Paul Almeida

Neoliberalismo y movimientos populares en Centroamérica

Neoliberalismo y movimientos populares

en Centroamérica

Paul Almeida

Neoliberalismo y movimientos populares

en Centroamérica

Derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra,por cualquier medio, sin la autorización escrita de UCA Editores. P 2016.

320.513A447n Almeida, Paul.

Neoliberalismo y movimientos populares en Centroamérica / Paul Almeida. – 1ª Ed. – San Salvador, El Salv.: UCA, Editores, 2016.

296 p.; 21 cm. – (Colección estructuras y procesos; v. 39)

ISBN 978-99961-1-019-1

1. Neoliberalismo-América Central. 2. Movimientos sociales-América Central. 3. Economía política. 4. Economía popular-América Central. I. Título.

ColecciónESTRUCTURAS Y PROCESOS

Volumen 39

D. R. © 2014 Johns Hopkins University Press, 2715 North Charles Street, Baltimore, MD 21218, USA para la versión original en ingles.

D. R. © 2016 Paul AlmeidaD. R. © 2016 UCA Editores

Título original: Mobilizing Democracy: Globalization and Citizen Protest

Traducción del ingles por:Nataly Guzmán.

Portada y diagramación:Emilia Díaz.

UCA EditoresUniversidad Centroamericana “José Simeón Cañas”Apartado postal 01-575San Salvador, El Salvador, CentroaméricaTeléfono y fax: (503) 22 10 66 50ucaeditores@uca.edu.svwww.ucaeditores.com.sv

1ª edición 2016

S/V

ÍNDICE

GRÁFICAS Y CUADROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

AGRADECIMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi

ACRÓNIMOS Y SIGLAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii

1. Introducción: Globalización neoliberal y protesta ciudadana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2. Una teoría de oposición local a la globalización neoliberal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3. Costa Rica: El prototipo de movilización contra la globalización neoliberal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4. El Salvador: Partido de oposición y campañas de protesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5. Panamá: El legado del populismo militar . . . . . . . . . . . . . 147

6. Nicaragua: Una revolución del Tercer Mundo se enfrenta al neoliberalismo . . . . . . . . . . . . . . . . 181

7. Guatemala y Honduras: La resistencia a la dinámica neoliberal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

8. Conclusión: El legado del desarrollo impulsado por el Estado en la era del capital global . . . . 247

BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

INTRODUCCIÓN

A pesar de que ha transcurrido más de una década del nuevo milenio, las batallas por el rumbo que deben tomar las trans-formaciones en la economía continúan con fuerza en el Sur global. Incluso después de la gran recesión mundial que ocurrió entre 2008 y 2009, el conflicto social por la implementación en curso de reformas ortodoxas de libre mercado y de liberalización económica generó tres enfrentamientos sociales principales:

1. El 4 de octubre de 2012, los ciudadanos guatemaltecos pusieron en marcha un día nacional de protesta en contra de las altas tarifas del servicio de electricidad que cobraban las empresas transnacionales de energía eléctrica, que habían acaparado la distribución a nivel nacional después de la privatización de finales de los noventa. A partir de un estratégico bloqueo de calles y de una protesta en la Carre-tera Panamericana, en Totonicapán, unos soldados abrieron fuego y esto causó la muerte de seis campesinos indígenas, mientras que decenas de personas resultaron heridas.

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2. El 20 de octubre de 2012, la Asamblea Nacional de Panamá votó a favor de privatizar las tierras ubicadas en la Zona Libre de Colón en la entrada del Canal de Panamá del área del Atlántico. La acción legislativa desencadenó una serie de disturbios en Colón, protestas a nivel nacional, barricadas y huelgas protagonizadas por estudiantes, pueblos indígenas, trabajadores de la construcción, maestros y el partido de oposición, Frente Amplio. Después de una semana de un prolongado conflicto social durante el cual las fuerzas de seguridad mataron a cinco manifestantes, el Congreso y el presidente (pro empresarial) Ricardo Martinelli cancelaron los planes de venta de los terrenos públicos.

3. Del 4 al 6 de mayo de 2011, el Gobierno hondureño organizó un foro internacional en la segunda ciudad más grande de la nación, San Pedro Sula, con la participación de 1,500 empre-sarios de 55 países. El foro se denominó “Honduras abierta para los negocios”. El evento cosmopolita era un intento por atraer capital internacional de vuelta al país. Honduras había experimentado un rápido descenso en inversión externa, seguido por una serie de boicoteos y sanciones por parte de la comunidad internacional, después del golpe militar de 2009 en el que se derrocó al presidente Manuel Zelaya. El principal movimiento hondureño de resistencia multisectorial del golpe, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), organizó marchas y manifestaciones de gran importancia en las calles en contra del foro de apertura a los negocios porque veía los encuentros como una nueva ronda de penetración transnacional y de acceso a los recursos naturales, a precios de ganga. El 6 de mayo, durante el último día del foro, las fuerzas de seguridad y la Policía utilizaron vehículos blindados para apabullar a una manifestación liderada por estudiantes, frente a la universidad pública de San Pedro Sula, al mismo tiempo que se realizaba la Segunda Conferencia Nacional de Sociología de Honduras. Varios estudiantes y un reportero resultaron gravemente lesionados. La Policía lanzó gas lacri-mógeno dentro de la universidad autónoma pública, mientras decenas de manifestantes eran arrestados. Yo mismo ingerí gas lacrimógeno, y los colegas con más experiencia que parti-

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cipaban en la conferencia me dieron agua embotellada para despejar mis ojos, llorosos por los vapores tóxicos.

Estos son ejemplos del tipo de luchas que se detallan en las siguientes páginas. Durante el último par de décadas, una ola de lucha popular unió sus fuerzas en contra de una nueva ronda de integración capitalista mundial, a medida que las reformas de mercado arrasaban a lo largo de los países en vías de desarrollo. Las movilizaciones de oposición al neoliberalismo reemplazaron a las luchas armadas y revolucionarias del pasado en contra de los regímenes militares y autoritarios (Torres-Rivas 2011). Los líderes de la nueva resistencia emplean tácticas y estrategias significativamente pacíficas, pero con frecuencia disruptivas, a la hora de oponerse a las amenazas de la privatización, del libre comercio, y a la contrac-ción de los compromisos del Estado con los derechos sociales y económicos de los ciudadanos, a través de un Estado de bienestar en expansión. Desde lo particular, este estudio se enfoca en la movilización subnacional que se opone a los cambios económicos no deseados, ligados a la globalización neoliberal. Los tres ejemplos arriba mencionados de campañas de protesta también ofrecen una visión más amplia de los diversos protagonistas que lideran las coaliciones de oposición, como es el caso de las asociaciones laborales, los estudiantes, los maestros, los grupos indígenas, las ONG, los grupos de mujeres y los partidos políticos de izquierda.

Las recientes movilizaciones masivas pacíficas en Brasil, África del Norte y el Medio Oriente; las protestas en contra de las medidas de austeridad y las huelgas generales en Bulgaria, Grecia, Portugal, España e Italia; los estudiantes en Chile demandando la renacionalización de la educación pública; el movimiento “Ocupa Wall Street”; y el recrudecimiento de toda una década en la actividad de los movimientos sociales por toda Latinoamérica muestran en su conjunto que los procesos económicos mundiales (como los precios internaciones de los alimentos, la deuda guber-

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namental o las crisis fiscales, el desempleo masivo, las deformes concentraciones de la riqueza (Pérez Sáinz 2014) y las políticas de privatización del sector público) se relacionan con los altos niveles de acción colectiva y hasta con el cambio de régimen. Al mismo tiempo, conocemos relativamente muy poco acerca de cómo estas “revueltas nacionales” en contra de la globalización varían y crecen desde abajo, a nivel local. Este trabajo se centra en el patrón que desarrolla la oposición subnacional ante la liberalización económica en el Sur global —la razón por la que algunas localidades se rebelan, mientras que otras se mantienen inactivas—. Además, se exploran las diferencias entre países en la composición de las coaliciones que se oponen a las reformas del libre mercado y la capacidad de la sociedad civil para establecer alianzas multisectoriales duraderas.

Justo cuando las naciones suramericanas de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela experimen-taron manifestaciones y actividades de protesta masivas, a lo largo de la década pasada (Roberts, 2008; Silva, 2009), así también lo experimentó Centroamérica. Las campañas de protesta más importantes han estado relacionadas con temáticas relativas a la globalización, a la liberalización económica, a la privatización y al libre comercio regional. En Costa Rica, entre 2003 y 2007, sindicatos, universidades, grupos ambientalistas, partidos políticos de oposición y las ONG organizaron varias manifestaciones y huelgas en las calles, en oposición al Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (Cafta, por sus siglas en inglés). Algunas de las manifestaciones alcanzaron los 150,000 participantes, por lo que se convirtieron en las movilizaciones más grandes en la historia moderna de Costa Rica. En El Salvador, a finales de 2002 y princi-pios de 2003, los médicos y los trabajadores dedicados a la atención de la salud formaron parte de una alianza con las ONG para apoyar una campaña en contra de la privatización del sistema hospitalario público. La campaña duró casi diez meses y se convirtió en una de las más grandes en contra de la privatización en Latinoamérica, con manifestaciones en las calles (las famosas marchas blancas) que llegaron a movilizar hasta un 3% de toda la población salvadoreña. A lo largo de los últimos 16 años, tipos similares de manifestaciones masivas se han llevado a cabo en Guatemala, Honduras, Nicaragua

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y Panamá. Este estudio compara a los seis países centroamericanos y reconstruye las campañas más relevantes que se realizaron en contra de la globalización económica.

