fatalmente, in direzione del Mediterraneo, nello spazio dove il carattere geopoliticamente peninsulare dell‘Europa ha preso storicamente avvìo e forma, dando vita a un abbozzo di sintesi tra Occidente e Oriente (in particolare sull‘Est europeo cfr. S. Averincev, La spiritualità dell‟Europa orientale e il suo contributo alla formazione della nuova identità europea, in La filosofia dell‘Europa, cit., pp. 27-46). 71


Ibidem. 73

Ivi, p. 100.


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nuovo conio, «comitocrazia», governo dei comitati, delle commissioni, delle sottocommissioni, che sono diventati il centro di produzione dell‘attività legislativa a livello europeo.

A parere di Duverger «questo sistema indebolisce la democrazia»74: sarebbe forse più vicino alla realtà constatare che questo regime comitocratico si sostituisce alla democrazia, finendo col dare ragione a chi vede nella UE null‘altro che una EURSS75.

Duverger si allineava a coloro che lamentano un deficit di densità democratica delle istituzioni europee, senza tuttavia andare al fondo di questa deriva. Se, come egli stesso ammette, la politica economica è diventata l‘aspetto fondamentale delle relazioni internazionali76, ciò dipende, in buona sostanza, sulla scorta della sopra ricordata lezione di Bruaire, da una (auto)riduzione economicistica della politica, della quale l‘esperimento eurocomunitario costituisce un‘esemplificazione – e un‘amplificazione – su scala globale.

Se si assume che la ragione politica è un problema, se non un ostacolo alla crescita di una Eurounione, non ci si deve meravigliare che la democrazia stessa sia percepita come un freno alla progressione dei processi integrativi. Duverger, condividendo la posizione espressa del resto da molti osservatori, scorgeva negli egoismi (e nei narcisismi) nazionali una delle cause principali dell‘introversione burocratica dell‘UE77.

Alla luce delle riflessioni di Bruaire, si può viceversa ragionevolmente ritenere che le pulsioni particolaristiche emergenti in seno all‘Unione, con la correlata bipolarità nazionalismo/ europeismo, siano piuttosto un effetto: l‘effetto di una destrutturazione contro-politica del legame essenziale tra nazione, libertà, giustizia e diritto.

Eppure, la soluzione prospettata da Duverger prevede non la scomparsa delle unità politiche nazionali, ma la loro permanenza in un ambito giuridico-politico-istituzionale di sintesi ulteriore. Il limite di questa visione sta nel continuare ad assimilare, in ultima analisi, le nazioni a parti di un tutto, mentre si tratta della ragion d‘essere politica dell‘Europa stessa, perché la Storia d‘Europa è la Storia di una civiltà giuridico78-politica di nazioni, segnata da un pluralismo politico fondamentale che Duverger non esita a definire, con locuzione prettamente filosofica, ontologico79.

Duverger riconosceva nei parlamenti la paternità storica della ragione politica democratica80, e nella deriva elitaria del governo, e di quella che oggi viene chiamata governance, dell‘Europa guidata dalla Commissione il crescere di un potenziale anti-democratico, capace di far saltare gli equilibri stessi del consenso popolare all‘operazione integrativo-unitaria.

74

Ivi, p. 115. 75

Il pensiero va al polemico pamphlet di V. Bukovskij e P. Stroilov, EURSS. Unione europea delle repubbliche socialiste sovietiche (Spirali, Milano, 2007). 76


Cfr. ivi, p. 109. 78

In prospettiva storico-giuridica va senz‘altro tenuto presente, di Paolo Grossi, L‟Europa del diritto (Laterza, Roma-Bari, 2007). Rivendica all‘Europa una definita e precisa identità nella storia del diritto A. Padoa-Schioppa, in Italia ed Europa nella storia del diritto (il Mulino, Bologna, 2010, in particolare alle pp. 589-594). 79

Cfr. M. Duverger, L‟Europa degli uomini, cit., p. 186. 80

Cfr. ivi, p. 133.


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Ma la centralità di un parlamento, nel caso dell‘Europa a differenza delle nazioni che la compongono, è data in primo luogo dal riferimento non a collocazioni partitiche trans-nazionali81 ma alla cittadinanza nazionale dei parlamentari.

Se il Parlamento europeo viene percepito come un‘istituzione lontana, se non ultimamente aliena, o addirittura inutile, ciò probabilmente è dovuto all‘assenza di mediazione politica che, prima di essere partitica (informata alla logica della creazione del consenso attorno a una leadership), dovrebbe essere improntata alla rappresentazione del valore pluralistico delle Nazioni Unite d‘Europa82 nella sua principalità storico-culturale e teorico-ideale. Solo in un edificio così reimpostato, e ricostruito, prenderebbe senso intensamente politico un interesse nazionale che sia percepito, riconosciuto, tutelato come anche europeo, euro-iberico in quanto ibero-europeo, o euro-britannico in quanto anglo-europeo.

4. Tesi conclusiva: verso le Nazioni Unite dell‟Europa degli uomini

Se il minimo comune denominatore tra i vari interessi nazionali da comporre resta un elemento fondamentalmente economico, sopravvalutato a confronto con altri elementi, i fattori di conflittualità euro-nazionali sono destinati non a ridimensionarsi, ma ad accentuarsi.

L‘auspicio, formulato da Duverger, di un‘Europa degli uomini, e dei diritti degli uomini cittadini sovrani di un‘Europa politicamente libera, può realizzarsi a

condizione di valorizzare un pluralismo83 che non è da inventare, perché è già inscritto, come pluralismo nazionale, nella fisionomia stessa dell‘Europa.

81

Duverger non mancava di rilevare l‘importante contributo fornito, tra gli altri, da Giorgio Napolitano (del quale si ricorda Challenges facing the European Union, ‗The International Spectator‘, 1/2000, pp. 7-11), alla formazione di stabili equilibri di forze tra una sinistra socialista di stampo europeo e un articolato schieramento moderato tendente al centrismo (cfr. M. Duverger, L‟Europa degli uomini, cit., p. 158). 82

Questa espressione non deve fuorviare: da un canto non allude a qualcosa di analogo all‘ONU, perché è limitata all‘area europea, e da essa trae la matrice geoculturale, sebbene con inevitabili proiezioni, trans-continentali, nelle aree dove l‘europeità è a vario titolo presente, dall‘America latina a zone dell‘Africa e dell‘Asia largamente esposte all‘influsso attrattivo eurocomunitario; dall‘altro prende nettamente le distanze da richiami anche vaghi a Stati Uniti in versione nord-americana, o sud-americana, o anche indiana, generati da una vicenda che ha portato a soluzioni federaliste in un contesto non paragonabile all‘attrito (sovente bellico) delle nazionalità, che caratterizza tutta la storia europea, pre-moderna, e moderna. Resta pertanto tutto sommato contraddittoria la proposta di Stati Uniti d‘Europa (cfr. E. Letta-L. Caracciolo, L‟Europa è finita?, cit., p. 91; E. Fazi, G. Pitella, Breve storia del futuro degli Stati Uniti d‟Europa, Fazi, Roma, 2013) avanzata da uno dei suoi promotori più autorevoli, Enrico Letta, il quale difatti deve ammettere che, anche nell‘ipotesi di un nocciolo duro di Stati trainanti, «non si tratta di due Paesi che si fondono, di uno Stato federale che nasce per acquisizioni successive o di uno Stato unitario che si federalizza. Stiamo parlando di un processo totalmente diverso che vede nella caratteristica antropologica la sua componente essenziale» (ivi, p. 61). Una antropologia politica dell‘Europa potrebbe essere utilmente sviluppata in questa direzione qui appena accennata, magari col concorso dell‘antropologia culturale (cfr. L‟anthropologie structurale à l‟épreuve de l‟Europe. Dynamique du rite, fragilités du mythe. Entretien avec Jean Cuisenier, ‗Esprit‘, gennaio 2004, pp. 143-144), oltre che dell‘antropologia filosofica (cfr., in prima battuta, G. Reale, Radici culturali dell‟Europa. Per una rinascita dell‟‟uomo europeo‟, Raffaello Cortina, Milano, 2003). 83

Sulle ascendenze filosofiche (fenomenologiche) di questa peculiare dimensione europluralistica cfr. anche R. Cristin-S. Fontana, Europa al plurale (Marsilio, Venezia, 1997).


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Un‘Europa nella quale questa ricchezza venisse non sbiadita né diluita, ma restituita alla sua ispirazione originaria, potrebbe efficacemente contribuire alla pacificazione internazionale a livello mondiale, rivendicando la possibilità politica di una coesistenza di soggetti (eccezionalmente) diversi, non omologabili alla negazione economicistica delle differenze, come possibilità di portata autenticamente universale84.

Ne va anche, e in misura decisiva, dell‘assunzione di responsabilità85 squisitamente politica alla quale l‘Europa è chiamata86: la ricerca e la massimizzazione degli interessi economici sono tali da responsabilizzare un soggetto istituzionale in ordine a compiti da adempiere, scelte da effettuare, percorsi da intraprendere? Esiste qualcosa come un «orgoglio» europeo (improbabile, dato il fardello di colpe che l‘Europa si trascina), o per lo meno un «onore» da europeo da rivendicare?

I più sofisticati sistemi architettonici costituzionali, e istituzionali, potranno mai sostituire, con la loro fredda razionalità, il collante affettivo che genera l‘attaccamento di individui e collettività a un ethos e a ideali da difendere e, se necessario, promuovere?

Oggi, in pieno conflitto civile alle porte dell‘Europa orientale, ci si domanda se valga la pena morire per Kjev, e la risposta è quasi scontatamente negativa; ci si dovrebbe piuttosto domandare se si possa sacrificare la vita per Francoforte, per una Banca Centrale Europea clonata dalla Bundesbank, o giurarvi fedeltà87 come su di un sacro testo…, atteso che la capitale economica dell‘Europa odierna a guida tedesca sembra essere Berlino, quella finanziaria (e culturale, forse in parte insieme con Parigi) Londra88, quella «politica» Bruxelles (con Strasburgo).

84

Di universalismo pluralistico della civiltà europea, in antitesi all‘universalismo monistico della civiltà nordamericana, si parla in G. M. Chiodi, Europa. Universalità e pluralismo delle culture, Giappichelli, Torino, 2000, p. 11. In merito ai possibili significati dell‘universalità dell‘Europa s‘interroga Frédéric Worms, in Quelle universalità pour l‟Europe?, ‗Esprit‘, dicembre 2004, pp. 50-56. 85

A un livello speculativo tributario della fenomenologia e di Derrida, si è richiamata l‘attenzione sul paradosso della responsabilità come costitutivo dell‘idea stessa di Europa (cfr. C. Sinigaglia, Presentazione a E. Husserl, L‟idea di Europa, cit., p. XXV). Con Karl Jaspers si risale alla fonte di questa responsabilizzazione dell‘autocoscienza, e dell‘autoaffermazione europee: l‘acquisizione della piena coscienza, da parte di ogni uomo, di essere potenzialmente se stesso (cfr. K. Jaspers, Dello spirito europeo, cit., p. 142). 86

Con l‘avvertenza che la responsabilità del proprio operato «è un frutto naturale della sovranità nazionale e viene messa a rischio dalla politica transnazionale» (R. Scruton, Il bisogno di nazione, cit., p. 57), come dimostrato da A. Pilati nel suo Europa. Sovranità dimezzata (IBL Libri-Il Foglio, Torino-Roma, 2013). 87

«La gente comune vive di fedeltà non scelte e se viene privata del senso di nazione cercherà altrove i legami di appartenenza – nella religione, nella razza o nella tribù» (R. Scruton, Il bisogno di nazione, cit., p. 79). Il sentimento nazionale può alimentare una causa per la quale battersi, mentre è risaputo che «le persone non muoiono per rispettare dei contratti» (ivi, pp. 79-80). Convinzione di Scruton, non del tutto peregrina, è che l‘Unione Europea «dipende proprio da quel qualcosa che sembra incline a distruggere» (ivi, p. 96), avendo immaginato di poter plasmare, quasi a sua somiglianza, un mondo nel quale la politica, debilitandosi, cedesse il passo alla libera e pacifica circolazione dei beni, delle idee, delle persone. Una globalizzazione più immaginaria che reale ha fatto il resto, delegittimando le genuine nazioni politiche, e abilitando pseudo-nazioni paratribali, localiste, etniciste, religiosi a un comportamento di crescente assertività, e aggressività. 88

Cfr. L‟impero è Londra, ‗liMes‘, 10/2014.


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Tutte queste città nominano altrettanti centri di potere, ma nessuna di queste da sola, e neppure tutte insieme connotano un punto di riferimento nel quale gli Europei già in qualche modo «integrati», come gli aspiranti tali, sappiano realmente, e lealmente, riconoscersi.

L‘origine storica dell‘autoconsapevolezza politica dell‘Europa risiede ad Atene; l‘irradiazione del messaggio universale e cosmopolitico del diritto promana da Roma89.

Atene e Roma sono forse le uniche due capitali nazionali che, prima di essere istituzionalmente rappresentative di uno Stato-nazione (rispettivamente la Grecia e l‘Italia), hanno saputo interpretare una civiltà capace di trascendere i limiti delle penisole nelle quali si sono sviluppate la grecità e la latinità. Gli Ateniesi hanno dato al mondo le prime assemblee parlamentari: la valenza simbolica di una Atene sede di un Parlamento costituente delle Nazioni Unite dell‘Europa degli uomini, candidata ad essere laboratorio di una nuova civiltà politica umanistica90, sarebbe molto più elevata del simbolismo «carolingio» di una pur nobile città renana; la valenza simbolica di un‘Urbe patria (del diritto) delle genti restituirebbe portata e significato autenticamente giuridici e politici a un polo di attrazione geopolitico, e geoculturale, ipoteticamente capace di contenere, dal cuore del bacino mediterraneo (con le sue componenti ebraica e islamica), tricontinentale, lo sbilanciamento di un eurocentrismo91 orientato su di un asse nord-europeo92, interprete di interessi fatalmente subordinati alle ambizioni concorrenti ed egemoniche di altre realtà – ora americana, ora russo – o sino-asiatica93.

La vocazione dei Romani, e di Europei consapevoli della loro eredità94 civile-culturale95, almeno in linea di principio è stata di corresponsabilizzare gli abitanti

89

«Con la sua forza organizzatrice unitaria l‘impero romano ha stabilito il fondamento della futura Europa» (K Löwith, L‟idea di Europa nella filosofia della storia tedesca, ‗Rivista di filosofia‘, 1/2003, p. 7). 90

Un mondo dominato dall‘economismo e dalla tecnoscienza sarebbe invero un mondo post-europeo, atteso che l‘umanesimo resta l‘anima dell‘Europa. Ma pare che questo elemento non sia in cima ai pensieri delle forze politico-culturali che influiscono sulle sorti dell‘Europa di oggi. Ricentrare nella Penisola ellenica la principale sede di rappresentanza politica dell‘Europa arrecherebbe tra l‘altro il non secondario vantaggio di desensibilizzare la Grecia alle sirene della civiltà ortodossa. 91

Una prima critica all‘eurocentrismo si rinviene in N. Trubeckoj, L‟Europa e l‟umanità (Einaudi, Torino, 1982). Sull‘alternativa eurocentrismo/universalismo (dei diritti dell‘uomo) si interrogava, alla vigilia della riunificazione della Germania (e quindi dell‘Europa) Robert Spaemann, in Universalismo o eurocentrismo?, ‗Il Nuovo Areopago‘, 3/1987, pp. 5-13. 92

Cfr. Nord contro Sud. Il muro d‟Europa, ‗liMes‘, Quaderno speciale 2012. 93

L‘oscillazione dell‘Europa germanocentrica tra l‘Occidente (dominato dal Nord-America) e l‘Asia rimonta all‘emergere della connessione essenziale tra politica, diritto e cristianesimo, che, nella visione hegeliana, «occidentalizza» l‘Europa (cfr. G. Rametta, Tra America e Oriente: Hegel e l‟Europa, ‗Quaderni fiorentini‘, 31/2002, t. 1, cit., p. 795). Sulle implicanze teologico-politiche, e sugli esiti catastrofici (cfr. sul punto A. Hillgruber, La distruzione dell‟Europa. La Germania e l‟epoca delle guerre mondiali (1914-1945), il Mulino, Bologna, 1991) della perenne alternanza di contrapposizione e solidarietà «atlantica» con l‘americanismo cfr. Epimeteo, Finis Europae (Bibliopolis, Napoli, 2007). Potrebbe darsi, tra l‘altro, che il progressivo decentramento dell‘Europa dal crogiolo mediterraneo abbia contribuito a suscitare, come contraccolpo, le energie convogliate nella nuova fase storica ascendente che l‘islamismo politico sta registrando, almeno dalla fine degli Anni Settanta in poi. 94

Cfr. H. G. Gadamer, L‟eredità dell‟Europa (Einaudi, Torino, 1991). 95

Cfr. L. Godart, Europa. Nascita e affermazione di una civiltà (Codice, Torino, 2014).


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delle terre colonizzate nella partecipazione a un comune compito e destino96; l‘epoca attuale parla un linguaggio diverso dal passato, perché non è pi÷ il tempo della conquista e della sottomissione, ma la meta alla quale lo spirito avventuroso97 dell‘Europa tende98 non è dissimile, perché medesime restano le aspirazioni di individui, gruppi, tribù, etnie, popoli a vedersi riconosciuto, tutelato, attivamente promosso un diritto di cittadinanza che è il solo presupposto efficace sulle fondamenta del quale edificare un‘Europa che sia centro di elaborazione di un modello di società economicamente prospera in quanto animata e sostenuta da un assetto etico-giuridico-politico di libertà e di giustizia.

Riteniamo, non senza qualche motivo, come quelli prima illustrati, che questa sia la tesi ricavabile dalla confluenza, criticamente registrata e valutata, delle lezioni di due autori francesi-ed-europei, purtroppo ingiustamente rimossi dal dibattito scientifico-culturale proprio in Europa, quali sono stati, pur con declinazioni ed esperienze speculative sensibilmente differenti, Bruaire e Duverger.

Recibido el 20 de mayo de 2015. Aprobado el 28 de junio de 2015

96

Si veda in particolare R. Guardini, Europa. Compito e destino (Morcelliana, Brescia, 2004). 97

Cfr. V. Mathieu, L‟avventura, spirito dell‟Europa (Guida, Napoli, 1989). 98

Jaspers elencava i seguenti tratti fondamentali dello spirito europeo: le prospettive storico-mondiali, l‘inesauribile acquisizione alla coscienza del reale e del possibile, il potenziamento della coscienza storica assieme alla Storia stessa (cfr. K. Jaspers, Dello spirito europeo, cit., p. 134).

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DE LA DÉMOCRATIE : ATHÈNES D’HIER, EUROPE AUJOURD’HUI

Stamatios TZITZIS*

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: Stamatios Tzitzis (2015): « De la démocratie : Athènes d‘hier, Europe aujourd‘hui », en Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 9 (diciembre 2015). Puede leerse este artículo en línea en: http://www.eumed.net/rev/rehipip/09/athenes-europe.html.

RESUMEN : Atenas sentó los pilares de la democracia moderna y contemporánea. Sin embargo, la libertad y la igualdad de la democracia ateniense no es coincidente con la de nuestros días. Para el autor del presente artículo el ciudadano ateniense tenía libertad de poder criticar a quienes eran depositarios del poder político. Pericles gobernó conforme a las instituciones democráticas, pero con un espíritu aristocrático. La separación de poderes no se conocía en Atenas como de hecho ocurría en otras ciudades griegas. Sin embargo la democracia postmoderna se diferencia de la democracia clásica e impide a los pueblos decidir sobre el futuro político. La Unión Europea está jugando un papel de hegemonía análogo al ejercido por Atenas dentro del cuadro de la Liga de Délos. Sin embargo, la Unión Europea intenta, a diferencia de la Atenas clásica, imponer comportamientos democráticos uniformes para todos. Los «señores» de Bruselas imponen a los pueblos medidas y políticas que son contrarias a los valores republicanos y a los ideales de la democracia. La democracia ateniense es una víctima de la democracia postmoderna. PALABRAS CLAVE : Atenas, Grecia clásica, Democracia, Pericles. RESUM : Atenes va asseure els pilars de la democràcia moderna i contemporània. No obstant això, la llibertat i la igualtat de la democràcia atenesa no és coincident amb la dels nostres dies. Per a l'autor del present article, el ciutadà atenès tenia llibertat de poder criticar a els qui eren dipositaris del poder polític. Pèricles va governar conforme a les institucions democràtiques, però amb un esperit aristocràtic. La separació de poders no es coneixia a Atenes com de fet ocorria en altres ciutats gregues. No obstant això la democràcia postmoderna es diferencia de la democràcia clàssica i impedeix als pobles decidir sobre el futur polític. La Unió Europea està jugant un paper d'hegemonia anàleg a l'exercit per Atenes dins del quadre de la Lliga de Dèlos. No obstant això, la Unió Europea intenta, a diferència de l'Atenes clàssica, imposar comportaments democràtics uniformes per a tots. Els «senyors» de Brussel·les imposen als pobles mesures i polítiques que són contràries als valors republicans i als ideals de la democràcia. La democràcia atenesa és una víctima de la democràcia postmoderna. PARAULES CLAU : Atenes, Grècia clàssica, Democràcia, Pèricles.

* Directeur de recherche CNRS (UMR 7184), Directeur adjoint à l‘Institut de Criminologie (Université Panthéon-Assas). Professeur associé à l‘Université Laurentienne (Canada).


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Il est mondialement admis qu'Athènes pose les piliers de la démocratie qui sert de fondement aux démocraties moderne et postmoderne, au moins pour le monde occidental. Les droits fondamentaux de liberté et d‘égalité, la capacité légale de tous les citoyens de pouvoir participer aux affaires communes de leur pays remontent aux institutions de la démocratie classique.

Si l'appellation de plusieurs institutions démocratiques est commune aux Anciens et aux Modernes, leur caractère et leur contenu sont pourtant différents. L‘art politique pratiqué à Athènes s'oppose sur plus d'un point à celui qui règne dans les pays démocratiques contemporains. Je tâcherai d'être plus précis dans cette étude.

1. Athènes : une démocratie élitiste ?

Une des caractéristiques de l'esprit démocratique d'Athènes est son ouverture à tout étranger désireux de connaître son mode de vie et d'y participer positivement selon les usages et les coutumes de la cité. Périclès veut une ville où fleurissent les arts et les lettres, la rhétorique, le droit et la politique couronnés par un dialogue critique et raisonné. Bref, il s'efforce de promouvoir une vie culturelle dont le rayonnement rend jaloux les autres cités helléniques.

Cet état d'esprit s'oppose à celui de Sparte qui se plie sur elle-même, hostile à toute communication avec les étrangers et peu accueillante pour les politai (les citoyens de l‘époque) des autres cités. En particulier, Sparte pratique la xénélasie1. La présence des étrangers n'est tolérée qu‘en des occasions exceptionnelles.

Toutefois, si Athènes permet aux étrangers de séjourner sur son sol, si elle permet aux météques de participer à la vie commune de la cité sous certaines conditions, Périclès n'accorde qu‘avec beaucoup de parcimonie la citoyenneté athénienne. En effet, jusqu'en 451, pour être citoyen athénien, il est indispensable d‘être male, né de père athénien, et avoir suivi l'éphébie de 18 à 20 ans, en étant capable de défendre la cité. Car l'éphébie prémunit la ville des risques de tyrannie. En 451, Péricles modifie la loi qui désormais confère la citoyenneté au jeune adulte à la seule condition de la double filiation d'un père de statut citoyen et d'une mère, fille de citoyen. Or ce second critère introduit une restriction certaine.

L‘obtention de la citoyenneté à Athènes se mérite. Ainsi, si un métèque grec accomplit de hauts exploits pour la cité, il peut recevoir, à titre exceptionnel et comme remerciement pour ses actions, la citoyenneté athénienne, et cela moyennant finances.

Accueillir est loin donc d'impliquer l'intégration de l'étranger, ‒ comme c'est le cas d'aujourd'hui ‒ en vue de le rendre athénien2. Il y a un élitisme politique qui,

1 La xénélasie (xenēlasia) est une pratique consistant à expulser de manière régulière les

étrangers de son territoire T.-J. Figueira, « Xenelasia and social control in classical Sparta », Classical Quarterly, 53 /2003, p. 44-74. 2 Si un métèque non barbare (c‘est-à-dire grec) accomplissait de hauts exploits pour la cité, il

pouvait recevoir, à titre exceptionnel et en remerciement de ses actions, la citoyenneté athénienne, moyennant finances. Une telle décision ne pouvait être prise qu'à la suite d'un vote de l'Ecclésia réunissant 6000 citoyens. Ces naturalisations sont donc très rares et solennelles Pour plus de détails voir M. Finlay, Démocratie antique et démocratie moderne, Payot, coll. « Petite bibliothèque », 2003. C. Mosse, Histoire d'une démocratie : Athènes. Des origines à la


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selon notre logique démocratique moderne, est peu conciliable avec les idéaux qui qualifient un régime de démocratie.

La démocratie athénienne est loin de promouvoir une égalité existentielle qui nivelle toutes les différences entre citoyens et non-citoyens au nom de la qualité de personne propre de l‘ être humain ; ce qui permet actuellement d'accorder, sous forme de droits fondamentaux, des prérogatives politiques aux étrangers, pour vivre librement ensemble. La liberté dans l‘Athènes démocratique a une nature et des perspectives qui ne coïncident pas avec celle d'aujourd'hui.

Concrètement : chaque citoyen peut élire et se faire élire. Il peut devenir magistrat et juge, membre de tout institution de la cité, telle la boulê et l'assemblée.

A Athènes, l'égalité s'appelle isonomia3. Elle a un sens précis et signale l'égalité devant la loi. Autrement dit, elle réserve le même traitement politico-juridique à tous les membres de la cité : les politai. Elle s'oppose à l'égalité existentielle qui désigne l'égalité de naissance, propre aux démocraties postmodernes. Car la démocratie athénienne admet l'esclavage comme phénomène naturel. Aristote justifie juridiquement et moralement l‘esclavage à partir du moment o÷ il s‘avère utile4. Le Stagirite est très explicite sur ce point qui est d‘ailleurs sévèrement critiqué par les démocraties modernes. Ce n'est pas tout. La démocratie athénienne est sexiste : les femmes sont exclues de la vie politique mêmes si elles sont des parents athéniens. Une femme transmet la citoyenneté sans pour autant la posséder. Son rôle principal est de « produire » de bons soldats pour défendre la patrie. C'est par l'enfantement qu'elle participe d‘une certaine façon à la vie de la cité. Elle doit donc se contenter de ses fonctions naturelles.

A côté de cette égalité, il existe également l'isopolitiea, la possibilité pour tous les citoyens d'assumer les différentes fonctions politiques qui font progresser la démocratie. Quant à la liberté, si Athènes récuse la liberté existentielle (l‘autonomie5) qui exprime la manière de vivre dans un pays maître de lui-même, elle est réputée pour sa liberté politique essentiellement démocratique. C'est la liberté de pouvoir parler et échanger des opinions avec ses adversaires sans craindre une quelconque sanction : l‘iségoria6. C'est la liberté que désigne la parrhèsia7. Le citoyen athénien peut critiquer de bonne foi les archontes, les magistrats ou le chef de l'État et leur politique. La dialectique comme opposition ou confrontation d'idées et d'opinions en vue de rechercher un compromis ou une solution juste, avec un sens critique et sans apriori, est

conquête macédonienne, Seuil, coll. « Points Histoire », 1971 ; Politique et société en Grèce ancienne : le « modèle » athénien, Flammarion, coll. « Champs », 2000. J. de Rommilly, Problèmes de la démocratie grecque, Herman, coll. « Agora », 1998 ; L'Élan démocratique dans l'Athènes ancienne, Éditions De Fallois, 2000. 3 M. Oswald, Nomos and the Beginnings of the Athenian Democracy, Oxford, Clarendon Press,

1969, le chapitre «isonomia and Athens », p. 96-136. M.-C. Amouretti – F. Ruze, Le Monde grec au temps classique, Paris, Hachette Supérieur, Édition 2003, p. 139. 4 Voir Aristote, Politique, ch. II.

5 Contrairement aux modernes qui conçoivent la personne humaine comme propriétaire d‘un

libre arbitre, le citoyen grec a une liberté existentielle très restreinte. Il est hétéronome, comme soumis au destin et aux lois du cosmos. 6 J. A. Dabdab Trabulsi, Participation directe et démocratie grecque : une histoire exemplairen ?

P. U. de Franche Comte, 2006, p. 41. F. Chatelet, Périclès et son siècle, Paris, Éditions Complexe, 1990, p. 85.

7 Cf. Platon, République, 555b 4-6.

7 Cf. Platon, République, 555b 4-6.


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une invention grecque. Elle a été mise en valeur et promue au rang de l'art indispensable dans les débats en politique, en philosophie, droit et rhétorique. Elle devient le fondement de la parole démocratique de chaque citoyen. Comme art, elle recherche le vrai, l'honnête et le juste. Sa dimension esthétique traverse la peinture et la sculpture en signalant l'élan vers la transcendance qui marque la liberté d'esprit et l'invention créatrice. Dès lors la dialectique souligne, comme servante de la poiésis (chaque belle création), la liberté de penser, de dire et de faire.

Pour Périclès, l'égalité et la liberté font partie intégrante de l'art politique qui s'exerce en démocratie ; elles lui assignent les couleurs qui lui sont propres. Dans chaque manifestation démocratique, il y a en filigrane la présence du beau, du bien et du juste. Le beau (to kalon) souligne l'honnêteté de chaque citoyen, le bon (to agathon) l'idéal vers lequel tend le régime et le juste, la recherche de l'harmonie et de l'équilibre dans les créations intellectuelles et artistiques ainsi que dans l'administration des affaires publiques (res publica). Fameuses sont les paroles de Périclès résumant cet état des choses qui prévalent dans sa ville : « Nous apprécions la beauté, sans pour cela aimer le faste et nous avons le goût des choses de l‘esprit, sans tomber dans la mollesse. »8

Périclès s'érige en grande stratège dont l'ambition est de faire de la démocratie l'emblème de la cité. Il réussit son pari en se comportant comme disciple de l'ordre et de la discipline. Car il sait faire la différence entre démo-cratie et oclo-cratie. Il oppose à la démesure des masses passionnées et déraisonnables, la mesure et la modération qui font prévaloir les devoirs civiques avant les intérêts individuels. Pour lui, la justice puise sa vigueur dans les obligations des citoyens envers la cité et non pas dans les différentes formes du pouvoir faire. A cet effet, il met des limites aux différentes expressions de la liberté démocratique. Elle renvoie à l‘opportunité des relations raisonnées et les exigences de la mesure. Ainsi le logos (raison) et le métron (mesure) deviennent les pilier de sa manière de gouverner. Périclès met en hiérarchie les valeurs de la cité selon leur nécessité pour le fonctionnement du régime et transforme les expédients politiques en idéaux démocratiques en les transposant dans les usages traditionnels de la cité qui méritent respect et vénération.

Bref, le stratège d‘Athènes gouverne selon les institutions démocratiques mais avec un esprit aristocratique.

Les grandes décisions sont prises par l'ensemble du peuple. Pour Périclès, une vraie démocratie ne saurait être représentative. Une authentique participation des citoyens aux affaires de la cité nécessite une implication directe et active de tous les politai dans les affaires publiques. Chacun des membres de la cité peut être législateur et juge. La séparation des pouvoirs est inconnu à Athènes comme d‘ailleurs dans les autres cités grecques.

L‘institution de la graphè paranomôn9 est une expression des plus importantes qui témoignent de la force effective de la démocratie pour protéger ses lois contre les masses déraisonnées qui pourrait mettre en péril le régime. C‘est une action en illégalité pour la mise en accusation d'un décret. Ainsi elle

8 Thucydide, La Guerre du Péloponnèse, Paris, La Pléiade, 2002, L. II 6 40, p. 813.

9 M.-H. Hansen, The Athenian Democracy in the age of Demosthenes, Oxford, 1987, p. 205-

218.


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donne le pouvoir au citoyen de défendre ses lois contre la volonté du plus grand nombre. Hélas ! tel n‘est pas le cas aujourd‘hui.

Plus spécialement, on appelle graphè une action en justice à caractère public. Elle signifie précisément l‘action en justice publique dans l'intérêt des lois. Cette procédure permet de mettre en accusation tout citoyen ou magistrat, auteur d'une proposition de décret ou d'une action politique contraire à la loi. Elle a comme objectif, de protéger la démocratie contre les excès qu'aurait pu engendrer la souveraineté totale du peuple et de mettre les institutions à l'abri des intrigues des démagogues ou des aléas de l'histoire.

Mais il y a une autre procédure qui révèle le soucis de protéger la justice contre les magistrats corrompus. Il s‘agit de l‘eisangelia qui a lieu devant l‘Assemblée du peuple (pour des cas de trahison ou de corruption lors du vote sur les magistrats). Le magistrat peut être suspendu en attendant son jugement par un tribunal. De même, tout citoyen peut déposer une accusation contre les magistrats devant le Conseil10. Cette institution révèle la vraie souveraineté du peuple dans la cité. Dès lors toute lois proposée peut être dénoncée par chaque politès, si celui-ci estime qu'il pourrait être nuisible à l'intérêt général. Il s'agit de l'eisanglai. Chaque citoyen peut aussi dénoncer un magistrat s'il considère que ses jugements sont inéquitables et abusifs. Tout citoyen peut protéger la démocratie par son intervention active.

La démocratie athénienne devient la garante du mérite individuel. Il s'agit de l'axia traduite par dignitas en latin, terme qui deviendra la dignité moderne mais dont le contenu est tout différent. Car l'axia n'est pas inhérente à l'homme comme la dignité moderne, égale à tous. Le mérite est extérieur à l'être du citoyen et constitue l'appréciation de ses actes en vue de recevoir ce qu‘il mérite selon la justice, les lois et le droit. Ainsi le mérite d‘un kalos kagathos politès (bon citoyen) diffère de celui d'un mauvais. La démocratie athénienne ne montre aucune pitié, aucun scrupule moral pour celui qui menace gravement les structures de la cité et tente de nuire aux bons citoyens. Ainsi le mérite n'est pas incompatible avec la peine de mort comme le veut la dignité personnelle d'aujourd'hui.

L'idée d'intériorité où logent une conscience et les droits subjectifs de l'homme en tant que personne, est étrangère à l'univers moral des Hellènes. Le droit est dans la nature des choses, il est dans les échanges politiques et requiert l'art du juge pour le fixer dans un cas particulier selon les lois fondamentaux (patrôoi nomoi11), les usages ou les coutumes traditionnels et les lois positives qui sont les piliers de la cité. Il aurait été une imposture d'analyser le droit en une pluralité des droits subjectifs, tels les droits de l'homme comme on le fait aujourd‘hui.

En effet, si la démocratie postmoderne annonce ses couleurs morales par la reconnaissance des citoyens comme porteurs des droits fondamentaux, la démocratie ancienne ne considère le citoyen que comme objet de droit. Le droit représente une solution juste et il est recherché par le juge grâce à sa prudence12 qui signifie la vertu du particulier. Le droit renvoie à un art et non pas à une science, à savoir qu'il relève de la dialectique hostile à tout

10

P. Fröhlich, Les cités grecques et le contrôle des magistrats (IVe-I

er siècle avant J.-C.), Paris,

Droz, 2004, p. 312. 11

Cf. Platon, Les Lois 680 a ; 793 b. 12

Aristote, Éthique à Nicomaque, 1141 b 15-17.


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dogmatisme13. Le dogmatisme juridique est étranger à la démocratie athénienne.

Tout absolu moral qui entre dans le domaine du droit – comme les droits de l'homme aujourd‘hui – est peu compatible avec les idéaux démocratiques. Pour Périclès, le nivèlement des valeurs attachées au mérite individuel (axia) risquerait d‘engendrer un grand danger tant pour le bon déroulement des affaires publiques que pour la démocratie elle-même. Il est réaliste et pragmatique. Pour être solide, tout régime – la démocratie non exclue – doit avoir des aspirations hégémoniques.

Au fond, les activités politiques de Périclès trahissent un chef plus proche des sophistes (car son regard est tourné, comme eux, vers le monde réel) que de Socrate (dont la morale est fondée sur la métaphysique). Il croit en l'efficacité du droit du plus fort. Car il aspire à faire d'Athènes une hégémonie panhellénique. Athènes doit être à la tête des autres cités. Si la démocratie sert de lustre, si elle a l'avantage de la pluralité d'opinions et d'actions qui favorisent toutes les sortes de créations, la politique du gouvernement doit être pratiquée avec une main de fer tout en profitant, par la pratique des vertus cardinales, de la démocratie. Il faut que le « corps » d'Athènes soit aussi fort que son esprit.

Périclès doit construire une armée et surtout une flotte puissantes. Il contrôle le port du Pirée. Il possède les mines de Lavrion qu'il doit exploiter au maximum. Il a besoin d'une main d'œuvre appropriée. Il a les esclaves. Le travail dans les mines est dur. Il leur incombe une tâche dure. La démocratie athénienne ne connaît aucun humanitarisme qui soit analogue à celui qui embrasse les idéaux de la démocratie postmoderne. Le travail pénible revient aux esclaves par la nature des choses. Périclès est convaincu que la physis ne pardonne aucune faiblesse.

Il organise ainsi la vie quotidienne des esclaves dans les mines de sorte qu‘ il puisse prévenir et faire échouer toute éventuelle rébellion. La démocratie d‘Athènes n'est point incompatible avec une discipline de fer. Des sanctions sévères sont prévues lorsque les travailleurs violent les conditions imposées même les plus cruelles.

Périclès parvient à créer la Ligue de Délos, une confédération de l'époque, qui réunit les cités grecques. Elle constitue une consolidation des forces panhelléniques pour faire front aux ennemies. Mais le stratège d'Athènes travaille avant tout pour sa cité : Athènes doit avoir le contrôle sur les autres cités. Le tribut qui revient à chaque membre de la Ligue arrive à Athènes14. Il est à la disposition de Périclès. Il arrive ainsi à avoir le contrôle tant financier que géopolitique sur les autres cités. La démocratie comme tout autre régime doit être hégémonique pour être efficace, et pour cause. Cette alliance s‘exprime par une large diffusion du modèle athénien avec, entre autres, l'obligation pour les alliés d'utiliser les monnaies et les unités de poids et de mesures athéniennes, ainsi que par une centralisation du pouvoir, qui consiste notamment en un transfert de l'autorité judiciaire vers Athènes. Les historiens parlent dès lors de « l‘ empire athénien ».

Enfin, le passé glorieux d‘Athènes apprit à Périclès que la démocratie ne saurait ignorer ce qui fait la fierté et l‘honneur de tous et qui dynamise l‘hellénisme : l'identité cultuelle forgée par l'histoire, sauvegardée et consolidée

13

Ibid., 1132 a 1-15. 14

Cf. Plutarque, Aristide, 24-25.


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par l'effusion du sang grec au nom de la patrie. Le miracle grec ne saurait s'accomplir sans la mise en valeur de l'hellénisme comme tronc, branches et feuilles de chaque citoyen. Périclès est convaincu que la négligence ou l'oubli des idéaux traditionnels de la cité affaibliraient la démocratie et provoquerait le déclin de la cité15.

Il favorise donc toute activité ou manifestation qui contribuent au rappel des racines et renouvelle les exploits faits par les ancêtres. Les patrôoi nomoi, les lois des pères, jouissent d'un respect particulier. Périclès facilite donc la pratique et l'épanouissement de tout ce qui contribue à l'exaltation de l'identité athénienne et des valeurs traditionnelles grecques sans conditions ni compromis.

A cet effet, le stratège organise des fêtes. Le théâtre devient le symbole de la puissance de cette cité face aux autres cités du monde grec. Les représentations sont à la charge des plus riches. Les spectacles sont ainsi très bon marché, et même gratuit pour les plus pauvres. Les tragédies constituent des réceptacles des leçons politiques, éthiques religieuses et de tout ce qui tourne au tour de l'histoire de l'hellénisme, car l'hellénisme comme faisceau de valeurs traditionnelles nourrit l'âme de la démocratie. Or le théâtre est un endroit essentiel pour la paideia, la formation de l‘âme. La paideia tire sa vigueur de l'histoire, rappelle les devoirs patriotiques, les privilèges dont jouit le cœur grec et montre le chemin à parcourir pour accomplir son destin en tant qu'Hellène.

La religion nous apparaît comme un grand facteur d'unité entre les Hellènes. C'est le centre autour duquel gravite toute l'activité du monde grec. Etudier la religion, c'est essayer de comprendre l‘idiosyncrasie de l‘Hellène. Or, pour renfoncer le prestige d‘Athènes, Périclès, accorde une place privilégiée à la religion, car elle constitue un pilier de la structure politique de la cité et appartient aux trésors de l'identité culturelle.

Elle participe de la politique de la cité et consolide l'art de gouverner. Même s'il n'est pas très croyant, Périclès accorde une importance certaine au culte des divinités traditionnelles, car tout écart de cette lignée de politique affaiblirait son régime et sa position, non seulement au sein de la cité mais aussi vis-à-vis des autres cités grecques. La démocratie est donc tout à fait compatible avec la théocratie.

2. Démocratie de l‟ochlos16

La démocratie postmoderne jette ses fondements sur les valeurs républicaines. Elle rejoint par là la démocratie ancienne eu égard à la pluralité des dialogues dans la vie publique, et la souveraineté du peuple. Ces deux piliers renvoient, d‘une part, aux droits fondamentaux de la liberté et de l‘égalité

15

M. Sauvage, Socrate et la conscience de l‟homme, Paris, Seuil, 1959, p. 14 : « Depuis Solon, la démocratie athénienne représente les garanties d‘un passé, non les tendances vers un avenir. Nos étiquettes issues du XIX

e siècle ne s‘appliquent pas, et pour cause, à sa vie

politique ; à Athènes la démocratie est « réactionnaire » (…) la cité vit spirituellement d‘héritage ; elle a une patrimoine d‘âme à maintenir, et la religion d‘État fait partie de ce patrimoine ». 16

La foule. Un groupement de gens. Multitude de personnes.


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et, d‘autre part, au pouvoir du peuple de décider de son avenir politique par un acte créateur prioritaire : la possibilité d‘élire ses représentants et d‘être élu comme représentant de ses citoyens.

Cependant la démocratie postmoderne se distancie de la démocratie ancienne car elle ne reconnaît pas la hiérarchie des valeurs existentielles des Anciens. Non seulement tous les hommes sont-ils libres devant les lois mais encore l‗être humain est-il libre dès sa naissance. L‘esclavage est rejeté comme incompatible avec la dignité humaine inhérente à l‘être de l‘homme, ainsi que le reconnaît la Déclaration des droits de l‘homme de 1948, paradigme pour toute constitution d‘un État de droit et de droits de l‘homme.

Si la démocratie ancienne bâtit son édifice sur une cité naturelle qui engendre des citoyens, la démocratie postmoderne renverse la donne : ce sont les individus qui construisent l‘État. Ceux-ci sont transformés, grâce à cette création, en des personnes, à savoir des êtres porteurs de droits fondamentaux. La démocratie postmoderne est censée écarter définitivement la subordination de la personne aux expédients politiques qui nuisent à la dignité personnelle. Cette dignité, mère-valeur de toutes les valeurs républicaines, garantissant l‘intégrité de l‘homme au sein de l‘État et veillant à sa conservation et à son épanouissement dans l‘ordre social, s‘érige en un idéal républicain sans rival.

Cela se passe plus ou moins au niveau théorique et permet de parler du progrès des Modernes par rapport aux Anciens en matière de démocratie.

Toutefois nous nous interrogeons s‘il s‘agit d‘un véritable progrès qui permet aux citoyens d‘aujourd‘hui de s‘épanouir plus que les Anciens, tant individuellement que socialement. La réponse peut être assez nuancée. Il est incontestable que les idées de liberté et d‘égalité, pierres angulaires de toute démocratie, avec la transformation de leur caractère en droits subjectifs fondamentaux, semblent garantir une meilleure sécurité pour la sauvegarde des citoyens.

La liberté et l‘égalité ainsi que la possibilité d‘être élu et élire, ce que l‘on appelle aujourd‘hui des droits politiques appartiennent à la classe des droits subjectifs fondamentaux. Dans la postmodernité, l‘homme les possède en tant que personne, indépendamment de ses spécificités culturelles et ethniques. Ce n‘était pas le cas de la démocratie ancienne, il faut le répéter. Soulignons qu‘à Athènes, il s‘agitait des prérogatives venant du droit objectif, celui qui reflétait la réalité de la cité. Parler des droits subjectifs eût été une duperie.

La démocratie postmoderne bâtit sa philosophie sur l‘hybris17 humanitaire. Elle porte à l‘ultime le mythe du contrat social des temps modernes et s‘éloigne très sensiblement de la rationalité politico-juridique des Anciens. Je m‘explique.

Tirant des leçons douloureuses de la deuxième guerre mondiale, décidée à combattre le fléau ségrégationniste poussé par le racisme et de toute forme de discrimination naturelle et culturelle, la démocratie postmoderne s‘efforce d‘actualiser le cosmopolitisme humaniste des stoïciens : l‘humanité représente une famille universelle dont nous sommes tous des membres égaux. Cet idéal est exprimé dans la Déclaration universelle des droits de l‘homme de 194818 qui

17

Nous entendons ici l‘hybris comme une erreur contre une morale raisonnée et sobre. Cette hybris empêche l‘homme d‘être conscient de sa place dans l'univers : à la fois de son rang social dans une société hiérarchisée et de sa condition humaine face à son destin de mortel. 18

Cf. Le Préambule de la Déclaration universelle des droits de l‘homme de 1948 : « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille


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inspire la législation du monde occidental et notamment les États de l‘Union européenne.

Quelle est alors cette hybris ? C‘est de considérer que la reconnaissance des droits fondamentaux et notamment de l‘égalité et de la liberté peuvent faire abstraction des spécificités des peuples, de leurs cultures, de leurs traditions, de leurs besoins et de leurs modes de vie. Rappelons que la démocratie athénienne avait l‘intuition de donner la priorité au particulier et non pas à l‘universel – qui demeure foncièrement idéaliste et utopique –, pour réussir une justice politique équitable et profitable aux membres de la cité. Car celle-ci est un produit de la nature, mère tant de l‘égalité que des inégalités, tant des libertés que des limites de cette liberté.

Pour des raisons humanitaristes, la démocratie postmoderne préfère l‘universel abstrait comme fil directeur de sa politique et de ses stratégies.

L‘égalité et le la liberté, puisant leur force dans une notion métaphysique : la dignité personnelle inhérente à l‘être de l‘homme, ont acquis grâce à la démocratie postmoderne le caractère d‘absolus juridiques méritant impérativement d‘être respectées. La conception de ces droits se situe alors aux antipodes du dikaion politikon (le droit de la cité) qui d‘après Aristote, désigne la relation à autrui19. Le droit ne saurait être dogmatique car le dogmatisme prête à l‘immobilité, alors que la vie est mouvement et changement. Le droit est dans les choses publiques, donc dans la mobilité de la res publica des Anciens.

Il est trop prétentieux de vouloir régler les problèmes sociopolitiques et éthico-juridiques à partir de la force déclamatoire des impératifs juridiques qui s‘imposent aux peuples alors qu'ils sont étrangers à leurs idiosyncrasie.

La démocratie postmoderne croit pouvoir remédier aux maux de l‗humanité par des actes juridiques qui font proliférer des droits fondamentaux. Or il est utopique de vouloir modeler le comportement des hommes en ignorant les spécificités de leurs sentiments. Les normes juridiques seront sans efficacité, si elles font abstraction des mœurs.

Les droits de l‘homme de l‘Occident n‘ont ni le même caractère, ni la même nature que ceux de l‘Orient. D‘ailleurs ce que l‘on qualifie de droit de l‘homme, c‘est au fond une réclamation des citoyens pour satisfaire des nécessités existentielles. Ces sortes des nécessités varient selon les peuples. L‗universalité des droits de l‘homme comme étant les mêmes pour tous relève plus d‘un discours oratoire que d‘une constations réaliste.

L‘outil méthodologique de la démocratie postmoderne, c‘est la rhétorique, contrairement à celui de la démocratie athénienne qui était l‘art politique impliquant sine qua non la dialectique.

L‘Union européenne joue un róle hégémonique analogue à celui exercé par Athènes dans le cadre de la Ligue de Délos. Mais contrairement à Athènes, elle aspire, à travers la diversité des politiques étatiques de ses membres, à imposer un comportement démocratique uniforme et sans nuances pour tous. Très souvent, les seigneurs des Bruxelles prévoient des mesures contraignantes pour les peuples, et cela au nom des valeurs républicaines et des idéaux de la démocratie. Leur technique oratoire se distancie alors de l‘art

humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». 19

Aristote, L‟Éthique à Nicomaque, 1130 a 1-5.


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politique d‘un Périclès qui, avant de s‘enorgueillir de sa démocratie, s‘efforçait de démontrer l‘efficacité de ses mesures, tant aux yeux des Athènes qu‘à ceux des membres des autres cités grecques, sans oublier pour autant de fournir des arguments puissants au monde non–hellénique de la supériorité méritée de son politeuma (régime politique).

La démocratie postmoderne est une démocratie qui fait prévaloir la théorie sur la pratique ; ce qui constitue une différence fondamentale de celle de la démocratie athénienne. Malgré ses défauts, ses machinations et ses scandales, la démocratie athénienne ne souffrait pas de tant d‘ incohérences dont est victime la démocratie postmoderne. Nous nous expliquons.

La démocratie postmoderne a étendu le champ de l‘égalité devant la loi (isonomia) à une égalité existentielle, du fait que les membres de l‘humanité tout entière possèdent la mémé dignité. Il est incontestable qu‘elle a réussi un progrès considérable. Selon notre logique, une démocratie ne saurait faire la distinction entre hommes libres et esclaves. Son égalité est fondée sur la réciprocité des droits acquis dès la naissant de tous ses membres. La hiérarchie des classes est incompatible avec les valeurs républicaines. L‘inégalité équivaut alors à l‘injustice.

Toutefois, s‘il n‘y a pas de distinction de classes, il y officieusement des distinctions de citoyens et de personnes. Dans l‘espace démocratique d‘aujourd‘hui, il y a des groupes désavantagés à cause des inégalités économiques et sociales qui sévissent sans cesse.

En effet, dans cette démocratie officieusement inégalitaire, il y a « des citoyens à part entière » et des citoyens « amputés » au sens figuré, du terme : les « sans quelque chose ». Ce « sans » désigne une privation inexcusable de cette démocratie qui se bat pour l‘égalité et, pourtant, s‘avère inégalitaire. Elle produit des citoyens « sans ressources suffisantes pour survivre », des « sans abri », des « sans domicile fixe », des « sans travail », des « sans rémunérés dûment » et encore ceux qui n‘ont pas la possibilité d‘avoir le minimum nécessaire pour vivre décemment. Bref, cette démocratie tolère une distinction de classes en des citoyens et de sous-citoyens. Ce qui constitue une violation flagrante des valeurs républicaines.

Nous ne pouvons pas ici nous empêcher de rapporter les idées d‘Aristote concernant la définition du juste que la démocratie postmoderne veut ignorer pour des raisons d‘expédients politiques.

Dans l‟Éthique à Nicomaque, le Stagirite définit le dikaion (le droit juste) comme ce qui est légal et ce qui est égal20. Celui-ci n‘exprime pas seulement une simple réciprocité mais en outre une proportionnalité équitable. Ainsi pour le Stagirite, un trop de richesse par rapport à un trop de misère constitue une injustice de fait, même si la première est justifiée par la loi.

Quant à la liberté d‘aujourd‘hui, elle est à tort interprétée comme la possibilité de faire ce que l'on veut quand on veut puisqu‘on la considère comme un droit subjectif fondamental. Il lui manque l‘essentiel : cette dimension qui fait qu'à chaque liberté est rattaché un devoir qui assure la coexistence paisible entre citoyens sans dégénérer en permissivité aveugle. La iségoria, liberté de la parole sans crainte d‘être réprimée est étendue à toute forme de liberté au point de confondre, dans la démocratie postmoderne, liberté et licence.

En effet, la liberté postmoderne est conçue comme une liberté universelle en

20

Aristote, Éthique à Nicomaque, 1129 a 30-31.


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octroyant le plein pouvoir à son propriétaire de tout dire et de tout faire. C‘est pourquoi, sous son aspect de liberté d‘auto-détermination, la femme a le droit de sacrifier l‘embryon comme étant la chair de sa chair. Pousser à sa fin ultime, cette sorte de liberté devient très inopérante, voire dangereuse. Or cette démocratie a compris que la liberté de soi ne saurait exister dans son extension illimitée de droit subjectif absolu et universel. Car aucune de ses expressions ne saurait être toujours permise inconditionnellement. Des propos qui déforment et révisent l‘authenticité des faits historiques (tel le cas du génocide juif par le Nazi) sont punis par les lois. De même dans une communauté multiculturelle, il est interdit d‘émettre des opinions discriminatoires qui fustigent les minorités. Il est en outre illégal de rapporter des faits exacts qui pourraient directement ou indirectement stigmatiser les individus à cause de leurs spécificités culturelles.

Ainsi la liberté d‘expression ne saurait représenter un droit ‒ principe juridique fondamental ‒ qui s‘impose, rigide, comme un impératif anthropologique. Il s‘agit plutót d‘un énoncé général, théorique, qui a besoin de précision pour pouvoir s‘appliquer dans les échanges sociaux entre citoyens. Dès lors ce droit peut s‘analyser en deux volets : a. Celui de l‘acceptation de la liberté de la parole en tant que valeur républicaine et b. Celui de l‘usage dialectique qui permet des exceptions à ce principe, régies par les lois positives afin d‘assurer son application effective. Dans la praxis, ce que l‘on appelle liberté désigne une permission de liberté, car on lui assigne toujours des limites. Cela témoigne de la force du légalisme juridique qui fait dépendre les droits fondamentaux de la volonté du législateur et non pas d‘un naturalisme ontologique qui consacre l‘homme comme personne, à savoir porteur des droits subjectifs. L‘article quatre de la Déclaration des droits de l‘hommes de 1789 est d‘une éloquence limpide à ce sujet : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi ».

Cette loi est censée représenter la volonté générale. C‘est un point essentiel qui marque une différence substantielle entre la démocratie athénienne et la démocratie postmoderne. L‘authentique volonté générale, ainsi que le souligne Rousseau ne saurait être représentée21. Athènes a le privilège, grâce au petit nombre de ses citoyens rassemblés sur la Pnyx, de voter les lois qui expriment fidèlement la volonté générale. En revanche, la vraie signification de la volonté générale moderne et postmoderne désigne l‘autorisation accorder par les citoyens aux parlementaires de s‘exprimer à leur place, à savoir de prendre sur leur compte toutes les décisions cruciales qui concernent le présent et l‘avenir. S‘agirait-il vraiment d‘une liberté démocratique qui consiste à façonner sa vie et le vivre ensemble comme on le désire ? Ce qui arrive souvent, c‘est la domination de la minorité par la majorité. La souveraineté du peuple est alors exprimée par la souveraineté de la volonté de se représentants. Et l il y toujours un décalage certain entre la souveraineté de l‘un-multiple et celui de ses représentants.

La souveraineté du peuple en tant qu‘une et indivisible a reçu plusieurs coups et en est venu à désigner une proclamation rhétorique, un emblème

21

G. Mairet, Le principe de souverain moderne, Paris, Folio/Essais, 1996, p. 89.


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démocratique sans répercussions substantielles sur le peuple. Cette souveraineté devient délétère aujourd‘hui avec l‘hégémonie exercée par l‘Union européenne sur les peuples du vieux continent du fait qu‘ils ont consentit à sa volonté très souvent par leurs représentants.

3. De l‟authentique et du falsifié

Un premier constat s‘impose ici : alors que la démocratie athénienne, comme embrassant la globalité de ses citoyens, peut signifier l‘authentique règne du peuple, la démocratie postmoderne est celle de la représentation renvoyant à une image déformée de ce qui est authentique.

L‘union européenne, promotrice d‘un humanitarisme trop ambitieuse, a commis l‘hybris de vouloir réaliser une démocratie planétaire. A cet effet, elle se montre très réticente à l‘idée de nation22 et à toutes les valeurs traditionnelles qui y sont attachées comme l‘héritage culturel, les convictions religieuses, l‘attachement fidèle à l‘histoire du pays et les spécificités identitaires. Elle met à la place, au nom d‘une égalité sans distinction de chaque être humain en tout lieu et en tout circonstances, la laïcité.

La laïcité favorise l‘effacement des spécificités culturelles de chaque nation au profit d‘un réassemblage non-différencié des peuples, la fin de l‘identité historique au profit de l‘identité fabriquée selon les critères qui ne correspondent pas à l‘idiosyncrasie de chaque homme en tant que citoyen de son pays. Enfin, comme sœur de l‘égalité, la laïcité préconise la mixité obligatoire entre ensembles sociaux qui risquent d‘entrer en collision à cause des différences de leurs modes de vivre.

Rien de plus actuel que les remarques de Rousseau qui se rapportait déjà aux différences fondamentales entre les Anciens et les Modernes :

« Tous (les anciens législateurs) cherchèrent des liens qui attachassent les Citoyens à la patrie et les uns aux autres, et ils les trouvèrent dans des usages particuliers, dans des cérémonies religieuses qui, par leur nature, étaient toujours exclusives et nationales (voyez la fin du Contrat social), dans des jeux qui tenaient beaucoup les citoyens rassemblés, dans des exercices qui augmentaient avec leur vigueur et leurs forces leur fierté et l'estime d'eux-mêmes, dans des spectacles qui, leur rappelant l'histoire de leurs ancêtres, leurs malheurs, leurs vertus, leurs victoires, intéressaient leurs cœurs, les enflammaient d'une vive émulation, et les attachaient fortement à cette patrie dont on ne cessait de les occuper. Ce sont les poésies d'Homère récitées aux Grecs solennellement assemblés (…) ce sont les tragédies d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide, représentées souvent devant eux, ce sont les prix dont, aux acclamations de toute la Grèce, on couronnait les vainqueurs dans leurs jeux, qui les embrasant continuellement d'émulation et de gloire, portèrent leur courage et leurs vertus à ce degré d'énergie dont rien aujourd'hui ne nous donne d'idée, et qu'il n'appartient pas même aux modernes de croire. S'ils ont des lois, c'est uniquement pour leur apprendre à bien obéir à leurs maîtres, à ne pas voler dans les poches, et à donner beaucoup d'argent aux fripons

22

Cf. J.-L. Harouel, Revenir à la nation, Paris, J.-C. Godefroy, France, 2014, notamment le chapitre sur « Les nations européennes fragilisées par la post-christianisation du droit », p. 31 et sqq.


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publics. S'ils ont des usages, c'est pour savoir amuser l'oisiveté des femmes galantes, et promener la leur avec grâce »

« S'ils s'assemblent, c'est dans des Temples pour un culte qui n'a rien de national, qui ne rappelle en rien la patrie, et tourné presque en dérision; (…) c‘est dans des fêtes o÷ le peuple, toujours méprisé, est toujours sans influence, où le blâme et l'approbation publique ne produisent rien ; c'est dans des cohues licencieuses, pour s'y faire des liaisons secrètes, pour y chercher les plaisirs qui séparent, isolent le plus les hommes, et qui relâchent le plus les cœurs. Sont-ce là des stimulants pour le patriotisme ? Faut-il s'étonner que des manières de vivre si dissemblables produit des effets si différents, et que les modernes ne retrouvent plus rien en eux de cette vigueur d'âme que tout inspirait aux anciens ? »23.

Si la laïcité est la fille cadette de l‘égalité et toutes les deux favorisent, de

bonne foi, l‘uniformisation et la médiocrité des citoyens de chaque pays, elles sont pourtant des facteurs qui prônent sans conditions la tolérance démocratique et le respect de la pluralité des sentiments religieux. En particulier, à ses débuts, la laïcité impliquait la neutralité de la démocratie et visait la coexistence de plusieurs courants religieux au sein de la même société. Le sentiment religieux ne pourrait être manifesté que dans la vie privée. Depuis la globalisation, elle s'avère comme élément indispensable des sociétés multiculturelles, au nom de la liberté de l'esprit et de l'expression de la parole (sous certaines réserves) dans un climat de respect mutuel. Pourtant la réalité est tout autre. Il est très difficile d'opérer la dichotomie de la personne en citoyen laïc et individu croyant24. Imposer des règles de conduite à des groupes multiculturelles profondément imprègnes du sentiment religieux qui représente un élément constitutif de leur être, s'avère peu réalisable. Car ce sentiment ne traduit pas seulement la Foi en une Transcendance, mais en outre un élément non négligeable de l'identité personnelle.

Vouloir imposer la laïcité de force au nom de la paix commune est souvent ressenti comme une atteinte à l'être intime de l'homme qui constitue son essence, sa manière de vivre et garantit son intégrité.

L‘actualité internationale a démontré que la laïcité est vécue comme une amputation de l'être de l'homme. Or au lieu d'apporter la paix, elle devient la pomme de discorde dans les communautés multiculturelles. Il n'est pas étrange qu‘elle provoque des réactions racistes et ségrégationnistes25 Au lieu de préparer donc l'accueil de l'autre, elle suscite le mépris et souvent la haine envers lui et pousse à son rejet.

23

Jean-Jacques Rousseau (1771-72), Considérations sur le gouvernement de Pologne, p. 10-11. Ce document est produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt. 24

« Les replis identitaires d‘aujourd‘hui sont les conséquences de la fermeture à la transcendance naturelle qui anime toute personne », L. Stalla-Bourdillon, « L‘ignorance religieuse ou l‘impossible laïcité », Le Figaro du 16 mai 2015, p. 14. 25

Cf. Idem : « L‗effacement des religions en à peine quelques décennies a aussi éclipsé les valeurs démocratiques. Ne soyons pas étonnés : il faut un absolu pour que l‘homme détermine des valeurs. Si cet absolu est l‘homme autoréférent, il n‘a plus d‘autres valeurs que lui-même, et finit par ne plus supporter les autres, ni lui même.(…) L‘humanisme républicaine devrait s‘honorer de faire primer l‘autorité de la pensée sur celle de la force ».


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4. Epilégomènes

La démocratie athénienne s‘inspire d‘un univers d‘ordre (cosmos) qui

dépasse la finitude de l‘homme, même si le climat démocratique d‘Athènes n‘est point exempt de machinations et de troubles politiques. La démocratie postmoderne, celle notamment promue par les dirigeants de l‘Europe, est bâtie sur les ruines du Mal (dont l‘incarnation est Hitler) qui l‘a profondément meurtrie au XXe siècle :

« Humanité assiégée, modernité régressive, figures anciennes de la barbarie se faufilent au milieu des fracas moderniste : nous percevons peut-être mieux, à ce stade, la gravité des éboulements qui menacent. Et surtout leur profondeur (…) Cet effritement progressif, cet évidemment insidieux du principe d‘humanité, nous aimerions en conjurer le risque »26.

C‘est pourquoi la démocratie postmoderne s‘est adonnée au culte de

l‘universel. La démocratie d'Athènes, consciente du risque d'une déformation identitaire

de ses citoyens, du danger aussi de voir la dénaturation de ses citoyens, la transformation de sa géopolitique, et hostile à tout nivellement des valeurs existentielles, savait accueillir l'autre au nom du droit d'hospitalité tout en prenant les mesures nécessaires pour sauvegarder son intégrité historique appuyée sur les traditions ancestrales. La stratégie de la démocratie athénienne, contrairement à la démocratie postmoderne qui accueille l‘autre sous conditions, savait distribuer des droits aux autres tout en soulignant la primauté de ses valeurs culturelles. Elle exigeait l‘accomplissement de leurs devoirs avant de leur accorder des droits raisonnables.

Recibido el 25 de mayo de 2015. Aceptado el 30 de junio de 2015

26

J.-C. Guillebeaud, Le principe d‟humanité, Paris, Seuil/Points, 2002, p. 401.

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THEORETICAL GROUNDS OF ENVIRONMENTAL LAW George PENCHEV

*

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: George Penchev (2015): «Theoretical grounds of Enviromental law», en Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 9 (diciembre 2015). Puede leerse este artículo en línea en: http://www.eumed.net/rev/rehipip/09/environmental-law.html.

ABSTRACT: This article is dedicated to the theoretical grounds of the environmental law. For this purpose the legal problems related to the environmental law as a branch of the legal system, as a science, as a school subject and as a system are evaluated. The author formulates his own definition of the term ―environmental law‖ and substantiates its complex and at the same time independent character. In the conclusion are formulated some more general deductions from the evaluated legal problems. KEY WORDS: Environmental Law, Theoretical Grounds, Branch of the Legal System. RESUME : L‘article est dédié aux fondements théoriques du droit de l‘environnement. A cet effet sont analysés les problèmes juridiques liés au droit de l‘environnement comme une branche du système juridique et de la science. L‘auteur donne sa propre définition de la notion ―droit de l‘environnement‖ et répresente des arguments de son caractère complexe et ainsi indépendant. Somme toute quelques conclusions plus générales sont faites. Elles sont consacrées aux problèmes juridiques analysés. MOTS CLES : Droit de l‘environnement, Fondements théoriques, branche du système juridique.

1. Preface

The problem of interaction between society and nature is one of the most

important problems of our nowadays. Its actuality is determined by the growing degradation of the environment on a world-wide scale in spite of the efforts on a national and international level1. This fact shows the significant and increasing role of the environmental law as a special branch of law which regulates, in general, relations in system ―society ‒ nature‖. Because of the various views in the legal literature of the separate countries on the content of the environmental law, there is a necessity for clarification of its essence. The theoretical grounds of the environmental law are related to its four components, as follows: a) as a

* Lecturer in Environmental Law, Faculty of Law, University of Plovdiv, Bulgaria.

1 See for example: Saving Our Planet: Challenges and Hopes, ―UNEP‖, Nairobi, 1992, p. 175; G. Penchev, Old Testament, Contemporary Environmental Problems and Bulgarian Environmental Law, in: Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, Malaga, No. 9 (Noviembre-2014), pp. 5–6.


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branch of the legal system on a national or international level; b) as a science; c) as a school subject; d) as a system.

The formation of environmental law is determined by several factors, such as legal traditions and customs, geographical position of the country, scientific and technical progress, ecological situation, economic situation, political regime, cultural development, etc. But deeply reason for current deterioration of the state of the global environment, in my opinion, is related to the inefficient and unreasonable balance between ecological and economic interests of the society, as well as to insufficiently level of morality in the society. That is why religious traditions and spiritual movements which require and recommend love and care to nature will play an important role for both creating of well-balanced environmental regulations and implementation of the environmental legislation. Some aspects of the influence of the religious traditions to environmental law are envisaged by several authors2. For example, in the Old Testament it is written: ―And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth‖ (Genesis 1:28)3. In my opinion the words ―replenish the earth, and subdue it‖ must be interpreted as well-balanced and reasonable use of natural resources, non-harmful to the environment and in the light of the modern concept of sustainable development as well as the development of ecology as a science4. In the Bulgarian theological literature predominates the standpoint that, according to the Bulgarian Orthodox Church, the nature (physical world) is created by God and it is home and place for development and salvation of mankind5. On the other hand, in the Bulgarian philosophical literature, the Master Beinsa Douno (Peter Danov) emphasizes that ―Man must live according to nature laws. If he does not observe them, the nature by force will constrain him to fulfill them‖6.

As we see from above mentioned examples, the Christian religion and some spiritual movements can help to policy-makers in creation of effective ecological approaches for solving the current environmental problems of the society through environmental law.

2. Environmental Law as a Branch of the Legal System

In both Bulgarian and Russian legal literature on theory of law predominates the standpoint that for the formation of one branch of law as a separate in the legal system there must be available two basic criteria: a) subject of legal

2 See for example: D. Hughes, Environmental Law (Second Edition), ―Butterworths‖, London,

1992, p. 13; D. Shelton, A. Kiss, Judicial Handbook on Environmental Law, ―UNEP‖, Nairobi, 2005, pp. 4–5. 3 See https://holybible.com/gen.1.28.

4 See G. Penchev, Op. cit., p. 3.

5 See Д. Киров, Богословие на обществения живот (Очерци по християнска

социология), „Манта принт‖, София, 2003, p. 22. 6 See Просветено съзнание: Лекции на общия окултен клас на учениците от

Всемирното бяло братство. Г. X (1930–1931), Т. 2, София, 1940, p. 50. For more details, see www.beinsadouno.org; www.beinsa-douno.com.


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regulation, and b) method of legal regulation7. That is why the essence of the environmental law as a branch of the legal system could be clarified in the light of these criteria.

2.1. Subject of Legal Regulation of the Environmental Law

According to the Bulgarian as well as the Russian theory of law, the subject of legal regulation consists in the specific, detached circle of public relations between the subjects of the law on the occasion of some material or non-material goods8. According to the Bulgarian theory of law, the basic subjects of law are natural persons, legal persons, state authorities and international organizations, but local authorities are in the scope of the term legal persons9. It is important to be emphasized that subject of legal regulation of the environmental law are not relations between man and nature, because the environmental law regulates relations between people (i.e. in the society) on the occasion of the environment or its components10. In the light of their content, there are two groups of public relations which are subject of legal regulation of the environmental law, as follows: 1) public relations on the protection of the components of the environment from pollution; 2) public relations on the rational (i.e. reasonably balanced, sustainable) use of natural resources.

First group of these relations is connected with the quality of the environment, and the second group – with the necessary quantity of natural resources for the separate kinds of use of natural resources. Environment as a whole or its components actually is the object of these public relations, regulated by environmental legal regulations11. The abovementioned public relations originate objectively in process of interaction between man and nature during the development of human civilization. From one hand, the nature is living environment for man, and for the other hand, it is source of raw material for giving satisfaction to his needs12. That is why, the environmental law has its own and specific subject of legal regulation.

2.2. Method of Legal Regulation of the Environmental Law

From the point of view of the Bulgarian theory of law, method of legal regulation consists in the ways of influence to the behavior of the subjects of

7 See for example in the Bulgarian legal literature: Основи на правото, Част първа, „Тилиа―, София, 1995, p. 14, and in the Russian legal literature: С. Алексеев, Общая теория права, Т. 1, „Юридическая литература―, Москва, 1981, pp. 244–247. 8 See Основи на правото на Република България, Част първа, p. 14; С. Алексеев, Op. cit.,

pp. 292–294. 9 See Р. Ташев, Обща теория на правото (4. прераб. и доп. изд.), „Сиби―, София, 2010,

pp. 361–426; Основи на правото на Република България, Част първа, p. 18. 10

See also in this direction in the Russian legal literature: М. Бринчук, Экологическое право, „Городец―, Москва, 2009, p. 34, where this author shares the same view. 11

According to § 1, p. 1 of Supplementary provisions of the Bulgarian Environmental Protection act (State Gazette of the Republic of Bulgaria, No. 91 of 2002, as amended), "Environment" shall be a complex of natural and anthropogenic factors and media in a state of mutual dependence, which affect the ecological balance and the quality of life, human health, and cultural and historical heritage". 12

See Г. Пенчев, Екологично право, Обща част, „Фенея―, София, 2011, p. 24.


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law, i.e. ways for regulation of the separate public relations13. The environmental law uses both two main methods of legal regulation: a) imperative, and b) dispositive, i.e. related to the equality of the subjects of law. In fact, environmental law has not its own method of legal regulation. It uses both methods depending on the concrete case. This fact raises a debatable question in the legal literature of the separate countries on the essence of environmental law as a branch of legal system in the light of its independence as such branch of law. Here-in-after in brief will be shown some attitudes of some authors from separate countries on this problem.

In English legal literature, D. Hughes considers that environmental law is a ―coherent body‖ of law14, part of coherent legal system15.

American scientist, environmental lawyer, N. Robinson shows that environmental law is in process of development as a new branch of law16. Another US authors, A. Kiss and D. Shelton, share the view that it is difficult to be established ―the limits of environmental law as an independent legal field‖ because of the fact that all human activities have an impact on the environment17.

German environmental lawyer L. Kramer considers that environmental law is a set of legal measures for precaution, protection and improvement of a part or of the environment as a whole18.

In Russian, Ukrainian and Moldovan legal literature predominate the standpoint that environmental law is a complex (i.e. integrated) branch of law which regulates various public relations, connected with the interaction ―man ‒ nature‖ or ―man ‒ environment‖19. In the Russian legal literature, M. Brinchuk emphasizes that subject of the modern Russian environmental law are public relations connected with: a) ownership to natural resources; b) use of natural resources; c) protection of the environment from various kinds of harmful influence (i.e. from pollution); and d) protection of ecological rights of the natural or legal persons20.

In Bulgarian legal literature also predominates the standpoint that environmental law is a complex (i.e. integrated) branch of law21.

13

See Основи на правото на Република България, Част първа, p. 15, and for the same view in Russian legal literature, see С. Алексеев, Op. cit., p. 294. 14

See D. Hughes, Op. cit., p. 13. 15

Ibidem, p. 3. 16

See Н. Робинсон. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды в США, „Прогресс―, Москва, 1990, p. 6. This is translation in Russian of the book of N. Robinson, Environmental Regulation of Real Property, ―Law Journals Seminars-Press‖, New York, 1982. 17

See D. Shelton, A. Kiss, Op. cit., p. 4. 18

See Л. Кремер, Европейско право на околната среда, „Сиела―, София, 2008, p. 63. 19

See for example: in Russian legal literature, М. Бринчук, Op. cit., p. 47; in Ukrainian legal literature, С. Кравченко, Социально-психологические аспекты правовой охраны окружающей среды, „Вища школа―, Львов, 1988, p. 9; in Moldovan legal literature, В. Яковлев, Экологическое право, „Штиинца―, Кишинев, 1988, p. 25. 20

See М. Бринчук, Op. cit., p. 35. 21

See Г. Пенчев, Екологично право, Обща част, p. 26; С. Наумова, Основни въпроси на екологичното право (2. прераб. и доп. изд.), „Българска академия на науките – Институт за държавата и правото―, София, 2012, p. 48; П. Стайнов, Защита на природата (правни изследвания), „Издателство на Българската академия на науките―, София, 1970, p. 16, where this author use the term ―nature protection‖.


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As we see in general, the view about the environmental law as a complex branch of the national legal system is predominant in the legal doctrine of the East European countries22. But the most debatable question concerning the essence of the environmental law is related to its independence as a branch of law. The problem is related to the fact that environmental law uses legal regulations from different branches of law, from one hand, and from the other hand, some terms from natural, economic, engineering, medicinal, etc. sciences. This is the main reason for hesitation of many authors to determine the environmental law as a completely independent branch of law. In my opinion, there are already preconditions for the determination of the environmental law as an independent branch of the legal system. In brief and in the light of the Bulgarian environmental legislation, could be shown following existing preconditions for this independence: 1) presence of special legal tools which are typical only for environmental law, such as environmental impact assessment, environmental audit and management scheme, eco-labeling, emission trading (СО2), environmental integrated permitting, etc.; 2) basic right of the Bulgarian citizens to a healthy and favorable environment (art. 55 of the Constitution of the Republic of Bulgaria, 1991)23; 3) presence of obligation for state to protect the environment (art. 15 of the Bulgarian Constitution)24; 4) presence of well-formed system of environmental legislation with increasing of the number of regulations in the field of the environmental protection; 5) presence of specific principles, typical only for environmental law, such as ―polluter pays‖, integrated pollution prevention and control, sustainable development, public access in environmental decision-making, public access to justice in environmental matters, public access to information on the environment, integration of environmental policy to another sectors of policy, priority to preventative environmental measures, etc.25.

In my opinion, it could be formulated following definition of the term ‗environmental law‘: the environmental law is a complex of legal rules regulating the public relations on the protection of the components of the environment from pollution and on the rational use of natural resources for the satisfaction of various needs of the society. It is a complex branch of law, but having some abovementioned own special features, it can be determined also as an independent branch of the legal system.

3. Environmental Law as a science

The environmental law as a science is a branch of the legal science whose subject consist in the analysis of the environmental legal ties and environmental

22

See Правовая охрана окружающей природной среды в странах Восточной Европы, „Высшая школа‖, Москва, 1990, p. 35. 23

See State Gazette of the Republic of Bulgaria, No. 55 of 1991, as amended. 24

This is so-called ―ecological function of the state‖. See for example, К. Раянова, Устойчивото развитие и екологичната функция на държавата (Дисертация), Русенски университет „Ангел Кънчев―, Русе, 2012, 203 p. 25

For more details on the principles of the environmental law, see: Г. Пенчев, Екологично право, Обща част, pp. 36–37; С. Наумова, Op. cit., pp. 30–37; П. Стайнов, Op. cit., p. 24; Л. Кремер, Op. cit., pp. 77–96; Л. Кремер, Г. Винтер, Экологическое право Европейского союза, „Городец―, Москва, 2007, pp. 28–31; М. Бринчук, Op. cit., pp. 49–53; M. Бринчук, Принципы экологического права, „Юрлитинформ―, Москва, 2013, pp. 24–106; D. Hughes, Op. cit., pp. 17–23; D. Shelton, A. Kiss, Op. cit., pp. 19–25.


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legal regulations. In fact this branch of legal sciences is a system of knowledge, ideas and views on the environmental legislation in its statics and dynamics. The main methods in use of environmental law science are monitoring, analysis, synthesis, as well as comparative law and historic law methods. Use of these methods helps in clarifying the content of investigated environmental legal ties and environmental legal regulations. In fact the use of these methods is the main task of the environmental law science.

4. Environmental Law as a school subject

The environmental law as a school subject in the faculties of law at the universities has the same subject like the abovementioned of the environmental law as a branch of legal science. But the difference is related to their main task. The main task of the environmental law as a school subject consists in giving to students of scientific and practical knowledge on environmental law on a national and international level. Another task of this specific school subject is related to the creation of ways and skills of students in analyzing and interpretation of national regulations, European Union‘s acts and international treaties as well practice of their implementation.

5. Environmental law as a system The specific system of environmental law as a branch of the legal system as

a whole of the Republic of Bulgaria is related to the differentiation (grouping) of the legal regulations under specific criteria. If we use as a specific criterion the direction of the legal regulations (i.e. their relation to the environment as a whole or to some of its components, such as air, water, soil, etc.) they can be differentiated in a two main parts – general and special.

To ―general part‖ of the environmental law could be shown following legal problems: essence, sources and principles of environmental law; management of the activities related to the environment; environmental liability; environmental impact assessment, right to information on the environment; ownership rights to natural resources, etc. The abovementioned legal problems have a general meaning for environmental protection.

―Special part‖ of the environmental law is related to the protection of the separate natural resource as well as to some activities with significant effect on the state of the environment, such as waste management, chemicals management, atomic energy management (environmental aspects), town and country planning, etc.26.

6. Conclusions Finally, it could be formulated some general conclusions after this brief

analysis of the above-mentioned legal problems. 1. The important meaning of environmental law on a national, European and

international level for the achievement of sustainable development and maintenance of the ecological equilibrium will be growing up in the light of

26

For more details, see for example: Г. Пенчев, Екологично право, Обща част, p. 29; С. Наумова, Op. cit., p. 53; М. Бринчук, Экологическое право, pp. 46–49.


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complex and complicated character of the environmental problems. It must be obligatory school subject in the faculties of law at the universities in every country. The global environmental problems, such as climate changes, ozone depletion, long-range transboundary air pollution, etc. probably will bring forward this process.

2. The successful solution of complicated environmental problems requires efficient collaboration between scientists and practical experts from different kinds of sciences. This collaboration must be on the ground of the environmental decision-making. For example definite ideas of some scientists – geographers, such as P. Penchev (Bulgaria) and M. Lvovich (Russia) on the need of the complex use of water resources in the light of the entity of all kind of waters in the hydrosphere could be used successfully in the decision – making in the field of the legal protection of water resources27.

3. The deterioration of the state of the environment is determined mainly by moral degradation in the society28. Because of this reason, the influence of religious traditions, and especially of Christian religion, to environmental law will play a very important role in finding of solution of this abovementioned problem. In the New Testament is written that ―God is Love‖ (1 John 4:18), that is why love to nature have to be on the ground of the upbringing29, education and culture in the society. Besides in just such a way will be improved the creation and enforcement of the environmental legislation. Besides, in the light of the Christian religion, in fact, the love to nature is a variety of the love to God.

Recibido el 26 de agosto de 2015. Aceptado el 19 de septiembre de 2015

27

See: П. Пенчев, Обща хидрология, „Наука и изкуство‖, София, 1986, pp. 383–384; М. Львович, Географические основы водного законодательства, in: Известия Всесоюзного географического общества, Москва, 1967, Т. 99, №. 3, p. 182. 28

For moral aspects of the increasing meaning of environmental law in modern society, see in Russian legal literature, О. Колбасов, Завещание экологам, in: Журнал российского права, Москва, 2000, №. 5-6, pp. 89–90. 29

For example the upbringing of a feeling of love to nature in the light of its beauty can be formed at the earlier stage of the education in geography in the schools. See: П. Пенчева, Л. Чакърова, Активизиране на учениците в урок по география в IV клас на тема „Нашето черноморско крайбрежие“, in: Начално образование, София, 1972, №. 1, pp. 50–51; П. Пенчева, Географската карта – източник на знания при обучението по география в IV клас, in: Начално образование, София, 1973, №. 8, pp. 47–49.

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MAURICE DUVERGER OU LA RANÇON DU SUCCÈS Dominique TERRE

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Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: Dominique Terré (2015): « Maurice Duverger ou la rançon du succès », en Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 9 (diciembre 2015). Puede leerse este artículo en línea en: http://www.eumed.net/rev/rehipip/09/succes.html.

RESUMEN: Ha habido una tendencia llamativa en Francia a olvidar la fama y el prestigio internacional que Maurice Duverger cosechó en su país, en Italia, Bélgica y España en los años que transcurren desde 1950 a 1980. Catedrático de Derecho público desde 1942 se puede hablar de él como uno de los pioneros de la Ciencia Política en el mundo de la francofonía. Desde 1947 colaboró estrechamente con el diario Le Monde. Su manualística de Ciencia Política y Derecho constitucional atraviesa el tiempo, pero manteniéndose como una reliquia, a la vez que como un instrumento de trabajo doctrinal con sentido de pieza de museo, que ya interesa más a los historiadores de las ideas políticas y de las instituciones públicas que a los cultivadores del Derecho constitucional y de la Ciencia política. Mantuvo durante mucho tiempo y hasta su muerte ideas revolucionarias y la defensa del bloque de los países de ortodoxia comunista cuando esa ideología puesta en práctica había desaparecido en casi toda Europa. Fue fiel al marxismo hasta el final. No abandonó los principios revolucionarios para utilizarlos como moneda de cambio. PALABRAS CLAVE: Maurice Duverger, Derecho constitucional, Ciencia política, Roger Bonnard, Georges Burdeau, Raymond Aron, Bastien François, Georges Bedel, Georges Lavau. RESUM: Hi ha hagut una tendència cridanera a França a oblidar la fama i el prestigi internacional que Maurice Duverger va collir al seu país, a Itàlia, Bèlgica i Espanya en els anys que transcorren des de 1950 a 1980. Catedràtic de Dret públic des de 1942 es pot parlar d'ell com un dels pioners de la Ciència Política al món de la francofonia. Des de 1947 va col·laborar estretament amb el diari Le Monde. La seua manualística de Ciència Política i Dret constitucional travessa el temps, però mantenint-se com una relíquia, alhora que com un instrument de treball doctrinal amb sentit de peça de museu, que ja interessa més als historiadors de les idees polítiques i de les institucions públiques que als conreadors del Dret constitucional i de la Ciència política. Va mantenir durant molt temps i fins a la seva mort idees revolucionàries i la defensa del bloc dels països d'ortodòxia comunista quan aquesta ideologia posada en pràctica havia desaparegut en gairebé tota Europa. Va ser fidel al marxisme fins al final. No va abandonar els principis revolucionaris utilitzant-los com a moneda de canvi.

* Centre d‘analyse et d‘intervention sociologiques. CNRS – EHESS. Paris.


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PARAULES CLAU: Maurice Duverger, Dret constitucional, Ciència política, Roger Bonnard, Georges Burdeau, Raymond Aron, Bastien François, Georges Bedel, Georges Lavau.

On oublie aujourd‘hui en France la gloire qu‘a connue Maurice Duverger

dans les années 1950, 1960, 1970. Initialement juriste (major à l‘agrégation de droit public en 1942), il a été l‘un des pionniers du renouveau de la science politique sous nos cieux. Il est aujourd‘hui encore le politicien français le plus connu à l‘étranger et l‘un des dix les plus cités dans le monde. Et puis, à la fin des années 1980, il a soudainement disparu des références importantes, aussi bien en ce qui concerne la science politique que le droit public. On tentera de mettre ici en perspective le couronnement de cet auteur et la déshérence dans laquelle il entra. Le contraste entre ce qui se passe en France et ce qui se passe outre-Atlantique –où il est considéré comme le précurseur des analyses stratégiques du vote– est saisissant. Le double mouvement de triomphe et de déshérence qui infléchit la carrière de Maurice Duverger permet de mieux comprendre les conditions de possibilité sociales et scientifiques, propres à la France, d‘établissement de légitimité d‘une posture savante dans la seconde partie du XXème siècle.

La « Révolution Duverger » Maurice Duverger un homme double : un juriste qui fait de la science

politique, et en même temps un politiste issus du droit public. Ce positionnement a fait de lui un « révolutionnaire », mais a aussi amorcé ce qui, de façon excessive, a pu être interprété comme un déclin. Ce sont les tenants et les aboutissants de ce déclin présumé que l‘on examinera dans cet article.

Au début de sa carrière, brillante et classique –sous le patronage du très influent Roger Bonnard–, qui s‘illustrera par un soutien au régime de Vichy, Maurice Duverger prend la direction de l‘IEP de Bordeaux de 1948 à 1955. Cette voie nouvelle n‘est pas sans risques. Il parlera de cette création comme un moment de vérité et d‘euphorie. Il ne manquera pas de valoriser plus tard les relations qu‘il a pu établir avec des anciens des IEP dans les nouveaux cercles politico-administratifs qui se mettent en place après-guerre. Certains de ses étudiants les plus fidèles le suivront jusqu‘à Paris. Il se distingue très vite dans le petit milieu des spécialistes de droit constitutionnel. A partir de 1947, il devient salarié du journal Le Monde, ce qui est d‘une importance primordiale, dans la mesure où chez lui le professeur et le journaliste sont difficilement dissociables. L‘important est qu‘il publie, sous le titre très original à ce moment-là, un Manuel de droit constitutionnel et de science politique, ouvrage qui se propose de dépasser l‘exercice classique en la matière afin d‘aboutir à la « définition des lois sociologiques véritables » par la confrontation des antécédents sociaux de chaque texte constitutionnel. Il est alors nommé à la faculté de droit de Paris où il enseigne notamment la « sociologie politique ». A cette époque il remanie son manuel de droit constitutionnel : 70 pages (sur 300 portant sur la Vème République) sont exclusivement consacrées aux « forces politiques ».

L‘intention de ce manuel n‘est pas métaphysique, mais sociologique. Il n‘est plus question de partir d‘une conception a priori de l‘État et du gouvernement ; ce sont les faits qui sont l‘objet de l‘analyse. Cette démarche représente une


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véritable « démystification ». Elle conduit à conclure à l‘idée que les institutions politiques et constitutionnelles font l‘objet d‘une compétition permanente entre groupes sociaux, d‘une lutte constante dont elles sont à la fois les moyens et les enjeux. Elles servent souvent à occulter la domination de certains groupes sur d‘autres et à la rendre acceptable. La volonté de Duverger est de faire apparaître le sens authentique des doctrines politiques : ce sont des armes instrumentées en vue de luttes politiques et sociales. Traditionnellement les juristes avaient tendance à écarter ces faits. Leur conception abstraite de ces choses, la rhétorique subtile qui entachait leur façon de voir les conduisait à déifier l‘État et les dirigeants qui le représentent. Fort de l‘appui d‘une bonne partie de juristes de la jeune école française, ce mouvement s‘est emparé des sciences sociales et en particulier de la science politique. Dans la ligne d‘Auguste Comte, la sociologie politique entend « faire passer l‘étude de l‘État et des constitutions de l‘âge métaphysique à l‘âge positif »1. Dans son Introduction à la politique ce bouleversement se fait sentir : le domaine politique apparaît avant tout comme un champ de luttes –du moins à son point de départ : « Comme Janus, la politique a deux faces. Elle est à la fois une lutte des pauvres contre les riches, des asservis contre les puissants, et un effort pour surmonter cet antagonisme et un effort pour surmonter cet antagonisme en s‘approchant de la « Cité des justes » rêvée par Aristote ». Malgré son désir de synthèse, il apparaît que la conception de Duverger fait la part plus grande au dynamisme conflictuel –la politique est violente– qu‘à une vision irénique du vivre ensemble, à la manière de Hannah Arendt. Il se rapprocherait plutôt de Clausewitz pour qui la politique est la continuation de la guerre par d‘autres moyens. La démarche de Duverger, c‘est une prise de distance avec l‘idéal figé d‘un vivre ensemble orchestré par l‘État.

Maurice Duverger n‘est pas le seul instigateur de cette véritable révolution dont le contexte doit être ici rappelé. L‘époque d‘après-guerre se caractérise par un bouleversement général. On observe une profonde modification de la place des savoirs sur la société et du rôle des acteurs de la science juridique. Cela est surtout sensible dans l‘entre-deux-guerres. L‘imagination institutionnelle y est très forte, on réfléchit sur le concept de « démocratie de masse » tandis qu‘en même temps la parole constitutionnelle –et généralement juridique– se trouve sensiblement dévaluée.

A la même époque, Georges Burdeau observe la même évolution. Selon lui, s‘exprimant à la fin de la quatrième République, les régimes politiques ne peuvent plus être identifiés par l‘analyse de la Constitution en vigueur dans le pays où ils fonctionnent2. La vie politique se déroule en marge des dispositifs constitutionnels, ce qui explique l‘intérêt suscité par le développement de la science politique. Elle donne accès à une certaine réalité concrète que ne peut aucunement appréhender le droit constitutionnel qui est livresque et abstrait. Cette excessive abstraction n‘est pas la seule cause du déclin du discours constitutionnaliste. La modernisation des formes démocratiques a permis un accès direct à la scène politique qui jusqu‘ici n‘intervenaient qu‘indirectement par personne interposées. Davantage que les théories des publicistes ou des

1 M. Duverger, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, PUF, 1959, 4

ème édition,

volume 1, p. 7-8. 2 G. Burdeau, Méthode de la science politique, Paris, Dalloz, 1957.


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subtils montages constitutionnels, c‘est l‘homme qui compte, sa psychologie et sa sociologie.

Maurice Duverger inaugure une démarche où il excelle : mettre en relation la pratique politique et sa mise en œuvre savante, la science politique jouant le róle d‘un « bouche-trous », atténuant ainsi le danger consistant à se déphaser par rapport au droit « pur », ce qui est toujours dangereux en termes de légitimité, mais offrant de nombreuses alternatives savantes.

La carrière de Duverger prend alors toute son envergure. Il balaie un large spectre de disciplines qui vont du droit financier à la sociologie. Il s‘exprime sur de multiples sujets, intervient non seulement à la faculté de droit, à l‘IEP de Paris, mais aussi dans la presse. Il est également très présent dans les cercles des « modernisateurs » de la IVème, puis de la Vème République (ainsi joue-t-il un rôle important au club Jean-Moulin, foyer de réflexion technocratique de gauche au début de la Vème République). Raymond Aron, autre « grand » intellectuel, lui aussi journaliste-professeur, le reconnaît comme interlocuteur. Selon Bastien François, l‘originalité de Duverger consiste à incarner une figure nouvelle dans le monde des professeurs de droit, celle du « juriste mondain »3. Mais il faut ici préciser : cette « mondanité » se veut avant tout scientifique. C‘est au nom de la « science », de la possibilité qu‘elle libère d‘intervenir « objectivement » sur le monde social et politique. De ce point de vue, la figure de Duverger est exemplaire : il est un des premiers à effectuer une synthèse entre la formation rigoureuse des facultés de droit et les bouleversements que connaissent les sciences sociales à cette époque, dans leurs rapports à la fois à la science et à l‘action. Tout naturellement, son programme savant rencontre le « scientisme » des élites technocratiques, mais aussi les forces vives des syndicalistes ouvriers, paysans et patronaux, qui ont été enrôlés par ces élites dans le projet d‘une nouvelle « démocratie économique ». Son projet converge avec celui des économistes qui engagent une science de l‘action économique au nom de leurs nouveaux outils statistiques et économétriques.

A cette époque, deux manuels de « méthodologie » ‒celui de Georges Burdeau et celui de Maurice Duverger‒ viennent illustrer des méthodologies assez différentes. Le premier se borne à des réflexions académiques et générales sur la science politique. Il la présente comme « science de synthèse » et se réfère à des thèmes abstraits comme « le pouvoir », « la dynamique politique », sans fondements empiriques. Il s‘en dégage une interprétation purement littéraire de la discipline. A l‘inverse, le second la présente comme inséparable de la recherche concrète et use d‘un style délibéremment technique en insistant sur la nécessité d‘ « introduire en science politique le maximum de quantification mathématique »4.

Selon Duverger, les méthodes de cette « science » doivent être en tout point semblables à celles des autres sciences sociales (dimension empirique, formalisation graphique, objectivation statistiques). Son travail consiste à « déterminer les limites (du) champ d‘application du texte. Il intervient tantót comme arbitre qui juge la régularité des coups, tantôt comme interprète définissant les différents coups imaginables et leur degré de réussite en

3 Bastien François, « Maurice Duverger, la gloire avant l‘oubli (en France) », in Revue

Internationale de Politique Comparée, Vol. 17, n°1, p. 210. 4 G. Burdeau, Méthodes de la science politique, Paris, Dalloz, 1959, et M. Duverger, Méthodes

de la science politique, Paris, PUF, 1959, p. 26 et 28.


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fonction des capacités des joueurs et de la donne des cartes »5. L‘ensemble des sciences sociales obéissent alors au même mouvement : les sociologues tentent de construire leur légitimité sociale en se présentant souvent comme des « ingénieurs du social », les économistes estiment être en mesure de pouvoir définir le bon gouvernement à l‘aide de leurs nouveaux instruments de prospective et de planification ; Maurice Duverger, quant à lui adopte une posture savante au nom d‘une ingénierie politico-institutionnelle. Ainsi au cours des années 1950, aux côtés de Georges Vedel et de Georges Lavau, il s‘attachera à promouvoir un système politique « présidentiel », se posant ainsi en « consultant » réformateur. Cette posture est en phase avec les élites socio-économiques des « Trente Glorieuses »6.

Il s‘ensuit une rupture inévitablement violente avec les juristes universitaires qui ont adopté une fois pour toutes une position de domination sociale, fondée sur l‘ordination du « sacrement agrégatif »7. Or Duverger a voulu quitter l‘enceinte sacrée du séminaire ou se prépare traditionnellement l‘agrégation de droit pour s‘ouvrir au siècle. Certains vont jusqu‘à l‘accuser de figurer au nombre des « fanatiques de la démystification »8. Duverger lui-même aime à se définir comme « journaliste-professeur ». Il n‘hésite pas à infléchir sensiblement la rigueur coutumière du métier de professeur. Ainsi évoque-t-il avec plaisir une définition de lui proposée par les étudiants de Sciences-Po le présentant comme un « Professeur au journal Le Monde ». Selon lui, cette double acception signifie que « les cours à l‘Université et les articles dans la presse ne sont pas deux activités séparées, mais la même chose sous deux aspects complémentaires »9.

En fait la position de Duverger est plus subversive qu‘il n‘y paraît. Le Monde est un bastion du « modernisme » technocratico-scientiste qui, à l‘instar de L‟Express, s‘adresse à la nouvelle classe émergente des « cadres » et un certain nombre d‘universitaires y écrivent volontiers. Mais le contraste est saisissant entre la montée en puissance d‘un journal si « professoral » et le contexte de dévalorisation du droit constitutionnel. L‘organe de presse devient une sorte de lieu alternatif du savoir, tout comme Science Po où sévit dans le même temps Duverger, manifestant ainsi, à la différence de ce qui se passe à l‘Université, le lien que le savoir doit entretenir avec l‘action.

Les positions de Duverger ne sont pas les seules à être contestées. Raymond Aron, éditorialiste au Figaro, suscite également la critique : « Le journalisme, lui dit un de ses détracteurs, n‘est pas, à mes yeux concevable pour un professeur d‘Université. Celui-ci doit accepter une existence modeste, en dehors du tumulte, celle d‘un clerc qui trouve dans l‘exercice et la transmission de la pensée, dans la formation de disciples, le sens de sa vie et la plénitude de sa vocation »10. Même Georges Burdeau, en dépit du réel intérêt

5 M. Duverger, « Les vaches sacrées », Itinéraires. Études en l‟honneur de Léo Hamon, Paris,

Economica, 1982, p. 643. 6 D. Dulong, « Quand l‘économie devient politique. La conversion de la compétence

économique en compétence politique », Politix, n° 35, 1996. 7 Expression employée par Jean Rivero, qui fut directeur de la Conférence d‘agrégation de droit

public à la faculté de droit de Paris, pour caractériser la « mission » du professeur de droit (« Réflexions sur l‘enseignement du droit »). 8 J. Rivero, « Réflexions sur l‘enseignement du droit », Mélanges Trotabas, Paris, LGDJ, p. 447-

448. 9 M. Duverger, op. cit., 1977, p. 110.

10 F. Aron, op. cit., 1983, p. 304.


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qu‘il éprouve à l‘égard de la science politique, met en garde ses étudiants vis-à-vis d‘un certain nombre de confusions à éviter lors de son premier cours à la Faculté de droit : « Le cours de droit constitutionnel paraît facile parce que la plupart des notions qu‘il met en cause sont quotidiennement évoquées par l‘actualité politique. Ce dont je vous parlerai, votre journal du matin ou un speaker de la radio vous en aura entretenu. Vous aurez ainsi l‘impression de connaître les questions : mon enseignement ne bénéficie pas, au départ, de la curiosité que soulève un vocabulaire inédit. Mes collègues vous parleront de l‘action paulienne, de la loi de Graham, de l‘oligopole ou de la manus injectio... Il y a toutes les chances que ces expressions neuves vous fassent dresser l‘oreille. Moi je traiterai du référendum, de la dissolution, de l‘élection législative ou des partis politiques. Méfiez-vous alors de la pernicieuse pensée que tout cela vous est connu. L‘actualité déforme les problèmes parce qu‘elle n‘en retient qu‘un fugitif aspect ; elle les dramatise et, par conséquent, les écarte de la perspective scientifique ; elle établit entre eux une hiérarchie fortuite et provisoire interdisant par là, si elle est la seule source de connaissance, toute compréhension de leurs liaisons profondes. Bref, Le Monde est un journal très bien fait, mais sa lecture quotidienne ne vous dispense pas de vous abreuver à des sources moins séduisantes peut-être, mais non moins indispensables à la formation de votre esprit »11.

C‘est ainsi que cette « subversion » ne va pas sans rencontrer des limites. La première, dans les années 1950 et 1960 résulte du souci de ne pas perdre ce capital symbolique que constitue le titre de « professeur de droit ». Il y aurait un risque en jouant sur les deux tableaux de perdre en même temps sur les deux, et cela surtout dans la mesure où les instances de production et de reproduction du droit savant se trouveraient menacées. A l‘époque, l‘appareil universitaire (les facultés de droit par rapport aux instituts d‘études politiques) est seul en mesure d‘établir un droit et un coøt d‘entrée dans l‘univers savant, c‘est-à-dire ce dispositif bien réglé (l‘agrégation) empêchant l‘explosion des savoirs savants. C‘est ainsi que Georges Burdeau met en garde ses étudiants contre l‘idée d‘une concurrence possible entre le droit constitutionnel et la science politique ; concurrence que des esprits simplistes ont eu parfois tendance à symboliser en évoquant la dualité des espaces : celui de la rue Saint-Jacques et celui de la rue Saint-Guillaume »12. En dépit des réformes des années 1950, la plupart des facultés de droit résistent à une trop grande influence de la science politique tout aussi bien sur le cursus qu‘elles proposent que sur la formation des savants eux-mêmes. En témoigne le « blocage » des carrières universitaires pour ceux qui ne se soumettraient pas au passage obligé qu‘est le concours d‘agrégation « de droit et de science politique ». De ce fait la science politique aura du mal à se déployer ailleurs qu‘à la Fondation nationale des sciences politiques.

La seconde limite tient au fait que la science politique d‘alors, en dépit de ses efforts, n‘est pas encore à même de proposer un modèle savant très solide (on pourrait dire d‘ordre « lazarsfeldien » pour faire une comparaison avec ce qui se passe en même temps aux États-Unis et qui influencera si fortement un Raymond Boudon par exemple). Il s‘agit d‘une science très jeune qui emprunte

11

G. Burdeau , Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Les cours de droit, 1961-62, p. 34-35. 12

G. Burdeau, op. cit., 1961-62, p. 24.


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à plusieurs sciences sociales encore indéterminées elles-mêmes. Le risque est toujours de la voir stigmatisée comme une « science militante »13. Ou alors on lui reproche de coller aux analyses de politiques profanes.

Maurice Duverger occupe alors une position d‘avant-garde qui est

extrêmement favorable en termes de reconnaissance sociale : elle converge en effet avec les aspirations des élites technocratiques et des fractions « modernisatrices » des élites socio-économiques. L‘école de pouvoir qu‘est Science Po en est un puissant relais. Cette position, il l‘occupe durablement tant il navigue subtilement entre plusieurs pôles : celui de l‘establishment universitaire (symbolisé par la Faculté de droit de Paris) et celui des élites « modernisatrices » (symbolisées par Science Po et Le Monde), celui de la tradition (la discipline classique du droit) et celui de la modernité « démystificatrice » (de la science politique), celui de la science et celui du « monde » (Le Monde...). Ce jeu subtil, Duverger l‘effectue avec d‘autant plus de talent que sa « révolution » a du mal à dépasser le stade programmatique. Les recherches qu‘implique son projet peinent à prendre forme et à s‘institutionnaliser dans des dynamiques de recherche collective, à la différence des autres sciences sociales de l‘époque. Selon l‘interprétation de Bastien François, cela tiendrait à la conception de la science politique que défend Maurice Duverger, « celle d‘une science qui doit d‘abord démasquer, démystifier, désacraliser, (...) avec comme horizon l‘espoir scientiste (...) que « gouverner, c‘est faire croire, c‘est-à-dire mystifier »14. En quelque sorte, il ne croit pas à l‘authenticité d‘un pouvoir politique bienveillant ou altruiste. Dans la construction de cette science, la recherche des fondements théoriques et méthodologiques passe au second plan. La science politique de Maurice Duverger, souligne encore Bastien François, est avant tout mondaine15. Alors

13

G. Vedel, Cours de droit constitutionnel et d‟institutions politiques, Paris, Les cours de droit, 1958-1959, p. 11. 14

M. Duverger, « De la science politique considérée comme mystification », Revue de l‟enseignement supérieur, 4, 1965, p. 13. 15

B. François, op. cit., p. 33.


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que les autres sciences sociales effectueront une rupture franche et brutale avec leurs disciplines d‘origine : l‘économie se démarquant du droit, la sociologie de la philosophie, la science politique ne prendra pas véritablement son autonomie par rapport aux sciences juridiques, négligeant de faire un travail en collaboration avec les autres sciences sociales en ce qui concerne les principes et les méthodes.

Bastien François intitule l‘article qu‘il consacre à Duverger « la gloire avant l‘oubli ». Si nous le suivons pour la description et l‘explication du moment de la gloire, nous n‘adhérons pas tout à fait à son analyse de « l‘oubli ». Il nous semble que Duverger a moins été « oublié » qu‘assimilé : son approche et son style révolutionnaire dans le renouveau de la science politique sont désormais des acquis en deça desquels il semble qu‘on ne puisse revenir. Si silence il y a, c‘est moins le fait d‘un oubli que d‘un succès pérenne.

Pourtant un écart ne tarde pas à se creuser qui est lié à l‘intersection de deux disciplines académiques (le droit constitutionnel et la science politique) que Duverger met en rapport en même temps qu‘il les fait exister. Le « duvergérisme » ne parviendra pas à résister à l‘écart qui va se creuser en ces deux disciplines dans la façon d‘établir leur identité savante, alors même que l‘interprétation qu‘il donne des institutions politiques se caractérise encore aujourd‘hui par sa clairvoyance. Si son discours semble de banaliser, c‘est bien parce qu‘il se vérifie. En effet, on s‘habitue à son prophétisme démystificateur.

La rupture décisive est d‘abord venue du droit constitutionnel qui, à partir des années 1980, se réorganise autour de l‘essor de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Jusqu‘à la fin des années 1970, l‘autonomie de la discipline était restée faible, cantonnée à certains aspects pratiques et limités de l‘activité politique ; désormais, en raison du développement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il apparaît de plus en plus comme un savoir technique, réservé à des spécialistes, mais pouvant également intéresser de simples citoyens, plus étrangers à la sphère politique. On assiste à une convergence entre, d‘une part, un univers théorique général, o÷ interviennent les professeurs, politologues, mais aussi les politiques et les journalistes ; et d‘autre part, le contentieux constitutionnel, qui rend possible le développement de l‘autonomisation du droit constitutionnel, accessible pour les seuls initiés, et cela par la médiation de spécialistes. Voici le droit constitutionnel reconnu comme un « vrai » droit qui s‘articule au reste des productions juridiques et se trouve contrôlé par un corps de spécialistes de son interprétation16. On est mis comme devant un fait accompli : la « revanche » du droit constitutionnel sur la science politique17. Selon Favoreu, voilà le droit constitutionnel devenu cet instrument qui permet de « saisir » la politique, et, du même coup, la science politique...18

La personne que vise cette « revanche » n‘est autre que Maurice Duverger et il ne peut s‘y soustraire pour deux raisons fortes. La première vient de ce que le renouveau du droit constitutionnel vient avant tout du droit administratif. C‘est en transposant au droit constitutionnel les règles prétoriennes de la juridicité issue du droit administratif, autrement dit en calquant la jurisprudence du

16

Bastien François qui est notre guide dans cette analyse donne davantage de détails dans « La Constitution du droit ? La doctrine constitutionnelle à la recherche d‘une légitimité juridique et d‘un horizon pratique », in Y. Poirmeur et al., La doctrine en droit, Paris, PUF, 1993. 17

P. Avril, « Une revanche du droit constitutionnel ? », Pouvoirs, 49, 1989, p. 7. 18

Cf. L. Favoreu, La politique saisie par le droit, Paris, Economica, 1988.


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Conseil constitutionnel sur celle du Conseil d‘État que les constitutionnalistes français vont fonder et définir la nature et la fonction de leur savoir. Et bien qu‘il ait été un administrativiste dans sa prime jeunesse, Maurice Duverger a pris ses distances par rapport à ce secteur du droit public qui a connu d‘importants bouleversements dans l‘après-guerre. A l‘inverse, un Georges Vedel qui aura pris aussi une part active à la diffusion de la science politique, aura gardé une position forte dans le champ du droit administratif et dans les facultés de droit en général et n‘aura pas de mal à se poser comme un acteur central du nouveau droit constitutionnel. La deuxième raison du déclin de la science politique tient à ce que le droit constitutionnel n‘en a plus guère besoin. Elle ne s‘inscrit plus dans le programme des études juridiques. A partir des années 1980, les modalités d‘édification nouvelles et savantes du droit constitutionnel conduisent à l‘exclure définitivement de son champ d‘application. De ce fait, en dépit de quelques tentatives (il a défendu l‘idée d‘un contróle de la loi par voie d‘exception), il sera marginalisé –lui et la science politique– par rapport au droit constitutionnel en pleine expansion. Il, s‘il aura publié des textes sur le contrôle de constitutionnalité, il ne saura pas prendre le train en marche et se trouvera exclu (lui et la science politique) du nouveau droit constitutionnel.

Le destin de la science politique est alors un peu confus. Pourtant elle se trouve institutionnalisée universitairement avec la création d‘un concours d‘agrégation spécifique sous l‘impulsion de Maurice Duverger et de Jean Touchard. On observe dans le même temps une mise à l‘écart des thèmes liés aux institutions politiques, vraisemblablement par réaction contre l‘ancienne emprise des juristes. De même, les grandes controverses politiques et savantes qui ont marqué la quatrième République et les débuts de la cinquième –les modes de scrutin et leurs effets, le révisionnisme institutionnel et la nature du régime politique– perdaient sensiblement de leur ampleur. C‘était pourtant ces thèmes qui alimentaient le « duvergérisme »

Mais –phénomène plus important encore‒ à partir de la fin des années 1970 et du début des années 1980, s‘opère une sorte de révolution qui va toucher la science politique : elle s‘inscrit à fond dans les sciences sociales. Cette irruption des sciences sociales dans la science politique française, résultat d‘une importation systématique des méthodes et des théories issues de la sociologie et de l‘histoire va transformer de fond en comble les modes de construction scientifique des objets, valorisant la recherche collective, l‘analyse empirique (quantitative et qualitative) et, dans le même temps les modes de « clôture » savante de la discipline, reléguant Maurice Duverger à un statut historique, celui des temps archaïque, préscientifiques en quelque sorte. Un tournant a été effectué : la « nouvelle science politique » n‘est plus du tout située, la plupart du temps, sur les thèmes d‘études de Maurice Duverger. Les Duverger‘s laws, qu‘ils soient conduits à Paris-1 ou à Science Po, si elle continuent d‘intéresser parfois, se sont fortement éloignées de ce qui était l‘innovation de Duverger.

Néanmoins l‘action et l‘œuvre de Duverger a eu un róle charnière. Si son œuvre résonne moins aujourd‘hui dans cette première moitié du XXIème siècle, c‘est bien la marque de sa ferme signature et de son indéfectible apport.

Recibido el 12 de mayo de 2015. Aceptado el 25 de septiembre de 2015.

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WALTER HALLSTEIN: THE USA, THE ATLANTIC PARTNERSHIP AND THE EUROPEAN COMMUNITY

Corrado MALANDRINO*

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: Corrado Malandrino (2015): «Walter Hallstein: the USA, the Atlantic Partnership and the European Community», en Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 9 (diciembre 2015). Puede leerse este artículo en línea: http://www.eumed.net/rev/rehipip/09/hallstein.html.

RESUMEN: Estudio sobre Walter Hallstein, uno de los políticos que en los años setenta y ochenta del siglo XX contribuyó a la construcción de la Unión Europea. Fue el fundador de la maquinaria burocrática de la Unión Europea. Previamente formó parte de la Iglesia Confesante que se opuso al nazismo, pero fue militarizado en la segunda guerra mundial, y fue hecho prisionero por los norteamericanos. Sería profesor en diversas Universidades alemanas. Hombre clave en las relaciones entre Europa y los Estados Unidos de América. PALABRAS CLAVE: Walter Hallstein, Edward Heath, Jacques Delors, Helmut Kohl, Heinrich von Brentano, Paul van Zeeland. RESUM: Estudi sobre Walter Hallstein, un dels polítics que en els anys setanta i vuitanta del segle XX va contribuir a la construcció de la Unió Europea. Va ser el fundador de la maquinària burocràtica de la mateixa Unió Europea. Prèviament va formar part de l'Església Confesante que es va oposar al nazisme, però va ser militaritzat en la segona guerra mundial, i va ser fet presoner pels nord-americans. Seria professor en diverses Universitats alemanyes. Home clau en les relacions entre Europa i els Estats Units d'Amèrica. PARAULES CLAU: Walter Hallstein, Edward Heath, Jacques Delors, Helmut Kohl, Heinrich von Brentano, Paul van Zeeland.

1. Hallstein: who was he? In the opinion of the main European political men, who actually helped to

prepare in the 1970s and 1980s the construction of the European Union ‒ like Edward Heath, Jacques Delors, Helmut Kohl ‒ Walter Hallstein ―was a great European‖, not only because he was the first President of the Commission of the EEC and the founder of the European Community's bureaucratic machinery1. But Hallstein is today, as a matter of fact, ―a forgotten European‖ for a very important part of the European public intellectuals and the public opinion. Hardly anybody remembers he was at the end of 1950 the head of the German delegation who was negotiating with the French Foreign Minister

* Ordinario di storia delle dottrine politiche. Università degli studi del Piemonte Orientale.

1 See W. Loth, W. Wallace and W. Wessels (ed. by), Walter Hallstein the forgotten European?,

foreword by J. Delors, E. Heath and H. Kohl, St. Martin Press, New York, and Macmillan Press, London, 1998, p. xiii.


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Robert Schuman and his counsellor Jean Monnet the Treaty of Paris (1951), that instituted the European Coal and Steel Community (ECSC) and was signing 1957 for Germany ‒ with Konrad Adenauer ‒ the Treaties of Rome that established the EEC and the Euratom.

So it is not inappropriate to ask himself today: who was actually Hallstein?2 And to give some basic informations about his life before he was appointed in January 1958 the President of the European Commission.

Walter Hallstein was born on 17 November 1901, the son of a Protestant family. His father was the head of the planning department and building control officer in Mainz (Rhine Palatinate). He studied jurisprudence and political science in Bonn, Munich and Berlin. Having graduated he quickly went into the university and became 1925 assistant professor of Civil Law. In 1930 he was appointed a professor in the University of Rostock and in 1941 received a chair at Johann-Wolfgang-Goethe University in Frankfurt, where he worked as the director of the Institute for Comparative Law and as the director of the Institute for Commercial Law. There is to note that in the meantime he was close to antinazi Evangelical ―Confessant‖ Church of Martin Niemôller and Dietrich Bonhoeffer, and took no part in political nazism.

His brilliant jurist career was interrupted by his conscription to military service in the second world war. He was an officer of the mounted artillery in occupied northern France when the Allies invaded in June 1944. He became an American prisoner-of-war and was taken to Camp Como in the US state of Missisipi. There he organized a camp prisoner university, demonstrating his ability to manage operations on a larger scale. He entered also for the first time in touch with the American way of life and made friends with American authorities, contacts wich were consolidated in postwar period when he became in 1946 professor and Chancellor of Frankfurt University and returned in 1948 in USA as a visiting professor in the Georgetown University.

Hallstein played a part in the reorganization of the higher education system in the Western-occupied German zone as a Chairman of the Standing Committee of the Southern German Higher Education Congress. He met first Adenauer in 1948 in the German Delegation to the Congress of the European Movement in The Hague. This time Hallstein had a reputation as one of the German personalities whom the Allies wanted to promote in consolidating their democratization programme. He supported in 1949 the founding of a German UNESCO Commission whose became 1950 the first president. After the foundation of the Federal Republic in 1949, the Chancellor Adenauer appointed Hallstein in June 1950 to conduct the German delegation in Paris for the government negotiations on the Schuman Plan. Since 1951 he became Adenauer‘s State Secretary for the ―Office for Foreign Affairs‖ in the federal Chancellery too. The German ambassador Joachim Jaenicke, 1956-9 spokesman for the Foreign Office, wrote that since 1951 untill 1955 «Hallstein was the minister responsible for laying the foundations of foreign policy and for the day-to-day running of the Foreign Office»3. When the ―Office for Foreign

2 For the European biography of Hallstein see C. Malandrino, “Tut etwas Tapferes”: compi un

atto di coraggio. L‟Europa federale di W. Hallstein (1948-1982), Bologna, Il Mulino, 2005. 3 Compare J. Jaenicke, Remembering Walter Hallstein, in W. Loth, W. Wallace and W. Wessels

(ed. by), Walter Hallstein the forgotten European?, p. 35.


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Affairs‖ moved out of the federal Chancellery and Adenauer retained the position of Foreign Minister, Hallstein was the actual head of a federal ministry.

As a State Secretary to the Foreign federal ministry (also with the new minister Heinrich von Brentano since 1955) he conducted the European and German policies. He became famous particularly for the so named ―Hallstein-Doctrine‖, that supported the Federal Republic‘s claim to be the sole representative of German interests against any similar pretension of the communist Eastern Democratic Republic. This ―Doctrine‖ was actually an elaborated strategy of the Minister von Brentano and of the director of Foreign Office Wilhelm Grewe. As a State Secretary, Hallstein stated it 1956 to the public opinion. When this ―Doctrine‖ caused an acute crisis in the autumn of 1957 with the establishment of diplomatic relations with Yugoslavia and GDR, Hallstein had no part in it for he was outgoing from federal government and engaged above all in European policy. But he remained labeled this way as a strong anticommunist political man for the rest of his political life that, on the contrary, was devoted only to European activities.

2. Hallstein‟s American relationship: the Atlantic inspiration and the influence of the American federalism

There can be no doubt that Hallstein‘s reflections during his stays in the USA

in 1940s made him more and more aware of the necessity to anchor the destiny of Germany – and of Europe as well – to Atlantic and American strong relationships. In the conference at the Georgetown University held on 12 March 19524 he remembered his prisony years 1944-5 and the visiting professor period in 1948-9. They were in his opinion the richest years of his life, not only for his culture, but for assimilating a new way of life. A way so far from the heavy German Weltanschauung during the period between the two world wars, fed with revanscist and racist feelings and militarist aggressive policies. On the contrary he saw the American way inspired to freedom and vitality ideals, to a sense of greatness and large horizons, desires of realism and transformation, but also to a concept of fairness. ―The Americans are the best Europeans‖ he sentenced, and he meant that the best European values continued to live in the American political culture. Moreover he intended also that the USA performed successfully a role of ―federator‖ of the European states.

In fact, Hallstein was persuaded that the American federalist tradition, beginning with the original experience of his transition from the Confederation Articles of 1778 until the federalist constitution by the ideologic struggle of Hamilton and Madison's Federalist, could represent mutatis mutandis a good example for the European states too.

Axel Herbst, German ambassador, diplomatic attaché in Washington 1953-57 and from 1960 untill 1968 deputy Secretary-General of the EEC Commission with Hallstein, wrote that «living through the war and living in the postwar period, combined with experience at Konrad Adenauer's side, convinced Hallstein that the goodwill and support of the USA was imperative for the

4 See W. Hallstein, Schumanplan und europäische Integration, typescript of 19 pages, in

"Nachlass Walter Hallstein" NWH, Bundesarchiv Koblenz, N 1266 N. 1964.


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security of the Western world and for the rebirth of Europe»5. Consequently Hallstein thought it was necessary to engage in continous dialogue with the Americans who were in position of responsability. He faced this challenge courageously.

As matter of fact, the American administration realised with the Marshall Plan and suggesting the constitution of the Organization of European Economic Cooperation (OEEC) a first form of concrete aid not only for European states' material recovery, but in the way of uniting the continent. The political significance of the Marshall Plan was his premise of the necessary form of strong cooperation of all European states for using the recovery aid. And his necessary result was the constitution of the OEEC, which represented for Hallstein a model of common work for future development.

Of course, Hallstein was aware that the ideal of European unity took throughout the world war too on added strenght either in the minds of statesmen or in the aspirations of refugees, Resistance fighters, political prisoners in the continent. One could remember for example the names of Winston Churchill, Charles de Gaulle, Paul van Zeeland. But in his opinion the first decisive step was taken in 1947, with the announcement by George Marshall of the plan for American aid to Europe. «The economic significance of this proposal ‒ wrote Hallstein ‒ requires no stressing: Europeans can never be oblivious of the courage, the wisdom, and the generosity that it represented, or of the vital foundation which it laid for European recovery»6.

But though he was aware of the importance of the OEEC, he thought that «the political results of Marshall aid and of the OEEC which sprang from it, fell far short of the hopes it had originally aroused»7. In fact, the scope of the OEEC was restricted. Its structure remained that of a classical intergovernmental conference in permanent session. Its executive body was a council subject to unanimous voting; although abstention was not held to invalidate otherwise unanimous decisions, application of agreements was limited to those countries who had not abstained. Moreover, a contrary vote sufficed to veto an otherwise unanimous decision ‒ a fact that created difficulties, even if it failed to prevent the formation of something like a general European consciousness which was to prepare the way for further steps. According to Hallstein, the more important of these steps was the Schuman Plan, because of his "supranational [and political] aspect". In force of this character the European Coal and Steel Community (ECSC), founded by the Paris Treaty of 18 April 1951, was essentually differentiated from the international bodies already existing as the OEEC, because «the goal of integration is political», he wrote8.

3. American and "Atlantic partnership” according to Hallstein in 1950s and

beginning 1960s What I have till now said should have made comprehensible the fact, that

Hallstein was very far from a definition of the Atlantic Community, which was in

5 Compare A. Herbst, W. Hallstein and the Anglo-Saxon world, in W. Loth, W. Wallace and W.

Wessels (ed. by), Walter Hallstein the forgotten European?, p. 202. 6 Compare W. Hallstein, United Europe. Challenge and Opportunity, Harvard University Press,

Cambridge Massachusetts, 1962, p. 6. 7 Ibidem.

8 Ivi, p. 62.


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the 1940s elaborated either by Walter Lippmann, or Henry Luce in the Life Magazine (both authors are never appointed in NWH or in Hallstein's works). Hallstein's recognition of the American role in European recovery and development was very different from the acceptance of an "Atlantic Community". In the reconstruction of this ideological concept made by Marco Mariano9, the characters of the "transatlantic, Christian and white world" composed a framework for the USA as "leader of a transatlantic space that included North America, western European countries, and the dominions of the southern hemisphere of the «white settlers»"10.

Of course this vision supposed "shared political and economic principles and institutions (liberal democracy, individual rights and the rule of law, free market and free trade), cultural traditions (Christianity and western civilization), national interests" (p. 163), which the European Hallstein in according with the Atlantic Charter and Nato's political and strategical antisoviet finalities could largely share too. What Hallstein could not entirely share in this vision was probably the stress upon the minor consideration of Europe in the terms of leadership and contours of this "western civilization". He preferred anyway to speak more of an "open partnership" than of "community".

It is interesting to see the reason why. In fact, since 1947-8 Hallstein saw at the relationship between America and

Europe in terms of "gratitude", "Atlantic dialogue"11 and "solidarity", but never as an "Atlantic community" in the sense of to recognize an American imperial superiority or its particular destiny as a "new Jerusalem", "a new Rome", and so on like something comparable with Luce's ideological construction. After the foundation of the European Economic Community, the rapid development of this supranational organization quickly put many problems of cooperation, concurrence and regulations on the field of the international commercial policy inside the western allied too. Hence the need of a general arrangement on tariffs and trade, which persuaded President Kennedy to start in January 1962 his proposal on foreign economic policy entitled "Foreign Economic Policy for the 1960s", later recognized as the "Kennedy Round".

It is interesting to know, that Kennedy received Hallstein (at that time he was called by the American press as "Mr Europe") in the White House on 15 May 1961. Axel Herbst wrote that two days after Kennedy-Hallstein meeting the EEC President spoke of this meeting to the Overseas Writers' Club in Washington «in a businesslike style, as if such a meeting were merely routine». And, in actual fact, it was a great moment in European-American relations, for the man at the head of America, the world power, «whom Hallstein regarded as a statesman and an ally, who agreed with his ideas and accepted the principle of Europe's equality», went on to proclaim in Philadelphia on 4 July 1962 the "Atlantic Partnership" as the main objective of his policies and as the mainstay

9 Compare M. Mariano, The U.S. Discovers Europe: Life Magazine and the Invention of the

"Atlantic Community" in the 1940s, in The Place of Europe in American History: Tweentieth-Century Perspectives, ed. by M. Vaudagna, Otto Editore, Torino, 2007, p. 161-185. 10

Ivi, p. 162. 11

Compare W. Hallstein, Vom europäisch-amerikanischen Dialog zur Atlantischen Partnerschaft, in T. M. Loch, W. Hallstein. Europa 1980, Bonn, Eicholz-Verlag, 1969 (1ª ed.), p. 129-145. See also Idem, Nordamerika und die europäische wirtschaftliche Integration, Nato-Parlamentarier-Konferenz, Washington 18. November 1959, in Id., Europäische Reden, ed. Th. Oppermann, Stuttgart Deutsche Verlags-Anstalt, 1979, p. 134-148.


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of global peace12. Kennedy announced in the Paulskirche in Frankfurt on 25 June 1963 his support for the following vision of Europe: «[...] a Europe, united and strong, a world power which is able to tackle world problems as a full-fledged and equal partner ‒ within the framework of an Atlantic partnership. As a totality of interdependent parts which share both burdens and decisions and are linked by the tasks of defence as well as by the work of peace»13.

Hallstein shared this definition used by Kennedy of the new form of relationship between USA and Europe as an "open partnership". He was aware of the fact that many people had chosen to call this partnership the formation of an "Atlantic Community". But he preferred the other formule. According to Hallstein, the term "Atlantic Community" reminded of "Voltaire's remark about the Holy Roman Empire"14, that it was neither holy, nor Roman, nor an empire. With this witticism he meant that the so-called "Atlantic Community" could not be confined to the Atlantic area, for its effects embraced also the partners in Africa and the Pacific (with whom Hallstein as EEC President prepared a close cooperation by the Yaoundé Treaty, far from an imperialistic relationship), nor was a real "community" in the sense that this word by that time was applied to the European Community, that is «a full economic union, one new Atlantic personality, with integrated institutions and strong political implications»15. That was a real "community", that was in German language a "Gemeinschaft". Otherwise between Europeans and Americans there could be a "Gemeinsamkeit", that was in English a "to stay together", but not really a community in a strong sense. There could be a common responsability, a cooperation among equals, about many vital problems, but not a community in the sense of the EEC.

Hallstein wrote: «Whatever the degree of our interdependence, it would be unrealistic to expect our America and other friends outside Europe to assume all the obligations of the European treaties, with all their political overtones. What seems much more likely to emerge, in fact, is a close partnership between two personalities, the European Community and the United States, benefiting not only its partners, but the other countries as well»16. The instruments of such a partnership on the economic level were the GATT and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), on the strategic terrain the NATO.

It was absolutely clear for Hallstein that all those economic and commercial problems were much more than a matter of commercial policy or even of foreign economic policy. He said that for the EEC, the USA and for the whole "free world" they were a matter of the utmost political importance. If the "free world" did not succeed in solving them, the risk would have been of an exposition to the reproach which Communist ideology had always taunted free economic society: its radical weakness and probable destruction by its own internal contradictions.

So the "Atlantic Partnership" was in Hallstein's opinion neither a pattern to justify an American political hegemony nor a formule for Europeans to escape their responsabilities. He was aware that for many people that was the 12 Herbst, W. Hallstein and the Anglo-Saxon world, p. 206. 13

Ibidem. 14

Hallstein, United Europe, p. 87. 15

Ibidem. 16

Ivi p. 87-88.


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expression of the American position of world power and partucularly of a power protecting Europe. But that was according to him a rest of the past. The present and the future world would have asked more and more a partnership's dialogue among equals.

Kennedy's tragic death was in Hallstein's opinion a great loss for European-American relations. He grieved over this crime before the European Parliament on 26 November 1963. In the absence of Kennedy's infectious optimism and will to explore new possibilities, doubts began to arise in America as to whether an actually operational "Atlantic partnership" could be realized. With President L. B. Johnson, though he endeavoured to resurrect the idea of an "Atlantic partnership", Kennedy's "grand design" crumbled. And in Europe also diminished the belief in taking measurables steps in the direction of unity, because there were growing – against Hallstein's thought – forces believing that Community had to be seen as more of a trading bloc in formation than as a political partner and military ally which would be able to ease the USA's growing burden of global responsability.

De Gaulle Europe's politics of an "Europe of the Europeans" against American and NATO's influence –, with his veto against Britain's accession on January 1963 in the EEC, the gaullist France's egocentric policy of the "empty chair", which ended with Hallstein's defeat, and France's withdrawal from the military integration of NATO, made grow the American disillusion as for the possibility of an "Atlantic partenership" with the Europeans.

Hallstein followed this transformation of American and European attitudes with concern. With a heavy heart, he had to concede in his speech on 13 April 196717 in front of the American publishers and correspondents in the McGraw-Hill Publications in Brussels, that the "Atlantic partnership" was stagnating in foreign policy and military strategy and could had follow only in the terms of a purely economic cooperation in the frame of GATT and other similar initiatives.

Nevertheless, he considered that as a developing period and underlined that European integration was "a long-term undertaking" and that the present economic Europe was only the core of the future Europe. He asserted: «Only when full economic union is seen and felt by Europeans to be a real part of everyday life, will this EEC develop a strong urge in the direction of political union. Political union remains a necessary and realistic objective of European integration policy. It is the objective which the fathers of the Rome Treaties had before them, and the Treaties were framed with it in view»18. In this perspective, but not automatically, Hallstein foresaw Europe had to develop a foreign common policy and a common defence policy. And there, in a "world of tomorrow", had had to be a new encounter for American-European "Atlantic partnership".

How far is today's world from this vision, everybody can judge.

Recibido el 20 de julio de 2015. Aceptado el 1 de septiembre de 2015

17

Compare W. Hallstein, Atlantic partnership 1967, in Idem, Europäische Reden, p. 663-9. 18

Ivi, p. 666.

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UOMINI CHE DECIDONO PER LE DONNE. IL SUFFRAGIO FEMMINILE

NEL DIBATTITO PARLAMENTARE DELL’ITALIA POST UNITARIA (1861-1920)

Loredana GARLATI*

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: Loredana Garlati (2015): «Uomini che decidono per le donne. Il suffragio femminile nel dibattito parlamentare dell‘Italia post unitaria (1861-1920)», en Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 9 (diciembre 2015). Puede leerse este artículo en línea en: http://www.eumed.net/rev/rehipip/09/suffragio-femminile.html.

RIASSUNTO: Lo spunto di questo saggio è offerto da un lavoro di Maurice Duverger, risalente agli anni Cinquanta. In cui l‘autore, su invito dell‘Unesco, esaminava l‘influenza del voto politico delle donne in quatro paesi europei, al fine de verificare, come recita il titolo stesso dell‘opera, ―La participation des femmes à la vie politique‖. Negli anni in cui Duverger dava alle stampe la sua analisi, le donne italiane avevano da poco meno di un decennio visti riconosciuti il loro diritti politici e, per la prima volta dall‘Unità, avevano partecipato alle elezioni indette dopo la seconda guerra mondiale. Il percorso per giungere a tale conquista fu lungo e tormentato, sebbene il tema del suffragio femminile si era posto come una delle priorità del neonato Stato italiano. Attraverso il dibattito che dal 1861 si trascinò stancamente in Parlamento fino agli anni Venti del Novecento, è possibile ricostruire il clima non solo politico, ma anche culturale dell‘Italia del tempo. Le aule parlamentari, al cui interno giungeva l‘eco del mutato quadro socio-economico che vedeva le donne accompagnare al tradizionale ruolo di moglie e di madre, quello di lavoratrici, rimasero tuttavia sorde ad ogni istanza di cambiamento, sia con riferimento alla concessione del voto amministrativo che di quello politico. Le lunghe sessioni di discussioni, che spesso videro esponenti di aree politiche diverse condividere le medesime posizioni sulla questione dell‘elettorato femminile, sono qui analizzate attraverso i documenti dell‘epoca. Ne esce uno spaccato degli anni compresi tra il 1861 al 1920 in cui personaggi di spicco della politica italiana, pur se mossi in altri in altri ambiti da slanci riformistici, mostravano chiusure di fronte a questo tema, offrendo della donna un‘immagine intrisa di luoghi comuni e vecchi cliché, mentre altri si rivelavano precoci sostenitori di tesi egualitarie. Occorsero due guerre perché le donne vedessero dapprima abolito l‘istituto dell‘autorizzazione maritale, contemplato nel codice del 1865, e poi permesso l‘ingresso nella vita politica da elettrici ed eleggibili: in entrambi i casi si trattò di una sorta di ricompensa per il valore dimostrato nei difficili momenti bellici che sconvolsero gli assetti mondiali. PAROLE CHIAVE: Diritto di voto, Donne, Parlamento, Suffragio femminile, 1861-1920. RESUMEN: La oportunidad de esta investigación no es otra que el homenaje tributado a Maurice Duverger, referido a los años cincuenta del pasado siglo


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XX, en que el autor, respondiendo a una invitación de la UNESCO, examinó la influencia del voto político de las mujeres en cuatro países europeos, a fin de verificar, como indicaba el título mismo de su libro, ―La participación de las mujeres en la vida política‖. En los aðos en que Maurice Duverger hacía pasar por los tórculos de la imprenta su análisis científico, las mujeres italianas habían logrado poco menos de un decenio antes el ver reconocidos sus derechos políticos y, por primera vez desde la Unidad, habían participado en las elecciones mismas tras la Segunda Guerra mundial. El camino para llegar a tal logro había sido largo y plagado de tormentas, a pesar de que el tema del sufragio femenino se había situado como una de las prioridades del naciente Estado italiano. A través del debate que, desde 1861, se llevó a cabo cansinamente en los años veinte del siglo XX, resulta posible reconstruir el clima no sólo político sino también cultural de la Italia de la época. Las aulas parlamentarias en cuyo interior llegaba el eco del cambio socio-económico, que veía a las mujeres que, además del desempeño de sus tradicionales cometidos de esposa y madre, contaban con el de trabajadoras, permanecieron con los oidos tapados ante cualquier sugerencia de cambio, tanto con referencia a la concesión del voto administrativo como el político. Las largas sesiones de discusiones que con frecuencia se llevaban a cabo por parte de representantes de diversas ideologías y sensibilidades políticas, sin embargo pusieron de relieve la coincidencia de posturas sobre la cuestión del electorado femenino. En el presente artículo las analizamos a través de documentos de la época. Presentamos un retrato de los años comprendidos entre 1861 y 1920 en el que personajes de relieve de la política italiana, a pesar de moverse en otros ámbitos dentro de parámetros reformistas, mostraban una cerrazón notable frente a este tema, ofreciendo una imagen de la mujer llena de lugares comunes y de viejos clichés, mientras que otros se declaraban precoces defensores de las tesis igualitarias. Se sucedieron dos guerras antes de que las mujeres vieran abolida la institución de la autorización marital, contemplada en el Código de 1865, y de que fuera admitido el ingreso en la vida política del sufragio activo y pasivo de la mujer. En ambos casos se trató de una recompensa por el valor demostrado en los difíciles momentos bélicos que convulsionaron, a nivel mundial, los fundamentos y raíces de muchos países y civilizaciones. PALABRAS CLAVE: Derecho de voto, Mujeres, Parlamento, Sufragio femenino, 1861-1920.

«Le rivendicazioni femminili hanno due implacabili nemici: il ridicolo ed il pregiudizio.

Il ridicolo è un‟arma micidiale, di cui si servono talvolta anche le assemblee politiche,

per abbattere o addirittura seppellire, con una risata, un ideale, anche nobile, un uomo, od un partito.

Il pregiudizio poi, date le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra mentalità, è così radicato nei nostri cervelli

che, quando crediamo di averlo cacciato, vi è forse e vi domina più prepotente di prima»1.

*Ordinario di Storia del diritto medievale e moderno nell‘Università di Milano-Bicocca (Italia).


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1. Duverger e il voto femminile «L‘égalité de l‘homme et de la femme en matière de droits politiques est

établie par un grand nombre de constitutions, de codes et de lois. Rares sont les pays modernes qui ne l‘ont point proclamée […].

Dans quelle mesure les faits coïncident-ils avec le droit ? Dans quelle mesure l‘égalité juridique entre les sexes s‘accompagne-t-elle d‘une égalité réelle ? Dans quelle mesure les femmes exercent-elles pratiquement les prérogatives politiques qui leur sont officiellement reconnues ?»2.

Così esordiva Maurice Duverger, allora professore di Scienze politiche alle Università di Parigi e di Bordeaux, presentando la ricerca (relativa agli anni 1952-1953) sulla partecipazione delle donne alla vita politica. L‘indagine era stata intrapresa per conto del Dipartimento di scienze sociali dell‘Unesco, su incarico della Commissione dell‘ONU deputata a svolgere uno studio sulla condizione femminile.

Il testo, pubblicato nel 1955, rappresentava il compendio di quattro rapporti nazionali coinvolgenti la Repubblica federale tedesca, la Francia, la Norvegia e la Jugoslavia.

Duverger, in qualità di rapporteur général, aveva coordinato i lavori di una commissione formata da sette rapporteurs nationaux, due per ogni paese interessato dall‘analisi, fatta eccezione per la Germania che si era avvalsa di un solo rappresentante.

La ricerca si era svolta in due fasi: ad un preliminare e sommario esame comparativo di quindici paesi sparsi in quattro continenti (sette nazioni per l‘Europa, tre per l‘America, cinque tra Africa e Asia)3 aveva fatto seguito un approfondimento concernente i soli quattro Stati prima ricordati, selezionati dall‘Unesco4.

Il tema, pur restando una parentesi negli interessi di Duverger, presenta ancora oggi un‘occasione di riflessione, a dimostrazione della capacità dell‘autore di essere, anche sul punto, precursore dei tempi: l‘argomento infatti si imporrà ciclicamente all‘attenzione tanto dell‘opinione pubblica quanto della comunità scientifica.

1 Natale Gallino, Atti del Parlamento Italiano [d‘ora in poi AP], Discussioni [d‘ora in poi

Discussioni], XXIII Legislatura, Sessione 1909-1910, Volume IV, I Sessione dal 18/11/1909 al 23/02/1910, Tornata del 19 febbraio 1910, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1910, p. 5175. 2 Maurice Duverger, La partecipation des femmes a la vie politique, Unesco, Paris, 1955, p. 7.

3 Per l‘Europa i paesi coinvolti erano stati, oltre ai quattro ricordati, il Belgio, la Gran Bretagna, la Norvegia, i Paesi Bassi e la Svizzera; per l‘America l‘Argentina, gli Stati Uniti e il Messico; ed infine Egitto, India, Giappone, Turchia e Siria (Duverger, La partecipation, cit., p. 11). 4 Nel corso del rapporto non vengono esplicitate le ragioni di questa selezione. Ci si limita

laconicamente ad affermare che la scelta era da imputarsi all‘Unesco, a cui Duverger non risparmia alcune critiche, forse anche nell‘intento di salvaguardare e difendere i risultati del lavoro. Si legge infatti nelle note esplicative che, dopo una riunione svoltasi a Parigi il 15 e il 16 novembre 1953 che aveva consentito un confronto sui risultati raggiunti, era stata imposta un‘accelerazione nei tempi a discapito dell‘accuratezza della disamina. Scrive infatti Duverger: « Il est regrettable que les règles administratives et budgétaires impérieuses auxquelles est soumise I‘Unesco aient obligé à déposer le présent rapport général le 31 décembre 1953, alors que l‘ensemble des rapports nationaux n‘étaient prêts qu‘au début de novembre de la même année. En conséquence, la rédaction du présent volume de synthèse a dû être faite dans des conditions de rapidité extrême rendant difficile un travail scientifique approfondi » (ivi, p. 12).


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La denuncia espressa nelle prime pagine dell‘opera individua tra i principali ostacoli alla realizzazione del lavoro, oltre alle inevitabili «difficultés matérielles (absence de renseignements et de sources documentaires, insuffisance de chercheurs et de crédits, etc.), qui sont communes à la plupart des recherches de science politique», un‘inaspettata resistenza da parte delle associazioni femminili, una difficoltà che uno stupefatto Duverger non esita a definire di carattere psico-sociale5.

Si trattava di una « réserve marquée au départ par certaines grandes associations féminines, attachées à la défense des droits de la femme et à leur mise en œuvre pratique. C‘est ainsi qu‘on a reproché à l‘enquête de comporter une discrimination entre les sexes, par son objet même : étudier séparément l‘attitude politique des femmes, n‘est-ce pas supposer a priori qu‘elle est différente de celle des hommes, et admettre inconsciemment l‘existence d‘une ‗nature féminine‘ propre ? »6.

Duverger aveva suggerito di procedere in alcuni distretti, in tempo di elezione e in via sperimentale, a un conteggio dei voti separato per sesso, ricorrendo ad urne distinte per uomini e donne. Egli riteneva che solo in questo modo l‘analisi statistica avrebbe rappresentato con fedeltà gli orientamenti politici delle donne. La proposta aveva incontrato la fiera opposizione da parte dell‘universo maschile, adducendo a motivazione la violazione della segretezza del voto. Duverger respingeva con fermezza l‘argomentazione (« évidemment sans valeur »7), sostenendo che il metodo suggerito rispecchiava né più né meno quello impiegato nei sondaggi.

Duverger, mostrando anche in questo caso ‗acutezza interpretativa‘, denunciava come dietro il paravento di un‘affermazione apparentemente egalitaria (le donne votano come gli uomini e quindi il loro voto non modifica sostanzialmente l‘esito elettorale) si celasse in realtà la volontà di negare l‘originalità e l‘indipendenza di pensiero delle donne e l‘incapacità del voto femminile di incidere sugli esiti elettorali e quindi sulle vicende politiche di un paese: un modo sub dolo per affermare di fatto l‘inutilità del suffragio femminile.

Negli anni in cui Duverger presentava la sua relazione, alle donne italiane il diritto di voto era stato concesso da circa un decennio; un percorso accidentato e faticoso aveva accompagnato il riconoscimento dei diritti civili e politici alla componente femminile della nostra società.

Ed è a questi fenomeni (già noti per un‘attenta ricostruzione compiuta in anni recenti, anche se più attraverso una lente socio-politologica che storico-giuridica) che è dedicato questo breve saggio. In particolare, la letteratura ha analizzato il fenomeno dal punto di vista delle donne (una letteratura di genere, quindi, o women‟s studies, come si usa dire), per esaltarne il ruolo attivo nel processo di emancipazione ed evidenziare le rivendicazioni avanzate da movimenti femminili italiani all‘interno del pi÷ vasto evento internazionale delle cd. suffragette.

5 Ivi, p. 8.

6 Ibidem. La questione è destinata ancora oggi a generare posizioni contrapposte: da un lato si

sostiene che studi specifici e settoriali dedicati alle donne o interventi legislativi fondati sul genere non facciano che acuire e sottolineare la diversità e la situazione di minorità del sesso femminile, rendendo palese la necessità di provvedimenti ‗di tutela‘; dall‘altro lato si schierano coloro che intravedono in questa metodologia di intervento un modo efficace di superamento di posizioni culturali ancestrali, insormontabili attraverso uno spontaneo processo adesivo. 7 Ibidem.


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Ma quale era la posizione dei politici italiani che nell‘unica sede preposta a decidere il destino del riconoscimento del diritto di voto, ossia il Parlamento, dibattevano sul punto?

Donne viste dagli uomini: si intende così restituire uno spaccato di vita lungo sessant‘anni in cui argomentazioni tecnico-giuridiche si intrecciano con suggestioni culturali, morali, di costume, ideologiche, partitiche dall‘unità d‘Italia fino alle soglie dell‘ascesa del fascismo.

Sebbene l‘Italia non rientri tra i paesi oggetto di analisi del rapporto, tuttavia Duverger non esita a rintracciare nel nostro paese (come in altri) le ragioni di questa sorta di apartheid esercitata verso le donne: la tenace convinzione della ‗naturale‘ destinazione della donna alla dimensione privata e familiare, la mancata indipendenza economica e una mentalità definita ‗primitiva‘ che saldava in una combinazione unica due facce di una medesima medaglia, ossia guerra e politica, considerate entrambe «une affaire d‘hommes»8. Così la partecipazione delle donne « s‘agit précisément d‘un effort pour changer cette conception plutót que de la conséquence d‘un changement déjà réalisé »9.

Che accadde dunque in Italia? Spentasi l‘eco del secondo conflitto mondiale, si intraprese un processo di

democratizzazione e di mutamenti istituzionali e politici (si pensi alla formazione e al ruolo dei partiti, analizzato proprio da Duverger nella sua ‗bibbia‘ del 1951) che coinvolgevano anche i sistemi elettorali e l‘estensione del diritto di voto alle donne.

Non è un caso, rileva Duverger, che in molti paesi la spinta ad un riconoscimento del ruolo delle donne anche nell‘ambito politico sia avvenuta a seguito di un evento bellico, un fenomeno in grado di causare un totale sconvolgimento delle politiche generali da sovvertire ogni principio consolidato.

Il voto divenne una sorta di ricompensa per i compiti svolti e le funzioni assolte dalle donne durante le ostilità belliche, quando furono chiamate a sostituire gli uomini impegnati al fronte10. Nel frangente, esse dimostrarono le

8 Duverger, La participation, cit., p. 10.

9 Ibidem.

10 Appare evidente la volontà del legislatore di omaggiare la donna nella discussione alla

Camera del 12 dicembre 1916, quando la richiesta di abolire l‘antiquato istituto dell‘autorizzazione maritale fu motivato da Amedeo Sandrini anche dall‘esigenza di offrire un riconoscimento «alla donna che non soltanto negli ospedali e nelle multiformi manifestazioni dell‘organizzazione civile, ha dato, con generoso spirito di sacrifizio, le sublimi energie del suo cuore in aiuto di ogni sofferenza, di ogni miseria; che non soltanto negli stabilimenti e nelle officine, dove si apprestano i mezzi necessari alla guerra, ha portato copioso contributo di lavoro, ma nelle famiglie, negli uffici e nelle aziende ha sostituito i mariti e i congiunti chiamati alle armi, dando prova di una sicura capacità fattiva e direttiva che è in stridente antitesi con quella diminutio capitis, che nel consorzio famigliare e sociale le è imposta dall‘articolo 134 del Codice civile». A queste ragioni di gratitudine se ne aggiungeva una di carattere politico: «la condizione giuridica della donna nei paesi che l‘eroico nostro esercito ha già in parte riunito alla madrepatria e dei quali auspichiamo la prossima completa redenzione; ivi la donna maritata, specialmente per quanto riguarda la legislazione ungherese, ha un trattamento giuridico più liberale, è doloroso il dirlo, in confronto del nostro codice civile. Ora non è possibile togliere alle donne delle popolazioni redente una situazione giuridica favorevole, che già avevano, come non è possibile instaurare una condizione giuridica diversa fra le donne di uno stesso Stato». (AP, Discussioni, XXIV Legislatura, Sessione 1913-1917, Volume XI, I Sessione dal 12/12/1916 al 03/03/1917, Tornata del 12 dicembre 1916, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1917, pp. 11573-11574).


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loro capacità organizzative, la concreta e fattiva collaborazione alle dinamiche della vita sociale, il contributo al processo economico11.

In particolare, in Italia, al termine della Grande Guerra, si giunse alla «sola grande legge riformatrice dell‘età liberale»12, ossia all‘agognata abolizione dell‘autorizzazione maritale, un istituto che aveva attraversato l‘intera esperienza codificatoria ottocentesca: si restituiva finalmente alle donne la libertà di agire, limitata con motivazioni che miravano a far apparire accettabile e a favore delle donne stesse quanto invece era solo espressione di una concezione verticistica e gerarchica della famiglia, lontana da ogni impostazione egualitaria.

L‘altro importante risultato fu conseguito all‘epilogo della seconda guerra mondiale. Anche in questo caso le donne avevano fornito un contributo significativo alla Resistenza, combattendo in prima linea.

Le conquiste civili e politiche delle donne passarono attraverso la loro carne e il loro sangue; le guerre avevano determinato il crollo degli impianti legislativi vigenti e di convinzioni consolidate, mutando la stessa identità sociale, quella che si era cercato faticosamente di costruire dall‘Unità, spesso trascurando le esigenze del mondo femminile.

2. Non è roba per donne: la delusione del primo codice civile italiano

All‘indomani dell‘unificazione territoriale, era prioritario per il neonato Stato

italiano raggiungere in tempi relativamente brevi l‘unità legislativa, superando quel pluralismo normativo che ne aveva connotato per secoli la storia. Tra rinvii, progetti, alternanze governative, l‘agognato traguardo fu raggiunto il 25 giugno 1865: vedeva la luce, destinato ad entrare in vigore il 1° gennaio dell‘anno successivo, il primo codice civile unitario, noto anche con il nome di Giuseppe Pisanelli, che più di altri vi aveva impresso il proprio marchio.

La famiglia, nei suoi diversi profili relazionali, personali e patrimoniali, fu al centro di vivaci dibattiti: il processo di laicizzazione intrapreso dall‘Italia liberale coinvolgeva l‘istituto matrimoniale e la sua indissolubilità, così come il tentativo di modulare i rapporti parentali su un principio di uguaglianza invitava a riflettere sullo status dei figli naturali, sulla ricerca della paternità e sul ruolo della donna.

Per quanto riguarda quest‘ultimo aspetto, oggetto di animata discussione fu l‘autorizzazione maritale13, perpetuata dai codici preunitari sul modello francese e che subì, nei diversi progetti, vicende alterne. Assente nel testo di Pisanelli del 1863 (il Guardasigilli in persona ne ricusò l‘utilità14), essa fu ripristinata dalla

11

Che le guerre attuassero silenziosamente una grande rivoluzione era pronto a riconoscerlo anche Filippo Vassalli, il quale ammetteva che si trattava di una rivoluzione imposta dagli eventi e senza quasi avervi partecipato [Filippo Vassalli, Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato (Prolusione al corso di Istituzioni civili letta nella R. Università di Genova il 22 novembre 1918), in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, XVII (1919), I, p. 3]. 12

Paolo Ungari, Storia del diritto di famiglia in Italia. 1796-1974, il Mulino, Bologna, 2002, p. 183. 13

L‘istituto, infatti, «fu di quelli che pi÷ preoccuparono il legislatore italiano, quando, in mezzo a tanta discordia fra le legislazioni allora vigenti, si trattò d‘inserirlo nel nostro codice» (Carlo Spalazzi, Autorizzazione della donna maritata, in Digesto Italiano, vol. IV, parte II, UTET, Torino, 1926, p. 462). 14

Nella relazione del 1863 Pisanelli rifletteva: «Ma quali sono i benefizi dell‘autorizzazione maritale? Se la concordia regna fra i coniugi, tutti gli atti sono regolati da consenso comune, ed


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commissione senatoria15 anche sotto la pressione del ministro Vacca, che, in risposta a quanti vi scorgevano una ‗moderna servit÷‘, la dichiarava un pegno della concordia familiare e dell‘armonia tra i coniugi16.

In piena conformità a quanto disposto dall‘art. 131, che riconosceva nel marito il capo della famiglia, il codice del 1865 contemplava la necessità dell‘autorizzazione maritale per donare, alienare beni immobili, sottoporli a ipoteca, contrarre mutui o riscuotere capitali, transigere o stare in giudizio. La novità introdotta rispetto al passato riguardava la facoltà attribuita al marito di concedere un‘autorizzazione preventiva per atto pubblico, generale o speciale, revocabile in qualsiasi momento (art. 134).

Una simile disposizione intendeva mitigare l‘asperità della soluzione accolta, alla luce anche delle vivaci proteste delle donne, in particolare quelle lombardo-venete, le quali, dopo circa un cinquantennio di osservanza del codice austriaco, privo di qualunque vincolo al compimento di atti giuridici, si trovarono

il marito sarà il naturale consultore della moglie senza che la legge lo imponga. Ma se vien meno la pace domestica, l‘autorizzazione maritale diventa un‘arma di violenza nelle mani del marito; la moglie cercherà rifugio nei tribunali, e l‘ultima conseguenza di questa disposizione della legge sarà la separazione dei coniugi, cioè lo sperpero e la rovina delle famiglie […]. Essa non è attualmente conosciuta nelle provincie lombarde, e giureconsulti e magistrati insigni di quel paese attestano che la libertà lasciata alla moglie di regolare le proprie sostanze non fu mai pregiudizievole agli interessi della famiglia più di quella lasciata al marito» (Relazione sul progetto di Codice civile presentato dal Guardasigilli Pisanelli [26 novembre 1863], in Atti Parlamentari, Senato, Documenti, Sessione 1863-1865, doc. 45). Quasi indietreggiando rispetto alle posizioni assunte nel ruolo di ministro (tanto da indurre «il dubbio di una conversione»: così Antonio Scotti, Dell‟autorizzazione maritale e giudiziale secondo il Codice civile italiano, in Archivio giuridico, IV, 1869, p. 406) e a sostegno della diversa scelta compiuta dal codice che si stava promulgando, Pisanelli motivava in questo modo ‗il cambio di orientamento‘: «Nel progetto che io ebbi l‘onore di presentare al Senato non vi era l‘autorizzazione maritale. La commissione senatoria credette opportuno di aggiungere questa cautela. Quando si esaminano le condizioni dei vari Stati d‘Italia, si vedrà che nella grande maggioranza del popolo italiano questa cautela è osservata, e che perciò molti vedrebbero con grande apprensione emancipata l‘amministrazione della donna per i beni parafernali da quella ingerenza che le leggi dei varii Stati italiani accordano al marito. Vi ha nondimeno un paese, e questo è la Lombardia, in cui la donna amministra indipendentemente dal marito la sua privata fortuna. Quando si vogliono raccogliere indagini intorno ai risultamenti che colà ha ottenuto questo sistema le opinioni non si mostrano conformi; e per la verità lo udii lodare da molti, ma d‘altri ancora biasimare. Si sarebbe forse potuto tentare una novità per molti parti d‘Italia senza far indietreggiare la Lombardia: ma non è grave l‘affidarsi a nuovi studi, a pi÷ sicura esperienza. L‘argomento è gravissimo, e certamente se si abolisse l‘autorità maritale, ove altri freni, che la civiltà sola può dare, non soccorressero al suo difetto, la famiglia rimarrebbe grandemente scossa e forse turbata» (AP, Discussioni, VIII Legislatura, Sessione 1863-1865, Volume X, XVI della Sessione, Continuazione del 4° periodo dal 05/01/1865 al 22/02/1865, Tornata 14 febbraio 1865, Tipografia Eredi Botta, Roma 1890, pp. 8218-8210). In altre parole, Pisanelli candidamente ammetteva che si era preferito sacrificare la ‗modernità‘ di un territorio (il Lombardo-Veneto) anziché fare di quel ‗laboratorio sperimentale‘ l‘esempio cui adeguare il resto della nazione. 15

«Interamente composta di alti magistrati e di consiglieri di Stato», essa si fece interprete di un sentimento condiviso a livello politico che vedeva nell‘autorizzazione una protezione a favore della donna «affinché non cadesse schiava dei capricci di un marito scialacquatore o speculatore arrischiato» (Ungari, Storia, cit., pp. 162-163). 16

Si ribadiva la necessità di sottomettere all‘autorizzazione atti di intrinseca gravità, tali da richiedere «il concorso adesivo del marito, in ossequio non pure all‘autorità morale del capo della famiglia, ma sì pel buon governo della famiglia stessa» (Relazione del ministro guardasigilli Vacca al Re d‟Italia sul codice civile [25 giugno 1865], Codice civile del Regno d‟Italia, Torino, 1866, pp. XIII-XXVIII).


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ricondotte a una condizione di sottomissione: inevitabile che l‘unificazione legislativa rappresentasse ai loro occhi un arretramento.

La donna tornava a godere di una piena capacità d‘agire in caso di separazione legale addebitabile al marito, o se svolgeva in autonomia la professione di commerciante o nel caso di marito minorenne, interdetto, assente, o condannato a più di un anno di carcere per il tempo di espiazione della pena (art. 135)17.

Quasi a dimostrazione di un parallelismo tra famiglia e Stato, sul sempre equivoco crinale tra dimensione privata e pubblica della famiglia stessa, nel caso di rifiuto del marito a prestare l‘autorizzazione o di conflitto di interessi o di separazione pronunciata per colpa esclusiva della moglie o per concorso di colpa di entrambi i coniugi o per mutuo consenso, la donna necessitava dell‘autorizzazione del tribunale civile, il quale, prima di concederla, aveva l‘obbligo di sentire il marito, fatti salvi i casi di urgenza (art. 136)18. Vari deputati avevano stigmatizzato la scelta codicistica, oggetto di un vivace contraddittorio nelle aule parlamentari. La previsione (o meno) dell‘autorizzazione maritale veniva elevata a significativo indicatore di regresso o progresso civile, una sorta di biglietto da visita per uno Stato che si affacciava sullo scenario europeo.

L‘onorevole anconetano Annibale Ninchi, vanto della sua città natale19, non esitava a definire la condizione della donna tratteggiata dal codice civile simile a

17

Erano questi i temperamenti che con savio intendimento, per dirla con le parole del Guardasigilli Vacca, attenuavano il rigore del principio dell‘autorizzazione maritale. La previsione, nel codice, dell‘autorizzazione consentiva sia di sfuggire a quelle che il Ministro definiva le esagerazioni del diritto germanico sia all‘asprezza del dettato francese. Proprio contro questa concezione si leverà la voce di Ercole Vidari che dalle pagine dell‘Archivio giuridico, trattando di legislazione cambiaria, ne approfittava non solo per affermare il suo favore al codice austriaco, ma per stigmatizzare la relazione di Vacca. Dopo aver definito eccessiva e tirannica la soggezione della donna al marito ex art. 134, egli aggiungeva: «il Codice austriaco è assai pi÷ liberale dell‘italiano, e rispetta nella donna quella personalità giuridica che il contratto di matrimonio dovrebbe assumere a fondamento di sua propria istituzione, e non annientare quasi come fa l‘articolo 134. E per quanto queste parole possono parere strane o ridevoli anche a taluno, massime a chi non si peritò di qualificare per esagerazioni di diritto germanico le disposizioni del Codice austriaco, io non mi stancherò dal ripetere, che l‘avere trasfuse, pure per questa parte con poche mutazioni, le disposizione del Codice Napoleone nel codice italiano fu un grande errore» (Ercole Vidari, Studio critico e comparativo di legislazione cambiaria, in Archivio giuridico, I, 1868, pp. 563-564). 18

Questa norma aveva sollevato le perplessità di Pasquale Stanislao Mancini, per il quale si trattava di «un‘altra disposizione durissima, e talvolta ineseguibile, si è che quando il marito ricusi di autorizzare la moglie, e questa chiegga l‘autorizzazione al tribunale, debba il tribunale necessariamente prima sentire personalmente il marito a porte chiuse. A che quest‘assoluta necessità? Se il marito è presente, si citi pure, sta bene; ma se il marito è lontano, è infermo, viaggia all‘estero? Non potendosi sentire personalmente, la moglie chiederà ed attenderà invano l‘autorizzazione giudiziale? Chi non vede a quale eccesso si spinge questa gelosa protezione del legislatore per l‘autorità maritale? Aboliscansi almeno queste inutili esagerazioni, si permettano le autorizzazioni generiche, ma rivocabili; si lasci al tribunale la facoltà, ma non gli s‘imponga necessariamente l‘obbligo di sentire in ogni caso personalmente il marito» (AP, Discussioni, VIII Legislatura, Sessione 1863-1865, Volume X, XVI della Sessione, Continuazione del 4° periodo dal 05/01/1865 al 22/02/1865, Tornata 17 febbraio 1865, p. 8317). 19

«Distinto avvocato, dotto giureconsulto, solerte deputato», Ninchi fu acuto e persistente critico del codice civile, di cui accusava soprattutto la soverchia ingerenza dello Stato nella vita degli individui, per i quali egli auspicava la massima libertà: di coscienza, di culto, morale. Convinto fautore della laicità dello Stato, si distinse per il discorso alla Camera del 20 aprile 1863, relativo al bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, in cui, prendendo le mosse dall‘esame del bilancio e avendo rilevato una somma di L. 1.900.000 destinata ai culti «mi sono domandato: non sarebbe meglio che il nostro Governo facesse getto di questa ingerenza,


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uno stato di servitù di cui condivideva i pesanti oneri ma non i pur flebili vantaggi: mentre una ‗serva‘ era esentata da ogni tipo di responsabilità (ricadente sul proprio padrone), su una moglie e una madre gravavano responsabilità morali «senza nessun diritto di governo e prerogative di direzione», né all‘interno della società domestica né all‘esterno20.

Alle severe censure mosse da Ninchi all‘intero impianto e contenuto del codice rispondeva Oreste Regnoli che condivideva con il primo solo un punto: le rimostranze riguardanti la mortificante disciplina disposta per la donna maritata, frutto della «troppo rigorosa ispezione» svolta dal Senato sull‘originario progetto e che aveva condotto a cancellare fatalmente i diritti delle donne maritate così come conosciuti in Lombardia. «Io ciò deploro perché questa era un‘innovazione per le parti d‘Italia, essa era un‘innovazione necessaria, era una semplice e tarda giustizia resa alle donne; e giustizia tanto più opportuna in quanto che nella Lombardia e nel Veneto essa ha già fatto tali prove che non la si può più chiamare una innovazione pericolosa, una utopia, come suole troppo spesso dirsi delle nuove leggi»21. Articolata la dissertazione sul punto di Regnoli, che richiamava quasi principi giusnaturalistici nel definire la famiglia una società naturale (come sarà poi sancito dalla Costituzione italiana all‘art. 29). A suo avviso, se, al pari di ogni società, anche la famiglia necessitava di ―un capo‖, ciò non poteva tradursi nella perdita da parte della donna coniugata di quei diritti di cui godeva nello stato di nubile o di vedova22.

L‘introduzione dell‘autorizzazione maritale comportava la rottura dell‘eguaglianza «non nella parte sostanziale e morale del matrimonio, ma nella parte che riguarda il diritto di proprietà dei componenti del matrimonio stesso»23.

