Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA - Castilla-La Mancha...2013/10/11  · Nº 42. Junio-2008...

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Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA 1. LEGISLACIÓN Página Estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo 4 Aseguramiento Sanitario del Sistema Sanitario Público de la Comunitat Valenciana 4 Reglamentaciones técnico-sanitaria específica de los alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales 4 Acreditación de la condición de pensionista de la Seguridad social a efectos del reconocimiento del derecho a la prestación farmacéutica 4 Traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de los medios personales adscritos al Hospital Básico de la Defensa en Ferrol (A Coruña) 5 Traspaso a la Comunidad Autónoma de Murcia de las funciones y servicios de la Seguridad Social, en materia de asistencia sanitaria encomendada al Instituto Social de la Marina 5 Traspaso a la Comunidad Autónoma de la Comunidad Autónoma de Murcia de medios personales adscritos al Hospital General Básico de la Defensa en Cartagena 5 2. CUESTIONES DE INTERÉS RESPONSABILIDAD: ) Responsabilidad patrimonial de la Administración: demanda exclusivamente contra la aseguradora: Auto de la Audiencia Provincial de Albacete 6 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: ) Perfil de contratante de los órganos de contratación de la Administración Autonómica de Andalucía 6 ) Recomendación de la Junta Consultiva de contratación administrativa sobre aplicación de marcas comerciales en la definición de las especificaciones técnicas en los contratos cuyo objeto es la compra o el arrendamiento de ordenadores y demás equipos informáticos 7 ) Sentencia del TSJUE sobre protección de los procedimientos de recurso y confidencialidad de la información facilitada por los operadores económicos 7 S U M A R I O

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Nordm 42 Junio-2008

ACTUALIDAD JURIacuteDICA

1 LEGISLACIOacuteN Paacutegina

Estructura orgaacutenica baacutesica del Ministerio de Sanidad y Consumo 4 Aseguramiento Sanitario del Sistema Sanitario Puacuteblico de la Comunitat

Valenciana 4 Reglamentaciones teacutecnico-sanitaria especiacutefica de los alimentos

dieteacuteticos destinados a usos meacutedicos especiales 4 Acreditacioacuten de la condicioacuten de pensionista de la Seguridad social a

efectos del reconocimiento del derecho a la prestacioacuten farmaceacuteutica 4 Traspaso a la Comunidad Autoacutenoma de Galicia de los medios personales

adscritos al Hospital Baacutesico de la Defensa en Ferrol (A Coruntildea) 5

Traspaso a la Comunidad Autoacutenoma de Murcia de las funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria encomendada al Instituto Social de la Marina 5

Traspaso a la Comunidad Autoacutenoma de la Comunidad Autoacutenoma de

Murcia de medios personales adscritos al Hospital General Baacutesico de la Defensa en Cartagena 5

2 CUESTIONES DE INTEREacuteS RESPONSABILIDAD

Responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten demanda exclusivamente contra la aseguradora Auto de la Audiencia Provincial de Albacete 6

CONTRATACIOacuteN ADMINISTRATIVA

Perfil de contratante de los oacuterganos de contratacioacuten de la Administracioacuten Autonoacutemica de Andaluciacutea 6

Recomendacioacuten de la Junta Consultiva de contratacioacuten administrativa sobre aplicacioacuten de marcas comerciales en la definicioacuten de las especificaciones teacutecnicas en los contratos cuyo objeto es la compra o el arrendamiento de ordenadores y demaacutes equipos informaacuteticos 7

Sentencia del TSJUE sobre proteccioacuten de los procedimientos de recurso y confidencialidad de la informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicos 7

SUMARIO

Secretariacutea General Servicios Juriacutedicos

2

ASISTENCIA SANITARIA Modificacioacuten del Reglamento comunitario 140871 (que regula la proteccioacuten de

Seguridad Social por cuenta ajena y por cuenta propia asiacute como sus familiares por los desplazamientos dentro del territorio de la UE) por el Reglamento 5922008 de 17 de junio 7

STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital 8

Ley de Valencia sobre atencioacuten sanitaria a nintildeos y adolescentes 8 SEGURIDAD DE PACIENTES

Sucesos en seguridad del paciente de salud mental 8

3 FORMACIOacuteN Y PUBLICACIONES

Jornadas de Derecho Sanitario sobre mediacioacuten en casos de responsabilidad juriacutedica por asistencia sanitaria (El Escorial) 9 Derecho Sanitario y responsabilidad meacutedica 9

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BIOEacuteTICA y SANIDAD

1 CUESTIONES DE INTEREacuteS

Aspectos eacuteticos de la sedacioacuten en cuidados paliativos sedacioacuten paliativasedacioacuten terminal 10

Medicina y Objecioacuten de conciencia 10 Minoriacutea de edad y aborto algunas consideraciones sobre el

consentimiento y confidencialidad 11 Declaracioacuten sobre la atencioacuten meacutedica al final de la vida 11

2 FORMACIOacuteN Y PUBLICACIONES

Seminario UIMP Encuentro Interautonoacutemico sobre proteccioacuten juriacutedica del paciente como consumidor en Cuenca 12

ldquoCasado M Loch J y Gauer G Bioeacutetica Interdisciplinaridade e praacutetica cliacutenica Ed EdiPURCS Porto Alegre (Brasil) 2008 12