Mientras que se le dio mucha atención a Centroamérica durante los años ochenta, a medida que la Guerra Fría se acercaba a su fin y que la región se veía envuelta en violentos conflictos, los investigadores académicos no han avanzado hoy día en el análisis sobre la región, desde la perspectiva contemporánea de la globalización. La mayor parte de los estudios más recientes sobre Centroamérica se enfocan en el surgimiento de las pandillas callejeras a nivel transnacional (Cruz, 2011), la violencia (Moodie, 2010), en las dinámicas de la inmigración (Menjívar, 2000; Sandoval, 2015) y en la reestructuración agrícola (Enríquez, 2010). Hacen falta estudios sistemáticos sobre las recientes movilizaciones políticas en el istmo (para conocer algunas excepciones, véase Chase-Dunn, Amaro y Jonas, 2001; W. Robinson, 2003; Yagenova 2005; Martín Álvarez, 2005; Burrell y Moodie, 2013 ; Sosa 2013). Por varias razones, es de vital importancia documentar y explicar las movilizaciones. Para comenzar, algunas teorías sobre la democratización política han llegado a predecir que las movilizaciones van a disminuir con la instauración de la democracia, a medida que más partidos políticos y otros actores institucionalizados lleguen a formar parte del escenario político (Hipsher, 1996; Oxhorn, 1996). A inicios de los noventa, los expertos en la región caracterizaron a Centroamérica como un terreno que se volvió “pacífico” a partir de la desmovilización de las históricas luchas revolucionarias (Dunkerley, 1994). Sin embargo, en cada país del istmo, se observa un incremento de la acción política en las calles y de las campañas de protesta en la década que inicia en 2000, incluso cuando se intensifican los procesos de la democracia formal y de la poliarquía (W. Robinson, 1996). Además, los grupos involucrados en las actividades del movimiento popular —ONG, militantes de los partidos políticos de oposición y los nuevos movimientos sociales establecidos a partir de la ecología, el género, los consumidores y otros tipos de identidades colectivas— típicamente se benefician de la democratización. Finalmente, una importante porción de la izquierda latinoamericana ha dejado atrás la revolución armada y ha optado por las estrategias electorales para buscar el cambio estructural, y hasta el revolucionario, por medio de la urna de votos (Foran, 2005; Levitsky y Roberts, 2011).

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Las amenazas asociadas a la intensificación de la integración económica mundial y a la contracción de los compromisos estatales para el bienestar social han impulsado el inesperado recrudecimiento de la movilización masiva (Almeida, 2007). Estas condiciones de disminución de los niveles de compromiso de los Estados con el bienestar social se magnifican a inicios del siglo XXI (Chase-Dunn, 2006; Evans y Sewell, 2013; Mann, 2013). Mientras tanto, casi la mitad de los 40 millones de habitantes de Centroamérica viven cerca o por debajo de la línea de pobreza. Grandes mayorías intentan con dificultad ganarse la vida en el sector informal, como vendedores en las calles, empleadas domésticas y obreros de las áreas rurales o urbanas. Cientos de miles de otros ciudadanos centroamericanos se ven forzados a desplazarse en un desgarrador trayecto hacia Estados Unidos, en busca de empleo. Las altamente cuestionadas formas de desarrollo económico que las instituciones financieras internacionales y las élites locales promueven producen resultados sociales que afectan las oportunidades de vida de los ciudadanos de la región, en términos de supervivencia económica de los hogares y de proba-bilidad de mejoras en el empleo, la salud y la educación (Vreeland, 2007; McMichael, 2012).

Gráfica 1.1 La deuda externa de Centroamérica, 1960–2011 (en dólares estadouni-denses) (datos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo)

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La Gráfica 1.1 muestra la creciente y paralizante deuda externa que enfrentaron los Estados centroamericanos desde la década de los ochenta, por lo que ofrece un contexto conciso sobre las limitadas opciones políticas y económicas disponibles para aquellos que diseñan las políticas en esta región del mundo. Después de un período de crecimiento económico sostenido en la década de los sesenta, los Gobiernos solían pedir grandes préstamos durante los setenta, para continuar reforzando la modernización y la expansión infraestructural del Estado. Los préstamos del exterior alcanzaron un punto crítico con la llegada de los años ochenta, cuando los precios mundiales de los productos básicos se desplomaron para las exportaciones agrícolas centroamericanas y las tasas de interés aumentaron sobre los préstamos originales (Bulmer-Thomas, 1987). Para mediados de los ochenta, los recortes realizados por los Gobiernos en gasto social y en subsidios básicos desencadenaron los primeros brotes significativos de malestar popular en la región en contra de las reformas neoliberales (Camacho y Menjívar, 1985). Sin embargo, con la falta de democracia en la mayoría de países, solo Costa Rica y en menor grado Panamá experimentaron campañas soste-nidas en contra de la primera generación de acuerdos de ajuste estructural. Durante la década de los noventa, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Intera-mericano de Desarrollo (BID) renegociaron las deudas externas en cada país. Para 2000, mientras empeoraba el problema de la deuda externa, las instituciones financieras internacionales (IFI) comenzaron a hacer presión para que se privatizara la infraestruc-tura económica y social básica de los Estados centroamericanos, incluyendo los servicios de atención a la salud, los servicios públicos, los puertos y los recursos naturales (Haglund, 2010). También hicieron presión para la implementación de acuerdos de libre comercio. En Honduras y Nicaragua, por ejemplo, el Banco Mundial y el FMI dieron inicio a un proceso de alivio de la deuda y de perdón, como parte de la denominada iniciativa en beneficio de los Países Pobres Muy Endeudados (PPME), bajo la condición de que estos países continuaran implementando programas de privatización. Por lo tanto, a cambio de aliviar la deuda masiva, las IFI estipularon la subcontratación de los sistemas públicos de

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energía eléctrica, de agua y acueductos, a través de corporaciones transnacionales de servicios públicos que no guardan lealtades nacionales o compromisos de tipo estatal relativos al bienestar social a favor de los derechos sociales y económicos de los ciuda-danos, puesto que satisfacer las necesidades básicas es una alta prioridad cuando existen dichos compromisos.

Sin embargo, a diferencia de los ochenta, esta vez las IFI intentaron implementar estas reformas neoliberales de segunda generación en el contexto de un espacio democrático más amplio en la región. Una nueva generación de activistas, ONG, coopera-tivas rurales, maestros de escuela, sindicatos, profesionales de la salud pública, estudiantes, poblaciones indígenas, ambientalistas, grupos de mujeres y partidos políticos de oposición estaban listos para actuar e influir en porciones significativas de la población, para generar resistencia ante los cambios de las políticas que ellos consideraban que dejarían a la clase obrera y a la clase media en una situación económica menos que deseable, con el remate del patrimonio nacional y a partir de otras políticas de liberalización económica. Esta fundamental división entre los derechos sociales y económicos de la ciudadanía y las reformas de mercado esta-blece el eje central de los conflictos sociales que se detallan en las páginas que siguen.

La información contenida en el libro gira en torno al tema de las campañas de protesta. Las campañas de protesta funcionan como actos de oposición colectiva a corto plazo más que como movimientos sociales a largo plazo. Las campañas se enfocan en una política particular y usualmente se desmontan cuando esa política se implementa o cuando se anula (como en el caso del incremento de precios, la privatización, un tratado de libre

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comercio, o la aprobación de una ley de flexibilidad laboral)1. Los grupos de oposición o las alianzas temporales con frecuencia estructuran campañas con un conjunto unificado de eslóganes o lemas, y con metas específicas, como la anulación de una política económica no deseada (por ejemplo, rechazo a la privatización, al incremento de precios, al tratado de libre comercio). La verdadera movilización en los países en vías de desarrollo típicamente adopta la forma de una campaña de protesta. La mayor parte de partici-pantes y organizadores de la campaña en contra del neoliberalismo emplean métodos no violentos de lucha, que por momentos pueden volverse agresivos o disruptivos, y hasta violentos. Sin embargo, la forma en la que con anterioridad se ha caracterizado a las protestas, denominándolas “disturbios FMI” o “disturbios de libre mercado” (Walton y Seddon, 1994), no logra captar adecuadamente la naturaleza de las campañas de hoy. Mucha de esta literatura inno-vadora y profética de estudios anteriores investigó la erupción de un descontento masivo en contra de la crisis de la deuda, a finales de los setenta e inicios de los ochenta, en el Sur global, cuando a muchos regímenes todavía les hacía falta desprenderse de su legado de prácticas autoritarias.

Las campañas contemporáneas de protesta en América Latina (y en otras partes del Sur global) son, con mayor frecuencia, pacíficas, menos violentas que los disturbios, y casi siempre ocurren en contextos relativamente más democráticos de lo que eran aquellos donde transcurrió la primera ola de protestas contra las medidas de austeridad, a inicios de los ochenta. Las moviliza-ciones de hoy día implican un cálculo de medios y estrategias a largo plazo, con el uso de tácticas como huelgas, manifestaciones, marchas, boicoteos, sentadas y obstrucciones al tráfico. Las campañas de protesta tienden a ser relativamente menos espontá-neas que los disturbios, con mucha más coordinación a lo largo del curso de la lucha (a veces, en conjunto con los partidos políticos de oposición). Cuando sí se da la violencia, como en los ejemplos

1 Una campaña también puede terminar de forma abrupta a través de la represión policial o gubernamental. Este escenario era más común para las campañas en contra del neoliberalismo en regímenes no democráticos durante los años ochenta.

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citados en las primeras páginas de este capítulo, generalmente es el resultado de medidas severas adoptadas por los Gobiernos2.

Las campañas de protesta proporcionan un apropiado nivel empírico de análisis para observar los procesos esenciales de las actividades de los movimientos sociales (por ejemplo, la intensidad de la protesta, las rutinas empleadas, la variación territorial de la oposición, la composición y la amplitud de la coalición en la protesta y el nivel relativo de éxito). Las campañas también ofrecen una corroboración creíble de resistencia ciudadana organizada ante el neoliberalismo, más allá de los indicadores menos directos, como las encuestas de opinión pública, las elecciones o las exageradas afirmaciones de los líderes partida-rios en discursos incendiarios y en escritos. Una reconstrucción empírica sistemática de las campañas de protesta en contra de las políticas neoliberales sostiene la mejor evidencia posible de que las personas comunes y corrientes están utilizando un tiempo valioso y recursos extremadamente limitados para movilizar a las colectividades en contra de los programas económicos que se identifican como dañinos y que se encuentran relacionados con la globalización y con el capital transnacional.

Los capítulos siguientes examinan las campañas de protesta más grandes en seis países centroamericanos, entre 1980 y 2013. En cada nación, se hace un énfasis en las variaciones a nivel subna-cional (Snyder 2001) que conducen a una movilización en contra de la globalización, a escala nacional. Estas movilizaciones surgen de amplias alianzas de oposición, a las que este texto denomina coaliciones multisectoriales. El capítulo 2 proporciona una visión teórica de conjunto de las fuerzas centrales que impulsan la acti-vidad de las campañas de protesta, a lo largo de las localidades del Sur global, y ofrece un marco conceptual para entender la vigencia

2 La primera campaña de gran envergadura en contra de las exportaciones del gas natural y de la privatización en Bolivia, en 2003 (la llamada guerra del gas), acabó con la muerte de más de 40 manifestantes indígenas y de un soldado, cuando las fuerzas de seguridad reprimieron la protesta y los bloqueos en las calles (Postero, 2007). Algunas de las protestas en contra del neoliberalismo en Argentina también se han vuelto violentas, con el saqueo de supermercados, pero la mayoría de las protestas provocadas por la globalización en Latinoamérica han sido relativamente menos violentas.