Ravvedeva nell‘autorizzazione maritale una vera e propria umiliazione per la donna Francesco Crispi, il quale, pur nella necessità di preservare il patrimonio familiare da atti sconsiderati, soggiungeva che non si poteva obbligare la donna a restare in qualunque atto della vita sotto la potestà del marito. La disposizione dell‘art. 134 rappresentava la riprova «che ancora non sentiamo la vera missione che ha sulla terra colei alla quale abbiam legato le nostre sorti e che non solo è nostra moglie, ma è la madre dei nostri figli»24.

economizzando cosi una cospicua somma e prevenendo il pericolo che si accresca enormemente nell‘avvenire?». Da tale premessa conseguiva un corposo ragionamento sulla necessità di separare Stato e Chiesa. Nella tornata 10-11 febbraio 1865, da cui sono tratte le osservazioni qui riportate, l‘onorevole Ninchi individuava nel codice unitario una matrice quasi illiberale, in contrasto con i valori risorgimentali a lungo difesi (per le citazioni cfr. I 450 deputati del presente e i deputati dell‟avvenire, vol. V, Milano, 1865, n. 269, pp. 26-35). 20

AP, Discussioni, VIII Legislatura, Sessione 1863-1865, Volume X, XVI della Sessione, Continuazione del 4° periodo dal 05/01/1865 al 22/02/1865, Tornata del 10 febbraio 1865, p. 8148. 21

Ivi, Tornata del 13 febbraio 1865, p. 8185. 22

«Altro è che il marito sia capo della famiglia, altro è che il marito che è compagno della donna sia libero di disporre a suo talento dei suoi beni, di ridursi all‘indigenza facendo getto delle sue sostanze senza che la moglie possa impedirnelo, mentre la donna è vincolata e non può disporre di qualunque sostanza sua perché è maritata. Tutto è concesso al marito, anche di lasciare la famiglia nella miseria, senza che la moglie possa impedirlo, fuori del caso di interdizione che entra nel diritto comune» (ivi, Tornata del 17 febbraio 1865, p. 8327). 23

Ibidem. 24

Ivi, Tornata del 16 febbraio 1865, p. 8276.


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Accorato il discorso di un navigato giurista e politico come Pasquale Stanislao Mancini, che pur mediando tra posizioni estreme25, non esitava a richiamare lo spirito di identità nazionale per abbattere i limiti introdotti: «Confesso, o signori, che arrossisco pensando alla ingiusta ricompensa che con questo nuovo Codice italiano noi porteremmo alle generose madri e spose lombarde, che tanto premurosamente operarono educando ed incitando la gioventù a forti opere pel trionfo della nazionale indipendenza, quasi costringendole a rimpiangere come più liberale la legislazione dello straniero dominatore, se il sentimento dell‘amor di patria non avesse virt÷ solo e senza contrasto di scaldare quei nobili petti!»26.

I tenaci oppositori dell‘autorizzazione maritale invocavano quindi l‘estraneità dell‘istituto alla tradizione giuridica italiana: assente nel diritto romano, lo si dichiarava introdotto dal codice napoleonico e da qui trasmigrato nei codici preunitari. I progetti succedutisi vorticosamente da Cassinis in poi si erano modulati sulla falsariga del diritto austriaco, fatta eccezione per il secondo progetto Cassinis: né Miglietti, né Conforti, né Pisanelli avevano avvertito la necessità della sua previsione. Sembrava quindi inspiegabile il colpo di mano della commissione senatoria, che con questa scelta ripudiava le radici storiche del diritto italiano (ossia il diritto romano) per abbracciare l‘esperienza straniera. Era avvertito come inopportuno questo sussulto di esterofilia in un momento in cui l‘Italia era chiamata a recuperare il senso di sé e della propria unità dopo secoli di smembramento politico-territoriale27.

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Per Mancini, «tra i due sistemi, tra il lombardo che era larghissimo, ed al quale mi associerei [sic] di gran cuore, ed il francese, mi pare che fosse naturalmente consigliato un partito mediano», consistente nel sottoporre ad autorizzazione maritale le sole donazioni e gli acquisti a titolo gratuito (fatta salva l‘ipotesi in cui fossero i figli i soggetti coinvolti). Egli rinveniva la motivazione di tale riserva nella necessità di concedere al marito la possibilità di intervenire a tutela del decoro della famiglia qualora le liberalità fossero o dettate da «turpe causa fatte a pro della moglie da un individuo che porta il disonore nella sua famiglia o prodigate dalla moglie a dispetto del marito, e forse malgrado i bisogni della sua figliolanza, in profitto di un suo adoratore» (AP, Discussioni, VIII Legislatura, Sessione 1863-1865, Volume X, XVI della Sessione, Continuazione del 4° periodo dal 05/01/1865 al 22/02/1865, Tornata del 17 febbraio 1865, p. 8316). Mancini tornò sul tema nello scritto L‟autorizzazione maritale e i suoi limiti nel codice civile italiano, in Diritto e giurisprudenza, III, 1887-1888. 26

AP, Discussioni, VIII Legislatura, Sessione 1863-1865, Volume X, XVI della Sessione, Continuazione del 4° periodo dal 05/01/1865 al 22/02/1865, Tornata del 17 febbraio 1865, p. 8316. Una sorta di strisciante anti francesismo serpeggia anche nelle parole di Regnoli, il quale, orgogliosamente, richiama a fondamento della proposta di abolire l‘autorizzazione maritale la tradizione romanistica, vero riferimento, insieme all‘austriaca, della legislazione europea: «No, l‘Italia deve seguire non solo i princìpi della libertà individuale e del rispetto della proprietà, ma deve seguire quelle fonti del diritto che sono veramente pure anche rispetto ai diritti di famiglia, quali sono il diritto romano e il diritto germanico non meno del romano attendibile» (ivi, Tornata del 17 febbraio 1865, p. 8327). E‘ una delle pi÷ chiare testimonianze del passaggio da un atteggiamento anti-austriaco, in cui il pregiudizio politico era prevalso fino a travolgere una valutazione obiettiva della legislazione prodotta negli anni di dominio nei nostri territori, a un recupero di quel diritto in chiave anti–piemontese e anti–francese. Al tempo stesso era implicito riconoscimento che nel panorama europeo il codice austriaco rappresentasse l‘unico valido modello alternativo al testo francese: dopo un iniziale imbarazzo nel richiamarsi al diritto di uno Stato additato a nemico dall‘ideologia risorgimentale, si era riusciti a recuperarne il valore tecnico e contenutistico. 27

Dissentiva da tale ricostruzione (mero paravento per giustificare una sconsiderata decisione) Valeria Benetti-Brunelli, docente di pedagogia e impegnata nel processo della riforma scolastica: secondo la sua ricostruzione la Commissione senatoria non era riuscita a concepire la vita familiare diversamente dal diritto romano e dal mundio germanico, introducendo


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L‘esempio della Lombardia e del Veneto era il vessillo della campagna del patriota milanese Francesco Restelli il quale, proprio richiamando i buoni risultati conseguiti nelle province italiane in cui vigeva il codice austriaco28, riteneva «esagerato e mal fondato» il timore che la mancata previsione dell‘autorizzazione maritale potesse compromettere l‘ordine familiare29. Secondo Restelli, al contrario, accordandole fiducia la donna avrebbe ripagato in termini di amministrazione responsabile l‘affidamento e l‘aspettativa riposta in lei, con conseguente vantaggio per l‘unità familiare e patrimoniale30.

Testimonianza diretta del mancato avverarsi delle sciagure profetizzate dalle cassandre del diritto nei territori esenti dall‘autorizzazione maritale proveniva dal nobile avvocato vicentino Sebastiano Tecchio, il quale dichiarava di aver potuto constatare in prima persona che nella pratica «da codesta libertà raro è che nascano inconvenienti o disordini» e che comunque eventuali abusi «tornano minori a pezza, e meno pregiudizievoli alla pace delle famiglie, che non quelli i quali si manifestano nei paesi dove la donna è vincolata cosi come oggi la si vorrebbe vincolare»31. L‘art. 134, a detta di Tecchio, finiva per porre la donna in una condizione di dipendenza dal marito paragonabile a quella di chi per uno stato naturale o civile di interdizione necessitava di un curatore o di consulente giudiziario. «Domando se questa condizione possa essere reputata consentanea alla dignità della donna; o se una moglie, la quale dalla legge sia

l‘autorizzazione maritale come eccezione al principio di uguaglianza giuridica dei sessi, a cui fondamentalmente il codice si ispirava. «Peraltro mentre nel diritto romano e germanico l‘istituto dell‘autorizzazione maritale si presentava come una logica conseguenza dell‘intero sistema giuridico», basato sull‘imbecillitas sexus, «nel nostro diritto invece un tale istituto appare come una violenza della legge e un‘offesa a danno della donna»: violenza dal momento che concepiva raggiunta l‘armonia familiare grazie alla prepotenza dell‘uomo, vòlta a soffocare ogni germe di libertà e di spontaneità nell‘altro coniuge; offesa per aver negato l‘esercizio di un diritto essenziale della personalità giuridica (Valeria Benetti, La donna nella legislazione italiana, Forzani e C. tipografi del Senato, Roma, 1908, p. 22). 28

«La libertà lasciata alle mogli di amministrare le loro sostanze ha fatto buona prova in Lombardia e nella Venezia in cui il Codice, che tuttavia ha vigore in quelle provincie, non stabilisce appunto alcun vincolo per la moglie alla disponibilità delle proprie sostanze. Capirei come ci fosse un‘esitanza ad abbandonare il principio dell‘autorizzazione maritale quando non ci fossero provincie in Italia che già ne avessero fatta un‘ampia esperienza; ma già da mezzo secolo in Lombardia e nella Venezia il principio dell‘autorità maritale è scomparso insieme al Codice francese, né si sono verificati gl‘inconvenienti che taluni temono, quasi che colla emancipazione della donna abbiansi a veder turbati i legami della famiglia» (AP, Discussioni, VIII Legislatura, Sessione 1863-1865, Volume X, XVI della Sessione, Continuazione del 4° periodo dal 05/01/1865 al 22/02/1865, Tornata del 17 febbraio 1865, p. 8328). 29

Restelli richiamava il sentimento naturale di protezione verso i figli come baluardo contro le fumose fantasie di quanti vedevano nella ‗libertà negoziale‘ il pretesto atteso dalle donne per dilapidare le proprie sostanze a danno della famiglia: «al certo una madre non ha meno affetto verso i suoi figli, non è meno sollecita della loro sorte di quello che il padre lo sia. Non ci può essere fra loro che gara affettuosa nel provvedere all‘avvenire dei figli» (ibidem). 30

«Se voi rispetterete la dignità della moglie ritenendola capace di non abusare della libertà di disporre dei suoi beni, se mostrerete di aver fiducia in lei; essa ne sentirà tutta la responsabilità, essa si crederà tanto più in obbligo di ben usare nel solo interesse della famiglia delle facoltà che la legge le accorda» (ibidem). 31

Ivi, Tornata del 17 febbraio 1865, p. 8331. Dello stesso tenore le parole di Ercole Vidari, nel già ricordato saggio. A suo parere, la piena capacità della donna concessa dal codice austriaco non aveva scosso le fondamenta della società coniugale, né allentati i vincoli familiari, né affievolita la naturale deferenza della donna verso il marito, ritenendo più che rassicurante la prova data dalle leggi asburgiche nelle province italiane sottomesse all‘aquila bicipite (Vidari, Studio critico, cit., p. 565).


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posta in siffatta condizione, possa avere nel seno della famiglia quella legittima influenza alla quale l‘istituzione stessa del matrimonio, e la voce della natura e della civiltà, ci assicurano ch‘essa ha diritto»32.

E su questa linea si poneva anche un deputato della destra, come Giuseppe Massari33, il quale, concordando con un compagno di ideali come Ninchi, non a caso rievocato nel suo discorso, confessava che «il veder trattata la donna a quel modo mi ha fatto molto dispiacere. Sono stato ferito nei miei sentimenti più delicati». Suscitando l‘ilarità dei presenti grazie a una sottile ironia, Massari confessava che «da uomini così miti e d‘animo affettuoso come l‘onorevole guardasigilli e l‘onorevole relatore Pisanelli non mi aspettavo ciò. Dico schietto, signori, l‘avrei compreso se l‘uno e l‘altro fossero ammogliati, perché l‘esercizio dell‘autorità coniugale, come l‘esercizio di tutte le autorità di questo mondo, crea spesso la tendenza ad esagerare le proprie attribuzioni: ma dall‘onorevole guardasigilli e dall‘onorevole Pisanelli non me l‘aspettava, ché essi, come me, appartengono alla sconsolata famiglia dei celibi»34.

Nonostante le opposizioni e gli auspici di alcuni autorevoli giuristi, finì per imporsi la linea della commissione senatoria35, ritenuta espressione di una condivisibile prudenza che imponeva di non turbare l‘unità e l‘armonia familiare36.

Al di là della specifica ipotesi dell‘autorizzazione maritale, il codice era costellato di disposizioni che riflettevano una visione discriminatoria della donna. Tra i casi di separazione era contemplato l‘adulterio, declinato tuttavia in

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AP, Discussioni, VIII Legislatura, Sessione 1863-1865, Volume X, XVI della Sessione, Continuazione del 4° periodo dal 05/01/1865 al 22/02/1865, Tornata del 17 febbraio 1865, p. 8332. 33

«Capirei che, se non ci fosse in Italia esempio d‘una legislazione diversa, si fosse proceduto come si è proceduto. Mi spiace dover ricorrere ad un esempio straniero, ma tutti sappiamo che la legislazione austriaca assegna alla donna maggiori prerogative di quelle che sventuratamente loro attribuisce il Codice che ora ci si propone. Il Codice che ha avuto vigore in Lombardia per tanti anni ha potuto produrre inconvenienti, ma non credo che in complesso gli abitanti di quel paese se ne sieno trovati male» (ivi, Tornata dell‘11 febbraio 1865, p. 8170). 34

Ivi, Tornata dell‘11 febbraio 1865, p. 8171. 35

La commissione legislativa, istituita con i decreti 2 e 12 aprile 1865 con il compito di coordinare il codice civile (e gli altri in discussione) con le leggi dello Stato, secondo quanto disposto dalla legge 2 aprile 1865 (che accordava al governo l‘autorizzazione a pubblicare il codice), si pose il problema se modificare o addirittura abrogare l‘istituto, ma la maggioranza dei componenti della commissione coordinatrice si espresse a favore del suo mantenimento, ritenendo che il testo frutto dell‘accordo tra Commissione del Senato e Guardasigilli fosse ormai di fatto e di diritto entrato a far parte dell‘ordinamento italiano (Spalazzi, Autorizzazione, cit., pp. 455-466). 36

Nel riassumere le variegate opinioni emerse durante il dibattito alla Camera, Pisanelli concludeva che «in entrambi i rami del Parlamento fu essa [l‘autorizzazione maritale] da parecchi oratori impugnata, e coteste discussioni non furono senza frutto. Ammette il Codice italiano la necessità dell‘autorizzazione maritale, ma per alcuni atti soltanto tassativamente indicati (art. 134); in guisa che esso non colpisce la donna maritata di una incapacità assoluta e soggettiva, ma di una incapacità relativa e quasi oggettiva, che riguarda alcuni atti più importanti e non altri. E quantunque, ragguagliando l‘art. 134 del Codice italiano all‘art. 217 del Codice francese, non apparisca notevole differenza tra loro, le discussioni che hanno preceduto e accompagnato il primo di tali articoli daranno alla nuova giurisprudenza italiana un indirizzo assai diverso da quello seguito dalla giurisprudenza francese. Si arresteranno a questo punto i progressi della legislazione? Io credo che la discussione già fatta in Italia su questo importante argomento abbia scosse molte coscienze, e verrà a richiamare sopra di esso le meditazioni più accurate de‘ pubblicisti» (Giuseppe Pisanelli, Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX, Francesco Vallardi editore, Milano, 1872, pp. 79-80).


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modo diverso nel caso che a violare la fedeltà coniugale (sancita come un dovere paritario per i due sposi dall‘art. 130) fosse l‘uomo o la donna. Se al marito bastava il semplice tradimento per intentare causa di separazione, alla donna occorreva dimostrare l‘esistenza di un rapporto di concubinato tanto forte da indurre l‘uomo a mantenere la concubina in casa o notoriamente in altro luogo (art. 150).

Sebbene si introducesse l‘idea di una potestà genitoriale congiunta, era di fatto il padre ad esercitarla, e tale preminenza decisionale durava oltre la sua stessa vita: egli poteva infatti vincolare il coniuge superstite dettando le modalità educative dei figli e disponendo circa l‘amministrazione dei beni degli stessi da parte della madre (art. 235).

Era altresì possibile al consiglio di famiglia (chiamato a intervenire ex art. 241 qualora il minore non fosse soggetto alla patria potestà o a tutela legale, in seguito a morte di entrambi i genitori, o a dichiarazione di assenza o perdita della patria potestà per effetto di una condanna penale) decidere, nell‘ipotesi in cui la vedova volesse contrarre nuove nozze, se essa potesse conservare l‘amministrazione dei beni dei figli minori di primo letto oltre a stabilire le condizioni relative alla loro formazione.

Si trattava di disposizioni particolarmente gravi, dal momento che il minore era sufficientemente garantito dal controllo del tribunale sugli atti di straordinaria amministrazione e dalla perdita dell‘usufrutto legale per il genitore passato a seconde nozze. Norme che manifestavano evidente sfiducia verso la donna, considerata non solo inadeguata a prendersi cura del patrimonio della prole, ma incapace di svolgere un ruolo educativo in autonomia.

A lei si vietava inoltre di assumere l‘ufficio di tutela, pro tutela e curatela e di far parte del consiglio di famiglia, a meno che non fosse ascendente o sorella germana non maritata dell‘incapace (art. 268, n. 1, cc.).

In sintesi, la scelta matrimoniale finiva per rappresentare, anziché un‘opportunità di crescita in un rapporto di condivisione dei sentimenti fra eguali, una forte limitazione delle capacità delle donne. Paradossalmente, era nella vita priva di legami familiari che la donna sperimentava una forma di libertà, costretta quasi a scegliere tra l‘esaltazione di un ‗io‘ o la dimensione di un ‗noi‘ in cui ritagliarsi un ruolo non solo di secondo piano, ma anche di subalternità. La solitudine, derivante o dal nubilato o da una separazione o dalla vedovanza, era l‘unica possibilità per le donne di esprimere, almeno sul piano giuridico, la propria volontà e affermare le proprie decisioni37.

Un primo mutamento a questa condizione di marginalità fu dovuto a un evento catastrofico: il terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, che indusse il governo ad introdurre provvedimenti eccezionali quali, ad esempio, il R.D. del 14 gennaio 1909, n. 14. L‘art. 4 autorizzava la donna ad esercitare le

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Riscontrava una simile contraddizione Mancini, che così ammoniva i colleghi deputati, chiamati ad esprimersi sulle scelte normative del codice unitario: «Se la donna è celibe, certamente non ha bisogno di essere autorizzata, e del pari se è vedova: essa amministra e dispone con pienissima libertà delle cose sue. Dunque la legge non sospetta infermità di giudizio nella donna, non le fa questo torto; provvede soltanto, quando si tratti di donna maritata, a mantenere una specie di gerarchia e disciplina domestica, e null‘altro. Ma non son palesi i pericoli di questa soverchia ingerenza del marito, che ha per effetto di renderlo padrone e dispositore anche della fortuna particolare di sua moglie?» (AP, Discussioni, VIII Legislatura, Sessione 1863-1865, Volume X, XVI della Sessione, Continuazione del 4° periodo dal 05/01/1865 al 22/02/1865, Tornata del 17 febbraio 1865, p. 8316-8317).


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funzioni tutelari su minorenni rimasti abbandonati, senza limitazioni di vincoli di parentela e senza bisogno di autorizzazione (e così disporrà successivamente anche l‘art. 23 della l. 18 luglio 1917, n. 1143 per gli orfani di guerra).

Il 17 luglio 1919 finalmente il muro dell‘autorizzazione maritale venne sgretolato: la legge, dal significativo titolo Norme circa la capacità giuridica della donna, abrogava all‘art. 1 gli artt. 134-137 del codice civile, lasciando tuttavia impregiudicato il tema dei diritti politici38.

Cadeva così definitivamente il divieto per le donne di assumere uffici tutelari e di far parte del consiglio di famiglia. Al contrario, l‘art. 4 le qualificava espressamente come consulenti di diritto, qualora non fossero parte del consiglio di famiglia in altra qualità.

Se l‘art. 7 ammetteva le donne, a pari titolo degli uomini, all‘esercizio di tutte le professioni e a coprire gli impieghi pubblici, con l‘importante eccezione tuttavia di quelli implicanti poteri pubblici giurisdizionali o l‘esercizio di diritti e potestà politiche o attinenti alla difesa militare dello Stato, il legislatore (latore tutto sommato del parere della scienza giuridica) rimaneva fermo nella propria posizione per quanto riguardava il diritto di voto: se nella sfera privata e familiare i principi di libertà e uguaglianza consentivano la realizzazione di un‘armonia avvertita ormai come necessaria (superando la contrapposizione tra un marito-padrone e una moglie-serva), nell‘ambito pubblico prevaleva ancora

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Furono diverse le tappe di avvicinamento alla cd. legge Sacchi che determinò l‘abrogazione. La prima può esser considerata la proposta di Salvatore Morelli, depositata alla Camera il 18 giugno 1867 (X legislatura del regno, proposta n. 25) dal provocatorio titolo Per lo scopo di abolire la schiavitù domestica con la reintegrazione giuridica della donna, accordando alle donne italiane i diritti civili e politici che si esercitano dagli altri cittadini del Regno; l‘istanza non fu nemmeno ammessa alla lettura. In un passo, Morelli si chiedeva, tra l‘altro: «Se l‘umanità ha lavato con torrenti di sangue nell‘ultima guerra americana l‘obbrobrio della schiavit÷ dei neri, come può ella mai consentire più a lungo la schiavitù della donna, la quale è la più importante varietà dell‘essere umano, anzi è la creatrice, la educatrice ed il movente perpetuo di quest‘essere? Come può consentire che colei che deve riscuotere maggiore rispetto nella casa e nella società, rimanga destituita dei diritti civili e politici accordati a coloro che ne riconoscono la supremazia e la chiamano con il nome di donna, signora? Come può consentire che si neghino a lei causa le prerogative accordate dalle leggi all‘uomo, effetto della sua contemplazione creativa?» (Camera dei deputati, sessione 1867, Proposta di legge presentata dal deputato Morelli Salvatore nella tornata del 18 giugno 1867, doc. n. 25. Per consultare il manoscrittohttp://archivio.camera.it/patrimonio/archivio_della_camera_regia_1848_1943/are01o/documento/CD1100023381. La proposta si trova pubblicata anche in Salvatore Morelli, I tre disegni di legge sulla emancipazione della donna, riforma della pubblica istruzione e circoscrizione legale del culto cattolico nella chiesa, Tip. Franco-italiana, Firenze, 1867, p. 25). Si pensi poi, all‘intervento alla Camera del deputato modenese Carlo Gallini del 19 febbraio 1910, con cui si chiedeva di cancellare quella «macchia deturpatrice» che tanto «dissidio e dolore» aveva portato nella famiglie (AP, Discussioni, XXIII Legislatura, Sessione 1909-1910, Volume IV, I Sessione dal 18/11/1909 al 23/02/1910, Tornata del 19 febbraio 1910, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1910, p. 5177). Meno radicale, ma in linea con l‘abolizione dell‘istituto, la perorazione al Senato di Vittorio Scialoja del 20 dicembre 1912, in cui tuttavia si insinuavano forme di compressione dell‘iniziativa imprenditoriale della donna, dal momento che si ammetteva che il marito potesse negare alla moglie l‘esercizio di un‘attività commerciale: AP, Discussioni del Senato del Regno, XXIII Legislatura, Sessione 1909-1912, Tornata del 20 dicembre 1912, Tipografia del Senato, Roma, 1912, pp. 9754-9758. Cfr. anche Vittorio Scialoja, Per l‟abolizione dell‟autorizzazione maritale (1910), rist. in Studi giuridici, III, 1, Anonima Romana Editoriale, Roma, 1932, pp. 132-136. Sottolinea l‘importanza di questo progetto Paolo Ungari e non solo per «l‘altissima autorità del proponente», ma anche perché era «tra i rarissimi proposti in Senato» (Ungari, Storia, cit., p. 193).


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la diffidenza verso quel sesso presunto frivolo nelle cui mani non poteva essere lasciato il destino dello Stato e dei pubblici interessi.

Sfumava così il miraggio dei movimenti femminili che avevano cercato di attribuire alle donne veri spazi di autonomia, non limitandoli alla libertà di contrarre o non contrarre matrimonio, ma di incidere nella vita civile e politica del Paese attraverso l‘espressione del voto elettorale.

3. L‟illusoria stagione dei progetti Se l‘eco dell‘ingiustizia dell‘autorizzazione maritale non si era spenta dopo

l‘entrata in vigore del codice, quello sul voto divenne un tema centrale. La lotta per la conquista dei diritti elettorali si svolse in realtà nell‘Italia

liberale lungo due direttrici: la rivendicazione del voto politico e di quello amministrativo. Il primo «non fece mai realmente parte dell‘orizzonte delle possibilità; il voto amministrativo ne ebbe invece molte, anche se non arrivò mai in porto. La distinzione tra i due tipi di suffragio era legata da un lato alla concezione europea di ancien régime in cui le donne erano presenti nelle forme di rappresentanza locale legate agli interessi patrimoniali, e dall‘altro alla concezione liberale italiana per cui i poteri degli enti locali non dovevano rivestire alcun significato politico»39.

Sulla base di tali premesse, il voto amministrativo avrebbe dovuto incontrare meno ostacoli, dal momento che le donne più facilmente potevano essere considerate elettrici in ragione del loro essere contribuenti: ma, proprio «perché questa era una possibilità reale, la si temeva di più»40.

Entrambe le istanze, come vedremo, naufragarono miseramente nel conservatorismo del tempo.

La rivendicazione per l‘attribuzione del voto amministrativo aveva radici lontane: risaliva infatti al periodo immediatamente successivo all‘unificazione41. Nel 1861 un gruppo di donne lombarde, con l‘orgogliosa qualifica di cittadine italiane, presentava alla Camera una petizione42. In realtà si trattava della richiesta di estendere a tutte le donne la normativa asburgica operante sui territori lombardo-veneto e toscano, ossia prevedere l‘esercizio del voto alle sole donne contribuenti e tramite procura, onde evitare «il contatto fisico tra il corpo femminile e il luogo pubblico maschile: timore simbolico che ricorrerà in tutte le discussioni successive sul diritto di voto femminile»43.

39

Anna Rossi-Doria, Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia, Giunti, Firenze, 1996, p. 76. Si aggiunge che, «mentre la partecipazione alla politica locale era costruita sull‘essere possidenti e contribuenti, su elementi cioè che alcune donne potevano detenere, la partecipazione politica oltre che su censo e istruzione, si basava sul pieno godimento dei diritti civili, di cui le donne erano prive» (Giulia Galeotti, Storia del voto alle donne in Italia. Alle radici del difficile rapporto tra donne e politica, Biblink editori, Roma, 2006, p. 22). 40

Rossi-Doria, Diventare cittadine, cit., p. 76. 41

Cfr. Mariapia Bigaran, Progetti e dibattiti parlamentari sul suffragio femminile da Peruzzi a Giolitti, in Rivista di storia contemporanea, 14 (1985), n. 1, pp. 50-82: Ead., Il voto alle donne in Italia dal 1912 al fascismo, in Rivista di storia contemporanea,16 (1987), n. 1, pp. 240-265. 42

Vi si legge tra l‘altro: «Le sottoscritte, Cittadine Italiane, fanno al Parlamento rispettosa istanza, affinché nella compilazione del nuovo Codice civile italiano, alle donne di tutte le provincie vengano estesi i diritti riconosciuti fino ad oggi nelle donne Lombarde» (Raccolte storiche del Comune di Milano, Raccolta Bertarelli, busta 212). 43

Rossi-Doria, Diventare cittadine, cit., p. 77.


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In fondo, su presupposti simili, si erigeva il progetto di legge comunale e provinciale presentato dal ministro Marco Minghetti il 13 marzo 1861. L‘art. 13 concedeva infatti alle donne proprietarie (la cui contribuzione non fosse imputata a un marito) di delegare la rappresentanza del loro censo in sede elettorale44: delega, quindi, non diretta espressione di voto, dal momento che l‘art. 17, per evitare ogni equivoco, stabiliva l‘esclusione delle donne dall‘elettorato tanto attivo quanto passivo45, con una formulazione e un accostamento a categorie di soggetti che riproduceva quanto già vigente con il decreto Rattazzi (art. 23) e poi ripreso dalla legge elettorale del 186546.

Ritirato il progetto nel 1862, sembrava destinata a miglior fortuna la proposta avanzata dall‘allora ministro dell‘interno Ubaldino Peruzzi (nel dicastero Minghetti) nella tornata del 29 maggio 1863. Si trattava di un ambizioso tentativo di riformare la normativa del 1859; in particolare, per quanto attiene al nostro tema, il progetto interveniva sull‘art. 45 della legge del 1859, per il quale il voto era personale e non ammetteva rappresentanze o votazioni per iscritto. Peruzzi sul punto si rifaceva alla legge comunale toscana del 1859, con un‘unica variante: mentre in Toscana il voto per rappresentanza era consentito a tutti, tranne che alle donne, le quali lo esprimevano solo mediante scheda, la proposta ministeriale del 1863 consentiva alle elettrici, purché maggiori di 21 anni, nubili, vedove, separate e contribuenti, di votare un proprio rappresentante per delega o per iscritto. Evidente che si volesse concedere la partecipazione politica alle sole donne ‗libere‘, ossia non soggette al potere di un padre o di un marito, e per questo chiamate a tutelare in prima persona i propri interessi senza il paravento di una protezione maschile.

La Commissione incaricata di esprimere un parere, attraverso la voce del relatore Carlo Boncompagni, riteneva ammissibile il diritto di voto delle donne esclusivamente nelle elezioni comunali47, con la precisazione che «i nostri

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Art. 13: «Le donne, della cui contribuzione non si tenga conto al marito in virt÷ dell‘articolo precedente, ed i corpi morali possono delegare la rappresentanza del loro censo elettorale» (Atti del Parlamento, Documenti, VIII legislatura, Sessione dal 18 febbraio al 23 luglio 1861, Tipografia Eredi Botta, Torino, 1861, p. 41). 45

Art. 17: «Non sono né elettori, né eleggibili: Le donne, gli interdetti o provvisti di consulente giudiziario, salvo il disposto dagli articoli 12 e 15; Coloro che sono in istato di fallimento dichiarato o che hanno fatto cessione di beni, finché non abbiano pagato intieramente i creditori; Quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione; I condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni, mentre le subiscono; E finalmente i condannati per furto, frode od attentato ai costumi» (ibidem). 46

«Non sono elettori, né eleggibili gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri; le donne, gl‘interdetti, o provvisti di consulente giudiziario; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione dei beni, finché non abbiano pagati intieramente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode o attentato ai costumi» (art. 26 della Legge per l‟unificazione amministrativa del Regno d‟Italia del 20 marzo 1865, n. 2248). L‘art. era l‘esatta riproposizione di quanto a suo tempo stabilito dall‘art. 23 dell‘ordinamento comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, noto anche come decreto Rattazzi (Legge 23 ottobre 1859, n. 3702 sull‟ ordinamento comunale e provinciale, in Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna, Vol. XVIII, pt. 2, Torino, 1859, p. 1409). 47

Dal momento che il comune deve intendersi come «un‘associazione di contribuenti i cui diritti si esercitano principalmente deliberando nelle spese», era conseguente che «il diritto di frammettersi nella sua amministrazione partecipando all‘elezione dei consiglieri sia conceduto o a tutti i contribuenti od a coloro che contribuiscono in una certa proporzione. Perciò l‘eccezione che si oppone alle donne allorquando si tratti di elezioni politiche, non è più fondata egualmente


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costumi non consentirebbero alla donna di frammettersi nel comizio degli elettori per recare il suo voto». Erano perciò necessari degli accorgimenti per evitare che ella fosse eccessivamente soggetta all‘ascendente altrui: concetto ribadito nel tempo con costante convinzione. Si riteneva che «il fine a cui la legge intende sarà assai meglio raggiunto, a parere della Commissione, quando alla donna si prescrive di mandare il voto scritto in scheda» e non tramite delegati, i quali avrebbero potuto esercitare un‘indebita influenza sul delegante48.

Fu la Commissione parlamentare, relatore Francesco Restelli, in accordo con il ministro dell‘interno Giovanni Lanza49, esponente di spicco della Destra storica, a porre una pietra tombale sull‘iniziativa di Peruzzi, sottolineando il valore della presenza personale al voto (come era nella legge del 1859) e respingendo la previsione di un voto per scheda o per delega, non sufficientemente garante della sincerità e della libertà del voto. In forza dell‘antico adagio che considerava inopportuna la presenza diretta delle donne ai seggi si bocciò in toto la ventilata apertura e si giunse così all‘approvazione del testo del 186550.

In un tourbillon di progetti51, su uno sfondo politico che, pur mutando, manteneva ferma l‘opposizione al suffragio femminile52, con argomentazioni che i diversi schieramenti politici faticavano a differenziare (destra e sinistra

allorquando si tratti di elezioni comunali» (Relazione della Commissione della Camera dei Deputati sulla proposta di riforma della legge del 1859 presentata dal Ministro dell'Interno, Peruzzi, relatore della Commissione il deputato Buoncompagni [Relazione Boncompagni], Tornata 20 giugno 1863, in La nuova legge comunale e provinciale del Regno d‟Italia, Torino, 1865, allegato III, § XXIII, p. 376). 48

Relazione che precede la proposta di riforma alla legge comunale e provinciale del 1859 presentata dal Ministro dello Interno, Peruzzi, alla Camera dei Deputati nella tornata del 5 marzo 1863, allegato II, § II, pp. 365-366 e Relazione Boncompagni, cit., allegato III, §§ XXII e XXIII, p. 376. 49

Questi nel 1871, divenuto presidente del Consiglio, ripresentò il ‗modello‘ Peruzzi, riproducendone quasi le argomentazioni e ammettendo il voto amministrativo alle donne tramite scheda trasmessa al sindaco, in busta sigillata, su cui l‘elettrice avrebbe apposto la firma autenticata da un notaio o dal sindaco, con evidente interferenza con la tutela della segretezza del voto (Relazione del Presidente del Consiglio e Ministro dell‟Interno Giovanni Lanza sul progetto di legge “Modificazioni alla legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865”, n. 18 bis, in Atti Parlamentari della Camera dei Deputati, Legislatura IX, Sessione 1871-1872, Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera, I, Tipografia Eredi Botta, Torino, 1865, p. 4). 50

Cfr. Maria Antonella Cocchiara, Donne e cittadinanza politica: una prospettiva storica, in Donne, politica e istituzioni: percorsi, esperienze e idee, Aracne, Roma, 2009, pp. 94-96. 51

Merita di essere segnalato il progetto presentato nella tornata del 7 dicembre 1876 dal ministro dell‘Interno Giovanni Nicotera con il conforto della Commissione istituita il 30 aprile di quello stesso anno sotto la presidenza di Peruzzi, il cui compito era di studiare e proporre le riforme più convenienti da apportare al progetto del ministro. La commissione affermava che le amministrazioni comunali avessero la missione di prendersi cura degli interessi collettivi dei contribuenti e sulla base di questo presupposto considerava doveroso attribuire alle donne il diritto di eleggere i consiglieri comunali e provinciali. Il progetto, sottoposto poi al vaglio di una commissione parlamentare presieduta da Benedetto Cairoli, suscitò polemiche e contrasti in seno alla commissione stessa e non approdò alla discussione in aula (Cocchiara, Donne e cittadinanza, cit., pp. 97-98). 52

Si sottolineava a sostegno di un rifiuto «lo stato di depressione morale e intellettuale della popolazione muliebre italiana; occupiamoci perciò dapprima ad emancipar la donna nell‘ordine intellettivo, ad educarla, ad istruirla, con diversi sistemi però da quelli ora in uso, a darle insomma altra posizione nella vita, ed allora le si potrà accordare eziandio il godimento de‘ diritti politici» (Johann Caspar Bluntschli, Diritto pubblico universale, trad. italiana di Giuseppe Torno, vol. II, Stabilimento tipografico di De Angeli e figlio, Napoli, 1875, p. 505).


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sembravano concordi nel parlare un medesimo linguaggio escludente), merita di essere segnalato l‘intervento radicale del pugliese Salvatore Morelli che nel suo schema legislativo presentato il 18 giugno 1867 (ma mai ammesso alla lettura) esordiva affermando: «Signori, io vi metto dinanzi un dilemma: la donna la ritenete per cosa o per persona? Riconoscete o negate in lei la facoltà tutte che possiede l‘uomo? Ammettete o negate in lei la identità del tipo? Ammettete o negate in lei una medesima destinazione con l‘uomo? Se riconoscete la donna per persona, se ammettete in lei le stesse facoltà che possiede l‘uomo, se riconoscete in lei l‘identità del tipo rivestito del prestigio della genitura, che la rende più maestosa e solenne, se ammettete nello svolgimento delle sue facoltà, come vi comanda il buon senso, la ragione e la storia, comune destinazione con l‘uomo, quale argomento potrebbe affacciarsi per negare alla creatrice dei cittadini, la giuridica caratteristica di cittadino? Alla madre degli elettori, dei deputati, dei ministri il diritto di portare il voto all‘urna, e di esercitare le altre prerogative politiche concesse all‘uomo suo compagno?»53.

La sua proposta, secca ed estrema, mirava con soli quattro articoli a rivoluzionare la condizione femminile: l‘art. 1 proclamava che era volere della giustizia eguagliare la donna all‘uomo «nei diritti civili e politici. Quindi le donne italiane, dalla pubblicazione di questa legge, sono facultate ad esercitare i diritti civili e politici nello stesso modo e con le medesime condizioni che li esercitano gli altri cittadini del regno d‘Italia». Ne derivava inevitabilmente l‘abrogazione di tutte le disposizioni del codice e di altre leggi suppletorie che circoscrivevano e limitavano i diritti della donna. Si profilava la precoce configurazione d‘un suffragio universale, comprensivo anche del voto femminile54.

Nemmeno l‘ascesa al governo della sinistra modificò lo stallo creatosi con gli improduttivi tentativi messi in campo dai governi della Destra storica: alla frenesia progettuale continuava a fare da contraltare un immobilismo decisionale.

Fu quando nel 1881 approdò alla Camera la discussione sul disegno di legge per la riforma elettorale presentata dall‘allora ministro dell‘Interno Agostino Depretis che la discussione si infiammò.

In questo caso il tema della partecipazione delle donne al voto politico (non più solo amministrativo, quindi) si intrecciò con una vivace discussione sul sistema elettorale da adottare: per censo, per classi, a suffragio universale maschile graduato55 (con posizioni diverse riguardo ai requisiti da richiedere), a suffragio universale comprensivo anche delle donne.

Toccò a Giuseppe Zanardelli farsi carico della relazione illustrativa dei lavori svolti dalla Commissione. E Zanardelli mostrò un volto inaspettato. Inizialmente egli accendeva una fiammella di speranza, ammettendo un‘uguaglianza intellettiva tra uomini e donne, concedendo che un «grandissimo numero di

53

V. nt. 38. 54

Non mancava tuttavia nell‘art. 4 un sussulto di passato e un presagio di futuro quando si sanciva che «le donne italiane, che si mostreranno più diligenti al miglioramento della razza umana, dando alla patria figlioli di belli e robusti tipi, e li educheranno in modo da farli divenire eroi, pensatori e produttori distinti, avranno conferiti dallo Stato titoli di onore, pubblici uffici, ed anche pensioni vitalizie, secondo il maggior bene che hanno arrecato colla loro opera»: toni retorici e modalità espressive che saranno dagli anni Venti in poi il fulcro della predicazione fascista. 55

Così lo definiva Zanardelli nella tornata del 10 giugno 1881 (AP, Discussioni, XIV Legislatura, Sessione 1880-1881, Volume VI, I Sessione dal 28/04/1881 al 16/06/1881, Tipografia Eredi Botta, Roma, 1881, p. 5977).


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donne ha una intelligenza per lo meno più che sufficiente per dare un voto con consapevolezza e discernimento» e soggiungendo che «a capacità uguali, se non superiori, può sembrare debbano incontrastabilmente corrispondere uguali diritti». Seguiva, però, un coupe de théâtre: la premessa, che lasciava presagire una soluzione positiva, si risolveva in affermazioni degne del più implacabile ‗codino‘. La solutio, situata al termine di una dialettica contrapposizione tra pro e contra, faceva crollare ogni attesa. «Malgrado l‘apparente efficacia di tali argomenti, non è senza profonda ragione che presso nessun popolo, o quasi, come si è veduto, questa compartecipazione alla vita politica si è assegnata alla donna» e questo perché «l‘uomo e la donna non sono chiamati allo stesso ufficio sociale, agli stessi diritti e doveri, agli stessi lavori, alle stesse cure e fatiche. La donna è diversa dall‘uomo; essa non è chiamata agli stessi uffici, non è chiamata alla vita pubblica militante; il suo posto è la famiglia, la sua vita è domestica, le sue caratteristiche sono gli affetti del cuore che non si convengono coi doveri della vita civile; la sua missione è di formare i cittadini patriotti, liberali; ed il domi mansit lanam fecit, deve essere il motto più onorevole del suo programma; la forza della donna non è nei comizi, ma nell‘impero del cuore e del sentimento sul freddo calcolo e sulla ragione crudele».

Erano dunque le nobilissime doti femminili a ripugnare alla partecipazione alla vita pubblica, ufficio cui ella non era chiamata dalla natura.

La relazione inanellava così tante perle di luoghi comuni da far sembrare impossibile una tale concentrazione in un solo discorso: «nella sua missione tutta d‘educazione e di affetti, a gioia, conforto ed altissimo incitamento dell‘uomo nella vita domestica ed intima, la donna sarebbe spostata, snaturata, involgendosi nelle faccende e nelle gare politiche […]. E‘ suo dovere invece, suo ufficio, ed insieme suo voto e suo bisogno dedicarsi alla assidua cura della famiglia». Fino alla stoccata finale: «la maggior parte delle donne non aspira a che si conferisca loro un diritto, il quale in tal caso sarebbe in pari tempo un dovere, e le costringerebbe ad assumere la parte insopportabile della donna politica, a scendere ad occupazioni e disquisizioni e negozi che sarebbero mortale fastidio per la loro tempra delicata e gentile; mentre la parte nobilissima della donna nella politica è quella di formare i caratteri, di ispirare l‘amore di patria, l‘altezza dei sentimenti, di sorreggere e fortificare nell‘esercizio delle pubbliche virtù, di indirizzare le menti e gli animi ai fulgidi ideali verso cui volgesi e dei quali innamorasi più facilmente il suo pensiero. Perciò, come dicevo, la maggior parte delle donne ricuserebbe il dono sgradito»56.

Asserzioni difficili da sostenere in un contesto in cui le donne si stavano mobilitando per ottenere finalmente quello che molti uomini volevano, ostinatamente e con una sorta di miopia sociale, negare.

Per giorni il Parlamento fu attraversato da ‗discorsi alti‘ sul sistema elettorale, sul decadente ruolo dei partiti, sulla mancanza di riconoscibilità ideologica tra Destra e Sinistra, sul timore di un‘ingerenza della Chiesa nei processi elettorali, soprattutto nelle realtà rurali e sulle donne, sul coinvolgimento degli analfabeti.

56

Relazione della Commissione per la Riforma elettorale redatta dall‟on. Giuseppe Zanardelli, in Atti parlamentari, Legislatura XIV, 1a sessione 1880, vol. 1, Documento 38-A, pp. 30-35, pubblicata in Il voto alle donne. Le donne dall‟elettorato alla partecipazione politica, Camera dei Deputati, Roma, 1965, pp. 101-107 e in Donne alle urne. La conquista del voto. Documenti 1864-1946, a cura di Marina d‘Amelia, Biblinik editori, Roma, 2006, pp. 33-40.


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Fu il conte liberal-democratico Saladino Saladini a riportare alla luce il problema del suffragio femminile, con un‘onesta constatazione: «prima di tutto noi non dovremmo poterle [le donne, n.d.r.] escludere, perché siamo in questa questione giudice e parte. Sarebbe giusto il giudizio allorquando vi prendessero parte anch‘esse». Ribattendo duramente a Zanardelli, egli asseriva: «provatemi che il voto tolga la donna alle cure della famiglia. Vi sono ben altri usi e costumi che distraggono la donna dalle cure domestiche; il voto la richiamerebbe un po‘ da certe frivole occupazioni improduttive ed onerose per la famiglia. La donna suol pigliare tutte le cose più sul serio di noi, con maggiore impegno, e annetterebbe a questa missione sociale la più coscienziosa importanza. Il voto farà la donna più educatrice; e come volete che essa possa formarci cittadini, come voi dite, patriotti e liberali, finche questa patria e questa libertà non gliela facciamo sentire, accostare, comprendere? Se in essa prevale il cuore, come dice l‘onorevole Zanardelli ma non sarà meglio? Non vi pare un assurdo che il sesso che non impedisce di regnare, debba poi impedire di votare?».

A chiusura dell‘intervento non mancava un accenno di leggera ironia: «si accennò anche nella relazione che resterebbe offesa la grazia naturale delle donne, e che esse potrebbero perderne qualche parte entrando a far parte del corpo elettorale. Ma no, non dubitate; esse sapranno votare con tutta la grazia; la loro arma nella lotta elettorale sarà il sorriso»57.

Il 3 maggio l‘avvocato milanese Giuseppe Marcora, esponente dell‘estrema sinistra, tenace sostenitore del suffragio universale quale strumento di avvicinamento della realtà politica al mondo reale, includeva in quell‘universalità le donne, non risparmiando una feroce stoccata a Zanardelli, reo, a suo dire, di aver presentato nella relazione un proprio ideale di donna, «ma, me lo perdoni l‘onorevole amico Zanardelli, egli ha voluto provare troppo e ha provato nulla»58.

I due interventi a favore di un suffragio universalissimo ottennero la risposta sarcastica di Depretis, il quale, sconfessando uno dei punti di forza della sua campagna elettorale (nel programma presentato a Stradella nel 1875), sottolineava che «essi soli [scil. Marcora e Saladini], certo con molta eloquenza e con profonda convinzione, hanno sostenuto questo argomento nella Camera. Ma essi soli! Due! E temo che siano anche quasi soli a votarlo. E fuori della Camera i sostenitori di questa tesi sono in numero anche infinitamente minore»59.

Per queste ragioni, alla fine il Ministro rimandava a un «lontano avvenire» il superamento di «queste colonne d‘Ercole», in un paese che non era pronto ad accogliere una riforma che, a suo dire, non avrebbe avuto il voto favorevole nemmeno «se la stessa pi÷ bella metà dell‘umana famiglia fosse direttamente consultata», dal momento che la donna aveva la piena consapevolezza di disporre di «tanti altri mezzi d‘influenza, di azione, assai pi÷ potenti del voto!»: una sprezzante battuta sessista che non mancò di suscitare l‘ilarità dei presenti60.

57

AP, Discussioni, XIV Legislatura, Sessione 1880-1881, Volume V, I Sessione dal 24/02/1880 al 09/04/1881, Tornata del 4 aprile 1881, Tipografia Eredi Botta, Roma, 1881, pp. 5035-5036. 58

AP, Discussioni, XIV Legislatura, Sessione 1880-1881, Volume VI, I Sessione dal 28/04/1881 al 16/06/1881, Tornata del 3 maggio 1881, Tipografia Eredi Botta, Roma, 1881, p. 5274. 59

Ivi, Tornata del 5 maggio 1881, p. 5339. 60

Ibidem.


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La discussione continuò anche dopo le dimissioni del governo Cairoli e il ritorno alla presidenza del Consiglio dello stesso Depretis, che, sempre nel 1881, rimise al centro del dibattito la legge elettorale, nelle convinzione che il processo democratico di una nazione passasse inevitabilmente da una simile riforma61.

Lo scontro tra fautori e avversari del voto alle donne proseguì con argomentazioni che rischiavano di risultare stantie, tra chi riteneva che, se si fosse adottato il parametro del grado di istruzione62, le donne non avrebbero potuto esser escluse dall‘elettorato63; e chi ripeteva il refrain dell‘incompatibilità con il voto della missione pedagogica, dalla quale le donne non andavano

61

Nella seduta dell‘8 giugno 1881 il presidente della Camera, il militare di lungo corso e pluridecorato Domenico Farini, ricordava che la legge era stata discussa per ben 22 sedute «interpolatamente» e si erano uditi ben 52 oratori per giungere a un nulla di fatto (ivi, Tornata dell‘8 giugno 1881, p. 5917). Anche Michele Coppino, in qualità di relatore, sottolineava come le discussioni si fossero protratte «oltre ogni prevedibile misura; si tratta di una legge la quale, per la sua gravità e per la sua natura, non potrebbe rimanere più a lungo in sospeso, perché, dopo sì lunga aspettativa, il ritardo parrebbe quasi un diniego di giustizia per l‘esercizio del pi÷ sacro dei diritti che lo Stato affida ai cittadini» (ivi, p. 5918). 62

La proposta prevedeva molteplici requisiti tra loro alternativi ed estremamente articolati, suddivisibili grosso modo tra criteri di ‗qualità‘ e di censo. Oltre a godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del regno, aver compiuto 21 anni, saper leggere e scrivere, occorreva possedere una delle qualità rimesse alla determinazione degli artt. 2 e 3. Il primo prevedeva gradi di istruzione in ordine decrescente (dall‘essere membri di accademie di scienze, lettere ed arti da almeno 10 anni al superamento dell‘esame della quarta classe elementare nelle scuole pubbliche), mentre all‘art. 3 era rimessa la disciplina degli elementi ‗economici‘ tra i quali campeggiava il pagare un‘imposta netta annua non minore di lire 19,80. 63

Così l‘avvocato calabrese Bruno Chimirri, che nella tornata del 10 giugno 1881 rilevava la contraddittorietà di una proposta che da un lato per individuare l‘elettorato politico faceva leva sul possesso delle cognizioni prescritte nel programma della scuola elementare obbligatoria istituita con la legge del 15 luglio 1877 proprio da Coppino (un‘istruzione che Chimirri non esitava a definire «rudimentale e imperfetta», così come giudicava la legge stessa «una promessa, un tentativo, un embrione», in particolare per aver lasciato a carico dei comuni le spese di gestione, rendendone problematica l‘attuazione e per un vituperato art. 9 in cui se ne prevedeva un‘entrata in vigore graduale in seguito al raggiungimento di alcune condizioni, quali la presenza di un insegnante di grado inferiore per ogni 1000 abitanti nei comuni con popolazione al di sotto dei 5000 cittadini; uno ogni 120 nei comuni con popolazione tra 5.000 e 20.000; uno ogni 150 nei comuni maggiori); dall‘altro invece escludeva le donne in ragione del mero sesso. In questo modo, ammoniva il Nostro, «se questa legge è obbligatoria ugualmente pei fanciulli di entrambi i sessi, perché mai consentite l‘elettorato agli uomini e lo niegate alle donne? […]. Quando fate consistere la capacità, quando ponete come condizione all‘esercizio del voto la prova di aver frequentato la scuola obbligatoria, ove quelle nozioni mal s‘insegnano e peggio si apprendono, se a quelle scuole sono obbligati di accedere i fanciulli d‘ambo i sessi, se l‘istruzione che vi s‘impartisce è la stessa per gli uomini come per le donne, se gli uni e le altre raggiungono lo stesso grado di coltura, perché mai questo grado di coltura servirà di titolo al fanciullo, divenuto adulto, per conseguire l‘elettorato e non basterà alle donne?». L‘intervento di Chimirri in realtà mirava soprattutto a muovere serrate critiche alla legge Coppino (che aveva introdotto per la prima volta in Italia l‘obbligo dell‘istruzione elementare gratuita per i fanciulli e le fanciulle di età tra i sei e i nove anni) e al presupposto che bastasse saper leggere e scrivere per essere elettori. Il suffragio femminile era sventolato più che altro come uno spauracchio, a dimostrazione dell‘inevitabile conseguenza di aver posto a fondamento del diritto di voto un‘istruzione di base ideata da una riforma scolastica definita angusta, meschina e rudimentale. «Adottando il criterio scolastico, voi siete logicamente condotti ad accordare il voto politico alle donne! Escludendole vi mostrate ingiusti verso un milione e mezzo di cittadine, che han frequentate le scuole pubbliche, che sanno leggere e scrivere e posseggono cognizioni talvolta di gran lunga superiori a quelle dei vostri elettori a base di seconda elementare» (AP, Discussioni, XIV Legislatura, Sessione 1880-1881, Volume VI, I Sessione dal 28/04/1881 al 16/06/1881, Tornata del 10 giugno 1881, Tipografia Eredi Botta, Roma, 1881, pp. 5958-5959).


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distolte: argomentazione cui si eccepiva che un evento così raro come quello elettorale, di solito esercitato ogni quattro o cinque anni, non le avrebbe certo distratte dalle cure familiari64. Inoltre, proprio perché chiamata a formare i futuri cittadini, instillando in loro l‘amor di patria e le virt÷ civili, la donna per prima doveva essere educata a divenire ‗animale politico‘ per poter poi impartire tali insegnamenti ai propri figli65.

Zanardelli, divenuto nel frattempo ministro di grazia e giustizia, riassumendo le diverse posizioni espresse sui criteri elettorali66, cosí liquidava la questione: «Vedendo che per il voto muliebre non sono stati proposti emendamenti, di tale questione non mi occuperò»67.

In realtà il 14 giugno 1881 l‘on. Nicolò Fabris (con esperienza di sindaco in un piccolo comune udinese) propose un emendamento, richiedendo espressamente per le donne non solo il compimento del venticinquesimo anno di età (condizione non da tutti condivisa, dal momento che alcuni volevano abbassare il limite di età per tutti a 21 anni e altri addirittura a 18), ma anche il possesso della qualifica di maestra (patente o abilitazione) e l‘aver conseguito un grado accademico o altro equivalente in una delle università o degli istituti superiori del regno68.

Il presidente del consiglio Depretis, presa la parola, criticò aspramente l‘emendamento Fabris69, che messo ai voti venne respinto dalla Camera70, dopo che Coppino, relatore per la commissione elaboratrice del progetto di legge, pur riconoscendo l‘uguaglianza tra uomini e donne, rinviava «ad altri e ad altro tempo il vedere quali e quanti diritti politici possano essere conferiti alla

64

Romualdo Cerilli sosteneva che la donna non sarebbe stata dimentica dei propri doveri di madre solo per il fatto di essere elettrice (a meno di non ammettere che lo stesso avveniva per gli uomini, così assorbiti dagli uffici elettorali da ignorare tutti gli altri doveri). Egli aggiungeva che, d‘altronde, esistevano altre distrazioni meno nobili nella vita delle donne: «certe madri che trovano quotidianamente tanto tempo per occuparsi della moda, dei divertimenti e d‘altre cose meno utili, non troveranno, compatibilmente coi doveri domestici, l‘agio di pensare, nell‘intervallo di qualche anno, anche agli interessi del paese, che sono pure i loro?» (Romualdo Cerilli, Studio del diritto di suffragio in rapporto alla questione, Unione Tipografico Editrice, Torino, 1900, pp. 44-45, ma di interesse è l‘intero volume). Attenta analisi anche in Enrico Scapinelli, La donna e il voto amministrativo, Fratelli Bernardi, Piacenza, 1892. 65

Era questa la tesi dell‘avvocato milanese Giacomo Bizzozero (AP, Discussioni, XIV Legislatura, Sessione 1880-1881, Volume VI, I Sessione dal 28/04/1881 al 16/06/1881, Tornata del 13 giugno 1881, Tipografia Eredi Botta, Roma, 1881, pp. 6040-6041). 66

«Chi vorrebbe che la legge comprendesse nell‘elettorato tutti i maggiorenni, uomini e donne […]. Chi nega il suffragio alla donna, ma lo attribuisce a tutti i maschi maggiorenni, se anche analfabeti. Chi pei maschi maggiorenni esige la condizione di saper leggere e scrivere. Altri, con tenue differenza dalla condizione del saper leggere e scrivere, nell‘intento di rendere tale condizione reale ed effettiva, sostengono che debba porsi a base dell‘elettorato l‘istruzione obbligatoria. Altri richiede di più, cioè il compimento della istruzione elementare di grado superiore, vale a dire della quarta classe elementare. Altri infine, non si accontenta neppure dell‘istruzione elementare completa, ma vuole almeno la licenza ginnasiale, tecnica, magistrale, o professionale […]. Avvi invece chi vuole ridotto il censo a lire 10 d‘imposta governativa […]. Avvi infine chi prescindendo dalla condizione del saper leggere e scrivere, fonda l‘elettorato sul pagamento di una imposta qualsiasi, anche di un solo centesimo» (Ivi, Tornata del 10 giugno 1881, pp. 5974-5975). 67

Ivi, p. 5974. 68

Ivi, Tornata del 14 giugno 1881, p. 6075. 69

Ivi, p. 6086. 70

Ivi, p. 6093.


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parte più gentile», ossia a quegli «esseri destinati a formare un‘unità nel seno della famiglia»71.

L‘autorevolezza di Depretis e il suo ruolo istituzionale ebbero la meglio: dopo un tormentato percorso, illuminato tuttavia da un confronto parlamentare dai toni a volte aspri, ma sempre elevati, nel maggio 1882 la legge elettorale politica venne varata, escludendo tanto il suffragio universale, invocato da radicali, socialisti e repubblicani e anche dall‘ala cattolica che confidava nel voto ‗ecclesiasticamente‘ orientato delle campagne, quanto quello universalissimo, ossia comprendente le donne72.

Escluse dal voto politico73, le donne tornarono al centro dell‘attenzione in occasione del dibattito per la riforma della legge comunale e provinciale. In una sorta di déjà vu fu anche in questo caso il ‗peso‘ del presidente del Consiglio (nonché ministro dell‘Interno con l‘interim degli Esteri), Francesco Crispi, a orientare la soluzione finale74.

Nonostante il progetto presentato non prevedesse il voto femminile, non mancarono anche questa volta alcune voci, levatesi soprattutto dalla sinistra, a spezzare un opaco silenzio.

L‘avvocato milanese Giuseppe Marcora (futuro presidente della Camera)75, Ubaldino Peruzzi76, il giornalista siciliano di estrema sinistra Edoardo

71

Ivi, pp. 6080-6081. 72

La legge venne approvata come nel testo del progetto originale con un‘unica variante: al voto partecipavano quanti al compimento del ventunesimo anno di età godessero dei diritti politici e civili, sapessero leggere e scrivere e avessero sostenuto con buon esito l‘esperimento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio (seconda elementare), a meno che non vantassero titoli di studio o qualifiche professionali più elevate, o dimostrassero di soddisfare parametri di censo fissati dalla legge. La base elettorale si era ampliata. Osserva infatti Giorgio Candeloro: «rispetto alla precedente legge elettorale la nuova legge abbassava dunque il limite d‘età da 25 a 21 anni, poneva come requisito essenziale la capacità e non il censo, abbassava il censo, lasciato come alternativa all‘esame di II elementare, da 40 lire a 19,80. Pertanto gli elettori che nelle elezioni del maggio 1880 erano stati 621.896, pari al 2,2% della popolazione totale del regno, passarono a 2.017.829, pari al 6,9% della popolazione totale, nelle elezioni dell‘ottobre 1882, che furono le prime fatte in base alla nuova legge. In pratica una parte notevole della classe operaia ottenne nel 1882 il diritto di voto. D‘altra parte escludendo dal voto le masse degli analfabeti, la nuova legge in linea generale favoriva le città rispetto alle campagne e il Settentrione rispetto al Mezzogiorno» (Giorgio Candeloro, Storia dell'Italia Moderna, VI, 1871-1896, Feltrinelli, Milano, 1970, p. 152). 73

In realtà la legge elettorale del 1882 non prevedeva espressamente l‘esclusione delle donne «tanto pacifica e normale essa doveva apparire agli occhi del legislatore» (Cocchiara, Donne e cittadinanza politica, cit., p. 100). 74

«Bastò che il solo Crispi esprimesse una diversa interpretazione della legge elettorale, perché il Parlamento – come una folla qualunque – perdesse di vista tutti i ragionamenti che l‘avevano persuaso – e tutte quelle convinzioni svanissero come polvere innalzata dal passaggio di una corriera». Così nella Petizione presentata dal Comitato nazionale pro suffragio femminile nel marzo 1906, in Il voto alle donne, cit., p. 109. 75

Dichiarandosi incaricato di presentare la posizione dell‘estrema sinistra, preoccupato che l‘Italia stesse cercando «da circa 40 anni, e attraverso 19 disegni di legge un vero e proprio assetto amministrativo», Marcora, favorevole ad un‘estensione della base elettorale, giustificava la concessione del voto alle donne sulla base di una impossibilità di differenziare tra maschio e femmina perché «di fronte al diritto e alla legge non vi può essere che l‟essere umano manifestato nell‘uomo e nella donna». Meravigliato che «l‘onorevole Crispi, sempre così elevato nei suoi concetti e che non può non ricordare la parte importantissima che la donna ha avuto nella storia del patriottismo italiano», l‘avesse invece esclusa, il parlamentare milanese ricordava come «per alcune provincie dello Stato, per la Lombardia in particolare, poi, l‘esclusione è una deminutio capitis perché le leggi austriache stesse concedevano il voto alle donne censite». Al ribadito timore di influenze clericali sulla donna in ragione di un più vivo


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Pantano77, lo scultore Ettore Ferrari78, feroce oppositore della politica crispina, l‘amministrativista senese Odoardo Luchini79, esponente della Destra, il pisano

sentimento religioso in lei presente Marcora replicava: «ma, insomma, la democrazia che cosa vuole? Non è forse la separazione della donna dalla vita politica della famiglia quella che ve la gitta fuori? Accomuniamo il sentimento della donna al sentimento patriottico della famiglia e l‘avremo cooperatrice convinta. Non farlo, significa fare una riforma per metà» (AP, Discussioni, XVI Legislatura, Sessione 1887-1888, Volume IV, II Sessione dal 18/06/1888 al 19/07/1888, Tornata del 7 luglio 1888, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1888, p. 4509). 76

Peruzzi, ricordando il proprio impegno a favore del suffragio femminile nelle passate legislature e forte dell‘esperienza toscana testata di persona, ribadiva la necessità di estendere il voto solo amministrativo alle donne (e per questo aveva presentato apposito emendamento), mostrando per quello politico ancora un atteggiamento di chiusura (ivi, Tornata del 13 luglio 1888, pp. 4720-4722). 77

Gli emendamenti di Peruzzi e Pantano a favore del suffragio universale erano state respinte, ma ciò non impedì all‘on. Pantano di svolgere una puntuale argomentazione sul valore del voto alle donne, contraddicendo tutte le più trite credenze e dimostrando, dati alla mano, il maggior grado di istruzione delle donne (dissertazione appropriata dal momento che la Camera aveva deciso di estromettere dal voto gli analfabeti e di concederlo a quanti sapessero leggere e scrivere), il loro attivo contributo al progresso economico del paese e la loro soggezione alle vessazioni fiscali imposte dal governo. «Ora, io vi domando: se voi caricate di pesi così enormi, dal punto di vista del contributo, la donna operaia […], se voi la chiamate a concorrere in sì larga misura alle spese comuni, come potete contendere ad essa il diritto di concorrere all‘amministrazione di quel patrimonio di cui il suo obolo è tanta parte, anzi la parte maggiore se la si guarda non soltanto dal punto di vista aritmetico, ma eziandio dal sacrificio che questo contributo rappresenta per essa? Come potete contendere alla donna operaia, condannata a vivere nei fondaci, o in meschini tuguri, di occuparsi di questioni d‘igiene nel suo paese?» (ivi, pp. 4723). Si cercava altresì di neutralizzare il temuto rischio di un assoggettamento delle donne al ‗volere‘ clericale: «Se l‘educazione che avete dato alla donna in Italia e la condizione di permanente inferiorità a cui l‘avete condannata hanno reso possibile una certa influenza del clero sopra una parte dell‘elemento femminile italiano la colpa è soltanto dello Stato che, trascurandolo completamente, ha lasciato che la Chiesa soltanto facesse a queste reiette dai civili uffici una posizione nella società con l‘intendimento di servirsene pe' suoi interessi. Ora, non è lasciandola cura precipua alle carezze della Chiesa e in balìa della influenza incontrastata di quest‘ultima che noi ne faremo un elemento di civiltà e di progresso; ma sibbene richiamandola ai suoi veri uffici nella famiglia e nella società facendo della donna italiana un elemento fecondo di vita e di sviluppo nazionale» (ivi, p. 4724). 78

Ferrari, dedito alla scultura monumentale celebrativa e destinato dal 1904 a divenire gran maestro della Massoneria italiana a cui si era avvicinato proprio intorno agli anni ‘80 dell‘Ottocento, in via subordinata chiedeva ai colleghi deputati, qualora fossero stati respinti gli emendamenti vòlti a concedere il voto alle donne in possesso dei requisiti richiesti all‘elettorato maschile secondo il progetto di legge, di riservare questo diritto almeno a una piccola porzione dell‘universo femminile, ossia alle maestre di scuole elementari, d‘istituti secondari o superiori, alle laureate e a quelle che occupavano qualche posto negli uffici dello Stato. «L‘accordare il suffragio elettorale alla donna non è una concessione: è riconoscere i suoi diritti», affermava Ferrari, richiedendo di adottare almeno una ―politica dei piccoli passi‖ se la partecipazione delle donne alle elezioni provocava un così eccessivo timore (ivi, p. 4725). 79

Al tema Luchini aveva dedicato anche una monografia, Il problema dei diritti della donna specialmente in Inghilterra e in America, Sansoni, Firenze, 1877, in cui l‘autore si lasciava sfuggire che nell‘uomo erano prevalenti le facoltà attive, nelle donne quelle passive dello spirito, come la pietà e la simpatia, e per questo esse erano subordinate più ai sentimenti che all‘imperativo della ragione; mentre l‘uomo, aggiungeva Luchini, era per natura dedito all‘ignoto, alla conquista, alla lotta, la donna meglio si spendeva nella vita casalinga (ivi, pp. 105-106). Rilevava la contraddittorietà di tale ragionamento Carlo Francesco Gabba, il quale, nella sua acuta disamina (anche bibliografica) della condizione giuridica della donna, non mancava di rilevare come Luchini, pur desiderandola elettrice, non ne volesse l‘eleggibilità in Parlamento, scindendo così il diritto politico in due parti «senza troppo investigare se questa scissione sia ragionevole, applicata ad un intiero sesso, non già da un punto di vista astratto, ma da quello


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Giuseppe Toscanelli80, fervente patriota risorgimentale, che dopo aver militato nelle fila della Destra storica era passato nel 1876 nella sinistra di Depretis81, intervennero in diverse occasioni in difesa dei diritti delle donne, ma invano.

Crispi fu inflessibile: non recedette dalla propria posizione di contrarietà, basata, di nuovo, sull‘idea di una donna «sensibile ed impressionabile». Egli appariva incapace di agire a mente serena nella gestione della res publica e, spinto da un acceso anticlericalismo, vedeva nell‘elettorato femminile un docile strumento nella mani della Chiesa. «Amante ed amica, la donna è un conforto, e per noi, quando dalla lotta politica, dai contrasti dell‘Aula parlamentare, ritorniamo nelle nostre famiglie, per avere pace e tranquillità, per assicurarci quella calma, che ci fu turbata in tutto il giorno, per trovare quel riposo al quale abbiamo diritto, sarebbe una grande sventura, o signori, che ricominciassero, entrando in casa, i contrasti e le lotte»82.

La discussione proseguiva tra il desiderio dell‘esecutivo di chiudere al pi÷ presto il dibattito e irruenti e passionali discorsi vòlti a riportare sulla scena gli emendamenti favorevoli al voto femminile83.

dei fondamenti assegnati a quel diritto» (Carlo Francesca Gabba, Della condizione giuridica delle donne. Studi e confronti, Unione Tipografico Editrice, Torino, 1880, p. 291). 80

Tra il serio e il faceto Toscanelli poneva l‘attenzione sull‘eccessivo dirigismo di Crispi, capace di condizionare i lavori della commissione a tal punto da indurla a cadere in contraddizione: infatti, dopo aver dichiarato nella relazione di non essere contraria in via di principio alla concessione del voto alle donne, la commissione ammetteva candidamente di dover seguire il diktat di Crispi il quale invocava i costumi dell‘Italia per negare il diritto stesso. «Una Commissione, tanto autorevole, che dichiara che non ha volontà e che segue soltanto la volontà del ministro, e fa una confessione così ingenua, che si può pensare, ma non dirla, è proprio una enormità in fatto di cose ingenue». L‘intervento si concludeva con un ironico monito rivolto a Crispi: «urtare le donne italiane, onorevole presidente del Consiglio, è una immensa imprudenza politica! Prima di aggiungere agli uomini, che sono contrari alla sua politica, l‘unanimità delle donne, le quali diranno: in tutti i paesi, noi, quando possediamo, abbiamo diritto di votare, ma non lo abbiamo codesto diritto in Italia, perché il presidente del Consiglio ci ha detto che non siamo educate; prima di far questo, onorevole presidente del Consiglio, ci pensi bene; è nel suo interesse, che io la consiglio di accogliere l‘emendamento, che è stato or ora proposto!» (ivi, p. 4728). 81

Cognato di Ubaldino Peruzzi, che ne aveva sposato la sorella, Toscanelli fu uomo indipendente e spregiudicato, fino ad apparire contraddittorio, per la mancanza, nei suoi 30 anni di attività parlamentare, di una linea politica coerente e di obbedienza a schieramenti precostituiti. Egli fu avversario di quasi tutti gli uomini di governo del tempo, compreso Crispi, «―l‘uomo dei colpi di testa‖, per il suo modo autoritario e personale di governare solo mediante decreto-legge, che ha screditato le istituzioni parlamentari italiane e che ha trasformato i ministri in ―direttori generali‖ e i prefetti in ―balocchi‖ del ministro dell‘interno» (Danilo Barsanti, Giuseppe Toscanelli 'Er deputato de‟ Pontaderesi, Edizioni Ets, Firenze, 2013, p. 12). 82

Con tono irridente il Presidente del consiglio proseguiva: «finché marito e moglie sono d‘accordo, e la moglie cede ai suggerimenti del marito per obbedienza, perché la legge così le comanda, la pace può non esser turbata; ma mettiamo il caso che, in una famiglia, il marito parteggi per l‘onorevole Peruzzi, e la moglie per l‘onorevole Pantano, e che si discuta sul candidato da far trionfare; non vedete, o signori, che mettereste la guerra là dove è necessaria la pace, la tranquillità?» (AP, Discussioni, XVI Legislatura, Sessione 1887-1888, Volume IV, II Sessione dal 18/06/1888 al 19/07/1888, Tornata del 13 luglio 1888, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1888, p. 4729). 83

Così l‘avvocato molisano Enrico Fazio, che accusava di superficialità il discorso di Crispi, inefficace nell‘addurre ragioni valide contro il suffragio femminile: «non è decoro per la Camera lo strozzare questa discussione e chiudere la bocca a tanti oratori, che han domandato di parlare. Sarebbe un trattar le più ardue questioni nostre con molta leggerezza e con grande discapito della nostra dignità e della serietà del Parlamento» (ivi, pp. 4730-4731).


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La linea riformista fu sconfitta; quella del governo trionfò. Fu così che il 30 dicembre 1888 veniva emanata la legge elettorale, trasfusa poi nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto del 10 febbraio 1889, dove all‘art. 30, tra le categorie dei soggetti non elettori né eleggibili, comparivano nuovamente anche le donne, in una formulazione divenuta rituale. Non si era trovato il coraggio di rompere schemi ormai cristallizzatisi.

4. Dieci elettrici per dieci mesi: la svolta mancata

Qualche speranza si accese a seguito di un‘intricata vicenda politico-giudiziaria che aveva al centro l‘interpretazione dell‘art. 24 dello Statuto albertino, collocato in apertura della parte dedicata ai diritti e doveri dei cittadini. Vi si leggeva che «tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi». Si apriva dunque qualche spiraglio per fondare sul generico termine ‗regnicoli‘ il diritto di voto delle donne, non esplicitamente escluse dalla locuzione84. Anche la legge elettorale politica del 28 marzo 1895, dove, ancora una volta, i requisiti richiesti erano imputati ad un indistinto ‗elettore‘, sembrava non prevedere un trattamento differenziato in ragione del genere85.

Forti di questa vaghezza normativa, nel 1906, alcune donne chiesero di essere iscritte nelle liste elettorali86 e non si arrestarono neppure di fronte ai rifiuti delle commissioni elettorali comunali, contro le cui decisioni proposero ricorso presso le commissioni provinciali87. Molte di queste accolsero i loro reclami, iscrivendo di fatto le ricorrenti nelle liste elettorali politiche.

L‘apparente vittoria si trasformò in cocente delusione quando furono le magistrature ordinarie a prendere posizione sulla questione. La soluzione giudiziaria, fondata su un‘interpretazione pi÷ o meno letterale del dettato

84

Annamaria Galoppini, Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall‟unità ad oggi, Zanichelli, Bologna, 1980, pp. 56-58; Giuditta Brunelli, «Foemina ab omnibus officiis civilibus et publicis remotae sunt» ovvero: l‟esclusione delle donne dalla sfera pubblica nello Stato liberale italiano, in Per il 70. compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di facoltà, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 31-35. 85

«Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni: 1. Di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, né per l‘uno, né per l‘altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch‘essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re. I non italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per legge; 2. Di aver compiuto il ventunesimo anno d‘età; 3. Di saper leggere e scrivere; 4. Di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti» (art. 1 Regio Decreto che approva il testo unico della legge elettorale politica, 28 marzo 1895, n. 83, in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d‟Italia, vol. I, Stamperia reale, Roma, 1895, pp. 497-498). 86

Fu una giovane Maria Montessori, marchigiana di Chiaravalle e insigne pedagogista del suo tempo, a lanciare nel 1906 dalle pagine del giornale La vita l‘invito alle donne ad iscriversi alle liste elettorali. L‘appello si trasformò in un manifesto affisso clandestinamente sui muri di Roma, come ricorda Irene Cecchi, L‟evoluzione della condizione giuridica della donna dall‟Unità alla nuova Carta Costituzionale; in particolare le conseguenze giuridico-sociali del diritto di voto, Camera dei Deputati, Roma, 2006, p. 31. Forse fu questa la spinta che indusse le donne (e in particolare dieci maestre corregionali della Montessori) a trovare il coraggio di uscire allo scoperto. 87

Alberto Marghieri commentava la decisione di alcune donne di iscriversi nelle liste elettorali come un grosso abbaglio, frutto di decisioni affrettate (Alberto Marghieri, Il diritto di voto alle donne, Tip. Dell‘Unione cooperativa editrice, Roma, 1906, p. 5).


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statutario e del testo unico in materia elettorale, dimostrò l‘evidente chiusura delle diverse Corti d‘appello investite del tema88. Unica voce fuori dal coro fu, come noto, una pronuncia anconetana89 stilata da Lodovico Mortara, il quale, pur se personalmente contrario al suffragio femminile90, svolse, nella veste di tecnico, un sottile ragionamento giuridico.

La Corte di secondo grado di Ancona era stata investita della questione dopo che il procuratore del re presso il tribunale aveva appellato la decisione della commissione elettorale provinciale della medesima città, la quale aveva accolto l‘istanza di dieci donne91. La commissione aveva ritenuto che esse possedessero i requisiti legali richiesti: godevano infatti per nascita dei diritti civili e politici del regno; avevano compiuto il ventunesimo anno di età; sapevano leggere e scrivere ed erano munite della patente di maestra elementare92.

Il procuratore, al contrario, sosteneva che esse mancassero del godimento dei diritti politici di cui al n. 1 dell‘art. 1 del t.u. 28 marzo 1895 e che dalle

88

Sulle giustificazioni addotte dalle diverse Corti per negare il voto femminile cfr. Brunelli, «Foemina», cit., pp. 50-51 e relative note; Luigi Lacchè, “Personalmente contrario, giuridicamente favorevole”. La “sentenza Mortara” e il voto politico alle donne (25 luglio 1906), in Donne e diritti, cit., pp. 124-127. Marghieri benediceva il rifiuto delle corti di assecondare il volere delle donne, gettando «un po‘ di acqua diaccia sul fuoco divampato con tanto ardore, e speriamo che le signore saranno per convincersi che esse, soltanto da una legge nuova, possono attendere di essere ammesse al voto, mentre che, da quella presente in vigore, nulla hanno da ripromettersi» (Marghieri, Il diritto di voto, cit., p. 5). 89

Corte di appello di Ancona, 25 luglio 1906, in Giurisprudenza italiana, LVIII (1906), III, coll. 389-394. La sentenza si trova pubblicata anche in Il voto alle donne, cit., pp. 101-107; Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana, a cura di Nicola Sbano, il Mulino, Bologna, 2004, pp. 207-213; Donne alle urne, cit., pp. 80-87. Nel Foro italiano la sentenza fu pubblicata con nota critica di uno sbalordito Vittorio Emanuele Orlando, il quale imputava le scelte delle commissioni provinciali al mero desiderio di tener viva la questione politica del suffragio femminile, ma «che nel campo del diritto positivo una questione potesse farsi nessuno credeva. Senonché ora la situazione muta bruscamente» in ragione della pronuncia della corte anconetana e per «l‘altissimo valore dell‘estensore, giustamente stimato come uno dei pi÷ forti giuristi dell‘Italia contemporanea» [Foro italiano, XXXI (1906), col. 1060]. 90

Mortara espresse le sue private convinzioni pochi giorno dopo l‘emanazione della sentenza, in un‘intervista rilasciata a Il Giornale d‟Italia del 1° agosto 1906, da cui appare evidente la scissione tra l‘intima convinzione e il ruolo di giurista, («chiamato come magistrato a decidere la questione, mi son dovuto spogliare di ogni prevenzione personale per esaminare serenamente il testo di legge»). Mortara confessava di ritenere del tutto impreparate le donne italiane a questa funzione, senza tuttavia precisare che l‘impreparazione nasceva da secoli di ‗non abitudine‘ e che una simile motivazione, portata all‘estremo, avrebbe determinato una perpetua negazione del diritto di voto. Come potevano le donne prepararsi se non attraverso l‘esercizio effettivo? L‘intervista a Mortara, Il voto politico alle donne, è riprodotta in Marco Severini, Dieci donne. Storia delle prime elettrici italiane, Liberilibri, Macerata, 2012, pp. 203-209. 91

Una ricostruzione dettagliata della vicenda che condusse alla pronuncia di Mortara, nonché del profilo delle dieci maestre promotrici dell‘iniziativa, si trova in Marco Severini, Il voto negato. La battaglia isolata di dieci maestre marchigiane, in Donne e diritti, cit., pp. 65-97, in particolare pp. 75-86; Id., Dieci donne, cit., passim. 92

Questo elemento integrava quanto richiesto dal punto 4 dell‘art. 1 della legge del 1895, dal momento che l‘art. 2 del predetto testo unico considerava elettori coloro che, in aggiunta alle condizioni richieste ai nn. 1-3 dell‘art. 1, provavano di aver sostenuto con buon esito l‘esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio. Era dispensato da tale prova un elenco nutrito di soggetti, tra i quali i professori e i maestri di qualunque grado «patentati o semplicemente abilitati all‘insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati». Si spiega così la precisazione della commissione provinciale con riferimento alle richiedenti, necessaria per dimostrare il possesso di tutte le qualità imposte dalla legge (art. 2, n. 2 Regio decreto […] 28 marzo 1895, cit., p. 498).


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disposizioni della stessa legge e dall‘intenzione del legislatore si deducesse l‘incapacità all‘esercizio del diritto elettorale da parte delle donne93.

Mortara, invocando meri criteri esegetici, «senza divagare a discussioni teoriche pertinenti alla scienza e all‘ufficio del legislatore»94, sosteneva che l‘art. 24 dello Statuto ricomprendesse chiaramente nella dicitura regnicoli i cittadini di entrambi i sessi, rafforzando tale convinzione con quanto disposto dal successivo art. 25 nel quale si sanciva che essi (cioè tutti i regnicoli) contribuivano indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato «e nessuno ha dubitato mai che le donne siano contribuenti in proporzione dei loro averi al pari degli uomini»95.

Il richiamo allo Statuto e una soluzione fondata anche sulla lettura del combinato disposto degli artt. 24-25 rivelavano l‘intento di argomentare da un lato la superiorità del dettato costituzionale rispetto ad ogni altra fonte e dall‘altro di rintracciare proprio nello Statuto quel principio di uguaglianza formale e sostanziale sul quale legittimare il riconoscimento del diritto di voto senza discriminazioni di sorta.

Risultava particolarmente sottile il ragionamento svolto intorno al significato da attribuire ai cd. diritti politici, che Mortara considerava espressione dei diritti fondamentali, al pari della libertà individuale, dell‘inviolabilità del domicilio, della libertà di manifestare le proprie opinioni, del diritto di riunirsi pacificamente, garantiti dagli artt. 26-28 e 32 dello Statuto ad ogni suddito del Regno. Come quelli, dunque, anche i diritti politici erano propri di entrambi i sessi96.

Nemmeno la riserva dell‘art. 24 («salve le eccezioni determinate dalle leggi») poteva ritenersi riferita alle donne, dato che le eccezioni, a parere dell‘estensore e secondo le regole della buona ermeneutica, necessitavano di espressa previsione e non potevano essere dedotte dal silenzio della legge97. Per di più, quando il legislatore aveva voluto escludere le donne dal diritto elettorale lo aveva espressamente previsto, come era accaduto con l‘art. 26 della legge comunale e provinciale del 20 marzo del 1865, riprodotto nell‘art. 22 del testo unico 4 maggio 1898 n. 16498.

Ancora più significativo, da un punto di vista metodologico, il rifiuto di considerare l‘intenzione del legislatore ricavabile dai lavori preparatori, considerati da Mortara un sussidio esegetico ma non una fonte diretta. Per l‘insigne giurista mantovano l‘intenzione del legislatore andava reperita nel testo di legge e non al di fuori di esso, tanto più che ogni eventuale dubbio doveva essere risolto nel senso di un ampliamento della sfera della libertà muliebre, trattandosi appunto di determinare l‘estensione di un diritto politico che avrebbe

93

Nel ricorso ci si richiamava anche alla «presunta inconciliabilità tra le doti tipicamente femminili e i forti doveri dell‘impegno politico», un leitmotiv che accompagnava pretestuosamente i costanti rifiuti di accogliere le richiesta di estensione del voto (Severini, Il voto negato, cit., p. 77). 94

Corte di appello di Ancona, 25 luglio 1906, cit., col. 390. 95

Ibidem. 96

Lacchè, “Personalmente contrario, giuridicamente favorevole”, cit., pp. 127-132. 97

Corte di appello di Ancona, 25 luglio 1906, cit., coll. 390-391. Cfr. “Personalmente contrario, giuridicamente favorevole”, cit., pp. 132-137. 98

Nuovo testo unico della legge comunale e provinciale andata in vigore con R. decreto del 4 maggio 1898, Società Editrice Dante Alighieri, Roma, 1898, pp. 16-17.


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potuto ritenersi addirittura di diritto naturale: sotto questo profilo nessuno poteva contestare appartenesse a tutti99.

Si trattava dunque del tentativo di affermare per via giudiziaria il diritto politico come diritto fondamentale dell‘essere umano, cercando, attraverso un‘interpretazione estensiva, di superare l‘ambiguità legislativa100 e di risolvere quello che Ignazio Brunelli riteneva essere «il problema della giusta applicazione del principio di sovranità popolare», nella convinzione che quello presente nell‘ordinamento italiano fosse un suffragio mutilo, in ragione dell‘esclusione delle donne101.

Tuttavia, l‘illuminata pronuncia fu spazzata via dalla Corte di Cassazione di Roma102. Questa, forse anche sulla scia delle feroci critiche di insigni giuristi che si avvalsero dei principali mezzi di stampa per farsi prepotentemente sentire (superando gli angusti steccati delle riviste specialistiche)103, respinse la lettura dell‘art. 24 offerta dalla Corte d‘appello di Ancona, sostenendo la distinzione fra diritti politici determinati dal solo fatto della cittadinanza (come i richiamati esempi della libertà individuale, inviolabilità del domicilio, etc.) ed altri, come il diritto elettorale, che non avevano ricevuto la ragione delle loro esistenza dalla dichiarazione statutaria ma da altre leggi emanate posteriormente.

Ribaltando l‘impostazione della sentenza d‘appello, la Cassazione asseriva in modo perentorio che le leggi riguardanti l‘elettorato amministrativo avevano sempre escluso la donna dal voto senza che ciò avesse mai sollevato dubbi di costituzionalità: ciò dimostrava che esse non avevano mai violato un diritto riconosciuto alle donne dallo Statuto.

Da un punto di vista squisitamente tecnico-giuridico rilevava inoltre, secondo i giudici supremi, il fatto che le «eccezioni determinate dalla legge» ex art. 24 erano non solo quelle formulate espressamente in qualche disposto normativo (come sosteneva Mortara), ma anche quelle ricavabili dalle regole fondamentali e dallo spirito informatore di tutta la legislazione in materia di diritto pubblico.

La prospettiva di Mortara era completamente capovolta: dal silenzio includente (proposto dall‘interpretazione della corte di Ancona) si era passati ad un silenzio escludente affermato dalla Cassazione romana, per la quale l‘elettorato alle donne era da intendersi come una deroga al principio generale dominante l‘ambito pubblico e per questo necessitante di un‘espressa formale disposizione riconoscitiva, che dichiarasse altresì modi e condizioni di esercizio.

99

Corte di appello di Ancona, 25 luglio 1906, cit., coll. 393-393. Cfr. Lacchè, “Personalmente contrario, giuridicamente favorevole”, cit., pp. 137-145. 100

Alcuni studiosi evidenziano come la terminologia fosse volutamente equivoca per lasciare alla libera interpretazione dei parlamenti e dei governi la decisione se riconoscere o meno alle donne i diritti politici (così, ad esempio, Giuditta Brunelli, Donne e politica, il Mulino, Bologna, 2006, p. 21). Per altri, invece, «l‘esclusione muliebre dalla cosa pubblica era ritenuta un dato di fatto nell‘ordine naturale delle cose» (Galeotti, Storia del voto, cit., p. 20). Si veda anche in questo senso Elettrici ed elette. Storia, testimonianze e riflessioni a cinquant‟anni dal voto alle donne, a cura di Fiorenza Taricone, Mimma De Leo, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1996, pp. 11-12. 101

Ignazio Brunelli, Il suffragio politico femminile ne‟ suoi criteri giuridici, Unione Tipografico Editrice Torinese, Torino, 1910, pp. 26-31. 102

Corte di Cassazione di Roma, 12 dicembre 1906, in Foro italiano, XXXII (1907), I, coll. 73-81. Si veda ora anche in Donne e diritti, cit., pp. 185-193. 103

Cfr. Severini, Il voto negato, cit., pp. 79-81 e nt. 22.


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Significativo il monito conclusivo, sintomo quasi di un timore degli effetti devastanti che sarebbero scaturiti da una ‗rottura‘ della tacita accettazione dell‘esenzione delle donne dalla vita pubblica: «ove dovesse ammettersi il diritto delle donne all‘elettorato politico solo perché anch‘esse possono reputarsi subietti di diritti politici stando alla formola generica dell‘art. 24 dello Statuto, converrebbe far luogo a tutte le conseguenze di un tal principio; ed allora riuscirebbe malagevole il rinvenire la ragione per cui non potessero le donne diventare eleggibili posto ché, giusto l‘art. 40 del medesimo Statuto, ad essere deputati la fondamentale condizione che si richiede si è il possesso dei diritti civili e politici, e nessuna espressa esclusione trovasi fatta del sesso femminile».

Appare strisciante la preoccupazione che la concessione del diritto di voto alle donne comportasse inevitabilmente il riconoscimento dell‘elettorato passivo104. Riaffiorava l‘antico pregiudizio sull‘incapacità ‗naturale‘ delle donne ad attendere alla gestione della cosa pubblica. Preconcetto nutritosi di riflessioni che, di solito, comprendevano «la minore intelligenza, la sua insostituibile missione nella famiglia, l‘instabilità della sua volontà, l‘inidoneità alla vita militare, la incapacità mentale e fisica a trattare i problemi politici, l‘indifferenza alle questioni politiche»105. Tutti retaggi, come si vede, di secolari stereotipi culturali. La partecipazione al voto avrebbe significato una crepa nella monolitica convinzione della suddivisione dei ruoli: tradizione, consuetudine, usanza, costume erano i valori più frequentemente richiamati dietro i quali celare cliché e timori.

Quella «metà circa dell‘umana generazione»106, la cui «intelligenza non può mettersi in dubbio»107, era identificata dai più nelle «madri, sorelle, spose, figlie, custodi del santuario domestico», governanti di quel regno che era la casa. Appena condotta fuori dalla cerchia protettiva delle mura familiari e gettata nell‘agone politico, la donna era destinata a perdere la propria vera natura108.

Si aggiungeva l‘apprensione che il voto femminile potesse in qualche modo condurre a risultati elettorali imprevedibili. Ci si basava sulla presunzione che le donne fossero in balìa o dei loro congiunti109, o di ideologie politiche di massa o di convinzioni religiose: esse erano immaginate ora socialiste, ora clericali, ora

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«Concesso l‘elettorato alle donne, come negar loro l‘eleggibilità? E allora come guarentire dal ridicolo i parlamenti delle nazioni, ove si vedessero legislatori in guardinfanti, e nastri, e merletti, e ricci, e vesti ad ampia, lunga, interminabile coda?» (Luigi Palma, Del potere elettorale negli Stati liberi, E. Treves Editore, Milano, 1869, p. 212). 105

Cfr. Il voto alle donne, cit., p. 8. 106

Palma, Del potere elettorale, cit., p. 206. 107

Palma, Del potere elettorale, cit., p. 208. 108

Palma, Del potere elettorale, cit., pp. 211-212. 109

«Nella pi÷ parte il suo voto sarebbe quello del padre, del fratello, dell‘amante, del marito, del figlio, e sarebbe duplicazione o complicazione poco meno che inutile; se non lo fosse, sarebbe la discordia in famiglia […]. E ai tanti brogli elettorali se ne aggiungerebbe un altro di nuovo conio, non contemplato specialmente in nessun codice, quello delle brighe femminili per far votare gli uomini pei loro candidati» (Palma, Del potere elettorale, cit., p. 212). Confessava tuttavia Palma che «queste istanze sono per verità potenti. A me non sembrano risolutive […]. La paura di farle uscire dalle famiglie per la vita pubblica sembra ancora esagerata», a meno che non si voglia far tornare la donna al fuso, alla rocca, al mulino, al telaio di Penelope (ivi, pp. 212-213).


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conservatrici, ma sempre incapaci di formarsi ed esprimere idee politiche in autonomia110.

Alla Corte d‘appello di Roma, cui si era rivolto il procuratore del re presso il tribunale di Ancona, non restò che adeguarsi alle indicazioni della Corte di Cassazione e fu così che con sentenza dell‘ 8 maggio 1907 si ordinò la cancellazione dalle liste politiche delle dieci maestre111. Il 6 luglio 1907 a identica decisione giunse la corte d‘appello di Ancona112. Tuttavia per una breve stagione (dal luglio 1906 a maggio 1907) alcune maestre marchigiane avevano cullato il sogno di essere le uniche dieci donne italiane che in caso di crisi di governo e di indizione delle elezioni avrebbero potuto andare alle urne: 10 donne a fronte di 2.541.327 maschi.

5. Secolo nuovo, idee vecchie: una donna «perennemente inchiodata alla croce delle secolari esclusioni»113

La sentenza Mortara non restò tuttavia priva di effetti. L‘eco raggiunse anche il Parlamento fino a divenire oggetto di un‘ulteriore analisi interpretativa114 innestata da una petizione promossa da alcune donne115, tra cui spiccava il nome della combattiva, anche se ormai disillusa Anna Maria Mozzoni116.

110

Ben riassumeva questo pregiudizio Ignazio Brunelli, il quale, in risposta al presunto clericalismo di cui si ritenevano vittime le regnicole, ribatteva: «Ma se non si domanda agli uomini quali sieno le loro idee filosofiche, allorquando loro si rilascia il certificato elettorale, e a preti, a pastori protestanti, a rabbini, ed atei concedesi, perché domandarlo alle donne? E mentre gli uomini non sono spogliati dei loro diritti, per causa delle opinioni religiose che professano, perché poi le donne, in offesa al principio della libertà di coscienza e di culto, dovrebbero esserne private?» (Il suffragio politico, cit., p. 64, nt. 2). 111

La sentenza si ritrova con parti omesse in Foro italiano, XXXI (1907), coll. 911-919 ed è riprodotta integralmente in Donne e diritti, cit., pp. 195-205. 112

Severini, Il voto negato, cit. p. 83. 113

Petizione presentata dal Comitato nazionale pro suffragio femminile nel marzo 1906, cit., p. 113. 114

AP, Discussioni, XXII Legislatura, Sessione 1904-1907, Volume X, I Sessione dal 30/01/1907 al 17/03/1907, Tornata del 25 febbraio 1907, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1907, pp. 12298-12303. 115

«Premettiamo che tutte le donne (come tutti gli uomini) hanno diritto al voto, con e senza l‟alfabeto, il quale se è massimo strumento di coltura, non crea però né la intelligenza, né il buon senso, né la visione cosciente dei propri interessi. Vi abbiamo diritto perché siamo cittadine, perché paghiamo tasse ed imposte, perché siamo produttrici di ricchezza, perché paghiamo l‘imposta del sangue nei dolori della maternità, perché infine portiamo il contributo dell‘opera e del denaro al funzionamento dello Stato» (Petizione presentata dal Comitato nazionale pro suffragio femminile nel marzo 1906, cit., p. 110). 116

In una lettera a Eugenio Fazio pubblicata su La donna del 31 luglio 1870, la Mozzoni, a riprova della sua totale indipendenza di pensiero, scevro di ogni condizionamento e influenza politico-religiosa, scriveva di sé: «Non mi ritengo appigliata a nessuna setta, a nessun sistema, a nessuna scuola. Non credo all‘infallibilità del Papa, ma rinnegando questa, non sostituisco quella di Mazzini, né di nessun altro». Da Mazzini, di cui fu seguace della prima ora, ella prese via via le distanze proprio per la non condivisa ‗visione femminile‘. Mazzini stesso riservava alla Mozzoni un giudizio critico, dicendo di lei: «scrive bene, è informata, un poco arida» (Lettera di Mazzini a Matilde Biggs del 16 gennaio 1865, in Edizione nazionale degli scritti editi e inediti Giuseppe Mazzini, vol. 80, Cooperativa tipografica Galeati, Imola, 1939, p. 19). «Giudizio critico che la Mozzoni sostanzialmente ricambiava, notando le incertezze, le contraddizioni e la scarsa autonomia delle donne mazziniane» (Liviana Gazzetta, Giorgina Saffi. Contributo alla storia del mazzianesimo femminile, Franco Angeli, Milano, 2003, p. 18). Sterminata e quasi irriproducibile la bibliografia sulla Mozzoni (a solo titolo esemplificativo cfr. Franca Pieroboni Bortolotti, Alle origini del movimento femminile in Italia 1848-1892, Einaudi, Torino, 1963; Stefania Murati,


110

Sostenuta dall‘irredentista cosentino Roberto Mirabelli (un repubblicano strenuo fautore del suffragio universale), la petizione diede avvio al confronto in aula: ripercorrendo i lavori parlamentari delle precedenti sedute tra ricostruzioni storiche, richiami filosofici, evocazione del pensiero di illustri giuristi tedeschi, francesi e italiani e analisi comparatistiche, i deputati coinvolti rivelavano non solo il possesso di una solida cultura, ma anche la capacità di uno sguardo aperto alle dinamiche in atto nel resto nel mondo civilizzato.

Ricordava Mirabelli che «il tempo nostro – per le trasformazioni del codice civile rispetto alle leggi anteriori – ha detto alla figlia della borghesia: studia, pensa, scrivi, lavora. E la figlia del popolo, la figlia della borghesia – poiché il focolare non bastava più alle nuove esigenze della sua vita e del suo avvenire, ed alle nuove esigenze sociali – è diventata commessa di negozio, commerciante, industriale, telegrafista, telefonista, elettricista, giornalista, dottore in giurisprudenza, in matematiche, in medicina, maestra di scuola, dalla base al vertice – seguendo il progresso storico della nuova costituzione economica e civile della società. Di ciò non si lagna la donna; – ma, sbalzata ne‘ campi del lavoro e della cultura, affrontando coraggiosamente il problema della vita, insorge contro l'assurdo che la gitta nella lotta per l'esistenza disarmata: senza, cioè, l‘arma pi÷ formidabile che ci sia ne‘ paesi retti a regime rappresentativo – il voto»117.

I riformisti si opponevano all‘eventualità di rimandare il tema di nuovo sine die: esso andava affrontato e risolto immediatamente, non già attraverso cavilli interpretativi di leggi vigenti, ma mediante un intervento mirante a colmare la lacuna normativa118.

Da giurista e deputato, il napoletano Alberto Marghieri chiedeva di sottrarre la donna alla mala compagnia a cui l‘aveva costretta il legislatore con le disposizioni elettorali comunali e provinciali, dove era accomunata a interdetti, truffatori, falliti: una genìa di soggetti cui le donne non meritavano di essere parificate e accostate. Per questo l‘illustre giuscommercialista suggeriva un emendamento che riconoscesse l‘elettorato alle «donne maritate o nubili che abbiano un determinato censo, tenuta a calcolo per le prime, anche la dote; alle pubbliche mercantesse ed a quelle che sono a capo d‘industrie e di opifici; alle laureate; alle diplomate, purché da cinque anni addette all‘insegnamento; alle addette da cinque anni a pubblici servizi dello Stato; alle scrittrici di libri destinati all'insegnamento ed a quelle generalmente annoverate tra i letterati e gli scienziati del paese»119, chiedendo per tutte il limite di età dei 25 anni120.

L‟idea più avanzata del secolo. Anna Maria Mozzoni e il femminismo italiano, Aracne, Roma 2008 e la bibliografia ivi citata; Elisabetta Nicolaci, Il «coraggio del vostro diritto». Emancipazione e democrazia in Anna Maria Mozzoni, Centro Editoriale toscano, Firenze, 2004. 117

AP, Discussioni, XXII Legislatura, Sessione 1904-1907, Volume X, I Sessione dal 30/01/1907 al 17/03/1907, Tornata del 25 febbraio 1907, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1907, p. 12303. 118

Ivi, pp.12309-12310. 119

Ivi, p. 12313. Marghieri non mancava tuttavia di aggiungere a conclusione del proprio intervento: «La loro superiorità [sott. delle donne] la loro influenza, quelle che esse vantarono in ogni tempo, e proseguiranno senza dubbio a vantare, non fondano né saranno per fondarsi su la loro partecipazione diretta alla funzione del voto. La vera potenza della donna è nella femminilità, quella della quale noi uomini fummo e saremo ognora schiavi, ed io credo che il giorno nel quale essa, tra gli altri diritti già acquisiti, potrà aggiungere quello del voto, non potrà segnare la maggior vittoria da essa conseguita» (ibidem).


111

Mozione non nuova, visto che nei tornanti di riforma, per evitare ogni chiusura verso l‘elettorato femminile, si era cercato di limitarlo ad alcune categorie: donne particolarmente istruite, in un‘Italia che faceva del processo di alfabetizzazione un obiettivo prioritario, o impegnate in lavoro autonomo o di responsabilità gestionale e organizzativa o in impieghi di pubblica utilità.

Forte della propria esperienza di precedente relatore nel 1882121, l‘on. Pietro Lacava, esponente della sinistra liberale vicino ora a Depretis ora a Crispi, rievocava come nella commissione incaricata di presentare l‘allora progetto di legge elettorale vi fosse stato ampio consenso sul voto delle donne, respinto per un malinteso senso di ossequio verso Crispi, ritenuto contrario alla partecipazione politica femminile, con la conseguenza che «nella votazione noi perdemmo per pochi voti; altrimenti a quest‘ora l‘elettorato amministrativo alle donne sarebbe stato accordato»122.

Lacava rilevava la contraddittorietà di un sistema che consentiva alle mogli, in base al codice civile, di esercitare la patria potestà, di amministrare i beni parafernali, di essere tutrici del marito interdetto, e, in base alle ultime novità legislative, alle donne in genere di essere testimoni negli atti pubblici e privati (legge 9 dicembre 1877 n. 4167) e di far parte dei consigli delle opere pie (legge 17 luglio 1890 n. 6972), con l‘unica ovvia avvertenza, contemplata nell‘art. 12, che la donna maritata decadeva dalla nomina, se entro un breve lasso di tempo non fosse stato prodotto l‘atto di autorizzazione maritale.

Per rendere maggiormente accettabile la riforma, il parlamentare lucano proponeva la concessione del solo voto amministrativo, rimandando a più mature stagioni quello politico (successivamente a una valutazione del test elettorale nei contesti comunali e provinciali): «L‘avvenire non appartiene a noi; sarà quello che sarà; intanto diamo l‘elettorato amministrativo alle donne e come censitarie e come capaci»123.

120

Oscillando tra aperture e censure, Marghieri riteneva la donna incapace di raggiungere traguardi di eccellenza: «molte donne non giunsero mai al grado di elevatezza intellettuale riservata all‘uomo. Per esempio suonano il pianoforte a migliaia, ma non vi è alcuna che possa equipararsi a un Listz o a un Rubebstein; sono pittrici ma non ve n‘ha alcuna che uguagli Salvator Rosa o Domenico Morelli; molte insegnano, ma nessuna si elevò agli altri gradi della cattedra […]. Parecchie ragioni potrebbero spiegare il fatto, e basta accennare a una sola che tutte le assorbe; ed è che la preparazione del cervello femminile è quasi ancora all‘inizio e non ha potuto dare tuta la prova della resistenza e della sua forza produttrice. L‘evoluzione è in cammino e non ha raggiunto la meta» (Marghieri, Il diritto di voto, cit., p. 21). Lo studioso sosteneva quindi la possibilità che solo determinante categorie di donne potessero esercitare il voto: «Volgiamo dare il voto alle ballerine, alle mime, alle chanteuses, alle saltatrici di corda, per quanto esse possano saper leggere e scrivere? Vogliamo costituire giù per le degradazioni una massa cieca e balorda di votanti perché diventi lo strumento dei partiti sovversivi o della Pubblica Sicurezza? […] Le condizioni da me indicate pongono, come si intende, fuori combattimento migliaia e milioni di donne. Ed è bene che per ora sia così di molte e per altre sia così sempre» (ivi, pp. 24 e 26). L‘identificazione tra dignità personale, attribuzione di diritti e professione svolta sembra richiamare le antiche posizioni delle pratiche criminali (Cfr. Loredana Garlati, Il “grande assurdo”: la tortura del testimone nelle pratiche d‟età moderna, in Acta historiae, 19 (2011), 1-2, pp. 95-98). Marghieri ribadì le proprie tesi in una conferenza rivolta alle donne cui si è fatto riferimento nelle pagine precedenti (v. nt. 87). 121

La riforma elettorale fu uno degli impegni principali di Lacava, cui dedicò anche un saggio: Sulla riforma della legge elettorale, Antonio Morano, Napoli, 1881. 122

AP, Discussioni, XXII Legislatura, Sessione 1904-1907, Volume X, I Sessione dal 30/01/1907 al 17/03/1907, Tornata del 25 febbraio 1907, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1907, p. 12314. 123

Ivi, p. 12315.


112

Altri colleghi, come il crotonese Alfonso Lucifero e l‘avvocato veneziano Angelo Pavia, esponenti della sinistra, chiesero di dare finalmente una soluzione positiva a una richiesta che si trascinava stancamente, e vanamente, da decenni, senza che mai nelle diverse commissioni si fosse giunti, formalmente e apertamente, a negare tale diritto, salvo poi di fatto bocciare ogni tipo di emendamento in aula124.

Luigi Luzzatti, rifacendosi a Stuart Mill, invocato spesso dai sostenitori del suffragio femminile, non disconosceva la gravità della decisione e la necessità di modificare i costumi prima che le leggi, ma al tempo stesso invitava la Camera a non ricorrere a sotterfugi, come il rinvio agli uffici, per mascherare ciò che non voleva (né sapeva) fare125.

Ma ogni argomentazione fu vana. Come già i suoi predecessori (Depretis e Crispi), anche Giolitti, con un sofisma tecnico, riuscì a bloccare qualsiasi intento riformistico, precisando che non sarebbe stato possibile procedere a deliberazioni a fronte di una petizione e che quella presentata andava rinviata agli organi opportuni (con una diatriba se questi ultimi fosse il ministero competente o gli uffici della Camera): il che per Giolitti significava presa in carico della questione da parte della Camera solo dopo le relazioni delle giunte; per gli oratori favorevoli ad una discussione immediata equivaleva ad insabbiamento negli archivi.

Alle vibranti proteste di quanti contestavano che mediante un‘eccezione procedurale si rifiutava il confronto sostanziale, Giolitti ribatteva caustico che «le gentili presentatrici di petizioni» avevano compiuto in un sol colpo due miracoli: rendere l‘aula inusitatamente affollata in una giornata, come quella di lunedì, che la vedeva solitamente deserta e aver «messo d‘accordo l‘onorevole Mirabelli, il pi÷ erudito dell‘estrema sinistra, con l‘onorevole Luzzatti, la voce pi÷ eloquente ed il cuore più tenero della destra»126.

Anche Giolitti, pur dichiarandosi in linea astratta propenso al voto femminile, rispolverò tuttavia i più vieti argomenti: mentre da un lato egli valorizzava il ruolo della donna, che si era modificato col tempo nella società, dall‘altro lo affossava con il trito richiamo ai consolidati costumi italici, suscitando le indignate proteste di alcuni presenti127.

Per convincere del tutto l‘uditorio, il presidente del Consiglio sfoderò l‘ultimo spauracchio: «se le donne fossero state chiamate a votare prima del ‗48, se si fosse dovuto o no fare l‘Italia, credete che l‘unità d‘Italia si sarebbe compiuta?»128.

Così, proclamandosi favorevole a un processo graduale, sperimentando prima il voto amministrativo quale faro per il futuro legislatore e solo in un secondo momento valutare se estendere alla donne anche quello politico, il leader di Dronero rinviava la petizione al Ministero dell‘interno.

Era tuttavia impossibile ormai ignorare la questione, divenuta sempre più pressante e urgente, anche alla luce di una maggior presa di coscienza da parte delle donne stesse129. Per questo il 22 aprile 1907, tenendo fede

124

Ivi, pp. 12315-12317. 125

Ivi, pp. 12305-12310. 126

Ivi, p. 12319. 127

Ivi, 12320. 128

Ibidem. 129

A tacere di avvenimenti già sufficientemente noti, si ricorda qui un‘iniziativa promossa dalla rivista Unione femminile tra il 1903 e il 1905: un‘indagine mediante questionario sul diritto di


113

all‘impegno assunto, il governo nominò una commissione di 14 membri, presieduta dal magistrato cesenate Gaspare Finali, esponente della Destra, per giungere a una soluzione130. Il disinteresse della commissione fu dimostrato dalla scarsa partecipazione alle sessioni di lavoro (molte delle quali andarono deserte) finché il 5 luglio 1911 Finali faceva giungere una lettera al presidente del Consiglio nella quale dichiarava l‘ennesimo niet per motivi di opportunità

voto alle donne (amministrativo e politico), che distingueva ulteriormente tra quanti erano favorevoli a concederlo in linea di massima e senz‘altra specificazione e quanti erano bendisposti a riconoscerlo alle italiane. «Non furono molte le risposte che ci pervennero; in compenso furono spontanee, serie, pensate» (Il voto alla donna? Inchiesta e notizia, Tipografia Nazionale di V. Ramperti, Milano, 1905, p. III). Il volume raccoglie le risposte di nomi noti e personaggi sconosciuti e merita di essere analizzato perché fotografa esattamente il clima di quegli anni. Così, se il deputato Giustino Fortunato senza remore era del tutto favorevole al suffragio femminile ritenendo la donna italiana «più savia, più equanime, più retta dei signori uomini», Enrico Ferradini opponeva un secco no a tutte le domande motivandolo semplicemente con un «sono antifemminista» (ivi, p. 1). Rina Monti, docente all‘Università di Pavia, attestando che non tutte le donne rivendicavano tale diritto, ammetteva il voto amministrativo ma non quello politico di cui le donne non comprendevano ancora il valore, ignare, certo per colpa dei maschi, della vita pubblica, schiave del pregiudizio religioso che le rendeva docili strumenti dei preti, depositarie di un misoneismo antiscientifico (ivi, p. 1), in accordo con il ‗criminologo‘ positivista Lino Ferriani (ivi, p. 2), con la contessa Evelina Martinengo-Cesaresco (ivi, p. 11) anche se con motivazioni diverse (si riteneva che senza voto le donne fossero in grado di influire di più e meglio sulle riforme sociali), con la contessa Spalletti Rasponi, presidente della federazione nazionale opere pie (ivi, pp. 11-12) e la segretaria delle stesse opere Dora Melegari (ivi, p.16), mentre la scrittrice Neera si dichiarava indifferente «perché non credo che per esso né con esso [le donne] abbiano a raggiungere la maggiore felicità» (ivi, p. 16). Favorevole al solo voto amministrativo riservato a talune categorie lo scrittore Antonio Fogazzaro (ivi, pp. 5-6); ironicamente adesiva la poetessa lodigiana Ada Negri, secondo la quale «se può andare a votare il mio portinaio, non so perché non debba andarci anch‘io» (ivi, p. 6). Mortara coglieva anche questa occasione per ribadire che non riteneva il voto alle donne pericoloso, in ragione della schiavitù intellettuale delle donne alla superstizione religiosa e ai pregiudizi reazionari (ivi, p. 8). Ivanoe Bonomi era propenso a concedere il voto solo alle donne operaie e a quante visibilmente partecipavano alla vita intellettuale del paese (ivi, pp. 13-14). Cesare Lombroso ne prevedeva l‘estensione solo al nord e al centro Italia, dove maggiore era il grado di cultura (ivi, pp. 17-18). Si nota una scissione tra le stesse donne, molte delle quali ritenevano prematuro il voto politico (e lo erano le aristocratiche e alcune tra quante avevano conseguito il maggior grado di istruzione, come Amalia Moretti-Foggia, medico-chirurgo e dottore in scienze naturali, o Paolina Piolti De Bianchi ‒ ivi, pp. 25-26 ‒ o la dott. Emma Modena ‒ ivi, p. 60 ‒, la dott. Elisa Norsa Gurrieri ‒ ivi, pp. 63-64), mentre per il voto amministrativo vi era concordanza su un‘immediata concessione. Su 550 questionari le risposte furono 139: 53 uomini e 87 donne. Alcuni esiti: 81 risposte (33 di uomini e 48 di donne) esprimevano favore alla concessione del voto amministrativo e politico sia in linea di massima che in Italia. 27 risposte (4 di uomini e 23 di donne) erano propense al solo voto amministrativo in Italia, mentre per quello politico lo erano di massima ma non nella situazione attuale dell‘Italia. 3 uomini negavano tanto il voto amministrativo che politico, due risposte negavano anche il voto amministrativo sia di massima che in Italia (per un‘analisi di tutti i risultati cfr. ivi, pp. 107-108). 130

Le informazioni vengono offerte dallo stesso Giolitti nella seduta del 9 maggio 1912. Egli ricordava che la commissione era formata da «persone sulla cui autorevolezza non può cadere dubbio alcuno; fu composta, cioè, dei senatori Finali, Bodio, Brusa e Pasquale Villari, dei deputati Bertolini, Boselli, Colajanni, Finocchiaro-Aprile, Lucchini Luigi, Nitti, Rossi Luigi, e dei due Direttori generali della statistica e della istruzione primaria. Vennero chiamati questi due funzionari, essendo evidente che bisognava fare una indagine diligente sul grado di istruzione a cui è giunta la donna nelle varie provincie del Regno» (AP, Discussioni, XXIII Legislatura, Sessione 1909-1912, Volume XVI, I Sessione dal 30/04/1912 al 31/05/1912, Tornata del 9 maggio 1912, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1912, p. 19198).


114

politica, ossia la preoccupazione che il partito di governo potesse essere danneggiato dal voto femminile.

In uno stillicidio che pareva senza fine, il Parlamento tornò ad occuparsi del tema nel 1910. Promotore fu il genovese Natale Gallino, che dopo un rapido excursus dal progetto Peruzzi del 1863 fino ai dibattiti di pochi anni prima, appellandosi al presidente Sonnino (da cui otteneva pieno appoggio), chiedeva di respingere quel ridicolo pregiudizio che fino a quel momento aveva reso possibile perpetrare un‘ingiustizia nei confronti delle donne, non solo negando loro il diritto di voto, ma impedendo l‘esercizio delle libere professioni e sottoponendole a un‘ormai vetusta autorizzazione maritale131.

Pur rimanendo senza seguito, il passo seguente fu il riconoscimento alle donne della facoltà di essere elettrici ed eleggibili nelle camere di commercio, mentre l‘anno successivo le si ammise alle cariche e agli uffici elettivi nell‘istruzione elementare e popolare (1911).

Il 2 maggio 1912 arrivò in Parlamento la proposta di riforma della legge elettorale politica promossa da Giolitti. Si ricomprendevano tra i votanti gli analfabeti che avessero compiuto 30 anni e tutti i ventunenni che avessero prestato servizio militare purché sapessero leggere e scrivere.

Inevitabile che i ‗nuovi‘ requisiti non lasciassero indifferenti i deputati in aula: fino ad allora ci si era fatto vanto di aver fondato il suffragio sull‘istruzione dei soggetti chiamati a votare (e nonostante questo alle donne anche se istruite si era negato il voto); il disegno di legge proposto rendeva ancora più inaccettabile tale esclusione.

Lo evidenziava tra i primi il liberal democratico Carlo Schanzer, per il quale costituiva un insulto alla logica elevare al rango di elettore «il contadino, il facchino, il manovale, che non sanno scrivere il proprio nome» e non la donna «anche se letterata, anche se avrà fatto gli stessi studi che abbiamo fatti noi»132. Nella circostanza veniva altreí ridimensionato il timore di un‘invasione delle piazze da parte di donne attivamente partecipanti alla vita politica o interessate ai comizi. A quanti chiedevano preoccupati se la strada intrapresa avrebbe condotto all‘eleggibilità delle donne alla Camera, Schanzer, caustico e cauto, rispondeva: «lasciamo qualche cosa da pensare e da deliberare anche ai nostri figli ed ai nostri nipoti; io di questa questione non mi preoccupo per ora; mi preoccupo invece della grave ingiustizia di escludere la donna dall‘esercitare qualsiasi influenza sulla formazione delle leggi alle quali è sottoposta»133. Il

131

AP, Discussioni, XXIII Legislatura, Sessione 1909-1910, Volume IV, I Sessione dal 18/11/1909 al 23/02/1910, Tornata del 19 febbraio 1910, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1910, pp. 5175-5177. 132

«Dico francamente che, fra le varie rivendicazioni del femminismo, la più giusta e legittima mi sembra quella che è diretta alla conquista del voto. Comprendo che si abbiano dei dubbi sulla parificazione dell‘uomo e della donna nel diritto di famiglia e nella gestione del patrimonio; comprendo che si abbiano degli scrupoli nell‘ammettere la donna all'esercizio delle professioni liberali e ai pubblici uffici, che possano trarla fuori dalla cerchia della famiglia o che non siano compatibili coi doveri della femminilità e della maternità; ma non comprendo che si tema un grave sconvolgimento nell‘ordine sociale dal fatto che la donna sia chiamata ogni quattro o cinque anni a deporre in un‘urna una scheda elettorale» (AP, Discussioni, XXIII Legislatura, Sessione 1909-1912, Volume XVI, I Sessione dal 30/04/1912 al 31/05/1912, Tornata del 2 maggio 1912, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1912, pp. 18973-18974). Dello stesso tenore l‘intervento del deputato vastese Francesco Ciccarone: «non saprò mai persuadermi che si debba negare ad una donna colta quello che si concede ad un uomo ignorante» (ivi, p. 18983). 133

Ivi, p. 18974.


115

deputato di origine austriaca sosteneva tuttavia con forza che, se suffragio universale doveva essere, ciò significava ammettere al voto tutte le donne: non si trattava infatti di dare soddisfazione alle intellettuali esponenti dell‘aristocrazia e della borghesia, ma di compiere un atto di giustizia sociale, consentendo soprattutto alle proletarie di esercitare un diritto di particolare significato, anche se egli non mancava di precisare che ammettere al voto tutte le donne indistintamente sarebbe stato possibile solo quando «la maggioranza delle donne italiane lo reclamerà, ciò che, per vero dire, finora non mi sembra si verifichi»134.

Concordava di principio, ma dissentiva di fatto con l‘estensione del voto a tutte le donne Lucifero, realisticamente consapevole che una simile linea, per quanto giusta, corretta e condivisibile, sarebbe stata bocciata. Egli suggeriva, quindi, come correttivo, di limitarsi per il momento a riconoscerlo a donne in possesso di specifiche qualità intellettive o economiche: impossibile, proseguiva Lucifero, che la Camera respingesse simile accorgimento senza cadere nel paradosso di accreditare il diritto di voto non già come un diritto umano, ma come un diritto sessuale135.

Filippo Turati, che dichiarava di non avere ragioni per «cantare osanna al progetto», imputava allo stesso di aver perso l‘occasione per fare dell‘Italia uno Stato precursore rispetto ad altre grandi nazioni che ancora negavano il voto alle donne. Se pure era pronto ad ammettere che nel nostro paese il movimento femminista era ancora «teorico ed astratto, ―apolitico‖ come, con curiosa contraddizione, ama definirsi», non poteva essere questo il motivo per non concedere il voto136.

Se si era argomentato che l‘analfabetismo non escludeva, di per sé, il discernimento elettorale, allora «vi sarebbero, agli effetti del discernimento, due diversi analfabetismi: l‘uno in pantaloni, l‘altro in gonnelle... Converrebbe insomma decidersi. O si è pel diritto di voto attribuito a un grado o a una presunzione speciale di coltura e di capacità, e allora potremo indugiarci nelle vecchie discussioni bizantine, se la donna valga più o meno o diversamente dall‘uomo, eccetera, eccetera; o si viene sul terreno nostro, si ammette che il diritto politico si connette essenzialmente col fatto di essere cittadini, di avere dei diritti da difendere, dei doveri da esercitare, dei pesi da sopportare, dei tributi da versare, e si dice che per questo, in uno Stato democratico, tutti i ceti, tutte le classi debbono poter pesare sulla bilancia politica; e allora con quale logica escludiamo in blocco la metà della nazione? Che è questo suffragio universale che esclude metà dell‘universo sociale; questo suffragio popolare per cui le popolane non fanno parte del popolo?»137.

A quanti, a circa mezzo secolo dall‘unità d‘Italia, ancora tratteggiavano un‘ideale di donna regina della casa ed angelo del focolare, Turati replicava che in questo modo non si rendeva omaggio a milioni di regine spodestate da un regno (quello della casa) per divenire lavoratrici: «tutte queste donne sono sfruttate come gli uomini; assai peggio degli uomini; hanno i doveri, gl‘interessi,

134

Ibidem. Ribatteva puntualmente a questa argomentazione Sidney Sonnino: «non si adduca come pretesto pel diniego di un diritto, il fatto che la maggioranza delle donne non abbia chiesto il voto. Ve lo ha forse chiesto mai la maggioranza degli analfabeti ai quali ora lo concedete?» (ivi, Tornata del 3 maggio 1912, p. 18995). 135


Ivi, Tornata dell‘8 maggio 1912, p. 19172. 137

Ibidem.


116

le lotte comuni cogli uomini: insomma ―sono uomini‖. Ecco ciò che è avvenuto in questo mezzo secolo! Le donne diventarono uomini»138.

Nonostante le pressioni, Giolitti non mutò il proprio atteggiamento, ritenendo che occorresse procedere per gradi: intervenire sul codice civile per mutare la condizione della donna; concedere in sequenza il voto amministrativo («essendo evidente che il voto amministrativo si riferisce a questioni che più facilmente sono comprensibili a tutti»139), ma ritenendo assolutamente prematura qualunque estensione del voto politico. Non solo. Il capo di governo liquidava l‘intero dibattito come un mero esercizio di stile, privo di qualsiasi possibilità concreta di attuazione140.

Era una posizione condivisa, tra gli altri, dall‘avvocato milanese Emilio Campi, che portava alla luce la vera ragione ostativa al voto femminile: «i nostri colleghi i quali propugnano il conferimento del diritto elettorale alle donne mi sembrano illogici: perché per arrivare alla completa parificazione dei sessi, si dovrebbe conferire alle donne anche l‘eleggibilità. Del resto, questa è una questione su cui non è il caso d‘insistere, perché per ora si tratta di amore platonico, di una specie di flirt»141.

Fu nella seduta del 14 maggio, con la votazione dell‘art. 1, che le posizioni pro e contra il suffragio femminile si delinearono con chiarezza. E sembravano posizioni inconciliabili: vi era chi tra l‘irridente e l‘aggressivo rifiutava ogni spiraglio, e chi, anche se ormai rassegnato ad un esito negativo, non rinunciava a combattere per rivendicare un sacrosanto diritto142.

Il ―salto nel buio‖143, temuto da Giolitti, coincidente con l‘approvazione del suffragio femminile, non si compì: chiamati a votare, 209 deputati si espressero negativamente, contro i 48 favorevoli e anche i rari e timidi tentativi di risvegliare nel Parlamento interesse per il tema si spensero sul nascere144.

E intanto la guerra era alle porte.

6. Grazie, ma no

Come si anticipava, la Grande guerra poneva una questione di opportunità politica: ripagare in qualche modo le donne per quanto sofferto nei difficili anni bellici145.

138

Ivi, p. 19173. 139


«Se guardiamo anche all‘intonazione dei discorsi pronunziati fin qui dai vari oratori, vediamo che molti hanno trattato questo argomento come una quistione accademica e teorica, come una quistione, diciamo la verità, di simpatia. Ma non penso che abbiano sostenuto seriamente il dovere della Camera oggi, mentre essa concede il voto ad altri 5 milioni di elettori, di estenderlo contemporaneamente almeno ad altri 6 milioni di donne, alle quali noi non abbiamo ancora riconosciuto i diritti civili, nel vero senso della parola, modificando la legislazione civile, che in questa parte è molto arretrata, ed alle quali non abbiamo neppure ancora dato il voto amministrativo» (ivi, p. 19199). 141


Ivi, Tornata del 14 maggio 1912, pp. 19349-19392. Cfr. Il voto alle donne cit., pp. 50-51. 143

«Argomento pauroso e cabalistico […] ma che voltato in lingua piana, significa il timore che l‘avvento improvviso di una massa di nuovi voti possa spostare la base dei singoli collegi elettorali» (Petizione presentata dal Comitato nazionale pro suffragio femminile nel marzo 1906, cit., p. 110). 144

Il voto alle donne, cit., p. 51. 145

Nella seduta della Camera del 30 luglio 1919 venivano illustrati i seguenti dati: 180.000 donne erano state impegnate nella produzione di munizioni («una maestranza che potrebbe


117

Il 26 aprile 1918 la Camera affrontava l‘estensione del voto a quanti avessero prestato servizio nell‘esercito anche se minori di 21 anni e in quell‘occasione il Presidente del Consiglio, Vittorio Emanuele Orlando, sorprese l‘assemblea rivelando un radicale mutamento di pensiero rispetto al passato. Orlando prese le distanze dalla nota critica alla sentenza Mortara146 e dalla sue posizioni antecedenti, asserendo che più che un mutamento di opinione personale si trattava di un mutamento dei tempi al quale occorreva adeguarsi.

Fermo restando il rifiuto di considerare il diritto elettorale come un diritto primordiale di natura, proprio dell‘essere umano in quanto tale, e respingendo pertanto l‘opinione di quanti configuravano la negazione del diritto di voto alle donne come un disconoscimento dei diritti essenziali inerenti alla personalità, Orlando ammetteva che era ormai tramontata la figura della donna «incapsulata nella famiglia in cui poteva spendere tutto un tesoro di attività mirabile» e per questo priva di un interesse sociale ed economico di protezione di cui essere portatrice attraverso il voto.

«Ma ora, che sotto la pressione di un‘evoluzione sociale sempre pi÷ incalzante, abbiamo il fenomeno sociale del lavoro femminile, della contribuzione sempre più diretta, della trasfigurazione sempre più accelerata» della donna anche in virtù della pressione esercitata dalla guerra, «io dico di aver cambiato opinione».

Non smentendo tuttavia un iter argomentativo che nelle diverse oratorie parlamentari era divenuto usuale, ossia contrapporre ad una premessa orientata ad accogliere l‘istanza del diritto di voto alle donne una soluzione poi negativa, anche Orlando proponeva all‘uditorio una serie di interrogativi retorici, il cui scopo era quello di differire ulteriormente la concessione del suffragio. Perplesso, dubbioso, incerto su una conquistata maturità per il compimento di un così grande passo: erano questi i sentimenti che il giurista siciliano lasciava trapelare, riversando sulla Camera l‘onere di una scelta su cui il capo di Gabinetto non nascondeva scetticismo e titubanza147. Egli insisteva sulla necessità di un riconoscimento progressivo148, così come era avvenuto per gli uomini, con una certa confusione di piani: per gli uomini non si era mai posto il

trovare più larga ripercussione nel campo del lavoro»); in base ai rilievi del 1911, 5.121.000 donne circa erano impegnate nell‘agricoltura e nell‘industria e 8.559.000 nelle faccende casalinghe e domestiche. Si era innalzato anche il livello di istruzione: sempre secondo il censimento del 1911, il 45,8% della popolazione maschile era analfabeta, a fronte del 50% delle donne; e se nell‘anno 1909-1910 32.656 donne erano iscritte alle scuole primarie, nel 1913-14 il numero era salito a 53.395 (AP, Discussioni, XXIV Legislatura, Sessione 1913-1919, Volume XVIII, I Sessione dal 13/07/1919 al 03/08/1919, Tornata del 30 luglio 1919, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1919, p. 20138). 146

Cfr. nt. 89. 147

«Dunque, io lumeggio alla Camera le gravissime difficoltà della questione e domando se la Camera si trova in grado di poter tutte queste difficoltà in questo momento affrontare» (AP, Discussioni, XXIV Legislatura, Sessione 1913-1918, Volume XV, I Sessione dal 12/02/1918 al 26/04/1918, Tornata del 26 aprile 1918, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1918, p. 16654). 148

Sposava in toto la tesi del Governo, tra gli altri, il romagnolo Meuccio (Bartolomeo) Ruini, radicale e destinato a un fulgido avvenire politico, il quale, pur tributando un omaggio al valore femminile espresso durante i duri anni di combattimento, riteneva opportuno avviare una preliminare riflessione sulle disposizioni normative che ancora nel codice civile condannavano la donna a una condizione di inferiorità (come ad esempio l‘autorizzazione maritale), per poi procedere con l‘ammissione al voto amministrativo, e solo alla fine promuovere la discussione sul voto politico (ivi, p. 16660).


118

problema radicale se concedere o no il diritto di voto (scontata la risposta affermativa), ma semmai si era trattato volta per volta di intervenire sui requisiti (età, istruzione, censo, qualità specifiche); per la donna il problema era di fondo: riconoscerglielo o meno?.

Appariva evidente che la mozione di modifica avanzata nella primavera del 1918 aveva un valore simbolico: tributare riconoscenza a quanti avevano combattuto al fronte in difesa della patria, soprassedendo su ogni altro requisito che non fosse l‘aver prestato servizio militare. Non vi era spazio per petizioni diverse. Ciò costrinse il socialista ligure Giuseppe Canepa a presentare una mozione di princìpi, come dirà egli stesso, priva di immediato riscontro pratico, ma tesa a mobilitare le forze politiche nell‘assunzione di un impegno non pi÷ derogabile: la presentazione d‘urgenza da parte del Governo di un altro progetto di legge che estendesse l‘elettorato e l‘eleggibilità, amministrativa e politica, a tutti i cittadini maggiorenni d‘ambo i sessi.

La guerra, dichiarava Canepa, aveva squarciato il velo sulle effettiva capacità delle donne dal momento che nel nome «augusto della Patria le sono stati imposti i più duri sacrifici» e le più dolorose perdite, affrontate con saldezza d‘animo. «E non soltanto il diritto si fonda sul dolore ma benanco nelle capacità che le donne hanno dimostrato durante la guerra. Voi avete visto come dappertutto nelle case, negli studi, nei fondaci, nei campi, negli ospedali la donna abbia mostrato di saper supplire all‘opera dell‘uomo assente, con una saggezza pratica, con una energia, con un valore veramente ammirevole. Non è dunque a chi ha dato tali esempi che si possono chiudere in faccia le porte della vita pubblica»149.

Le dichiarazioni di principio, tuttavia, rimandavano, ancora una volta, un‘approfondita disamina a un domani non meglio precisato (seppure si auspicava che fosse imminente), tanto che il relatore Salvatore Barzilai, che dopo essere divenuto deputato tra le file dell‘estrema sinistra aveva collaborato alla fondazione del partito repubblicano, riassumendo le posizioni espresse, si mostrava abile mediatore tra quanti chiedevano il voto per le donne «qui e ora» e quanti mostravano un ormai anacronistico scetticismo.

Concordando con Orlando sul fatto che non fosse pi÷ valida l‘antica formula romana che assegnava alla donna il solo compito di filare la lana e rimanere in casa (invocata, come si ricordava, da Zanardelli), il triestino Barzilai (di discendenza ebrea) si mostrava tuttavia esitante nel rallegrarsi dell‘accesso alla vita lavorativa: era il bisogno a spingerla verso questa via, aggiungendo fatica e fatica, con conseguente trascuratezza dei doveri familiari150.

Tra tumulti, contestazioni, invettive, sollevate dal radicalismo di sinistra che trovò in Claudio Treves il proprio portavoce, la legge elettorale fu approvata

149

Ivi, p. 16657. Vi erano state altre proposte, ritirate dopo l‘intervento di Orlando, come quella ad esempio dell‘avvocato pugliese Raffaele Cotugno che, tra l‘altro, chiedeva di ammettere al voto tutti coloro che avessero compiuto il ventunesimo anno di età e le donne che ne avessero compiuti trenta, che fossero dotate di licenza elementare, e che avessero figli caduti in guerra, come se in questo modo, attraverso le madri, quanti si erano sacrificati per la patria potessero idealmente continuare a partecipare alla vita pubblica (ivi, p. 16659). Favorevoli al suffragio femminile furono pure Giovanni Merloni, esponente di spicco del socialismo riformista e futuro antifascista (ivi p. 16664) e l‘avvocato Amedeo Sandrini (ivi, p. 16667). 150

«Ragioni di fisiologia, ragioni di economia, per la gara dei salari, in condizioni di difficile concorrenza, di mancato adempimento delle funzioni di educazione domestica e valorizzazione della prole indicavano le passività dell‘ingresso delle falangi femminili nelle nuove funzioni di ―terzo sesso‖ che andavano ad assumere» (ivi, p. 16670).


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nella sua formulazione originaria: le donne, ancora una volta, rappresentavano un problema senza soluzione.

Se non altro, le pregiudiziali poste da più parti, in primis dal Governo, ebbero il merito di accelerare l‘intervento per l‘abolizione dell‘autorizzazione maritale, invocata da molti come il primo passo verso una parificazione ‗politica‘ dei due sessi151.

La riforma elettorale sembrava a portata di mano: il 1919 e il 1920 furono anni fondamentali. Il dibattito alla Camera era ormai favorevolmente orientato in questo senso, ma furono le vicende politiche a impedire l‘esito finale.

Il 17 luglio 1919, all‘ennesimo dibattito sul sistema elettorale politico, il deputato Ignazio Larussa chiedeva un abbassamento del limite di età sia per l‘elettorato attivo che passivo, nell‘intento di svecchiare la Camera, ma riteneva che non si potesse parlare di vero suffragio universale senza coinvolgere le donne152, sostenuto in questo da buona parte dei deputati, appartenenti a schieramenti politici trasversali.

Dal mero intento si giunse a una effettiva proposta di legge il 29 luglio dello stesso anno153. Essa estendeva le leggi vigenti sull‘elettorato politico e amministrativo a tutti i cittadini di ambo i sessi, con un‘argomentazione in certa misura avvincente. Confutata scientificamente l‘inferiorità fisiologica della donna, si evidenziava come si dovesse invocare la parità di diritti non sulla base di un‘asettica uguaglianza, ma sull‘innegabile diversità, ossia sui differenti interessi e bisogni di uomini e donne. Solo così queste ultime avrebbero potuto rivendicare il diritto di essere propugnatrici dirette delle proprie specifiche esigenze, impossibili da delegare a chi di quei valori e di quelle necessità non aveva esperienza diretta154.

Un‘analisi comparatistica metteva in luce come ormai in buona parte del mondo occidentale (e non solo) la donna godesse del diritto al voto: «non resta che all‘Italia di arrivare, non ultima, in questa legislazione che batte ormai alle porte dei Parlamenti fin qui rimaste chiuse»155.

151

V. supra. 152

AP, Discussioni, XXIV Legislatura, Sessione 1913-1919, Volume XVIII, I Sessione dal 13/07/1919 al 03/08/1919, Tornata del 17 luglio 1919, Tipografia Camera dei Deputati, Roma 1919, p. 19677. 153

Ivi, Tornata del 29 luglio 1919, p. 20079. Il friulano antigiolittiano Luigi Gasparotto la ripresentò in identica forma il 23 marzo 1920, ritenendo l‘estensione del voto alle donne non un provvedimento di eccezione, ma occasione d‘ingresso della donna a parità giuridica con l‘uomo nella massa elettorale italiana. Il parlamentare respingeva la proposta più limitata e spesso avanzata di attribuire l‘elettorato solo a certe categorie privilegiate per censo o per cultura (AP, Discussioni, XXV Legislatura, Sessione 1919-1920, Volume II, I Sessione dal 22/03/1920 al 08/05/1920, Tornata del 23 marzo 1920, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1920, pp. 1237-1238). 154

In questo senso Gasparotto (AP, Discussioni, XXIV Legislatura, Sessione 1913-1919, Volume XVIII, I Sessione dal 13/07/1919 al 03/08/1919, Tornata del 30 luglio 1919, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1919, p. 20137). 155

Ibidem. A confutazione di uno degli argomenti cardine addotti contro il suffragio femminile (ossia la distrazione dai tradizionali compiti domestici), Gasparotto asseriva che nel mondo 70 milioni di elettrici avevano già sperimentato la bontà del voto del suffragio femminile. La constatazione abbatteva il pregiudizio secondo il quale «la donna potesse perdere, con la partecipazione alla vita pubblica, quel profumo di femminilità al quale tiene tanto l‘altra metà del sesso umano, poiché la donna, elettrice ed eletta, ebbe nei Parlamenti a difendere virilmente soprattutto l‘istituto della famiglia e della figliazione» (ibidem).


120

L‘esito della guerra comportava, inoltre, una soluzione urgente, dettata dall‘incorporazione delle terre irredente. Ora, «se nel 1863 l‘Italia ha dovuto nel suo Parlamento consacrare l‘assurdo di escludere le donne della Lombardia e della Toscana da quei diritti all‘elettorato che cessati Governi loro consentivano, per carità di patria, per dignità di patria non si rinnovi altrettanto nel 1919»156.

Il sottosegretario di Stato per l‘interno del primo gabinetto Nitti, Giuseppe Grassi (futuro membro dell‘assemblea costituente e ministro di grazia e giustizia nei governi De Gasperi), dichiarò che, pur non opponendosi il Governo alla presa in considerazione della proposta di legge, vi erano oggettive difficoltà di attuazione, in considerazione del fatto che alla luce della riforma dodici milioni di donne sarebbero state ammesse al voto. Agli inconvenienti di ordine pratico si aggiungevano considerazioni di natura politica «dato il cambiamento della base stessa della sovranità popolare su cui riposa il Governo parlamentare». Per questo si decise di inviare il testo sul voto femminile con urgenza agli uffici, mentre in aula il dibattito sulla riforma elettorale politica proseguiva: avviato il 2 agosto, con Nitti che premeva per un‘approvazione celere del disegno di legge, si giunse il 9 agosto all‘approvazione, in un serrato confronto.

Tra enunciazioni di principio157, formule retoriche158, dichiarazioni stereotipate, si arrivò a settembre, quando la rinviata discussione sull‘elettorato femminile tornò ad essere l‘oggetto principale di discussione. Nell‘occasione si introdusse un emendamento con il quale si escludevano dall‘elettorato le persone di cui agli artt. 15 e 16 del Regolamento sul meretricio nell‟interesse dell‟ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume, pubblicato sulla G.U del 29 ottobre del 1891159. Si trattava di disposizioni che stabilivano i criteri utili per la qualificazione dei cd. locali di meretricio, intesi come i luoghi in cui si trovassero radunate o due o più donne a scopo di meretricio, oppure anche occupati da una sola donna qualora questa esercitasse pubblicamente la prostituzione e avesse subíto precedente condanna o risultasse aver trasmesso ad altre persone malattie veneree.

La proposta, diretta ad evitare una ‗contaminazione‘ in sede elettorale tra donne virtuose ed oneste ed altre di malaffare, suscitò proteste tra l‘ironico e l‘indignato, ma incontrò anche alcuni sostenitori160.

Nella seduta del 4 settembre, Giovanni Rosadi, che pure aveva sottoscritto la richiesta del suffragio femminile, mostrava qualche cedimento, scorgendo nella concessione del voto politico una sorta di liberalità (non richiesta) chiamata

156

Ivi, p. 20138. Le donne del Trentino e dell‘Istria godevano infatti dell‘elettorato amministrativo. Il rischio era quindi di riprodurre quanto avvenuto all‘indomani dell‘unità d‘Italia: l‘annessione sarebbe apparsa pi÷ come una perdita di diritti che come un vantaggio politico. 157

Domenico Brezzi auspicava un‘immediata concessione del voto alle donne per evitare che la Camera eletta, nominata con il solo suffragio maschile, fosse già svalutata sul nascere per essere l‘espressione della volontà di una metà del paese (ivi, p. 20144). 158

Non mancava chi metteva in guardia dalle «difficoltà scenografiche della esplicazione del voto alle donne», da risolvere eventualmente con ginecei elettorali (ivi, p. 20144). 159

AP, Discussioni, XXIV Legislatura, Sessione 1913-1919, Volume XIX, I Sessione dal 04/08/1919 al 28/09/1919, Tornata del 3 settembre 1919, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1919, pp. 20714. 160

Di notevole interesse la contrapposizione sul punto tra Turati (contrario all‘emendamento) e Micheli, il quale liquidava l‘avversario politico così: «Mi meraviglio che proprio dai banchi del partito socialista si tenti la glorificazione del salariato dell‘amore mentre da essi non dovrebbero che proclamarsi i diritti del salariato del lavoro» (ivi, Tornata del 4 settembre, pp. 20812-20819 e 20822-20824).


121

quasi a compensare il senso di colpa nascente dall‘aver promosso la guerra, vista l‘intima, ma illogica relazione che molti avevano sottolineato esistere tra il conflitto mondiale e il diritto di voto. Era soprattutto evidente la volontà di distinguere la donna elettrice da quella eleggibile: sul punto, infatti, Rosadi invitava la Camera a una seria ponderazione. Ferma invece la condanna dell‘emendamento, condotta con salace arguzia fiorentina, come affermava Monti-Guarnieri, nei confronti di una disposizione che privava dei diritti elettorali le tenutarie di case di prostituzione e quante in esse esercitassero commercio carnale, ma non gli sfruttatori delle stesse, con un giudizio di doppia moralità ritenuto inaccettabile161.

La visione ideologicamente orientata di Canepa trovava invece proprio nella guerra e nell‘auspicio d‘un rovesciamento del capitalismo la ragione prima della concessione alla donna del diritto di voto. Nella convinzione che fosse il modo di produzione a determinare la sovrastruttura politica e sociale, egli sosteneva che le donne arrivassero alla vita politica nel momento in cui era la classe dei lavoratori (e delle lavoratrici) a diventare forza motrice di un paese: questo era quanto avvenuto con la fine della prima guerra mondiale162.

Un durissimo attacco fu sferrato dal conservatore (e abile trasformista politico) Stanislao Monti-Guarnieri, che deprecava tanto il suffragio universale, quanto l‘asservimento della Camera alla volontà del Governo, capace, all‘atto delle votazioni, di trasformare in docili sostenitori deputati pronti a dichiararsi, fuori dall‘aula, fieri avversari delle riforme governative163. E a chi, come Rosadi, sosteneva che la Germania, per prima, aveva già provveduto ad eleggere una rappresentanza femminile nel Reichstag164, il deputato di Senigallia acidamente ribatteva: «io non so se siano entrate in quell‘assemblea le donne pi÷ colte; credo ci siano entrate le donne più brutte», le quali non solo non avevano dato alcun contributo allo sviluppo della società tedesca, ma avevano creato incidenti spinosi, più di quanto fosse avvenuto nel passato. Il discredito gettato era totale: il parlamentare marchigiano vaticinava guai e sciagure per il paese, accusando i fautori del cambiamento di essere spinti dal solo desiderio di fare delle donne un cieco strumento della loro politica165.

Si trattava di valutazioni che si mostravano anacronistiche agli occhi dei più, tanto da indurre Filippo Turati a prendere la parola contro «il discorso lievemente medievale» di Monti-Guarnieri, confessando tuttavia di essere ormai annoiato come chi, non avvertendo ormai più un vero nemico davanti a sé, «si accanisce a dar colpi contro un materasso»166.

Il 6 settembre l‘estensione dei diritti all‘elettorato politico e amministrativo alle donne fu votato nella formulazione presentata da Nitti167 e raccolse il consenso

161

Ivi, pp. 20798- 20800. 162

Ivi, 20800-20801. 163

«L‘esperienza di circa vent‘anni mi porta a ritenere che la Camera non sa fare altro sforzo, dopo la sua costituzione, che quello di darsi un Governo per diventarne subito dopo serva umilissima, così non dubito che anche questa riforma, che qui dentro pochi vogliono, sarà presto legge dello Stato. Infatti nei corridoi molti miei bravi e buoni colleghi mi dichiaravano sino a stamane di essere contrari alla legge, ma lo spirito santo poi li ha illuminati così che quando sono entrati qui dentro hanno mutato completamente avviso. Fuori si parla contro e qui si vota in favore, e viceversa» (Ivi, p. 20803). 164

Ivi, 20801. 165

Ivi, 20804. 166

Ivi, 20808. 167

Ivi, Tornata del 5 settembre 1919, pp. 2839-2854.


122

di 174 deputati su 229 votanti168. Ma la legge non fu mai discussa in Senato per la chiusura anticipata della legislatura.

Il 12 novembre 1920, l‘on. Amedeo Sandrini, approfittando delle diverse richieste di rivedere le norme per le elezioni amministrative, presentava un emendamento, sostenuto da altri deputati169, che ammetteva le donne al voto alle stesse condizioni previste per gli uomini170, nell‘auspicio che fosse questo il primo passo per giungere allo stesso risultato anche per le elezioni politiche171. Questa volta, pur se osteggiato con eccezioni di natura processuale172, l‘emendamento venne approvato il 19 novembre173, con 240 voti favorevoli su 250 votanti174, ma lo scioglimento anticipato delle Camere impedì il passaggio in Senato.

L‘esperienza liberale terminava qui, tra solenni promesse, proclami, e costanti rinvii. Sarebbe toccato al governo fascista tagliare il traguardo agognato con la legge Acerbo del 22 novembre 1925, n. 2125175, la quale

168

Ivi, Tornata del 6 settembre 1919, p. 20899. 169

In particolare, Costantino Lazzari dichiarava il pieno appoggio dei socialisti, nonostante nutrisse dei sospetti in considerazione dell‘appartenenza politica dei promotori: «noi sappiamo che fra le diverse correnti le quali oggi vogliono estendere il diritto di voto alle donne italiane, ci sono quelle che fanno i loro calcoli, nella speranza di potere in questo modo arginare la marea rossa che si è affermata così invincibile, così imponente nell‘ultimo, periodo elettorale. Noi sappiamo che diverse correnti politiche pensano che l‘animo e la coscienza delle donne saranno sempre legate come schiave dei vecchi atavismi del passato, incatenate dalle influenze trascendentali del misticismo, perché contano su quelle doti di spirito e di passione che sono molto pi÷ sensibili fra loro, che non fra noi uomini». L‘adesione era dettata dal desiderio di realizzare finalmente una giustizia sociale, indipendentemente da calcoli politici: non vi era paura del voto delle donne «anche se potesse rappresentare qualche insuccesso per noi, non lo temiamo [sott. il voto] perché noi contiamo sulla dura esperienza della vita comune a tutti coloro che vivono per la lotta del pane quotidiano e perché intendiamo di servire la causa di rivendicazione universale del diritto alla vita politica per tutti quanti i cittadini, senza differenza di sesso» (AP, Discussioni, XXV Legislatura, Sessione 1919-1920, Volume VI, I Sessione dal 10/11/1920 al 29/11/1920, Tornata del 12 novembre, Tipografia Camera dei Deputati, Roma, 1920, p. 5515). 170

L‘emendamento dell‘onorevole Sandrini era sottoscritto anche da Scialoja, Meschiari, Celli, De Martino, Siciliani, Casaretto, Sighieri, Chiesa, De Capitani d‘Arzago, Riccio, Federzoni, Nunziante, Di Giorgio, Di Salvo, Tosti, Paparo, De Andreis e prevedeva quanto segue: è riconosciuto il diritto elettorale alle donne nelle stesse condizioni stabilite per gli uomini. Tutte le disposizioni della presente legge e le rimanenti della legge comunale e provinciale sono ad esse applicabili. 171

Ivi, pp. 5502-5503. 172

Si affermava che gli emendamenti in realtà finissero per stravolgere la legge così come era stata presentata, toccando l‘essenza del diritto di voto (ivi, Tornata del 16 novembre 1920, p. 5577). Per questo il cattolico Stefano Cavazzoni, relatore della legge, chiedeva formalmente la sospensione sull‘emendamento, ma nella seduta del 18 novembre, in mancanza del numero legale, si rinviò al giorno successivo la votazione sulla sospensiva (ivi, Tornata del 18 novembre 1920, pp. 5647-5650). Va rilevato che nell‘occasione Giolitti pubblicamente escluse qualsiasi mozione di fiducia da parte del Governo dichiarando inoltre che avrebbe personalmente votato a favore del suffragio femminile (Ivi, p. 5648). 173

Gaetano Salvemini, che il giorno precedente era stato tra i fautori della sospensiva, verificata l‘esistenza di una larga maggioranza contraria ad ogni rinvio e favorevole invece a un intervento subitaneo a favore delle donne, modificava la propria opinione, tributando fiducia alle donne nella certezza che con la loro partecipazione alla vita politica esse avrebbero trasformato in pubblica virtù il proprio ruolo domestico con conseguente ‗moralizzazione‘ della società (ivi, Tornata del 19 novembre 1920, pp. 5662-5663). 174

Ivi, p. 5664. 175

Nell‘occasione Mariano d‘Amelio ripercorreva la storia del suffragio femminile nell‘intento di evidenziare come la legge rappresentasse un «notevole avvenimento nel nostro diritto pubblico


123

iscriveva nelle liste elettorali amministrative le donne che si trovassero in una di queste condizioni: aver compiuto il 25° anno di età; essere state decorate con medaglie al valore militare o al valore civile o con quella dei benemeriti della sanità pubblica o dell‘ istruzione elementare o di quella per servizio prestato in occasione di calamità pubbliche; essere madri o vedove di caduti in guerra; avere l‘effettivo esercizio della patria potestà o la tutela e saper leggere e scrivere; se nate prima del 1894, l‘aver superato l‘esame di promozione della 3a elementare; se nate posteriormente, il produrre un certificato di promozione dall‘ultima classe elementare esistente nel Comune o frazione di loro residenza; il pagare annualmente per contribuzioni dirette al Comune una somma non inferiore a 100 lire.

L‘apparente vittoria si tramutò in crudele beffa l‘anno successivo, quando con la legge del 4 febbraio si abolì di fatto la necessità di procedere nel futuro a votazioni, dal momento che l‘introduzione della figura del podestà impediva qualunque funzione rappresentativa degli organi.

Fu di nuovo una guerra a riproporre il tema del suffragio femminile e dopo 80 anni circa i dubbi e le perplessità sembravano riproporsi sotto mentite spoglie finché, grazie al d.l.lgt. del 1° febbraio 1945, per la prima volta, le donne furono ammesse al voto amministrativo nel 1946. La risposta fu entusiastica. Su 10.329.635 iscritte parteciparono al voto 8.441.537: «percentuale altissima se si tiene conto che trattavasi del primo esperimento elettorale dopo la dittatura»176.

Al referendum istituzionale e per l‘Assemblea Costituente l‘89% delle aventi diritto espresse il proprio voto, rappresentando quasi la metà dei votanti (12.998.131 donne su un totale di 24.947.187). A dispetto dei timori avanzati, che vedevano nell‘elettorato femminile la condivisione di posizioni conservatrici e filomonarchiche o addirittura una volontà astensionista, fu la forma repubblicana a prevalere177.

Lo strappo si era consumato e una nuova progettualità si andava dipanando: «Noi non vogliamo – si ascoltò nella Costituente – che le nostre donne si mascolinizzino, aspirino ad una assurda identità con l‘uomo; vogliamo semplicemente che esse abbiano la possibilità di espandere tutte le loro forze, tutte le loro energie, tutta la loro volontà di bene nella ricostruzione democratica del nostro Paese»178. E questo è un impegno destinato a non conoscere fine.

Remitido el 15 de septiembre de 2015. Aceptado el 24 de octubre de 2015

ed una fase importante nel processo di parificazione del regime giuridico dei due sessi» [Mariano d‘Amelio, Il suffragio elettorale femminile, in Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia, 18 (1926), pt. 1, pp. 145-164. La citazione è a p. 146]. 176

Il voto alle donne, cit., p. 67. Da qui sono tratti anche i dati riportati nel testo. 177

Cfr. Dal diritto di voto alla cittadinanza piena, a cura di Marisa Ferrari Occhionero, Casa Editrice Università La Sapienza, Roma, 2008. 178

Così Teresa Mattei il 18 marzo 1947 (La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, Camera dei Deputati, Roma, 1976, p. 500).

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RECENTI SVILUPPI DELLE RELAZIONI FRA STATO E CHIESE IN CINA

Stefano TESTA-BAPPENHEIM*

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: Stefano Testa-Bappenheim (2015): «Recenti sviluppi delle relazioni fra stato e chiese in Cina», en Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 9 (diciembre 2015). Puede leerse este artículo en línea en: http://www.eumed.net/rev/rehipip/09/cina-religione.html.

RIASSUNTO: Dopo dieci anni dalle leggi del 2004 sulle attività religiose, l‘Amministrazione Statale per gli Affari Religiosi ha inserito, nel piano d‘azione annuale per il 2015, il progetto d‘un aggiornamento normativo. Ci pare utile raccogliere in questo lavoro le più recenti norme cinesi di livello nazionale (inedite in Italia) riguardanti le confessioni religiose, insieme ad un documento da tenere verso le religioni. PAROLE CHIAVE: Cina, Relazioni Stato-Chiesa, Nomina Vescovi, Libertà religiosa, Finanziamenti luoghi di culto. ABSTRACT: After ten years by the laws of 2004 about religious activities, the State Administration for Religious Affaires has included in the annual action plan for 2015, a project of a regulatory update. It seems useful to collect in this work to the latest standards of Chinese national (unpublished in Italy) regarding religious denominations, together with a secret document of the CPC with updates on what attitude to take toward religion. KEY WORDS: China, Church-State relations, Appointment of Bishops, Religious freedom, Financing of places of worship.

A dieci anni dalle leggi del 2004 sulle attività religiose, avendo

l‘Amministrazione Statale per gli Affari Religiosi inserito, nel proprio piano d‘azione annuale per il 20151, il progetto d‘un loro aggiornamento e l‘approntamento di nuove direttive per il rafforzamento dell‘amministrazione dei luoghi di culto, ci pare utile raccogliere in questo lavoro le più recenti norme cinesi di livello nazionale (inedite in Italia) riguardanti le confessioni religiose, le attività loro e dei loro fedeli, ovvero i nuovi tasselli del complesso diritto ecclesiastico cinese, che si basa sull‘art. 36 della Costituzione del 1982, sul ‗documento 19‘2 e sul ‗documento 6‘ (qui di seguito esposto) del Partito Comunista cinese, sulle leggi del 20043, su un primo gruppo di disposizioni

* Professore a contratto di Diritto canonico, Diritto ecclesiastico e Storia del diritto canonico. Università di Camerino. 1 www.sara.gov.cn/xxgk/ndgzyd/203405.htm.

2 S. Testa Bappenheim, La „questione religiosa‟ per il Partito Comunista Cinese dopo la

„Rivoluzione culturale‟, in B. Pighin (a cura di), Chiesa e Stato in Cina, Venezia, 2010, pp. 175 ss. 3 Id., L'attuale situazione della libertà religiosa in Cina, in Coscienza e libertà, XXXIX (2005), pp.

119 ss.; Id., La nuova normativa della Repubblica popolare cinese sulla libertà religiosa, in Qdpe, n. 2, 2006, pp. 391 ss.


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aggiuntive ad esse successive4 e su un secondo gruppo di disposizioni aggiuntive, inedite, che qui riportiamo, insieme ad un documento segreto del PCC con gli aggiornamenti sull‘atteggiamento da tenere verso le religioni.

L‘importanza di questi documenti del PCC è determinata dal fatto che, quantunque la Repubblica popolare cinese abbia indubbiamente avviato processi di riforma in molteplici ambiti, centrale e predominante alla sua guida rimane il Partito Comunista Cinese, ciò che sembra rendere la Cina ancora riconducibile allo schema di Partito-Stato teorizzato da Lenin5.

Ad un tale ordinamento fondamentale sono riconducibili alcune caratteristiche precise, che troviamo in Cina:

I) uno Stato guidato da un Partito che afferma d‘essere in possesso della Verità assoluta e di rappresentare l‘intera Nazione, e che si è ufficialmente dato lo scopo d‘un cambiamento rivoluzionario della società verso il comunismo,

II) un‘ideologia ufficiale ed esclusiva, che ha il proposito di rivoluzionare non solo il comportamento umano, ma anche la natura umana,

III) un apparato statale e di partito strettamente intrecciato ed interconnesso, nel quale un‘organizzazione di Partito gerarchicamente centralizzata compenetra e pervade tutti i livelli dell‘amministrazione dello Stato con proprio personale con funzioni direttive, e controlla, quindi, tutti gli organi direttivi delle Forze Armate, dell‘economia e della società6.

Ciò, concretamente, significa che in un Partito-Stato leninista come la Cina il sistema politico e delle libertà fondamentali, come quella di religione7, non possono essere compresi senza aver analizzato il modo di funzionamento del suo Partito-guida, cosa che perciò faremo ora brevemente.

Nel preambolo dello statuto del Partito, dopo l‘ultima variazione apportata dal XVIII Congresso, del novembre 2012, si ha la definizione della concezione che il Partito abbia di sé stesso:

«Il Partito Comunista cinese è l‘avanguardia della classe operaia ed al tempo stesso l‘avanguardia del popolo e della nazione cinese; esso è il nucleo guida dell‘avanzata del socialismo di tipo cinese e rappresenta […] i fondamentali

4 V. Id., Ad fontes redeunt longo post tempore lymphae: la libertà religiosa in Cina dopo la

lettera del 2007 di S.S. Benedetto XVI, in Atti del convegno “Libertà religiosa e reciprocità‖, 26-27 marzo 2009, Pontificia Università della Santa Croce, Milano, 2009, pp. 375 ss. V. J. I. Arrieta Ochoa de Chinchetru, La salus animarum quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori, in IE, XII (2000), pp. 343 ss. 5 C. Mao Tse-Tung, Problemi della guerra e della strategia, in Id., Opere scelte, II, Pechino,

1969, pagg. 250 ss.; Zhou Enlai, Fours Talks on the Question of Christianity, 5-20 maggio 1950, in Selected Important Essays Starting from the Liberation, I, Beijing, 1992, pp. 220-222; G. H. Dunne, Das große Exempel. Die Chinamission der Jesuiten, Stuttgart, 1965; H. Waldenfels, SJ, Das neue China nach Maos und das Christentum, in SdZ, 1977, pp. 253 ss. Cfr. P. Biscaretti di Ruffia, La Repubblica popolare cinese: un „modello‟ nuovo di ordinamento statale socialista, Milano, 1977; M. Mazza, Lineamenti di diritto costituzionale cinese, Milano, 2006; Id., Diritto pubblico cinese: appunti e riflessioni per uno studio su storia politico-istituzionale della Cina popolare, ruolo del PCC ed elementi della struttura costituzionale della RPC, Bergamo, 2013. 6 Cfr. S. Guo, Chinese Politics and Government, London – New York, 2013, pp. 21 ss.; A. Hu,

China in 2020: a New Type of Superpower, Washington, DC, 2011, passim; C. LI, China‟s Communist Party-State: The Structure and Dynamics of Power, in AA.VV., Politics in China, an Introduction, Oxford, 2010, pp. 165 ss.; R. McGregor, Der rote Apparat. Chinas Kommunisten, Berlin, 2012, passim. 7 V., per l‘impostazione teorica generale, C. Cardia, Società civile e società religiosa nel

pensiero marxista, in DE, 1968, I, pp. 288 ss.


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interessi della stragrande maggioranza del popolo cinese. Il supremo ideale e lo scopo finale del Partito sono l‘instaurazione del comunismo»8.

La Costituzione cinese, dal canto suo, riconosce più volte ed expressis verbis al Partito Comunista cinese il ruolo di guida dello Stato, dell‘economia, della società e delle Forze Armate, a partire già dal preambolo:

«Sotto la guida del Partito comunista cinese e sulla base del Marxismo-Leninismo, delle idee di Mao Zedong, delle teorie di Deng Xiaoping e delle fondamentali idee delle ‗triplici rappresentazioni‘, i popoli di tutte le nazionalità della Cina continuano a restar fedeli alla democratica dittatura del proletariato, alla via socialista, come pure alle riforme ed all‘apertura […]».

Il modo in cui questa guida del PCC venga esercitata è espresso dallo statuto stesso del Partito: «Guida del Partito significa guida sui più importanti temi politici, ideologici ed organizzativi» ‒ secondo il principio fondamentale del centralismo democratico teorizzato da Lenin nel suo celeberrimo ―Che fare?‖, del 1902 ‒ e, dopo la fase della Rivoluzione Culturale, ha trovato, per quanto riguardi la libertà religiosa, formulazione teorica nel c.d. ‗documento 19‘, da cui è poi derivato l‘art. 36 della Costituzione del 19829.

Esso sostanzialmente si divide in due parti: nella prima si ha la protezione del credere in una religione, e non vengono stabilite differenze fra il credere od il non credere, eccezion fatta per i membri del Partito: il punto 8 del ‗documento 19‘, infatti, stabilisce che «la libertà di avere una fede religiosa è rivolta ai cittadini del nostro Paese, ma non è applicabile ai membri del Partito… Un membro del Partito Comunista non può avere una fede religiosa… I membri che persistessero nel violare questa disposizione devono venir espulsi dal Partito».

La seconda parte dell‘art. 36 fa tre importanti affermazioni: ‒ lo Stato protegge le ‗normali‘ attività religiose (senza, però, precisare cosa

si debba intendere per ‗attività religiose‘, né quando esse siano ‗normali‘, lasciando così ampio spazio al potere amministrativo),

‒ «nessuno può usare la religione per attività che turbino l‘ordine pubblico, mettano in pericolo la salute dei cittadini od interferiscano col sistema educativo statale»,

‒ le confessioni religiose e le questioni religiose non devono essere soggette a nessun controllo straniero.

A queste disposizioni va poi aggiunto il Secondo Piano Governativo d‘Azione Nazionale per i Diritti Umani (2012/2015)10, che impegna il Governo a prendersi attivamente delle responsabilità per la protezione dei diritti umani, fra cui quello di libertà religiosa: si tratta, infatti, del secondo documento del Governo cinese relativo al tema dei diritti umani, e rappresenta una guida all‘attuazione del principio costituzionale dello «Stato che rispetta a tutela i diritti umani».

Esso parla della libertà religiosa al punto 4 della Seconda sezione, dedicata ai diritti civili e politici, dicendo:

«4. Libertà religiosa La Cina sostiene il principio di libertà religiosa previsto nella Costituzione ed

applica rigorosamente le ‗Norme sugli affari religiosi‘ [del 2004, NdA] per garantire la libertà religiosa dei cittadini:

8 http://dangshi.people.com.cn/n/2012/1119/c234123-19618241.html.

9 V. P. Biscaretti di Ruffia, La Costituzione della Repubblica Popolare Cinese del 1982: principî

generali e ordinamento dello Stato, in Mondo cinese, XLIII, 1983, pp. 3 ss. 10

http://www.gov.cn/jrzg/2012-06/11/content_2158166.htm. Cfr., per l‘impostazione teorica generale, M. G. Belgiorno de Stefano, Il diritto universale alla libertà di coscienza, Roma, 2000.


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‒ proteggendo i cittadini dall‘obbligo di credere o di non credere in qualche religione, e da ogni discriminazione dovuta alla religione,

‒ proteggendo le normali attività religiose secondo la legge, ‒ migliorando il coordinamento del pellegrinaggio [alla Mecca, NdA]. La Cina

vuole migliorare l‘organizzazione, il coordinamento ed il supporto al pellegrinaggio per provvedere alle necessità ed alla sicurezza dei musulmani, affinché possano completare il loro pellegrinaggio facilmente,

‒ incoraggiando i credenti a dedicarsi attivamente ad opere di beneficenza ed assistenza,

‒ aiutando i gruppi religiosi a risolvere le difficoltà incontrate nello sviluppo dei loro progetti. Lo Stato provvederà al sostegno finanziario per la costruzione di nuovi edifici scolastici dell‘Accademia Buddhista Cinese, e favorirà l‘ampliamento dell‘Istituto Islamico Cinese.

Lo stesso supporto si avrà per la ricostruzione e l‘espansione dei luoghi di culto delle aree disabitate del Tibet, nelle province di Sichuan, Yunnan, Gansu e Qinghai.

Aiuto finanziario verrà anche esteso alla ricostruzione post-sismica degli edifici per attività religiose nelle province di Yushu e Qinghai, ed alle moschee danneggiate da disastri naturali,

‒ lavorando ad adattamenti delle principali norme sulla sicurezza sociale anche al personale religioso,

‒ promuovendo scambi culturali in ambito religioso. La Cina favorirà volentieri gli scambi fra i circoli religiosi cinesi ed organizzazioni religiose straniere».