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SUMARIO

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- Real Decreto 11332008 de 4 de julio por el que se desarrolla la estructura orgaacutenica baacutesica del Ministerio de Sanidad y Consumo

o BOE nuacutem 165 de 9 de julio de 2008 paacuteg 29992

- LEY 62008 de 2 de junio de la Generalitat de Aseguramiento Sanitario del Sistema Sanitario Puacuteblico de la Comunitat Valenciana

o BOCV nuacutem 5778 de 5 de junio de 2008 paacuteg 64868 - Orden SCO17302008 de 6 de junio de Reglamentaciones teacutecnico-

sanitaria especiacutefica de los alimentos dieteacuteticos destinados a usos meacutedicos especiales

o BOE nuacutem 147 de 18 de junio de 2008 paacuteg 27608

- Orden PRE17972008 de 18 de junio sobre acreditacioacuten de la condicioacuten

de pensionista de la Seguridad Social a efectos del reconocimiento del derecho a la prestacioacuten farmaceacuteutica

o BOE nuacutem 152 de 24 de junio de 2008 paacuteg 28218

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- Real Decreto 10812008 de 30 de junio sobre traspaso a la Comunidad de Galicia de los medios personales adscritos al Hospital Baacutesico de la Defensa en Ferrol (A Coruntildea)

o BOE nuacutem 158 de 1 de julio de 2008 paacuteg 28904

- Real Decreto 10832008 de 30 de junio sobre traspaso de la Comunidad

Autoacutenoma de la Regioacuten de Murcia de las funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria encomendada al Instituto Social de la Marina

o BOE nuacutem 158 de 1 de julio de 2008 paacuteg 28916

- Real Decreto 10862008 de 30 de junio sobre traspaso a la Comunidad Autoacutenoma de la Regioacuten de Murcia en medios personales adscritos al Hospital General Baacutesico de la Defensa de Cartagena

o BOE nuacutem 158 de 1 de julio de 2008 paacuteg 28930

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RESPONSABILIDAD - Responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten demanda

exclusivamente contra la aseguradora Auto de la Audiencia Provincial de Albacete (Seccioacuten 2ordf)

Texto completo

CONTRATACIOacuteN - Orden de 16 de junio de 2008 de la Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda

por la que se regula el perfil de contratante de los oacuterganos de contratacioacuten de la Administracioacuten de la Junta de Andaluciacutea y sus entidades instrumentales

o BOJA nuacutem 123 de 23 de junio de 2008 paacuteg 7

Texto completo

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- Recomendacioacuten de la Junta Consultiva de contratacioacuten administrativa

sobre aplicacioacuten de marcas comerciales en la definicioacuten de las especificaciones teacutecnicas en los contratos cuyo objeto es la compra o el arrendamiento de ordenadores y demaacutes equipos informaacuteticos

o BOE nuacutem 150 de 21 de junio de 2008 paacuteg 28082

- Proteccioacuten de los procedimientos de recurso y confidencialidad de la

informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicos Sentencia del TSJUE

Texto completo ASISTENCIA SANITARIA - REGLAMENTO (CE) No 5922008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL

CONSEJO de 17 de junio de 2008 por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 140871 del Consejo relativo a la aplicacioacuten de los regiacutemenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad

Texto completo

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- STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Texto completo

- Ley 82008 de 20 de junio de la Generalitat Valencia de los Derechos de Salud de Nintildeos y Adolescentes

La evolucioacuten que la figura del nintildeo ha tenido en los uacuteltimos antildeos exige una legislacioacuten acorde con una nueva dimensioacuten social Ha pasado de ser objeto de proteccioacuten a ser sujeto de derechos siendo la proteccioacuten uno de los que le amparan

Texto completo

SEGURIDAD DE PACIENTES

- Sucesos en seguridad del paciente de salud mental

Texto completo

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- Jornadas de Derecho Sanitario sobre Mediacioacuten en casos de

echa 16 y 17 de julio de 2008 ro Universitario El Escorial

responsabilidad patrimonial civil y penal derivada de los dantildeos sobrevenidos con ocasioacuten de la asistencia sanitaria

FLugar de celebracioacuten Real CentTeleacutefono 91 896 70 67 91 896 67 06 91 896 71 99 Fax 91 543 20 12 Maacutes informacioacuten httpwwwucmes

Derecho Sanitario y Responsabilidad meacutedica

ste libro realiza un pormenorizado estudio de la Ley 412002 sobre derechos del paciente

utor Andreacutes Domiacutenguez Luelmo

tpwwwagapeacom

- Einformacioacuten y documentacioacuten cliacutenica Analiza el estado actual del problema de la responsabilidad meacutedica y hospitalaria realizando un breve anaacutelisis de sus antecedentes legislativos su relacioacuten con la normativa sanitaria existente y las diversas Leyes autonoacutemicas dictadas sobre esta materia Estudia los preceptos dedicados al derecho a la informacioacuten y al consentimiento informado y las consecuencias juriacutedicas de su omisioacuten en cada supuesto las disposiciones relativas a la historia y documentacioacuten cliacutenica con toda la problemaacutetica del acceso a la misma el respeto a la intimidad de los datos sanitarios y la normativa sobre proteccioacuten de datos Ademaacutes se recoge la opinioacuten de la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA y las Audiencias Provinciales AEditorial Lex Nova Maacutes Informacioacuten ht