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del poder de las estructuras estatales y comunitarias, una vez que se construyen. El proceso de democratización reduce los costos y los riesgos de construir estructuras organizativas de largo plazo a nivel local. Las continuas amenazas de la liberalización económica proporcionan incentivos para que los miembros de la comunidad se movilicen con los recursos organizacionales de los que disponen y trabajen de forma conjunta en la construcción de coaliciones multisectoriales. Las localidades con infraestructuras estatales y comunitarias más extensas serán más propensas a coordinar la acción colectiva. A nivel nacional, la resistencia ante las políticas impopulares de liberalización económica tiene más oportunidades de emerger cuando las coaliciones amplias de oposición ya existen.

El capítulo 3 se enfoca en el caso crucial de Costa Rica. Fue ahí donde la alianza del partido de oposición, con las campañas de protesta en contra de las primeras olas de globalización (con la llegada de las compañías transnacionales de fruta y minería, en el contexto de democratización de los años treinta y setenta), fue vital en la medida que constituye un ejemplo de organización para posteriores protestas, como las movilizaciones en torno a la crisis de la deuda, a inicios de los ochenta, que estableció los estándares para el resto de la región. Las protestas en Costa Rica son como un primer experimento o “prototipo” de movilización. La democracia costarricense y la movilización popular de la década de los ochenta ofrecen una mirada para ver el futuro de Centro-américa y de Suramérica (y tal vez, el del Sur global, en general). En las décadas siguientes, las manifestaciones y las coaliciones establecidas en contra del neoliberalismo parecen ser similares a las de otros países de Latinoamérica. En este capítulo también se analiza la campaña de protesta en contra del tercer programa de ajuste estructural más importante (PAE III, 1995), la campaña tipo “combo” en contra de la privatización de la energía eléctrica y las telecomunicaciones (2000), y la histórica campaña en contra del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (TLC) (2003-2007), el más grande de la región. En el capítulo 4, el enfoque se vuelca a El Salvador, por lo que se reconstruyen las campañas en contra de la privatización de la salud y de las telecomunicaciones (1994-2003) y las movilizaciones en contra del TLC (2003-2008).

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El capítulo 5 explora las luchas populares en Panamá. Este estudio establece la proyección de las huelgas de 1986 y 1995 en contra de las leyes de flexibilidad laboral, las movilizaciones en contra de la privatización del agua en 1998, las campañas en contra de la privatización y de la reestructuración del seguro social (2003 y 2005), y la ola de huelgas de 2010, la protesta sobre las leyes de flexibilidad laboral, que fue encabezada por grupos indígenas que trabajaban en las plantaciones bananeras en la provincia de Bocas del Toro. En el capítulo 6 se analiza el caso de Nicaragua y del malestar popular de los noventa, en contra de la restauración de las medidas neoliberales después de la década revolucionaria de los ochenta. También se analizan las campañas en contra de la priva-tización del agua y del incremento de los precios al consumidor en el servicio de agua, electricidad y transporte (2000-2006), ya que se da el recorte de los subsidios para hacer algunos pagos a la deuda externa. El capítulo 7 discute las campañas más importantes en contra de la globalización en Guatemala y en Honduras. En Guatemala, se examinan dos movilizaciones masivas en contra del incremento de los tributos sobre las ventas, que impuso el FMI (2001 y 2004), y la campaña en contra del TLC en 2005-2006. En Honduras se investigan las campañas en contra del ajuste estruc-tural de inicios de los noventa, en contra de la privatización del sector público y en contra del libre mercado, a inicios de 2000, y también se analiza cómo esas campañas previas proporcionaron la base organizacional necesaria para las movilizaciones masivas y sin precedentes en contra del golpe de Estado militar, entre 2009 y 2011. El capítulo 8 ofrece una sistematización final que compara estas luchas, entre los países. Aunque estas campañas comparten aspectos comunes en términos de en qué momento se espera que salgan a la superficie las protestas en contra del neoliberalismo, existen diferencias significativas entre los países, en la composi-ción de las coaliciones que se resisten a los cambios impulsados por la globalización. Muchas de las variaciones nacionales en la composición de las coaliciones de oposición tienen sus raíces en las trayectorias que viven los países a partir del desarrollo impulsado por el Estado en el siglo XX, en la era previa a la globalización.

En términos de metodología, en este estudio se documentan las movilizaciones masivas más grandes que se han dado en esta

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región del mundo en los últimos 30 años. Se han recolectado datos originales sobre más de 4,000 eventos de protesta ligados a campañas que muestran la resistencia a la globalización en Centro-américa, a partir de múltiples fuentes de información noticiosa local. En varias campañas de protesta en contra del neoliberalismo, este estudio ha desglosado movilizaciones a nivel nacional hasta llegar a la distribución regional que estas tuvieron con el propósito de examinar los patrones de las variaciones a nivel local al interior de los países, con base en la geocodificación de los eventos de protesta hasta llegar al nivel municipal. En varias de las campañas, este estudio explica qué regiones y qué países se unieron a las campañas inducidas por la globalización, y qué localidades fraca-saron a la hora de movilizarse. Se ha puesto especial atención a las coaliciones multisectoriales y a las infraestructuras locales, en términos de oficinas administrativas, arterias de transporte, sindicatos locales del sector público, ONG, partidos políticos de oposición, y a la experiencia estratégica de movilizarse en contra de las medidas de la reforma neoliberal que se han dado en el pasado. Además, se llevaron a cabo 40 entrevistas con líderes clave de las luchas que se analizan en este estudio. En síntesis, este trabajo muestra cuáles son las dinámicas de la movilización masiva local que se han dado en los países en vías de desarrollo en la era de la globalización. El objetivo más amplio de este estudio es contribuir a la comprensión colectiva de los grupos que están “en las bases”, movilizándose a nivel subnacional en respuesta a los procesos de macro-globalización; también es un objetivo de este trabajo ejercer algún nivel de presión en los investigadores académicos para que vayan más allá de los estudios generales de muestras a gran escala y datos globales sobre las protestas colectivas, y se encaminen hacia enfoques más detallados del proceso contestatario que busca un cambio social mundial, al interior de las naciones y entre estas.

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UNA TEORÍA DE OPOSICIÓN LOCAL A LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL

Durante la última parte del siglo XX, de manera irregular y gradual, las naciones en vías de desarrollo fueron dejando atrás las estrategias de desarrollo producidas y lideradas por el Estado, las cuales se reemplazaron con reformas de libre mercado y nuevos vínculos transnacionales ligados a la economía mundial; esta transición generó grandes e importantes campañas de descontento popular. Este capítulo ofrece un marco de referencia para comprender las condiciones en que las comunidades del Sur global se movilizaron en contra de las reformas neoliberales de la globalización. La capacidad de analizar la combinación de los procesos de democratización, las amenazas económicas y la dispo-nibilidad de infraestructuras estatales y comunitarias revela las motivaciones y los patrones de resistencia ante la globalización por parte de los grupos de oposición. La historia particular de cada país en torno al proceso de desarrollo impulsado por el Estado también moldea la composición de las coaliciones multisectoriales que se enfrentan a la liberalización económica a lo largo y ancho de los contextos nacionales. La capacidad que tienen los grupos de la sociedad civil de conformar coaliciones tan amplias es un elemento capaz de determinar el grado de oposición que puede alcanzar a través de las campañas, desafiando así el rumbo del cambio económico mundial (García Linera 2008).

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Los investigadores académicos definen a la globalización como la integración económica y cultural cada vez mayor de los Estados-nación (J. Meyer y otros, 1997; Sklair, 2006: 60-61). Gran parte de la literatura existente acerca de los movimientos sociales y la globalización se ha enfocado en las actividades del Norte global (L. Wood, 2012), cuestiones como el crecimiento de los movimientos sociales transnacionales de la primera parte del siglo XX (Tarrow, 2005; Smith, 2008). Los estudios sobre las protestas en el Norte global se enfocan en gran parte en las estructuras de movilización transnacional y en cómo sus organizadores han utilizado nuevas tecnologías de la comunicación para coordinar campañas en contra de instituciones de la elite financiera y política, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el G-8 y el Foro Económico Mundial (Smith y Weist, 2012; L. Wood, 2012). Se sabe menos acerca de las movilizaciones en contra de la liberalización económica en el Sur global (Von Bulow, 2011)1. Se genera mucho más conflicto social en relación a temas vincu-lados a la globalización en los países de la periferia y en aquellos recientemente industrializados, que en las democracias capitalistas avanzadas (Podobnik, 2005), especialmente en la medida que el Sur global se relaciona cada vez más con las ONG transnacionales (Smith y Weist, 2012). Por otra parte, después de temas como la lucha religiosa, política y la étnica, la globalización económica es el factor que impulsa algunas de las iniciativas de movilización más grandes que se dan en los países en vías de desarrollo (Almeida, 2010a). De hecho, algunos equipos de investigadores académicos de la región están comenzando a documentar estas luchas en una serie

1 Para una excepción importante sobre la cuestión, véase Walton y Seddon (1994).

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de volúmenes sobre la acción colectiva en Asia (Broadbent y Broc-kman, 2011), en África (Dwyer y Zeilig, 2012) y en Latinoamérica (López Maya, 1999; Eckstein y Wickham-Crowley, 2003; Johnston y Almeida, 2006; Stahler-Sholk, Vanden y Kuecker, 2008; Modonesi y Rebón, 2011; Silva, 2013; Almeida y Cordero Ulate, 2015).

Desde la década de los ochenta, las campañas en contra de la liberalización económica en el Sur global han conducido a brotes significativos de descontento social, incluyendo el derro-camiento de Gobiernos, a través de la movilización masiva (Silva, 2009; Goldstone, 2011). Por otra parte, partidos políticos de la oposición, en Estados democráticos, han transformado con éxito el descontento masivo y las movilizaciones populares en contra de las reformas de mercado, en triunfos electorales gubernamentales, tanto a nivel local como nacional (Levitsky y Roberts, 2011; Roberts, 2014). Aun con todo y decenas de relatos académicos y periodís-ticos sobre las movilizaciones de mayor envergadura en los países en vías de desarrollo, se sabe muy poco acerca de cómo varían estos conflictos sociales a nivel local. ¿Cómo es que los agentes de movilización desarrollan estas revueltas a partir de las bases locales hasta convertirlas en campañas sostenidas a nivel nacional?