Tutti questi principî sono stati da ultimo ribaditi nella recente legge cinese sulla sicurezza nazionale, che riguarda anche le comunità religiose, appunto confermando e ripetendo come il Governo s‘impegni nella prevenzione e repressione delle attività illegali che, svolte col pretesto della religione, possano mettere in pericolo la sicurezza nazionale, come pure s‘opponga all‘interferenza di influenze straniere nelle questioni religiose interne, garantendo il normale svolgimento delle attività religiose.

Questo nuovo gruppo di recenti disposizioni normative del diritto ecclesiastico cinese, inedite in Italia, è composto da:

I) ‗Documento 6‘: Documento del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, su alcuni problemi relativi al futuro lavoro sulle religioni, 5 febbraio 1991.

II) Misure per il controllo e l‘amministrazione delle finanze dei luoghi di culto, del I marzo 2010.

III) ―Disposizioni statali sulla registrazione di Vescovi cattolici‖, del 5 giugno 2012.

IV) Norme della Conferenza episcopale cinese sull‘elezione dei Vescovi, del 24 aprile 2013.

V) Documento Segreto del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, n. 18, del 15 maggio 2011.


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I) ‗Documento 6‟: Documento del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, su alcuni problemi relativi al futuro lavoro sulle religioni, 5 febbraio 199111.

La politica del Partito riguardo alle religioni è stata ben definita punto per punto ed il nostro lavoro in materia religiosa ha ottenuto un notevole successo fin dal Terzo Plenum, come risultato degli sforzi dei varî comitati di Partito e governativi ai varî livelli.

Abbiamo aperto e reso accoglienti luoghi di culto, ripristinato o creato organizzazioni religiose patriottiche, riconosciuto il diritto dei cittadini alla libertà religiosa, le normali attività religiose ed i legittimi diritti ed interessi delle organizzazioni religiose sono stati protetti dalla legge e dalle linee-guida del Partito, le attività che abbiano violato la legge nascondendosi dietro il nome della religione sono state represse conformemente alla legge, e le attività religiose in molte zone sono state regolari.

Il sentimento patriottico e la consapevolezza socialista delle personalità religiose sono state intensificate.

Esse sostengono la leadership del Partito Comunista cinese ed il sistema socialista.

Esse hanno grandemente aiutato il Partito ed il Governo nell‘attuare la loro politica riguardo alla religione, ed hanno svolto un ruolo importantissimo nel rafforzare la stabilità sociale e l‘unità nazionale, promuovendo l‘unificazione alla Madrepatria ed avendo amichevoli scambi internazionali.

Il Fronte Unito Patriottico dei gruppi religiosi delle varie nazionalità guidato dal Partito è stato ulteriormente rafforzato e consolidato.

I fedeli delle varie nazionalità hanno attivamente partecipato alla costruzione materiale ed alla civilizzazione spirituale socialista.

L‘esperienza pratica ha dimostrato la correttezza delle linee-guida del Partito e del Governo nei confronti delle religioni, e la situazione generale del loro lavoro sulle religioni è buona.

Ma dobbiamo renderci conto che forze ostili oltre i nostri confini continuano a cercare di usare la religione come importante mezzo per attuare la loro strategia di disturbo della ‗rivoluzione pacifica‘ nella nostra Patria.

Esse hanno continuamente attuato infiltrazioni ed attività di contrasto contro di noi.

I separatisti hanno usato la religione per causare sommovimenti, attaccare la leadership del Partito ed il sistema socialista, minare l‘unificazione alla Madrepatria e l‘unità nazionale.

In certi luoghi, pochi elementi ostili si sono dati molto da fare. Hanno creato organizzazioni illegali e provato a strapparci la leadership di monasteri, templi taoisti e chiese. Alcuni di loro hanno aperto illegalmente scuole di formazione biblica, conventi e seminari, provando a competere con noi per le menti ed i cuori dei giovani.

Alcuni monasteri hanno ripristinato i loro privilegî religiosi feudali, l‘oppressione e lo sfruttamento che erano stati aboliti. In alcuni luoghi, a livello di movimenti di base alcuni hanno usato la religione per interferire con la pubblica amministrazione, la giustizia e l‘istruzione scolastica.

Allo stesso tempo, dobbiamo riconoscere che ci sono stati davvero pochi problemi nell‘attuazione delle linee-guida sulla libertà religiosa.

11

http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66704/4495639.html.


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Poche autorità locali hanno violato il diritto dei cittadini alla libertà religiosa, i legittimi diritti ed interessi di monasteri, templi taoisti e chiese, interferito con le normali attività di culto di gruppi religiosi e procrastinato la restituzione di edifici, monasteri, templi taoisti e chiese ai legittimi proprietari. Conflitti sociali causati da problemi religiosi o dall‘uso improprio di elementi religiosi si sono prodotti talvolta.

I comitati del Partito e dei Governi a tutti i livelli devono davvero rendersi conto della complessità e della serietà di questi problemi e dare grande rilevanza al lavoro in ambito religioso.

La corretta gestione della questione religiosa costituisce un importante elemento nella costruzione del socialismo con caratteristiche cinesi.

Ciò ha un grande significato e non ammette negligenze nello svolgere con successo il nostro lavoro in ambito religioso, in modo da mantenere la stabilità sociale, promuovere l‘unità nazionale, l‘unificazione con la Madrepatria e la costruzione della Quattro Modernizzazioni.

«Il punto di vista fondamentale e le linee-guida fondamentali del Comitato Centrale del Partito Comunista cinese riguardo alla questione religiosa nel periodo del Socialismo in Cina» [il ‗Documento 19‘, emanato dal Comitato Centrale del Partito nel 1982, NdA] è un importante documento che definisce le linee-guida per il lavoro nell‘ambito delle religioni.

Bisogna continuare ad applicarlo coscienziosamente. Continuità e stabilità nelle linee-guida sulle religioni devono essere

mantenute. Nei giorni a venire l‘impegno fondamentale per lavoro del Partito e del

Governo sulle religioni è la diligente applicazione delle linee-guida del Partito sulle religioni, la salvaguardia del diritto dei cittadini alla libertà religiosa, sviluppare l‘educazione dei fedeli e dei ministri di culto nel patriottismo e nel socialismo, aiutare le loro iniziative, sostenerli nel loro lavoro, consolidare e sviluppare il nostro Fronte Unito con i gruppi religiosi, regolare le questioni religiose secondo la legge, frenare e schiacciare le attività criminali illegali perpetrate nel nome della religione, fermare risolutamente l‘infiltrazione di forze ostili al nostro interno, ed operare per la tutela della stabilità, la promozione dell‘unità, l‘unificazione alla Madrepatria e la crescita della prosperità in Cina.

Diamo ora alcuni consigli pratici su come affrontare alcuni problemi che possono in futuro presentarsi nel nostro lavoro in ambito religioso:

I. Applicare le linee-guida sulla libertà religiosa diligentemente ed a 360°.

Rispettare e proteggere la libertà religiosa – questa è la linea guida fondamentale a lungo termine del Partito e dello Stato riguardo alla questione religiosa.

La libertà religiosa è un diritto espressamente riconosciuto nella Costituzione ai cittadini.

I cittadini sono liberi di credere o non credere in una religione. Nessun organo statale, organizzazione od individuo è autorizzato a

costringere un cittadino a credere o a non credere in una religione. I cittadini non devono essere discriminati per il fatto d‘essere credenti o non

credenti. Le attività religiose devono essere svolte nel quadro delle linee-guida e della

legge.


131

Lo Stato protegge le normali attività religiose. I cittadini, esercitando il loro diritto alla libertà religiosa, devono allo stesso

tempo rispettare i loro obblighi. Nessuno è autorizzato ad usare la religione per opporsi alla leadership del

Partito ed al sistema socialista, per danneggiare l‘unificazione del Paese, la stabilità sociale o l‘unità nazionale, per intromettersi illegalmente negli interessi della società e collettivi, o nei legittimi diritti di altri cittadini. Nessuno è autorizzato ad usare la religione per interferire con l‘amministrazione pubblica, con la giustizia, con l‘istruzione scolastica o quella pubblica sociale, per ostacolare la pratica dell‘istruzione obbligatoria, per ripristinare l‘abolito sistema dei privilegî feudali, l‘oppressione e lo sfruttamento.

Credenti e non credenti, credenti in differenti religioni e sette, devono rispettarsi a vicenda. Nei luoghi in cui la maggioranza della popolazione fosse di non credenti, la massima attenzione dev‘essere prestata affinché siano rispettati scrupolosamente i diritti dei credenti che siano in minoranza. Nei luoghi ove la maggioranza della popolazione fosse formata da credenti, dovranno essere scrupolosamente rispettati e protetti i diritti dei non credenti che siano in minoranza, così credenti e non credenti potranno essere uniti e lavorare insieme alla causa dell‘edificazione della modernizzazione socialista.

Nell‘attuare le linee-guida sulla libertà religiosa, è necessario sanzionare con fermezza le azioni che violassero il diritto dei cittadini alla libertà religiosa ed i legittimi diritti ed interessi dei gruppi religiosi.

Nei luoghi ove non vi fossero abbastanza luoghi di culto, devono comunque essere assicurati spazî per le attività religiose normali.

Il problema della proprietà immobiliare religiosa ha origini storiche, e dev‘essere gestito con prudenza, in modo da mantenere l‘unità con le masse di credenti e promuovere la stabilità sociale e nazionale.

II. Regolare le questioni religiose secondo la legge.

Regolare le questioni religiose secondo la legge significa che il Governo amministra e controlla il rafforzamento delle leggi, dei regolamenti e delle altre misure amministrative riguardanti la religione.

Il Governo protegge i legittimi diritti ed interessi delle entità religiose, monasteri, templi buddhisti e chiese secondo la legge; protegge i ministri di culto ed i laici credenti nello svolgimento delle loro normali attività religiose; previene e persegue gli elementi fuorilegge che usano la religione e le attività religiose per creare turbamenti, violare la legge e commettere crimini, persegue le forze ostili all‘interno dei nostri confini che usano la religione allo scopo d‘infiltrarsi.

L‘obiettivo di regolare gli affari religiosi consiste nell‘incanalare le attività religiose nel quadro delle leggi, regolamenti ed altre misure amministrative, e non nell‘interferire nelle normali attività religiose o nelle questioni interne dei gruppi religiosi.

Tutti i luoghi di culto devono essere registrati secondo la legge (specifiche procedure verranno prese con una legge apposita).

Questi siti registrati saranno protetti dalla legge, e saranno amministrati democraticamente dalle organizzazioni religiose patriottiche e dai ministri di culto sotto la guida ed il controllo amministrativo degli uffici governativi preposti agli affari religiosi.


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L‘apertura di nuovi luoghi di culto dev‘essere approvata dagli organi di governo locali. L‘attività di preghiera e quella missionaria fatta da predicatori autoproclamatisi e da altri missionari illegali dev‘essere severamente punita.

Gli istituti di formazione biblica, i conventi ed i seminarî aperti illegalmente verranno chiusi.

Le entità religiose cinesi e le attività religiose devono aderire al principio dell‘indipendenza e tenere le rispettive chiese libere dal controllo di forze straniere. Lo scambio religioso internazionale dev‘essere organizzato attivamente e correttamente sulla base dell‘eguaglianza e dell‘amicizia.

I tentativi da parte di forze ostili all‘interno dei nostri confini di controllare le religioni in Cina devono trovare insuperabile resistenza.

Nessuna organizzazione religiosa o singolo individuo dall‘estero è autorizzato ad interferire con le questioni religiose cinesi, stabilire uffici in Cina, costruire monasteri, templi buddhisti o chiese, od organizzare lavoro missionario.

La pubblicazioni religiose, gli audio e videotapes ed ogni altro materiale di propaganda religiosa proveniente dall‘estero dev‘essere severamente controllato verificando sia conforme alle regole. Quel materiale che incitasse il popolo contro i Quattro principî fondamentali o contro il Governo, o avesse altri contenuti reazionari, dev‘essere confiscato secondo la legge.

Nessuno è autorizzato ad accettare sussidi finanziarî religiosi o fondi per attività missionaria provenienti dall‘estero il cui scopo sia l‘infiltrazione. Le organizzazioni religiose cinesi, i monasteri, i templi taoisti e le chiese devono preventivamente ottenere il placet da parte dei competenti uffici governativi a livello provinciale o dell‘Ufficio statale per gli affari religiosi prima di poter accettare donazioni significative da organizzazioni religiose o singole persone estere.

Analoga approvazione preventiva è richiesta alle organizzazioni religiose cinesi, monasteri, templi taoisti o chiese se questi volessero invitare organizzazioni religiose o personalità straniere a visitare la Cina, o se volessero accettare inviti provenienti dall‘estero.

Attività di particolare importanza che coinvolgessero stranieri devono essere riferite al Consiglio di Stato per essere approvate.

Organizzazioni non religiose devono riferire all‘Ufficio per gli affari religiosi se invitano o ricevono organizzazioni straniere d‘ispirazione religiose o personaggi religiosi particolarmente influenti che venissero a visitare la Cina.

Se s‘impegnano in scambi e cooperazione con stranieri che coinvolgessero organizzazioni religiose al di fuori del Paese, o loro istituzioni od individui affiliati, l‘accordo di cooperazione firmato dai dipartimenti commerciali, scientifici e tecnologici, culturali, educativi, sanitari, sportivi o turistici non deve contemplare attività missionaria, né l‘installazione di istituzioni religiose, o la costruzione di monasteri, templi taoisti o chiese, né nessun altro argomento religioso.

La legislazione relativa agli affari religiosi dev‘essere approfondita. L‘Ufficio per gli affari religiosi del Consiglio di Stato deve, con zelo e serietà, preparare le norme amministrative sugli affari religiosi.

Le province, le regioni autonome e le città direttamente soggette al Governo centrale devono provvedere ad emanare norme amministrative locali conformi alla normativa nazionale, tenendo conto delle particolari situazioni locali.


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Il potere politico a livello di base deve rafforzare la propria leadership nel lavoro in ambito religioso, coscienziosamente applicare le direttive del Partito e del Governo riguardo le religioni, aiutare i ministri di culto ed i laici credenti a gestire con successo i loro luoghi di culto ed impegnarsi in attività religiose conformemente alla legge.

III. Far svolgere appieno alle organizzazioni religiose patriottiche il loro ruolo.

Le organizzazioni religiose patriottiche servono come ponte fra il Partito ed il Governo insieme con personalità religiose. Far loro svolgere appieno il loro ruolo è un‘importante garanzia organizzativa per l‘applicazione con successo delle linee-guida del Partito riguardo alle religioni ed alla normalizzazione delle attività religiose. In alcuni luoghi, le organizzazioni religiose patriottiche non hanno ricevuto sufficiente incoraggiamento nello svolgere il proprio ruolo, e questa mancanza delle autorità locali dev‘essere corretta.

Queste autorità devono sostenere ed aiutare al massimo le organizzazioni religiose patriottiche nella loro costruzione ed espressione indipendente in accordo con le loro specifiche caratteristiche e regole, e permettere loro di sviluppare al massimo le loro iniziative.

Esse devono essere incoraggiate e sostenute nello svolgere le proprie attività, servizi, e assistenza pubblica, venendo aiutate con successo a diventare autonome.

Aiuto dev‘essere loro dato fornendo spazio per gli uffici e le spese operative, e eliminando le difficoltà dei ministri di culto in certe aree, in modo da provveder loro le condizioni affinché possano proseguire nel loro lavoro.

Tutte le organizzazioni religiose patriottiche devono accettare la leadership del Partito e del Governo, seguendo la legge, portando avanti la tradizione di autoeducazione e costantemente formando il proprio staff religioso in patriottismo, socialismo, nelle linee-guida delle norme e leggi vigenti, e plasmando le loro coscienze nella difesa degli interessi dello Stato e della Nazione, sostenendo il principio dell‘indipendenza e guidando essi stessi le proprie attività religiosa.

La stragrande maggioranza delle personalità religiose cinese è patriottica e rispettosa della legge. Essa coopera da lungo tempo con il Partito e col Governo e costituisce un‘importante forza di sostegno della stabilità sociale e nazionale, entrando in sintonia con i fedeli e sviluppando con successo i proprî affari religiosi.

Gli organi direttivi del Partito e del Governo ad ogni livello devono sempre ascoltare le opinioni ed i suggerimenti provenienti dalle organizzazioni e dalle personalità religiose, e consultarle costantemente sulle importanti materie concernenti le religioni. Essi devono sostenere ed assistere le organizzazioni religiose patriottiche nello sviluppare con successo i seminari teologici per formare in modo pianificato e organizzato un clero che ami la Madrepatria, accetti la leadership del Partito, sia risoluto nel procedere nella via socialista, sostenendo l‘unificazione della Madrepatria e l‘unità nazionale, con adeguata formazione negli studî teologici e capaci di entrare in sintonia con le masse di fedeli.

Al momento, la formazione dev‘essere incentrata e sviluppata in particolare su quelli che abbiano ruoli di comando nei monasteri, nei templi taoisti, nelle chiese e negli altri luoghi operativi.


134

IV. Sradicare risolutamente chi usa la religione per compiere attività criminali.

Allo stesso tempo in cui proteggiamo il diritto dei cittadini alla libertà religiosa

e le loro normali attività religiose, dobbiamo fermamente sradicare, secondo la legge, quegli elementi controrivoluzionarî e gli altri criminali che usano la religione per compiere attività distruttive. I dipartimenti di pubblica sicurezza a tutti i livelli devono prendere misure drastiche e sradicare risolutamente quelli che usano la religione per creare agitazione, mettere in pericolo e minare l‘unificazione del Paese e l‘unità nazionale.

Chi viola il codice penale dev‘essere punito secondo la legge. Questi capi colpevoli che collaborano con forze ostili estere per mettere in

pericolo la sicurezza della Cina devono essere severamente puniti. Le organizzazioni religiose illegali devono essere fermamente sradicate. Le personalità religiose che si coinvolgessero in attività illegali devono essere censurate, educate, e chiamate a rivedere il proprio comportamento per un certo periodo nel caso in cui i loro comportamenti non fossero particolarmente gravi.

Comportamenti illegali ripetuti o di particolare gravità devono essere sradicati secondo la legge.

Nella nostra opera, noi dobbiamo rigorosamente distinguere fra differenti tipi di contraddizioni e gestirle correttamente, avere una corretta comprensione delle linee-guida, coordinarci con le forze patriottiche dei gruppi religiosi, dividere e distruggere le forze ostili, prevalere su quelli che siano sotto l‘influenza di queste ultime, ed isolare i pochi colpevoli principali.

I dipartimenti preposti al rafforzamento legislativo devono prevedere disposizioni normative secondo la legge che puniscano severamente chi usa la religione per compiere attività criminali. Le Forze di pubblica sicurezza, i dipartimenti della Pubblica Accusa ed i Tribunali devono coordinare i proprî sforzi per sradicare secondo la legge le attività criminali.

V. Rafforzare gli organi al lavoro sulle religioni e favorire la creazione di personale specializzato che lavori sulle religioni

In ordine allo sviluppo futuro del nostro lavoro sulle religioni, è necessario rafforzare gli organi di governo che lavorano sulle religioni. I Governi delle province (regioni autonome e municipalità direttamente soggette al Governo centrale) ed i livelli amministrativi inferiori che devono affrontare un lavoro impegnativo sulle religioni devono stabilire organi specifici che si occupino delle religioni.

Le altre entità amministrative territoriali devono potenziare i proprî organi che fossero già istituiti ed all‘opera per il lavoro sulle religioni.

Le entità amministrative territoriali senza organi di questo tipo devono crearli nei dipartimenti più importanti, composti da persone specializzate e permanentemente assegnate al lavoro sulle religioni.

Queste città creando questi gruppi per la trattazione degli affari religiosi devono assegnar loro un capo preciso, responsabile del lavoro, permanentemente impegnato nel lavoro sulle religioni.


135

Speciale importanza dev‘essere data alla formazione dei quadri che vogliano trattare gli affari religiosi, e la loro competenza dev‘essere costantemente aggiornata.

Quelli che si occupano di affari religiosi devono pienamente rendersi conto del significato e della responsabilità del proprio lavoro, facendo uno studio serio e molto approfondito sulla filosofia marxista, le teorie religiose, i principî e le linee-guida del Partito, devono essere a conoscenza delle leggi in materia e formati nel lavoro sulle religiosi, in buoni e cordiali rapporti con le personalità religiose ed i fedeli, in modo da avere quadri che trattino gli affari religiosi con buone qualità politiche, uno stile di lavoro apprezzabile ed un‘approfondita conoscenza in materie religiose.

I Comitati di Partito e di Governo a tutti i livelli devono mostrare sollecitudine per i quadri che trattano affari religiosi, sia politicamente sia nel loro lavoro.

VI. Rafforzare la leadership di Partito nel lavoro sulle religioni

La leadership di Partito nell‘opera sulle religioni è primariamente una leadership politica. Il Partito è a capo dell‘orientamento politico e dei principî e delle linee-guida essenziali.

I Comitati di partito e governativi a tutti i livelli devono inserire l‘attività religiosa nella loro agenda, studiare ed analizzare la situazione del lavoro sulle religioni ad intervalli regolari, seriamente verificando l‘attuazione delle linee-guida relativamente alle religioni, prontamente risolvere ogni problema, mobilitare l‘intero Partito, il governo a tutti i livelli e le forze sociali, gli diano grande importanza e mostrino sollecitudine per un lavoro di successo sulle religioni, in modo da rendere la religione adatta alla società socialista.

I compagni responsabili del Partito e del Governo a tutti i livelli ed il dipartimento del Fronte Unito dei comitati di partito devono operare con successo con i rappresentanti religiosi, incrementare i proprî contatti con queste figure, spiegare loro i principî e le linee-guida del Partito, ed informarli sulle materie più rilevanti, ascoltare le loro opinioni con mente aperta e spirito costruttivo, ed aiutarli a risolvere i problemi nel loro lavoro.

I comitati di partito e di Governo a tutti i livelli devono rafforzare la loro opera politica ed ideologica, istruire i dipartimenti della propaganda per educare le grandi masse nel patriottismo, nel socialismo e nell‘unità nazionale, educare le masse, in particolare i più giovani, nel materialismo dialettico e nel materialismo storico12 ed allevare i più giovani a diventare una generazione di popolo nuovo con elevati ideali e standard morali, e che siano ben educati e disciplinati.

Devono dare istruzioni ed assistenza i sindacati, la Lega dei Giovani Comunisti e le federazioni femminili, e fare attività salutari e utili, mostrare sollecitudine per, e dare assistenza a, lavoratori, giovani e donne per risolvere le difficoltà nel loro lavoro, inculcare loro un corretto punto di vista sulla nascita, la vecchiaia, la malattia e la morte, come sulla buona e la cattiva sorte, i disastri e la buona fortuna, cosicché essi possano acquisire una prospettiva scientifica ed un corretto punto di vista sulla vita.

12

Cfr. G. A. Wetter, SJ, Der dialektische Materialismus: seine Geschichte und sein System in der Sowjetunion, Wien, 1958; Id., Dialektischer und historischer Materialismus, Frankfurt a.Main, 1962; Id., Storia della teoria marxista, Roma, 1972.


136

La pubblicazione del lavoro riguardante la religione non deve contraddire le linee-guida del Partito e del Governo sulla religione, senza urtare i sentimenti religiosi dei credenti né distorcendo la storia per usare la religione allo scopo di minare l‘unificazione del Paese e l‘unità nazionale.

A nessun membro del Partito comunista è permesso credere in qualunque religione, né partecipare a nessuna attività religiosa. I membri del Partito che prendono parte ad attività religiose devono essere rieducati pazientemente ed amichevolmente, ma senza nessuna eccezione, in modo da acquisire un giusto punto di vista e tracciare una linea di demarcazione fra ateismo e teismo, e rafforzare la propria fede nel Comunismo.

Quelli che rifiutassero o non rispondessero positivamente alla rieducazione debbono essere persuasi a lasciare il Partito. Quelli che prendono parte ad incitamenti al fanatismo religioso e offrono sostegno alla costruzione indiscriminata di monasteri, templi taoisti o chiese debbono essere severamente censurati e rieducati. Quelli che rifiutassero di pentirsi debbono essere espulsi dal Partito. In quelle aree minoritarie dove virtualmente tutti sono credenti, i membri del Partito Comunista lavorando a livello della base possono prendere parte ad alcune attività religiose tradizionali di massa, con una sfumatura in accordo con le principali linee-guida date dal Comitato Centrale del Partito.

Dopo il ricevimento di questa circolare, i comitati di Partito e governativi da un capo all‘altro del Paese debbono coscienziosamente riassumere le loro esperienze nella trattazione delle materie religiose negli ultimi anni, delineare le necessarie lezioni sulla base d‘una panoramica generale dell‘applicazione delle linee-guida del Partito sulle religioni, tratteggiare le specifiche misure alla luce delle realtà locali e coscienziosamente condurli a termine. I Comitati di Partito e governativi delle province, delle regioni autonome e delle municipalità direttamente soggette al Governo centrale debbono inviare rapporti scritti sulla loro valutazione generale al Comitato centrale del Partito ed al Consiglio di Stato.

II) Misure per il controllo e l‘amministrazione delle finanze dei luoghi di culto, del I marzo 201013.

Capitolo 1, norme generali 1. Per regolamentare gli affari finanziari dei luoghi di culto, migliorare

l‘amministrazione ed il controllo delle loro finanze e proteggere i legittimi diritti dei luoghi di culto e dei fedeli, conformemente alla Legge di contabilità della Repubblica Popolare cinese, alle Disposizioni sugli affari religiosi, sui regolamenti di contabilità per le Organizzazioni non profit non governative, ed altre specifiche disposizioni, vengono emanate le seguenti misure.

2. Sono luoghi di culto nel senso delle presenti norme, secondo le ‗Disposizioni sugli affari religiosi‖ ed altre disposizioni, i templi ed i chiostri buddhisti registrati secondo le leggi, i templi ed i chiostri taoisti, le moschee, le chiese, come pure altri luoghi di culto analoghi.

13

http://www.sara.gov.cn/xxgk/zcfg/bmgz/539.htm.


137

3. I luoghi di culto devono assolutamente aver cura che il loro patrimonio venga impiegato in modo sicuro ed efficiente per le attività richieste dai loro scopi, come pure per iniziative socialmente comunitarie ed utili.

4. La Direzione dei luoghi di culto deve conformemente alle ―Disposizioni per questioni religiose‖ ed alle altre disposizioni correlate creare un regolamento per la gestione finanziaria e trasmetterlo per la registrazione alle Autorità competenti per la sua registrazione e verifica.

5. I luoghi di culto devono istituire una segreteria amministrativo-finanziaria che, sotto la guida della Direzione, amministri le finanze del sito. La segreteria amministrativo-finanziaria è composta di regola dal/la responsabile della Direzione e da persone competenti per la contabilità e la gestione di cassa.

6. Il patrimonio legale ed il denaro ricavato dai luoghi di culto sono protetti dalla legge. Nessuna organizzazione e nessun individuo potrà illegalmente impossessarsi, saccheggiare, rubare in parte, distruggere il patrimonio legale, né prenderlo illegalmente in custodia, requisirlo, confiscarlo, bloccarlo o spartirlo.

7. Gli Uffici competenti per la registrazione e la verifica esercitano secondo la legge la vigilanza ed il controllo sulla gestione finanziaria dei luoghi di culto.

Capitolo 2: regolamento della contabilità 8. I luoghi di culto devono assolutamente rispettare la Legge della

Repubblica popolare cinese sulla contabilità ed i regolamenti di contabilità per le Organizzazioni non profit non governative, e, secondo la legge, avere un registro contabile e far sì ch‘esso sia aggiornato e corretto.

Il/la responsabile della Direzione d‘un luogo di culto è responsabile di fronte alla legge della correttezza e della completezza del lavoro di contabilità e delle pezze d‘appoggio.

Nessuna organizzazione e nessuna persona singola può in nessun modo incoraggiare, indurre o ordinare al personale contabile d‘un luogo di culto d‘alterare o distruggere o falsificare i libri contabili.

9. I luoghi di culto devono istruire pratiche per le questioni dell‘amministrazione, e conservarle in modo sicuro. I requisiti per la conservazione degli atti e della documentazione, come per la loro distruzione, devono essere conformi alle ‗Misure per la gestione degli atti contabili‘.

10. I luoghi di culto devono contare su personale contabile loro proprio, che è personalmente responsabile per la contabilità, oppure, nel rispetto della Legge della Repubblica popolare cinese di contabilità e delle Misure per la gestione della contabilità da parte di delegati, affidarsi ad un‘agenzia esterna cui delegare la gestione della contabilità.

I luoghi di culto che non possano contare su queste due possibilità possono affidarsi al personale contabile della loro confessione religiosa di appartenenza, oppure possono, sotto la direzione dei competenti uffici per la loro registrazione e controllo, istituire un ufficio contabilità comune, cui affidare la loro contabilità.

Le persone cui venisse affidato l‘incarico della contabilità devono avere un diploma che li qualifichi come operatori contabili.

11. La contabilità, la gestione della cassa e la direzione degli uffici finanziari devono essere affidate a persone differenti, non possono essere affidati contemporaneamente più incarichi alla stessa persona.


138

Bisogna evitare d‘affidare inoltre questi tre uffici a persone legate fra di loro da vincoli matrimoniali, parentela in linea diretta sempre, parentela in linea acquisita entro tre generazioni, e altre forme analoghe di stretti legami.

Capitolo 3. Amministrazione del luogo 12. I luoghi di culto devono stabilire annualmente il proprio bilancio e

comunicarlo ai competenti uffici per la registrazione ed il controllo. Devono anche renderlo noto in modo appropriato ai fedeli del luogo. 13. Il bilancio annuale consiste in un calcolo preventivo delle entrate e delle

uscite. Nel bilancio entrate ed uscite devono essere indicate in generale, non in dettaglio, e le uscite non possono superare le entrate.

Capitolo 4. Gestione delle entrate 14. Le entrate d‘un luogo di culto sono fondamentalmente: 1. conformemente

alle norme vigenti, donazioni da parte di organizzazioni e singole persone connazionali od estere, 2. proventi da funzioni religiose e dalla vendita di biglietti d‘ingresso nei luoghi di culto, 3. proventi dalla vendita d‘articoli per il culto religioso, la pratica religiosa o pubblicazioni religiose, 4. proventi da attività di pubblica utilità e di benessere sociale, come pure da altri servizi sociali, 5. aiuti finanziarî del Governo, 6. altri proventi legali.

15. Tutte le entrate d‘un luogo di culto devono assolutamente venir registrate nei registri contabili secondo la Legge di contabilità della Repubblica popolare cinese e venir inseriti nell‘amministrazione del luogo di culto.

16. I luoghi di culto devono assolutamente, accettando donazioni da organizzazioni e singole persone connazionali od estere, rispettare le disposizioni statali ed inviare al donante una ricevuta prestampata dai competenti uffici finanziari, oppure una ricevuta numerata specifica del singolo luoghi di culto e timbrata col suo timbro. Le donazioni ricevute devono categoricamente essere registrate nel bilancio. Se si trattasse di donazioni in natura, esse devono essere registrate a bilancio secondo il loro valore equivalente, secondo le disposizioni per il bilancio delle organizzazioni non governative non statali.

17. Nessun ministro di culto e nessuna persona anche se di specchiata onestà può appropriarsi dei beni d‘un luogo di culto.

18. I fondi vincolati, con cui il Governo sostiene finanziariamente un luogo di culto, devono venir utilizzati per lo scopo cui sono vincolati, e non possono essere stornati nemmeno in parte per altri scopi.

19. I luoghi di culto devono aprire un conto bancario per persone giuridiche. Il denaro d‘un luogo di culto non può in nessun caso essere versato sul conto corrente per persone fisiche.

Capitolo 5. Gestione delle uscite. 20. Le entrate d‘un luogo di culto devono venir utilizzate per lo scopo

specifico del luogo, comprese attività di benessere sociale. Le uscite d‘un luogo di culto fondamentalmente consistono in: 1. uscite per questioni religiose, 2. spese per manutenzione degli edifici, 3. spese per il mantenimento dei ministri di culto e per la retribuzione degli altri collaboratori, 4. spese di tutti i giorni, 5. spese per attività di benessere sociale ed altri servizi sociali.

21. Le uscite d‘un luogo di culto hanno bisogno dell‘approvazione mediante controfirma del direttore amministrativo.


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Esse devono venir trasmesse al direttore amministrativo per essere valutate ed autorizzate.

Le spese di grossa entità hanno bisogno del parere concorde degli organi amministrativi del luogo di culto. Se fosse necessario, dev‘essere coinvolta anche la maggioranza dei fedeli.

22. Se un luogo di culto desse un prestito in denaro, esso avrà bisogno della valutazione e dell‘approvazione comunitaria da parte della Direzione. Il debitore deve assolutamente rilasciare una ricevuta giuridicamente valida.

Se il prestito fosse di notevole entità, il debitore dovrà farsi garantire da una fidejussione o da un‘assicurazione.

23. Se un luogo di culto chiedesse un prestito in denaro, è necessaria la valutazione e l‘approvazione unanime da parte della Direzione, nella quale deve venir valutato se il luogo di culto sia in condizione di estinguere il debito, affinché sia assicurata la restituzione puntualmente.

Capitolo 6: amministrazione del patrimonio 24. I luoghi di culto devono istituire un severo sistema di controlli interni per

assicurare la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio. 25. Del patrimonio di un luogo di culto possono far parte denaro disponibile,

titoli obbligazionarî ed azionarî, valori patrimoniali immateriali ed investimenti a lungo termine.

26. Il patrimonio disponibile d‘un luogo di culto è il patrimonio che prevedibilmente nel corso dell‘anno sia liquidabile o possa venir usato. Vi rientrano il denaro contante, crediti bancarî, crediti, libretti postali, beni di breve durata, scorte di merci e crediti non prescritti.

I luoghi di culto devono assolutamente rafforzare l‘amministrazione del patrimonio disponibile, istituendo un buon sistema contabile ed un sistema interno di controlli per il denaro contante, i crediti bancarî, i crediti, le scorte di merci e gli altri elementi del patrimonio disponibile.

27. I beni di breve durata d‘un luogo di culto sono il patrimonio costituito da beni generali con un valore minimo di 500 yuan e da beni speciali con un valore minimo di 800 yuan, che siano in uso da più di un anno e che con il loro uso abbiano conservato sostanzialmente la propria forma originaria. Fra questi rientrano in primis gli edifici, gli oggetti d‘uso comune e quelli particolari, i mezzi di trasporto, gli oggetti culturali, i libri e gli altri beni di breve durata.

I luoghi di culto devono registrare i loro beni di breve durata in un inventario, in cui elencarli con una dettagliata descrizione. Essi devono controllare regolarmente ed a sorpresa l‘inventario dei beni di breve durata ed ogni anno rifare un nuovo inventario. Per eccedenze ed ammanchi dei beni di breve durata devono immediatamente essere individuate le ragioni, che vanno esposte in un rapporto scritto, ed essi devono dopo consultazione generale ed approvazione da parte della Direzione del luogo approvare un rendiconto finale.

La locazione, la cessione o lo scarto di beni di breve durata d‘un luogo di culto dev‘essere discussa collettivamente ed approvata dalla Direzione.

28. Beni immateriali di un luogo di culto sono quei beni privi di forma materiale, ma su cui il luogo di culto abbia diritti certi, come diritti di brevetto, tecnologie non brevettate, diritti di marchi registrati, diritti d‘autore e diritti d‘usufrutto.


140

Se un luogo di culto cedesse ad un altro beni immateriali, questo deve venir discusso ed approvato dalla Direzione. Le entrate così derivanti devono venir registrate come entrate del luogo di culto.

29. I luoghi di culto devono regolarmente, e comunque almeno alla fine di ogni anno, stilare un inventario del loro beni. Al riguardo i conti devono concordare ed essere rispondenti all‘inventario.

30. I luoghi di culto devono far registrare i diritti d‘usufrutto di cui sono titolari ed i diritti di proprietà degli edifici che hanno in loro possesso. Gli edifici o le costruzioni architettoniche, come pure le abitazioni per i ministri di culto, non possono essere ceduti a terzi o venir gravati da ipoteche o servire come investimento.

31. I beni culturali in possesso o in uso d‘un luogo di culto devono venir protetti secondo le norme vigenti, e non possono venir danneggiati o distrutti.

Capitolo 7. Controllo 32. I luoghi di culto devono ad intervalli regolari, e comunque entro tre mesi

dalla fine dell‘anno, presentare un rapporto finanziario ai competenti uffici. Questo rapporto finanziario raccoglie bilancio, contabilità dei flussi finanziarî, ammontare delle offerte e loro utilizzo, come pure ogni altra indicazione prevista dalla legge sulla contabilità delle organizzazioni non governative non a scopo di lucro.

Gli uffici competenti per il loro controllo devono esaminare il rapporto finanziario presentato e, se trovassero qualche irregolarità, invitare immediatamente il luogo di culto a fornire chiarimenti.

33. I luoghi di culto devono periodicamente rendere pubbliche le loro entrate finanziarie e le uscite, come pure l‘ammontare delle offerte ed il loro utilizzo, e sottostare al controllo dei fedeli. Gli uffici direttivi dei luoghi di culto devono tener conto delle opinioni e dei suggerimenti dei fedeli.

34. Il personale contabile è autorizzato, sulla base della Legge cinese per la contabilità ed altre disposizioni correlate, a svolgere una funzione di controllo e vigilanza sulle finanze. Nel caso di atti contrarî alla legge, che tocchino le finanze, è tenuto a sollevare obiezioni e ad informare per iscritto i competenti uffici statali per la vigilanza ed il controllo.

35. Se si dimettesse o venisse licenziato il Capo del Consiglio direttivo d‘un luogo di culto o il responsabile degli uffici finanziarî, i competenti uffici statali per la vigilanza ed il controllo devono disporre che venga effettuata una verifica della contabilità. Se il luogo di culto cambiasse il proprio personale contabile, il Consiglio direttivo del luogo deve discutere collettivamente la cosa e decidere, e controllare la regolarità delle procedure di passaggio delle consegne.

36. Se un luogo di culto venisse soppresso o chiuso, deve venir fatta una liquidazione. Nella liquidazione d‘un luogo di culto, sotto il controllo e la vigilanza dei competenti uffici statali, deve rientrare il patrimonio, i crediti, i debiti, etc., un elenco dei beni e un totale dei crediti e dei debiti, dev‘essere fatta una stima del patrimonio e la sistemazione di crediti e debiti ed ogni altra questione in sospeso deve venir regolata. Il patrimonio rimanente dopo la liquidazione deve venir devoluto ad altre iniziative con il medesimo scopo del luogo di culto chiuso.

37. Per quanti riguardi i libri contabili di quei luoghi di culto che non siano ricompresi dalla presente normativa, si applica la normativa sulla contabilità per le organizzazioni non statali non a fine di lucro.


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Capitolo 8. Responsabilità giuridiche 38. Se un luogo di culto violasse le disposizioni delle presenti norme, contro

di esso verranno prese misure sanzionatorie conformemente all‘art. 41 delle Norme del 2004 sulle attività religiose. Se la violazione fosse grave, le persone del luogo di culto che ne fossero direttamente responsabili devono venir licenziate. Se la violazione fosse particolarmente grave, al luogo di culto verrà anche revocata la registrazione.

39. Violazioni della Legge cinese sulla Contabilità e di altre leggi e norme correlate verranno punite, secondo la legge, con sanzioni amministrative. Se però si trattasse di violazioni di rilevanza anche penale, i responsabili dovranno essere puniti secondo la legge.

Capitolo 9. Disposizioni finali 40. Queste misure entrano in vigore il I marzo 2010.

III) ―Disposizioni statali sulla registrazione di Vescovi cattolici‖14

L‘Amministrazione statale per gli affari religiosi ha emanato, il 5 giugno 2012,

delle ―Misure sulla registrazione dei Vescovi della Chiesa cattolica cinese‖ (ad experimentum): queste nuove misure definiscono l‘Amministrazione Statale per gli Affari Religiosi (ASAR) come ufficio statale competente per la registrazione dei Vescovi cattolici (art. 3).

La proposta per la registrazione va presentata da parte dell‘Associazione Patriottica della Chiesa cattolica cinese (APCCC) e della Conferenza Episcopale cinese (che non è riconosciuta da Roma, e che nei proprî statuti proclama l‘indipendenza della Chiesa cattolica cinese ufficiale da direttive straniere) (art. 4).

Nel dossier rientrano un formulario compilato dal candidato stesso, un parere dell‘Associazione patriottica e della Commissione provinciale per gli affari ecclesiastici, un rapporto delle stesse organizzazioni sull‘elezione democratica del Vescovo, la lettera d‘approvazione della Conferenza episcopale, come pure un rapporto del consacrante principale (artt. 5 e 6).

Prima dell‘emanazione di queste misure, i Vescovi già consacrati ed anche quelli che, con l‘approvazione della Conferenza episcopale, fossero già in carica in diocesi, devono assolutamente in ogni caso sottoporsi a queste nuove procedure (art. 7). I Vescovi che non siano stati approvati dalla Conferenza episcopale e non siano perciò registrati presso l‘Amministrazione per gli Affari Religiosi non possono compiere nessun atto episcopale, e non sono nemmeno rappresentanti legali della diocesi (art. 12).

Se un Vescovo approvato e registrato compisse gravi mancanze verso le leggi statali o le normative speciali sull‘attività delle confessioni religiose, l‘Associazione cattolica patriottica e la Conferenza episcopale lo deporranno dall‘ufficio di Vescovo (art. 12).

L‘Amministrazione per gli affari religiosi darà notizia dei Vescovi registrati, come pure di quelli deposti, sul proprio sito web (art. 15).

14

http://sara.gov.cn/xxgk/zcfg/15179.htm.


142

Come si vede, il punto di vista giuridico-canonico, secondo il quale una consacrazione episcopale ha comunque bisogno d‘un placet della Santa Sede, è completamente ignorato15.

Tuttavia non va taciuta un‘importante novità: queste nuove misure non contengono nessuna clausola contro le interferenze e le intromissioni di singole persone od organizzazioni straniere, come diceva invece l‘art. 2 della precedente versione, del 2007, delle norme per la registrazione dei Vescovi.

―Disposizioni statali sulla registrazione di Vescovi cattolici‖ Queste disposizioni sulla registrazione dei Vescovi sono del 5 giugno 2012,

riportate sul sito ufficiale dell‘Amministrazione Statale per gli Affari Religiosi.

Circolare n. 25/2012 dell‘Amministrazione Statale per gli Affari Religiosi. Agli Uffici per gli Affari Religiosi, alle commissioni per gli affari etnici e

religiosi delle provincie, delle regioni autonome e delle città direttamente soggette al Governo centrale:

Per una comprensione approfondita delle ―Norme sulle attività religiose‖ e per uniformare il lavoro della registrazione dei Vescovi cattolici cinesi, il nostro Ufficio, sulla base di opinioni che ne hanno sviscerato i varî aspetti da tutti i punti di vista, ha preparato le ―Disposizioni statali sulla registrazione dei Vescovi della Chiesa cattolica cinese‖, che oggi vi vengono inviate.

Organizzatene uno scrupoloso studio e la diligente comprensione mediante l‘Associazione Cattolica Patriottica, le commissioni per le questioni ecclesiastiche e le diocesi della vostra provincia (regione autonoma, città direttamente soggetta al Governo centrale).

Istruite i Vescovi che già fossero stati consacrati prima dell‘entrata in vigore di queste misure, o quelli che stanno per assumere il loro ufficio, ed aiutateli nell‘iter previsto e disposto in queste nuove misure.

Misure per la registrazione dei Vescovi della Chiesa cattolica cinese 1. Per tutelare i legittimi diritti dei Vescovi cattolici, e per uniformare la

procedura di registrazione dei Vescovi stessi, vengono emanate queste ―misure‖ in conformità con le ―Disposizioni sulle attività religiose‖.

2. Per Vescovi si intendono, in queste misure, i Vescovi approvati e consacrati dalla Conferenza Episcopale cinese e consacrati, distinti in Vescovi diocesani, Vescovi coadiutori e Vescovi ausiliari.

3. L‘Amministrazione Statale per gli Affari Religiosi è l‘ufficio statale competente per la registrazione dei Vescovi.

4. La registrazione di un Vescovo viene chiesta dall‘Associazione Cattolica Patriottica cinese e dalla Conferenza episcopale cinese all‘Amministrazione Statale per gli Affari religiosi.

5. Per l‘iter di registrazione d‘un Vescovo, questi deve compilare una ―richiesta di registrazione d‘un Vescovo della Chiesa cattolica cinese‖. L‘Associazione cattolica patriottica e la Commissione cattolica per le questioni ecclesiastiche della Provincia (o della regione autonoma, o della città direttamente soggetta al Governo centrale) in cui si trovasse la sede episcopale 15

Cfr., per l‘impostazione teorica generale, J. I. Arrieta Ochoa de Chinchetru, Conferenze episcopali e vincolo di comunione, in IE, 1989, pp. 3 ss.; Id., Diritto dell‟organizzazione ecclesiastica, Milano, 1997, pp. 371 ss. e 491 ss.


143

in questione esprimono un parere su questa richiesta, la sottoscrivono e, dopo aver ricevuto il placet dell‘Ufficio per gli affari religiosi del Governo della Provincia (o della regione autonoma, o della città direttamente soggetta al Governo centrale), la inoltrano all‘Associazione nazionale cattolica patriottica e alla Conferenza episcopale cinese.

L‘Associazione nazionale cattolica patriottica e la Conferenza episcopale cinese esaminano la richiesta, esprimono un parere su di essa e, se è positivo, la inoltrano all‘Amministrazione Statale per gli affari religiosi, chiedendone la registrazione.

6. L‘Associazione nazionale cattolica patriottica e la Conferenza episcopale cinese, nel chiedere all‘Amministrazione Statale per gli Affari religiosi la registrazione d‘un Vescovo, devono allegare i seguenti documenti:

- la richiesta di registrazione d‘un Vescovo della Chiesa cattolica cinese, - una copia del certificato di residenza e una copia dei documenti d‘identità

del Vescovo, - il curriculum studiorum del Vescovo con i diplomi conseguiti, - una certificazione dell‘Associazione patriottica e della Commissione

cattolica per le questioni ecclesiastiche della Provincia (o regione autonoma, o città direttamente soggetta al Governo centrale) sulla regolarità dell‘avvenuta elezione democratica del Vescovo,

- il placet scritto della Conferenza episcopale cinese, - una certificazione del Vescovo consacrante principale sulla regolarità

dell‘avvenuta consacrazione. 7. La consacrazione d‘un Vescovo ha bisogno dell‘approvazione da parte

della Conferenza episcopale cinese. L‘Associazione nazionale cattolica patriottica e la Conferenza episcopale

cinese devono, entro 30 giorni dall‘avvenuta consacrazione del Vescovo, inviare all‘Amministrazione Statale per gli Affari religiosi comunicazione dell‘avvio delle formalità per la registrazione del Vescovo.

I Vescovi che avessero già assunto la guida di diocesi con l‘approvazione della Conferenza episcopale cinese devono procedere egualmente alle procedure di registrazione secondo le norme su esposte.

8. Dopo che una sede episcopale è diventata vacante per morte o pensionamento del Vescovo diocesano, viene comunicato all‘Amministrazione statale per gli affari religiosi il nome del Vescovo inviato come successore dalla Conferenza episcopale cinese e dall‘Associazione nazionale cattolica patriottica.

9. L‘Amministrazione statale per gli affari religiosi deve rispondere per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di registrazione da parte dell‘Associazione nazionale cattolica patriottica e della Conferenza episcopale cinese.

10. Dopo la conclusione del procedimento di registrazione, la Conferenza episcopale cinese rilascia al nuovo Vescovo un documento di riconoscimento per titolari d‘uffici ecclesiastici e ne dà notizia all‘Associazione cattolica patriottica ed alla Commissione per gli affari ecclesiastici della Provincia (o regione autonoma, o città direttamente soggetta al Governo centrale) nella quale si trovasse la diocesi interessata.

11. I Vescovi il cui pensionamento sia stato approvato dalla Conferenza episcopale cinese vengono segnalati dall‘Associazione cattolica patriottica e


144

dalla Conferenza episcopale cinese all‘Amministrazione statale per gli affari religiosi, per l‘avvio delle formalità di registrazione.

12. Chi non sia stato approvato dalla Conferenza episcopale cinese non può registrarsi presso l‘Amministrazione statale per gli affari religiosi e non può compiere come Vescovo nessuna attività religiosa, né assumere la guida della diocesi interessata, né agire come rappresentante legale della Diocesi.

13. Se un Vescovo viene deposto dall‘Associazione cattolica patriottica cinese e dalla Conferenza episcopale cinese, secondo le norme previste, o viene espulso, ciò viene immediatamente comunicato dall‘Associazione cattolica patriottica e dalla Conferenza episcopale cinese all‘Amministrazione statale per gli affari religiosi, per il compimento delle formalità di cancellazione dell‘atto di registrazione.

14. Se un Vescovo agisse contro le leggi, le norme o le disposizioni, e se questa violazione fosse grave, l‘Associazione cattolica patriottica e la Conferenza episcopale cinese ‒ in aggiunta ad eventuali responsabilità penali di fronte alla legge – lo depongono dall‘ufficio di Vescovo, conformemente all‘art. 45 delle ―disposizioni sulle attività religiose‖, e comunicano la notizia all‘Amministrazione statale per gli affari religiosi per il compimento delle formalità di cancellazione.

15. Informazioni sulla registrazione e sulla cancellazione della registrazione di Vescovi vengono rese note dall‘Amministrazione statale per gli affari religiosi sul proprio sito web.

16. Queste norme entrano in vigore dal giorno della loro pubblicazione.

IV) Norme della Conferenza episcopale cinese sull‘elezione dei Vescovi16

Le ‗norme della Conferenza episcopale cattolica cinese sull‘elezione e la consacrazione dei Vescovi‘ sono state approvate il 12 dicembre 2012, ma sono state promulgate sul sito dell‘Associazione cattolica patriottica cinese e della Conferenza episcopale cinese il 24 aprile 2013.

Si tratta d‘una nuova versione profondamente modificata delle ‗disposizioni della Conferenza episcopale cinese per l‘elezione e la consacrazione dei Vescovi‘ del 1993.

Questa nuova versione contempla molte più fattispecie del vecchio documento, come ad ex. la preparazione dell‘elezione e la composizione del corpo elettorale.

Inoltre si rafforza la posizione della Conferenza episcopale cinese (e al contempo anche l‘Associazione nazionale patriottica, dato che le decisioni importanti vengono prese insieme da questi due organismi) mediante la partecipazione a tutte le fasi importanti del processo elettorale e della consacrazione, fino alla determinazione dei Vescovi da consacrare, cosa che rimane limitata allo spazio di manovra della singola diocesi.

Disposizioni della Conferenza episcopale cattolica cinese per l‘elezione e la consacrazione dei Vescovi.

Decisa dalla II assemblea plenaria dell‘VIII mandato della Conferenza episcopale cinese cattolica, del 12 dicembre 2012.

16

http://catholicchurchinchina.org/html1/report/1405/2405-1.htm.


145

1. I Vescovi sono i successori degli Apostoli, i servi di Cristo ed i pastori posti dallo Spirito Santo nella Chiesa. Essi custodiscono il gregge in nome di Dio, sono maestri della fede, sacerdoti della Divina Liturgia e servitori nella guida. I Vescovi ricevono con la consacrazione episcopale i munera docendi, sanctificandi e regendi.

2. Al Vescovo diocesano spettano nella sua diocesi tutti i poteri e le facoltà che gli sono necessarî per lo svolgimento del suo ufficio pastorale.

Se la situazione pastorale, o l‘amministrazione delle questioni ecclesiastiche della diocesi lo richiedono, la diocesi può ricevere un Vescovo coadiutore o un Vescovo ausiliare.

Con sede vacante, o col pensionamento del Vescovo, il Vescovo coadiutore diventa Vescovo diocesano.

3. Una diocesi in cui sia necessaria l‘elezione e la consacrazione di un Vescovo (diocesano, o coadiutore, od ausiliario) deve inoltrare richiesta scritta alla Commissione per gli affari ecclesiastici della Provincia (regione autonoma, città direttamente soggetta al Governo centrale).

La Commissione dopo aver ricevuto il parere positivo dell‘ufficio per le questioni religiose del governo popolare della Provincia (regione autonoma, città direttamente soggetta al Governo centrale) inoltra la domanda alla Conferenza episcopale cinese.

Dopo che la Conferenza episcopale cinese abbia espresso il proprio parere favorevole, la diocesi interessata, sotto la guida della Commissione per le questioni religiose della Provincia (regione autonoma, città direttamente soggetta al Governo centrale) convoca una Commissione diocesana per l‘elezione del Vescovo (diocesano, ausiliare, coadiutore).

4. La Commissione diocesana per l‘elezione del Vescovo (diocesano, ausiliare, coadiutore) ha i seguenti compiti: I) mette in atto il procedimento per l‘elezione del Vescovo (diocesano, ausiliare, coadiutore), II) convoca i delegati per l‘assemblea per l‘elezione del Vescovo, III) individua, fra tutti i sacerdoti che rispondessero ai requisiti richiesti per i candidati all‘Episcopato, da uno a tre candidati, IV) nomina il presidente e lo scrutatore dell‘assemblea per l‘elezione del Vescovo, V) valuta e decide ogni altro punto importante per la procedura di elezione del Vescovo.

5. I sacerdoti candidabili all‘Episcopato devono rispondere ai seguenti requisiti: I) essere di provata fede, rispettare scrupolosamente le promesse fatte al momento dell‘ordinazione sacerdotale, avere una buona condotta di vita, avere integrità morale e capacità, essere pii e timorati di Dio, come pure dedicarsi con zelo ad onorare Dio ed alla cura d‘anime, II) accettare la direzione del Partito Comunista cinese e del sistema socialista, e rispettare la Costituzione e le leggi dello Stato, III) aderire al principio dell‘indipendenza e dell‘autogoverno della Chiesa, ed al principio dell‘autonoma scelta e consacrazione dei Vescovi, essere idonei a guidare il clero ed i fedeli lungo il cammino dell‘amore per la Patria e per la Chiesa, IV) prendersi cura dei bisogni spirituali del clero, avere buoni rapporti con le persone, godere d‘alta considerazione, V) aver compiuto 35 anni ed essere sacerdoti da almeno 5, avere una formazione teologica di relativamente alto livello, avere comportamento dignitoso e godere di buona salute fisica.

6. Il Vescovo designato viene scelto mediante elezione da parte dell‘assemblea elettorale.


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I delegati dell‘assemblea per l‘elezione sono composti da tutto il clero, rappresentanti dei seminaristi, delle suore e dei fedeli della diocesi.

Il numero dei delegati dei seminaristi, delle suore e dei fedeli viene stabilito dalla Commissione diocesana per l‘elezione, ma il numero di questi delegati non può comunque superare il numero dei sacerdoti diocesani.

Presidente dell‘assemblea elettorale può essere il Vescovo uscente, il responsabile della Commissione per gli affari religiosi della Provincia (regione autonoma, città direttamente soggetta al Governo centrale), il Vescovo d‘una diocesi confinante, o un Vescovo designato dalla Conferenza episcopale cinese dietro richiesta della diocesi.

7. La riunione dell‘assemblea per l‘elezione del Vescovo deve tenersi nella Cattedrale o in un altro luogo idoneo, e sotto la direzione del Presidente, dopo insistenti preghiere, i delegati procedono con voto segreto all‘elezione del Vescovo.

8. Dopo la votazione si procede allo spoglio pubblico dei voti. Il candidato che abbia ricevuto più della metà dei voti è eletto Vescovo designato.

Se nessun candidato avesse ricevuto più della metà dei voti, la Commissione diocesana si riunisce nuovamente e decide o una seconda votazione, oppure un rinvio ad altro momento dell‘elezione del Vescovo.

9. Dopo la conclusione dell‘assemblea elettorale, la diocesi deve redigere un verbale sull‘elezione, nel quale venga indicato lo svolgimento dei lavori ed il risultato, verbale che dev‘essere protocollato e firmato dal Presidente dell‘Assemblea.

10. La diocesi deve inviare il verbale sull‘elezione, insieme ad un curriculum del Vescovo eletto, alla Commissione per gli affari religiosi della Provincia (regione autonoma, città direttamente soggetta al Governo centrale).

Dopo che la Commissione abbia esaminato il verbale, espresso parere favorevole e l‘abbia sottoscritto, lo inoltra alla Conferenza episcopale cinese affinché sia esaminato ed approvato.

11. Dopo che il Vescovo eletto sia stato esaminato ed approvato dalla Conferenza episcopale cinese, la diocesi interessata, sotto la direzione della Commissione per gli affari religiosi della Provincia (regione autonoma, città direttamente soggetta al Governo centrale), deve organizzare entro 3 mesi la cerimonia di consacrazione episcopale.

Se il Vescovo eletto non venisse approvato, la diocesi interessata deve, sempre in conformità a queste norme, procedere ex novo all‘elezione del Vescovo, che dovrà sempre essere approvato dalla Conferenza episcopale cinese.

12. La consacrazione del Vescovo deve venir celebrata secondo le ―Norme liturgiche per la consacrazione episcopale‖ redatte dalla Conferenza episcopale cinese.

Il Vescovo consacrante principale ed i Vescovi concelebranti verranno indicati e coordinati dalla Conferenza episcopale cinese.

13. Durante la liturgia della consacrazione episcopale dev‘essere letto il decreto d‘approvazione della Conferenza episcopale cinese; il nuovo Vescovo deve giurare pubblicamente di essere fedele alla fede ed alla dottrina di Cristo, di essere fedele all‘Una, Santa, Chiesa Cattolica ed Apostolica, di essere fedele alla Patria, di rispettare le leggi e di porsi al servizio degli uomini.

14. Dopo che il nuovo Vescovo sia stato consacrato, la diocesi interessata deve adempiere alle ―Procedure di registrazione d‘un Vescovo della Chiesa


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cattolica cinese‖, conformemente alle ―Disposizioni sulle attività religiose‖ ed alle ―Norme sulla registrazione d‘un Vescovo della Chiesa cattolica cinese‖.

15. Queste disposizioni vengono emanate dalla Conferenza episcopale cinese.

16. Queste disposizioni entrano in vigore dal giorno della loro pubblicazione. Contemporaneamente decadono le disposizioni del 17 maggio 1993 sull‘elezione e la consacrazione di Vescovi.

V) Documento Segreto del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, n. 18, del 15 maggio 201117

Il Governo Centrale ha approvato le ―Indicazioni per resistere efficacemente all‘uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e per prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari‖, in accordo con il Dipartimento Centrale per il Fronte Unito del Comitato Centrale del Partito Comunista cinese, il Ministero per l‘Educazione, il Ministero per gli Affari Esteri, il Ministero della Pubblica sicurezza, il Ministero per la Sicurezza dello Stato e l‘Amministrazione Statale per gli Affari Religiosi.

1. ―Indicazioni per resistere efficacemente all‘uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e per prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari‖.

Per attuare e condurre a termine il principio statale di separazione fra educazione e religione, per intensificare e migliorare l‘educazione ideologica e politica degli studenti universitari e ―per resistere efficacemente all‘uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e per prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari‖, noi vogliamo fornire le seguenti indicazioni.

I. Resistere all‘uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e per prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari è un importante ed imperativo compito strategico.

1. Fin dal XVI Congresso Nazionale del Partito Comunista cinese, il Comitato Centrale, guidato dal compagno Hu Jintao come Segretario Generale ha operato per consolidare il peso strategico del Partito ed assicurare la duratura stabilità politica, ed ha visto come importante obiettivo che la formazione politica ed ideologica degli studenti universitari resistesse all‘uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e per prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari, cosa per la quale il Comitato Centrale del Partito ha preso una serie d‘importanti provvedimenti.

Le più importanti agenzie, dipartimenti ed istituti d‘educazione superiore in ogni regione hanno tutti coscienziosamente implementato e fatto proprie le istanze del Comitato Centrale, si sono uniformate alle decisioni del Partito sugli istituti di formazione superiore ed hanno aderito al principio di separazione fra educazione e religione.

Essi hanno l‘incarico di rafforzare ed approfondire la formazione ideologica e politica degli studenti universitari, guidandoli attivamente a comprendere ed affrontare correttamente le opinioni religiose, vigilando strettamente sulla battaglia ideologica e culturale negli istituti d‘educazione superiore e gestendo

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http://www.hsstudyc.org.hk/big5/tripod_b5/b5_tripod_171_07.html.


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in conformità alla legge l‘uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e fare evangelizzazione nei campus universitari. Ci sono stati risultati positivi ed è stato fatto dappertutto un buon lavoro. Al momento, gli ideali e le convinzioni degli studenti universitari sono ben saldi, e l‘orientamento generale del panorama ideologico e politico è positivo, progressista e sano.

2. Con il rapido sviluppo sociale ed economico della Cina, e la costante crescita della complessiva potenza della Cina, gli Stati Uniti e gli Stati occidentali hanno incessantemente aumentato i loro sforzi per contenere la Cina. Forze straniere ostili hanno fatto leva con grande enfasi sulla religione per infiltrare la Cina per sabotare le sue politiche, complottando per occidentalizzarla e dividerla.

Queste forze straniere guardano agli istituti d‘educazione superiore come ad obiettivi chiave per usare la religione, e in particolare il Cristianesimo, come strumento d‘infiltrazione. Sotto il pretesto di donare fondi per la formazione, gli scambi accademici, per studiare ed insegnare in Cina, per attività extracurricolari, sport, aiuti studenteschi etc., essi ‗vendono‘ le loro idee politiche ed i loro valori, intrappolando gli studenti facendoli diventare religiosi. Queste attività d‘infiltrazione sono in aumento, i loro sistemi d‘infiltrazione sono diversi, e l‘intensità dell‘infiltrazione è crescente. Oggi l‘evangelizzazione dei campus cerca l‘occasione, e alcuni studenti hanno idee confuse al riguardo, e taluni sono stati adescati in queste attività d‘evangelizzazione, ed un pugno di essi coinvolto in attività religiose estremiste. Il reale danno e gli effetti a lungo termine di questi fenomeni non devono assolutamente essere sottovalutati, e devono essere prese misure drastiche per controbattere attivamente ed efficacemente, perfezionando l‘importante meccanismo della cooperazione fra i dipartimenti [governativi], quelli locali e gli istituti di formazione superiore.

3. I Dipartimenti [governativi] e gli istituti di formazione superiore in ogni luogo devono sviluppare una visione strategica d‘alto livello e comprendere pienamente l‘importanza e l‘urgenza di sviluppare un‘efficace resistenza all‘uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e per prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari. Gli istituti di formazione superiore sono un‘importante base per allevare talenti, e gli anni degli studî superiori sono un periodo critico nello sviluppo della personalità dei giovani, della loro forma mentis e della loro scala di valori. L‘obiettivo dell‘uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e per prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari non consiste solo nell‘espansione dell‘influenza religiosa, ma soprattutto nel gareggiare con noi per la nostra gioventù, per le nostre nuove generazioni. Nel resistere efficacemente all‘uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e per prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari è importante l‘applicazione delle direttive del Partito sull‘istruzione, è importante il grande piano dei cento anni per allevare qualificati costruttori del socialismo con caratteristiche cinesi e qualificati successori, ed è importante il destino del Paese ed il destino del popolo, ciò è importante ed ha conseguenze d‘enorme portata.

4. Resistere efficacemente all‘uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari richiede assoluta adesione al principio di separazione fra istruzione e religione. La Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, la


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Legge sull‘Istruzione della Repubblica Popolare Cinese, le Norme sugli affari religiosi ed altre leggi, regolamenti e disposizioni stabiliscono chiaramente che la Cina osserva la separazione fra istruzione e religione e nessuno può usare la religione per dar vita ad attività che interferiscano con il sistema scolastico. Nessuna organizzazione o singola persona può svolgere attività religiose nelle scuole. Resistere efficacemente all‘uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari è questione altamente politica ed implica numerose linee di condotta. Sulla base della necessità d‘un alto livello di vigilanza nell‘osservare il dovere di difendere l‘unità territoriale, della necessità di afferrare le cause ed i sintomi della malattia mediante un controllo attento, della necessità d‘un‘interazione coordinata su molteplici piani, e della necessità di vedere effettivi risultati in conformità alle leggi ed alle altre norme, si utilizza in modo comprensivo ogni possibile mezzo legale, amministrativo e di politica educativa, si mettono in atto strumenti d‘interazione dipartimentale, la cui efficacia sia sottoposta a coordinamento congiunto, si creano strutture di lavoro che integrino esclusivamente i tre aspetti usando l‘istruzione come guida, bloccando i canali d‘infiltrazione ed attuando, nel rispetto della legge, la rigorosa proibizione di parlare di religione ed incoraggiare alla conversione negli istituti di formazione superiore, proibendo rigorosamente la creazione di luoghi per attività religiose negli istituti di formazione superiore, e vietando categoricamente la nascita o l‘insediamento di gruppi od organizzazioni religiose negli istituti di formazione superiore.

II. Educare e guidare gli studenti degli istituti di formazione superiore a comprendere ed affrontare correttamente le opinioni religiose.

5. I Dipartimenti educativi e gli Istituti di formazione superiore devono essere in primis responsabili. Applicarsi ad usare il sistema della teoria del socialismo con caratteristiche cinesi per formare le menti degli studenti, proponendo sempre nuove iniziative per il suo studio ed insegnamento e pubblicizzando e diffondendo i valori socialisti, la pi÷ energica propaganda per un‘educazione in materia religiosa secondo le visione marxista, le direttive del Partito sull‘attività formativa e le principali leggi e regolamento dello Stato, affinché tutto ciò porti gli studenti ad avere saldi ideali e convinzioni, ad avere una consapevole comprensione della natura dell‘esistenza della religione e sul suo carattere di masse e sulle particolari complessità delle opinioni religiose. Chiarire bene che le attività religiose devono essere svolte nel quadro della Costituzione e delle leggi, ed aiutare gli studenti a sviluppare la loro capacità di resistere alle infiltrazione. A proposito degli studenti e dei docenti credenti, la loro fede religiosa deve essere rispettata; allo stesso tempo, essere energici e coscienziosi nella formazione politico-ideologica e nel lavoro per guidarli all‘unità, ed educarli ad uniformarsi alle principali leggi, normative e direttive in materia religiosa in ogni loro iniziativa. Procedendo nella formazione politico-ideologica, nella direzione dell‘insegnamento e nella direzione amministrativa, difendete il vostro campo di battaglia e controllate accuratamente il vostro team, insegnando rigorosamente e controllando assiduamente, in modo da non offrire nessuna opportunità all‘uso da parte di stranieri della religione per infiltrare istituti di educazione superiore e per prevenire opere di evangelizzazione dei campus universitari.

6. Calarsi pienamente nel ruolo guida della formazione della classe.


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Controllare l‘istruzione d‘una classe è il principale mezzo per educare ed orientare gli studenti. Rigorosa formazione nel materialismo dialettico e nel materialismo storico in classi sulle teorie ideologiche e politiche. In punti specifici, insegnare le origini ed i cambiamenti delle religioni, l‘orientamento e le direttive del Partito e le principali leggi e regolamenti. Fare formazione nell‘ateismo marxista costituisce il principale mezzo di resistenza e prevenzione contro l‘evangelizzazione dei campus universitari, arricchisce il contenuto delle lezioni sulle teorie ideologiche e politiche, e rinforza la propaganda e la formazione in varî modi. Approfondire lo sviluppo delle risorse per la formazione politico-ideologica in varî corsi ed integrare la visione marxista sulla religione, le direttive e gli orientamenti del Partito e le principali leggi e regolamenti nel sistema formativo per le arti liberali, per lo spirito scientifico e negli studî degli studenti nelle varie loro specializzazioni.

7. Attivamente espandere sentieri e canali per formazione e direzione. Rafforzare energicamente la costruzione d‘una cultura del campus

universitario, far sorgere iniziative che siano progressiste, fruttuose e sane, e continuamente ampliare i campi per la cultura preminente e lo spirito scientifico. Rafforzare la costruzione d‘una cultura di internet nel campus, e proporre formazione politico-ideologica basata su internet, creando una sinergia fra i corsi online e quelli tradizionali. Espandere progressivamente la formazione sulla salute mentale ed il consiglio psicologico, e aumentare praticamente la qualità della salute mentale degli studenti. Una formazione integrata per resistere all‘infiltrazione e prevenire l‘evangelizzazione dei campus insegnando agli studenti ad evitare i rischi e prevenire l‘attività missionaria che vuol frodare gli studenti parlando in tempo delle opportunità offerte dal nuovo orientamento studentesco, le vacanze estive ed invernali, e le attività di volontariato e di internship.

Gli istituti d‘educazione superiore delle aree di minoranze etniche devono intensificare la formazione in conformità con l‘attuale situazione di società multietnica e multireligiosa. Formazione e norme devono essere accuratamente preparate e meticolosamente organizzate in modo tale da convincere la gente con delle buone ragioni, motivarlo con buoni sentimenti, prevenire ipersemplificazioni e proteggere la gente da religioni depressive.

8. Varare una formazione interamente e meticolosamente politico-ideologica. Educatori politicamente ed ideologicamente formati negli istituti d‘istruzione

superiore, soprattutto consulenti politici e consulenti dei corsi, devono avere colloqui a cuore aperto con gli studenti, e capire e padroneggiare tempestivamente la condizione ideologica dei nuovi studenti, rispondere alle domande difficile e dissipare ogni dubbio, guidare le loro emozioni, facendo un lavoro proficuo in una quotidiana formazione ideologico-politica e gestendo i servizi offerti, e intensificando l‘efficienza, l‘appropriatezza e gli aspetti emozionali della formazione e della direzione. Perseverare in soluzioni congiunte a problemi ideologici e problemi pratici. Avvalersi incessantemente della funzione di consulenza e degli altri servizi, e facendo un ottimo lavoro trovando aiuti finanziari agli studenti provenienti da famiglie in difficoltà economiche. Nel corso delle feste religiose, organizzate mirate occasioni di divertimento, studio e sport per gli studenti.

III. Effettivo blocco dell‘uso della religione per infiltrate istituti di formazione superiore e dell‘evangelizzazione dei campus


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9. Possono entrare in Cina solo organizzazioni e persone religiose strettamente controllate. Sulla base di informazioni provenienti da importanti agenzie sulla tendenza ad infiltrarsi di alcune organizzazioni religiose d‘oltremare, i dipartimenti del Ministero per gli Affari Esteri devono direttamente rivolgersi ad ambasciate e consolati per ottenere chiare informazioni sulle organizzazioni religiose più importanti e sul loro personale, in modo da poter perfettamente controllare i loro visti d‘ingresso ed essere molto rigorosi nella concessione di visti e documenti di viaggio.

Gli organi della Pubblica Sicurezza e della Sicurezza dello Stato devono con prontezze scoprire e segnalare ogni infiltrazione negli istituti di formazione superiore da parte di organizzazioni religiose e del loro personale. Una rigorosa ispezione doganale, un controllo degli ingressi e delle uscite dal Paese, ed una ferma volontà di scoraggiare dall‘ingresso in Cina stranieri che volessero usare la religione per minare la sicurezza pubblica e la sicurezza dello Stato. Quando un gruppo di lavoro vuole invitare stranieri in Cina deve operare in sintonia con i Dipartimenti interessati per selezionare con cura il background di quelli che debbano essere invitati in Cina.

10. Rafforzare la direzione delle attività in Cina di organizzazioni e personale religioso straniero. I Dipartimenti incaricati degli affari religiosi devono rafforzare la propria vigilanza delle attività religiose di stranieri in Cina e a tempo debito introdurre controlli amministrativi sulle attività religiose di gruppi stranieri in Cina. Se Uffici della Sicurezza Pubblica scoprono stranieri in Cina che stanno evangelizzando e sono impegnati in attività d‘infiltrazione, i suddetti Uffici ed i competenti Uffici per gli Affari religiosi prenderanno provvedimenti in conformità alla legge. I Dipartimenti preposti agli affari civili, a quelli commerciali ed industriali dovranno registrare le informazioni conformemente alle legge, e strettamente controllare quelle organizzazioni straniere di natura religiosa qualificate come organizzazioni non governative, i loro uffici ed attività in Cina, e quelle che fossero impegnate in attività illegali dovranno essere punite secondo le legge. Il Ministero dell‘Educazione preparerà uno speciale archivio informativo in cui prontamente confluiranno, e poi verranno fatte circolare, le informazioni sulle organizzazioni religiose che stanno si stanno infiltrando in istituti di formazione superiore e le loro attività, cosicché i Dipartimenti preposti, le autorità distrettuali e gli altri Istituti di formazione superiore siano messi in guardia.

11. Purificare lo sviluppo sociale dei fattori religiosi. I Dipartimenti preposti dovranno gestire le questioni religiose in conformità

con la legge, facendo molta attenzione nel distinguere fra le attività legali e quelle illegali, proteggendo quelle legali e mettendo immediatamente fine a quelle illegali, resistendo alle infiltrazioni e combattendo i crimini, favorendo inoltre il sorgere d‘una buona atmosfera per la crescita sana degli studenti.

I Dipartimenti preposti al Fronte Unito ed agli Affari religiosi devono mantenersi in stretto contatto con i gruppi religiosi patriottici, aiutandoli e guidandoli nel resistere sempre alle infiltrazioni ed a prevenire le attività d‘evangelizzazione dei campus.

I Dipartimenti incaricati degli Affari religiosi devono implementare il sistema della registrazione per le organizzazioni religiose e per i luoghi di attività religiose, e per le attività religiose su larga scala, e controllare strettamente le pubblicazioni religiose interne ai gruppi. I Dipartimenti preposti devono studiare approfonditamente le relative leggi e norme per le informazioni religiose online


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e per le attività religiose online, chiudere i siti che violassero le norme e cancellare le informazioni online che siano dannose e facciano evangelizzazione online. I Dipartimenti incaricati degli affari culturali, dell‘informazione, della stampa e del turismo devono investigare e scoprire i prodotti culturali usati per l‘infiltrazione religiosa. Investigare e sequestrare le pubblicazioni religiose, i prodotti audio e video e gli oggetti religiosi inviati per posta da oltremare e distribuiti negli Istituti di formazione superiore in Cina. Investigare e colpire le attività editoriali illegali di persone ed organizzazioni che voglio infiltrarsi, e prevenire l‘uso del turismo come pretesto per organizzare la partecipazione ad attività religiose di studenti di Istituti di formazione superiore. Le organizzazioni di Partito del vicinato (nelle città) e nella zona (nei paesi e nelle zone rurali) devono seriamente implementare le direttive del Partito in materia di religione e disporne la rigorosa applicazione alle attività religiose conformemente alla legge, stabilire un gruppo di lavoro per stabilire contatti con i fedeli e porsi al loro servizio, aiutarli sul piano pratico e risolvere le loro attuali difficoltà di sostentamento, unirsi con loro e guidarli per creare insieme uno sviluppo sociale favorevole al sereno sviluppo degli studenti. I nuovi mezzi di comunicazione devono orientare correttamente la pubblica opinione e rafforzare la propaganda positiva sulle questioni legate a fattori religiosi, e prevenire sensazionalismo e sentimenti negativi.

12. Rafforzare il corpo direttivo degli Istituti di istruzione superiore. Gli istituti di formazione superiore devono stabilire con chiarezza chi sia

responsabile di cosa, perfezionare i processi decisionali, affinando le misure di supervisione e precisando le misure da prendere, ed installando un sistema acustico-sonoro per dirigere il campo di battaglia politico-ideologico.

Meticolosi controlli e procedure d‘approvazione preliminare per letture pubbliche, seminari, conferenze e pubblicazioni devono essere messe in atto per prevenire l‘uso delle risorse scolastiche per propagandare la religione e modi di pensare sbagliati.

La direzione delle istituzioni di ricerca ed insegnamento che siano impegnate nello studio di materia religiose dev‘essere rafforzata, aver permeato le materie di studio di ateismo marxista, ed aderire al marxismo come guida nell‘intraprendere studî in materie religiose. Quando si assume qualcuno, è necessario un controllo meticoloso delle relazioni politiche, d‘affari, morali ed etiche della persona in questione, in modo da prevenire che usi l‘attività di docente per fare propaganda religiosa. Va anche strettamente controllato l‘iter per l‘approvazione di attività dei gruppi studenteschi, in modo da prevenire attività d‘evangelizzazione nei campus come forme di aiuti finanziari o sponsorizzazioni.

La direzione del campus deve controllare la rete internet, in modo da prevenire forme di evangelizzazione attraverso la rete del campus. Deve agire mantenendo un equilibrio fra uno spirito aperturista nella formazione e la resistenza alle infiltrazioni. Sotto la guida dei Dipartimenti incaricati degli Affari esteri e degli Affari civili, mettere in atto scrupolosi controlli sul background delle fondazioni e delle organizzazioni non governative con cui cooperare, respingendo fermamente quelle che pongano condizioni religiose o che siano impegnate in attività d‘evangelizzazione.

Verificare rigorosamente le fonti degli aiuti per progetti di ricerca stranieri e gli obiettivi di ricerca, e non aderire a quelli in cui siano coinvolte forze ostili o che siano collegate alla religione o ad altri soggetti delicati. Quando si prende


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materiale didattico originale straniero e si usano risorse formative straniere online, usare la massima attenzione e risolutamente respingere l‘uso della religione per promuovere decadenza ideologica e culturale.

IV. Occuparsi conformemente alla legge dei problemi dell‘uso straniero della religione per infiltrare Istituti di formazione superiore ed evangelizzare i campus universitarî.

13. Regolare secondo la legge i luoghi per attività religiose illegalmente sorti, ed i siti d‘attività svolte negli istituti od in loro prossimità. Per questi luoghi per attività religiose e i siti d‘attività illegalmente sorti nelle vicinanze d‘istituti di formazione superiore, i Dipartimenti competenti per gli affari religiosi con la collaborazione della Polizia provvederanno a sopprimerli in conformità alla legge.

Per quei siti d‘attività religiosa sorti all‘interno dei campus, i Dipartimenti competenti per l‘istruzione in collaborazione con gli Uffici per gli affari religiosi provvederanno a sopprimerli in conformità alla legge.

Per chi svolgesse attività criminali o illegali nei siti per attività religiose illegalmente sorti, o in nome dell‘evangelizzazione, la Polizia investigherà e prenderà tutti i provvedimenti del caso in conformità alla legge.

14. Trattare secondo le legge le attività illegali d‘evangelizzazione o le attività legate a fattori religiosi che si svolgessero all‘interno o subito all‘esterno dei campus.

Per varî tipi d‘organizzazioni e di singole persone che svolgano attività d‘evangelizzazione nei campus, i Dipartimenti competenti per gli affari religiosi, la Sicurezza pubblica, gli Affari civili, l‘Industria ed il Commercio, ed altri Dipartimenti interessati, interverranno sempre per eliminarli in conformità con la legge. Per quelli che usassero varî pretesti per provare ad intrappolare gli studenti nel prender parte a attività esterne al campus legate a fattori religiosi, ciò deve essere fermato in conformità alla legge, e convincendo gli studenti mediante una corretta formazione.

Per varî tipi di organizzazioni religiose che si fossero installate nel campus, gli Istituti per educazione superiore e i Dipartimenti per l‘educazione, in collaborazione con i Dipartimenti per gli affari religiosi, provvederanno ad abolire queste organizzazioni in conformità alla legge, e quelli che fossero coinvolte in attività illegali e criminali verranno perseguiti secondo la legge dalla Polizia.

Per quelli che svolgessero nei campus proselitismo religioso od altre attività religiose, gli Istituti per la formazione superiore dovranno immediatamente fermarli in conformità alla legge, e per gli studenti ed i dipendenti della scuola che partecipassero a queste attività religiose, l‘Istituto deve rimproverarli e rieducarli e sanzionarli in conformità con le attuali circostanze generali.

15. Trattare secondo la legge azioni che traggano vantaggio dall‘opportunità di attività educative e formative che impegnino al proselitismo.

Per quei membri delle Facoltà che traggono vantaggio dall‘opportunità di attività educative e formative che portino al proselitismo, gli Istituti dovranno disciplinarle in conformità alle attuali circostanze.

Per quelle che impegnino in attività religiose illegali, queste devono essere represse in conformità con le leggi e norme statali e con le norme interne dell‘Istituto.


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Per quei docenti che sono attivi nel proselitismo e che rifiutano di cambiare atteggiamento nonostante ripetute ammonizioni, essi devono risolutamente essere rimossi dai loro incarichi d‘insegnamento e, per i casi pi÷ gravi, licenziati.

Per quelli sospettati d‘essere impegnati in attività illegali o criminali, i Dipartimenti competenti devono perseguirli in conformità con la legge.

Per i docenti e gli studenti stranieri, gli Istituti d‘ formazione superiore devono informarli delle leggi principali e degli orientamenti religiosi cinesi. Se fossero scoperti a fare proselitismo, devono essere immediatamente dissuasi e fatti smettere, e quelli che ostinatamente continuassero a fare proselitismo devono essere licenziati o espulsi dal Paese.

V. Rafforzare concretamente la leadership organizzativa per resistere con forza all‘uso straniero della religione per infiltrare istituti di formazione superiore e prevenire il proselitismo nei campus.

16. Stabilire un coordinamento specializzato per resistere all‘infiltrazione straniera di istituti d‘educazione superiore e prevenire il proselitismo nei campus.

Questo coordinamento specializzato dev‘essere composto dal Dipartimento per il Fronte unito del Comitato centrale del Partito comunista cinese e dal Ministero per l‘Educazione, con la partecipazione dei Ministeri degli Affari esteri, della Sicurezza pubblica, della Sicurezza di Stato, e dell‘Amministrazione statale per gli affari religiosi, e da altri dipartimenti eventualmente interessati.

Stabilirà il proprio Ufficio centrale presso il Ministero per l‘Educazione. Sotto la guida del Gruppo direttivo del Comitato Centrale per la propaganda ed il rafforzamento ideologico, e della conferenza congiunta per il lavoro religioso, questo coordinamento specializzato avrà il compito di investigare, studiare, formulare orientamenti, organizzare e coordinare, implementare forme di direzione, supervisionare ed ispezionare, creando una potente sinergia.

I Dipartimenti competenti per l‘istruzione, gli Affari esteri, la Sicurezza pubblica, la Sicurezza dello Stato, gli Affari religiosi ed altri competenti dovranno formulare regolamenti operativi e metodi per metterli in pratica, nell‘ambito delle rispettive funzioni.

Il Comitato centrale del Partito ed altri Dipartimenti interessati dovranno attivamente aiutarli e collaborare con loro, nell‘ambito delle rispettive funzioni, ed assumere responsabilità decisionali in maniera pratica.

17. I Comitati del Partito ed i Governi delle varie località dovranno rafforzare la loro leadership per resistere all‘uso straniero d‘infiltrare Istituti d‘educazione superiore e prevenire il proselitismo nei campus.

Nel rispetto del principio per cui ―Chi è al comando è l‘unico responsabile del governo nella sua giurisdizione‖, la resistenza all‘infiltrazione e la prevenzione al proselitismo nei campus devono essere inserite nell‘agenda delle cose importanti, e gli orientamenti e le disposizioni che devono essere adattate alle circostanze locali devono essere formulate in modo che i concetti più importanti possano essere prontamente studiati ed applicati.

I quadri del Partito guida e quelli governativi devono visitare gli Istituti spesso, per capire la situazione sul campo e rafforzare la leadership locale verso gli obiettivi fissati.

In varie province (regioni autonome, città direttamente dipendenti dal Governo centrale) e distretti dove c‘è un‘alta concentrazione d‘istituti di


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formazione superiore e dove perciò l‘attività religiosa sia concentrata, dev‘essere istituito uno speciale coordinamento.

Questo coordinamento a tutti i livelli dovrà rafforzare autonomamente la propria struttura e stabilire metodi di contatto e coordinazione, consultazione d‘informazioni, risposte rapide e supervisioni e controllo, in modo da prendere le varie misure necessarie.

18. I Comitati del Partito presso gli istituti di formazione superiore dovranno unire la propria leadership a quella delle rispettive scuole per resistere all‘infiltrazione e prevenire il proselitismo nei campus. Il leader locale del Partito e del governo è il primo responsabile, presso il quale tutti gli altri leader di settore fanno capo.

Gli altri membri dei gruppi dirigenti dovranno assumersi analoghe responsabilità commisurate al proprio livello. Inserire e perfezionare negli Istituti di formazione superiore il comitato di Partito che sarà responsabile di ogni azione. In questo modo, i comitati di Partito ed i capi dei governi locali avranno una gestione congiunta mentre i Dipartimenti incaricati degli affari studenteschi e del Fronte Unito prenderanno la guida, ed i dipartimenti varî dovranno svolgere al meglio le rispettive funzioni, assumendosi le correlate responsabilità.

Il Partito e le Organizzazioni giovanili ed i Gruppi di formazione ideologica e politica stabiliranno sistemi di coordinazione che porteranno i loro ruoli ad integrarsi pienamente. Stabilire un sistema per investigare i singoli casi e riferire le informazioni, perfezionare il meccanismo per gli allarmi preventivi e per le emergenze in atto in modo da poter risolvere prontamente ed efficacemente ogni problema tendenzioso.

19. Il Partito e le Organizzazioni giovanili devono giocare negli Istituti di formazione superiore un ruolo importante nel resistere all‘uso della religione per infiltrare gli Istituti di formazione superiore e prevenire il proselitismo nei campus. Il corretto punto di integrazione ed equilibrio dev‘essere identificato fra il promuovere attività ed aggiungere funzionalità, resistendo nel contempo all‘infiltrazione ed prevenendo il proselitismo nei campus.

Portando alla massima potenza la forza d‘urto delle profonde radici delle Organizzazioni del Partito e il ruolo esemplare d‘avanguardia dei membri del Partito, e sviluppando al massimo la superiorità delle Organizzazioni giovanili nell‘organizzare, consigliare, aiutare gli studenti. Le Organizzazioni di Partito a livello di scuola e di dipartimento, e le sezioni di Partito studentesche devono rafforzarsi e fare un buon lavoro sviluppando i membri del Partito fra studenti comprensivi, giovani docenti e leaders accademici.

Bisogna perseverare nella costruzione del Partito aiutando la costruzione della Lega giovanile, per unire la maggioranza degli studenti intorno al Partito. Rafforzare la gestione formativa dei membri del Partito e dell‘Organizzazione giovanile, e sottolineare e ribadire la regola secondo cui i membri del Partito e delle Organizzazioni giovanili non devono assolutamente essere religiosi.

20. Rafforzare la creazione di gruppi di lavoro. Attenzione massima sulla formazione negli Istituti di formazione superiore delle seguenti categorie: quadri dirigenti, livello base del Partito, quadri governativi, docenti di teorie politiche ed ideologiche, docenti di filosofia e scienze sociali, consiglieri, capi dei docenti, quadri delle Organizzazioni giovanili e guardie della sicurezza.

Aumentare i varî tipi di classi di studio e di ricerca con il punto di vista marxista sulla religione, le linee-guida del Partito e le principali leggi e norme in


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materia, in modo da sviluppare le loro abilità analitiche e pratiche con riguardo alle questioni religiose. Organizzare esperti e studenti da istituti d‘istruzione superiore e persone nel campo della ricerca avanzata sulle principali teorie e più importanti orientamenti, in modo da continuare a mantenere elevato il livello scientifico nella resistenza all‘usi straniero della religione per infiltrare istituti di formazione superiore e prevenire il proselitismo nei campus.

21. Rinforzare valutazione e controllo.

Recibido el 12 de octubre de 2015. Aceptado el 28 de octubre de 2015

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MAURICE DUVERGER, UN JURISTE SOUS VICHY EN 1940-1941

Fantin FABRE1

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: Fantin Fabre (2015): «Maurice Duverger, un juriste sous Vichy en 1940-1941», en Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 9 (diciembre 2015). Puede leerse este artículo en línea en: http://www.eumed.net/rev/rehipip/09/duverger-vichy.html.

RESUME : Âgé de vingt-trois ans, Maurice Duverger débute dans la doctrine avec une présentation des textes du régime de Vichy modifiant le statut des fonctionnaires. Ces derniers prévoyaient d'exclure les juifs de la fonction publique. L'article de M. Duverger lui a posé problème à plusieurs reprises. Il est étudié la façon dont l'auteur, par l'utilisation de l'exégèse en fonction de la posture qu'il prétend avoir eu, s'est retrouvé dans une impasse méthodologique. Des raisons paradoxales aux implications concrètes, M. Duverger n'est pas sans ambiguïté dans sa démarche. Il est important de savoir l'erreur qui a été faite afin d'éviter de la reproduire. MOTS-CLEFS : Doctrine, Exégèse, Positivisme, Vichy, Fonction publique, Neutralité, Méthodologie, Science du droit, Responsabilité. ABSTRACT : Twenty three years old, Maurice Duverger begins in the doctrine with a presentation of the texts of the Vichy's Regim modifying the status of the state employees. This texts planned to exclude the Jews of the public service. The M. Duverger's article raised him problem repeatedly. It is studied that the way the author, by the use of the exegesis according to the posture whom he claims to have had, found himself in a methodological dead end. Paradoxical reasons in the concrete implications, mister Duverger is not without ambiguity in his approach. It is important to know the error which was made to avoid reproducing it. KEY WORDS : Doctrine, Exegesis, Positivism, Vichy, Public function, Neutrality, Methodology, Science of law, Responsibility.

Maurice Duverger est décédé le 17 décembre 2015 à l'âge de 97 ans. C'est

un juriste qui a marqué à plusieurs titres la pensée juridique, sociologique, institutionnelle et politique. Dans les années 1970-1980, tout étudiant qui voulait apprendre le fonctionnement des pouvoirs publics se devait de lire Sociologie de la politique2. Il est l'une des principales figures, en France et en Europe, du constitutionnalisme et de la science politique après la Seconde guerre mondiale. M. Duverger est le précurseur de l‘institutionnalisme dans l'étude du droit constitutionnel. Il fût connu pour ses théories sur les partis politiques, sur

1 Doctorant à l‘Université de Montpellier. Cet article est tiré d'un mémoire intitulé : Démarche

critique à l'égard de la doctrine sous le régime de Vichy : l'exemple de Maurice Duverger en 1940-1941 ; écrit par Fantin Fabre sous la direction de Jean-Luc Coronel de Boisseson. 2 M. Duverger, Sociologie de la politique, PUF collection Thémis, Paris, 1973.


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la « nouvelle séparation des pouvoirs » ou même pour sa théorie du « régime semi-présidentiel ». Mais ce n'est pas de ce Duverger qui sera étudié. Seuls les travaux de l‘auteur durant la période sombre de Vichy retiendront notre attention.

Duverger s'était décidé à faire des études de droit par défaut. Il disait lui-même : « quand on ne sait pas en sortant du bac, on finit à la Faculté de droit ». En 1933, il adhère à l'Union populaire républicaine, dont le leader du parti se nomme Philippe Henriot (futur ministre de la propagande de Vichy). Duverger quitte ensuite ce parti pour rejoindre le Parti populaire français de Jacques Doriot en 1936. Il tient d'ailleurs un discours dans ce parti en 19383. En 1942, il est reçu à l'agrégation de droit public après avoir soutenu sa thèse sur L'Affectation des immeubles domaniaux aux services publics. Il devient professeur à Poitiers (1942-1943) puis à Bordeaux (1943-1955). Il est ensuite nommé à Paris où il restera jusqu'à sa retraite en 1985 (Université Paris I Sorbonne et Institut d‘Études Politiques de la rue Saint-Guillaume).

Maurice Duverger n'était donc que chargé de conférences lorsqu'il écrivît son article à la Revue du Droit Public intitulé : « La situation des fonctionnaires depuis la révolution de 1940 »4. Nous allons privilégier son analyse, non pour exhumer les fantômes du passé, mais pour comprendre l'erreur commise dans cet écrit de jeunesse. Cet article est produit à la suite d'un travail de recensement établi par l'auteur de toutes les nouvelles lois issues du régime de Vichy portant des modifications sur les statuts, les conditions d'accès, les indemnités et plus généralement sur le droit de la fonction publique. La partie la plus intéressante de l'article va de la page 306 à 319. Ce fragment est décisif puisque l'auteur présente les exceptions légales au principe d'égalité et plus particulièrement la dérogation faite pour les juifs concernant la possibilité d'exercer dans la fonction publique (et certaines fonctions privées). Ces treize pages se situent dans le chapitre premier de son étude (L'égalité d'accès aux fonctions publiques), § 2 (Les dérogations au principe d'égalité), B) (L'incapacité d'accès des juifs). Cette partie précise est décomposée en plusieurs subdivisions : le 1. est consacré à « La définition du juif », le II. est consacré aux « incapacités frappant les juifs », le III. aux « exceptions à l'incapacité d'accès des juifs aux fonctions publiques », le IV. Aux « sanctions de l'incapacité » et enfin le V. au « caractère rétroactif des incapacités ».

Ultérieurement, ce fragment a causé des ennuis à Duverger. Il se trouvera en effet confronté à deux procédures en diffamation contre des journaux qu'il gagnera : l'un contre Minute en 1967-1968, l'autre contre Actuel en 1987-1991. Dans la procédure contre Actuel, Duverger ira jusqu'en cassation pour faire une demande en rectification matérielle5. Dans le jugement de première instance, le

3 M. Duverger, « Nous réalisons l'unité de la jeunesse française », Bernard-Henri Lejeune,

Historicisme de Jacques Doriot et du Parti populaire français, tome 1 : Avant la défaite de 1940, Amiens, Les nouveaux cahiers du C.E.R.P.E.S., 1977, p. 103-104. 4 M. Duverger, « La situation des fonctionnaires depuis la révolution de 1940 », Revue du Droit

Public et de la Science politique, 1940-1941, Paris, pp. 277-332 et 417-540. 5 Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du mardi 11 juin 1991, N° de

pourvoi : 90-84926. Dans son arrêt, la Cour énonce : « Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le jugement rendu le 17 novembre 1988 par le tribunal correctionnel de Paris (17

ème chambre) condamnant Jean François X, Michel Y et la société du

journal ACTUEL à des réparations civiles envers Maurice Z à raison de la publication d'un article de presse de caractère diffamatoire, comporte le passage suivant : Maurice Z a soutenu que son commentaire ne comportait aucune approbation des lois du gouvernement de Vichy ;


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juge avait employé le mode conditionnel au lieu du mode indicatif pour rappeler ce que l'arrêt de la cour d'appel, condamnant le journal Minute en 1968, avait déclaré concernant l'article de Duverger à la RDP. En effet ce dernier énonçait : « ce texte ne constitue qu'une étude purement juridique, critique, et technique de la législation raciale alors en vigueur et ne révèle pas... une quelconque prise de position favorable à ces mesures ». Or, le jugement contre Actuel de 1987 énonce quant à lui : « ce texte ne constituerait qu'une étude purement juridique, critique, et technique... ». La Cour de cassation devait statuer sur la question en rectification de ce jugement en ce qu'il n'emploie pas le mode indicatif et les guillemets de la même façon que l'arrêt contre Minute. On voit bien ici la volonté du professeur de Paris d‘anoblir par la vérité judiciaire son article de 1941 en le présentant comme une étude purement juridique et neutre. C'est la preuve qu'un malaise rôde autour de cet article de doctrine. Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné raison.

L'article de Duverger fera même l'objet d'un vif débat doctrinal initié à l'origine par Danièle Lochak6. Elle va critiquer les juristes sous Vichy, dont Duverger, pour avoir fait la légitimation des textes antisémites de Vichy sous couvert de la neutralité de leurs discours. Michel Troper répondra peu de temps après7

en rappelant que les juristes mis en cause n'étaient en réalité pas neutres dans leurs écrits et qu'ils s‘étaient égarés loin des chemins du positivisme. En doctrine, la démarche exégétique n'est pas la démarche positiviste. Elle va au-delà de la simple description du texte. L'exégèse est une dogmatique juridique et non une science du droit positiviste. La différence des termes, des méthodes d'approche du droit qu'ils représentent, est le cœur du problème.

La question qui se pose alors est de savoir comment Maurice Duverger, par l'utilisation de l'exégèse en fonction de la posture qu'il prétend avoir eu, s'est-il retrouvé dans une impasse méthodologique ?

Afin de pouvoir y répondre il faudra comprendre son choix (I) avant d'en envisager les implications (II).

Le choix de la méthode exégétique. Duverger se servait de l'exégèse pour commenter les nouveaux textes relatifs à la fonction publique depuis la

que, comme la cour d'appel l'avait jugé le 21 février 1968 dans un procès l'opposant au journal « Minute », ce texte ne constituerait « qu'une étude purement juridique, critique et technique de la législation raciale alors en vigueur et ne révèle pas... une quelconque prise de position favorable à ces mesures » ; Attendu que Maurice Z, considérant que l'emploi des termes « ce texte ne constituerait » et l'ouverture des guillemets après ce dernier mot, alors que le passage de l'arrêt cité était libellé « ce texte ne constitue », étaient la conséquence d'une erreur matérielle a sollicité que le mode indicatif soit substitué au conditionnel et que l'ouverture des guillemets soit placée avant le mot « constitue » ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, qui avait rejeté cette requête, les juges d'appel, outre la motivation rapportée, énoncent par les motifs adoptés des premiers juges, que « le conditionnel employé se rapporte à l'exposé fait par le tribunal de la thèse de Maurice Z et non à la citation, introduite par des guillemets, de la cour d'appel » ; Attendu qu'en cet état, il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que l'emploi du mode conditionnel comme l'emplacement des guillemets étaient volontaires et ne résultaient pas d'une inadvertance ; qu'ainsi c'est sans encourir les griefs allégués que les juges ont décidé qu'il n'y avait lieu de faire droit à la requête en rectification ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; et attendu que l'arrêt est régulier dans la forme ; REJETTE le pourvoi... 6 Danièle Lochak, « La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme », Les usages

sociaux du droit, CURAPP-PUF, 1989, p. 252. 7 Michel Troper, « La doctrine et le positivisme (à propos d'un article de Danièle Lochak) », Les

usages... op. cit., p. 286.


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révolution du 10 juillet 1940. Pour comprendre ce choix il faut s'intéresser à ce qu'est réellement la méthode exégétique (A) avant d'envisager les raisons qui ont été énoncées par l'auteur lui-même (B).

L'exégèse comme outil. L'exégèse est une méthode particulière qui mobilise à la fois l'analyse et la synthèse. L'origine étymologique de ce terme remonte au grec ancien « exégesis » (ἐξήγησις), qui signifie littéralement « explication ». Elle permettait à l'origine d'étudier, de comprendre et d'interpréter les textes sacrés, avant que cette méthode soit peu à peu sécularisée et reprise dans des domaines d‘activités diverses de la société.

Pour ce qui est du domaine juridique, le dictionnaire de Gérard Cornu8 aide à la compréhension en présentant deux définitions de l'exégèse. La première est la suivante : « Interprétation d'un texte ; étude critique de ses origines et de son sens ». C'est le sens le plus général donné à l'exégèse. La deuxième définition présente une démarche plus spécifique et plus précise. Elle est caractéristique de certains juristes, Maurice Duverger en l'occurrence.

C'est « plus spécifiquement, une méthode d'interprétation de la loi (nommée méthode exégétique ou interprétation exégétique) dont le principe est de rechercher ce qu'a voulu dire l'auteur du texte à partir de celui-ci, du contexte, des travaux préparatoires et de l'objectif général de la loi, d'en dégager le sens d'après l'intention du législateur, afin d'en régler la portée sur la ratio legis, de manière à appliquer la règle dans la plénitude de sa raison d'être, en faisant au besoin prévaloir l'esprit sur la lettre »9.

Il s‘agit donc d‘une démarche qui ne s'arrête pas simplement au sens littéral. À partir de la dimension locutoire, il sera recherché la dimension illocutoire10, c'est-à-dire la dimension non dite par l'auteur du texte mais qui se révèle dans son application et son contexte. Ainsi l'exégèse peut-elle dépasser la lettre du texte en s‘orientant vers l‘esprit de son auteur. C'est une méthode téléologique qui s'est répandue dans le milieu juridique français depuis 1804. Les premiers spécialistes de cette méthode sont les civilistes qui avaient pour unique source d'étude le Code civil napoléonien. Son objectif est de connaître les significations d'un texte en comprenant la raison de sa production. La démarche est analytique parce que l'utilisateur commence d'abord par découper les éléments composant le texte législatif. Elle apparaît également synthétique puisque l'utilisateur de l'exégèse va relier les termes avec les connaissances acquises dans la ratio legis pour donner la signification du texte. Ainsi le commentaire exégétique permet d'être critique. La plupart du temps, les commentateurs ne sont pas tous d'accord sur l'interprétation qu'il faut avoir d'un même texte, parce qu'ils n'ont pas tous le même jugement ni sur ce texte, ni sur ce que le législateur a voulu entendre par l'intermédiaire de celui-ci. L'exégèse est un produit du légicentrisme. Les commentateurs habillent leurs jugements

8 G. Cornu, Vocabulaire juridique, Quadrige Dicopoche, août 2011, Paris, p. 429.

9 G. Cornu, Ibid, p. 429.

10 John L. Austin, Quand dire c'est faire, Édition du Seuil, novembre 1991, Paris. Austin

explique que dans chaque discours il existe une dimension locutoire, une dimension illocutoire et une dimension perlocutoire. La dimension locutoire est l'élément matériel de l'énoncé direct du discours. La dimension illocutoire est celle qui n'a pas été dite expressément et qui possède un message convoyé par un énoncé au-delà de son sens immédiat. Cela dépend notamment de la situation dans lequel le discours a été prononcé mais aussi de l'intention de l'émetteur du discours. Enfin la dimension perlocutoire est celle qui est indépendante de l'auteur du discours et qui se représente comme l'interprétation qu'en fera le récepteur.


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d'arguments issus de la pensée même de celui qui ne peut pas se tromper référence par excellence pour qui veut commenter ses productions. C'est ainsi que l'exégèse va devenir omniprésente dans la doctrine au XIXème siècle et qu'elle continuera d'avoir du succès par la suite.

Concernant Maurice Duverger, le fait d'expliquer l'outil utilisé pour commenter les lois de Vichy éclaire la manière dont il a raisonné pour écrire son article. Mais cela ne permet pas de comprendre pourquoi il a choisi cet outil. Sans doute parce qu'à l'époque il n'existait pas ou peu d'autres méthodes d'approche du droit positif pour les techniciens du droit. L'exégèse restait au niveau méthodologique l'outil encore le plus répandu dans la pratique. Tout bon technicien se devait de savoir utiliser parfaitement l'exégèse. Mais pour comprendre l'intention réelle de Duverger, il faut allez voir les raisons qu'il invoque.

Les justifications avancées par l‘auteur. Maurice Duverger s'expliquera quarante-trois ans plus tard, lorsqu‘il écrira en 1983 un article intitulé La perversion du droit11. À cette occasion, il va rappeler qu'à l'époque, en 1940, il n'était qu'un simple « chargé de conférences » de 23 ans issu de la Faculté de Bordeaux. Il présente la démarche dans laquelle il excellait : « J'avais goûté la logique abstraite alors développée par l‘École de Bordeaux qui cherchait à généraliser les situations réglées par les textes en définissant le système dont elles incarnent des applications particulières, pour en déduire ensuite les solutions applicables aux cas imprévus. » Définir le système incarné par les textes du législateur revient à faire de l'exégèse puisque pour généraliser le cas particulier, il faut comprendre le raisonnement poursuivi par celui-ci. Autrement dit, Duverger avait adopté une manière spécifique de faire de l'exégèse.

M. Duverger continue en rappelant le contexte et l'opportunité que cet article représentait : « Tous les manuels, tous les professeurs répétaient que la « doctrine » pouvait influencer la pratique et la jurisprudence. Présenter la première synthèse de textes nouveaux dans la plus sérieuse des revues juridiques, n'était-ce pas se hisser au niveau de la « doctrine » ? N'étaient-ce pas acquérir la capacité d'agir sur les magistrats et les administrateurs, en les poussant vers une interprétation susceptible de corriger les excès des lois d'exception ? » Il y a une volonté claire d'influencer l'application des nouveaux textes de Vichy, d'acquérir un certain pouvoir, un certain prestige. Duverger avait de l'ambition. Il poursuit en parlant de lui-même à la troisième personne : « l'auteur s'applique d'abord à prendre de la distance par rapport aux dispositions qu'il étudie. (…) Le « on » désignant clairement le législateur dont l'interprète expose la pensée, sans l'approuver en aucune façon. Ce style n'a pas simplement pour but de dégager la responsabilité du juriste, mais plus encore de souligner qu'il s'efface totalement derrière les lois et règlements afin d'en dégager une signification objective ». Il se dessine dans son raisonnement une contradiction. Duverger pense à la fois influencer et ne pas être responsable de l'influence produite. Il pense dégager une signification objective des textes commentés tout en voulant orienter les interprétations ultérieures de manière subjective. Cette contradiction est une opposition logique.

11

M. Duverger, « La perversion du droit », Mélanges en l'hommage à Jacques Elull, PUF, Paris, 1983, p. 705-718.


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Qu'est-ce qu'une opposition logique ? Emmanuel Kant en définit le terme12. L'opposition logique se distingue de l'opposition réelle. Elle se présente lorsque deux contenus de pensée se contredisent. Cela donne lieu à du non-sens par la contradiction. Par exemple, il n'est pas possible de penser qu'un corps est à la fois en mouvement et au repos. La négation de l'une des propositions détermine l'admission de l'autre. En reprenant l'exemple précédent, si le corps n'est pas en mouvement, il est forcément au repos et vice versa. Le fait de penser les deux à la fois est une connexion logique sans conséquence. Par contre l'opposition réelle est tout autre. Cette dernière se présente lorsque deux choses ayant des attributs opposés sont « contraires », sans pour autant être contradictoires. Par exemple l'opposition qui existe entre dette et créance, entre lever et coucher de soleil ou encore entre deux forces physiques ayant une direction opposée. Dans une opposition réelle, la négation de l'un n'implique pas l'existence de l'autre. La conséquence ici est quelque chose d'existant, même si le résultat est nul.

En l‘occurrence, Maurice Duverger a pensé une opposition logique et non réelle. Il n'est pas possible à la fois d'influencer et d'être irresponsable de sa propre influence. Il n'est pas possible de provoquer des effets au niveau de l'orientation des interprétations juridiques et en même temps prétendre s'effacer totalement derrière les lois et les règlements. Duverger a utilisé l'exégèse en pensant que cette méthode avait les vertus de rendre irresponsable son utilisateur tout en lui octroyant un pouvoir d'influence sur les autorités administratives et judiciaires appliquant les textes. Ainsi pouvait-il selon lui agir en amont des autorités d'interprétations officielles tout en évitant de s'engager personnellement. Mais cette prétention ne résiste pas à l'analyse du concept. L'exégèse n'a pas pour objet unique le droit tel qu'il est. Pour fonctionner, cet outil a besoin d'une source extérieure aux textes écrits qui est l'esprit du législateur. En elle-même cette recherche de la ratio legis par son utilisateur implique nécessairement une connotation idéaliste dans le sens où l'exégèse force par son utilisation à avoir une attitude orientée. C'est une méthode téléologique (thélos, τέλος, le but, la finalité et lógos, λόγος, le discours, le verbe). La finalité du texte est recherchée en fonction de l'esprit de son créateur ; l'utilisateur énonce de lui-même l'esprit du texte qu'il commente. Comment est-il possible de faire la part des choses entre ce qui ressort de la raison du législateur et ce qui ressort de la raison de l'auteur lui-même ? Il est difficile de s'imaginer que les deux ne sont pas confondus.

Pour ce qui est des raisons poussant à la rédaction de l'article sur « La situation des fonctionnaires depuis 1940 », Duverger écrit : « deux idées simples me guidaient : 1° limiter autant que possible les éliminations et les interdictions définies par les textes ; 2° étendre autant que possible l'indemnisation qu'ils prévoyaient pour les personnes ainsi chassées des services publics »13. L'objectif de son article était d'orienter les interprétations ultérieures des textes afin d'en limiter les effets négatifs. Voilà donc les raisons qui l'auraient poussé à écrire de manière exégétique. Il faut maintenant analyser les implications de ce choix.

Les implications de la méthode exégétique. L'exégèse n'a pas simplement

12

E. Kant, Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative, Vrin, Paris, 1972, traduction de Roger Kempf. 13

M. Duverger, « La perversion du droit », op. cit., p. 707.


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laissé Maurice Duverger penser une opposition logique, cette méthode a aussi eu pour effet de le conduire dans une impasse méthodologique. L'exégèse laisse en réalité son utilisateur dans une situation relativement inconfortable une fois que celui-ci est replacé dans son véritable positionnement dogmatique. Le défaut de neutralité en devient apparent et systématique (A) et les conséquences en acte se font remarquer (B).

Le défaut de neutralité. Il faut rappeler que Maurice Duverger n'a jamais émis d'approbation expresse concernant la politique antisémite de Vichy et n'a jamais été parmi ses défenseurs. Ce n'est d'ailleurs pas le sujet de cette démonstration que de vouloir le représenter comme un fervent activiste de ce régime. Dans son article, il ne présente jamais explicitement son opinion personnelle. Il reste cantonné à sa démarche exégétique. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas joué un rôle influent dans le processus d'instauration et d'application des nouvelles règles édictées, en particulier pour celles qu'il a commentées à la RDP. Sa prétention à être irresponsable ne tient qu‘en cas de réelle neutralité, c'est-à-dire s'il n'influe en aucune façon dans la manière dont les textes qu'il commente seront interprétés et appliqués. C'est la condition sine qua non pour être irresponsable. Mais la lecture attentive de son article permet d'éroder la défense du juriste à plusieurs titres.

Tout d'abord sur le choix des textes à commenter. Duverger doit préalablement choisir la matière première de son commentaire. Comment envisager faire de la doctrine sur le droit positif sans délimiter le droit positif en question ? Il a choisi les lois portant modification du statut des fonctionnaires depuis le changement de régime en date du 10 juillet 1940. Plus précisément, il a porté ses analyses sur la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs14, qui fut modifiée et complétée par le décret du 26 décembre 1940 et la loi du 11 avril 1941. La loi du 3 octobre 1940 sera ensuite abrogée puis remplacée par la loi du 2 juin 1941. Il y a également la loi du 7 octobre 1940 et le décret du 20 novembre 1940 qui retirent aux juifs d'Algérie la nationalité française qui leur avait été attribuée par le décret Crémieux de 1871. Il faut citer aussi la loi du 29 mars 1941 prévoyant un Commissariat général aux questions juives et celle du 2 juin 1941 ordonnant un recensement des juifs sur tout le territoire français15.

Par le fait d'écrire sur ces textes en pensant à leur future application, Duverger fait le lien entre ce qui n'est qu'un simple texte et ce qui est objectivement le droit applicable. L'auteur trahit ici un acte de penser les textes en cause comme du droit. Si aucun juriste n'avait écrit sur les textes de Vichy, il aurait été plus difficile pour les autorités officielles d'émettre une interprétation authentique de ces textes, tout simplement parce qu'elles auraient dû d'abord expliquer que ce sont désormais ces nouveaux textes issus du nouveau système juridique qui s'appliquent et non les textes issus de la IIIème République16. On repère donc par les commentaires exégétiques sur les textes en cause un travail de « pré-formation » qui facilite le processus de mise en acte des nouveaux textes. Les conséquences réelles et sociologiques se font

14

J.O., 18 octobre 1940, p. 5323. 15

Cette dernière est la seule loi que M. Duverger cite en note de bas de page sans la commenter en détail. 16

N.B. Il n'est pas certain que les autorités d'application des textes de Vichy ont lu ce que la doctrine en disait avant de les appliquer. Cependant elles ont eu connaissance de l'existence des articles de doctrine qui considéraient les nouveaux textes comme le droit applicable.


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ressentir aussitôt et Danièle Lochak les explique avec pertinence17 : euphémisation, banalisation, anesthésiant, et enfin de compte légitimation des textes en cause.

Cependant, il faut distinguer l'exégèse et le positivisme. L'exégèse n'est pas une posture positiviste. Et ce n'est pas la neutralité des juristes qui produit les effets énoncés par la sociologue mais le fait qu'ils ne l'étaient pas. Michel Troper le rappelle avec subtilité18 : « si la doctrine française a bien participé à la légitimation de la politique antisémite de Vichy, ce n'est pas parce qu'elle était positiviste, mais parce qu'elle ne l'était pas ». Réaliste, Michel Troper pense à l'instar des normativistes que la véritable démarche positiviste consiste à conformer sa méthode d'appréhension de l'objet « droit » de la même manière que tout scientifique empirique appréhende son objet d‘étude. La science du droit pour tout positiviste (ayant une conception unitaire du droit, le seul droit étant le droit positif) est une science qui se borne à décrire son objet, c'est-à-dire le droit positif tel qu'il est. Il faut respecter le principe de Wertfreiheit, c'est-à-dire de la liberté des valeurs et de la neutralité axiologique de la science du droit. Ainsi le positiviste ne sort pas de son objet qui est le droit positif. Tout ce qui est en dehors des règles juridiques n'est pas du droit. Il en est ainsi de la ratio legis, de l'étude des débats parlementaires et de tous les éléments extra-juridiques. Par rapport à son objet, le positiviste n'a qu'un rapport aux valeurs et ne procède en aucun cas à un jugement de valeur19. Le rapport aux valeurs consiste à présenter des énoncés dont le contenu est susceptible d'être constitué de jugements de valeur ou de valeurs sans pour autant émettre ou introduire soi-même un jugement quelconque sur ces énoncés ou les valeurs qu'ils contiennent. Par le fait de décrire et non de prescrire, le principe de neutralité axiologique qui incombe au savant est respecté. Le jugement de valeur ne respecte pas ce principe et implique un engagement de la part de celui qui l'énonce : ses propres valeurs sont introduites dans la présentation.

Dans son article, Maurice Duverger a cherché par l'exégèse d'être savant juriste qui prescrit, en d'autres termes un savant qui fait de la politique. Or, soit la posture est savante, soit elle est politique. Si le principe de neutralité axiologique n'est pas respecté, alors la posture est politique et non savante. Tout diffère dès lors car le choix politique implique la responsabilité, de ses propres jugements de valeur et de ses prescriptions. Sous couvert de la neutralité scientifique, Duverger ne pouvait pas prescrire sans sortir de cette neutralité qui avait pour but de le rendre irresponsable. Il devient donc responsable.

S'il voulait conserver la neutralité scientifique des positivistes, il aurait pu rester cantonner à une interprétation scientifique telle qu'énoncée par Hans Kelsen dans la Théorie pure du droit 20 : « Elle consiste à déterminer, par une

17

D. Lochak, « La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme » op. cit., p. 252. 18

M. Troper, « La doctrine et le positivisme (à propos d'un article de Danièle Lochak) »... op. cit., p. 286. 19

M. Weber, Le savant et le politique, Bibliothèque 10/18, Plon, traduction de Julien Freund, octobre 2014, conférences prononcées en 1917 et 1919 à l'université de Munich. Max Weber présente les différences de métier et de vocation entre le savant et le politique. C'est dans le Wissenschaft als Beruf qu'il présente la distinction entre rapport aux valeurs et jugement de valeur. 20

H. Kelsen, Théorie pure du droit, Bruylant L.G.D.J, 2010, 2ème

édition traduit par Charles Eisenmann, p. 341-342.


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opération purement intellectuelle, le sens des normes juridiques (…). L‘interprétation scientifique ne peut rien faire d'autre ni de plus que dégager les significations possibles des normes juridiques ». Une loi s'applique par son interprétation. L'interprétation authentique est celle édictée par l'autorité habilitée. Cela se fait généralement par l'interprétation du juge dans le cadre d'un contentieux juridictionnel. Une autorité administrative peut aussi faire usage de textes législatifs dans le cadre de son office. L'interprétation authentique est donc la signification officielle d'un texte qui transforme celui-ci en lui imputant des effets par une décision. Duverger, par l'utilisation de l'exégèse, a dégagé non pas les significations possibles des textes en cause mais la seule signification possible selon lui. Il a eu la prétention de pouvoir connaître la signification objective des textes avant même que l'interprète authentique ne vienne les transformer, par ses décisions, en normes juridiques. C'est une démarche qui ne peut être conduite au nom de la science juridique. Le positiviste en tant que scientifique du droit positif doit se contenter de décrire son objet en respectant la Loi de Hume : il ne doit pas prétendre décrire l‘être et en inférer un devoir-être. Malgré l'apparence de descriptions techniques, Duverger ne décrit pas mais prescrit. Par exemple il écrit : « une telle interprétation doit être rejetée »21.

Cette phrase oriente le lecteur vers la seule possibilité dans la compréhension des règles de Vichy. L'indicatif présent est utilisé dans son article, le verbe « devoir » est employé à plusieurs reprises et l'auteur utilise la troisième personne du singulier (« il » et « on »). La plupart du temps, M. Duverger tente de faire passer ses énoncés pour des vérités qu'il constate ou démontrer que ses interprétations sont les seules valables. Plusieurs de ses phrases débutent de la manière suivante : « on doit établir, en effet, une corrélation profonde entre... », « on a estimé que les juifs... », « on a donc été conduit à reconnaître... » et ainsi de suite. Il n'est donc pas un positiviste. Il fait de la dogmatique juridique.

L'exégèse est une méthode qui appartient plus à la pratique du droit qu'à la science du droit puisqu'elle s'intéresse à la manière dont le droit sera appliqué et surtout à l‘orientation que l'auteur veut lui donner. Duverger opère une confusion entre le monde du Sollen et le monde du Sein (de l'être et du devoir-être). En réalité, le jeune Duverger de 1940 appartient à cette catégorie de juristes qui prétend être dans la neutralité du positiviste mais qui prescrivent au contraire une certaine interprétation du texte juridique commenté. En vue de ses prétentions et de son réel positionnement paradigmatique, Duverger devenait un pseudo-positiviste22. Il reste donc à constater les engagements de Duverger dans son article.

Les engagements concrets. Duverger n'a pas uniquement clarifié le texte législatif en fonction de la ratio legis pour en dégager une seule signification possible, il a par la même occasion prescrit une certaine interprétation de la législation qu'il commentait. La plupart des affirmations qu'il énonce ne vont pas de soi. Il ne découvre en réalité aucune des significations affirmées dans sa

21

« La portée de ces exceptions est telle qu'on a pu se demander si le principe d'égalité lui-même n'était pas atteint. Une telle interprétation doit être rejetée. Juridiquement, l'égalité demeure le principe et l'inégalité, l'exception. » M. Duverger, « La situation des fonctionnaires depuis la révolution de 1940 », op. cit., p. 282. 22

Terme inventé par Alf Ross et repris par Michel Troper dans son article : « La doctrine et le positivisme (à propos d'un article de Danièle Lochak) » op. cit., p. 286.


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démonstration puisque celles-ci ne préexistent pas à ce dernier. En d'autres termes, en dehors de ce que les textes énoncent par leur locution, le reste est inventé.

Duverger crée des énoncés performatifs23. Les énoncés performatifs sont des « énonciations qui, abstraction faite de ce qu'elles sont vraies ou fausses, font quelque chose (et ne se contentent pas de la dire). Ce qui est ainsi produit est effectué en disant cette même chose (l'énonciation est alors une illocution), ou par le fait de la dire (l'énonciation, dans ce cas, est une perlocution), ou des deux façons à la fois. »

24

L'exégèse permet d'introduire subrepticement ses propres jugements de valeurs en faisant croire que c'est le législateur qui en est l'origine. C'est une entreprise de dissimulation et pas simplement de connaissance technique des lois et de leur application.

L'exégèse permet, par le biais d'énoncés perfomatifs, de proposer sa propre interprétation subjective et de la faire passer pour la seule possible. Duverger cherchait ainsi à rendre objectif sa propre interprétation subjective des textes. Duverger oriente son lecteur vers le droit tel qu'il souhaite qu'il soit mis en application (de lege ferenda).

Dans l'article de 1940 sur les lois de Vichy, les exemples sont nombreux. Duverger présente sa démarche comme une « tentative de synthèse de la réforme administrative ».

Mais il énonce juste après que cette réforme « est loin de son achèvement ». Cela veut-il signifier qu'à l'instant où il écrit, le régime de Vichy a déjà mis en chantier d'autres lois ou qu'il considère les lois en cause comme imparfaites, incomplètes ? Il précise : « les mesures prises à l'égard des fonctionnaires (…) demeurent forcément incomplètes »25. Pour le lecteur, cette dernière locution peut prêter à confusion.

Duverger peut très bien penser en termes techniques, il n'était pas obligé de « forcer » l'évidence de ce qu'il pense comme des mesures « incomplètes ». Duverger va même expliquer la justification qui a conduit à prendre les mesures antisémites de la manière suivante : « la raison d'être de l'incapacité des juifs d'accéder aux fonctions publiques est la même que celle de l'incapacité frappant les naturalisés : la protection de l'intérêt des services publics.

Le nouveau régime reconnaissant à toutes les fonctions publiques un certain caractère politique à côté de leur caractère technique, il a été logiquement conduit à exiger de tous les fonctionnaires non seulement des capacités techniques, mais encore une certaine aptitude politique. On a estimé que les juifs, comme les naturalisés, ne présentaient pas en général cette aptitude : d'où leur exclusion des fonctions publiques »26.

Pourquoi parler de mesures prises dans l'intérêt du service public ? Duverger explique qu'il faisait la distinction entre mesure d'« intérêt public » et mesure « disciplinaire » et qu'il a opté pour la première parce qu' « obligeant (l'administration) à indemniser celui qui les subit »27.

Il déclare qu'il a eu le même raisonnement pour toutes les catégories qu'il a employées dans sa démonstration. Selon lui, il cherchait l'interprétation la plus

23

John L. Austin, Quand dire c'est faire, op. cit. 24

J. L. Austin, Quand dire c'est faire, op. cit., p. 181. 25

M. Duverger, « La situation des fonctionnaires depuis la révolution de 1940 », op. cit., p. 278. 26

M. Duverger, ibid., p. 306. 27



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favorable pour les administrés en cause, c'est-à-dire les juifs. Le lecteur n'est pas enclin à le croire sur parole.

D'ailleurs, Duverger va même inventer de nouvelles catégories juridiques qui ne vont pas forcément dans le sens de sa défense. Par exemple, pour définir un juif, il va créer une nouvelle distinction entre deux systèmes de définition : l'approche en fonction de la « race » et l'approche en fonction de la « religion »28. En présentant une telle classification, il banalise et rationalise les règles antisémites qu'il commente.

Au « I. » intitulé « La Définition du juif », au premier paragraphe, il tient les

propos suivants : « l'un et l'autre présentent d'ailleurs de grandes difficultés. Si l'on adopte le critère religieux, il est à craindre que la plupart des juifs ne feignent une conversion apparente et ne parviennent ainsi à éluder l'application de la loi. Si l'on adopte le critère racial, il est très difficile de déterminer les caractères qui permettront d'établir l'appartenance ou la non-appartenance à la race juive : la définition scientifique de la race, d'après les caractères ethniques, étant impossible à utiliser, on en sera réduit au système de la déclaration, qui ouvre la porte à toutes les contestations »29. Un tel énoncé va-t-il vraiment dans l'intérêt des juifs ? Surtout que la définition du juif est la démarche préalable obligatoire à toute politique antisémite. Pour atteindre une cible, il faut d'abord la définir.

Duverger conservera à travers sa démonstration le terme « incapacité », terme plus doux que discrimination qu'il n'emploiera pas. De la même manière, il définit dans son article la mesure d'internement dans des camps spéciaux (sanction décidée par le préfet à l'égard des juifs réfractaires à la nouvelle réglementation) comme une « sanction administrative »30 et non comme une sanction à caractère pénal.

Cette dernière définition n'aide en rien les juifs qui s‘exposent à une telle sanction. Leurs droits se voient même plus restreints que si Duverger avait choisi l'autre option. Il ne faut pas oublier que ce genre d'euphémisme est

28

M. Duverger, « La situation des fonctionnaires depuis la révolution de 1940 », op. cit., pp. 307-309. 29

M. Duverger, ibid., p. 307. 30

M. Duverger, ibid., p. 315.


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banalisant pour les nouvelles mesures qui se retrouvent a fortiori légitimées. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin dans la critique pour constater l'écart

important entre ce qu'il écrit et ce qu'il énonce pour se justifier quarante-trois ans plus tard. Sa situation est réellement ambiguë.

Dans certains cas son interprétation des textes de Vichy va dans un sens favorable pour ceux qui les subissent, dans d'autres elle va dans un sens défavorable. Mais dans l'ensemble il y a tout au moins une hétérotélie de la part de l'auteur puisqu'il rate l'objectif qu'il a annoncé. Cependant il faut rappeler le contexte, Maurice Duverger n'avait que vingt-trois ans lorsqu'il s'est décidé à écrire son article à la RDP de 1940-1941.

La jeunesse et l'absence de recul dans la rédaction d'articles de doctrine sont des éléments à prendre en compte. Duverger décrit sa situation à l‘époque de la manière suivante : « L'inexpérience du jeune chargé de conférences interprétant les lois au ras du texte dans le cataclysme de l'année 1940, l'effort de l'agrégé frais émoulu pour passer à l'analyse globale du système et le situer dans son développement historique : tous ces tâtonnements n'aboutissaient qu'à des résultats médiocres, faute des outils intellectuels permettant de creuser plus profond »31.

L'impasse logique et méthodologique dans laquelle Maurice Duverger s'est retrouvée permet de comprendre l'erreur commise. Il n'est donc pas souhaitable à l'égard des professeurs, praticiens, théoriciens, étudiants et quiconque qui s'intéresse au droit, c'est-à-dire à l'égard de l'ensemble de la communauté des juristes en puissance et en acte, que cet article disparaisse des bibliothèques. Dans les Universités de droit, pour le futur de la doctrine, il ne semble pas souhaitable d‘oublier cette période de Vichy, particulièrement le cheminement dit « scientifique » de certains auteurs. Il est important de comprendre et de rappeler à quel point il est aisé, sans forcément se rendre compte dans le fil de la pensée, de partir à la dérive.

Recibido el 24 de octubre de 2015. Aceptado el 5 de noviembre de 2015

31


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TOWARDS A ONE-SPEED SYSTEM OF JUSTICE: ARBITRAL TRIBUNALS AND ARTICLE 267 TFEU

Flavia MARISI1

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: Flavia Marisi (2015): «Towards a one-speed system of justice arbitral tribunals and article 267 TFEU», en Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 9 (diciembre 2015). Puede leerse este artículo en línea en: http://www.eumed.net/rev/rehipip/09/article267-tfeu.html.

ABSTRACT: In several cases the ECJ refused to give a preliminary ruling as requested by an arbitral tribunal, holding that arbitral tribunals could not be considered tribunals of a Member State pursuant to and in accordance with Article 267 TFEU. However, discriminating between courts, which may apply for a preliminary ruling, and arbitral tribunals which are precluded from doing so, gave origin to what research defined «a two-speed system of justice within the European Union». This article tries to highlight some aspects of this issue, hypothesizing some possible solutions to the emerged criticalities. KEYWORDS: Preliminary ruling, ECJ, Cooperation between national courts and arbitral tribunals, European Union Law, Arbitration Act, Arbitration, David Anderson, Marie Demetriou, Nigel Blackaby, Constantine Partasides, Alan Redfern, Martin Hunter, John Fairhurst, Ketilbjørn Hertz. RIASSUNTO: L‘art. 267 del TFUE attribuisce alla Corte di Giustizia la competenza a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull‘interpretazione dei trattati e sulla validità e l‘interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell‘Unione Europea. La maggior parte dei pi÷ importanti principi di diritto dell‘Unione Europea è stata affermata all‘interno di pronuncie pregiudiziali, e dunque si può affermare che questa procedura svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo e nell‘applicazione del diritto europeo. Tuttavia, in diversi casi la Corte di Giustizia si è rifiutata di emettere una pronuncia pregiudiziale richiestale da un tribunale arbitrale, ritenendo che i tribunali arbitrali non possano essere considerati tribunali di uno Stato membro i sensi dell‘Art. 267 TFUE. Tale discriminazione tra corti (che possono richiedere alla Corte di Giustizia una pronuncia pregiudiziale) e tribunali arbitrali (che non possono farlo), ha indotto alcuni studiosi a qualificare il sistema di giustizia dell‘Unione Europea come «un sistema a due velocità». Il presente articolo si propone di illustrare alcuni aspetti della tematica in esame, evindenziandone le criticità e ipotizzando alcune possibili soluzioni. PAROLE CHIAVE: Rinvio pregiudiziale, Corte di Giustizia, Cooperazione tra Giudice nazionale e tribunali arbitrali, Diritto dell‘Unione Europea, Arbitrato,

1 Graduate in Law at the University of Milan (Università degli Studi di Milano) in 2011. Master in

European Union law at the College of Europe in Bruges (2012). PhD candidate at the University of Ghent on the law of the environment. Lawyer in Italy, specialized in European Affairs in Brussels.


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David Anderson, Marie Demetriou, Nigel Blackaby, Constantine Partasides, Alan Redfern, Martin Hunter, John Fairhurst, Ketilbjørn Hertz.

Introduction

According to Article 267 TFEU the ECJ has jurisdiction to give preliminary

rulings concerning the interpretation of the Treaties, and preliminary rulings concerning the validity and interpretation of acts taken by the institutions, bodies, offices or agencies of the Union (Terkildsen & Nielsen, 2012).

In effect, almost all the major principles established by the ECJ were decided responding to a request for a preliminary ruling under Article 177 EEC, then Art. 234 EC, now Art. 267 TFEU. Since 1993, the ECJ has received more than 200 requests per year for a preliminary ruling (Fairhurst, 2010); the procedure accounts for over 50% of all cases heard by the Court, and plays therefore a central part in the development and enforcement of EU law (Steiner & Twigg-Flesner, 2006). Indeed, in its report to the 1996 IGC, the ECJ was firmly of the view that:

The preliminary ruling system is the veritable cornerstone of the operation of the internal market, since it plays a fundamental role in ensuring that the law established by the Treaties retains its [Union] character with a view to guaranteeing that the law has the same effect in all circumstances in all of the Member States of the European Union (Report, 1995).

However, in several cases, the ECJ refused to give a preliminary ruling as

requested by an arbitral tribunal, holding that the arbitral tribunal could not be considered a tribunal of a Member State as stated in Article 267 of the Treaty (Terkildsen & Nielsen, 2012).

Yet, it should be considered that, on one hand, besides stating that the court or tribunal must be located in a Member State, Article 267 does not define the characteristics which could grant the power of requesting the ECJ to render a preliminary ruling. On the other hand, it should be considered that an arbitral tribunal has essentially the same role as state courts.

In the opinion of the authors, the conservative approach taken by the ECJ, which under certain circumstances impedes arbitral tribunals to make a request for a preliminary ruling, may put at risk the uniform application of European law: in fact, courts and those tribunals which fall within the narrow definition of the ECJ‘s ruling may apply for a preliminary ruling, whilst other arbitral tribunals are precluded from doing so, even if they too make final and legally binding awards for the parties applying European law (Landi, 2007).

Research defined this paradox ―a two-speed system of justice within the European Union‖ (Landi, 2007).

2. The wording of Article 267

Art. 267 TFEU, (ex Article 234 TEC, ex Article 177 EEC) provides that

The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction to give preliminary rulings concerning: (a) the interpretation of the Treaties; (b) the


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validity and interpretation of acts of the institutions, bodies, offices or agencies of the Union.

Where such a question is raised before any court or tribunal of a Member State, that court or tribunal may, if it considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment, request the Court to give a ruling thereon.

Where any such question is raised in a case pending before a court or tribunal of a Member State against whose decisions there is no judicial remedy under national law, that court or tribunal shall bring the matter before the Court.

If such a question is raised in a case pending before a court or tribunal of a Member State with regard to a person in custody, the Court of Justice of the European Union shall act with the minimum of delay.

3. Jurisdiction of the ECJ

Under Art. 267 TFEU a reference may be made to the ECJ with regard to the

interpretation of: i) the Treaties (this wording refers to the TEU and TFEU), and ii) acts of the Institutions of the EU (this wording encompasses the binding and non-binding acts provided for in Art. 288 TFEU, as well as the treaties concluded on behalf of the EU by the Council with non-Member States2.

The initiative of referring the question must emanate from a court or tribunal of a Member State, either of its own motion or acting on a request made by one of the parties in proceedings before it. National procedural law may not place impediments in the way of the right to seek a preliminary ruling (Landi, 2007)3.

A request for a preliminary ruling may be brought to the ECJ for all sorts of proceedings (such as civil law, commercial law, social law, tax law, constitutional law and administrative law) (Isaac & Blanquet, 2006).

National courts have the widest discretion in referring matters to the ECJ if they consider that a case pending before them and necessitating a decision on their part, raises questions involving interpretation of the EU law, or concerns about provisions of national law in the light of EU law, (Landi, 2007)4.

A court or tribunal against whose decisions there is no judicial remedy under national law – such as the Corte di Cassazione in Italy5

or the High Court of Justice (England and Wales)6 – is required, where a question of EU law is raised before it, to comply with its obligation to bring the matter before the ECJ unless it has established: (a) that the question raised is irrelevant; (b) that the Community provision in question has already been interpreted by the ECJ; or

2 Case 181/73, Haegemann v. Belgian State, and Arts.218 and 352 TFEU (ex Articles 300 and

308 EC, respectively). 3 A national court or tribunal is not empowered to bring a matter before the ECJ by way of a

reference for a preliminary ruling unless a dispute is pending before it in the context of which it is called upon to give a decision capable of taking into account the preliminary ruling. Conversely, the ECJ has no jurisdiction to hear a reference for a preliminary ruling when at the time it is made the procedure before the court making it has already been terminated (see Case 338/85, Fratelli Pardini SpA v Ministero del Commercio con l‟Estero and Banca Toscana (Lucca branch) [1988] ECR 2041, at para. 11. 4 Case C-261/95, Rosalba Palmisani v Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) [1997]

ECR I-4025, at para. 20. 5 Case 283/81, Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo SpA v Ministero della sanità [1982] ECR 3415.

6 Case C-344/04, The Queen, on the application of International Air Transport Association and

European Low Fares Airline Association v Department for Transport [2006] ECR I-403.


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(c) that the correct application of Community law is so obvious as to leave no scope for any reasonable doubt7.

The interpretation the ECJ gives to a rule of EU law clarifies and defines where necessary the meaning and scope of that rule as it must be or ought to have been understood and applied from the time of its coming into force. It follows that the rule as thus interpreted must be applied by all the courts in the Member States, even to legal relationships arising and established before the judgment, provided that in other respects the conditions enabling an action relating to the application of that rule to be brought before the courts having jurisdiction, are satisfied8.

Research underlined that the preliminary ruling presupposes direct effect, that is the possibility for a party to appeal to Union rules in national courts and the duty for the national judge to uphold any rights ensuing from those rules (Mathijsen, 2010); some scholars highlighted that in Mazzalai9 the ECJ itself held that even an act which is not directly effective may be subject to interpretation (Steiner & Twigg-Flesner, 2006).

The ECJ is limited to giving preliminary rulings on matters of interpretation and validity: this necessarily precludes its jurisdiction in relation to: (i) matters of national law; (ii) the application, as opposed to interpretation, of EU law; (iii) and in deciding when a national court should make a reference10.

4. Purposes or Functions of Preliminary Rulings

Therefore, a preliminary ruling serves at least two functions: (i) legal integration; and (ii) enhancement of individuals‘ interests. As regards (i), legal integration is achieved via the preservation of the EU law, its uniform interpretation and application – by means of general principles, direct effect or supremacy ‒ of EU law throughout the Member States11. As regards (ii), individuals who have no other remedy, or have recourse only to inadequate remedies, may seek redress against a Member State, or against EU institutions, for violating their rights granted by the EU.

The duty of the ECJ under Art. 267 TFEU is to supply all courts in the EU with the information on the interpretation of EU law which is necessary to enable them to settle the disputes which are brought before them12.

7 Case C-495/03, Intermodal Transports BV v Staatssecretaris van Financiën [2005] ECR I-

8151, at para. 33. 8 Case 61/79, Amministrazione delle finanze dello Stato v Denkavit italiana Srl [1980] ECR

1205, at para. 16. In Case 69/85, Wünsche Handelsgesellschaft GmbH & Co. v Federal Republic of Germany [1986] ECR 947, at para. 13, the ECJ stated that ‗a judgment in which the court gives a preliminary ruling on the interpretation or validity of an act of a community institution conclusively determines a question or questions of community law and is binding on the national court for the purposes of the decision to be given by it in the main proceedings‘. 9 Case C-111/75, Mazzalai.

10 This was confirmed in Case 338/85, Pardini, where it was declared that ‗it is for the national

court to decide at what stage of the procedure it is necessary for it to refer a question to the court of justice for a preliminary ruling‘. 11

In Case 166/73, Reinmüllen-Düsseldorf it was stated that: (Tovey): ―Article 177EEC *now Art. 267 TFEU is essential for the preservation of the Community [now Union] character of the law established by the Treaty [now Treaties] and has the object of ensuring that in all circumstances the law is the same in all the States of the Community *Union‖. 12

Case C-338/91, H. Steenhorst-Neerings v Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel [1993] ECR I-5475, at para. 25 and Case C-369/89, Piageme and others v BVBA


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6. Refusal to Give a Preliminary Ruling

In some cases the ECJ may refuse to give a preliminary ruling. This occurs: a) if the proceedings before the national court was terminated prior to the

ruling being delivered13; b) if the ECJ considers that the reference has been made from proceedings

in which there is no ‗genuine‘ dispute14. Vice-versa, if ‗there is nothing in the file on the case which provides grounds for doubting that the dispute is genuine ... there is no reason for concluding that the Court has no jurisdiction‘, also in case of criminal proceedings15;

c) if the questions are of a hypothetical nature16 or if the proceeding from which the reference was made is not intended to lead to a decision of a judicial nature17;

d) if the reference was made by a body not recognized as a court or tribunal within the scope of Art.26718. The latter case gave rise to some criticism by scholars, who highlighted that a refusal based on this point could give raise to disparities between citizens of the EU, failing to ensure that EU law is equally effective all over the EU. This point will be focused on in the next paragraphs.

7. A „national court or tribunal of a member state‟ pursuant to article 267 TFEU

Whereas the EU does not define the term ‗national court or tribunal of a Member State‟; the ECJ on its part has set out a number of criteria for guidance, which take account of specific factors, such as: i) whether the body is established by law, ii) whether it is permanent, iii) whether it applies rules of law, iv) whether its jurisdiction is compulsory, v) whether its procedure is inter partes, and vi) whether it is independent19.

However, some scholars claim that the case-law on this concept appears to be flexible and inconsistent, giving rise to a lack of legal certainty20.

Peeters [1991] ECR I-2971, at para. 7. It is settled case law that the fact that a measure of Community law has no binding effect does not preclude the ECJ from ruling on its interpretation in proceedings for a preliminary ruling. See Case C-188/91, Deutsche Shell AG v Hauptzollamt Hamburg-Harburg [1993] ECR I-363, at para. 18. 13

Case 338/85, Pardini. 14

Case 104/79, Foglia v Novello. 15

Case 261/81, Walter Rau v. de Smedt. 16

Cases C-244/80 Foglia v. Novello., C-83/91, Meilicke; and joined cases C-320 ‒ C-322/90, Telemarsicabruzzo; Case C-157/92, Banchero; and Case C-386/92, Monin Automobiles. However, in Case C-111/94, Job Centre Coop. ARL [1995] ECR I-3361, the ECJ declared that a body hearing an appeal brought against a decision adopted in non-contentious proceedings exercises a judicial function. 17

Case C-134/97, Victoria Film [1998] ECR I-7023, at para. 14; and Österreichischer Gewerkschaftsbund, supra fn 15, at para. 25. 18

Case C-138/80, Borker. Case C-246/80, Broekmeulen. 19

Case 61/65, Vassen-Göbbels [1966] ECR 377; Case C-54/96, Dorsch Consult [1997] ECR I-4961, at para. 23; joined Cases C-110/98 to C-147/98, Gabalfrisa and Others [2000] ECR I-1577, at para. 33; Case C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund [2000] ECR I-10497, at para. 24; and Case C-516/99, Schmid [2002] ECR I-4573, at para. 34. 20

Opinion of Advocate General Colomer delivered on 28 June 2001, in Case C-17/00, François De Coster v Collège des bourgmestre et échevin de Watermael-Boitsfort [2001] ECR I-9445, at para. 14. The Advocate General pointed out that: ‗The case-law is casuistic, very elastic and not


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The jurisprudence has remained unchanged in respect of the first three requirements; on the contrary, some experts claimed, the three latter ones have been interpreted in a ‗hesitant and, on occasions, confused‘ way21. For instance, as regards the criterion of independence, the ECJ stated in Corbiau that the body seeking the preliminary ruling should act as a third party in relation to the authority which adopts the decision forming the subject-matter of the proceeding22; vice-versa, in Dorsch, the ECJ seemed to overlooked the requirement that the body taking the decision should not be linked to the parties, focusing on the point that its objective should be to carry out its task independently and under its own responsibility23.

As pointed out by the Advocate General Colomer24, the gradual relaxation observed in the ECJ‘s case law in relation to the requirement of independence, culminates in the judgment in Gabalfrisa. In this case, in spite of the contrary views expressed by the Advocate General Saggio25, the ECJ granted the status of ‗courts or tribunals of a Member State‘ to the Tribunales Económico-Administrativos (Spanish Economic-Administrative Courts) which are not part of the judiciary, and are even organically linked to the Ministry of Economic Affairs and Finance26.

Moreover, the scope of the requirement that proceedings should be inter partes has been narrowed by the ECJ, such that the ECJ does not make the adversarial nature of the proceedings a precondition for a reference for a preliminary ruling to be admissible27.

8. Arbitral Tribunals in the Jurisprudence of the ECJ

Under the ECJ‘s case law, an arbitral tribunal is not, in principle, a ‗court or tribunal of a Member State‘ within the meaning of Art. 267 TFEU (Lenaerts, Arts & Maselis, 2006; Anderson & Demetriou, 2002).

very scientific, with such vague outlines that a question referred for a preliminary ruling by Sancho Panza as governor of the island of Barataria would be accepted‘. 21

Opinion of the Advocate General Colomer delivered on 28 June 2001, supra fn 14, at para. 18. 22

Case C-24/92, Pierre Corbiau v Administration des Contributions [1993] ECR I-1277, at para. 15. 23

Case C-54/96, supra fn 15. See also Case C-103/97, Josef Köllensperger GmbH & Co. KG and Atzwanger AG v Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz [1999] ECR I-551, at paras. 19 ff., in which the ECJ held that the independence of the members of the Tiroler Landesvergabeamt (Public Procurement Office of the Land of Tyrol) ‒ established by the Law of the Land of Tyrol on the Award of Contracts to review procedures for the award of public contracts ‒ was guaranteed by the application of the General Law on Administrative Procedure, which contained very specific provisions on the circumstances in which members of the body in question must withdraw, failure to comply with that obligation constituting a procedural defect which may be challenged by the parties concerned. In addition, the giving of instructions to its members in the performance of their duties was prohibited. 24

Opinion of the Advocate General Colomer delivered on 28 June 2001, supra fn 14, at para. 26. 25

Opinion of the Advocate General Saggio delivered on 7 October 1999, in joined Cases C-110/98 to C-147/98, Gabalfrisa SL and Others v Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) [2000] ECR I-1577. 26

Joined Cases C-110/98 to C-147/98, Gabalfrisa SL and Others v Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) [2000] ECR I-1577, at paras. 15 ff. 27

Case 110-76, Pretore di Cento, [1977] ECR 851; and Case 162-73, Birra Dreher SpA v l‟Administration italienne des finances [1974] ECR 201.


175

In Nordsee28 the leading case in this field, the ECJ recognized that there were ‗certain similarities‘ between the activities of the arbitral tribunal in question and those of an ordinary court or tribunal inasmuch as the arbitration was provided for within the framework of the law, that the arbitrator must decide according to law and that his award had, as between the parties, the force of res judicata, and may be enforceable if leave to issue execution was obtained.

However, the ECJ stated, (a) the parties were under no obligation, whether in law or in fact, to refer their disputes to arbitration; indeed, the arbitral tribunal was established pursuant to a contract (ad hoc arbitration) between private individuals. As a consequence, the requirement of compulsory jurisdiction was not met; and (b) the German public authorities were not involved in the decision to opt for arbitration nor were they called upon to intervene automatically in the proceedings before the sole arbitrator.

The ECJ concluded that ‗the link between the arbitration procedure and the organization of legal remedies‟ through the courts in Germany was not sufficiently close to give the arbitrator the status of a court or tribunal of a Member State within the meaning of Art. 234 EC.

However, in order to guarantee in any case the uniform application of the Community law throughout the territory of all the Member States, the ECJ affirmed that:

If questions of Community law are raised in an arbitration resorted to by agreement the ordinary courts may be called upon to examine them either in the context of their collaboration with arbitration tribunals, in particular in order to assist them in certain procedural matters or to interpret the law applicable, or in the course of a review of an arbitration award.

Therefore, it can be argued that the courts can refer preliminary questions to

the ECJ from an arbitral tribunal: i) if such a reference ensues as part of setting aside proceedings; ii) if it results as part of the courts assistance to the arbitral tribunal.

In Danfoss, the ECJ considered the Faglige Voldgiftsret (Danish Industrial Arbitration Board) as a court or tribunal of a Member State, on the assumption that:

(a) it regularly intervened at last instance granting final jurisdiction by law for disputes relating to collective agreements between employees‘ organizations and employers; and

(b) its jurisdiction did not depend upon the parties‘ agreement, as either party may bring a case before the Faglige Voldgiftsret irrespective of the objections of the other29.

In addition, the ECJ pointed out that the composition of the Faglige Voldgiftsret was not entirely within the parties‘ discretion due to the fact that Danish law partially governed the procedure of appointment30.

28

Case 102/81, Nordsee Deutsche Hochseefischerei GmbH [1982] ECR 1095. 29

Case C-109/88, Danfoss. 30

Case 109/88, Handels-og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark v Dansk Arbejdsgiverforening, acting on behalf of Danfoss [1989] ECR 3199, at paras. 7 and 8. See the Opinion of Mr Advocate General Lenz delivered on 31 May 1989 in this case [1989] ECR 3199, at paras. 16 ff.


176

Other researchers criticized the ECJ‘s line of reasoning, claiming that for the board to have jurisdiction agreement is still required between the relevant parties, at least in the form of a collective bargaining agreement, for instance between employers and employees (Terkildsen & Nielsen, 2012).

In Almelo the ECJ adopted a consistent approach to the Danfoss decision, accepting to give a preliminary ruling in an appeal against an arbitration award. Interestingly, the ECJ accepted jurisdiction on the reference made by a national court, the Gerechtshof te Arnhem (Regional Court of Appeal of Arnhem), even though this court was obliged to rule ex aequo et bono31.

Similarly, in Eco Swiss, the ECJ held that, although «arbitrators, unlike national courts and tribunals, are not in a position to request this Court to give a preliminary ruling on questions of interpretation of Community law, however, it is manifestly in the interest of the Community legal order (…) to forestall differences of interpretation». For this reason, the ECJ stated that «questions concerning the interpretation (…) of the Treaty should be open to examination by national courts», which should be able to refer questions, «if necessary, to the Court of Justice for a preliminary ruling»32.

Research pointed out that this decision highlighted the importance of EU law in international arbitration and thus the very unsatisfactory situation where Arbitral Tribunals cannot refer questions directly to the ECJ (Terkildsen & Nielsen, 2012). Moreover, some scholars claimed, this judgment created an incentive for arbitral tribunals to raise such issues in order not to have an arbitral award annulled (Blackaby, Partasides, Redfern & Hunter, 2009).

In Case C-125/04 Guy Denuit and Betty Cordenier v. Transorient-Mosaique Voyages et Culture SA the ECJ, a dispute between two travelers and a travel agency, the request for a preliminary ruling was submitted to the ECJ by the Collège d‟arbitrage de la Commission de Litiges Voyages (Arbitration Panel of the Travel Dispute Committee), a non-profit-making association governed by Belgian law. The ECJ declared itself not competent to rule on these questions, claiming that the Collège d‟arbitrage should not be regarded as a court or tribunal for the purposes of Art. 234 EC. The ECJ pointed out that:

(a) submission of the matter to the Collège d‟arbitrage stemmed from an arbitration agreement entered into between the parties; and

(b) Belgian law did not lay down recourse to this arbitration board as the sole means of resolving a dispute between an individual and a travel agency.

As a consequence, the jurisdiction of the Collège d‟arbitrage was not considered mandatory: in fact, in the absence of an arbitration agreement entered into between the parties, an individual may have applied to the ordinary courts for the resolution of the dispute33.

In other cases the main issue has been whether or not the requesting tribunal/committee was sufficiently independent to fall within the meaning of ―courts or tribunals‖. Among them were Case C-118/09, Koller, where the Oberste Berufungs- und Disziplinarkommissions (Austria) jurisdiction was mandatory and thus satisfied the meaning of courts or tribunal; Case C-246/05, Häupl, where the Oberster Patent- und Markensat were also held to be a court

31

Case 393/92, Municipality of Almelo v N.V. Energiebedrijf Ijsselmij [1994] ECR I-1477, at paras. 20 ff. 32

Case C-126/97, Eco Swiss China Time Ltd v Benetton International NV [1999] ECR I-3055, at para 40. 33

Denuit, supra fn 1, at para. 16.


177

or tribunal; Case C-516/99, Schmid, where the Berufungssenat V der Finanzlandesdirektion für Wien was not considered a court or tribunal due to its lack of independence from the tax authorities as such; and Case C-54/96 Dorsch, where the Vergabeüberwachungsausschuss des Bundes (Germany) was considered to be sufficiently independent to qualify as a ―court or tribunal‖.

Furthermore, the judgment in Case C-196/09, The European Schools Complaints Board, stated that also a tribunal which has no connection to an individual Member State does not meet the requirements set in Art 267 TFEU, and is therefore unable to submit questions to the ECJ.

9. Advantages of cooperation v risks of divergences

Art. 267 states that the ECJ has to cooperate with the courts located in the European Union, supplying them with information on the interpretation of EU law: in fact, a court which has to settle a genuine dispute brought before it may request a preliminary ruling of the ECJ, in order to know whether a piece of primary or secondary national legislation, which is relevant to the case, can be considered consistent with EU law34.

Already in 1961 Advocat General Lagrange pointed out that «applied judiciously (…) the provisions of Article [267 TFEU] must lead to a real and fruitful collaboration between the municipal courts and the Court of Justice of the [EU] with mutual regard for their respective jurisdictions»35.

The ECJ itself underlined the «direct and complementary contributions» which can be made in this way at the national and the supranational level36 ensuring that in all circumstances the law, its interpretation37 and application are the same in all Member States, strengthening the effectiveness «of the provisions of the Treaties and of the secondary European law»38.

Also many scholars highlighted that the procedure of the preliminary ruling introduces an effective instrument for judicial cooperation between the national courts of the Member States and the ECJ (Landi, 2007; Terkildsen & Nielsen, 2012; Lew, Mistelis, & Kröll, 2003). Yet, some researchers claimed (Landi, 2007; Terkildsen & Nielsen, 2012), above all when the validity of an EU Act is in question, divergences between national courts of different Member States could jeopardize the unity of the European legal order, the fundamental requirement

34

Case 104/79, Pasquale Foglia v Mariella Novello [1980] ECR 745, at para. 11. See Case C-338/91, H. Steenhorst-Neerings v Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel [1993] ECR I-5475, at para. 25 and Case C-369/89, Piageme and others v BVBA Peeters [1991] ECR I-2971, at para. 7. It is settled case law that the fact that a measure of Community law has no binding effect does not preclude the ECJ from ruling on its interpretation in proceedings for a preliminary ruling (see Case C-188/91, Deutsche Shell AG v Hauptzollamt Hamburg-Harburg [1993] ECR I-363, at para. 18). 35

Case 13/61, Bosch v de Geus. 36

Case 16/65, Firma G. Schwarze v Einfuhr-und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel [1965] ECR 877, at para. 3. 37

In Case C-88/91, Federazione Italiana dei Consorzi Agrari v Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo [1992] ECR I-4035, at para. 7, the ECJ stated that ‗it was manifestly in the interest of the Community legal order that, in order to forestall future differences of interpretation, every Community provision should be given a uniform interpretation irrespective of the circumstances in which it was to be applied‘. 38

Case 166/73, Rheinmühlen-Düsseldorf v Einfuhr-und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel [1974] ECR 33, at para. 2.


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of legal certainty (Landi, 2007; Terkildsen & Nielsen, 2012)39, resulting somewhat unsatisfactory from the point of view of substantive justice.

In effect, since arbitral tribunals are requested to take EU law into consideration as a part of public policy, and, on one hand, arbitration is of growing importance in the legal life and the economies of the EU Member States, and on the other, the importance of EU law for contractual relationships between private parties has increased considerably with a growing number of regulations and directives affecting core issues of contract law (Lew, Mistelis, & Kröll, 2003), an immense quantity of arbitral awards which are binding on the parties40 will be decided applying EU without any kind of control or help by the ECJ: this could lead to errors of law in the interpretation of a rule of EU law (Lew, Mistelis, & Kröll, 2003).

It could be objected, that, as stated in Nordsee, national courts may make a request for a preliminary ruling in the course of a review of an arbitration award. Yet clearly this chance does not prevent the risk of non-uniformity in the application of EU law, because the parties could choose to not challenge an award vitiated by an error of EU law before a national court, and indeed there is an immense number of awards never challenged by parties (Landi, 2007). Moreover, even if the award will be challenged, the relevant question will be submitted to the ECJ for a preliminary ruling at a much later stage, with a considerable waste (Lew, Mistelis, & Kröll, 2003) of time and resources

10. Possible solutions

A first possible solution of this problem could be that the ECJ reverses its case-law, allowing arbitral tribunals to refer a question to it for a preliminary ruling. Of course, research claimed, if this were to occur, the ECJ may face a substantial increase in the number of the requests and additional costs. However, reasons relying on procedural economy should never prevail over principles of substantive justice. On the other hand, for sure arbitrators would use the right provided for in Art. 267 EU sparingly and would be disinclined to refer general or hypothetical questions to the ECJ, as the duration of proceedings before the ECJ is apt to delay the arbitral decisions (Landi, 2007).

The second solution could be to interpret Article 267 EU and paragraphs 14 and 15 of the Nordsee decision in order to allow national courts, even in the absence of any specific provisions, to refer preliminary questions to the ECJ as an integrated part of the national courts assistance to arbitral tribunals

39

In Case 314/85, Foto-Frost v Hauptzollamt Lübeck-Ost [1987] ECR 4199, at para. 17, the ECJ affirmed that where the validity of a Community Act is challenged before a national court the power to declare the act invalid must also be reserved to the ECJ. Elsewhere, the ECJ made clear that the possibility of a national court ruling on the invalidity of a Community Act is likewise incompatible with the necessary coherence of the system of judicial protection instituted by the EC Treaty. It is important to note in that regard that references for a preliminary ruling on validity constitute, on the same basis as actions for annulment, a means of reviewing the legality of Community Acts (see Case C-461/03, Gaston Schul Douane-expediteur BV v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [2005] ECR 10513, at para. 22). See also Case 66/80 SpA International Chemical Corporation v Amministrazione delle finanze dello Stato [1981] ECR 1191, at para. 11; and Case 246/80, C. Broekmeulen v Huisarts Registratie Commissie [1981] ECR 2311, at para. 16. 40

For example, Art. 824-bis of the Italian Code of Civil Procedure states that: ‗the award […] is to produce the effects of the judgment given by the judicial authority‘.


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(Terkildsen & Nielsen, 2012). However, this does not necessarily mean that such a request will be accepted by the ECJ.

The third solution could be creation of an ad hoc chamber of the ECJ to which arbitrators may submit questions, in order to receive rapid and informal guidance on the correct interpretation of EU law (Landi, 2007).

The fourth solution could be to add a specific provision establishing a closer relationship between arbitral tribunals and the ordinary courts: this would make it more likely that the ECJ would accept such a request from a national court.

In effect, a similar situation occurred in Norway, which as is common knowledge, belongs to the EFTA. In order to give arbitral tribunals the authority to challenge the EFTA Court regarding the interpretation of the EEA Agreement, the Norwegian Arbitration Act includes under Article 30 (2) the following specific provision: «When an arbitral tribunal is obliged to take a position on interpretation of the EEA agreement, including its protocols, exhibits and the legislative acts with which such exhibits are concerned, it may, unless otherwise agreed by the parties of its own accord or at the request of a party, request the courts to submit issues of interpretation to the EFTA Court pursuant to the provisions of section 51a of the Court of Justice Act. The courts may seek an advisory opinion from the EFTA Court as to the interpretation of the EEA Agreement»41.

The Danish Arbitration Act was passed in 2005: taking the Norwegian Arbitration Act as an example, it states under Article 27 (2): «If the arbitral tribunal considers that a decision on a question of European Union law is necessary to enable it to make an award, the arbitral tribunal may request the courts to request the Court of Justice of the European Communities to give a ruling thereon» (Hertz, 2005).

The purpose of Article 27 (2) is therefore to allow an arbitral tribunal to present questions of European law to the ECJ, to the same extent as a national court. The procedure envisages a court‘s decision on whether (and in case with which wording) to forward the questions to the ECJ, and an ECJ‘s decision on whether accept to give a preliminary ruling on the proposed questions. Research highlighted that the procedure whereby the questions are worded by the court could counter the often heard argument that arbitral tribunals might not have sufficient experience in drafting preliminary questions to the ECJ (Terkildsen & Nielsen, 2012).

However, some researchers underline that, since this procedure is quite complex, the request for a preliminary reference could be misused in order to bring arbitration proceedings to a halt and delay the rendering of an award (Lew, Mistelis, & Kröll, 2003). Other scholars, on the contrary, maintain that arbitrators would use the right to request a preliminary reference sparingly, and emphasize that reasons relying on procedural economy should never prevail over principles of substantive justice, especially when the proper functioning of the EU market is at stake (Landi, 2007).

41

Norwegian Arbitration Act, http://folk.uio.no/olavt/Forarbeider/NOU/2001-33/hov022-bu.html (accessed on 25 October 2015).


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Dan Terkildsen & Sebastian Lysholm Nielsen, ―Arbitral Tribunals and Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union – The Danish By-Pass Rule‖, in Christian Klausenegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2012, Vienna: Manz, 2012, pp. 195-205.

Recibido el 30 de octubre de 2015. Aceptado el 29 de noviembre de 2015

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Elementos de Teoría,

Doctrina y Crítica

A JOGTÖRTÉNÉSZ SZEMÉVEL A TÖRÖKORSZÁG,

MACEDÓNIA ÉS ÉSZAK-CIPRUS Hóvári JÁNOS

RESUMEN: Reflexiones a vuela pluma de Hóvári János. Se resalta la importancia de Gábor Hamza en el estudio de las relaciones entre los juristas de Hungría y de Turquía, y de qué forma Hamza, a través de sus estudios de Derecho comparado, está sentando las bases de un Derecho privado común de la Unión Europea, teniendo en cuenta las desigualdades culturales y diversas religiones profesadas por los ciudadanos de algunos estados. Hamza además es un referente científico en Turquía, Macedonia y Chipre. No solo es uno de los mejores romanistas que ha habido en el mundo en el siglo XX y los primeros tres lustros del siglo XXI (entre los ciento cincuenta primeros solo entrarían dos espaðoles: Álvaro d‘Ors y Juan Miquel, y un solo sudamericano: Alejandro Guzmán Brito, el mejor romanista en lengua española en vida, a años luz de distancia de todos los demás que escriben en castellano en ambos hemisferios) sino un pensador político profundo partiendo de un substrato doctrinal clásico. Hamza, además, con su estilo polifacético es un Erasmo del siglo XXI, con más de mil artículos publicados en nueve lenguas distintas, mientras en España y en Iberoamérica no hay ningún romanista que sea capaz de publicar en nueve lenguas distintas y algunos solo lo hacen en castellano y muy pocos alcanzan los cuatro idiomas. Se contemplan igualmente diversos momentos significativos de la historia de Hungría en el siglo XX. PALABRAS CLAVE: Gábor Hamza, Constantinopla, Justiniano, Corpus Iuris Civilis, Oszmán Birodalom, Hungría, Turquía, Macedonia, Chipre, Alejandro Guzmán Brito, Álvaro d‘Ors y Juan Miquel.

Hamza Gábor professzor úr, a római jog nemzetközileg is jól ismert kutatója,

Budapestről kitekintett abba a délkelet-európai világba, persze jogtörténészi szemmel, amely Magyarország számára mindig is fontos volt. Professzor úr nem az onnét ránk tört veszedelmeket vette számba, hanem tanulmányaiban az ottani jogfejlődés „tour d‘horizon‖-ját adja. Úgy látom, szívesen teszi ezt, mert sok minden ögy tűnik, mintha haza tekintene.

A rñmai jog művelői kôzôtt ugyanis is kôztudott: épp Konstantinápolyban, I. Iustinianus császár uralkodása idején (527-565) foglalták rendszerbe, kodifikálták a római jog hatalmas anyagát. A kodifikáció, más elnevezéssel kompiláciñ, befejezésére 534 végén kerùlt sor. Az elkészùlt tôrvénymű elnevezése a kôzépkor ñta Corpus Iuris Civilis. E hatalmas és időtállñ munka tanulmányozására jött létre tulajdonképp nemcsak a római jog kutatása, hanem maga az egész jogtudomány. A történelem sajátos hozadéka, hogy a római jog világa 1453-tñl eltűnt Konstantinápolybñl, olvashatjuk számos kézikônyvben.