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- Aspectos eacuteticos de la sedacioacuten en cuidados paliativos sedacioacuten

l documento que presentamos ha sido elaborado por los miembros del Comiteacute de Eacutetica de la

exto completo httpwwwunaves

paliativasedacioacuten Terminal ESociedad Espantildeola de Cuidados Paliativos con el fin de ofrecer una serie de recomendaciones sobre los aspectos eacuteticos de la Sedacioacuten en cuidados paliativos Estas recomendaciones van dirigidas tanto a los miembros de la SECPAL como a todos los profesionales de la sanidad que de una manera u otra tienen responsabilidades en la atencioacuten de pacientes con enfermedades avanzadas y terminales T

Medicina y objecioacuten de conciencia

n este artiacuteculo se analiza el problema de la objecioacuten de conciencia de los profesionales de

exto completo httpwwwbioetica-debatorg

- Ela medicina y se concluye que la objecioacuten de conciencia no supone un derecho absoluto a la exencioacuten de determinadas tareas sino que siempre debe tenerse en cuenta la responsabilidad del profesional y de las Instituciones de cara al ciudadano Asimismo se sugieren soluciones que incidan en la proteccioacuten del profesional y de los ciudadanos T

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Minoriacutea de edad y aborto algunas consideraciones sobre el

aacutes informacioacuten httpwwwmsces

-consentimiento y confidencialidad

M

Declaracioacuten sobre la atencioacuten meacutedica al final de la vida

os avances de la medicina los cambios sociales econoacutemicos y de valores producidos en

Maacutes informacioacuten httpwwwunaves

- Lnuestro paiacutes han generado nuevas necesidades asistenciales debido al incremento de las enfermedades croacutenicas e incurables La SECPAL elabora una declaracioacuten sobre la atencioacuten meacutedica al final de la vida donde define los objetivos de la atencioacuten en las fases avanzadas y terminales asiacute como propuestas para una mejor atencioacuten integral y promocioacuten de la calidad de vida en estas fases

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- Universidad Internacional Meneacutendez Pelayo I encuentro interautonoacutemico sobre proteccioacuten juriacutedica del paciente como consumidor

Fecha Del 14 al 18 de julio de 2008 Lugar de celebracioacuten Cuenca Informacioacuten de matriacuteculas y becas Secretariacutea de Alumnos Ronda Juliaacuten Romero 18 Teleacutefono 969 22 12 27 969 22 09 25 Fax 969 22 07 39

Maacutes informacioacuten httpwwwuimpes

ldquoBioeacutetica Interdisciplinaridade e praacutetica cliacutenicardquo Autor Casado M Loch J y Gauer G Editorial EdiPUrcs Porto Alegre (Brasil)

Maacutes Informacioacuten httpwwwmartinsfontespaulistacom

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- Responsabilidad patrimonial Audiencia Provincial de Albacete (Seccioacuten 2ordf) Auto nuacutem AC JURISDICCION CIVIL COMPETENCIA responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten demanda exclusivamente contra la aseguradora no hay acto administrativo impugnado Jurisdiccioacuten Civil Recurso de Apelacioacuten nuacutem Ponente En ALBACETE a RAZONAMIENTOS JURIDICOS PRIMERO

Es objeto de apelacioacuten la abstencioacuten del Juzgado civil para conocer de una pretensioacuten de responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten local si bien dirigida directa y exclusivamente contra la aseguradora de eacutesta Como establece el art 37 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892) se abstendraacuten de conocer los tribunales civiles cuando se les sometan asuntos de los que corresponda conocer a los tribunales de otro orden jurisdiccional de la jurisdiccioacuten ordinaria lo que se apreciaraacute o acordaraacute de oficio tal como ordena el art 38 de la Ley de Enjuiciamiento Civil SEGUNDO Asiacute ya el art 9 de la Ley Orgaacutenica del Poder Judicial ( RCL 1985 1578 2635) establece que Los del orden Contencioso-Administrativo conoceraacuten de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la actuacioacuten de las Administraciones puacuteblicas sujeta al derecho administrativo con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los reales decretos legislativos en los teacuterminos previstos en el art 826 de la Constitucioacuten ( RCL 1978 2836) de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdiccioacuten ( RCL 1998 1741) Tambieacuten conoceraacuten de los recursos contra la inactividad de la Administracioacuten y contra sus actuaciones materiales que constituyan viacutea de hecho Conoceraacuten asimismo de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas y del personal a su servicio cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que se derive Si a la produccioacuten del dantildeo hubieran concurrido sujetos privados el demandante deduciraacute tambieacuten frente a ellos su pretensioacuten ante este orden jurisdiccional Igualmente conoceraacuten de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectiva Tambieacuten seraacute competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen ademaacutes contra las personas o entidades puacuteblicas o privadas indirectamente responsables de aqueacutellas Por si el anterior precepto no resultare claro la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa (Ley 291998 de 1307 [ RCL 1998 1741] ) establece en su art 2 que