Cada vez más, los investigadores académicos reconocen que analizar cómo los procesos globales chocan con las condiciones locales es un aspecto que ofrece una nueva línea de investigación (Babones, 2006). Los sociólogos que se dedican a trabajar en el ámbito de la historia demandan metodologías que permitan realizar estudios empíricos sobre la globalización, estudios que penetren hasta el nivel subnacional. Saskia Sassen (2007: 4) afirma: “Concebir la globalización no simplemente en términos de interdependencia y de instituciones globales, sino también como un elemento que habita en lo nacional, abre una vasta, e irresuelta, agenda de investigación”. Desde este punto de vista, podemos examinar cómo la globalización afecta la actividad de la protesta popular y de los movimientos sociales al interior de los Estados-nación y a nivel local. Javier Auyero (2001) caracteriza las batallas contra la globalización a nivel comunitario como “protestas glocales”, por lo cual las condiciones económicas globales convergen con contextos locales para producir una acción colectiva de manera desigual a

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lo largo de un territorio nacional. Los procesos macroeconómicos a gran escala que impulsan la dirección del ajuste estructural y de la exclusión social son interpretados a nivel comunitario por los actores de la colectividad como una “política de la moral” (Auyero, 2006). Este estudio se basa en la literatura sobre la “glocalización” para demostrar que al establecer infraestructuras estatales, admi-nistrativas y organizacionales a nivel comunitario estas se pueden utilizar para resistir los cambios no deseados que trae consigo una liberalización económica cada vez más profunda. Cuando las comunidades hacen uso de las ventajas de la democratización y de su propio capital organizacional y estratégico, estas pueden apropiarse de estas estructuras y hacer uso de ellas para una gran variedad de actividades de movilización.

La tercera ola de democratización global comenzó a tomar forma a finales de los setenta (Huntington, 1991; Markoff, 1996). Para principios de los años noventa, la mayor parte del territorio latinoamericano había hecho la transición hacia las formas democráticas de gobierno (Hagopian y Mainwaring, 2005; Booth y Seligson, 2009). Sin embargo, una “doble transición” se llevó a cabo en la región, a partir de una democratización que coincidió con la neoliberalización de la economía (Almeida y Johnston, 2006). Este proceso conjunto de elecciones abiertas combinado con los mercados libres demostró ser una mezcla peligrosa en varios de los Estados de Latinoamérica, lo que propició niveles todavía más altos de movilización masiva (Arce y Bellinger, 2007). Los sistemas polí-ticos relativamente abiertos han permitido que más grupos formen organizaciones y asociaciones (Tilly y Wood, 2012), incluyendo una amplia variedad de ONG y nuevos movimientos sociales (Johnston, Laraña y Gusfield, 1994). Hasta las asociaciones tradicionales de la sociedad civil (como los sindicatos, las asociaciones del sector público y las cooperativas rurales) han llegado a percibir ese ambiente menos represivo y esas instituciones relativamente más

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accesibles, como una invitación a renovar las rondas de moviliza-ción popular (Tarrow, 1994). Las estructuras sociales democráticas ejercen influencia sobre la orientación política de los grupos de oposición (Walder, 2009), canalizándolos hacia más formas no violentas de acción colectiva.

Aquellos grupos contestatarios que recién se organizan pueden aprovechar mejor las organizaciones existentes y la infraestructura del Estado para realizar campañas sostenidas bajo condiciones de democratización. Hasta los regímenes poliárquicos que se encuentran rigurosamente controlados por elites económicas en permanente rotación (W. Robinson, 1996) son más susceptibles a campañas sostenidas de protesta que aquellos Estados que gobiernan exclusivamente a través de fuerzas represivas. La elite económica de una poliarquía es más apta para implementar medidas neoliberales agresivas que provocan aquellas amenazas ligadas a la economía y que avivan la llama de la acción colectiva masiva. Además, las condiciones de la democratización permiten que los partidos políticos de oposición se movilicen a la par de los grupos de la sociedad civil para ampliar su base de seguidores y su futuro destino electoral. Estas coaliciones se transforman en potentes alianzas cuando incorporan a múltiples sectores al interior de la sociedad civil. Tales tareas de movilización son mucho más difíciles bajo regímenes altamente autoritarios y no democráticos (Brockett, 2005; Earl, 2011; Johnston, 2011).

Un componente central de la elaboración de políticas neoli-berales en el Sur global involucra el desmantelamiento de grandes porciones del sector público y la implementación de reformas económicas y de medidas de austeridad. La crisis de la deuda internacional de inicios de los ochenta obligó a los países en vías de desarrollo a abrir sus economías a una mayor influencia econó-mica externa. Cuando las instituciones financieras internacionales

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se pusieron a renegociar las deudas de los países más pobres en bancos comerciales y dentro de los Gobiernos del Norte global, establecieron préstamos de condicionalidad y afianzaron acuerdos de ajuste estructural (Green, 2003; Vreeland, 2007). Durante los ochenta, la primera fase de las reformas de ajuste estructural se enfocó en gran medida en la reducción de los aranceles de impor-tación, la devaluación de las monedas nacionales, el control de la inflación y la reducción del gasto en el sector público (Walton y Seddon, 1994; Green, 2003). De hecho, David Harvey afirma que para 1982, el FMI y el Banco Mundial se habían convertido en “centros para la propagación y la aplicación del ‘fundamentalismo de libre mercado’ y de la ortodoxia neoliberal. A cambio de la reca-lendarización de la deuda, los países endeudados estaban obligados a implementar reformas institucionales, como recortes en gastos de asistencia social, leyes más flexibles en el mercado laboral y el proceso de privatización” (2005: 29).

La década de los noventa anunció una segunda ola de reformas económicas y de ajuste estructural en un nuevo intento por hacer despegar a las economías débiles —con la privatización del sector público jugando un rol central en todo esto—. Entre 1988 y 1994, los países menos desarrollados (PMD) privatizaron más de tres mil entidades públicas (Babb, 2005). La segunda ronda de reformas fue impulsada no solo por la crisis de la deuda, sino también por la institucionalización de las medidas de liberalización económica dentro de los círculos de elite que elaboran las políticas económicas de la sociedad mundial (Meyer, Drori y Hwang, 2006; Weyland, 2006), y recibió apoyo por parte del creciente y denso círculo de economistas neoliberales dentro de las burocracias ejecu-tivas (Markoff y Montecinos, 1993). En otras palabras, implementar reformas de libre mercado se convirtió en la forma aceptable de administrar las economías nacionales en la era posterior a la Guerra Fría (Fourcade-Gourinchas y Babb, 2002). Estas reformas de “segunda generación” se centraron en la privatización de los servicios del sector público y de las empresas de servicios públicos, como el sistema de salud, el sistema de pensiones, la administración de los servicios de agua, las telecomunicaciones, la administración de los puertos, la distribución de la energía eléctrica y el patrimonio de recursos naturales (Green, 2003; Kaufman y Nelson, 2005).

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En los noventa, Latinoamérica representaba el 55% de todos los ingresos de la privatización en el Sur global (Chong y López de Silanes, 2005: 5).

Cuadro 2.1Políticas de liberalización económica que han ocasionado campañas de protesta

1980-1994 1995-2015

La finalización del subsidio alimen-tario ocasiona un incremento de los precios de la canasta básica (trigo, maíz, arroz, aceite de cocina, etc.).

Incrementos en los precios del transporte, vivienda y vestido.

Políticas de estabilización que congelan los salarios y que ocasionan el despido de los trabajadores del sector público.

Privatización de empresas admi-nistradas por el Estado y empresas de manufactura.

Privatización de la infraestructura pública (seguridad social, sistema de salud, sistema de pensiones, adminis-tración del sistema de agua y alcantari-llados, del servicio de energía eléctrica, de los puertos, de las telecomunica-ciones, de los recursos naturales).

Leyes de flexibilidad laboral.

Reforma del sistema de pensiones (se incrementan las contribuciones que se descuentan de la nómina de sueldos y se aumenta la edad necesaria para el retiro; transferencia de fondos a cuentas bancarias privadas).

Tratados de libre comercio.

Estas medidas de segunda generación ocurrieron en el contexto de un mayor nivel de democratización en los países en vías de desarrollo (Markoff, 2006), especialmente en Latinoamé-rica, donde la sociedad civil estaba desarrollando la capacidad de expresar una oposición sostenida ante las políticas económicas de los Gobiernos, que despojaban de los beneficios obtenidos en períodos anteriores del desarrollo impulsado por el Estado (Roberts, 2008). Antes del vuelco hacia los Gobiernos postneoliberales, a finales de la primera década del siglo XXI (Macdonald y Ruckert, 2009), las instituciones financieras internacionales ya habían transformado a la mayoría de los países en vías de desarrollo en “Estados neoliberales”. Harvey define tales regímenes como “un aparato de Estado que tenía como misión fundamental facilitar las condiciones para una rentable acumulación de capital, tanto por parte del capital doméstico como por parte del capital extranjero” (2005: 7). En el Cuadro 2.1 se resumen los tipos de políticas de liberalización económica implementados por el Estado neoliberal,

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que han generado un descontento generalizado en el Sur global a lo largo de los últimos 35 años. Las políticas, que se discuten en detalle en los siguientes capítulos, afectan el bienestar económico de los ciudadanos a lo largo del Sur global. Estas medidas de austeridad y estas estrategias económicas moldean los niveles de consumo, la distribución del ingreso y el acceso a la educación, la salud y los servicios vitales que con frecuencia no son tomados en cuenta por los indicadores estándares del crecimiento económico (Stiglitz, Sen y Fitoussi, 2010).

En los países en vías de desarrollo, desde la década de los noventa, algunas de las campañas de protesta más grandes han estado relacionadas con intentos de los Gobiernos de privatizar los recursos naturales clave, los servicios públicos y las empresas de servicios. Hasta los investigadores académicos que destacan un apoyo público para las medidas de liberalización económica (en términos de más alternativas para el consumidor y de acceso a una mayor variedad de bienes y servicios), reconocen que la privatización de la infraestructura pública sigue siendo altamente impopular, especialmente en Latinoamérica (Baker, 2009; Flores Macías, 2012). Este tipo de sentimiento público proporciona un contexto más favorable para una movilización efectiva. Uno de los movimientos sociales más grandes de América del Sur, el movimiento de los trabajadores desempleados (los piqueteros) de Argentina, surgió de las comunidades ubicadas en las industrias petroleras privatizadas (Svampa y Pereyra, 2003). Perú entró en erupción con protestas regionales a gran escala y con disturbios, cuando las autoridades intentaron privatizar el sistema de energía que administraba el Estado en Arequipa, en 2002 (Arce, 2008). A inicios de 2000, tanto Paraguay como Uruguay vivieron la experiencia de grandes campañas en contra de la privatización. En Bolivia, las guerras por el agua y el gas, debido a la privatización, dieron origen a movilizaciones populares organizadas (y decenas de bloqueos en carreteras) que ocasionaron el derrocamiento de dos presidentes y que colocaron al frente del poder a un Gobierno de izquierda, a finales de 2005 (Postero, 2007).