A város tôrôk hñdítást kôvetően Isztambul lett, és egyben 1923-ig az Oszmán Birodalom fővárosa. Vagy mégsem tűnt el a tôrôk időkben a Második Róma, Bizánc szellemisége? Az 1950-es évek óta komoly vita zajlik arról, hogy


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az Oszmán Birodalomra milyen hatással volt a Bizánci (Kelet-Római) Birodalom jog- és intézményrendszere. A török történetírás doyen-je Halil Inalcik és Fodor Pál e kérdéskôr egyik legjelentősebb kutatñja véleménye szerint e hatás jelentős volt. Az oszmánok számos bizánci intézményt és joggyakorlatot átvettek. De ezt már elődeik a szeldzsukok is elkezdték, s még címerükben is a bizánci kétfejű sast használták. Az oszmánoknak ugyan nem volt szùkségùk a kétfejű sasra, de kôvették a szeldzsuk példát a bizánci alapok átvételében. Nem mintha nem lettek volna már a korai időkben is iszlám jogtudósaik. Az Oszmán Birodalom korai tôrténetéről egyre inkább az derùl ki, hogy korai szultánokat sokkal inkább pragmatikus döntések vezérelték, mint az iszlám államszervezés merevebb és ridegebb hagyománya.

Az iszlám jog szerteágazñ és kùlônbôző iskolákat foglal magában. Az oszmánok a meglehetősen megengedő hanefita felfogást kôvették. Amikor a birodalom már a Perzsa-ôbôltől az algériai partokig terjedt, egyes szôgletekben más iszlám jogi iskolák is a szokásjog alapján, a békesség és befolyás fenntartása érdekében elfogadottak voltak. Így a sztambuli jogtudñsoknak illő volt az egyes iszlám jogi iskolákban eligazodniuk.

A Nyugaton tanulñ tôrôk elit a 19. század elejétől ismerte a francia és a brit jogfejlődést, de más országokét is szemmel tartották. De azért, hogy a római jogra alapozott joggyakorlatban jártasságot szerezzenek, nem is kellett elhagyniuk a birodalmat, mivel számos ország (Franciaország, Velence, Anglia, Hollandia, Habsburg Monarchia) Tôrôkországban élő állampolgárainak peres ügyeit a konzuli hivatalok intézték saját országuk törvényei szerint.

A Tanzimat, amelyet a magyar reformkorral lehetne párhuzamba állítani, nagy változásokat hozott – miként ezt Hamza professzor úr alaposan elemzi – az Oszmán Birodalom jogfejlődésében. A tôrôk reform korszak 1789-ben, a művelt III. Szelim trñnra lépésével vette kezdetét és végpontját az 1876-ban elfogadott Medzselle (Mecelle-i Akam-i Adliye) jelentette. Az iszlám világban előszôr tôrtént meg, hogy kodifikálták a s‘aría (hanefita) alapö polgári jogot. Ebben már tekintettel voltak az eurñpai jogfejlődésre is, azaz a Medzselle-ben már két világ: Kelet és Nyugat is találkozik.

Az Oszmán Birodalom az Osztrák-Magyar Monarchiával együtt vesztese volt az első világháboröban. A tôrôkôk Trianonját Sèvres-i Békeszerződésnek hívják: a szultán képviselői 1920. augusztus 10-én aláírták azt a megállapodást, amely még a trianoni diktátumnál is keményebb volt. A megalázñ szerződés ellen Kemal Atatürk vezetésével nemzeti felszabadító háború tört ki. A török hadsereg győzelmei révén rá tudta kényszeríteni az antant hatalmakat arra, hogy a tôrôk határokrñl öj tárgyalások kezdődjenek. Ekkor már Párizsban, Londonban és Rómában más szempontok uralkodtak, mint 1919-20-ban. Így az öj határokat illetően már az etnikai elv is érvényesülhetett. Brit javaslatra görög-tôrôk lakosságcsere is kezdődôtt.

Az öj békeszerződést 1923. jölius 24-én Lausanne-ban írták alá. Itt vetette fel az olasz delegátus, hogy Törökországban új jogrendszert kell bevezetni. A török tárgyalóküldöttség erre igent mondott. Így lett az 1926-ban bevezetett Török Polgári Törvénykönyv alapja a svájci Polgári Törvénykönyv. Ez a változás egyébként beleillett abba a történelmi reformfolyamatba, amelyet Musztafa Kemal Atatürk indított el a nemzeti felszabadító háborúval: az Oszmán Birodalom helyett egy új, európai Török köztársaságot kívánt létrehozni. Ebbe a folyamatba illett bele a jogrendszer új alapokra helyezése.


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A római jogot 1871 óta tanították Isztambulban. A kemalista reformok az 1920-as években azonban megkövetelték a római jog, alaposabb ismeretét. Így már nemcsak Isztambulban, hanem az öj fővárosban, Ankarában is a rñmai jog komoly szintű oktatása vált szùkségessé.

A történelmi események úgy hozták, hogy az Isztambuli Egyetem római jogot oktató professzora 1934 és 1953 között a Budapesten született Schwarz András Bertalan volt. A német és svájci egyetemek nagynevű professzora kényszerből, a németországi zsidñùldôzések elől menekùlve kerùlt Isztambulba. Megszerette a várost, amely a római jog történetében oly fontos szerepet játszott egykoron. De úgy is fogalmazhatunk, hogy vissza vitte oda a római jogot és annak szellemiségét.

Hamza professzor úr Délkelet-Európával kapcsolatos kutatásai, reméljük, a magyar jogtudomány figyelmét még jobban ráirányítják erre a térségre nemcsak a történeti vonatkozások miatt, hanem a jelen értelmezése okán is. Törökországban, napjainkban is zajlik az igazságügyi reform. Ennek keretében a kormányzat nemcsak új bírósági igazgatást hoz létre, hanem az egyes törvények megújítására is sor kerùl. Egyfelől meg kívánnak felelni az országban, az EU-tagságra törekvés okán, az Unió jogelveinek; másrészt pedig az új törvényeknek megoldást kell találniuk a 21. századi Törökország problémáira. Az európai jogrendszerek megértése rendkívül fontos a török jogalkotásban. Ezt szolgálja a római jog alapjainak tanítása az ország közel félszáz jogi karán.

Az Észak-Ciprusi Török Köztársaság a jogtörténet kutatójának komoly érdeklődésére is joggal tarthat számot az ott egymás mellett érvényesùlő, alkalmazott normák és jogelvek révén, amelyekben földrajzilag egymástól távoleső terùletek eltérő, egymástñl kùlônbôző hagyományai tùkrôződnek. Ezeknek az eltérő tradíciñknak a harmonizálása az acquis communataire-rel nem csupán Ciprussal kapcsolatos ügy, hanem az Eurñpai Uniñ jôvője számára is fontos kérdés.

A magyar-török kapcsolatok az elmúlt háromszáz évben mindig barátiak voltak. Nemcsak a nyilvánvaló nyelvrokonság és a hasonló történelmi tapasztalatok okán, hanem a magyar-török egyetemi és tudományos kapcsolatok miatt is. Tôrôkországban sokan tudják, hogy a világ első Tôrôk Filológiai Tanszékét 1871-ben Magyarország fővárosában hozták létre. A magyar turkológiának nagy szerepe volt abban, hogy a világ türk népei a huszadik században egymásra találjanak. Vámbéry Ármin, Németh Gyula, Rásonyi-Nagy László, Halasi-Kun Tibor és Hazai György professzorok neve jól ismert török értelmiségi körökben és tudják, hogy a magyaroknak milyen komoly szerepük volt a török népek közötti kapcsolatok feltárásában.

Egyre több török fiatal jön hazánkba tanulni. Az Erasmus ösztöndíj mellett már a Stipendium Hungaricum is segíti ezt a kapcsolatépítést. Reméljük, hogy egyre több török diák keresi majd fel a magyar egyetemek jogi karait is. Jó lenne, ha magyar joghallgatók is egyre többen fordulnának meg török földön. Ehhez ötravalñt kapnak, e kônyvből is, tanáruktñl, Hamza Gábor professzor úrtól. [Recibido el 10 de mayo de 2105].


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LA DEUDA HISTÓRICA DEL ARBITRAJE MODERNO (Discurso leído el día 20 de enero de 2014, en el acto de

recepción como Académico de número, por el Excmo. Sr. D. Antonio Fernández de Buján y Fernández y contestación del

Excmo. Sr. D. Luis Díez-Picazo y Ponce de León, Presidente de la Academia)

Belén MALAVÉ OSUNA

RESUMEN: Se recoge en esta oportunidad un comentario del discurso que fue leído por el catedrático de Derecho romano Antonio Fernández de Buján con ocasión de su ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación el 20 de enero de 2014. Fue Luis Díez-Picazo y Ponce de León, quien se encargó de contestar al discurso de Fernández de Buján, experto entre otras cosas en Derecho administrativo y financiero romanos, ramas donde esta considerado internacionalmente por su solidez científica como un verdadero maestro. PALABRAS CLAVE: Antonio Fernández de Buján, Arbitraje, Derecho público romano, Derecho administrativo romano.

Cuando en el año 1997 conocí personalmente al profesor Antonio

Fernández de Buján, con ocasión de la defensa de mi tesis doctoral, de cuyo Tribunal enjuiciador formaba parte, ya caí en la cuenta de que era una persona excepcional y un trabajador infatigable. Con esta nota ‒que se suma a una treintena ya publicadas‒ no pretendo más que elogiar su figura, sin añadir cosa alguna respecto al fondo del asunto, en relación al cual es ciertamente muy experto y sobre el que sólo he querido resumir de forma fidedigna sus certeras palabras. De los últimos párrafos de su "Salutación y agradecimientos", se extraen algunos datos acerca de sus inicios en el Departamento de Derecho Romano de la Universidad Autónoma de Madrid; su paso por la Universidad de Cádiz y el momento decisivo que supuso la obtención, en el año 1991, de la Cátedra de Derecho Romano de la Universidad Autónoma de Madrid.

También en las últimas páginas del libro, concretamente en la contestación al discurso del profesor Luis Díez-Picazo y Ponce de León, se realiza una breve semblanza de su muy dilatada carrera académica: fue catedrático con veintinueve años; tiene en su haber seis sexenios de investigación reconocidos; es autor de numerosas contribuciones doctrinales y un sinfín de méritos. Sólo por añadir algo más a ese extenso curriculum vitae, me gustaría destacar algún aspecto académico especialmente relevante, pues ha volcado denodadamente su impulso sobre dos cuestiones que han pasado ciertamente inadvertidas para la gran mayoría de romanistas: es precursor del estudio y sistematización del Derecho administrativo romano, cuyo análisis ha ido engrosando, durante los últimos veinte años, fundamentalmente, creando escuela. Por otro lado, su formación como jurista va mucho más allá del mero estudio histórico, pues ha tenido participación activa en las instituciones que han hecho posible la promulgación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2006.

El capítulo 1º se titula "De la Mediación al arbitraje compromisario o decisorio" y, ya en las observaciones preliminares, el autor pone de relieve que el origen del arbitraje moderno, como fórmula extrajurisdiccional de resolución


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de conflictos, está en Grecia, pero la regulación que ofrece el Derecho Romano de este instituto informa el perfil actual del mismo. Al parecer, se trataba de una práctica frecuente de resolución de conflictos en los mercados de la Roma primitiva, en los que los árbitros dirimían las controversias suscitadas a propósito del tráfico mercantil. En efecto, ya en la reciperatio se menciona el nombramiento de árbitros, cumpliendo un importante papel como complemento o alternativa a la jurisdicción, según los textos jurídicos y literarios que comenta el autor. Existen dos pactos, compromissum y receptum, en torno a los cuales se desarrolla todo el procedimiento del arbitraje: el primero, denominado hoy convenio arbitral, contiene la conventio de las partes sobre la presentación ante el arbiter o arbitri elegidos y sobre la atención a los requerimientos de colaboración para la instrucción. Además, contiene el acuerdo sobre cumplimiento de la sentencia arbitral (sentencia). El segundo acuerdo celebrado entre las partes y el árbitro (receptum arbitri) consiste en la aceptación del árbitro de proceder al arbitraje por encargo de las partes. Ya para el Derecho clásico, el autor cita e interpreta un texto de Paulo contenido en D. 4,8,1, dedicado íntegramente a la institución que se examina, poniendo de relieve el jurista que el arbitraje compromisario se configura a semejanza de los juicios. Durante las etapas postclásica y justinianea se producen cambios relevantes respecto al arbitraje compromisario, a la vez que un notable incremento de su utilización, precisamente por el deterioro de la administración de justicia, siendo su perfil en la última etapa aproximado al del proceso. Por tanto, la consideración actual del arbitraje como "equivalente jurisdiccional" (véanse las sentencias relacionadas en la p. 28) parece partir del citado texto de Paulo. A renglón seguido pasa el autor a citar la Constitución española de 1978, que no contiene mención expresa a la institución, aunque sí en cambio, la de 1812, cuyo art. 280, ya establecía: «no se podrá privar a ningún español del derecho a terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros elegidos por ambas partes». El segundo epígrafe del mismo Capítulo 1º aborda la cuestión terminológica existente en la materia: arbitrium rerum, arbitrium boni viri, arbitrium arbitri, arbitrium iudicis, arbiter datus, arbitrium o compromissum plenum y otras muchas expresiones derivadas del sustantivo arbiter (p. 33). Entre los tipos de arbitraje, tal y como el autor titula el epígrafe tercero, cabe distinguir el arbitraje no formal; el arbitraje de una persona recta o justa; arbitraje de ius Pentium; arbitraje legal; arbitraje compromisario y arbitrajes de Derecho Público (Internacional, Federal y Administrativo), surgidos con posterioridad al de Derecho Privado. Remontándose a la época homérica, Fernández de Buján argumenta la existencia del arbitraje junto a la jurisdicción, según se constata en determinados textos de la Ilíada y la Odisea. Según parece, los árbitros habrían sido, primero, personas de especial relieve social, para luego pasar a ser personas anónimas, elegidas por las partes, para resolver imparcialmente una controversia. A continuación, se refiere el autor al arbitraje público obligatorio frente al voluntario, siendo polémica la determinación de su fecha de implantación. Ya hay constancia de sentencia arbitral durante los años 403-400 a.C., pues en un discurso forense de Lisias contra Diogitón, se habla de la apelación de un laudo dictado por un árbitro público. Otro testimonio relevante es el relativo a Arquebiades, para una reclamación de cantidad, hasta que en el 403 a.C. se promulga la Ley sobre arbitrajes públicos. Los árbitros públicos tenían competencia reconocida en las causas privadas que se relacionan en la p. 44. A pesar de la implantación de


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los juicios mensuales, los árbitros públicos mantuvieron la competencia en ámbitos como ciudadanía; derechos personales; familiares y parentales. El autor trae también a colación el llamado Tribunal de los cuarenta jueces y su relación con los árbitros públicos: El procedimiento arbitral comenzaba con un acto preliminar en el cual el árbitro intentaba convencer a las partes de la posibilidad de transacción para no recurrir al arbitraje; si no lograba persuadirles, comenzaba propiamente el procedimiento. Los contendientes empezaban con sus discursos para convencer asimismo a los árbitros juzgadores, quienes podían interrogarles de oficio sobre algún punto concreto. Seguía la prueba testifical que era la más relevante y una vez practicada, los árbitros prestaban juramento de que el laudo sería emitido imparcialmente y en conciencia. Después se procedía a la votación, mediante la utilización de distintas piezas de bronce, según el sentido del voto. El procedimiento de apelación comenzaba el mismo día que el árbitro notificaba el laudo a las partes decidiendo si estaban conformes o recurrían al Tribunal de los Dicasterios, cuya resolución era ya definitiva, sabiéndose por las fuentes que este recurso era frecuente. El Derecho ático también conoció el arbitraje voluntario, en que el árbitro es elegido por las partes y el laudo dictado no se puede apelar: los árbitros privados eran escogidos por las partes entre personas con proximidad, lo cual garantizaba que conocían sus circunstancias personales y a veces, hasta el fondo del asunto. No se exigía el juramento en el arbitraje voluntario y la obediencia al laudo se garantizaba constituyendo prendas o fiadores. En la pp. 51 ss. se examinan los arbitrajes de derecho privado, comenzando con ciertas reflexiones acerca de la acción mediadora como germen del arbitraje, pues la función primitiva del árbitro habría consistido en conciliar a los litigantes, pasando con posterioridad a decidir libremente mediante sentencia, según su propio convencimiento y con arreglo a las previsiones legales. El arbitrium boni viri representa una fase intermedia entre estas dos concepciones mencionadas. En efecto, se trata de clarificar, precisar o determinar algún elemento de una relación jurídica que las partes no han especificado suficientemente. Son fundamentales los siguientes textos, en relación a los tipos de arbitraje: D. 17,2,76; D. 4,8,27,2; D. 17,2,79 y C. 2,56. Al tratar el arbitraje de ius gentium, se expone la cuestión en términos problemáticos, por ser su naturaleza muy debatida entre la doctrina, pero decantándose el autor por el hecho de que los arbitrajes primitivos, libres de formalidades, se habrían acogido posteriormente al ámbito de la protección pretoria a las instituciones propias del tráfico comercial y del ius gentium, que tendrían su fundamento no en el ius ni en las leges, sino en una fides ya evolucionada. Por lo que respecta al arbitraje compromisario, denominado así por el convenio que lo sustenta (compromissum), formalizado por las partes, tras el cual éstas elegirían uno o varios árbitros a quienes se encarga la decisión de la controversia y que deben aceptar el encargo. Afirma el autor la probabilidad de que fuesen los comerciantes quienes influirían en el reconocimiento oficial de la fórmula arbitral en el edictum de receptis. Según D.8,3,pr. y 1, una vez aceptado el arbitraje, el asunto queda sometido al cuidado del pretor, pudiendo forzarle a dictar sentencia, mediante multas, por ejemplo. El reconocimiento del pacto compromisario se habría producido a través de la stipulatio poenae, considerado de creación jurisprudencial y como se ha dicho, a través del edictum de receptis, de creación pretoria. Pero además de las estipulaciones, el compromissum se podía dotar de eficacia


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práctica, depositando el objeto de la controversia en manos del propio árbitro (D. 4,8,11,2). El pacto podía tener por objeto cualquier cuestión litigiosa de libre disposición, al igual que establece la vigente Ley de Arbitraje de 1988, aunque algunos asuntos estaban exceptuados. En las pp. 64-67, se habla de la reglamentación del arbitraje, progresiva desde la época clásica, aproximándolo en sede de garantías, al proceso ordinario. Entre otras, se citan las siguientes fuentes: D. 4,8,9,2; 4,8,27; 4,8,33; 4,8,13,4; 4,8,7; 4,8,9,1; 4,8,14; 4,8,15; 4,8,17,6-7; 4,8,20; 4,8,27,5; 4,8,27,7; 4,8,30; 4,8,32,15; 4,8,32,14; 4,8,32,16; 4,8,36; 4,8,45; 4,8,46 y 4,9,51.

El Capítulo II, titulado De la fides en los pactos a la bona fides y la aequitas en los arbitrajes y negocios iuris gentium, comienza con algunas interesantes consideraciones introductorias, a propósito del pactum en las XII Tablas y los pactos en el ius gentium. El significado del término pactum en las XII Tablas no es considerado pacíficamente pues algunos piensan que puede identificarse con una renuncia transaccional y otros, sin embargo, lo asimilan a la noción positiva de convenio. Parece que la relevancia progresiva de las relaciones comerciales practicadas por Roma con otros pueblos, trajo como consecuencia el origen y desarrollo de la iurisdictio del pretor peregrino y la configuración del ius gentium, entre otros factores. Los pactos propios del ius gentium harían que las partes quedaran vinculadas en virtud de la fides, la ética comercial y los usos propios de ese tráfico; lo cierto es que al ser reconocidos, primero, en los edictos de los pretores peregrinos, y después, en los de los pretores urbanos, fue sancionada su juridicidad, siendo protegidos procesalmente a través de las exceptiones y la denegatio actionis. En cuanto a la sanción de los pacta conventa en el edicto pretorio (epígrafe 2), hasta ese momento, quedaban enmarcados sólo en el ámbito de la fides, ahora bien, la sanción pretoria de los pactos supuso, como es lógico, la aplicación a los mismos de los criterios de la bona fides y la aequitas. Así, la protección pretoria de los pactos supondría un reforzamiento de la autonomía privada y la libertad negocial, siempre que los pactos no fuesen contrarios al ordenamiento jurídico. La protección pretoria de los pacto allanaría el camino hacia su reconocimiento por el ius civile, aunque sólo cuatro pacta conventa recogidos en el edicto pasaron a la categoría de contratos con su nombre específico, como negocios iuris gentium, bajo el apelativo de obligationes consensu contractae. Sigue el autor con certeras argumentaciones a propósito de que el ius gentium se integra en el conjunto del ius civile, del que recibe normas e instituciones, siendo significativo el hecho de que el proceso formulario termina por desplazar al propio de los cives romani, convirtiéndose en el único utilizable para sustanciar los litigios del ius gentium y el ius civile. De esta forma, todo el ius gentium se coloca bajo el dominio de la bona fides. Éste resulta ser un principio surgido en el marco de la ética comercial, libre de formas, basada en la reciprocidad, la confianza y la lealtad en el trato, lo que contrasta con el sistema del ius civile, garantista y formalista, caracterizado por la tipicidad de base legal. Así, frente a la caracterización subjetiva de la fides, la bona fides cuenta con un matiz más objetivo y objetivable; de hecho, termina configurándose como una regla de conducta debida en las relaciones con la persona con la cual se entabla la relación jurídica. Su carácter expansivo hace que acabe funcionando como criterio de responsabilidad de los intervinientes en los negocios. Hoy día la buena fe constituye uno de los principios generales que sirven de fundamento al ordenamiento, informa la labor interpretativa y contribuye como instrumento


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de integración decisivo. Pese a que esta consideración como principio general no llega a producirse en Derecho Romano, sí se puede decir que se extiende más allá de los contratos consensuales para incidir en toda la materia contractual. A continuación, la idea nuclear del siguiente epígrafe es que la introducción de la aequitas y la bona fides por la jurisdicción pretoria supuso la introducción de criterios de ponderación, integración, supletorios, creadores, de atenuación del excesivo rigor o analogía en la interpretación y aplicación de la ley y los negocios, atendiendo a circunstancias objetivas y subjetivas. En el último epígrafe del capítulo II, se exponen las distintas tesis acerca de cómo las nociones de buena fe y del aequum et bonum han penetrado en la jurisdicción pretoria a través de los arbitrajes privados, exponiéndose en la p. 97 el posicionamiento del autor acerca del asunto. En efecto, los conflictos en la interpretación o aplicación de los pacta conventa propios de tráfico comercial internacional, habrían dado lugar a arbitria bonae fidei, en los cuales el árbitro exigiría a las partes todo lo derivante de la bona fides negocial, lo cual supondría una aestimatio de ciertos elementos y por ende, la necesidad de tener en cuenta aspectos relacionados con la bona fides, como compensaciones, pago de intereses, etc.

El Capítulo III está dedicado a los arbitrajes de naturaleza pública. Tras unas observaciones preliminares en las cuales se pone de manifiesto la diferencia fundamental entre arbitraje privado, según el concepto ya visto y los arbitrajes públicos, en los que los entes públicos deciden someter la solución de sus diferencias a uno o varios árbitros, el autor comienza con el arbitraje internacional. El procedimiento arbitral estaba fundamentado mayormente en los usos y prácticas del tráfico mercantil o en la misma práctica política, que en la equidad y en el ius y el cumplimiento de la sentencia arbitral no se equiparaba en sus efectos a la sentencia judicial; algo que no sucedía en cambio, en el arbitraje administrativo. También se exponen una serie de testimonios histórico-literarios para fundamentar su existencia y aplicación desde épocas pretéritas. A continuación, el arbitraje federal, de contenido básicamente político o militar, contrasta con el internacional, de carácter diplomático, y consiste en aquél que tenía lugar en el seno de la federación latina, en el marco de las ciudades aliadas de Roma a las que se reconocía el estatuto de federadas. Suele distinguirse entre foedus aequum e iniquum. Respecto al arbitraje administrativo, que ocupa 11 páginas, se pone de manifiesto su peculiar naturaleza jurídica, que le hace diferenciarse especialmente de los otros arbitrajes públicos. En efecto, la jurisdicción administrativa tiene por objeto el conocimiento de las controversias surgidas entre la administración pública romana y los particulares, en relación con los bienes patrimoniales, las obligaciones derivadas de contratos formalizados entre ambas partes y los actos administrativos que afectan a particulares. Las controversias sometidas a arbitraje administrativo solían versar sobre límites territoriales, allanamientos de terrenos públicos, conflictos internos entre comunidades públicas, división de cosas comunes, asuntos de carácter financiero o tributario, discordancias entre ciudadanos y entes públicos, desviación de ríos públicos, utilización ilícita de servidumbres, de aguas públicas y de ríos públicos. El caso mejor conocido de arbitraje administrativo y sobre el que se extiende el autor en sus comentarios, es probablemente el mencionado en la Tabula Contrebiense, sobre una controversia acaecida en la Península ibérica, entre dos comunidades indígenas, a propósito de la


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construcción de una acequia con fines de regadío, siendo sometido su arbitraje al Senado de Contrebia Belaisca. Por otra parte, tras pormenorizados detalles sobre el asunto, pasa el autor a relacionar las inscripciones epigráficas que contienen huellas de otros diversos arbitrajes administrativos; varios de ellos tratan sobre delimitación de fronteras y confines de terrenos colindantes, entre muchos otros. El último tipo de arbitraje examinado es el legal, de naturaleza mixta, pues su impronta privada deriva de que ninguna de las partes sería un ente público y su impronta pública vendría dada por el hecho de su previsión legal y el carácter ejecutivo de la sentencia. Además. Asimismo, es probable que surgiera con posterioridad y en la estela del compromisario.

De la p. 133 a la 197 (Capítulo IV), Fernández de Buján aborda las bases romanísticas del arbitraje actual, poniendo de relieve las concordancias entre los textos jurídicos romanos y la regulación contenida en la Ley 60/2003, modificada por la Ley 11/2011, de arbitraje (a partir de ahora, LA). Con carácter general, cabe afirmar que la capacidad dispositiva de las partes es menor en nuestro ordenamiento, porque muchas de las normas aplicables tienen carácter imperativo para dotar de mayor seguridad jurídica a los intervinientes. Según D. 4,8,32,6 y 4,8,32,7, no pueden ser sometidas a arbitraje una serie de materias; en cambio, el art. 2º de la LA sólo establece las que pueden ser objeto de arbitraje que, en general, son las controversias sobre materias de libre disposición. En el Derecho Romano, la intervención pretoria tenía lugar respecto de varios extremos, prohibiendo al árbitro que dictara sentencia o que ejecutase la ya dictada; obligándole a que la dictara o sancionándole en diversos casos. Por otro lado, el Magistrado controla también el cumplimiento de las condiciones de validez del compromissum y del receptum, todo lo cual, hace que haya una paulatina aproximación del arbitraje al juicio, configurándose como complemento o alternativa en la resolución de conflictos: Las funciones de apoyo y control del arbitraje se regulan hoy en el art. 8º LA. Sobre la forma del convenio arbitral, pueden citarse los arts. 9º,1 y 9º,3 LA, que contienen reminiscencias de las preguntas y respuestas en que consistían las estipulaciones realizadas entre las partes que formalizaban un arbitraje. En cuanto al contenido, sabemos que solía contener los aspectos mencionados en la p. 143, sobre los cuales se pronuncia de forma mucho más parca el art. 9º,1 LA. En el apartado c) se aborda la posible existencia en época postclásica y justinianea de una exceptio pacti que paralizaría el conocimiento de la cuestión ante los tribunales, sin embargo, el asunto es divergente para la época clásica. En época postclásica se introdujo la exceptio veluti pacti en el pacto de compromiso y de esa forma, una vez dictada la resolución arbitral, cabrá oponer la exceptio frente a cualquier pretensión de replantear la cuestión ante un órgano judicial en la línea actual de la declinatoria (véase art. 11º LA). Seguidamente, el autor expone todo lo concerniente a los árbitros respecto de los cuales se requería la pertinente capacidad en Derecho Romano, siendo excluidos muchos incapaces y además, se citan y comentan las fuentes en las cuales se hace equivalencia entre juez y árbitro. El art. 13º LA habla de pleno ejercicio de los derechos civiles, pero en la reforma de 2011, relativa al art. 15º,1, se sustituye el requisito de ser abogado en ejercicio, por la condición de jurista. Por otra parte, en Derecho Romano, no se le permite a ningún árbitro ir más allá de lo previsto en el pacto de compromiso (D. 4,8,32,15; 4,8,32,21; 4,8,32,11; D. 32,13,17; C. 2,56; D. 4,8,13,2). En cuanto a su número, se recomendaba que fuese impar por razones prácticas, mientras que el art. 12º


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LA lo establece así con carácter obligatorio. Entre los motivos de abstención y recusación, puede afirmarse que se establecieron mediante la casuística de las fuentes, algo de lo que se ocupa también el art. 17º LA, que parece extremar las cautelas en torno a la independencia e imparcialidad de los árbitros. En relación con la responsabilidad arbitral, pueden consultarse D. 4,8 y 4,9, derivándose de los textos allí contenidos que, en el arbitraje compromisario, el criterio de responsabilidad es subjetivo y no objetivo, como para los navieros y posaderos, por ejemplo. Cuando un árbitro se negaba a dictar sentencia, el Magistrado no podía obligarle a hacerlo, sino simplemente podía imponerle una multa o un embargo de bienes. Por lo que se refiere al carácter gratuito de la función arbitral, es claro que durante toda la época clásica lo tuvo, algo que contrasta con la naturaleza remunerada de la actuación de jueces y árbitros en época postclásica. Sobre este asunto versa el art. 21º LA. En cuanto al inicio, lugar y comparecencia de las partes en el arbitraje, incluida la exoneración de responsabilidad por incomparecencia debida a enfermedad, se comentan ciertos textos contenidos en el Digesto y se citan los arts. 27º; 29º; 26º,1 y 2 y 31º LA. Siguiendo con la normativa aplicable al fondo de la controversia, el autor afirma que el árbitro decidía con mayor libertad que el juez ordinario, trayendo a colación la Exposición de Motivos de la LA de 2003 (que alude expresamente a las normas jurídicas aplicables), así como el art. 34º de LA.

En materia de plazo, forma, contenido y notificación de sentencia arbitral, las principales fuentes son: D. 4,8,13,3; 4,8,32,21; 4,8,13,4; 4,8,16; 4,8,27; 4,8,33; 4,8,11,15 y para nuestro Derecho vigente, se cita el art. 37º, 1 y 2, respecto del cual se comentan algunas cuestiones atinentes a la redacción del segundo de sus párrafos, según la reforma de mayo de 2011. Conforme a la nueva regulación, son válidos en general, los laudos dictados fuera de plazo; así se resuelve cierta polémica en torno a su validez, pero sin que exista correlación entre autonomía de la voluntad y la regulación imperativa sobre motivos de anulación del laudo del art. 41º LA. En cambio, la redacción originaria del precepto (2003) coincidía con lo previsto en C. 2,56,1, sobre nulidad de la sentencia, si se pronuncia pasado el día fijado en el compromiso. Tras la sentencia, se fijaba un breve plazo para cumplirla, pasado el cual, podrá exigirse el pago de la pena acordada a la parte incumplidora. Las causas de extinción del compromiso son, entre otras: la transacción, el transcurso del plazo; muerte de cualquiera de las partes, del árbitro, cuando las partes acuerden la terminaciñn de las actuaciones, etc…; en definitiva son causas que se corresponden con el contenido del art. 38º LA.

Finalmente, con carácter general, la sentencia arbitral era inapelable en Derecho Romano. En relación con su anulación, existe en Derecho Romano un amplio elenco de textos jurisprudenciales e incluso algunas constituciones imperiales importantes y la acción de anulación del laudo queda prevista actualmente en el art. 40º LA, siendo los motivos expuestos en el art. siguiente (41º). En el Derecho clásico, el arbitraje compromisario no generaba una acción ejecutiva, sino que era usual acudir a la mecánica de las recíprocas estipulaciones de cumplimiento de lo acordado in faciendo o penales, suponiendo ello cierta coacción indirecta para la parte incumplidora. Estas estipulaciones tenían carácter accesorio al pacto de compromiso arbitral. Al no producir la sentencia arbitral el efecto de cosa juzgada ni la consunción de la acción, cabía iniciar un proceso ordinario con el mismo objeto de la controversia sometida a arbitraje. Sin embargo, en época justinianea, la


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sentencia arbitral adquiere carácter ejecutivo y se le dota de eficacia de cosa juzgada. Así, concluye el autor que en la etapa justinianea el arbitraje puede considerarse un equivalente jurisdiccional (C. 3,1,14).

Para terminar, Fernández de Buján cita Partidas III,4,23, en la cual se mantiene en esencia la concepción romana del arbitraje; Ley de Enrique IV (1458); art. 281º de la Constitución de 1812; arts. 43º y 44º LA. El libro termina con 8 páginas en las cuales se contiene la contestación al discurso por parte de Luis Díez-Picazo, Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. El ilustre civilista se detiene a plasmar las disparidades que contraponen proceso y arbitraje. En efecto, se demandan a los árbitros tareas que de ningún modo podrían encomendarse a los jueces: los jueces administran justicia y ante ellos se sustancian estrictamente litigios, de donde engarza con la noción "conflicto de intereses" y su perfil, buscando su entronque en la sistemática de Derecho Civil. Sigue el autor con la cuestión del arbitrio de un tercero, para analizar si sus formas o modalidades pertenecieron históricamente a la regulación del arbitraje, pasando después a los comentaristas del art. 1820 y ss. del Código Civil. Cuando reproduce el contenido de Partida 3,4,25, admite la existencia del arbitraje jurídico y el de libre composición, aceptados también por los modernos procesalistas españoles. Tras el texto, se reproduce el contenido en la Novísima Recopilación 11,17,4, para pasar finalmente a realizar algunas reflexiones acerca de la importancia constatada del arbitraje a partir de la década de los sesenta del siglo pasado. [Recibido el 20 de mayo de 2015].

LA DENOMINAZIONE DI AMERICA E IL PRINCIPE UNGHERESE SANT’EMERICO

Gábor HAMZA

RESUMEN: Reflexiones literarias e históricas las que nos remite Gábor Hamza desde Budapest, que ponen en conexión el nombre de América con San Emerico, el príncipe de Hungría. PALABRAS CLAVE: América, Amerigo Vespucci, Matthias Ringmann, Martin Waldseemüller, Franz Laubenberger, Albert Ronsin.

1. È un fatto ben conosciuto che la denominazione del continente americano

è fonte di discussioni da molti decenni sia nella disciplina storica che quella geografica. Nella prima metà del secolo XVI il rinomato poeta umanista tedesco dell‘epoca, Matthias Ringmann, citava con predilezione che il nome del ʺnuovoʺ continente proveniva da Amerigo Vespucci (Firenze, 1451 ‒ Sevilla, 1512) il quale tra il 1499 e il 1502 viaggiò ben quattro volte al nuovo continente (Novus Continens) e si spinse fino al delta del Rio delle Amazzoni. Vorremmo menzionare che il nome Amerigo è la versione italiana del nome latino Emericus. Amerigo Vespucci fu l‘autore dell‘opera ʺMundus Novusʺ, ritraente i suoi viaggi ma di valore discusso.

2. Questa opera fu fonte di ispirazione del rinomato cosmografo di Freiburg im Breisgau, Martin Waldseemüller (1470-1522). Waldseemüller, il quale fu amico di Matthias Ringmann fu d‘accordo con l‘umanista tedesco che il


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continente portava il nome del marinaio ed ʺesploratoreʺ Amerigo Vespucci. Nella sua opera ʺCosmographiae Introductioʺ (titolo completo: Cosmographiae introductio cum quibusdam geometriae ac astronomiae principiis ad eam rem necessariis. Insuper quatuor Americi Vespucii navigationes. Universalis Cosmographiae descriptio tam in solido quam plano, eis etiam insertis, quae Ptholomaeo ignota a nuperis reperta sunt), pubblicata nel 1507 in Lotaringia, a St. Dié des Vosges, sulla mappa ritraente il globo indicò per primo il ʺnuovoʺ continente con il nome di ʺAmericaʺ. Dobbiamo tuttavia menzionare che i contorni cioè confini del ʺnuovoʺ continente erano ancora incerti sulla mappa annessa all‘opera di Martin Waldseemùller.

3. La proposta di Matthias Ringmann in questo modo fu accettata dal rinomato cosmografo dell‘epoca. Il nome di Amerigo Vespucci si riferisce al nome dell‘unico figlio del primo re d‘Ungheria (regnum Hungariae), Stefano I detto ʺSantoʺ (1000-1038), promotore della conversione al Cristianesimo del popolo ungherese. Il principe Emerico (in ungherese: Imre, in latino: Emericus o Henricus, in tedesco: Emerich o Heinrich), morì in un‘età precoce nel 1031 in un incidente di caccia.

4. La denominazione ʺAmericaʺ è in armonia con l‘usanza dell‘epoca di chiamare ufficialmente i continenti con nomi al femminile, così come succede per l‘Africa e l‘Europa.

5. Dobbiamo menzionare che secondo altre teorie, oramai considerate giustamente oltrepassate, il nome del ʺnuovoʺ continente (Novus continens) si riferisce a Amalrich. Amalrich, più precisamente i due Amalrich furono re di Gerusalemme nel secolo XII. È altrettanto inverosimile che la denominazione del ʺnuovoʺ continente sia legato al nome della città di Maracaibo, fondata nel 1529.

6. L‘esperto rinomato tedesco, Franz Laubenberger e quello francese, Albert Ronsin (1928-2007), sono d‘accordo con il fatto che la denominazione del continente americano sia legata al nome del principe Sant‘Emerico (in latino: Emericus dux). Anastasio Vespucci, membro dell‘aristocrazia colta di Firenze e segretario della Signoria della città, secondo le teorie più recenti avrebbe battezzato il suo figlio con il nome Amerigo in seguito al culto di Sant‘Emerico, molto diffuso nell‘Italia medioevale.

Bibliografía

F. Laubenberger: „Ringmann oder Waldseemüller? Eine kritische

Untersuchung über den Urheber des Namens Amerika―. In: Erdkunde, Archiv für Wissenschaftliche Geographie, Band XIII, Lfg. 3, Bonn 1959, S. 163-179.

A. Ronsin, Découverte et baptème de l‟Amérique, Montréal, 1979. F. Laubenberger, ʺThe Name of Americaʺ, in Sixteenths Century Journal, 13

(1982), p. 91-113. A. Ronsin, La fortune d‟un nom : America, baptème de l‟Amérique à Saint-

Dié-les-Vosges, Éditions Jérôme Millon, Grenoble, 1991. Idem, Découverte et baptème de l‟Amérique, 2ème édition (réimpression)

revue et augmentée, Éditions de l‘Est, Nancy, 1992. T. Lester, The Fourth Part of the World: The Race to the Ends of the Earth,

and the Epic Story of the Map that Gave America Its Name, New York, 2009. [Recibido el 23 de mayo de 2015].


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ESPACIO POLÍTICO Y ORDEN INTERNACIONAL EN LA TEORÍA POLÍTICA DE CARL SCHMITT (1888-1985)

Luis Ángel TRIGUERO MARTÍNEZ

RESUMEN: Se trata de una novedad bibliográfica destacada del presente año 2015, que aparece publicada en la barcelonesa Ediciones de Intervención Cultural – El Viejo Topo, con el atractivo y expresivo título de Espacio de lo político y orden internacional. Su amplitud analítica, jurídica y política inicial queda muy bien concretada y delimitada en el subtítulo de la misma: La teoría política de Carl Schmitt. Nos referimos al nazi Carl Schmitt, no a Carl Schmitt el que fuera obispo de la diócesis de Dourados en Brasil y que falleció el 16 de enero de 2006. PALABRAS CLAVE: Carl Schmitt, Derecho internacional público, Teoría política, Libertad, Legitimidad, Nacionalsocialismo.

Se nos presenta por parte de José Luis Monereo Pérez una obra actual que

necesariamente ha de ser incluida en el amplio y profundo catálogo bibliográfico ya consolidado de la historia del pensamiento político, jurídico y social. Una aportación destacada realizada desde el ámbito iuslaboral, pues el profesor José Luis Monereo, catedrático de la Universidad de Granada, viene a ampliar así su vasto elenco de estudios interdisciplinares y destacados sobre las aportaciones que diferentes autores clásicos de las Ciencias Sociales y Jurídicas han venido realizando a la teoría general de éstas. En este caso, el interés se dirige al jurista y politólogo alemán Carl Schmitt, profundizando muy específica y concretamente en su teoría política, en conexión con lo jurídico en relación al orden internacional.

En este sentido, todo jurista, todo internacionalista y politólogo –a quien va destinada principalmente esta obra, junto a cualquier lector interesado– que se acerque al estudio y análisis detallado de la construcción político-jurídica que ha realizado este autor sobre uno de los más grandes y polémicos juristas y pensadores políticos del siglo pasado, se va a encontrar con un volumen de entidad considerable, cuantitativa y cualitativa, en el que progresivamente a lo largo de sus páginas se va a ir examinando sistemática, pormenorizada y densamente todo el constructo teórico político-jurídico de Schmitt. A ello contribuye, sin ningún género de dudas, la adecuada, lógica y coherente estructura interna que presenta el libro. Ha sido dividido muy acertada y cuidadosamente en tres grandes capítulos en los que el lector, paulatinamente, encuentra justificación al título que presenta el mismo.

Pero antes de ello, el lector que se adentre en este trabajo científico riguroso se va a encontrar con unos sugerentes planteamientos introductorios muy concisos en relación a los puntos clave del pensamiento de este autor del que se ocupa la obra, pero no solo para general conocimiento, sino para el concreto desarrollo monográfico posterior del libro.

Bajo el sugerente y general título El espacio de lo político en Carl Schmitt, en el capítulo primero el autor del libro decididamente nos hace llegar al lector una imagen de aquél como un intelectual comprometido por la trayectoria vital y científica que presenta, siendo ésta expuesta con gran brillantez. Todo ello en relación con su teoría política. En segundo lugar, analiza el liberalismo y la


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democracia parlamentaria desde la perspectiva de la negación de lo político. Es a partir de este planteamiento cuando comienza José Luis Monereo a exponer brillantemente la teoría del mito político en el jurista y politólogo alemán en confrontación analítica con la de otros autores, como son los casos de George Sorel y de Walter Benjamin.

Partiendo de estos postulados preliminarmente establecidos a modo de premisa, el profesor Monereo continúa con la lógica interna a la obra y su finalidad, pues tras la parte anterior, el lector encontrará ya un contundente, claro y brillante capítulo segundo dedicado en exclusiva a los principios de legalidad y legitimidad en Carl Schmitt. Al problema de la legalidad y legitimidad del poder en el Estado moderno y al caso concreto y conciso de la república de Weimar y la crítica schmittiana al modelo de democracia pluralista, se le dedica un ramillete preciso de páginas en las que son abordadas sistemática y minuciosamente.

Con ello, el lector tiene analizados, con suficiente profundidad y rigor, un conjunto de pilares políticos y jurídicos de la teoría y jurídica del autor alemán –objeto y atención de la obra que se está presentando– para adentrarse en las restantes partes del libro, nucleares a la postre.

En esta dirección, el lector encuentra el capítulo culminante y más extenso de la obra, titulado el problema de la soberanía en el nuevo orden internacional y el pensamiento de Carl Schmitt. A lo largo del mismo, en primer lugar, de una forma detallada y a modo introductorio, el autor se ocupa remisivamente de la soberanía en el marco de la relación de la teología y de la política, para, seguidamente, exponer la relación directa y estrecha entre la propia soberanía y el orden político. En conexión con ello, el lector encuentra a continuación un análisis de la soberanía y del nuevo orden internacional, concretado en la conexión entre los estados soberanos y el orden global.

Más específicamente, en primer lugar, se aborda la concepción técnica, jurídica y política del orden internacional en el pensamiento del autor alemán. Seguidamente, en segundo lugar, establecido éste, se confronta ilustrativa y claramente con el pensamiento internacionalista de Hans Kelsen. En tercer término, se exponen esclarecedoramente las implicaciones más inmediatas de la globalización neoliberal y de la crisis económica y su afectación al nuevo sistema mundial, considerado en una situación de excepción. En cuarto lugar, se focaliza la atención en el constitucionalismo social europeo ante los nuevos poderes soberanos en la coyuntura de la general crisis actual del constitucionalismo social y ante el peligro de disolución de la mesocracia en una nueva forma de autoritarismo. Desde ello, en quinto lugar, se analiza y estudia el progresivo y paulatino desplazamiento del constitucionalismo social europeo por el constitucionalismo débil neoliberal, con la consecuente ruptura del paradigma de democracia substancial. Cierra este capítulo una novedosa proyección de futuro inmediata construída sobre la base del advenimiento del modelo de estado penal o estado de seguridad y las políticas de criminalización de los más débiles, materializadas en políticas migratorias represivas. Todo ello centrado en las nuevas formas de Estado fuerte y de la Europa fortaleza.

Adicionalmente, este recorrido analítico por la teoría política del jurista y politólogo alemán se completa con una sección que, de forma específica, se dedica a relacionar pormenorizadamente una selección clave y básica de obras traducidas al castellano de Carl Schmitt.


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Pero es que además, en muy estrecha conexión, también se han de resaltar las fuentes bibliográficas utilizadas, en las que se pone de manifiesto la importantísima labor de documentación histórica e investigación realizada por el autor, resultado de varios años de trabajo específico sobre el tema, mediante el acercamiento a y consulta de fuentes históricas de primera magnitud. Hecho que queda manifestado en las abundantes, amplias y esclarecedoras citas a pie de página que se realizan a lo largo del estudio.

En suma, como conclusión a todo el conjunto, podemos decir que estamos ante una obra de referencia y de obligada consulta para todo aquel lector y/o investigador que tenga la intención de acercarse a la historia del pensamiento político, jurídico y social, porque se realiza un estudio científico académico exquisitamente cuidado y, en puridad, sumamente relevante e innovador que pone de manifiesto que Carl Schmitt, su pensamiento y su teoría política y jurídica son claves para la comprensión hoy en día del espacio de lo político en relación al orden internacional, circunstancia que incide en el carácter fundamental y básico de su lectura. [Recibido el 31 de mayo de 2015].

«LO QUE NOS DEPARA EL FUTURO» ‒ PREGUNTAS FILOSÓFICAS ACERCA DEL FUTURO

DEL DERECHO PÚBLICO Bjarne MELKEVIK

RESUMEN: El presente trabajo estaba dirigido al homenaje a Maurice Duverger, pero al incumplir el criterio indicado de que las colaboraciones del citado homenaje deben estar redactadas en alemán, inglés, francés o italiano como únicas lenguas de aceptación, y además carecer de aparato crítico, lo incluimos en la segunda parte de la revista, la de Elementos de Teoría, Doctrina y Crítica. A mayor y no poco importante abundamiento, no se ajusta a las temáticas fijadas para dicho homenaje. El presente artículo ha sido traducido al castellano por la profesora colombiana Corina Duque Ayala, colaboradora científica de Bjarne Melkevik que es catedrático de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Laval en Québec, Canadá. En el presente trabajo se plantean una serie de interrogantes acerca del futuro del Derecho público. PALABRAS CLAVE: Derecho Público, Filosofía del Derecho, Pobreza pública.

Afirmar cualquier cosa sobre el futuro del Derecho público es peligroso y

arriesgado. Por honestidad intelectual, es preferible renunciar a ello. Cualquier afirmación sobre lo que va a acontecer dentro de unos años corre el riesgo de caer en el autoengaño y en la ilusión irracional, ya que no sabemos nada sobre el futuro, simplemente por no haber recibido la necesaria "bola de cristal" que nos permita aventurarlo. "El futuro" para nosotros es más que todo, del orden de la especulación y la mixtificación. Y en lo que concierne al futuro del Derecho público esto también es cierto, por cuanto la imprevisibilidad de los actores del mundo jurídico y extrajurídico hacen de toda previsión, de todo discurso sobre el futuro un ejercicio sin hilo conductor. A esto se suma la ambigüedad del concepto de "futuro", que tradicionalmente se refiere al período


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que viene después de la muerte de una persona y que actualmente se relativiza para designar el próximo año, o de aquí a dos años, a cinco, a diez, a veinte años, y así sucesivamente.

Para ser más realista, conviene seguir el famoso consejo dado por Hegel en su Filosofía del derecho, según el cual «el búho de Minerva levanta el vuelo sólo al atardecer». Es el presente el que nos debe interesar, por cuanto es el momento en el que el pensamiento tiene la suficiente información para hacer un balance sintético o analítico de la calidad y, sobre todo, para evaluar los síntomas del presente.

He aquí la vía que hemos adoptado para la elaboración de un diagnóstico de la filosofía del derecho y de los síntomas que potencialmente afectan al Derecho público. Esto nos obliga a comenzar por identificar los síntomas para poder extraer conclusiones sobre el futuro que se avecina.

Sostenemos que existen tres factores que afectan a la "salud" y la configuración del derecho público en el futuro: En primer lugar, el fenómeno de la "pobreza pública" en el ámbito político; en segundo término, la cultura "ego-individualista" en el ámbito cultural; y finalmente, el desapego o más bien «la renuncia a la relación entre legitimidad y legalidad» en el nivel democrático.

1.La “Pobreza Pública”

Al abordar el primer síntoma mencionado, a saber, el fenómeno de la "pobreza pública" (o mejor aún "la pobreza del Estado", "la pobreza financiera del Estado", etc.), se afirma que es el fenómeno que afectará profundamente al futuro del derecho público. Es un fenómeno cargado de efectos, directos e indirectos, sobre el porvenir del derecho público, el cual influirá en todos los ciudadanos. No tanto porque la voluntad estatal sea en sí misma, en un futuro, "pobre" o más "pobre" que hoy (lo que en el balance contable estará lejos de ser el caso), sino porque los bienes públicos están cada vez más conectados y vinculados a las cargas que obligan al Estado a una política económica sin una verdadera libertad para actuar. Este es el fenómeno de un Estado rico que gerencia una "pobreza pública" y al que continuamente le faltan recursos frescos. O, peor aún, que ve sus presupuestos saqueados, literalmente vaciados por la explosión de los costos de atención de la salud, la educación, las pensiones, la seguridad social, etc. La mayoría de los Estados modernos (y el sistema de derecho público) ya están prácticamente en bancarrota debido a las cargas no contabilizadas. En el futuro, esto requerirá de una refinanciación en profundidad. Por tanto, el futuro del Derecho público podrá ser reducido a administrar la pobreza pública y a improvisar, literalmente hablando, unas soluciones rápidas y miopes en el campo de la economía pública.

El mejor ejemplo de la "pobreza pública" nos viene en la actualidad de las ciudades estadounidenses que están ahora en bancarrota, no porque sean pobres, sino porque no logran gestionar la "pobreza pública". La ciudad mítica de Detroit, históricamente la ciudad millonaria de la industria automotriz de los Estados Unidos, que en 2013 entregó su balance y se declaró en quiebra, nos ilustra el fenómeno. El 50% del déficit de 18 mil millones dólares (cifra estimada) se debió a los regímenes de pensiones y el presupuesto de funcionamiento se mantuvo durante 20 años deficitario con el resultado de un agujero financiero y un endeudamiento en espiral. Pero además, 600 ciudades de los Estados Unidos están en la misma situación, es decir, en la quiebra, ya


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que incluso siendo "ricas", los costos económicos del sistema actual son muy superiores a los fondos disponibles y el funcionamiento de una administración municipal se encuentra hipotecado fuertemente. Sin embargo, el mismo fenómeno se halla ahora en el nivel de las finanzas públicas de varios países, en los que se constata que financieramente ya están en quiebra, no solamente de manera virtual, sino que lo único que hacen es manejar sus propias bancarrotas. Y en la perspectiva del Derecho público, este es el principal problema.

Se recalca además que esta pobreza pública será amplificada e influenciada por dos vectores que tomarán cada vez más amplitud, a saber, la "globalización económica" y el fenómeno de la "financiación de la economía".

En lo que respecta, en primer lugar, al fenómeno de la "globalización", que ya pesa sobre el derecho público, el papel tradicional de la regulación y el control del derecho público se escribirá desde ahora por y en los tratados de libre comercio. El derecho público en el futuro será reglado y concretizado por los acuerdos de libre comercio y sobre todo por la existencia de alianzas y bloques económicos o político-económicos, a saber, la OMC, la UE, el TLCAN, Mercosur, Asean, y así sucesivamente. Los que trabajan, por ejemplo, en el campo de los "derechos agroalimentariosʺ ya saben que si van a poner las cosas en claro, jurídicamente a estos clientes les va mejor haciéndolo mediante el análisis de los tratados de libre comercio.

En relación con el fenómeno de la "financiación de la economía", las consecuencias para el futuro del derecho público serán importantes. El sector económico como tal está siendo derrotado por las finanzas y su lógica. Como consecuencia, el Estado se vuelve temeroso y no interviene en el sector financiero. El hecho de regularizar o aún intervenir demasiado sobre estos mecanismos de funcionamiento corre el riesgo de dañar al Estado y de provocar un shock económico. En el futuro, es entonces posible cultivar una necesidad política (y económica) de no intervenir demasiado en los procesos financieros; y sobre todo de renunciar a una reglamentación (por la vía del derecho público) que pueda poner en riesgo o peor aún expulsar el dinero.

La financiación de la economía se introdujo en los años 1970-1980 y cada año desde esa época hemos confirmado el alcance de este fenómeno. Se caracteriza por el hecho de que las instituciones "financieras" (banca, seguros, inversiones, etc.) toman el control de la economía y, por lo tanto, de la industria, e imponen su lógica de rendimientos, así como la ʺtemporalidad contableʺ propia del mundo financiero. De hecho, allí donde el capitalismo ordinario opera según una temporalidad atada a un producto para vender, la financiación por el contrario impone una temporalidad de rendimientos únicamente referida a ella misma, o lo que puede obtener en el nivel del dinero en retorno, a pesar de la forma en que se obtiene y cómo se experimenta en el nivel real de funcionamiento de una unidad económica. La financiación transforma en efecto una actividad económica en objeto de rendimiento y sobre todo en un "objeto para la venta". Ésta separa la actividad económica de las raíces sociales y humanas para expresar ahora sólo el valor financiero contable abstracto. Si la financiación puede probablemente servir como "palanca económica", o como el incentivo a favor de la racionalización de la economía, ésta tiene sobre todo, como efecto, una nueva clase financiera que sólo puede actuar como depredador de la economía real, o peor aún, para así decirlo, en el capitalismo.


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¿Qué podemos concluir sobre el derecho público en el campo de la economía pública de un Estado o un país? Simplemente que el problema fundamental al cual se enfrentará todo el derecho público será la financiación de las actividades públicas del Estado. Éste y los sectores públicos tendrán dificultades para financiar sus actividades y cumplir con su orientación legislativa. La ʺfinanciaciñn del Estado" se convierte en algo natural. Sometido a una "financiación" de sus propias actividades, la libertad de maniobra que ha caracterizado tradicionalmente al Estado moderno se verá afectada.

2. La cultura del ego individualista

El fenómeno de la "pobreza pública" está especialmente acompañado de un segundo fenómeno que ahora debe ser examinado más a fondo. El fenómeno del ego-individualismo, o más específicamente la cultura del ego-individualismo, pesa cada vez más en las actividades humanas y sociales y, por consiguiente, también sobre el futuro del derecho público.

El ego-individualismo es un fenómeno cultural que representa al individuo solo y autosuficiente, un individuo que afirma que su "individualidad" debe ser reconocida como suficiente para explicar su forma de ser y de tener en el mundo social (y por supuesto, como un "derecho"). El valor del ser y del tener se arrancan de la sociedad por medio de una "lucha por el reconocimiento".

Se trata de una cultura ego-individualista y de exaltación del "yo", del ego como medida del "yo" a partir de ese mismo "yo". El ego-individualista en este sentido, bien puede tener aspectos hedonistas, narcisistas, epicúreos (en el sentido moderno, como problemática en relación con el epicureísmo clásico), egoístas, etc., sin ser reducibles, ni el uno, ni el otro, es necesario el "yo", el ego, la norma y la medida, más allá del simple "placer" o "disfrute". El ego-individualismo es una postura del "yo" en lo social; es una cultura propia de ese mismo "yo" y es la escultura del "yo", en tanto que "yo" en la escala social y comunitaria. Es una cultura y una ideología más allá de las creencias y aspiraciones de un "yo" simple o para el cual no cuenta más el pasado (ya sea que se trate de un pasado colectivo o del pasado individual o familiar) y el "público" (que es el de una verdadera historia de la "lucha de clases" o "la lucha política y democrática"). Esto es claramente una moderna metafísica del "yo" como el hábitat de lo que soy y la necesidad de una "lucha por el reconocimiento" para hacerse reconocer, para sentir que es "verdadero".

Si estamos en lo cierto acerca del ego-individualismo y el papel ascendente que desempeñará en el futuro, esto nos lleva a postular que el interés público será afectado así:

1) El derecho público estará cada vez más condenado por las narraciones ego-individualistas que buscan reestructurar el espacio "público" a partir de una representación del "yo".

2) El derecho público estará cada vez más afectado por los reclamos y las solicitudes de acomodamiento que superan el "yo" de carácter abstracto y universal de una ley para todos.

3) El derecho público estará, cada vez más, sujeto a un modo de representación "ego-individualista" del "yo" y atrapará todas las causas simpáticas y, en primer lugar, la corriente salida de la "sensibilidad ecológica".

El auge del ego-individualismo tiene también dos consecuencias importantes, tanto desde un punto de vista social, como político y jurídico:


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El ego-individualismo desaloja lo simbólico del "contrato" para beneficio del estatuto. Si, como Henry J. Summer Maine defendió, la modernidad jurídica se realiza como la victoria del contrato sobre el estatuto, el ego-individualismo trabaja a la inversa por la victoria del "estatuto sobre el contrato". En una lógica-ego individualista simplemente se necesita que el "yo" sea reconocido como un estatuto de sí mismo.

El ego-individualismo se mantendrá como un adversario de la igualdad, que influyó profundamente las sociedades modernas. El éxito del ego-individualismo en realidad reemplaza el requisito de la igualdad y esto especialmente para el beneficio de la "nueva elite" ascendente. Si la desigualdad de ingresos está creciendo y es cada vez más fuerte en los países industrializados, el ego-individualismo aboga por un "cada cual para sí mismo" y una lucha por el reconocimiento del "yo".

En resumen el ego-individualismo anuncia una gramática simple, en la cual es el mundo del "yo" el que va a determinar el futuro. Es un futuro en donde se olvida y se oscurece el orden gramático del posicionamiento ordinario del derecho público (y del derecho en general), a saber: el requisito de que el derecho refleje todas las formas de la gramática, es decir, "yo", "tú", "él y ella", "nosotros", "ustedes" y "ellos" y esto por la apertura a la pluralidad y el diálogo democrático.

3. La Legalidad Aristocrática

Nuestra tercera preocupación se relaciona con el desarraigo de la democracia, el hecho de que cada vez es más difícil asegurar la relación dialéctica entre la legitimidad y la legalidad. Si estamos en lo correcto, la dialéctica (entiéndase: el diálogo) entre legalidad y legitimidad será cada vez más distendida, desligada y problemática. Esta descripción de legalidad emergente "bajo presión" y, sobre todo, una legitimidad que puede desprenderse de la legalidad, por considerar que no representa una "legalidad aristocrática", esto afectará al futuro del derecho público.

Recordemos que el equilibrio entre legitimidad y legalidad reposaba en principio en la capacidad de alejar el criterio de la eficiencia, de la eficacia, de los rendimientos y de la productividad. He aquí lo que puede llegar a complicarse, o a confundirse cuando el Estado debe gestionarse no sólo por la ley, sino también por el criterio de eficiencia como un requisito importante o como un objetivo primario. Es así como se introduce la preciosa palabra "gobernanza", que exige que el sector público sea gestionado como un negocio, una fábrica o de manera similar a un servicio de comida rápida. ¡Bienvenido al mundo de una gobernanza eficaz, óptima y confiable¡ y sobre todo con las mismas reglas de lo "eficaz", lo "mejor" y lo "confiable", por no hablar de lo "ecológico", lo "sostenible", lo "verde", y así sucesivamente.

No hace mucho tiempo que se utiliza la palabra "gobernanza". La palabra apareció por primera vez en los años 70 y 80 en el interior de la revolución neoliberal o neoconservadora. Incluso es la misma palabra clave para entender como en esta revolución la palabra "gobernanza" se introdujo para apoyar el argumento según el cual el "fin de la ideología" exige ahora de una forma de gestión, técnica y "neutral" de "gobernanza" de los servicios públicos. La palabra "gobernanza" estaba allí para ilustrar que se trata de una "gestión" y de una gobernanza más allá de todas las controversias ideológicas y políticas. Si


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la era de las ideologías ha terminado, el movimiento de la clase trabajadora es un tema del pasado, la lucha de clases un asunto de los abuelos, el realismo consiste en que todavía es necesario una "gobernanza".

El mundo judicial se creía, al abrigo del criterio de la gobernanza, la gestión y la eficiencia. Pero hoy en día el criterio de eficiencia y gestión se está apoderando del poder judicial. Este movimiento de reformas es impulsado por un espíritu de reforma de la justicia basado en el criterio de eficiencia. Obviamente, hay muchas buenas razones para esta tendencia, incluyendo la reducción de costos, el aumento de la velocidad y los rendimientos, el aumento de la visibilidad, el control público del proceso de solución de conflictos, y un mejor acceso a los instrumentos de justicia. Sin embargo, esto tendrá un costo en la forma de impactos negativos sobre el desarrollo del derecho público, la falta de equidad procesal, el desequilibrio de poderes entre los protagonistas y un potencial impacto negativo en los sistemas de derecho público.

También se añade que si el criterio de la eficiencia y el "buen gobierno" debe prevalecer, ¿tiene más sentido al final de cuentas "privatizar" una parte del derecho público? De hecho, por qué no privatizar la parte "reglamentaria" "reguladora" y la inspección normalmente operacionalizada al interior del derecho público y apelar al arbitraje, a las empresas de consultoría y a las oficinas de auditoría? La ventaja es que este costo de oportunidad puede ser asumido por el cliente en el ámbito privado. Esto ya está ocurriendo y estamos participando activamente en el proceso de privatización de una gran parte de la forma cómo nos gobernamos en las democracias modernas.

Esto también afectará, en el futuro, a la función del juez (como constitutivo del derecho público), quien será a su vez sometido a la "gobernanza" y obligado a gestionarla en el derecho público. Este fenómeno invadirá rápidamente, todos los niveles del sistema de justicia pública y los regímenes de solución de controversias privadas y públicas.

Filosóficamente es una racionalidad instrumental que está ganando y se impone por la fuerza. Se exige que el derecho público se ajuste a un extremo dinámico y la eficiencia debe prevalecer per se. Es así como la racionalidad instrumental se independiza y se consolida como un sistema objetivo por encima de las elites participantes. La consecuencia para el derecho público es la oscuridad acerca de la dialéctica entre la legalidad y la legitimidad y sobre todo para entender la racionalidad instrumental codificando un problema de derecho con valores cuantificables y calculables.

De ahí también el problema de fondo, la necesidad de añadir una justificación política y social para ¡tragarse esa píldora! Es necesario que la "gobernanza" se vuelva aceptable y esto solo se puede hacer agregando una justificación que impide cualquier desafío a cualquier crítica. De ahí el intento de usar una justificación no jurídica en sí misma, es decir, una lógica de "justificación" supuestamente para el beneficio del derecho público. Se trata de:

1) Utilizar la moral y la ética como "legitimidad". Esto es jugar con el hecho de que nadie puede estar en contra de la virtud u oponerse a las buenas costumbres y la ética y utilizar el vocabulario de la moral y la ética para imponer un aura de legitimidad en sí misma. La legitimidad en sí misma no se refiere finalmente sino a un discurso estructurado y con una autoridad "basada" en la moral y la ética.


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2) Utilizar la eficacia como "legitimidad". Se trata de hacer hincapié, en la medida de lo posible, en lo que es "eficaz", pero también legítimo como criterio indiscutible, supuestamente en el área del derecho público.

3) Utilizar la teleología (es decir la visión de finalidad). Esto se resume en el dicho "quien quiere el fin quiere los medios" (o "el fin justifica los medios "). Se trata de dibujar un "propósito" tan hermoso y maravilloso para que nadie cuestione los medios, o hacer creer que la "finalidad" es la de salvar el mundo, la naturaleza y la ecología.

Pero, el problema con una justificación de derecho o por el derecho es que él mismo es, siempre e inevitablemente, necesariamente anti-jurídico.

4. Para terminar con el futuro

Dejemos finalmente que el futuro sea el futuro, y dejemos que el futuro llegue, también.

Lo más importante del futuro es que ¡no ocurre de inmediato! Esto nos permite sobre todo reflexionar, pensar y hacernos preguntas, y sobre todo que nos interroguemos sobre lo que esperamos, es decir: ¿qué queremos democráticamente?, ¿qué queremos con respecto a nuestro futuro? y ¿cómo lograr democrática y racionalmente los objetivos económicos y sociales para el futuro? El futuro no es simplemente un dato, y ciertamente no es inevitable, y es más apropiado entenderlo como un desafío a ser revelado con razón e inteligencia. El futuro es, en última instancia, nada más que nuestro desafío como "co-societarios".

En el ámbito de la política democrática, nada es concreto y reglado de una vez por todas, sino al contrario sometido a cambios y a la política en tanto que "voluntad democrática moderna". [Recibido el 21 de mayo de 2015].

BJARNE MELKEVIK Y SU PARTICULAR VISIÓN DE LA EPISTEMOLOGÍA JURÍDICA

Guillermo HIERREZUELO CONDE

RESUMEN: Bjarne Melkevik, considerado el más relevante profesor de Filosofía del Derecho y Metodología jurídica que en nuestros días hay en la provincia del Québec (que deseamos algún día llegue a ser un Estado independiente), en un libro suyo sobre Épistémologie juridique et déjà-droit, publicado en París en 2014, trata de ofrecer una respuesta a si el Derecho pretende servir como "justificación, fundación o ideología" y, si en tanto, ideología podría considerarse como una secta doctrinal, lo que denomina 'déjà-droit'. En efecto, nuestro autor considera que « le droit 'n'existe' pas », aunque la mayoría de los juristas sostienen dogmáticamente que el derecho "existe". Melkevik parte de que «el derecho no rige nada, y que todos los discursos que afirman que las conductas humanas son regidas por el derecho, no son exactos». En otras palabras, que las conductas humanas no son regidas en absoluto por el "derecho" (por la "ideo-ley"). Además, B. Melkevik defiende la tesis de que los hechos no permitirían ningún razonamiento sobre el "derecho". En otro orden de cosas, Melkevik recoge cuatro argumentos, que purgan el pensamiento jurídico moderno de toda ideología de un 'dejà-droit': el primero de ellos se


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fundamentaría en que el Derecho es el resultado de un proceso justo y equitativo; el segundo, que un jurista trabaja con textos que en realidad son herramientas de las que se serviría; el tercero, el dominio de los textos de los que se sirven los juristas; y, finalmente, que el Derecho se hace y se relaciona con una práctica, que aplica un juez. Bjarne Melkevik «constata que la noción de 'fuerza obligatoria' es constantemente invocada», si bien es un concepto doctrinal teórico y abstracto. Asimismo, nuestro autor parte de que la noción de "fuerza obligatoria" es la coordinadora de todo el discurso no sólo en el Derecho civil y contractual, sino también en el Derecho público. PALABRAS CLAVE: Epistemología jurídica, Bjarne Melkevik, François Gény, Michel Villey, Luc Vigneault, Pierre Robert.

En el siglo XX la epistemología jurídica giraba en torno al pensamiento de

François Gény (1861-1959), que se encontraba recogido básicamente en su obra titulada Science et technique en droit privé positif (1913), influyendo de forma importante en el siglo XXI. Con ello Melkevik pretende ofrecer una respuesta a si el Derecho pretende servir como «justificación, fundación o ideología» y, si en tanto, ideología podría considerarse como una secta doctrinal, lo que denomina 'déjà-droit'. Melkevik define el 'déjà-droit' como la reunión de elementos distintos que postularían la existencia o la objetividad del "derecho".

La cuestión más importante de la epistemología jurídica se revela sobre el conocimiento. En este sentido, Bjarne Melkevik considera que « le droit 'n'existe' pas » (p. 17), aunque muchos autores defienden dogmáticamente que el derecho "existe" ya sea porque algunos parten de que el derecho existe no sólo en la "realidad", sino también en la sociedad, en los hechos, etc.; o bien otros que abogan porque el derecho existiría ya que el ser humano crea el derecho y, en consecuencia, también es capaz de crear conceptos metafísicos tales como "soberanía", "igualdad" o tantos otros. Melkevik parte de que «el derecho no rige nada, y que todos los discursos que afirman que las conductas humanas son regidas por el derecho, no son exactos» (p. 23). En otras palabras, que las conductas humanas no son regidas en absoluto por el "derecho" (por la "ideo-ley") (pp. 23-24). Además, Bjarne Melkevik defiende la tesis de que los hechos no permitirían ningún razonamiento sobre el "derecho" (pp. 24-25).

Por otro lado, considera la existencia de un 'déjà-droit', una ideología, en el mundo o en las sociedades, pero con una fundamentación jurídica. Bjarne Melkevik aboga por la fusiñn de la práctica ‒es decir, los hechos, la realidad, la acciñn o la misma argumentaciñn‒ y la teoría ‒los conocimientos o saberes abstractos, así como la especulación intelectual fundamentada en hipñtesis‒ para obtener ese 'dejà-droit' (p. 33). En efecto, Melkevik destaca que un teórico, también llamado dogmático del Derecho, podría tener la idea de que «él escribe el derecho» e imaginar conceptos tales como 'regla del derecho', 'norma jurídica', 'validez jurídica', 'constitucionalidad' o 'principios jurídicos'. Por ello, «si nosotros construimos mal el Derecho, el mismo será 'malvado', pero si hacemos bien nuestra labor como jurista, el Derecho será todo 'bondad'» (p. 38).

B. Melkevik recoge cuatro argumentos con un objetivo único, que purgan el pensamiento jurídico moderno de toda ideología de un 'dejà-droit': el primero de


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ellos, se fundamentaría en que el Derecho es el resultado de un proceso justo y equitativo; el segundo, que un jurista trabaja con textos que en realidad son herramientas de las que se serviría; el tercero, el dominio de los textos de los que se sirven los juristas, y, finalmente, que el Derecho se hace y se relaciona con una práctica, que aplica un juez (pp. 50-83).

Bjarne Melkevik «constata que la noción de 'fuerza obligatoria' es constantemente invocada», si bien es un concepto doctrinal teórico y abstracto (pp. 87-88). De hecho, rechaza de partida toda explicación psicológica del concepto de "fuerza obligatoria", así como de un concepto jurídico en general. El autor rechaza epistemológicamente el principio de que toda atribución de cualquier cualidad psicológica a los conceptos jurídicos sería irracional (p. 92).

Asimismo, parte de que la noción de "fuerza obligatoria" es la coordinadora de todo el discurso no sólo en el Derecho civil y contractual, sino también el Derecho público, si bien en este último con la particularidad de conjugarse con el principio de "validez" como metáfora de un "derecho en vigor" (pp. 96-106). Por otro lado, Melkevik piensa en la noción de "fuerza obligatoria", pero carente de obligación alguna (pp. 106-112).

En efecto, la ausencia de obligación en el dominio del Derecho se explicaría por la mera necesidad de establecer una distinción entre el dominio de lo jurídico y el de la moral ‒o la ética‒.

Otras recensiones que hemos publicado sobre libros de Melkevik son las siguientes: Tolérance et modernité juridique, en la Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas (nº 1, Marzo, 2011, pp. 242-244); así como sus Réflexions sur la Philosophie du Droit, en la Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Universidad Católica de Valparaíso (XXIV, 2002, pp. 449-451). Ofrecimos también otra valoración de una obra paradigmática de Melkevik, dirigida en colaboración con Luc Vigneault, que trata sobre su libro Droits démocratiques et identités, publicada en la Revista crítica de Historia de las relaciones laborales y de la política social (nº 1-2, Diciembre 2010/Enero 2011, pp. 113-116).

Melkevik es un ejemplo para tantos filósofos del Derecho españoles, como lo es José Luis Monereo Pérez, pero no son citadas, ni recensionadas sus obras en España, ni por iusfilósofos tirios, ni por iusfilósofos troyanos, ni siquiera por los filisteos. Es una vergüenza nacional, que no se puede tolerar en la presente publicación periódica que es sobre todo internacional. [Recibido el 25 de marzo de 2015].

DES OUTILS DE TRANSPARENCE, AU SERVICE DE LA DÉMOCRATIE. L’EXPÉRIENCE DE NOUSCITOYENS

Jean-Paul PINON

RÉSUMÉ : Si le pouvoir est lié à la détention d‘information, la transparence réduit l‘écart entre le citoyen et le gouvernant. Souvent la quantité d‘information est présente, mais la qualité n‘est pas au rendez-vous. Lors des élections, l‘outil par excellence est le « système d‘aide au vote » (SAV). Si la loi électorale permet de voter pour les candidats individuellement, il est important d‘avoir un SAV permettant de sélectionner les candidats et pas uniquement les partis. Un SAV de qualité, comme celui de NousCitoyens, permet de faire un « zoom » sur


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un candidat. Grâce au profil synthétique l‘électeur peut évaluer en un minimum de temps la valeur du candidat : affinité politique, compétence, dévouement. PAROLES CLÉ : WeCitizens, NousCitoyens, Démocratie, Élections, Électoral, « Système d‘aide au vote », Répertoire, Politique, Transparence.

1. Qui est NousCitoyens

NousCitoyens ASBL est une association citoyenne [Voir :

www.WeCitizens.be. Dans le respect de la Convention européenne des Droits de l‘homme, l‘association a pour objet de promouvoir en Belgique : a) une démocratie vivante au service de la personne ; b) la bonne gouvernance de l‘État ; c) l‘intérêt du citoyen pour la politique ; d) l‘excellence dans la gestion du bien public e) et une culture du vote de préférence] agissant comme ‗syndicat‘ d‘électeurs, ‗wikipedia‘ des acteurs politiques, observatoire de la gestion publique et institut d‘éducation citoyenne. L‘association contribue à la transparence dans la sphère politique au moyen d‘instruments originaux comme le GPS électoral et le Répertoire Politique. La Charte indique des objectifs concrets y compris les rares choix politiques, comme p.e. certaines réformes concernant la consultation populaire. Pour le reste, l‘association observe la plus grande neutralité. NousCitoyens ne prend donc pas position dans le débat idéologique (susceptible de diviser les citoyens).

2. Pourquoi NousCitoyens ?

De nombreux citoyens se plaignent de certaines lacunes dans la gestion de la « Cité ». Selon l‘Eurobaromètre, publié en novembre 2009 par la Commission Européenne, 35% des Belges considèrent qu‘une des causes de la corruption est que dans le secteur public beaucoup de promotions ne sont pas faites aux mérites ou sur les compétences. Or, la compétence et la probité des mandataires publics déterminent la performance des Pouvoirs publics.

Les partis sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la démocratie. Les citoyens souhaitent qu‘en cas de conflit d‟intérêt, les mandataires politiques donnent la priorité à l‘intérêt général, avant l‘intérêt personnel ou celui du parti. Actuellement, les partis se partagent le contrôle de la vie publique : la politisation de la Fonction Publique est symptomatique de cet état de fait.

L‘expérience personnelle suffit pour apprécier combien il est plus « facile » d‘agir de façon responsable et éthique lorsque nous sommes observés. Un renforcement de la transparence peut donc exercer un effet encourageant sur les mandataires publics. Pour une gestion publique performante, il ne suffit pas d‘être légalement « en règle ». Le citoyen attend plus.

La popularité des mandataires politiques est largement proportionnelle au temps d‘antenne qui leur a été accordé, indépendamment du contenu de leurs interventions. On peut déplorer que les candidats politiques soient appréciés par les citoyens sur base d‘éléments aussi superficiels. Dans ces conditions, le pouvoir est exercé par ceux qui gèrent le mieux leur image dans les médias, indépendamment de leurs mérites sur le terrain. Si l‘électeur n‘assume pas correctement ses responsabilités, il faut s‘attendre à ce que son pouvoir soit confisqué par les partis et les médias.


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Le comportement éthique est le résultat de convictions personnelles, plutôt que de réglementations, qui peuvent toujours être contournées. Si les partis ont un rôle évident pour assurer la probité de tous leurs mandataires, il convient que les électeurs eux aussi assument une forme de contrôle. Il est donc nécessaire d‘informer les électeurs afin qu‘ils puissent mieux juger de la probité des candidats, et émettre des voix de préférence en conséquence.

Le degré d‘adéquation entre nos opinions personnelles et le programme des partis risque d‘être limité et donc insatisfaisant. On peut améliorer le score en cherchant parmi les candidats, dans la mesure où ils offrent une plus grande variété de profils de pensées et de sensibilités que les partis politiques. NousCitoyens met à la disposition de l‘électeur un outil lui permettant de localiser aisément les candidats avec qui il a la plus grande affinité idéologique.

Il existe des initiatives louables de citoyens qui demandent aux candidats leur opinion concernant des matières particulières et qui publient les réponses les jours qui précèdent les élections. Tout en comblant un vide béant, ces initiatives restent insuffisantes : faible taux de réponse des candidats politiques, publication parfois tardive, diffusion limitée, absence de suivi, etc.

3. Le GPS électoral

Lors des élections, l‘association propose un système d‘aide au vote (SAV), qui produit le classement des partis ou des candidats en fonction de la proximité politique avec l‘électeur ayant rempli le questionnaire. Les SAV sont devenus populaires. Le ‗stemwijzer‘ proposé par ProDemos aux Pays-Bas a été visitée 4,85 millions de fois le mois avant les élections de septembre 2012. Le GPS électoral www.smartvote.ch, plus complet, devenu traditionnel en Suisse, a été consulté 1,1 millions de fois lors des élections fédérales suisses de 2011. Les groupes de presse ont tendance à utiliser le SAV comme prétexte pour drainer du trafic vers leur plateforme Internet.

Lors des triples élections, le 25 mai 2014, la Belgique a connu un effet de rattrapage de son retard dans le domaine des SAV. Le SAV de NousCitoyens était le seul qui, en Flandre, était offert en indépendance totale des groupes de presse. Les SAV étaient :

EN FLANDRE : Kieswijzer2014 offert par WeCitizens Stemtest : VRT, De Standaard De Stem van Vlaanderen: VTM, Het Laatste Nieuws www.uwregering.be : Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Belang van

Limburg Kandidaten 2014, offert par le journal De Morgen EN BELGIQUE FRANCOPHONE : www.gps-electoral.be : produit par NousCitoyens et offert par le groupe

Sudpresse Test électoral : RTBF, La Libre Belgique La voix de Belgique : RTL

Le GPS électoral (http://testelections2014.sudinfo.be) est une application

Internet pour aider les électeurs à faire un choix raisonné. Il enregistre les réponses des candidats politiques à un questionnaire spécialement conçu pour


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dégager leur profil politique. Avant les élections, l‘électeur est invité à remplir le même questionnaire politique. Le système d‘aide au vote compare les positions politiques de l‘électeur avec celles des candidats, et donne un score à chaque candidat. Ensuite il renvoie à l‘électeur la liste des candidats classés dans l‘ordre d‘affinité politique.

Le GPS électoral de 2014 est encore accessible en test. Il a été consulté 63.000 fois. Près de 1.500 candidats ont participé en remplissant leur questionnaire.

Conseils pour l‘électeur (voir http://www.wecitizens.be/docs-fr/W31-140421-Conseils_pour_electeurs.pdf).

Votez pour des individus, plutôt que pour des partis. Ne votez que pour des candidats transparents. Sélectionnez les candidats qui épousent le mieux votre profil politique. Faites-vous une idée de la compétence professionnelle et de l‘intégrité du

candidat. Votez, si possible, pour plusieurs candidats, bien sélectionnés. Communiquez autour de vous le résultat de vos recherches.

4. Répertoire politique

Le Répertoire Politique (voir http://directory.wecitizens.be/fr) est une banque

de données sur les acteurs politiques qui révolutionne la transparence en politique grâce à ses nouvelles fonctionnalités, entre autres le filtre avec ses 27 critères de sélection.

Comment évolue la proportion de femmes à la Chambre ? Qui sont les acteurs politiques habitant le code postal 1640 ? Qui sont les ministres francophones de moins de 40 ans ? Combien de bourgmestres sont, en même temps, parlementaires ? Quels acteurs politiques de la province de Liège ont mentionné

l‘enseignement parmi leurs priorités politiques ? Qui sont les candidats 2014 non-élus les plus populaires ?

Toutes ces questions ont un point commun : vous trouvez la réponse en

quelques clics, grâce à la procédure de « recherche avancée » du nouveau Répertoire Politique.

En mai 2014, lors des élections, NousCitoyens a mis en ligne une première version de son Répertoire Politique en combinaison avec son GPS électoral. Il contenait déjà plus de 4800 noms, comprenant tous les ministres, les députés (7 parlements, deux législatures), les bourgmestres et la majorité des candidats aux élections. La version 2.0 y ajoute les partis.

Déjà dans sa première version, le Répertoire Politique est trilingue (anglais, néerlandais, français) et très pratique pour trouver les coordonnées des acteurs politiques et comprendre qui est qui : CV, mandats, scores électoraux, priorités et initiatives politiques, succès personnels, « petites phrases ».

Progressivement ce répertoire se mue en Atlas des opinions politiques. On y retrouve la réponse des acteurs politiques à un nombre croissant de questions. Supposons que vous vous intéressiez au meilleur fonctionnement de la démocratie, et notamment à la question de la dévolution des votes en case de


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tête. Le Répertoire Politique permet de savoir qui, parmi les acteurs politiques, s‘est prononcé sur la question, et dans quel sens.

Pour le philosophe Georg Simmel, la démocratie suppose la transparence, car « si le secret n'est pas lié directement au mal, le mal est lié directement au secret ». [Recibido en Lovaina el 16 de agosto y más tarde en España el 25 de agosto de 2015].

LOS 160 MEJORES ROMANISTAS EUROPEOS ENTRE 1900 Y 2015: UNA RELACIÓN DE QUIENES EN EL

SIGLO XX Y LOS TRES PRIMEROS LUSTROS DEL XXI HAN MANTENIDO ENCENDIDA LA LLAMA DE FRIEDRICH CARL

VON SAVIGNY Y THEODOR MOMMSEN Elena SÁEZ ARJONA

RESUMEN: Se trata de señalar una valoración por producción científica internacional, destacando sobre todo a aquellos romanistas que en el periodo cubierto del siglo XX y tres primeros lustros del XXI, han publicado en diversas lenguas y países civilizados de Europa, y no a aquellos que solo lo han hecho en castellano o que su índice de impacto científico está montado artificialmente por autores españoles, portugueses o sudamericanos o lo hacen a través de medios publicísticos propios o de sus discípulos. Se considera como factor importante el haber publicado en Alemania, Austria, Holanda, Suiza, Italia y Francia, y sobre todo el que, en esos países, vieran la luz artículos o libros en lengua alemana. En un segundo artículo incluiremos una relación de los cien mejores romanistas españoles fallecidos que nacieron con posterioridad al 14 de julio de 1789 y murieron antes del 31 de diciembre de 2015. PALABRAS CLAVE: Romanistas, Derecho romano, Derecho romano en España, Derecho romano en Europa, Álvaro d‘Ors, Juan Miquel.

El Derecho romano es una materia jurídica fundamentalmente europea,

aunque se enseña en casi todos los países hispanoamericanos y, en algunos de ellos, incluso con dos cursos. Sin embargo científicamente el cultivo que del Derecho romano se hace en Iberoamérica es muy deficiente, con la excepción clarísima de Chile, y menos clara de Argentina y de México. En Estados Unidos hay unos estudiosos muy meritorios aunque dispersos, pues el derecho romano apenas aparece en los curricula docentes de las Universidades.

En Canadá ya escribió sobre la sentencia de muerte del Derecho romano el miembro del consejo de redacción de la presente revista Sylvio Normand. En cualquier caso está claro para un numeroso público científico que en el mundo americano hay excelentes cultivadores del Derecho romano, hasta se puede decir que son los mejores, el primero Alejandro Guzmán Brito en los países de habla hispánica (español y portugués) sin ningún genero de dudas y en el ámbito de los Estados Unidos Charles Donahue, Alan Watson y Bruce W. Frier.

Italia, Suiza, Austria, Alemania, Holanda, Bélgica, Polonia, Hungría y Oxford y Cambridge en Inglaterra (en este caso las dos mejores universidades de Europa) han tenido y siguen teniendo un nivel espectacular en la investigación


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y la docencia del Derecho romano, como también en Rusia se ha llevado a cabo en los últimos quince años la portentosa tarea de traducir multitud de fuentes jurídicas latinas a la lengua de los nuevos zares.

Francia en 1954 no abandonó totalmente el Derecho romano, pues sigue manteniendo las asignaturas de Historia del derecho privado y de Derechos de la antigüedad y continúa contando con tres centros de investigación relevantes en Derecho romano, apenas frecuentados por españoles y menos por hispanoamericanos.

Pocos romanistas ahora interesados en buscar las raíces romanas de instituciones jurídicas modernas, contemporáneas e incluso del siglo XXI, se han tomado la molestia de consultar la traducción al latín (con correspondencias al Digesto, Instituta y Codex) del Código civil francés de 1804, que llevó a cabo Jérôme Bonaventure Gibaut, publicada bajo el título Codex gallorum civilis, e patrio in latinum sermonem translatus, quadem addita legum e jure romano conferendarum indicatione, tema sobre el que ha publicado en el nº 6 de la presente revista (noviembre 2013), pp. 51-66 un interesante artículo el actual catedrático de la Universidad de Luxemburgo Thomas Gergen.

Nuestra propuesta de listado sería la que a continuación se recoge para el viejo continente:

1. Bernardo Albanese (1921-2004). 2. Emilio Albertario (1885-1948). 3. Ursicino Álvarez Suárez (1907-1980). 4. Luigi Amirante (1925-1994). 5. Hans Ankum (n. 1930). 6. Vincenzo Arangio-Ruiz (1884-1964). 7. Gualberto Archi (1908-1997). 8. Juan Antonio Arias Bonet (1924-1987). 9. Matthias Armgardt (n. 1968). 10. Alfredo Ascoli (1863-1942). 11. Martin Avenarius (n. 1965). 12. Christian Baldus (n. 1966). 13. Okko Behrends (n. 1939). 14. Nikolaus Benke (n. 1954). 15. Fernando Betancourt Serna (n. 1942). 16. Emilio Betti (1890-1968). 17. Biondo Biondi (1888-1966). 18. Peter Birks (1941-2004). 19. Arnaldo Biscardi (1910-1998). 20. Pietro Bonfante (1864-1932). 21. Roberto Bonini (1934-2005). 22. Elmar Bund (1930-2008). 23. Alfredo Calonge Matellanes (1936-2001). 24. Evaristo Carusi (1866-1940). 25. Helmut Coing (1912-2000). 26. José María Coma Fort (1969-2015). 27. Alessandro Corbino (n. 1945). 28. Jean-Pierre Coriat (n. 1947). 29. Cristoforo Cosentini (1918-2003). 30. John Anthony Crook (1921-2007). 31. Édouard Cuq (1850-1934). 32. Rolf Dannenbring (1924-1998). 33. David Daube (1909-1999). 34. Fernand De Visscher (1885-1964). 35. Joseph Declareuil (1863-1938). 36. Anna Maria Demicheli (1948-2012). 37. Hermann Dilcher (1927-1996). 38. Heinrich Erman (1857-1940). 39. Joachim Ermann (1955-2011). 40. Wolfgang Ernst (n. 1956). 41. Carlo Fadda (1853-1931). 42. Gian Luigi Falchi (1946-2012). 43. Antonio Fernández de Buján y Fernández (n. 1953). 44. Thomas Finkenauer (n. 1968). 45. Werner Flume (1908-2009). 46. András Földi (n. 1957). 47. Gennaro Franciosi (1935-2004). 48. Pietro de Francisci (1883-1971). 49. Pablo Fuenteseca Díaz (1922-2009). 50. Manfred Fuhrmann (1925-2005). 51. Filippo Gallo (n. 1924). 52. Richard Gamauf (n. 1964). 53. Jean Gaudemet (1908-2001). 54. Carlo Gioffredi (1920-1994). 55. Paul-Frédéric Girard (1852-1926). 56. William Morrison Gordon (1933-2012). 57. Fausto Goria (n. 1945). 58. André Gouron (1931-2009). 59. Bernhard Erwin Grueber (1846-1933). 60. Antonio Guarino (1914-2014). 61. Gábor Hamza (n. 1949). 62. Gustav Hanausek (1855-1927). 63. Manfred Harder (1937-2000). 64. Jan Dirk Harke (n. 1969). 65. Tony Honoré (n. 1921). 66. Heinz Hübner (1914-2006). 67. Juan


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Iglesias Santos (1917-2003). 68. Giambattista Impallomeni (1926-1994). 69. Federico Maria d‘Ippolito (1937-2010). 70. Günther Jahr (1923-2007). 71. David Johnston (n. 1961). 72. Max Kaser (1906-1997). 73. Leonid Kofanov (n. 1960). 74. Paul Koschaker (1879-1951). 75. Hugo Krüger (1861-1942). 76. Bernhard Kuebler (1859-1940). 77. Wolfgang Kunkel (1902-1981). 78. Luigi Labruna (n. 1937). 79. Jean-Philippe Lévy (1912-2011). 80. Henri Lévy-Bruhl (1884-1964). 81. Detlef Liebs (n. 1936). 82. Wiesław Litewski (1933-2004). 83. Gabrio Lombardi (1913-1994). 84. Giuseppe Ignazio Luzzatto (1908-1978). 85. André Magdelain (1917-1933). 86. Gaetano Mancuso (1937-2007). 87. Arrigo Diego Manfredini (n. 1942). 88. Franca de Marini Abonzo (1927-2012). 89. Francesco de Martino (1907-2002). 90. Paul Masson (1863-1938). 91.Theo Mayer-Maly (1931-2007). 92. Dieter Medicus (1929-2015). 93. Franz Stefan Meissel (n. 1966). 94. Filippo Messina Vitrano (1879-1951). 95. Juan Miquel González de Audicana (1933-2008). 96. Karlheinz Misera (1933-2008). 97. Cosima Möller (n. 1962). 98. Enzo Nardi (1913-2009). 99. Hein L. W. Nelson (1916-2008). 100. Dieter Nörr (n. 1931). 101. Ernest Nys (1851-1920). 102. Werner Ogris (1935-2015). 103. Riccardo Orestano (1909-1988). 104. Álvaro d‘Ors Pérez-Peix (1915-2004). 105. Javier Paricio (n. 1955). 106. Josef Partsch (1882-1925). 107. Franco Pastori (1923-2003). 108. Christoph G. Paulus (n. 1952). 109. Martin Pennitz (n. 1962). 110. Pieter Willem Pestman (1933-2010). 111. Leon Petrażycki (1867-1931). 112. Konstantinos G. Pistakis (1944-2012). 113. Wolfgang Preiser (1903-1997). 114. Giovanni Pugliese (1914-1995). 115. Max Radin (1880-1950). 116. Salvatore Riccobono (1864-1958). 117. Francesco M. De' Robertis (1910-2003). 118. Olivia F. Robinson (mantiene oculta su fecha de nacimiento). 119. Wenceslao Roces Súarez (1897-1992), uno de los más grandes sabios salidos de España y con un manejo excepcional de la lengua alemana. 120. Alan Ferguson Rodger [Lord Roger of Earlsferry] (1944-2011). 121. Hans-Albert Rupprecht (n. 1938). 122. Eberhard Ruschenbusch (1924-2007). 123. María Salazar Revuelta (n. 1973). 124. Cesare Sanfilippo (1911-2000). 125. Manlio Sargenti (1947-2006). 126. Vittorio Scialoja (1856-1933). 127. Aldo Schiavone (n. 1944). 128. Sandro Schippani (n. 1940). 129. Gino Segrè (1864-1942). 130. Emil Seckel (1864-1924). 131. Walter Selb (1929-1994). 132. Feliciano Serrao (1922-2009). 133. Heinrich Siber (1870-1951). 134. Wilhelm Simshauser (1930-2004). 135. Siro Solazzi (1875-1957). 136. Alfred Söllner (1930-2005). 137. Peter Stein (n. 1926). 138. Fritz Sturm (1929-2015). 139. Andreas Bertalan Schwarz (1874-1953). 140. Mario Talamanca (1928-2009). 141. Olga-Eveline Tellegen Couperus (n. 1948). 142. Armando José Torrent Ruiz (n. 1941). 143. Filippo Vassalli (1885-1955). 144. Roger Vigneron (1937-2002). 145. Michel Villey (1914-1988). 146. Robert Villers (1912-1989). 147. Edoardo Volterra (1904-1984). 148. Andreas Wacke (n. 1936). 149. Herbert Wagner (1920-2002). 150. Leopold Wenger (1874-1953). 151. Raymond Westbrook (1946-2009). 152. Franz Wieacker (1908-1994). 153. Emilio Wille (1925-2011). 154. Moriz Wlassak (1854-1938). 155. Hans Julius Wolff (1902-1983). 156. Christian Wollschläger (1936-1998). 157. Stanisław Wrñbłewski (1868-1938). 158. Felix Wubbe (1923-2014). 159. Reinhard Zimmermann (n. 1952). 160. Francis de Zulueta (1878-1958).

Con ocasión de otro número de esta revista, si nos es admitida, haremos la relación de los 100 mejores romanistas españoles nacidos con posterioridad al 14 de julio de 1789 y muertos antes del 31 de diciembre de 2015. Ni qué decir tiene que el romanista español de ese periodo con mayor proyección


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internacional fue Manuel Rodríguez de Berlanga Rosado (1825-1909), con una correspondencia muy fluida con el segundo romanista más importante de todos los tiempos Theodor Mommsen y con el epigrafista Emil Hübner y además con nombramientos y distinciones de todo tipo de instituciones sabias de Berlín, Viena y Newcastle. ¿Qué romanista español mantenía entonces relaciones fluidas con Mommsen, aparte de Rodríguez de Berlanga?. Joan Miquel ha sido el romanista español, después de Rodríguez de Berlanga, con mayor vinculación con los romanistas alemanes, y se doctoró en Derecho en Múnich. La diferencia entre como se movía en el ámbito germánico Miquel y como lo hacía Álvaro d‘Ors es abismal. No obstante, d‘Ors le aventajaba en sus relaciones con el nazi Carl Schmitt. Con este último individuo no quiso tener nada que ver Miquel, que era un demócrata sin fisuras. Miquel elaboró tres tesis doctorales de Derecho romano, la defendida en Alemania se la dirigió Wolfgang Kunkel, mientras que d‘Ors solo elaborñ una tesis doctoral en Derecho romano que se la dirigió Ursicino Álvarez Suarez. Decía d‘Ors que Ursicino estudió con Rabel en los años treinta del pasado siglo XX y que consecuentemente «traía una formación más actual, como también Santacruz, que estuvo con Lenel en Friburgo. Algo como augurio de esa renovación se puede ver en el discurso inaugural de Traviesas en Oviedo. Después de nuestra guerra los romanistas fuimos principalmente a Italia, y, en los últimos decenios, de nuevo a Alemania» (Álvaro d‘Ors, 22 de noviembre de 2000). D‘Ors ataca con violencia inusitada a Wenceslao Roces, uno de los mejores y más relevantes intelectuales con que ha contado el mundo jurídico español desde la revoluciñn francesa hasta nuestros días. D‘Ors decía de él: «Yo conocía a Roces, el traductor del manual de Derecho romano de Sohm, el canonista protestante alemán. Roces dio, en Madrid, un cursillo, al que yo asistí, creo que en 1932, sobre obligaciones solidarias. Luego he podido ver que su formación como romanista era claramente pandectística, y que no estaba él a la altura de la romanística del momento» (Álvaro d‘Ors, Pamplona, 22 de noviembre de 2000). [Recibido el 23 de mayo de 2015].

LA «REVISTA DE DRET HISTÒRIC CATALÀ» DE 2011-2012 EN 2013


RESUMEN: Ha aparecido un nuevo número de la Revista de dret històric català, que coordina Josep Serrano Daura. En ella colaboran, entre otros, Juan Alfredo Obarrio Moreno que analiza el beneficio de la edad en el reino de Valencia. Thomas Gergen escribe sobre los abogados y los mediadores en el sur de Francia y Cataluña del siglo XI al XV. Los mediadores más relevantes en el sur de Francia durante los siglos XII y XIII fueron las siguientes personalidades: Auzias de Avignon, Giraud Amic, Guillem de Sabran, Guillem de Barreira, Peire Ferréol y Oleguer de Tarragona, entre otros. Patricia Zambrana Moral escribe sobre la protección medioambiental en general y la salubridad de las aguas en las fuentes jurídicas de Barcelona y Tortosa en la Edad media y moderna. El Derecho romano proclamaba la pureza y salubridad de las aguas, y el Digesto reivindicaba un interés general en las mismas. Las normas dictadas en la Edad Media en la ciudad de Barcelona y Tortosa pretendían garantizar el uso y el


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disfrute del agua, así como evitar una mala utilización de las mismas. Pedro II el Grande otorgó un privilegio a Barcelona, manteniendo los antiguos derechos relativos al uso y disfrute del agua. Las Costums de Tortosa establecían el uso y disfrute común para la ciudad, con independencia de su naturaleza. María Encarnación Gómez Rojo se refiere a los daños producidos por el fuego en algunas fuentes del Derecho aplicadas en Cataluña durante la Edad Media, así como sus precedentes. El primer texto que reguló esta cuestión fue el Código de Hammurabi. Posteriormente, la Ley de las doce tablas también contenía una regulación penal del incendio. El Liber iudiciorum fue igualmente aplicable en el Derecho medieval catalán, que estuvo vigente hasta la constitución de las Cortes celebradas en Barcelona en 1251. En especial era de aplicación a esta temática de los incendios el título segundo del octavo de sus libros, que establecía distintas sanciones para su autor en función de si se producía en la ciudad o fuera del ámbito urbano. Las Costums de Tortosa adoptaron determinadas normas con la pretensión de evitar los incendios. Actualmente la Revista de dret històric català, de la mano de Josep Serrano Daura, está sufriendo una transformación y actualización científica de adaptación a parámetros europeos que vemos muy conveniente y deseamos a toda costa que se evite el publicar exclusivamente en una sola lengua, el catalán, pues eso resulta completamente anticientífico en nuestros días. Lo mismo diría si solo aparecieran artículos en lengua castellana. Han de publicarse en toda clase de idiomas civilizados y Serrano Daura debe de evitar generar una distorsión intelectual para ubicarse en parámetros científicos europeos, no comarcales. PALABRAS CLAVE: Cataluña, Historia del Derecho, Reino de Valencia.

Juan Alfredo Obarrio Moreno, profesor de la Universidad de Valencia,

investiga sobre el beneficio de la edad y el tránsito de la edad pupilar a la mayoría de edad en el reino de Valencia (pp. 9-31). En esta institución era frecuente la solicitud al príncipe del beneficio de la minoría de edad por parte de los menores de veinte años que deseaban quedar liberados de la curatela para poder administrar libremente sus bienes. En efecto, según la doctrina, la potestad para dispensar este derecho, expresa o tácitamente, la tenía única y exclusivamente el monarca a través de la venia aetatis, siempre que tuviera una causa justificativa: que el menor demostrara que tenía juicio recto y suficiente. En opinión de los juristas valencianos, el monarca no podía abdicar de esta potestad en perjuicio de sus sucesores. En otro ámbito, el señor no podía otorgar esta dispensa a sus vasallos. En definitiva, únicamente tenía esta potestad de otorgar la dispensa o el beneficio de la edad el príncipe y siempre que existiera una causa que lo justificara y el requisito de la edad: veinte años para los varones y dieciocho para la mujeres. Sin embargo, en el Principado de Cataluña, se exigía la edad de catorce años en los varones y doce en las mujeres. En cuanto al requisito de que los menores estuviesen casados para poder gozar de la venia aetatis, la doctrina foral no se ha puesto de acuerdo. El ordenamiento jurídico de la baja Edad Media reconocía a los menores púberes que obtenían el beneficio de la venia aetatis una serie de derechos patrimoniales y de relaciones jurídicas, así como unas limitaciones en su capacidad de obrar. El primer beneficio que obtenían estos menores de veinticinco años era el de dejar de estar sometidos obligatoriamente a la tutela


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o curatela (haberi pro maiore), pudiendo actuar libremente en un juicio y administrar la totalidad de sus bienes. El segundo de los beneficios (non haberi pro maiore) no permitía que los menores de veinticinco años anularan los negocios jurídicos, salvo que se acreditase que habían lesionado sus propios intereses.

Thomas Gergen, profesor de la Universidad del Luxemburgo, escribe sobre los abogados y los mediadores en el sur de Francia y en Cataluña del siglo XI al XV (pp. 33-53). En tiempos del imperio carolingio, los abogados hacían valer la autorización monárquica para contrarrestar la potestad delegada por los condes, y para garantizar la defensa del patrimonio de la Iglesia. La advocatia ecclesiae se circunscribe a la protección de la Iglesia, considerada por los emperadores cristianos como una de sus principales misiones. En el siglo XII comienza la formación jurídica en las facultades de Derecho y en las universidades. Los mediadores del sur de Francia durante los siglos XII y XIII más relevantes fueron Auzias de Avignon, Giraud Amic, Guillem de Sabran, Guillem de Barreira, Peire Ferréol y Oleguer de Tarragona, entre otros (pp. 36-40). En las fuentes se manejan distintos conceptos como causidicus, advocatus y iuris peritus para describir la función de consejeros jurídicos. Durante la segunda mitad del siglo XII se utilizaron los términos magister y magistri para referirse a los juristas en general (pp. 40-41). Sin embargo, en la judicatura eclesiástica de Francia también se manejaron los siguientes términos latinos: assertor, clamator, legis doctor, legum magister, miles legalis, postulans, defensor, togatus y patronus (pp. 42-46). En general, una formación jurídica de tres años de Derecho canónico, civil y praxis jurídica era considerada adecuada para ejercer como abogado. Pero en el año 1295, el sínodo de Canterbury exigía una preparación de 4 ó 5 años de estudio y un año de prácticas en un juzgado. Sin embargo, los procuradores ‒a diferencia de los abogados‒ durante mucho tiempo no se agruparon en una asociación propia.

Patricia Zambrana Moral, profesora titular de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Málaga, escribe sobre el Derecho histórico medioambiental catalán, haciendo una especial referencia a la salubridad de las aguas en las fuentes jurídicas de Barcelona y Tortosa en la Edad media y moderna (pp. 55-95). Patricia Zambrana considera que la protección jurídica del medioambiente es muy reciente, siendo el primer texto de carácter internacional que trata esta cuestión la Declaración de Estocolmo de 1972. Aunque existen normas en el Derecho histórico que regulan algunos elementos que integran el medioambiente, como es el caso de las aguas, y en particular, la contaminación de las mismas. El primer texto que regula la protección medioambiental es el Código de Hammurabi, que prohíbe su sobreexplotación y su utilización indebida o negligente. El Derecho romano se preocupó en gran medida en mantener la pureza del agua y la salubridad de la misma, si bien el Digesto recogía por primera vez una protección de las aguas basada en el interés general más que individual. Las normas Derecho histórico medieval en la ciudad de Barcelona y Tortosa que han llegado hasta nosotros han sido muy escasas y dispersas, en las que se intuye cierta finalidad de protección medioambiental. La mayoría de las disposiciones pretenden garantizar el uso y el disfrute del agua, así como evitar una mala utilización de las mismas. En el Derecho barcelonés, Pedro II el Grande (Pedro III de Aragón) concedía un privilegio a Barcelona en el que se mantenían los antiguos derechos relativos al uso y disfrute del agua. Además, el 17 de julio de 1301 el rey Jaime II


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estableció la elección de dos prohombres que formarían parte de los jurados de Barcelona para la administración de las obras públicas. Haciendo referencia al territorio de Tortosa, las Costums de esta localidad establecían el uso y disfrute común para la ciudad, con independencia de su naturaleza, tanto de las aguas corrientes como estancadas, ya fueran superficiales o subterráneas. En definitiva, en estas Costums se hacía una declaración del uso público de las aguas, acueductos, ríos y sus riberas, presas, fuentes, puertos, el mar, así como los márgenes de las aguas. En consecuencia, cualquiera podía pescar y navegar en el mar en todo el término de Tortosa. Es evidente que la preocupación por la higiene era una constante en las ordenanzas municipales, recogiendo principios y reglas que pretendían garantizar la salud pública a los habitantes de la localidad. A modo de ejemplo, puede citarse la prohibición de que los animales utilizaran las fuentes destinadas al consumo humano. En el Derecho territorial, en los Usatges, el derecho de utilizar el agua para el riego y otros usos estaba considerado como una regalía menor, por lo que era necesaria la autorización del rey o de aquél al que el monarca hubiera otorgado el dominio de dicha agua (p. 90).

María Encarnación Gómez Rojo, profesora titular de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Málaga, analiza los precedentes de la legislación medioambiental y la represión penal y prevención urbanística de los daños producidos por el fuego en algunas fuentes del Derecho aplicadas en Cataluña durante la Edad Media (pp. 97-145). Gómez Rojo atribuye al hombre la responsabilidad de la aparición de grandes áreas desforestadas que acelera el proceso natural de erosión terrestre (p. 100). Ante esta realidad hay que actuar protegiendo los bienes jurídicos del fuego, ya que están considerados como esenciales para la convivencia. En efecto, en las fuentes jurídicas de la antigüedad el incendio estaba considerado generalmente como un comportamiento criminal de extrema gravedad y sancionado con la máxima pena, aplicada también a través del fuego. El primer texto que contemplaba esta temática es el Código de Hammurabi (p. 105), aunque el Derecho penal romano también contenía una regulación penal del incendio a través de diversas disposiciones como la Ley de las doce tablas, que fue superada por la valoración del comportamiento delictivo del incendio en la Lex Cornelia de sicariis et beneficis, que establecía de manera precisa el carácter de delito público por los incendios. Posteriormente, se dictaría otra disposición de carácter punitivo como la Lex Julia de vi publica, camino que sería continuado por el Digesto, que insistía en mantener la gravedad de la pena con la que se castigaba la conducta incendiaria. Una Constitución de Constantino en el año 329 establecía una distancia mínima de cien pies para evitar el peligro de incendio. En el Derecho medieval catalán también fue aplicable el Liber iudiciorum, vigente hasta la constitución de las Cortes celebradas en Barcelona en 1251 con Jaime I el Conquistador. El Derecho penal germánico aportó nuevos criterios respecto al sistema punitivo romano para valorar la conducta delictiva incendiaria: en concreto, desvinculaba la gravedad criminal del delito de incendio del criterio objetivo y circunstancial del lugar de comisión del delito (pp. 122-123). En el octavo de los libros del Liber iudiciorum, el segundo de sus títulos bajo la rúbrica De incendiis et incensoribus, se establecían las sanciones para el autor según si el incendio era cometido en la ciudad o fuera del ámbito urbano y según si el incendiario fuera libre o esclavo (pp. 126-127). Sin embargo, según señala Gómez Rojo, este Liber «no contenía ninguna norma


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específicamente urbanística dedicada a la prevención de los incendios» (p. 130). Asimismo, las Costums de Tortosa adoptaron determinadas normas con la pretensión de evitar los incendios.

Este nuevo volumen 11 de la Revista de dret històric català nos acerca no sólo al Derecho catalán, sino también a la historia de sus instituciones propias, y se trata de una publicación periódica de reconocido prestigio y de una calidad científica inigualable. [Recibido el 13 de junio de 2015].

REFLEXIONES SOBRE EL ILUMINISMO PENAL ITALIANO EN SU RECEPCIÓN PORTUGUESA DURANTE LOS

SIGLOS XVIII Y XIX José CALVO GONZALEZ

RESUMEN: El autor hace una serie de consideraciones en torno al iluminismo penal italiano y, en particular, la recepción que del mismo se produce en Francia y sobre todo en Portugal, en autores como António Ribeiro dos Santos y Pascoal José Freire de Melo dos Reis. PALABRAS CLAVE: Iluminismo penal, Italia, Tommaso Natale, Cesare Beccaria, Giovan Battista Impallomeni, António Ribeiro dos Santos, Pascoal José Freire de Melo dos Reis, Jacques Pierre Brissot de Warville.

Comienzo de modo indirecto. Será M. Le F. con su Plan de législation sur les

matières criminelles ... Précédé d'un discours sur les loix (Chez Barthelemi Vlam, Amsterdam, 1779, LXXVI, 157 pp.) quien haga de estribo donde colocar el pie para, de brincada, auparme a la montura del Discurso sobre a pena de morte, e reflexões sobre alguns crimes, que a firma del Dr. A.R.S. se publicó en el Jornal de Coimbra, núm. XXXIII, Parte II, de 1815 (Na Impressão Regia, Lisboa, pp. 101-146).

Diré lo primero de qué fui en cautivo en el impreso holandés. Me atrapó la cita en portada: "l'atrocité des peines nuit à leur efficacité", que rezaba como tomada de M. de Monterosate. Ella anticipaba con claridad meridiana una emblemática adhesión a las doctrinas que ahora conocemos como más representativas del iluminismo penal. Ya al interior, en lectura del discours sur les loix, averigué (p. 3) que en concreto procedía de las Riflessioni politiche intorno all efficacia e necessità delle pene, dirette da Tommaso Natale, marchese di Monte Rosato, al giureconsulto D. Gaetano Sarri. [Lettera... in cui si ragiona del sistema del Signor Beccaria intorno alla pena capitale, e degli opposti sentimenti del Signor di Linguet,... Riflessioni preliminari ai discorsi intorno alla prima decada di Tito-Livio del Segretario fiorentino indirizzate... a D. Alfonso Airoldi.] (In Palermo: nella Stamperia de' SS. Apost. in Piazza Bologni per Gaetano M. Bentivenga, 1772, 2 partes en 1 vol. in-8°).

Tommaso Natale (1733-1819), Marchese di Monterosato, filosofo-poeta de raigambre leibniziana (La filosofia Leibniziana esposta in versi toscani, per Tommaso Natale, marchese di Monte Rosato, Stamperia del Matini, Firenze, 1756, 119 p., lxi, [4], 5 p.), jurista y docente de la Università degli Studi di Palermo, y también culto traductor de clásicos (La Iliade di Omero tradotta in verso sciolto italiano da Tommaso Natale marchese di Monte Rosato, Palermo,


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Reale stamperia, 1807), había sido uno de los primeros propugnadores de la humanización de las penas, cuyos postulados fundamentales se han publicitado y difundido a través de Cesare Beccaria en Dei delitti e delle pene. La excepcionalidad en Natale habría sido adelantarse a ellos en quince años [vid. Giovanni Tranchina, ―Anticipazioni positivistiche nell'opera di Tommaso Natale‖, en Il Tommaso Natale. Bollettino dell'Istituto di Diritto Processuale Penale dell' Università di Palermo, 1 (1973), pp. 46 y ss]. Sin embargo, el peso de la fama del Marchese di Beccaria es abrumador, y a la fachada del actual Palazzo dei Tribunali o ‗Kalsa‘, en el barrio del mismo nombre, aön se exhibe lápida que declara: CASA DI TOMMASO NATALE /MARCHESE DI MONTEROSATO/ MORTO A 28 SETTEMBRE 1819/ POETA E FILOSOFO EGREGIO/ EMULÓ BECCARIA/ PROPUGNANDO/ UMANE RIFORME NEL GIURE PENALE/ L'ANNO 1759.

Otras noticias sobre Monterosato pueden lograrse en consulta de la conferencia dictada por Giorgio Arcoleo con el título de Palermo e la cultura in Sicilia (Fratelli Treves, Milano, 1897). Allí se precisa: ―Tuttavia, so non una rinascenza, avvenne un risveglio nel secolo scorso. Tommaso Natale propugnò una riforma delle leggi criminali, emulo di Beccaria‖ (p. 58). La incuria siciliana en la época venía envuelta además por una omertà preñada de miedo a la Inquisición.

De la obra de Natale existen ediciones posteriores [con un estudio crítico de Francesco Guardione (―Tommaso Natale e delle nuove teoriche politiche e criminali in Sicilia nel secolo decimottavo‖, pp. IX-LXVI), e introduzione del romanista, prof. de la Università di Padova, Giovan Battista Impallomeni, Alberto Reber Edit., Palermo, 1895, LXVI, 100 pp.] e, igualmente, más recientes y modernas (con prefazione de Lino Buscemi, y un saggio de Giovanni Tranchina, Torri del Vento, Palermo, 2011, 79 p.). También varios, aunque no numerosos, trabajos de investigación; v. gr., Francesco Scaduto, Tommaso Natale, precursore del positivismo penale, A. Trimarchi, Palermo, 1921, y del Profesor ordinario de Storia della Filosofia en la Facoltà di Scienze della Formazione dell‘Università di Palermo, Dr. Piero Di Giovanni, ―Il riformismo illuminato di Tommaso Natale‖, en AA.VV., La tradizione illuministica in Italia, Palumbo, Palermo, 1986, (Atti del Convegno di Studi organizzato dalla Società Filosofica Italiana a Palermo il 14-16 novembre 1985), pp. 21-41.

En todo caso, Natale fue asimismo leído y considerado en Francia, como prueba la obra Plan de législation sur les matières criminelles, cuyo autor, encriptado en iniciales, resulta ser el abogado Le Fébure, de quien no abunda información, según diré más abajo. Pero más me interesa ahora comentar acerca de la recepción de Natale en Portugal. Ofrece interés el estudio –de todo punto excelente– de Guilherme Braga da Cruz, titulado O movimento abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal, leído en sesión solemne de la Academia das Ciências de Lisboa, el 1 de julio de 1967, fecha conmemorativa de la abolición de la pena de muerte [ahora en Obras Esparsas. Estudos de História do Direito, Actas Universitatis Conimbrigensis, Universidade, Coimbra, 1981, vol. II, pp. 27-243], donde se menciona el ―Discurso sobre a pena de morte, e reflexões sobre alguns crimes‖, que a firma del Dr. A.R.S. se publicó em el Jornal de Coimbra, núm. XXXIII, Parte II, de 1815 [Na Impressão Regia, Lisboa] (pp. 101-146, en esp., p. 98). Las iniciales pertenecen a António Ribeiro dos Santos (1745-1818), canonista coimbrense, y colega de Pascoal José Freire de Melo dos Reis (1738-1798), de quien me he


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ocupado para el Diccionario crítico de Juristas españoles, portugueses y latinoamericanos [véase Manuel J. Peláez (ed. y coord.), Cátedra de Historia del Derecho y de las Instituciones UMA et al., Zaragoza-Barcelona, 2012, vol. III, T. VI Apéndice biográfico Ф de los Apéndices Ψ y Ф (AZ), pp. 359-361]. Pues bien, el Discurso de Ribeiro dos Santos ya cita (p. 116) la obra de Natale.

Sin embargo, antes que esa propicia atmósfera permitiera el conocimiento y la difusión de las doctrinas ilumimistas italianas es claro que la obrita del abogado Le Fébure ya había llegado a Portugal. El ejemplar que tengo por delante lo hallé y adquirí en Oporto. Compuesta para participar en un concurso convocado en Berna, acabó editándose en Amsterdam sin permiso del autor, un mes más tarde, esto es, junio de 1779. De ella hizo parcial edición Brissot de Narville [Jacques Pierre Brissot, llamado de Warville (1754-1793)] en el t. V de la Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du jurisconsulte, ou Choix des meilleurs discours, dissertations, essais, fragmens, composés sur la législation criminelle par les plus célèbres écrivains, en françois, anglois, italien, allemand, espagnol, &;c. pour parvenir à la réforme des loix pénales dans tous les pays (s.n., Berlin, 1782) a continuaciñn del ‗Prix de la Justice & l‘humanité‘, de Voltaire, ocupando las pp. 109-459.

Jacques Pierre Brissot de Warville editó únicamente lo relativo al Plan de législation sur les matières criminelles, prescindiendo del discours sur les loix. El editor manifiesta (‗Avis del‘Éditeur‘) que el autor imita el tono ligero e irónico de Voltaire (p. 193): « Le plan qu'on va lire est bien diffèrent de celui qui précede, soit pour le style, soit pour les idées. On voit que l‘auteur a voulu imiter le ton léger & ironique de Voltaire ; il l‘a même souvent copié. Ayant à parler sur les mêmes objets, cela étoit naturel. Je l‘ai dit ailleurs, ce ton de sarcasme & d'ironie est très-déplacée, quand il est question d'objets graves. A force de vouloir rire sur tout, on nous apprend à ne sentir rien. De là, à l‘apathie, à l‘indiference, il n‘y a qu'un pas. On parvient à se persuader que tout ne peut être mieux, & que le foible doigt d'un individu ne peut soulever la masse énorme de l‘univers. Cette opinion est une des plus funestes qui aient encore paru pour le malheur de l‘humanité ». Y acerca de su criterio editorial de selección dice (p. 294): « On a imprimé de plan en 1779 à Amsterdam, avec un discours sur les loix a la tête. J‘ai retranché ce discours, parce que il ne contient rien de neuf, & ; que les notes interminables dont il est suivi, ne nous disent sur législateurs anciens & modernes que ce qu‘on a dit cent fois & mieux. On trouvera peu d‘ordre en ce plan. Imaginez-vous un homme qui parcourt & considéré aucune fuite différents objets, & ; qui écrit tout ce qui lui vient de la tête, tout ce qu‘il fait. Voilà notre auteur ; mais malgré tout cela ».

Bien, no encuentre uno en el camino editores literarios con semejante severidad de juicio. Sin duda el muy ignoto abogado Le Fébure no era un teórico de primer orden. Con todo, su discours no me parece tan prescindible. En cuanto al Plan de législation, ciertamente contiene aspectos más perdurables. Aquí acabo.

Como se ha leído hasta aquí, la razón de su referencia derivó desde la cita emblema que éste mostraba en portada – « l'atrocité des peines nuit à leur efficacité » – tomada de M. de Monterosate en sus Riflessioni. Anotado fue también, en efecto, lo relativo a la recepción de Tommaso Natale en tierras de Portugal, mencionando el mérito del trabajo Guilherme Braga da Cruz al recoger noticia del Discurso de Santos. Y resultó por esta vía orbital que, de hecho, quedé prendido de interés hacia el tema y su autor, el canonista


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coimbrense António Ribeiro dos Santos, sobre quien me interesé por conocer más y mejor.

De la reunión de lecturas he averiguado que Santos nació en Massarelos, Oporto, falleciendo en Lisboa. También que había sido formado en humanidades en Brasil (Rio de Janeiro, 1756-1763), y cursado estudios de Derecho en Coimbra, donde obtuvo el grado de bachiller (1768) y la borla de Doctor en Cánones (1771), luego profesando en su claustro docente entre 1779 y 1796. Allí tuvo de colega a Pascoal José Freire de Melo dos Reis (1738-1798), por fechas en que éste ocupaba la dignidad de Rector. A su petición asumió el año 1777 la responsabilidad de bibliotecario de la Livraria do Estudo, cuyo edificio hoy ocupa la Biblioteca Joanina. En aquella función elaboró la Minuta para o regimento da Livraria da Universidade de Coimbra, con instrucciones precisas sobre el funcionamiento de préstamos y la política de adquisiciones. Relacionado con ello estaba su privada devoción por los libros, que en su biblioteca acumuló sobre materias como geografía, cartografía y matemática, y el haber compuesto escritos de enorme erudición en temas como literatura judaica, origen de la poesía lusa y, en especial, una Memoria para a história da typografia portuguesa do secolo XVI (1792). Poco años después, en 1796, Santos pasó a dirigir la Real Biblioteca Pública da Corte, recién creada por Dª María I, matriz de la actual Biblioteca Nacional. Allí organizó compras de publicaciones europeas (vid. ms. Lista de livros e periódicos estrangeiros que a Biblioteca Nacional de Lisboa necessita adquirir de novo ou para completar colecções, BNP http://purl.pt/17261).

Antonio Ribeiro dos Santos fue asimismo miembro de la Academia das Ciências de Lisboa (1778), cronista da Casa de Bragança y censor real (1788). Esta última labor obtuvo singular relevancia al corresponderle haber frustrado en 1789 desde la Junta de Revisão e censura do novo Código el proyecto de Melo –otro de los grandes juristas pombalianos– sobre reforma del Liv. II de las Ordenações Filipinas, que ya no prosperaría. Así, sus Notas ao Plano de Novo Código de Direito Público de Portugal, editadas por Imprensa da Universidade, Coimbra, 1844. Estas Notas muestran a su autor sincero partidario de un constitucionalismo histórico fuertemente impregnado de los modernos postulados iusnaturalistas de Grocio o Pufendorf, también más actualizados a través Genovesi e Heineccius, de acuerdo a lo cual la Monarquía veía limitado su poder por las Cortes, punto en el que igualmente afirmaba la necesidad de control del privilegio real en el orden legislativo y judicial, y el abandono del Derecho romano que le sirviera de fundamento. Dígase que Melo soportó mal la decisión y urdió contra el censor denuncias ante al Consejo de la Cámara del Rey por ideas republicanas que, aunque tampoco prosperaron, son buen índice de cñmo el característico y entusiasta ‗odio cordial‘ entre colegas universitarios puede con facilidad derivar en maliciosas acusaciones, que si a veces quedan sólo en la amenaza preludial de un proceso judicial, otras llegan a desembocar en ellos y a veces no sin violencia, siendo en uno y otro caso de igual magnitud la falta prudencia al anunciarlo que el escaso conocimiento jurídico al emprenderlo. La práctica subsiste en la actualidad, sin ostensible deterioro de tradición (Gaudeamus igitur); imprudentes e ignorantes nunca han sido flor de un día en nuestra Universidad. De ahí, Vivat Academia,/ vivant professores./ Vivat membrum quodlibet,/ vivant membra quaelibet,/ semper sint in flore.

Menos atención se ha prestado, no obstante, al Discurso, de cuya influencia en orden a la reforma del Derecho criminal no cabe dudar. A su lectura resultan


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inopinables las influencias del iluminismo penal europeo, tanto sea por la ya citada referencia a Natale, y de otros muchos también en Italia como Beccaria o Filangieri, a más de numerosa a la literatura francesa. La posición de Santos frente a la pena capital no es, sin embargo, de radical abolicionismo, pues acoge la admisibilidad de su aplicación en situaciones extraordinarias; id est, supuestos de sedición con peligro de la existencia política Patria, conspiraciones contra el Estado y deserción de militares en tiempo de guerra. Por el contrario, en «estado ordinario de la República» no la considera necesaria ni útil (pp. 109-124). Del resto, el Discurso es indicativo de un razonamiento teórico bien conducido en la experiencia jurisdiccional; no en balde fue Santos nominado por el Consejo de la Cámara del Rey a Magistrado del Tribunal de Suplicação de Lisboa (1789). Cumple a su demostración el estudio y tratamiento de asuntos como la pena de trabajos públicos, el arbitrio judicial en la determinación de las penas, o la diferenciación penológica de acuerdo al grado de ejecución del hecho criminoso, y sobre autoría y complicidad.

Creo, pues, que la oportunidad de traer a estas páginas noticia del Discurso, adquirido a un alfarrabista lisboeta tiene, además por su rareza –no figura en los fondos de la Biblioteca Nacional de Portugal– y por la índole peculiar de su materia junto al carácter ilustrado de su autor, fundamento. Y tal vez sea hora de profundizar con un análisis más profundo en el provecho de sus páginas.

Sólo esa sugestión y algo del placer que me ha facilitado el conocimiento y disfrute de lecturas orbitales, he querido compartir con los amables lectores que hayan seguido la línea de mi escritura hasta este mismo punto y final.

Reunión de lecturas

Manuel Lopes de Almeida, Documentos da reforma pompalina,

Universidade, Coimbra, 1937, volumen 1, p. 260; Francisco da Silva Inocêncio, Dicionário Bibliográfico Português, Imprensa Nacional, Lisboa, 1977, t. I, pp. 247-256; José Esteves Pereira, O Pensamento Político em Portugal no Século XVIII, António Ribeiro dos Santos, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, Lisboa, 1983, investigación valiosísima y de referencia; Luís Carlos Martins de Mota, ―A ‗Minuta para o regimento da Biblioteca da Universidade de Coimbra‘ de Antñnio Ribeiro dos Santos: algumas notas para o seu enquadramento histórico-cultural‖, en AA.VV., Universidades. História, memória, perspectivas, Comissão Organizadora do Congresso História da Universidade, Coimbra, 1991, v. 2, pp. 197-228, y Gizlene Neder, ―O Bibliotecário-Mor e o Iluminismo Jurídico Coimbrense‖, en Gizlene Neder y Gisálio Cerqueira Filho, Ideias Jurídicas e Autoridade na Família, Revan, Rio de Janeiro, 2007, pp. 47-61. Además de los trabajos del Profesor José Adelino Maltez, siempre cuidadoso historiador y comiembro en el Instituto Jurídico Interdisciplinar de Oporto, aparte amigo, tales como ―A Questão do Novo Cñdigo‖, en Rui de Albuquerque e Martim de Albuquerque (orgs.), História do Direito Português, II, 1983, pp. 130-153, y ―Os Principais jushistoriadores portugueses‖, en Martim de Albuquerque y Rui de Albuquerque (orgs.), História do Direito Português. Elementos Auxiliares, Associação Académica da Faculdade de Direito, Lisboa, 1984, pp. 7-53, en esp. pp. 18 ss. Por último, el aún reciente estudio de Gizlene Neder, ―A recepção do constitucionalismo moderno em Portugal e a escrita da História do


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Direito‖, Passagens, 4, 3 (2012), pp. 510-533. Por mi parte, traduje para el Diccionario crítico de Juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, Manuel J. Peláez (ed. y coord.), Cátedra de Historia del Derecho y de las Instituciones UMA et al., Zaragoza-Barcelona, vol. II (M-VA), 2006, pp. 509-510, la voz ―Santos, Antñnio Ribeiro dos‖, redactada por Paulo Ferreira da Cunha, quien también se ocupa de aquél en su libro Temas e perfils da Filosofía do Direito Luso-Brasileira, Imprensa Nacional Casa da Moeda, Lisboa, 2000, pp. 87-207. [Recibido el 20 de julio de 2015].

BJARNE MELKEVIK Y UNAS MUESTRAS DE SU APORTACIÓN A LA FILOSOFÍA DEL DERECHO

DESDE EL CANADÁ FRANCÓFONO Guillermo HIERREZUELO CONDE

RESUMEN: El actor principal para determinar el "bien" y "lo justo" lo encuentra Melkevik en la filosofía del Derecho moderno, pero huyendo de toda ideología jurídica y aceptando el hacer de la práctica judicial desde el realismo. En su libro Philosophie du jugement juridique considera que el Derecho pertenece a los individuos, que son los que en realidad marcan las reglas y sus diferencias. Pero la filosofía del Derecho necesita emanciparse del dogmatismo, que impide su progreso y evolución. En otras palabras, hay que luchar por la autonomía del Derecho. Este "nuevo Derecho" (novdroit) requiere de un Saber, de un Conocimiento o de una Ciencia. Hoy en día hay que comprender el mundo desde la "globalidad mundial", pero también desde la "paz". En el segundo libro, dedicado a la Tolérance et modernité juridique, Melkevik parte de que la tolerancia debe prevalecer en la filosofía del Derecho, evitando cualquier grado de fanatismo, supremacía, desigualdad o discriminación. En la cuestión de la tolerancia religiosa destacan las obras de John Locke: Lettre sur la tolérance (1689) y Les Deux Traités du Gouvernement (1690), y en el ámbito de la filosofía John Rawls. La propuesta de Melkevik en las sociedades modernas apuesta por el multiculturalismo, por su carácter cívico y democrático en el actual espacio público. De hecho en el presente Derecho internacional de las minorías está vigente el binomio universalidad y particularidad, que permite un reconocimiento de la identidad. En este mismo sentido se pronuncia el art. 27 del Pacto internacional sobre Derechos civiles y políticos, de 1966, que reconoce este nuevo Derecho a las minorías. En esta cuestión hay que tener muy en cuenta también la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas, de 1992. El tercer libro se titula Considérations juridico-philosophiques. En el mismo se hace referencia a la vulnerabilidad del hombre ante la naturaleza y la propia sociedad. Y la mejor forma de paliar esta "vulnerabilidad" es mediante la solidaridad, de forma que los individuos se afilien con otras personas para superar situaciones conflictivas. Precisamente el objetivo del sistema internacional de los Derechos humanos es la protección del individuo ante la misma, que se ha constatado como un sistema eficaz. También ha tratado otras cuestiones como la ecología y la cuestión medioambiental, a través de una "normativa pública", o la violencia juvenil en


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América del Norte, que se presenta como un problema estructural que afecta a toda la sociedad. PALABRAS CLAVE: Filosofía del Derecho, Bjarne Melkevik, George Orwell, José F. Lorca Navarrete, Emancipación del dogmatismo, Mundialización, Huig de Groot.

La filosofía del Derecho encuentra su fundamento en la reflexión, la

investigación, el análisis, y los diálogos intelectuales. Melkevik considera que la Filosofía del Derecho moderno se revela hoy día como un actor de primera importancia en los grandes debates y en la elección del "bien" y de "lo justo" (p. 2). Además, Melkevik intenta huir de cualquier ideología del Derecho, por lo que propone que la Filosofía del Derecho se fundamente en la práctica de los actores jurídicos, en el proceso judicial y en el trabajo de los abogados, pero no en la autoridad, ya que la autoridad se considera un mal argumento (p. 4).

En su libro Philosophie du jugement juridique, Melkevik considera que el Derecho se realiza únicamente en la práctica, en una sociedad habitada por individuos. En definitiva, el Derecho pertenece a los individuos, que marcan las reglas y sus diferencias. Además, considera que los "hechos" no existen en el Derecho, puesto que el mismo jamás puede aceptar un discurso de los hechos. Los hechos son el discurso de la vida del hombre. Por otro lado, una filosofía de los juicios que sea utilizada por la filosofía del Derecho sería compleja necesariamente (p. 14).

La filosofía del Derecho hoy demanda una emancipación del dogmatismo, que impide el hipotético desarrollo de esta disciplina, amén de liberarse de la idea obsesiva del Estado (pp. 22-27). Sólo así podremos abordar la cuestión del Derecho en su autonomía. En realidad, la filosofía contemporánea del Derecho se construye generalmente sobre la separación ilegítima y radical del individuo, de una parte, y del sujeto de derecho, de otra. Para argumentar esta filosofía acude a la obra de George Orwell titulada "1984", que es un auténtico libro de filosofía política (p. 46).

Pero este "nuevo Derecho" (novdroit) requiere de un Saber, de un Conocimiento o de una Ciencia. Además este concepto se ha relacionado con el dogmatismo jurídico, la filosofía del Derecho e, incluso, el multiculturalismo (pp. 54-66).

El concepto de la mundialización permite comprender la situación del mundo, la "globalidad mundial". La humanidad vive este concepto de mundialización como aquellas oportunidades económicas que le puede enriquecer.

Los dos sistemas de Derecho establecidos en el Derecho mundializado son: la neo-lex mercatoria y el sistema internacional de Derechos humanos (pp. 114-117).

La concepción moderna del cosmopolitismo nos lleva casi necesariamente, a la cuestión de la "paz".

Otra cuestión es el futuro de las Facultades de Derecho, que son defendidas por Melkevik en cuanto que representan el "futuro", ya que son el lazo de unión con los profesionales que trabajan en el mundo del Derecho. Aunque en las mismas se forman "generalistas" (y es bueno que así sea, siempre que los alumnos obtengan un gran bagaje conceptual jurídico), logran adquirir las competencias necesarias como juristas, pues las Facultades de Derecho deben


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sentar las bases sólidas de la formación de los juristas y no de los leguleyos, tal y como señalaban esos grandes maestros de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, que los citamos por haber ambos fallecido, que fueron el iusnaturalista católico José F. Lorca Navarrete y el positivista a la vez que iusnaturalista racionalista de ortodoxia holandesa y germánico-luterana Alfredo Rodríguez García. Enrique Cibantos hizo la tesis doctoral con ambos, su segundo director fue el mencionado Rodríguez García. He aquí el recuerdo del doctor Cibantos de su peregrinaje por el área de conocimiento de Filosofía del Derecho:

Aseguro que no es fácil para mí hablar de mi querido profesor y amigo Alfredo Rodríguez García (q.e.p.d.). Tuve la suerte de tenerle como docente preclaro en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga en el departamento del profesor José F. Lorca Navarrete (q.e.p.d.). El profesor Lorca fue el primer director de mi tesis doctoral. Su fallecimiento me produjo un gran vacío, hasta el extremo, de que dejé mi trabajo durante un tiempo. Mi relación con el profesor Alfredo Rodríguez, su colaboración, su ayuda y su participación me animaron a retomar mi tesis. Siempre reconocí su ayuda y empuje animándome a conseguir mi deseo. Alfredo era mi maestro, a quien yo le llevaba aquellas páginas que junto a mis aportaciones profesionales y cambios de impresiones me ayudaba a dar forma. Entonces, yo marchaba orgulloso con ganas de seguir buscando y organizando las tareas encomendadas. Horas invertidas por mí para buscar, investigar y redactar un tema que le llevaba, con la confianza, el respeto y la obligación de quien lo estaba esperando. Recuerdo aquellos minutos que a veces nos servían para tomar un "algo" en el rincón de la barra de nuestra cafetería, mientras me hablaba de Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Sir Karl Raymund Popper, Huig de Groot, Samuel Pufendorf, Eugen Huber, Ernst Rudolf Bierling, Raymond Saleilles, Stephen Johnson Field, Heinrich Aaron Spittler, Carl Traugott Gottlob Schönemann, Georg Jonathan Schuderoff, Gerhard Johann Voss, Adolf Karl Heinrich von Hartitzsch, Catherine Wihtol de Wenden, Léon Duguit, Paul Vinogradoff, de la filosofía del Estado y de la ley de Johann Gottlieb Fichte, del individualismo absoluto de Max Stirner, y, porqué no, de la "Organización Mundial del Turismo", para decirme a continuación: "niño, esto tenemos que terminarlo".

Y así fue, se terminó. Me queda el recuerdo del profesor Alfredo Rodríguez García, con su sencillez pues nunca daba la impresión de sus amplios conocimientos y cuatro licenciaturas, iusfilósofo inteligente y comprensible. Nuestra Facultad perdió al Hombre Bueno, Humano y Colaborador de quien se acercaba a él.

Dr. Enrique Cibantos


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El segundo libro de Melkevik, dicho sea de paso más próximo en sus ideas a

Alfredo Rodríguez que a Lorca Navarrete, sin duda, está dedicado a la Tolérance et modernité juridique (pp. 203-355). Melkevik parte de que la tolerancia reina sobre toda la Tierra y también sobre la Filosofía del Derecho.

En efecto, hay que desechar cualquier tipo de fanatismo, supremacía, desigualdad o discriminación. Uno de los mayores defensores de la tolerancia religiosa ha sido John Locke en su célebre Lettre sur la tolérance (1689) y en Les Deux Traités du Gouvernement (1690).

A mayor abundamiento, la tolerancia permite el equilibrio entre las libertades individuales y las exigencias sociales, políticas y económicas, que son inseparables. En el ámbito filosófico destaca la Théorie de la justice de John Rawls, y en el mismo sentido su Libéralisme politique. De esta forma, en una concepción moderna de tolerancia, la democracia deberá definir lo intolerable. Pierre Bayle (1647-1706) nos ofrece otra concepción moderna de la tolerancia, que estaba influida por las persecuciones político-religiosas posteriores a la revocación del edicto de Nantes, en 1685.

Destaca su obra Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ: "Contrains-les d'entrer" (1686-1687), en el que elabora su teoría sobre el "Derecho de la conciencia errante". Bayle considera que la conciencia está sobre la jurisdicción del hombre y Dios. En efecto, los derechos de la conciencia proceden directamente del mismo Dios. Además, la aportación más importante de Bayle es el reconocimiento de un principio universal de tolerancia.

Por otro lado, se trata de un principio que englobaría todas las creencias de los hombres, incluso de los ateos o agnósticos. Melkevik considera que «el sistema internacional de los derechos humanos, establecidos en el sistema de


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la ONU de 1945, engloba hoy en día la cuestión de la tolerancia» (p. 260). De esta forma, se lucha contra la intolerancia, al tiempo que reconoce la identidad de los pueblos. La Declaración de principios sobre la tolerancia, de la UNESCO, parte del principio de que la «tolerancia es la armonía en la diferencia». Por ello, Melkevik propone el multiculturalismo en las sociedades modernas, en cuanto que se trata de una cultura cívica y democrática en un espacio público moderno (pp. 273-274).

El Derecho internacional de las minorías se fundamenta en el privilegio de una identidad particular y cultural. En efecto, la nueva tendencia del Derecho internacional de las minorías tras la Segunda Guerra Mundial se mueve en torno a dos principios: de una parte, la exigencia de la universalidad, y de otro, el reconocimiento de un privilegio a una identidad cultural y la promoción de los modos de vida particulares. En otras palabras, el binomio universalidad y particularidad, que permite un reconocimiento de la identidad. El art. 27 del Pacto internacional sobre Derechos civiles y políticos, de 1966, reconoce este nuevo Derecho de las minorías.

También es relevante en esta cuestión la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas, de 1992. La legitimación de los Derechos del hombre puede hacerse desde un punto de visto metafísico y se remonta a los siglos XVIII y XIX, en el período en que comenzó la Revolución americana (1768), y más tarde la Revolución francesa (1789), y que se concretaron en las revoluciones burguesas posteriores. Aunque también se puede legitimar a través del discurso internacionalista sobre los Derechos del hombre, sin embargo en nuestros días hay que hacerla desde una concepción democrática del Derecho (p. 332).

El tercer libro se titula Considérations juridico-philosophiques (pp. 357-553). Al hombre se le define por su vulnerabilidad, no sólo ante la naturaleza, sino también en la sociedad. Además, hay que diferenciar al individuo del sujeto de Derecho. En realidad, el individuo es el que le hace necesariamente como sujeto de Derecho (p. 367). En el ámbito del Derecho, los individuos son vulnerables, en cuanto que son humanos. Por ello, toda la teoría de la filosofía del Derecho se construye desde la perspectiva de la acción del sujeto de Derecho.

La mejor forma de paliar la "vulnerabilidad" de los ciudadanos es a través de la solidaridad. De hecho, la capacidad de los individuos a afiliarse con otras personas ha permitido construir movimientos favorables solidarios que han permitido superar situaciones conflictivas. Para conseguir el objetivo de proteger al individuo, se elaboró el sistema internacional de los Derechos humanos, que se ha constatado como un sistema eficaz para proteger la vulnerabilidad del individuo. Otra cuestión es la dignidad de la persona, planteada desde un punto de vista ético. Melkevik considera que para una comprensión de los conceptos de "dignidad" de la persona o "personalidad" únicamente se puede hacer desde un nivel argumentativo: con argumentos sólidos. Otro concepto que plantea discusión es el de la inocencia, que lo analiza tanto desde el nivel objetivo como subjetivo (pp. 413-415). El concepto de inocencia implica un juicio sobre el mismo hecho que está marcado por el mal. En realidad, la modernidad jurídica se refiere exclusivamente a la posibilidad de que un sujeto de Derecho sea reconocido, en reciprocidad con otros sujetos de Derecho, como la forma de explicación y de realización del


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Derecho. Melkevik hace un estudio del Derecho natural desde el punto de vista de la tradición, de recurso histórico. El Derecho natural acude a conceptos como "equidad", "contrato social", "soberanía nacional", "constitucionalismo", etc. Tampoco olvida tratar otras cuestiones como la ecología, que afecta a la cuestión medioambiental. En efecto, en este aspecto es necesaria una "normativa pública" que posibilite su conservación, como las normas urbanísticas, las referentes a la geografía, etc.

Además, Melkevik hace un análisis de la revolución inglesa de 1688 y de la revolución francesa de 1789, en cuanto que provocaron un cambio político y radical, y pusieron el embrión de la modernidad. En este orden de cosas, John Locke (1632-1704) elaboró su teoría moderna de la moralidad de los intereses. Esta cuestión también ha sido tratada, entre otros, por autores modernos como J. Rawls, R. Dworkin o Habermas. En otro orden de cosas, la violencia juvenil en América del Norte se presenta como un problema estructural, que engloba a toda la sociedad. Además, esta violencia ha ido creciendo, quizá por el auge del individualismo y el protagonismo que las armas de fuego tienen en los Estados Unidos, que ha favorecido el aumento de la violencia en las escuelas. Otra cuestión es la obediencia militar, que requiere al mismo tiempo la existencia de normas que exijan tal obediencia, que la justifican y al mismo tiempo establezcan sanciones. [Recibido el 6 de septiembre de 2015].

LA TEORÍA Y LA FILOSOFÍA DEL DERECHO DE ANTONIO FALCHI (1879-1963). UN CONGRESO ITALIANO CUYAS ACTAS

APARECEN EN 2015 Guillermo HIERREZUELO CONDE

RESUMEN: Giovanni B. Varnier ha analizado la figura de Antonio Falchi, que nació en Sassari en 1879, y fue nombrado en 1903 profesor extraordinario en la Universidad de Perugia. Tras pasar por diversas Universidades, finalizó su labor docente en la de Génova en 1954. Anna Maria Del Grosso Lazzarino también se refiere a la figura de Falchi. Una de sus monografías más interesantes es la titulada Il pensiero giuridico d'Epicuro (1902), que analizaba el pensamiento crítico de Epicuro. Falchi partía de que el Derecho no era un fin en sí mismo del Estado, sino un instrumento para la consecución de sus fines. En su obra Storia delle dottrine politiche (1933) se refería expresamente a una conciencia política. Antonello Mattone estudia la Filosofía del Derecho en la Universidad de Sassari entre el ochocientos y el novecientos. La Filosofía del Derecho era considerada una materia de segundo o tercer nivel en la segunda mitad del ochocientos, y era explicada por profesores de otras disciplinas. En 1910 ocupó la cátedra como profesor extraordinario de Filosofía del Derecho. Años más tarde ganó el concurso extraordinario en la Universidad de Parma, y posteriormente, en 1923, en la de Cagliari, y finalmente en la de Génova (1925-1954), donde terminó su carrera docente. Roberto Braccia se refiere a la etapa en la que Antonio Falchi fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de Génova. En su primer mandato decanal (1928-1935) asumió una situación de emergencia; mientras que en el segundo (1946-1954) su máxima preocupación fue la lenta reconstrucción de la biblioteca. Otra cuestión fue el ambiente


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cultural entre el fascismo y el antifascismo en la Génova de los años veinte, analizado por Tommaso Gazzolo. El precursor del fascismo, Mazzini, alcanzó un gran protagonismo en Génova. En realidad, el antifascismo consiguió un fuerte arraigo en determinados profesores que ya tenían una formación de similares características. Pero el fascismo también arraigó a nivel institucional: actos académicos, inauguraciones, etc. Otro autor, Guido Levi se refiere al pensamiento de Falchi en relación con el compromiso civil, en la época de la II Guerra Mundial y en la post-guerra. En efecto, en la II Guerra Mundial el antifascismo recuperó notables posiciones. Falchi apoyó la iniciativa para que un grupo de alumnos de la Universidad de Génova suscribiera el 4 de agosto de 1943 un manifiesto antifascista y a favor de la libertad docente. Esta misma idea la continuó en los años de la postguerra, mostrando su deseo de participar en la vida democrática de su país. Giovanni B. Varnier comenta el fundamento, la finalidad y los límites de las funciones del Estado. En efecto, en opinión de Falchi, el Estado liberal no supo resolver los problemas de los individuos, por lo que proponía una renovación del liberalismo y un Estado colectivo. Andrea Mignone se refiere a la figura de Antonio Falchi, como "positivista crítico" entre la filosofía y la sociología del Derecho. Inicialmente Antonio Falchi se adhirió al positivismo, que fue evolucionando hacia un "positivismo crítico". En efecto, a finales del siglo XVIII, el positivismo comenzó un declive, que quedó patente en 1898 con la obra de Giovanni Marchesini La crisi del positivismo, en la que proponía un positivismo humanístico. Pero en realidad esta vía crítica fue iniciada por Falchi, siguiendo a su maestro Icilio Vanni, grandísimo pensador jurídico, poco conocido en España. De esta forma, Falchi partía de la premisa científico-positivista: «el positivismo ha renovado la ciencia». Andrea Cantazaro se refiere a la moderna doctrina teocrática y el pensamiento de Antonio Falchi. La postura de este autor está recogida en la Introducción al volumen editado en 1908 titulado Le moderne dottrine teocratiche (1600-1850). Las ideas teocráticas postrevolucionarias se caracterizaban por una frontal oposición al iusnaturalismo y, en consecuencia, por su naturaleza anti-individualista. El libro de Falchi originó un fuerte debate científico en el bienio 1908-1909. Antonio Zanfarino, que estudia la ciencia social y la conciencia moral, destaca que Falchi criticara el individualismo, al tiempo que consideraba que había que crear las condiciones sociales para la experiencia humanitaria de la libertad social. PALABRAS CLAVE: Antonio Falchi, Filosofía del Derecho, Universidad de Génova, Giuseppe A. Roggerone, Alfredo Bartolomei, Giovanni Marchesini, Empirismo, Positivismo crítico, Antifascismo.

Antonio Falchi, que impartió durante 30 años docencia en Génova, es una

figura eminente en la Facultad de Jurisprudencia de la Liguria. Además, formó parte de la Academia Ligur de Ciencias y Letras entre 1935-1948. Giovanni B. Varnier ha analizado la figura de Falchi, patriota, filósofo y poeta (pp. 15-17). Nació en Sassari el 9 de mayo de 1879 y, en 1903, fue nombrado, mediante concurso, profesor extraordinario en la Universidad de Perugia, y cuatro años más tarde profesor ordinario. Tres años después, pasó a la Universidad de Sassari, donde ejerció la docencia hasta 1918 y, más tarde, fue decano de la Facultad de Jurisprudencia. Posteriormente comenzó la actividad docente en Parma y después en Cagliari, y en 1925 ocupó la cátedra de Filosofía del


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Derecho en la Facultad genovesa de Jurisprudencia. En 1928 fue nombrado decano, cargo que ocupó hasta 1935. En 1946 fue reelegido decano de la Facultad, nombrado en el cargo como miembro del Consejo directivo de la Casa del Estudiante, puesto que ocuparía hasta 1954. El 16 de febrero de 1955 recibió el nombramiento de profesor emérito.

Anna Maria Del Grosso Lazzarino se refiere a los estudios que analizan la figura y el pensamiento de Antonio Falchi (pp. 21-36). Giuseppe A. Roggerone en su monografía L'empirismo critico di Antonio Falchi (1987), y la obra colectiva Scritti in memoria di Antonio Falchi (1964) estudian la figura de este excelente pensador. Falchi analizó el pensamiento crítico de Epicuro en el período comprendido entre 1904 y 1910, siendo docente de Filosofía del Derecho en la Universidad de Perugia (pp. 25-26). En este aspecto, destaca su monografía Il pensiero giuridico d'Epicuro (1902). En 1910 Antonio Falchi ocupó la cátedra de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sassari, cargo que desempeñó hasta 1918, período en el que redactó su obra I fini dello Stato e le funzioni del potere (1912-1913), reimpresa en el volumen Lo Stato colletività (1994). En 1925 inició su labor como catedrático en la Facultad genovesa de Jurisprudencia. En su pensamiento consideraba que el Derecho no era un fin en sí mismo del Estado, sino un instrumento para la consecución de sus fines. A juicio de Falchi, el consenso colectivo no sería el resultado de una suma aritmética de voluntades individuales, ni de una unanimidad o de una mayoría, sino que coincide con el comportamiento psicológico de los elementos dinámicamente prevalentes de una colectividad: audacia, coraje, de hombres inteligentes o dominantes. En su Storia delle dottrine politiche (1933) hablaba expresamente de una conciencia política.

Antonello Mattone escribe sobre la enseñanza de la Filosofía del Derecho en la Universidad de Sassari entre el ochocientos y el novecientos (pp. 37-87). En la segunda mitad del ochocientos, la Filosofía del Derecho tenía la consideración de materia secundaria, privada en parte de una específica identidad como disciplina, y explicada por profesores de otras asignaturas. Ahora en cambio tiene una madurez muy sólida en la República italiana. En 1903, Cosentini obtuvo el título de libre docente en Filosofía del Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de Sassari.

La contribución más importante de Cosentini a la teoría del socialismo jurídico ha sido su obra titulada La riforma della legislazione civile (1911), que señalaba una "relación de interdependencia" y no de subordinación entre la filosofía del Derecho, la sociología y la psicología. Más tarde, la cátedra de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sassari fue ocupada en 1904 por Alfredo Bartolomei, aunque sólo durante apenas un año, ya que el concurso fue anulado por parte del Consejo Superior de la Instrucción Pública. De sus iniciales posiciones positivistas, Bartolomei fue orientándose de forma progresiva hacia el neo-kantismo de la filosofía jurídica alemana. Otra obra de Bartolomei es Introduzione alle scienze sociali (1906), que analiza las corrientes históricas italianas, alemanas y francesas. Antonio Falchi se presentó al concurso a la cátedra de la Universidad de Messina con el trabajo previo que daría lugar dos años más tarde a su monografía Le moderne dottrine teocratiche (1600-1850) (1908), en la que analizaba cuál era la corriente filosófica que había afirmado la soberanía divina y su influencia en la formación de la ciencia social contemporánea. Falchi ocupó la cátedra de Sassari en 1910 en el concurso como profesor extraordinario de Filosofía del


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Derecho, siendo ya docente entre 1903 y 1909 en la Universidad de Perugia. En 1914 fue promovido como profesor ordinario de Filosofía de Derecho en la Universidad de Sassari. Posteriormente, ocupó mediante un concurso extraordinario la plaza de Filosofía del Derecho vacante en la Universidad de Parma. Desde Parma se transfirió en 1923 a la Universidad de Cagliari y, finalmente, a la de Génova, donde enseñó desde 1925 a 1954, concluyendo su carrera. En su obra Filosofia propedeutica. Introduzione alle filosofie particolari (1941) recogía el compendio de sus reflexiones filosóficas (p. 64).

Roberto Braccia analiza la etapa en la que Antonio Falchi fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de Génova (pp. 89-107). El acceso a su primer decanato Falchi (1928-1935) lo asumió en una situación de emergencia. En el penúltimo año de la misma, la Facultad de Leyes de Génova únicamente disponía de ocho ordinarios, muy por debajo de las necesidades reales de la misma.

El segundo mandato decanal de Falchi fue en el periodo comprendido entre 1946 y 1954, y una de las mayores preocupaciones en esta etapa era la lenta reconstrucción de la biblioteca. En el año académico 1950-1951 los ordinarios de la Facultad eran catorce, lo que mejoró algo la ratio docente.

El ambiente cultural entre el fascismo y el antifascismo en la Génova de los años 20 ha sido analizada por Tommaso Gazzolo (pp. 109-127). Mazzini fue el precursor del fascismo, que alcanzó una gran relevancia en Génova. En la Universidad, el antifascismo arraigó en aquellos profesores de formación pre-fascista. A nivel institucional, ya sean en ceremonias, inauguraciones, actos académicos, etc., se ha producido una influencia notable del fascismo. Pero en la doctrina también se ha discutido sobre el fascismo o el antifascismo, como en el pensamiento de Moresco o Falchi.

El pensamiento de Falchi en otra cuestión como el compromiso civil, en la época de la II Guerra Mundial y la post-guerra han sido tratados por Guido Levi (pp. 129-147). En efecto, en la Segunda Guerra Mundial surgió un antifascismo de forma activa, adoptando una postura de reacción contra esas ideas, aunque fueron muchos los docentes universitarios que apoyaron al fascismo.

El 4 de agosto de 1943 promovió una iniciativa para que un grupo de alumnos de la Universidad de Génova suscribiera un manifiesto antifascista y a favor de la libertad de pensamiento entre los docentes. En los años siguientes a la postguerra, Falchi sentía el deber moral de participar en la vida democrática de su país. Guido Levy considera que Falchi representaba la versión liberal y democrática del intelectual de la postguerra que barruntaba la exigencia moral de cooperar activamente en la esfera pública (p. 143).

Giovanni B. Varnier comenta el fundamento, la finalidad y los límites de las funciones del Estado (pp. 151-163). A juicio de Falchi, el Estado liberal se ha mostrado como insuficiente, rechazando la idea de un Estado ético, siendo necesario renovar el liberalismo y un Estado colectivo. Antonio Falchi centra su atención sobre los temas clásicos como los límites del poder estatal o la relación entre intereses individuales e intereses públicos. A continuación, Falchi recoge los artículos de la Constitución italiana (pp. 165-174).

Andrea Mignone analiza la figura de Antonio Falchi, como "positivista crítico" entre la filosofía y la sociología del Derecho (pp. 175-193). En el primer período de actividad científica de Antonio Falchi se adhirió al positivismo, luego hizo una transición al "positivismo crítico". Heredero del empirismo, el positivismo afirmaría la importancia decisiva de la experiencia y de la observación, la


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dependencia del saber abstracto respecto de los datos de la experiencia, la sustancial unidad de los métodos cognitivos y, en consecuencia, la posibilidad de una ciencia unificada. La sociología, el Derecho, la antropología criminal, la psiquiatría y la psicología han hecho posible un enorme progreso en el siglo XIX. A finales del siglo XVIII, el positivismo entró en una zona gris. De hecho, en 1898 Giovanni Marchesini publicó el libro La crisi del positivismo, en el que proponía un positivismo humanístico.

En el período comprendido entre 1890 y 1910 tuvo lugar una fase de la sociología italiana que se desarrolló en dos períodos: uno caracterizado por la sociología evolucionista y transformadora; y el otro por un periodo crítico del positivismo, aunque no tanto por la crisis del mismo. Esta vía crítica fue iniciada por Falchi, siguiendo la iniciada por su maestro Icilio Vanni, que se fundamentaba en la relatividad y el antidogmatismo. Así, Falchi partía de la premisa científico-positivista: «el positivismo ha renovado la ciencia» (p. 189).

Otra cuestión, estudiada por Andrea Cantazaro, es la moderna doctrina teocrática y el pensamiento de Antonio Falchi (pp. 195-215). En efecto, Antonio Falchi redactó la Introducción del volumen titulado Le moderne dottrine teocratiche (1600-1850), editado en 1908. El teocratismo postrevolucionario, que se caracterizaba por una frontal oposición al iusnaturalismo, se diferenciaba también de la concepción individualista de la sociedad.

En definitiva, Falchi se mostraba como anti-individualista. Sin embargo, consideraba que tampoco podía hablarse de una absoluta incompatibilidad entre teocracia y democracia. La publicación de la obra de Antonio Falchi titulada Le moderne dottrine teocratiche fue el origen de un fuerte debate en el bienio 1908-1909, como los diversos escritos publicados en su contra en diferentes revistas por parte de Alessandro Bonucci.

Franco Todescan ha estudiado el pensamiento de Antonio Falchi sobre la Filosofía del Derecho, en el periodo comprendido desde Zenón a Huig de Groot (pp. 217-235). La obra de Groot De jure belli ac pacis se caracteriza, a juicio de Falchi, por su humanismo jurídico, tan propio del autor. De hecho, el Humanismo se configuraba con nociones claras de laicidad, más libre de los vínculos de la tradición religiosa. Pero esta antropología grociana no implicaba una ruptura absoluta con el estoicismo, fundando por Zenón, que proponía una República ideal, aunque distinta de la de Platón. Sin embargo, Todescan consideraba que «Falchi no reconoce a Huig de Groot el mérito de un primer intento de distinción entre derecho y moral» (p. 224). A juicio de Falchi, tanto el Derecho en sentido estricto como en sentido amplio para Groot serían Derecho natural. No existiendo distinción alguna entre ambos conceptos. Tampoco habría que atribuir a Groot la separación entre Derecho y Teología, a juicio de Falchi (p. 227).

Antonio Zanfarino se refiere a la ciencia social y conciencia moral (pp. 237-243). Falchi ha defendido la relevancia teórica y práctica, existencial y colectiva, privada y pública del principio moderno de individualidad, criticando el individualismo. Además, ve una diferencia entre lo social y lo sociable (p. 241). Por si fuera poco, considera que hay que crear las condiciones sociales para la experiencia humanitaria de la libertad social. En el Apéndice se reproduce la obra de Antonio Falchi titulada Significato sociologico del pensiero di Vico (pp. 265-313). [Recibido el 13 de mayo de 2015].


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LOS «STUDIES ON INTERNATIONAL LAW» DE LA BULGARIAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL LAW,

VOL. 8, SOFIA, 2013, 200 PÁGS. Guillermo HIERREZUELO CONDE

RESUMEN: Margarit Ganev hace algunas reflexiones en el 140º aniversario de la Asociación de Derecho Internacional. La Asociación para la reforma y codificación del Derecho de las Naciones fue creada en 1873, y en 1895 ya se llamaba Asociación de Derecho Internacional. En 2013 estaba integrada por su sede matriz y 47 ramas nacionales. Atanas Semov estudia el desarrollo de la 75ª Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional. La misma se celebró entre el 26 y el 30 de agosto de 2012 en Sofía, en la que se trataron temas tan diversos como el régimen legal internacional del Danubio, las centrales nucleares o la Convención de armas químicas. Lord Lain Bonomy reflexiona sobre el retraso y el mal funcionamiento en la justicia. Un retraso en la justicia implica, en la mayoría de los supuestos, una denegación de la misma. El ejemplo más reciente de esta situación ha sido el Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia, que pretendía ofrecer una solución a un conflicto regional. Dencho Georgiev comenta las relaciones legales entre los acuerdos comerciales regionales y la Organización Mundial del Comercio. En la actualidad han proliferado los acuerdos comerciales regionales, como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de 1994, pero los mismos suponen un freno al comercio internacional, ya que no pertenecen al sistema establecido por la Organización Mundial del Comercio. Tanto los tratados regionales como los globales se basan en las normas "constitucionales" del Convenio de Viena de 1969 (art. 5). Jacques H. J. Bourgeois y Svetlana Chobanova comentan los acuerdos regionales comerciales y su relación con la Organización Mundial del Comercio y el Derecho público internacional. A principios de 2013 a la Organización Mundial del Comercio le constaba la existencia de 546 acuerdos comerciales regionales, aunque sólo 354 estaban entonces en vigor. Es evidente que, para una adecuada interpretación de los Tratados, hay que tener en cuenta no sólo la intención de las Partes al firmar los mismos, sino también el principio pacta sunt servanda. Kim Van der Borght se refiere al carácter discriminatorio en el ámbito comercial del artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Este art. XXIV contiene la cláusula de la nación más favorecida, que por su propia idiosincrasia tiene un carácter discriminatorio. Pero también tiene la misma naturaleza la "cláusula del abuelo" (grandfathering of rights), que consiste en mantener vigente una situación que hasta entonces estaba permitida, a pesar de cambios en la Ley o en los requisitos. E incluso existen otras excepciones, como las customs unions o uniones aduaneras. Talia Einhorn analiza el desarrollo del comercio internacional regional en Israel. Los limitados recursos económicos de este país hacen que dependan en gran medida de las importaciones. Ha ratificado el GATT de 1994, ya que le interesa, desde un punto de vista económico, la liberalización del comercio. También ha ratificado acuerdos bilaterales con la Comunidad Económica Europea el 20 de mayo de 1975, Estados Unidos en 1985 y un acuerdo de unión aduanera con la Organización para la Liberación de Palestina. Masahiko Asada se ocupa el plazo límite para destrucción de armas químicas prevista en


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la Convención sobre armas químicas. Dicha Convención de 1993 está considerada el primer Tratado que elimina la totalidad de armas químicas de destrucción masiva, estableciendo un sistema de verificación eficaz. El plazo previsto es, como máximo, diez años desde la entrada en vigor, ampliable a quince. Sin embargo, siete Estados Partes no han logrado el objetivo: Estados Unidos, la Federación Rusa, India, la República de Corea, Albania, Libia e Irak. Anguel Anastassov estudia la Convención sobre armas químicas como modelo a seguir. Esta Convención establece tres categorías de armas químicas, que deberán ser destruidas. Pero además, los Estados Partes deben garantizar que los productos químicos tóxicos no sean usados con fines prohibidos por la Convención. Aunque no se hace referencia expresa, la finalidad de este Convenio era impedir que las armas químicas fueran utilizadas con fines terroristas. Michael Geistlinger estudia la problemática de las centrales nucleares y la seguridad ambiental. El actual Tratado de no proliferación de armas nucleares ha sido la clave para que los Estados no utilicen ni fabriquen armas nucleares, ni siquiera permite el uso de la energía nuclear con fines pacíficos ya que implica un gran riesgo que no se puede asumir. Maša Kovič Dine comenta las medidas adoptadas por la comunidad internacional para la protección de los bosques. En esta cuestión hay que tener muy presente no sólo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, celebrada en Estocolmo en 1972, sino también la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Katrin Tiroch se ocupa del transporte fluvial en el río Danubio y el mar Negro. La Convención de protección del Danubio ha hecho importantes aportaciones a la protección del mar Negro, uno de los mares cerrados más extensos del mundo. De ahí la relevancia de este acuerdo contra la contaminación (Black Sea Convention), de 1992. La política migratoria en la Unión Europea es otro de los problemas de actualidad, esta vez tratado por Eliza Yankova. El Acuerdo de Schengen de 1985 suprimió las fronteras internas en la Unión Europea. Sin embargo, con la caída del muro de Berlín y las revoluciones árabes, la migración ha sufrido un incremento importante. La cuestión migratoria está regulada además en el Acta Única Europea (1986), el Tratado de Maastricht (1992), el Tratado de Amsterdam (1999), el Tratado de Lisboa (2009) y el Pacto Europeo sobre migración y asilo (2008). Yana Lazorova analiza la arbitrabilidad internacional y su viabilidad en el Derecho de la propiedad intelectual. En el Derecho internacional el arbitraje se presenta como una institución fundamental ya que permite solucionar de forma pacífica las controversias. En esta cuestión es fundamental la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. Por otro lado, cada vez es más frecuente utilizar el arbitraje en la materia de la propiedad intelectual. PALABRAS CLAVE: Derecho Internacional, Bulgaria, Asociación de Derecho Internacional, Convenios, Mar Negro, Armas químicas.