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El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo conoceraacute de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que derive no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los oacuterdenes jurisdiccionales civil o social aun cuando en la produccioacuten del dantildeo concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad Y es que como refiere su Exposicioacuten de Motivos Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten puacuteblica Los principios de su peculiar reacutegimen juriacutedico que tiene cobertura constitucional son de naturaleza puacuteblica y hoy en diacutea la Ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a traveacutes de un mismo tipo de procedimiento administrativo Por eso parece muy conveniente unificar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa evitando la dispersioacuten de acciones que actualmente existe y garantizando la uniformidad jurisprudencial salvo como es loacutegico en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisioacuten de una infraccioacuten penal El anterior grupo normativo se completa con lo previsto en el art 139 y siguientes de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten ( Ley 301992 de 2611 [ RCL 1992 2512 2775 y RCL 1993 246] modificada por Ley 41999 de 1301 [ RCL 1999 114 329] ) que preveacute un procedimiento de reclamacioacuten previa administrativa para las pretensiones derivadas de responsabilidad extracontracatual o patrimonial cuya resolucioacuten es impugnable en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

Tambieacuten se completa especiacuteficamente para pretensiones de caraacutecter patrimonial de caraacutecter sanitario con su Disposicioacuten Adicional Duodeacutecima Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria

La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social sean estatales o autonoacutemicos asiacute como de las demaacutes entidades servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas por los dantildeos y perjuicios causados por o con ocasioacuten de la asistencia sanitaria y las correspondientes reclamaciones seguiraacuten la tramitacioacuten administrativa prevista en esta Ley correspondiendo su revisioacuten jurisdiccional al orden Contencioso-Administrativo en todo caso

Y con el Real Decreto 4291993 de 2603 ( RCL 1993 1394 1765) (Disposicioacuten Adicional 1ordf)

De este modo se establece o mejor se restablece el sistema de unidad jurisdiccional el orden Contencioso-Administrativo seraacute el competente para enjuiciar eacuteste tipo de pretensiones siempre independientemente del tipo de relacioacuten en que se haya causado el perjuicio e independientemente de si ademaacutes de la Administracioacuten o incluso sin demandar a la Administracioacuten son demandados otras personas La tan alegada vis atractiva en eacuteste tipo de pretensiones lo es a favor de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa prohibiendo incluso el art 2 LJCA ( RCL 1998 1741) -por si hubiera alguna duda- la demanda a la Administracioacuten (sola o junto a otras personas) en el orden civil o social

Se restablece -como se dijo- la unidad jurisdiccional implantado ya en 1954 por la Ley ( RCL 1954 1848) y Reglamento de Expropiacioacuten Forzosa ( RCL 1957 843) art 128 y 141) y el art 3B de la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso administrativa de 1956 ( RCL 1956 1890) quebrado por el art

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40 y 41 de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de la Administracioacuten del Estado de 1957 ( RCL 1957 1058) (ya derogados y que estableciacutean una doble competencia al orden contencioso y al civil seguacuten los dantildeos fueran derivados de un funcionamiento normal o anormal del servicio puacuteblico o causados en el aacutembito de las relaciones de derecho privado distincioacuten hoy irrelevante)

La competencia jurisdiccional viene asignada no tanto por razoacuten del sujeto demandado (de tal modo que de no ser parte la Administracioacuten deba entenderse que no es competencia de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa) sino en funcioacuten del objeto del proceso en eacuteste caso pretensiones relacionadas (en relacioacuten con dicen las indicadas leyes) con la responsabilidad patrimonial

En eacuteste sentido ya suficiente doctrina jurisprudencial como los Autos de 70794 ( RJ 1994

7998) 271094 ( RJ 1994 10587) 11295 170797 o de 250398 ( RJ 1998 7336) entre otros del Tribunal Supremo (Sala de Conflictos) ciertamente con alguna aislada excepcioacuten como el Auto de 271201 ( RJ 2002 4086)

CUARTO Hasta aquiacute se comparten los argumentos juriacutedicos expresados en el Auto impugnado

Ahora bien no es menos cierto que la asignacioacuten de la competencia jurisdiccional indicada al orden Contencioso-Administrativo tiene lugar cuando al margen de los sujetos privados codemandados eacutestos lo sean en cualquier caso junto a la Administracioacuten por lo que dicha competencia pasa necesariamente por el examen de un acto auacuten presunto administrativo que se somete a examen extendiendo la competencia al examen correlativo de otros sujetos privados

Cuando como en el caso no es llamada la Administracioacuten sino exclusivamente alguacuten sujeto privado

como es la aseguradora no hay acto administrativo impugnado por lo que no parece que los

preceptos indicados asignen en eacutestos supuestos la competencia jurisdiccional al orden Contencioso-

Administrativo al menos con la suficiente claridad por lo que seraacute competente el orden civil (litigan

sujetos privados entre siacute) aunque el examen de la responsabilidad del sujeto privado o aseguradora en

el caso pase por un examen prejudicial de la responsabilidad de la Administracioacuten lo que la Ley no

excluye pueda realizar dicho orden

La cuestioacuten ciertamente dudosa ha de resolverse en dicho sentido cuando (a pesar de cierta

corriente jurisprudencial de las Audiencias Provinciales se inclinan por la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa como las Sentencias de Almeriacutea secc 3ordf de 27042007 [ JUR 2007 201170] o de Madrid secc 18 de 9042007 [ AC 2007 916] ) ya el Tribunal Supremo ha tenido ocasioacuten de pronunciarse al respecto en la reciente Sentencia nuacutem 574 de 30052007 ( RJ 2007 4973) que decide que eacuteste tipo de pretensiones es competencia del orden civil no del Contencioso-Administrativo Expresa coacutemo La reforma de la LOPJ ( RCL 1985 1578 2635) llevada a cabo por la LO 192003 ( RCL 2003 3008) tambieacuten posterior a los hechos enjuiciados reconoce expresamente la competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo laquocuando el interesado accione directamente contra