Varios otros tipos de políticas neoliberales también conducen a un descontento masivo en el Sur global, incluyendo el libre

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comercio, las leyes de flexibilidad laboral, la reforma del sistema de pensiones, el congelamiento de los salarios y los despidos masivos en el sector público, así como los impuestos sobre las ventas, que son regresivos (véase el Cuadro 2.1). Estos conforman una familia de políticas vinculada directamente con la crisis de la deuda y con la globalización económica, mientras los Gobiernos prueban toda una gama de estrategias para complacer a las instituciones multilaterales de financiamiento, restringir el gasto interno y abrirse a la inversión extranjera y a los mercados internacionales. Más allá de Latinoamérica, se puede observar la movilización masiva frente a estas políticas en Asia, África y en el sur de Europa (Almeida, 2010a). China ha experimentado varias olas de protestas laborales en torno a la privatización de empresas de propiedad estatal y de las pensiones correspondientes de los trabajadores, las movilizaciones más grandes registradas en los últimos veinte años (Lee, 2007; Chen, 2012). Estudiantes de Corea del Sur, partidos políticos de oposición, agricultores y sindicatos se unieron en varias campañas en contra de los tratados de libre comercio entre 2006 y 2011. Significativas movilizaciones masivas en torno a la privati-zación también se han llevado a cabo repetidamente en India y en Sudáfrica, entre 2000 y 2013.

Entre 2011 y 2013, Europa del Sur entró en una ola de protestas en contra de las medidas de austeridad, en Portugal, Grecia y España, con varias huelgas generales y movilizaciones masivas en contra de los recortes hechos por el Gobierno, despidos masivos y leyes de flexibilidad laboral vinculadas a la deuda externa. Además, se extendió una nueva ola de protestas por el incremento en los precios de los productos alimenticios a lo largo de los diferentes países en vías de desarrollo, entre 2007 y 2011, parcialmente causada por la reducción de los subsidios a los precios de los productos alimenticios y a los granos básicos, por parte de los Gobiernos neoliberales (Patel y McMichael, 2009). Varias de estas protestas ocurrieron debido al costo de la vida y al incremento en el precio de los alimentos en países que habían experimentado las insurrecciones de la Primavera Árabe de 2011, como fue el caso de Bahréin, Egipto, Túnez, Siria, Jordania y Yemen (Bush, 2010). Para inicios de 2013, la ola global de protestas en contra del neolibera-lismo se había expandido hacia Europa del Este, mientras ciuda-

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danos búlgaros se manifestaban en decenas de ciudades en contra de los altos precios del servicio eléctrico que cobraban las empresas transnacionales de distribución de energía, que monopolizaron los mercados regionales luego de la privatización. La insurrección popular búlgara condujo a la renuncia del Gobierno a finales de febrero. Movilizaciones masivas similares se realizaron en Kosovo, en contra de la privatización y de los incrementos en el precio del servicio de electricidad, a finales de 2012 y 2013, mientras Brasil experimentaba una de las más grandes olas de protestas en los últimos veinte años, a mediados de 2013, que comenzaron en forma de manifestaciones contra el incremento de precios en el transporte colectivo, lideradas por el Movimento Passe Livre (Movimiento Pase Libre, en español), y más adelante continuaron con protestas por parte de los sindicatos y huelgas por la venta de la enorme reserva de petróleo cerca de la costa del país (el Campo Libra), en octubre de 2013. El descontento popular debido al incremento de los precios reunió a un millón de personas en las calles en más de cien ciudades (Keck, 2013). Actos similares ocurrieron en México, luego de la privatización del petróleo en 2013 y 2014.

Los manifestantes ven la austeridad, la privatización y el rápido incremento de precios como amenazas económicas que se le atribuyen al Estado y que empeorarán la situación (Almeida, 2003). Las amenazas económicas hacen crecer el ímpetu de la acción colectiva y funcionan como “movilizadoras de protestas” (Snow y Soule, 2009). El primer teórico que escribió sobre el tema de las amenazas y de la lucha popular, Charles Tilly, afirma que “un determinado nivel de amenaza tiende a generar más acción colectiva que el ‘mismo’ grado de oportunidad” (1978: 134-135). Las clases subalternas del Sur global visualizan nuevas rondas de exclusión social que ocurrirán luego de las inminentes reformas neoliberales. Tal y como lo establece de forma sucinta Michael Mann: “Como todos los programas económicos, el neoliberalismo beneficia a unos más que a otros y provoca resistencia entre aquellos que resultan afectados” (2013: 132). Las percepciones compartidas de las amenazas económicas también pueden conducir a múltiples grupos a que formen coaliciones, generando así formas más eficaces de acción colectiva (McCammon y Van Dyke, 2010). Está claro que las políticas de reforma económica han provocado

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protestas masivas a lo largo de los últimos treinta años, con resul-tados políticos de relevancia (Silva, 2009). Sin embargo, se sabe muy poco acerca de cuáles comunidades son más propensas que otras a rebelarse, o acerca de la composición de las alianzas de oposición. En síntesis, estas rebeliones “nacionales” en contra de la liberalización se construyen a partir de decenas de acciones a nivel comunitario, por lo cual los activistas y los líderes civiles utilizan los recursos locales para poner en marcha campañas multisectoriales de acción colectiva.

El período comprendido entre los años cuarenta e inicios de los ochenta fue el punto más alto del desarrollo impulsado por el Estado en el Sur global (W. Robinson, 2004). Pero esta fase de expansión económica terminó con la crisis de la deuda del Tercer Mundo, a finales del siglo XX (Walton, 1998). Los estudiosos críticos de la globalización perciben un cambio o transformación dentro del capitalismo mundial y que inicia alrededor de 1980 (W. Robinson, 2004; Sassen, 2008). Aunque algunos analistas de la globalización hacen énfasis en la naturaleza homogénea de la integración econó-mica en todos los países en vías de desarrollo (Centeno y Cohen, 2010), la forma en la que el desarrollo impulsado por el Estado se da en la etapa previa a la globalización tiene consecuencias importantes para los patrones que adopta la oposición en el período contemporáneo. Christopher Chase-Dunn sostiene que “una pers-pectiva histórica sobre la última fase de la globalización permite ver los patrones de interacción más utilizados entre la expansión capi-talista y los movimientos de oposición que han tratado de proteger a la gente de los aspectos negativos de las fuerzas de mercado y de la explotación” (2006: 92).

Este marco a más largo plazo incluye la expansión del Estado de desarrollo entre 1940 y 1980, cuando los Gobiernos nacionales ampliaban la administración burocrática, las institu-

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ciones educativas, la seguridad social y los sistemas de salud, y las infraestructuras de transporte, en una escala sin precedentes (Segura-Urbiego, 2007; Evans y Sewell, 2013). La educación primaria y la enseñanza media crecieron de forma significativa con la construcción de escuelas y la extensión del acceso educativo para millones de ciudadanos. Los Gobiernos nacionales establecieron institutos de seguridad social para proteger a los trabajadores y a sus familias, con dinámicas de atención de la salud, seguros en caso de accidentes y el sistema de pensiones. Durante este período de desarrollo impulsado por el Estado, los recién construidos sistemas nacionales de carreteras contribuyeron a la integración de las economías nacionales, más allá de enclaves, para la exportación agrícola y de los centros de extracción de recursos, como las minas y los bosques.

A pesar de tener similitudes generales, en este período, los países en vías de desarrollo diferían unos de otros en términos de estrategias de desarrollo tanto políticas como económicas. Aunque la mayor parte del Sur global se embarcó en el camino del desarrollo impulsado por el Estado, a mediados del siglo XX, los Gobiernos nacionales no ejecutaron lo planeado de la misma manera, aun en el caso de países en la misma región geográfica. Estas diferencias tienen consecuencias significativas para el tipo de patrones que adopta la oposición de la sociedad civil ante la libe-ralización económica dentro del período actual de globalización, en cada nación. Los Estados que construyeron universidades en varias de las provincias se diferenciaban de los que construyeron las universidades en las capitales de las ciudades. Los regímenes que entraron antes que otros al camino de la democratización permitieron que los partidos políticos desempeñaran un papel más importante en el proceso de oposición. Los regímenes de exclusión y de represión obligaron a los movimientos de oposición a organizarse a través de las ONG, donde los regímenes de bienestar corporativistas, populistas y aquellos concentrados en el Estado permiten un mayor nivel de organización al interior de las institu-ciones del Estado, los sindicatos del sector público y los organismos cuasigubernamentales.

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En resumen, los países en vías de desarrollo alcanzaron progresos significativos a mediados del siglo XX con la construcción de infraestructuras sociales y administrativas, integrando sus econo-mías y expandiendo a nivel nacional los servicios relacionados con el bienestar social. Sin embargo, los regímenes políticos y econó-micos de gobierno de cada uno diferían en cuanto a la distribución de estas infraestructuras en todos los distritos locales, y en cuanto a los tipos de características de la relación entre el Estado y la sociedad. Estas infraestructuras establecieron el entramado para la capacidad de resistencia colectiva a nivel local en la era global y las variantes de esa resistencia en todos los Estados-nación. Por lo tanto, las historias sobre el desarrollo impulsado por el Estado en el Sur global establecieron las bases para los patrones de conducta y el carácter de la oposición ante la reestructuración económica en la era contemporánea de integración mundial.

Los grupos de oposición con frecuencia ven las rees-tructuraciones económicas asociadas a la globalización como amenazas para los acuerdos sociales que se alcanzaron durante el período de desarrollo económico nacional, posterior a la Segunda Guerra Mundial. En esta época, los Gobiernos con orientación autoritaria, democrática y populista generaron la expansión de los servicios sociales y de los subsidios en función de las clases populares (Walton y Seddon, 1994). El debilitamiento de las líneas de bienestar social implementadas es percibido como un factor dañino para el bienestar económico, y los modelos de amenaza que distinguen la acción colectiva son capaces de predecir que se generará más descontento con esas situaciones (Van Dyke y Soule, 2002; Almeida, 2003, 2007). La disminución de las dinámicas de bienestar social incrementa los costos de la inactividad de los grupos vulnerables (Goldstone y Tilly, 2001), como la mano de obra y la gente de escasos recursos de las áreas urbanas, quienes verían una disminución de los salarios, del nivel de empleo y del acceso

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a los servicios vitales (Vreeland, 2003). Los programas de ajuste estructural que debilitan el Estado de bienestar han estado vincu-lados a los intensos niveles de rebelión, a partir de investigaciones cuantitativas comparativas entre países, a gran escala (Auvinen, 1996; Ortiz y Béjar, 2013). Pero se sabe mucho menos acerca de las condiciones asociadas con la variación a nivel local de la oposición a las reformas de mercado.