Margarit Ganev describe el 140º aniversario de la Asociación de Derecho

Internacional (pp. 5-11). Hacia 1870, en Estados Unidos surgió la idea de crear una organización científica internacional que codificara el Derecho de las Naciones (ius gentium). En este contexto se creó en 1873 la Asociación para la reforma y codificación del Derecho de las Naciones. Dos décadas más tarde, en 1895 se cambió el nombre por el de Asociación de Derecho Internacional


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(ILA). Una institución similar fue el Instituto de Derecho Internacional, creado en septiembre de 1873 en la ciudad belga de Gante y considerado como "el más antiguo" por tan sólo unos meses. En 2013 la Asociación de Derecho Internacional ya estaba formada por 3300 miembros y 47 ramificaciones nacionales y una sede. En cuanto a la Asociación de Derecho Internacional, la 68ª Conferencia se celebró en Taipei; la 69ª en Londres; la 70ª en Nueva Delhi; la 71ª en Berlín; la siguiente en Toronto; la 73ª en Río de Janeiro, la 74ª en La Haya.

Atanas Semov se refiere a la 75ª Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional (pp. 12-25). Creada en 1873, se trata de la primera organización profesional de juristas en el mundo. La 75ª Conferencia de esta Asociación se celebró en Sofía entre el 26 y 30 de agosto de 2012, bajo el lema "Derecho para un mundo pacífico". Se trataron temas tan diversos como: el Reglamento de procedimientos de arbitraje; la aplicación unilateral de las sanciones; el régimen legal internacional del Danubio y el transporte por sus aguas; las centrales nucleares y su seguridad; la Convención sobre armas químicas; los acuerdos comerciales regionales; la nacionalidad; la inmunidad estatal y los tribunales internacionales, entre otras cuestiones.

Lord I. Bonomy escribe sobre el retraso en la justicia y su mal funcionamiento (pp. 29-34). Es evidente que un retraso en la justicia implica, en realidad, una denegación de la misma. En el periodo comprendido entre la Segunda Guerra Mundial y 2008 tuvieron lugar 313 conflictos armados, que dieron lugar a 100 millones de muertos y la comisión de innumerables crímenes internacionales. Un ejemplo evidente es el Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia que pretendía ofrecer una solución a un conflicto regional.

Dencho Georgiev analiza las relaciones legales entre los acuerdos comerciales regionales y la Organización Mundial del Comercio (OMC) (pp. 37-60). En el ámbito regional destaca el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de 1994 (GATT). Esta proliferación de los acuerdos comerciales regionales es, en realidad, un freno al progreso del comercio internacional (p. 37). A todos estos convenios internacionales, sean regionales o no, se les aplica la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969. En el Derecho internacional general no existe primacía entre los Tratados, sino que todos tienen básicamente la misma categoría. Sin embargo, debemos de considerar que los acuerdos comerciales regionales no pertenecen al sistema establecido por la Organización Mundial del Comercio, ya que únicamente abarca los "tratados multilaterales", quedando fuera de su ámbito, por tanto, los de carácter regional. Dencho Georgiev considera esta relación entre los acuerdos comerciales de carácter general y los de carácter regional como una relación de carácter "constitucional", en la medida en que se basan en normas "constitucionales" como el Convenio de Viena de 1969 (art. 5). En cuanto a la Unión Europea, hay que señalar la primacía del Derecho comunitario frente al Derecho doméstico.

Jacques H. J. Bourgeois y Svetlana Chobanova comentan los acuerdos regionales comerciales y su relación con la Organización Mundial del Comercio y el Derecho público internacional (pp. 61-70). A fecha de 10 de enero de 2013 habían sido notificados a la Organización Mundial del Comercio 546 acuerdos comerciales regionales; de los cuales, 354 estaban en vigor a esa fecha. En la aplicación de los Tratados hay que tener en cuenta la intención de las Partes al firmar los mismos, así como el principio pacta sunt servanda.


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Kim Van der Borght se refiere al carácter discriminatorio en el ámbito comercial del art. XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (pp. 71-89). La Organización Mundial del Comercio debería establecer unos límites a las tarifas aduaneras y aplicar dichas tarifas sin discriminación a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio, criterio que no se aplica ya que, en numerosas ocasiones, se incluye la cláusula de la nación más favorecida, estableciendo privilegios a determinados Estados Partes. De hecho el art. XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio recoge esta cláusula, que puede considerarse discriminatoria. En efecto, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio también recoge estas cláusulas de las naciones más favorecidas. El art. XXIV de este último Acuerdo fue la principal excepción contemplada en el GATT. Los primeros proyectos de la Carta de la Habana prohibían cualquier trato privilegiado a los Estados Partes por cualquier motivo. Sin embargo, pronto aparecieron las excepciones a la cláusula de la nación más favorecida entre los firmantes de un Tratado: la "cláusula del abuelo" (grandfathering of rights), lo que implicaba un nuevo retroceso, ya que consiste en mantener vigente una situación que hasta entonces estaba permitida, a pesar de cambios en la Ley o en los requisitos. Pero además, existen otras excepciones como las customs unions o uniones aduaneras. Aunque, tras la Segunda Guerra Mundial, se pretendía establecer un sistema igualitario en el comercio internacional, hubo resistencias para incluir la excepción de las customs unions.

Talia Einhorn se ocupa de hacer un resumen sobre el desarrollo del comercio internacional regional en Israel (pp. 90-96). La principal limitación económica que tiene Israel es que sus recursos naturales son restringidos y escasos y, en consecuencia, depende de las importaciones, además de tener un mercado doméstico muy reducido. De ahí, que Israel apoye la liberalización del comercio mundial. De hecho, ratificó el GATT en 1962, y más tarde el actualmente vigente de 1994. Israel celebró un acuerdo bilateral con la Comunidad Económica Europea el 20 de mayo de 1975, que adoptó la forma de acuerdo comercial para favorecer el libre comercio. También firmó otro con Estados Unidos en 1985, creando un acuerdo de libre comercio (free trade area agreement), que no sólo ha servido para la liberalización comercial entre las Partes, sino igualmente para promover un programa general de liberalización comercial. Las políticas de liberalización llevadas a cabo han posibilitado el desarrollo de Israel, y una reducción del déficit comercial. Con estos acuerdos de libre comercio sólo los bienes originados en una de las Partes comerciales pueden entrar libremente en el territorio de otro Estado Parte. Israel también ha concluido acuerdos de uniones aduaneras (customs unions) con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que ha reconducido las relaciones bilaterales hacia la paz. En efecto, Talia Einhorm considera que la unión aduanera «es la mejor opción para las Partes que han negociado» (p. 93).

Masahiko Asada analiza el plazo final para el desarme de armas químicas previsto en la Convención sobre armas químicas (pp. 99-112). La Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción de 1993 (Chemical Weapons Convention-CWC) se presenta como el primer Tratado que elimina la totalidad de armas de este tipo de destrucción masiva, estableciendo un


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sistema de verificación eficaz. En efecto, el art. 4, p. 6 establece que los Estados Partes deberán destruir las armas químicas antes de diez años desde la entrada en vigor de la Convención. El Anexo sobre verificación de la Convención prevé la posibilidad de extender este plazo no más allá de quince años. Como la Convención entró en vigor el 29 de abril de 1997, la destrucción debería haberse hecho antes del 29 de abril de 2007 ó 29 de abril de 2012, respectivamente. Han sido siete los Estados Partes que han declarado poseer armas químicas: Estados Unidos, la Federación Rusa, India, la República de Corea, Albania, Libia e Irak. Sin embargo, Estados Unidos, la Federación rusa y Libia han incumplido esta obligación.

Anguel Anastassov comenta en apenas once páginas la Convención sobre armas químicas como modelo a seguir para otros Tratados de no proliferación (pp. 113-123). Este acuerdo necesitó cerca de veinte años de negociaciones. Las armas químicas fueron usadas durante la Primera Guerra Mundial y fue el resultado de noventa mil muertes y casi un millón de víctimas afectadas por los efectos de estos productos. La Convención establece tres categorías de armas químicas: armas químicas basadas en las sustancias químicas de la Lista 1 y sus piezas y componentes (categoría 1); armas químicas basadas en todas las demás sustancias químicas y sus piezas y componentes (categoría 2); y, finalmente, municiones y dispositivos no cargados y equipo concebido específicamente para su utilización directa en relación con el empleo de armas químicas (categoría 3). Los Estados Partes han adoptado medidas para garantizar que los químicos tóxicos sean producidos y usados únicamente para propósitos no prohibidos por la Convención. Aunque la Convención no hace referencia de forma expresa a armas químicas con fines terroristas, es evidente que el principal objetivo es el de impedir que dichas armas se utilicen con dichos fines en la comunidad internacional (p. 121).

Estudia Michael Geistlinger la problemática de las centrales nucleares y la seguridad ambiental (pp. 127-136). El uso de la energía nuclear ha dado lugar a grandes desastres como Chernóbil y Fukushima. El Tratado de no proliferación de armas nucleares ha sido la clave para que los Estados dejen de fabricar y utilizar armas nucleares. Desde los años 70 del siglo XX el principio de precaución ha sido uno de los más importantes en el Derecho ambiental. De hecho, este principio hace inaceptable el uso de la energía nuclear incluso para fines pacíficos, ya que el mismo implicaría un gran riesgo incluso cuando no se utiliza con fines militares.

Sobre las medidas que puede adoptar la comunidad internacional para la protección de los bosques se ha ocupado de escribir sobre ellas Maša Kovič Dine (pp. 137-149). En efecto, la protección de los bosques ha sido uno de los principales objetivos en las últimas décadas del siglo XX, durante la preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, celebrada en Estocolmo en 1972. La reforestación se considera fundamental para la supervivencia del ecosistema, ya que cubre el 30% de la superficie terrestre. De hecho, los árboles regulan los gases de la atmósfera. La Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural reconoce que hay que preservar como parte del patrimonio mundial de la humanidad el patrimonio cultural y natural. De esta forma, establece un régimen de protección internacional para designar sitios y monumentos que hay que proteger por cumplir los requisitos.


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Por otro lado, Katrin Tiroch escribe sobre el transporte fluvial en el río Danubio y su aportación a la regulación de mar Negro, pero haciendo un planteamiento medioambiental del problema (pp. 154-168). La polución marítima es un problema mundial y que no conoce fronteras. El problema ambiental afecta especialmente al mar Negro y al río Danubio. En este aspecto, hay que tener muy presente la Convención sobre la cooperación para la protección y el uso sostenible del Danubio (Convención de protección del Danubio), que ha hecho importantes aportaciones a la protección del mar Negro. El Danubio, que tiene una longitud de 2.860 kms., nace en la Selva Negra (Alemania) y desemboca en la costa rumana. En su recorrido discurre por los territorios de un gran número de Estados, lo que le hace ser uno de los ríos internacionales más importantes del mundo. Las aguas del Danubio son un elemento fundamental en el comercio para los países limítrofes y, en general, para Europa. El mar Negro cuenta con una longitud de 1.200 kms. y una extensión de 420.000 km2. Está situado entre el mar Mediterráneo y el mar de Azov, y conecta Europa con Asia. Es uno de los mares cerrados más largos del mundo. Este mar cuenta con un ecosistema único en el mundo, y por ello en 1992 se estableció un acuerdo regional para la protección del mismo: la Convención sobre la protección del mar Negro contra la contaminación (Black Sea Convention). Además, existen varios Protocolos complementarios a la misma: los de 1992 y el más reciente de 2009. En realidad, el preámbulo de la Convención de protección del Danubio contiene numerosas referencias al mar Negro y a la Convención del mar Negro en cuanto a la prevención, control y reducción de la contaminación.

La política migratoria en la Unión Europea es un problema de intensa actualidad, que ha sido tratado por Eliza Yankova (pp. 171-181). El fenómeno de la migración no es un fenómeno nuevo, e incluso es necesaria en la Unión Europea para el progreso económico. Con el establecimiento del área Schengen en 1985 las fronteras internas en la Unión Europea han desaparecido, aunque se han mantenido y reforzado las externas. La caída del muro de Berlín en 1989 y las recientes revoluciones en los países árabes han propiciado el proceso migratorio. Esta cuestión ha sido uno de los temas más relevantes en el Tratado de Maastricht. De hecho el art. 45 establece que el libre movimiento de personas, servicios y capitales representa uno de los pilares fundamentales de la integración económica en la Unión Europea. En esta cuestión hay que tener presente varios textos jurídicos: el Acuerdo de Schengen (1985); el Acta Única Europea (1986), que suprime las fronteras internas en la Unión Europea; el Tratado de Maastricht (1992); el Tratado de Amsterdam (1999), que se ocupaba de los temas de la inmigración y del asilo, y el Tratado de Lisboa (2009). Otro documento fundamental es el Pacto Europeo sobre migración y asilo (2008), que invoca a la cooperación entre los Estados de la Unión Europea en las políticas de inmigración y asilo, como mecanismos para garantizar la seguridad en los diferentes Estados europeos. En la última colaboración, Yana Lazorova se ocupa de la arbitrabilidad internacional y el Derecho de la propiedad intelectual (pp. 182-197). El arbitraje es una institución necesaria en el orden mundial, ya que permite la solución pacífica de las controversias planteadas. La utilización cada vez más frecuente de este sistema a nivel internacional ha favorecido su desarrollo. Sin embargo, la propiedad intelectual tiene sus propias peculiaridades, por lo que hay que plantearse la posibilidad de aplicar o no el arbitraje en esta institución y, en


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concreto, la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. Las principales objeciones son las siguientes: la disponibilidad de los Derechos de propiedad intelectual y por consideraciones de orden público (pp. 186-190). La materia de la propiedad intelectual no puede ser una excepción a la arbitrabilidad, y cada vez son más los Estados que admiten el arbitraje en esta cuestión en el Derecho comparado. [Recibido el 15 de mayo de 2015].

EL NÚMERO 2 DE 2014, VOL. 25 (JULIO–DICIEMBRE) DE LA «REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS»


RESUMEN: Lucía Rincón Soto estudia el pensamiento amáutico o humanista del indio Fausto Reinaga (1906-1994) y su crítica a la filosofía occidental. Reinaga propuso la liberación del pueblo boliviano para recuperar su dignidad y consideraba que la única vía para conseguirlo era la creación de un partido político. Natalia Mendoza Servín escribe sobre la costumbre indígena, pero desde un enfoque propersona en las decisiones judiciales mexicanas. En la Carta Fundamental mexicana se respetan los Derechos humanos de los indígenas. Heidy Vega García escribe sobre la identidad cultural y el patrimonio ambiental, con especial referencia a las mujeres en la Reserva de la Biosfera Maya. Tarik Lama Gálvez se refiere al desplazamiento forzado de la población indígena por Israel. Con la creación del Estado de Israel en 1948, el pueblo árabe beduino que quedó dentro del mismo ha sido perseguido y hostigado. El Gobierno israelí aprobó el Plan Prawer-Begin el 11 de septiembre de 2011 y reubicó a los beduinos del Néguev. Aunque este Plan fue suspendido en diciembre de 2013, volvió a aplicarse en enero del año siguiente. Luis Barrantes Montero analiza la situación actual de los Derechos humanos en el ámbito de la Educación superior, así como la formación de profesionales y ciudadanos. En efecto, hay que profesionalizar a los estudiantes de todos los ámbitos educativos, tanto el científico-tecnológico como el humanístico. Pero la formación de los Derechos humanos debe empezar en la educación primaria, y continuar en la secundaria. Liliana Monge Sánchez y Marcela Moreno Buján analizan la situación de los territorios libres de transgénicos en Costa Rica. A principios de 2013 las autoridades locales de Abangares (Costa Rica), apoyados por ecologistas y ambientalistas, iniciaron una campaña nacional contra la prohibición de maíz transgénico y consiguieron en junio de 2013 un apoyo del 74% de los cantones del territorio nacional, cuando en diciembre de 2012 esta postura era apoyada por un 9%. El Decreto ejecutivo nº 27913-S, aprobado en junio de 1999, ha sido estudiado por Doris Fernández Carvajal. Este Decreto permite la esterilización de mujeres y hombres mayores de edad de forma voluntaria, reconociéndoles un derecho que antes estaba prohibido. Maitane Arnoso, Manuel Cárdenas, Marcela Muratori, Elena Zubieta, Darío Páez y Juan Bombelli estudian las diferencias intergeneracionales ante las medidas de justicia transicional en Argentina. Aunque el Presidente Alfonsín ordenó el arresto y enjuiciamiento de las tres primeras Juntas Militares, en 1989 y 1990 indultó a todos los oficiales encarcelados. Años más tarde, en 2005 la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las Leyes de


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obediencia debida y punto final. Matilde Laura Ambort estudia la asignación universal por hijo para la protección social en Argentina. Esta asignación universal se estableció en 2009 para desocupados y empleados informales que tuvieran a su cargo un menor, otorgándole una asignación monetaria. Con la misma se ampliaba la cobertura, reconocida con anterioridad a los menores a cargo de empleados formales. Carlos Felipe Rúa Delgado describe los criterios de priorización de delitos en los procesos de justicia y paz en Colombia. La Ley colombiana de justicia y paz de 2005, modificada por la Directiva nº 001 de 2012, pretendía abordar los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. Sin embargo, no consiguió su objetivo, ya que tan sólo se dictaron 15 sentencias en primera instancia y 9 en segunda instancia. Mónica Vergara Quezada escribe sobre los inmigrantes extranjeros en Chile. PALABRAS CLAVE: Latinoamérica, Derechos Humanos, Revolución indígena, Identidad cultural, Patrimonio ambiental, Fausto Reinaga, Evo Morales, Maitane Arnoso, Manuel Cárdenas, Marcela Muratori, Elena Zubieta, Darío Páez, Juan Bombelli, Lucía Rincón Soto, Mónica Vergara Quezada, Dictadura de Pinochet, Grupos paramilitares, Violencia institucional.

Lucía Rincón Soto, doctora en Estudios Latinoamericanos, escribe sobre el

pensamiento amáutico o humanista del indio Fausto Reinaga (1906-1994) y su crítica a la filosofía occidental (pp. 15-31). Los indígenas de los pueblos del Abya Yala no han disfrutado de los Derechos humanos tal y como los conocemos. Fausto Reinaga considera a los occidentales como asesinos y usurpadores en su libro La Revolución india. Fundó la corriente indianista, proponiendo la liberación de su pueblo boliviano para recuperar su dignidad y gobernar el Alto Perú. Esta idea fue la base de un partido político en su país. Además, consideraba que ni la religión ni el marxismo ayudarían al indio. Aunque en el siglo XVI se trataba a los indios como "bestias", más tarde cambió la consideración a "hijos del Perú" para que pagaran impuestos. Reinaga consideraba que el indio sólo alcanzaría la libertad cuando tuviera el poder, por medio de una "revolución de conciencia" que surgiría a través de la ideología desde el indio. Proponía una "revolución india". De esta forma, requiere al pueblo indio para que no abandone su cultura, su raza, su espíritu, su filosofía ni su religión. La filosofía amáutica se fundamenta en la verdad y la vida, pero surgiendo desde el indio mismo. Propone la creación de un partido político y revolucionario, pero por los propios indios. De hecho, Bolivia es una nación que está hoy gobernada por un indígena, haciéndose realidad que el pueblo indio detente el poder, aunque el proyecto de Evo Morales no cumpla estrictamente el pensamiento de Reinaga. El indio tiene su propia raza, su propio pueblo, y pertenece a una nación, por lo que hay que apelar a la liberación del mismo, y no a su asimilación. Muchas sociedades persiguen alfabetizar al indígena, para cambiar su persona y que desaparezca su cultura. Lucía Rincón Soto considera que «en su mayoría, los pueblos indígenas abogan por un sistema social, político y económico que se desarrolle en concordancia con la vida y con respeto hacia los demás. De esas luchas se han generado encuentros políticos y de reconocimiento entre los diferentes pueblos indígenas» (p. 28). Los indígenas se enfrentan a numerosos problemas: expropiación de sus tierras, la contaminación de su hábitat, discriminación para acceder a ayudas, salud, educación, etc.


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Pero, como señala Rincón Soto, «uno de los problemas más contundentes que los acecha en la actualidad es el referente a la pretensión de muchos gobiernos de tendencias neoliberales cuyos países han firmado tratados de libre comercio con los Estados Unidos y Europa, donde se contempla la explotación de recursos naturales que se encuentran principalmente en sus tierras» (p. 30).

Natalia Mendoza Servín, licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, escribe sobre la costumbre indígena, pero vista desde un enfoque propersona en las decisiones judiciales mexicanas (pp. 33-43). La costumbre requiere de dos elementos, como son la repetición general y constante de un comportamiento, y que éste sea considerado como obligatorio y vinculante por esa sociedad. En México, la costumbre es una fuente de carácter secundario ya que se utiliza únicamente de forma supletoria cuando las Leyes así lo determinasen (art. 10 del Código Civil para el Distrito Federal). Sin embargo, Mendoza Servín señala que, «a pesar del fuerte carácter vinculatorio del derecho codificado, el Estado mexicano en su Constitución, artículo 2, reconoce que la nación es una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, que basan gran parte de sus acciones y omisiones en lo que denominaríamos como costumbre a la luz de las definiciones antes señaladas» (p. 35). En realidad, la Carta Fundamental respeta y salvaguarda los Derechos humanos de los grupos indígenas, que en realidad son los Derechos fundamentales propios de cualquier población. Además, también es aplicable el art. 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). Pero en México también es objeto de aplicación el principio propersona, que fue incluido en el ordenamiento jurídico con la reforma constitucional de 10 de junio de 2011. Este principio permite interpretar que las autoridades estatales deben proteger más ampliamente a las personas del territorio nacional. Además, restringe aquellas interpretaciones a la ley que pretendan limitar algún Derecho humano.

Heidy Vega García escribe sobre la identidad cultural y patrimonio ambiental, con especial referencia a las mujeres en la Reserva de la Biosfera Maya (pp. 45-78). Esta Reserva es el espacio natural protegido de mayor extensión de Centroamérica, con un total de 21.604 km2, y representa el 83% del total de las áreas protegidas de Guatemala. En dicha zona habitan descendientes directos de los mayas (itzaes, q'eqchi'es, kaqchikeles y mopanes).

Los mayas consideran a los hombres y las mujeres como parte de la naturaleza, además estimaban como valores fundamentales la gratitud, el cumplimiento de los trabajos y los compromisos, el valor en sí mismo del propio trabajo, la ayuda mutua y la cooperación con la comunidad, la verdad, etc. Los mayas guardaban respeto a toda la naturaleza: planetas, tierra, bosques, cultivos, sol, agua, etc. Las mujeres indígenas respetan la biodiversidad siguiendo la tradición maya, aplicando el Buen Vivir, que hay que entenderlo como crecimiento, equidad, bienestar y sustentabilidad. Este concepto está presente en cada etapa de la vida para que además sea digna y «satisface las necesidades básicas, pero también se espera alcanzar el bienestar y la felicidad en la convivencia armónica y equilibrada, tanto con la sociedad como con la naturaleza, a la que se expresa profundo respeto» (p. 54). El símbolo de la mujer en la cultura maya está relacionado con las labores agrícolas, en cuanto que representa la fertilidad y el poder sembrar y dar la vida. Además, el


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papel de la mujer adquiere una gran relevancia como educadoras, ya que determina los valores y principios de cada familia. En la actualidad, el pueblo maya lucha por preservar su cultura, incluso con la acción política en Guatemala. A este pueblo es aplicable el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (1995), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (1994), la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (1997), y también el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Guatemala el 1996.

Tarik Lama Gálvez, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, trata el desplazamiento forzado de la población indígena por Israel (pp. 79-91). El pueblo árabe beduino ha habitado el desierto del Naqab desde el siglo VII d.C. Pero la creación del Estado de Israel en 1948 hizo que este desierto quedase dentro del nuevo Estado, siendo expulsados la mayoría de ellos fuera de Israel. A los que quedaron dentro de Israel se les reagrupó en un territorio, y han sido perseguidos y hostigados, demoliendo sus viviendas. Han tenido que cambiar a una vida sedentaria, rural y como intruso ilegal. Una parte habita en zonas reconocidas por Israel, pero algunos se refugiaron en Cisjordania. El Plan Prawer-Begin, aprobado por el Gobierno israelí el 11 de septiembre de 2011, reubicó a los beduinos del Néguev en municipios y aldeas reconocidas por Israel, con la pretensión de recuperar esos territorios por Israel. Este Plan daría lugar a la Ley de regularización del asentamiento beduino en el Néguev, aprobada el 6 de mayo de 2013, pero que vulnera Derechos humanos de los beduinos, reconocidos internacionalmente como el derecho a la propiedad, el derecho al debido proceso, el derecho a la dignidad y el derecho a ser tratados en igualdad. Incluso antes de aprobarse como ley se utilizó para demoler miles de viviendas. Aunque se suspendió en diciembre de 2013 su aplicación, volvió a aplicarse en enero de 2014. El 5 de julio de 2012 el Parlamento Europeo dictó la resolución 2012/2694 condenando el desplazamiento forzado y la demolición de casas. Tarik Lama solicita que «se condenen internacionalmente los actos que degradan la condición humana, a través de la aplicación de políticas sancionatorias» (p. 90).

Luis Barrantes Montero, académico de la Universidad Nacional de Costa Rica, analiza la situación actual de los Derechos humanos en el ámbito de la Educación superior, y la formación de profesionales y ciudadanos para liderar una convivencia justa y tolerante (pp. 93-105). La formación de los Derechos humanos debe empezar en la educación primaria y secundaria, si bien debe promoverse la integralidad y un pensamiento crítico en los estudios superiores. Hay que profesionalizar a los estudiantes tanto en lo científico-tecnológico, como en lo humanístico. Sin embargo, Barrantes Montero opina que «las oportunidades de educación superior, lejos de ayudar a construir sociedades inclusivas y de sana convivencia distancian a quienes disfrutan de ellas de aquellos que las carecen» (p. 102). A continuación añade, «si quienes están mejor preparados para promover los derechos humanos se abstraen de su compromiso con la colectividad, hay pocas esperanzas de un futuro promisorio en materia de derechos» (pp. 102-103).

Liliana Monge Sánchez, docente de la Universidad de Costa Rica, y Marcela Moreno Buján, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, se refieren a los territorios libres de transgénicos en Costa Rica (pp. 107-132). El Gobierno de Costa Rica aprobó a inicios de 2013 la introducción de


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cuatro especies de maíz transgénicos en cultivos en el país. De esta forma, las autoridades locales de Abangares, con el apoyo de los ecologistas y de los ambientalistas iniciaron una campaña nacional bajo la denominación "Territorios libres de transgénicos", consiguiendo en pocos meses la prohibición de maíz transgénico en el 74% de los cantones del territorio nacional en junio de 2013, frente al 9% que había en diciembre de 2012. De hecho, el ente local debe ser un dinamizador de las instituciones. Liliana Monge destaca que «el caso particular de los Territorios Libres de Transgénicos, evidencia la posibilidad del ente municipal de oponerse a los intereses económicos de determinadas industrias que riñen con el interés local de mejorar la calidad de vida de las personas y garantizar el acceso a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado» (p. 129).

Doris Fernández Carvajal, académica en el Instituto de la Mujer de la Universidad Nacional de Costa Rica, comenta el Decreto ejecutivo nº 27913-S, aprobado en junio de 1999, que permite la esterilización de mujeres y hombres mayores de edad de forma voluntaria (pp. 133-150). Este Decreto regula un Derecho humano inherente a la persona, ya que cada persona es libre para decidir voluntariamente sobre la reproducción. De esta forma, tanto el hombre como la mujer pueden elegir libremente ese derecho, que antes estaba prohibido. Fernández Carvajal recuerda que «antes de la aprobación de este Decreto la materia de la esterilización femenina o salpingectomía se practicaba a mujeres que tenían muchos hijos, o cuyo embarazo implicara riesgos para la salud» (p. 135). Fernández Carvajal ha hecho un estudio sobre 40 mujeres costarricenses. En la mayoría de los casos eran por la situación económica de la familia, viviendo en una pobreza extrema. El 38% de los casos estudiados utilizaban el Seguro Social del Estado, ya que no podían cotizar por ningún otro régimen. Además, en muchos casos las mujeres utilizaban con anterioridad anticonceptivos que causaban problemas a su salud (48%). El 80% de las mujeres tuvieron su primer hijo con menos de 20 años. La mitad de las mujeres que habían solicitado la esterilización en virtud del Decreto anterior no tuvieron éxito ya que se encontraron con la oposición del esposo o del médico. La principal preocupación después de la esterilización es la posibilidad de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual ya que el 95% de las mujeres no utilizan ningún medio de protección.

Las diferencias intergeneracionales ante las medidas de justicia transicional en Argentina ha sido tratada por Maitane Arnoso, Manuel Cárdenas, Marcela Muratori, Elena Zubieta, Darío Páez y Juan Bombelli (pp. 151-167). La justicia transicional es aquella que permite transitar de un periodo de violencia a otro de paz. Cuando el Presidente Alfonsín llegó al gobierno, creó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y ordenó el inmediato arresto y enjuiciamiento de los miembros de las tres primeras Juntas Militares. En 1989 y 1990 indultó a todos los oficiales del ejército que habían sido encarcelados. En 2003 se declaró la nulidad de las Leyes de obediencia debida y punto final, y dos años más tarde la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de ambas Leyes. En realidad, los jóvenes son los que menos información tienen sobre lo ocurrido en el pasado, aunque los que más participan en el recuerdo de las víctimas.

Matilde Laura Ambort, licenciada en sociología en Argentina, se refiere a la asignación universal por hijo para la protección social en Argentina (pp. 169-191). Se instauró en 2009 para aquellos desocupados y empleados informales


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que tuvieran a su cargo un menor, otorgándole una asignación monetaria. En realidad, se trata de una política asistencial, dirigida a sectores vulnerables, estableciendo requisitos y condiciones para acceder a ella. Esta asignación universal es una protección social "híbrida", ya que es propia de un Estado de Bienestar institucional, pero al mismo tiempo es de un Estado de bienestar "residual". Matilde Laura Ambort valora esta asignación afirmando que es «un instrumento en pro de la igualdad sustantiva en el ejercicio de derechos con tendencia a la universalización entre los empleados formales y los informales y/o sectores desocupados» (p. 181). Aunque pueden ser titulares tanto el padre, la madre o el tutor, en la práctica son mayoritariamente las mujeres. En realidad, con esta asignación universal se ha ampliado la cobertura que antes sólo estaba reconocida a los menores a cargo de empleados formales.

Otra cuestión es la de los criterios de priorización de delitos en los procesos de justicia y paz en Colombia, que es tratada por Carlos Felipe Rúa Delgado, profesor a tiempo completo asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Buenaventura, en Cali (pp. 193-220). La Ley colombiana de justicia y paz de 2005 fue modificada por la Directiva nº 001 de 2012, proferida por el Fiscal General de la Nación. De esta forma, se modificaban los criterios de priorización para investigar y juzgar determinados casos. De esta forma, se trataba de abordar aquellos casos más urgentes y referentes a crímenes cometidos por los grupos paramilitares. La Ley de 2005 pretendía hacer el tránsito de una época de conflicto a otra de reconciliación, que es lo que se conoce como justicia transaccional. Los pilares básicos sobre los que se fundamentan la Ley de justicia y paz son básicamente tres: la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, la realidad fue que sólo se dictaron 15 sentencias en primera instancia, frente a 9 en segunda instancia, muy lejos de los 1126 escritos solicitados. La Fiscalía estableció unos criterios de priorización para evitar el colapso y fracaso de justicia y paz, de forma que fuera efectiva la protección de los Derechos humanos.

Mónica Vergara Quezada, académica de Educación Superior en la Escuela de Trabajo Social en la Universidad Andrés Bello, en Santiago de Chile, escribe sobre los inmigrantes extranjeros en Chile (pp. 221-234). En los últimos treinta años ha aumentado el número de inmigrantes extranjeros en Chile, la mayoría provenientes del Cono Sur, algunos de mayor cualificación, mientras que otros menos cualificados. Esta inmigración ha generado desconfianza y temor y sentimientos de resistencia a lo desconocido. La Ley de extranjería de 1975, promulgada por el gobierno de Augusto Pinochet, tenía como principal objetivo evitar la entrada de elementos peligrosos o terroristas que amenazaran la estabilidad nacional. Existe un proyecto de ley de migración y extranjería de 2013 que pretende corregir las deficiencias de la anterior. [Recibido el 15 de mayo de 2015].


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LA GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA (1914-2014). CRÒNIQUES DES DE L’AJUNTAMENT

José María PEREZ COLLADOS

RESUMEN: Antoni Jordà, que es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, es autor de un amplísimo repertorio de publicaciones diversas. El presente es un libro en el que se conmemora el centenario de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, al cumplirse el centenario de la aparición de la misma. En el volumen se nos describe la evolución de la ciudad, la crisis del sistema parlamentario, la república social y democrática y los cuatro períodos por los que atravesó el régimen franquista: totalitarismo, dictadura, régimen autoritario y democracia orgánica. Interés más específico tiene todo lo que fue publicado en la Gaceta en esos cien años, como son los discursos de los alcaldes, acuerdos municipales relevantes, un noticiario internacional tan rico como llamativo. Está lujosamente impreso y lleno de fotografías de época impecables. PALABRAS CLAVE: Gaceta Municipal, Barcelona, Historia del Derecho, Historia social, Antoni Jordà, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Segunda República, Guerra civil, Dictadura de Franco, Transición, Democracia.

En un momento en el que se debate el futuro de los libros de papel,

ejemplares como este del profesor Antoni Jordà (catedrático de Historia del Derecho en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona), nos consuelan a los que nos gustaría seguir teniendo muy cerca los libros de siempre.

Se trata de una obra bellísima en su concepción formal, exquisitamente editada e ilustrada. Antes de entrar en su contenido no puede dejarse pasar por alto este aspecto, porque es muy notable.

No es un libro que simplemente se lea, también es un libro que se ve y que se toca, porque sus escogidas fotografías y cuidadísimo diseño y el gramaje del papel y su textura hacen que tenerlo entre las manos constituya, ya de entrada, una placentera experiencia bibliográfica y de conocimiento.

El libro surge con la excusa de una conmemoración: el centenario de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Barcelona. Y el autor, que aúna las condiciones de historiador y de jurista, hilvana a través de sus páginas la historia de una ciudad, su régimen jurídico (que se publicaba en la Gaceta), las vicisitudes de una revista, su normativa, sus contenidos, su contemplación del mundo.

El primer capítulo del libro nos narra la historia de la ciudad de Barcelona durante los cien años en los que ha venido teniendo su Gaceta (1914-2014). Unos años convulsos: el siglo XX visto a través de una ciudad: la crisis del sistema parlamentario decimonónico, la república social y democrática, las dictaduras, la transición, la democracia.

La solidez del autor nos lleva a los distintos momentos históricos a través de los ojos de una ciudad mediterránea, del mismo modo que las fotografías color sepia nos transportan a un mundo que sigue respirando en las fachadas de tantas casas del Ensanche barcelonés, si se miran bien.


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El capítulo segundo aborda el régimen jurídico de este tipo de publicaciones o, más en concreto, la problemática de la publicación de las normas de ámbito local, dedicándose a partir del capítulo tercero a hacer la historia de la Gaceta Municipal de Barcelona: sus antecedentes, su creación, el personal que le daba forma, su diseño, su periodicidad, su andadura bajo uno u otros regímenes políticos (la República, la Guerra, la Dictadura, la Transición, la Democracia). Todo ello con un muestrario fotográfico relevante de las portadas de la Gaceta. De lo que iba siendo, en cada momento, aquella gaceta municipal.

El cuarto capítulo es, quizás, el más interesante, dado que en él se da cuenta de las distintas temáticas que fueron abordadas por la Gaceta Municipal de Barcelona durante su siglo de existencia.

Allí podrán encontrarse desde los discursos de toma de posesión de los respectivos alcaldes, a los diversos acuerdos municipales, o cuenta de la composición de las distintas corporaciones.

Destacable información que se encuentra en la Gaceta y se refiere en el libro del profesor Antoni Jordà sería la de las distintas convocatorias de plazas y los correspondientes nombramientos o los acuerdos municipales, o los bandos de la alcaldía, o los presupuestos del ayuntamiento, o su financiación, o, sobre todo, ese conjunto inclasificable de información municipal que constituye el retrato de la ciudad a lo largo de su historia: medallas concedidas, divisiones del término municipal, normas sobre convivencia ciudadana y uso de los espacios públicos, normativa sobre la elaboración y venta del pan, códigos éticos para los distintos regidores, normativa sobre cementerios...

Al final, el capítulo quinto de este libro que lleva el título de La gaceta como cronista de su momento histórico, dado que en ella solían hacerse referencia a los grandes acontecimientos de la época, tanto de carácter local o estatal, como de índole internacional. Hallamos en este capítulo noticias tan significativas como la nota de pésame del Ayuntamiento de Barcelona al gobierno británico con motivo del hundimiento del Lusitania por un submarino alemán el 7 de mayo de 1915, o el acuerdo del Consejo Plenario del Ayuntamiento en 1989 con ocasión de los sucesos de la plaza de Tiananmen, «dando todo el apoyo a los ciudadanos de la República de China que luchan por el establecimiento en su país de un sistema democrático de libertad». Hallamos desde la felicitación en 1936 al ayuntamiento de Santiago de Compostela con motivo de la votación del Estatuto de Galicia, hasta el acuerdo de adhesión de la ciudad de Barcelona al homenaje a las víctimas del terrorismo y de apoyo a la Constitución y a las Fuerzas Armadas alcanzado en junio de 1981.

Un libro precioso, excelentemente documentado tanto desde el punto de vista archivístico como fotográfico, muy bien escrito, con honda sensibilidad histórica y jurídica. Un libro de los que hay que tener, para leer y para mirar. Una pequeña joya: la historia jurídica y social de los últimos cien años de la ciudad de Barcelona a través de su Gaceta. [Recibido el 1 de octubre de 2015].


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SOBRE LAS TEORÍAS SOCIALES DE OTTO VON GIERKE EN EDICIÓN DE JOSÉ LUIS MONEREO PÉREZ


RESUMEN: Otto von Gierke es uno de los más sólidos juristas en el tránsito del siglo XIX al XX, que ha sido incluido en Juristas Universales por parte de Rafael Domingo entre los 845 más significativos de todos los tiempos. El pensamiento de Gierke se fundamenta en que el Derecho procedía en todo caso del pueblo, y parte como una reacción contra el individualismo y el formalismo jurídico dominante en el derecho privado. En otras palabras, representa la antítesis del positivismo y del individualismo. Gierke advierte que el individuo es conveniente que se logre integrar en formaciones sociales para un desarrrollo de su personalidad. Desde otro punto de vista, precisa que los pueblos se unen en comunidades que superan el territorio de un Estado para una mejor defensa de sus intereses. Esta visión que nos brinda es diametralmente opuesta a la del absolutismo. Gierke nos ofrece un Estado popular y corporativo. El Derecho social solo puede ser creado por ese Estado. PALABRAS CLAVE: Otto von Gierke, BGB, Harold Laski, José Luis Monereo Pérez, Derecho social, Derecho corporativo, Derecho del trabajo, Historia de las doctrinas sociales.

Otto von Gierke (1841-1921) es uno de los juristas más importantes del siglo

XIX y principios del XX, que influyó en el proyecto del Código civil alemán y en el Derecho social, que sería el germen del Derecho del trabajo. De esta forma dejó una ruta abierta que en gran medida es visible en el pensamiento de Harold J. Laski y de Eugen Ehrlich.

En palabras de José Luis Monereo, la gran aportación de Gierke fue la de «precisar por primera vez, de forma definitiva, el carácter específico de los sujetos del derecho social» (p. X). Para Otto von Gierke, el Derecho procedía del pueblo y su pensamiento estuvo influenciado por los problemas sociales generados por el capitalismo y el individualismo. Su pensamiento se circunscribe como una reacción contra el individualismo y el formalismo jurídico dominante en el Derecho privado. De ahí que fundamentara el elemento social en las estructuras del orden jurídico, siendo la antítesis del positivismo y del individualismo. En efecto, para él el derecho tenía una dimensión ética y un ideal de justicia (―lo justo histñrico‖).

En palabras de Monereo Pérez «en Gierke el Derecho es concebido como fenómeno social, un producto histórico resultante del real agrupamiento de los grupos y colectividades humanas... El derecho es un hecho histórico social, esto es, constituye una manifestaciñn histñrica de la vida del ‗espíritu de una colectividad humana‘» (pp. XIII-XIV). En realidad, todo derecho positivo es creado por una comunidad o colectividad, presentándose el Derecho como un fenómeno social, manifestación de la vida de la conciencia orgánica de una comunidad. Gierke defiende su idea de ―organicismo ético y espiritual‖, que contempla al individuo como integrado constitutivamente en formaciones sociales donde se desarrolla su personalidad. De hecho, el Derecho privado tendría como misión proteger al débil, y beneficiar a toda la comunidad, frente al individualismo. Además, el Derecho social desbordaría las fronteras


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nacionales, ya que los pueblos interactúan entre sí y se unen en comunidades que superan el territorio de un Estado. Pero el Estado no es la única forma del ―ser social‖, ya que también se constituyen asociaciones, familias, agrupaciones profesionales, etc. Su visión de Estado democrático se opone al absolutista, y se trataría de un Estado popular y corporativo. Ese Estado se configura como una ―asociaciñn de asociaciones‖, en la que se encuentra estructurado el pueblo o comunidad política.

El único capaz de producir el Derecho sería el Estado, capaz igualmente de crear ese Derecho social, que quedaría formalizado en un nuevo tipo contractual (el contrato social de trabajo). Además establece las relaciones entre el Derecho social y, por otro lado, el Derecho público y el Derecho privado. Por otro lado, «en el Derecho social tienen que prevalecer concepciones que ningún modelo tienen en el derecho individual» (p. XXIII).

En su obra La teoría de la asociación y la jurisprudencia alemana considera que la corporación es una persona real colectiva, que estaría integrada por individuos que se unen y se organizan en una existencia corporativa para la consecución de los fines que se persiguen y que trascienden de los estrictamente individuales. En este aspecto ha influido en Georg Jellinek, Bernatzik, e incluso en el español Francisco Giner de los Ríos. Tras la llegada del Estado constitucional y democrático se va imponiendo el principio colaborativo de la Genossenschaft, democratizando los órganos centrales y locales, e incluso se expandirá a la empresa capitalista.

Monereo señala que Gierke considera «a las personas individuales como miembros de un todo superior, y a las asociaciones como un todo, como una comunidad, o bien, a su vez, como miembros de asociaciones superiores; el Derecho social se basa, por ello, en la relación de articulación, subordinación o supraordenación, y parte de los sujetos como de una vinculación» (p. XXXVIII). En efecto, los sujetos no son como personas aisladas, sino que pertenecen a distintos órdenes, y se encuentran insertos orgánicamente en un todo.

En realidad, el Derecho social ha de situarse entre el Derecho público y el privado, como una nueva forma de Derecho. Además atribuye al Derecho una función social en el marco de su historicidad y en una perspectiva organicista, democrática y nacionalista.

A mayor abundamiento, Gierke siempre defendió que el Código civil alemán fuera elaborado de forma social y popular. En efecto, todas sus propuestas para la reforma de este código estaban fundamentadas en un enfoque de organicismo social. A juicio de Gierke, la reforma del Derecho privado debía desarrollar una socialización, introduciendo medidas sociales en la legislación. De hecho, el contrato de trabajo moderno asume la idea de un contrato ―social‖ de trabajo. [Recibido el 2 de octubre de 2015].


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MIGUEL DE LOS SANTOS OLIVER TOLRÀ (1864-1920) Y LOS ESPAÑOLES EN LA REVOLUCIÓN FRANCESA

Manuel J. PELÁEZ

RESUMEN: Publicación de unas cartas de Miguel de los Santos Oliver a Ferran Valls i Taberner, que en ese momento se encontraba en París investigando, becado por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, relacionadas con diversos temas de Derecho público histórico catalán. El interés de Oliver Tolrà se centraba en aquel momento en diferentes asuntos que tuvieran que ver con la revolución francesa y la participación en ella de algunos españoles. PALABRAS CLAVE: Miguel de los Santos Oliver, Revolución francesa, Ferran Valls Taberner, Ramon d‘Alòs-Moner de Dou.

Miguel de los Santos Oliver Tolrà nació en Campanet (Mallorca) el 4 de

mayo de 1864 y falleció en Barcelona el 9 de enero de 1920. Estudió el bachillerato en el Instituto de Palma de Mallorca. La carrera de Derecho la hizo en las Universidades de Valencia y Barcelona. Miembro del Institut d‘Estudis Catalans en su sección Histórico-Arqueológica, fue uno de los fundadores del mismo y en el que entró a formar parte como numerario, junto a otros de la primera hora, el 18 de junio de 1907. Al morir le substituyó como numerario Ramon d‘Alòs-Moner de Dou. Los primeros miembros de esa Sección Histórico-Arqueológica fueron, además de Oliver, Guillem Maria de Brocà i de Montagut, Pere Eduard Enric Domènec Coromines i Montanyà, Jaume Massó i Torrents, Joaquim Miret i Sans, Josep Pijoan, Josep Puig i Cadafalch, Antoni Rubió i Lluch, Francesc Martorell i Trabal, Ferran Valls i Taberner y Ramon d‘Alòs Moner. No tuvo aficiones jurídicas, sino históricas, literarias y periodísticas, sublimadas en este caso por haber llegado a ser director del prestigioso diario barcelonés La Vanguardia.

Sí conviene resaltar algunos trabajos suyos de parcial contenido jurídico. Prescindimos de toda su vertiente literaria, y poética en particular, que es importante tanto la que desarrolló en castellano como en catalán, aunque se sirvió más de la primera lengua que de la segunda. Pueden verse en el sentido antedicho La cuestión regional, Palma de Mallorca, 1889; Mallorca durante la primera revolución (1808 a 1814), también impreso en Palma en 1901; L‟ensenyança a Catalunya, artículo suyo de 1904; Entre dos Españas, que corresponde ya a su etapa barcelonesa y se publicó en la Ciudad condal en 1906; La producció castellana a Catalunya (del segle XVI al XVIII), que recoge la conferencia que impartió el 29 de abril de 1909 a la Asociación catalana de Estudiantes y Notes històriques sobre Catalunya en temps de la Revolució francesa, en Anuari de l‟Institut d‟Estudis Catalans, IV (1911-1912), pp. 185-264, trabajo este último en relación al cual Emili Vigo, en su artículo Robespierre i Catalunya, rebatió la teoría de Oliver sobre la presencia en Cataluña en noviembre de 1791 del revolucionario francés Maximilien de Robespierre (1758-1794) [Cfr. Joan Mercader, ―Emili Vigo. 1917-1954‖, en Butlletí de la Societat Catalana d‟Estudis Històrics, Barcelona, III-IV (1954-1955), p. 89].


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Otras publicaciones suyas que merezcan ser consideradas son el Dictamen acord de l‟Institut d‟Estudis Catalans proposant a la Excelentíssima Diputació Provincial de Barcelona l‟adquisició de la Biblioteca Aguiló, escrito en colaboración con Jaume Massó Torrents y publicado en el Anuari de l‟Institut d‟Estudis Catalans, IV (1911-1912), pp. 185-264; Los españoles en la Revolución francesa, Madrid, 1914; El caso Maura, Barcelona, 1914; El fet i la idea de la civilisació, que fue el discurso inaugural del Ateneu Barcelonès del curso 1917-1918, donde concluye que «la voluntad de justicia es el único sentido racional del mundo, de la vida y de toda la civilización». Sus Obres Completes (que son bastante incompletas) han sido recogidas y publicadas en Barcelona en 1948 en un tomo. Desde Mallorca no han sido pocos los que han reivindicado su relevante posición culturalista.

Sobre su figura resulta muy acertada la semblanza que le dedicó Antoni Rubió Lluch [ver Antoni Rubiñ i Lluch, ―En Miquel S. Oliver‖, en Anuari de l‟Institut d‟Estudis Catalans, Barcelona, VI (1915-1920), pp. 883-888 y Margalida Tomàs Vidal, ―Miquel dels Sants Oliver i Tolrà‖, en Diccionari biográfic de l‟Acadèmia de Bones Lletres, Barcelona, 2012, pp. 212-213], aunque sin atención ninguna hacia su producción jurídica. Nosotros lo recogimos en el diccionario crítico de juristas [cfr. Manuel J. Peláez, ―Oliver Tolrà, Miguel de los Santos (1864-1920)‖, en Diccionario crítico de Juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos) [hasta noviembre 2006], vol. II, tomo 1º (M-Va), Zaragoza-Barcelona, 2006, p. 210, nº 705 y en el Diccionario de juristas de Cataluña y del Rosellón, obra en dos tomos que va acompañada de un listado bibliográfico en cada uno de ellos y de un apéndice alfabético final de 2.300 juristas roselloneses y catalanes fallecidos que no se incluyen en la presente publicación, Madrid-Málaga, 2014, pp. 337-338], sirviéndonos de inspiración lo que allí escribimos para la redacción de las presentes líneas, a las que añadimos la actual correspondencia de tono muy ilustrado, como podrá comprobarse. Entre corchetes aparecen los añadidos al texto de las cartas de Miguel de los Santos Oliver.

[Nº 1] Carta de Miguel de los Santos Oliver a Ferran Valls i Taberner Barcelona, 28 de marzo de 1911 Muy Señor mío y buen amigo: Estoy trabajando, hace muchos años, en un estudio acerca de los españoles

en la revolución francesa, y el Anuari del Institut [d‘Estudis Catalans], correspondiente al año actual, debe publicar la primera parte de este trabajo. Sé que le voy a causar una molestia, pero creo que su amabilidad querrá soportarla pacientemente en atención a su objeto.

Uno de los personajes más famosos entre aquellos españoles, fue el demagogo Guzmán (Andrés María) nacido en Granada en 1752, emigrado a Francia y nacionalizado francés en 1781 y hermano del conde de Tilli, que después figuró en nuestro alzamiento contra Napoleón.

Este Guzmán fue el amigo más entusiasta de Marat, perteneció al Club de los Cordeliers y al Comité central revolucionario que se instaló en el Evêché y, por último, fue guillotinado el mismo día que [Georges] Danton [1759-1794], Camilo Desmoulins, Basire, etc. [Hérault de Séchelles, Fabre d‘Eglantine], el 16 germinal año II (5 Abril 1794).


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Ahora bien: desearía que Vd. se enterara de donde radican los papeles y procesos del Tribunal Revolucionario y, por medio de alguno de esos auxiliares que se dedican a sacar copias o auxilian investigaciones, me proporcionara, en primer término, la parte del interrogatorio correspondiente al español Guzmán (en dicho proceso de Danton) y después las piezas o referencias concernientes al mismo personaje a que se refiera el dossier que creo se ha formado de todos los nombres que figuran en las incidencias revolucionarias. Caso de que haya posibilidades de complacerme le ruego se sirva expresarme la cantidad que necesite, para hacerle fondos inmediatamente y retribuir dicho trabajo en la forma de costumbre.

Y puesto a pedir allá va otra petición: el 29 germinal año II (18 Abril 1794) fue guillotinado entre otros muchos por consecuencia del proceso llamado de los financieros o banqueros, J. J. Laborde (padre del autor del Itinerario de España), de 70 años de edad entonces, y ex-banquero de la Corte. En la relación de ejecuciones que publicaba el Moniteur figura como natural de Inca, España. (Inca es, como Vd. sabe, un pueblo importante de Mallorca); pero en el artículo que le consagra la Nouvelle Biographie, del Dr. Hoeffer, aparece como natural de Jacca (sic), Aragón. También me convendría una compulsa de la parte de su interrogatorio correspondiente a su estado civil para ver si es más explícita y si es posible deducir de ella la versión exacta.

Si acaso tuviera Vd. ocasión de hablar con el insigne Morel-Fatio, que también ha removido estas cosas y que ayudó mucho a Menéndez para su biografía de Marchena, podría Vd. sacar muchas indicaciones útiles sobre mi tema y desde ahora le autorizo, sin limitación, para encargar todo lo que pueda referirse a mi empeño dándome aviso inmediato para cubrir tales atenciones.

Con mil gracias anticipadas por cuanto le sea posible hacer en mi obsequio y deseando ocasiones de corresponderle, se repite muy suyo afmo. amigo q. b. s. m.,

Miguel de los Santos Oliver (firmado y rubricado) Archivo Particular Ferran Valls i Taberner [Málaga, documento todavía no

operativo en el Arxiu Nacional de Catalunya], L-378/11.

[Nº 2] Carta de Miguel de los Santos Oliver a Ferran Valls i Taberner Barcelona, 1 de mayo de 1911 Mi estimado y atento amigo: Tengo en mi poder sus atentas del 3 y 11 de abril, a la primera de las cuales

no contesté en seguida por anunciarme una segunda, y a la última por notificarme su ausencia durante las vacaciones.

Quedo enterado y en extremo agradecido por las pesquisas que ha tenido la bondad de llevar a término, deplorando tan sólo el tiempo precioso para sus propios estudios que yo le he hecho perder con encargos tan fuera de su preocupación. Las noticias respecto de Laborde son concluyentes y resuelven el equívoco.

En cuanto a Guzmán y solo porque me habla de su proyecto de volver otra vez a los Archivos, le daré la cota del proceso de los dantonistas: W342-648, según la ofrece en su Tribunal Révolutionnaire Campardou, que creo que fue quien, como Archivero, organizó esta parte de documentos revolucionarios. Acaso con esta guía se podrá obtener lo que buscado en otra forma no aparece. Es posible que en la sección de informes o rapports de la Police,


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hubiera un dossier Guzmán, pero también puede ser probable que durante el Segundo Imperio se hiciese desaparecer algo, por ser la Emperatriz Eugenia sobrina del guillotinado español.

Repito mis gracias más afectuosas por sus bondades y me reitero como siempre a su disposición y a la recíproca afmo. amigo q. b. s. m.



[Nº 3] Carta de Miguel de los Santos Oliver a Ferran Valls i Taberner Barcelona, 19 de junio de 1911 Mi muy estimado y diligente amigo: Para no darle más tabarra con mi correspondencia he dejado de contestar

sus últimas cartas, esperando el fin de sus gestiones. Ahora recibo su atenta del 17 y me apresuro a suplicarle que adquiera

inmediatamente el libro del Dr. Robinet y me lo remita, con lo cual quedará libre de las molestias que le causo. No tengo tiempo en este instante de remitirle la cantidad, pero irá seguidamente.

Sin frases para expresarle mi agradecimiento se reitera de Vd. afmo. amigo y s. s.



[Nº 4] Carta de Miguel de los Santos Oliver a Ferran Valls i Taberner Barcelona, 30 de junio de 1911 Mi excelente amigo: He recibido ya el libro de Robinet sobre los dantonistas. Acaba de llegar a mi

poder su tarjeta del 28 y me sirve de satisfacción lo que me dice respecto al hallazgo de los dossiers consabidos. Le estimaré mucho que me haga copiar las piezas concernientes a Guzmán.

De conformidad con lo que me decía en su carta anterior, dejé de remitirle el importe y gastos del libro que tengo aquí a su disposición, para cuando llegue, juntamente con el de las copias que encargue por mi cuenta.

De Vd. muy affmo. y reconocido amigo Miguel de los Santos Oliver (firmado y rubricado) Archivo Particular Ferran Valls i Taberner [Málaga, documento todavía no


Bibliografía complementaria

L‟Institut d‟Estudis Catalans. Els seus primers XXV anys, Barcelona, Palau

de la Generalitat, 1935, 319 págs. Diccionario de juristas de Cataluña y del Rosellón, obra en dos tomos

acompañada de un listado bibliográfico en cada uno de ellos y de un apéndice alfabético final de 2.300 juristas roselloneses y catalanes fallecidos que no se incluyen en la presente publicación, Madrid/Málaga, 2014, vol. I, 665 págs.

Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos), Zaragoza-


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Barcelona, tomo 1, 2005, 523 págs.; tomo 2, 2006, 680 págs.; tomo 3, 2008, 689 págs; tomo 4, 2012, 708 págs.

Manuel J. Peláez, ―Derecho germánico, germanismo, francofonía y catalanismo en el pensamiento y la actividad jurídica, política e histórica de un afrancesado F. Valls i Taberner (1888-1942) y el germanismo de raíces schmittianas de Alfonso Otero Varela (1925-2001)‖, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, diciembre 2008, on line en www.eumed.net/rev/cccss/02/ mjp3.html págs. 1-45 y Abstract en Соционет, научное информационное пространство (Moscú. Rusia).

Manuel J. Peláez, Estudios de Historia del pensamiento político y jurídico catalán e italiano, Barcelona, 1993, 623 págs.

Fernando Valls Taberner, Literatura jurídica. Estudios de ciencia jurídica e historia del pensamiento canónico y político catalán, francés, alemán e italiano, Barcelona, 1986.

Jaume Sobrequés i Callicó, Manuel J. Peláez, Francesc Vilanova i Vila-Abadal y Maria Soriano i Marín, Epistolari de Lluís Nicolau d‟Olwer amb Ramon d‟Abadal i de Vinyals i amb Ferran Valls i Taberner: 1905-1933, Promociones Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1989.

Manuel J. Peláez, ―Ante el centenario olvidado de Francesc Martorell i Trabal (1887-1935)‖, en Annals of the Archive of «Ferran Valls i Taberner's Library»: Studies in the history of political thought, political & moral philosophy, business & medical ethics, public health and juridical literature, 3-4 (1989), págs. 21-33.

Jaume Sobrequés i Callicó, Manuel J. Peláez, Francesc Vilanova i Vila-Abadal y Maria Soriano i Marín, Epistolari de Francesc Martorell i Trabal i de Pere Bosch i Gimpera amb Ramon d‟Abadal i de Vinyals i amb Ferran Valls i Taberner: 1908-1931, Promociones Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1991, 310 págs. [Recibido el 24 de octubre de 2015].

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DEL DISCURSO DE PIERRE-

MARIE PORY-PAPY (1805-1874), COMO REPRESENTANTE ELECTO POR MARTINICA EN 1848 Y DE UN MANIFIESTO

DIRIGIDO A SUS CONCIUDADANOS DE SAINT-PIERRE

Diana Lucía MARTÍN SOLÍS

RESUMEN: El jurista de color Pierre-Marie Pory-Papy es uno de los más significativos representantes de la lucha por la abolición de la esclavitud dentro del mundo de la francofonía. La declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, en su artículo primero declaraba que todos los hombres nacen libres y son iguales en sus derechos. El 4 de febrero de 1794 la Convención nacional declaró abolida la esclavitud en todas las colonias francesas. Sin embargo, Napoleón Bonaparte reestableció parcialmente la esclavitud en las colonias en 1802. El 27 de abril de 1848, un decreto del Ministerio de Marina y de las Colonias abolió la esclavitud. Pory-Papy, nacido en Saint-Pierre, en Martinica, estudió la carrera de Derecho en la Facultad de Leyes de París. Fue diputado por la isla de Martinica en la Asamblea Nacional Francesa, la primera vez desde el 8 de agosto de 1848 al 26 de mayo de 1849.


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PALABRAS CLAVE: Pierre-Marie Pory-Papy, Esclavitud, Martinica, Saint-Pierre.

«A mis conciudadanos»

¡Escuchad una voz amiga! leed o pedid a alguien que os lea estos consejos dictados por la fraternidad. La efervescencia es peligrosa; podría deshonrar el triunfo de la libertad. Confiad plenamente en la República; no olvidéis que la moderación en las circunstancias actuales es un signo de fortaleza y no de debilidad. Los alarmistas deben ser aislados para que nadie escuche sus temores; y así no dar lugar a sospechas, y no afligir a los corazones honestos a través de demostraciones tumultuosas que difunden la preocupación, y comprometen la paz pública. Todos los ciudadanos están interesados en el orden. El orden es la ley de Dios. Sirve para consolidar de forma ventajosa que se produzcan las crisis de la naturaleza y las revoluciones sociales.

Una vana agitación sin motivo y sin propósito no es razonable, y es por todos que Francia ha confiado el destino de las colonias francesas. Preocupaos tanto de vuestras palabras como de vuestras acciones; las declaraciones imprudentes llaman a la acción. Una exigencia absurda da lugar a resistencias nefastas. Reneguemos del odio; el tiempo de las recriminaciones pasó y los intereses privados deben lidiar con el interés público. Hay nombres que evocamos como bandera, pero solo tenemos una, la gloriosa bandera de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad.

Nos protege a todos; al igual que el sol, brilla para todos. Sin duda es natural que la impaciencia, los lamentos, los roces y las esperanzas atormenten de distinta forma las mentes, hasta a los más generosos, en este país donde tantos intereses chocan, pero la razón condena a todos los egoísmos al silencio.

Es necesario que el Pueblo cambie sus costumbres. Los hábitos de la esclavitud deben desaparecer a la vista de la libertad. Así los charivaris, los bois-bois, los bamboula, los piya y cualquier violencia son inoportunos. Recuerdan un pasado que devora el olvido; son anacronismos indignos del presente y sobre todo del futuro.

El amor propio, toda la falsa vergüenza de ceder a una voluntad contraria, no debe escucharse. Abstengámonos de fomentar viejas disputas con el pretexto de la dignidad personal.

Disculpen, conciudadanos, si me permito sermonearles. Tienen el derecho de juzgarme a su vez, de culparme si me equivoco; pero si tengo razón, me escucharéis porque tengo la plena confianza de que no hablo con sordos. Salud y fraternidad.

Pierre-Marie Pory-Papy Miembro correspondiente de la Sociedad francesa

para la Abolición de la Esclavitud. (Las Antillas) [En el documento original aparece manuscrito: St Pierre ‒ La Martinica]

«Ciudadanos representantes»


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Antes de pronunciaros en la elecciones de La Martinica, permitid a uno de los elegidos de esta colonia daros algunas explicaciones indispensables por el comunicado que acabáis de oír.

No insistiré sobre el peligro que habría al ir a la colonia y remover las pasiones por una investigación que podrá ser más o menos malinterpretada. ¡Dios solo quiere que yo hable en esta asamblea a fin de dejar en su mente la menor duda! Deseo que todos conozcáis la verdad, y tomo la palabra para contarla.

Es imposible ignorar que tenéis que decidir, por el espíritu de estas protestas, yo no hablaré sobre las protestas contra la emancipación de los esclavos, sino sobre las protestas contra el sufragio universal, cuya presente asamblea es la viva expresión.

Lo habéis escuchado; la parte capital del comunicado, la parte principal de las protestas, consiste en ignorar el decreto del gobierno provisional, para poner en duda la soberanía popular en las colonias, y sospechar que la Asamblea Nacional tenía intención de volver a los decretos del gobierno provisional, en lo que respecta al sufragio universal. Querríamos preveniros contra las colonias, como si se tratara de una irrupción de los bárbaros; no es nada, y acabo de protestar contra esta tribuna por su amor por Francia, y de su reconocimiento más que entusiasta para la Gloriosa Revolución de febrero. (¡Muy bien!).

Ciudadanos, jamás, en ningún país, el sufragio universal se ha manifestado por primera vez con tanta calma como en La Martinica, en esta colonia que dependía apenas de un desastre horrible. No había asociaciones, ni reuniones preparatorias, ni carteles, ni vendedores ambulantes, ni estos medios empleados en todas las ciudades civilizadas para preconizar las candidaturas; solo se publican dos periódicos dos veces por semana y el mismo día; ni siquiera boletines impresos. Me sorprendí totalmente a mi llegada a la metrópoli, de saber que en Francia se podían distribuir boletines informativos impresos. La población de La Martinica, al no saber leer ni escribir, no ha utilizado boletines informativos impresos; recurría naturalmente a manos extranjeras para escribir sus boletines informativos.

No hemos destacado ninguna riña, colisión, o persecución incluso delante del Tribunal de delitos menores. Sin embargo, me parece que se habría podido aportar en estas protestas, y por consiguiente a esta tribuna, algún hecho legal, algún hecho decisivo, constituyendo esta intimidación de las mentes de las que hemos hablado.

¿Sabéis que hizo la policía de las asambleas electorales? Solo algunos bomberos; porque se pensó que la guarnición, compuesta por

1200 hombres, que se encontraba excluida según el derecho común, más valía no colocarla en la puerta de las asambleas, mientras que podría creer que se la había privado de un derecho, y que haya tenido la pretensión de votar. Con algunos bomberos, lo repito, se mantuvo el orden.

Pero lo que domina todo, en estas elecciones, es el resultado. La Martinica contaba con 25.000 electores inscritos de todos los colores de

piel. Se dijo que no había listas electorales: es un error. Había listas electorales: han sido fijadas, y no hubo ninguna reclamación sobre su contexto en el plazo de la ley. Ha habido, de hecho, un trabajo preparatorio anterior, y si varios electores recibieron apellidos, y si este trabajo ha podido ser un elemento de las listas electorales, no es menos cierto que hay listas


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electorales; las actas dan fe de ello. Las listas han sido confeccionadas y fijadas; no han sido objeto de ninguna reclamación. Estas listas contienen 25.000 electores, los cuales se descomponen así: 5.000 blancos y 20.000 hombres de color. Había, además, 1200 hombres de guarnición, un centenar de policías, y 300 ó 400 marinos. De los 25.000 electores, hubo 20.000 votantes, y de los 20.000 votantes hemos obtenido 19.000 votos.

Es posible admitir que hubo fraude y violencia para obtener un número tan considerable de sufragios...

Numerosas voces — ¡No! ¡No! — ¡Es evidente! — ¡Basta! — ¡A votación! ¡a votación!

Sr. Pory-Papy — Las notas que he tomado en todo momento sobre el comunicado, del cual no tenía ningún conocimiento, se dividen así: 1º el gobierno provisional no tenía el derecho de dar el sufragio universal; 2º un artículo de periódico había hecho nacer la intimidación; 3º la influencia del subsecretario Schœlcher y del comisario general Perrinon ha determinado las elecciones; 4º los comités se establecieron en lugar de los consejos municipales; 5º por último, habría habido maniobras fraudulentas. Yo no me encargo, ciudadanos representantes, de defender los actos del gobierno provisional; mi mandato es de mostrarle el reconocimiento de las colonias. (Aprobación de varios bancos).

En cuanto a la influencia del ciudadano Schœlcher, es inmensa en las colonias. Él se ha ocupado de eso toda su vida; fue uno de los nobles abolicionistas que, en la antigua cámara, en todas partes, han protegido sin cesar al débil y al oprimido, y han hecho considerar a Francia como la madre patria de los esclavos franceses.

En cuanto al ciudadano Perrinon, comisario general, del que todos los periódicos de la colonia atestiguan la administración feliz, sobre todo al principio, él trajo el olvido de todos los prejuicios, y una revolución social, más grande que las revoluciones de la fuerza, fue llevada a cabo por él.

Más tarde, comenzó la reacción; pero la historia le hará justicia, que desde el 3 de junio, día de su llegada a La Martinica, hasta el momento en que dejé este país, no han tenido lugar ningún peligro, ningún desorden y ninguna colisión.

La paz, la tranquilidad, la unión, habían prevalecido; la miseria también, es verdad: pero esta miseria, estáis llamados para aliviarla con los votos que pronunciaréis.

Escuché con un sentimiento de dolor criticar al comisario general al comienzo del viaje de negocios que hizo, en el mes de julio, por invitación de todos los colonos, que preparaban festines para recibirle. Este viaje de negocios se hizo para la organización del trabajo; viaje de negocios que fue tan beneficioso, que continúa ahora por el recorrido del este y del sur; viaje de negocios que no fue retribuido, ya que cuando los antiguos gobernadores tenían 60.000 u 80.000 francos, el viaje de negocios del comisario general era gratuito. La República tiene motivo para no pagar los gastos del viaje de negocios.

Fui llamado por el comisario general no en todas las colonias, pero sí en el distrito de Saint-Pierre, con el fin de poner en práctica un contrato de asociación entre los propietarios y los trabajadores.

En esta época, el recuerdo del 22 de mayo no se borró, pero fue reemplazado, me permito decirlo, por la fraternidad. Se organizaron banquetes


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por todas partes, la reconciliación era general, las banderas ondeaban por todas las calles.

Eso sería ignorar la verdad diciendo que hubo intimidación y temor: había unión.

Cuando visité los ayuntamientos con el comisario general, yo era allí más conocido que él; yo niño de ese país, yo que solamente, de este país, tuve el honor de ser llamado como miembro de la Sociedad francesa para la abolición de la esclavitud.

Yo no necesitaba un patrocinio oficial, no necesitaba recurrir a maniobras fraudulentas para darme a conocer a esclavos desgraciados, para los que ya era conocido y perfectamente conocido. Fui pues con el comisario general; pero tan pronto como se marchó comenzó el ataque. La cuestión de las elecciones no estaba vacía, el consejo privado no había fijado aún la época, pero al final, el plazo que va a expirar pronto, se pensó que habría candidatos del antiguo partido colonial. Los antiguos dueños que se fusionaban, que llegaban a este deseable fin de fraternidad y paz, quisieron hacer prevalecer desde este momento a tres candidatos exclusivos, tres candidatos pertenecientes a la población blanca: los periódicos están allí para atestiguarlo.

De esta época data el comienzo de las divisiones o más bien disentimientos, ya que no quiero servirme de esta palabra: divisiones.

Tan pronto como me enteré que se consideraba como maniobra electoral el viaje de negocios que hicimos por el bien del país y el trabajo, volví a Saint-Pierre, y respondí al ataque que se dirigió contra mí por la carta de la que el ponente solo os ha citado un fragmento.

Pero, lo repito, en esta época no se trataba todavía de elecciones determinadas: el consejo privado no había fijado el día. Y cuando dije en esta carta que había hecho un viaje de negocios para organizar el trabajo, pero que mi candidatura se aprovechó de eso, dije una cosa confesable, es decir que habiendo negado el cargo de director de Interior, habiendo negado el cargo de consejero en el Tribunal de apelación para poder representar a mis conciudadanos, lo que me era muy fácil, ya que tenía por anticipado la seguridad, así como el periódico Le Courrier de la Martinique da fe de ello, yo había aprovechado eso para mi candidatura, en ese sentido que había visto municipios que yo no conocía todavía, que yo había visto viviendas que no conocía aún; pero yo no había hecho las promesas directamente a los electores, mi profesión de fe electoral se encontraba en los periódicos.

Yo volví a Saint-Pierre inmediatamente. Pero este ataque, este ataque del Courrier de la Martinique, al cual yo había respondido, pareció tan injusto a la población de La Martinica, que llegaron reclamaciones de todas partes, y todas fueron respondidas. El comisario general fue obligado a publicar una proclama para llamar a todos los ciudadanos al olvido de cualquier especie de disentimiento.

He aquí lo que el comunicado señala como una nulidad, como un caso que sería de naturaleza para anular las elecciones. No es más que una polémica, una polémica en los términos de la polémica, una polémica que fue seguida en Fort-de-France por una frase lamentable, sin duda, pero por una frase que fue explicada más tarde en los mismos periódicos, y que no dio lugar a ninguna especie de intimidación.

Y aquí, señores, impulsamos tan lejos el espíritu de malevolencia en las protestas, que estas protestas indican que el artículo más violento sería escrito


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por un fiscal. Sin embargo, no está firmado por ningún fiscal; es una alegación desmentida por el propio documento. No responderé al argumento extraído de las firmas que se encuentran abajo de este documento. El comisario general tiene un cuñado joven que lo ha firmado; pero ¿es responsable de que su cuñado haya firmado el documento y semejante hecho sea un motivo para anular una elección? Porque un ciudadano habría firmado una protesta en Fort-de-France, es esa una razón para que una fiesta familiar no tenga lugar un mes después, y porque una fiesta familiar tenga lugar un mes después, eso no puede ser una causa de anulación de la elección.

Pero el medio más grave en el que se basa el ponente, es lo que él llama una gran irregularidad que permanece completa, es decir que las listas electorales no habrían sido redactadas.

Pido disculpas al honorable ponente, es un error material; no hay más que leer cada acta, leer el periódico oficial, para quedar convencido que las listas electorales han sido redactadas, fijadas en cada localidad; que en los plazos queridos por la ley, ninguna especie de reclamación ha tenido lugar contra el contenido de estas listas, y que, en las actas, relatando las elecciones, tampoco tuvo lugar ninguna reclamación.

No hay que confundir los apellidos y las listas electorales. El decreto del 27 de abril decía que la población nuevamente emancipada recibiría apellidos, que las elecciones tendrían lugar inmediatamente, y que para llegar a estas elecciones, cogeríamos los registros matriculados donde se encontraban los antiguos esclavos, que cogeríamos los censos de todos los propietarios. Esto responde suficientemente a este argumento de seis meses de residencia del decreto, que parecería dejar de lado a la población esclava. Es evidente que, tanto por el espíritu del decreto como por su texto, la población estaba llamada al completo para disfrutar de la libertad y del sufragio universal.

Antes pues de proceder a las listas electorales, se volvía indispensable clasificar a los nuevos ciudadanos, y de darles apellidos, para distinguir un gran número de ciudadanos que llevaban el mismo nombre. Pero como era imposible de hacer por completo este trabajo de censo antes de las elecciones, el comisario general decidió que en todos los municipios, se harían las listas de todos los ciudadanos mayores de veintiún años, y que aquellos solamente recibirían apellidos.

Este trabajo preparatorio no incluía a aquellos que no tenían veintiún años, no incluía a las mujeres: fue hecho exclusivamente de cara a las elecciones, porque para establecer las listas, había que tener electores. Hicimos un reproche de que no había consejos municipales; pero, para establecer consejos municipales, había que tener electores, y para tener electores había que fijar listas electorales, y para fijar listas electorales, había que dar apellidos.

La dirección del interior estaba casi compuesta completamente por blancos; todas las oficinas son antiguas oficinas, es un error muy grande que oigo repetir en todas partes. Decimos que hay invasión en las colonias.

¡Y bien! El director de las colonias me decía: «Sé que los nombramientos de las poblaciones de color son a los de la población blanca como 1 a 5». Así la población blanca representa 5, la población de color representa la unidad. ¿Queréis la prueba? Hay ocho jueces de paz en La Martinica, solo uno es un hombre de color. El consejo municipal de Saint-Pierre está compuesto por veintiún miembros; no hay más que seis personas de color. Si vosotros leíais las listas de estos comités, creados para reemplazar los consejos municipales,


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veríais allí dominar al elemento blanco. Para completar los comités, a consecuencia de las abstenciones, de las negativas de querer acceder a un orden de cosas que dañaba los intereses personales, nos han obligado a llamar a todos los curas del campo.

Yo decía que se habían hecho listas preparatorias de apellidos, y allí donde no había municipalidad, sea por dimisiones, sea por circunstancias fortuitas, y la organización administrativa limitada a los términos de las leyes que rigen en Francia y en las colonias, estas administraciones recibieron los cuadernos de la dirección de Interior conteniendo la lista de los electores; estas listas fueron verificadas, fueron fijadas, las actas dan fe, y no tuvo lugar ninguna reclamación en el plazo establecido.

Me parece que esta grave irregularidad no se sostiene al completo; me parece que las listas electorales han sido publicadas, que no ha habido protestas en el plazo establecido, y que no se puede decir que se haya limitado para coger las listas de apellidos, sin distinción de edad: incluso se habría podido añadir el sexo, pero explico que las mujeres todavía no han sido censadas.

El punto principal, el punto culminante del debate, tras la negación del sufragio universal, reposa sobre un error, un error desmentido por las propias actas.

Ahora llego a los comités. La carta del comisario general dice que para conseguir una mayor celeridad

no se han convocado los consejos municipales. Debo añadir que sería poco generoso, por parte de los protestantes de La Martinica, quejarse del retraso por la formación de los consejos municipales. Vosotros lo comprendéis, ciudadanos representantes, con el sufragio universal, cuando se presentó este sufragio universal para la Asamblea Nacional en La Martinica dos blancos, dos mulatos, un negro, porque he aquí los nombramientos hechos, y que este resultado del sufragio universal produjo una gran explosión de protestas, ¿qué habría pasado si toda la colonia hubiera sido llamada por el sufragio universal para componer los corporaciones municipales? Es entonces cuando se habría gritado a la exclusión, a la invasión; no habría sido posible evitar la mayoría numérica de tener la mayoría numérica en los consejos municipales. Es pues por un sentimiento de conservación, de consideración, que los consejos municipales, que habían cesado en sus funciones, no han sido reconstituidos. Por el momento, los sustituimos, y hay que esperar que esta sustitución pruebe que la unión y la fraternidad no se olvidan en la colonia. (¡Muy bien!)

En cuanto a las maniobras fraudulentas, en primer lugar me sorprende que, en veintiséis actas, no se haya hecho ni una protesta, aunque todas las actas fueron redactadas por la antigua población colonial, aquellos a los que todavía se les llama blancos.

No se ha hecho ninguna alegación semejante en Saint-Pierre, que se señala como el lugar donde tuvieron lugar las maniobras electorales. No recuerdo, en las dos protestas, haber visto nada semejante. Es en Fort-de-France donde unos individuos desconocidos van a discutir los fraudes cometidos en las elecciones de Saint-Pierre.

Hay que devolver esta justicia a las protestas de Saint-Pierre, que no han pretendido un medio similar. He aquí la verdad sobre este punto.


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El decreto decía que al expedir las tarjetas electorales se expediría igualmente para cada elector un papel azul donde se encontraban escritas estas palabras:

Titulares: ciudadano... ciudadano... Suplentes: ciudadano... ciudadano... Solo había que rellenar los nombres, y es necesario que la Asamblea sepa

que antes de la distribución de estas papeletas, los candidatos estaban en campaña y difundían profusamente listas manuscritas, papeletas manuscritas, que en cada municipio estas papeletas se tiraban, nadie las quería; los periódicos del país demuestran que aquellos que hacían estas maniobras se quejaban de que suprimieran sus papeletas.

Llega la época de la distribución de tarjetas electorales. Se decía que cada elector debería recibir su papeleta al mismo tiempo que su tarjeta. Expedimos entonces las tarjetas y las papeletas. El ayuntamiento de Saint-Pierre se encuentra en la planta baja; hay un pasillo, en ese pasillo, la multitud se apretujaba. Tan pronto como los electores tenían sus papeletas, querían escribirlas o que se las escribieran. Todavía no se trataba, es cierto, de los votos, que tuvieron lugar diez días después. La ley autorizaba para escribir las papeletas por anticipado, y las escribíamos entonces. Es en ese momento en que se establecieron, en el pasillo del ayuntamiento de Saint-Pierre, mesas donde escribíamos los nombres que los electores pedían para escribir voluntariamente, sin contestación ni colisión.

Lejos de que este hecho haya pasado bajo mis auspicios, con mi aprobación, los periódicos dan fe de ello, tan pronto como fui informado, defendí la instalación de estas mesas en el ayuntamiento, no es que creyera que no se podían escribir las papeletas de los electores, sino porque temía que los candidatos estuvieran divididos, y que se produjera un enfrentamiento en el ayuntamiento; por otra parte, eso me parecía contrario a la dignidad de las elecciones.

Sucedió que los campesinos, que venían desde muy lejos para escribir sus papeletas, y que no querían volver sin que se las hubieran escrito, al no encontrar más mesas en el ayuntamiento, fueron a la plaza pública, a veinte pasos de allí, para que les escribieran sus papeletas. Es posible que en el intervalo muchas papeletas hayan sido cambiadas; ya que los campesinos sospechosos, queriendo nombrar a Schœlcher el abolicionista, Bissette el mártir, Pory-Papy, que conocían como miembro corresponsal de la Sociedad para la abolición de la esclavitud, harían leer su papeleta, y cuando una papeleta no llevaba esos nombres, decían: «Rompa esta papeleta, haga otra». He aquí el porqué ha habido mesas para escribir las papeletas, y cómo hubo papeletas rotas.

¿Son estos semejantes detalles y minucias, que pueden cancelar las elecciones de un nuevo pueblo, cuando, como dije al principio, no ha habido vendedores ambulantes, ni imágenes, ni grabados, ni impresos? (¡Muy bien! ¡muy bien!).

Algunas voces. — ¡Basta! ¡basta! ¡a votación! Numerosas voces. — ¡No! ¡no! ¡Hablad! Sr. Pory-Papy. — La población blanca no se ha abstenido de votar por

completo, y es de justicia reconocer que he encontrado en Saint-Pierre en el consejo municipal, compuesto por blancos, una oposición perfecta.


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Los miembros de este consejo se dividen en dos secciones, la de Fort y la de Mouillage, y permanecieron tres días con dedicación plena, contribuyendo así al funcionamiento de la maquinaria electoral.

Unos votaron, otros se abstuvieron, y cuando pregunto a aquellos el motivo de su abstención, unos me decían: es inútil que votemos, no tendríamos la mayoría. Los otros: no votamos, porque no somos partidarios del sufragio universal. Ninguno se ha abstenido a consecuencia de la violencia; esto es calumniar a la población blanca que pretende abstenerse por temor. No conocéis a esta población, si creéis que no ha votado por miedo; si se hubiera sentido amenazada, se habría precipitado más bien sobre nosotros. [Recibido el 25 de octubre de 2015].

Bibliografía

Edouard de Lépine, Dix semaines qui ébranlèrent la Martinique : 25 mars – 4

juin 1848 : XIXe siècle, Paris, Maisonneuve & Larose, 1999. Nelly Schmidt, Abolitionnistes de l‟esclavage et réformateurs des colonies,

1820-1851. Analyse et documents, Paris, Éditions Karthala, 2000. Gérard D. Guyon, ―Pierre-Marie Pory-Papy (1805-1874)‖, en Diccionario

crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos, Zaragoza-Barcelona, Universidad de Málaga, 2012, tomo 4º, p. 453, nº 2.931.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA APELACIÓN Y LA SEGUNDA INSTANCIA PENAL HASTA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO

CRIMINAL ESPAÑOLA DE 1882 Antonio María LARA LÓPEZ

RESUMEN: El presente artículo tiene como objeto el análisis de la evolución histórica del recurso de apelación y la segunda instancia en el proceso penal. La segunda instancia en el proceso penal y, en consecuencia, el recurso de apelación como instrumento que abre esta nueva fase del proceso no es una institución que haya sido profusamente tratada por la doctrina procesalista ni por los historiadores del Derecho, que siempre han tendido más al estudio del proceso civil en detrimento del proceso penal. Este último siempre ha constituido la "Cenicienta" del Derecho Procesal empleando el símil carneluttiano. En estas páginas establecemos, partiendo del Derecho Romano, la evolución de los medios de impugnación contra una sentencia penal definitiva y las notas características que han albergado durante las etapas más cruciales de nuestra historia hasta la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1882. PALABRAS CLAVE: Recurso, Apelación, Alzada, Derecho procesal penal.

1. Introducción

La apelación es probablemente una de las instituciones jurídicas que, con

todas sus carencias y defectos, han contribuido históricamente a remediar los


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agravios que pudieran surgir con ocasión de una resolución injusta. Sin analizar el fundamento de la misma, hemos de avanzar que, además de remedio contra actos de poder, históricamente se ha utilizado para el afianzamiento del mismo por parte de quien lo ostentaba o detentaba. Quizás sea ésta una de las ideas fundamentales sobre la que pivota el desarrollo histórico de esta institución, ya que el binomio apelación-jerarquía es una constante en el devenir de la historia. Como afirmaba Francisco Beceña González (1889-1936), el interés político de extender la soberanía por medio de la jurisdicción se ve, además de en el Emperador romano y el Pontífice, en las luchas de la monarquía con los poderes feudales, y en ellas fue la apelación al rey una de las armas de más poderosos efectos para el fortalecimiento del poder real1.

La pluralidad de instancias no se conoció en sus orígenes más remotos, mientras la justicia fue administrada directamente por el rey o por el pueblo. Como señala Giuseppe Chiovenda (1872-1937), «cuando, en lugar del pueblo, sentenciaron jueces determinados, la natural tendencia del que pierde a dolerse de su malvadura, excitada también por la efectiva posibilidad de error y de la mala fe, tomó, según los lugares, la forma de un ataque personal contra los jueces y trató de impedir por otros medios la ejecución de la sentencia. Pero al constituirse la jerarquía propia de los regímenes monárquicos, pareció natural que la sentencia del funcionario inferior se impugnase ante el superior, hasta el rey, ante el cual todos responden. De aquí una serie frecuentemente numerosa de instancias, conflictos, cuestiones, inconvenientes numerosísimos. Pero al mismo tiempo la apelación al rey fue un poderoso instrumento para la formación del derecho. En el Estado moderno la pluralidad de instancias no puede fundarse en la dependencia del juez inferior del superior, puesto que no dependen los jueces, en cuanto a la aplicación de la ley, más que de la misma, sino en consideraciones de la utilidad práctica de obtener la más justa decisión posible»2.

Aunque conscientes de que la posibilidad de recurrir a un órgano superior para denunciar un agravio es tan antigua como la propia civilización3, comenzamos nuestro estudio histórico en Roma donde tradicionalmente se observa el germen4 de la apelación como recurso que subsane los defectos de cualquier clase de una primera sentencia sustituyéndola por otra de contenido

1 Francisco Beceña, Sobre la instancia única o doble en materia civil, en Revista de Derecho

Privado, nº 234 (1933), pp. 65-74. 2 Vid. Giuseppe Chiovenda, Principios de Derecho Procesal Civil, I (1906, trad. cast., Madrid,

Ed. Reus, 1977), p. 506. 3 La posibilidad de someter una resolución a un órgano superior no debió ser ajena a

cualesquiera civilizaciones y pueblos. Así, había en Egipto jerarquías judiciales, lo que da a entender que existirían recursos de unos a otros jueces hasta un tribunal superior que estaba en la cúspide compuesto de treinta miembros. El pueblo hebreo nos presenta un ejemplo muy semejante, allí existía el Consejo de los setenta llamado Sanhedrin, el cual no sólo tenía por objeto fallar los negocios importantes en primera y segunda instancia sino que conocía de todos por vía de apelación. Cfr. Lorenzo Arrazola García, Enciclopedia Española de Derecho y Administración o Nuevo Teatro Universal de la Legislación de España e Indias, III (Madrid, 1850) p. 104. 4 El profesor Robles acude a los conceptos sucesivos de la vis (fuerza física individual), la

potentia (fuerza física de la comunidad), el fas (Derecho sacral unido a la ira deorum), el ius (como desacralización de la vida jurídica) y, por último la lex (sometimiento de la controversia al ordenamiento político) para explicar la negación de la apelación en la época pre-romana o pre-cívica. Cfr. Juan Antonio Robles Garzón, La apelación y segunda instancia, en Anuario de la UNED, Centro Asociado de Málaga, III (1989), p. 210.


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posiblemente diferente. De esta forma, numerosos autores5 señalan como inicio de esta institución en la época imperial, concretamente con la cognitio extra-ordinem, con base en el hecho de que la apelación nace como instrumento de concentración de poderes en manos del Soberano, concentración que no se daba en la época de la República6, ni del Principado. Sin negar esta circunstancia hemos de señalar que, como afirmaba Arrazola, no es esto decir que las apelaciones se conociesen en un principio con la extensión y regularidad con que después han sido acogidas en los códigos modernos, ninguna institución nace por primera vez perfecta de manos del hombre, pues el tiempo, la experiencia y los adelantos sociales las van puliendo y sucesivamente mejorando7.

Partiendo de esta idea, iniciamos el estudio desde la época romana pero no circunscrito a un hecho, procedimiento o remedio concreto. Así, el estudio histórico partirá desde las primeras nociones que nos ofrecen los textos sobre lo que podía constituir una llamada a una persona, órgano o institución para que reforme, revise, modifique, sustituya, revoque una resolución en materia criminal o deje en suspenso los efectos de la misma.

Desde esta perspectiva hemos de realizar algunas advertencias. La primera es que, debido a que circunscribimos el objeto de este trabajo a la apelación y segunda instancia penal, dejamos fuera de este estudio histórico las apelaciones civiles. La separación de este instituto en ambos órdenes es tarea de extraordinaria dificultad ya que, casi siempre, aparecen indisolublemente unidas y que la separación de ambos procesos no se estableció hasta épocas más recientes (y nunca de forma radical). Como tendremos ocasión de desarrollar, el sistema de recursos en ambos órdenes fue muy parecido y sus diferencias van a tener como línea común, primero la diferente forma de juzgar las causas penales desde que el Estado adquiere la responsabilidad represora de las conductas penales y, sobre todo, las limitaciones a la apelación como consecuencia del interés público en un castigo inmediato y sin la demora suspensiva que podía causar una segunda (o sucesivas) instancias. Otra advertencia es que, a pesar de haber excluido del objeto de este trabajo la apelación contra resoluciones interlocutorias, sí aludiremos a ellas porque tienen un gran interés en la conformación del recurso contra sentencias definitivas.

Para terminar esta introducción debemos señalar que la apelación propiamente dicha nunca constituyó, a excepción del Derecho Clásico Romano, una apelación plena. Desde las fuentes medievales ya se consideraba que la apelación no constituía un nuevo juicio, sino un procedimiento revisor con determinadas concesiones al ius novorum.

La apelación en el proceso penal romano No cabe duda de que la apelación es una institución jurídica con origen en el

Derecho Romano. En este punto inicial debemos anticipar que la mayoría de

5 Por todos, Francisco Beceña, cit. (n. 1), p. 66 y Juan Antonio Robles Garzón, cit. (n. 4), p.

209. 6 Es común opinión que el derecho republicano no conoció medio alguno de impugnación

contra la sentencia del iudex. Por todos, Cfr. Piero Calamandrei, La casación civil, I, vol. I (Buenos Aires, 1945), p. 40. 7 Vid. Lorenzo Arrazola García, cit. (n. 3), p. 103.


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los estudios sobre este instituto se han basado en el análisis del mismo desde la perspectiva del proceso civil, cuestión que no ha de extrañar ya que, si damos por sentado que el derecho privado romano ha sido digno de un estudio de gran profundidad en contraposición con el derecho público, no es menos cierto que concurre un cierto paralelismo al expresado entre el estudio del proceso civil y penal romano.

Realizada esta advertencia enfocamos este apartado desde una doble perspectiva. La primera es abordar una breve exposición del proceso penal romano y, afrontando la dificultad de la anunciada brevedad, se analizarán las formas básicas de enjuiciamiento en el mismo ya que entendemos que el análisis del instituto de la apelación romana debe ir indefectiblemente unido a las formas del proceso. Siendo cierto lo anterior, no lo es menos que la apelación, al ir indisolublemente unida a la idea de jerarquía y a la organización del Estado en su vertiente de administrar justicia, la segunda perspectiva anunciada será el análisis de la apelación en función, no sólo de las formas, sino de los órganos llamados a conocer de aquella.

1. Formas del proceso penal romano

a) Introducción y antecedentes La búsqueda de un determinado hecho o acontecimiento histórico que nos

marque el punto de inicio del proceso penal romano es tarea harto difícil. En efecto, las fuentes de Roma de las épocas primitivas que han llegado a nuestros días provienen, más que de la tradición escrita, de la arqueología.

Como antecedentes históricos fundamentales que nos sirven de punto de partida hemos de aludir a las XII Tablas. Así, en las Tablas VIII y IX encontramos disposiciones reguladoras del Proceso y del Derecho Penal. El Derecho Penal de siglos anteriores se había caracterizado por su naturaleza prevalentemente religiosa, en el sentido de que las conductas consideradas de mayor gravedad se reputaban atentatorias no sólo contra las víctimas de las mismas, sino también contra las relaciones de paz entre los hombres y los Dioses (pax deorum)8, por lo que el agente delictivo quedaba sometido a la venganza individual9 o colectiva de la sociedad (sacratio capitis)10.

Como no puede ser de otra forma, esta concepción de la actuación en materia penal ‒ya que no podemos denominarla derecho penal‒ carece de referencias a cualquier sistema de recursos o planteamiento de la cuestión litigiosa a un órgano superior y ello obedece a diferentes razones. Primera, la inexistencia de un órgano superior al enjuiciador con competencia (o poder) para el conocimiento de la cuestión, ya que era el Rey quien, con base en su imperium, conocía de las causas criminales sin sujeción a procedimiento

8 Ello no obsta para que, junto con la idea de la intervención punitiva para apaciguar la cólera

divina, existan otros hechos criminales (v.gr. deserción, cobardía, sedición, etc.) que se dirigen contra la existencia de la unidad estatal (terrenales), así, su persecución y castigo obedece a razones políticas y no divinas. 9 Esta venganza, en ocasiones, como era el caso del homicidio voluntario de un hombre libre,

no era una posibilidad sino que constituía una obligación para los parientes del fallecido, que debían dar muerte al autor del homicidio. Cfr. Bernardo Santalucia, Derecho Penal Romano (1989, trad. cast., Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1990), p. 31. 10

Vid. supra, n. 4.


261

legalmente establecido. Segundo, la venganza, per se, se consuma sin necesidad de un proceso que la regule, y los recursos deben partir de la existencia de un proceso previo. Tercero, tal consumación, o en términos jurídico-procesales, ejecución de la venganza, lo es normalmente desde un punto de vista físico por tanto no puede caber recurso cuando ya ha existido la ejecución, normalmente corporal.

La evolución de las sociedades primitivas hacia la idea de Estado hace que tal concepción de la actuación en materia penal sea relegada con la atribución de competencias jurisdiccionales en materia de parricidio y alta traición a magistrados determinados, que son los encargados de investigar y sancionar las actividades tipificadas por la ley. En el siglo V a.C., en la referencia de las XII Tablas, el derecho penal se había desprendido casi de manera absoluta del componente religioso y presentaba escasas huellas del reconocimiento de la venganza privada11.

b) El proceso penal romano Concretar en unas pocas páginas varios siglos de historia del proceso penal

romano es tarea imposible, aún más cuando durante estos siglos se han sucedido determinadas épocas con diferentes configuraciones políticas (República, Principado, Imperio) que, como no, han ido configurando y modulando el proceso penal. En este sentido, siguiendo a Manzini12, vamos a configurar este epígrafe en torno a las formas del proceso.

Se diferenciaban en el proceso penal romano dos tipos de proceso en función de las actitudes en que el Estado podía presentarse. Así, se presentaba como árbitro entre los litigantes privados o como titular de la potestad de castigar13 en interés social.

A estos dos modos de intervención jurisdiccional correspondían dos formas principales y características del proceso penal romano: el proceso penal privado y el proceso penal público.

Proceso Penal Privado: En este sistema el órgano del Estado (que podía ser un tribunal compuesto por jueces ―profesionales‖ o un tribunal de jurado) se ponía como árbitro entre las partes de la contienda y juzgaba ateniéndose a lo expuesto por esas partes en conflicto. En esencia se utilizaba en los casos de daños contra particulares y revestía forma contradictoria en plano de igualdad de ambas partes (dañador y dañado) quedando sometidos al arbitraje de un Magistrado. En concreto, la función del Estado se limitaba al auxilio que el tribunal prestaba en nombre del Estado al lesionado que así lo había solicitado. El Derecho Penal Privado consentía en general la actio doli, por todo hecho injusto, cometido sin violencia y no previsto específicamente por la ley. Al sucederse los precedentes jurisprudenciales relativos a esta acción, dieron lugar a cierta reglas, comunes y constantes, tanto de Derecho Sustantivo como Procesal.

11

Vid. Antonio Fernández de Buján, Derecho Público Romano (10ª edición, Cizur Menor, 2007), pp. 221 y ss. 12

Vid. Vincenzo Manzini, Tratado de Derecho Procesal Penal, I (1931, trad. cast., Buenos Aires, 1951), p. 4. 13

«Sujeto de la potestad punitiva» lo nombra Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Derecho Procesal Penal, I (Buenos Aires, 1945), p. 58.


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La acción penal privada de Dolo era concedida (o negada) a arbitrio del magistrado en los casos singulares concretos, a condición de que el hecho reclamara la represión punitiva y ésta no pudiera efectuarse de otro modo.

El título genérico de dolo, en que se mencionaba la citada acción, no era susceptible por su misma naturaleza de ninguna determinación abstracta precisa. Pero la tendencia del Derecho Penal Romano a hacer pública la acción penal en todo caso, y a establecer para cada acción de derecho penal privado una correspondiente acción penal pública, con el transcurso del tiempo, de la acción pretoriana privada nacieron nuevas incriminaciones particulares (por ejemplo el estelionato) y la correspondiente acción penal pública.

Esta transformación nos explica que el proceso penal privado fuera abandonado casi en su totalidad por no poderse adaptar convenientemente a la naturaleza de las relaciones penales y a la tutela de los intereses colectivos, aunque de él quedasen huellas en la persecución de ciertos delitos, especialmente el de injurias.

La propia concepción de este proceso penal privado donde las partes se someten al arbitraje de un Magistrado impide el planteamiento de ningún auxilio o recurso contra la resolución que se dicte. De hecho, Theodor Mommsen14 atribuye a este proceso un fundamento de equidad y mediación el cual resulta incompatible con el planteamiento de recurso alguno.

Proceso Penal Público: En este proceso, el Órgano del Estado, en lugar de atenerse únicamente al resultado del contradictorio entre las partes contendientes, que no vinculaba la actividad del mismo, hacía por sí mismo las investigaciones necesarias para los pronunciamientos del caso reclamadas por los fines de defensa social. Al responder mejor a estos fines prevaleció con mucho sobre el proceso privado.

En el proceso penal público, no era el particular ofendido quien hacía valer una pretensión jurídica, sino que era el Estado quien efectuaba la propia función de defensa social. Así, el Estado instruía el proceso espontáneamente (sin excitación ajena).

El proceso penal público revestía dos formas: La Cognitio, en la que toda función procesal estaba encomendada a órganos

del Estado. Y la Accusatio, en la que la parte del acusador en interés público era asumida, a veces, espontáneamente por un ciudadano privado. Por tanto, la instrucción de todo procedimiento penal público se verificaba siempre en nombre del Estado y con la intervención de éste, si se hacía por cognitio instruía un magistrado representante de la comunidad y si era por accusatio la instrucción quedaba en manos de un particular que desempeñaba libremente esta función pública para ese caso concreto.

La Cognitio es la forma más antigua, y otorgaba originariamente los mayores poderes a la dirección del Magistrado. Ni la sucesiva evolución de este sistema procesal vino a quitar o a limitar al mismo el poder de esclarecer los hechos en la forma que mejor le pareciese sin sujeción a formalidades legales, únicamente tuvo su modulación con la provocatio ad populum aunque hay que tener en cuenta que la restricción del poder se refería a la ejecutoriedad de la sentencia y no al procedimiento.

14

Cfr. Theodor Mommsen (1817-1903), Derecho Penal Romano (1899, trad. esp., Bogotá, 1991), p. 223.


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En los últimos siglos de la República, el mencionado procedimiento de la cognitio se reputó como insuficiente por dos razones fundamentalmente. Primero, por falta de garantías, especialmente para las mujeres y para los no ciudadanos. Y segundo término, por considerarse una peligrosa arma política en manos de los Magistrados.

La Accusatio: surge en el último siglo de la República a consecuencia de las condiciones ya mencionadas marcando una profunda innovación en el Derecho Procesal Romano y representando la adaptación del antiguo proceso penal a las nuevas exigencias sociales.

Tanto en la cognitio como en la accusatio y tratándose de delicta publica, es siempre el Estado quien interviene en el proceso para declarar la certeza del delito y pronunciar la sentencia. Pero en la accusatio el Estado está representado por un solo órgano (Magistrado), cuya potestad está limitada únicamente al mero ejercicio de la función jurisdiccional en sentido estricto, esto es, a la deliberación y al pronunciamiento de la sentencia. En cambio, las iniciativas para determinar la persecución del delincuente, para ejercitar la acción penal, no pertenece a un órgano del Estado, sino a un representante voluntario de la colectividad que se denominaba accusator. Este papel era asumido, bien por quienes hubiesen sido directa o indirectamente lesionados por el delito, bien por ciudadanos deseosos de perfeccionarse en el arte de la declamación o en la práctica del derecho, o de exhibir a los electores sus cualidades para el desempeño de cargos públicos.

El proceso acusatorio estaba jurídicamente regulado por una serie de leyes especiales, relativas a las diversas jurisdicciones populares instituidas para las diferentes categorías de los delitos, leyes que estaban inspiradas en el principio común de que la reparación del daño inferido a la colectividad debía ser promovida por un voluntario representante de la misma colectividad.

Una vez ejercitada la acción penal por parte del voluntario acusador (accusator), el magistrado quedaba investido de ella, hasta el punto de no poder despojarse de ella sin un motivo jurídico y subsiste aun en el caso de que el acusador abandonase la acusación15.

Respecto a las posibilidades impugnatorias, como veremos posteriormente, aunque son escasas, van a depender de quien y con qué posibilidades está llamado a dictar la resolución (vid. infra).

El proceso penal extraordinario: Con el andar del tiempo, el sistema acusatorio se mostró insuficiente para las nuevas exigencias de la represión de la delincuencia. Además ocasionaba graves inconvenientes determinados por la intención de venganza de los acusadores y por su excesivo ánimo litigioso.

En la época del Bajo Imperio se seguía la regla de que el procedimiento ordinario exigía un acusador voluntario, consecuencia ello del apego a la tradición de los romanos. Pero la práctica se encargó de procurar recursos procesales más idóneos. En contraste con el proceso ordinario, en el nuevo proceso penal extraordinario (extraordinaria cognitio), las pesquisas se llevaban a cabo por funcionarios o agentes públicos denominados curiosi, nunciatores, stationari, etc., quienes transmitían al juez los resultados de sus averiguaciones (quaestiones, testes, tabulae). Los poderes del Magistrado fueron después

15

Los que abandonaran la acusación introducida sin antes haber obtenido la abolitio de la autoridad competente, así como a los tergiversatores, se les castigaba con multa y prohibición de proponer nuevas acusaciones.


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invadiendo cada vez más la esfera de las atribuciones ya reservadas al acusador privado, hasta el extremo de que llegó un momento en que se reunieron en el mismo órgano del Estado (Magistrado) las funciones que competen hoy al ministerio público y al juez. En efecto, el magistrado podía proceder de oficio aun sin una acusación formal y hacer por sí mismo la instrucción y pronunciar la sentencia, absolviendo o aplicando penas públicas.

Fue el procedimiento extraordinario el que introdujo la tortura entre los institutos procesales romanos, primero para los esclavos y posteriormente, en la época del Principado, a todos los ciudadanos y a los libres de la nación16.

Este procedimiento penal extraordinario sustituyó al ordinario y se hizo obligatorio para los Magistrados siempre que faltara la acusación privada.

2. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en Roma y el sistema de recursos

Como hemos anticipado en la introducción a este epígrafe, tras un breve análisis de las formas básicas del proceso penal romano, nos ocupa ahora realizar lo propio con los órganos encargados del «ejercicio de la potestad jurisdiccional»17 en las diferentes épocas romanas. Como hemos ido señalando en diversos pasajes de este trabajo, el binomio apelación-jerarquía es indisoluble y, aunque goza de singular importancia la forma de juzgar en lo criminal que ya hemos estudiado, la estructuración de la jerarquía de los llamados a juzgar y el título por el que lo hacen (delegación, cesión, etc.), es fundamental e ineludible en este tema.

Prescindiendo, por razones obvias, de la época primitiva donde lo que existía era una punición doméstica18 con un poder ilimitado del jefe de la casa sobre los individuos que formaban parte de la misma y del proceso penal privado en el que el Estado se sitúa como árbitro, partimos de la época de la Republica.

a) La coerción de los magistrados y los comicios Superada la época primitiva, en el período de la República la facultad para la

persecución y el castigo de los ilícitos penales (coercitio) como manifestación del imperium recayó en los magistrados de la República. Este imperium era concedido en esta época a los tribunos de la plebe y a los ediles curules y plebeyos. Como se ha mencionado anteriormente el poder de éstos en el procedimiento de la cognitio era casi absoluto pudiendo imponer sanciones (incluso la pena de muerte) de manera discrecional sin necesidad de un juicio con formas preestablecidas. En el epígrafe anterior ya hemos tenido la oportunidad de adelantar que este poder quedaba limitado por la posibilidad de la provocatio ad populum en la cual, algunos autores han pretendido ver un germen de la apelación19. Otra de las vías de limitación del poder de coerción

16

Para mayor abundamiento sobre la institución de la tortura vid. Vincenzo Manzini, cit. (n. 12), p. 8. 17

La razón de las comillas estriba en la aclaración de que, más que una potestad jurisdiccional propiamente dicha y, como la entendemos hoy en día, se trataba de una potestad punitiva. 18

Mommsen niega todo valor a la jurisdicción doméstica señalando que la misma es en sí misma una contradictio in terminis. Cfr. Theodor Mommsen, cit. (n. 14), p. 12. 19

Cfr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, cit. (n. 13), p. 272.


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de los magistrados fue la intercessio pero ésta no quedaba en manos del pueblo sino que el límite lo ponía la Magistratura misma respecto de ella.

- La provocatio ad populum. Como ya se ha anticipado, el inmenso poder del magistrado podía ser

contrarrestado por la posibilidad de ―apelar‖, no como recurso sino como petición de gracia al pueblo. Por tanto, sí que existía una excepción a este poder sintetizada en un límite a la ejecutoriedad de las sentencias pronunciadas sobre este procedimiento, concediéndose a los condenados, siempre que fueran ciudadanos y varones20, la facultad de pedir al pueblo la abolición de la sentencia.

Si el condenado se valía de esta provocatio ad populum, la cual revestía más carácter de derecho de gracia que de apelación21, el Magistrado que lo había condenado sobre la base de certezas logradas mediante la inquisitio, debía presentar al pueblo los elementos necesarios para la nueva decisión22, para que éste, reunido en Asamblea, juzgue y resuelva por medio del iudicium populi.

Esta provocatio ad populum (o a los comicios) se la considera una apelación penal23, aunque no se trataba de un instrumento jurídico-procesal propiamente considerado sino, más bien, una institución estrechamente ligada al Derecho Político24. En este sentido, Santalucia señala que no es exacto calificarla como ―apelaciñn al pueblo‖ por cuanto la apelaciñn presupone el juicio precedente de un magistrado, juicio que falta en la cognitio porque la actuación coactiva del cónsul es un acto de administración, no de jurisdicción25.

En cuanto a su origen26, aunque Fernández de Bujan encuentra parte de su base en las XII Tablas, es en las Leyes Valerias (concretamente la Lex Valeria de provocatione del año 509 a.C. y la última de 300 a.C.), donde su regulación aparece perfilada27.

En esencia no se trataba de un proceso revisor de la sentencia ya que ésta ni se revisaba ni se anulaba. Como se ha expresado, el fin último era la suspensión de la ejecución de la misma, y si la ciudadanía no estaba conforme con ella, quedaba abolida.

Como afirma Mommsen, no cabe hablar de una ―fundamentaciñn jurídica‖ de la provocatio ya que, aunque el magistrado había dictado una sentencia

20

Extensible a las mujeres ciudadanas con la Lex Valeria de provocatione del 300 a.C. 21

No podemos estar de acuerdo con Manzini cuando afirma que más que una apelación la provocatio tiene caracteres de revisión. Cfr. Vincenzo Manzini, cit. (n. 12), p. 5. Sin dejar de ser cierta la primera afirmación, creemos con Mommsen [Cfr. cit. (n. 14), p. 302] que, más que una revisión, se trata de un derecho de gracia. 22

A este ulterior proceso se le denominaba anquisitio, y en su procedimiento se seguían los trámites de citación, plazo de comparecencia, defensa, etc. 23

Cfr. Juan Antonio Robles Garzón, cit. (n. 4), p. 216 y Eduardo Martínez del Campo, Notas al Libro Primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Madrid, 1885), p. 17. 24

Cfr. Theodor Mommsen, cit. (n. 14), p. 300. 25

Cfr. Bernardo Santalucia, cit. (n. 9), p. 44. 26

No hay entre la doctrina acuerdo sobre los orígenes de la provocatio, Burdese lo sitúa por vez primera en un texto de Tito Livio que hacía referencia a la Lex horrendi carminis, aunque en ella la provocatio tenía más bien naturaleza de duelo ordálico delante del pueblo. Cfr. Alberto Burdese, Manual de Derecho Público Romano (Barcelona, 1972), p. 310. 27

Para mayor profundidad de las Leyes Valerias vid. Elena Tassi Scandone, Leges Valeriae de provocatione: repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana (Napoli, 2008).


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condenatoria afirmando la culpabilidad del condenado, y, en sede de provocación se volvía a repetir la anquisitio, el pueblo (Comicios) podía absolver, pero no ya con base jurídica, sino con base en el perdón28.

La provocatio ad populum dejó de tener una razón de ser cuando se crean los Tribunales penales permanentes (quaestiones perpetuae) del que formaban parte los ciudadanos en forma de jurados y acaba siendo definitivamente abolida en la época del Principado.

Una de las consecuencias de la provocación fue que, desde que se generalizó, el Magistrado ya no se encontraba solo a la hora de juzgar, sino que junto a él se sitúan los comicios, dando así nombre al conocido como proceso comicial.

Esta situación trajo como consecuencia que en los tiempos posteriores de la República y en el Principado se utilizara el procedimiento por jurados bajo la presidencia de un Magistrado, los conocidos como iudicia populi. Aunque las fuentes no resultan claras en este aspecto, no había posibilidad de apelación ni de provocatio en este procedimiento por jurados ya que pronunciada la sentencia por el consilium, que suponía una representación del pueblo, no cabía provocación al mismo29.

La intercissio: la intercesión es una institución que, según Mommsen, pertenece al derecho político, ya que no era más que un límite al poder de los magistrados en la aplicación de la Ley que quedaba en manos de la propia Magistratura30. En esencia consistía en la posibilidad que tenía un Magistrado de ―casar‖ una orden dada por otro siempre que el intercesor tuviera ―pars maior vel potestas‖, es decir igual o superior jerarquía que el intercedido. Esta situación se daba fundamentalmente en el período republicano que estaba basado en el sistema de la colegialidad magisterial. Especial consideración tuvo la potestad intercesora de los Tribunos de la plebe como medio de contrarrestar el poder de los magistrados patricios.

La intercesión podía realizarse a propia iniciativa del magistrado o promovida por algún individuo mediante querella. El primer supuesto era extraño que se produjese en el ámbito de la administración de justicia y quedaba circunscrita a la intercesión contra acuerdos del Senado o proposiciones de Ley. Como se puede intuir, es la iniciativa particular la que resulta de aplicación en el ámbito judicial. Así, el particular que se veía perjudicado por un Decreto de un Magistrado que considerase injusto o arbitrario, podía presentar querella ante otro o ante el Tribuno de la plebe para paralizar los efectos de la resolución. Cómo, quién y de qué forma podía paralizar o reformar la resolución va a depender de la potestad jurisdiccional del intercesor, de la jerarquía y del procedimiento. De esta forma, la intercesión del Tribuno de la plebe tenía naturaleza meramente casativa y no reformativa ya que éste no tenía potestad para decretar respecto del asunto, al contrario sucedía con la intercesión de los magistrados ya que éstos sí tenían potestad para decretar y conocer del asunto, por tanto, podía casar la resolución y posteriormente reformarla. Pero para que esta potestad pudiera ejercerse era necesaria la existencia de jerarquía o delegación de jurisdicción, cuestión que, como hemos anticipado y tendremos ocasión de repetir, no se daba en la época republicana dentro de la

28


Cfr. Alberto Burdese, cit. (n. 26), p. 315. 30

Cfr. Theodor Mommsen, cit. (n. 14), p. 292.


267

ciudad y únicamente existía delegación en las provincias. Por tanto, como señala Piero Calamandrei (1889-1956), la primitiva intercissio de la época republicana no podía asemejarse a una appellatio ya que la primera carecía de carácter reformativo y, por tanto, era meramente negativa. Será con la aparición de la jerarquía en la época imperial cuando esta appellatio adquiera carácter reformativo y se acerque más al medio de gravamen que entendemos hoy en día. Así, es la sustitución de la colegialidad republicana por la jerarquía imperial la que marca el nacimiento de la apelación en Roma31.

En cuanto a las diferentes manifestaciones de la intercesión en función del procedimiento hemos de señalar, siguiendo a Mommsen32, que en el proceso penal público contra un ciudadano romano dentro de la ciudad cabía la intercesión de otros Magistrados y la tribunicia y podía interponerse en cualquier momento hasta la sentencia con la salvedad de que, dependiendo de quién dictara la sentencia, la misma podía estar sujeta a intercesión o no. Así, cuando, como hemos visto, la sentencia era dictada por el Magistrado con base en el imperium, podía ser casada por intercesión, sin embargo, cuando la sentencia era dictada por los Comicios no estaba sometida a la intercesión, como es lógico.

b) Las quaestiones extraordinariae y las quaestiones perpetuae

Los iudicia populi estuvieron vigentes hasta comienzos del siglo II a.C. y, aunque no fueron totalmente abolidos, la asamblea senatorial confió con gran asiduidad la facultad de represión criminal a órganos distintos de los comicios en los casos de crímenes de especial gravedad que amenazaban a la seguridad pública. Estos órganos fueron las Quaestiones extraordinariae, los cuales estaban integrados por cónsules o por uno de los pretores con la asistencia de un colegio de jurados y solían juzgar bajo la forma acusatoria. Estos tribunales extraordinarios para casos concretos fueron pronto superados por la idea de que había que proceder a la implantación de unos tribunales permanentes a los que se les encomendara el conocimiento de categorías completas de crímenes. Así, se crearon las Quaestiones Perpetuae33 las cuales se instituían por ley y se convirtieron en el órgano ordinario de represión criminal en la última época republicana y los primeros tiempos de Imperio. Su configuración y número fue cambiante a lo largo del tiempo de su vigencia. Prescindiendo de una exposición exhaustiva diremos, que a lo largo de la misma, existieron nueve tribunales permanentes, de los cuales cinco se encargaban de juzgar delitos de carácter político (maiestas, repetundae, ambitus, peculatus y vis) y cuatro de delitos comunes (homicidio, parricidio,

31

En este sentido Calamandrei expone sus dudas acerca del momento concreto de la transformación, como también las alberga sobre si la appellatio de la edad imperial es una transformación de la intercissio tribunicia concentrada en el Emperador o una derivación de la provocatio ad populum. Cfr. Piero Calamandrei, cit. (n. 6), p. 88. 32

Vid. Theodor Mommsen, cit. (n. 14), pp. 295-296. 33

Es pacífica la doctrina romanista a la hora de establecer el origen de las quaestiones perpetuae en la constitución de un tribunal permanente para la represión del crimen repetundarum (apropiaciones ilícitas y extorsiones realizadas por magistrados romanos en perjuicio de puebles aliados o sometidos al dominio de Roma). Cfr. Alberto Burdese, cit. (n. 26), p. 318; Bernardo Santalucia, cit. (n. 9), p. 78 y Antonio Fernández de Buján, cit. (n. 11), p. 227.


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falsedad e injurias graves). En cuanto a la forma procesal por la que se regían imperaba el acusatorio.

En cuanto al régimen de recursos debemos decir que carecía del mismo ya que estaba vedada la provocatio ad populum por la razón expuesta anteriormente, es decir, la sentencia del jurado se dicta de acuerdo con una ley votada por el pueblo, por lo que el jurado, viene a significar la representación de pueblo mismo34, además, esta condena, como no es una manifestación del imperium de magistrado, no tiene la base justificada de la provocación35. Lo mismo podemos afirmar de la intercissio la cual tenía su base en una resolución de un Magistrado y, como hemos visto, lo que aquí se produce es un veredicto de un jurado. En esta etapa, la cual estaba caracterizada por la inexistencia de la delegación jurisdiccional, la apelación estaba muy restringida ya que únicamente podía apelarse la sentencia dada por un órgano que ejercía su jurisdicción por delegación. Esta circunstancia únicamente se daba en dos supuestos. El primero, en los procesos penales que se desarrollaban en las provincias romanas en las que el gobernador ejercía la jurisdicción como depositario del imperium; por el contrario, no resultaba aplicable la provocatio por expresa exclusión salvo para los ciudadanos romanos36. El segundo como consecuencia de las reformas del emperador Augusto, el cual, aunque no atribuyó al emperador el poder de juzgar en grado de apelación contra la sentencia dictada por una quaestio, podía, en caso de condena por un solo voto de diferencia, sumar su voto a la minoría y así provocar el empate con la consiguiente absolución del reo37.

c) La intervención del emperador en los tribunales

A pesar de que Augusto en la época del Principado había mantenido e incluso afianzado las quaestiones, el nuevo orden imperante no vio con buenos ojos estos tribunales permanentes ya que quedaba fuera del control del princeps la composición de los mismos. Además de este argumento socio-político, existían otros de índole jurídica como, por ejemplo, los inconvenientes de la imposibilidad de someter a juicio ante un mismo tribunal en los casos de concurso de personas o delitos ya que, como hemos expresado, cada quaestio tenía competencia para un delito concreto.

Estas circunstancias provocaron que se afianzara la supremacía del princeps en la represión criminal. Así, poco a poco, los tribunales permanentes fueron dando paso a una nueva forma de juzgar sin la participación de los jurados ya que todos los asuntos eran confiados al emperador o a un delegado suyo que asumía completamente el juicio desde la acusación a la sentencia. Por tanto, con el nacimiento de la cognitio extra ordinem van desapareciendo paulatinamente las quaestiones perpetuae dando paso a nuevos órganos con una intervención directa del Emperador o sus delegados. De esta forma, en la época del emperador Augusto se crean dos tribunales criminales nuevos, manifestación de la diarquía de la época, uno constituido por el emperador con

34

Vid. Alberto Burdese, cit. (n. 26), p. 326. 35

Cfr. Theodor Mommsen, cit., (n. 14), p. 89. 36

Vid. Theodor Mommsen, cit. (n. 14), pp. 169 y 297. 37

Es el conocido como ―voto de Minerva‖. Cfr. Bernardo Santalucia, cit. (n. 9), p. 100.


269

la asistencia de su consilium38, y otro por el Senado bajo la presidencia de los cónsules39. En esencia, el primero consistía sencillamente en la resurrección del antiguo tribunal de los magistrados y el segundo la reaparición del antiguo juicio en el que intervenían el magistrado y los comicios40.

El ejercicio del poder de represión criminal en esta época reviste tres aspectos fundamentales: la avocación, la apelación y la delegación de jurisdicción. En cuanto a la avocación hay que decir que el princeps puede avocar a su propio tribunal (espontáneamente o a instancia de parte) el conocimiento de cualquier tipo de causa41 y, asimismo, podía remitir al Senado cualquier asunto que considerara conveniente42. En lo relativo a la apelación y a la delegación de jurisdicción hemos de realizar algunas apreciaciones previas. En primer lugar hay que señalar que, aunque ambos conceptos pueden ir indisolublemente unidos, las apelaciones de las que conocía el Emperador podían tener su base tanto en la delegación que él mismo había efectuado al órgano delegado o, también, y principalmente, por la facultad de juzgar que le había sido reconocida (la auctoritas imperial). Realizada esta apreciación hay que decir que el emperador conocía de asuntos en primera instancia y en grado de apelación de las sentencias pronunciadas tanto en Italia como en las provincias, por funcionarios subordinados a él43, cuando hayan sido recurridas ante su autoridad. A pesar de lo expuesto hay que decir que en escasísimas ocasiones el emperador ejercía esta potestad por sí mismo y la misma se ejercitaba por delegación de jurisdicción. Así, de los delegados imperiales podía apelarse al emperador mismo por cuanto del fallo dado por un mandatario o delegado podía apelarse en general ante el respectivo mandante, salvo que éste hubiera vedado esta posibilidad en virtud de su poder. Esta apelación comprendía tanto la casación del fallo como el dictado de la sentencia adecuada que ocupaba el lugar del fallo casado.

En principio, podía interponerse apelación contra toda resolución que causara un perjuicio indebido a cualquiera de las partes interesadas en la causa. Como consecuencia de esto se permitía la apelación tanto al condenado como al actor (si lo hubiere) e incluso existía una legitimación extraordinaria amplísima a cualquier persona en sentencias capitales incluso contra la voluntad del reo. En cuanto a las resoluciones apelables comprendían las sentencias definitivas (ejecutorias), salvo algunas restricciones y contra las resoluciones interlocutorias, aunque estas últimas de forma muy restringida ya

38

En la época de Diocleciano se reemplazó esta organización por un sistema de tribunales compuesto por funcionarios. Vid. Theodor Mommsen, cit. (n. 14), pp. 190 y ss. 39

La jurisdicción del Senado, con altibajos se prolonga hasta la época del Emperador Cómodo (siglo II) hasta ser absorbida por la jurisdicción imperial. 40


Cfr. Bernardo Santalucia, cit. (n. 9), p. 105. 42


En cuanto a los funcionarios delegados éstos cambiaron a lo largo del tiempo de configuración de la mano de los vaivenes territoriales y organizativos del imperio. Así, sin ánimo de exhaustividad, hasta principios del siglo III existían para Roma e Italia, los cuatro praefecti (urbi, praetorio, annonae y vigilum) y para las provincias los legati augusti y los procuratores. A principios del siglo IV el territorio del imperio aparece dividido en provincias regidas por gobernadores de distinto título y grado (proconsules, consulares, praesides y correctores) y las provincias se reagrupan a su vez en diócesis (regidas por un vicario) que, a su vez, se dividían en prefecturas encabezadas por un prefecto del pretorio. Así, provincias, diócesis y prefecturas constituyen los tres grados para el ejercicio de la jurisdicción. Vid. Bernardo Santalucia, cit. (n. 9), pp. 107 y 133.


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que únicamente se permitía cuando la decisión no podía remediarse con la apelación contra la sentencia definitiva como ocurría, por ejemplo, con las providencias que ordenaban el tormento. Como se ha anticipado, existían algunas restricciones para apelar sentencias definitivas, así, en delitos de falsificación de moneda, coacciones y rapto estaba vedada la apelación como regla general, asimismo, podía rechazarse la apelación cuando el acusado estuviere confeso.

La apelación se interponía ante el tribunal contra cuyo fallo iba dirigida para que confiara el asunto al superior, en caso de oponerse a ello el apelante podía interponer querella ante el tribunal superior en queja por la denegación a quo.

Los efectos de la apelación eran, que una vez aceptada, la causa pasaba a ser enjuiciada por la instancia superior como novum iudicium sin tener en cuenta lo practicado en la instancia inferior. Como se puede observar era una apelación, en principio, excesivamente ventajosa para el apelante ya que la simple aceptación de la apelación al considerarla válida el órgano a quo o el ad quem suponía de facto la casación y pérdida de la fuerza ejecutiva de la sentencia dictada por el tribunal inferior. El inconveniente para el apelante estribaba en que no operaba la prohibición de la reformatio in peius y podía, además, quedar sujeto a una sanción por abuso en la apelación44. Esta concepción del beneficium novorum fue cambiante a lo largo del tiempo. Así, se pasó de la libertad absoluta en la legislación de Diocleciano y Maximiliano donde se podían presentar testigos no producidos en el primer juicio, así como nuevas pruebas y nuevas alegaciones en la segunda instancia. En el derecho post-clásico se pasó a una segunda instancia meramente revisora de la primera sin ninguna manifestación del ius novorum, incluso no se permitía la reproducción de la prueba desarrollada en la misma. Fue con la legislación justinianea cuando se admitió de forma general el ius novorum en grado de apelación constituyendo ésta un auténtico novum iudicium, de esta forma el apelante podía alegar nuevos hechos, nueva prueba y nuevas excepciones45.

III. La apelación en el proceso penal español durante las edades media y moderna

Una vez establecidas las bases y los orígenes de la institución que estudiamos con el punto de partida del Derecho Romano, ocupa ahora el estudio de la misma en unos períodos históricos de enorme extensión y fuentes. Una primera lectura de este epígrafe nos lleva a pensar que la cuestión es inabarcable para un trabajo de estas características. En efecto, y continuando con la línea expositiva heredada de la etapa anterior, establecer un estudio de los procedimientos penales y los medios de impugnación durante este vasto periodo tendría una extensión nada justificable con el objeto de este trabajo. Siendo esto así, optamos por realizar un enfoque conjunto de ambas perspectivas, sobre todo, teniendo en cuenta que, desde la recepción del derecho romano-canónico en el siglo XIII hasta el siglo XIX con la codificación, nuestro proceso penal se ha ido rigiendo en esencia ‒y alternando su importancia‒ por las formas inquisitiva y acusatoria. Además, por la misma

44

Vid. Theodor Mommsen, cit. (n. 14), pp. 298 y 299. 45

Cfr. Susana Aikin Araluce, El recurso de apelación en el Derecho Castellano (Madrid, 1982), p. 198.


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justificación anterior, este análisis se centrará únicamente en la jurisdicción real, dejando a un lado jurisdicciones especiales como la eclesiástica o señorial. Por último (que será lo primero), aunque, como hemos anticipado, el análisis se va a centrar en el derecho castellano tras la recepción del derecho común, haremos una breve referencia al proceso penal de la España visigoda.

Para finalizar, siguiendo la estructura de la época anterior, hemos de llevar a cabo una breve referencia al orden de las apelaciones y la organización judicial de esta vasta época.

1. España visigoda

Referente a esta época histórica únicamente haremos una somera referencia al Liber Iudiciorum, que surgió bajo el reinado de Recesvinto en el siglo VII. En su libro VI, mezcladas con preceptos de derecho penal sustantivo, encontramos disposiciones que si bien no integran, ni solas ni relacionadas con las más genéricas del Libro II, una regulación completa del proceso penal, se ocupan de cuestiones tan fundamentales como el tormento, la manera de formular acusación o el asilo eclesiástico, y restringen los abusos de la potestad señorial sobre los siervos.

El proceso penal visigodo, en contra de lo que pudiera parecer por sus antecedentes, tiene una influencia fundamentalmente romana y se caracteriza por ser de corte eminentemente acusatorio.

En cuanto a los tipos de procedimiento no hay opinión unánime sobre la existencia de una jurisdicción ordinaria y jurisdicciones especiales dependiendo de los tipos de delitos o ratione persona en función de la diferenciación de los pueblos cohabitantes en la época (godos e hispanorromanos)46.

De las fuentes sí parece desprenderse la existencia de diferentes procedimientos especiales ratione materia y ratione persona. Así, existía un procedimiento de habeas corpus para casos de delitos políticos cometidos por personas pertenecientes al ordo palatinum y otros procedimientos especiales como en el caso del adulterio.

En cuanto a la organización judicial, el Derecho Visigodo responde al sistema en el que el Rey está al frente de la jurisdicción aunque no la ejercía personalmente. Lo característico es que la organización jurisdiccional coincidía con la gubernativa y eran ejercidas por un mismo órgano en función de las circunscripciones existentes. Así, en la administración territorial se sitúan los rectores, los duques y los condes y en la administración local los jueces (iudices locorum)47.

En relación a la posibilidad de apelación o alzada, las fuentes recogen esta posibilidad aunque no queda claro el orden de las instancias superiores ni el número de ellas en el orden penal48.

46

Cfr. Remedios Morán Martín, Historia del Derecho privado, penal y procesal, I (Madrid, 2002), p. 485. 47

Cfr. Ibíd., p. 485. 48

Vid. Pedro Aragoneses Alonso y Marta Gisbert, La apelación en los procesos civiles. Antecedentes, Legislación, Doctrina y Formularios (Madrid, 2003), p. 30.


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2. La apelación en el proceso penal en Castilla tras la recepción del derecho romano-canónico hasta la edad moderna

Como se puede inferir del título de este apartado, es con la recepción del derecho romano-canónico cuando se produce un cambio sustancial en el derecho en general y el proceso en particular. Cambio en el que el rey va a gozar de una importancia nuclear no sólo en la promulgación legislativa sino también en la función de la aplicación jurisdiccional de las leyes. Traducido en referencia al proceso penal, va a ser el rey quien, con base en una creación legislativa propia y no heredada49, va a determinar lo que considera hechos delictivos y, sobre todo, que las instituciones dependientes de él van a estar encargadas de su aplicación. Un estudio del instituto de la apelación durante esta época es tarea harto difícil, no tanto por la complejidad de las formas de enjuiciamiento como por la existencia de diferentes jurisdicciones, las cuales, en función del tipo de delegación que tuvieran, originaria o derivada, van a permitir apelación de la resolución o no. Nosotros únicamente vamos a hacer referencia a la jurisdicción real y a la municipal que es la base organizativa de la época.

El punto de partida de esta etapa es la obra legislativa del rey Alfonso X que tiene su culmen en las Partidas pero que empezó a gestarse con la redacción del Fuero Real y del Espéculo, pero, además, tuvieron una decisiva importancia en esta obra del rey sabio, fundamentalmente en el ordenamiento procesal, las Decretales de Gregorio IX50.

Con referencia al proceso penal se trató de superar el viejo proceso de los Fueros Municipales51 que tenía un marcado acento privatista y poco diferenciado del proceso civil, para crear un deslinde claro con el mismo y la sustanciación de un proceso penal que, si bien no era autónomo por compartir planteamientos comunes52, sí fuera un instrumento para hacer posible el ejercicio del ius puniendi por parte del rey. De esta forma, se dio entrada con carácter de generalidad a funcionarios públicos encargados de administrar justicia.

Sin ánimo de exhaustividad, hemos de partir de la idea de que, aparte de las tensiones territoriales, Alfonso X configuró la administración de justica sobre la base de dos jurisdicciones, la real y la municipal. Para la primera dotó como instrumento esencial la obra de las Partidas (y el Espéculo) y, para la segunda,

49

La referencia a la herencia legislativa lo es a la excesiva importancia que hasta entonces habían tenido los Derechos locales propios del feudalismo representados, v. gr., por los Fueros Municipales. 50

La influencia canónica en la configuración del proceso en España no se circunscribe únicamente a las Decretales y su marcada firma en la obra Alfonsina, sino que se extiende antes de esta época y en un desarrollo posterior. Vid. José Maldonado y Fernández del Torco, Líneas de influencia canónica en el proceso español, en Anuario de Historia del Derecho Español, XXIII (1953), pp. 467-493. 51

Superación que no se produjo de forma inmediata o, mejor dicho, no hubo una supresión como tal ya que el arraigo que se tenía a los Fueros Municipales chocaba de frente con un sistema nuevo y, sobre todo, con la labor unificadora de Alfonso X. Así, lejos de desaparecer completamente, se confirmaron por parte del monarca determinados fueros y privilegios a distintas ciudades. Cfr. María Paz Alonso Romero, El proceso penal en Castilla (Siglos XIII-XVIII) (Salamanca, 1982), pp. 67-70. 52

Cfr. Remedios Morán Martín, cit. (n. 46), p. 496.


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el Fuero Real, ambas, como hemos adelantado, con una gran influencia del proceso penal de las Decretales.

No vamos a exponer aquí un desarrollo pormenorizado de los procesos penales en cada una de estas obras legislativas, no por carencia de interés – el cual es innegable – sino porque la estructura de los mismos va a ser básicamente la misma y las especialidades propias de cada una se tendrán en cuenta cuando su incidencia configure las posibilidades impugnatorias contra las resoluciones dictadas en su seno.

Antes de entrar en materia debemos realizar una apreciación previa, más bien una advertencia que es común en los estudiosos de esta época. Consiste en la común opinión de que la legislación alfonsina, impecable en el plano teórico, no tuvo una plasmación práctica coherente, así, en palabras de Alonso Romero, «el desfase entre la realidad práctica del proceso y su regulación en la norma es bien patente; sus textos no son un reflejo en la praxis real, sino una referencia de lo que se pretende aplicar»53. Además, la dispersión normativa es constante en esta época y las que le sucederán, ya que, además de la conservación de ciertos fueros a determinadas ciudades, la promulgación de Ordenanzas sobre como sustanciar los pleitos en determinados territorios, gozaban de especial influencia, las Leyes de Estilo o la interpretación de los Glosadores54. Entre ellas destacamos el Ordenamiento de Alcalá, y las Ordenanzas reales de Castilla que supusieron un avance en la prelación de normas el primero y en la delimitación de jurisdicciones las segundas.

a) La apelación en las Decretales Aunque, como es lógico, este proceso no se engloba en el Derecho

Castellano, por su inmensa influencia en la configuración posterior del mismo55, creemos conveniente realizar alguna puntualización sobre el mismo. Este texto canónico dispone acerca de la iniciación del proceso que se puede iniciar por tres vías: acusación, denuncia e inquisitio. La acusación inicia un tipo de proceso que puede encuadrarse dentro de las características del proceso acusatorio. Además de él, se regula el proceso inquisitivo, al que se podía llegar por denuncia previa o por la actuación oficial del juez, realizando su propia iniciativa, la inquisitio. La diferencia entre ambos es, además del modo de incoación, que el inquisitivo merma bastante el principio de igualdad de partes.

En lo referente a los medios de impugnación contra las resoluciones que se dictan hemos de señalar que se admitía alzada contra resoluciones interlocutorias y contra la sentencia definitiva y ambas tenían efecto suspensivo. Aunque lo más llamativo no será la posibilidad de apelación sino las limitaciones a la misma ya que estaba vedada en casos de ―delitos notorios‖56. La complicada construcción de la notoriedad delictual, la cual no

53

Vid. María Paz Alonso Romero, El Proceso, cit. (n. 51), p. 65. 54

Vid. María Paz Alonso Romero, El conflicto penal en la Castilla moderna, en Estudis: Revista de historia moderna, nº 22 (1996), p. 207. 55

Sobre las razones y conveniencia para el sistema Alfonsino de adoptar, mutatis mutandis, el proceso canónico de las Decretales, Vid. María Paz Alonso Romero, El Proceso, cit. (n. 51), pp. 13 y 14. 56

La notoriedad del delito es una categoría que se fue modulando a lo largo del tiempo partiendo de dos categorías: Los notorium facti y los notorium iuris. Recogemos en esta nota la


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tenía antecedentes en el Derecho Romano, influyó decisivamente en las limitaciones a la apelación como tendremos ocasión de ver.

b) La apelación en el proceso penal del Fuero Real Como hemos señalado, el Fuero Real es la obra legislativa con la que el rey

Alfonso X intentó poner coto al mínimo control que tenía en la administración de justicia a nivel local por la pervivencia de los Fueros Municipales. El proceso penal del Fuero Real arrastra una especial influencia de las Decretales que se manifiesta en muchos de sus actos y en la mayor complicación de trámites y formalismos que tienden a hacer del proceso penal una institución poco comprensible para los vecinos de las localidades a las que se concede, acostumbrados al sencillo proceso de los Fueros Municipales57.

Debemos hacer una primera referencia a lo que se entiende por un pleito criminal, y sobre esto, nos encontramos con que la caracterización se hace en atención a la pena prevista para el delito de que se trate. Así, se considera pleito criminal aquel que puede desembocar en pena de muerte, corporal, pérdida de todos los bienes o destierro. Aquellos procesos por delitos que, por ejemplo, sólo llevasen aparejada una pena pecuniaria, debían sustanciarse como si se tratara de una demanda civil, sin que le afectasen las peculiaridades propias de los juicios criminales.

En cuanto a los tipos de proceso penal, tenemos, como norma general, un tipo de proceso acusatorio y por vía excepcional, inserto a veces dentro de él y otras veces al margen, diversos supuestos de pesquisa y un proceso de oficio, al se podía llegar por una denuncia o por la actividad oficial del Rey o juez.

Referido ahora a las posibilidades impugnatorias, en el Fuero Real éstas quedan expresamente prohibida en pleytos criminales58. Esta prohibición, según Aikin Araluce, estuvo vigente hasta la promulgación de las Partidas ya que los glosadores (en particular Bonifacio) entendieron que la ley de Partida que permitía la apelación salvo en determinados supuestos59 derogaba los textos del Fuero Real y Leyes de Estilo que consignaban la inapelabilidad de la

configuración de Juan Teutónico, cit. por María Paz Alonso Romero, El Proceso, cit. (n. 51), p. 26, para quien el notorium facti tenía tres categorías: a) notorium facti permanente o continui, en que el juez se limita a constatar su existencia y no hay que probar nada; b) notorium facti transeuntis o momentanei, dentro del que se engloban aquellos hechos que han pasado hace tiempo delante de mucha gente y en los que es preciso probar su evidencia y c) notorium facti interpolati, que designa lo que ocurre de modo acostumbrado aunque no sea continuo y que hay que probar. Asimismo, el notorium iuris englobaba la confesión y la cosa juzgada. En lo que a nosotros nos interesa decir que eran los notorium iuris lo que impedían la apelación, prescindiendo por lo obvio de la cosa juzgada, hemos de señalar que la confesión del reo excluirá la apelación en procesos posteriores. 57

Sobre este particular Alfonso Jesús Eduardo García Gallo y de Diego (1911-1992) considera que el choque entre la recepción del Fuero Real y los Fueros Municipales asumidas por los pueblos durante largo tiempo no llegó a darse de forma pronunciada, impacto que sí se produjo con el Espéculo ya que éste era bastante revolucionario, especialmente en materia procesal, pues los jueces nombrados por el rey juzgaban en las ciudades conforme a un sistema jurídico distinto. Así, los jueces de alzada, igualmente de nombramiento real, fallaban pleitos en segunda instancia conforme a principios y normas diferentes de los que habían presidido la primera. Cfr. Alfonso García Gallo, El Libro de la Leyes de Alfonso el Sabio, en Anuario de Historia del Derecho Español, XXII-XXIII (1951-1952), pp. 407 y 449. 58

Cfr. Susana Aikin Araluce, cit. (n. 45), p. 83. 59

Vid. infra.


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sentencia penal, por tanto las sentencias penales resultaban apelables salvo en los supuestos contemplados en las Partidas60.

c) La apelación en el proceso penal en el Espéculo y en las Partidas

Como hemos ya citado, estas obras legislativas regulaban el ordenamiento procesal de la justicia real. Antes de entrar en el estudio del proceso penal en el Espéculo y en las Partidas, hay que hacer mención a que las diferencias entre ambos son escasas; por tanto, nos limitaremos a exponer los libros en que se regula el proceso en el Espéculo y profundizaremos algo más en la regulación que se hace en las Partidas61.

Así, el Espéculo dedica sus libros IV y V, principal, aunque no exclusivamente, a la administración de justicia. De esos preceptos, un gran número se refiere a la organización judicial, y dentro de los estrictamente procesales, los más son aplicables tanto al enjuiciamiento civil como penal. Merecen destacarse algunas disposiciones privativas del penal, como la ley XVI, título II, libro IV, reveladora de que los jueces no sólo desempeñaban funciones jurisdiccionales en sentido estricto, sino también de policía y vigilancia, y sobre todo, el título XI del libro IV, que trata de los pesquisidores, reglamentándose su actuación.

Las Partidas dedican al enjuiciamiento criminal el título I de la Partida VII, si bien a todo lo largo de éstas encontramos normas de dicha clase, y además, títulos enteros dedicados a los rieptos62, lides y desafiamientos. Aunque se centra primordialmente en el proceso civil debemos atender a la Partida III que es donde se regulan las alzadas y el sistema de recursos de este texto.

La primera puntualización que se ha de hacer es sobre qué se considera en las Partidas un pleyto criminal. La cualificación (jurisdicción), al igual que en el Fuero Real, viene determinada en función de la pena perseguida: Pena de muerte, corporal, destierro y pérdida de todos los bienes. Además añade una cláusula a modo de cajón de sastre que hace que se extienda a otros muchos supuestos63.

Al igual que en las Decretales, el proceso podía principiar por tres vías: acusación, denuncia y pesquisa. A partir de ahí, se regula con todo detalle el contenido de los dos tipos de proceso a que podían dar lugar cada uno de ellos: acusatorio, si lo abría una acusación, e inquisitivo, si a él daba origen una denuncia o actividad oficial del juez. En referencia a los dos tipos de proceso hemos de señalar que comparten características tanto en el Espéculo como en las Partidas.

Especial referencia merece la institución del tormento y, como siempre que se acude a este medio, es la coacción física la que va a decidir el proceso. Si a pesar de todo, no se consigue la prueba plena, el reo debe ser absuelto, en

60

Vid. Susana Aikin Araluce, cit. (n. 45), p. 84. 61

Un estudio en profundidad de las diferencias y semejanzas de estas obras se encuentra en Alfonso García Gallo, El Libro, cit. (n. 57), pp. 345-528. y Nuevas observaciones sobre la obra legislativa de Alfonso X, en Anuario de Historia del Derecho Español, XLVI (1976), pp. 609-670. 62

Procedimiento penal especial que consiste en un reto con la autorización real. Vid. Francisco Marcos Pelayo, El derecho judicial en la Partidas (Madrid, 1929), p. 180. Sobre naturaleza y procedimiento, Vid. Remedios Morán Martín, cit. (n. 46), pp. 507 y ss. 63

«Otra pena cualquier, por que fuesse mal enfamado». Cfr. Partidas, III, 22, 28.


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caso contrario, será condenado. Tampoco aquí la sentencia deberá ir acompañada de una fundamentación expresa.

A modo de síntesis o conclusión de lo expuesto anteriormente, lo primero que hemos de destacar es la enorme influencia de las Decretales tanto en el Espéculo como en las Partidas. También se observa que el esquema básicamente es el mismo: la regulación de los tipos de procesos, acusatorio e inquisitivo, y el desarrollo de cada uno de sus actos, con la única diferencia que es la mejor sistematización de las Partidas.

La complicación y tecnificación del proceso se hacen aquí aún más patentes. El proceso se ha convertido en una serie de actos perfectamente reglados, con plazos preclusivos entre los que dificultosamente se debían mover los legos en derecho. Ello explica la necesidad de acudir a técnicos profesionales del derecho que eran quienes en realidad actuaban en nombre de las partes cuyos intereses se estaban dilucidando.

La complicación y abundancia de trámites y requisitos a cumplir es mucho mayor en el proceso acusatorio que en el inquisitivo, y con ello mucho mayor su lentitud. Al ser el proceso inquisitivo mucho más rápido y sencillo llevó a su mayor aplicación en esta época. Otro punto importante a destacar es el predominio de la escritura debido a la influencia canónica de estos procesos.

En cuanto a la trascendencia de ambos tipos procesales, desde el punto de vista del poder real, es mucho más eficaz el proceso inquisitivo que el contradictorio. La eficacia se deriva de sus mismos principios orientadores, que se desarrollan en la práctica en una mayor rapidez y sencillez en los actos de su procedimiento.

Centrándonos ya en las vías impugnativas de las resoluciones éstos se encuentran regulados en la Partida III, títulos 23, 24, 25 y 2664. Así, el sistema de recursos que las partes tienen ante la sentencia se clasificaban en cuatro grupos: alzada, merced real, restitución, revocación de sentencia por falsedad y nulidad por defectos formales. Por cuestión de espacio y operatividad únicamente vamos a desarrollar la alzada por constituir en toda regla un recurso de apelación65.

La alzada era definida en las Partidas como «querella que alguna de las partes faze del juycio que fuesse dado contra ella llamando e recorriendo a enmienda de mayor juez»66. Así, la parte que se considerara agraviada por un juez podía acudir al superior jerárquico de éste para solicitar su enmienda. La alzada, por tanto, es en toda regla un recurso de apelación ante un superior jerárquico que se realiza con carácter gradatim67, es decir, de grado en grado y

64

Debemos tener en cuenta que, como se ha expresado con anterioridad, todas estas cuestiones fueron tremendamente moduladas por la práctica y la interpretación de los glosadores. 65

La ―merced real‖, en contra de lo que pudiera parecer por su nombre, no es un derecho de gracia en estricto, ya que el rey no perdona ni condona pena, su ―merced‖ se basa en la revocación de una sentencia y oír desde el principio al agraviado para dictar nueva sentencia. En esencia es un novum iudicium en toda regla ya que la fñrmula que emplea, ―oir de cabo‖, debemos interpretarla en tal sentido (Partidas, III, 24, Prol.). Así visto, comparte caracteres de apelación ya que la merced real se puede solicitar contra sentencias que no admiten alzada, no porque se hayan agotado las existentes sino porque, al haber conocido del primer juicio el propio rey o, fundamentalmente, por el Adelantado Mayor de Corte no cabe alzada contra ellos. Así, para templar la firmeza de la justicia, se permite pedir la merced. 66

Partidas, III, 23, 1. 67

Partidas, III, 23, 18.


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siguiendo el orden establecido de menor a mayor salvo que se apelara directamente al rey, a quien se podía apelar omissio medio pudiendo la parte «tomar primera alçada para el rey, ante que pasasen por otros jueces»68. Además de este efecto devolutivo, la alzada tenía efecto suspensivo69.

La alzada únicamente se va a permitir contra sentencias definitivas, siendo una excepción que se pudiera permitir contra resoluciones interlocutorias. Únicamente, al igual que sucedía en el proceso penal en Roma (supra), se permitía alzada contra sentencia interlocutoria que manda dar tormento o hacer alguna otra cosa ―tortizeramente‖ que después no se pueda enmendar sin grave daño o vergüenza del agraviado. Esto no significa que los agravios que pudieran sufrir las partes por parte del juzgador en sus resoluciones interlocutorias carecieran de alzada, antes al contrario, los mismos se podían alegar ante el juez del alzada una vez recayera sentencia definitiva70. Aunque no se dice nada sobre el efecto suspensivo de esta alzada contra interlocutoria hemos de entender que sí lo tiene ya que, como tendremos ocasión de analizar, cuando se trata los efectos de la alzada señala que una vez resuelta se devuelva al juez inferior para que continúe el pleito principal71.

No vamos a realizar un análisis profundo de la sustanciación de la alzada, baste decir que el agraviado debía mostrar inmediatamente su intención de alzarse contra la sentencia (alçome), realizando una especie de anuncio oral de recurso sin dar razón aún de la causa del agravio ni ante qué órgano superior se presentará, si no se usara la forma oral de anuncio podrá posteriormente presentarlo por escrito en el plazo de diez días desde que le es dada la sentencia72 con la petición del traslado de autos al órgano superior que deberá realizarlo en tres días, dando cuenta de la forma de juzgar y las razones de su fallo73. En caso de omitir la remisión de autos al superior, el inferior será castigado con la indemnización de los daños que se le irroguen a la parte perjudicada y también a las costas. Una vez la alzada ha sido elevada al juez superior y dado traslado a la otra parte comienza el efecto suspensivo como una orden de inactuación al juez inferior74.

En cuanto a su configuración como segunda instancia en relación con el ius novorum, se estima que la apelación es una fase de continuación del juicio anterior; así, las posibilidades impugnatorias son bastante amplias ya que puede alegar cualesquiera causas estime convenientes y pedir que se practique nueva prueba documental y testifical. Sobre este particular albergamos dudas sobre estas pruebas, ya que no queda clara la razón que

68

Esta apelación omissio medio se tomó como modelo del recurso per saltum al Papa en el proceso canónico de la Iglesia. Cfr. Gustavo Villapalos Salas, Los recursos contra los actos del gobierno en la baja edad media (Madrid, 1976), p. 285. 69

Vid. infra. 70


Cfr. Partidas, III, 23, 27. 72

La alzada ha de formularse como sigue: «Yo Fulano, sintiéndome por agraviado de la sentencia que diste vos, Fulano, contra mí, por tal hombre mi contendor, sobre tal cosa, álzome al Rey, o a los juzgadores que han de oír las alzadas por su mandado, e pido que me dee vuestra carta para él, y el traslado de la sentencia y de los actos del pleito como pasaron ante vos». El alzado está obligado a comparecer ante el juez de alzada, o de lo contrario, se suspenderá la alzada, tendrá que acatar la sentencia recurrida y, además, pagará las costas de la alzada. Partidas, III, 23, 12. 73


Partidas, III, 23, 26.


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debe alegar el recurrente para esta nueva práctica de prueba. Entendemos que deben ser pruebas que no pudo presentar en el primer juicio, pero no se establecen condiciones a aquella imposibilidad ya que lo que exige es que la parte jure ante el juez que no lo «faze por engaño, nin malicia, nin por alongamiento: e quando los otros testigos dio delante del primero judgador que non pudo dar estos, o que se non acordó dellos entonce»75.

Plantadas las razones de la alzada el juez superior deberá confirmar o revocar la sentencia anterior. En caso de ser confirmada porque «el juyzio fue dado derechamente» se trasladan las actuaciones al primero que conoció para que proceda a la ejecución o continuación del pleito principal en caso de alzada contra interlocutoria. Si la sentencia debe ser revocada porque se alzó con derecho «mejore el juyzio, e judgue el principal, e non lo enbie a aquel Alcalde que judgo mal». Además, si el juez superior estima que si alguna de las cosas del pleito es traspuesta mediando fuerza, engaño o mandamiento del primer juzgador, en este caso deberá hacerla tornar a su lugar. Aunque pudiera entenderse que, en estas circunstancias, lo que se provocaría es una nulidad de actuaciones y regreso al primer juzgador para su nueva cognición, no creemos que sea este el caso, ―tornarla a su lugar‖ debe entenderse como una revocación de lo hecho con engaño y posterior cognición del juez superior, ya que entendemos que la trasposición lo es de los autos y alegaciones que se van a ver en la alzada. Asimismo, si la parte que se siente agraviada del juicio dijese y probase que no osó tomar alzada o, una vez tomada, seguirla por miedo a su integridad física o a ser prendido, el juez superior debe oírle como si se hubiese alzado y falle conforme a derecho76.

Un aspecto de especial relevancia es la aplicación y extensión de la reformatio in peius. Como ya hemos observado, el Derecho Romano fue proclive a que se llegase a una solución más onerosa para el recurrente que la obtenida en la instancia inferior y el Derecho Canónico todo lo contrario. En el Derecho Castellano esta cuestión se centró más en la congruencia y el objeto de la apelación sin profundizar en la prohibición o no de la reformatio in peius, independientemente de alegado o no y por quién. Así, tanto en el Fuero Real como en las Partidas señalan que la revisión de la sentencia sólo puede hacerse sobre la base de lo alegado contra ella. Ahora bien, ¿puede haber reformatio in peius con base en lo alegado cuando el único recurrente es el condenado y no ha habido adhesión? En opinión de Gustavo Villapalos Salas, tras confirmar la ausencia de regulación en las fuentes, considera que no se puede dar tal reforma peyorativa y se basa en la propia redacción de las Partidas que, al regular la sentencia señala que la misma deberá confirmar el juicio o mejorarlo, y la única consecuencia negativa para el condenado por confirmación de sentencia anterior sería la condena en costas77. Aún pareciendo un análisis simplista, agarrado al estricto texto de unas leyes que se incumplieron sistemáticamente, la ausencia de fuentes nos lleva a no objetar nada al respecto.

En cuanto el número de alzadas que se permiten, la Ley 25, Título 23 de la Partida III, las establece en dos alzadas por una persona de un mismo juicio por cualquier cosa o hecho, por tanto podían darse hasta cuatro apelaciones,

75

Cfr. Partidas, III, 23, 27. 76

Vid. Partidas, III, 23, 27. 77

Gustavo Villapalos Salas, cit. (n. 68), pp. 247-248.


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dos por cada una de las partes. La limitación a las dos alzadas tiene como condición que la tercera sentencia fuese confirmatoria de las anteriores ya que, en caso contrario, si el juez de alzada revocase los juicios primeros, podía interponerse otra alzada por la acusación. Con esta conformación, cada parte contaba con dos apelaciones en una misma causa, y, como señala Aikin Araluce, aún si hipotéticamente las hubiese agotado, podía en último término adherirse a la apelación de su contrario, en virtud del principio de que cualquier apelación es común a una y otra parte78. Así, tenemos un sistema ordinario de tres instancias y dos apelaciones en la que no va a permitir una cuarta sentencia sobre un juicio que ha tenido el mismo pronunciamiento en tres ocasiones.

Quizás, el aspecto más importante de la alzada o apelación en esta época es la restricción que se aplicaba a su utilización en el proceso penal. Como hemos visto, el Fuero Real heredó la prohibición de apelar en causas criminales de especial gravedad79 o en caso de confesión por parte del reo que ya se preveía en el Derecho Romano. Las Partidas80 no son ajenas a esta prohibición y conservan la prohibición de la alzada en casos de delitos de especial trascendencia cuando el reo haya confesado en juicio o sea probado por buenos testigos. Como podemos observar se conservan dos situaciones que negaban la apelación en otras épocas, así, la confesión del Derecho Romano y la notoriedad del Proceso Canónico. En cuanto a los delitos que cerraban la puerta a la alzada, son supuestos de gravedad peligrosa para el mantenimiento del orden público y de la paz, así, la prohibición de apelar se basa en que «yerran mucho contra Dios, et a nos et contra el procomunal de los pueblos» y, por tanto, se debe ejecutar la sentencia sin que se pueda alzar y en caso de alzarse no sea admitida81. Bien es cierto que en lo sucesivo esta rigidez se suavizará bastante hasta llegar a desaparecer con la Constitución de 1812.

a) El orden de las apelaciones

Como hemos ido adelantando a lo largo de este capítulo del presente artículo (y hemos analizado en el anterior) la apelación es el recurso que hace efectiva la ordenación jerárquica de los órganos de la administración de justicia. Así, la apelación es el instrumento por el cual la jurisdicción sobre el conocimiento de cada causa vuelve (o se devuelve) de los órganos inferiores a los superiores de los que procede derivativamente. Esta organización jerárquica, razón de ser de la propia operatividad de la apelación tiene su cöspide en el propio rey quien, con base en el principio de ―mayoría real‖82, ostenta la superioridad, preeminencia o supremacía sobre el resto de poderes del reino y se convierte en supremo juez.

Así, en esta época, el aparato administrativo judicial crece conforme se establecen las estructuras básicas del Estado con grandes ramificaciones en función de las mismas. No vamos a desarrollar dichas estructuras por lo

78

Vid. Susana Aikin Araluce, cit. (n. 45), p. 48. 79

Ladrones; agitadores; violadores de vírgenes, viudas o religiosas; falseadores de oro, plata, moneda o sello real; los que maten a traición, envenenamiento o con alevosía. 80


Ibíd. 82

Sobre el concepto de ―mayoría real‖, Vid. Gustavo Villapalos Salas, cit. (n. 68), p. 215.


280

extenso del tema83, baste decir que la básica se encuentra configurada en unos órganos inferiores encargados de la justicia local (alcaldes foreros, corregidores y alcaldes mayores), una justicia intermedia entre los locales y el rey (adelantados mayores y alcaldes de adelantamiento) y unos órganos superiores de justicia (alcaldes de corte, alcaldes de casa y corte). Adelantado esto, únicamente, siguiendo a Aikin Araluce, vamos a exponer los rasgos básicos del orden de apelación y jerarquía.

En el Espéculo se hace referencia a unos alcaldes de corte con competencia para conocer de las alzadas de los jueces de la tierra y cuya sentencia podía apelarse para los adelantados mayores de la Corte del Rey, de los cuales sólo podía suplicarse contra el rey mismo por merced real. Hay que tener en cuenta que el rey contó siempre con un Tribunal en su corte que le auxiliaba. En la corte había diferentes jueces y alcaldes que desempeñaban funciones de administrar justicia el conjunto de los cuales integraba el tribunal de la corte del rey. El sistema cambia con las Cortes de Zamora de 127484 ya que se instauran tres alcaldes para las alzadas y se implantan dos vías de apelación diferentes, uno para Castilla, y otro para León, Galicia, Extremadura y Andalucía. En Castilla, las alzadas de los alcaldes de las villas las conocían los adelantados de los alfoces y de éstos los alcaldes del rey y contra las resoluciones de éstos se apelaba a los adelantados mayores de Castilla y en última instancia al rey. En el resto de territorios las alzadas no llegaban al rey pues se iniciaba en los Alcaldes del fuero, seguía en los Alcaldes de corte y terminaba en los Alcaldes de alzada. En las Partidas la estructura básica no cambia mucho, únicamente, que en las Cortes de Valladolid de 1293 delimita la competencia territorial de los alcaldes de Corte a las apelaciones de sus propios territorios y su número se reduce de tres a dos en las Cortes de 1307.

Sí que tuvo gran trascendencia en el orden de las apelaciones la aparición de las Chancillerías como órganos con competencia jurisdiccional por su vinculación con los Tribunales de la Corte de Rey, de las Audiencias y del Consejo Real en funciones jurisdiccionales. La asunción de competencias en el conocimiento de las alzadas de estos órganos crean gran confusión en el orden de las mismas y la delimitación de las competencias entre unos y otros. A finales del siglo XIV se intenta reorganizar esta dispersión competencial, aunque fue durante el reinado de los Reyes Católicos cuando se perfiló algo más.

3. La apelación en la edad moderna hasta el siglo XVIII

Tras el lento proceso de afianzamiento del derecho común con una producción legislativa incesante en la época alfonsina para la consolidación del

83

Para un análisis en profundidad, Vid. María Paz Alonso Romero, El Proceso, cit. (n. 51), pp. 108-138; José Sánchez-Arcilla Bernal, La administración de justicia real en Castilla y León en la baja edad media (1252-1504) (Madrid, 1980); Rogelio Pérez Bustamante, El gobierno y la administración territorial de Castilla (1230-1474) I (Madrid, 1976) y Gustavo Villapalos Salas, cit. (n. 68), pp. 251-271. 84

El cambio fundamental que se produjo en estas Cortes fue la delimitación de lo que constituían pleitos foreros y los casos de corte. Recordemos las tensiones que se produjeron por el interés del rey de regular la justicia municipal mediante el Fuero Real en detrimento de los Fueros de las distintas ciudades. Vid. supra en Aquilino Iglesia Ferreirós, Las Cortes de Zamora de 1274 y los casos de corte, en Anuario de Historia del Derecho Español, XLI (1971), pp. 945-971.


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poder real, al inicio de esta época dicha producción es bastante menor, de hecho, en el marco normativo sigue estando vigente el sistema procesal instaurado por las Partidas con escasas modificaciones85. Una etapa de mayor auge legislativo fue el reinado de los Reyes Católicos aunque sin una modificación sustancial del esquema procesal visto. Como afirma Alonso Romero, las auténticas modificaciones se produjeron en el terreno de la práctica cotidiana a través del estilo judicial y los estudios doctrinales, así, ambos fueron fundamentales para la configuración del proceso hasta el siglo XIX86.

En el ámbito puramente procedimental, asistimos a una unificación de las formas inquisitiva y acusatoria rompiéndose así la tajante diferenciación que se había establecido desde las Partidas. De esta forma se pasó a un proceso que no podía estimarse en su forma pura asimilable a ambos tipos en exclusiva, eso sí, seguían imperando los principios informadores del inquisitivo87.

Como será una constante en todas las instituciones del proceso penal de este período no hay grandes cambios en el plano de los medios de impugnación, así, las vías para poder recurrir una sentencia seguirán siendo las mismas que en la Partidas pero con distinta denominación y diferente extensión. Dicho de otro modo, engloba casi todas las posibilidades impugnatorias88 de las Partidas encajándolas en diferentes medios de impugnación. De esta forma tenemos la apelación, suplicación, nulidad y revisión extraordinaria89.

Por no ser objeto de nuestra investigación únicamente vamos a establecer las líneas generales de estos recursos, exceptuando, claro está, la apelación.

En primer lugar atendemos a la revisión extraordinaria. Como su propio nombre indica se trataba de un medio de impugnación de carácter extraordinario, aunque realmente no lo podemos encuadrar ni dentro de los recursos ni de los medios de impugnación jurisdiccionales ya que, en realidad, se trataba de una medida de gracia real. En efecto, esta revisión se solicitaba directamente al rey para que éste, en el ejercicio de su poder soberano, y sin sujeción a motivos, causas y circunstancias, otorgara una nueva instancia para que se conociera de nuevo el juicio que ya había agotado las posibilidades revisoras ordinarias y, por tanto, había pasado en autoridad de cosa juzgada.

En cuanto al recurso de nulidad, hay que decir que se trataba de un recurso contra sentencia definitiva cuyo motivo principal era un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio. Así, «si se había incurrido en un vicio del procedimiento, declaraba la anulación de éste y retrotraía las actuaciones al momento en que se hubiera producido la causa de nulidad. No la ocasionaba cualquier irregularidad, sino sólo la omisión de las actuaciones que la doctrina denominaba «de la sustancia del juicio», o también «del orden sustancial del juicio», o «de la sustancia y solemnidad del juicio», que eran las que, justamente, le daban esa figura iuditii y por eso se consideraban

85

Dignas de mención, aunque sea por esta vía, son las labores recopiladoras. Así, tenemos la Nueva Recopilación (1567) que dedicaba al proceso penal los Libros II, III y IV. 86

Vid. María Paz Alonso Romero, El Proceso, cit. (n. 51), p. 92. 87

Ibíd., p. 95. 88

Desaparece la restitutio con tal nombre como se recogía en las Partidas para adoptar el de revisión. 89

Vid. María Paz Alonso Romero, El Proceso, cit. (n. 51), pp. 280 y ss.


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imprescindibles, «sustanciales»90. Lo cierto es que este recurso tuvo poca acogida doctrinal por el hecho de que se retrasaba enormemente la tramitación del proceso, que ya de por sí era lento.