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el asegurador de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectivaraquo Con ello se ha puesto fin a la competencia del orden civil para el conocimiento de las demandas dirigidas conjuntamente contra la Administracioacuten y el asegurador pero este precepto ha sido interpretado por los AATS (Sala de Conflictos) de 18 de octubre de 2004 ( JUR 2005 231278) y 28 de junio de 2004 ( JUR 2005 135727) (teniendo en cuenta la inclusioacuten del uacuteltimo inciso que no figuraba en algunos textos prelegislativos) en el sentido de que seguacuten expresioacuten del primero de los citados autos laquola reforma introducida por la LO 192003 de 23 de diciembre en el art 94 LOPJ -no aplicable al caso por razones de derecho intertemporal- en el sentido de atribuir al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra el asegurador de la Administracioacuten se refiere al supuesto de que se reclame contra aquella junto a la Administracioacuten respectiva lo que excluye el supuesto de haberse demandado uacutenicamente a la Compantildeiacutea de Segurosraquo Digna de mencioacuten tambieacuten es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia secc 1ordf de 30012006 ( JUR 2006 89622) con cita de otra de 20052005 en igual sentido y en el aacutembito de eacuteste Tribunal ya se llegoacute a la misma conclusioacuten en Auto de eacutesta Secc 1ordf de 5032004 y tambieacuten en Sentencia Secc 2ordf de 14012005 (auacuten de modo impliacutecito pues examinoacute el fondo del asunto de una reclamacioacuten o accioacuten directa contra una aseguradora de una entidad local si bien no se suscitoacute cuestioacuten de competencia) QUINTO Dadas las dudas juriacutedicas sobre la cuestioacuten planteada no ha lugar a expresa imposicioacuten de las costas procesales a ninguno de los litigantes (art 398 de la Ley Procesal [ RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892] ) Por todo ello PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA SE ESTIMA el recurso de apelacioacuten se revoca el Auto de 12122006 apelado y se declara la competencia del Juzgado de Primera Instancia que dictoacute el mismo para conocer de la demanda debiendo cada parte abonar las costas procesales causadas a su instancia y comunes por mitad

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- Contratacioacuten Administrativa

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 14 de febrero de 2008 ()

laquoContratacioacuten puacuteblica ndash Recursos ndash Directiva 89665CEE ndash Recurso eficaz ndash Concepto ndash Equilibrio entre el principio de contradiccioacuten y el derecho al respeto de los secretos comerciales ndash Proteccioacuten por el organismo responsable de los procedimientos de recurso de la confidencialidad de la informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicosraquo

En el asunto C-45006

que tiene por objeto una peticioacuten de decisioacuten prejudicial planteada con arreglo al artiacuteculo 234 CE por el Conseil drsquoEacutetat (Beacutelgica) mediante resolucioacuten de 24 de octubre de 2006 recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2006 en el procedimiento entre

en el que participahelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

integrado por el Sr A Rosas Presidente de Sala y los Sres helliphelliphelliphellip) y helliphelliphellip la Sra helliphelliphellipy el Sr helliphelliphelliphellip Jueces

Abogado General Sra

Secretario Sr

habiendo considerado los escritos obrantes en autos

consideradas las observaciones presentadas

ndash en nombre de helliphellip por los Sres helliphelliphellip y helliphelliphellip

ndash en nombre del Gobierno belga por la Sra helliphelliphelliphellip en calidad de agente asistida por el Sr helliphelliphellip abogado

ndash en nombre del Gobierno austriaco por el Sr M helliphelliphellip en calidad de agente

ndash en nombre de la Comisioacuten de las Comunidades Europeas por los Sres helliphelliphellip y D helliphelliphellip en calidad de agentes

oiacutedas las conclusiones de la Abogado General presentadas en audiencia puacuteblica el 25 de octubre de 2007

dicta la siguiente

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Sentencia

1 La peticioacuten de decisioacuten prejudicial tiene por objeto la interpretacioacuten del artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras (DO L 395 p 33) en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios (DO L 209 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 89665raquo)

2 Esta peticioacuten se presentoacute en el marco de un litigio entre helliphellip (en lo sucesivo laquohelliphellipraquo) y el Estado belga representado por el Ministro de Defensa en relacioacuten con la adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo

Marco juriacutedico

Normativa comunitaria

3 El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 establece

laquoEn lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten de las Directivas 71305CEE 7762CEE y 9250CEE [hellip] los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y en particular lo maacutes raacutepidamente posible en las condiciones establecidas en los artiacuteculos siguientes y en especial en el apartado 7 del artiacuteculo 2 cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativaraquo

4 El artiacuteculo 33 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO L 199 p 1) deroga la Directiva 7762CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1976 de coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO 1977 L 13 p 1 EE 1701 p 29) y establece que las referencias a dicha Directiva derogada se entenderaacuten hechas a la Directiva 9336 Igualmente el artiacuteculo 36 de la Directiva 9337CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 199 p 54) deroga la Directiva 71305CEE del Consejo de 26 de julio de 1971 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 185 p 5 EE 1703 p 9) y establece que las referencias a esta uacuteltima Directiva se entenderaacuten hechas a la Directiva 9337