Hasta la fecha, los estudios sobre la oposición al neolibera-lismo en el Sur global tienden a agrupar los eventos a nivel nacional (Shefner y otros, 2006). Este tipo de diseño funciona bien para los estudios comparativos a gran escala entre países que trabajan con grandes muestras en lo que concierne a destacar condiciones más amplias asociadas a la movilización masiva en respuesta a la libera-lización económica. Por ejemplo, Walton y Ragin (1990) identifican en las comparaciones cuantitativas entre países, sobre las protestas contra las medidas de austeridad, que la presión ejercida por el FMI (el número de reestructuraciones de préstamos), la sobreurbaniza-ción y el nivel de sindicalización están entre los mecanismos que se correlacionan de forma más consistente en cuanto al tema de la rebelión intensiva. Auvinen (1996), con un ejemplo de setenta países en vías de desarrollo, también identifica protestas políticas relacio-nadas con el financiamiento del FMI, donde la urbanización y el desarrollo económico eran relativamente altos. Un estudio compa-rativo a gran escala entre países (de 131 países en vías de desa-rrollo, entre 1981 y 2003), sobre los impactos del ajuste estructural, sobre la rebelión y sobre todo tipo de manifestaciones, Abouharb y Cingranelli (2007) indicaron que hay una influencia definitiva de la presión ejercida por el FMI y el Banco Mundial (cantidad de tiempo bajo los criterios del ajuste estructural), así como también en cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) anual y a la exportación de productos básicos. Ortiz y Béjar (2013) determinan en una muestra comparativa por períodos entre 17 países latinoamericanos que, entre 1980 y 2007, los Gobiernos que firmaron un acuerdo con el FMI experimentaron un incremento en el número de eventos de protesta, especialmente huelgas y disturbios.

Todos estos estudios comparativos entre países, tomando en cuenta diferentes períodos y muestras de países en vías de

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desarrollo, coinciden en que las dimensiones causales clave, como la sobreurbanización, el Producto Interno Bruto (PIB) y el desarrollo económico, sirven de variables sustitutas para los tipos de recursos e “infraestructuras organizacionales” (Walton y Seddon, 1994: 45) que generalmente entran en juego para propiciar campañas de protesta y rebeliones, pero que son difíciles de captar con datos agrupados a nivel general de comparación, entre países, a gran escala. Analizar la oposición subnacional ante la liberalización económica permite elaborar un estudio más detallado de las estruc-turas comunitarias y de los recursos estratégicos donde el proceso de movilización de hecho ocurre.

Los analistas necesitan clasificar de forma más precisa los recursos locales de una comunidad, que son más propensos a convertirse en parte de la acción colectiva en los países en vías de desarrollo. Con el propósito de comprender mejor el manejo del tiempo y la organización de la acción colectiva, es necesario discernir qué tipos de características organizacionales administra-tivas, físicas y sociales son más favorables para que las personas comunes y corrientes puedan apropiarse de ellas a nivel local y participar en las actividades relativas a los movimientos sociales. Una perspectiva sobre la infraestructura local es útil en la medida que especifica las condiciones básicas bajo las cuales la moviliza-ción masiva emerge en ciertas localidades y no en otras. Para esta-blecer el tipo de recursos que puede generar la acción colectiva en respuesta a los procesos de globalización, en este estudio se definen diferentes tipos de infraestructuras del Estado e infraestructuras de la comunidad. Las localidades difieren unas de otras por el nivel de sus estructuras estatales y comunitarias, y esta diferencia tiene importantes consecuencias, a la hora de estructurar dinámicas contestatarias colectivas (Edwards y McCarthy, 2004). Además, los países en vías de desarrollo reflejan casos diversos en términos de

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la distribución que presenta su tipo particular de infraestructura estatal y comunitaria.

Las infraestructuras estatales son unidades físicas y organi-zacionales que los Gobiernos nacionales construyen para sostener las continuas actividades económicas y administrativas. Las infraes-tructuras estatales originalmente se desarrollaron en la era previa a la globalización, y los diferentes contextos nacionales moldearon la distribución de estas. Las infraestructuras comunitarias incluyen a las organizaciones sociales que operan a nivel local, que pueden ser utilizadas durante las campañas de acción colectiva (Andrews, 2004). Tales organizaciones ocasionalmente están relacionadas con redes nacionales e internacionales, como los partidos políticos o las entidades transnacionales sin fines de lucro y las ONG internacio-nales (Smith y Weist, 2012), pero sus actividades locales son más relevantes para la movilización a nivel comunitario.

Las localidades varían a partir de la extensión de las infraestructuras creadas por el Estado. Los componentes políticos, culturales y físicos anclados a nivel local del Estado, que permiten movilizar a la gente para alcanzar a los públicos meta, actúan como recursos estratégicos. Los tres tipos de infraestructura estatal que facilitan la acción colectiva en el Sur global son la infraestructura administrativa, la infraestructura de transporte y la infraestructura de la educación superior.

Infraestructura administrativaEl Estado moderno representa el blanco más importante y

el árbitro de las demandas de los movimientos sociales (Jenkins y Klandermans, 1995a; Amenta y Young, 1999; Johnston, 2011). Las oficinas del gobierno local proporcionan el medio de acceso insti-tucional para que los grupos expresen sus quejas a los administra-dores del Estado y a los funcionarios públicos (Inclán, 2008). Tales

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puestos administrativos se encuentran sobre todo concentrados en los principales pueblos y ciudades de la provincia que albergan a las oficinas regionales de la administración pública y sus servicios (Silva, 2009). Esta distribución geográfica desigual brinda menos oportunidades para que las comunidades descontentas se movilicen a partir de eventos de protesta en aquellos pueblos, regiones y ciudades aisladas (Boudreau, 1996). Por ejemplo, en Brasil, a través del descontento masivo que se expresó por las tarifas del transporte, a mediados de 2013, los primeros lugares que fueron testigo de las manifestaciones son las capitales de los estados.

Infraestructura de transporteLas rutas de transporte ofrecen a los manifestantes un lugar

para reunirse y mostrar su descontento, o “tomarse un espacio determinado… como medio de ejercer presión en las personas que se encuentran fuera de ese espacio” (Tilly, 1986: 376). En Latinoa-mérica, los grupos de oposición desde el norte de México hasta el sur de Argentina, como parte de su rutina, aplican el bloqueo de carreteras como una táctica importante de oponerse a las medidas de liberalización económica. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), una agrupación de las organiza-ciones campesinas indígenas de la nación, ya ha llegado a paralizar el país en múltiples ocasiones, entre 1990 y 2000, a través del uso de barricadas colocadas en las carreteras más importantes, además de una exitosa campaña para frenar el tratado de libre comercio en la primavera (marzo-mayo) de 2006.

Acciones similares de bloqueos ocurrieron en Argentina a lo largo de la última parte de los noventa e inicios de 2000, acciones encabezadas por el movimiento de trabajadores desempleados. Para 2002, durante el punto más intenso de la crisis de la deuda nacional, hubo más de 2,000 bloqueos en las calles, anualmente. En el último capítulo de su estudio comparativo sobre las protestas ante las reformas económicas en seis países suramericanos, Eduardo Silva (2009: 271) descubrió que “los bloqueos en las calles surgieron como la forma más novedosa de protesta durante nues-tros episodios de lucha antineoliberal”. Xi Chen (2012) identifica el bloqueo de carreteras como una de las formas más significativas de protesta en China, en contra de las reformas de libre mercado,

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durante los noventa e inicios de 2000, que llevaron a cabo los trabajadores, pensionados y pequeños agricultores. Adicionalmente, las comunidades que tienen las principales rutas de transporte logran convocar niveles más altos de acción colectiva, por su valor estratégico al llamar la atención de las autoridades y de la gente que transita por las calles (Zald, 1992). En síntesis, las barricadas en las carreteras se han convertido en una de las tácticas más importantes para generar disrupción e incrementar al máximo el potencial de una campaña de protesta ante los gobiernos locales y nacionales.

Infraestructura de la educación superiorLa era del desarrollo impulsado por el Estado desenca-

denó un período de expansión universitaria sin precedentes y un crecimiento en el nivel de inscripción de los estudiantes que continúa hasta el presente (Schofer y Meyer, 2005; Weiss, Aspinall y Thompson, 2012). Las universidades públicas y sus estudiantes mantienen una larga historia de oposición a los regímenes en los países en vías de desarrollo, incluyendo el tema de las luchas revo-lucionarias (Wickham-Crowley, 1992). Las comunidades universita-rias (los estudiantes, los miembros de las facultades y el personal) con frecuencia perciben las políticas agresivas de liberalización económica como un revés al compromiso del Estado de proteger el derecho al bienestar económico y social de la sociedad civil. Los estudiantes y el personal con frecuencia colaboran como agentes (Diani, 2003), al organizar a otros sectores sociales, por ejemplo, comunidades cercanas y estudiantes de bachillerato (Gonzalez, 1985; Argueta, 2006). En particular, los estudiantes universitarios se benefician de una etapa distintiva en el curso de sus vidas, que les despoja relativamente de algunas de las limitantes de tiempo que se tienen para dedicarse al activismo, con respecto a otros grupos (McAdam, 1988). Grandes concentraciones de estudiantes que residen en la misma ciudad o el mismo vecindario también ofrecen condiciones ecológicas favorables para la movilización, en comparación con aquellas comunidades que no tienen univer-sidades (Van Dyke, 1998; Zhao, 2001; Andrews y Biggs, 2006). Las universidades también proporcionan un espacio público para que la sociedad civil se pueda reunir y debatir sobre las temáticas relativas a las políticas nacionales.

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Mientras más grande es el número de asociaciones y organi-zaciones en una comunidad, más rápido se moviliza y se sostiene una campaña de acción colectiva (Morris, 1984; McCammon, 2003; Andrews, 2004). En su investigación sobre actividad civil a nivel vecinal en Chicago, Robert J. Sampson y sus colegas afirman que “los episodios de protesta tienden a desarrollarse al interior de organizaciones o instituciones ya establecidas” (Sampson y otros, 2005: 678; véase también McAdam, 2003). Las ONG, las asociaciones laborales y las ramas locales de los partidos políticos de oposición son organizaciones de base comunitaria vitales que pueden activarse para participar en campañas en contra de los cambios económicos no deseados.