El recurso de suplicación supone en esta época una reconfiguración de la merced real de las Partidas. En efecto, si en el texto alfonsino para poder recurrir una sentencia dada en primera instancia por el rey o Adelantado Mayor contra la cual no cabía recurso por no haber grado superior, había que pedir merced real, con el recurso de suplicación ocurre lo mismo cuando las sentencias se han dictado por los Alcaldes de Crimen de las Audiencias, los Alcaldes de Casa y Corte y el Consejo Real. Cuando uno de estos órganos conocía en primera instancia o en segunda instancia por primera apelación de las dos, su sentencia era irrecurrible por no existir superior jerárquico, así la única vía recurso sería la suplicación que, como su propio nombre nos señala, se suplica merced real para una nueva cognición o reexamen del caso por los mismos órganos superiores que han dictado la propia resolución impugnada en suplicación. Hacemos notar que supone una variación a la regla general del principio de jerarquía en los recursos devolutivos ya que, aunque pudiera pensarse que carecía de este efecto, lo cierto es que, aún conociendo el mismo órgano, la composición de la Sala era diferente o conocía una distinta del mismo91. Esta quiebra del principio de jerarquía quedaba mitigada con la consideración de la superioridad como "accidental" pero posteriormente fue criticada e incluso suprimida92. Este recurso, por intervención y merced real, fue considerado por la doctrina como un recurso extraordinario y subsidiario de la apelación por imposibilidad de ésta. De hecho solo tiene lugar en los supuestos en los que no estaba prohibida la apelación y su esquema procedimental en cuanto a las pruebas y requisitos generales es muy parecido a la misma.

Centrándonos ya en el recurso de apelación cabe decir que la configuración normativa no modificó sustancialmente lo ya expuesto en el epígrafe anterior. Los principales cambios llegaron de mano de la doctrina y los comentaristas de la época93. Las principales aportaciones de éstos se pueden resumir en dos puntos: la concreción de los efectos de la apelación y, sobre todo, la

90

Vid. María Paz Alonso Romero, El solemne orden de los juicios: la lentitud como problema en la historia del proceso en Castilla, en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, nº 5 (2001), p. 37. 91

La tramitaciñn de este recurso se le llama de ―revista‖ en contraposiciñn a la vista o primera vez que se ha visto el juicio. 92

En la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 se señalaba en relación a la supresión de la primera suplicación que «las súplicas, tales como se hallaban organizadas, lejos de contribuir a la buena administración de justicia, le eran contrarias, no sólo por las dilaciones y gastos que daban lugar, mal que aunque grave, no era el más trascendental, sino porque lejos de aumentar las garantías de acierto las disminuían; porque daban frecuentísimamente lugar a que la sentencia de los menos prevaleciera sobre la sentencia de los más, siendo iguales en categoría los magistrados de la mayoría y de la minoría; porque introducían una superioridad accidental entre salas que tenían una misma jurisdicción y la misma extensión del territorio; porque daban lugar a las veces entre las salas de una misma Audiencia a rivalidades peligrosas; y por último, porque los distintos fallos pronunciados en la misma causa por las diferentes salas, contribuían al desprestigio de los tribunales». 93

En particular: Suárez de Paz, Hevia Bolaños, Elizondo y Castillo de Bovadilla. Hemos de advertir que las referencias a los comentaristas que se puedan suceder están extraídas de María Paz Alonso Romero, El Proceso, cit. (n. 51), pp. 268 a 276.


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modulación de las limitaciones a la apelación penal que se había establecido en las Partidas.

Cabe afirmar en primer lugar que los comentaristas vuelven a utilizar el término apelación y no alzada, cosa lógica teniendo en cuenta que se utilizaba el latín en detrimento del castellano. Así, Suárez de Paz, la definía de esta forma «appellatio est provocatio a minori iudicem ad maiorem, ratione gravamini sillati, vel inferendi: qua iniquitas sententiae, seu imperitia, vel malitia iudicis corrigentum interim eius potestatem suspendens».

De esta definición extraemos una primera consecuencia, los comentaristas dotaban a la apelación el casi único efecto de servir de contrapeso94, no al poder de los jueces, sino a su impericia o malicia.

Como se ha anticipado, la mayor aportación de los comentaristas fue la modulación de las limitaciones a la apelación. Esta modulación fue dando vaivenes hacia una mayor permisividad de la apelación pero siempre mediatizado por dos ideas fundamentales. La primera, el humanismo renacentista que iba imperando, el cual consideraba que la prohibición de la apelación atentaba directamente contra Dios y contra la razón. Contra Dios porque podía dar lugar al castigo de inocentes, y contra la razón, porque resultaba incoherente que las causas civiles de cuantías insignificantes admitiesen apelación y, sin embargo, aquellas en que la integridad y la vida humana estaban en juego, no fuesen apelables95. La segunda, en contraposición, era el odio indiscriminado que se tenía a la persona del criminal. La exacerbación del principio «ne delicta remaneant impunitia» hacía que, aunque en el plano teórico se pretendía generalizar la apelación, en la práctica forense se llegaba a todo lo contrario96.

Con estos condicionantes, la interpretación de la doctrina para conceder o no apelación en las causas por delito fueron cambiantes, una veces apoyados en textos romanistas y otras en disposiciones del Derecho Real Castellano. Eso sí, ambas influencias se basaban en la misma premisa, una regla general y numerosas excepciones cambiantes.

La regla general solía ser la misma, prohibición de la apelación en caso de reo convicto y confeso independientemente del delito. Las excepciones se basaban en el tipo de delito y eran tremendamente cambiantes. Así, se prohibía apelación contra reos convictos o confesos en determinados delitos que solían coincidir en mayor o menor medida con los recogidos en las Partidas97.

Como hemos afirmado, tanto la regla general como las excepciones fueron cambiantes a lo largo del tiempo y se tendió a eliminar la prohibición genérica de apelación a los reos convictos y confesos y centrarse en las prohibiciones en función de la alarma social98 del tipo delictivo. Estas limitaciones perduraron,

94

Incluso se llega a hablar de la apelación como «antídoto contra el veneno de los jueces». 95

Aikin Araluce, recoge esta afirmación de Bonifacio en sus glosas a Peregrina. Cfr. Susana Aikin Araluce, cit. (n. 45), p. 85. 96

Cfr. María Paz Alonso Romero, El Proceso, cit. (n. 51), p. 270. 97

Vid. supra. 98

La alarma social o interés público en el castigo inmediato de determinados delitos fue una constante utilizada por los gobernantes. Ya la hemos visto en el análisis de las Partidas, que fueron utilizadas también como base en determinadas épocas para restringir la apelación. Así, los Reyes Católicos en las Cortes de Madrigal de 1476, ante la inseguridad del reino por la proliferación de los salteadores de caminos y ladrones, establecieron la prohibición de apelar las sentencias dadas en los juicios sumarios creados al efecto, si se admitía la apelación no


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según Martínez del Campo, hasta la Novísima Recopilación, bien es cierto que llega a esta conclusión, creemos por una interpretación extensiva de la Ley I, Tít. 20, Libro 11. Este precepto heredado de la Nueva Recopilación (I, 18, 4), disponía la posibilidad genérica de apelar en cualesquiera causas civiles y criminales y de cualesquier jueces ordinarios o delegados sin que pueda impedir otra cosa cualquier otra ley, disposición o costumbre ya que las mismas quedan derogadas. Aunque este es un precepto genérico, la no alusión a las prohibiciones en las leyes específicas de la recopilación, llevan a esta conclusión99.

Aparte de lo ya expuesto sobre la evolución de las limitaciones y prohibiciones de la apelación, poco aporta esta época en el plano puramente procedimental. La labor de la doctrina de los comentaristas sirvió para concretar con mayor profusión y perfección el procedimiento previsto en la Partidas pero, en esencia, era muy parecido. Veamos algunas notas características.

En cuanto a las partes en el recurso, la legitimación es bastante amplia ya que se permite a cualquiera de las partes que hayan tenido gravamen (agravio injusto) pero, además, se extiende a una legitimación cuasi extraordinaria y otra representativa, ya que las sentencias condenatorias a pena de sangre podían ser apeladas por cualquier persona pero exigía el consentimiento del reo si no era pariente suyo. Afirmamos que la legitimación de terceros parientes es extraordinaria ya que el objeto de la misma, que ya venía recogido en las Partidas100, no es tanto la aflicción del reo como la honra familiar; así, aunque el pariente condenado en juicio quiera morir éste puede apelar para evitar la deshonra de su linaje, por tanto tiene un interés en la causa. En cambio, podemos considerar legitimación representativa la que ostenta cualquier tercero ajeno al proceso, ya que tiene que contar con el permiso del reo y, además, lo hará en su nombre101.

La forma de apelar no difiere con respecto a las Partidas, únicamente se perfilan mejor los plazos en función de ante qué juez superior se iba a apelar y los trámites ante el órgano a quo y ad quem. Además, se señalan las consecuencias de la deserción del recurso por las partes, siendo éstas la rebeldía y que la sentencia pasaba en autoridad de cosa juzgada en caso del condenado y la continuación del recurso inaudita parte recurrida.

Tampoco se modificó el esquema básico del número de apelaciones y en las que se sigue conservando el número de dos. Así, como sucedía en las Partidas, cuando existían tres sentencias conformes no cabía apelación102.

tendría efectos suspensivos. En el mismo sentido, Felipe IV en una pragmática de 1663 establecía la ejecutoriedad inmediata de las sentencias contra salteadores de caminos o pueblos. Cfr. Susana Aikin Araluce, cit. (n. 45), p. 86. 99

Eduardo Martínez del Campo, cit. (n. 23), p. 18. 100

P. 3, 23, 6. 101

Cfr. Jerónimo Fernández de Herrera Villarroel, Practica criminal: instruccion (nueva util) de substanciar las causas, con distincion de lo que particularmente parece se debe observar, asi en los consejos y sala como en otros tribunales superiores, y en los inferiores de jueces pesquisadores y ordinarios, por los escrivanos à quienes suelen cometerse...: juicio sumario y plenaio [sic] con actores y reos y sus procuradores: forma de defender los articulos que causan las competencias de jurisdiccion...: methodo de processar en las visitas de tribunales superiores (Madrid, 1756), p. 318. 102

Ordenanzas de Madrid de 1502, Cap. XXVI (f. XL): «Porque los pleytos mas prestamente acaben: y las otras partes alcancen su derecho ordenamos e mandamos que quando de los


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Quizás, lo más interesante como novedad de la apelación de este período sea la mejor concreción de los motivos del recurso y las posibilidades de cognición y práctica de prueba ante el tribunal superior (ius novorum).

Respecto a los motivos del recurso, tradicionalmente no se establecían o diferenciaban los mismos, únicamente se hacía referencia al agravio o a la injusticia de la sentencia, es en esta época cuando se concretan en la forma de ―escrito de agravios‖ las posibles causas. Así, se establece que se podrá alegar como agravios, entre otros: la inobservancia de las solemnidades prescritas; la inadmisión de pruebas; que no se había sentenciado conforme a lo alegado y probado (secundum allegata et probata). El primero de los motivos nos presenta dudas ya que estimamos que puede chocar con el recurso de nulidad que, como hemos visto, estaba previsto en la época para impugnar una sentencia definitiva cuando en el procedimiento no se hubiesen observado el orden y las solemnidades prescritas. Si bien es cierto que este recurso gozó de poco predicamento y relevancia103, entendemos que la referencia como motivo de la apelación al incumplimiento de las solemnidades del juicio trae como causa que el recurso de nulidad podía proponerse incidentalmente al tiempo que la apelación104. Es, en este punto, donde se produce el germen de la fusión de la apelación con la querella nulitatis que continuará vigente hasta nuestros días.

En referencia ahora a la configuración de la segunda instancia y el ius novorum, la alegación y prueba de nuevas excepciones en sede de apelación se prescribió, por parte de los Reyes Católicos, la limitación a la prueba a la escritura auténtica o confesión de la otra parte, prohibiendo que se recibiesen testigos sobre los mismos artículos recibidos a prueba en la primera instancia, o derechamente contrarios.

Esta previsión se plasmó como consecuencia de que, en las Cortes de Madrigal de 1476, se informa que de hecho en la práctica de las Audiencias viene recibiéndose «a prueva a alguna de las partes sobre los mismos artículos e sobre los contrarios de aquellos que se fiçieron las primeras probanças»105.

Sin embargo, advierte Alonso Romero citando a Hevia Bolaños, se admitía prueba testifical en segunda instancia en tres casos: cuando los testigos fueron presentados en la primera instancia pero no examinados; cuando las dos partes se ofrecían a probar; y cuando a alguna de las partes les correspondía restitución de privilegio (restitutio in integrum)106.

Además, en materia criminal las reglas de la prohibición de nueva testifical sobre los mismos artículos, ya practicada en primera, estaban exceptuadas107.

Practicada la prueba, si la hubiere, el tribunal dicta sentencia, confirmando o alterando la del juez inferior.

juezes inferiores viniere ante los de nuestro consejo: o ante los nuestros oydores el processo en grado de apelacion: de que ouiere primero auido dos sentencias conformes de grado en grado que siendo conformadas en el nuestro consejo: o por el presidente e oydores de la nuestra audiencia las dichas dos sentencias por manera que aya tres sentencias conformes que de la tal sentencia no pueda ser suplicado ni aya grado de reuista, mas que luego se de dellas nuestra carta executoria». 103


Cfr. Ibíd. p. 281. 105

Susana Aikin Araluce, cit. (n. 45), p. 202. 106


Aikin cita a Covarrubias para sustentar esta afirmación. Vid. Susana Aikin Araluce, cit. (n. 45), p. 204.


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En cuanto a la prohibición de la reformatio in peius, surgen las mismas dudas planteadas cuando tratamos el asunto en las Partidas.

En este caso, Gustavo Villapalos Salas estima que, aunque desconocemos como afectaron las premisas de las Partidas sobre el particular, los principios antiformalistas que inspiraron a la regulación procesal del Ordenamiento de Alcalá, así como el arraigo del principio de congruencia del sistema procesal castellano, nos llevan a la conclusión de la vigencia de la prohibición de la reformatio in peius108.

Como ha sido una constante a lo largo de la exposición de este epígrafe, el orden de las apelaciones tampoco cambia sustancialmente respecto a la época anterior, únicamente la aparición de nuevos órganos en la justicia local, intermedia y superior van a modificar la jerarquía y, por ende, el orden de las apelaciones.

De esta forma, dentro de la justicia municipal supuso un hito importante la atribución de competencias jurisdiccionales a los Corregidores que, aunque aparecieron por primera vez en las Cortes de Alcalá de 1348 como representantes del poder real en la esfera local, sus competencias no se delimitaron hasta el reinado de los Reyes Católicos.

Asimismo, en la justicia superior aparecen, como ya adelantábamos, las Audiencias y las Chancillerías que comienzan a tener competencias jurisdiccionales.

Las Audiencias aparecen en las Cortes de Toro de 1371109 como órgano judicial permanente que cuenta con un alcalde de alzada entre sus oidores, pero es en las Cortes de Toledo de 1480 donde adquieren su carácter de tribunal estable como tribunal de apelación por excelencia, estableciéndose como Tribunal de apelación en las Ordenanzas de Medina del Campo de 1489.

Respecto a la Chancillería su existencia ya estaba documentada, pero sus competencias jurisdiccionales van surgiendo con el tiempo quedando limitadas casi con exclusividad a causas criminales (mientras que las civiles eran competencia de las Audiencias).

Otro órgano de la justicia superior y que planteó no pocos conflictos con las Audiencias fue el Consejo Real que, a finales del siglo XIV, adquiere competencias jurisdiccionales que se van perfilando para no crear conflictos con las Audiencias.

Estos órganos se fueron modulando a lo largo de este período y la reconfiguración del reino, compartiéndose unas características o principios que sintetiza Alonso Romero en tres: organización judicial acumulativa de las diferentes etapas históricas; falta de rigidez en la organización judicial; principio de justicia retenida por el rey; principio de control jurisdiccional jerárquico como consecuencia de la retención real; y, como consecuencias de todo ello, rotunda inseguridad jurídica110.

108

Gustavo Villapalos Salas, cit. (n. 58), pp. 248. 109

Este hecho que hemos señalado de forma rotunda no es claro y hay diferentes discusiones doctrinales al respecto: vid. María Paz Alonso Romero, El Proceso, cit. (n. 51), p. 117. 110

Vid. Ibíd., pp. 137-139.


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4. La apelación en el movimiento codificador hasta la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882111

A comienzos del siglo XIX la configuración del proceso penal se encontraba regulada de forma irregular y bastante inconexa mediante las recopilaciones, concretamente por la Novísima Recopilación promulgada por la Real Cédula de Carlos IV en 1805112 que, en esencia, recogía lo contenido en la Nueva Recopilación; además, como derecho supletorio, seguían aplicándose las Partidas con cierta asiduidad. Esta Novísima recopilación no tuvo buena acogida por no recoger los avances logrados en otros países en su labor codificadora; además, era notable el desorden de las materias y las lagunas en su tratamiento113 y levantó numerosas críticas, en el tono más elevado las llevadas a cabo por Francisco Martínez Marina (1754-1833).

El movimiento codificador que caracteriza, en el aspecto jurídico, los comienzos del XIX, hizo sentir la necesidad de una nueva reglamentación del proceso penal, de acuerdo con las corrientes doctrinales de la Revolución Francesa y la codificación napoleónica.

Nuestra vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 marca el término de una evolución legislativa que se desarrolla, con alternativas y retrocesos, a lo largo del siglo XIX, a partir de la Constitución de 1812. En síntesis, esta evolución significa dar el paso de un proceso penal inquisitivo, al tipo acusatorio formal, de carácter mixto, según el modelo francés114 recibido hacia la misma época en la mayor parte de los países europeos continentales115.

Por tanto, el primer intento de introducir reformas importantes en esta materia se debió a las Cortes de Cádiz. Consignando los principios en que debía descansar la jerarquía y relaciones de los Tribunales, el orden y regularidad en los procedimientos, la inamovilidad judicial, las garantías individuales y la proscripción de las penas infamantes, estableció las bases

111

Para la redacción del presente apartado se ha tomado como referencia básica las obras: Emilio Gómez Orbaneja (1904-1996), Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Tomo I (Barcelona, 1947), pp. XV y ss.; Joaquín Abella, Ley de Enjuiciamiento Criminal (Madrid, 1889) y Miguel Fenech Navarro (1912-1987), Curso Elemental de Derecho Procesal Penal, Vol. I (Barcelona, 1945), pp. 71 y ss. 112

La Novísima Recopilación (1805) que en esencia recogió el contenido de la Nueva. La Novísima Recopilación se ocupa en su Libro II de la Jurisdicción Eclesiástica, Tribunales y Juzgados que la ejercen y recursos de fuerza y retención. En los últimos Títulos del Libro III, relativos a la policía municipal y de costumbres, se contienen algunas reglas para el enjuiciamiento de las correspondientes infracciones. El Libro IV trata de la Jurisdicción, organización y atribuciones del Supremo Consejo de Castilla, pero en él se incluye un Título (XXVII) referente a las Salas de Corte y a sus Alcaldes, órganos de la jurisdicción criminal, y al modo de proceder ante ellos en las causas de su competencia. El Libro V está dedicado a las Chancillerías y Audiencias y a los profesionales de la Administración de Justicia (Abogados, Procuradores, Escribanos, Relatores, etc.). Además, este Libro contiene leyes sobre procedimiento. El Libro fundamental de esta Novísima Recopilación para el tema que nos ocupa es el Libro XII, el cual recoge el Derecho Penal, el Proceso Penal y el Penitenciario. Contiene, en palabras de Alcalá-Zamora, normas acerca del enjuiciamiento criminal, pero no un enjuiciamiento criminal que canalice el proceso desde el comienzo hasta el fin. Vid. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, cit. (n. 13), p. 79. 113

Cfr. AA.VV, Crónica de la codificación española, Tomo I (Organización Judicial) (Madrid, 1970), p. 2. 114

Code d'instruction criminelle (loi décrétée le 17 septembre 1808. Promulguée le 17 du même mois). 115

Cfr. Emilio Gómez Orbaneja, cit. (n. 111), p. XXI.


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para la reforma de la legislación procesal. Así, estas bases se encontraban en el título V de la citada Carta que, una vez fue abolida esta Constitución, se declararon subsistentes por las Cortes Generales en 1837 todas las disposiciones del mencionado título que no hubieran sido moderadas por la nueva Constitución del aquel año116. En el mismo Título se incluían principios que tienden a acelerar los procedimientos, a conceder garantías a los imputados y al establecimiento del juicio oral y público. Varios Decretos de Cortes posteriores desarrollan estos principios, entre ellos dos de 11 de septiembre de 1820 establecen, uno, las formalidades que había de presidir la detención o prisión de cualquier español; otro, las normas generales a que ha de acomodarse el procedimiento para acelerar la terminación de los procesos117.

El movimiento codificador de este período se sustancia con determinados intentos infructuosos de elaborar un Código procesal en materia criminal. El primero de ellos fue el de Riego en 1821, en el cual se observa un primer intento de regulación sistemática de la apelación. Así, a grandes rasgos establecía dos procedimientos, uno por negocios leves (penas que no superan los cuatro años de confinamiento o destierro) cuya competencia es atribuida a un órgano unipersonal y otro por negocios graves en que la competencia estaba atribuida a un órgano colegiado (Jurados). En el primer caso sí cabía apelación mientras que en el segundo no118. Observamos dos cuestiones principales sobre este particular. La primera es que comienza a perfilarse una cuestión que se sucederá a lo largo del tiempo y es la desconfianza en la pericia y, sobre todo, en las prácticas torticeras de los órganos unipersonales. En segundo lugar, sigue habiendo limitaciones a la apelación en los delitos graves pero sin que la misma se prescriba a determinados tipos de delitos o a la circunstancia de la confesión como venía siendo habitual desde tiempos antiguos.

Destacamos sobremanera este proyecto ya que, aunque no vio la luz supuso un importante avance en la configuración de la apelación tal y como la entendió la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, aunque con marcadas diferencias. Sin embargo, los proyectos de Código Procesal Criminal que siguieron al enunciado volvieron, en cuanto a la apelación, al sistema antiguo de la Novísima Recopilación con tres instancias y grandes limitaciones a la apelación por causas de delitos en particular. Así, el proyecto de 1830 permitía apelación en segunda y tercera instancia contra todas las sentencias independientemente del órgano que conociera del asunto en primera, pero restringió la apelación en supuestos de alarma social como los ataques de cuadrillas de ladrones119.

El primer cuerpo legislativo que vino a marcar las líneas del enjuiciamiento criminal en esta etapa intermedia de la codificación fue el Reglamento

116

Ley de 7 de septiembre de 1837. 117

La aceleración del proceso, en particular del penal, fue una constante durante esta época y su precedente. Buena prueba de ello, además de la constante referencia en los textos legislativos, es el Decreto de 17 de julio de 1813 que privaba a las causas criminales del recurso de revisión para dar cumplimiento al art. 286 de la Constitución de 1812, que rezaba que «Las leyes arreglarán la administración de justicia en lo criminal, de manera que el proceso sea formado con brevedad, y sin vicios, a fin de que los delitos sean prontamente castigados». 118

Cfr. AA.VV., Crónica de la codificación española, Tomo III (Procedimiento penal) (Madrid, 1970), pp. 34-35. 119

Cfr. AA.VV., Crónica, cit. (n. 118), p. 61.


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Provisional para la Administración de Justicia en la jurisdicción ordinaria de 26 de septiembre de 1835. Aunque se le achacó que, en cierta manera, suponía un retroceso en los derechos de los particulares120, también es cierto que respeta las medidas favorables de Fernando VII, tales como la prohibición del tormento y demás apremios personales, abolidos por la Real Cédula de 1814121. La importancia de este Reglamento es que consiguió una reordenación del enjuiciamiento de las leyes recopiladas y muchas de sus instituciones pasaron directamente a la legislación subsiguiente. Asimismo, derogó parte del Libro II de la Novísima Recopilación relativo al proceso penal. En lo que respecta a la apelación y segunda o sucesivas instancias, los trámites aparecen regulados con mayor corrección que en la legislación recopilada122 y conserva las tres instancias, aunque con mínima efectividad y bastantes matizaciones. En este sentido, la tercera instancia (o segunda según los casos) se abre por el recurso de súplica, el cual es como la suplicación del régimen anterior pero despojado de la petición de merced real y conocerá generalmente123 el mismo órgano que ha dictado la resolución de vista, para la cual se suplica revista124.

Sin entrar en profundidad en la distribución competencial y la apelación contra sus resoluciones en causas criminales, los Alcaldes o Tenientes de Alcalde conocen de «negocios criminales sobre injurias y faltas livianas que no merezcan otra pena que represión o corrección ligera» careciendo la resolución (providencia) de los mismos de recurso de apelación por prohibición expresa (art. 31). Los Jueces letrados de primera instancia conocen de la generalidad de las causas criminales por delitos comunes excepto aquéllas expresamente atribuidas a los Alcaldes, las Audiencias y el Tribunal Supremo (art. 36). Respecto a la apelación supone un gran avance que no existen prohibiciones para apelar la sentencia definitiva, es más, en la regla Décimacuarta (sic) del art. 51 establece, además del recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada por el juez de primera instancia por parte del agraviado sin limitación, una especie de revisión en segunda instancia de oficio por parte de

120

Fundamentalmente porque dejaba subsistente el juramento de los procesados (art. 8.1 Reglamento). 121

Esta Real Cédula de 25 de julio de 1814 surgió ante la necesidad de dar un contenido específico al artículo 303 de la Constitución gaditana, el cual prohibía el uso de los tormentos y los apremios. Específicamente, se ordenaba que en adelante no puedan los jueces inferiores ni los superiores usar de apremios ni de género alguno de tormento personal para las declaraciones y confesiones de los reos ni los testigos, quedando abolida la práctica que había de ellos. Cfr. Miguel Fenech, cit. (n. 111), p. 73. 122

Que, de hecho, es norma de referencia para la sustanciación de los procedimientos en las distintas instancias. Cfr. art. 4. 123

Decimos generalmente porque, como recordamos ahora, este recurso era procedente contra las resoluciones de los órganos que no tenían superior jerárquico y no cabía apelación, pero en este Reglamento se permite de forma excepcional segunda súplica devolutiva ante el Tribunal Supremo (Cfr. art. 90, regla sexta). 124

También seguía subsistente el recurso de nulidad pero en causas criminales únicamente podía interponerse contra las sentencias ejecutorias de las Audiencias conociendo de ellas el Tribunal Supremo (art. 90, regla quinta). Contra las sentencias dictadas por los jueces de primera instancia no se prevé nulidad en causas criminales (sí en las civiles, y no todas), aunque ello no obsta para que la causa de nulidad en primera instancia no pueda ser revisable vía apelación por la Audiencia ya que nada prohíbe que se puedan plantear conjuntamente como en la época anterior e, incluso, plantearla en recurso de nulidad contra la sentencia de la Audiencia de segunda instancia.


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la Audiencia contra dicha sentencia cuando la pena impuesta es de naturaleza corporal125 con emplazamiento de las partes ante la Audiencia independientemente de que hayan o no apelado y remisión de los autos originales, en ambos casos se admite en dos efectos. Este extraño supuesto, que no puede tener más explicación que la manifiesta desconfianza hacia los jueces unipersonales, es una ―consulta‖ obligada al ñrgano superior independientemente de si las partes apelan o no. Sea como fuere constituyó una garantía para los justiciables que, incluso, redujo considerablemente el número de apelaciones126. Esta consulta también estaba prevista en el caso de que el juez de primera instancia decretara el sobreseimiento de la causa durante la instrucción o al finalizar la misma (Regla cuarta del art. 51). Esta forma de proceder con la consulta obligatoria en los casos expuestos vuelve a denotar la tremenda desconfianza hacia la figura del juez unipersonal ya que no se conforma con no establecer limitaciones a la apelación a instancia de parte sino que, además, establece una avocación encubierta de las causas conocidas por él en primera, máxime cuando la avocación que caracterizó a la época anterior con el principio de justicia retenida por el rey, empezaba a desterrarse con los principios liberales de la Constitución de Cádiz.

La Audiencia conoce en primera instancia de los delitos cometidos por los jueces inferiores en el ejercicio de su cargo y en segunda o tercera instancia de las apelaciones en causas criminales contra resoluciones de los jueces de su territorio127 y de las consultas por sobreseimiento o sentencia a pena capital no apelada. Es estos casos no cabe ulterior recurso ya que está prohibida la súplica (art. 72), salvo que la «sentencia de vista no sea conforme de toda conformidad con la de primera instancia» (sic). También conoce de la súplica cuando ha sido la misma la que ha conocido en primera instancia de las causas contra sus aforados. En esta causas sí cabe siempre el recurso de súplica ante la sentencia de vista pero la de revista causará siempre ejecutoria sea o no conforme a la primera. Por tanto, en este último caso no se abre en puridad la segunda instancia ya que carece de efecto devolutivo.

El Supremo Tribunal de España e Indias tiene las mismas competencias en primera instancia que las Audiencias, cambiando únicamente la categoría de los aforados al mismo. En lo que respecta a la segunda instancia cabe, como es lógico, únicamente súplica que se sustancia de la misma forma que en los casos de aforados de las Audiencias y con las mismas limitaciones en cuanto a la sentencia de revista (art. 93).

125

Según el art. 11 se consideran penas corporales: Capital, azotes, vergüenza, bombas, galeras, minas, arsenales, presidio, obras públicas, destierro del reino, prisión o reclusión por más de seis meses. 126

«La consulta necesaria de sentencias definitivas era una garantía en favor de la imparcialidad y rectitud de los fallos judiciales. Cuando esta procede nada significa ante la ley la aquiescencia del sentenciado que arguye la no apelación en tiempo por lo cual no adquiere la sentencia fuerza de ejecutoria. Sin duda por esto no son ya tan frecuentes como antes las apelaciones en las causas por delitos comunes pues elevándose el proceso al superior por la consulta y abriéndose con ella la segunda instancia como si se apelase no tienen los agraviados necesidad de aquel acto para que se les oiga y para reclamar la revocación en todo ó en parte de la sentencia consultada». Vid. Lorenzo Arrazola García, cit. (n. 3), p. 186. 127

No llegamos a alcanzar el conocimiento en tercera instancia cuando las resoluciones de los Alcaldes en causas criminales estaban vedadas de apelación. Quizás la referencia a la tercera instancia ―cuando lo permita la ley‖ fuera una cláusula abierta a modificaciones por Decreto en el proceso criminal.


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Este Reglamento duró poco tiempo, siendo reemplazado nuevamente por el Título V de la Constitución de 1812, situación ésta mencionada anteriormente. Pero no podemos negarle el avance en sus concepciones jurídico-procesales, aunque el intento por abandonar la legislación recopilada no tuvo el éxito pretendido ya que, en materia de apelación y segunda instancia, el objeto del recurso, las partes y el procedimiento venía siendo el mismo.

Con estos antecedentes, pasó largo tiempo sin que el procedimiento penal saliera del estado de confusión en que se encontraba128. En 1848, cuando comenzó a regir el Código penal, sólo había para el enjuiciamiento las reglas que lo acompañaban para facilitar la aplicación de sus disposiciones, y las que podían considerarse vigentes del Reglamento Provisional de 26 de septiembre de 1835.

En este punto son de gran interés, por el cambio de concepción en materia de segunda instancia, los proyectos para la regulación del proceso criminal que, aunque no tuvieron plasmación legal, sí que tuvieron importancia en el cambio de concepción del enjuiciamiento criminal. Entre ellos destacamos el de Manuel Seijas Hernández Lozano (1800-1868).

El proyecto de Código de Procedimientos en Materia Criminal de Seijas de 1841 supuso un cambio de concepción en cuanto a la generalización de la única instancia en materia de enjuiciamiento criminal porque el juez debe fallar con acopio de datos, muchos irreversibles, como la apreciación del testimonio, y si se admite segunda instancia, hay que aceptar nueva prueba129. Así, se señalaba que la «pluralidad de instancias no es más que la confesión paladina de no haber alcanzado la resolución del gran problema de la constitución de los Tribunales»130. Además, es el primer proyecto donde aparece regulado el recurso de casación contra sentencias definitivas con un triple contenido: quebrantamiento de formas; error notorio de hecho; error notorio de derecho131.

Al publicarse el Código Penal de 1848, y la edición reformada de 1850, fue necesario reglamentar el procedimiento penal, promulgándose una Ley provisional prescribiendo las reglas para la aplicación del Código Penal, que contiene normas de organización y procesales para la publicación de aquél, fue objeto de repetidas reformas por disposiciones posteriores, entre las que se cuentan como más importantes el Decreto de 30 de septiembre de 1853 y la Ley de 18 de junio de 1870. Estas reglas, a pesar de su ―provisionalidad‖, estuvieron vigentes hasta la Ley de 1872.

En lo relativo a la apelación y segunda instancia la principal novedad fue la generalización en la implantación de los juicios de faltas atribuyendo la competencia a Alcaldes (y sus Tenientes)132 prescribiendo recurso de apelación ante el Juez de primera instancia del partido sin ulterior recurso

128

Tomás y Valiente señala que el retraso de la codificación procesal penal tiene un matiz político y se deba, más allá de cualquier explicación superficial, a la escasa sinceridad del liberalismo español en cuanto hiciera referencia a la defensa de los derechos del individuo frente al Estado. Cfr. Francisco Tomás y Valiente, Manual de Historia del Derecho Español (Madrid, 1997), p. 532. 129

Cfr. AA.VV., Crónica, T III, cit. (n. 118), p. 95. 130

Tomo II, Introducción, capítulos VII y VIII. 131

Vid. arts. 400 y ss. del Proyecto. 132

Cuestión esta que suscitó muchas críticas en la tramitación parlamentaria por ser contraria a la previsión del art. 66 de la Constitución que señalaba que la potestad exclusiva de aplicar las leyes le correspondía a los Tribunales y Juzgados. Cfr. AA.VV., Crónica, T III, cit. (n. 118), p. 108.


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contra la resolución de este último. Esta apelación no permitía nuevas pruebas en su sustanciación133. Por lo demás, poco cambió en cuanto a lo previsto por el Reglamento Provisional de 1835 ya que el sistema de recursos seguía casi inalterado134.

Tras esta legislación y sus continuas modificaciones que, recordemos, estuvo vigente hasta la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872, la labor de la Comisión de Codificación fue constante en un intento por dotar de uniformidad al enjuiciamiento criminal. Comenzados los trabajos de la Comisión de Códigos, en ella aparecieron divididas las opiniones acerca de la conveniencia de cambiar el juicio escrito por el oral y público, respecto al establecimiento del jurado y a si los Tribunales habían de ser colegiados o unipersonales.

Aunque no alcanzaron fuerza obligatoria esos trabajos135, sirvieron, no obstante, para formular las Leyes Provisionales de 1870, en particular la Ley provisional para la organización del Poder Judicial, producto de una poderosa y competente iniciativa ejercida para plantear importantísimas libertades políticas, que introdujeron en nuestro derecho positivo verdaderos progresos científicos. Lo que en realidad planteó gran interés fue la organización del Poder Judicial que se basaba en la limitación a una sola instancia, el establecimiento de Tribunales Colegiados, el juicio oral y público y el de Jurados.

Estas reformas no produjeron en la práctica los resultados que se esperaban. Explican este fracaso, si bien sólo en parte, la precipitación con que se plantearon y los sucesos y las reformas políticas que se sucedieron por entonces.

Se había llevado a cabo la organización del Poder Judicial, creándose Juzgados de Instrucción y Tribunales de Partido que debían conocer en juicio oral y público y en única instancia de casi todos los delitos a los que el Código Penal señalaba penas correccionales. A las Salas de lo Criminal de las Audiencias, unas veces solas y otras en reunión del Jurado, se asignaron los delitos de mayor penalidad y algunos otros especiales.

Requería este procedimiento nuevo una preparación; la Ley Orgánica dispuso que se procediese a formar una Ley de división judicial y para ello estableció las bases. Era necesario fijar distritos, partidos y circunscripciones;

133

Art. 3 del Decreto de 8 de junio de 1850 por el que se adiciona la regla 22 a la Ley provisional. 134

Aunque no exento de interés, el análisis de la apelación en esta Ley Provisional excedería en mucho el objetivo de este trabajo, pero vemos ineludible citar para un estudio completo la magna obra de Lorenzo Arrazola García, cit. (n. 3), pp. 182-200. 135

Entre ellos podemos destacar: El proyecto de Código de Procedimiento Criminal de Ortiz de Zúñiga que prohibía la tercera instancia ya que contra las sentencias dadas en segunda instancia únicamente cabía recurso de casación que, además se admitía en un solo efecto, salvo penas capitales o de especial gravedad. Cfr. AA.VV, Crónica, T III, cit. (n. 118), pp. 122-124. La misma tendencia siguieron los trabajos de la Comisión de Codificación para elaborar una Ley de Enjuiciamiento Criminal durante los años 1857 a 1861, salvo que la casación se admitía en ambos efectos. Cfr. AA.VV., Crónica, T I, cit. (n. 113), p. 152. El Proyecto de Ley de Bases de organización de Tribunales de 1863, sí supuso un avance en la materia ya que preveía la instauración de Tribunales colegiados correccionales (formados por tres jueces de partido) para el conocimiento en primera instancia de las causas que tienen aparejada pena correccional, conservando las Audiencias el mismo conocimiento para los restantes delitos, se elimina así la competencia de enjuiciamiento a los órganos unipersonales que quedan para la instrucción de los sumarios. De esta forma, la base 25 establecía la única instancia en causas por delito con casación cuando proceda.


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pero necesario, además, reformar el enjuiciamiento. Mas los Tribunales de Partido, que se establecían en la Ley Orgánica y estaban llamados a descargar de un gran de número de procesos a las Salas de la Audiencia, no llegaron a constituirse, entre otras razones porque la Comisión encargada de la división territorial en orden al Poder Judicial, no terminó sus trabajos. Por esta razón se conservó la segunda instancia que antes regía, y esto impuso a las Audiencias una gran carga de trabajo. Sin embargo, en algunos distritos de pusieron en práctica el Juicio por Jurados136 y el juicio oral y público ante los Tribunales de derecho. Pero nuevas dificultades surgidas y cambios en la política, que afectaron a todos los organismos del Estado, hicieron que se suspendiese lo que en parte sólo podía considerarse como un ensayo desgraciado.

El día 22 de diciembre de 1872 se promulgó por Decreto la esperada Ley provisional de enjuiciamiento criminal, que es un intento de codificación de los preceptos que se contenían en las dispersas Leyes y disposiciones anteriores con marcadas influencias del francés Code d'instruction criminelle de 1808. Se establece el juicio oral ante los Tribunales de Derecho y el Jurado. Esta ―nueva‖ concepción del enjuiciamiento criminal trajo consigo una modificación en el sistema de recursos contra las sentencias definitivas. Así, aunque para las faltas no se produce cambio alguno y se conserva la apelación137 en segunda instancia y veda la casación por quebrantamiento de forma (art. 797) pero no por infracción de ley (art. 954). La configuración de la instancia única en causas por delito fue la opción elegida por el legislador ya que no cabía apelación ni contra las del Jurado138 ni las del Tribunal de Derecho, únicamente casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma, además del recurso de revisión.

Pero tanto la Ley Orgánica del 70, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal del 72, se basaban en un orden de Tribunales que nunca llegó a establecerse. Sin ellos, la separación de la función de instruir el sumario y la de conocer y fallar en la causa no podía ser efectiva. Ni cabía prácticamente un juicio oral y público con instancia única. El Decreto de 22 de diciembre de 1872 ordenaba que la Ley de Enjuiciamiento Criminal comenzara a regir desde el 15 de enero siguiente, pero añadiendo que no se plantease la organización judicial en lo relativo a los jueces de instrucción y tribunales de partido, las atribuciones que les confería la nueva ley corresponderían a los jueces de primera instancia y a las Salas de lo criminal de las Audiencias, o sea, a los órganos competentes para fallar las causas. Y aún más radicalmente, la regla tercera del artículo 1 de dicho Decreto disponía que «las causas por delitos cuyo conocimiento haya de

136

La introducción del juicio oral y público en el sistema de enjuiciar fue la base sobre la que habría de funcionar el Tribunal del Jurado, reforma que no tuvo lugar a raíz de la publicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la llegada al poder del Partido conservador, adversario decidido del Juicio por Jurados. Vuelto a ocupar el poder el Partido Liberal, se volvió a implantar este sistema de enjuiciar por Ley de 20 de abril de 1888. 137

Únicamente la competencia sufre un pequeño cambio ya que serán ahora los Jueces municipales (que sustituyen a los Alcaldes) los encargados de la primera instancia y los Tribunales de partido de la apelación. 138

Contra el veredicto del jurado únicamente podía darse recurso de reforma (de oficio o a instancia de parte) para su modificación o confirmación por el mismo cuando se diesen las causas (defectos) tasadas (art. 779) o recurso de revista para que la causa se celebre ante otro jurado en caso de resultar infructuosa a juicio del Presidente la reforma del veredicto por seguir adoleciendo de los defectos que motivaron el recurso de reforma.


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corresponder a los Tribunales de Partido, continuarán sustanciándose hasta que éstos se establezcan con arreglo al procedimiento actual vigente».

Esta Ley estuvo sólo dos años en vigor, suspendiéndose por Decreto de 3 de enero de 1875 lo relativo al Jurado y a al Juicio oral y público139 ante los Tribunales de Derecho con lo que se volvió a poner en vigor la legislación anterior, en especial la Ley de 18 de junio de 1870, por cuyas normas se regían el plenario, las pruebas y la segunda instancia de los procesos por delitos, por haber dado cabida a sus preceptos en la Compilación de Enjuiciamiento Criminal.

La derogación de parte de la Ley de 1872, por el Decreto de 7 de enero de 1875, afectó a su totalidad, por ser un cuerpo legal en cierta manera armónico en obediencia a un sistema. Vuelve, por tanto, la anarquía legislativa y son invocados en los Tribunales, junto a los preceptos de la Ley de 18 de junio de 1870, los del Reglamento Provisional de 1835, y hasta le Ley Marcial de 1821, que estaba declarada en vigor por un Decreto de 1875.

Este caos legislativo, que era consecuencia del caos político que vivía España, hacía imprescindible una nueva reforma y codificación de las leyes procesales, por lo que en virtud de la Ley de 30 de diciembre de 1878 se autorizó al Ministro de Gracia y Justicia para publicar, de acuerdo con la Comisión de Códigos140, una Compilación general articulada y metódica, en la que se refundieran las disposiciones vigentes relativas al proceso penal. Redactado el nuevo cuerpo legal, se aprobó y promulgó por Real Decreto de 16 de octubre de 1879. En la materia que nos toca las modificaciones más significativas se produjeron como consecuencia de la supresión del Jurado y, por tanto, de cualquier referencia a los medios de impugnación contra el veredicto o la sentencia.

Este cuerpo legal, en el que se incluyeron disposiciones ya derogadas y se desfiguraron otras hasta el punto de contradecir los originales, dio lugar a que se ordenara, por Real Decreto de 6 de mayo de 1880, la publicación de una nueva edición de la Compilación, que no llegó a salir en la Gaceta de Madrid, por lo que los Tribunales y los Abogados hubieron de acudir a compilaciones particulares141.

Pero esta Compilación representaba un mero expediente circunstancial, hasta que llegase el momento de acometer la esencial y sustancial reforma. Acometiéndose finalmente mediante la delegación legislativa de la Ley de Bases aprobada por la Cortes en 7 de febrero de 1881 y sancionada por el Rey el 11 del mismo mes, no promulgada hasta el 22 de junio de 1882. El Gobierno, oyendo a la Comisión General de Codificación, había de redactar y publicar una Ley de Enjuiciamiento Criminal tomando como bases la Compilación General de 16 de octubre de 1879 y las bases indicadas por la Comisión142.

139

Además, se dictaron nuevas normas sobre inamovilidad de los jueces y magistrados y sobre la provisión de cargos del orden judicial y del Ministerio fiscal. 140

Este encargo se hizo por R.O. de 24 de marzo de 1879 y la Sección Ponente de la Comisión de Codificación estuvo compuesta por: Calderón y Collantes (Presidente), Alonso Martínez, González Acevedo, Manresa, Groizard y Gutiérrez (Vocales). 141

Siendo la más usada la de Hermenegildo María Ruiz, cuyo texto se ajustaba a la inserta en la Colección Legislativa. 142

Estas bases eran las siguientes: Primera.- Reformar y ampliar los preceptos que se reputen necesarios para que la sustentación de las causas criminales de la jurisdicción ordinaria sea uniforme y todo lo breve posible, sin perjuicio del esclarecimiento de la verdad y del sagrado derecho de defensa.


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Las dificultades con que se encontraron hicieron que se publicara la Ley de 15 de junio de 1882, en virtud de la cual se modificaba el artículo 2º de la de 11 de febrero, en el sentido de que los Jueces de Primera Instancia, que siguen conservando en lo civil las mismas atribuciones, conocerán de la apelación de los juicios de faltas y serán Jueces de Instrucción respecto de las causas por toda clase de delitos del territorio de su demarcación. Se establecen en todas las provincias de España una o más Audiencias de lo Criminal, que conocerán en única instancia y en juicio oral y público de todas las causas por delitos que se cometan en sus respectivos territorios143.

Siendo Ministro de Gracia y Justicia Manuel Alonso Martínez (1827-1891) se llevó a cabo la redacción de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se promulgó por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, para que entrase en vigor a partir del 15 de octubre del mismo año, en lo relativo a la formación de sumarios, y en su integridad a partir del día siguiente al de la constitución de las Audiencias de lo Criminal que habían de crearse, lo que tuvo lugar el 2 de enero de 1883, entrando, pues, en vigor la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la Península, Baleares y Canarias el día 3 de enero de 1883.

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Segunda.- Establecer por principio general que la prisión provisional procede en todo tipo de delito cuya pena exceda de prisión correccional según la escala correspondiente del Código Penal, y fijar reglas precisas para que los preceptos de esta ley sobre este punto sean rectamente interpretados, así como las concernientes para que las fianzas prestadas por los procesados en los casos que la ley determine para continuar en libertad provisional no lleguen a ser ilusorias. Tercera.- Publicidad en los juicios criminales, a excepción de aquellos que no lo permita la moral. Cuarta.- Procedimiento para el juicio oral en única instancia en las causas por delitos que correspondan a la competencia de los Tribunales de Partido, a la de las Audiencias y al Tribunal Supremo. Quinta.- Establecer un procedimiento extraordinario breve, a la vez con suficientes garantías, tanto a la investigación como a la defensa, para los responsables de los delitos que merezcan penas correccionales, aprehendidos in fraganti, procedimiento que se aplicará desde luego por ministerio de la ley. Sexta.- Y por último, introducir en la nueva ley las demás modificaciones que la ciencia y la experiencia aconsejen. 143

Un interesante estudio sobre los orígenes y atribuciones de los órganos jurisdiccionales españoles puede verse en en Alberto Montón Redondo, Juzgados y Tribunales españoles. Orígenes y atribuciones (Madrid, 1986).


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TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL CASTELLANO DE «A CRITIQUE OF POLITICAL ECONOMY. A POST MORTEM ON CAMBRIDGE

ECONOMICS» DE FRANZ OPPENHEIMER (1864-1943), SOCIÓLOGO, ECONOMISTA, TEÓRICO DEL ESTADO Y DE SUS

INSTITUCIONES Yolanda FERNÁNDEZ GARRIDO

RESUMEN: Franz Oppenheimer trata de desentramar las razones que motivan las diferentes posturas de las distintas escuelas de pensamiento económico sin la estructura teórica de la Escuela de Cambridge, mediante un análisis del trabajo fundamental de Marshall: Principles of Economics. Aquí se aúna una gran cantidad de información y de opiniones sobre las tres ramas de la economía aplicada: economía privada, hacienda pública y política económica, aunque se centra sobre todo en política industrial y en política agraria. Este trabajo fue publicado por primera vez en: American Journal of Economy and Sociology, vol. 2, núm. 3 (1942/1943), págs. 369-376; vol. 2, núm. 4 (1943), págs. 533-541 y vol. 3, núm. 1 (1944), págs. 115-124. Franz Oppenheimer es un claro exponente del liberalismo con contenido social, y su obra científica es amplísima, aunque es muy poco manejada y citada en España. Ha habido


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cultivadores ocasionales de la misma. Deberían traducirse sus obras completas a la lengua castellana. Desde el área de conocimiento de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad de Málaga se ha iniciado esta tarea, de manera parcial. PALABRAS CLAVE: Beneficio, Capital, Economía, Equilibrio económico, Salario.

Was wankt, soll man auch noch stoβen «Hay que derribar lo que se tambalea» (Zarathustra)

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)

Introducción

Hace casi medio siglo que el autor de este trabajo sentó las bases de su

teoría económica, ahora finalizada. Desde ese momento, ha visto como las cuatro escuelas del pensamiento económico, que entonces luchaban por la supremacía, pasaban al olvido.

La clásica, o más bien, la posclásica escuela económica «burguesa» ya estaba condenada al fracaso cuando John Stuart Mill (1806-1873) se sintió moralmente obligado a abandonar la teoría del fondo de salarios y, con ella, la teoría de la distribución completa. La primera de sus adversarias en desaparecer totalmente fue la «Escuela Económica Clásica», debido, por un lado, al violento ataque del cientificismo marxista y, por otro, a las escuelas defensoras de la utilidad marginal. Una generación después, ambos vencedores habían perdido casi hasta el último de sus seguidores.

La economía «burguesa», cuya teoría trata de justificar la existencia de las relaciones patrimoniales, intentó en vano recobrar fuerza adoptando parte de las ideas de sus adversarios; primero del socialismo y, después, del marginalismo. Del primer caso se obtuvo «el socialismo de cátedra», que expiró con su máximo exponente, Adolph Wagner (1835-1917). El segundo intento fue de la Escuela de Cambridge de Alfred Marshall (1842-1924) y sus discípulos, pero no tuvo mayor suerte: estaba en una situación crítica. Así mismo lo reconoce John Maynard Keynes (1883-1946), uno de sus mayores exponentes:

«Las teorías económicas modernas son simples brebajes, tan imprecisos como los supuestos iniciales que los sustentan, que permiten al autor perder la vista de la complejidad y la interdependencia del mundo real en un laberinto de símbolos pretenciosos e inútiles» [Keynes, Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, traducción al alemán de Fritz Waeger, Múnich/Leipzig 1936, pág. 252. Nota del traductor: traducción al español a partir de la edición inglesa del libro de Oppenheimer].

Maurice Dodds expresa lo mismo de forma más moderada:

«La filosofía social que subyace representa, al igual que la de John Stuart Mill, el liberalismo burgués del siglo XIX con una ligera tendencia hacia la reforma social. […] En los öltimos aðos, esa duda ha aumentado en lugar de disiparse. La generación de la posguerra es más escéptica que la de sus


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antecesores y es más consciente de que aún quedan cabos sueltos; además, reconoce que en la teoría de la distribución existen aún muchos aspectos que resultan confusos y que son desconocidos; tal vez carentes de coherencia interna» [Dodds, Economics, en Encyclopaedia of the Social Sciences, sin lugar, ni año].

Este trabajo trata de desentramar las razones que motivan estas posturas,

sin la estructura teórica de la Escuela de Cambridge, mediante un análisis del trabajo fundamental de Marshall: Principles of Economics [Marshall, Principios de Economía, Nueva York, 1925].

Definición de Economía

De momento, el primer error que comete Marshall es malinterpretar el significado de economía, a la que define como:

«el estudio de las actividades del hombre en el ejercicio de la vida diaria; examina tanto la parte individual como social que está más estrechamente relacionada con la consecución y uso de los requisitos materiales del bienestar. De este modo, es, por una parte, un estudio de la riqueza, y por otra parte ‒la más importante‒ un aspecto de la vida del hombre» [Marshall, Principios de Economía, libro I, cap. I, 1].

Y de la siguiente forma:

«La Economía es, por tanto, el estudio de los aspectos económicos y condiciones de la vida política, social y privada del hombre, pero más especialmente de su vida social».

Esta definición es del todo incorrecta, ya que achaca a la economía un gran

número de problemas que pertenecen a la sociología general. Esto se comprende cuando se tiene en cuenta el resto del primer capítulo introductorio. En él el autor explica que «el carácter del hombre se ha visto moldeado por su trabajo cotidiano y sus creencias religiosas» y cómo la pobreza es capaz de arruinar el carácter de las personas y sus oportunidades. Se cuestiona si «no somos capaces de dejar atrás la creencia de que la pobreza es necesaria»; además, asegura que «la característica fundamental de la vida industrial moderna no es la competencia, sino la confianza, la independencia, la toma de decisiones y la previsión»; también que «el hombre de hoy no es más egoísta ni más deshonesto de lo que fue en el pasado», y que «los sueños de una Edad de Oro eran hermosos, pero falsos», etc.

El resultado de esta errónea concepción es que el libro no corresponde en absoluto con lo que indica su título, es decir, no es un planteamiento de «principios», sino que es un sistema compuesto de principios que conectados de forma lógica cubren un campo de información perfectamente delimitado y que exponen, ni más ni menos, la doctrina de la economía teórica en su totalidad. Este es un trabajo que aúna una gran cantidad de información y de opiniones sobre las tres ramas de la economía aplicada: economía privada, hacienda pública y política económica, aunque se centra sobre todo en política


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industrial y en política agraria. En cualquier caso, existen además, los disjecta membra de casi todas las ciencias sociales, como son: la psicología individual y social, la sociología general, la historia, la teoría de la estadística, la ciencia moral; que recogen toda la información y las profundas y vacilantes opiniones de omnibus rebus et aliquot aliis. De forma que el autor se centró demasiado en asuntos de poca importancia y dejó de lado o evitó los verdaderamente importantes. Esta situación se asemeja a la del reputado investigador Gustav Schmoller y su Volkswirtschaftslehre, el cual, y de la misma forma, intentó introducir a la economía en un amasijo de ciencias sociales ‒o en lo que él cree que es ciencia‒. Este intento fracasó de todas formas; estaba destinado al fracaso de cualquier modo. El propio Marshall se percató de ello:

«La Economía ha logrado mayores progresos que cualquier otra rama de las ciencias sociales, porque es más precisa y exacta que cualquiera de las demás. Pero cada avance en su campo de acción implica alguna pérdida de esta precisión» [Marshall, Principios de Economía, Apéndice E, 6].

De modo que se vio obligado a confesar que «la ciencia aún se encuentra en

sus comienzos» (Ibídem, libro I, cap. I, 3) y que «la economía nunca podrá ser una ciencia sencilla» (Ibídem, libro V, cap. VIII, 1). La misma tendencia imperialista de expandir el ámbito de la economía resultó el origen de la escuela institucional. Wesley C. Mitchell comentó al respecto:

«El futuro de la economía; la cuestión de si el hombre tendrá éxito alguna vez en la creación de una ciencia útil de la conducta humana, se convierte en uno de los temas fundamentales sobre los que pende de forma incierta el destino de la humanidad»(cit por E. L. Bogart, Economics, en: Encyclopaedia Americana).

Sin embargo, el problema del comportamiento humano no es exclusivo de la

economía, sino también de la sociología general y de la sociología especializada; concretamente, de la psicología. La economía no versa ni sobre las actuaciones ni sobre los problemas del comportamiento humano, sino simplemente se ocupa de los medios a los que normalmente recurren para alcanzar sus objetivos. Esto se aclara con la siguiente definición:

La economía es la ciencia de la economía social y de la sociedad económica (o la ciencia de la economía de grupo de la colectividad económica). Por tanto, como indica la definición, es una rama de las ciencias sociales. Comparte con las demás un «sujeto de la experiencia» común, la «realidad histórico-social» (Dilthey) y, al igual que todas ellas, dispone de su propio «sujeto de cognición» mediante la selección de una gran cantidad de fenómenos que tienen especial interés para ella: las actividades económicas y su creación en el espacio y en el tiempo. Es decir, los datos están relacionados con el proceso mediante el cual un grupo garantiza y se ocupa de las cosas de valor que sus miembros desean y son capaces de obtener.

Las actividades económicas se distinguen de cualquier otro tipo por las siguientes características:


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1.Están motivadas por el deseo de obtener algo (o de tener el poder de disponer de ello), pero no por el deseo de esforzarse.

2.No son actividades ni instintivas ni impulsivas, sino que son calculadas y especialmente racionales. Es decir, son actividades que se ajustan al principio del mínimo esfuerzo.

3.Los bienes deseados son bienes de valor. Esto significa que no son bienes libres, sino que son bienes «escasos». Representan un coste o de trabajo o de posesión de otros bienes de valor.

2. Problemas de los móviles económicos

Este desconcierto en cuanto al alcance y a las funciones de la economía

reside por completo en el supuesto erróneo de que la ciencia se ocupa del conflicto de los móviles en la actividad económica:

«La medida así obtenida no es, en verdad, perfectamente exacta, ya que, si lo fuese, la economía estaría en el mismo plano que las ciencias físicas más adelantadas, y no, como lo está ahora, en el de las menos adelantadas» (Marshall, Principios de Economía, libro I, cap. II, 7).

Marshall tiene bastante conocimiento acerca de este conflicto o «paralelismo

de motivos» y de las decisiones que generan o provocan:

«Primero, las decisiones en cuanto a la relativa urgencia de los diversos fines; segundo, las decisiones en cuanto a las ventajas de los diferentes medios de alcanzar cada uno de los fines; tercero, las decisiones basadas en las dos clases anteriores, en cuanto al margen hasta el cual podría llevarse de forma más provechosa la aplicación de cada uno de los medios para alcanzar cada uno de los respectivos fines» (Ibídem, libro V, cap. IV, 4).

Es totalmente cierto que las decisiones del primer y segundo punto hacen

que se considere la acción, y la del tercer punto hace que ésta se tome de forma racional. Sin embargo, es falso decir que este proceso de considerar y elegir, sí es materia de la economía. Esta, según la define el propio Marshall, es «un estudio de la acción individual y social», pero no un estudio del proceso que la precede, que pertenece en sí a la psicología exclusivamente. La actividad económica no comienza hasta que se toman las decisiones. Primero, hasta que los deseos en conflicto se satisfagan; segundo, hasta que la cuestión del coste, necesaria para satisfacer un deseo concreto esté totalmente asegurada; y tercero, para determinar hasta qué punto está asegurada la cuestión anterior; y, por otro lado, esta actividad no dura más allá del momento en que se alcanza el codiciado deseo. Entre estos dos puntos, la decisión y el logro del fin, no existe el menor obstáculo; la actividad económica sigue su curso, libre de objetivos alcanzados y deseos.

Por tanto, la ciencia económica no se ocupa ni de los móviles económicos anteriores ni de las aplicaciones de los objetos de valor ya asegurados para los distintos propósitos, tanto de consumo como técnicos, que siguen la acción de asegurarlos. Por esta razón, y a pesar de lo que opina Marshall, es una ciencia simple, e incluso capaz, independientemente de lo que Cairnes («It is hopeless


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that we should have ere long an exposition of economic principles drawn up in quantitative formulas». Cairnes, Some Leading Principles of Political Economy, Londres, 1883) opinó sobre el hecho de llegar a fórmulas cuantitativas.

3. Equilibrio económico

Siempre se ha dicho que la economía de grupo de la economía colectiva es un proceso, el cual se activa por la acción de fuerzas antagónicas, que se pueden explicar de forma satisfactoria mediante la determinación del equilibrio hacia donde tienden dichas fuerzas, en este caso, son la oferta y la demanda en el mercado.

Este equilibrio se llama «estática» en física. El destacado físico Augusto Comte introdujo este término en sociología, del mismo modo que su discípulo, John Stuart Mill, lo hizo en economía. Después, John Bates Clark hizo hincapié en la necesidad de determinar la estática económica como único medio para poder equipararse al resto de ciencias: el llegar a las fórmulas cuantitativas. Sin embargo, esto es cierto; de modo que Joseph Schumpeter subrayó que toda teoría que se precie era «esencialmente estática» desde sus comienzos en la doctrina fisiocrática, aún sin ser consciente de ello. De modo que, como señaló el gran matemático Cournot, es un supuesto necesario.

Casi dos siglos después, Adam Smith resolvió el mayor problema, el de determinar con exactitud la estática económica. Sin embargo, fracasó en que su fórmula fuese la llave maestra para abrir todas las puertas de la economía.

«El conjunto de todas las ventajas y desventajas de los empleos y de la mano de obra deben ser, en el mismo vecindario, o totalmente iguales o desarrolladores de una tendencia de igualdad» (Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Londres, 1887, libro 1, cap. 10).

Casi un siglo después Johann Heinrich von Thünen (1783-1850) escribió:

«El equilibrio se alcanza cuando, a través del precio de las materias primas, un trabajo de la misma calidad es igualmente recompensado en todos los sectores de la producción; esta recompensa media es la vara que mide los costes de producción y las pérdidas y ganancias» (v. Thünen, Der isolierte Staat, Jena, 1921, p. 529).

Por tanto, el equilibrio es el nivel de los precios en el que todos los

productores disfrutan de los mismos ingresos procedentes de beneficios de sus productos; a menos que las diferencias de cualificación, y como Smith añadió, que los monopolios provoquen divergencias. Esto se puede expresar con una simple fórmula cuantitativa. Denominaremos a la «ganancia media» de Thünen como J (equivale a la cantidad de dinero que ingresa el mayor grupo de productores igualmente cualificados); con ± q se hace referencia a los mayores o menores ingresos de los productores más o menos cualificados; y con ± m nos estaremos refiriendo a las ganancias de un monopolio o a las pérdidas de una víctima del monopolio. El equilibrio se alcanza cuando los ingresos de cualquier miembro de la sociedad son determinados con la siguiente fórmula:


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El autor ha demostrado que esta fórmula es el punto de partida desde el cual se pueden deducir de forma sencilla las fórmulas cuantitativas para valores estáticos, salarios, beneficios o dividendos.

Esta simple y clara determinación de la estática ha sido ignorada y olvidada por los economistas «burgueses», al igual que sucedió con los logros de la teoría.

Marshall no es la excepción; como sus predecesores, se encontraba ante el engaño de que había resuelto el problema recurriendo a la interacción de la oferta y la demanda:

«El precio normal que se determina en dicha forma en una posición de equilibrio estable entre la oferta y la demanda normales» (Marshall, Principios de Economía, libro V, cap. III, 1).

La octava edición de los Principios fue publicada en 1925; pero Thünen, una

de las autoridades más admiradas por Marshall, había escrito ya mucho antes de 1850 que:

«Esta explicación, que confunde los conceptos, toma los hechos para la explicación de los hechos; toma la manifestación como lo que causa la manifestación» (v.Thünen, Der isolierte Staat, p. 436).

Y Böhn-Bawerk escribió que «da las cáscaras en vez del grano». Como es

obvio, Marshall creyó que había escapado de esta trampa porque determina la oferta y la demanda con los perfeccionados métodos del marginalismo de Gossen.

Sin embargo, esto recuerda al antiguo pensamiento del carrusel: el precio normal se obtiene en la posición de oferta y demanda estable; y esta posición estable se alcanza cuando los precios son normales. Es un ejemplo maravilloso y real de un círculo vicioso.

Marshall, bajo estas circunstancias, se vio obligado a confesar que:

«La teoría pura en sus primeras etapas diverge, aunque poco, de los hechos reales; pero cuando se lleva lejos, su valor práctico disminuye rápidamente» (Marshall, Principios de Economía, libro V, cap. XII, 3).

4. Estática comparativa

Antes que nada, debemos hablar sobre cómo ha sido utilizado el método de

la estática en la economía para poder comprender plenamente lo que se quiere lograr y en qué medida han fracasado los diferentes esfuerzos realizados. Marshall fue el primer autor en distinguir entre el método de la estática simple y el método de estática comparativa. El primero de ellos se utiliza en un proceso simple; es decir, en procesos donde no hay desarrollo o en los que no interesa en que haya un desarrollo existente. Consiste en la determinación del equilibrio y en la medición de las desviaciones «cinéticas» producidas por «alteraciones» del exterior del sistema. De modo que, por ejemplo, la altura de las mareas se puede medir tomando como referencia la estática del nivel del mar.


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Si existe un proceso de desarrollo en el que se está interesado, este método tan simple debe ser complementado con una estática comparativa, donde se comparan diferentes estados de equilibrio sucesivos. A fin de ilustrar, se tomará el siguiente ejemplo: un doctor examina a un enfermo empleando el método estático cuando juzga la importancia de su temperatura, etc., según los datos de la estática; es decir, su salud. Sin embargo, cuando examina a un niño sano, emplea el método de estática comparativa. Tiene en consideración su peso, altura, inteligencia, etc., y los compara con los datos normales de un niño de la misma edad y sexo; con ello se trata de determinar si el niño en cuestión muestra un desarrollo normal o anormal.

Los procesos, tanto el social como el económico, son procesos de la evolución que deben ser considerados de igual forma.

El objetivo de la cinética es la competencia. Esta muestra cómo, en la concatenación entre espacio y tiempo en los mercados, el precio se aproxima continuamente a este nivel; que según describen Adam Smith y Thünen, es donde cada productor recibe unos ingresos que descienden de acuerdo a su cualificación y a su posición respecto a los monopolios.

La estática tiene como objetivo principal la distribución. Estudia en qué medida son responsables las diferencias de cualificación y los monopolios de las divergencias de «compensación media laboral» dentro de nuestra sociedad «capitalista» o, por qué el producto social está dividido siquiera, y, por qué precisamente este se da proporcionalmente en forma de salarios, beneficios y dividendos.

La comparativa estática, por su parte, tiene como objetivo la «tendencia de la evolución». Estudia el efecto que produce el aumento de la población, las consecuencias de una mayor y graduada cooperación, la mejora de la técnica y el crecimiento de la producción per cápita en la industria y en la agricultura.

Lo único que se puede decir para justificar la forma en la que Marshall ha hecho uso de la importante cuestión de la estática es que tenía una leve noción de estática comparativa. Distinguía entre lo que era normal en períodos de tiempo largos y cortos (Marshall, Principios de Economía, libro V, cap. V, 1), ya que se preocupaba demasiado por la fluctuación de los precios de mercado, que eran de gran interés para su «hombre de negocios»; sin embargo, mostraba un escaso interés en la teoría económica, de ahí que no comprendiera totalmente la importancia de esta distinción. Escribía, por ejemplo:

«El coste normal de producción y el coste de reproducción normal son términos alternativos» (Ibídem, cap. VII, 5).

Esto es sencillamente un simple estudio de la estática, ya que aquí se

supone que la oferta y la demanda permanecen invariables. Sin embargo, cuando se tienen en cuenta las leyes de rendimiento creciente y decreciente es del todo inapropiado para la estática comparativa. El mismo Marshall escribe:

«La teoría estática del equilibrio no es, por tanto, aplicable completamente a los artículos que obedecen a la ley del rendimiento creciente» (Ibídem, cap. XV, 4).


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Este es solo un ejemplo, y no precisamente el peor, de la falta de determinación y poco esfuerzo patentes en estos capítulos. Se trata del mismo caos del cual nos quejamos en la primera parte acerca de los aspectos que tuvimos que desenredar y separar de forma habilidosa.

5. Distribución de los factores de producción

La distribución siempre ha sido considerada como el principal problema de la economía; incluso Marshall no abordó el tema hasta que hubo completado las cinco séptimas partes de las 772 páginas de su libro. Esta planificación tan poco metódica es propia de su método. En la página 493 se digna a hablar sobre «la investigación de las causas que determinan la distribución, que estamos a punto de emprender»; por desgracia, emprende dicha investigación, mucho más adelante, en la página 546 y cabe señalar que ignora o desatiende la mayor parte de los problemas fundamentales, mientras que se entretiene con otros de menor importancia.

Marshall ignora por completo el problema fundamental de la «distribución primaria de los agentes (factores) de producción», es decir, la distribución de los medios de producción considerados como propiedad. Evidentemente, este problema se debe resolver antes de que la distribución del producto en sí se vea afectada. No puede ser más obvio que aquellos que poseen una propiedad deseen obtener beneficio de ella, y cuanto mayor es la propiedad, más quieren ganar. Precisamente, este es el problema de una distribución apropiada: ¿por qué hay algunas personas, grupos o clases con pequeños o ningún ingreso, mientras que otras personas, grupos o clases disfrutan de grandes o ingentes ingresos procedentes de rentas, de beneficios resultantes de grandes bienes raíces o de producir medios de producción?; ¿cómo y mediante qué proceso histórico o económico adquirieron este acopio de propiedades?; ¿cuál de los dos medios por los que se puede adquirir una propiedad ha sido decisivo en este proceso: el trabajo personal y el intercambio justo o el fraude y la violencia; como dijo Bastian: «producción o espoliación»?

Los economistas burgueses pasaron por alto este mismo problema, lo esquivaron, o intentaron solucionar mediante la llamada «ley de acumulación originaria». Esta «ley» sostiene que nuestra sociedad «capitalista», con sus divisiones de clases y su distribución de la propiedad, se desarrolló a partir de fuerzas exclusivamente internas que eran justas y pacíficas, procedentes de un grupo primitivo, en el cual todos sus miembros eran libres y tenían los mismos derechos políticos y la misma riqueza económica. Esta igualdad se mantuvo infranqueable siempre que hubiera tierras disponibles para todo aquel que las precise; de modo que, como dijo Turgot: «Ningún buen hombre estará dispuesto a trabajar para otro, siempre y cuando pueda tomar por sí mismo tanta tierra como desee para cultivarla». Por tanto, como sucede aquí, las grandes propiedades de tierra no pueden ser cultivadas por los obreros; sin embargo, y de forma pausada, la tierra ha sido ocupada por pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. Así como los americanos lo propusieron en su día, las «antiguas divisiones» han vuelto. A partir de este momento, la diferenciación entre clases comienza y progresa a grandes pasos; primero, porque la ley del rendimiento decreciente prohíbe la división de los terrenos a partir de un mínimo; y segundo, porque debido a esa misma ley, el retorno del coste marginal de la tierra decrece de forma continua. Ahora, por primera vez,


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las diferencias innatas de cualificación personal expresan que los miembros fuertes, ahorradores, inteligentes y comedidos de la tribu serán ricos; sin embargo, los débiles, derrochadores, perezosos y atarantados son y seguirán siendo pobres. Estas diferencias en renta y patrimonio persistirán hasta que la sociedad de clases del capitalismo moderno se extinga.

Sin examinar más esta idea preconcebida, se supone en esta teoría que las tierras de nuestros estados modernos han sido ocupadas de tal forma que la ley establece como condición la diferenciación de clases; lo cual es falso. En ningún lugar del mundo los terrenos han pertenecido a pequeños y medianos campesinos libres; «hasta las explotaciones» como señaló Rousseau llegarán «hasta el punto de cubrir el suelo entero y de tocarse unas con otras». Incluso en los países con mayor densidad de población, hoy día, cuando ha aumentado la población hasta puntos insospechables, el número de explotaciones agrarias de este tamaño existirían si fuese necesario para abastecer a la propia población agraria, a las familias de los propietarios, a los agricultores y a los campesinos en todo su conjunto.

Por supuesto, la diferenciación entre clases demuestra que toda la tierra está cubierta por explotaciones, pero esto ha sucedido no solo porque los campesinos hayan tomado pequeñas y medianas granjas poco a poco, sino también porque lo han hecho de forma pacífica. En mayor cantidad resultaron el total de apropiaciones, principalmente por parte de los conquistadores bélicos que empleaban la violencia; y posteriormente por los especuladores, que hacían uso de leyes injustas o cometían fraudes, robos de terrenos de dominio público, sobornos a cargos públicos, abuso de autoridad, todo tipo de usuras y más. Dos de los grandes maestros de Marshall eran conscientes de ello. John Stuart Mill observó que «el orden social de la Europa moderna comenzó con un reparto de la propiedad que no fue el resultado de un reparto equitativo o de la adquisición mediante la actividad, sino de la conquista y la violencia».

Por su parte, Adam Smith dijo:

«Cuando las naciones germanas y escitas invadieron las provincias occidentales de Imperio romano, los jefes o los principales líderes de tales naciones iban adquiriendo, o usurpando para sí, la mayoría de las tierras conquistadas. Y la mayor parte de estas grandes posesiones fueron a parar a manos de un reducido número de propietarios». (Se debe tener en cuenta que el término «engross», a día de hoy es obsoleto. Adam Smith lo utilizó para designar la práctica o el proceso que hoy entendemos, casi en exclusiva, por «monopolizar»).

Además, Mill comentó que:

«En el nuevo marco en el que ahora se encuentra la sociedad europea, la población de cada país debería ser considerada como un conjunto, en proporciones desiguales, de dos naciones distintas o razas: la primera formada por los propietarios de los terrenos, y la segunda por sus campesinos».

De esta manera, surgió la distribución primaria de los factores o agentes de

producción. El capitalismo naciente heredó de su predecesor el absolutismo


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feudal; se hizo cargo de las instituciones básicas del feudalismo, principalmente de dos: del privilegio de la administración del Estado y del monopolio de las tierras.

En otras palabras, se hizo cargo de la dominación y de la distribución de las clases feudales. Se abolió la legalidad de la servidumbre, pero únicamente como mero formalismo, ya que se les arrebató su bien más preciado, ser copropietarios de los terrenos junto con los terratenientes. Por tanto, se les dio únicamente la cubierta de la libertad ya que la libertad sin propiedad es una burla.

Es imposible comprender cualquier época histórica sin partir de su «primera constelación»; la suma total de las instituciones fue asumida por su precursor más inmediato. Indiscutiblemente, el capitalismo fue una época histórica. El intentar explicar sus fenómenos, mientras se ignora su primera constelación, conduciría a un fracaso absoluto. La ley de acumulación originaria muestra unas contradicciones evidentes con todos los hechos de la historia. Karl Marx la denominaba con justificada burla como el «abecedario de los niños» o la «cartilla infantil». Además, puntualizó de forma acertada que:

«En la historia real como es sabido, la conquista, la subyugación, el homicidio motivado por el robo: en una palabra, la violencia, ha desempeñado un gran papel. En la economía política, tan apacible, desde tiempos inmemoriales ha imperado el idilio. El derecho y el "trabajo" fueron desde épocas pretéritas los únicos medios de enriquecimiento».

Los economistas burgueses, empecinados en esta utopía, sustituyeron el

liberalismo, como la tradicional palabra de Dios, por lo que con razón denominan «economía vulgar».

Marshall resta cierta importancia a este problema; describe a un grupo de personas libres e iguales que no son, como sus predecesores dijeron, y como algunos de sus sucesores increíblemente dicen, el histórico punto de partida de la evolución, y sí como «un mundo imaginario en el que cada cual sea propietario del capital que le ayuda en su trabajo» (Marshall, Principios de Economía, libro VI, cap. I, 3). Por supuesto, aquí, todos los ingresos son iguales; sin embargo, «el aumento de la población, si persiste durante bastante tiempo, deberá superar a la larga las mejoras en los métodos productivos y dar lugar así a que la ley del rendimiento decreciente haga sentir su influjo en la agricultura» (Marshall, Principios de Economía, libro VI, cap. I, 6). Entonces de repente comenta que:

«Podemos dejar ahora este mundo imaginario […] y volver a nuestro mundo real, donde las relaciones entre el capital y el trabajo desempeñan un papel fundamental en el problema de la distribución» (Ibídem, 7).

Esta es la ley de acumulación originaria de la formulación que Malthus dio en

su desafortunado Law of population. Marshall sabía, naturalmente, que Malthus incumplió la condición por la cual la ley de rendimiento decreciente es válida. Uno de los postulados de Nassau Senior fue que «la capacidad agrícola continúa intacta». El pasaje que se cita a continuación lo demuestra, ya que Marshall dice expresamente:


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«Ricardo y los economistas de su época se apresuraron demasiado a deducir esta inferencia de la ley del rendimiento decreciente y no tuvieron suficientemente en cuenta el aumento de posibilidades que dimana de la organización. Pero, en realidad, todo agricultor recibe ayuda de los vecinos, ya sean agricultores o habitantes de la ciudad».

Y cita aquí todos los argumentos convincentes con los que el economista

americano Henry C. Carey logró refutar al malthusianismo: facilitar nuevos caminos, mercados, todo lo necesario para las labores agrícolas, aumento de los precios y ganancias, etc. (Marshall, Principios de Economía, libro IV, cap. III, 6). Lo que no se pregunta, y está obligado por lógica a hacerlo, es, si tal vez, la «mejora de las habilidades agrícolas» no sería la consecuencia necesaria del crecimiento de la población, gracias a la teoría sobre la división del trabajo que debemos al genio de Adam Smith.

Él no se ha cuestionado esto; pero, al igual que Malthus, es de la opinión de que la ley de rendimiento decreciente es simplemente una variación de la ley de población. Lo mejor de todo esto es que un erudito como Marshall, que escribía desde tan recientemente, se pudiera exponer a sí mismo al ridículo profesando esta pseudo-ley ya explotada. Sin duda, en los países del capitalismo moderno en la actual situación de paz «la tendencia constante que se manifiesta en todos los seres vivos es la de multiplicar su especie, aunque no lo permitan los alimentos de los que disponen»; de manera inversa, la producción de alimentos se queda pequeña en relación con la cantidad que consume la población, lo cual constituye un grave peligro para la agricultura. Y sin lugar a dudas, las naciones modernas mostraban la tendencia de decrecimiento en vez de la de crecimiento «en una progresión geométrica». Por esta razón, ya no se enseña a la clase trabajadora que únicamente la «restricción moral (o prudencia)» puede redimir el hecho de engendrar niños, sino que por el contrario, es un deber patriótico tener tantos hijos como sean posibles para evitar así «el suicidio de la raza».

Todo esto no existe para Marshall; él considera todas las posibilidades. La parodia de la auténtica ciencia ha sido denominada por Marshall como «Vaticinador del malthusianismo. Malabares con las cifras», lo que ha provocado que:

«Entre tanto, se efectuarán probablemente grandes progresos en las artes de la agricultura, y, si así fuere, podrá contenerse la presión de la población sobre los medios de subsistencia por unos doscientos años, pero nada más. […] Los obreros no especializados pocas veces, o nunca, siempre que no exista una causa que impida su aumento en número, se duplican, generalmente, cada treinta años, es decir, se multiplican un millón de veces en seiscientos años y un billón de veces en mil doscientos años» (Marshall, Principios de Economía, libro IV, cap. IV, 4).

¡Un desarrollo vaticinado de un futuro más o menos lejano se considera lo

suficientemente válido como para explicar los fenómenos del presente y del pasado!


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Marshall da pequeñas evidencias sobre su conocimiento acerca del importante papel que juega la violencia en el desarrollo de la sociedad. En ocasiones hace alusión a «expoliación o fraude» (Ibídem, libro IV, cap. VII, 8) en contraste con el trabajo personal, las herencias y el intercambio justo; sin embargo, no aporta ninguna conclusión sobre estos hechos. En relación con la monopolización de las tierras, solo observa que:

«A largo plazo, las ganancias de cada agente son, por regla general, solo suficientes para recompensar la suma total de esfuerzos y sacrificios requeridos para producirlos […] con una excepciñn que se aplica en un sentido a la tierra […] también podría aplicarse a muchos terrenos en los países viejos si pudiésemos seguir la historia de estos, desde sus orígenes primitivos. Pero el tratar de hacerlo suscitaría controversias en la Historia y en la Ética, lo mismo que en la Economía, y el objetivo de nuestro estudio se orienta hacia el futuro en lugar de ser retrospectivo» (Ibídem, apéndice K, 2).

Aquí se ha cometido un pecado capital contra la lógica de la abstracción de

lo esencial. Ningún autor, teniendo ya su objetivo delimitado, tiene derecho a eludir las preguntas incómodas o difíciles y de ninguna manera las que son pertinentes o simplemente controvertidas.

6. Salarios y teorías del salario

La ciencia económica le debe a Henry George el descubrimiento de la ley general de salarios y su especial aplicación al salario capitalista: «Los salarios están determinados por el margen de cultivo, que es la retribución que podrían obtener con el trabajo a partir de aquellas oportunidades naturales que les son accesibles sin pago de una renta». En esta definición, el término «wages» viene a ser la retribución del trabajo, ya sea dependiente o independiente (trabajador autónomo o empleado). La fórmula para definir a la mano de obra contratada solo se puede expresar de la siguiente manera: «El salario de un productor dependiente está determinado por la cantidad que es capaz de ganar un productor independiente marginal de igual cualificación» (Marshall cita aquí Progress and Poverty de Henry George: Marshall, Principios de Economía, libro IV, cap. XIII, 3).

El productor independiente marginal con una cualificación «media» o normal está representado, en una sociedad sin monopolización de la tierra, por los campesinos marginales. Estos poseen todas las tierras que quieren y que son capaces de trabajar; además, están equipados con ganado, herramientas de labranza y maquinaria. Sin embargo, en una sociedad donde la mayor parte de los terrenos pertenecen a las grandes fincas y por tanto, donde la tierra ya no es de libre acceso para ellos, el productor independiente marginal está representado por personas que explotan los recursos naturales de los que todavía no se han adueñado; es el caso de las frutas silvestres, el cristal, etc.; o aquellos que ofrecen ciertos servicios que no requieren un equipamiento costoso; como los contrabandistas, los mensajeros, los vendedores ambulantes, los hombres y mujeres que se prostituyen, etc. Todo esto no es más que una «evidencia», es decir, no necesita ninguna demostración y podría haber sido utilizado por todos los economistas de no existir la teoría psicológica descrita por el arzobispo Whately, que decía que «incluso los axiomas de


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Euclides pueden ser rechazados si ponen en grave peligro los intereses políticos o económicos».

Antes, el liberalismo burgués solía explicar los salarios mediante la llamada «Wage-Fund Theory» o Teoría del fondo de salarios. (La idea era que se necesitaba una cantidad fija del capital para poder contratar la mano de obra. Esto representa la demanda en el mercado laboral, es decir, el número de trabajadores representa la oferta. Por tanto, el salario es el cociente de la fracción: el fondo de salarios entre el número de trabajadores). Esta doctrina todavía sigue siendo apoyada en nuestra área por algunos como Rip van Winkles, aunque Marshall no está entre ellos porque no es partidario («No existe fundamento alguno para que exista un fondo de trabajo fijo permanente», de qua vid. Marshall, Principios de Economía, libro VI, cap. XIII, 4, ya que sigue el ejemplo de Mill en: Thornton on Labor [sin lugar] 1869).

Las ideas que tiene Marshall acerca de los salarios demuestran la misma falta de determinación y poco esfuerzo, de lo cual nos hemos quejado en otras ocasiones. En principio, está de acuerdo con la tristemente célebre teoría del salario de Ricardo: «El precio de oferta de una cierta clase de trabajo puede, para ciertos fines, dividirse en los gastos de crianza, de educación general y de educación industrial general» (Marshall, Principios de Economía, libro V, cap. III, 3).

Aunque hay pasajes más concretos que lo demuestran:

«Si las condiciones económicas de un país permanecieran estacionarias durante un tiempo suficientemente largo, esta tendencia se realizaría con un ajuste tal de la oferta a la demanda que tanto las máquinas como los seres humanos guardarían generalmente una cantidad que correspondería con bastante exactitud a su coste de manutención y enseñanza, incluyendo en este, tanto las cosas de necesidad convencional como las estrictamente necesarias» (Ibídem, libro VI, cap. V, 6.).

La cualificación, como una «necesidad convencional», está diseñada para

evitar las consecuencias de lo que se acepta aquí sobre la «Ley de Hierro de los Salarios». Sin embargo, Marshall es realmente un creyente de esta pseudo-ley, como lo es todo seguidor de Malthus:

«Un aumento en los ingresos vendría a producir un incremento tan grande de la población que pronto bajarían estos nuevamente hasta alcanzar el antiguo nivel. En la mayor parte del mundo, los salarios están regidos por la llamada ley de hierro o de bronce» (Ibídem, libro VI, cap. V, 6).

La doctrina de Ricardo, incluso con una formulación menos rígida y teniendo

en cuenta las necesidades convencionales, ha sido desmentida tan a menudo y de una forma tan convincente que resulta vergonzoso repetir de nuevo los mismos argumentos. Desafortunadamente, la economía es la ciencia en la que las teorías rebatibles siempre resurgen, mientras que las que son demostradas siempre permanecen en secreto. Es como si se aceptara el supuesto de que un químico hace aparecer la partícula fantasma del flogisto; o que un astrónomo


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experimenta con el ptolomeismo o, en el caso que nos ocupa aquí, la aceptación de la economía «vulgar».

Ésta se basa en una confusión de contenido (y del uso), o, más bien, de compra y contratación. Es cierto que en la teoría estática el precio de compra de una máquina corresponde a su coste de producción; sin embargo, el precio de contratación es algo completamente diferente. Un ser humano-máquina solo se podía adquirir en los lugares donde era legal la esclavitud, aunque solo estaban a la venta para su «uso» durante el capitalismo. Los trabajadores pueden contratarse pero no comprarse; los salarios son los precios, no de los productos sino de su fuerza de trabajo, de su uso, es decir, de los servicios que da; un precio que no corresponde con el coste de «alimentarlos e instruirlos».

El propio Marshall siente que esta teoría queda muy lejos de ser satisfactoria, incluso cuando desde un principio la acepta. La cualificación relativa a las «necesidades convencionales», denota una gran de falta de esfuerzo y, lo que es peor, la última conclusión determina inevitablemente la tendencia de que los salarios se aproximarán a la ley de hierro. Por esta razón, buscó una forma más precisa de determinar los salarios y la encontró en la doctrina de la escuela austriaca que, por su parte, se apoya en ciertas ideas de Thünen, que escribió:

«Si en una finca, hasta ahora, veinte familias realizan todo el trabajo y se contrata a una familia más, con el correspondientemente aumento del número de animales de carga, las labores de siembra y cosecha se realizarán en menos tiempo y será más ventajoso. El trabajo de sembrar y recolectar puede ser optimizado; además, se podrán trillar los cereales y se recolectarán las patatas de una forma más limpia. Por tanto, el capataz debería seguir contratando a más familias hasta que el beneficio producido por el último trabajador contratado sea equivalente al valor del salario que percibe».

Obviamente, esto no significaba que fuera una teoría. Thünen tenía una

teoría de salarios que dista totalmente de las ideas que se mostraban en el fragmento citado, aunque sí se parecen a las ideas de Henry George (1839-1897), que determinó los salarios a partir de los ingresos que un trabajador independiente podía ganar en un terreno disponible.

En el susodicho pasaje solo se dice que la estática del equilibrio no se alcanza hasta que el producto marginal del último trabajador contratado sea igual al salario que recibe. El salario es la variable independiente y la ampliación de la producción la variable dependiente; la ampliación de producción determina el salario mínimo, aunque no se comprende que el alcance de la producción determine la cuantía del salario.

Los marginalistas australianos, sin embargo, no entienden a Thünen precisamente por esto. Ellos creen que los salarios están determinados por el alcance de la producción, que consideran como la variable independiente. El error reside, como bien señala Marshall, en el uso de palabras ambiguas: «to determine» puede significar, primero, determinar, y segundo, definir. Marshall emplea los términos «regular» e «indicar», y así escribe:

«Muchos autores capacitados han supuesto que representa el uso marginal y regula el valor de la totalidad. Pero no es así: la doctrina dice que debemos ir


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hacia ese margen para estudiar la acción de aquellas fuerzas que regulan el valor del producto, y esto es muy distinto» (Marshall, Principios de Economía, libro V, cap. VIII, 5).

Por tanto, razona correctamente cuando escribe que: «la competencia de los

patronos tiende a ajustar los salarios del trabajo a su producto neto, graduado según la eficiencia» (Ibídem, libro VI, Cap. XIII, 8) o que «los salarios de todas las clases de trabajadores tienden a ser iguales al producto neto debido al trabajo adicional del trabajador marginal de dicha clase» (Ibídem, cap. I, 7).

Pero, desafortunadamente, esto no nos acerca a nuestro objetivo de alcanzar una teoría de salarios óptima. Marshall se limita a señalar una de las muchas características del equilibrio estático, pero no dice en qué ocasiones sucede, o cómo se produce. Pero solamente, si se produjera ese equilibrio, los salarios serían iguales al producto marginal del trabajador marginal; del mismo modo significaría que, para que la oferta y la demanda fueran iguales el productor marginal tendría que tener una cualificación media; o también, que una hectárea de terreno produzca salarios y beneficios, pero no rentas, etc.

Estas afirmaciones ni siquiera nos permiten un pequeño acercamiento hacia nuestro objetivo. Marshall de forma acertada subraya que las variaciones solo se producen en una situación de equilibrio estático (Ibídem, cap. II, 7), el cual no se alcanza nunca. Thünen, además, desarrolló su ley tomando como ejemplo una empresa agraria, y algo que es más importante, el empleo de veinte familias de jornaleros. El administrador de cada finca puede averiguar fácilmente qué trabajo podría hacerse mejor si se contratan una o más familias. A modo característico, Marshall ilustró su opinión de forma parecida, y contrariando así su procedimiento habitual, empleó ejemplos sencillos y similares: una empresa ferroviaria considera la posibilidad de contratar un guardia adicional para un tren determinado y así ganar tiempo; un responsable de una explotación agrícola se plantea si contrata más pastores.

Sin embargo, sigue siendo un misterio tanto para los marginalistas australianos como para Marshall el hecho de cómo el gerente de una gran planta industrial averigua el valor monetario de un producto del último trabajador contratado a fin de medir su rendimiento de manera correcta. Él cree que:

«Naturalmente, el producto neto del trabajo de un individuo no puede ser separado mecánicamente del de los demás que trabajan junto a él» (Ibídem).

Y por último, pero no menos importante, se presupone en esta consideración

que el empresario industrial, por una ley de la naturaleza, por llamarlo de algún modo, puede encontrar tantos trabajadores como desee. Este sistema salarial se considera como «normal» o «natural».

7. Mercado de trabajo

Marshall conocía todos los elementos necesarios para desarrollar una teoría del salario acertada. Describe la relación entre el monopolio y los trabajadores, donde estos últimos se ven obligados a vender su trabajo por debajo de su valor:


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«Cuando un trabajador tiene miedo al hambre, su necesidad de dinero es muy grande, y si, al empezar, sale perdiendo, este sigue siendo […] Lo que ocurre con toda probabilidad, porque mientras que en un mercado de mercancías las ventajas están bien distribuidas entre compradores y vendedores, en un mercado de trabajo se inclinan más a menudo del lado de los primeros que de los segundos» (Marshall, Principios de Economía, libro V, cap. II, 3).

Y continúa:

«El trabajo se vende a menudo en condiciones especialmente poco ventajosas, que nacen del grupo de hechos íntimamente relacionados entre sí, de que la potencialidad del trabajo es perecedera, de que los vendedores del mismo son generalmente pobres y carecen de fondo de reserva, y de que no pueden retirarlo fácilmente del mercado. Estas desventajas, donde existen, son de efectos acumulativos» (Ibídem, libro VI, cap. IV, 6).

Esta es una descripción precisa del intercambio de relaciones con el

monopolio. Resulta inconcebible que un erudito como Marshall no reconociera este hecho, ya que sabía a la perfección lo que es y lo que genera un monopolio:

«Podría ocurrir que los vendedores se uniesen y fijasen un precio artificial de monopolio, es decir, un precio determinado, no en consideración al coste de producción» (Ibídem, libro V, cap. I, 5).

Esta reflexión tiene en cuenta la posibilidad de que en una ciudad los

compradores sean capaces de aprovecharse al máximo del mercado de los pequeños agricultores por un monopolio de compra y de los habitantes por un monopolio de venta; y también es consciente del monopolio creado mediante falsos embargos:

«No existe relación entre el coste de reproducción y el precio cuando se trata de alimentos en una ciudad sitiada; entre el coste de la quinina, cuyo suministro ha llegado a faltar en una isla afectada por la malaria» (Ibídem, cap. VII, 5).

Y también está familiarizado con «el hecho de que los suelos ricos estén mal

cultivados porque quien podría trabajarlos bien no puede acceder a ellos» (Ibídem, libro VI, cap. XI, 1).

Un monopolio se crea por la urgencia de un deseo personal de intercambio. Esta es una de las observaciones más antiguas sobre la economía que se estableció durante sus inicios, mucho antes de que Quesnay sentara las bases del análisis científico de la vida económica. En el anterior fragmento citado, Marshall describe de forma exhaustiva la urgencia personal de un trabajador. Por tanto, es inconcebible que se equivocara al determinar lo que claramente es un monopolio de compra. Su postura es la más enigmática, ya que si se mira atrás, sus apreciados maestros lo denominaban por su nombre correcto. John Stuart Mill escribió: «La propiedad de los bienes raíces en todos los


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países de la Europa moderna provienen del origen de la fuerza […] La tierra en su conjunto es un monopolio» (Mill, en su obra Professor Leslie on the Land Question). Adam Smith señaló que «la renta de una tierra, considerada como el precio que se paga por trabajarla, proviene, naturalmente, de un precio de monopolio».

Este monopolio, en primer lugar, no es un monopolio de venta, sino de compra donde se permite a los monopolistas adquirir los servicios de un trabajador por debajo del precio estático; y en segundo lugar, es un monopolio artificial que se produce por la escasez natural y por el aumento de un determinado producto. El ingreso medio de una persona cualificada es en estática, como ya hemos señalado, equivalente a (J). Sin embargo, en el capitalismo, el productor independiente marginal y, por ende, el trabajador dependiente, gana ; donde equivale a la cantidad que el contratante

tiene derecho a deducir como ganancias del monopolio. Esta es una explicación muy básica de la «plusvalía», la cual pasa por alto Marshall y, como se aprecia, es muy simple. Desentrañado ya el problema de los salarios, podemos dejar de lado cuestiones menos importantes como la gradación de la cualificación que, por cierto, no se identifica con la «eficiencia», como presupone Marshall; y cómo el proceso dinámico trata de restablecer el equilibrio a pesar de las alteraciones en la sustitución de trabajadores adultos y en jóvenes que eligen una ocupación más favorable (Marshall, Principios de Economía, libro IV, cap. VI, 8). Marshall se explaya en estos problemas tan obvios a lo largo de tres extensos capítulos, pero este no es lugar para examinarlos más a fondo.

8. Beneficio y teorías del beneficio

Si una teoría de salarios es acertada, también lo es una teoría del beneficio. El beneficio es la cantidad (m) que recibe el propietario de los medios (o instrumentos) de producción como ganancia de su monopolio de compra de aquella clase que no los tienen, es decir, de aquellos que no poseen los instrumentos de producción.

Todos los puntos de esta doctrina se pueden encontrar en el capítulo VIII de libro 1º de la obra de Adam Smith Wealth of Nations. Desafortunadamente, en ella se combinan elementos de otros desarrollos, por lo que es el último eslabón de todos los errores de la economía burguesa.

La teoría correcta reside en los siguientes pasajes:

«El producto del trabajo constituye una recompensa natural o el salario del mismo. […] Tan pronto como las tierras pasaron a ser propiedad privada, los propietarios comenzaron a reclamar una renta de lo producido. […] Su renta es la primera deducción que se hace del producto del trabajo que se emplea en la labor de la tierra. […] Rara vez, la persona que trabaja la tierra tiene otro medio de subsistencia. […] Por lo general, se suele adelantar su mantenimiento tomándolo del capital del patrón. La ganancia misma es la segunda deducción que se hace del producto del trabajo que se emplea en la labor de la tierra. […] El producto de cualquier otro trabajo está sujeto a la misma deducción de las ganancias. En todas las artes y manufacturas la mayor parte de los trabajadores necesitan de un patrón que les proporcione los materiales de


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trabajo, el salario y el sustento hasta que ésta sea concluida» (Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Londres, 1887 [nota del editor]).

Esto es liberalismo puro y duro. Sin embargo, se echa a perder por el

siguiente fragmento, que contiene el error de base de la economía burguesa:

«Pero aquel estado primitivo en que el trabajador gozaba de todo el producto de su propio trabajo no podía seguir después de la introducción de la propiedad de tierras y de la acumulación de fondos. Por tanto, debemos suponer que esa situación dejó de existir mucho antes de que se verificaran los progresos que se llevaron a cabo en los principios productivos del trabajo; aunque no es cuestión de seguir indagando en los posibles efectos en la recompensa o en los salarios».

La frase «and the accumulation of stock» marca el momento en el que el

liberalismo social se desvió hacia el callejón sin salida que constituía la economía burguesa. El mayor error que cometió Smith fue considerar que la cooperación y la producción no pueden progresar a menos que la totalidad de las existencias de los medios de producción necesarios para el proceso productivo fueran acumuladas por personas, que previamente las habían eliminado del consumo para después ponerlas a disposición de los productores. Todo este proceso conllevaría un sacrificio y no se realizaría a menos que se ofreciera una recompensa: ¡beneficios!

Las siguientes generaciones de economistas burgueses que desconocían por completo esta primera doctrina, se dedicaron a enseñar y promulgar únicamente la segunda. Nassau Senior fue más allá al afirmar que se debían realizar dos tipos de sacrificios en todas las etapas de la producción: trabajo de los trabajadores y la abstinencia de los capitalistas; los cuales, por consiguiente, y como él mantiene, estarán obligados a compartir el producto. El término fue del todo inapropiado; Ferdinand Lassalle (1825-1864) presentó al barón de Rothschild como el primero de todos los «abstinentes»; un macilento penitente; un estilita que sostiene un tazón de mendigo con sus descarnadas manos.

Para evitar esta imprecisión terminológica, Marshall utilizó un término más prudente: waiting (esperar). «La posibilidad de ahorrar es mayor entre los más ricos» (Marshall, Principios de Economía, libro IV, cap. VII, 7), señaló. Se trata exactamente de la misma teoría, lo único es que se engalana de acuerdo a la moda con algunos complementos marginalistas.

«Las incomodidades son, generalmente, dos: el trabajo y el sacrificio que supone posponer el consumo» (Ibídem, cap. I, 2).

«La principal causa de la demanda de capital surge de su rentabilidad. La oferta del capital se rige por el hecho de que, con el objeto de acumularlo, los hombres deben obrar mirando hacia el futuro, es decir, deben sufrir la espera y ahorrar; deben sacrificar el presente en aras del futuro» (Ibídem, libro II Cap. IV, 8).


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«Estamos justificados al considerar el interés del capital como la recompensa del sacrificio que supone la espera del disfrute por los recursos materiales» (Ibídem, libro IV Cap. VII, 8).

Esta teoría está mal y puede ser destruida con dos planes de ataque: el

primero serviría para todo el conjunto de teorías del cual forma parte; y el segundo, solo para ella.

Este conjunto de teorías engloba aquellas que tratan de explicar el beneficio de modo que, de una forma u otra, el capitalista tendría derecho a recibir algo más que sus costes de producción; debería recibir una recompensa por su trabajo que tendría que estar incluida en dichos costes. Por tanto, ¿se cita la productividad del capital o su rendimiento?; ¿el empleo de su capital o su abstinencia o su espera?; y así sucesivamente. Todas y cada una de las innumerables combinaciones y modificaciones se asemejan a lo que Marshall denomina «private-economic bias». Adam Smith dio una respuesta de acuerdo con la política económica de las ciudades estatutarias, donde cada comercio fija los precios de modo que excedan el gasto real de los materiales con los que trabajan. Así, destacó que:

«Como consecuencia de estos principios, cada gremio se veía obligado a tomar las materias que necesitaba comprar dentro de la ciudad y, muchas veces, a un precio más alto del que ya lo habían hecho. Aunque, en recompensa, estaban autorizados a vender sus productos tanto o más caros; de modo que nadie perdía».

Sin embargo, esta política resulta razonable porque con estas normas eran

capaces de explotar a los campesinos, con los cuales mantienen un vigoroso monopolio de venta. A diferencia de estos, los empresarios capitalistas no poseen este tipo de monopolio. Marshall, por tanto, expone de forma acertada lo siguiente:

«Supongamos que, gracias a un inexplicable privilegio, el vendedor puede vender la mercancía por encima de su valor, por ejemplo a 110, a pesar de que solo vale 100 y se embolsará, por tanto, una plusvalía de 10. Pero, después de ser vendedor pasa a ser un comprador. Ahora, un tercer poseedor de mercancías entra en juego y tiene, a su vez, el privilegio de vender su mercancía un 10 por ciento más cara. Nuestro héroe habrá ganado 10 como vendedor, para volver a perder 10 como comprador».

Esta misma retribución es la que pueden agregar los capitalistas a lo que

uno ya ha agregado a la mercancía. Por tanto, no se puede obtener ningún beneficio si no existe un monopolio; uno de venta en el caso relatado por Smith, y que Marshall no logró ver, y uno de compra en el caso que analiza este último.

Esta refutación a todas las teorías burguesas del beneficio es tan convincente que Joseph Schumpeter no tuvo otra salida más que declarar que no hay una ganancia estática y que esta se tiene que deducir como un fenómeno dinámico. Esto fue una actuación desesperada; además, resulta innecesaria en cuanto se reconoce que se trata de un monopolio.


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La segunda refutación sostiene que la noción de «capital», tal y como la consideran los economistas clásicos y postclásicos, es ambigua; lo cual hace que la doctrina sea una continua cadena de equívocos.

9. Teorías sobre el «Capital»

En su origen, con «capital» se hacía referencia al importe principal (o capital) de un préstamo en contraposición al interés que genera el mismo. Cuando surgieron los beneficios como un nuevo tipo de ingreso de los empresarios ‒independientemente de las voluminosas rentas de estos terratenientes‒ se planteó el problema de cómo explicar esta nueva situación y, del mismo modo, cómo justificarla. Estas cuestiones fueron resueltas por un extraño concepto según el cual el capitalista se presta a sí mismo una cierta cantidad de dinero con intereses, con lo que puede adquirir ahora los medios de producción que necesita; de modo que, el capitalista desarrolla el papel tanto de usurero como de víctima. Este sistema de contabilidad de doble entrada recién introducido ayudó a mantener la ilusión; el empresario transfiere una cantidad de dinero de su cuenta personal, que es la que da el crédito, a la cuenta de la empresa, que es la deudora. Esta práctica constituye el origen de la curiosa expresión de «adelantar» el «capital» a las empresas y la costumbre de denominar también como «capital» a las cosas materiales útiles compradas con ese «adelanto». De modo que el concepto de «capital» adquiere dos sentidos; hace referencia tanto a los instrumentos de producción como al derecho de una propiedad lucrativa a producir intereses o beneficios.

Ahora, los instrumentos de producción son algo material, mientras que los derechos son algo inmaterial; lo primero, una técnica; lo último una categoría sociológica, ya que los derechos no existen a menos que haya una sociedad. Son dos cosas completamente distintas, por lo que es un pecado mortal contra la lógica el identificarlos con el mismo nombre. Marshall, que fue un entendido de las matemáticas, sabía perfectamente que estaba prohibido juntar «peras y manzanas», como hemos aprendido todos en sexto curso. Sin embargo, al igual que toda su escuela, no vacila en añadir cosas materiales y derechos:

«Los bienes materiales comprenden las cosas materiales útiles y todos los derechos a poseer, utilizar o derivar beneficios de las cosas materiales o de percibirlos en el futuro» (Marshall, Principios de Economía, libro II, cap. II, 1).

«Por capital se entiende toda provisión almacenada para la producción de bienes materiales y para la consecución de beneficios que se cuentan, generalmente, como parte de la renta. Es la cantidad de riqueza almacenada considerada como un agente de producción, más que como una fuente directa de satisfacción» (Ibídem, libro IV, cap. I, 1).

La primera consecuencia al emplear esta errónea terminología es la ridícula

práctica de asemejar el «capital» con los burdos útiles de las tribus más primitivas: el arco de un cazador, la red de pesca o el arado de un campesino (Ibídem, libro II, cap. IV, 1). En una nota al pie, Marshall, intenta justificar este hecho con un reproche que se merece hasta su propia transgresión:


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«He aquí un notable ejemplo de los peligros que encierra el hacerse esclavo de las palabras, para evitar el arduo trabajo que es necesario para descubrir la unidad de esencia que existe bajo la variedad de formas» (Ibídem).

Los instrumentos materiales y los derechos no tienen, desde luego, ninguna

unidad de sustancia. El arado de una caña de timón primitiva tiene su opuesto material en la fábrica moderna, pero el beneficio moderno tiene su opuesto no material en el gran interés de los usureros por seguir extorsionando a víctimas de muchas tribus primitivas.

La ridícula costumbre de considerar el «capital» como el instrumento de trabajo más primitivo tiene el oculto propósito de presentar el capitalismo como la realización intemporal de la perfecta libertad económica; en vez de lo que es en realidad, una época histórica en la cual la ciencia tiene que lidiar con los mismos métodos que en todas las épocas históricas, y eso se hace teniendo en cuenta su «primera constelación».

Después de que Marshall distinguiera con astucia entre los utensilios de cocina de un campesino primitivo, lo cuales no forman parte del capital, y de un arado, que sí lo es, enumera así los elementos que componen el «capital mercantil»:

«Entre sus elementos salientes se hallan la fábrica y la instalación mercantil. […] A las cosas que están en su poder deben aðadirse aquellas sobre las cuales posea algún derecho y de las que obtiene alguna renta, y todo el capital que pueda disponer según las formas complejas del moderno mercado monetario. Por otra parte, las deudas que pueda tener deben deducirse de su capital» (Ibídem).

Es muy fácil, por supuesto, simplificar estos elementos, que en principio son

incompatibles, bajo un denominador común. No es «su maquinaria, sus materias primas, y los alimentos, vestidos y viviendas de los que puede disponer para sus empleados» lo que forma parte de su «capital, desde un punto de vista individual», sino simplemente su derecho a utilizar todo eso para su propio beneficio. Desde un punto de vista sociológico, todos estos elementos conforman derechos de propiedad, ya que para alcanzar los objetivos de la economía resulta indiferente que algunos de estos objetos, desde un punto técnico, sean materiales o inmateriales.

Esta confusión es el último bastión de la economía burguesa. Abandonar significaría la retirada de la última posición estratégica desde donde el orden capitalista, que se basa en el monopolio del suelo, se podría defender. Para ello sería necesario reconocer la veracidad de la fórmula, cuya formulación debemos al gran Karl Marx:

«Un negro es un negro. Solo en determinadas condiciones se convierte en esclavo. Una máquina de hilar algodón es una máquina para hilar algodón. Sólo en determinadas condiciones se convierte en capital y genera plusvalías».

La «relación con el capital» es una condición que se da cuando todos los

instrumentos de producción se agrupan en un extremo de la sociedad y los trabajadores libres se agrupan en el otro; aunque siendo libres en un doble


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sentido, tanto político –no son ni esclavos ni siervos–, y económico –después de haber sido despojados de los medios de producción que poseían–. Este es el monopolio del capital, arraigado en, como en ocasiones confesaba Marx, en el monopolio de la propiedad de la tierra.

Sin embargo, hay cosas que si se hablan pueden ser tomadas como una falta de respeto por parte del criadero burgués. Los expertos se aferran desesperadamente a la lógica de añadir peras y manzanas para lograr así su objetivo de explicar, y al mismo tiempo, justificar el beneficio del capital como retribución de un servicio prestado a la sociedad y como una «ganancia» natural, necesaria por ley natural y, luego, por ley moral.

10. Capital y bienes de adquisición

Como ya se ha dicho, la justificación del beneficio se basa en la afirmación de que la totalidad de las existencias de los instrumentos de producción deben ser «acumuladas» por particulares durante un cierto tiempo, con el fin de disponer de ellas más adelante; aunque, como ya se dijo, a esta afirmación se llegó a través de una cadena de errores. En definitiva, la mayor parte de los instrumentos materiales no son acumulados en un periodo anterior, sino que son producidos en el mismo periodo en que se van a utilizar. Lo que sí se acumula es el capital, pero en el otro sentido, que se puede denominar para el fin que nos ocupa como «capital monetario», aunque este no es necesario para el desarrollo de la producción.

Hace como un siglo, Rodbertus demostró sin lugar a dudas que casi todos los «bienes de inversión» necesarios para la producción se crean en el mismo periodo; incluso a Robinson Crusoe solo le fue necesario un juego de herramientas básico para comenzar su trabajo, y que al igual que su canoa, le ocupó varios meses. Un productor moderno se provee de bienes de inversión a la misma vez que estos son manufacturados; del mismo modo que Crusoe fue capaz de deshacerse de una herramienta inservible, en ocasiones, haciéndola él mismo, mientras construía un barco.

El capital monetario, por otro lado, también se debe ahorrar, aunque no es estrictamente necesario para el desarrollo de la técnica. Este puede ser sustituido, como bien señaló Marshall por cooperación y crédito (Marshall, Principios de Economía, libro IV, cap. XII, 11), ya que incluso, concibe un desarrollo en el cual los cooperadores les prestarían sus ahorros a personas de confianza sin cobrar interés alguno y pondrían ellos mismos de su dinero para tener un beneficio seguro. Normalmente es cierto, bajo términos capitalistas, que se necesitan algunos propietarios de capital monetario para las empresas del sector; aunque, desde luego, no se necesitarían para toda la cantidad de trabajo que costaría. El capital monetario inicial de un empresario privado jugaría simplemente, como bien se dijo, el papel de una cámara de aire en un coche de bomberos; convertiría los ingresos irregulares de los bienes de inversión en ingresos regulares.

Ahora, todo este fárrago sobre la teoría del capital está filtrado y clasificado. Cuando se demuestra que el capital es indispensable, la parte material de esta cabeza de Jano económica se perfila hacia los bienes de inversión; cuando se demuestra la acumulación, la espera y el sacrificio se perfila la otra cara, la que mira al capital monetario. Esto, en el lenguaje de hoy día, resulta un desatino


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total. La decencia y la honestidad científica precisa de una terminología que excluya tal equivocación.

Rodbertus propuso considerar los instrumentos como «capital social» y los derechos de propiedad como «capital privado». Su discípulo, Adolph Wagner, uno de los investigadores más honestos de nuestra disciplina, aceptó esta distinción; hacía referencia al «capital en el sentido de la economía privada» y al «capital en el sentido de la economía pública». ¡En vano! Ni siquiera la gran autoridad que tenía Wagner fue suficiente para convencer a los economistas vulgares. Aún es necesaria una terminología que no sea propensa a malas interpretaciones. Por esta razón, este autor utilizaba el término «bienes de adquisición» para los materiales de los medios de producción y reservaba el término «capital» para utilizarlo con su significado original: derecho de propiedad que genera una serie de ingresos que no se perciben por el trabajo.

Marshall aporta un llamativo ejemplo sobre la importancia de una reforma radical de la terminología económica. Utilizaba expresiones de Wagner que no comprendía; llamaba «capital, desde el punto de vista individual o mercantil» al fárrago de bienes materiales y derechos no materiales enumerados anteriormente (Marshall, Principios de Economía, libro II, cap. IV, 2), y presenta un enredo parecido como «capital social»:

«Por consiguiente, en este tratado nos proponemos considerar como parte del capital, desde un punto de vista social, todas las cosas distintas de la tierra que producen renta o ingresos; considerados [...] en unión con otras cosas análogas de propiedad pública, tales como las fábricas propiedad del Gobierno. [...] Así, pues, el término capital comprenderá todas las cosas destinadas a fines comerciales, ya se trate de maquinaria, materias primas o bienes terminados; los teatros y hoteles, las casas y granjas, pero no los muebles y vestidos pertenecientes a sus usuarios» (Ibídem, 5).

Este tan solo es uno de los innumerables intentos de superar las dificultades

en las que los economistas burgueses se encuentran inmersos como resultado de esta ambigua definición. Un teatro, un hotel, el stock de bienes de consumo de un minorista no son desde luego «instrumentos de producción»; sin embargo, si son «capital». De ahí que los tratados de economía estén plagados de enumeraciones de lo que es o no «riqueza», «capital», «riqueza nacional» o «capital nacional». Estas enumeraciones distan mucho las unas de las otras; de igual modo en que todos los que añaden peras y manzanas no logran ponerse de acuerdo en el resultado de la suma.

Esta situación ofrece una gran oportunidad de ahondar profundamente en problemas, que no son problemas al fin y al cabo; de despertar enemistades entre los eruditos y de elaborar la disertación más trabajada. Estas acrobacias con la lógica serían más divertidas si no hubiera tanto en juego. La pseudo-ciencia económica prohíbe la salida del caos económico mundial actual, por lo que se deben superar los obstáculos. [Recibida el 15 de octubre de 2015].

Complemento Bibliográfico

Bernhard Vogt, Franz Oppenheimer: Wissenschaft und Ethik der sozialen

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LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS EN EL PENSAMIENTO DE ÁNGEL

OSSORIO Y GALLARDO (1931-1933) Elena SÁEZ ARJONA

RESUMEN: El «Papa de la juridicidad» como así era llamado el jurista y político Ángel Ossorio y Gallardo fue un verdadero paladín del Derecho, de la ley, de las garantías individuales y libertades públicas consagrados en la Constitución. El presente trabajo refleja la ardida defensa de los derechos y libertades de un prohombre de Estado comprometido con su país en una de las quaestiones disputatae de la doctrina constitucional actual y la historiografía durante el periodo de la Segunda República Española. En momentos de confusión e inquietud por la promulgación de las leyes de excepción que protegiesen el régimen republicano, se alzaría la voz de Ángel Ossorio y Gallardo en defensa de las libertades y de la democracia, postulados fundamentales de su pensamiento; pues, no debemos olvidar que comenzó representando un duro azote para la Dictadura del General Primo de Rivera y, desde el exilio argentino, seguiría defendiendo los valores de la República denunciando el régimen del general Francisco Franco. Recopilamos intercambio epistolar inédito entre Ángel Ossorio y Gallardo y distintos interlocutores de la época consultando los fondos del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid. Entre ellos figuran Manuel Azaña, Luis Fernández-Polanco, Antonio Dubois, Benito Torres y Torres, Luis Zapatero González, Manuel Gómez Cealta, Joaquín López Gallén, Emilio Díaz Caneja, Miguel Peydro, J. Feced, Ramón Tarrago. Asimismo, recogemos sus intervenciones en las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española (1931-1933). Igualmente, conocemos su proposición a las Cortes encaminada a procurar la libertad de cierto número de presos gubernativos que, a su juicio, no deberían estar encarcelados. Con ello queremos reflejar el sentido jurídico


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que impregnaría toda su trayectoria vital, política y profesional; la visión de un eminente jurista que al ejercicio del Derecho consagró su vida. PALABRAS CLAVE: Ángel Ossorio y Gallardo, Estatuto jurídico del Gobierno provisional, Ley de Defensa de la República, Ley de Orden Público, Manuel Azaña, Joaquín López Gallén, Emilio Díez Caneja, Santiago Fuentes Pila, Luis Zapatero González, Benito Torres Torres, Santiago Alba, Miguel Peydro.

Una preocupación del ex ministro maurista durante el periodo de gobierno

republicano fue la «la juridicidad»1. Con el advenimiento de la República, y ante el derrumbamiento del régimen monárquico, se había creado un ambiente que el historiador Javier Tussel califica de «pseudorrevolucionario», protagonizado por los «―energömenos‖ como los llamaba Ossorio, o los ―jabalíes‖ de los que hablaba Ortega. Unos y otros (venían a ser lo mismo) militaban sobre todo en las filas del partido radical socialista y sus deseos no eran tanto de una revolución social sino como de dar a la República un contenido a través de la demagogia verbal, lo que implicaba, desde luego, olvidar las garantías jurídicas habituales en las democracias occidentales»2. Su férreo compromiso con la República –a pesar de no colaborar a su instauración como algunos de sus coetáneos señalaban–, queda perfectamente compendiado en estas declaraciones: «la Republica es ya nuestra ley; la República es nuestra norma; la República es nuestro aliento vital; la República es nuestro modo de vivir, nuestro concierto de voluntades; la República es la ley de nuestra relación, de nuestra concordia, de nuestra paz y de nuestro porvenir. ¿Qué hemos de hacer los que votamos o los que no votamos a la República sino servirla lealmente, pedir su prosperidad, votar por su engrandecimiento, luchar por su consolidación y suplicar a los apasionados que, si no tienen otros motivos para deponer sus antagonismos, lo hagan al servicio de esa institución que ellos con orgullo se jactan de haber implantado en España?»3. En un contexto político de ausencia de convivencia social por razón de un estado de guerra civil latente a causa de las tensiones religiosas, sociales y regionales4, el ritmo constitucional

1 El testimonio de Miguel Peydró, en diferentes colaboraciones en diarios de época republicana

expresando la erudición jurídica de Ángel Ossorio y Gallardo, nos proporciona una nítida idea de su descollante trayectoria como eminente abogado y político liberal, conservador y de extraordinario talante humanitario. Concretamente, de un artículo publicado en el diario Murcia, el 1 de febrero de 1934, están extractadas las siguientes frases: «si repasamos, como lo estamos haciendo, la vida del señor Ossorio habremos de concluir en la afirmación de que todos sus actos, todas sus manifestaciones y actuaciones revisten un marcado y excelente sentido legalista, jurídico, que es el puntal más firme de toda Sociedad humana… El Papa de la ―juridicidad‖, como algunos titulan a D. Ángel, ha defendido siempre, constantemente, con una austeridad y tenacidad dignas de todo aplauso, la necesidad imperiosa que tienen las colectividades de ordenar sus vidas con sujeción a un régimen jurídico, con sujeción a la legalidad». Véase Patricia Zambrana Moral, ―El epistolario (1929-1936) de Ángel Ossorio y Gallardo con los Ministros, Jefes de Gobierno y Presidentes de la Segunda Repöblica‖, en Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación, 19-20 (diciembre 1996), p. 5547. 2 Javier Tusell, Historia de la Democracia Cristiana en España II. Los nacionalismos Vasco y

Catalán. Los solitarios, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1974, p. 218 3 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de

1933, núm. 374, p. 14317. 4 Joaquín Tomás Villarroya, Breve historia del constitucionalismo español, Barcelona, Editorial

Planeta, 1976, p. 153.


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del país estaría signado por la promulgación ininterrumpida de leyes de carácter excepcional. En el hontanar de la defensa del régimen republicano nacido el 14 de abril del 31, encontramos el Estatuto jurídico del Gobierno provisional aprobado el 15 de abril que facultaba al Gobierno con «plenos poderes»5. Los juristas con visión política como Ossorio y Gallardo, «egregio paladín del Derecho»6, defenderían las libertades individuales con un estricto sentido legalista. «La visión de un hombre de Derecho que del ejercicio mismo ha hecho una segunda naturaleza, el amor preferente de su vida» pedía al Gobierno velar por la «juridicidad» y no continuar con un régimen de excepción7. El Gobierno provisional en la situación de «pleno poder» facultado para «someter temporalmente los derechos del párrafo cuarto (derechos ciudadanos)8 a un régimen de fiscalización gubernativa» había procedido a la detención y posterior encarcelación de unos ciudadanos en virtud de las razones que justificaban la plenitud su poder –en términos del Estatuto jurídico del Gobierno provisional– sin reconocimiento de las libertades y derechos individuales9 pues, en caso contrario, el Ejecutivo «incurriría en verdadero delito si abandonase la República naciente a quienes desde fuertes posiciones seculares y prevalidos de sus medios pueden dificultar su consolidación»10. Para Ossorio este Decreto de 15 de abril deshonraba al Gobierno provisional de la República. En el mes de agosto de 1931 Ángel Ossorio se dirigió a las Cortes con esta pregunta: «¿vamos a hacer una República jurídica o una República de fuerza gubernativa?»11. Protestaba por las detenciones gubernativas de figuras destacadas en los sectores de la derecha y de la

5 El Gobierno provisional de la República por su carácter transitorio de órgano supremo a

través del cual ejercería las funciones soberanas del Estado, aceptaba «la alta y delicada misiñn de establecerse como Gobierno de ―pleno poder‖ no ha de entraðar ejercicio arbitrario en las actividades del Gobierno» afirmaba el Ejecutivo «con anterioridad a toda resolución particular y seguro de interpretar lo que demanda la dignidad del Estado y del ciudadano» someter su actuación a normas jurídicas, las cuales al condicionar su actividad, habrán de servir para que España y los órganos de autoridad puedan conocer, así los principios directivos en que han de inspirarse los decretos, cuanto las limitaciones del Gobierno provisional se impone» (Gaceta de Madrid, núm. 105, 15 de abril de 1931, p. 194). 6 Antonio Dubois en su columna publicada en El Liberal, el 11 de agosto de 1931, en la sección de ―temas jurídicos‖ elogiaba la «juridicidad» de Ángel Ossorio y Gallardo. 7 Diario Época, de 6 de agosto de 1931. Recorte de prensa que hemos hallado entre la

documentación contenida en el archivo personal de Ángel Ossorio y Gallardo. Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección político-social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto. 8 «El Gobierno provisional orientará su actividad, no sólo en el acatamiento de la libertad

personal y cuanto ha constituido en nuestro régimen constitucional el estatuto de los derechos ciudadanos, sino que aspira a ensancharlos, adoptando garantías de amparo para aquellos derechos, y reconociendo como uno de los principios de la moderna dogmática jurídica el de la personalidad sindical y corporativa, base del nuevo derecho social» (Gaceta de Madrid, núm. 105, 15 de abril de 1931, p. 195). 9 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección político-

social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto. 10

Gaceta de Madrid, núm. 105, 15 de abril de 1931, p. 195. Ángel Ossorio refiriéndose a la salvedad que el propio Decreto establecía en el punto 6º, declaraba su inaplicación en las detenciones de Galo Ponte y el doctor Jose María Albiñana ya que se trataba de personalidades que no suponían peligro alguno para la consolidación del nuevo régimen pues «ni ellos podían haber llegado a más ni la República a menos» (Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 11 de agosto de 1931, núm. 18, p. 344). 11

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 11 de agosto de 1931, núm. 18, p. 344.


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izquierda; un episodio que «era –según sus palabras– para alarmar al sentido jurídico del país»12. Haría llegar al Ministro de la Gobernación una relación de todos los presos gubernativos encarcelados en esos momentos España13. Por su parte, el 30 de julio recibía un telegrama firmado por veintidós presos de la prisión Modelo de Barcelona que se encontraban presos por orden del Gobernador desde el mes de abril de 193114 y, un segundo telegrama con

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Con un anhelo de seguridad y de legalidad lamentaba la prisión gubernativa de Galo Ponte Escartín, Fiscal del Tribunal Supremo nombrado por Miguel Primo de Rivera y ministro de Gracia y Justicia en el Directorio civil de la Dictadura; Santiago Fuentes Pila o José María Albiñana. «Me sorprende que el Sr. Ponte sea a estas horas un simple detenido gubernativo con quebranto del Poder público, con menoscabo de la legalidad y con cierta peligrosa ocasión a que, por una persecución inadecuada, resulte con un homenaje que a mi entender no merece […] me pasma que quede un solo Ministro de la Dictadura que no se singularizñ por delinquir, pues delinquiñ con todos […]. Al lado de este caso y del seðor Cornejo, hoy en libertad por respetables motivos, y del caso del Sr. Mola, también en libertad transitoria, condicional, por otros motivos dignos de atención; del doctor Albiñana y de otros presos gubernativos semejantes, empiezan a llegar a mis manos noticias que revelan que lo extraviado del sistema alcanza caracteres de lamentable generalidad […]. Fui esta maðana a la cárcel a visitar a mis colegas (con esto se advertía que son todos igualmente estimados por mí), Sres. Balbontín y Fuente Pila, tuve la satisfacción de enterarme que el señor Balbontín ya estaba en libertad; con él se había seguido un procedimiento legal, […] pero allí me encontré al Sr. Fuentes Pila que lleva veinte o veintiún días en prisión gubernativa, sin que nadie le haya tomado ninguna declaración; me enteré también de que allí estaban, sindicalistas o comunistas, un León Simón, desde el 17 de junio, y un Santos Arévalo, desde el 27 del mismo mes, también sin procesamiento» (Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 11 de agosto de 1931, núm. 18, p. 342). El diario La Libertad, de 12 de agosto de 1931, bajo el título ―Los derechos individuales‖ recogía la intervenciñn parlamentaria de Ossorio y las impresiones de los diputados asistentes a la sesión. Afirmaba este diario que, a pesar de que el ambiente de la Cámara no podía ser favorable a Ossorio y Gallardo porque «forzosamente había de referirse a personas poco gratas: ministros de la Dictadura, monárquicos contumaces, y por añadidura, comunistas, enemigos de la República», su intervención parlamentaria logró imponerse con respeto por el dominio de su palabra y por la razón que asistía a todos sus argumentos. 13

José María Albiñana, encarcelado el 18 de junio del 31, Santiago Fuentes Pila, el 27 de julio, Melchor Rodríguez García, el 8 de agosto, Feliciano Benítez Amaya, el 22 de julio, José María Núñez Ribas, el 23 de julio, Enrique Sánchez García, el 3 de agosto, Enrique Bullejos Sánchez, el 3 de agosto, Antonio Rodríguez Trapero, el 4 de agosto, Joaquín Aguilar Moreno, el 4 de agosto, Jacinto Muñoz González, el 27 de julio, José Castillón Júcar, el 3 de agosto, Bernardino Alonso García, el 3 de agosto, Jaime Cañameras Olmo, el 24 de julio, Pascual Eugenio, el 4 de agosto, Francisco Becerra Bautista, el 22 de julio, Argimiro Sanjurjo Montes, el 8 de agosto, Antonio Corina Baquero, el 24 de de julio, Miguel González Inestal, el 22 de julio, Víctor Campos Campos, el 8 de agosto, Luis Castro, el 22 de julio, Manuel Santano García, el 27 de julio, José Olalla García, el 22 de julio, Pedro Palomi Benito, 25 de julio, Simón Pérez Lobo, el 8 de agosto, Eusebio Mingueta Yagüe, el 3 de agosto, Julio Garrido Lorenzo, el 8 de agosto, José Moreira Losada, el 8 de agosto, Fernando Lasheras Martínez, el 8 de agosto, Daniel González Martín, el 25 de julio, Guillermo Salas González, el 8 de agosto, Sandalio Muñoz, el el 8 de agosto, Luís López, el 25 de julio, Santos Arévalo Martínez, (s.f.), Marcelino Martín Soria, Antonio Pascual García, el 22 de julio, Federico González Navarro, el 8 de agosto, Galo Ponte Escartín, el 13 de mayo del 31 (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección político-social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto). 14

«No sabemos de que se nos acusa, aunque extraoficialmente nos dicen que (el) motivo es haber estado inscritos en sindicatos libres, única organización profesional que existió legalmente durante siete años, llegando a tener en sus filas varios millares de honrados y auténticos trabajadores entre los que se encuentran los firmantes, sin duda para justificar más actividades o bien para complacer presiones anarquistas, se ha elegido los más infelices militantes en sindicatos de referencia, martirizándolos cruelmente con prolongada detención


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fecha de 30 de junio de cincuenta y cinco presos gubernativos en la Prisión de Bilbao15. Ángel Ossorio y Gallardo junto con Sánchez Guerra, Gregorio Marañón16, Gil Robles, y otros diputados presentaron ante la Cámara la siguiente proposición: «Los diputados que suscriben proponen a la Cámara que sin mengua de la confianza justamente otorgada al Gobierno se sirva declarar que hasta que quede promulgada una nueva Constitución las libertades y derechos individuales de los españoles sean respetados en los términos prescritos por la Constitución de 1876 y su legislación complementaria»17. La proposición se dirigía al Parlamento pidiendo la restitución de la legalidad «…tengo mayor empeðo en que sea la Cámara quien marque al Gobierno ese

que perjudica dolorosamente a nuestros hijos que en número 62 están pasando hambre. Esta certidumbre destroza nuestro corazón. (El) juez no encuentra materia procesable, aunque tres de los firmantes han sido procesados por tenencia de explosivos pese protesta legal entablada por cuanto uno es empleado de un sindicato absolutamente ajeno (al) hecho, otro hace diez años no pertenecía a organización ni siquiera la visitaba y otro desde mucho tiempo hallábase a mil kilómetros distancia (del) lugar donde dícese encontrose explosivos (del) día (de) proclamación República. Aunque Vd. no es hombre que simpatice con sindicatos libres, su respeto a la justicia le hará comprender que lo que se comete con nosotros es un atropello y le suplicamos interceda en nuestro favor, siquiera sea por el estímulo de nuestros hijos a quienes desde ahora enseñamos a respetar su nombre como bienhechor de los desvalidos y perseguidos por la pasión personal y la sana política social. Reciba la gratitud imperecedera de Anselmo Roig, Ángel Salvador, Agustín Alvarado, Juan Moreno, Francisco Mas, Juan Lleonart, Francisco Portas, Pedro Mongay, Víctor Roca, Ramón Vilardel, Ángel Coll, Juan Pladevilla, Carlos Baldrich, José Farré, Miguel Villena, José Tur, Juan Lario, Leonardo García, Joaquín Campos, Antonio Castillo, Nicanor Costa, Juan Tarres» (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección Político-Social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto). En su intervención ante la Cámara Ossorio defendió la libertad de estos presos alegando que se trataba de encarcelados políticos y no de vulgares delincuentes que permanecían en prisión durante semanas y meses sin asistencia de juez alguno. Véase Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 11 de agosto de 1931, núm. 18, pp. 342-343. 15

«…llevamos algunos detenidos cien días (por) disposiciñn gubernativa habiendo sido liberados algunos de provincias por haberse pagado viaje a su provincia y prometido libertad a los que quedan siempre que tengan fondos para trasladarse, pero los de Bilbao no quieren sacarnos continuando detenidos sin saber que se hará de nosotros y rogamos intervenga para conseguir libertad, pues tenemos seres queridos que atender. Alejandro Lezcano Diez» (Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-Social, Madrid, legajo 736,1ª parte, documento suelto). 16

Patricia Zambrana Moral, Epistolario jurídico y político-andaluz de Ángel Ossorio y Gallardo (1927-1935), Barcelona, Cátedra de Historia del Derecho y de las Instituciones (Facultad de Derecho. Universidad de Málaga), 1997, reproduce algunas de las misivas de contenido político que permiten conocer a ambos interlocutores en el periodo republicano, pp. 18-20. Por su parte, Javier Tusell, Historia de la Democracia Cristiana en España II. Los nacionalismos Vasco y Catalán. Los solitarios, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1974, subraya la voluntad y el denodado esfuerzo de Ossorio y Gallardo en su defensa de la juridicidad. Dirigiéndose a Marañón, expresaría: «Al verle a usted reconocer que, en efecto, los caminos más justos y acaso más eficaces en lo porvenir son los de la libertad y el derecho, me parece que la causa de uno y de otro reconquista uno de sus mejores apóstoles, que no debió ser vacilante para con ellos en ningún instante» (p. 219). 17

La prensa noticiaba la proposición de Ossorio y Gallardo con la siguiente afirmación: «En el gobierno hay más de un ministro, y aún el propio presidente, que sienten verdadera impaciencia porque llegue el momento en que no tengan necesidad de hacer uso de facultad alguna que no esté fijada por el Parlamento; pero estiman que un acuerdo precipitado de la Cámara en tal sentido podría desposeerle de una facultad que, aún repugnándole utilizar, puede en un momento dado ser útil aplicarla para defender la República» (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección Político-Social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto).


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trazo, porque, precisamente, el gobierno puede necesitar de ese amparo colectivo en momentos tan difíciles para su gestión»18. Nuestro personaje no pedía lenidad en el trato para los delincuentes sino cumplimiento de las garantías procesales; rigor dentro del derecho, rigor legal, sin imposiciones arbitrarias: «yo pido, que ningún español pueda ser detenido por la autoridad gubernativa sino veinticuatro horas, al cabo de las cuales ha de ser entregado al juez; y que ningún español esté entregado al juez más de setenta y dos horas sin auto de procesamiento o libertad»19. Cuando Ossorio se definió como «Monárquico sin Rey al servicio de la República»20 no se atisbaba que prestaría a la República un servicio de la significación política que suponía la proposición presentada a la Cámara. Consideraba que la instauración de la República nacida de una revolución21, producto de la quiebra de legitimidad de Alfonso XIII que había permitido los excesos de la Dictadura «el capricho vivía

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Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 11 de agosto de 1931, núm. 18, p. 345. 19

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 11 de agosto de 1931, núm. 18, p. 345. El periódico Liberal con un artículo titulado ―Empacho de legalidad‖ noticiaba, cum grano salis, por supuesto, la posición adoptada por Ángel Ossorio ante las detenciones gubernativas, calificándole con dicacidad de «moro amigo» de la República «Rara avis, Ossorio es un moro amigo de absoluta confianza que no dispara la fusila a traición ni por servir intereses inconfesables. Cuando yerre, como ha errado esta tarde, será de buena fe, y, sobre todo, influido por el imperativo abogadil que domina desde hace dos décadas todos sus actos pöblicos […]. Ossorio no es un impunista. Cuando quiere que todas sus responsabilidades se liquiden jurídicamente, cuando condena las detenciones gubernativas, no hace sino seguir su campaña viril y tenaz de los siete años ominosos. Pero él, tan perspicaz y tan conocedor de la Magistratura espaðola […], como no es revolucionario, no acepta que esas responsabilidades se diluciden revolucionariamente ante la Cámara […] Demasiado legalista, le parece mejor cualquier ley, rota y deshonrada, que un fallo emitido con arreglo a conciencia». Aludiendo a la proposición en defensa del restablecimiento de los derechos individuales vigentes en la Constitución de 1876, el periódico sitúa el enfoque en las manifestaciones del Presidente de la República: «Los tres puntos vulnerables del magnífico informe ‒claro, unido, sereno‒ de Ossorio los ha señalado Alcalá Zamora en diez minutos de oratoria irrefutable. No hay más ley que el Estatuto del 14 de abril. No se puede utilizar ni aun parcialmente, una Constitución deshecha hace ocho años. No se puede encomendar la misión de hacer justicia a un poder judicial que no merece garantías de rectitud» (Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección político-social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto). 20

Declaraciones que Ángel Ossorio pronunció en la Conferencia dictada en el Ateneo de Zaragoza el 4 de mayo de 1930, p. 7 y passim. En la Sesión del día 11 de agosto ante los diputados presentes en la Cámara pronunciaría estas palabras: «Yo hablo en nombre de unos españoles que sin haber renegado de unas convicciones íntimas, que les acompañaron toda la vida, pero que hoy prácticamente no sirven para nada, sino para la tranquilidad de su conciencia, se han puesto al servicio de la República, en apoyo de la República, en colaboración de la República, pero no con resignación, no como mal menor, no con mero formulismo, no, sino con el alma caliente, con el corazón lleno de vehemencia y entusiasmos, con el apetito de que la República no sólo prevalezca, sino que sea gloriosa, porque si la República se hundiera, no se habría quebrado un sistema de Gobierno, habría ocurrido el trágico fenómeno de demostrar al mundo que España era incapaz para administrar su propia libertad» (Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 11 de agosto de 1931, núm. 18, p. 345). 21

Revolución calificada entre las «más honrosas para la Humanidad». Se refería a aquellas en las que «un grupo de ciudadanos cambia el estado jurídico de su país con medios estrictamente lícitos, con legalidad, con pureza, con corrección y para gloria de Espaða […]. Sería gran responsabilidad sacar de la ley una revolución que por la ley vino y por la ley quedó implantada» (Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 11 de agosto de 1931, núm. 18, p. 344).


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antepuesto a la legalidad y fue derribada la Monarquía para que la legalidad se antepusiese al capricho»22 debía guardar a los derechos individuales el respeto de la Constitución de 1976: «Ya sé yo que a la mayor parte de esta Cámara le molesta incluso la invocación del texto legal; pero deténgase un poco a contemplar el caso. Yo no hablo de la Constitución, sino del respeto de los derechos individuales; porque como la Constitución que hagamos, cualquiera que sea, ha de mantener esos respetos, agrandándolos más, garantizándolos más, amparándolos más, me parece que no hay ningún agravio en decir que, hasta tanto la Constitución llega, vivamos todos los españoles en aquel mínimo de garantías que para todos representa dicha Constitución»23. Exigía que fuesen protegidos los postulados mínimos de una sociedad civilizada que eran, parafraseando al abate Sturzo24, los «métodos de la libertad»: el respeto a la vida, a la inviolabilidad del domicilio, a la correspondencia, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho de reunión, o asociación, entre otros.

El diario Época, de 6 de agosto de 1931, con el título ―Proposiciñn del señor Ossorio y Gallardo‖ defendería dicha propuesta elogiando su figura «El camino único para que un país subsista es el del derecho. Una ley preexistente, unas garantías para el ciudadano, unas sanciones y un poder público fuerte, capaz de imponer siempre esa ley. Un Poder público fuerte en su conjunto, dividido en sus Poderes clásicos y moviéndose cada cual en su órbita, sin interferencias ni intromisiones; sin que el Poder Legislativo mediatice al Ejecutivo, ni el Ejecutivo usurpe atribuciones del Judicial. La Proposición del señor Ossorio y Gallardo se ajusta a ese patrón. Es la visión de un hombre de Derecho, que le dice al Gobierno que no puede continuarse en un régimen de excepción, siendo el Poder fuente y regulador de derechos y libertades individuales. Por desgracia, el debate constitucional promete ser largo ‒porque eso de discutir títulos sueltos y desengranarlos, ya se verá cómo prácticamente es imposible‒ y es lógico que los juristas con visión política piensen en que no pueden permanecer en vacación derechos y libertades, que son inmanentes al hombre. ¿Cómo regularlos? El señor Ossorio no prejuzga nada, no inventa nada: se limita a pedir que interinamente rija para ese sólo efecto la Constitución de 1876 y sus leyes complementarias»25.

Partiendo de estos antecedentes, Ossorio y Gallardo, volvería a mostrar su oposición con la promulgación el 21 de octubre de 1931 de la Ley de Defensa de la República26, derogada el 29 de agosto de 1933 y, elevada a rango

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Vid. Elena Sáez Arjona, ―La influencia del pensamiento republicano, jurídico-político y social de Luigi Sturzo y Henri De Man en Ángel Ossorio y Gallardo: críticas al fascismo‖, en Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas, núm. 8 (diciembre 2014), Gunzenhausen-Madrid-Barcelona, pp. 201-212. 25

Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección Político-Social, Madrid, legajo 736,1ª parte, documento suelto. 26

La Ley de Defensa de la República suponía un incremento de las facultades gubernativas excepcionales ya conferidas en el Estatuto jurídico del Gobierno provisional reforzadas tras adquirir esta ley rango constitucional. La escalada ascendente culminará con la Ley de Orden Público y su ininterrumpida aplicación, desde su lectura en las Cortes el 15 de agosto hasta el final de la República. Consultar Francisco Fernández Segado, El estado de excepción en el Derecho constitucional español, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1978, pp. 121-141.


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constitucional27 en virtud del texto de la Disposición Transitoria Segunda que, como explica Jiménez de Asúa, no tenía precedentes ni en el Anteproyecto de la Comisión Jurídica Asesora presidida por Ángel Ossorio y Gallardo, ni en el Dictamen parlamentario. El Gobierno acordó que para que la Comisión de Responsabilidades y la Ley de Defensa de la República pudieran seguir vigentes debían introducirse, en esta forma, como apéndices del propio texto constitucional. Con estos mimbres, fue acordada por la Cámara en su sesión del 9 de diciembre de 1931: «La Ley de 26 de agosto próximo pasado en la que determina la competencia de la Comisión de Responsabilidades, tendrá carácter constitucional transitorio hasta que concluya la misión que le fue encomendada y la de veintiuno de octubre conservará su vigencia asimismo constitucional mientras subsistan las actuales Cortes Constituyentes si antes no la derogan éstas expresamente»28. Por su parte, Ossorio defendería con oportunidad de la discusión del Proyecto ante la Cámara, que la duración de la ley debía mantenerse hasta que se aprobase la Constitución y no hasta la disolución de las Cortes constituyentes29.

En la Sesión del 8 de diciembre de 1931, un día antes de la aprobación definitiva del texto Constitucional, intervino Ossorio y Gallardo junto con otros diputados en los debates para la aprobación de la Disposición Transitoria Segunda30. La solución estribaba –según el Presidente Azaña– en que «ambas leyes, por una votación de las Cortes suban de rango y sean, por esta elevación de su rango, compatibles con la Constitución. Lo que se propone aquí es que las Cortes voten y se publique como un texto adicional transitorio de la constitución de la República. De esta manera siendo ambas leyes de un carácter adicional de la Constitución, regirán transitoriamente de dos modos: La Ley de Responsabilidades, mientras la Comisión no acabe su obra, y, la Ley de Defensa de La República, mientras estas Cortes subsistan o mientras no la deroguen expresamente. De esta forma dando a estas leyes ese carácter se salva la dificultad legal, jurídica de fondo, de incompatibilidades entre el texto

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Vid. la Sentencia en recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de 13 de noviembre de 1934, caso La Gaceta del Norte, publicado en La Gaceta de Madrid, de 16 de noviembre de 1934. Concretamente el Fundamento Legal Primero reconocía que los preceptos de la Ley de Defensa «adquirieron la categoría y rigor de los preceptos constitucionales y con ello se operó en la vida de los mismos el cambio que en nuestra ordenación jurídica se atribuye a cada uno de ellos. Y es evidente que la incorporación de esta ley ordinaria al texto constitucional no se hizo con la idea de librarlas de posibles acuerdos derogatorios de las Constituyentes, puesto que, expresamente quedaba sometida a ellos por el texto mismo que le concedía vigencia constitucional, sino para resguardar su eficacia dentro del sistema de garantías y recursos que la propia Constitución estatuía, frente a los cuales debía desaparecer quedando enervada si se mantenía en el rango inferior en que naciera». 28

Véase Luis Jiménez de Asúa, Proceso Histórico de la Constitución de la República Española, 1ª edición, Madrid, Editorial Reus, 1932, p. 490. Cfr. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 8 de diciembre 1931, núm. 87, pp. 2882-2892. 29

«Porque este lapso de tiempo, puede ser corto o puede ser largo; si hemos de hacer las leyes complementarias de la Constitución, debe ser bastante prolongado, y no parece discreto que durante muchos meses esta ley esté en vigor sin ratificación expresa de la Cámara» (Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de octubre de 1931, núm. 59, p. 1839). 30

Azaña, reconocía la incompatibilidad de la Constitución con las dos leyes, pues «promulgada la Constitución, la Ley de Defensa y la Ley que instituye la Comisión de Responsabilidades, serían inconstitucionales y no podrían aplicarse» (Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra, Barcelona, Editorial Crítica, 2ª edición, 1978, p. 325).


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constitucional y los dos textos legislativos»31. Ossorio se oponía abiertamente a la proposición planteada por el Presidente con indudable rigor conceptual: «Pero no estaba yo prevenido cuando vine a la Cámara de que habría que votar medida tan excepcional como una Ley de Defensa de la República que se aparte de la Constitución, que se pone sobre el Código penal. Cuando el Gobierno presentó la Ley, dijo en un artículo que esta Ley viviría lo que las Cortes Constituyentes, a menos que éstas acordasen que viviera para después de terminada la vida de las mismas, y cuando se legislaba ya sabían el Gobierno y la Cámara que habían de hacer una Constitución; de modo que parecía que también había compatibilidad entre la Constitución y la excepcional Ley de Defensa de la República; con tal carácter episódico, accidental, transitorio; pero de pronto se nos pide que incorporemos esa ley a la Constitución como artículo adicional y que, por consiguiente, en el día de hoy lo ratifiquemos, y yo, antes de contestar, afirmo que el primer día la voté diciendo que si el Gobierno la consideraba indispensable, era cosa de su responsabilidad, y aún me permití poner algunas apostillas para humanizar algunos de sus artículos, que tuve el honor de que fueran aceptadas; pero en el día de hoy, después del tiempo que lleva rigiendo la ley excepcional, conocidos sus efectos, vista su aplicación, digo que yo no la ratifico. Votar la Constitución garantizadora de todos los derechos de los españoles y el mismo día, en su propio texto, decir que ponemos otra vez nuestra confianza en una ley excepcional de esos mismos derechos, me parece paradoja de tal gravedad que nadie podrá aceptarla sin vacilaciones»32. Azaña, intervendría nuevamente para contestar esencialmente a los argumentos esgrimidos por aquel33. Sin embargo, Ossorio antes de procederse a la votación definitiva se dirigió a la Cámara con el siguiente razonamiento jurídico: «Cuando en 21 de octubre votamos esa ley, no había Constitución y vosotros podíais decir ‒yo no sé si con pleno fundamento pero, al menos, con una apariencia suficientemente decorosa‒ que no teníais legislación en qué apoyaros para defender a la República de sus enemigos; y ante aquella necesidad bajábamos la cabeza no sólo yo, sino otros Diputados que tenían mis mismos escrúpulos. Pero hoy tenemos Constitución, vamos a tener Constitución, y esa Constitución tiene todo el artefacto necesario para defender a la República de hoy, mañana y siempre, porque si no lo hemos hecho ‒¡qué gran torpeza la nuestra!‒, ¿qué constitución hemos inventado que no va a servir para defender la propia institución que va a regir?»34.

Con la Ley de defensa conocida como ley de excepción, ciertas garantías individuales consagradas en la Constitución se convertían, tras su promulgación, en actos de agresión a la República. Se trataba de una Ley dirigida a controlar toda la sociedad que pusiera en peligro el nuevo régimen nacido el 14 de abril35. Su impopularidad en el Parlamento se hizo manifiesta

31

Vid. Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra, Barcelona, Editorial Crítica, 1978, p. 325. 32

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 8 de diciembre de 1931, núm. 87, p. 2888. 33

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 8 de diciembre de 1931, núm. 87, pp. 2890-2891. 34

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 8 de diciembre de 1931, núm. 87, pp. 2891-2892. 35

María Rosa Abad Amorós, La libertad de expresión del pensamiento en la II República, Madrid, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 1988, p. 192.


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desde el momento de su promulgación; y Ossorio y Gallardo, en varias ocasiones, se dirigiría al Presidente para que procediera a su derogación36. La Ley fue presentada al Ejecutivo el día 19 de octubre. En la mañana del 20 el Presidente dio lectura al proyecto de Ley que con carácter de urgencia se debía discutir. Durante el debate parlamentario el diputado Ossorio y Gallardo solícito el turno de intervención junto con el diputado Santiago Alba y Barrionuevo. En su intervención, salpicada de elementos jurídicos, expuso cómo su modelo de proyecto hubiese sido la creación de una meditada Ley de Orden Público antes que la Ley de Defensa presentada por el presidente del Gobierno, aunque la aceptaba como un mal menor: «Hubiéramos querido todos seguramente tener la calma y el espacio precisos para confeccionar una Ley de Orden Público tan eficaz, tan severa como las circunstancias requieren, pero meditada, con la serenidad y el reposo que piden asuntos de tal monta. De todos modos, debo declarar que prefiero ésta a la situación en que nos encontrábamos; porque hasta ahora vivíamos bajo el arbitrio de la autoridad gubernativa con la aplicaciñn del llamado ―decreto de plenos poderes‖ (se refiere al publicado el 15 de abril que establecía el Estatuto jurídico del Gobierno provisional), que a mi entender, no tenía poderes para las cosas que se hacían. Y como cuando combatí la aplicación del decreto de plenos poderes dije que prefería una medida de defensa de la República tan enérgica como quisierais, siempre que viniera al Parlamento, la conociéramos y saliera con nuestra sanción, he de ser consecuente conmigo mismo y decir que esto me parece mucho peor que una ley de Orden público pero mucho mejor que la situación de hecho porque veníamos atravesando»37. No obstante, encontraba en el Proyecto ciertos puntos muy combativos, entre otros, la prohibición de hacer apología de la Monarquía38. Para él, la República sólo podía ser democrática si aceptaba la apología y la propaganda de sistemas contrarios al modelo republicano, pues de no producirse dicho encaje estructural, la libertad de expresión desaparecería porque «en un sistema medianamente liberal cabe hacer, dentro del respeto a las leyes, la apología de sistemas contrarios al que prevalece, y si no admitimos esto, no queda ni recuerdo de la libertad»39. Coincidía con Santiago Alba en sus declaraciones40 y, subrayaba además el

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Actualmente la doctrina mantiene un criterio unánime «desde el juicio relativamente benévolo de Brenan que la consideraba como impopular y severa, hasta el más duro de Hills, para quien la Ley de Defensa de la República iba tan en contra de las garantías constitucionales de derechos civiles como las extravagancias de Primo de Rivera, pasando por la opinión de Robinson para quien el Gobierno, de hecho con la Ley de Defensa de la República votó poderes dictatoriales, y la observación de Jackson de que era una contradicción que un régimen democrático tratara de procurarse poderes políticos excepcionales» [Francisco Fernández Segado, ―La defensa extraordinaria de la Repöblica‖, en Revista de Derecho Político, nº 12 (1981-1982), p. 18]. 37

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, de 20 de octubre de 1931, núm. 59, p. 1839. 38

La Ley de Defensa de la República en su art. 1º, párrafo IV definía como actos de agresión a la República: «La apología del régimen monárquico o de la personas en que se pretenda vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras». 39

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, de 20 de octubre de 1931, núm. 59, p. 1839. 40

El diputado Santiago Alba en su intervención parlamentaria afirmaba que, si el Gobierno declaraba urgente este proyecto, salvaría su voto porque no quería contribuir a ese proyecto de descalabro, pues lo primero que debía hacer el Gobierno era buscar una solución al mal estado


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deterioro que la Ley ocasionaba en la libertad de prensa como ocurría en los años de Dictadura «esto fue el régimen de soplonería de la dictadura: la expresión no ya escrita ni pública, sino comunicada verbalmente en una tertulia y a veces en la intimidad del hogar»41. Recordemos que la libertad de expresión y de información pública como derecho individual que reconocía el art. 34 de la Constitución Republicana42 había sido recogido en el Anteproyecto de Constitución en su art. 18: «Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la censura previa. El ejercicio de este derecho queda sometido a las normas de la legislación común»43.

De otro lado, aunque Ossorio precisara que la ley no tenía carácter dictatorial por el hecho de ser llevaba a la Cámara, advertía no obstante, la ausencia de garantías jurídicas; en tal sentido, era el Ministro de la Gobernación quien tenía el encargo de instruir el procedimiento «que se ha dicho en uno de los últimos artículos que el Ministro de la Gobernación queda encargado de la aplicación del nuevo sistema y nada más». De tal suerte que el Ministro podía decidir sin una causa objetiva que justificase su intervención bastándole la existencia de meras presunciones44. Así tampoco estimaba legal, ni lógico, ni democrático que por una sola delación que podía estar motivada

en el que se encontraba España que no vendría con leyes de esta naturaleza. Igualmente, recriminó al Gobierno que la Ley era una copia literal de la Ley alemana y, comparando esta Ley con otras anteriores, manifestó que se trataba de un proyecto mucho más grave que la Ley del Terrorismo de 1908 que hizo tan impopular a Maura. Cfr. Miguel Pino Abad, ―Los delitos contra el orden público en el marco de la Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931‖, en Anuario de Historia del Derecho Español, tomo LXXXII, (2012), pp. 745-746. 41

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de octubre, núm. 59, p. 1839 42

Artículo 34 de la Constitución de la República Española: «Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones. Valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme». 43

Anteproyecto de la Constitución de la República Española que eleva al Gobierno la Comisión Jurídica Asesora, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1931. 44

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 octubre de 1931, número 59, p. 1839. Reforzamos la observación realizada por Francisco Fernández Segado, ―La defensa extraordinaria de la Repöblica‖, en Revista de Derecho Político, nº 12 (1981-1982), p. 17, respecto del carácter de moderadas que para Ángel Ossorio tenían las sanciones previstas en la Ley «aquí no se habla de muertos ni siquiera de prisiones prolongadas; sólo se habla de extrañamiento, deportaciones o multas, mecanismo penal doloroso para quien lo sufre, de tristísimas consecuencias, pero, al fin y al cabo, dentro del orden de humanas consideraciones». Sin embargo, lo cierto es que, aquellos que cometieren actos considerados contrarios a la República comprendidos en los diez primeros apartados del artículo 1º de la Ley serían sancionados con penas que vulneraban, en todo caso, las garantías constitucionales. Nos referimos concretamente al art. 42 de la Constitución que admitía en casos de notoria e inminente gravedad, la suspensión total o parcialmente de los derechos y garantías consignados en los artículos 29, 31, 34, 38 y 39. El mismo artículo ordena que la suspensión «no podrá exceder de treinta días»; y concluye advirtiendo que «en ningún caso» podría el Gobierno entrañar depositar a los españoles, ni desterrarlos a distancia superior a 250 kilómetros de su domicilio. Así pues, a tenor de lo estatuido en el art. 2º de la Ley de Defensa de la República, los autores materiales o los inductores podían ser confinados o extrañados por un período de tiempo indeterminado «no superior al de vigencia de esta ley» o multados «hasta la cuantía máxima de 10.000 pesetas». Además dichas sanciones iban acompañadas de las complementarias de ocupación o suspensión, atendiendo a los casos concretos, de los medios que «hayan utilizado para la realización».


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por pasiones o mala fe, se pudiera imponer a alguien extrañamiento, multa o presidio sin oírle y sin ningún recurso. Por dicho motivo, solicitó que se nombrase una Comisión para escuchar al acusado de delito contra la seguridad de la República: «No teman, que yo, enamorado de procedimientos judiciales, vaya a creer que en momento de urgencia y precisión se defiende un régimen a fuerza de papel sellado y con procedimientos dilatorios […] pero si no hay una defensa de tipo judicial, tendrá que haber otra, pero alguna. Lo que no puede hacerse es coger a un hombre y por una referencia (porque el Ministro de la Gobernación no tiene más que referencias de los Gobernadores, que a su vez las tienen de los jefes de policía, que a su vez la tienen de subalternos suyos) […] Yo creo que cuando haya de adoptarse una medida contra persona individual, estando ésta detenida y, por consiguiente, no ofreciendo peligro alguno contra la seguridad de la República, antes de castigarle debía oírsele por el propio Ministro o por una comisión delegada por él, permitirle una aportación de pruebas, permitirle una rápida alegación, pero no condenarle sin escucharle»45.

Efectivamente, ante la ausencia de garantías46, fue Ángel Ossorio quien propuso a la Cámara la introducción de unas enmiendas por las que se garantizara el derecho a recurrir por parte de los sancionados (fuese una persona individual o colectiva). El texto del proyecto de Ley de Defensa negaba a radice cualquier referencia a posibles recursos47. La propuesta de Ossorio

45

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de octubre de 1931, núm. 59, pp. 1839-1840. 46

Recuérdese que el Tribunal de Garantías Constitucionales se creó el 2 de septiembre de 1933. La creación de este Tribunal destinado a la efectiva tutela de la Constitución de 1931 se contemplaba en su Título IX, dedicado a las garantías constitucionales y a la reforma del texto constitucional y a los artículos 121 y siguientes. La promulgación de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, se convirtió en un mandato constitucional que se demoraría hasta el 14 de junio de 1933 afectando por ende al ulterior funcionamiento del propio Tribunal. Así quedaba constatado entre sus coetáneos y por la doctrina actual, Vid. sobre el particular, Niceto Alcalá Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931 y tres años de experiencia constitucional, Madrid, 1931, pp. 247-251; Nicolás Pérez Serrano; ―El Proyecto de Tribunal de Garantías y el recurso de inconstitucionalidad‖, en Revista de Derecho Público, tomo II, Madrid, 1933, pp. 7-15; Jorge Urosa Sánchez [et al.], El Libro de Actas del Tribunal de Garantías Constitucionales, Madrid, Biblioteca Académica Maior, 1999, pp. 10-12. Ad casum, María Rosa Abad Amorós, La libertad de expresión del pensamiento en la II República Española, Madrid, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 1988, se aventura a formular la siguiente observación muy digna de tener en cuenta que transcribo y gloso: «…de haber funcionado el Tribunal, los resultados hubieran sido los mismos. Así lo demuestra el hecho de que existan dos únicas sentencias (se refiere a la Sentencia de 16 de noviembre de 1934, caso La Gaceta del Norte y la Sentencia de 1 de abril de 1935, caso Euzkadi, publicadas en la Gaceta de Madrid, 16 de noviembre de 1934 y 5 de abril de 1935 respectivamente) en recurso de amparo por aplicación de la Ley de Defensa, posteriores a su derogación» (p. 226 y espec. pp. 327-328). 47

La Sentencia de 13 de noviembre de 1934 en recurso de amparo (Vid supra, nota 27) hacía la siguiente precisión: «no puede admitirse en la vida de esta Ley un periodo, el que corresponde a su categoría de Ley ordinaria, en que por su aplicación no hay más recurso que el gubernativo, y otro que coincide, precisamente en su ascenso en la jerarquía de las normas en que, además de aquellas, se dará el amparo ante la jurisdicción de este Tribunal, porque ello sería opuesto a su carácter constitucional, haría inútil su incorporación a la Constitución y contradeciría abiertamente el carácter excepcional de sus preceptos» (Fundamento legal primero, Gaceta de Madrid, 16 noviembre 1934).


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centraría el discurso de Azaña quien, aceptando su modificación48 permitiría la aprobación de los dos únicos recursos legales en los párrafos segundo y tercero del artículo 2º de la Ley ante la autoridad administrativa que no judicial: «Que a una persona individual a quien le sea impuesta cualquiera de las sanciones que van contenidas en el proyecto se le reconozca el derecho de hacerse oír ante el Ministro de la Gobernación en un plazo de veinticuatro horas, y de aportar ante el mismo Ministro los documentos, las pruebas, los testimonios que estimen conducentes al reconocimiento de su derecho; y segundo, que a una Asociación, a una entidad cualquiera a quien le sea aplicada la Ley, se le reconozca asimismo el derecho de recurrir en un plazo de cuatro o cinco días siempre rápidamente ante el Consejo de Ministros para hacer valer las alegaciones que tenga por conveniente»49.

La problemática política y social de la Segunda República se había manifestado en el levantamiento de fuerzas reaccionarias contrarias que «iban a impulsar al Gobierno a la elaboración con la mayor rapidez posible de una Ley de Orden Público, que sustituyera a la de 1870 cuya aplicación, prácticamente había sido sustituida por la Ley de Defensa de la República que, sin embargo, parecía ser considerada insuficiente por el Gobierno»50. Ciertamente, la aprobación de la Ley de Orden Público en 1933 pasaría a regular las llamadas facultades gubernativas ordinarias, es decir, una serie de medidas que podían ser adoptadas por el Gobierno en cualquier momento51. Esta Ley aprobada por la mayoría de los diputados de la coalición, fue también defendida en el Parlamento por el diputado independiente Ángel Ossorio quien consideraba la Ley de Orden Público «fundamentalmente acertada y buena»52. El 27 de octubre se daría lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación

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Ossorio entre varios ministros y diputados fueron entrevistados por periodistas que querían conocer sus opiniones acerca de la Ley. Ossorio y Gallardo declaró a los periodistas: «Hay que rendirse a la evidencia. Es tolerable si se admiten unas modificaciones que voy a proponer ahora». Declaraciones realizadas al diario El Sol, 21 de octubre de 1931. Cuando Azaña regresaba al hemiciclo pasó antes por el despacho de Julián Besteiro y allí se encontró con Ossorio quien le comunicó que pensaba pedir dos modificaciones para el proyecto de Ley de Defensa de la República. Azaña recoge este episodio en sus memorias políticas y de guerra: «Allí estaba Ossorio que deseaba hablar en contra. Ossorio muy suave y sonriente me apuntó las dos modificaciones que pensaba pedir para el proyecto; eran insignificantes y reservándome consultar con los demás ministros, le dije que probablemente las aceptaría. Ossorio me anunció que llevaba en su cartera un papel con un párrafo sacado de plumas y palabras para leérmelo en el salón de sesiones, si alguna vez me oye decir que creo en algo. ―El párrafo es admirabe…, etcétera.‖ Estuvimos bromeando sobre esto y al fin extrajo el papel y me lo leyñ. Es uno en que digo que me parece ―estar sumergido inteligentemente en la nada‖» (Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra, Barcelona, Editorial Crítica, 2ª edición, 1978, pp. 240-241). 49

El texto del Proyecto se mantendría íntegro con las únicas adiciones de Ossorio. La Comisión redactó el texto de la enmienda en estos términos: «Cuando se imponga algunas de las sanciones previstas en esta Ley a una persona individual, podrá el interesado reclamar contra la misma, ante el Sr. Ministro de la Gobernación en el plazo de veinticuatro horas. Cuando se trate de una sanción impuesta a una persona colectiva podrá reclamar contra la misma, ante el Consejo de Ministros en el plazo de cinco días». 50

Francisco Fernández Segado, El Estado de excepción en el Derecho constitucional español, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1978, p. 131. 51

Luis Martín Retortillo, ―La cláusula de orden pöblico como límite ‒impreciso y creciente‒ del ejercicio de los derechos‖, en Cuadernos Civitas, Madrid, 1975, pp. 46-47. 52

Véase Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de 1933, núm. 374 p. 14313.


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sobre el proyecto de Ley. La Comisión aceptaría varias enmiendas presentadas por Ossorio y Gallardo y por la minoría socialista aprobándose finalmente por casi la totalidad de la Cámara y procediendo a su promulgación el 28 de julio de 193353.

Ossorio y Gallardo mantuvo la tensión de los debates parlamentarios con aquellos otros diputados que se oponían a la Ley desde posiciones muy concretas: desde las filas liberales y comunistas. Desde los asientos comunistas, uno de sus máximos detractores fue el diputado Balbotín quien presentó numerosas enmiendas y participó con el fin de modificar, impedir, e incluso retrasar su aprobación. Situación que calificaba Ossorio de matonismo dialectico: «Los señores obstruccionistas entienden que hacen uso de su derecho. Sería discutible el derecho, pero yo se lo reconozco: tienen un derecho a obstruir; pero tienen también cultura jurídica sobradamente amplia para saber todo lo que se ha dicho sobre el abuso del derecho, y a mí me parece muy legítimo que los señores que encuentren mal esta ley formulen una protesta enérgica, la combatan duramente, lleven a sus reuniones políticas, y a sus periódicos, y a sus mítines el clamor ardoroso que de su convencimiento emane, pero paralizar la vida del Parlamento, atrancar la actividad de todos para repetir cien y doscientas veces las mismas palabras, tiene un aire ‒suplico a los amigos que me perdonen el calificativo‒ de matonismo dialéctico»54.