5 El artiacuteculo 2 apartado 8 de la Directiva 89665 dispone

laquoCuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no sean de caraacutecter jurisdiccional sus decisiones deberaacuten ir siempre motivadas por escrito Ademaacutes en ese caso deberaacuten adoptarse disposiciones para que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el organismo de base competente o cualquier presunta infraccioacuten cometida en el ejercicio de los poderes que tiene conferidos pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante

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otro organismo que sea una jurisdiccioacuten en el sentido del artiacuteculo [234 CE] y que sea independiente en relacioacuten con el poder adjudicador y con el organismo de base

El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminacioacuten de su mandato estaraacuten sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento la duracioacuten de su mandato y su revocabilidad Como miacutenimo el presidente de este organismo independiente deberaacute poseer las mismas cualificaciones juriacutedicas y profesionales que un juez Dicho organismo independiente adoptaraacute sus decisiones previa realizacioacuten de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendraacuten por los medios que estipule cada Estado miembro efectos juriacutedicos vinculantesraquo

6 A tenor del artiacuteculo 7 apartado 1 de la Directiva 9336 en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 (DO L 328 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 9336raquo)

laquoDentro de un plazo de quince diacuteas a partir de la fecha de recepcioacuten de una solicitud escrita el poder adjudicador comunicaraacute a los candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta y a cualquier licitador que haya hecho una oferta admisible las caracteriacutesticas y ventajas relativas de la oferta seleccionada asiacute como el nombre del adjudicatario

No obstante los poderes adjudicadores podraacuten decidir no comunicar determinadas informaciones sobre la adjudicacioacuten de los contratos a las que se refiere el paacuterrafo primero cuando su difusioacuten pudiera obstaculizar la aplicacioacuten de la ley o ser contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicar los intereses comerciales legiacutetimos de determinadas empresas puacuteblicas o privadas o perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

7 El artiacuteculo 9 apartado 3 de la Directiva 9336 establece

laquoLos poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato daraacuten a conocer el resultado por medio de un anuncio Sin embargo en algunos casos podraacute no publicarse determinada informacioacuten relativa a la adjudicacioacuten de un contrato cuando su divulgacioacuten pudiere constituir un obstaacuteculo a la aplicacioacuten de la legislacioacuten o fuere contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicare los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pudieren perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

8 El artiacuteculo 15 apartado 2 de la misma Directiva dispone

laquoLos poderes adjudicadores respetaraacuten el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedoresraquo

9 Lo dispuesto en los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 se reproduce esencialmente en los artiacuteculos 6 35 apartado 4 paacuterrafo quinto y 41 apartado 3 de la Directiva 200418CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras de suministro y de servicios (DO L 134 p 114)

Normativa nacional

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10 El artiacuteculo 87 del Arreteacute du Reacutegent deteacuterminant la proceacutedure devant la section drsquoadministration du Conseil drsquoEtat (Decreto del Regente por el que se regula el procedimiento ante la seccioacuten administrativa del Conseil drsquoEacutetat) de 23 de agosto de 1948 (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948 p 6821) establece

laquoLas partes sus abogados y el comisario del Gobierno podraacuten consultar el expediente del asunto en la Secretariacutearaquo

11 A tenor del artiacuteculo 21 paacuterrafos tercero y cuarto de las Lois sur le Conseil drsquoEtat cordoneacutees le 12 janvier 1973 (Leyes sobre el Conseil drsquoEacutetat coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973 p 3461)

laquoSi la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido sin perjuicio de lo dispuesto en el artiacuteculo 21 bis se consideraraacuten probados los hechos alegados por la parte demandante salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos

Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada eacutesta lo comunicaraacute a la Sala que conoce del recurso que podraacute ordenar el depoacutesito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 36raquo

Litigio principal y cuestioacuten prejudicial

12 El 14 de diciembre de 2001 el Estado belga inicioacute el procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo Presentaron sus ofertas dos licitadores a saber helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (en lo sucesivo laquohelliphelliphellipraquo)

13 Al examinar dichas ofertas el Estado belga estimoacute que la presentada por Varec no reuniacutea los criterios de seleccioacuten de caraacutecter teacutecnico y que dicha oferta era irregular En cambio consideroacute que la oferta de helliphelliphellipl respondiacutea a todos los criterios de seleccioacuten que era regular y que sus precios eran normales En consecuencia el Estado belga adjudicoacute el contrato a helliphelliphellip mediante decisioacuten del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo laquodecisioacuten de adjudicacioacuten del contratoraquo)

14 El 29 de julio de 2002 helliphelliphelliphellip interpuso un recurso ante el Conseil drsquoEacutetat dirigido a la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato helliphelliphellip fue admitida como parte coadyuvante

15 El expediente que el Estado belga remitioacute al Conseil drsquoEacutetat no incluiacutea la oferta de helliphellip

16 helliphelliphellip solicitoacute que se incorporara dicha oferta al expediente El Auditeur del Conseil drsquoEacutetat encargado de elaborar un informe (en lo sucesivo laquoAuditeurraquo) formuloacute la misma solicitud

17 El 17 de diciembre de 2002 el Estado belga incorporoacute al expediente la oferta de helliphellipl puntualizando que no figuraban en ella los planos de conjunto del eslaboacuten propuesto ni sus elementos constitutivos Sentildealoacute que de conformidad con el pliego de condiciones y a peticioacuten de helliphelliphellipl habiacutea devuelto a eacutesta dichos elementos Antildeadioacute que por esta razoacuten no podiacutea incorporar tales elementos al expediente y que si resultaba indispensable que figuraran en eacutel era preciso solicitar a helliphellipl que los proporcionara Asimismo el Estado belga recordoacute que helliphelliphellip y helliphellipl