Organizaciones no gubernamentalesDurante los noventa y en la década que inició en 2000, los

países en vías de desarrollo fueron testigos de una rápida prolifera-ción de las ONG (Bradshaw y Schafer, 2000; Drori, Meyer y Hwang, 2006). Las misiones de las ONG van desde el desarrollo comunitario y la salud pública hasta las campañas en contra de la violencia. Las ONG apoyan a muchos de los nuevos movimientos sociales en el Sur global, como el ambientalismo, la equidad de género, los derechos a la diversidad sexual y los derechos de las minorías indígenas. Otros tipos de ONG apoyan a las asociaciones tradicio-nales de la sociedad civil, como los sindicatos y las cooperativas rurales. Cuando se contrae el Estado de bienestar, las ONG ofrecen algunas de las únicas fuerzas organizacionales activas en comuni-dades rurales, remotas y marginadas, proporcionando así servicios vitales y manteniendo un contacto directo y de confianza con las poblaciones locales. En ocasiones, las estructuras de las ONG pueden ser cooptadas para campañas específicas de movimientos sociales (McCarthy, 1987). Por ejemplo, en Sudáfrica, a inicios de

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2000, agrupaciones de las ONG (el Foro Contra la Privatización y el Comité de Crisis de la Electricidad de Soweto) coordinaron la realización de campañas en contra de la privatización de los servi-cios públicos y de los crecientes precios al consumidor (Buhlungu, 2006). En Guatemala, las ONG participaron en campañas a nivel nacional, a inicios de 2000, para abrir un debate público sobre el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (Cafta, por sus siglas en inglés) y para intentar detener su implementación (véase el capí-tulo 7). En el Sur global, muchas ONG se benefician de las alianzas y de los recursos de organizaciones transnacionales simpatizantes que tienen sus bases en el Norte global, como el caso de Oxfam, la Fundación Soros y la Fundación Friedrich Ebert, entre otras (Smith y Wiest, 2012).

Por el contrario, algunas ONG podrían estar básicamente al servicio de los intereses de las agencias internacionales y de los Gobiernos, desenvolviéndose como transmisoras locales de valores y prácticas neoliberales; al hacerlo, tienen la capacidad de contener la acción colectiva como ruta alternativa para el cambio social (Petras y Veltmeyer, 2005). Algunas ONG también podrían estar bajo la manipulación de administradores locales, quienes retienen la mayor parte de los fondos organizacionales para ejecutar las operaciones diarias y desembolsan solo un pequeño porcentaje de dinero para las comunidades que lo necesitan. Con estas dos caracterizaciones dispares de las ONG (como recursos de acción o como fuerza para la apatía), los analistas deben considerar la historia del desarrollo estatal de ciertos países para determinar el nivel de potencial que tiene el sector de las ONG como aliado en las campañas de protesta. Las naciones que hacen frente a Gobiernos especialmente represivos y excluyentes puede que tiendan a promover a tipos más autónomos de ONG, o que perte-nezcan a las comunidades de base, y que cuenten con una larga historia, en términos de la utilización de la acción colectiva para ejercer presión en el Estado, obtener recursos y subsanar así las necesidades básicas. A pesar de todas las anteriores advertencias, la mera existencia de una organización no gubernamental en una comunidad marginada genera la posibilidad de que su estructura (completa o parcial) pueda ser utilizada en campañas de acción colectiva en algún momento.

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Asociaciones laboralesEntre la década de los cuarenta e inicios de los ochenta,

los Estados en el Sur global establecieron cientos de instituciones públicas e institutos, desde la seguridad social y la distribución de agua y energía hasta abastecimientos de alimentos y mecanismos de regulación. Las medidas económicas y las políticas de privatiza-ción, dirigidas a instituciones estatales específicas, con frecuencia tienden a movilizar primero a los trabajadores que se encuentran bajo una inminente amenaza económica. Tales institutos públicos se denominan “organizaciones focales”, porque las políticas de privatización les afectan más a ellos. Alberto Chong y Florencio López de Silanes (2005) descubrieron que se realizaron huelgas laborales en un 47% de los institutos del sector público que estaban bajo la amenaza de la privatización, a escala global, y en un 66% de empresas públicas en Latinoamérica. Por lo tanto, se esperaría que los empleados públicos (y sus asociaciones laborales y sindicatos) fueran los candidatos más probables para movilizarse en oposición a la privatización en el instituto en cuestión, o en oposición a los procesos de liberalización en general (S. Sandoval, 2001).

La resistencia colectiva tendería a surgir en aquellas locali-dades donde las instituciones del Estado que están pasando por un proceso inminente de privatización se encuentran concentradas geográficamente. Los grupos laborales que se benefician del desa-rrollo impulsado por el Estado pueden ser especialmente críticos en las campañas en contra de la disminución excesiva de los beneficios del Estado de bienestar y de las leyes de flexibilidad laboral. Beverly Silver (2003: 18) pronostica que con la globalización, tal recorte de los beneficios al trabajador probablemente dará como resultado una movilización defensiva, como la que planteaba Polanyi, por parte de los sindicatos. Por otra parte, las instituciones del Estado que se encuentran ubicadas en diferentes lugares, como los hospitales y las escuelas públicas, mantienen el potencial de movilizar a miles por todo el territorio de una nación. En un estudio sistemático de dos ciclos de lucha popular en Honduras, entre 1990 y 2005, Eugenio Sosa (2013) identificó que maestros, trabajadores de la salud, empleados públicos y estudiantes eran cuatro de los grupos que participaban con mayor frecuencia en los eventos de protesta.

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Partidos políticos de oposición localLos partidos políticos de oposición (aquellos partidos

externos al poder ejecutivo) pueden utilizar las políticas econó-micas desfavorables para movilizar a grandes grupos de votantes (Keck, 1992; Kriesi, 1995). Cuando existe una porción importante de la opinión pública que se expresa y se mantiene en contra de las medidas de liberalización, los partidos de oposición pueden sacar provecho del descontento público (Maguire, 1995; Stearns y Almeida, 2004; Kolb, 2007). Los partidos políticos siguen siendo una de las unidades organizacionales coordinadas en los países en vías de desarrollo que siguen un proceso de democratización con ramas que se distribuyen en diferentes regiones al interior de un territorio nacional. Los partidos de oposición no solo desempeñan sus roles tradicionales dentro de los organismos parlamentarios, sino que también movilizan cada vez más a la gente en las calles, a través de campañas de protesta (Goldstone, 2003). De forma similar a otros tipos de organizaciones sociales que generan una conciencia mutua e identidades comunes en un espacio territorial extenso (McCammon, 2001), los partidos de oposición unifican a varios grupos y a seguidores en múltiples localidades a lo largo de un país. Esta relación entre las campañas de protesta y los partidos polí-ticos se ha denominado “partidismo de los movimientos sociales” (Almeida, 2006, 2010b). De forma más específica, el partidismo en los movimientos sociales se da cuando un partido de oposición se alinea con las organizaciones de la sociedad civil y despliega a los miembros de su organización para involucrarse en dinámicas masivas, como las manifestaciones, los encuentros y los bloqueos en las calles. Por consiguiente, el partido aparece más como una entidad relativa a los movimientos sociales que como una organi-zación política convencional, que se enfoca exclusivamente en la legislación al interior de un organismo parlamentario.

Este fue ciertamente el caso de Bolivia, a inicios de 2000, cuando los partidos de oposición Movimiento al Socialismo y Movi-miento Indígena Pachakutik movilizaron a miles de campesinos indígenas, estudiantes y trabajadores del área urbana en campañas de protesta en decenas de comunidades, en contra de la erradica-ción de la coca, la privatización del agua, y por la renacionalización

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del gas natural (Van Cott, 2005; Yashar, 2005). En Ecuador, acti-vistas indígenas de las tierras altas y de la Amazonia conformaron el partido político Pachakutik y unieron fuerzas con sindicatos del sector público y con otras 50 organizaciones populares y rurales, en la Coordinadora de Movimientos Sociales. Entre finales de los noventa e inicios de 2000, Pachakutik participó simultáneamente en campañas de protesta antineoliberal y en contiendas electorales (Becker, 2011). A nivel comunitario, sectores locales de los partidos de oposición con frecuencia realizaron encuentros semanales y foros públicos para debatir temáticas sobre las políticas nacionales, como la reestructuración económica (Silber, 2011). En los lugares donde los partidos nacionalistas, populistas y de izquierda tienen puntos de apoyo territoriales locales, se esperaría un mayor nivel de resistencia colectiva ante las reformas neoliberales.

Las localidades también varían en su capacidad estratégica para utilizar las infraestructuras comunitarias y estatales en la coor-dinación de la acción colectiva (Ganz, 2009). El capital estratégico de una comunidad se compone de elementos ligados a la expe-riencia. Las acciones colectivas del pasado en contra de políticas económicas no deseadas, al interior de una región, pueden añadirse al capital estratégico de una comunidad en forma de una reserva de valiosa información y de experiencia sobre cómo lanzar campañas de movilización local (García Linera 2008), por medio del apro-vechamiento de los recursos de las infraestructuras locales. Estos recursos cognitivos podrían denominarse “experiencia estratégica”.

Las comunidades con experiencia en la protesta colectiva tienden a gastar menos recursos económicos al iniciar nuevas rondas de acción conjunta. Rutinas, patrones a seguir y repertorios de protesta masiva (por ejemplo, barricadas, bloqueos sincroni-zados en las calles, locales específicos desde los cuales se puede potenciar el llamado a la movilización) que son conocidos entre la

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población local y que se inscriben en la cultura regional pueden activarse de cara a las oportunidades o a las amenazas (Tilly, 1978; Taylor y Van Dyke, 2004). Estas comunidades funcionan como repositorios de conocimiento colectivo, en torno a los cuales los elementos estratégicos y organizacionales de sus localidades pueden emplearse mejor para generar acciones conjuntas.

Daniel Cress y David Snow (1996: 1095) denominan a esa información de la experiencia “apoyo estratégico”, o “el conoci-miento que facilita la consecución de las metas a través de la acción colectiva, como las sentadas y la toma de ciertos lugares”. Estudios anteriores han determinado que la protesta colectiva del pasado con frecuencia está asociada con niveles más altos de resistencia (Van Dyke, Dixon y Carlon, 2007; Taylor y otros, 2009) —hasta cuando las acciones han ocurrido en décadas anteriores recientes (Beissinger, 2001: 138)—. A nivel comunitario, se esperaría que las anteriores campañas de acción colectiva en contra de la liberali-zación económica estuvieran fuertemente vinculadas a las rondas actuales de protesta en contra de políticas similares. Universidades, ONG, asociaciones laborales, militantes de partidos políticos y miembros de la comunidad retienen los conocimientos y rutinas que proporcionan las luchas pasadas y las formas de estructurar las movilizaciones locales (Taylor y Van Dyke, 2004).