Un amante de la juridicidad como él55, llegaría a plantear ante la Cámara si las facultades concedidas al Poder público para cuando las garantías constitucionales no estuviesen en suspenso (nos referimos a las medidas que adoptaría el Gobierno en el estado de prevención y algunas facultades gubernativas extraordinarias contenidas en el Título II), podrían llegar a ser de tal índole que vulneraran la propia Constitución «porque después se entra en el estado de alarma. Y ahí la preocupación de estos señores desaparece; es la suspensión de garantías con todos sus requisitos, con todo el imperio y con toda su responsabilidad, con arreglo a la Constitución»56. Ángel Ossorio abría así la espita de su pensamiento jurídico con una severa conciencia democrática para denunciar ciertos puntos contenidos en el Proyecto: «las vulneraciones de la Constitución saldrán a correr de esta Ley; pero hay una tan notoria, que, según mis informes, la propia Comisión la va a rectificar». Se refería al art. 1457

53

«La noción de orden público, desde la perspectiva legal, al menos, quedó ampliada en gran medida. La Ley de orden Público había sido hasta entonces norma de aplicación excepcional, utilizable tan solo cuando formalmente se hubieran suspendido las garantías constitucionales. Con la regulación de 1933 legalmente, las facultades de la Administración en relación con el orden público se habían incrementado de manera notoria, tratándose de facultades que podían ser utilizadas, no sólo en momentos excepcionales, sino en cualquier tiempo». Cfr. Luis Martín Retortillo, Las sanciones de orden público en el Derecho español, Madrid, 1973, tomo I, p. 48. 54

Véase Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de 1933, núm. 374, p. 14312. 55

Para Ossorio sería lamentable que la Ley fuese aprobada sin discusión parlamentaria pues supondría aplicar la guillotina (ABC, 21 de julio de 1933, p. 25). 56

Al margen de las facultades ordinarias gubernativas asumidas en virtud de esta Ley, el Gobierno adquiriría aquellas otras en el momento de proclamación de los tres estados excepcionales: prevención, alarma y guerra, regulados en los capítulos II, III y IV del título II. El Estado de prevención sería declarado por el Gobierno sin previa suspensión de las garantías constitucionales, cuando así lo exigiera la alteración del orden público, facultando, no obstante, al Ejecutivo, para adoptar medidas no aplicables en régimen normal (art. 20). 57

En virtud del art. 14 de la Ley de Orden Público: «Las Asociaciones o Sindicatos que hubieren organizado manifestaciones, cuyos componentes cometieron actos graves de


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en el que se negaba el derecho de asociación: «Eso no puede ser: si la Casa del Pueblo, si un Sindicato, si el ateneo de Madrid o el Círculo de la Unión Mercantil o Industrial organizan una manifestación y las personas que van en ella, se desbordan y extralimitan, no es posible atentar por eso al derecho de asociación que la Constitución reconoce»58. Asimismo, advertía otra inconstitucionalidad en el art. 18 (dentro de las facultades gubernativas ordinarias) donde se infringía el derecho de reunión: «Todo el sistema legal nuestro consiste en que los que se han de reunir lo participen a la autoridad gubernativa y ésta envía un delegado, el cual, si hay perturbación del orden, suspende la reunión, y si se delinque, da cuenta al Juzgado; pero que el gobernador, a solas en su despacho, pueda decir: ―Prohibido durante diez días esa reuniñn‖, es negar el derecho de reunión»59.

Ángel Ossorio y Gallardo no compartía la preocupación de aquellos diputados respecto a la necesidad de suspender las garantías constitucionales para ejercitar los modos de defensa del orden público; por ello, discrepaba de la doctrina que al efecto defendía Balbontín en la aplicación del art. 2960. Ossorio, sin embargo, le replicaría argumentando que se trataba de una Ley esencialmente elástica, dúctil, que permitía al Gobierno la defensa de la estabilidad y paz sin acudir a la antigua medida de la suspensión de las garantías constitucionales ni la proclamación del estado de guerra; una Ley que «contempla los deberes y derechos de la autoridad y de los ciudadanos en la vida diaria y normal, en la leve inquietud que exige un estado de prevención, en la alteración ya cristalizada que determina una positiva situación de alarma y en el desmán amplificado, consternador, que requerirá el instrumento definitivo de la situación de guerra»61. Siguiendo con el examen del Proyecto de Ley,

violencia o agredieron a la fuerza pública, podrán ser suspendidos en su funcionamiento por la autoridad gubernativa. Podrá proceder de igual manera cuando las Asociaciones o Sindicatos promovieren, favorecieren o estimularen cualesquiera otras perturbaciones graves del orden público». 58

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de 1933, núm. 374, p. 14313. 59

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de 1933, núm. 374, p. 14314. Ossorio entendía que la facultad atribuida a las autoridades de paralizar durante diez días el derecho de los ciudadanos a reunirse en una campaña política, o en debates referidos a problemas económicos o sociales, equivalía a eliminar directamente su derecho de reunión. 60

En esta cuestión el diputado Balbontín se dirigió a Ossorio en los siguientes términos: «Yo le digo a la Comisión que piense de aquí al miércoles. Y le ruego al señor Ossorio, que ha pedido la palabra para intervenir en este asunto, que, anticipando esa cuestión, nos diga, como persona cualificada en materia de derecho, si cree que el art. 29, que concede facultades extraordinarias a la autoridad gubernativa antes de que se suspendan las garantías constitucionales, vulnera los derechos establecidos en la Constitución. Me atengo en este momento a la autoridad de D. Ángel Ossorio. ¡Cuidado!, sin acatarla en absoluto de antemano (Risas), porque es natural que me reserve mi derecho de crítica. Yo espero que el Sr. Ossorio, si actúa como estoy seguro de que lo hará, en jurista puro, imparcial, con absoluta independencia, sin pasión política, tendrá que reconocer necesariamente que en ese art. 29 de vuestro proyecto de ley hay facultades que rozan, que vulneran los derechos individuales establecidos en la Constitución. Y nosotros seguimos sosteniendo que esto no se puede hacer hasta que las garantías constitucionales se suspendan, porque no hay garantías constitucionales» (Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de 1933, núm. 374, p. 14312). 61

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de 1933, núm. 374, p. 14313.


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respecto de la limitación del derecho ciudadano del cambio de domicilio contenido en el art. 28.1º62, no se producía –en opinión de Ossorio– roce ninguno con la Constitución en tanto que no se limitaba la facultad de residencia consagrada en el texto constitucional: «La Constitución no consiente que el Poder Pöblico venga a mi casa y me diga ―Márchese usted de aquí y vaya a otra parte‖. Ese es el derecho de mi residencia. Ahora, ¡que yo avise si me mudo! ¡Pero si incluso se lo tengo que decir al Ayuntamiento! Y si al Ayuntamiento le tengo que avisar que me cambio de domicilio y pagar unas pesetas ¿cómo se va a decir que se quebranta el derecho de libertad de residencia por tener que avisar a la autoridad el cambio de domicilio?»63. De otro lado, llegaría a admitir en caso de un acontecimiento social de interés general la intervención de industrias o comercios que alterasen el orden público, acordando incluso su suspensión temporal. Con una interpretación asaz ambigua del art. 33 de la Constitución de la República Española64, el diputado conservador aceptaba, como hecho indispensable, la incautación de industrias y comercios «para bien de todos»65.

Con respecto a la libertad de prensa, respaldaba la exigencia de presentación de los ejemplares de un periódico al Gobernador dos horas antes de su publicación. Se trataba de un tema que suscitaría grandes divergencias en la Cámara. De modo particular, la Ley establecía que los hechos difundidos a través de la imprenta, o de otro procedimiento mecánico similar, y que pudieran atentar contra el orden público, se regían en todo caso por las prescripciones de la Ley de Policía de Imprenta salvo, en aquellas circunstancias sobre las que se manifestaría la propia Ley de Orden Público. La novedad que ponía de relieve Ossorio estribaba en el hecho de que «donde la Ley de Imprenta decía ―se presentarán los ejemplares en el acto de la publicaciñn‖, la nueva Ley dice que ―dos horas antes de la publicaciñn‖». Bajo la apariencia de «una precaución indispensable para que no se rían de la autoridad»66. Ossorio justificaba la presentación de los ejemplares dos horas

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Artículo 28.1º de la Ley de Orden Público: «Exigir, con antelación de dos días, la notificación de todo cambio de domicilio o residencia. Las autoridades podrán requerir, en cualquier momento, a quienes viajen por territorio nacional para que manifiesten el itinerario que se proponen seguir» (La Gaceta de Madrid, número 211, 30 julio de 1933, p. 685). Para Ossorio el texto del artículo obedecía a una redacción gramatical poco afortunada. De hecho suscitaría ciertas dudas entre algunos diputados como Eduardo Ortega y Gasset en relación con la obligatoriedad o no de notificación en caso de un viaje. Sin embargo, el precepto era interpretado por aquel de forma restrictiva, id est, sólo sería exigible anunciar el cambio de residencia con dos días de antelación, pero la autoridad no tenía obligación de preguntar cuando se viajaba cual es el destino, sin previo aviso, por parte del ciudadano. 63


«Toda persona es libre de elegir profesión. Se reconoce la libertad de industria y comercio, salvo las limitaciones que, por motivos económicos y sociales de interés general, impongan las leyes». 65

Apostillaría con este ejemplo su opinión sobre la intervención pública de centros industriales: «cuando los obreros o los patronos ‒que esto va alternativamente‒ se empeñan en no dar el servicio de luz, y el servicio de agua a una población, ¿qué duda cabe que, sin infracción de la Constitución, el Poder público podría tomar las medidas de previsión que la prudencia le recomendase e incluso incautarse de las fábricas? No hay agravio ahí para nadie» (Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de 1933, núm. 374, p. 14314). 66

La presentación en el acto de la publicación del periódico permitía –según Ossorio– burlar la autoridad: «Si a las siete de la mañana sale el periódico y a las siete recibe los ejemplares el


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antes de ser publicados porque así se garantizaba el derecho de libertad de emisión del pensamiento y la eficacia en la intervención, no de la autoridad gubernativa, sino la judicial. El objeto –esgrimía el diputado– era que «la autoridad gubernativa lleve al juez el periódico y le denuncie un delito, que el juez estima o rechaza libremente, y hemos buscado de este modo los españoles la autoridad garantizadora que hay en todos los pueblos cultos: la de los Tribunales de Justicia»67.

Así también, se mostraría muy combativo con la fiscalización de Sindicatos y Asociaciones del art. 29.9 de la Ley en clara oposición con el artículo 39 de la Constitución. Las circunstancias sociales de España y del resto de países europeos demostraban la afirmación de Ossorio: «Todos estamos viviendo sobre organizaciones corporativas, a base de Sindicatos, a base de Sociedades obreras y patronales; el que no está en un conglomerado está perdido». Y advertía de las consecuencias de una fiscalización arbitraria por la autoridad gubernativa para la desaparición de la propia Unión General de Trabajadores: «No; la autoridad gubernativa no puede entrar ahí, como no puede entrar en el domicilio de un ciudadano. Si presume que delinquen, lo debe denunciar; si es necesario que se entere de las cosas, en la Ley de Asociaciones actual está un precepto, que puede repetirse en la que se legisle mañana. Hay que tener al corriente a la autoridad de las cuentas y de las listas de socios; pero fiscalizar, ese terrible verbo de fiscalizar, meterse en la Sociedad a impulsos del criterio de cada gobernador, de cada alcalde…»68.

El debate parlamentario para la aprobación del Proyecto de Ley de Orden Público se cerraría con un discurso final de conciliación pronunciado por el propio Ángel Ossorio. Sólo un extremo suscitaba su reproche «hemos llegado a un punto en que no queda más que un extremo hiriente, una cosa que punza y que mortifica: la de la hora de antelación para presentar el periódico durante el estado de prevención»69. Exhortaba la supresión de tal exigencia para que la Ley se aprobase sin motivo de críticas con la siguiente argumentación: «Yo creo que ahora se puede evitar porque en el Título III de la Ley va un procedimiento punitivo rápido y eficaz […] si el periodista, como cualquier otro ciudadano, va a ser rápidamente enjuiciado y no se va a valer de las armas dilatorias que hoy le proporciona la Ley de Enjuiciamiento criminal, ya no ofrece tanto inconveniente el dejar que se siga el mismo sistema de la actual Ley de imprenta, llevando el periódico en el acto de salir a la calle, porque, en efecto, no parece que se deban extremar las precauciones cuando no están todavía suspendidas las garantías. No es que yo crea que va en contra de la Constitución; pero digo que es un tropiezo, una dificultad, un aplazamiento, que

gobernador, los tiene que leer y ha de poner un oficio al juez y éste se ha de enterar, ha de formar una opinión de conciencia y ha de tomar una determinación, su actividad empieza a las once de la mañana, cuando todo está ya hecho; y si se ha convocado a las gentes para una perturbación del orden público o se han lanzado agravios, injurias o denuestos contra la autoridad o se han incitado al desorden por cualquier otro medio, todas las precauciones serán burladas» (Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de 1933, núm. 374, p. 14314). 67





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determinará un estado de enojo, que discreta y fácilmente podemos evitar si no se hubiera establecido un procedimiento de represión sancionadora70, eficaz y rápida, habría que entregarse a las medidas de prevención, gustaran o no gustaran. Sin embardo, si se encuentra una manera de reprimir el delito prontamente por manos de los Tribunales de Justicia, no creo que ese detalle de la hora de antelación en la presentación, merezca la pena de que esta ley salga con una razón o, si no se quiere, con un pretexto para el enojo y para la crítica, que a nadie conviene y que sería facilísimo evitar»71.

[Nº 1] Carta del preso gubernativo J. Feced desde la Prisión Celular de Madrid a Ángel Ossorio y Gallardo

Madrid, 30 de julio de 1931 Sr. D. Ángel Ossorio y Gallardo. Abogado Muy respetable señor mío: Por la prensa, veo que es Vd. el único que ha puesto sobre el tapete la

cuestión de los presos gubernativos sin excluir a los obreros que sufren tan arbitraria detención, por el único motivo de no promulgar con un ideal que será muy republicano pero que yo considero como muy caótico, sin un adorno de las tan blasonadas equidad y justicia.

Mas, como Vd. ignora las circunstancias que motivan las citadas detenciones voy a ponerle al corriente de la mía por si ve en ella algo de interés y se pueda convencer de que la República, es sinónimo de despotismo y atropello.

Mi detención fue motivada, no porque yo haya sido pistolero del General Anido, cosa comprobada por haber estado detenido durante el mando de dicho señor en Barcelona, sino porque asqueado me separé del Comité Nacional del

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Asimismo, manifestaba la absoluta disparidad que existía entre las multas tipificadas en el Código penal y las que recogía el Proyecto de Ley de Orden Público: «A los redactores del proyecto se les ha ido la mano en la fijación de las multas, y han llegado, según las situaciones, hasta las 100.000 pesetas, que en muchos casos será una confiscación. La mayor parte de las multas que tiene el Código penal oscilan entre 250 pesetas y 2.500 pesetas; viene luego la multa de 5.000 pesetas, que existe en los artículos correlativos para las asociaciones ilícitas y establecimientos de enseñanza ilegales, la violación de correspondencia, el funcionario que infringe el derecho de reunión, atentado a la autoridad, falsificación de moneda, escándalo público, calumnia, publicidad, etc. Hay multas de 10.000 pesetas en las detenciones ilegales, en la violación de correspondencia, en el abuso innecesario de la fuerza por la autoridad, causando lesiones; en las Asociaciones ilegales, en cercenar la moneda legítima, en la falsificación de títulos, en el falso testimonio, en la calumnia y para los prestamistas que funcionen irregularmente. La multa de 50.000 pesetas sólo aparece para la falsificación de billetes de Banco y para el abuso de la inexperiencia de un menor, haciéndole suscribir contratos en su daño, y la de pesetas 100.000 sólo está en el Código penal, artículo 221, para el Ministro que ejerciese funciones o interviniere en Empresas privadas, y en el 223 para los Ministros que mandaren pagar un impuesto no votado por las Cortes. Es decir. Que donde hay la garantía de un Código penal, un debate público y contradictorio, la autoridad sedante de los Tribunales de Justicia, la posibilidad de recursos, no se llega ordinariamente más que a las 5.000 pesetas; en dos casos excepcionales se llega a las 50.000 pesetas; en otros dos excepcionalísimos a las 100.000. ¿Será prudente que entreguemos a los gobernadores, a los alcaldes y al Ministro la potestad de llegar, incluso en circunstancias normales, a 25.000 pesetas de multa, en la de prevención hasta 50.000 y en la de alarma hasta 100.000?» (Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de 1933, núm. 374, p. 14317). 71



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Trabajo y, publiqué mi folleto titulado Por qué no maté al General Martínez Anido en el que atacaba con pruebas a Pestaña y otros encausadores del verdadero terrorismo catalán.

Por haber publicado y repartido 10.000 manifiestos titulados ¡Arlequines! Y ¡Farsantes y Vividores! En los que atacaba a los dirigentes de la huelga de diciembre en Alicante, manifiestos que fueron autorizados por el general como:

Por haber sido apoderado en las elecciones de abril de tres candidatos monárquicos, de los cuales salió triunfante uno, D. José Guerra.

Y, por último, por haber acusado a algunos concejales de ir al frente de los incendiarios de conventos, y de las turbas que asaltaron La Voz de Levante con cuyo hecho quedamos sin trabajo 14 obreros.

Sabiendo yo, que se me iba a detener por esos motivos y que serían molestados otros señores, el 26 de mayo hice un recorrido por la provincia de Alicante a fin de retirar de la venta el folleto que fue citado para evitar fuesen atropelladas personas dignísimas.

Llegué a Murcia el 28, y al salir de la Red de La Verdad fui detenido y llevado a la cárcel, saliendo el 29 acompañado de dos agentes en dirección a Madrid, donde en contra de lo que se ha dicho ni me ha interrogado el señor Galarza ni ningún otro policía hasta la fecha. Del señor Galarza, sólo sé que ha tratado por todos los medios de encontrar materia para procesarme pero como se ha comprobado que no he sido pistolero de ningún general, ha fracasado. En sus ―trabajos‖ ha sido secundado por el periódico Información que ha hecho una campaña de difamación escribiendo una novela de acuerdo con el Único por lo cual, cuando yo salga, ya que no podré querellarme, daré su merecido al Director y ese Alfonso Lapena, aunque por ello vuelva a la cárcel para no salir más.

Unos y otros saben que yo no he sido pistolero, es más que ignoro que Anido haya protegido a los enlutados del Libre. Pero el oro de los rojos apetece hasta a los periodistas.

Agradeceré a Vd. me acuse recibo de la presente, y en tanto le doy las gracias saludándole atentamente

El preso gubernativo J. Feced (firmado y rubricado) Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto.

[Nº 2] Carta del preso gubernativo Ramón Tarragó desde la Prisión de Zaragoza a Ángel Ossorio y Gallardo

Zaragoza, 30 de julio de 1931 Muy Sr. Mío: Me causó gran satisfacción al leer su carta dirigida al Presidente del Consejo

tan explicativa y tan llena de razones y bien poderosas por cierto, pero, al ver la contestación me causó cierta molestia, aunque en el fondo de mi corazón no dejo de comprender lo irrisorio de la respuesta tan afuera de la legitimidad dentro del fondo y forma de las leyes, máxime si se tiene en cuenta que esa respuesta sea de una autoridad como la del Sr. Alcalá Zamora.

Ahora bien: el 20 de mayo he sido detenido en mi domicilio (Monasterio de Piedra) y encarcelado en esta Prisión de Zaragoza sin que hasta la fecha se me haya tomado declaración alguna, a pesar de haberlo solicitado repetidas veces.


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¿No se me puede poner en libertad en las mismas condiciones del Sr. Cornejo y que me vigile la Guardia Civil del puesto donde resido ya que está allí mismo?

No quiero extenderme más, ya ha dicho V. bastante en su carta por lo cual no puedo menos de felicitarlo y adherirme a su sentido incondicionalmente.

Ramón Tarragó (firmado y rubricado) Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-


[Nº 3] Carta del abogado Luis Fernández-Polanco a Ángel Ossorio y Gallardo

Madrid, 20 de julio de 1931 Excmo. Sr. Mi respetado y querido Decano: Leo, con las esperanzas de cautivo, la carta de V. que hoy publica la Prensa

dirigida al Sr. Alcalá-Zamora, y creo verme aludido ¿será ilusión? En ese final de párrafo: «…abogo por todos los que, a consecuencia de sus ideas y no de sus actos criminosos determinados por los jueces, se encuentran hoy fuera de la Ley, por mandato del Gobierno». Aumentaría mi dolor si el Sr. Presidente provisional de la República me incluyese, por ínfimo entre los «malditos» del Tenorio, que ni siquiera salen a escena.

Ya han transcurrido más de dos meses que sigo expulsado de la provincia de Cuenca por orden del Gobernador civil de la provincia, y aquí estoy, peor que en la cárcel, con el suplicio de Tántalo, teniendo delante la recolección de cereales y productos de la ganadería sin que pueda aprovecharlos. ¿Será esto el principio de la Reforma Agraria?

He reclamado a todas partes y recordará V. el impulso suyo, muy agradecido, cerca del Sr. Fiscal de la República, y últimamente me he dirigido a las Cortes, pero todo es inútil; nadie me hace caso.

Los hombres de Derecho, lo mismo que pedimos, debemos someternos a todas las sanciones justas y hasta es una necesidad que se depuren responsabilidades y se exijan, sea quien fuere el culpable, pero lo que no puede tolerarse más es un «fusilamiento preventivo» sin resurrección posible.

Perdóneme, que ya comprenderá mi estado de ánimo, pero le ruego por todo lo de este mundo no me eche en olvido, que sobre la ruina material pesa más sobre mí esta interdicción ominosa e inacabable.

Le respeta y le admira s. affmo. a. y c. q. e. s. m. Luis Fernández-Polanco (firmado y rubricado) Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-


[Nº 4] Carta de Antonio Dubois a Ángel Ossorio y Gallardo Madrid, 12 de agosto de 1931 Admirado y querido D. Ángel: Como alguna vez me ha dicho usted que no había leído artículos en los que

me ocupaba de su gran personalidad y de su obra, le escribo para decirle que en La Libertad del sábado 8 le dediqué mi «estampa» y que en la de ayer martes 11, le aludo en mi artículo de primera plana titulado «El Decreto sobre la Herencia».


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Si usted cree que la posición que mantengo en ese artículo es científico y liberal, yo le agradecería le prestara usted atención en la forma que crea usted oportuno.

Sigo con el interés de siempre su actuación pública Toda la admiración y la estima a mi buen amigo Antonio Dubois (firmado y rubricado) Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-


[Nº 5] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Antonio Dubois Madrid, 18 de agosto de 1931 Mil gracias distinguido Dubois por sus amables alusiones en La Libertad. Si

no fuera por la generosidad de V. y de algunas otras personas ‒no muchas‒ llegaría a pensar que me he vuelto loco empeñándome en que los españoles vivan dentro del Derecho, como seres civilizados. Porque, a la verdad, un régimen de violación y atropello no lleva traza de enmendarse. ¡Y ahora hasta lo ríe la gente!

Siempre de su buen amigo affmo. Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-


[Nº 6] Carta de Benito Torres y Torres, Magistrado excedente a Ángel Ossorio y Gallardo

Ambite, 14 de agosto de 1931 Excmo. Sr. D. Ángel Ossorio y Gallardo Respetable amigo y admirado maestro: Sólo dos letras para felicitarle por su reciente intervención parlamentaria,

sentado como heredero único de nuestro gran D. Antonio (Q. G. H.). Ni me sorprende lo que sucedió, ni las finas ironías con que fustigó a unos

potros sueltos y al conglomerado de inconscientes demoledores, constituidos en feroz rebaño de lobos hambrientos, creadores de un ídolo hueco de palo dulce, que así propio se está relamiendo con la fruición del primer pecado capital, disimulando con su aparente bondad de pavo real en dulce y trufado.

Con la contestación de ex Ministro Alfonsino, que ahora preside, fue tan pintoresca y tan adornada de contrasentidos que el humo espeso de las flores secas, que con la vieja mirra el mismo incienso, pudo elevarse sobre la neblina que mojaba todo.

Dese por contento de que los líderes de los arbitrismos y las cosas chuscas escucharan sus razones recias sin interrumpirle mucho, y que no entendieran la ironeya fina de su saladísima conclusión, explicando lo que se propuso con la propuesta que retiraba.

Hay que resignarse con la convención, esperando que derive luego constituyéndose un Gobierno de capacidades en campo neutral y sin colorines, que prescindan de todo abolengo, para encauzar la vida económica y jurídica de la nación en el cuadro fijo de lo razonado con normas legales, que hagan imposible toda colisión entre las hermanas gemelas Justicia, Libertad, Orden, Criterio, Civilidad y Organización.


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¡Aristocracias, Democracias, Mesocracias, Repúblicas, Monarquías, Liberalismos, Conservadurías, Socialismo, y otras zarandajas! Ni son sustanciales, ni es nada esencial, sino arcaicos topicismos hueros, que el progreso manda retirar; porque los pueblos deben dirigirse a la conquista escueta de la justicia, el bien y la verdad, y estos principios no admiten banderas de los que alisten en el partido, ni ideal político con exclusiva, sino que ellos se mantienen siempre en el sitio que deben estar.

Por eso el problema actual de encauzamiento nacional están en que los tres principios dichos sean las directrices de toda actuación legislativa y gubernamental, escogiendo capacidades, competencias y en resumen gente a prueba, con prestigio suficiente y que demuestre buena voluntad, porque en definitiva, el problema del Mundo ha sido, es y será el buscar para que nos rijan hombres capaces y de competencia que con su ecuanimidad y actos vayan demostrando su practicismo, criterio y buena voluntad.

Perdonará el respetado amigo y admirable maestro, tanto la extensión, como el petulante tono profético que he terminado por darle a esta carta, que no tenía otro objeto ni finalidad que el felicitarle con toda efusión por el acierto e invariabilidad, con que sin vacilaciones y sabio criterio, se distingue su actuación política, social y de jurisprudente, sobre todas las de los demás.

Reponiéndome de la grave enfermedad que adquirí en Cáceres y que me ha obligado a pedir mi excedencia, por no quererme el Ministro trasladar, me encuentro en esta su casa del pueblo de Ambite (Madrid), donde tendrá siempre un placer en recibir sus noticias y sus órdenes, el que es incondicional amigo y devoto discípulo, que con respetuoso cariño estrecha su mano, reiterando la felicitación.

Benito Torres y Torres (firmado y rubricado) Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-


[Nº 7] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Benito Torres y Torres Madrid, 1931 Sr. D. Benito Torres Mi querido amigo: Cartas como la reciente en que me favorece usted, sirven de aliento para

que continuar en la línea de conducta que nos hemos trazado de una vez para toda la vida.

Mi discurso en la Cámara en defensa de los derechos individuales no ha encontrado muchos convencidos en aquel recinto. Hasta sabían todos allí que mis razones quedaban sin contentar; pero los ánimos no están ahora, por lo visto, para detenerse en escrúpulos jurídicos. No se me ocultan las particularidades de estos momentos críticos, singularmente propicios para mantener una atmósfera pasional en el Parlamento. Pero, aun a sabiendas de que mi proposición no había de prosperar, estimé en conciencia un deber romper una nueva lanza en defensa del sentido jurídico, al cual será necesario volver, si no se quiere caer en los funestos yerros pasados.

Muy reconocido a sus bondades, le saluda atentamente su affmo. s. s. q. e. s. m.

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado)


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Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto.

[Nº 8] Carta de Luis Zapatero González a Ángel Ossorio y Gallardo Valencia, 13 de agosto de 1931 Excmo. Sr. Mi querido amigo: Tengo una grande satisfacción en expresarle mi entusiasta enhorabuena por

su brillante defensa del derecho, de la ley, de la justicia y de las garantías individuales. Sin la brújula de la juridicidad y sin el timón de la ley, la nave del Estado corre inminente peligro de naufragar en los escollos de la convención o de la dictadura parlamentaria. (Véanse las facultades de carácter procesal y penal que en su dictamen, propone la Comisión de responsabilidades). Muy sinceramente lo siento por la República, de la que soy leal partidario; pero, soy fiel servidor del derecho, de la ley, de la justicia y de la verdadera democracia.

Le envía un cariñoso apretón de manos su compañero y buen amigo. Supongo que recibiría V. mi carta del mes pasado. Se la dirigí al decanato

del Colegio de Abogados. Me urge respuesta. Luis Zapatero González (firmado y rubricado) Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-


[Nº 9] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Luis Zapatero González Madrid, s. d., agosto de 1931 Sr. D. Luis Zapatero Mi querido amigo: Agradezco muy de veras su amable felicitación con motivo del discurso que

hube de pronunciar en la Cámara días pasados. Era obligado mi defensa del Derecho ante el Gobierno, con tanto mayor

motivo por cuanto el sistema de libre arbitrio respecto a las detenciones gubernativas no haya excusa en razón alguna de necesidad imperiosa.

Nunca ha encontrado un gobierno más accesible un camino para obtener del Parlamento la aprobación de una ley que confiera facultades excepcionales al Poder ejecutivo. Lo peor sería que tuviesen que emplear algún forcejeo por presentarla tardía e inoportunamente.

Cordialmente reconocido en sus palabras de aliento, me es justo reiterarme de usted su affmo. y buen amigo q. e. s. m.

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-


[Nº 10] Carta de Manuel Gómez Cealta a Ángel Ossorio y Gallardo Madrid, 12 de agosto de 1931 Muy Señor mío y de toda mi consideración: Tengo mucho gusto de felicitar a Usted por su interpelación al Gobierno

verificada ayer, con motivo del incumplimiento por parte del mismo, de las disposiciones que regulan los derechos individuales. He leído la Sesión del Congreso de ayer en los diarios La Voz y La Libertad; donde aparecen también los juicios que su interpelación ha merecido a los redactores de dichos


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periódicos. No son iguales los extractos de dichas crónicas; pues están algo amañadas. Y menos los juicios merecidos. Sin embargo, las crónicas me han convencido de que el actual Gobierno, que tanto alardea de sumisión a la Ley, la quebranta cuando le conviene, como han hecho todos los Gobiernos que he conocido en los setenta y cuatro años que tengo de edad. Y su desfachatez llega al extremo de alegar que no hay Ley, porque La Dictadura derogó todas las que había. De modo que para unas cosas la hay y no para otras. Y para la misma cosa la hay o no, según los casos.

Sus contradictores no me han convencido de la sin razón de Usted; pues no es convincente que Usted haya dejado incumplida la Ley cuando era autoridad. Porque no se juzgaba a Usted, sino al tema de si el Gobierno respetaba, o no, los derechos individuales, conforme a sus manifestaciones de mantenedor de la libertad y de los derechos de ciudadanía. Yo aplaudo el valor que ha tenido Usted para interpelar a un Gobierno bolchevique y ante una Cámara veneradora del nuevo Lenin.

Porque estamos bajo la tiranía de la Alpargata. El Gobierno aumenta en una décima la contribución territorial y la industrial, y autoriza a los Municipios para recargar en una décima los Arbitrios y Impuestos municipales. Y contrae empréstitos onerosos alegando que necesita mantener a la chusma envilecida para que ésta no despoje a los que con trabajo y sacrificios tienen dos pesetas. Yo me opongo a tal gestión ministerial, porque me es indiferente ser despojado de mis ahorros por la canalla insolente, o serlo por el Gobierno en compañía del Municipio. El resultado es para mí lo mismo.

Ahora dispondrán que el que tenga un solar, construya en él o lo malvenda si no tiene dinero para ello. La reforma agraria es otro despojo: pues se indemnizará a los propietarios en papel de la Deuda emitida a la par y cotizable en Bolsa. Pero la Deuda reguladora está hoy a 61,25 y bajará al 50. Por lo tanto la indemnización será de la mitad del valor de la finca expropiada.

¿Le convence a Usted que el bolcheviquismo es hoy quien tiene el Poder? Los obreros que tengo de inquilinos, no me pagan los alquileres y no puedo echarlos judicialmente, sino amistosamente, para que no me estropeen la finca en venganza, aprovechándose de su insolvencia.

Le ofrece a Usted mis respetos y amistad. He sido republicano hasta el 1º de agosto, porque esta República es peor

que la de 1873. Manuel Gómez Cealta (firmado y rubricado) Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-


[Nº 11] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Manuel Gómez Cealta Madrid, s. d., agosto de 1931 Sr. D. Manuel Gómez Cealta Muy distinguido señor mío: Agradezco muy sinceramente su amable felicitación con motivo de mi

reciente discurso en defensa de los derechos individuales. No comparto por completo sus juicios acerca de la política social y

económica del Gobierno. Piense usted que en el mundo entero se advierte una inquietud azarosa aun cuando en otros países tienen de antiguo resueltos casi todos los problemas que ahora se alzan airosamente en España ante el nuevo régimen. No son momentos los más adecuados estos actuales para arremeter


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contra el gobierno a cuenta de sus posibles desaciertos; antes bien, conviene fortalecerle con la asistencia desinteresada de quienes ponen por encima de sus querellas de secta el espíritu de solidaridad nacional.

Cordialmente reconocido a su atención me es grato ofrecerme con este motivo de usted atte. s. s. q. e. s. m.



[Nº 12] Carta de Joaquín López Gallén a Ángel Ossorio y Gallardo Onda, 1 de agosto de 1931 Sr. D. Ángel Ossorio y Gallardo Muy distinguido Señor mío: Creyendo cumplir un deber de ciudadanía me dirijo a Vd. para felicitarle muy

efusivamente por su afortunada gestión a favor de los detenidos gubernativos por motivos políticos (sean comunistas o monárquicos) más tiempo del que disponen las leyes; abuso que, de buena fe, creíamos desterrado con el tan deseado advenimiento de la República.

Somos legión los que esperábamos que a todo detenido se le formaría el correspondiente expediente, y de encontrarle materia delictiva, sería procesado y sin demora juzgado; ingresando de nuevo en la cárcel solamente, únicamente en virtud de sentencia judicial.

Felizmente Vd. ha colaborado para que así sea, con lo cual, entendemos que Vd. ha prestado un gran servicio a la República, reclamando en este orden el imperio de la ley y defendiendo la verdadera libertad; rechazando elegantes sutilezas, que sólo prueban la equidistancia de un deseo de agradar a la galería y el olvido de que el pueblo que trabaja y sufre sólo se irrita cuando la Justicia no se administra por igual a todos.

Deseándole una dilatada vida para bien de España y de la República le saluda afectuosamente su más entusiasta admirador y s. s. q. e. s. m.

Joaquín López Gallén (firmado y rubricado) Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-


[Nº 13] Carta de Emilio Díaz Caneja a Ángel Ossorio y Gallardo Santander, 15 de agosto de 1931 Sr. Don Ángel Ossorio Mi admirado amigo: Aunque nada signifiquen, ni por invariablemente reiterada nada nuevo le

digan, no quiero privarle del placer de enviarle mi felicitación cordialísima y adhesión inquebrantable por su actuación en las Cortes. Corresponde esta a la norma jurídica que inspira sin vacilación su conducta admirable, que, pese a algunas apariencias, es de esperar no hagan incompatible con un sentimiento profundamente republicano.

Cuantos sinceramente deseamos una consolidación y depuración de la República debemos lamentar que no sea unánimemente estimada la valía de su altísimo consejo. En este debate, a diferencia del paso famoso de la literatura picaresca, el alcalde rebuznó en balde.

De Vd. constante admirador y amigo q. e. s. m.


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Emilio Díaz Caneja (firmado y rubricado) Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-


[Nº 14] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Emilio Díaz Caneja Madrid, 23 de agosto de 1931 Sr. D. Emilio Díaz Caneja Mi querido amigo: Mil gracias por su cariñosa felicitación con motivo de mi intervención

parlamentaria de hace días. Crea Vd. que me consuela de muchos silencios y de muchas incomprensiones. Lo más lamentable sería que algún día dijeran todos, lamentándose, que había tenido razón.

Muy suyo, como siempre, buen amigo q. e. s. m. Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-


[Nº 15] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Manuel Azaña Madrid, 16 de diciembre de 1931 Mi distinguido amigo: He agradecido a V. mucho los términos considerados y afectuosos en que

se ha servido V. contestar a mi instancia suplicando que tuvieran fin las medidas excepcionales coactivas a la libertad individual. Aunque continúe viva nuestra discrepancia al apreciar la ley de defensa de la República, siempre destacará en la contestación de V. la grata noticia de haber tenido término las detenciones gubernativas en toda España.

He creído de mi deber dar conocimiento de esta afirmación de V. a un grupo de compañeros en el cual estaban los Decanos de otros varios Colegios, pero me he encontrado sorprendido con que el de Pamplona nos ha noticiado que desde el día 3 se encuentran en aquella cárcel siete (me parece que son siete) detenidos gubernativos, con ocasión de un pequeño disturbio que se produjo en la Diputación provincial a propósito de la exhibición de las banderas. Hemos hablado por teléfono con Pamplona esta misma tarde y nos han asegurado que los detenidos continuaban en la cárcel.

¿Es prisión gubernativa? ¿Es aplicación de la ley de defensa de la República? En las dos semanas transcurridas, debe haber habido posibilidad para que esto quede claro. Pero aunque se tratase de esto último, siempre resultaría que antes de la aplicación de la ley se impone un arresto ajeno a toda norma jurídica. Yo estoy seguro de que en cuanto V. reflexione sobre el caso hará que el lamentable episodio tenga término, para que yo pueda volver a leer la amable contestación de V. sin el tropiezo que he tenido al hacerlo hoy.

Perdóneme V. que tenga que molestar su atención tantas veces en asuntos de esta índole. España está ansiosa de vivir en un régimen normal al amparo de los Códigos y de los jueces. Habrá que rendirse a la necesidad contraria en casos de alteraciones graves de positivo peligro; pero estos minúsculos sucesos que pueden tener tramitación adecuada en los Juzgados municipales o, cuando más, en los de instrucción, no merecen un trato excepcional y riguroso, contra el cual cunde la protesta, no entre adversarios de la República, sino entre gentes sensatas y serenas.


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Perdóneme una vez más y reciba por anticipado el reconocimiento de su affmo. amigo q. e. s. m.

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado). Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil,

Madrid, Sección político-social, legajo 736, documento suelto. Publicado por Patricia Zambrana Moral, ―El epistolario (1929-1936) del Ángel

Ossorio y Gallardo con los Ministros, Jefes de Gobierno y Presidentes de la Segunda Repöblica‖, en Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación, 19-20 (Diciembre 1996), pp. 5566-5567.

[Nº 16] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Manuel Azaña, Presidente del Gobierno

Madrid, 1931 Mi ilustre amigo: Lo que voy a decirle en esta misiva es lo que públicamente le hubiera dicho

en las Cortes, si no estuviera suspendida ‒discreta y oportunamente‒ la sección de ruegos y preguntas mientras se desenvuelve el debate constitucional.

Ha prohibido el Gobierno las propagandas revisionistas. Sin duda, a los Sres. Ministros le parecen muy mal. A mí también. No lo razono, porque sería desconsiderado hacerlo precisamente en este instante. Pero la vida política española no puede subordinarse a lo que pensemos nosotros ni otros cien mil como nosotros, sino a lo que trae la legalidad, marco de todas las actividades y garantía de todos los derechos. Importa vindicar un concepto de libertad sencillo, ingenuo, doceañista: los ciudadanos pueden hacer todo aquello que la ley no prohíba; el criterio de los gobernantes no debe suplantar al texto de la ley; la opinión que nos desagrada no debe ser asfixiada sino contradicha.

¿Conspiran los revisionistas? Castígueseles con arreglo al Código Penal. ¿Caen en algunos preceptos del aparato ortopédico, llamado ley de defensa de la República? Aplíqueseles sin contemplaciones. Pero si no se hallan motivos ni para una cosa ni para otra, déjeseles en libertad para razonar su equivocado punto de vista, su indiscreta aspiración, su crítica injusta y apasionada; y opongan los agredidos razones más fuertes, verdades más indiscutibles y propagandas más fervorosas. En estas polémicas ‒en todas‒ es más cómodo suprimir al contradictor que vencerle, pero es menos decoroso.

Ni siquiera puede cohonestarle la medida, por el tumulto que, frente a los revisionistas, suscitan sus adversarios, con riesgo de la paz pública; primero, porque eso sería erigir a una de las partes en juez; y después, porque quien menos derecho tiene al alboroto es aquél grupo que se halla en posesión del Poder.

Esto de la dictadura, Sr. Presidente, va siendo ya una pesadilla para los españoles. La Monarquía cayó por haberse identificado con la de Primo de Rivera. Algunos que propugnan ahora una República "de orden", creen que sólo podrá lograrla una dictadura. Los que piensan en una solución socialista, previenen que, por prematura, sólo cabría sostenerla mediante una dictadura del proletariado. Y el Gobierno mismo muestra extremada propensión a poner, por encima de la norma jurídica, su arbitrio y su voluntad... ¿Estaremos condenados los españoles a vivir, bajo cualquier sistema político, sin dignidad cívica?


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Deje el Gobierno hablar a todo el mundo, mientras al hacerlo no delinca. Respete los pareceres opuestos. Ponga confianza en los métodos de libertad. Acuérdese de lo que decíamos frente a las coacciones de los seis años bochornosos. Y persuádase de que para matar la idea no existe más que un arma eficaz: otra idea. En un bello libro ha dicho Vd., hablando de sí mismo: «el alma de déspota constructor que llevo dentro, dormita». Como Vd. lleva dentro, además, un gran talento y una noble intención de ser útil a España, le será facilísimo prestar oídos a esta insinuación respetuosa: despierte Vd. al constructor y deje que el déspota siga durmiendo.

Con la mayor consideración y el mejor deseo para su éxito, soy siempre su leal y afectísimo amigo,

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil,

Madrid, Sección político-social, legajo 736, documento suelto. Publicada por Patricia Zambrana Moral, ―El epistolario (1929-1936) del Ángel

Ossorio y Gallardo con los Ministros, Jefes de Gobierno y Presidentes de la Segunda Repöblica‖, en Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación, 19-20 (Diciembre 1996), pp. 5567-5568.

[Nº 17] Carta de Miguel Peydro a Ángel Ossorio y Gallardo Lorca, 15 de agosto de 1931 Sr. D. Ángel Ossorio: Querido y respetado D. Ángel: Aunque Vd. parece que ya no hace caso de mis cartas ni de mis

felicitaciones, yo sin embargo no dejo ocasión de testimoniar a Vd. mi sincera admiración y mis francas muestras de amistad y cariño; días pasados en ocasión de visitar Madrid para unos asuntos de Lorca estuve en su casa donde hablé con su Secretario, quien me manifestó que no se encontraba Vd. en casa, hubiera tenido infinito gusto en saludarle personalmente.

Hoy, en vista de la descarada e injusta crítica que hace la prensa de su interesante y preciosa proposición no me he podido contener y he mandado a la prensa local las cuartillas que publicadas yo le mando en esta misma carta.

Sin otro motivo y esperando me escribirá Vd. quedo siempre a sus disposiciones amigo y s. s.

Miguel Peydro, Estudiante de Derecho (firmado y rubricado) Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-


[Nº 18] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Miguel Peydro Madrid, 1931 Sr. D. Miguel Peydro: Mi distinguido amigo: Sentí mucho no haberme hallado en casa cuando usted tuvo la bondad de

honrarla con su visita. Me hubiera gustado departir con usted, cuya juventud noble y austeramente asentada, permite fundar esperanzas muy halagüeñas.

He leído la crónica en que glosa usted mi discurso en la Cámara. Aparte su obsequiosidad para conmigo, que cordialmente le agradezco

mucho de ver en su somero apunte un estilo ceñido y suelto que acredita su


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sobriedad. No es ciertamente tiempo perdido para un abogado el que emplea en el ejercicio literario.

Sinceramente, reconociendo a sus bondades, le saluda con todo afecto su atto. amigo y s. s. q. e. s. m.



[Nº 19] Carta de seis presos políticos de la Prisión Central de Burgos a Ángel Ossorio y Gallardo

Burgos, 9 de abril de 1933 Señor: Habiendo llegado a nuestros oídos la nueva de que el Gobierno de la

República, generosa siempre con los que sufren, abriga la intención de conceder una Amnistía para delitos Político-Sociales en conmemoración del 2º aniversario de su proclamación, a S. S. tenemos el honor de elevar una ardiente súplica:

Encuéntranse en esta Prisión Central seis desgraciados que por haber reincidido han perdido el indulto de 14 de abril de 1931. Estos desdichados piden les sea condonada la pena que les resta extinguir por delitos cometidos con anterioridad a la República y ya indultados anteriormente en su totalidad.

No osarían elevar a S. S. esta ferviente petición si con todos los que se encuentran en su misma situación se hubiera procedido de igual forma, pero no ha sido así; la infinita mayoría de los que el citado indulto abrió las puertas de la libertad y de nuevo delinquieron al terminar su nueva sentencia viéronse libres sin sufrir como estos seis la amargura de quedar retenidos y ver sin efecto para ellos el citado Decreto de Indulto.

Señor: no pedimos un nuevo indulto después de los dos con que nuestra amada República ha mostrado su infinita generosidad, pero sí anhelamos sea de nuevo válida para nosotros el bien perdido.

Por lo expuesto tenemos el honor de acudir a Vd. cuyo recto proceder y noble corazón nos es conocido para rogarle se sirva interesar por esta petición por cual alcanzarían el inapreciable don de la libertad.

Viva S. S. muchos años para bien de los que sufren Alberto Martínez, Pedro Vivanco Catalá, Cipriano García, Cleto Majada,

Julián Cerdón (firmado y rubricado) Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 738, documento suelto.


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EL «ARTE BREVE DE LA INVENCIÓN DEL DERECHO» DE RAMON LLULL (EDICIÓN CRÍTICA DE 2015 DE RAMIS SERRA

Y DE RAMIS BARCELÓ) Guillermo HIERREZUELO CONDE

RESUMEN: Ramis Barceló destaca que Ramon Llull fue acercándose cada vez más al pensamiento aristotélico, aunque también hizo suya la idea de Dios, en cuanto que era justicia y actuaba justamente. Además, asumió, en palabras de Ramis Barceló, un planteamiento filosófico, natural y lógico, con la pretensión de reducir el Derecho a ciencia argumentativa. Otra aportación del mallorquín era aquella que aplicaba el método, a través del Arte, a los distintos saberes particulares de forma que pretendía partir de unas raíces y troncos comunes. Así elaboraría un método común, partiendo de unos principios comunes a todas las disciplinas, y aplicable a todos los saberes. Esta obra está dividida en diez distinciones. En la distinción 1ª enumeraba los principios y reglas. En la 2ª distinción, que gira en torno a la deducción, pretendía establecer una relación entre la justicia y los principios para concluir si aquélla era buena, grande, duradera, etc. La distinción 3ª está dividida en doce partes: sustancia, simplicidad, necesidad, debido, abstracción, general, manifiesto, causa, signo, generación, dominio y forma. El capítulo central del libro está localizado en la distinción 4ª, que se refería a los Derechos, clasificados en: Derecho divino, Derecho de gentes, Derecho natural y positivo. En la distinción 5ª enumeraba hasta cinco potencias del alma. La distinción 6ª se refería a la explicación y examinaba las leyes y los cánones, como mecanismos para estudiar y aplicar el Derecho. La siguiente era la mezcla de principios y reglas, ya que sólo a través de la combinación de principios y reglas el intelecto podría encontrar por sí mismo Derechos innumerables. Pero además era necesario lograr la aplicación de la solución de las cuestiones al texto del Arte (distinción octava). Esta cuestión a su vez es analizada en siete partes. También se refiere a los mecanismos para dar consejo en la distinción novena. En la última de las distinciones diferenciaba entre el Derecho civil y el canónico. PALABRAS CLAVE: Ramon Llull, Justicia, Derecho natural, Derecho canónico.

Ramis Barceló destaca que la obra de Llull fue acercándose y adaptándose

cada vez más al pensamiento de Aristóteles, haciendo suya la lógica aristotélica y el uso de la silogística. Pero este acercamiento al estagirita no alteraba la lógica ontológica del Arte en la que se fundamentaba el pensamiento filosófico-teológico de Llull (p. 34). Sin embargo, este discurrir en todo momento se hizo en base al discurso y argumentación jurídicos, tal y como se expresa en el título (inventione iuris). Rafael Ramis valora esta obra indicando que «creemos que el Arte breve de la invención del derecho debería considerarse una obra de transición desde el Arte hacia la llamada época post-artística, en la que se dan la mano tanto la estructura del Arte como las innovaciones basadas en los Tópicos aristotélicos» (p. 34).

Pero este acercamiento al pensamiento aristotélico no fue por igual a lo largo de la evolución de Ramon Llull, como nos recuerda Ramis Barceló: «a partir de 1295, parecía que quería superar la teoría aristotélica de la argumentación, a través de una suerte de modelo alternativo o complementario al del Estagirita.


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A partir de 1303, y cada vez más conforme pasaban los años, Llull dejó de confiar ciegamente en su Arte, entendido de forma autosuficiente como 'mejor libro del mundo', y se interesó en los desarrollos aristotélicos (silogismos, falacias...) para la postrera presentación de su Arte en París» (p. 35). Por otro lado, Ramis Barceló destaca que, en esta obra, «el derecho natural no se encontraba en la estructura del Arte, sino que éste era un sistema que contenía reglas y principios, así como técnicas argumentativas para construir silogismos demostrativos» (p. 59), que eran universales. En otro ámbito, Ramon Llull consideraba que la justicia requería necesariamente la idea de Dios, hasta el punto de afirmar, en otra de sus obras, que puesto que Dios era justicia, Dios hacía justamente. Una de las principales aportaciones de Llull fue el método, de forma que aplicó el Arte a los distintos saberes particulares para que todos tuvieran unas raíces y tronco comunes. Para alcanzar este objetivo se sirvió de los principios y las reglas, simplificando la metodología jurídica. De hecho, consideraba que, al relacionarse los principios divinos con la justicia, se alcanzaría una solución más conforme al Derecho natural, en definitiva, más universal y menos casuística, al tiempo que respeta la doctrina cristiana.

Rafael Ramis consideraba que «en el Arte breve de la invención del derecho se dan la mano la estructura del Arte con las distinctiones de corte neoplatónico y los silogismos de la lógica aristotélica» (p. 66). En otro aspecto se acercaba a la obra de Cicerón, que pretendía reducir todo el Derecho civil a arte (p. 67). En efecto, Ramon Llull era su intención la de lograr un método común a todos los saberes, partiendo de unos principios comunes a todas las disciplinas. Su metodología fue estudiada en el tránsito entre el Renacimiento y el Barroco por algunos autores: Pierre de Grégoire, Giulio Pace (1550-1635), Miguel Gómez de Luna y Arellano (fallecido en 1662) y Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716).

Ramis Barceló define la figura del mallorquín Ramon Llull con los siguientes términos: «epistemólogo, teólogo, apologista, misionero y reformador» (p. 18). Su obra Arte breve de la invención del Derecho se presenta como «un libro relativamente largo y muy técnico, compuesto en este período tan crucial de la vida de Llull» (p. 18). Con anterioridad a esta obra en latín había escrito tres libros sobre la aplicación del Arte al Derecho: Liber principiorum iuris (1273-1275), Ars iuris (1275-1281) y Ars de iure (1304). La valoración que nos ofrece Ramis Barceló indica de forma rotunda que «Llull no cambió de parecer y sus ideas siguieron siendo las mismas, en lo esencial, desde el Liber principiorum iuris al Arte breve de la invención del derecho civil» (p. 21). Además, es «deudor tanto del Ars generalis ultima como de su versión más reducida, el Ars brevis» (p. 32).

Este extenso libro hace un planteamiento filosófico, natural y lógico, con la pretensión de reducir el Derecho a ciencia argumentativa (p. 93). Está dividido en diez distinciones, siguiendo a Platón y los textos justinianeos. En la distinción 1ª (pp. 95-100), que trata sobre los principios y reglas, enumera los dieciocho principios: bondad, grandeza, duración, potestad, sabiduría o intelecto, voluntad, virtud, verdad, gloria, diferencia, concordancia, contrariedad, principio, medio, fin, mayoridad, igualdad y minoridad (pp. 95-97). En cuanto a las reglas, enumeraba las mismas que las del Ars brevis. A continuación menciona diez reglas o cuestiones generalísimas que trataría sobre las demás cuestiones que se regulan en virtud de ellas. Estas reglas son las siguientes: ¿existe o no existe?; la quiddidad; la materialidad; ¿por qué existe el hombre?; la cantidad; la cualidad; el tiempo; el lugar, la modalidad y,


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finalmente, la instrumentalidad. En la distinción 2ª (pp. 101-107), De la deducción, pretende relacionar la justicia y los principios para determinar si la justicia era buena, grande, durable, etc. En la segunda distinción se refiere a la deducción de la justicia o del Derecho mediante principios ‒la justicia es buena, grande, durable, poderosa, inteligible, amable, virtuosa, verdadera, gloriosa o deleitable, diferente, concordante, contrariante, principio, medio, fin, mayor, igualdad, pero también es menor‒, e igualmente a la deducción de la justicia o Derecho mediante reglas, que permitan ofrecer una respuesta a preguntas como: qué es la justicia; qué tiene en sí la justicia coesencial para sí; qué es la justicia en otro; qué tiene la justicia en otro; de qué es la justicia; de quién es la justicia; por qué hay justicia; cuánta es la justicia; cuál es la justicia; cuándo hay justicia; dónde está la justicia; de qué modo hay justicia; y también con qué hay justicia.

En la distinción 3ª (pp. 108-114), De la conspección, se refiere a la conspección entendida, en palabras de Ramis Barceló, como «la visión dialéctica del mundo, la necesaria correspectividad o coexigencia metafísica en la contemplación de lo creado» (p. 40), y serían doce partes: sustancia, simplicidad, necesidad, debido, abstracción, general, manifiesto, causa, signo, generación, dominio y forma. La tercera distinción se divide, a su vez, en doce partes: la oposición de la substancia y del accidente; lo simple y lo compuesto; lo necesario y lo contingente; lo debido y lo gratuito; lo abstracto y lo concreto; lo general y lo especial, lo manifiesto y lo secreto; la causa y la ocasión; el signo y lo significado; la dominación y la servidumbre; pero también la forma y la materia. En otro aspecto, la distinción 4ª (pp. 115-130) hace referencia a los Derechos, y en realidad constituye el capítulo central del libro, clasificándolos en cuatro: Derecho divino, Derecho de gentes, Derecho natural ‒que se obtendría mediante el silogismo demostrativo o verdadero‒ y Derecho positivo ‒mediante el dialéctico o probable‒. Llull destaca que «estos derechos son comunes y generales para todos los derechos, que pueden existir; pues salvo éstos, ningún otro derecho puede hallarse. El derecho divino está en sí por lo anterior (per prius) y lo posterior (per posterius), pero el derecho de gentes, por la igualdad (y) el derecho natural, por su parte, por la naturaleza; el derecho positivo, ciertamente, por la congruencia» (p. 115). En otro ámbito, el Derecho de gentes «es la igualdad, que causa vivir igualmente de los bienes de Dios» (p. 116), pero también con la justicia y con las definiciones de otros principios. Por otro lado, el Derecho natural es el objeto del intelecto para entender, y se obtiene de cinco modos: por medio de la primera deducción de la predicación; por la segunda; mediante la investigación del medio natural, existente entre el sujeto y el predicado; por la deducción de la naturaleza, discurrida mediante las reglas; y, finalmente, a través de la argumentación (pp. 118-124). Sin embargo, el Derecho positivo se presenta como el objeto del intelecto mediante la confianza en creer, y utiliza el silogismo dialéctico, a diferencia del Derecho natural que se sirve del demostrativo (pp. 125-130). La distinción 5ª, referente a las potencias, diferenciaría hasta cinco potencias del alma: el intelecto, la voluntad, la memoria, la imaginación y los sentidos (pp. 131-148). Pero estas potencias hay que ordenarlas para discurrir utilizando los principios (grandeza; perseverancia; potestad; voluntad; virtud; verdad; gloria o deleite; diferencia; concordancia; o contrariedad) y las reglas, de forma que permitan al jurista perseguir y hallar los Derechos. Por otro lado, la 6ª estaba referida a la explicación (pp. 149-173), y examina las leyes y los cánones, como


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mecanismos para estudiar y aplicar el Derecho. En otras palabras, Llull aludía a la necesidad de interpretar el Derecho, influyendo en Friedrich Karl von Savigny (1779-1861). Ramon Llull analiza en el modo de tratar los Derechos no sólo la exposición, sino también la prueba (temptatione), la comparación, el antecedente y consecuente, así como la defensa. También nos indica algunas leyes en el Derecho civil: cualquier definición en el Derecho civil es peligrosa; el Derecho es el arte de lo bueno y de lo igual; los preceptos del Derecho son: vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo; las leyes se caracterizan por mandar, prohibir, permitir o castigar; la jurisprudencia es la noticia de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y lo injusto; la buena fe no soporta que lo mismo se exija dos veces; la equidad debe esperarse en mayor grado en Derecho; y, además, todas las cosas que se juntan por el Derecho, perecen por el Derecho. Aunque el Derecho canónico también tiene sus propias cuestiones, que trata Ramon Llull con detalle. La distinción 7ª, sobre la mezcla de principios y reglas (pp. 174-176), establecía, según precisa Ramis Barceló, que «a través de los principios y las reglas, podían construirse cámaras para la resolución de los casos» (pp. 53-54). A continuación, se haría necesaria la aplicación del principio explicado al explicado; del principio implicado al explicado; del principio a las reglas; de la regla a la regla; de cualquier tipo de ley o canon alegado; de un Derecho a otro Derecho. A través de la combinación de principios y reglas el intelecto podría hallar por sí mismo Derechos innumerables. Estos Derechos se clasificarán en grado positivo, grado comparativo, grado superlativo o la argumentación. Y, finalmente, de la aplicación de la solución de las cuestiones al texto del Arte (distinción 8ª) (pp. 177-179). Además, dividía esta cuestión en siete partes: la aplicación del principio explicado al explicado, de forma que cuando el jurista aplique en el juicio un principio explicado para explicar otro se manifestará el Derecho; la aplicación del principio implicado al explicado, en cuanto que aplicamos la justicia, que es un principio implicado, a los principios explicados, en la medida en que se deducen mediante todos los principios; la aplicación del principio a las reglas para obtener y hallar los Derechos; la aplicación de la regla a la regla, siempre que no sean contrarias; la aplicación de cualquiera del que se inquiere al texto de la distinción; y, en último lugar, la aplicación de la solución de las cuestiones al texto de este Arte. En penúltimo lugar, la distinción 9ª, del consejo, en la que analiza los mecanismos para dar consejo (pp. 180-183). A juicio de Ramon Llull existirían tres modos de consejos: el deducido mediante los principios de grandeza, duración, intelecto, amor, virtud, verdad, gloria, diferencia, concordancia, contrariedad, el principio, el fin, la mayoridad, la igualdad, la minoridad, o los principios antedichos con sus definiciones para hallar el consejo artificiado e infalible, y revestido de la noticia general; mediante reglas; aunque también mediante las distinciones de este Arte, en la medida en que del consejo se predican todos los principios. Y, finalmente, las cuestiones (distinción 10ª) de Derecho civil y canónico, así como las cuestiones de este Arte (pp. 184-233). En la propia definición de la bondad se encuentra la propia justicia, ya que sin la justicia no existiría razón para que el bueno haga el bien. Por otro lado, la justicia explicada sería el hábito, nombrado por el afato, mientras la justicia implicada sería el hábito, no nombrado, existente en potencia. Por ello, Llull manifiesta que tiene los siguientes rasgos: buena, grande, durable, poderosa, inteligible, amable,


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virtuosa, verdadera, diferente, concordante, contrariante, principio, medio, fin, mayor, igualdad, pero también minoridad (pp. 198-200).

Este libro recoge la traducción al español de la última obra de Ramon Llull, Ars brevis quae est de inventione iuris (1308). En el 2011 ya se tradujo en esta misma colección Ars de iure, escrita cuatro años antes. Sin duda, es uno de los clásicos que hay que rescatar y divulgar su conocimiento para una mejor comprensión de la metodología jurídica. Además, el Estudio Preliminar de Ramis Barceló nos hace una aproximación a la obra, y permite un mejor análisis, valoración y estudio de la figura de Ramon Llull. [Recibido el 18 de diciembre de 2015].

GOBERNAR Y ADMINISTRAR JUSTICIA: NAVARRA ANTE LA INCORPORACIÓN A CASTILLA


RESUMEN: En 1512 Navarra fue conquistada por Castilla, aunque en los tres años siguientes se mantuvo como reino independiente, e incluso hasta bien entrado el siglo XIX conservaría sus propias normas y sus Cortes. Alfredo Floristán Imízcoz nos ofrece una nueva visión de la conquista de Navarra. Además, señala que, con anterioridad a la conquista de Navarra, ya se había iniciado una convergencia con la Monarquía castellana. Otra cuestión es la relativa a los escribanos y procuradores. En efecto, Ana Zabalza Seguín trata esta temática de los representantes del tercer estado en las Cortes de Navarra tras la incorporación al reino de Castilla. En cuanto al problema de la justicia e identidad política en las dos Navarras en el Antiguo Régimen, Rafael D. García Pérez destaca que, con la conquista de Navarra en 1512, por parte de Fernando el Católico se conformó la Alta y la Baja Navarra. Ambas compartían el Fuero General, aunque cada una con sus peculiaridades y su autonomía. Según señala Tamar Herzog, la unión de España y Portugal también afectó en las Américas. Durante algún tiempo, los portugueses fueron declarados de hecho españoles, logrando la naturalización automática con el transcurso del tiempo. Esta situación propició que fueran llamados españoles criollos de Portugal. Tras su incorporación en julio de 1512, Navarra inició una nueva etapa, según el estudio que nos ofrece Mercedes Galán. En 1515, Fernando el Católico la incorporó a la corona castellana, aunque conservando sus propias instituciones, pero posteriormente, en la Edad Moderna se elaboraron diversas colecciones jurídicas: entre las oficiales destacaron las de Antón de Chavier (1686) y Joaquín de Elizondo (1735), y, entre las no oficiales: las Ordenanzas Viejas (1557) y las Ordenanzas Nuevas, ambas de Pasquier. Pilar Arregui Zamorano estudia el marco jurídico de la procura en Navarra. El Fuero de Viguera y Val de Funes establecía una diferenciación entre el procurador, que se personaba en el pleito en lugar de su dueño, y el abogado, que aconsejaba a su cliente en términos jurídicos. En 1528 se redactó la primera versión del Fuero Reducido de Navarra, que recogía el Derecho navarro con un lenguaje claro y de forma reducida. Massimo Meccarelli describe el proceso penal en la época del ius commune destacando que «el derecho es el instrumento de la determinación de la justicia». En esta etapa el proceso no tenía únicamente una condena o la absolución, siendo posible una absolución parcial o


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pendiente, e incluso interrumpirse temporalmente. Además, el juez se presentaba como la figura central, y existía una flexibilidad de las interacciones en el proceso. En la fase final del siglo XVII, con el facere iustitiam se pretendía hacer referencia al momento de administración de la justicia. Al analizar la Administración de justicia en la Francia de los siglos XVI a XVIII, Jérôme Slonina diferencia en el periodo comprendido desde la Edad moderna hasta la segunda mitad del siglo XVIII entre la Justicia delegada y la retenida. Luis XV reformó la política real en 1771, pero en 1774 su sucesor volvió a restaurar el sistema anterior. La posterior reforma de 1778 suprimió el poder político de los Parlamentos, y con la llegada de la Revolución francesa se hizo "tabula rasa".

PALABRAS CLAVE: Navarra, Edad Media, Luis XV, Fuero reducido de Navarra.

En la alta Edad Media, Navarra se conformó como reino independiente,

creando sus propias instituciones y monarquía. En efecto, en 1512 el reino de Navarra fue conquistado por Castilla, en concreto por el duque de Alba. Sin embargo, entre 1512 y 1515 Navarra continuó como reino independiente. A consecuencia de este hecho, Fernando el Católico inició el 7 de julio de 1515 el proceso de incorporación de Navarra a la corona de Castilla, aunque manteniendo como especial estatus su condición de reino separado, sus instituciones y su propio Derecho. De hecho, Galán Lorda afirma que «el reino de Navarra conservó y aplicó una normativa propia, diferenciada de la castellana hasta bien entrado el siglo XIX. Al conservar Navarra sus instituciones propias, disponía de unas Cortes que ejercían el poder legislativo junto con el rey. Tradicionalmente se ha aludido al difícil equilibrio rey-reino que, en muchos momentos a lo largo de la Edad Moderna, se planteó en relación con Navarra» (p. 14).

Interesante es la visión revisionista, desde el punto de vista historiográfico, sobre la conquista de Navarra en el año 1512 que nos ofrece Alfredo Floristán Imízcoz, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Aunque tradicionalmente se ha considerado ese año como el de la pérdida formal de la independencia de Navarra, y el comienzo del reinado de los reyes de Castilla-Aragón, también existe una visión rupturista que insiste más en la "nación" que en el reino, y que considera que se trató de una conquista (pp. 26-28). En efecto, entre 2001 y 2011 se ha llevado a cabo un revisionismo actual en el que se incide más en las consecuencias, que en la propia conquista (pp. 28-34). Floristán Imízcoz indica que esta nueva visión resalta «una Navarra que, después de la conquista, comenzó una etapa de su historia más innovadora de lo que se había subrayado» (p. 34). Por otro lado, el autor señala que con anterioridad a la conquista de Navarra ya se había iniciado una convergencia con la Monarquía española.

Ana Zabalza Seguín, profesora de la Universidad de Navarra, nos viene a ofrecer una visión sobre los escribanos y procuradores, como representantes del tercer estado en las Cortes de Navarra tras la incorporación de Castilla (pp. 45-97). Las Cortes estamentales se prolongaron hasta final del Antiguo Régimen (1829-1830). Zabalza se centra en el estudio de dos villas: Lesaka, una de las Cinco Villas de la Montaña navarra muy cerca de la frontera francesa y de la de Gipuzkoa, y Urroz-Villa, que se encuentra a escasos 19 kilómetros de la capital del reino, Pamplona (pp. 49-84). La primera de ellas no envió hasta el año 1542 a un representante a las Cortes de Pamplona desde su


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incorporación y en 1550-1551, también celebrada en Pamplona. Pero no podía ser procurador en Cortes cualquier vecino, ya que había de ser natural del Reino y saber leer y escribir el castellano. En otras palabras, sólo las élites dominaban esta lengua, pues la mayoría eran vascoparlantes. De hecho, Lesaka confió durante décadas su representación a uno de sus escribanos, ya que pocos ciudadanos cumplían estos requisitos y además solía transmitirse en el seno de las familias. Esta situación provocó que en 1631 vecinos de esta villa denunciaran ante el Consejo Real que la familia Marichalar ‒que vino a sustituir a los Zabaleta a mediados del XVI‒ acaparara todos los cargos municipales. Durante la Edad Moderna la familia Marichalar jugó un papel importante en la Corona, aunque alejándose de la villa de Lesaka. En el caso de Urroz-Villa siempre ha estado vinculada desde la Edad Media a la Corona, por lo que el monarca tuvo en todo momento a una persona cercana a él al frente. El linaje más importante entre los vecinos de esta villa era el de los Torreblanca a partir del siglo XV, aunque con anterioridad estaban documentados como los Urroz. De ahí que Ana Zabalza considere que «los Urroz-Torreblanca se presentan por lo tanto como un linaje tan antiguo como ilustre» (p. 68). Sin embargo, los Torreblanca terminaron asentándose en Tafalla, ingresando en 1618 en el brazo militar con asiento propio, lo que originó que la villa de Urroz tuviera dificultades para encontrar procuradores en Cortes.

Rafael D. García Pérez, profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Navarra, se refiere a la justicia e identidad política en las dos Navarras en el Antiguo Régimen (pp. 99-133). En efecto, Fernando el Católico conquistó Navarra en 1512 lo que originó dos Navarras: la Alta y la Baja. La realidad fue que los tribunales de la Alta Navarra conocían de los asuntos de sus naturales, salvo excepciones previstas en el Fuero General. A pesar de las peculiaridades de la Baja Navarra, ambas compartían el Fuero General, aunque gozando de una gran autonomía en los asuntos de gobierno. Mediante el edicto de unión de octubre de 1620 se formalizó la incorporación de la Baja Navarra a la Corona de Francia, aunque el síndico de los Estados navarros se opuso a esta incorporación, en cuanto que suponía una amenaza al Derecho navarro y a la existencia de sus tribunales propios. García Pérez destaca que «la libertad de los navarros de ser juzgados dentro del reino afectaba también a la jurisdicción eclesiástica» (p. 125), si bien con poderes limitados, por lo que en numerosas ocasiones los navarros tenían que pleitear en tribunales "extranjeros". Además, había que tener en cuenta que «la historia política de la Baja Navarra discurrió por cauces muy diferentes de los de la Alta Navarra» (p. 132).

Otra cuestión relativa a cómo afectó en las Américas la unión de España y Portugal ha sido analizada por el profesor de la Universidad de Stanford, Tamar Herzog (pp. 135-145). En 1596 los portugueses fueron declarados oficialmente extranjeros en las Américas, y nuevamente en 1614. Sin embargo, muchos portugueses consiguieron que fueran declarados de hecho españoles, y de esta forma lograr posteriormente la naturalización automática con el paso del tiempo. Esta situación un tanto peculiar propició que fueran llamados españoles criollos de Portugal. En efecto, Herzog entiende que «la unión en efecto tuvo grandes repercusiones en las Américas donde, de hecho, actores locales apenas distinguían entre lo portugués y lo hispánico» (p. 140). En las Américas los españoles y lusitanos tenían la consideración de ser partícipes en un mismo Estado y Reino.


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Mercedes Galán, profesora titular de Historia del Derecho de la Universidad de Navarra, acreditada como catedrática de Universidad, se refiere a la situación en la que quedó Navarra tras su incorporación a la Corona de Castilla (pp. 149-241). Este proceso se inició con la conquista de Navarra por parte de Castilla en julio de 1512. Aunque el 7 de julio de 1515 se mantuvo como reino independiente, ese mismo año Fernando el Católico la incorporó a la corona castellana pero conservando sus instituciones, a excepción de la cancillería, sus Cortes y su propio Derecho. De hecho, las propias Cortes navarras reunidas en 1645 denominaron esta incorporación como "unión principal", conservando cada reino su naturaleza antigua en leyes, territorio y gobierno. En la Edad Moderna en Navarra se elaboraron colecciones jurídicas, algunas oficiales y otras no oficiales. Entre las primeras se consideraban las de Antón de Chavier (1686) y Joaquín de Elizondo (1735). En el caso de las no oficiales destacaron las de Pasquier, que llegó a realizar dos recopilaciones: las Ordenanzas Viejas (1557), elaboradas junto con Valança, y una década más tarde las Ordenanzas Nuevas, que actualizaban las anteriores (pp. 190-238). Las Ordenanzas Nuevas de Pasquier, que en la mayor parte de su vida laboral desempeñó la función de oidor, se fundamentaban en dos principios: los procesos del reino de Navarra se celebraban en la misma, y los naturales del reino serían juzgados conforme a su propio fuero.

Pilar Arregui Zamorano, profesora titular de Historia del Derecho de la Universidad de Salamanca, analiza el marco jurídico de la procura en Navarra (pp. 243-305). En esta materia ha ejercido una gran influencia en el territorio navarro el Derecho aragonés. Pilar Arregui destaca que «el Fuero de Jaca ‒que no el de Estella‒ se concedió también a distintos barrios de Pamplona, quedando vinculada la capital del reino al derecho jacetano» (pp. 248-249). En el Derecho navarro había que destacar los siguientes fueros, aunque un tanto arcaicos: el Fuero de la Novenera y el Fuero de Viguera y Val de Funes. En el primero de ellos apenas mencionaba un par de veces el término "vozero", sin dejar muy claro su verdadero significado; por el contrario, el Fuero de Viguera y Val de Funes, diferenciaba claramente entre procurador y abogado, utilizando ambos en atención al término "voz", en lugar de "vocero". El primero era aquel que se personaba en el pleito en lugar de su dueño, mientras que el abogado aconsejaba a su cliente en términos jurídicos. Pero bajo ningún concepto el abogado o el procurador podían representar a las dos partes en el mismo proceso. Con el tiempo ambas figuras y sus competencias se fueron diferenciando y se elaboró el Fuero General de Navarra, que se trataba de una compilación privada de ese Derecho. Al analizar este Fuero General de Navarra, Pilar Arregui considera que «el procurador 'hace' y el abogado 'razona'», aunque en ambos casos su presencia era facultativa (p. 257). Además, señala que «Navarra no tuvo ni en aquellas fechas ni en las que siguieron una regulación de los oficios de abogado y de procurador parangonable a la castellana, pero ésta bien pudo llegar a proporcionar a los miembros del Tribunal de la Cort (y no sólo a ellos) el bagaje conceptual e instrumental necesario para encauzar la actuación de ambos oficios y ayudar a perfilar su régimen jurídico» (pp. 264-265). Durante el reinado de Carlos III se elaboraron las Ordenanzas de 1413, que regulaban el funcionamiento de la Cort, el Tribunal supremo ordinario del Reino, en la que también estaban presentes los abogados y procuradores. Mientras los primeros necesitaban autorización de los alcaldes, así como prestar juramento; los procuradores eran


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los representantes de la parte en el pleito, debiendo probar tal condición mediante el apoderamiento ya fuera de palabra o por escrito y cumpliendo los requisitos establecidos. Además, el procurador tenía que aceptar el poder, ya que en caso contrario no surtía efecto. Sin embargo, «las actuaciones que en teoría estaban claramente delimitadas, en la práctica, con demasiada frecuencia, se superpusieron» (p. 273). Cinco años más tarde, el propio Carlos III aprobó el segundo Amejoramiento al Fuero General de Navarra. Tras la conquista e incorporación de Navarra a Castilla, en 1528 se redactó la primera versión del Fuero Reducido de Navarra, aunque no consiguió la confirmación real, pero que venía a recoger el Derecho navarro de forma reducida y con un lenguaje claro. En este texto se contemplaba al abogado y procurador como colaboradores de los tribunales. Por otro lado, el bastanteo de poderes estaba regulado en Castilla mediante las Leyes para la brevedad y orden de los pleytos aprobadas en Madrid en 1499.

Massimo Meccarelli, profesor de la Universidad de Macerata, describe el proceso penal en la época del ius commune (pp. 307-323). Este profesor destaca que en esa etapa «el derecho es el instrumento de la determinación de la justicia» (p. 308). Cuando el ius commune hacía mención al ordo iudiciarius se refería a un orden flexible que estaba continuamente actualizándose, si bien respetando en todo momento una tradición jurisprudencial. Además, en esa etapa también se denotaba el carácter "abierto" del momento de cierre del iter, de forma que el proceso no tendría únicamente una condena o la absolución, siendo posible una absolución parcial o pendiente, e incluso interrumpirse temporalmente. Pero uno de los aspectos más llamativos del orden procesal del Derecho común era la centralidad del propio juez, que se caracterizaba además por la flexibilidad de las interacciones en el proceso. En efecto, «el juez es central porque es suya la obligación de gobernar y de componer en concreto estos dualismos estructurantes» (p. 319). A finales del siglo XVIII aparece el facere iustitiam, que hacía referencia al momento de administración de la justicia.

Otra cuestión, como es la Administración de justicia en la Francia de los siglos XVI a XVIII, ha sido tratada por parte de Jerome Slonina, profesor de la Université de Pau et des Pays de l'Adour (pp. 325-333). Hasta la llegada del Renacimiento, el rey de Francia fue recuperando la aplicación de la justicia, que hasta entonces había estado en manos privadas, siendo considerado acreedor de toda la Justicia. Sin embargo, con el comienzo de la época moderna y hasta la segunda mitad del siglo XVIII, había que diferenciar entre: la Justicia delegada y la retenida. La primera era ejercida por los propios representantes del monarca, bien por los tribunales inferiores o los superiores, como los Parlamentos y las Cortes soberanas, e incluso por los tribunales de excepción. Por el contrario, la Justicia retenida seguía estando en manos del monarca y juez supremo, ya que el rey podía en cualquier momento sustituir al tribunal competente para conocer por su justicia personal, incluidas las funciones del Parlamento en el registro de los Estatutos y Leyes (pp. 328-332). En vísperas de la Revolución francesa, Luis XV decidió iniciar una amplia reforma de la política real en 1771, pero que estaría vigente pocos años a consecuencia de la muerte del monarca en 1774. Su sucesor Luis XVI restauró el antiguo sistema. La siguiente reforma tuvo lugar en 1778, que vino a suprimir el poder político de los Parlamentos, lo que originó numerosas revueltas, por lo que tuvo que dar marcha atrás. Con la llegada de la Revolución francesa de


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1789 se hizo tabula rasa en todas las antiguas instituciones y se instauró un nuevo sistema judicial.

Esta obra se ha realizado en el proyecto de investigación titulado El proceso integrador de Navarra en Castilla: instituciones administrativas, y ha sido subvencionada por el Ministerio de Ciencia e Innovación (2009-2011). Un análisis de otra obra de Galán Lorda puede consultarse con el título "De nuevo sobre el Derecho histórico de Navarra, al hilo de una obra coordinada por Galán Lorda", en la Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas (nº 7, septiembre 2014), pp. 200-204. [Recibido el 11 de diciembre de 2015].

AD PRAESIDEM INTERNATIONALIS CONSILII ADVERSUM POENAM CAPITALEM, EXCELLENTISSIMUM DOMINUM

FRIDERICUM MAYOR Franciscus ROMANUS PONTIFEX

RESUMEN: Su Santidad el papa Francisco ha enviado un saludo a la Comisión Internacional contra la pena de Muerte, al grupo de países y a quienes colaboran en dicho organismo presidido por Federico Mayor Zaragoza, doctor en Farmacia y catedrático de Bioquímica en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. Fue rector en dicha Universidad hasta 1972. Pasó más tarde a ser catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Aparte de su trayectoria docente, se implicó políticamente, desempeñando los cargos de Subsecretario de Educación y Ciencia (1974-1975) en el Gobierno de Franco y luego ministro de Educación y Ciencia (desde el 1 de diciembre de 1981 al 2 de diciembre de 1982) con la Unión del Centro Democrático y diputado en el Parlamento Europeo (1987). En dicho año fue nombrado director general de la UNESCO, siendo reelegido en 1993. En los años que estuvo al frente de la UNESCO intentó convertirla en una institución al servicio de la paz, la tolerancia, los derechos humanos y la convivencia pacífica de los pueblos. Se creó el programa de Cultura y Paz, que abarcaba la educación para la paz, los derechos humanos y la democracia, la lucha contra la exclusión y la pobreza, la defensa del pluralismo cultural, el diálogo intercultural y la prevención de conflictos. Todo ello para intentar conseguir la consolidación de la paz. Regresó a España en 1999 y creó la Fundación para la Cultura de la Paz, que preside. En sus manifestaciones públicas se ha declarado contrario a la economía de mercado, ha denunciado el poder mediático del mundo y las falsas informaciones así como los enormes gastos en armamento militar mientras mueren muchas personas de hambre. Su máxima aspiración como Director general de la UNESCO quedó satisfecha con la aprobación de la Declaración y Plan de Acción sobre una Cultura de Paz por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 1999. La Fundación para una Cultura de la Paz organiza cursos sobre los orígenes de los conflictos, derechos humanos y sistemas democráticos. Resultó muy significativo en este sentido el Encuentro Internacional, que se organizó en Madrid en diciembre de 2000 al que asistieron grandes personalidades implicadas en la lucha por la justicia, la libertad y la paz. En dicho encuentro se aprobó la Declaración de Madrid y se


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publicó un libro titulado Contrato Global con todas las ponencias. El 7 de octubre de 2010 se creó en Madrid la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, marcándose como objetivo conseguir la abolición universal de la pena de muerte. Dicha Comisión está presidida por Federico Mayor Zaragoza y compuesta por personalidades de reconocido prestigio internacional en materia de derechos humanos. Como miembro honorario aparece José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España y promotor de la Alianza de Civilizaciones. La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte trata de promover, complementar y apoyar la abolición mundial de la pena de muerte. Para tal fin hace llamadas de atención y declaraciones, organiza eventos en los foros internacionales sobre distintos aspectos de la abolición de la pena de muerte y organiza campañas para movilizar la opinión pública. La Secretaría tiene su sede en Ginebra y se encuentra apoyada y financiada por 17 países comprometidos con la abolición de la pena capital. Su Santidad el papa Francisco muestra su agradecicimiento personal a Federico Mayor y a los miembros de la Comisión «por su compromiso con un mundo libre de la pena de muerte y por su contribución para el establecimiento de una moratoria universal de las ejecuciones en todo el mundo» [el texto se publica en Acta Apostolicae Sedis, Imprenta Vaticana, año CVII, nº 4 (abril 2015), pp. 362-365]. Y le manifiesta que el Magisterio de la Iglesia defiende la vida desde la concepción, hasta la muerte natural, mostrándose defensor de la plena dignidad humana que, ni siquiera la pierde el homicida. Hace saber también que se puede matar por omisión cuando se somete a los pueblos a una «economía de la exclusión y la indignidad». Y si bien admite en el caso de legítima defensa que se pueda originar la muerte, no es lo mismo cuando se aplica a una persona que ya ha sido neutralizada y se encuentra privada de libertad. Hace hincapié en la posibilidad del error judicial y no reconocer su falibilidad puede convertirla en fuente de injusticias. Manifiesta también que la pena de prisión perpetua puede ser considerada como pena de muerte encubierta ya que priva al culpable de su libertad y de su esperanza. El papa recuerda que todos los cristianos están obligados a luchar por la abolición de la pena de muerte, «pues el mundo necesita de testigos de la misericordia y de la ternura de Dios». Hace el papa referencia y reproduce algunas de sus ideas del discurso pronunciado el jueves 23 de octubre de 2014 Ad Delegationem Internationalis Consociationis Iuris Poenalis, que está publicado en Acta Apostolicae Sedis, año CVI, nº 11 (7 de noviembre de 2014), pp. 840-848 y reproducido con comentario introductorio de Cristina Toledo Baéz, en la Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht, nº 2 (febrero de 2015), pp. 218-225. Termina su carta deseando a la Comisión para la Abolición de la Pena de muerte «el don de la sabiduría para que las acciones que emprendan en pos de la abolición de esta pena sean acertadas y fructíferas». [Por la redacción de la revista, la autoría del Resumen y de las Palabras clave corresponden a José Martín Pinto]. PALABRAS CLAVE: Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, Papa Francisco, Federico Mayor Zaragoza, UNESCO, Fundación para la Cultura y la Paz, Contrato Global, Abolición, Derechos humanos, Alianza de Civilizaciones, Derecho internacional público, Moratoria universal, Dignidad humana, Exclusión e iniquidad, Arrepentimiento, Legítima defensa, Inviolabilidad de la


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vida, Venganza, Error judicial, Fiabilidad, Reparación, Misericordia divina, Tortura, Aversión, Prisión perpetua, Privación de la esperanza.

Excelentísimo Señor Federico Mayor Presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte Señor Presidente: Con estas letras, deseo hacer llegar mi saludo a todos los miembros de la

Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, al grupo de países que la apoyan, y a quienes colaboran con el organismo que Vd. preside. Quiero además expresar mi agradecicimiento personal, y también el de los hombres de buena voluntad por su compromiso con un mundo libre de la pena de muerte y por su contribución para el establecimiento de una moratoria universal de las ejecuciones en todo el mundo, con miras a la abolición de la pena capital.

He compartido algunas ideas sobre este tema en mi carta a la Asociación Internacional de Derecho Penal y a la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Crminología, del 30 de mayo de 2014. He tenido la oportunidad de profundizar sobre ellas en mi alocución ante las grandes asociaciones mundiales dedicadas al estudio del derecho penal, la criminología, la victimología y las cuestiones penitenciarias, del 23 de octubre de 2014. En esta oportunidad, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones con las que la Iglesia contribuya al esfuerzo humanista de la Comisión.

El Magisterio de la Iglesia, a partir de la Sagrada Escritura y de la experiencia milenaria del Pueblo de Dios, defiende la vida social desde la concepción hasta la muerte natural, y sostiene la plena dignidad humana en cuanto imagen de Dios (cf. Gen 1, 26). La vida humana es sagrada porque desde su inicio, desde el primer instante de la concepción, es fruto de la acción creadora de Dios (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nº 2258), y desde ese momento, el hombre, única criatura a la que Dios ha amado por sí mismo, es objeto de un amor personal por parte de Dios (cf. Gaudium et spes, 24).

Los Estados pueden matar por acción cuando aplican la pena de muerte, cuando llevan a sus pueblos a la guerra o cuando realizan ejecuciones extrajudiciales o sumarias. Pueden matar también por omisión, cuando no garantizan a sus pueblos el acceso a los medios esenciales para la vida. «Así como el mandamiento de ―no matar‖ pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad» (Evangelii gaudium, 53).

La vida, especialmente la humana, pertenece sólo a Dios. Ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante. Como enseña San Ambrosio, Dios no quiso castigar a Caín con el homicidio, ya que quiere el arrepentimiento del pecador y no su muerte (cf. Evangelium vitae, 9).

En algunas ocasiones es necesario repeler proporcionadamente una agresión en curso para evitar que un agresor cause un daño, y la necesidad de neutralizarlo puede conllevar su eliminación: es el caso de la legítima defensa (cf. Evangelium vitae, 55). Sin embargo, los presupuestos de la legítima defensa personal no son aplicables al medio social, sin riesgo de tergiversación. Es que cuando se aplica la pena de muerte, se mata a personas no por agresiones actuales, sino por daños cometidos en el pasado. Se aplica,


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además, a personas cuya capacidad de dañar no es actual sino que ya ha sido neutralizada, y que se encuentran privadas de su libertad.

Hoy día la pena de muerte es inadmisible, por cuanto grave haya sido el delito del condenado. Es una ofensa a la inviolabilidad de la vida y a la dignidad de la persona humana que contradice el designio de Dios sobre el hombre y la sociedad y su justicia misericordiosa, e impide cumplir con cualquier finalidad justa de las penas. No hace justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza.

Para un Estado de derecho, la pena de muerte representa un fracaso, porque lo obliga a matar en nombre de la justicia. Escribió Dostoevskij: «Matar a quien mató es un castigo incomparablemente mayor que el mismo crimen. El asesinato en virtud de una sentencia es más espantoso que el asesinato que comete un criminal». Nunca se alcanzará la justicia dando muerte a un ser humano.

La pena de muerte pierde toda legitimidad en razón de la efectiva selectividad del sistema penal y frente a la posibilidad del error judicial. La justicia humana es imperfecta, y no reconocer la fiabilidad puede convertirla en fuente de injusticias. Con la aplicación de la pena capital, se le niega al condenado la posibilidad de la reparación o enmienda del daño causado; la posibilidad de la confesión, por la que el hombre expresa su conversión interior; y de la contrición, pórtico del arrepentimiento y de la expiación, para llegar al encuentro del amor misericordioso y sanador de Dios.

La pena capital es, además, un recurso frecuente al que echan mano algunos regímenes totalitarios y grupos de fanáticos, para el exterminio de disidentes políticos, de minorías, y de todo sujeto etiquetado como ―peligroso‖ o que puede ser percibido como una amenaza para su poder o para la consecución de sus fines. Como en los primeros siglos, también en el presente la Iglesia padece la aplicación de esta pena a sus nuevos mártires.

La pena de muerte es contraria al sentido de la humanitas y a la misericordia divina, que debe ser modelo para la justicia de los hombres. Implica un trato cruel, inhumano y degradante, como también lo es la angustia previa al momento de la ejecución y la terrible espera entre el dictado de la sentencia y la aplicaciñn de la pena, una ―tortura‖ que, en nombre del debido proceso, suele durar muchos años, y que en la antesala de la muerte no pocas veces lleva a la enfermedad y a la locura. Se debate en algunos lugares acerca del modo de matar, como si se tratara de encontrar el modo de «hacerlo bien». A lo largo de la historia, diversos mecanismos de muerte han sido defendidos por reducir el sufrimiento y la agonía de los condenados. Pero no hay forma humana de matar a otra persona.

En la actualidad, no solo existen medios para reprimir el crimen eficazmente sin privar definitivamente de la posibilidad de redimirse a quien lo ha cometido (cf. Evangelium vitae, 27), sino que se ha desarrollado una mayor sensibilidad moral con relación al valor de la vida humana, provocando una creciente aversión a la pena de muerte y el apoyo de la opinión pública a las diversas disposiciones que tienden a su abolición o a la suspensión de su aplicación (cf. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 405).

Por otra parte, la pena de prisión perpetua, así como aquellas que por su duración conlleven la imposibilidad para el penado de proyectar un futuro en libertad, pueden ser consideradas penas de muerte encubiertas, puesto que con ellas no se priva al culpable de su libertad sino que se intenta privarlo de la


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esperanza. Pero aunque el sistema penal pueda cobrarse el tiempo de los culpables, jamás podrá cobrarse su esperanza.

Como expresé en mi alocución del 23 de octubre pasado, «la pena de muerte implica la negación del amor a los enemigos, predicada en el Evangelio. Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad estamos obligados no sólo a luchar por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal, y en todas sus formas, sino también para que las condiciones carcelarias sean mejores, en respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad».

Queridos amigos, los aliento a continuar con la obra que realizan, pues el mundo necesita testigos de la misericordia y de la ternura de Dios.

Me despido encomendándolos al Señor Jesús, que en los días de su vida terrena no quiso que hiriesen a sus perseguidores en su defensa ‒«Guarda tu espada en la vaina» (Mt 26, 52)‒, fue apresado y condenado injustamente a muerte, y se identificó con todos los encarcelados, culpables o no: «Estuve preso y me visitaron» (Mt 25, 36). Él, que frente a la mujer adúltera no se cuestionó sobre su culpabilidad, sino que invitó a los acusadores a examinar su propia conciencia antes de lapidarla (cf. Jn 8, 1-11), les conceda el don de la sabiduría para que las acciones que emprendan en pos de la abolición de esta pena cruel, sean acertadas y frucríferas.

Les ruego recen por mí. Cordialmente Vaticano, 20 de marzo de 2015. [Publicado el 11 de enero de 2016].

REFLEXIONES SOBRE LA LEGÍTIMA DEFENSA EN EL DERECHO ROMANO CON REFERENCIA A LA DOGMÁTICA

MODERNA María SALAZAR REVUELTA

RESUMEN: La literatura romanística, prolija en el estudio de todas las parcelas relacionadas con el saber jurídico romano, presenta una laguna evidente en un

aspecto de trascendental importancia tanto en el ámbito del Derecho privado como en el Derecho público. Se trata de lo que, en términos de dogmática actual, se denominan causas de justificación o de exclusión de la

antijuridicidad. Encontramos sólo aisladas referencias al problema, dentro de obras más generales, que tratan precisamente de los daños al patrimonio

ajeno, que quedaron reagrupados por vez primera bajo el concepto de damnum

iniuria datum, castigado por la conocida Lex Aquilia de damno, promulgada en el s. III a.C., mientras son prácticamente inexistentes las menciones a tal cuestión en los estudios de los crimina romanos, precisamente el ámbito propio en que actualmente se desenvuelve la problemática relativa a las causas de justificación. Así las cosas, es de agradecer la monografía de la profesora E. Domínguez López, La legítima defensa en el Derecho romano con referencia a la dogmática moderna, dedicada expresamente al estudio del problema. Aunque limitado el trabajo a una causa de justificación específica, cual es la legítima defensa, hay que reconocer el esfuerzo que realiza la autora al abordar un tema tan poco tratado entre sus colegas romanistas. Ello le obliga, de un lado, a tomar como punto de referencia los resultados alcanzados al respecto por la doctrina penalista actual y a servirse de construcciones dogmáticas


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actuales ajenas al planteamiento de los juristas romanos, con los riesgos que tal extrapolación de conceptos conlleva. Y, en segundo lugar, a apoyarse decidida, y casi exclusivamente, en los textos romanos, poco o nada tratados desde la perspectiva en que se enfoca su trabajo, tratando de deducir de los mismos ideas y conceptos que permitan conocer el auténtico alcance y significado de la legítima defensa en la doctrina de los juristas romanos. Este acopio textual –quizá el mérito más logrado del libro‒ se hace patente en el índice de fuentes que se inserta en la parte final del trabajo y que contrasta con la escasa bibliografía romanística que sirve de referencia a la autora, también citada en un apartado final de la obra. Centrándonos en la legítima defensa como causa de exclusión de la antijuridicidad, la moderna doctrina penalista ha desplegado, como es sabido, un enorme esfuerzo hacia su esclarecimiento, profundizando en el contenido y límites concretos de los diversos elementos que la integran. El Código penal español la contempla en el artículo 20.4, donde se establece que está exento de responsabilidad criminal: «El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos», precisando como requisitos de tal causa de justificación los de «agresión ilegítima», «necesidad racional del medio empleado» y «falta de provocación suficiente por parte del defensor». También aclara el mismo precepto legal qué deba entenderse por agresión ilegítima: «En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito o falta y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas». La interpretación del precepto no ha sido en modo alguno

pacífica. Cada uno de los diversos puntos que integran la referida causa ha

sido objeto de un largo y complicado debate entre los penalistas modernos. Comenzando por el concepto de agresión, que unos (Cuello-Calón; Puig Peða…), a los que los más contradicen (Jiménez de Asúa; Cobo del Rosal; Cerezo Mir…), identifican con ataque. Aunque quizá sea en la interpretación de este requisito de la ―defensa racional‖ donde se localizan las más encontradas

discusiones y teorías doctrinales. Básicamente la discusión ha girado en torno a la idea de proporcionalidad que, según un representativo pero no unánime sector doctrinal (Jiménez de Asúa; Gómez López; o Luzón Peña, entre otros), deduce de esa mención que hace el legislador a la racionalidad del medio empleado, en el sentido de no poder considerar racionales más que las defensas proporcionadas al ataque. Referencia negada por otros (Cerezo Mir, Díez Ripollés), para quienes la proporcionalidad ni la exige el legislador, ni se podría deducir, en cuanto que la respuesta defensiva, aseguran, podrá ir todo lo lejos que sea necesario para repeler el ataque. Mayor consenso existe en relación a otros elementos de la legítima defensa, como son el «ánimo de defensa», considerado pacíficamente el ingrediente subjetivo de esta causa de justificación, o el de «falta de provocación suficiente por parte del defensor», que al sentir de un representativo sector doctrinal (Jiménez de Asúa; Díaz Palos; Mir Puig), sólo aisladamente contestada (así Córdoba Roda), dejaría sin aplicación práctica el principio versari in re illicita. En este contexto y dada la complejidad del problema referido, como por lo demás ocurre con cualquier otro aspecto relativo al derecho penal sobre el que se trate de profundizar, llama la atención la exposición que de la problemática y los resultados alcanzados en torno a la cuestión por la penalística moderna realiza en esta monografía de referencia su autora, la romanista Domínguez López. A ello dedica íntegro el


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primer capítulo de los tres que integran la obra, que intitula precisamente: La legítima defensa en el moderno Derecho Penal. Tal como advierte en el primer apartado introductorio, recoge y sintetiza los diversos aspectos controvertidos en torno a los que giran las construcciones dogmáticas actuales, tomando como punto de referencia la que en cada caso se considera doctrina mayoritaria. Pero con la cautela que aconseja el estudio de una materia que no le es propia. Como también reconoce la misma autora, no se limita a recoger

opiniones y doctrinas, sino que lo hace de manera crítica, avanzando y

argumentando en cada caso su propia opinión. Lógicamente no podemos

pretender encontrar en la obra un examen exhaustivo de cada aspecto

discutido de la legítima defensa en la actualidad. Ello no obstante, dada la

claridad sistemática y conceptual con que Domínguez López logra exponer la

cuestión en el primer capítulo, creemos que la obra representa una muy útil guía incluso para los que proyecten su estudio sobre la actual regulación de la mencionada causa de justificación. Aunque es lógicamente en el ámbito de los estudios romanísticos donde la monografía referida merece una mención destacada, pues contribuye de manera clara al conocimiento de una institución poco estudiada por esta doctrina. A lo largo de los capítulos segundo y tercero la autora trata con cierto éxito de desentrañar las diversas incógnitas que rodean la regulación de la legítima defensa en los jurisconsultos romanos. Especialmente interesante nos resultan las precisiones terminológicas que lleva a cabo en el capítulo segundo a propósito de los vocablos empleados en las fuentes, que toma como punto de partida del desarrollo posterior, cuyos resultados básicos expone en el capítulo tercero. Es en este tercer y último capítulo donde, exhibiendo un hábil manejo de las fuentes jurídicas y literarias, la autora analiza las concretas manifestaciones de la legítima defensa en el ordenamiento jurídico romano, tratando de deducir de ahí su concepto, naturaleza y alcance. Para volver, en la segunda parte de este último capítulo, a la dogmática actual, que confronta con los resultados obtenidos en la primera parte, llegando a la conclusión de que si bien no puede hablarse entonces de construcción dogmática acabada, ya quedaron sentadas en el ordenamiento jurídico romano las bases o premisas sobre las que giraría el posterior desarrollo teórico-doctrinal de la legítima defensa. En suma, tal como advierte el profesor Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, que prologa la obra (aunque por error de impresión aparece su nombre omitido), se trata de un trabajo de óptimos resultados que denota un notable esfuerzo por parte de su autora, lo que «in posterum merecerá la atención de la doctrina especializada». PALABRAS CLAVE: Derecho romano, Legítima defensa, Responsabilidad, José Luis Díez Ripollés, Luis Jiménez de Asúa, Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, Santiago Mir Puig.

Abordar una cuestión cualquiera relacionada con el Derecho público o

privado romano, plantea siempre al estudioso la dificultad de rastrear la abundantísima literatura que secularmente se ha desplegado en torno a este ordenamiento. Diversidad de opiniones y reconstrucciones textuales, a veces contrapuestas y en otras ocasiones separadas sólo por complejos matices, que el romanista debe tener en cuenta y valorar en su interpretación de las fuentes romanas. Es, desde luego, difícil encontrar una parcela que no haya sido descubierta y extensamente abonada de tesis doctrinales.


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De ahí que el interés que suscita la monografía de Esther Domínguez López, La legítima defensa en el Derecho romano con referencia a la dogmática moderna, se justifique por la escasísima atención que la doctrina romanística ha prestado al estudio de tan vital y trascendental cuestión, que merecía indudablemente un examen ad hoc en profundidad. Referencias más o menos extensas a la legítima defensa pueden encontrarse en los Tratados generales de Derecho penal romano y, también, en los dedicados al estudio del delito de daños, regulado en la Lex Aquilia de damno del siglo III a.C. Pero faltaba, como apuntamos, un estudio específico y detallado sobre la legítima defensa, que ahondase en su fundamento, naturaleza y elementos esenciales, desde la óptica de la experiencia jurídica romana. Como advierte Domínguez López al inicio de la obra, parafraseando una vez más a Geib, «la legítima defensa no tiene historia», en el sentido que ha existido desde siempre, aunque sea en su manifestación más primigenia del apotegma «vim vi repellere licet» (pág. 15). Creemos encontrar, pues, en la monografía de la citada autora, de la que aquí traemos noticia, un paso afortunado y decisivo hacia el esclarecimiento de los diversos aspectos controvertidos que rodean la regulación de la legítima defensa en el Derecho Romano.

Desde luego el planteamiento del que parte, que se evidencia en el propio título del trabajo, es novedoso e inverso al procedimiento que normalmente se sigue en los estudios romanísticos, en los que se trata de deducir de la experiencia jurídica romana los principios básicos en que se asientan las modernas construcciones doctrinales. Frente a esto, propone Domínguez López, con óptimos resultados a nuestro juicio, partir de la dogmática moderna para tratar después de comprobar hasta qué punto y en qué medida el ordenamiento jurídico romano reconoció y aplicó los principios considerados actualmente básicos en la apreciación de la eximente. Este propósito que persigue el trabajo, que reza además en su propio título, y que consiste en conectar la legítima defensa en el Derecho Romano con la moderna dogmática, plantea dos inconvenientes básicos. El primero, la enorme dificultad que rodea el estudio y comprensión de cualquier aspecto relacionado con el Derecho penal actual, más para quien no es experto en tal rama del saber jurídico. El segundo, el riesgo que supone aplicar conceptos y construcciones doctrinales actuales al estudio de las instituciones jurídicas romanas. Ninguno de los señalados obstáculos pasan desapercibidos para la autora a la hora de abordar su trabajo, quien los pone de manifiesto expresamente ya en las páginas introductorias del trabajo; lo que no es óbice para que siga apostando de manera decidida por apoyarse en la dogmática actual, que considera, literalmente, conveniente e indispensable para su estudio.

Para soslayar el primer inconveniente, Domínguez López toma como punto de referencia los presupuestos doctrinales mayoritariamente aceptados por la penalística moderna (Jiménez de Asúa; Cuello Calón; Cerezo Mir; Mir Puig;…), que expone de manera clara y sistemática en el primer capítulo del trabajo, lo que lo convierte en una útil guía incluso para los estudios proyectados sobre la actual causa de justificación. En cuanto al segundo de los mentados inconvenientes, como expresamente se demuestra sobre todo en el desarrollo del capítulo tercero, la autora se guía con enorme cautela a la hora de acercar las modernas construcciones dogmáticas al examen de los textos romanos. Profundizando en el objeto de estudio, cada uno de los diversos elementos que integran la actual causa de justificación ha sido objeto de un largo y complejo


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debate doctrinal, pues no existe acuerdo en la determinación del contenido y concretos límites de los mismos. Nuestro vigente Código penal contempla la legítima defensa entre las circunstancias que eximen de la responsabilidad criminal en el artículo 20.4, que determina: «El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos» y, a renglón seguido, precisa como requisitos de tal causa de justificación: la «agresión ilegítima», la «necesidad racional del medio empleado» y la «falta de provocación suficiente por parte del defensor». También aclara el mismo precepto legal qué deba entenderse por agresión ilegítima, a saber: «En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito o falta y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas». El capítulo primero de la monografía se dedica precisamente a señalar los diversos elementos que conforman la eximente, poniendo de relieve de manera sistemática y crítica las diversas cuestiones controvertidas desenvueltas en torno a los mismos. Comenzando por el concepto de agresión, y su necesaria (advierte la autora) diferenciación con el concepto de «acometida», que «supone una restricción que no encuentra fundamento ni literal ni sustancial en nuestro texto legal» (pág. 21); o el requisito de la inminencia que, razona Domínguez López, debe conectarse al daño, pues el peligro ha de ser actual, apartándose de alguna forma de quienes consideran su mención superflua por entenderla ínsita en el requisito de «necesidad racional del medio empleado», al no poder darse esta última circunstancia más que en caso de peligro de pérdida inminente. En cuanto al requisito de la «defensa racional» y a la eterna discusión sobre su correlación o no con la idea de proporcionalidad, la autora se apoya decididamente en un conocido fragmento de la Summa Theologiae de Sto. Tomás (2-2, q. 64, a. 7), para apostar por la opinión afirmativa, compartida por lo demás con un representativo, aunque no unánime, sector de la doctrina penalista contemporánea (Jiménez de Asúa; Gómez López o Luzón Peña, entre otros). Explica, así, que sólo cuando exista una racional correspondencia o equivalencia entre ataque y respuesta defensiva se dará la racionalidad del medio empleado, que sí exige expresamente nuestro legislador, situándose en contra de los que sostienen que la proporcionalidad ni la exige el legislador ni se podría deducir (Cerezo Mir y José Luis Díez Ripollés, entre otros), aduciendo de contrario que la respuesta defensiva podrá ir todo lo lejos que sea necesario para repeler el ataque.

Y además de los otros elementos de la legítima defensa, como son el «ánimo de defensa», considerado pacíficamente el ingrediente subjetivo de esta causa de justificación, o el de «falta de provocación suficiente por parte del defensor» y su conexión con el principio versari in re llicita, también ofrece la autora en el apartado final de este capítulo primero, una visión sistemática y crítica de la doctrina del error y sus diversas modalidades: defensa putativa y exceso en la defensa, con el diverso tratamiento jurídico de uno y otro supuesto. Los razonamientos más acabados de la obra se localizan empero en los capítulos segundo y tercero, dedicados al estudio de la eximente en el ordenamiento jurídico romano. La primera parte del capítulo segundo, de enorme utilidad para comprender muchos conceptos que después se desarrollan, gira en torno al apotegma vim vi repellere licet, con el que se


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expresó originariamente la idea de defensa legítima ante el ataque y su conexión con la Ley del talión.

Dado el alto grado de tecnicismo y dificultad del problema desenvuelto, llamamos la atención sobre el detenido y riguroso examen que del elemento de la «iniuria» lleva a cabo la autora en la segunda parte de este mismo capítulo segundo, donde trata precisamente del fundamento de la legítima defensa en el ordenamiento jurídico romano. Se trata de un vocablo éste con el que, según explica, expresaban aquellos juristas su idea de lo injusto, esto es, de lo hecho de manera iniusta, contra ius, sin tener derecho. No en vano constituía la iniuria el elemento básico del delito (damnum iniuria datum).

En este punto, y tras un pormenorizado y rigurosísimo examen textual a propósito del delito aquiliano, ilustra Domínguez López con pruebas fehacientes esa cautela que, ya advertía, debe guiar al romanista al tratar de acercar las modernas construcciones doctrinales a los principios jurídicos romanos, sugiriendo que «…no siempre llegñ el ordenamiento jurídico romano al grado de abstracción y estanqueidad de la más actual síntesis dogmática» (p. 99). En este sentido hemos de traer a colación las palabras del jurista florentino Paolo Grossi cuando afirma que «...el historiador se convierte paradójicamente en garantía de futuro para un estudio del derecho positivo, constantemente sometido al riesgo de un antinatural inmovilismo» (en Mitología jurídica de la Modernidad, Ed. Trotta, Madrid, 2003, trad. M. Martínez Neira, pp. 37-38).

El tercer y último capítulo lo dedica la autora al análisis de las fuentes romanas relativas a la legítima defensa, para acabar deduciendo los elementos básicos que la integraban. Es aquí donde se concentran precisamente los resultados básicos del trabajo. Llamamos la atención, en primer lugar, sobre el hábil manejo de las fuentes, tanto jurídicas como literarias, que exhibe en todo momento la autora. Es de resaltar el profuso recurso a las fuentes literarias, con particular énfasis en el discurso pro Milone de Cicerón, en el que Domínguez López se apoya decididamente para desentrañar la diversa problemática referente al concepto, naturaleza y alcance de la legítima defensa en el ordenamiento jurídico romano. De gran interés resulta también la referencia a la hipótesis del fur nocturnus, contemplada ya en las XII Tablas como paradigma de agresión a través del que se autorizaba ab antiquo el uso de la fuerza.

La conexión que pone de relieve la autora entre la citada hipótesis y el problema de la «naturaleza de los bienes defendibles», le lleva a circunscribir el ámbito de aplicación de la legítima defensa en el Derecho Romano a las agresiones contra la vida o la integridad física, lo que conllevaría una importante limitación en relación a su actual regulación.

Sugestivo se presenta también el estudio de la evolución en la configuración de la legítima defensa que se produce a partir del s. II d. C., por mor de las decisiones jurisprudenciales, limitándose y condicionándose de tal modo el ejercicio de la auto-tutela, hasta llegar a una acabada configuración de la misma, que sí guarda muchos puntos en común con la actual eximente.

En este contexto, señala Domínguez López, se situaría la exigencia, a partir de cierto momento, de la necesidad de la defensa, o la profundización en el elemento del animus defensionis, mientras que se mantendría inalterable el originario concepto de agresión ligado a la idea de acometida. Finalmente, en la segunda parte de este tercer y último capítulo, la autora vuelve a la


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dogmática actual, cuyos principios conecta, con habilidad y cautela, a los resultados obtenidos en la primera parte (no en vano intitula este último apartado «Intento de reconstrucción dogmática de la ‗legítima defensa‘ en el Derecho Romano»), para llegar a la conclusión que si bien no podía hablarse entonces de construcción dogmática acabada, ya quedaron sentadas en el ordenamiento jurídico romano las bases o premisas sobre las que giraría el posterior desarrollo teórico-doctrinal sobre la legítima defensa.

Todo sumado, y sin perjuicio de que el estudio sobre la legítima defensa precise ulteriores trabajos de profundización en los diversos aspectos controvertidos que la rodean, en nuestra opinión Domínguez López consigue unos óptimos resultados con una obra que, acordamos con el prologuista de la misma, el prof. Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, «in posterum merecerá la atención de la doctrina especializada» (pág. 13). La obra se cierra con un útil apartado final en el que se recogen las conclusiones básicas de la misma, así como un práctico índice bibliográfico y de fuentes. [Recibido el 22 de noviembre de 2015].

ÁNGEL GALARZA GAGO (1892-1966), MINISTRO DE GOBERNACIÓN DE LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA,

DEL REPUBLICANISMO RADICAL SOCIALISTA AL SOCIALISMO Y AL EXILIO

Fernando Jesús HERNÁNDEZ RUIZ

RESUMEN: A lo largo del presente artículo nos adentraremos en la figura histórica de Ángel Galarza Gago, un jurista y político del que no se conocen demasiadas cosas salvo que fue Ministro de la Gobernación y Fiscal General de la República. Trataremos de ahondar en su actuación al frente de la Dirección general de Seguridad y, sobre todo, en el desempeño de su misión en el Ministerio, así como ofreceremos igualmente información sobre el papel que llevó a cabo durante el exilio republicano, tanto en México como en París y las presiones que ejerció sobre representantes clarividentes de la francmasonería para que Luis Jiménez de Asúa fuera presidente de la República del exilio. PALABRAS CLAVE: Socialismo, Radicalsocialismo, Izquierda Republicana, Exilio Republicano, Ángel Galarza, Ministerio de la Gobernación.

1. Ángel Galarza Gago y el origen del Partido Republicano Radical Socialista No es posible iniciar un estudio sobre la figura de Ángel Galarza Gago

(Madrid, 4 de noviembre de 1891 – París, 26 de julio de 1966) sin remontarnos a los orígenes del Partido Republicano Radical Socialista. Dicho partido surgió a raíz del estrepitoso pronunciamiento de Sánchez Guerra del año 1929 contra la Dictadura de Miguel Primo de Rivera, el cual tuvo como desencadenante principal que numerosos miembros de Alianza Republicana, un medio o instrumento creado por diversos partidos políticos para propiciar el establecimiento de la república en España, acabaran en prisión. Entre estos miembros encontramos Ángel Galarza, a Marcelino Domingo Sanjuan y a


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Benito Artigas, entre otros. Pues bien, Galarza, Domingo y Artigas acordaron fundar un nuevo partido político mientras se encontraban en prisión1, pero no siendo realidad hasta el 14 de Julio de 1929, en el Hotel Calero de Madrid, donde un selecto conjunto de intelectuales de izquierdas, el cual incluía a los personajes anteriormente mencionados, crean el partido político que posteriormente sería conocido como el Partido Republicano Radical Socialista2.

El Partido Republicano Radical Socialista contaba con un ideario más izquierdista que la línea ideológica que seguía el Partido Republicano Radical y la propia Alianza Republicana, de ahí la escisión del Partido Republicano Radical Socialista de dicha plataforma. Según el periodista Luis de Armiñán, era «un partido de cualidades remarcables, de las que su anticlericalismo y el sentido laico del Estado conformaban su médula»3, es decir su principal principio rector y determinante en buena parte de sus planteamientos. En el manifiesto del Partido Republicano Radical Socialista4, suscrito por personalidades como Ángel Galarza, Marcelino Domingo y Lluís Companys Jover (el que luego llegó a ser presidente de la Generalitat de Catalunya), se considera como un «partido de izquierdas republicano..., que no solo proclame lemas republicanos, sino que afirme soluciones republicanas y no sienta en la acción vacilaciones ni veleidades girondinas», por referencia a los diputados del grupo girondino francés, dando la impresión que se ubicaban más en línea jacobina. Además, en dicho manifiesto, recogen que el partido se regirá por la democracia parlamentaria y no por la dictadura del proletariado. En definitiva, buscaban ser un partido socialista pero alejado de la doctrina marxista, y a la vez republicano, laicista y revolucionario.

Junto con el manifiesto mencionado anteriormente, se creó una comisión organizadora compuesta por Ángel Galarza Gago, Álvaro de Albornoz Liminiana, Marcelino Domingo, Benito Artigas Arpón, Juan Botella Asensi, José Salmerón y Félix Gordón Ordás, de la cual emanaron normas de organización del partido y de colaboración con otras fuerzas de corte republicano cuyo fin tuviese el objetivo de establecer una república en España. Resulta importante mencionar que en dichas normas también se recogía la apremiante necesidad de preservar la identidad del partido al margen de cualquier tipo de colaboración sobre todo por lo que pudiera referirse a quienes se habían declarado monárquicos.

A tenor de lo anteriormente dicho, la comisión organizadora, en una nota de prensa en el diario El Sol5, se dirigió a todas las fuerzas de corte izquierdista para converger en dos puntos, el Parlamento y la República.

Nos remontamos ahora al 17 de agosto de 1930, a una reunión que tuvo lugar en San Sebastián, convocada por Alianza Republicana, a la que asistieron representantes de los distintos grupos republicanos, los cuales conspiraban contra la monarquía, y fueron los siguientes6: Fernando Saiain, alcalde de San Sebastián, por Alianza Republicana acudió el viejo republicano

1 Juan Avilés Farré, La Izquierda burguesa y la tragedia de la II República, Madrid, 2006, p. 44.

2 Eduardo de Guzmán, Historia Política, 1930, p. 100.

3 Luis Armiñán, La República… ¿es esto? Del retablo revolucionario, Madrid, 1933, pp. 250-

251. 4 Miguel Artola, Partidos y programas políticos 1808-1936, vol. II, Manifiestos y programas

políticos, Madrid, pp. 319-322. 5 El Sol, 13 de Marzo de 1930, p. 4.

6 Santos Juliá Díaz, La Constitución de 1931, Madrid, 2009, p. 129.


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Alejandro Lerroux conocido por el mérito de haber hecho todos los exámenes de la carrera de Derecho en un solo día, el 22 de septiembre de 1922, por Izquierda Republicana hizo acto de presencia Manuel Azaña, por el Partido Republicano Radical Socialista se presentaron Ángel Galarza, Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz, por la Derecha Liberal Republicana acudieron Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, por Acción Catalana vino Manuel Carrasco Formiguera (que generó una actitud nada predispuesta hacia él por parte de Alcalá-Zamora), por Acció Republicana Catalana acudió Macià Mallol Bosch, por Estat Català hizo acto de presencia Jaume Aiguader, por la Federación Republicana Gallega fue Santiago Casares Quiroga y a título personal Indalecio Prieto (del Partido Socialista Obrero Español), el catedrático de Derecho civil de la Universidad Central Felipe Sánchez-Román y Gallifa y Eduardo Ortega y Gasset, hermano del filósofo y que estudió en el Colegio de El Palo de la Compañía de Jesús en Málaga y fue diputado electo en varias ocasiones por el distrito de Coín. No se levantó acta por escrito de los temas que se trataron pero sí quedó constancia de una Nota oficiosa publicada en el diario El Sol en la cual se recoge la unanimidad en ―diversas resoluciones‖ y se hace un llamamiento a otras fuerzas políticas y obreras (haciendo referencia al PSOE y a la UGT, ya que ni el partido ni el sindicato acudieron) para que hicieran «sumar su poderoso auxilio a la acción que sin desmayos pretenden emprender conjuntamente las fuerzas adversas al actual régimen político».

Tuvo activa participación Ángel Galarza en el recién creado Partido Republicano Radical Socialista en su Primer Congreso nacional, celebrado los días 24, 25 y 26 de septiembre de 1930 y previamente convocado mediante una nota de prensa7. En dicho congreso se aprobó el Comité ejecutivo nacional del que formaron parte tanto Galarza como otros políticos de verdadero fuste republicanista como Álvaro de Albornoz, Juan Botella, Marcelino Domingo, Félix Gordon, José Salmerón y Eduardo Ortega y Gasset. También se desarrolló el Ideario del Partido Republicano Radical Socialista8, el cual recogía la posición del partido con respecto a temas como Administración Pública, Organización del Estado o Legislación obrera y social. Durante este congreso, la ponencia de Ángel Galarza se enfrentó a la de Gordón Ordás y a Marcelino Domingo Sanjuan para establecer la estructura que luego tendría el partido, siendo finalmente aprobada la del primero, con algunas enmiendas9.

Poco después del llamado ―Pacto de San Sebastián‖, Maura, acompaðado por Ángel Galarza, se desplazó a Barcelona para reunirse con los líderes de la Confederación Nacional del Trabajo en busca de un pacto de colaboración con el movimiento revolucionario que venía gestándose por parte de las fuerzas republicanas10. El sindicato anarquista había sido perseguido durante la dictadura de Primo.

Tras la sublevación de Jaca, celebrada de forma estrepitosa y tres días antes de lo previsto, son detenidos y ejecutados los capitanes Galán y García Hernández. Después de estas ejecuciones, el Gobierno manda la inmediata detención de una serie de importantes personajes republicanos entre los que se encuentran Miguel Maura, Manuel Azaña, Marcelino Domingo, Niceto Alcalá

7 El Sol, 13 de septiembre de 1930, p. 3.

8 Miguel Artola, Partidos y Programas Políticos, 1808-1936, vol. II, pp. 329-333.

9 Juan Avilés Farré, La Izquierda burguesa y la tragedia de la II República, Madrid, 2006, pp.

350-360. 10

Ricardo de la Cierva, Acoso y Derribo de Alfonso XIII, Madrid, 1996, pp. 136 y 137.


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Zamora, Rafael Sánchez-Guerra, Indalecio Prieto, Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza, siendo estos dos últimos detenidos en Alicante11.

Galarza compareció ante el Consejo Supremo pero fue separado del proceso judicial (aun cuando firmaba como los demás formar parte del Gobierno republicano clandestino). El Consejo se dirigió contra Maura, Fernando de los Ríos Urruti, Francisco Largo Caballero, Álvaro de Albornoz y Niceto Alcalá-Zamora. El motivo de dicha separación fue «que el gobierno quería llevar al Consejo Supremo los menos procesados posibles: solamente los ministros republicanos no en rebeldía, o sea los presos, sometidos a aquella jurisdicción por el cargo de consejero de Estado. Hubo pues, una delimitación políticamente clara pero jurídicamente arbitraria»12.

2. Ángel Galarza Gago de Fiscal General de la República a Director General

de Seguridad Con el triunfo de las candidaturas republicanas en las grandes ciudades con

ocasión de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 y la posterior proclamaciñn de la Repöblica, el gobierno ―clandestino‖ republicano pasñ a ser el Gobierno Provisional de la República.

En cuanto a Ángel Galarza, fue nombrado Fiscal General de la República el 16 de abril13 por un breve periodo de tiempo. De su etapa como fiscal, lo más remarcable es la querella que impuso contra Juan March, acusado de contrabando que se quedó en nada, aun cuando Galarza la consideraba un asunto muy importante para la República14. Después de la ―quema de conventos de mayo‖, Galarza pasaría a ser Director General de Seguridad el 16 de mayo de 193115, creando el cuerpo de seguridad denominado Guardias de Asalto.

La actuación de Galarza al frente de la Dirección General de Seguridad fue cuanto menos variopinta. Tuvo muy mala fama al reprimir con dureza las protestas obreras siendo además miembro del Partido Republicano Radical Socialista.

Una de sus primeras medidas fue colocar a Olaguer de jefe de la Policía de Sevilla para frenar una serie de motines sindicalistas y anarquistas, causando un gran alboroto ya que éste estaba muy mal visto por las autoridades hispalenses, habiendo cometido una irregularidad que le costó un tribunal de honor. Galarza se justificó, ante los diputados sevillanos que le reclamaban un cambio de puesto, indicando que lo que provocñ Olaguer era ―cosa antigua‖ y que su conducta posterior era ―intachable‖16. Después de este nombramiento los motines ya mencionados siguieron ocurriendo y, ante la falta de policía en la que poder confiar, Galarza da el nombre de cuatro comisarios desconocidos en el país para que espíen y descubran a los responsables.

11

Niceto Alcalá-Zamora, Memorias (Segundo texto de mis Memorias), Barcelona, 1977, p. 152. 12

Niceto Alcalá-Zamora, Memorias (Segundo texto de mis Memorias), Barcelona, 1977, p. 157. 13

Gaceta de Madrid, núm. 106, p. 200 (16 de abril de 1931). 14

Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra, Tomo I, Barcelona, Editorial Crítica, 1981, p. 451. 15

Gaceta de Madrid, núm. 134, p. 715 (14 de mayo de 1931). 16

Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra, Tomo I, Barcelona, Editorial Crítica, 1981, p. 57.


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Otro episodio a destacar al mando de la Dirección General de Seguridad fue el que Galarza mantuvo con el general Francisco Franco, del que se sospechaba que no era leal a la República. A través de las Memorias de Azaña conocemos que Galarza tenía vigilado al general17.

El día 21 de agosto de 1931, Azaña se reunió con Franco y le comunicó que le encantaría usar sus servicios, a lo que Franco le contestó «¡y para utilizar mis servicios me ponen policía que me sigue a todas partes en automóvil! Habrán visto que no voy a ninguna parte»18. Azaña visiblemente molesto le encomendó a Galarza que le quitase la vigilancia a Franco, pues había sido una tontería haberlo hecho de forma tan descarada.

Galarza también sospechaba que Sanjurjo y Pardo iban a dar un golpe de Estado, siendo enterado a través de una visita de protocolo que le hicieron estos dos militares. Los indicios de Galarza se limitaban a haber escuchado a Pardo decir lo siguiente: «No, no, mi general; las cosas hay que plantearlas sin rodeos»19. Presumiblemente después de estos acontecimientos, Galarza se dirigió al general Caballero para preguntarle si apoyaría un golpe de estado contra la República a lo que el general respondió que él no sería manejado ni por Sanjurjo ni por nadie20.

Aun no siendo Fiscal General de la República, Galarza no olvidó jamás su fijación con March. Siendo Director de Seguridad encargó a la policía la vigilancia de la casa de Guerra del Río para ver si se reunía y colaboraba con March. Y al llegar el asunto a las Cortes y verse acorralado por los diputados, Galarza, lejos de mostrarse nervioso y con una templanza poco natural en él se limitó a afirmar que había enviado a la policía para aportar datos que eliminaran cualquier tipo de sospecha sobre Guerra, en cuya inocencia creía. Azaña afirmó ante estos hechos que «con esto y con adelantarse a declarar que le parecía mal el dictamen, o que pudo costarle la dimisión le ha valido aplausos». Posteriormente Galarza le contó a Azaña que quería hundir a Guerra al que lo veía cómplice de March21.

El 7 de diciembre de 1931, Galarza viajó a París con una mecanógrafa de la Direcciñn general de Seguridad, a la que Lerroux denominaba como ―su querida‖, para reunirse con su homónimo francés, Chiappe. Lerroux comentó que Galarza hizo el ridículo porque ni entendía a Chiappe ni hacía nada por hacerse entender. Además, Lerroux le comentó a Azaña que Galarza le había dicho a Danvila que iba a París a vigilarle a él (a Lerroux) y que Danvila se lo comentó a éste inmediatamente. Lerroux despreció este acto y se dirigió a Galarza como «ese botarate de Galarza»22. Al volver, Galarza le contó su viaje a Azaña y lo que dijo coincidía totalmente con lo que Lerroux le comentó.

17






Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra, Tomo I, Barcelona, Editorial Crítica, 1981, p. 325.


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El día 18 de diciembre, Galarza dimite y deja su puesto de Director General de Seguridad, tomando el cargo Ricardo Herráiz Estevez. Galarza pasaría a ser subsecretario del Ministerio de Comunicaciones.

Siendo subsecretario del Ministerio de Comunicaciones mantuvo una relación muy estrecha con Julián Besteiro, socialista, y presidente del Congreso. Un episodio que ocurrió estando Galarza en el cargo tuvo lugar cuando el abogado Emilio Fernández Cadarso se dirigió el 29 de julio de 1932 por correspondencia a Julián Besterio para que éste le encomendase a Galarza su ruego de aumentar las plazas de oposiciones a Telégrafos para que su hijo tuviese opción a una de estas plazas. Galarza le respondió el día 26 de diciembre de 1932 a Julián Besteiro, comunicándole que habían sido ampliados los puestos de trabajo de seis a siete. Es el típico caso de corruptelas que tanto se dio en la Restauración como en la Segunda República y durante el franquismo23.

3. Ángel Galarza, de parlamentario radical socialista a socialista El día 27 de Mayo, el Partido Republicano Radical Socialista celebró su 2º

Congreso Nacional, en el cual se votó el nuevo comité ejecutivo nacional. Ángel Galarza quedó excluido de dicho comité debido a su actuación como Director general de Seguridad, que «lo hizo impopular en el partido, por no considerarse aceptable que un radical socialista tuviera el mismo concepto del orden público que el ministro Miguel Maura»24.

No obstante, para las inminentes elecciones de junio de 1931, Galarza fue designado como candidato por la Agrupación Republicana de Zamora25 y luego fue elegido diputado por Zamora, dirigiendo el grupo parlamentario del Partido Republicano Radical Socialista ya que había sido elegido presidente de la Federación de Izquierdas Republicanas Parlamentarias Españolas, nacida a consecuencia de un acuerdo entre los principales grupos republicanos. Durante esa legislatura encabezó el grupo, pero sin mucho éxito, al no ejercer un verdadero control sobre éste y permitir que dicho grupo parlamentario quedase fragmentado26.

Durante los debates para la elaboración de la Constitución de 1931, el Partido Republicano Radical Socialista se opuso al sufragio femenino, conforme a la tradición republicana radical socialista francesa, mientras los políticos galos de inspiración socialcristiana eran partidarios del sufragio femenino. El jurista de Estado de la Tercera República Adhémar Esmein era contrario a conceder el voto a la mujer. Lo mismo cabe decir de quien fuera presidente del Consejo de Ministros Jules Ferry o el líder radical-socialista Léon Gambetta. En cambio Maurice Hauriou, socialcristiano, era partidario de conceder el sufragio activo y pasivo a las mujeres. Galarza afirmó que era un

23

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia AJB-241-6. 24

Juan Avilés Farré, La Izquierda burguesa y la tragedia de la II República, Madrid, 2006, p. 96. 25

Juan Avilés Farré, La Izquierda burguesa y la tragedia de la II República, Madrid, 2006, pp. 103-104. 26

Manuel J. Peláez, ―Ángel Galarza Gago (1892-1966)‖, en Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos), Zaragoza-Barcelona, 2012, tomo 4º, pp. 193-196, nº 2.584.


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error contener este asunto en la Constitución, ya que esto debía reservarse a las leyes ordinarias para que pudiesen ser reformadas27.

Con la celebración del 2º Congreso Extraordinario del Partido Republicano Radical Socialista, se decidió expulsar a Galarza (siendo en este momento director general de Seguridad) debido a que en una de las manifestaciones celebradas durante el debate del artículo 26 de la constitución (el encargado de regular la cuestión religiosa), los guardias, a las órdenes de Galarza, detuvieron y maltrataron a una de las secciones de distrito del partido, y aunque los responsables fueron sancionados, Galarza no dio ninguna explicación a la agrupación28. La expulsión de Galarza fue acordada por 118 votos contra 31, pero el comité ejecutivo nacional desautorizo el acuerdo29.

Poco más se conoce acerca del primer mandato parlamentario de Ángel Galarza, pero sabemos que cuando el Conde de Romanones elevó su voz en su discurso en defensa del ex-rey Alfonso XII, le tocó a Galarza sostener la acusación y, según cuenta Azaña, lo hizo de una forma espantosa: «Galarza, que siempre ha de estar en todo, se levantó a sostener la acusación. Sabiendo lo que iba a ocurrir, me marché del salón. Al poco rato, los pasillos del Congreso se llenaban de diputados. Venían huyendo de Galarza. Era voz unánime que estaba haciéndolo muy mal. Pasó una hora, y Galarza seguía hablando. Yo no volví al salón hasta que terminó»30.

Durante el IV Congreso del Partido Republicano Radical Socialista, Galarza defendió una alianza con los socialistas, ya que, según él, «era necesaria una colaboración para llevar adelante políticas de izquierdas debido a la falta de ciudadanía de las clases medias»31, pero desde el sector derechista del Partido Republicano Radical Socialista, encabezado por Félix Gordón Ordás, se veían más cercanos al Partido Radical de Lerroux.

En junio de 1932 crea la ―Editorial La Maðana S. A.‖ y el 28 de agosto lanza su diario La Mañana que pronto dejaría de publicarse debido a su poco éxito, transformando su imprenta en una cooperativa y creando un nuevo diario La tarde que se consideraría como el instrumento de expresión del Partido Republicano Radical Socialista Independiente32.

Decir que en cuanto al Partido Republicano Radical Socialista Independiente, fue una formación política creada por un sector descontento con el Partido Republicano Radical Socialista a consecuencia de la ruptura que se generó en el 3º Congreso Extraordinario de dicho Partido Republicano Radical Socialista, en el cual Galarza se enfrentó a Gordón, acusándole de que gracias a una ―coaliciñn extraða‖ que estaba manteniendo el Partido Republicano Radical Socialista con los radicales y hasta con los monárquicos no hacían otra cosa que dejar el camino expedito para una nueva restauración de la monarquía. Además, el gobierno de Lerroux, con el incumplimiento de la Ley

27



El Sol, 20 de enero, 2 de febrero y 3 de febrero de 1932. 30



Antonio Checa Godoy, Prensa y partidos políticos durante la II República, Ediciones Universidad de Salamanca, p. 56.


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de Términos municipales, provocó que, en varios pueblos, los salarios correspondientes a los jornales de la vendimia se redujeran a la mitad. Galarza sería miembro del comité ejecutivo nacional del nuevo Partido Republicano Radical Socialista Independiente, el cual trataría de buscar acuerdos y acabar fusionándose con Izquierda Republicana33.

En las elecciones de noviembre de 1933, Galarza no es elegido diputado por Izquierda Republicana, partido que surgió como consecuencia del vuelco electoral hacia las formaciones de centro-derecha, derecha y extrema derecha. Siendo este partido constituido por la unión de los partidos Acción Republicana, Partido Republicano Radical Socialista Independiente y la Organización Republicana Gallega Autónoma. Galarza se integra en el Partido Socialista Obrero Español, ubicándose como un personaje muy próximo a las tesis de Francisco Largo Caballero, tras el estrepitoso fracaso en las elecciones para Izquierda Republicana34.

El 16 de febrero de 1936, Ángel Galarza es elegido diputado del PSOE por la provincia de Zamora. En esta legislatura su discurso se radicalizó hasta extremos significativos.

Prueba de ello es la famosa intervención que pronunció en el Congreso el día 1 de julio de 1936, en su turno para discutir sobre la política agraria que había llevado a cabo el Partido Republicano Radical y la Confederación Española de Derechas Autónomas. Galarza comenzó su parlamento afirmando que su alocución era «en cumplimiento de un deber» y acto seguido empezó a entrelazar una serie de denostaciones en contra el Partido Agrario, por su incompetencia para solucionar los problemas que ocurrían en el campo, tomando la voz de uno de los labradores que le habían pedido que interviniese por ellos: «¿Es que las derechas creen que el único modo de que no se pueda hablar de anarquía en el campo consiste en mantener la miseria del campesino con la Guardia Civil al lado de los grandes terratenientes, de los grandes propietarios del campo? Porque cuando la fuerza pública no está al servicio de ellos, sino que adopta una actitud neutral en nuestras luchas, para las derechas hay anarquía en el campo, y en cambio para los agrarios no existía anarquía en el campo en los años 34 y 35 en los cuales no se cumplió ni una sola de las bases de trabajo que estaban entonces en vigor, ni la de jornada»35.

Poco a poco Galarza comenzó a subir el tono en su discurso, aclarando primero que hablaba bajo su «exclusiva y única responsabilidad» y diferenciando su voz de la de su grupo parlamentario, comenzó a atacar a José Calvo Sotelo, acusándolo de haber colaborado con la Dictadura de Primo de Rivera, cosa cierta por las responsabilidades que tuvo de Director general de Administración local y luego ministro de Hacienda desde el 3 de diciembre de 1925 hasta la caída de Primo de Rivera en enero de 1930. Llegó al punto de decir que «no podemos permanecer inactivos cuando vemos que se utilizan esos escaños para surgir, nacer, desarrollarse y progresar quien quiere ser jefe del fascismo, quien quiere terminar con el Parlamento, quien quiere terminar con nuestros partidos, no por voluntad popular, sino por la fuerza bruta, por la violencia; quien escribió en un periódico que en España sobraban o

33


Pablo Villalaín García, ―La Renovaciñn parlamentaria en las Cortes republicanas de 1933‖, en Cuadernos Republicanos, nº 70 (2009), p. 71. 35

Diario de Sesiones de las Cortes, nº 54, 1 de julio de 1936, p. 1793.


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sobrábamos quince mil familias, que si un día triunfara nos destinaría a los campos de concentración o a las cárceles»36. Acabó su perorata con la siguiente afirmación: «Pues bien: yo digo una cosa, lo digo bajo mi exclusiva responsabilidad: mi partido, las organizaciones obreras que siguen a mi partido, han condenado siempre la violencia individual; la condenaron siempre, la condenaremos siempre. ¡Ah!, pero yo proclamo una cosa: la violencia...»37 y quedando no reflejado lo siguiente en las actas de las Cortes por orden del Presidente: «la violencia contra el jefe del partido monárquico no sería un delito»38 (siendo el jefe de dicho partido José Calvo Sotelo). El Presidente de las Cortes Diego Martínez Barrio le replicó a Galarza: «La violencia, Sr. Galarza, no es legítima en ningún sitio, pero si en alguna parte esa ilegitimidad sube de punto es aquí. Desde aquí, desde el Parlamento, no se puede aconsejar la violencia. Las palabras de S[u] S[eñoría], en lo que respecta no constarán en el Diario de Sesiones». Galarza, no solo no se calló, sino que volvió a replicar: «Yo me someto, desde luego, a la decisión de la Presidencia, porque es mi deber, por el respeto que le debo. Ahora, esas palabras, que en el Diario de Sesiones no figurarán, el país las conocerá, y nos dirá a todos si es legítima o no la violencia»39.

Galarza se enfrentó igualmente con José María Cid Ruiz Zorrilla, también diputado por Zamora, el cual le recriminó que no se acordase de que Zamora existía hasta que pensó en obtener un acta de Diputado por esa provincia. Además Cid le contestó lo siguiente: «Tenéis que saber que el Sr. Galarza se crio y educó en Zamora en plan de perfecto burgués, con familia burguesa, con colonos y demás, y que entonces no tenía esas inclinaciones socialistas actuales… no era defensor entusiasta de esos colonos, sino que estos le pagaban la renta. Cuando se vendieron esas tierras la venta se hizo a personas distintas de los colonos, y no solo esto, sino que se metió en un pleito de mayor cuantía a los pobres colonos por cuestión de lindes y por celemín más o menos».

Después de esto, Galarza afirmó que nunca había tenido tierras y Cid le aclaró que no se refería a él, sino a sus familiares más próximos. Galarza, en su turno de intervención le contestó «comprometiendo en ello mi honor que ninguno de mis familiares próximos ‒y entiendo por familiares próximos a padres y hermanos, de los demás no tengo porque saber nada‒, ninguno de mis familiares próximos ha vendido tierras que hayan producido pleitos». Cid, sin darse por vencido en la dúplica, le retó a que se acordase de Almaraz (lugar en el que supuestamente estaban dichas tierras) y encomienda a Galarza a demostrar la existencia de esos pleitos con la presentación de certificaciones. Galarza, acorralado, llegó a afirmar que el no conocía de la existencia de dichas tierras y que si existiesen él no estaba enterado, y contratacó a Cid con la acusación de que la Compañía eléctrica que pertenecía a la familia de Cid no solo habría cobrado una tarifa injusta durante la dictadura, sino que una vez que fue anulada por el gobierno republicano, fue restablecida a los pocos meses de ser Ministro el mismo Cid, otorgándole a sus familiares grandes

36

Diario de Sesiones de las Cortes, nº 54, 1 de julio de 1936, p. 1796. 37


En el Diario de Sesiones de las Cortes, nº 54, 1 de julio de 1936, p. 1795 se lee lo siguiente «El final de la frase no se consigna por orden del Sr. Presidente». 39

Diario de Sesiones de las Cortes, nº 54, 1 de julio de 1936, p. 1795.


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beneficios40. Cid Ruiz Zorrilla estuvo al frente de dos ministerios, el de Comunicaciones en tres gobiernos y el de Obras públicas en un gobierno. No obstante, su paso por esos cargos no se extendió mucho en el tiempo, pues solo tuvo carteras ministeriales desde el 16 de diciembre de 1933 al 3 de abril de 1935.

El 3 de julio, durante el debate en el que se discutía sobre la Ley de Amnistía, Galarza se mostró a favor de extender dicha amnistía a los delitos que tuvieran su origen en la lucha de clases entre patronos y obreros y tuviesen un mñvil político o social y llamñ ―miserable‖41 al diputado Sánchez Ventura, siendo respondido en términos similares por el aludido, dando lugar a protestas por los diputados debido al nivel de falta de respeto al que estaban llegando Galarza y Sánchez Ventura. El Presidente, forzado a intervenir, mandó a los diputados corregir sus palabras ya que consideraba que, agrediéndose de esa manera, colocaba a todos en una actitud de violencia verbal casi inevitable, que podía degenerar en tensiones y enfrentamientos graves42.

4. Ángel Galarza, Ministro de la Gobernación Como bien es sabido, el día 17 de julio de 1936 se produce el golpe de

estado que daría consecuencia a una cruenta y larga guerra civil. Dicho golpe fue planeado el día 8 de marzo de 1936 por varios generales en casa de un amigo de Gil Robles. Entre estos generales se encontraban Emilio Mola, Francisco Franco y Luis Orgaz Yoldi entre otros.

Fue Mola quien tomó la dirección de este movimiento en contra de la república, consiguiendo comprometer en dicho movimiento a multitud de guarniciones. Con el apoyo financiero prestado por Juan March (recordemos que fue querellado por Galarza en su etapa de fiscal de la república y denunciado en las Cortes por el ministro de Hacienda Jaume Carner Romeu43) comienza la guerra tras el asesinato de José Calvo Sotelo el día 13 de julio.

De este asesinato, decir que se produjo como una represalia por el asesinato del teniente de la Guardia de Asalto y militante socialista, José Castillo, por unos falangistas según señala, entre otros muchos, Gabriel Jackson44. Los asesinos de Calvo Sotelo quisieron ir primero a por Gil Robles, pero como se encontraba de vacaciones, fueron a buscar a Calvo Sotelo, quién sabe si alimentados espiritualmente por las violentas palabras de Galarza en su famosa intervención ante las Cortes del 1 de julio de 1936.

Comenzada la guerra civil, Sebastián Pozas fue nombrado Ministro de Gobernación por José Giral siendo sustituido por Ángel Galarza a partir del 4 de septiembre de 1936. Durante su etapa de Ministro de Gobernación, tomó

40

María Concepciñn Marcos del Olmo, ―El socialismo castellano y leonés en las cortes de 1936‖, en Cuadernos Republicanos, nº 82 (2013), pp. 34-35. 41


María Concepciñn Marcos del Olmo, ―El socialismo castellano y leonés en las cortes de 1936‖, en Cuadernos Republicanos, nº 82 (2013), p. 26. 43

María Encarnaciñn Gñmez Rojo, ―Jaume [Ramon Ildefons] Carner Romeu (1867-1934)‖, en Diccionario de Juristas de Cataluña y del Rosellón, Madrid-Málaga, 2014, pp. 92-95. La frase famosa en esa oportunidad fue: «o la República acaba con March, o March acaba con la República» (p. 94). 44

Gabriel Jackson, La República española y la guerra civil (1931-1936), Barcelona, 1987, p. 211.


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medidas para acabar con los ―paseos‖ y rebajar el nivel de violencia en las calles45.

De acuerdo con lo que dispone la Causa general, durante la guerra civil, Galarza introdujo las checas en España, una institución que fue utilizada por el bando republicano para detener, interrogar y juzgar a los sospechosos de simpatizar con el bando nacional46. Prueba de ello es un documento que aparece en la Causa general firmado por Galarza que acredita la iniciativa y responsabilidad del Gobierno del Frente Popular en la creación y actividades criminales de la checa de Fomento.

Hemos de decir que la checa de la calle del Marqués de Riscal, nº 1 de Madrid, que luego continuaría en la checa de Santa Úrsula de Valencia47, dependía directamente del ministro de la Gobernación, Galarza, siendo éste tratado con ―gran familiaridad‖ por los dirigentes de la checa48 y siendo acompañado por estos como ―guardia personal‖.

Se sabe que Galarza aprovechó su posición al frente de gobernación para vengar una antigua enemistad política y personal con los hermanos Luis y Rosendo Calamita Ruy-Wamba49 y que mandó al capitán Alberto Vázquez transportar desde Madrid a Barcelona unas «maletas con valiosísima carga, directamente confiada a Vázquez por el Director de Seguridad; pero en Barcelona las patrullas de control de la CNT detuvieron a Alberto Vázquez y a sus milicianos y los despojaron de sus maletas»50.

Según Paul Preston, Galarza no puso ningún interés en acabar con la existencia de las checas aunque fuera instado a ello por la Junta de Defensa de Madrid51.

La actuación de Galarza, por su política de orden público, fue muy criticada52 (no opinando lo mismo Francisco Largo Caballero, que calificaba de injusto el descredito de Galarza)53. No solo por el asunto de las checas, sino por las escasas e inútiles medidas que tomó. El día 16 de septiembre creó mediante decreto las denominadas Milicias de Vigilancia de Retaguardia con la función de «regular los servicios de orden en la retaguardia». Dicho decreto fusionó a todas las milicias gestionadas por los sindicatos y partidos en un único cuerpo armado y calificando como ―faccioso‖ a «cualquier otro grupo autónomo que continuara desempeñando funciones de seguridad atribuidas a la MVR». Además, como aliciente para que todas las milicias se integrasen en la MVR, se prometió que los que estuvieran dentro de éstas tendrían prioridad para incorporarse al cuerpo de Policía. Esta medida fue efectiva a corto plazo, pero no consiguió que hubiese algunos grupos que siguieron operando al margen de la MVR y no logró rebajar los niveles de violencia54.

45

Javier Cervera, Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939, Madrid, 1998, pp. 68-72. 46

Hugh Thomas, La Guerra Civil Española, Barcelona, 1982, pp. 301-308. 47

La Causa General. La dominación roja en España, Madrid, 1944, pp. 149-151. 48

La Causa General. La dominación roja en España, p. 102. 49

Manuel J. Peláez, ―Angel Galarza Gago‖, en Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, tomo 4º, p. 193. 50

La Causa General. La dominación roja en España, p. 150. 51

Paul Preston, El holocausto español, Barcelona, 2011, p. 462. 52

Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra, Tomo II, Barcelona, Editorial Crítica, p. 50. 53

Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra, Tomo II, Barcelona, Editorial Crítica, pp. 53-54. 54

Paul Preston, El holocausto español, Barcelona, 2011, p. 399.


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El día 6 de octubre, Galarza se reuniría con Ogilvie-Forbes, el ministro de Interior británico y le comunicó que no podía evitar las matanzas que se producían en las cárceles, ya que necesitaba emplear a la Guardia de Asalto en el frente y de la seguridad de las cárceles se encargaban las milicias55.

Otro episodio digno de mención fue las Matanzas de Paracuellos del Jarama, donde encontramos posturas enfrentadas con respecto al papel que jugó Galarza durante dichas matanzas. Según algunos autores, Galarza sería uno de los responsables directos56, mientras que otros estudiosos señalan que no tuvo responsabilidad alguna57.

El día 5 de marzo de 1937, Galarza recibió una carta58 de Largo Caballero en la que le comunicaba que se les había retirado el pasaporte a dos alemanes que llegaron a Valencia desde Euskadi y que gracias a averiguaciones de la Dirección General de Seguridad se descubrió que uno de ellos era el Jefe del espionaje alemán en España y que había dado órdenes a la Dirección General de Seguridad de que se abstuviera de dar documentación a los que la solicitasen por la Delegación del gobierno de Euskadi, de la que se sospechaba que estaba facilitando documentación a personas desafectas a la república, las cuales estaban trasladando noticias y datos confidenciales al bando nacional. En dicha carta, Largo Caballero encomendaba a Galarza hacer oídos sordos de cualquier tipo de queja sobre las órdenes que había dado a la Dirección General de Seguridad y que entendiera su decisión de cerrar las fronteras para que solo los autorizados por el Ministro de la Guerra pudieran salir al extranjero.

Poco antes de ser destituido, Galarza es instado a mediar en un conflicto entre la Federación Provincial Socialista de Jaén y el Gobernador Civil de la misma provincia, José Piqueras Muñoz. Dicho conflicto vino a consecuencia del tratamiento agresivo y autoritario que Piqueras estaba dando a los miembros socialistas de dicha Federación, los cuales decidieron destituirle. Así las cosas, la federación remitió un escrito al Ministro de la Gobernación para que corroborase su decisión. No fue Galarza el que respondió, sino la Comisión Ejecutiva Nacional, la cual puso en conocimiento de la Federación Socialista de Jaén que los motivos que alegaron no tenían suficiente importancia para ser elevados a una autoridad superior. Además, indicaron que conocían muy bien a Piqueras y que era un fervoroso defensor de la causa socialista59.

Otro asunto, que es importante relatar, es que Galarza, por su propia iniciativa, mandó arrebatar las Memorias de Niceto Alcalá Zamora. Dichas Memorias acabaron en las manos de un comunista que luego se incorporó al gobierno de Giral y Martínez Barrio60. Las mencionadas memorias, como de todos es sabido, han aparecido hace unos pocos años intentando ser vendidas por sesenta mil euros por quien las tenía en su domicilio, en la ciudad de Valencia.

55

Paul Preston, El holocausto español, Barcelona, 2011, p. 401. 56

César Vidal, Paracuellos-Katyn: Un ensayo sobre el genocidio de la izquierda, p. 223. 57

Ian Gibson, Paracuellos: cómo fue, Madrid, 2005, p. 86. 58

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia AFLC-192-20. 59

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia AH-10-47. 60

Niceto Alcalá-Zamora, Memorias (Segundo texto de mis Memorias), Barcelona, 1977, p. 478.


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Galarza fue destituido del cargo de Ministro de la Gobernación el día 16 de Mayo de 1937, siendo sustituido por Julián Zugazagoitia Mendieta. Este cambio en gobernación vino a consecuencia de los Sucesos de Mayo en Barcelona y de la ulterior caída del gobierno de Largo Caballero. Poco después de la citada destitución, Galarza se dirigió mediante una carta61 al vicesecretario de la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, Pascual Tomás, para solicitar una reunión con su ejecutiva a fin de dar cuenta de su gestión en el gobierno, ya que según el mismo comentaba en dicha carta se sentía más vinculado al sindicato que al partido.

Fue el tesorero de la Unión General de Trabajadores, Felipe Pretel, el que respondió a la carta indicándole a Galarza de que «no tenía ninguna obligación de informar al Comité General de la Unión», ya que no había trabajado en el Gobierno como representante directo de la Unión General de Trabajadores.

Aun no siendo Ministro de la Gobernación, Galarza siguió muy próximo a Largo Caballero, el cual le encargó el día 5 de julio de 1937 recibir al Secretario de la Internacional Obrera Socialista para tratar unos «asuntos muy importantes» y conseguir cumplir «una misión» en España62.

5. Ángel Galarza, republicano exiliado en México A pesar de no haber trascendido como otros personajes de su época, Ángel

Galarza ejerció un papel muy importante en la oposición al franquismo desde el exilio. En 1939 se exilia a Francia63 y más adelante, en 1944 a México. Encontrándose en México pronunció varios discursos y se integró en el Grupo Parlamentario Socialista64 al igual que hicieron muchos otros exiliados del PSOE elegidos diputados en 1936.

Uno de los acontecimientos que mejor relatan lo que sucedió mientras estuvo exiliado en Francia es el discurso que Galarza pronunció el 15 de noviembre de 1944, como «homenaje a los españoles que luchan en los Ejércitos de las Naciones Unidas y en solidaridad con el pueblo español»65.

Galarza comenzaba el mencionado discurso volviendo a utilizar una expresión que iba muy en la línea de su intervención del 1 de julio de 1936: «soy miembro del Partido Socialista Obrero Español y soy diputado de la minoría socialista. Pero no me atribuyo indebidamente, audaz y osadamente, ni la representación del Partido en este acto, ni el mandato de la minoría socialista. Vengo con mi exclusiva responsabilidad, con mi modestia...». «No comprometeré ni al Partido Socialista ni a la minoría del Parlamento español» y luego afirmaba que, aun conociendo que iba a hablar un representante del Partido Comunista (partido con el que tuvo un encontronazo por la destitución de Largo Caballero), no iba a ser un «títere rencoroso» sino «un político

61



Manuel J. Peláez, en Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, tomo 4º, p. 195. 64

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia AAVV-AJBS-153-30. 65

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia ARLF-171-42.


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español y un ciudadano español». A pesar de esto, Galarza no se corta y aprovecha el momento para decir que salió del Gobierno porque «una alianza del Partido Comunista con una parte del Partido Socialista encabezada por Prieto, traicionó y expulsó del Poder a Francisco Largo Caballero» para luego afirmar que «no le guardaba rencor a ningún partido español aunque hayan tenido diferentes puntos de vista, que ya se encargarán de responder ante su partido y ante la historia».

Ya centrándose en el homenaje a los soldados españoles, Galarza afirmaba que no homenajear a los soldados que han derramado su sangre por la democracia y por la República es cometer un crimen, a pesar de la propaganda que hizo el bando nacional del ejército republicano español, tachándolo de ―horda‖. Relata además que cuando llegaban los españoles a Francia buscando acogida, la gendarmería francesa los metía en campos de concentración a culatazos y que cuando Francia se levantó contra el general Pétain, los soldados españoles lucharon al lado del pueblo francés en lugar de alzarse en armas contra las autoridades francesas.

Más adelante, y haciendo gala de un cinismo asombroso, Galarza dice que los refugiados españoles «no hemos traído aquí el oro de nadie, tenemos que demostrar que no hemos venido a disfrutar haciendas ajenas. Los que tenemos las manos limpias, que somos la enorme mayoría, y los que no las tienen ya no las tendrán nunca, pero tampoco son emigrados españoles, son unos ciudadanos de un mundo de malicia, que pueden ir buscando pasaportes distintos al de la República española». Es cuanto menos curioso que Galarza, el mismo hombre que encargó años atrás al capitán Alberto Vázquez que transportara desde Madrid a Barcelona unas «maletas con valiosísima carga» venga años después dando discursos de honradez. Pero no es solo eso, también declaró que «no podremos perdonar a los que de la guerra española han hecho un negocio» y que él mismo había cumplido sus deberes para con la repöblica y había salido ―limpio‖ por la frontera de Espaða, es decir, ―pobre‖.

Poco después, el discurso comienza a tener otro enfoque y recomienda al Partido Comunista unirse al Partido Socialista en contra del franquismo y la Falange y a que sean leales a la Constitución de 1931 y que no piensen que España necesita un Tito, sino una Constitución y un Gobierno, que España no es Yugoslavia y que son casos totalmente distintos.

El día 25 de noviembre de 1945, Galarza pronunció otro discurso66 junto con Ramón Lamoneda, José Rodríguez Vega, Julio Álvarez del Vayo y Juan Negrín en el teatro de los cinematografistas. Esta vez es un discurso en el cual Galarza defiende el gobierno de Negrín en el exilio, el cual venía siendo muy criticado ya que Negrín era acusado de secuestrar y retener el Poder desde su posición. Galarza sostuvo que Negrín «no defendía las disidencias, sino la unidad. Y es el único político que consigue esa unidad en el mes de agosto en México, a los pocos días de llegar» y critica muy duramente el hecho de no habérsele encargado formar un gobierno a Negrín, el cual pretendía crear un Consejo de ministros donde estuviesen representadas todas las minorías parlamentarias, todos los grupos y todos los sindicatos y en lugar de eso se le hubiese encargado formar gobierno a Giral. Siguiendo con su crítica, Galarza se remonta al periodo de consultas para la elección del jefe de Gobierno, del cual recela al observar que se da el encargo de realizar dichas consultas a una

66

Por la Repöblica contra el Plebiscito, Biblioteca de ―El Socialista‖, México, 1945.


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persona distinta al anterior jefe de Gobierno. Luego, para mayor escándalo, se manda formar gobierno a la misma persona que ha fracasado en el cumplimiento del mandato, esto es a Giral, en lugar de darle el encargo a otro republicano o de «apelar al patriotismo de los españoles» y formar un Gobierno de unidad. Después de todo esto, se les ofreció al grupo parlamentario del PSOE la posibilidad de que Negrín ostentara la vicepresidencia del Consejo además de un puesto al frente de un Ministerio, oferta que fue rechazada ya que en palabras del propio Galarza «cuando existen dos políticas que marchan por caminos distintos, no pueden estar unidas más que a condición de estar quietas. Y nosotros, para no hacer nada, no podíamos ir al Gobierno».

Poco después, Galarza alaba el Gobierno de Largo Caballero (del cual formó parte) y comparándolo por como tuvo que haber sido el gobierno de Giral: «Caballero no elige unos grupos o unas fracciones o unos amigos, Caballero se encara con España, con el pueblo español, y ve la enorme misión de nuestra guerra. Y Caballero, al que se le acusaba de dividir al Partido Socialista, se dirige a las dos matizaciones del Partido. Y le dice a Prieto: ‗Tö y dos ministros de los que estén en vuestra línea en el Partido, al gobierno‘ y llama a la CNT y llama a todos los grupos republicanos y forma un Gobierno de Unidad Nacional, Gobierno de resistencia, de lucha, no de pacto».

Continua su discurso Galarza afirmando que ellos van a respetar las instituciones republicanas, no «como hicieron algunos con el legítimo Gobierno presidido por el Dr. Negrín», pero que no pueden ni van a estar en un Gobierno (el de Giral) que no está haciendo una política que vaya a traer la República de nuevo a España. Asimismo, sostiene que no solo se van a limitar a decir lo que ha venido sosteniendo durante su discurso, sino que va a trabajar por la reinstalación de la República «que no es para nosotros una simple forma de Gobierno, es el único régimen capaz de reincorporar España, independiente, libre y señora de sus destinos, al mundo. Solo con República el español será un ciudadano, solo con República el poder civil mantendrá su rango, solo la República puede disolver un Ejército que es una casta incompatible con la libertad, y crear un Ejército que sea una muchedumbre de bayonetas populares dirigidas por una selección de espadas republicanas. Solo la República puede garantizar a cada español la libertad de su conciencia. Solo la República puede dar al campesino la seguridad de la tierra, para que no sea no solo su tumba, sino su riqueza. Solo con la República asistirá España, ausente tantas veces por culpa de sus reyes extranjeros, de los grandes sucesos de la Historia».

Finaliza su discurso señalando que «la República Española no puede someterse a ningún plebiscito porque está ya plebiscitada por el pueblo español, no solamente en las urnas sino en el campo de batalla» y que «los electores españoles que no han podido conservar su vida, no quieren que se los ponga en una opción entre Monarquía y República porque saben que la Monarquía en España no puede ser más que una de estas cosas: o una Monarquía militar, como es Franco; o una Monarquía diplomática, como estuvo a punto de ser la monarquía de José Bonaparte», en referencia al hermano mayor de Napoleón, Joseph Bonaparte.

Como ya veremos, el discurso de Galarza del 25 de noviembre se verá relacionado con las reuniones que mantuvieron los Jefes de Grupos


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parlamentarios de los días 1 y 7 de junio de 194667. En dichas reuniones participó Galarza como Vicepresidente del Grupo Parlamentario del PSOE y se enfrentó a Pedro Vargas (Izquierda Republicana), el cual propuso que las minorías pudieran designar nuevos representantes en las Diputaciones Permanentes para el caso del traslado a Francia, oponiéndose Galarza por considerar que iba en contra del Reglamento y de la Constitución, siendo apoyado por las demás minorías.

Otro de los asuntos en los que participó Galarza fue durante la discusión de los presupuestos. El Presidente del Consejo de Ministros, Giral, relató que el Gobierno solo disponía de cuatro millones de pesos, que era lo que quedaba de lo entregado por la Comisión Administradora de los Fondos para el Auxilio de los Republicanos Españoles. Terminada su participación, Giral concedió la palabra a los demás diputados y al ver que nadie pedía la palabra se dispuso a agitar la campanilla para cambiar de asunto, pero entonces Galarza pidió la palabra. Galarza afirmo que «era su propósito intervenir en un debate político seguro de que los grupos gubernamentales se iban a apresurar a felicitar al Jefe del Gobierno, pero que ante el silencio de todos se veía precisado a ser él quien plantease el debate» (de acuerdo con el cuestionario que previamente aprobó el grupo Parlamentario).

En primer lugar indicó que la Minoría Socialista, aunque «con tardanza que indicaba resistencia», volvía a figurar en el Gobierno, pero que era necesario constatar si los grupos que no estaban en el Gobierno «estaban ausentes por haberse negado a formar parte del mismo al ser invitados, o si no habían sido invitados porque otros se habían opuesto a ello» y al acabar de leer el cuestionario previamente mencionado, felicitó al Sr. Giral por su participación en el acuerdo del Sub-Comité del Consejo de Seguridad y «le alentó para que el Gobierno mantuviera una carga de intransigencia frente a cualquier solución que no fuese la restauración en España de la República».

Justo después de la intervención de Galarza, Pedro Vargas pidió la palabra pero Giral le rogó que le permitiese hablar a él para contestarle a Galarza, al que se dirigió en los siguientes términos: «El no estar representado el grupo al que pertenece el Sr. Galarza se debe, en efecto, a lo que él ha supuesto. Dos de los grupos que están en el Gobierno me cablegrafiaron que no aceptaban la presencia en el Gobierno de ese grupo socialista. Además, el Sr. Negrín había vuelto a manifestar su decisión de no formar parte del Gobierno» y añadió con respecto a la restauración republicana en España: «Declaro que las fuerzas de resistencia en el interior de España no son lo suficientemente fuertes para un alzamiento capaz de derrocar a Franco. La caída de éste sólo es posible conjugando la acción interior con la acción internacional, y añado que ésta solo puede ser, por si sola, suficiente, mientras que la interior no lo es. El Gobierno que patrocinado por Inglaterra se va a formar en el exterior de España será inmediatamente reconocido por Inglaterra y EEUU que romperán con Franco, aconsejarán la ruptura de las demás naciones y por una acción económica y moral esperan que Franco tenga que abandonar el Poder. Ese Gobierno entrará en España y hará las elecciones. Yo, aunque me quedase solo, continuaré llamándome Gobierno legítimo de España» y con respecto a la vuelta de los exiliados a España anexó que «el problema de la vuelta a España

67

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia ARLF-169-7


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de los refugiados en ese momento es un problema individual y de conciencia». Finalizó su intervención agradeciendo muy emocionado la felicitación de Galarza, agregando que no está muy acostumbrado a recibirlas.

Vuelve Galarza a intervenir afirmando que sería descortés no agradecer a Giral su contestación y añade: «Nosotros aplaudimos la decisión del Presidente del Consejo de mantener la legitimidad de la República y sus órganos frente a toda maniobra de otra índole. Pero al oírle que lo hará aunque se quede solo, tenemos sospecha de que el Sr. Giral teme desde ahora quedarse solo; y ello es porque mientras él ocupa firmemente, con firmeza republicana, su puesto, quienes le acompañan viajan en la plataforma, dispuestos a tirarse en marcha en cuanto desde fuera les hagan un guiño. Estamos seguros de que si todos estuviesen decididos a mantenerse intransigentes, no sería posible la formación de un Gobierno híbrido que se crea para burlar la auténtica voluntad española. Nosotros desde ahora declaramos que no aceptamos ese Gobierno y que ninguna de sus disposiciones tendrá para nosotros autoridad por carecer de ella el órgano de que emanan, y que, dentro o fuera de España, ésta será nuestra actitud. No comparto el criterio de que el regreso a España sea un problema individual; sobre ello el Gobierno debe influir con sus decisiones, estímulos y orientación».

Nos remontamos a 1948, en concreto a un manuscrito del propio Galarza titulado Cada día más socialista68, en el cual Galarza habla sobre la situación del PSOE en el exilio y dentro de la política española. El texto comienza haciendo referencia a los ―compaðeros‖ que se marchan a otro partido, deseándoles suerte en esos partidos y que sean útiles en la causa común «que es la del proletariado y la de España»; ya que considera que los compañeros que se marchan no por un despacho ni por ambición merecen su respeto y que hacen bien abandonado un partido que no es afín a su ideología ya que así no perturban al propio partido. Justo después, Galarza afirmaba que cada día se siente más socialista y más encajado en el partido al que pertenecía antes de abandonar España, al PSOE, pero no por sentimiento ni por poder político, sino por razón, ya que considera que el PSOE continúa siendo socialista aunque lo nieguen algunos de los que luego lo han abandonado. Añade además que «para continuar en nuestro partido, no miro a las afueras, sino a mi patria. Y este no es el Laborista, ni el belga, ni el francés ni ningún otro, es el PSOE, el de los movimientos revolucionarios del 17, del 30, del 34 y el del coraje del 36. Es un partido de clase, de la clase proletaria, marxista, como quisieran sus fundadores, es un partido internacionalista, que elabora sus tácticas en sus Congresos; es un partido jerarquizado por el voto de cada afiliado, sin caudillos y sin personajes prefabricados». Como se desprende de sus palabras, el apego de Galarza al PSOE es mucho mayor del que demostró tener hacia al Partido Republicano Radical Socialista y no solo eso, sino que Galarza defiende que si el partido algún día no fuese lo que el anteriormente ha citado no saldría del partido, sino que lucharía para cambiarlo desde dentro.

Curiosa es la reflexión con la que continúa el escrito: «Ni dentro de las fronteras, ni fuera de ellas, el partido puede dejar de ser republicano», lo que evidentemente contrasta mucho con la situación del PSOE actual.