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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Firmas

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- ASISTENCIA SANITARIA - STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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ASISTENCIA SANITARIA Modificacioacuten del Reglamento comunitario 140871 (que regula la proteccioacuten de

Seguridad Social por cuenta ajena y por cuenta propia asiacute como sus familiares por los desplazamientos dentro del territorio de la UE) por el Reglamento 5922008 de 17 de junio 7

STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital 8

Ley de Valencia sobre atencioacuten sanitaria a nintildeos y adolescentes 8 SEGURIDAD DE PACIENTES

Sucesos en seguridad del paciente de salud mental 8

3 FORMACIOacuteN Y PUBLICACIONES

Jornadas de Derecho Sanitario sobre mediacioacuten en casos de responsabilidad juriacutedica por asistencia sanitaria (El Escorial) 9 Derecho Sanitario y responsabilidad meacutedica 9

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BIOEacuteTICA y SANIDAD

1 CUESTIONES DE INTEREacuteS

Aspectos eacuteticos de la sedacioacuten en cuidados paliativos sedacioacuten paliativasedacioacuten terminal 10

Medicina y Objecioacuten de conciencia 10 Minoriacutea de edad y aborto algunas consideraciones sobre el

consentimiento y confidencialidad 11 Declaracioacuten sobre la atencioacuten meacutedica al final de la vida 11

2 FORMACIOacuteN Y PUBLICACIONES

Seminario UIMP Encuentro Interautonoacutemico sobre proteccioacuten juriacutedica del paciente como consumidor en Cuenca 12

ldquoCasado M Loch J y Gauer G Bioeacutetica Interdisciplinaridade e praacutetica cliacutenica Ed EdiPURCS Porto Alegre (Brasil) 2008 12

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SUMARIO

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- Real Decreto 11332008 de 4 de julio por el que se desarrolla la estructura orgaacutenica baacutesica del Ministerio de Sanidad y Consumo

o BOE nuacutem 165 de 9 de julio de 2008 paacuteg 29992

- LEY 62008 de 2 de junio de la Generalitat de Aseguramiento Sanitario del Sistema Sanitario Puacuteblico de la Comunitat Valenciana

o BOCV nuacutem 5778 de 5 de junio de 2008 paacuteg 64868 - Orden SCO17302008 de 6 de junio de Reglamentaciones teacutecnico-

sanitaria especiacutefica de los alimentos dieteacuteticos destinados a usos meacutedicos especiales

o BOE nuacutem 147 de 18 de junio de 2008 paacuteg 27608

- Orden PRE17972008 de 18 de junio sobre acreditacioacuten de la condicioacuten

de pensionista de la Seguridad Social a efectos del reconocimiento del derecho a la prestacioacuten farmaceacuteutica

o BOE nuacutem 152 de 24 de junio de 2008 paacuteg 28218

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5

- Real Decreto 10812008 de 30 de junio sobre traspaso a la Comunidad de Galicia de los medios personales adscritos al Hospital Baacutesico de la Defensa en Ferrol (A Coruntildea)

o BOE nuacutem 158 de 1 de julio de 2008 paacuteg 28904

- Real Decreto 10832008 de 30 de junio sobre traspaso de la Comunidad

Autoacutenoma de la Regioacuten de Murcia de las funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria encomendada al Instituto Social de la Marina

o BOE nuacutem 158 de 1 de julio de 2008 paacuteg 28916

- Real Decreto 10862008 de 30 de junio sobre traspaso a la Comunidad Autoacutenoma de la Regioacuten de Murcia en medios personales adscritos al Hospital General Baacutesico de la Defensa de Cartagena

o BOE nuacutem 158 de 1 de julio de 2008 paacuteg 28930

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RESPONSABILIDAD - Responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten demanda

exclusivamente contra la aseguradora Auto de la Audiencia Provincial de Albacete (Seccioacuten 2ordf)

Texto completo

CONTRATACIOacuteN - Orden de 16 de junio de 2008 de la Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda

por la que se regula el perfil de contratante de los oacuterganos de contratacioacuten de la Administracioacuten de la Junta de Andaluciacutea y sus entidades instrumentales

o BOJA nuacutem 123 de 23 de junio de 2008 paacuteg 7

Texto completo

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- Recomendacioacuten de la Junta Consultiva de contratacioacuten administrativa

sobre aplicacioacuten de marcas comerciales en la definicioacuten de las especificaciones teacutecnicas en los contratos cuyo objeto es la compra o el arrendamiento de ordenadores y demaacutes equipos informaacuteticos

o BOE nuacutem 150 de 21 de junio de 2008 paacuteg 28082

- Proteccioacuten de los procedimientos de recurso y confidencialidad de la

informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicos Sentencia del TSJUE

Texto completo ASISTENCIA SANITARIA - REGLAMENTO (CE) No 5922008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL

CONSEJO de 17 de junio de 2008 por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 140871 del Consejo relativo a la aplicacioacuten de los regiacutemenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad

Texto completo

7

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- STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Texto completo

- Ley 82008 de 20 de junio de la Generalitat Valencia de los Derechos de Salud de Nintildeos y Adolescentes