Los organizadores también experimentan más éxito en la generación de acciones colectivas a gran escala cuando pueden estructurar una coalición multisectorial. En otras palabras, la movilización a gran escala es más probable que pueda alcanzarse si se vinculan grupos de múltiples sectores de la sociedad civil para actuar de forma conjunta por una causa común (García Linera 2008). El Estado neoliberal ha creado un clima estructural donde los movimientos sociales tradicionales (como los sindicatos y las cooperativas de campesinos) se han debilitado a causa de años

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de crisis, austeridad, privatización, leyes de flexibilidad laboral y competencia mundial. Un solo sindicato es probablemente demasiado débil para sostener una campaña a nivel nacional. Las cooperativas rurales de campesinos se han debilitado a causa de la negligencia gubernamental y a la desinversión en la producción nacional de alimentos, ya que cada vez más se hace énfasis en los productos agrícolas no tradicionales y en las plantas de procesa-miento de exportaciones (W. Robinson, 2008; Anner, 2011).

Entre los únicos medios viables para que participen grandes regiones del territorio nacional en campañas de protesta está el mecanismo a través del cual varios sectores se unen para trabajar de forma conjunta. Los participantes pueden ser ONG que buscan el desarrollo, partidos políticos de oposición, sindicatos, empleados del sector público, instituciones educativas y otros nuevos movimientos sociales relacionados con la ecología, el género, la etnicidad o los derechos humanos. Mientras más de estos grupos cooperan, más grande es el poder en números. De hecho, detrás de las campañas más extensas de protesta antineoliberal que se documentan en América del Sur en las dos últimas décadas, usual-mente se puede identificar a una coalición multisectorial desde la Coordinadora, en las guerras por el agua en Bolivia, en 2000, y la coalición del Estado Mayor del Pueblo que demandaba la rena-cionalización del gas natural en 2003 y 2005, hasta los sindicatos, los trabajadores desempleados, los comerciantes, y los políticos locales, que constituyeron la alianza en contra del desempleo masivo en las provincias del interior de Argentina, a finales de los noventa (Svampa y Pereyra, 2003: 30). Existen muchos ejemplos de multisectoriales: el conflicto por la privatización del agua en Uruguay (2003-2005), coordinado por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV); las protestas contra el libre comercio en Ecuador (2006), organizadas por Ecuador Decide; o las múltiples campañas en contra de la privatización en Paraguay, en 2000, lideradas por el Frente en Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional (Riquelme, 2004).

Por otra parte, cuando diversos sectores de la sociedad se oponen a una reforma particular impulsada por el mercado, eso proporciona a los responsables del diseño de las políticas una

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evidencia creíble de cuán intensa es la hostilidad ante la medida en cuestión, lo que incrementa en gran medida los costos de continuar con su implementación a las elites económicas y políticas. Además, cuando la oposición se deriva de una diversidad de grupos, es poco probable que los mecanismos de cooptación del clientelismo y del mecenazgo, sean simples o tradicionales, lleguen a desmovilizar la campaña. Las coaliciones multisectoriales también introducen una variedad de tácticas en una campaña de protesta, basándose en la experiencia de cada grupo participante. Esto dinamiza la acción colectiva más allá de un solo repertorio, como en el caso de una huelga laboral en la que las autoridades pueden enfocar sus esfuerzos de control social (Schock, 2005). Los diferentes patrones del desarrollo impulsado por el Estado moldean la composición particular de las coaliciones multisectoriales que están en contra de las reformas neoliberales, al interior de los Estados-nación. Los Estados con un historial de populismo o de bienestar social proba-blemente cuenten con sectores sustanciales del movimiento laboral dentro de una coalición, mientras que los Estados excluyentes y represivos podrían ver un importante nivel de representación por parte del sector de las ONG. Lo principal, en términos de manejo del tiempo, es que se esperaría ver campañas dignas de atención (aquellas que se realizan a lo largo del territorio nacional y que generan movilizaciones constantes con miles de participantes) para hacerse visibles en las regiones donde se encuentran estructuras preexistentes de alianzas multisectoriales, u otras recién formadas, en la víspera de la implementación de las reformas económicas.

La Gráfica 2.1 resume las condiciones mundiales, nacionales y locales que se interconectan para estimular la resistencia colectiva ante las formas neoliberales del capitalismo. Las características esenciales de las infraestructuras estatales y comunitarias y del capital estratégico se resumen en el Cuadro 2.2, con sus correspon-dientes contribuciones a la estructuración de campañas de acción colectiva en respuesta a las reformas del libre mercado.

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Gráfica 2.1 El modelo de resistencia local a la globalización neoliberal

Las campañas de protesta en contra de la liberalización económica se hacen presentes en el panorama político nacional a partir de decenas de acciones locales a nivel comunitario, combi-nadas con manifestaciones masivas en la capital. Las localidades varían en función de sus recursos estructurales y estratégicos. En su análisis de la literatura existente sobre estructuras de moviliza-ción, Bob Edwards y John D. McCarthy (2004: 118) afirman que “los recursos cruciales para darle inicio o continuidad a la acción colectiva están distribuidos de manera desigual al interior de las sociedades”. Tal distribución desigual de las infraestructuras esta-tales y de las comunitarias genera desigualdades en términos del espacio (Lobao, Hooks y Tickmayer, 2007). Una perspectiva subna-cional subraya los recursos clave del Estado y de la comunidad, y los recursos estratégicos que se encuentran dispersos de forma desigual a lo largo de las subdivisiones políticas. Los elementos de las infraestructuras estatales y comunitarias y el capital estratégico proporcionan una base para que los miembros de la comunidad y los activistas lleven a cabo las dinámicas de acción colectiva en sus localidades, como parte de campañas más amplias que abordan los temas de la globalización y la integración económica. Es probable que estas campañas sean especialmente fuertes y sostenidas cuando las amplias alianzas multisectoriales surgen por toda la sociedad civil y el territorio nacional.

Movilización comunitaria

Condiciones locales moldeadas por el desarrollo impulsado por el Estado

-

La política del Estado-nación

-

Procesos de globalización económica

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Cuadro 2.2Componentes centrales de la infraestructura estatal y comunitaria

y del capital estratégico

Recursos Función en la promoción de la acción colectiva local

Infraestructura del Estado

Infraestructura administrativa Los c iudadanos pueden presentar reclamos y quejas en las oficinas de los gobiernos locales.

Infraestructura de transporte Permite la aplicación estratégica de acción colectiva asertiva y disruptiva, con hechos públicos ante los transeúntes.

Infraestructura de educación superior.(universidades públicas)

Los estudiantes de las universidades públicas y el personal de estas simpa-t izan con los es fuerzos en contra de la privatización, y disponen del tiempo y la flexibilidad para movilizar a otros sectores.

Infraestructura de la comunidad

organizaciones no gubernamentales

Así como algunas de las unidades organizacionales que operan en las regiones rurales empobrecidas, las ONG mantienen redes sociales de confianza con las comunidades que están fuera de los centros urbanos, y tienen experiencia para la organización y la movilización.

Partidos políticos de oposición. Con la expansión de la democratización en los países en vías de desarrollo, los partidos polít icos de oposición operan como una porción de los únicos colectivos organizados a nivel nacional que pueden sincronizar las acciones con los afiliados locales para participar en campañas nacionales de protesta y también fortalecer su poder electoral.

Asociaciones laborales Sindicatos, asociaciones profesionales y coaliciones de organizaciones sindicales sostienen estructuras organizacionales en los pueblos o ciudades más grandes.

Capital estratégico

Experiencia estratégica La información crítica y la experiencia sobre cómo coordinar la acción colectiva local se incrementa a partir de otras experiencias en campañas previas.

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En este estudio se analizan las campañas de mayor alcance en contra de la globalización en Centroamérica. Las campañas de protesta involucran “una serie de acciones discretas que pueden subsumirse bajo una meta o un eslogan común, pero específico” (Rucht y Neidhardt, 1999: 68). Las campañas de protesta son acciones colectivas de corto plazo, en contraste con movimientos sociales más duraderos, los cuales con frecuencia tienen a la vez múltiples metas y objetivos. Las campañas se centran en medidas relativas a políticas específicas (en este caso, políticas directamente vinculadas a la globalización económica, como la privatización, la flexibilidad laboral, la desregulación del control de los precios o los tratados de libre comercio). Las actividades de protesta en el Sur global tienden con frecuencia a adoptar más la forma de campañas que de movimientos sociales de largo plazo. Con porciones significativas de la población viviendo cerca de la línea de pobreza y careciendo de recursos materiales, es difícil alcanzar una movilización duradera y sostenida (Boudreau, 1996). Sin embargo, la gente puede emprender movilizaciones de más corto plazo que afectan directamente su forma de vida, como el acceso al cuidado de la salud, los servicios públicos, una alimentación asequible, vestimenta, transporte y servicios sociales. La gente se esfuerza por la recuperación de lo social, por el bienestar y por la salud, frente a las amenazas económicas (Hall y Lamont, 2013). Las campañas también tienen límites bien definidos, con fechas de inicio y de final, información sobre el resultado de las políticas (por ejemplo, ¿se implementó la privatización o no?) y un alcance territorial determinado.

Por estas razones, para los investigadores académicos, las campañas de protesta son más sencillas de analizar de forma empírica. Por otra parte, las campañas pueden ofrecer datos más exactos que las formas menos directas de oposición a la libera-

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lización económica, como las encuestas de opinión pública o el comportamiento electoral. Cuando la gente se moviliza pública y deliberadamente en contra de medidas neoliberales específicas, es un signo más directo y transparente de que la política económica está conduciendo la oposición a la globalización. La reconstrucción sistemática de las campañas de protesta en contra de las políticas neoliberales ofrece la mejor evidencia posible de que la gente común sacrifica su valioso tiempo y sus escasos recursos a la resis-tencia ante los programas económicos no deseados, relacionados con la globalización y con el capital transnacional, y esto permite hacer una comparación entre regiones del Sur global.

Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá han experimentado campañas específicas, unidas en el tiempo y unificadas bajo la meta de prevenir reestructuraciones económicas no deseadas. La organización de los siguientes capí-tulos se encuentra establecida a partir de una breve síntesis de las historias del desarrollo impulsado por el Estado en cada país, a mediados del siglo XX. Luego, se analizan las campañas más grandes realizadas en contra de la globalización económica, desta-cando los roles cruciales de la infraestructura estatal y comunitaria y de la experiencia estratégica, en cuanto a la generación de la resistencia subnacional. Se presta especial atención a la naturaleza multisectorial de la oposición. El capítulo final compara a los seis Estados centroamericanos en términos de las características comunes de las infraestructuras estatales y comunitarias que posibilitan las campañas, y de las diferencias más significativas en la composición de coaliciones de oposición, basadas en trayectorias particulares del desarrollo impulsado por el Estado.