68

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia ARLF-172-34


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El escrito finaliza con una autocrítica del propio partido: «Yo encuentro que el partido de aquí, reconoce cuál debe ser su conducta, pero no acierta a realizarla. Ni se concierta, para acciones precisas, con el partido comunista, ni evita la división de la UGT; ni hacer el uso debido de su posición parlamentaria; ni da a la resistencia aquella eficacia, que supone pasar del concepto a la acción; ni tiene el valor de enlazarse públicamente con los partidos extranjeros que todavía son marxistas; ni dejar de mendigar la atención de los que han dejado de oírlo; ni se atreve a proclamar, virilmente, nuestros verdaderos apoyos internacionales y a señalar nuestros adversarios de ese género» pero cuida también de distanciarse del Partido Comunista, alegando que pensar así no es ser un ―comunistoide‖, sino que es ser socialista, y que ser socialista no implica ser anti-comunista, anti-soviético y enemigo de la unidad obrera y que solo siendo ―fanáticos‖ puede mantenerse al PSOE, haciendo de él «una reliquia que bajo el palio de nuestro entusiasmo pasearemos un día por los caminos de España, hasta depositarla en el ara democrática de nuestro primer Congreso en Madrid».

6. Ángel Galarza, republicano exiliado en Francia Después de estar exiliado en México, existe constancia de que Galarza se

trasladó a Francia en el año 1960, como así lo demuestra el boletín de cooperación con la Alianza Antifranquista Activa69 que recibió, cuyo objetivo era el de «organizar a todos los antifranquistas pertenecientes a la base de todos los partidos o agrupaciones, dispuestos a reimplantar la III República Española».

Para ello, está formación coincidió en crear un «Gobierno de Guerra, con representación en el interior», y en movilizar los recursos morales y materiales del destierro, así como comunicar a las potencias exteriores y a los Organismos internacionales, la formación y los propósitos del Gobierno de Guerra y por último, si no fuese posible crear este Gobierno de Guerra, crear un ―Comité de Liberaciñn Nacional‖ encargado de defender las instituciones republicanas hasta la victoria final.

El día 7 de Junio de 1960, Galarza recibió una misiva70 de Emilio Herrera, el presidente del Consejo de Ministros de la República, en la que agradecía los consejos que tanto Galarza como la Alianza Antifranquista Activa le brindaban para constituir el Gobierno. Entre otros consejos, se le instaba a rodearse de colaboradores que sean útiles en la tarea de liberar a España de la dictadura de Franco y de evitar ―amigos inötiles‖, ―políticos fracasados‖ y «hombres que durante el exilio han permanecido indiferentes a nuestra lucha».

Así mismo, Galarza le había aconsejado prescindir de dos de los miembros del Gobierno anterior, calificándolos de ―vitalicios fracasados‖ y proponiéndole como miembros otros dos antiguos políticos. Emilio Herrera le responde en su carta que «¿Por qué estos dos compañeros, cuyo trabajo durante años conozco perfectamente, pueden considerarse como fracasados? Porque no han conseguido derribar a Franco apoyado moral, económica y militarmente

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Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia ALJA-404-34. 70

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia ALJA-403-34.


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por los Estados Unidos, moralmente por la casi totalidad del resto del mundo y sin que la emigración les haya aportado la menor ayuda en su tarea?». Además, afirmaba que uno de los personajes de los que Galarza propone prescindir se ha encargado de la protección de los exiliados por las autoridades francesas y organizaciones benéficas, y que lejos de fracasar ha conseguido que las autoridades galas se hayan adherido a la causa republicana. Por otra parte, afirmaba que el otro compañero se ha encargado de Asuntos Exteriores y de relacionarse con altas autoridades políticas francesas con el fin de obtener relaciones de simpatía con el Grupo Diplomático acreditado en Francia. Y, por estos motivos, iba a desoír el consejo de Galarza y no entraba en su cabeza prescindir de esos políticos republicanos, a pesar de las críticas del propio Galarza y de la citada Alianza Antifranquista Activa.

En los años anteriores a su muerte, Galarza mantuvo mucho contacto por correo con Eugenio Arauz Pallardó (1894-1972), el cual se encontraba en México, con el fin de informarle de los asuntos que ocurrían en Francia y a través de las cuales podemos situarnos en el momento histórico en el que vivió Galarza.

En concreto, en la misiva que le mandó el día 31 de julio de 1961, Galarza le hablaba acerca de la difícil situación que vivía Francia con el presidente Charles de Gaulle, del que teme que establezca una dictadura militar en Francia: «Nada hay tan parecido a los meses de Junio y Julio del 36 en España, como lo que en la actualidad aquí ocurre. Una derecha heterogénea, apoyada en una parte del Ejército, que conspira contra el Régimen pública y descaradamente; unos activistas, convertidos en terroristas, que diariamente atentan ruidosamente contra todo lo que significa fuerza progresista, una política, de esos elementos, de provocación para crear un clima propicio a la Dictadura; una amenaza constante del orden republicano»71.

En la misma carta, Galarza hace referencia a otra misiva que le entregó Don Jaime de Borbón y Battenberg al Embajador de España en París, en la cual declaraba provisional el Régimen franquista, «sin otra misión esencial que la de obtener la reconciliación de los españoles» y afirmaba que ha llegado la hora de que Franco le devuelva la libertad al pueblo español para que disponga libremente de sus destinos o el pueblo la reconquistará recurriendo a la violencia por doquier. Galarza precisa que la carta de Don Jaime «no tiene desperdicio» ya que puede «tener una resonancia que nosotros no hemos sabido producir en el interior de España, ni en el ambiente internacional». Asimismo, Galarza le encomienda a Arauz que publique la carta en México.

En su intercambio epistolar con Arauz, con fecha 18 de agosto de 1961, Galarza se mostraba muy crítico con Indalecio Prieto, el cual, aunque es tratado de ―genial político‖, dice que no es acreedor de ese culto porque «la persona que merece mi respeto por lo que fue, se ha transformado en el cáncer que corroe a la emigración. Si le suprimieran los medios económicos, de los que tuvo el talento de apoderarse, sería un responsable viejo solitario en una casa modesta, santuario por ser modesta, esperando la hora final. Ello no es posible; puede emplear cada año varios millones de francos para viajar, puede a través de Comités, que son disfraces, pagar viajes a familiares y amigos y criados; puede dedicar a correspondencia, taquígrafos y secretarios, cada día,

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Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia AEA-152-8.


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lo que los demás necesitamos para vivir una semana»72. También hace referencia al Congreso VIII del PSOE, celebrado en Puteaux, el cual describe, con términos muy duros, a través de las «palabras de un socialista francés» (cuyo nombre no dice): «Esto no es un Congreso, sino un Guignol. Los personajes no son de carne y hueso, sino marionetas de cartón, movidas por hilos que maneja un solo hombre. Los temas tan viejos como lo es el Guignol. Los clásicos personajes; el viejo que se golpea el pecho, sacando ruidos de cartón piedra, el risible, que se cree trágico; el que recita, equivocándose, una lección; incluso los que se equivocan y aplauden allí donde el argumento acota silbidos. Concluida la representación, los muñecos son guardados en sus cajas, bien cargadas de naftalina, hasta una nueva farsa». Preguntándole Galarza al ―socialista francés‖ sobre quien es el ―triunfante‖ del Congreso, éste le responde que Francisco Franco y al preguntarle el porqué, el socialista francés le responde que Franco no tiene motivos ni de ofuscación, ni de preocupación ya que los socialistas en el Congreso han acordado condenar la violencia y si el pueblo quiere elecciones, el mismo Franco se las dará y triunfará.

El día 15 de enero de 1962 Galarza le escribe a Arauz para comentarle el ―affaire‖ de Luis Jiménez de Asúa (1889-1970), el cual no estaba dispuesto a aceptar la Presidencia de la República debido a su interpretación literal de los preceptos constitucionales. Galarza establece en su carta el método a seguir para que Jiménez de Asúa acepte dicha presidencia. En concreto Galarza propone:

«1.Dar en el plazo más breve posible con Jiménez de Asúa y conocer su decisión

Una vez establecido el contacto, hacerle saber que solo cabe una alternativa. Aceptación, pura y simple, de ocupar la Presidencia de la República, o renuncia a ello y por lo tanto, consecuencia fatal, dimisión del cargo de Vicepresidente primero de las Cortes.

2. Caso de aceptación por Jiménez de Asúa. a) puede tomar posesión de la Presidencia o bien en la Embajada de México

o bien viniendo a París. Aun cuando no es preceptiva la promesa, pues expresamente la Constitución guarda silencio sobre ello, y el cargo es interino, puede hacerlo –ya que no estorba‒ en un documento que sea enviado a todos y cada uno de los diputados.

b) cumplido el requisito, el General Herrera presenta la dimisión de su Gobierno y cargo. Lo hace aquí, en el caso que se hubiera trasladado el nuevo Presidente; lo hace por carta, si fuera en México donde se hiciera la instalación.

c) el Presidente forma el nuevo Gobierno adecuado a las circunstancias actuales y a su misión. Quiere ello decir: número muy limitado de Ministros; cargo considerado como ―servicio‖, por lo tanto sin sueldo (este solo puede ternerlo el Presidente de la República y el del Consejo y los dos o tres funcionarios que han de trabajar horas determinadas).

d) Constituido el Gobierno e instalado en México en el local de la Embajada, nombra un delegado, sin sueldo, en París, para hacerse cargo de la oficina. En ésta dos empleados pagados. Misión de la Delegación: mantener las relaciones

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con toda la emigración española en Europa: con los Diputados aquí residentes; defender ante las autoridades francesas a los refugiados, a los que lo son ya de derecho y a los que diariamente solicitan serlo; organización de la propaganda republicana entre los sesenta mil emigrantes que trabajan en Alemania y los doce mil que lo hacen en Suiza. Fuerzas estas importantísimas, por estar constituidas de gente joven, que vuelve, en parte, a España al finalizar sus contratos y que lo poco que se hace entre ellas da resultados magníficos.

e) El Gobierno estimula la constitución de un Comité Revolucionario, autónomo, que se encarga desde Europa, de organizar la acción en el interior, sin limitación de medios, pudiendo buscar las ayudas allí donde crea encontrarlas sin tener que dar cuenta a nadie de sus actos, aun cuando notificándolos al Gobierno una vez que ello no significa riesgo que lo impidiera.

3. Caso de no aceptación de Jiménez de Asúa Inmediata comunicación a Dolores, invitándola a ocupar la Presidencia y en

el caso de su conformidad: f) Notificación al Gobierno Francés del hecho, para saber si otorga al nuevo

Presidente igual tolerancia de residencia de la que venía otorgando a Martínez Barrio.

Esto lo considero indispensable para poner al Gobierno de este país ante el problema y que lo resuelva con su responsabilidad total. Hay un 99% de probabilidades de que la contestación sea negativa, pero ello es necesario provocarlo para que la izquierda francesa no tenga pretextos que alegar el día de mañana.

g) Si por un milagro la contestación fuera favorable, Dolores se persona en París. Ante ella dimite el Gobierno y tramita la crisis. Deja aquí una Delegación en la misma forma ya explicada, y se traslada a México, donde Presidencia de la Republica y Gobierno deben instalarse.

h) Lo mismo que en el caso de Jiménez de Asúa, se constituye en Europa el Comité revolucionario.

i) En el caso en que ocurriera lo del apartado g) y que en cambio el Gobierno de México no otorgase a Dolores autorización de residencia, por ser Dolores, Presidencia y Gobierno estarían obligados a permanecer en Francia.

j) Si a Dolores ni Francia ni México, le dieran autorización de residencia, Presidencia y Gobierno se instalan en el país que lo autorice, cualquiera que sea su signo político y su hemisferio.

4. Caso de no aceptación de ninguno de los dos vicepresidentes actuales. El Gobierno actual da cuenta a todos los diputados de la situación creada y

les invita a que en un plazo dado se reúnan en los diferentes países donde residen y hagan candidaturas para elegir un Presidente de las Cortes y cuatro Vicepresidentes. Ellas se remiten al Presidente del Consejo y éste reuniéndolas las envía todas a los Diputados.

Estos votan, con su firma, una de ellas o una que resulte de las combinaciones de varias, y estos votos se remiten por duplicado: uno al Presidente del Consejo y otro al Embajador de España en México. Los que obtengan el mayor número de votos quedan proclamados en los cargos respectivos.


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El nuevo presidente de las Cortes toma posesión de la Presidencia de la República. Lo que después se hace es lo mismo que lo indicado para el caso de aceptación de Jiménez de Asúa»73.

Al poco de proponer lo arriba mencionado, Galarza vuelve a escribirle a

Arauz y le comunica que Jiménez de Asúa solo ha asumido la presidencia del Congreso, y solo actuar como tal. Galarza afirma que no lo acepta porque «es tanto como suprimir un órgano esencial de las Instituciones: la Presidencia de la República. Segundo es nombrar Jiménez de Asúa un Gobierno que no tiene que dar cuenta a nadie de su actuación ya que ni ha de dársela a quien le ha nombrado. Ese Gobierno es eterno, ya que solo estaría en crisis cuando sus componentes así lo decidieran», asimismo sostiene que es jurídicamente «un absurdo» porque «Besteiro solo asumió el rol de Presidente porque no había Constitución y porque las Cortes eran Constituyentes y estaban en funcionamiento permanente y porque los gobiernos así creados en cuanto no tenían mayoría Parlamentaria tenían que dimitir» y afirmando que con la situación así, esto solo podría beneficiar a la dictadura de Franco74.

El 2 de Abril de 1963, Galarza se dirige75 a Jiménez de Asúa, presidente del Congreso de los Diputados en el exilio, que entonces era catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, para darle su interpretación acerca de algunos preceptos constitucionales. En concreto, le encomienda que asuma el rol de la Presidencia de la República, que hasta entonces había ostentado Diego Martínez Barrio y que, como consecuencia de su muerte, había quedado vacante.

Galarza le recuerda la situación en la que se encontraban hace algunos años, ya que no tuvieron más remedio que «adaptar a las circunstancias los respetos que le debemos a la constitución» de forma que Martínez Barrio dejó de ser Presidente de las Cortes al no ejercer de Presidente de la Republica al dimitir Azaña, pero sí que ejercía las funciones del Presidente de la República, tanto las activas como las de representación, no solo siendo reconocido por los españoles que lo permitieron, sino por otros estados.

Así las cosas, Galarza le pide a Jiménez de Asúa (tal y como ya hizo en el entierro de Martínez Barrio) que deje de lado su ―espíritu de jurista‖ y que aunque sea Presidente de las Cortes asuma también las funciones del Presidente de la República. Afirma además, que el hecho de eludir «con fórmulas ambigüas, serlo o aparentar que lo es» pone en peligro el prestigio de las instituciones republicanas, ya que está tan debilitado que «ni siquiera Franco se ocupa de pedir al Gobierno francés que no permita en su territorio la existencia del Gobierno. No solo éste no le inquieta ni le molesta, sino que es para él una garantía de tranquilidad». Por último, Galarza se despide y le pide que ponga remedio a esta situación o «la acción comenzará».

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Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia AEA-152-8. 74

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia AEA-152-8. 75

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia ALJA 409-4.


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Unos días después, Galarza se crece y le dirige una carta76 nada más y nada menos que al General Franco, presentándose como Ministro que fue de la Gobernación de España. Dicha carta comienza recordando cómo se conocieron en la antesala del Presidente de Gobierno Provisional de la República, donde Franco esperaba para rendir pleitesía a Niceto Alcalá-Zamora y a reiterarle la lealtad a la República y donde él, Galarza, esperaba para dar cuenta de las querellas que se habían presentado contra Juan March, siendo Galarza el primero en ser recibido por el Presidente debido a su jerarquía (Fiscal General de la República) y al salir, disculpándose con Franco por prolongar su espera. Continúa Galarza el escrito tachando ese encuentro de ―simbñlico‖, ya que «fue el cruce de dos conductas, representadas por dos hombres de idéntica edad, jóvenes. La de Vd. con sus entorchados, que diciéndose portador de lealtad, había de cometer, pocos años después, el delito de perjurio y el crimen de rebelión militar, abriendo sobre la tierra española un millón de tumbas. La mía, que ponía los vuelillos de la Toga al servicio de un pueblo ansioso de justicia, que era ya hora se hiciera con un plutócrata delincuente. He continuado siendo leal a ese pueblo, y por ello me encuentro en el exilio».

A continuación, Galarza le reprocha a Franco que ha ascendido a Caudillo a través de un millñn de cadáveres espaðoles, ayudado de sus ―cñmplices‖ Adolfo Hitler y Benito Mussolini y financiado por el traidor Juan March y le dirige unas muy duras palabras a consecuencia de la reciente noticia del fusilamiento de Julián Grimau: «Perduran en el anciano que Vd. es, la crueldad del que fue Jefe del Tercio, la inconsciencia del capitán que sacrificaba soldados españoles en busca de estrellas para su bocamanga, la villanía del aliado de dos grandes criminales, Hitler y Mussolini».

Finalmente, Galarza se ofrece a ser la ―öltima víctima‖ del sadismo de Franco, disponiéndose a cruzar la frontera para ponerse a disposición del Consejo Supremo de Guerra y Marina y someterse a un juicio, considerando que sus funciones como Ministro de la Gobernación eran más importantes que las de Julián Grimau. Para someterse al juicio propone las siguientes condiciones:

«1.- Entraré en España acompañado por un abogado francés y seré recibido en la frontera, al poner pie en tierra española, por el Sr. Decano del ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al que pertenecí 17 años.

2.- Acompañado por esas personas, inmediatamente me presentaré ante el Magistrado designado, para ser juez de la causa, por el Alto Tribunal el cual podrá dictar mi encarcelamiento como procesado político.

3.- A los 15 días de que haya traslado a mi defensa el escrito de acusación y conclusiones provisionales del Sr. Fiscal, se celebrará la vista, que ha de ser pública.

4.- Como abogado que soy, se reconocerá mi derecho a defenderme a ejercer todos los derechos de la defensa y a pronunciar, sin limitación de tiempo el informe en apoyo a mis conclusiones.

5.- Asistirá a la vista el Decano del Colegio de Abogados de Madrid, no sólo para asistirme con su presencia si no para llamarme al orden si el

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Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia AARD-380-1.


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creyese que faltaba a las normas que la toga impone. Ninguna otra limitación se pondrá a mi defensa.

6.- Publicarán mi defensa quienes quieran hacerlo y unida al informe del Fiscal me permitirá su distribución y circulación por toda España.

7.- Dictada y ejecutada la sentencia, se dictará una disposición con el carácter de Ley, que declarará prescritos todos los delitos, supuestos o reales, cometidos antes del 30 de Abril de 1939, aun cuando se denunciaran después. Esta disposición no sería aplicable a mi caso»77.

Como podemos ver, Galarza pretendía terminar su vida como un mártir,

ofreciendo su existencia a cambio del perdón de todos los demás exiliados. Hemos de señalar que no existe constancia alguna de que el general Francisco Franco respondiese a esta carta.

Dos años antes de fallecer, Galarza criticó muy duramente a las nuevas generaciones de españoles y españolas, a las cuales no veía capaces de luchar contra el franquismo desde el interior. Las catalogó como «formadas en un ambiente mefítico, sometidas a las presiones deformadoras de una Iglesia arcaica, de unos principios reaccionarios, de falsedades fabricadas, que necesitan años para cambiar de piel»78.

También habló muy positivamente del turismo, el cual decía que había de ser fomentado, ya que de él vivían muchos españoles y entre todos ellos, muchos de clase trabajadora, y criticó muy duramente a la Iglesia ya que «con su jerarquía retrograda» estaba considerando mal al turismo como si fuese una «invasión demoníaca» y afirmaba Galarza que, si de la Iglesia dependiese, suprimiría el turismo. Literalmente dijo que la Iglesia «proclama venenosos a los turistas, la mayoría de los cuales no va a misa, entran a las iglesias medio desnudos, parejas enlazadas, muchachas sin ―dueðas‖, generosidad en la exhibición de las bellezas físicas»79.

Al mismo tiempo defiendo una ―propaganda inteligente‖ consistente en hacer saber a los españoles que aunque Madrid gana en turistas a París, hay muchos más parisinos procedentes de todas las clases sociales, que salen de vacaciones viajando por carretera, en proporción de 50 a 1 y que no es casualidad, sino porque Francia es una democracia y los militares facciosos están en presidio y en España, sin embargo, ocupan cargos en el Gobierno.

Galarza falleció en el exilio francés en París el 26 de junio de 1966. La última carta de la que se tiene constancia es una que dirigió a Arauz el 18 de diciembre de 1964, poco después de ser operado de un ganglio del cuello. La carta, lejos de mostrar contenido político, se centra en explicar los detalles de su operación80.

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Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia AARD-380-1. 78





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Conclusiones Si bien la figura de Ángel Galarza no ha adquirido todo el relieve histórico

que merece, este artículo nuestro trata de arrojar algo de luz ante una figura que, a pesar de la importancia de los cargos que desempeñó, siempre ha pasado a un segundo plano y nunca ha sido objeto de un estudio exhaustivo.

Ángel Galarza era un hombre con más sombras que luces. Si bien fue un eminente jurista especializado en derecho penal y uno de los fundadores del Partido Republicano Radical Socialista, no hemos de olvidar que protagonizó lamentables episodios en su etapa de diputado, tanto por su forma de dirigirse hacia otros miembros de la Cámara como por el contenido extremista de éstos. Prueba de ello es el discurso que pronuncia días antes del asesinato de José Calvo Sotelo que, aunque no hay una relación directa entre su asesinato y la ponencia de Galarza, sí podemos decir que hay indicios de que es posible que sus palabras calaran en las personas que perpetraron dicho asesinato.

Su actuación al frente de la Dirección General de Seguridad fue desastrosa, no logrando resolver los problemas que se le planteaban y fracasando en tareas tan nimias como vigilar a Franco sin que éste fuese consciente.

Por los escritos de Azaña nos queda claro que Galarza era un hombre muy temperamental (al que el mismo Azaða calificñ una vez como ―niðo estöpido‖ y otra como ―Galarcita, ese hombre inquieto‖), pero a la vez muy astuto. Reflejo de ello es la obsesión que tenía con March al que creía como uno de los males que la República había de combatir y que luego dicha obsesión se confirmó cuando Franco dio el golpe militar con su apoyo económico.

Si bien hay autores que le achacan cierta responsabilidad en las matanzas de Paracuellos, nada ha quedado demostrado a día de hoy. Pero lo que sí ha quedado registrado a lo largo de la Causa General, es que Galarza era el cabecilla de una de las checas, y que la utilizó para sus propios fines (asesinar por venganza a un viejo rival suyo). Y también que ordenó transportar maletines con una carga preciada (joyas y dinero, probablemente sacados de una de las cajas de seguridad de los bancos de Madrid, que fueron saqueadas) cuando vio que la España republicana iba siendo vencida por la España Franquista.

Luchó feroz pero inútilmente contra el franquismo en el exilio, alentando a muchos diputados en el exilio a no ceder ni un ápice respecto a Franco, aunque ello conllevase utilizar la violencia. Al ser un hombre con gran experiencia en asuntos de Estado se permitía la libertad de aconsejar a otros que desempeñaban cargos más importantes que él.

Curiosa es la carta que le escribió a Franco poco antes de morir, en la cual se puede observar que Galarza trata de redimirse de alguna forma, intentando sacrificarse él mismo por el perdón de todos los demás exiliados republicanos.

En definitiva, podemos concluir este estudio sobre Ángel Galarza Gago diciendo que, aunque fuese un hombre bastante belicoso y temperamental, sí que tuvo razón en varios asuntos claves de la República como el contencioso de March y que, a medida de que su muerte estaba cerca relajó su tono (hasta el punto de tratar de ser un mártir) y pasó a dedicarse a tareas meramente intelectuales en el seno del Partido Socialista Obrero Español. En cualquier caso el que sea un personaje poco admirado y consecuentemente menos estudiado esto puede derivarse de que no ha habido mucho interés en poner de relieve algunas de sus actuaciones irresponsables y/o criminales.


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No está nada claro ni que Santiago Carrillo Solares, ni que Ángel Galarza Gago tengan que ver con las denominadas matanzas de Paracuellos del Jarama (tal y como hemos precisado líneas arriba), aunque tiene más visos de ser exonerado el primero que nuestro personaje. El diplomático Félix Schlayer con su testimonio indicó que Carrillo tuvo conocimiento ulterior de las matanzas. Javier Cervera, el mayor especialista en el ―Madrid en guerra‖, ironiza sobre su entrevista a Santiago Carrillo, sobre sus memorias o sobre su falta de memoria, y sobre las fechas que da, aunque no se atreve a responsabilizarle. La negativa de Carrillo es taxativa en sus declaraciones y memorias. [Recibido el 22 de octubre de 2015].

AD PLENARIAM SESSIONEM PONTIFICIAE ACADEMIAE PRO VITA (5 DE MARZO DE 2015)

Franciscus ROMANUS PONTIFEX

RESUMEN: Con motivo de la Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia para la Vida en la que se reflexionó sobre la «Asistencia y cuidados paliativos», Su Santidad el papa Francisco les dirigió un discurso en el que testimonió que la persona humana es siempre valiosa aunque esté marcada por la ancianidad y la enfermedad, ya que es un bien para sí misma y para los demás y es amada por Dios. La Academia Pontificia para la Vida fue instituida por Juan Pablo II con el motu proprio Vitae Mysterium el 24 de enero de 1998. Esta academia fue fundada con objeto de estudiar, informar y formar sobre los principales problemas de la biomedicina y el bioderecho, con lo que comportan ambas ciencias respecto a la promoción y a la defensa de la vida en la relación que estos tienen con la ética y la moral cristiana y las directrices del Magisterio de la Iglesia. Pertenecen a la Academia setenta miembros nombrados por el papa, que representan a las distintas ramas de las ciencias biomédicas y a aquellas disciplinas y materias que están relacionadas de una u otra forma con la promoción y la defensa de la vida. En 2010 Benedicto XVI nombró presidente de dicha Academia a Ignacio Carrasco de Paula. Los cuidados paliativos son las atenciones, cuidados y tratamientos farmacológicos que se facilitan a los enfermos en fase avanzada y en enfermedad terminal con el objetivo de mejorar su calidad de vida y conseguir que el enfermo atraviese por una situación sin dolor. La Organización Mundial de la Salud adoptó un documento para el desarrollo de los cuidados paliativos, publicado en 1990, definiéndolos como el cuidado total activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo, considerando primordial controlar el dolor y los problemas psicológicos, sociales y espirituales. Consideran la muerte como un proceso natural y no se intenta ni acelerarla ni alargarla. La creciente concepción materialista de la vida, la psicosis de confort, la falta de vida familar y la escasa formación moral de la conciencia personal conducen al egoísmo y a la insolidaridad. Como bien dice el papa Francisco «en la sociedad contemporánea prevalece la lógica de la utilidad sobre la de la solidaridad y la gratitud», desentendiéndose de sus mayores. El papa Francisco considera los cuidados paliativos como «la expresión de la actitud propiamente humana de cuidarse unos a otros, especialmente a quien sufre», pues la persona humana es siempre valiosa aunque esté marcada por la ancianidad y la enfermedad.


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Contrario a los cuidados paliativos surge la eutanasia que consiste en provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. Juan Pablo II en la catedral de Santiago de Compostela incitó a Europa, que nace cristiana en sus valores, a que sea ella misma, pues «la misión de cada familia cristiana es la de salvaguardar y conservar al hombre». Entre los valores familiares fundamentales debemos destacar: el valor de la persona y el respeto al valor personal de la nueva vida. La sociedad actual no se caracteriza, precisamente, por el respeto ni por la defensa de estos valores, que son cristianos. Los valores, como disposiciones psíquicas, como repetición de actos en las personas que intentan vivirlos, son virtudes. La dignidad de la persona, el profundo sentido de la justicia, la tolerancia, la convivencia y el deseo de cooperación y de paz son valores cristianos. Los continuos cambios que observamos en la familia se deben principalmente a la disminución en el control del contrato matrimonial, a la transformación económica de la mujer y a la decadencia del control religioso. El anciano, que a lo largo de la historia ha sido respetado y considerado como fuente de experiencia y de sabiduría, se ve en la sociedad actual menospreciado y marginado. La oposición generacional, como señalara Simone de Beauvoir, se debe a una actitud psicológica, viendo el joven en la imagen del viejo reflejada su futura decrepitud. Los jóvenes se han convertido en los principales consumidores y, en el momento actual, la juventud se ha transformado en un culto, despreciando a sus mayores. Para el filósofo francés Emmanuel Mounier, la persona no es un objeto, es lo que en cada hombre no puede ser tratado como un objeto, pues la persona trasciende a la naturaleza. El hombre es un ser natural, pero un ser natural humano. El papa Francisco nos recuerda el cuarto mandamiento de la Ley de Dios, que nos pide honrar a nuestros padres y nos dice que es fundamental la relación entre padres e hijos, entre ancianos y jóvenes con referencia a la custodia y transmisión de la enseñanza religiosa y sapiencial a las generaciones futuras. Llama la atención a los estados haciéndoles ver que los sistemas sanitarios no deben buscar el beneficio económico sino cuidar con eficiencia a la persona humana. Nos hace ver también el papa Francisco cómo, en una sociedad cada vez más envejecida, no basta la asistencia eficiente de las instituciones públicas, pues el anciano necesita verse rodeado de afecto y eso solo se lo puede dar el entorno familiar. Desgraciadamente, la soledad y el abandono son las carencias más graves del anciano y también la injusticia más grande que puede sufrir. Elogia la labor llevada a cabo por la Academia y les recuerda «que el conocimiento médico es verdaderamente ciencia, en su sentido más noble solo si se considera un auxilio con vistas al bien del hombre, un bien que jamás se alcanza contra su vida y su dignidad». Y termina su discurso repitiendo la exhoración de Juan Pablo II: «¡Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda la vida humana! ¡Solo siguiendo este camino encontrarás justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad». El texto original en lengua italiana está publicado bajo el título Ad Plenariam Sessionem Pontificiae Academiae pro Vita (die 5 Martii 2015), en Acta Apostolicae Sedis, año y vol. CVII, nº (6 marzo 2015), pp. 273-275.

PALABRAS CLAVE: Academia Pontificia para la Vida, Cuidados paliativos, Ancianidad, Agentes Sanitarios, Medicina curativa, Persona humana, Vida, Dignidad, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Vitae Mysterium, Asociación Europea


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de Cuidados Paliativos, Eutanasia, Valores familiares, Control religioso, Oposición generacional, Simone de Beauvoir, Emmanuel Mounier. [Por la redacción de la revista, la autoría del Resumen y de las Palabras clave corresponden a José Martín Pinto].

Queridos hermanos y hermanas: Os saludo cordialmente con ocasión de vuestra asamblea general, llamada a

reflexionar sobre el tema «Asistencia al anciano y cuidados paliativos», y agradezco al presidente sus amables palabras. Me complace saludar especialmente al cardenal Sgreccia, que es un pionero... ¡gracias!

Los cuidados paliativos son expresión de la actitud propiamente humana de cuidarse unos a otros, especialmente a quien sufre. Testimonian que la persona humana es siempre valiosa, aunque esté marcada por la ancianidad y la enfermedad. En efecto, la persona, en cualquier circunstancia, es un bien para sí misma y para los demás, y es amada por Dios. Por eso, cuando su vida se vuelve muy frágil y se acerca a la conclusión de su existencia terrena, sentimos la responsabilidad de asistirla y acompañarla del mejor modo.

El mandamiento bíblico que nos pide honrar a los padres, en sentido lato, nos recuerda que debemos honrar a todas las personas ancianas. A este mandamiento Dios asocia una doble promesa: «Para que se prolonguen tus días» (Ex 20, 12) y –la otra– «seas feliz» (Dt 5, 16). La fidelidad al cuarto mandamiento no sólo asegura el don de la tierra, sino sobre todo la posibilidad de disfrutar de ella.

En efecto, la sabiduría que nos lleva a reconocer el valor de la persona anciana y a honrarla, es la misma sabiduría que nos permite apreciar los numerosos dones que recibimos diariamente de la mano providente del Padre y ser felices.

El precepto nos revela la fundamental relación pedagógica entre padres e hijos, entre ancianos y jóvenes, con referencia a la custodia y a la transmisión de la enseñanza religiosa y sapiencial a las generaciones futuras. Respetar esta enseñanza y a quienes la transmiten es fuente de vida y de bendición.

Al contrario, la Biblia reserva una severa advertencia a quienes descuidan o maltratan a los padres (cf. Ex 21, 17; Lv 20, 9). Este mismo juicio vale hoy cuando los padres, siendo ancianos y menos útiles, permanecen marginados hasta el abandono; y tenemos muchos ejemplos.

La Palabra de Dios es siempre viva, y vemos bien cómo el mandamiento tiene apremiante actualidad para la sociedad contemporánea, en la que la lógica de la utilidad prevalece sobre la de la solidaridad y la gratuidad, incluso en el seno de las familias. Por lo tanto, escuchemos con corazón dócil la Palabra de Dios que nos viene de los mandamientos, los cuales, recordémoslo siempre, no son vínculos que aprisionan, sino palabras de vida.

«Honrar» hoy también podría traducirse como el deber de tener máximo respeto y cuidar a quien, por su condición física o social, podría ser abandonado para morir o «dejarlo morir». Toda medicina tiene una función especial dentro de la sociedad como testigo de la honra que se debe a la persona anciana y a todo ser humano. Evidencia y eficiencia no pueden ser los únicos criterios que orienten la actuación de los médicos, ni lo son las reglas de los sistemas sanitarios y el beneficio económico. Un Estado no puede pensar en obtener beneficio con la medicina. Al contrario, no hay deber más importante para una sociedad que el de cuidar a la persona humana.


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Vuestro trabajo durante estos días explora nuevas áreas de aplicación de los cuidados paliativos. Hasta ahora han sido un valioso acompañamiento para los enfermos oncológicos, pero hoy las enfermedades son muchas y variadas, a menudo relacionadas con la ancianidad, caracterizadas por un desmejoramiento progresivo, y para las que puede servir este tipo de asistencia.

Ante todo, los ancianos tienen necesidad del cuidado de sus familiares, cuyo afecto ni siquiera las estructuras públicas más eficientes o los agentes sanitarios más competentes y caritativos pueden sustituir. Cuando no son autosuficientes o tienen enfermedades avanzadas o terminales, los ancianos pueden disponer de una asistencia verdaderamente humana y recibir respuestas adecuadas a sus exigencias gracias a los cuidados paliativos ofrecidos como integración y apoyo a la atención prestada por sus familiares. Los cuidados paliativos tienen el objetivo de aliviar el sufrimiento en la fase final de la enfermedad y al mismo tiempo garantizar al paciente un adecuado acompañamiento humano (cf. Carta encíclica Evangelium vitae, 65). Se trata de un apoyo importante, sobre todo para los ancianos, que, a causa de su edad, reciben cada vez menos atención de la medicina curativa y a menudo permanecen abandonados. El abandono es la «enfermedad» más grave del anciano, y también la injusticia más grave que puede sufrir: quienes nos han ayudado a crecer no deben ser abandonados cuando tienen necesidad de nuestra ayuda, nuestro amor y nuestra ternura.

Por lo tanto, aprecio vuestro compromiso científico y cultural para garantizar que los cuidados paliativos puedan llegar a todos los que los necesitan. Animo a los profesionales y a los estudiantes a especializarse en este tipo de asistencia, que no tiene menos valor por el hecho de que «no salva la vida». Los cuidados paliativos realizan algo igualmente importante: valoran a la persona.

A todos los que, de diferentes modos, están comprometidos en el campo de los cuidados paliativos, los exhorto a poner en práctica este compromiso, conservando íntegro el espíritu de servicio y recordando que el conocimiento médico es verdaderamente ciencia, en su significado más noble, sólo si se considera un auxilio con vistas al bien del hombre, un bien que jamás se alcanza «contra» su vida y su dignidad.

Esta capacidad de servicio a la vida y a la dignidad de la persona enferma, aunque sea anciana, mide el verdadero progreso de la medicina y de toda la sociedad. Repito la exhortación de Juan Pablo II: «¡Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana! ¡Sólo siguiendo este camino encontrarás justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad» (ibídem, n. 5).

Deseo que continuéis el estudio y la investigación, para que la obra de promoción y defensa de la vida sea cada vez más eficaz y fecunda. Que os proteja la Virgen Madre, Madre de la vida, y os acompañe mi bendición. Por favor, no os olvidéis de rezar por mí. Gracias. [Publicado el 6 de noviembre de 2015].


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EL CONFLICTO DE UCRANIA Y LA POSICIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

Kristina GOROKHOVA BASS

RESUMEN: En este trabajo se ha tratado de examinar la posición de la Unión Europea con respecto a Ucrania, así como su trayectoria en cuanto al intento de las negociaciones internacionales que han emergido a raíz del conflicto surgido el mes de febrero de 2014, realizando un análisis desde la óptica del Derecho Internacional Público que examinará alguna de las facetas principales de este conflicto poliédrico. El objetivo del presente artículo es profundizar en un conflicto internacional en el seno de Europa y conocer el papel que juegan los principales actores implicados, entre ellos la Unión Europea, a través de sus instituciones. Se inserta dentro del homenaje a Maurice Duverger, catedrático de la Universidad de París, gran politólogo, y un defensor hasta el último día de su vida del sistema y de la ideología de lo que fue la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el conjunto de los países de democracia popular que había en Europa, con sus sistemas de gobierno. PALABRAS CLAVE: Ucrania, Rusia, Novorrossia, Unión Europea, Yosif Stalin, Boris Yeltsin, Leonid Kravchuk, Bielorrusia, Stanislav Shushkiévich, Kirovogrado, Novorossiysk, Dnipropetrovsk, Nikoláiev, Jersón, Mariupol, Melitopol, Odesa, Donetsk, Lugansk, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Mykolaiv, Crimea.

Con la presente investigación he tratado de profundizar en la posición de la

Unión Europea respecto a Ucrania, así como en su trayectoria en cuanto al intento de las negociaciones internacionales que han emergido a raíz del conflicto surgido en el mes de febrero de 2014, llevando a cabo un estudio en perspectiva iusinternacionalista que nos sirva para valorar y centrar el puzzle de este contencioso multiétnico-lingüístico-político. Por ende, el trabajo se centra en los dos últimos años, esto es, en un momento cercano a nuestros días que atraviesa el conflicto, mirando al pasado con el fin de poder entender mejor las causas que lo provocaron, y adelantando al mismo tiempo algunas tendencias de futuro.

El objetivo de este artículo corresponde a un acercamiento diacrítico a un conflicto internacional en el seno de Europa que nos permita conocer el papel que juegan los principales actores implicados, entre ellos la Unión Europea a través de sus instituciones, esto es, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, por un lado. Por otra parte, presentar un análisis y a la vez ponderar y transmitir las dificultades que ha tenido Ucrania al alejarse de Rusia a través de un breve capítulo introductorio ofreciendo un sintético panorama sobre la evolución histórica, cultural y política. Ucrania siempre ha tenido una posición muy cercana a Rusia por su localización geográfica, intereses políticos, económicos y bagaje étnico-cultural, puesto que antes de la independencia formó parte del bloque soviético. Después de la creación de la Unión Europea y el ingreso paulatino de los diferentes Estados que adquirían la condición de un Estado Miembro, Ucrania, en cambio, es un país de Europa del Este que aún no forma parte de la Uniñn Europea. Por ende, presenta ‒por su


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localización estratégica y los recursos naturales‒ un ―puente‖ entre el bloque europeo y Rusia.

Por lo tanto, el trabajo se estructura en torno a tres capítulos. El primero ofrece una descripción de la historia de Ucrania como parte de la URSS, su secesión, seguido de un estudio que ilustra de forma clara la dificultad que tuvo el país al alejarse de Rusia. Luego, se explican en resumen los motivos que desencadenaron el conflicto, a través de un estudio de los mismos y las consecuencias que dieron lugar a la aparición de nuevas repúblicas federales, aplicando lo sucedido a las normas de Derecho internacional.

El segundo capítulo estudia la posición de la Unión Europea en el conflicto de Ucrania a través de cada una de sus instituciones. Se ha hecho un seguimiento cercano a los pronunciamientos a través de los cuales la Unión Europea mostró su dominio e intentó zanjar el asunto.

El último capítulo de mi trabajo consiste en hacerme eco de la acción externa de otros socios, tales como la OTAN y las Naciones Unidas respecto a Rusia y Ucrania, así como ver como la crisis de Ucrania tiene su incidencia en la PESC, esto es, la defensa de la Unión Europea basándose en lo estipulado en los artículos 42 y ss. del TFUE.

En cuanto a la metodología interdisciplinar, se ha hecho un planteamiento de los aspectos políticos, económicos, étnicos, sociológicos y culturales, recurriendo al Derecho Internacional pero también a la Historia y la Ciencia política, con el fin de transmitir del mejor modo posible el marco cronológico que ha estado atravesando el país desde su integración en el bloque soviético, pasando por su desintegración de la URSS, las consecuencias que ello supuso, el acercamiento de la Unión Europea a Ucrania a través del Acuerdo de Asociación, que supuso la ilusión por entrar en la Unión Europea que acabó con el intento fallido de la firma del mismo.

Las fuentes utilizadas son bibliografía y monografías de Derecho Internacional, pero también los recursos electrónicos, debido a la inmediatez y rapidez con la que se suceden los acontecimientos, y porque aún no hay análisis definitivos que requieren que pase cierto periodo de tiempo. Es por ello que el tema de mi investigación es arriesgado ya que los acontecimientos se precipitan al mismo tiempo que el trabajo, escasez de fuentes doctrinales, científicas y la bibliografía limitada, lo que me llevó a consultar con más frecuencia las noticias y las páginas web oficiales de las distintas instituciones europeas e internacionales.

1.Origen y evolución histórica Para poder entender mejor el conflicto que surgió en Ucrania el mes de

febrero de 2014 y que ocupó las portadas y los informativos de todo el mundo es preciso entender la historia reciente de Ucrania. En 1922 Ucrania pasa a formar parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas (URSS) debido a la guerra civil y la posterior derrota por el ejército polaco, el país queda dividido en dos: el oeste fue anexionado a Polonia y el este a la URSS. Durante el mandato de Stalin, los campesinos recibían cuotas alimenticias, las cuales no eran suficientes para subsistir lo que finalmente originó millones de muertes. La


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poblaciñn pasñ a denominar al gobernador ―Holodomor‖1. Entre 1938-1939 fueron eliminados todas aquellas personas que Stalin calificaba como sospechosas de ser sus enemigos políticos, además del 80% de la élite del país formada por más de 600.000 escritores, artistas e intelectuales. Por otro lado, Stalin también ordenó asesinar al 75% de los oficiales del Ejército Rojo de alto rango de origen ucraniano.

No obstante, además por su vinculación y posición geográfica e historia, es menester considerar el papel y lo que representó Ucrania para la República Soviética desde su integración en la URSS, así como su posición en el momento de desintegración del bloque soviético. Podríamos destacar dos hechos históricos que han sido el motor del distanciamiento de Ucrania de Moscú.

El primer hecho es debido a la decisiñn de Yosif Stalin ‒tal y como se ha mencionado anteriormente‒ en emplear a los campesinos ucranianos. Sin embargo, debido a la falta de recursos suficientes para su manutención, a pesar de ser las regiones más ricas en grano e industrialización, solamente servían para costear los gastos de la URSS, lo cual causó millones de muertes debido a la privación de los alimentos destinados a la población civil. No obstante, este hecho fue silenciado durante décadas y solamente ha sido desvelado al público recientemente.

Posteriormente el inicio de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que comenzó en Ucrania en el verano de 1941, fue más notorio en castigar a la población ucraniana, dado que es ahí junto con Bielorrusia donde más afectados hubo.

Después de la muerte de Yosif Stalin el 5 de marzo de 1953 y la llegada al poder de Nikita Krushev en 1953, la relación de Ucrania cambió. La URSS invirtió muchos recursos con el fin de convertir a Ucrania en un soviet industrial, cediendo la península de Crimea que siempre había formado parte de Rusia. El entusiasmo por convertir a Ucrania en un punto de partida y desarrollo industrial llevó a la construcción de una central nuclear en Chernóbil por orden de Breznev, de origen ucraniano; y es el constitutivo del segundo elemento causa del distanciamiento ‒ la mayor catástrofe de la historia sucedida hasta entonces el 26 de abril de 1986: la explosión nuclear en Chernóbil por falta de seguridad de la industria soviética2.

Bajo el mandato de Gorbachov como Secretario General del PCUS, y tras el fallido intento del golpe de Estado, el comienzo de la disgregación era difícil de detener. La firma del Tratado de Belavezha el 8 de diciembre de 1991 por los presidentes de Rusia, Boris Yeltsin, Ucrania, Leonid Kravchuk, y Bielorrusia, Stanislav Shushkiévich, fue comunicado por teléfono al Presidente de la Unión Soviética Mijail Gorbachov, poniendo fin de forma inmediata al Tratado de Creación de la Unión Soviética, y con ello supuso el fin de la Guerra Fría. La disolución de la URSS y la creación de las quince repúblicas dieron lugar a la aprobación de la declaración de soberanía nacional de Ucrania, la proposición del cambio de moneda y la posterior declaración de Ucrania3 como país

1 Ver Paraskevi Charitidou, ―War Crimes and Crimes against Humanity on the Examples of the Katyn Massacre, the Holomodor and the Armenocide‖, en Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 3 (junio 2012), pp. 45-92. 2 Chernobyl, http://www.world-nuclear.org/info/Safety-and-Security/Safety-of-Plants/Cherno byl-

Accident/. 3 History of Ukraine, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html.


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independiente respecto a la que entonces había sido URSS. Esta trayectoria hacia la independencia fue llevada a cabo por el presidente del Parlamento, Kravchuk, que posteriormente se convertiría en el primer Presidente de un nuevo Estado neutral.

En otoño de 1991 se produce un debate importante para la URSS en cuanto al mantenimiento y el control de los territorios, en el cual la decisión tomada por Ucrania tendría una importante y significativa relevancia para el resto de las Repúblicas. Por ende, y sin duda, Ucrania fue una de las Repúblicas más importantes del bloque soviético, con una población de 55 millones de habitantes, inmensos campos de grano, minas de carbón y la metalurgia en la región de Donbás, además de ser la única República (junto con Bielorrusia) de contar con voz en la ONU, pero no con voto, como consecuencia de una decisión adoptada tras el final de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de compensar el hecho de que la URSS estaba en minoría en la ONU frente a Estados Occidentales y aliados de los EE.UU. En la celebración del referéndum por la independencia de Ucrania participó el 84% de aproximadamente 32 millones de habitantes, de los cuales el 90.32% apoyó tal decisión4.

La declaración conjunta de las tres Repúblicas presididas por sus líderes: Yeltsin, de Rusia; Kravchuk de Ucrania y Shushkiévich de Bielorrusia, también denominado el Pacto de Belavezha5, celebrado cerca de Polonia, dejó extinguida a la inmensa URSS, dando lugar al nacimiento de nuevos Estados Independientes.

Tras la celebración del referéndum en Crimea y su posterior anexión a la Federación Rusa, las protestas en Ucrania, que con anterioridad habían sido meramente pacíficas contra el mandato del Presidente destituido, se convirtieron en una auténtica guerra civil entre las regiones del este y del oeste del país, esto es, los ucranianos y los ucranianos pro-rusos. Ante tal situación, el Presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, contactó con el entonces Presidente de Ucrania, Víktor Yanukovich, con el fin de comunicarle la urgente necesidad de instar un diálogo con la oposición, bajo el riesgo de que en el caso de no llegar a un acuerdo, la Unión Europea se replantearía las relaciones entre dicha Unión Europea y Ucrania. Este conflicto interno se debía a que el este del país no quiso continuar bajo el mandato del autoproclamado gobierno y aprovechó la debilidad del país para celebrar el referéndum hacia la independencia.

4 Veamos una muestra sobre el Referéndum sobre la independencia de Ucrania por regiones

http://www.electoralgeography.com/new/en/countries/u/ukraine/ukraine-independence referen-dum-1991.html ; www.cidob.org/.../14_anexo_UE_ucrania_261-267.pdf. 5 El Pacto de Belavezha http://www.prlib.ru/en-us/History/Pages/Item.aspx?itemid=749.


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Fuente del mapa gráfico aquí reproducido: http://charly015.blogspot.com.es /2014/03/que-puede-venir-en-ucrania.html

No obstante a ello, hemos de retroceder al siglo XVIII para poder entender

mejor el régimen y la historia del este de Ucrania, así como las causas del origen de Novorrossia.

Nueva Rusia (Novorrossia) o Rusia Nueva es un término usado en el Imperio ruso del siglo XIX para el territorio de la costa norte del mar Negro ‒ actualmente forma parte del sur de Ucrania, sur de Rusia, Besarabia y Transnistria. El occidente de Nueva Rusia (comprendida entre los ríos Dniéster y Dniéper), conocida como Yedisán por los otomanos, la cual había sido anteriormente habitada, junto con la parte central, por la Horda Nogái, regiones históricas de los campos salvajes y Besarabia. El Imperio ruso fue tomando control sobre esta zona mediante tratados de paz firmados con el Imperio otomano tras las guerras ruso-turcas de 1735–1739, 1768–1774, 1787–1792 y 1806–1812. La emperatriz Catalina "la Grande" otorgó poderes absolutos de gobernación al príncipe Potiomkin sobre la colonización de la tierra, que fue concedida a la nobleza rusa. Posteriormente se trasladó a los campesinos rusos y ucranianos en calidad de servidumbre para el cultivo del territorio que hasta entonces era una estepa poblada. La emperatriz también invitó a colonos de Alemania, Polonia, Italia, Grecia, Serbia y otros países para agilizar el proceso de colonización.

Desde 1754 aparecen ciudades nuevas como Kirovogrado, Novorossiysk, Yekaterinoslav (actual Dnipropetrovsk), Nikoláiev (Mykolaiv), Jersón, Mariupol, Melitopol y Odesa. Ahora comprende las provincias ucranianas de Donetsk, Lugansk, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Mykolaiv, Jersón, Odesa, parte del Región de Kirovogrado y Crimea; en Rusia, la provincia de Rostov del Don, el krai de Krasnodar, el krai de Stávropol, y la República Autónoma de Adiguesia; y las regiones de Besarabia y Transnistria en la República de Moldavia.

La presión rusa cada vez más fuerte privó a Ucrania de toda autonomía durante el siglo XVIII. Durante el siglo XIX surgen movimientos separatistas, que dieron lugar a la Revolución rusa de 1905.


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En el siglo XX se produce la Revolución rusa de 1917, a raíz de la cual Ucrania se proclama República independiente. No obstante, debido a la invasión alemana por una parte y a las luchas civiles por otra, llevaron a la formación de dos Repúblicas que dividieron el país en sendas partes, una de las cuales quedó sometida al dominio de los alemanes. Tras la victoria de los bolcheviques en 1920, Ucrania quedó convertida en la República Socialista Soviética de Ucrania (RSS de Ucrania) y pasó a formar parte de la URSS desde 1922 mediante la firma del Tratado de Creación de la URSS.

La Segunda Guerra Mundial, que llegó a Ucrania en 1941, causó graves perjuicios económicos, así como afectó considerablemente a la población del país. No obstante, Ucrania aumentó sus fronteras con territorios que habían pertenecido a Checoslovaquia, Rumanía y Polonia, por un lado, y se vio incrementada con Crimea por otro, transferida en 1954 a petición de la RSFS de Rusia, debido a la falta del acceso terrestre a la península. De ese modo, Crimea fue abastecida de electricidad, agua y vías férreas desde Ucrania, lo cual favorecía la gestión, administración y contabilidad de la península por Ucrania. El Primer Secretario del PCUS, Nikita Krushev, fue uno de los partidarios de dicha transferencia, apoyado así mismo por el Presidente del Consejo de Ministros de la URSS Gueorgui Malenkov. Dicho traspaso de Crimea a la RSS de Ucrania fue ratificado por el Soviet Supremo el 19 de febrero de 1954, lo que ulteriormente fue confirmado por una ley específica del 26 de abril. Por ende, Crimea nunca había formado parte de Ucrania hasta 1954. A finales de los años 1980 se sentía la crisis del Estado soviético y tras la explosión del reactor nuclear de Chernóbil en 1986, que supuso la mayor catástrofe radioactiva en la historia de Europa y con graves daños a la población, creció considerablemente el malestar ciudadano y el espíritu reivindicativo nacional. Se proclamó la independencia de Ucrania por Kravchuk – el Presidente del Parlamento ucraniano – tras el fallido intento de golpe de estado contra Mijaíl Gorbachov en agosto de 1990. Hemos precisado líneas atrás, que esta independencia fue ratificada a posteriori con un referéndum el 2 de diciembre de 19916, con el 90% de votos favorables, que dieron lugar a la elección y proclamación de Kravchuk como presidente del país. La firma del Tratado de Belavezha, al cual hemos hecho también referencia anteriormente, supuso la disolución de la Unión Soviética.

Ucrania fue partícipe en la constitución de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), pero en breve periodo de tiempo surgieron conflictos con Rusia, referentes a la moneda propia, tratados bilaterales con las restantes Repúblicas en lugar de un área común, militares en cuanto al control del armamento nuclear, reparto de la flota del mar Negro, así como territoriales en cuanto a Crimea. Posteriormente, en las elecciones presidenciales de 1994, Kravchuk fue derrotado por el ex primer ministro Leonid Kuchma y en junio de 1996 el Parlamento de Ucrania aprobó la primera Constitución de Ucrania después de la era comunista7. La crisis de Ucrania8 comenzó en el mes de

6 Referéndum sobre independencia de Ucrania celebrado el 2 de diciembre de 1991.

7 Constitución de Ucrania, 27-28 junio de 1996, Gobierno de Ucrania, disponible en

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 8 Susana Campo Fidalgo, Las claves del conflicto en Ucrania, Teinteresa.es de 20/02/2014,

disponible en http://www.teinteresa.es/mundo/claves-conflicto-Ucrania_0_1088292376.html; José Javier Esparza, Las 7 claves del conflicto en Ucrania, La Gaceta 2014, disponible en http://www.gaceta.es/reportajes/7-claves-conflicto-ucrania


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noviembre de 2013 tras el comunicado del anterior presidente de Ucrania (Víktor Yanukovich), que era pro-ruso, a negarse a firmar un Acuerdo de Asociación con la UE que tanto deseaba una parte de población9, estrechando al mismo tiempo sus lazos con Rusia. Al ver la amenaza de influencia del país vecino, los ucranianos pro-occidentales salieron a las calles en protesta, derribaron las estatuas de Vladimir Lenin y obligaron a que el presidente Víktor Yanukovich dimitiera. Desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, Ucrania ha estado dividida entre oriente y occidente. Aunque en el occidente del país predomina el idioma ucraniano, la lengua rusa, por el contrario, es la más usada en el este y en el sur de Ucrania, lo cual también, por otro lado, se puede comprobar en los patrones electorales de Víktor Yanukovich, quien recibió un gran apoyo en el sur y en el este del país en las elecciones celebradas en el año 2010.

Fuente de gráfico: www.miradadeinternacional.com

Ucrania tiene una infraestructura sólida, puesto que es un país industrial que

fabrica aviones, trenes, coches y carros de combate. Hay que tener además en cuenta sus tierras fértiles. Tiene reservas de gas, pero aun así, importa buena parte de esta energía desde Rusia.

Universitarios, trabajadores, jóvenes y mayores que compartían un objetivo, esto es, convencer al presidente para que retrocediera en la firma del acuerdo con Rusia, se reunieron durante semanas en la gran Plaza de la Independencia (Maidán Nezalezhnosti, en ucraniano). Su rebelión10 se ha bautizado como Euromaidán y sus protestas iban dirigidas contra la corrupción de la familia Yanukovich, que pretendía controlar todos los hilos del poder económico, político y mediático. La presión de dichas protestas hizo que el Presidente tuviera que huir forzosamente y pedir el refugio a su aliado ruso.

No obstante, mientras tanto al sur de Ucrania, Crimea está habitada por una población rusa que discrepa con las protestas y objetivos que se pretenden

9 ―10 Mapas que explican la crisis en Ucrania‖, BBC de 5 de septiembre de 2014, disponible en

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/09/140905_ucrania_rusia_crisis_en_mapas_nc. 10

Origen del conflicto entre Ucrania y Rusia, Noticieros Televisa, de 21 de julio de 2014, disponible en http://noticieros.televisa.com/mundo/1407/origen-conflicto-ucrania-rusia/.


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conseguir en Kiev. Crimea tiene una posición geográfica estratégica. En 1995 Ucrania y Rusia firmaron un pacto mediante el cual la flota del Mar Negro de Rusia podría permanecer en la ciudad de Sebastopol, Crimea. Dicho pacto fue ampliado en 1997 hasta 201711, que, posteriormente y tras las elecciones presidenciales de Víktor Yanukovich acordó con el presidente en aquel momento, Dmitry Medvedev, la prórroga de dicho acuerdo hasta 2047. «Hemos acelerado la decisión sobre la permanencia de la flota del mar Negro en territorio de Ucrania por cuanto nuestros amigos rusos necesitaban tener claridad en este asunto», señaló Víctor Yanukovich, a cambio de un descuento del 30% de precio de gas para los próximos años por parte de Moscú.

Durante las protestas en Kiev de la mano de los ucranianos occidentales, el 27 y 28 de febrero de 2014, las autoridades de la península piden a Putin que les apoye, puesto que consideran que el gobierno ucraniano ya no debe hacerlo. El Senado de la Federación Rusa aprueba tal petición y hombres armados, junto con la población pro-rusa pasaron a controlar edificios clave en la capital de Crimea. En pocos días se celebraron las votaciones en el Parlamento local con el fin de unirse a Rusia y se convocó un referéndum. Tal ―ayuda‖ en realidad fue considerada como una ―ocupaciñn‖ por parte de Rusia; este fue el sentimiento que se respiraba y se puso de manifiesto no solamente por la Unión Europea, sino también por el G7, esto es, EE.UU., Italia, Francia, Japón, Reino Unido, Alemania y Canadá; junto con el Presidente de la Comisión y el Presidente del Consejo Europeo.

Por ende, en su Comunicado de 3 de marzo de 201412, califican este hecho de violación del Derecho Internacional por parte de Federación Rusa, que contradice los principios y valores del G-7 y G-8, por lo cual deciden suspender la celebración de su reunión prevista en verano en la ciudad de Sochi.

Posteriormente, el Presidente ruso admitió que había enviado un grupo de tropas especiales ―sin identificar‖, que tomaron el control de las ciudades más importantes de Crimea, así como del Parlamento local a fin de proporcionar la seguridad de la población rusa que residía allí y asegurarse de que las votaciones en el referéndum se celebrarían según lo previsto, dado que la caída del gobierno de Víctor Yanukovich suponía un alejamiento de Ucrania respecto a Rusia y un acercamiento respecto a la Unión Europea.

Es menester destacar que la mayoría de la población de la península, esto es, 2,3 millones de habitantes, se identifica como etnia rusa y su lengua es el ruso, como consecuencia de 200 años de influencia rusa en la región.

Para poder analizar el referéndum de Crimea y su posterior anexión a Rusia tras la obtención de los resultados de las votaciones, se ha hecho un análisis comparativo con los referenda celebrados en Cataluña y Escocia en el año 2014, y en Québec en 1995 respectivamente, acudiendo a las normas de Derecho Internacional, en concreto al derecho de autodeterminación por un lado, y a las decisiones judiciales por el otro, las cuales fueron determinantes en la decisión tomada.

El referéndum de adhesión a Rusia se convocó el domingo día 16 de marzo de 2014. El 96% de la población de Crimea manifestó su decisión de ser parte

11

―Rusia consigue prolongar por un cuarto de siglo su estratégica presencia en Ucrania a cambio de gas barato‖, ABC, 21 de abril de 2014. 12

Documento publicado en el DOUE el 12 de julio de 2014, disponible en http://www.boe.es/ doue/2014/205/L00022-00024.pdf.


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de Rusia. El Presidente ruso propuso la creación de un apoyo para las regiones federales de Ucrania y aprobó el referéndum celebrado en Crimea, cuyos resultados de la votación no han podido ser verificados por los observadores internacionales. Como consecuencia, la UE y Estados Unidos condenaron la anexión de Crimea, imponiendo una primera serie de sanciones sobre funcionarios rusos y aliados de alto rango de Moscú en Ucrania, así como ―aislamiento político y econñmico‖ a nivel mundial. Por otro lado, el Consejo de la Unión Europea presentó sus primeras conclusiones respecto a lo ocurrido en Crimea13: 1º) En primer lugar, la Unión Europea no reconoce los resultados de la votación obtenidos del referéndum, dado que los considera ilegales por la presencia de fuerzas armadas durante la realización del mismo. 2º) El Consejo Europeo introdujo medidas adicionales, esto es, sanciones a los responsables de cualquier acto contenido en el futuro estatuto de cualquier territorio, que sea contrario a lo establecido en la Constitución de Ucrania. 3º) El Consejo insta a Rusia a retroceder en relación a la anexión de Crimea por considerarlo contrario al Derecho.

Por otra parte, en comparación con los referenda celebrados en Escocia (Reino Unido), Québec (Canadá) y Cataluña (Reino de España), podemos destacar algunas semejanzas y diferencias en la celebración de los mismos y sus consecuencias, atendiendo al régimen jurídico de cada país.

La opinión de un prestigioso abogado escocés, académico y ex juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sir David Edward14, nos ofrece una visión ilustrativa del referéndum sobre la independencia celebrado en Escocia en el año 2014.

«En esos supuestos, mi opinión es que, de conformidad con sus obligaciones de buena fe, la cooperación sincera y la solidaridad, las instituciones de la UE y todos los Estados miembros (incluido el Reino Unido como existentes), se verían obligados a entablar negociaciones, antes de que la separación se llevara a cabo, para determinar la relación futura dentro de la UE de las partes separadas del antiguo Reino Unido y los demás Estados miembros.

El resultado de esas negociaciones, a menos que fracasaran completamente, se acordaría en la modificación de los Tratados existentes, y no en un nuevo Tratado de Adhesión»

David Edward

Tras las elecciones escocesas celebradas en el año 2011, la victoria la

obtuvo el Scottish National Party, cuyo compromiso fue, en caso de ser el ganador, convocar un referéndum de autodeterminación. No obstante, al no obtenerse la mayoría necesaria, el pueblo escocés forzó al gobierno británico para que se convocara el referéndum, cuya petición no quiso negar el Primer Ministro Británico, David Cameron. Por ende, dicho referéndum fue consensuado por ambas partes. 13

Resolución del Parlamento Europeo sobre el referéndum celebrado en Crimea de 13 de marzo de 2013, disponible en http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/ 20140312IPR38707/html/El-PE-califica-de-ilegal-el-referendum-de-Crimea. 14

―Scottish Independence: Sir David Edward says Jose Manuel Barroso 'wrong' on EU‖, BBC news, 17/12/2012, en http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-20757450


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Los partidarios de la independencia intentan crear un nuevo estado, tal y como anuncia Marc Gafarot, investigador de CIDOB, «más limpio, próspero y solidario». En cuanto a si Escocia continuaría formando parte de la UE, los soberanistas alegan que sí, y en caso contrario, no supondría ningún problema para que el país entrara a formar parte de la misma.

Refiriéndonos a las consecuencias que la independencia de Escocia podría suponer, afectaría más al País de Gales en cuanto al aumento del nacionalismo galés. No obstante, se logró calmar la situación. No tenemos que olvidar que la independencia de Escocia supondría el fracaso para David Cameron como político, puesto que la connotación que le sería atribuida habría sido la de un líder que perdió un territorio muy significativo para el Reino Unido, además de las características dentro de su partido en cuanto a no saber calcular bien los riesgos.

En cuanto a la reacción de la UE, el presidente de la Comisión Europea advirtió en una entrevista a la BBC de que, en caso del triunfo de los partidarios del ―sí‖, la adhesiñn a la Uniñn Europea por parte de Escocia sería muy difícil. Además, continuó ofreciendo presentar un examen jurídico por parte de la Comisión Europea sobre las consecuencias y el proceso de adhesión que determinan los Tratados de la UE en el supuesto de que uno de los Estados lo solicitase formalmente a la institución; no obstante, tal petición no fue solicitada por ningún gobierno.

Por otro lado, el profesor Sir David Edward sostuvo que la UE y los Estados Miembros están obligados a empezar negociaciones antes de que entrara en vigor la independencia mediante una enmienda al Artículo 48 del Tratado de la Unión Europea15.

Asimismo, el director general honorario de la UE, Graham Avery16, compartió su visión con David Edward en enero de 2014, en un informe del Centro para Política Europea (EPC). En agosto de 2014 el muy respetado ESRC británico concluyó que una Escocia independiente no perdería los derechos ni obligaciones de un estado miembro de la UE.

Tras las celebraciones del referéndum17, los votantes optaron con un 55% por el ―no‖ en cuanto a la independencia para Escocia con el fin de evitar futuras protestas. Bruselas fue consciente de la trascendencia que el referéndum en Escocia supondría para el Reino Unido y para la Unión Europea, a diferencia de Cataluña, en cuyo caso las consecuencias no estaban tan claras puesto que la visión política de Cataluña se encontraba bajo muchos interrogantes.

Por lo tanto, podemos ver como el poder de la UE ha ido disminuyendo desde su creación y cómo la Comisión intentó mantener el rol de árbitro, a pesar de su fracaso por la negativa de los Estados. La cuestión a plantearse sería: ¿puede la Unión Europea mantener unidos a los Estados Miembros, o es posible una futura modificación de fronteras de la Unión Europea?

15

Artículo 48 del Tratado de la Unión Europea. 16

―Scottish Independence: Scotland could join EU in 18 months‖, BBC news, disponible en http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-25965703; ―Could an independent Scotland join the European Union?‖, European Policy Centre, 28/05/2014, disponible en http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_4487_scotland_and_the_eu.pdf. 17

―Las claves del referéndum escocés‖, CIDOB nº 262 de 17 de septiembre de 2014, disponible en http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/europa/las_ claves_del_referendum_escoces.


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En cuanto al referéndum celebrado en Cataluña el 9 de noviembre de 2014, muchos se preguntaban si Cataluña, en caso de vencer con claridad los votantes partidarios de la independencia, seguiría siendo miembro de la UE o se convertiría un nuevo Estado fuera de la Unión. Por otro lado, tenemos que admitir que la secesión de Cataluña sería legítima, pero no legal, puesto que la Constitución Española determina en su artículo 1.2 que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado y continúa estableciendo en su art. 2 que, «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (…)», por ende, la Constitución Española no ampara el derecho a la secesión, pero sí el derecho a consulta y a ser oído por el principio de un Estado de Derecho y democrático.

Ahora bien, cuando hablamos de la consulta, nos referimos al sujeto que debe plantear la consulta sobre la viabilidad de la independencia, y por el principio democrático está legitimado el pueblo español, en concreto, el pueblo catalán. No obstante, tal votación ha de corresponder a la mayoría absoluta y no a la mayoría simple, dato que recogen los Tratados de la UE y es ahí, donde radica la debilidad de la unión de los Estados Miembros.

El caso de Cataluña es bien distinto al caso de Escocia, puesto que, al independizarse, no tendría recursos propios energéticos. Ello supondría la salida de la Unión Europea y, por ende, del euro. Además, tampoco podría participar en las normas que a posteriori se aplicarían a los Estados Miembros de la Unión Europea, puesto que al independizarse pasaría a optar por condición del Tercer Estado, y los Tratados de la Unión Europea, por consiguiente, ya no le serían aplicables en principio, puesto que la adquisición de la condición del Estado miembro sí sería viable en caso de reunir todas las características aplicables; no obstante, dicho proceso sería largo y complicado al ser necesaria la aprobación de todos los Estados Miembros. En relación al referéndum celebrado en Québec en 1995 para convertirse en un estado soberano e independiente de Canadá, se hizo la siguiente pregunta: «¿Está usted de acuerdo con que Québec llegue a ser soberano después de haber hecho una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política en el ámbito de aplicación del proyecto de ley sobre el futuro de Québec y del acuerdo firmado el 12 de junio, 1995?».

La propuesta de independencia fue impulsada por René Lévesque y apoyada posteriormente por el economista, asesor, profesor y político canadiense Jacques Parizeau. No obstante, a pesar del esfuerzo de convertir a Québec en un estado económica y políticamente independiente, los resultados de las votaciones fueron 50,58% "No", 49,42% "Sí". El sistema constitucional de Canadá prevé la ―opiniñn consultiva‖ que consiste en una consulta jurídica realizada a los tribunales de apelación provinciales o al Tribunal Supremo en relación a una cuestión de derecho constitucional. El Tribunal Supremo es competente para conocer sobre asuntos de ―opiniñn consultiva‖ procedentes del Gobierno Federal y los Tribunales provinciales son competentes para conocer de asunto procedente de los gobiernos provinciales respectivamente, cuyas decisiones podrán ser recurridas ante el Tribunal Supremo.

Asimismo, ante la iniciativa de Québec de secesión y su previa consulta al Tribunal Supremo sobre la constitucionalidad de referéndum de independencia,


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así como la previsión de tal hecho por el Derecho Internacional, el Tribunal18 se pronunció negativamente en ambos casos, aclarando la primera cuestión en cuanto a la inconstitucionalidad de los referenda celebrados en Québec, dado que la Constitución de Canadá no solamente está integrada por el texto escrito, sino también por «todo el sistema de reglas y principios que rigen el ejercicio del poder constitucional» en el supuesto de un referéndum favorable, en cuyo caso vincula a ambas partes ‒Québec y Canadá‒ a negociar el eventual proceso de secesión y, con ello, la reforma de la Constitución de Canadá19. Por ende, el proceso de reforma constitucional recogido en los artículos 38-49 de la Constitución de Canadá de 1982 quedan en segundo lugar tras los principios generales recogidos en la Ley Constitucional. Los Magistrados fundan su resolución en cuatro pilares fundamentales en los que se asienta la Ley Constitucional: «el federalismo, la democracia, el constitucionalismo y la primacía del derecho, así como el respeto a las minorías». Con ese pronunciamiento, el Tribunal ha ido más allá, dejando al mismo tiempo a las minorías decidir sobre la secesión de Québec y, por ende, a negociar la reforma constitucional. Ello, sin embargo, conferiría legitimidad al proyecto de secesión federal y vincularía a las demás provincias y al gobierno central «la obligación de tomar en consideración y de respetar esta expresión de la voluntad democrática entrando a formar parte de las negociaciones y siguiéndolas de conformidad con los principios constitucionales subyacentes antes mencionados». El Tribunal Supremo también incluye una innovación en cuanto al sometimiento del pueblo a una ―pregunta clara‖ sobre el referéndum y unos ―resultados claros‖, en caso de ser favorables, y sólo en tal caso, someter los resultados obtenidos a un proceso de negociación, regido por los principios de buena fe y los principios informadores contemplados en la Constitución.

En cuanto a la conformidad de la secesión unilateral de Québec20 con el Derecho Internacional, el Tribunal hace referencia al denominado derecho de autodeterminación y a los requisitos establecidos para que sea reconocido por la Comunidad Internacional, que no son aplicables al caso de Québec.

Comparando los referidos ejemplos al referéndum celebrado en Crimea, podemos decir que estamos ante casos similares en cuanto a la unión de Estado, Estado democrático y de Derecho, por ende, la secesión sí es legítima, pero no legal. En cuanto al consenso, está claro que en el caso de Escocia había consenso entre ambos gobiernos, lo que no podemos decir con tanta seguridad en cuanto a Cataluña, pero lo que sí es evidente es el caso de Crimea, donde el referéndum fue celebrado bajo la presencia de fuerzas armadas y total ausencia del consenso entre el Gobierno ucraniano y el Gobierno de la República de Crimea. En tal caso, lo establece el texto de la Constitución de Ucrania en su Capítulo I, artículo 2, «La soberanía de Ucrania se extiende por su territorio entero. Ucrania es un estado unitario. El territorio

18

Agustín Ruíz Robledo y Carmen Chacón Piqueras, ―Comentario del dictamen del Tribunal Supremo Canadiense de 20 de agosto de 1998 sobre la secesiñn de Quebec‖, Universidad de Granada y Universidad de Girona, disponible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/ rev/trcons/cont/3/psc/psc14.pdf. 19

Acuerdo de Charlottetown, contexto, acuerdo, referéndum, campaña y resultados, disponible en http://ayudamosconocer.com/significados/letra-a/acuerdo-de-charlottetown.php. 20

Carmen Chacón Piqueras y Agustín Ruíz y Robledo, ―El dictamen sobre la secesiñn de Quebec: un comentario‖, disponible en http://pisunyer.org/public/files/fundacion/publicaciones/ punts5.pdf.


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de Ucrania dentro de sus fronteras actuales es indivisible, e inviolable».Tal y como acabamos de ver, Ucrania es un Estado unitario y centralizado, por lo cual no existe un marco legal que permita la secesión o reconocer internamente la validez del referendo celebrado. Mientras se llevaban a cabo las votaciones de referéndum en Crimea, los representantes de Rusia, Ucrania, la UE y EEUU se reunieron en Ginebra en abril para pactar un desarme de los grupos armados. Aleksander Turchinov fue nombrado Presidente de Ucrania en funciones, hecho que fue aprobado por la Unión Europea al no haber ninguna protesta por parte de la misma. El 25 de mayo de 2015 se celebraron las elecciones presidenciales de Ucrania en las cuales ganó el oligarca y empresario Petro Poroshenko, quien prometió llevar la paz al país y proteger las zonas en conflicto. Rusia reconoció los resultados. Grupos pro-rusos se siguieron enfrentando a grupos que defienden al gobierno de Kiev en diferentes puntos del país. En un incendio en Odessa murieron 31 pro rusos. La diversidad étnica en Ucrania según los datos obtenidos del censo del 2013 ilustra la proporción de distintas etnias que presenta el país. Conforme a la información oficial del censo del 2001, 14.273.000 ciudadanos ucranianos tienen el ruso como lengua materna, lo que representa el 29,6% de la población del país. De ellos, étnicamente rusos son solo el 56%, mientras que el resto representan otras nacionalidades ‒como se muestra en la tabla siguiente‒ entre otras representantes culturales:

37,5 millones ucranianos 276.000 (0.6%) bielorrusos

104.000 judíos 92.000 griegos

205.000 búlgaros 259.000 moldavos

43.000 tártaros 100.000 armenios

144.000 polacos 151.000 rumanos

248.000 tártaros de Crimea 157.000 húngaros

Muchos ciudadanos de Ucrania, que se consideran nativos de otra lengua,

por diferentes motivos utilizan el ruso en casa o en el trabajo. La mayoría de los ciudadanos dominan la lengua rusa en una u otra medida. La lengua rusa tiene mayor difusión en las regiones del Este y Sur, donde es más habitual que el propio ucraniano para el 92% de los ciudadanos. Según las estadísticas realizadas por el Instituto Internacional Sociológico de Kiev, la población cuya primera lengua es el ruso está en absoluta mayoría en las regiones del sur y oriente de Ucrania. La proporción de la población quedaría distribuida de siguiente modo: Crimea (desde 2014 es parte de Rusia) — 97 % de toda la población (77% como lengua materna)

Región de Dnipropetrovsk — 72 % (32% como lengua materna) Región de Donetsk (desde 2014 República Popular de Donetsk, sin

reconocimiento)— 93% (74,9% como lengua materna) Región de Zaporizhia — 81% (48,2% como lengua materna) Región de Lugansk (desde 2014 República Popular de Lugansk, sin

reconocimiento)— 89% (68,8% como lengua materna) Región de Mykolaiv — 66% (29,3% como lengua materna) Región de Odessa — 85% (41,9% como lengua materna) Región de Járkov — 74% (44,3% como lengua materna).


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Como se puede observar en los datos proporcionados anteriormente, las

provincias de Donetsk y Lugansk son las que más población de etnia rusa presentan. Debido al conflicto que transcurre en el país y al desacuerdo ideológico y político con el gobierno central, las dos provincias se rebelaron y anunciaron su intención de independencia mediante la celebración del referéndum en las respectivas capitales, análisis de los cuales se verá más adelante. En caso de adquirir la independencia o proclamación como República Popular de Donetsk y Lugansk respectivamente, cada región dispondría de amplias competencias en el ámbito económico, financiero, cultural, lingüístico, educativo y de relaciones económicas y culturales exteriores con los países vecinos.

Esa Constitución federativa debe ser aprobada a través de un referéndum, después del cual se podrían celebrar elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales. El Gobierno ucraniano acusó al gobierno ruso de un intento en convertir Ucrania en una federación en la que el idioma ruso sería segunda lengua oficial. Es por ello que el 99% de los habitantes de Crimea ‒territorio ruso desde los tiempos de los zares‒ rusos étnicos o rusoparlantes votaron a favor de anexión de Crimea a la Federación Rusa.

Cansados de la masacre producida y seguir siendo parte del país ―sin ley‖, las ciudades del este de Ucrania (Lugansk y Donetsk) organizaron un referéndum hacia la independencia, que culminó con éxito, aunque no fue respaldado en el ámbito internacional y tampoco por Rusia. Los resultados finales de las votaciones fueron con un ―sí‖ por la Independencia 89.07%, con un ―no‖ 10.19% y un porcentaje de voto invalido del 0.74%, según las fuentes solventes. La parte de la población de estas regiones (en especial Donbás21) tiene una orientación pro-rusa, e incluso en las partes que no están hoy incluidas en la Federación Rusa el idioma ruso es el predominante. En las

21

También aparece escrito como Donbass.


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elecciones parlamentarias de Ucrania en 2006, el Partido de las Regiones (pro-ruso) consiguió la mayoría en las provincias que están en lo que fue Nueva Rusia. En Moldavia, en cambio, la región llamada Transnistria declaró su independencia. Los idiomas oficiales de esta región separatista son el ruso, moldavo y ucraniano y, al estar respaldada por Rusia, tiene una orientación pro-rusa. Todas estas regiones son muestras de un alto porcentaje de población étnicamente rusa.

Atendiendo los acontecimientos que llevaron a la celebración de los referenda de Crimea y las Autoproclamadas Repúblicas de Donetsk y Lugansk, hemos de acudir a las normas del Derecho Internacional con el fin de obtener un análisis más exhaustivo sobre la viabilidad y legalidad de la celebración de los referenda y la secesión como acto a continuación de los mismos.

La Comunidad Internacional reconoce la existencia mutua de Estados, esto es, Estados vinculados por su pasado cultural, étnico y lingüístico, no obstante, ello no significa que los pueblos lleguen a reconocerse nacionalmente en dichos Estados, prueba de ello son las numerosas luchas de diferentes colonias por convertirse en Estados independientes, como ocurría por ejemplo en el caso de Argelia. Por ende, la Carta de la ONU reconoció el derecho a la autodeterminación de los pueblos que mostrasen indicios de convertirse en Estados autónomos, especialmente a través del referéndum. Ello significa que la composición definitiva de un Estado, que ha sido reconocido por la comunidad internacional, está sometida a la voluntad de los ciudadanos de dicho Estado. Por ende, mientras el grupo étnico, en este caso la población rusa, busca la autonomía superior mediante la autodeterminación que supone el derecho absoluto, el Estado ante el riesgo de perder parte de su territorio y población acentúa la importancia de la integridad territorial y el derecho de disponer de la totalidad del territorio nacional.

La Comisión Internacional de Juristas en Report of the International Commission of Jurist, 1920, declaró que la atribución del derecho a que una parte de la población decida sobre su futuro mediante referéndum es un asunto que pertenece exclusivamente al Estado. Por consiguiente, partiendo de ese hecho, el derecho de autodeterminación ya no pasa a ser un elemento de derecho internacional, sino más bien de derecho interno.

El derecho a autodeterminación surge por primera vez como resultado de derechos humanos que tienen los pueblos. Tras examinar el Proyecto Internacional de Derechos del Hombre presentado por ECOSOC, la Asamblea comprendió que no estaban incluidos algunos derechos del hombre más importantes, como el derecho a la libre determinación. Por ende, en su siguiente Resolución 545 (VI)22, basándose en la Resolución 421 (V)23 reconoció el derecho de los pueblos a la autodeterminación como derecho fundamental del hombre y la violación de ese derecho constituye un incumplimiento del Tratado y será considerada como violencia contra la paz. Con el fin de preservar los derechos fundamentales del hombre, la trayectoria

22

Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General relativa a la soberanía permanente sobre los recursos naturales, disponible en http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_1803/ga_1803_ph_s.pdf. 23

Proyecto de Pacto Internacional de Derechos del Hombre y de medidas de aplicación: labor futura de la Comisión de Derechos del hombre, Asamblea General 317ª sesión plenaria, de 4 de diciembre de 1950, disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/421 (V)&Lang=S&Area=RESOLUTION.


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política de los pueblos, así como preservar la paz y la cooperación entre los Estados, la Asamblea dictó en Resolución 545 (VI)24 lo siguiente:

«(..) Todos los pueblos tendrán el derecho de libre determinación; y (…) todos los Estados, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos, deben fomentar el ejercicio de ese derecho, de conformidad con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas y que los Estados que tengan la responsabilidad de administrar territorios no autónomos deben fomentar el ejercicio de este derecho en lo concerniente a los pueblos de tales territorios».

La misma idea fue recogida en el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, art. 1, así como en el art. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, el derecho de autodeterminación comprende los siguientes derechos: a) el derecho de autoafirmación, que básicamente consiste en la capacidad que tiene un determinado pueblo a proclamarse existente, siendo legalmente capacitado para emitir este juicio el grupo étnico mismo; b) el derecho a autodefinición es consecuencia del derecho anterior, donde el grupo decide quiénes son las personas que han de constituir el grupo. Se trata de la facultad que tiene un grupo y no un Estado, puesto que de lo contrario un grupo étnico quedaría muy reducido o simplemente negado; tenemos que resaltar en este caso que dicha condición no se da en la práctica puesto que el grupo ya está constituido en Estado independiente. Serán miembros del grupo todos aquellos nacidos en él y establecidos en su territorio ‒en términos generales‒, por ende, pertenecen a ese grupo y constituyen su núcleo; c) el derecho a autodelimitación, que implica al grupo a determinar su limitación territorial; d) la autodeterminación interna, que consiste en atribuirse la colectividad un gobierno que quiera el pueblo, esto es, determinar su propio régimen político, vida cultural, lingüística y el régimen escolar; e) la autodeterminación externa, que consiste en determinar el pueblo su status político respecto a otros grupos sociales (cfr. José A. Obieta Chalbaud, El derecho de autodeterminación de los pueblos. Un estudio interdisciplinar de derechos humanos, Tecnos, Madrid, 1980, pp. 57-69).

Además, en su Resolución 1514 (XV)25 ―Declaraciñn sobre la concesiñn de independencia a los países y pueblos coloniales‖ la Asamblea General declaró que «1. La sujeción de los pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de las cooperaciones mundiales. 2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural».

Por otro lado, no tenemos que olvidarnos de la Declaración de Independencia de Estados Unidos o la Declaración de Derechos del Hombre y 24

Inclusión de la cláusula sobre reservas en los proyectos de pactos internacionales sobre Derechos del Hombre, Asamblea General, 375ª sesión plenaria de 5 de diciembre de 1952, en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/421(V)&Lang=S&Area=RESOLUTION. 25

Declaración sobre la concesión de la Independencia a los países y pueblos coloniales., la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada el 14 de diciembre de 1960, disponible en http://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml.


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del Ciudadano de 1789, la importancia política que ese derecho adquirió fue después de la Primera Guerra Mundial, y luego tuvo su trascendencia en la Carta del Atlántico, que dio lugar al nacimiento de la Declaración de las Naciones Unidas. El derecho a libre determinación de los pueblos pasa a ser un derecho inalienable de los pueblos, así como elemento indispensable ante el derecho internacional, adquiriendo el carácter de ius cogens. Asimismo, la Carta de Naciones Unidas en su artículo 1.2, señala uno de los propósitos de la Organización: «El desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos (…)».

Por otro lado, la Resolución 2625 (XXV)26 de la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que «todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de procurar su desarrollo económico, social y cultural».

A día de hoy, la jurisprudencia y la doctrina, tal es el caso de A. Moreno López27, han señalado tres circunstancias ante las cuales es posible el derecho a la autodeterminación: 1º) Pueblos sometidos a un dominio colonial, los que por tanto tienen la potestad de determinar su futuro político mediante independencia del estado colonial y adquiriendo la condición de un estado soberano; 2º) Pueblos sometidos a la subyugación, dominación o explotación extranjera por fuerza de un ámbito colonial; 3º) Pueblos a los que de manera sistemática se les ha impedido su derecho a la libre determinación dentro del marco legal permitido por su Estado, o cuando la supervivencia de un grupo étnico significativo es amenazada por acciones del Estado, o sufren violaciones a sus derechos humanos básicos, y como consecuencia de ello, el grupo es forzado a tomar decisión de secesión unilateral como remedio o salvación.

Tras la propuesta conjunta de, según nos indica la autora anteriormente mencionada, Argelia, Birmania, Camerún, Dahomey, Ghana, India, Kenia, Líbano, Madagascar, Nigeria, República Árabe Unida, Siria y Yugoslavia, y afirmando por una vez más que todo el pueblo tiene el derecho inalienable a su libre determinación:

«El sometimiento de un pueblo a la subyugación, dominación y explotación extranjeras, así como cualesquiera otras formas de colonialismo, constituyen una violación del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y, por lo mismo, una violación del derecho internacional. (…). Todo Estado deberá prestar asistencia a las Naciones Unidas en el cumplimiento de sus obligaciones de poner término inmediato al colonialismo y transferir todos los poderes a los pueblos de los territorios que no hayan alcanzado todavía la independencia».

26

Declaración relativa a los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1970, en http://ocw.um.es/cc.-juridicas/derecho-internacional-publico-1/ejercicios-proyectos-y-casos-1/capitulo8/documento-2-res.-2625-xxv-1970.pdf. 27

A. Moreno López, Principio Eje del Derecho Internacional Contemporáneo, igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos, Universidad de Granada, Granada, 1977, p. 94.


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Los Estados intentan mantener mediante diferentes estrategias la unidad territorial y no permitir a los grupos étnicos decidir el derecho a la libre determinación. No obstante, es menester recordar una resolución del Tribunal Supremo de Canadá en el caso de secesión de Québec, que el derecho a mantener la integridad territorial del Estado no interfiere a que un pueblo tenga la potestad de decidir libremente sobre la autodeterminación. Sin más, el Tribunal Supremo de Canadá determinó que la Constitución de Canadá prohíbe la secesión territorial.

Por ende, la Organización precisó que la libre determinación de los pueblos es un derecho de la población autóctona, mostrando en sus resoluciones que si en el momento de decidir el porvenir político, ha de ser el conjunto de la población la que ha de manifestar su conformidad, incluyendo la parte indígena, la cual bajo ningún concepto puede quedarse excluida.

Regresando al caso particular de Ucrania, aunque el derecho de autodeterminación no está prohibido ante el Derecho internacional, no obstante, y atendiendo las circunstancias mediante las cuales la Comunidad Internacional hubiese permitido la secesión, esto es, ante violación del grupo étnico o ante peligro de posible violación de derechos humanos, caso que nunca se ha visto por parte del gobierno central, por ende, el referéndum celebrado en Crimea no es correcto llamarlo ilegal por lo sucedido, así como los referenda en Donetsk y Lugansk. No obstante, dichos referenda nunca serán aprobados por la Organización como medio de garantía del derecho a libre determinación de la población autóctona.

Por lo tanto, al volver a la Nueva Rusia, nos encontramos ante un nuevo Estado ruso, el cual, aunque siendo culturalmente ruso, se define legalmente como un Estado totalmente independiente de la Federación Rusa.

Novorrossia es un Estado federal conformado por Repúblicas Populares, constituido por la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, cuyos límites siguen siendo los mismos cuando formaban parte de las antiguas regiones ucranianas. Puesto que hoy en día estamos en tiempos donde predomina la democracia, ante cualquier consulta con el fin de que diferentes pueblos que componen ese ―Estado‖ formado recientemente, expresen su deseo de voluntad de anexión, está totalmente conforme a lo que establece el Derecho internacional. La Nueva Rusia tendrá que reunir a las demás regiones de la ex Ucrania –cuya explicación histórica hemos examinado en páginas precedentes‒ para que decidan democráticamente, esto es, mediante referéndum, constituirse en Repúblicas Populares e incorporarse a la Unión de Repúblicas de la Nueva Rusia, hecho que efectivamente sucedió. A continuación se ofrece una descripción simbólica de la bandera de Nueva Rusia seguido por el estudio de la trayectoria que llevó a la independencia de las dos regiones ucranianas.

Vamos a centrarnos ahora en la creación de Novorrossia y de las Autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL). La bandera de Novorrossia28 tiene una representación gráfica llena de simbolismos. El águila bicéfala nos pone de relieve las antiguas monarquías eslavas, pero coronada por albañilería de aspecto industrial, lo cual indica el carácter eslavo y ruso de la Nueva Rusia. En el centro del escudo aparece la

28

―¿Qué es la Novorossia?‖, La Repöblica, publicado el 15/09/2014, disponible en http://larepublica.es/2014/09/15que-es-la-novorossia/.


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figura de un cosaco, para recordar la etimología de la región, esto es, tierra de los cosacos. Bajo la garra izquierda del águila podemos apreciar un martillo, que representa a los trabajadores de la metalurgia. Bajo la garra derecha aparece un ancla, que simboliza que la Nueva Rusia incluye el puerto marítimo de Mariupol, en el Mar de Azov, con acceso al Mar Negro a través del estrecho de Kerch. En su garra derecha, el águila bicéfala encierra una espiga de trigo, símbolo de la paz, y en la garra izquierda un haz de flechas, imagen de la guerra, simbolizando al mismo tiempo que el objetivo de la Nueva Rusia es vivir en paz pero que, sin embargo, sabrá defenderse ante cualquier conflicto surgido. Por otro lado, encima de la corona figura una banderola con inscripción «Novorossia» en cirílico, así como la divisa «Trabajo y Libertad» abajo.

Por ende, la bandera de la Unión de Repúblicas Populares de Nueva Rusia contiene así un sincretismo en el que se expresan ciertos valores.

El valor del trabajo, de los trabajadores y de sus organizaciones cuyo objetivo es liberar el mundo del sistema capitalista, virtud simbolizada por la bandera roja, así como la cruz de San Andrés, que representa los valores tradicionales e históricos del pueblo ruso. Las luchas contra el fascismo ucraniano y el nazismo alemán están representadas por la cinta de San Jorge.

La principal característica del pueblo de la Nueva Rusia es su voluntad de no integrarse en el sistema euroatlántico que está siendo sometido a las órdenes de Estados Unidos a través de la OTAN y de la Unión Europea, y que, por ende, presenta la primera vez que un pueblo europeo se niega a integrarse al sistema económico impuesto por los Estados Unidos.

Como consecuencia de la crisis producida a nivel interno, dos de las regiones del Este del país han tomado la decisión de separarse del gobierno central de Ucrania. En el territorio de la república popular de Donetsk el día 2 de noviembre de 2014, 350 colegios electorales abrieron sus puertas para que los residentes de esta región pudieran votar en comicios locales. Los refugiados de Donetsk podrán ejercer su derecho a voto en campamentos desplegados en Rusia, informaron las autoridades electorales de la RPD que se congratularon por la afluencia a las urnas aquella mañana. «Un total de 47.857 personas votaron a distancia», dijo Liaguin al precisar que 42.000 ciudadanos lo hicieron por internet y el resto, por correo postal. La edad mínima para poder votar en los comicios de la autoproclamada República Popular de Donetsk es de 16 años.

En cuanto a la región de Lugansk, los 102 colegios electorales de la autoproclamada República Popular habilitados con motivo de elecciones locales abrieron sus puertas. La edad mínima para votar en las elecciones en la República Popular de Lugansk es de 18 años.

Kiev considera ilegítimos los comicios en Donbás. El Gobierno ucraniano había programado elecciones locales en esta región para el 7 de diciembre, algo que los independentistas del Este se negaron a aceptar.

EEUU y la UE habían anunciado que no reconocerían los resultados de la votación ya que, en su opinión, contradecía los acuerdos de Minsk del 5 de septiembre para el arreglo de la crisis ucraniana. Moscú, en cambio, sostuvo que las elecciones celebradas correspondían a lo estipulado en el acuerdo de Minsk, que había sido firmado por representantes de Kiev, Donbás, Rusia y la OSCE.


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Ante el Derecho Internacional, las declaraciones unilaterales de independencia, mediante las cuales un Estado puede perder parte de su territorio, no son objeto de prohibición expresa, pero tampoco son una prerrogativa. Por lo tanto, el silencio guardado por parte del derecho internacional, no prohíbe a la población de un Estado a decidir separarse, es decir, las declaraciones de independencia unilaterales no constituyen, per se, una potestad o un acto legal reconocido por el Derecho Internacional. La Asamblea General, por otro lado, entiende que una determinada situación colonial supone la usurpación de los derechos de un Estado sólo cuando el Estado lo formule como tal a instancia de parte, puesto que es el derecho del Estado acceder directamente a solicitar la consideración de la Organización a no tener en cuenta de oficio los derechos reivindicados.

No obstante a ello, tras largas negociaciones entre el gobierno central y las autoproclamadas repúblicas por un lado, y la presión por parte de Bruselas de llegar a una solución pacífica29, el Presidente ucraniano firmó el día 17 de mayo de 2015 una ley política regional, la cual estipulaba la descentralización de poderes y el desarrollo étnico y cultural30.

Esta ―Ley de Bases de la Política Regional del Estado‖31 fue aprobada por la Rada Suprema del Parlamento ucraniano con 254 votos a principios de febrero, en la cual se regulaban las bases jurídicas, económicas, sociales, ecológicas y humanitarias de la política de las regiones como parte integrante de la política interna del país.

Por otro lado, también se preveía la conservación de la cultura material y espiritual que representaban las diferentes etnias que residen en el territorio ucraniano. La ley sería vinculante por un periodo de tiempo de siete años. Asimismo, Petro Poroshenko insistió en la importancia de esta norma jurídica debido a los compromisos que asumió Ucrania tras la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

Además, el líder de la Autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), Alexander Zajárchenko, anunció en la rueda de prensa en Donetsk celebrada el 15 de mayo que la región no formaba parte del país32, no se trataba de una entidad federada o autónoma, sino de un estado independiente. El principal objetivo de los secesionistas es conseguir que Ucrania reconozca a la región como un estado independiente y resuelva todos los asuntos pendientes en cuanto a los derechos de igualdad.

De igual modo señaló que su principal preocupación era liberar el territorio de la región de Donetsk de cualquier presencia militar en la zona, refiriéndose a las tropas militares ucranianas. Afirmó que, junto con las tropas pro-rusas, combatieron ciudadanos extranjeros procedentes de países libres y

29

Conclusiones del Consejo Europeo del 30 de agosto de 2014, EUCO 163/14, disponible en http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-163-2014-INIT/es/pdf. 30

―El Presidente de Ucrania firma una ley de política regional que supone descentralizaciñn‖, Sputniknews, 1/03/2015, http://mundo.sputniknews.com/europa/20150301/1034974913.html# ixzz3aDyh9qdS. 31

―Ley de Bases de la Política Regional del Estado‖, página web oficial del Presidente de Ucrania, está disponible en http://www.president.gov.ua/documents/index.php?start=10&cat=-1&search_string=&logic=all&like=begin&number=&from_day=1&from_month=1&from_year=1994&till_day=15&till_month=5&till_year=2015&order=desc. 32

―La repöblica popular de Donetsk no es parte de Ucrania, afirma su líder‖, La Vanguardia, de 15/05/2015, en http://www.lavanguardia.com/internacional/20150515/54431269401/la-republica popular-de-donetsk-no-es-parte-de-ucrania-afirma-su-lider.html.


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democráticos tales como Estados Unidos, Francia, Brasil y España, que «rechazan el nazismo y el fascismo». El presidente de Ucrania, en cambio, afirmó que unos 11.000 soldados procedentes de Rusia combatieron de lado de los separatistas en las regiones de Donetsk y Lugansk, hecho que Moscú negó rotundamente33.

Según las fuentes de la ONU, más de 6.200 personas, entre la población civil y los combatientes, perdieron sus vidas y más de 14.000 resultaron heridas.

El transcurso del conflicto cobraba cada vez mayor intensidad sin llegar a una solución pacífica aunque los representantes de la Unión Europea así lo instaban a los representantes del gobierno central, Rusia y los rebeldes pro-rusos. Finalmente, y con mucho esfuerzo, se pudo acordar un alto el fuego temporal entre Kiev y las provincias de Donetsk y Lugansk, los detalles del cual se relatan a continuación.

Detengámonos ahora en el alto el fuego temporal entre Kiev y las regiones de Donetsk y Lugansk. Tras la supervisiñn por la OSCE ‒Organización que vela por la Seguridad en Europa‒ se estableció la primera condición, la cual obligaba al Presidente de Rusia a parar el fuego y el control de las fronteras ucranianas. Además, la UE exigió también que se devolvieran a las autoridades ucranianas los puestos de control, es decir, el control absoluto del territorio rebelde, el intercambio de los rehenes, así como un definitivo alto el fuego34.

No obstante a ello, la Cámara alta de Rusia había dado su permiso para desplegar las tropas rusas en el Este del país. Vladimir Putin, no obstante, anunció la retirada de dicho permiso mientras se negociaba el alto el fuego entre los rebeldes y Kiev. La influencia de Barak Obama en Ucrania es evidente, puesto que había anunciado las posibles sanciones para Rusia, que Bruselas no se decidía aplicar, en caso de no terminar el conflicto. Como ya se ha indicado anteriormente, la Unión Europea solamente ha impuesto sanciones concretas contra las 61 personas de altos cargos del Gobierno de Rusia y de Crimea, prohibiendo la entrada a dichas personas físicas en el territorio de la UE, así como la congelación de los activos que los mismos tuvieran en el territorio de la UE, además de sancionar a dos personas jurídicas con su sede en Crimea.

El acuerdo de intentar finalmente dar por finalizado el conflicto bélico, lamentablemente no resultó ser fructuoso por mucho tiempo. Por ende, la Unión Europea se vio obligada a buscar otro modo de hallar la paz, que culminó en el acuerdo firmado por los representantes de Ucrania y Rusia. Los representantes de Alemania y Francia actuaron en calidad de avalistas del pacto, cuya firma tuvo lugar en la capital de Bielorrusia y el cual pasó a denominarse el Acuerdo de Minsk II, dado que el Acuerdo de Minsk I firmado por el presidente de Ucrania destituido en el mes de febrero de 2014 no se respetó como fue previsto entonces.

33

―Kremlin rechaza el envío de tropas internacionales a Ucrania‖, La Vanguardia de 1/05/2015, texto disponible en http://www.lavanguardia.com/internacional/20150501/54430348191/el-kremlin-rechaza-el-envio-de-tropas-de-paz-internacionales-a-ucrania.html. 34

Conclusiones del Consejo Europeo de 16 de Julio de 2014, EUCO 147/14, disponible en http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-147-2014-INIT/es/pdf.


419

Ha habido acuerdo y podría haber habido un fracaso, pero ello no garantiza en los próximos días un éxito inmediato (F. Hollande, 11 de febrero de 2015).

No ha sido un acuerdo global. No me hago ilusiones. Habrá todavía grandes obstáculos por delante (...) aunque hay una verdadera ocasión de hacer evolucionar las cosas a mejor (A. Merkel, 11 de febrero de 2015).

Minsk II35 es un buen paso, pero no soluciona el problema (F. Mogherini, 16 de febrero de 2015).

Finalmente, el día 11 de febrero de 2015, los cuatro líderes ‒la canciller

alemana, Ángela Merkel, el presidente francés, François Hollande, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Petro Poroshenko‒ se reunieron en la capital bielorrusa con el objetivo de poner fin al conflicto bélico mediante una firma de un acuerdo. No obstante, los cuatro líderes no firmaron nada, tal y como nos informan las fuentes del diario ABC, sino trasladaron el documento a la representante de la OSCE, Heidi Tagliavini, el expresidente de Ucrania, Leonid Kuchma, el embajador ruso en Kiev, Mijaíl Zurábov, y los dos mandatarios de DLN (República Popular de Donetsk) y LNR (República Popular de Lugansk), los que finalmente llegaron a firmar el documento36. El texto del protocolo consiste en doce puntos37:

1. Asegurar un alto el fuego bilateral inmediato. 2. Garantizar la supervisión y verificación del alto el fuego por la OSCE. 3. Una descentralización del poder, incluso a través de la aprobación de una

ley ucraniana sobre "arreglos provisionales de gobernación local en algunas zonas de los Óblasts (regiones) de Donetsk y Lugansk" ("ley sobre el estatuto especial").

4. Asegurar la monitorización permanente de la frontera Ruso-Ucraniana y su verificación por la OSCE, a través de la creación de zonas de seguridad en las regiones fronterizas entre Ucrania y la Federación Rusa.

5. Liberación inmediata de todos los secuestrados y de todas las personas detenidas ilegalmente.

6. Una ley sobre la prevención de la persecución y el castigo de las personas relacionadas con los hechos que han tenido lugar en algunas áreas de los Óblasts de Donetsk y Lugansk, excepto en los casos de delitos que sean considerados graves.

7. La continuación del diálogo nacional inclusivo. 8. Toma de medidas para mejorar la situación humanitaria en la región de

Donbass, en el este de Ucrania. 9. Garantizar la realización anticipada de elecciones locales, en conformidad

con la ley ucraniana (acordada en este protocolo) sobre "los arreglos provisionales de gobierno local en algunas áreas de los Óblasts de Donetsk y de Lugansk" ("ley sobre el estatuto especial").

35

Package of Measures for the Implementation of the Minsk Agreement, 12 February 2015, disponible en http://www.elysee.fr/assets/Uploads/Package-of-Measures-for-the-Implementation -of-the-Minsk-Agreements.pdf. 36

El Acuerdo de Minsk II recoge el mismo texto que se había firmado el pasado mes de septiembre de 2014 en la capital Bielorrusa, no obstante, no se había respetado. 37

Puntos claves del Acuerdo de Minsk II, RT de 12/02/2015, disponible en el sitio http://actualidad.rt.com/actualidad/166178-detalles-historicas-negociaciones-minsk-ucrania.


420

10. Retirada de los grupos armados ilegales, equipo militar, así como de los combatientes y de los mercenarios de Ucrania.

11. Aprobación del programa de recuperación económica y reconstrucción de la región de Donbass, en el este de Ucrania.

12. Garantizar la seguridad personal de los participantes en las negociaciones.

Estos 12 puntos hacen referencia a lo siguiente: a) el primer punto y

probablemente el más importante de todos, incide en el alto el fuego, que había de entrar en vigor desde las 00.00 horas el día 15 de febrero; b) el segundo punto instaba a retirar el armamento pesado de Debalzevo, esto es, la línea de frente entre 50 y 140 km. Según la línea trazada en el acuerdo de Minsk el 18 de septiembre de 2014, tanto por parte de la milicia ucraniana como por parte de los pro rusos en un plazo máximo de dos semanas, supervisión por su cumplimiento será a cargo de los representantes de la OSCE; c) una descentralizaciñn de poder a través de una ―reforma constitucional‖ que dotará a DNR y LNR de autonomía lingüística y la creación de milicia propia; d) verificación por parte de la OSCE del cumplimiento de la retirada del armamento pesado así como de la creación de la zona de seguridad en la frontera entre Rusia y Ucrania con el fin de ese modo conservar el control de la frontera rusa para poder recibir ayuda humanitaria por parte de Moscú.

Cabe destacar que este punto fue la clave del fallo de las negociaciones de Minsk I, puesto que el gobierno ucraniano, en principio, pretendía obtener el total control sobre la frontera entre Rusia y Ucrania, a lo que las autoridades de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk se negaron acceder, puesto que de lo contrario, ello supondría un aislamiento total de cualquier ayuda humanitaria y sanitaria en el este de Ucrania. Esta condición fue retomada en el Acuerdo de Minsk II, consecuencia de lo cual es la firma del pacto.

Fue Putin el que después de largas negociaciones que parecían no acabar nunca ‒unas frustrantes y desesperadas 15 horas– quien anunció que la reunión había culminado con un acuerdo, aunque él personalmente tenía sus dudas en relación a su inmediato y total cumplimiento. También Hollande se mostró desconfiado anunciando que hubo un pacto, no obstante, ello no significa que habrá una paz inmediata.

Por otro lado, a día 13 de marzo de 2015, solamente a unas escasas horas del cumplimiento total del acuerdo, las condiciones pactadas han ido incumpliéndose constantemente38. El gobierno central no ha pagado pensiones en Donbass durante meses y la indignación popular sigue aumentando. Rusia, por su parte, envía ayuda humanitaria a la zona este del país, acusando al gobierno central de no tener compasión por los ciudadanos que han resultado ser víctimas del conflicto.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Lavrov, instó a la Unión Europea, con especial atención a Angela Merkel y François Hollande, que

38

―La UE y Ucrania discuten la aplicaciñn del Acuerdo de Minsk‖, La Vanguardia de 27/04/2015, en http://www.lavanguardia.com/internacional/20150427/54430227991/ue-ucrania-discuten-aplicacion-acuerdo-minsk.html.


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actuaron en calidad de avales de la firma del Acuerdo de Minsk39, implicándose ya que el acuerdo sigue incumpliéndose por parte de Kiev, y vulnerando los artículos 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Se trata de una ayuda social40 para subsistir la población, esto es alimentación, ropa, vivienda, así como las condiciones físicas y psíquicas de los ciudadanos del DNR y LNR. Además, se puede ver claramente como las actuaciones del gobierno central de Ucrania están orientadas a conseguir mayor discriminación de la Parte II, art. 2 sobre los derechos anunciados en Pacto Internacional de Naciones Unidas.

La Unión Europea, en cambio, guardó silencio al respecto. El subsecretario general de la ONU para Asuntos Políticos, por otro lado,

reiteró y calificó de suma importancia que tanto el Gobierno ucraniano como los rebeldes respeten el acuerdo de Minsk41. Jeffrey Feltman también adelantó que no habría avances hasta que no se respetase el punto número uno del acuerdo, esto es, el alto el fuego y la inmediata retirada del armamento pesado de la zona. No obstante, a día 15 de marzo de 2015, según los informativos rusos, el pacto fue incumplido 55 veces desde su firma, y no se pudo apreciar progreso alguno. El subsecretario general terminó anunciando que si bien el presidente ucraniano manifestó sus intenciones de solicitar el despliegue de la misión de paz, sin embargo, tal petición no se materializó hasta la fecha de 15 de marzo de 2015.

En cuanto a la reacción de Rusia, el Ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó el cumplimiento paulatino del Acuerdo de Minsk, instando a Occidente a intervenir mediante un diálogo diplomático para resolver definitivamente la crisis producida, diciendo a continuación: «Quienes intentan ignorar esto y piden más suministros de armas tienen la gran responsabilidad de perturbar el acuerdo de paz. Son guiados por intereses de diversas naturalezas, pero no por los intereses del pueblo ucraniano».

Por su parte, el Secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, negó la retirada del armamento pesado, la continuidad de violaciones de los Derechos Humanos de la población ucraniana y llamó especial atención al cumplimiento parcial del Acuerdo por parte de los pro-rusos42.

Tras intensos esfuerzos de conseguir la aplicación total del acuerdo celebrado en Minsk, la UE instó al gobierno ucraniano que realizase reformas constitucionales en cuanto a la descentralización de poderes y la cuestión del estatus de Donbás, incluidas las reformas del poder judicial. Asimismo, el acuerdo de libre comercio firmado entre Kiev y la UE supuso para ambas partes, teniendo en cuenta el impacto económico que el mismo suponía para Moscú, negociar su aplicación posponiéndolo hasta la fecha de 1 de enero de

39

―Moscö y Kiev acuerdan una frágil hoja de ruta hacia la paz en el este de Ucrania‖, ABC, publicado el 12/05/2015, disponible en http://www.abc.es/internacional/20150212/abci-acuerdo-ucrania-minsk-201502120723.html. 40

Comentarios del Departamento de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, 426-12-03-2015, disponible en http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/ C4E3E92509CF760843257E06002A9862. 41

―ONU reitera llamado a implementar acuerdos de Minsk‖, Centro de Noticias de ONU de 6/03/2015, en http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=31827#.VXiO5JocTMy. 42

―Kerry y Lavrov abordan la situación de Ucrania en el Centro de Derechos Humanos de la ONU‖, Centro de Noticias de la Organización de Naciones Unidas del 2 de marzo de 2015, disponible en http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=31793#.VXiNJpocTMx.


422

2016, sin tener en cuenta que Rusia había solicitado la aplicación del mismo en el año 2017, petición que fue rechazada por otros Estados Miembros, encabezados por Alemania.

La Unión Europea respondió a la petición de Rusia afirmando la aplicación del acuerdo en la ―medida flexible‖ con el fin de causar menos perjuicio a la posición financiera del país, pero en ningún caso la modificación del contenido del acuerdo.

Por otro lado, la UE y Kiev están negociando implementar la creación de una agencia anticorrupción conjunta, con el fin de garantizar el correcto uso de las ayudas económicas destinadas a reanimar el default producido en Ucrania a raíz del conflicto. También la UE se pronunció que no tenía interés en retirar la concesión de visados a los ciudadanos ucranianos, lo cual suponía un avance notorio para el país, aspirante a miembro del bloque europeo. En la celebración de la cumbre entre la UE y los seis socios del Este de Europa de la Asociación Oriental que tuvo lugar en Riga43, países como Armenia y Bielorrusia manifestaron su desacuerdo con el reconocimiento en la declaración final de la agresión militar por parte de Rusia respecto a Ucrania, que Moldavia, Ucrania y Georgia querían incluir44.

A continuación, examinaremos brevemente la política del Consejo de Seguridad de la ONU. El representante permanente ruso ante la ONU, Vitaliy Churkin, manifestó que «Ucrania tiene la oportunidad de pasar una página dramática de su historia». El Consejo de Seguridad de la ONU instó a todas las partes a aplicar de forma inmediata y urgente los acuerdos de paz celebrados en la capital bielorrusa, los cuales se siguen violando por los continuos conflictos producidos en el sur-este de Ucrania. La decisión, promovida por Rusia, se aprobó por 15 miembros del máximo órgano de Naciones Unidas.

Las fuentes oficiales de la ONU informaron que más de 5.600 personas habían fallecido desde el inicio del conflicto producido entre el gobierno central de Ucrania y los grupos separatistas del país. El portavoz de la Federación Rusa ante la ONU –Alexei Zaitsev– informó que, «por iniciativa de Rusia, el Consejo de Seguridad de la ONU está debatiendo a puerta cerrada el incumplimiento del Conjunto de medidas para la aplicación de los Acuerdos de Minsk del 12 de febrero»45.

Tras las negociaciones mantenidas en Minsk el mes de febrero de 2014, los representantes de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania culminaron la reunión mediante una firma de acuerdo de paz en el cual se acordaba la retirada del armamento pesado del este del país y la participación de los representantes de las regiones separatistas en la redacción de una ley electoral prevista en la reforma constitucional de Ucrania. A pesar de la disminución de la intensidad del conflicto bélico en la zona sur-este de Ucrania, la confrontación persiste, dado que tanto el gobierno central como los separatistas se acusan mutuamente de violar el acuerdo de paz.

43

―Cumbre de Riga‖, Euronews el 20/05/2015, disponible en http://es.euronews.com/ 2015/05/20/cumbre-de-riga-ensombrecida-por-ucrania-y-rusia/. 44

Fernando Garcés de los Fayos y Valerie Ramet,‖Socios Occidentales‖, Parlamento Europeo, 04/2014, disponible en http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_6.5.5.pdf. 45

―Rusia convoca reuniñn del Consejo de Seguridad por Ucrania‖, TelesurTv de 19/03/2015, disponible en http://www.telesurtv.net/news/Rusia-convoca-reunion-del-Consejo-de-Seguridad-por-Ucrania-20150319-0058.html.


423

En relación al apartado siguiente, es preciso tener en cuenta la importancia del mismo en cuanto al acercamiento hacia la paz. El Pacto para el Libre Comercio es la clave que al mismo tiempo fue, en mi opinión, el detonador del conflicto, y es por ello que podemos calificarlo de núcleo y origen de protestas que se convirtieron en conflicto bélico, el cual sigue sucediendo hoy en día. Como se ha expuesto anteriormente, el conflicto se originó en protestas por parte de la población civil ante las inmensas esperanzas de acercamiento hacia el bloque europeo por parte de Ucrania, siempre y cuando se cumpliesen los objetivos impuestos por la Unión Europea, y que finalmente culminaría convirtiéndose en un miembro más de la Unión Europea. No obstante, las expectativas del entonces Presidente del Gobierno pro-ruso eran bien distintas. Víktor Yanukovich se negó a firmar el acuerdo, dejando bien claro su posición de estrechar los lazos con Rusia y al mismo tiempo alejándose del sueño europeo que tanto ansiaba el pueblo ucraniano. Cansado de las injusticias que atravesaba la política ucraniana, el pueblo salió a las calles en protestas que forzaron la destitución del Presidente e inmediata proclamación de un nuevo gobierno en funciones, presidente del cual pasó a ser Turchinov, hecho que fue consentido por la Unión Europea. Con ello se consiguió calmar las protestas y celebrar unas nuevas elecciones de gobierno, en las cuales salió ganando Petro Poroshenko y quien logró la firma del pacto, el cual ante los ojos de la población establecería un acercamiento entre Ucrania y el bloque europeo.

El Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Ucrania fue considerado como“el día más importante para la historia de Ucrania después de la independencia” (Petro Poroshenko)

El intento de acercamiento por parte de Ucrania hacia la Unión Europea siempre ha estado presente. No obstante, ni la Unión Europea, ni Rusia y mucho menos el Presidente ucraniano Víktor Yanukovich podrían imaginar que la negativa de la firma del Acuerdo de la Asociación a finales de 201346 –lo cual no significa adquisición de condición del miembro de la UE, sino un Acuerdo de Libre Comercio entre UE y Ucrania‒ supondría una protesta nacional que desembocaría en una guerra civil al darse cuenta el pueblo ucraniano de que las expectativas del Presidente pro ruso eran bien distintas, esto es, el alejamiento del país con estrategia geográfica significante por ser el puente entre la UE y Rusia.

«Aplaudo a los compatriotas que han salido a la plaza a manifestarse por la firma del Acuerdo de Asociación con la UE, e insisto que este no es el momento de grandes autopistas transcontinentales, sino de buenos caminos locales» (Víktor Yanukovich).

La destitución de Víktor Yanukovich, el nombramiento de un nuevo

Presidente en funciones, cambio de Primer Ministro y posteriores elecciones presidenciales que coincidieron con la fecha de elecciones Parlamentarias en el resto de los 28 Miembros, esto es, 25 de mayo 2014, ante la crisis desatada

46

―Ucrania y la UE firman el pacto de libre comercio que desatñ la crisis con Rusia‖, El País, de 27 de junio de 2014, disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/27/ actualidad/1403853122_102740.html.


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con Rusia, Ucrania y la UE firman el pacto de libre comercio47 el día 21 de marzo de 2014 al prometer la UE donar 11 mil millones de Euros en concepto de ayuda para la reestructuración financiera del país. Este Acuerdo de Asociación se considera como el mayor grado de vinculación alcanzado por Europa con los países del Este, en especial atención con Ucrania.

Tanto el Presidente del Consejo Europeo en aquel momento –Herman Van Rompuy‒, como el Presidente de la Comisión Europea –Manuel Durão Barroso‒, calificaron el pacto como «el más ambicioso que ha firmado nunca la UE». Por su parte el Presidente de Ucrania Petro Poroshenko calificó la firma diciendo que «este es el día más importante para la historia de Ucrania después de la independencia».

Ucrania es el país más próspero y poblado de la región, por ende, el pacto suscrito entre la UE y el país, establece un área de libre comercio, esto es, desaparición de aranceles, de forma que Ucrania pueda importar y exportar a la UE sin restricciones, hecho que más recelos ha suscitado en Rusia.

Veamos, a modo de conclusión parcial, la diversidad de interpretaciones sobre el conflicto ucraniano. La crisis de Ucrania también muestra la existencia de variedad de opiniones dentro del sistema político español, basándose en las relaciones entre Ucrania y Rusia, se pueden destacar cuatro grupos predominantes48: los ―comprensivos‖, los ―equidistantes‖, los ―pro-Maidán‖ y los ―atlantistas guerra fría‖, siendo los más influyentes los dos primeros. Los comprensivos entienden la crisis ucraniana desde el punto de vista realista, es decir, en términos de influencia política y de poder. Se preocupan principalmente por la estabilidad y seguridad y rechazan cualquier inestabilidad que las revoluciones populares hayan podido conducir, junto con las visiones liberales y relaciones internacionales. Los comprensivos muestran comprensión hacia Rusia, y consideran totalmente responsable de la crisis producida en Ucrania a Bruselas, a cuya iniciativa Kiev quiso entrar en la esfera europea, olvidándose de la importante influencia de Rusia, y la cual fue apoyada posteriormente por la revolución popular.

El principal objetivo para los componentes de este grupo es reconstruir el orden regional mediante un acuerdo con Rusia, estableciendo la federalización de Ucrania y, al mismo tiempo, alejando el país del AA. Por otro lado, los comprensivos no apoyan los acuerdos internacionales, puesto que los consideran causas de inseguridad popular, como consecuencia de ello su rechazo a la independencia de Kosovo, Crimea y su apoyo a los líderes fuertes y de poder.

Los equidistantes se decantan por una posición distante de la actual crisis y se muestran por apoyar a Europa, incluyendo a Rusia o al menos evitar su distanciamiento y la Política de Vecindad en el Este y el Partenariado Oriental. Apoyan la política alemana, pero critican a la UE en cuanto a la crisis de Ucrania.

A diferencia de los comprensivos, no culpan a la UE en la actual crisis de Ucrania, y los errores cometidos por la UE no justifican las acciones de Rusia

47

―Ucrania firma parte econñmica del Acuerdo de Asociaciñn con la UE‖, artículo de opiniñn de Rt.com, publicado el 27/06/2014, disponible en http://actualidad.rt.com/economia/view/132261-ucrania-firma-acuerdo-asociacion-ue. 48

―Carta de Europa: el debate espaðol sobre la crisis de Ucrania‖, El País, Política exterior nº160, Julio-Agosto 2014, disponible en http://politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/ carta-de-europa-el-debate-español-sobre-la-crisis-de-ucrania/.


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en cuanto a la violación del derecho internacional. Este grupo critica abiertamente a la UE en cuanto a la pésima valoración que han hecho de las posibilidades del gigante ruso y en no incluirlo en las discusiones que tuvieron con Kiev en relación al Acuerdo de Asociación.

A pesar de ello, este grupo se decanta claramente por la Unión Europea, procurando conciliar el apoyo a la UE en esta crisis, acercando la posición de Rusia al mismo tiempo. Ven justificadas las sanciones a Rusia tras la anexión de Crimea, pero son contrarios a cualquier otro tipo de sanción que pueda ser aplicada en el futuro, apoyando las negociaciones diplomáticas y el control del mantenimiento de la paz a través de la OSCE.

Los Pro-Maidán presentan una minoría que optan por la democracia ucraniana y acercamiento a la UE. Critican las actuaciones de Kremlin, así como a Occidente que apoya a la política de Rusia, a sabiendas que Moscú violó el Derecho Internacional causando la crisis actual que está atravesando Ucrania. Este grupo condena cualquier apoyo por parte de la UE a Rusia, y consideran que la concentración ha de ser en el futuro ucraniano decidido por el pueblo ucraniano y no por la política rusa.

Los atlantistas de la guerra fría consideran el desafío ruso como una parte del declive del poder occidental. Dan importancia no a la UE, ni siquiera a la OTAN, sino a América, puesto que la crisis ucraniana se verá reflejada en la política americana. Critican al gobierno de Barak Obama por no ser capaz de mantener la estabilidad de sus líneas, hecho reflejado en la política de Putin, Oriente Próximo y Asia. Son partidarios con las sanciones presentadas a Rusia, y comparten la idea con los comprensivos en mantener la visión realista en relación al derecho internacional, con el objetivo de frenar la debilidad occidental.

En relación al apoyo ofrecido por parte de la UE a Ucrania, según afirman las fuentes de los periñdicos de la ―cadena vasca‖, la UE no ofreció un Acuerdo de Asociación digno a Ucrania cuyo resultado es el fracaso del proyecto de la política de la UE en Ucrania. Confirman las fuentes de los diarios que la oferta presentada por la UE al Gobierno de Ucrania privilegiaba los intereses económicos en primer lugar de Alemania ‒y las otras principales economías exportadoras de la UE‒ sin plantear soluciones a corto y medio plazo, tampoco al riesgo de bancarrota ni al colapso de lo poco que quedaba de estado social en Ucrania. Yanukovich solicitó entre 15.000 y 20.000 millones de dólares para compensar el coste que acarrearía la implementación del AA. La UE no aceptó y Yanukovich, como consecuencia del rechazo de la UE, no firmó.

En segundo lugar, la UE ha mantenido una actitud deshonesta con el Euromaidán. Una vez iniciadas las movilizaciones, la UE alentó la vana esperanza de que Ucrania pudiera entrar como miembro de pleno derecho en la Unión si presionaba a su presidente. No obstante, la realidad no era así. El Acuerdo de Asociación no preveía ni la apertura de una hoja de ruta de ingreso y nadie, salvo Polonia o los países bálticos, votarían la entrada de Ucrania en la UE.

En cuanto a la violencia de algunos sectores de activistas o la alianza con la ultraderecha en el Euromaidán, la UE en ningún momento presentó sanciones o condenas a lo sucedido. La ultraderecha no era ‒ni es‒ mayoritaria en el Euromaidán, pero la radicalización de las protestas le ha permitido dominar las estructuras de autodefensa del movimiento y ganar peso político. Además, de la investigación sugerida por Ashton para averiguar si algún líder opositor


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estaba ligado a los francotiradores del Maidán nunca más se supo. Desde mi punto de vista, la Unión Europea parece haber apoyado tácitamente la crisis producida al no pronunciarse al respecto y además, haber reconocido el gobierno provisional aprobado por la Rada tras el derrocamiento de Yanukovich. Este hecho en mi opinión que nunca debió ser apoyado por la UE, puesto que, como también opina la doctrina española, de ese modo la posición neutral adoptada por la UE, coloca a la misma como mediadora externa junto a Rusia en el acuerdo entre la oposición y Yanukovich el 21 de febrero. El Euromaidán no aceptó dicho acuerdo y un día después Yanukovich tuvo que abandonar la capital ucraniana. La oposición formó un nuevo gobierno sin incorporar a las fuerzas políticas con peso en las regiones del sur y oriente ucraniano, y la UE lo reconoció como legítimo. Putin, sintiéndose agraviado, optó por violar la legislación internacional y ocupar Crimea. Si el acuerdo del 21 de febrero se hubiera respetado Crimea hoy seguiría siendo Ucrania.

Ante la falta de coherencia en la estrategia hacia Ucrania, la UE se ha visto débil ante la posición de Putin y su ocupación de Crimea. Alemania siempre ha sido un fuerte aliado en cuanto a la representación de UE con Rusia. La solución más rápida y pacífica que Merkel consideraba en aquel momento era ofrecer a Putin la federalización de Ucrania a cambio de su salida del archipiélago, confiando en su supuesta influencia sobre el Kremlin. Ante la negativa de Moscú a retroceder, Merkel entendió que el camino hacia la solución pacífica era un diálogo diplomático, esto es, convencer a los demás estados reacios de no presentar sanciones respecto a Rusia.

Por lo tanto, la UE no tuvo intención de contribuir eficazmente a que Ucrania saliera de su crisis económica; coadyuvó en la polarización política, no importando si la contienda política se radicalizaba y con ello se fortalecía la ultraderecha; por último, la política exterior se reveló errática y atomizada, demostrando sus Estados Miembros no estar dispuestos a arriesgar sus intereses económicos.

En cuanto a la política hacia Ucrania, parece ser que la prioridad de la UE es aumentar los ingresos y no la estabilización del país, para así asegurar con ello que las regiones orientales no sigan, en un futuro, los pasos de Crimea. En este sentido, podemos sumar otros errores cometidos por la UE a los ya mencionados anteriormente.

El primero sería la irresponsabilidad de acometer la firma del Acuerdo de Asociación con el actual gobierno provisional, el cual no ha sido electo y cuya legitimidad es, por ende, muy discutible. Además, cuando la firma del Acuerdo de Asociación divide al país y puede disminuir los estándares sociales de vida de la población ya de por sí muy castigada.

Por otro lado, es una imprudencia asumir la formación y status oficial de la Guardia Nacional, órgano militar surgido de las milicias de auto-defensa del Euromaidán y que cuenta con un claro liderazgo de la ultraderecha. La Guardia Nacional está reclutando, adiestrando y armando a un total de 60.000 efectivos oficialmente para defender las fronteras ante un ataque ruso.

Por último, si la UE quiere colaborar en la estabilización de Ucrania a medio plazo debería, con independencia de que ambas sean peticiones rusas, primero asumir que Ucrania será o no un Estado Federal; y segundo, comprometerse a que nunca ingresará en la OTAN.


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2. Posición de las distintas instituciones de la Unión Europea En este bloque se trata de describir la posición de la Unión Europea en el

conflicto de Ucrania a través de cada una de sus instituciones, así como la trayectoria de las decisiones tomadas y el resultado de las mismas, aunque el asunto siga desarrollándose en la actualidad. El día 16 de septiembre, se celebraron por primera vez las votaciones simultáneas en el Parlamento Europeo en Estrasburgo y el Parlamento de Ucrania en Kiev, con el fin de reforzar el simbolismo de la ocasión, a favor del acuerdo de la asociación entre la UE y aquel país.

El Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, aseguró durante una videoconferencia en directo con el Parlamento de Ucrania que se trataba de un momento histórico. Y afirmó que la Eurocámara continuará defendiendo la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. El Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, por su parte, agradeció el apoyo de la Unión Europea e instó al Gobierno de su país a no demorar las reformas necesarias.

Igualmente, los eurodiputados calificaron la convocatoria de un referéndum independentista en Crimea de ilegal y exigieron la ―retirada inmediata‖ de las tropas rusas presentes ilegalmente en Ucrania por tratarse de una ―invasiñn‖ que vulnera el derecho internacional. Además, la Eurocámara ha calificado dicha consulta de ―ilegal e ilegítima‖, acordando que la península es una ―parte inseparable‖ del territorio ucraniano.

Por otro lado, señala que el referéndum contraviene la Constitución ucraniana, que establece que la República Autónoma de Crimea solo puede convocar referenda sobre cuestiones locales y no sobre la modificación de las fronteras de Ucrania, reconocidas internacionalmente.

En esta resolución49, pactada entre los grupos PPE, S&D, ALDE, ERC y Verdes/ALE, se acusaba a Moscö de haber perpetrado un ―acto de agresiñn‖ que violaba la integridad territorial de Ucrania y los Tratados Internacionales y ponía en peligro la seguridad en Europa.

Así mismo, el Parlamento Europeo50 denunciaba que los argumentos de Rusia para invadir el territorio ucraniano ―carecen de todo fundamento‖, al considerar que no existe ninguna evidencia de que la población de habla rusa en Crimea sufriera algún tipo de discriminación. Los europarlamentarios exigieron a Moscú que se abstuviera de promover la polarización racial o lingüística en Ucrania, al tiempo que mostraban su preocupación por el acoso a la comunidad tártara en Crimea.

Por otro lado, los Eurodiputados pidieron a la UE que, en caso de que Rusia no cediera ante la conquista de Crimea, se impusieran nuevas sanciones a Rusia, entre ellas, la restricción de visados, la congelación de activos y medidas contra las compañías rusas, especialmente en el sector energético ‒hecho que ha llevado a cabo‒ al no producirse el cese en la conquista de Crimea por parte de Rusia.

49

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 3 de enero de 1976, página web disponible en http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 50

Susi Dennison, ―Carta de Europa: la seguridad se impone a una estrategia global”, Estudios de Política Exterior nº 165, Marzo-Abril 2015, disponible en http://www.politicaexterior. com/articulos/politica-exterior/carta-de-europa-la-seguridad-se-impone-a-una-estrategia-global/.


428

Ante la negativa del Presidente ruso de ceder en la conquista de Crimea y su posterior adhesión a la Federación Rusa, el conflicto en Ucrania y la intervención por parte de Moscú ha traído consecuencias adoptadas por los Veintiocho embajadores de la UE. Una de las consecuencias es un paquete de sanciones contra Rusia por su papel en el conflicto. Los destinatarios de estas sanciones son personas y entidades cercanas al presidente Putin, al mismo tiempo que prohíben nuevas inversiones en infraestructuras, petróleo y gas.

El pasado 24 de julio una fuente diplomática ha desvelado que los países de la UE han acordado implementar dichas restricciones al presidente ruso ‒entre otras personas y entidades que apoyan y se benefician de políticos rusos‒ por su papel en el conflicto en Ucrania. La sanción consiste en congelar los activos en Europa y prohibir la entrada al territorio europeo. Por ende, la UE ha sancionado ya a 87 personas, incluidos varios asesores de Putin y al viceprimer ministro ruso, Dmitri Rogozin, y 20 entidades y empresas51.

Por otro lado, las sanciones no acaban ahí. Los Veintiocho también acordaron a nivel de embajadores y establecieron sanciones para restringir el comercio y la inversión en Crimea y Sebastopol por su anexión ilegal a Rusia. En concreto, se prohíbieron ―nuevas inversiones‖ con el fin de crear, adquirir o desarrollar cualquier tipo de infraestructura en los sectores de transporte, energía, telecomunicaciones o inversiones de petróleo, gas o minerales.

En cuanto al pronunciamiento del Consejo Europeo en relación a las votaciones obtenidas en el referéndum de Crimea, el Presidente del Consejo dejó claro que se impondrían sanciones ante cualquier acto contrario a la determinación del territorio de Ucrania.

En las Conclusiones de 16 de julio de 201452, el Consejo Europeo calificó ilegal y, por tanto, no reconoció la anexión de Crimea y la ciudad de Sebastopol, pidió a la Comisión y al SEAE que establezciera un control reforzado sobre cualquier inversión y/o financiación por parte de entidades internacionales en Crimea y Sebastopol.

Asimismo, el Consejo Europeo «condenó la prosecución de actividades ilegales de los militantes armados en Ucrania Oriental, tales como la ocupación de edificios públicos, la toma de rehenes y los ataques armados contra las autoridades policiales y la policía de fronteras ucranianas». También, el Consejo Europeo solicitó a la Federación de Rusia que influyera sobre los grupos armados ilegalmente y que detuviera el tránsito transfronterizo de armas, con el objetivo de poner fin a la violencia.

En las Conclusiones de 30 de agosto de 201453, el Consejo Europeo volvió a insistir en conseguir la paz en Ucrania, instando el Consejo y la UE a dar total apoyo al presidente Poroshenko y toda la ayuda humanitaria necesaria para atender a los heridos y afectados por el conflicto bélico.

Todos los intentos de persuadir a Rusia de manera pacífica y diplomática para que retrocediera de la zona de combate después de haber violado todas las normas del Derecho Internacional en cuanto a la anexión de Crimea, el Consejo de la Unión Europea adoptó las medidas necesarias que se llevaron a

51

―La UE acuerda un paquete de sanciones contra Rusia por su papel en el conflicto de Ucrania‖, Noticia de Navarra, publicado el 28 de julio de 2014. 52

Reunión Extraordinaria del Consejo Europeo, 16/07/2014, texto que está disponible en http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2014/07/16/. 53

Conclusiones del Consejo Europeo de 30 de agosto de 2014, disponible en http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/144557.pdf.


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cabo a través de los pronunciamientos de la Comisión Europea, esto es, las sanciones económicas.

«Las sanciones a los mercados de capitales rusos tendrán un efecto de gran alcance e inmediato».

Ministro de Asuntos Exteriores holandés Frans Timmermans

El Ejecutivo comunitario ha propuesto un paquete de sanciones que

contemplan impedir que los inversores europeos compren nueva deuda o acciones de bancos, propiedad del Estado, con más del 50% del capital suscrito por el Kremlin, según la propuesta publicada por el Financial Times. Estos bancos recabaron que 7.500 millones de los 15.800 millones de euros en bonos emitidos por las instituciones públicas rusas estaban en los mercados europeos.

«La idea es intentar llegar mañana a un acuerdo, lleve el tiempo que lleve», ha explicado una fuente diplomática.

El Consejo Europeo recordó en las Conclusiones de 16 de julio de 2014, la decisión de 11 de julio en cuanto a «la ampliación a 11 personas más la prohibición de viajar y la inmovilización de activos en la UE debido a actuaciones que socavan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania». En este listado el Consejo nombra a personas responsables del fraccionamiento de la unidad territorial de Ucrania.

Por otro lado, Ruth Ferrero-Turrión se preguntaba: ¿quién gana y quién pierde con las sanciones rusas?54.

Las relaciones entre Unión Europea y Rusia son más delicadas de lo que parecen, puesto que existe un alto nivel de dependencia mutua. A las sanciones impuestas por la UE en el campo financiero, energético y militar, Rusia respondió con un embargo comercial a todas las importaciones agroalimentarias y pesqueras procedentes de los países que habían apoyado dichas sanciones, rompiendo lazos con Canadá, EE.UU. y la UE, estableciendo al mismo tiempo lazos estrechos con América Latina para importar los productos a los que había puesto un embargo. Por ende, en este caso es obvio que la UE no calculó bien los pasos y se ha visto, bajo mi modesto punto de vista, en una posición débil respecto a Moscú.

Por lo tanto, pierden los ganaderos y agricultores europeos, puesto que los productos que anteriormente fueron exportados a Rusia, ahora tienen que ir destinados a otro mercado, o reducir el precio de los mismos, con el fin de poder venderlos en los países de la UE.

También pierden los consumidores rusos, puesto que los productos exportados de la UE fueron destinados a la clase media y alta de Rusia. El boicot de Moscú supondrá una subida de precios en torno al 20%.

En cuanto a quién gana, en primer lugar, son los países de América Latina que proveerán los productos a Rusia, así como Serbia, China e Israel. No obstante a ello, también saldrán ganando los agricultores rusos, puesto que tendrán la oportunidad de poner en el mercado sus productos.

Donald Tusk, el Presidente del Consejo Europeo, anunció al Presidente de EE.UU. que la UE «no está lista para endurecer más las sanciones contra

54

Ruth Ferrero-Turrión, ―¿Quién gana y quién pierde con las sanciones rusas?‖, Elcano, 57/2014-4/9/2014.


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Rusia»55. Continuó que los europeos deberían considerar «una nueva y más ambiciosa política de defensa y de seguridad» y «no sólo como parte de la OTAN».

Además, el Consejo Federal de Suiza, tras analizar la situación emergida como consecuencia de las sanciones impuestas por la UE, en relación a la prohibición de las inversiones en Crimea y la ciudad de Sebastopol, así como la ampliación de la lista negra de personas físicas de la Federación Rusa y Donbass, con un total de 28 personas, decidió el día 11 de marzo de 2015, no implementar dichas sanciones en el territorio suizo56.

Después del derribo del avión MH17, en el cual murieron 298 pasajeros, los embajadores de los Veintiocho han decidido ratificar la propuesta de la Comisión e imponer nuevas sanciones económicas aún más duras a Rusia. Dichas restricciones, que se revisarán a partir de los tres meses contando a partir del día de su entrada en vigor, se aplican a sectores del petróleo, la venta de armas y al comercio de tecnologías de ―doble uso‖, esto es, que tengan su aplicación tanto en el ámbito civil como militar.

En cuanto a las sanciones en el ámbito financiero, tanto los nacionales como las compañías europeas no podrán «comprar o vender las deudas emitidas por los bancos rusos, propiedad del Estado, bancos de desarrollo, sus filiales y aquellos que actúan en su nombre».

En cuanto a sanciones de armas, los representantes de los Veintiocho prohibieron su importación y exportación, así como todos los materiales relacionados con las mismas del territorio de la Unión Europea para los contratos que se firmen a posteriori de la entrada en vigor de la sanción, por un lado, y lo relativo a los bienes y tecnologías militares, por el otro. No obstante, los representantes de los Veintiocho establecieron una excepción, esto es, la exportación de «determinados equipos y tecnología relacionada con la energía estará condicionada a una autorización previa» y limitado al sector del petróleo.

La concesión de licencias tendrá sus límites en la exploración y producción en el sector nuclear realizado en aguas profundas, «petróleo de esquisto y exploración de petróleo en el Ártico».

Por otro lado, EE.UU., además de las restricciones presentadas por la Unión Europea, impuso las sanciones a las tres entidades financieras más grandes de Rusia: VTB, Banco de Moscú y Banco Ruso. A excepción de Sberbank, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a todos los grandes bancos con más de un 50% de propiedad estatal.

Dichas sanciones son consecuencia de un análisis por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos tras considerar que Moscú no contribuía a la búsqueda de una salida pacífica de la crisis causada en Ucrania.

Además, en cuanto a las sanciones personales de los Estados Miembros de la Unión, las cuales se ampliaron a ocho personas físicas, entre ellas las personas más próximas a Vladimir Putin y otras entidades, además de un dirigente que tiene una estrecha relación con el gobierno de la Autoproclamada República de Donetsk. De ese modo la UE pretendía presionar a Vladimir Putin

55

―La UE no desea aprobar más sanciones contra Rusia por la crisis ucraniana‖, Rt.com, publicado el 9 de marzo de 2015, disponible en http://actualidad.rt.com/video/168487-tusk-ue-no-desea-sanciones-rusia. 56

Comentario del Departamento de Información sobre la Decisión adoptada por Suiza en contra de las sanciones contra Rusia. 419-11-03-2015, Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, en http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/5FCF8CE09F92E25C43257E050047C6F9.


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con el objetivo que dejara de apoyar a los separatistas pro-rusos. La Unión Europea ha sancionado a 87 personas, entre ellos asesores del Presidente ruso, al Viceprimer Ministro, Dmitri Rogozin, y a 20 entidades jurídicas por su participación en la crisis ucraniana, según afirman las fuentes del periódico ABC.

Igualmente, el 11 de marzo de 2015 la Unión Europea decidió extender las sanciones a 150 personas y 37 entidades y empresas hasta mediados del mes de septiembre.

Por su parte, Canadá también anunció sus sanciones contra ciudadanos y empresas rusas y ucranianas, entre ellos se encontraba el viceministro de Defensa de Rusia, alegando como una respuesta proporcional y evidente a «una serie de actos de agresión de militantes respaldados por Rusia». Dichas sanciones se extendieron a 37 ciudadanos rusos y ucranianos y a 17 personas jurídicas rusas y ucranianas, como consecuencia de ser responsables de ataques indiscriminados en la zona de Mariupol el día 24 de enero. Canadá impuso dichas restricciones en prohibiciones para viajar al Viceministro de Defensa de Rusia, altos oficiales de la Marina y Ejército ruso, así como al periodista Dmitry Kiselyov, quien está considerado como persona muy vinculada al Presidente de la Federación de Rusia. Asimismo, quedaba prohibida la entrada a los ciudadanos ucranianos que estén relacionados con el movimiento independentista de las autoproclamadas Repúblicas de Donetsk (DNR) y Lugansk (LNR)

En cuanto a las sanciones que afectan a personas físicas, éstas se extienden al movimiento ―Nueva Rusia‖ y Rosneft, una empresa petrolera controlada por el gobierno ruso.

Rusia reaccionó a las penalizaciones impuestas llevando a los tribunales de la Unión Europea las sanciones impuestas57. La multimillonaria Rosfneft y Arkady Rotenberg han solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la anulación de la decisión del Consejo que prohíbe a las compañías energéticas y a los bancos estatales de Rusia operar en los mercados europeos.

Financial Times afirmó que la Corte previamente había aplicado los criterios en casos parecidos de Siria e Irán para anular la decisión del Consejo en cuanto a las medidas sancionadoras impuestas por el Consejo alegando que tal decisión se basó en fuentes confidenciales, que no presentaban garantías efectivas de la misma. Este proceso judicial, sin embargo, no evidencia per se un alivio inmediato a la economía rusa.

3. La crisis de Ucrania y las relaciones en la política exterior Otan-Rusia El tercer capítulo del trabajo consiste en ver como la crisis de Ucrania ha

interferido en la política exterior y cooperación internacional, pero también la posición de Occidente respecto a Moscú58. La falta de la competencia de la Unión Europea en aspectos tales como el ejército y la defensa, la cual automáticamente ha atribuido la competencia de la misma a la OTAN, ha

57

―Rusia desafía las sanciones en la Corte Europea‖, VoxEurop de 17/10/2014, disponible en http://www.voxeurop.eu/es/content/news-brief/4839944-rusia-desafia-las-sanciones-en-la-corte-europea. 58

―La crisis ucraniana y las relaciones OTAN-Rusia‖, Revista de la OTAN disponible en http://www.nato.int/docu/review/2014/Russia-Ukraine-Nato-crisis/Ukraine-crisis-NATO-Russia-relations/ES/index.htm.


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supuesto un giro importante en la historia. La Unión Europea, por primera vez y gracias a la crisis de Ucrania, se ha planteado la posibilidad de crear su propio ejército que en este caso sí tendría competencias en las controversias que puedan surgir en un futuro dentro del territorio europeo. Sin embargo, la pregunta que todos se hacen es ¿Cómo? ¿Cuándo? y ¿Quién? financiaría tal privilegio.

La crisis ucraniana puede representar un desequilibrio en la estabilidad y seguridad euroatlántica. Algunos expertos políticos han comenzado a pronunciarse al respecto, considerando que la respuesta de la OTAN es indispensable.

La crisis ucraniana cristalizó la tensión entre Rusia y Occidente que venía deteriorándose desde hacía tiempo. Dicho conflicto ayudó a mostrar la visión de Moscú en cuanto a la seguridad europea, puesto que el Occidente ve a una Europa «libre, completa y en paz», mientras que el Kremlin ve a una Europa fragmentada en diferentes bloques con mentalidad y política diferentes afectada por el conflicto actual. Asimismo, a diferencia de la UE y la OTAN que siguen invitando a otros Estados a formar parte de la gran familia europea, Moscö opina que la política de ―puertas abiertas‖ claramente deteriora la seguridad del continente.

Como parecía ser, la OTAN, en los últimos veinte años, consideró a Rusia como su socio, antes de la crisis ucraniana. No obstante, esta afirmación contradice a los actos de altos funcionarios y expertos rusos quienes afirmaron que la ampliación de la OTAN y su proyecto de defensa de misiles balísticos no eran actividades propias de un socio.

La crisis ucraniana viene a ser una gota de agua más de las relaciones deterioradas entre el Occidente y Rusia, puesto que el primero culpa a Rusia de invadir el territorio ucraniano y la violación del Derecho Internacional tras la anexión de Crimea, mientras que el segundo rechaza semejantes acusaciones respondiendo a una crisis provocada por una mala gestión de la OTAN y la UE, y que está defendiendo sus intereses frente a la ampliación de la OTAN. La Unión Europea se ha defendido al respecto al restringir a Rusia el acceso a los mercados europeos, lo cual supuso una discrepancia con lo estipulado en los artículos 42 y siguientes en el Tratado de la Union Europea referente a la competencia aplicables a la producción y comercio de los productos agrícolas59.

El desacuerdo se debe a dos ideas importantes: por un lado, el gobierno ruso comprende la indivisibilidad de la seguridad desde dos perspectivas, por un lado la zona de la OSCE, en la cual los acuerdos firmados no son políticamente vinculantes y, por ende, pueden ser modificados e incumplidos; y las zonas de la OTAN y la UE, donde dichos acuerdos han de respetarse. Por otro lado, comprende la insostenibilidad de la seguridad euroatlántica por diversos problemas, tales como el control de armamentos, además de la creación de nuevos problemas.

La crisis ucraniana representa en muchos aspectos una vez más la posición de amenaza de la OTAN que Rusia siempre ha considerado. En junio del año pasado altos funcionarios de la OTAN, según las fuentes de nato.int afirmaron el reforzamiento de las tropas rusas en la frontera ucraniana, calificándolo de

59

Tratado de Unión Europea, artículos 42 y siguientes, Noticias Jurídicas, disponible en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r3-ttce.p3t3.html#a42.


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un «lamentable paso atrás», lo cual Moscú había desmentido, afirmando que se trataba de un uso de fuerza ante el indiscriminado uso del armamento pesado por parte del gobierno ucraniano sobre la población civil en la zona Este del país, lo cual, a su vez, ha provocado un notable aumento de fallecidos y refugiados. La anexión de Crimea, la presencia de las fuerzas armadas así como armamento ruso en la frontera con Ucrania han provocado un debate en Occidente sobre la seguridad de fuerza jurídica del Artículo V de la OTAN. Ello, a su vez, ha desembocado en la elaboración de un nuevo Plan de Acción para la Preparación, que abarca aspectos tales como mejorar las capacidades de inteligencia y vigilancia, una mejora de maniobras militares, y una mejora de la capacidad de la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN, a la cual el Presidente norteamericano propuso un reforzamiento de 1.000 millones de dólares para el refuerzo de la seguridad europea.

Moscú, en cambio, entiende esa inversión como ampliación de la estructura de la OTAN hacia sus fronteras, usando la crisis ucraniana de excusa para poder replantear las condiciones pactadas en el Acta Funcional OTAN-Rusia. La respuesta que Rusia puede dar es impredecible, dado que podría responder presionando los armamentos que ya existen, o bien manteniendo los ya existentes. Es por ello que la OTAN ha de replantearse la relación que ha llegado a tener con Rusia, e intentar estrechar los lazos y convertirla en punto número uno para la Alianza.

«Cualquier mayor inversión y esfuerzo para aumentar las capacidades de los aliados europeos de la OTAN es algo que celebro».

Jens Stoltenberg Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte

El secretario general de la OTAN consideró como positiva la creación del

ejército de la UE60, dejando a cargo de la misma la estrategia de cooperación en cuanto a la defensa, pero sin duplicar las funciones de la OTAN. Continuó diciendo que cualquier inversión y esfuerzo para aumentar las capacidades de los aliados de la OTAN son merecedores de un calificativo positivo, no obstante, delimitó que las acciones del ejército de la UE han de ser complementarias a las de la OTAN61.

El art. 24.1 del Tratado de Lisboa estableció los principios y conceptos de la defensa común, la cual el Ministro de Asuntos Exteriores español, García Margallo, calificó de necesaria para un proyecto europeo.

Por otro lado, Rusia consideró esa idea como saliente de una mente paranoica, y el diputado alemán del partido ―La Izquierda‖, Alexander Neu, vio la creación del ejército de la UE como un escape del control de la OTAN en Europa.

Ante la creación del ejército de la UE habrá que contestar a las preguntas que muchos se harán, ¿quién lo financiaría?, ¿cómo? y ¿cuándo?

60

―Positivo, crear un ejército de la Uniñn Europea: OTAN‖, Informador.MX de 12/03/15, texto que está disponible en http://www.informador.com.mx/internacional/2015/580992/6/positivo-crear-un-ejercito-de-la-union-europea-otan.html. 61

―La OTAN se opone a un ejército de la UE independiente‖, HispanTV.com de 12/03/15, documento disponible en http://www.hispantv.com/newsdetail/Europa/23746/La-OTAN-se-opone-a-un-ejercito-de-la-UE-independiente.


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CONCLUSIONES

En este trabajo se ha intentado analizar y transmitir la tragedia que ha

atravesado –y sigue viviendo Ucrania debido a que el conflicto sigue presente en la actualidad‒ así como la posición de la Unión Europea y el papel que ha jugado la misma al respecto. Es evidente que los representantes de los 28 Estados Miembros han tratado de encontrar la mejor forma posible para zanjar el asunto, es decir, conseguir la paz en la zona del conflicto, hecho que se ha logrado en su mayor parte. Sin embargo, hemos de preguntarnos qué precio se ha pagado y quién para que el Acuerdo de Minsk II finalmente tuviera lugar y culminara con una firma de ―paz‖. A continuaciñn, vamos a examinar algunos puntos clave que dieron lugar a la rebelión popular y, por ende, a la crisis de Ucrania.

El pueblo ucraniano siempre ha estado reprimido. Dicha represión nace en los tiempos de la URSS, en concreto, desde el mandato de Stalin; no obstante, la población vivía bajo temor, dado que ante la menor sospecha de ser considerado como enemigo de Stalin, desaparecía o aparecía muerto. También, además, se puede apreciar el descontento de la población, durante la Revolución de 1917, donde ya aparecen unas de las primeras protestas. No obstante, la represión sigue estando dormida.

1.La construcción de la central nuclear de Chernobyl, debido al entusiasmo de Breznev en convertir a Ucrania en un ―soviet industrial‖, se tradujo en la mayor catástrofe de la historia en aquel momento. Fue otro punto más que despertaba la rebelión popular.

2. La intolerancia de la población civil ante la negativa de la firma del Acuerdo de Asociación por parte del entonces Presidente de Gobierno Víktor Yanukovich, y el hecho de ver alejarse a Ucrania del sueño europeo, motivó que el pueblo ucraniano no pudiera aguantar más la represión y la sombra de Rusia, después de estar ―sometido‖ al poder de Moscö durante tanto tiempo, lo cual detonó la rebelión.

3. El referéndum de Crimea, por otro lado, fue el inicio del camino a la secesión, al cual siguieron a posteriori las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, dado que son las regiones que más población de etnia rusa presentaban y, por ende, manifestaron su deseo de continuar con los lazos estrechos con Rusia. Ese desacuerdo de ideologías dentro del pueblo ucraniano fue lo que realmente causó la división del país en dos partes y con ello la guerra civil, que lamentablemente sigue viva.

4. El intento fallido de la firma del Acuerdo de Minsk I, debido a la propuesta del Gobierno central de Ucrania de tener el total control sobre la frontera entre Rusia y Ucrania, fue un retroceso para la paz. Un año más tarde se conseguiría la firma del Acuerdo de Minsk II. Sin embargo, aunque la Unión Europea haya actuado de garante y haya hecho lo posible por conseguir la paz, en mi opinión, el conflicto seguirá hasta que las dos partes no lleguen a un acuerdo a nivel interior, puesto que el acuerdo firmado en la capital de Bielorrusia sigue violándose cada día.

5. En cuanto a las protestas en Euromaidán, donde ya contábamos con muertes de la población civil, desearíamos hacer hincapié en el hecho de que la Unión Europea aprobó dichas protestas, al no presentar ningunas sanciones al respecto. Además, la destitución del Presidente Yanukovich y la


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proclamación de un nuevo gobierno en funciones fue apoyado y respaldado por la Unión Europea, lo cual bajo mi punto de vista no debería haberse permitido por la Unión Europea, y es ahí donde aparecen los primeros indicios de los valores económicos que mantiene la Unión Europea que prevalecen sobre la vida humana.

6. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, la anexión de Crimea a la Federación Rusa, que a su vez supuso la modificación de las fronteras del país, que han sido reconocidos internacionalmente, supone una amenaza a la integridad de los Tratados Internacionales y a la seguridad de Europa. La atención de todo el mundo estaba concentrada en la violación de Derecho Internacional por parte de Moscú, en primer lugar. En segundo término, obligar a Rusia a retroceder mediante la retirada del ejército y del armamento pesado del territorio del Este del país, lo cual significaría una muestra de dominio de poder de la Uniñn Europea ‒y sobre todo Estados Unidos bajo su influencia indirecta en el asunto– sobre Rusia. En mi opinión, lo que en principio fue un acercamiento hacia la búsqueda de la paz a través de los diálogos diplomáticos, se convirtió a posteriori en un juego de dominio entre ambos gigantes –Estados Unidos y Rusia, apoyada ésta última por otro gigante dormido, China‒ neutralizando todas las acciones de la Unión Europea, siendo consciente al mismo tiempo la UE que iba perdiendo su fuerza política y que el asunto se le «iba de las manos». Ante la negativa del bloque europeo de admitir y mostrar que inicialmente se habían hecho mal los cálculos en cuanto a la invitación a Ucrania a acercarse hacia Europa del Oeste, que desencadenó el conflicto, se evidenció la debilidad de la Unión. Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo se vieron obligados a manifestar su posición de poder a través de las sanciones impuestas a la economía rusa y a algunas personas físicas y jurídicas con sede estas últimas en el territorio ruso, pero con relaciones comerciales en el mercado europeo. Las sanciones representaban una penalización por haber violado Moscú las normas del Derecho Internacional. Como pudimos observar, estas sanciones no solamente perjudicaron al mercado ruso, sino al europeo también.

7. Además, quisiéramos destacar que, en este conflicto, solamente prevalecen los intereses económicos y políticos, puesto que nadie se ha preocupado por la violación de los Derechos Humanos que se produjo. Su población civil ha sido mutilada, torturada, asesinada, mujeres y niñas violadas, edificios, hospitales y escuelas destruidos por los misiles que se lanzaban no sobre las zonas del combate, sino contra la población civil. El número de fallecidos aumentaba a diario y con ello el número de refugiados también.

8. En cuanto a la Política Exterior y el bloque trasatlántico, podemos observar claramente la posición débil de la Unión Europea en cuanto a la falta de competencia y financiación de los aspectos tales como la defensa y el ejército. Sin embargo, no debemos descartar la presencia de un ejército de la UE en un futuro cercano.

La respuesta de la UE ante tal violación del derecho internacional, desde mi modesto punto de vista, es correcta, pero también considero que debería haber más preocupación por parte del garante de Derechos Humanos, que en este caso no se ha pronunciado en absoluto al respecto.

Por ende, es una vez más donde podemos observar que el interés político y económico prevalece sobre las vidas humanas y los derechos humanos, como confirma el Acuerdo de libre Comercio entre la Unión Europea y Ucrania.


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CONSENSUALISMO, LENGUAJE LITERARIO: DIÁLOGO Y APROXIMACIÓN POLIFÓNICA A LA TEORÍA CONTRACTUAL)


RESUMEN: André Bélanger, uno de los iusprivatistas más relevantes de Canadá, analiza el contrato como un discurso, un acto de lenguaje y de comunicación, que debe ser tratado por los juristas como un título. El Código napoleónico de 1804, verdadero capolavoro, después del Digesto, quizás el texto jurídico más influyente de la historia de la humanidad, conformaba el contrato como el producto del reencuentro de las voluntades de ambas partes. Bélanger entiende que para la validez de los contratos de adhesión debería existir una referencia constante a una forma de diálogo y a la voluntad de comunicación entre los contratantes. Además, el contrato "es una finalidad común a las partes" (p. 11). Pero también aparecen conceptos morales, que pretenden evitar delitos como el fraude. Sin embargo, el contrato de seguro se encuentra regido por reglas específicas aunque fundamentadas también en el voluntarismo. El Movimiento Anti-utilitarista en las Ciencias Sociales (M.A.U.S.S.) considera el contrato como un "hecho social total". Macneil establece una relación imprecisa entre el individualismo y las relaciones sociales, pero su aportación más controvertida se refiere a la dimensión jurídica de su teoría, que es consecuencia de la separación existente entre la transacción y la relación. Aunque la relación contractual está considerada por los juristas como de valor económico, también debería hacerse más humano el contrato a través de las reglas jurídicas, incluyendo preceptos morales. De hecho, la noción de riesgo en el contrato de seguro, que tiene su partida de nacimiento en el siglo XIV en Grosetto, se inscribe en un concepto jurídico,


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aunque también sería fruto de que el hombre se presenta rodeado de un componente económico, por no decir envuelto en él. Hay múltiples teorías que pretenden explicar las diferentes facetas del contrato, tanto en el ámbito lingüístico, como el psicológico y social. En realidad, los contratantes no son nunca neutros, sino que tienen su propia identidad. A. Bélanger entiende que el análisis jurídico y el iushistórico del contrato implican también elementos lingüísticos, psicológicos, morales, etc. Hay propuestas que abordan el contrato desde el punto de vista de la teoría literaria y del arte conceptual que se inscriben en una metodología multidisciplinar. Esta multidisciplinariedad permtiría comprender el sentido de las reglas jurídicas que elaboran e interpretan.

PALABRAS CLAVE: Historia codificadora, Derecho de los contratos, Derecho de seguros, André Bélanger, Bjarne Melkevik, Alfredo Rodríguez García, Literatura jurídica, Aproximación polifónica a la teoría contractual.

En esta obra Bélanger analiza la influencia de la economía en el Derecho

positivo adoptado por el legislador en materia contractual, y aplicado e interpretado no sólo por los tribunales sino también por la doctrina. Analiza el contrato no como un "bien estricto", ni como una "pura relación", sino como un "artefacto social" o incluso como una "institución social pero con forma individual" (p. 2). En definitiva, el contrato es ante todo un discurso, un acto de lenguaje y de comunicación, que debe ser tratado por los juristas como un título (p. 4). En la teoría contractual contemporánea se deberá facilitar la interpretación por los tribunales y su aplicación por las partes. En efecto, en el Código napoleónico de 1804 el contrato aparecía recogido como el producto del reencuentro de las voluntades de ambas partes. Bélanger entiende que para la validez de los contratos de adhesión debe existir una referencia constante a una forma de diálogo y a la voluntad de comunicación entre los contratantes. Además, el contrato "es una finalidad común a las partes" (p. 11). Aunque las consideraciones económicas de los contratos están presentes en la dimensión jurídica, también aparecen conceptos morales, que se configuran de forma vaga con la pretensión de evitar delitos como el fraude. Sin embargo, el contrato de seguro, que está muy implantado en occidente y que recoge la metáfora anacrónica de la protección que prestaban los señores feudales, es paradigmático en el universo contractual contemporáneo, y se encuentra regido por reglas específicas aunque fundamentadas también en el voluntarismo (p. 16). Los trabajos del Movimiento Anti-utilitarista en las Ciencias Sociales (M.A.U.S.S.) han puesto el acento en la gratuidad de la sociedad contemporánea, inspirándose en la obra de Marcel Mauss, que consideraba además el contrato como un "hecho social total" (p. 94). En realidad, la gratuidad se opone a la teoría que pretende basarse en exclusiva en el interés como principal forma de legitimación de las relaciones sociales. A. Bélanger considera que "la gratuidad está íntimamente ligada con el interés en la medida en que el opuesto, se define por su relación con la misma" (p. 23). Refutando la concepción voluntarista del contrato, Macneil elaboró una teoría, metódica y organizada, a partir de dos categorías: la transacción y la relación (pp. 33-45). André Bélanger entiende que Macneil agrupa una serie de teorías que, en muchos aspectos, recogen la preocupación del M.A.U.S.S. (p. 45). En efecto, Macneil establece una relación imprecisa entre el individualismo y las


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relaciones sociales (p. 51). Pero el aspecto más controvertido en la teoría de Macneil se revela en la dimensión jurídica de su teoría, que es consecuencia de la separación existente entre la transacción y la relación. En efecto, mientras que la primera estaría presente como formalmente jurídica, la segunda se insertaría más en una óptica económica (p. 54). En realidad, el contrato se presenta como una invención que pretende ofrecer una respuesta momentánea al sentimiento de inseguridad de los hombres. Y aunque la relación contractual está considerada por los juristas como de valor económico, también debería hacerse más humano el contrato a través de las reglas jurídicas, incluyendo preceptos morales (p. 63). De hecho, no se puede negar el carácter social del contrato de seguro. En realidad, este tipo de contrato tiene como objeto un derecho particular: la catástrofe, el accidente o la amenaza. Esta noción de riesgo en el contrato de seguro se inscribe en un concepto jurídico, aunque también sería fruto de que el hombre se presenta como un "homo económico", teoría que también defendía el antiguo secretario general de la Universidad de Málaga y gran docente de Derecho natural y Filosofía del Derecho, Alfredo Rodríguez García, formado en el pensamiento de Alexy y, previamente, en la lectura de los clásicos del Derecho natural racionalista de matriz luterana. André Bélanger entiende que en el Derecho de los seguros, la noción de riesgos, que es el objeto principal del contrato, es fácilmente manipulable (p. 86).

Hay múltiples teorías que pretenden explicar las diferentes facetas del contrato, tanto en el ámbito lingüístico, como el psicológico y social. En efecto, en la lingüística, la noción de dialogismo, así como de la polifonía, revelarían la no-unicidad del sujeto. En las nociones de dialogismo y de polifonía se encuentra la socio-semiótica rusa de Bakhtine, que parte de que toda actividad lingüística utiliza el diálogo y que se inscribe en lo que se denomina antropología de la alteridad, de la que tanto saben excelentes teóricos del Derecho no españoles y menos si se trata de portugueses y latinoamericanos. De hecho, "la igualdad entre los contratantes... se presenta como un mito" (p. 105), y, por tanto, cabría considerar la existencia de desigualdad entre las mismas, como queda reflejado en el contrato de adhesión y en el propio dialogismo. En realidad, los contratantes no son nunca neutros, sino que tienen su propia identidad. A. Bélanger entiende que el análisis jurídico del contrato implica también elementos lingüísticos, psicológicos, morales, etc. (p. 114). En realidad, las diversas teorías del dialogismo y la polifonía han sido fruto de la complejidad del pensamiento de Bakhtine. La noción de dialogismo tuvo su aparición en la pragmática a finales de los años 80, que definía el enunciado como la unión de todas las palabras en el diálogo real, lo que permitía distinguir el diálogo del monólogo (p. 147). André Bélanger también dedica unas páginas a las teorías escandinavas de la polifonía lingüística (pp. 149-166). La importancia económica de la lengua aumentó considerablemente en la era post-industrial. De esta forma, el discurso contractual se configuraba al mismo tiempo como una "práctica social" (p. 175).

Las propuestas que abordan el contrato desde el punto de vista de la teoría literaria y del arte conceptual se inscriben en una metodología multidisciplinar (p. 197). La multidisciplinariedad es necesaria en la medida en que los juristas necesitan comprender el sentido de las reglas jurídicas que elaboran e interpretan.


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La epistemología tiene en cuenta consideraciones metodológicas inspiradas en el utilitarismo económico y moral. Además, la metáfora del contrato entre dos personajes, donde uno y otro pueden figurar como narrador y/o lector, aparece recogida en la tesis de muchos autores.

En los sistemas consensualistas, el acuerdo de las partes sobre los elementos esenciales de la operación son suficientes para la conclusión de un contrato. Los modos de expresión posibles son no sólo el escrito, sino también la palabra y los gestos.

André Bélanger en la actualidad es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Laval desde 2002. [Recibido el 10 de octubre de 2015].

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