La evolucioacuten que la figura del nintildeo ha tenido en los uacuteltimos antildeos exige una legislacioacuten acorde con una nueva dimensioacuten social Ha pasado de ser objeto de proteccioacuten a ser sujeto de derechos siendo la proteccioacuten uno de los que le amparan

Texto completo

SEGURIDAD DE PACIENTES

- Sucesos en seguridad del paciente de salud mental

Texto completo

8

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- Jornadas de Derecho Sanitario sobre Mediacioacuten en casos de

echa 16 y 17 de julio de 2008 ro Universitario El Escorial

responsabilidad patrimonial civil y penal derivada de los dantildeos sobrevenidos con ocasioacuten de la asistencia sanitaria

FLugar de celebracioacuten Real CentTeleacutefono 91 896 70 67 91 896 67 06 91 896 71 99 Fax 91 543 20 12 Maacutes informacioacuten httpwwwucmes

Derecho Sanitario y Responsabilidad meacutedica

ste libro realiza un pormenorizado estudio de la Ley 412002 sobre derechos del paciente

utor Andreacutes Domiacutenguez Luelmo

tpwwwagapeacom

- Einformacioacuten y documentacioacuten cliacutenica Analiza el estado actual del problema de la responsabilidad meacutedica y hospitalaria realizando un breve anaacutelisis de sus antecedentes legislativos su relacioacuten con la normativa sanitaria existente y las diversas Leyes autonoacutemicas dictadas sobre esta materia Estudia los preceptos dedicados al derecho a la informacioacuten y al consentimiento informado y las consecuencias juriacutedicas de su omisioacuten en cada supuesto las disposiciones relativas a la historia y documentacioacuten cliacutenica con toda la problemaacutetica del acceso a la misma el respeto a la intimidad de los datos sanitarios y la normativa sobre proteccioacuten de datos Ademaacutes se recoge la opinioacuten de la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA y las Audiencias Provinciales AEditorial Lex Nova Maacutes Informacioacuten ht

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- Aspectos eacuteticos de la sedacioacuten en cuidados paliativos sedacioacuten

l documento que presentamos ha sido elaborado por los miembros del Comiteacute de Eacutetica de la

exto completo httpwwwunaves

paliativasedacioacuten Terminal ESociedad Espantildeola de Cuidados Paliativos con el fin de ofrecer una serie de recomendaciones sobre los aspectos eacuteticos de la Sedacioacuten en cuidados paliativos Estas recomendaciones van dirigidas tanto a los miembros de la SECPAL como a todos los profesionales de la sanidad que de una manera u otra tienen responsabilidades en la atencioacuten de pacientes con enfermedades avanzadas y terminales T

Medicina y objecioacuten de conciencia

n este artiacuteculo se analiza el problema de la objecioacuten de conciencia de los profesionales de

exto completo httpwwwbioetica-debatorg

- Ela medicina y se concluye que la objecioacuten de conciencia no supone un derecho absoluto a la exencioacuten de determinadas tareas sino que siempre debe tenerse en cuenta la responsabilidad del profesional y de las Instituciones de cara al ciudadano Asimismo se sugieren soluciones que incidan en la proteccioacuten del profesional y de los ciudadanos T

10

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11

Minoriacutea de edad y aborto algunas consideraciones sobre el

aacutes informacioacuten httpwwwmsces

-consentimiento y confidencialidad

M

Declaracioacuten sobre la atencioacuten meacutedica al final de la vida

os avances de la medicina los cambios sociales econoacutemicos y de valores producidos en

Maacutes informacioacuten httpwwwunaves

- Lnuestro paiacutes han generado nuevas necesidades asistenciales debido al incremento de las enfermedades croacutenicas e incurables La SECPAL elabora una declaracioacuten sobre la atencioacuten meacutedica al final de la vida donde define los objetivos de la atencioacuten en las fases avanzadas y terminales asiacute como propuestas para una mejor atencioacuten integral y promocioacuten de la calidad de vida en estas fases

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- Universidad Internacional Meneacutendez Pelayo I encuentro interautonoacutemico sobre proteccioacuten juriacutedica del paciente como consumidor

Fecha Del 14 al 18 de julio de 2008 Lugar de celebracioacuten Cuenca Informacioacuten de matriacuteculas y becas Secretariacutea de Alumnos Ronda Juliaacuten Romero 18 Teleacutefono 969 22 12 27 969 22 09 25 Fax 969 22 07 39

Maacutes informacioacuten httpwwwuimpes

ldquoBioeacutetica Interdisciplinaridade e praacutetica cliacutenicardquo Autor Casado M Loch J y Gauer G Editorial EdiPUrcs Porto Alegre (Brasil)

Maacutes Informacioacuten httpwwwmartinsfontespaulistacom

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- Responsabilidad patrimonial Audiencia Provincial de Albacete (Seccioacuten 2ordf) Auto nuacutem AC JURISDICCION CIVIL COMPETENCIA responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten demanda exclusivamente contra la aseguradora no hay acto administrativo impugnado Jurisdiccioacuten Civil Recurso de Apelacioacuten nuacutem Ponente En ALBACETE a RAZONAMIENTOS JURIDICOS PRIMERO

Es objeto de apelacioacuten la abstencioacuten del Juzgado civil para conocer de una pretensioacuten de responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten local si bien dirigida directa y exclusivamente contra la aseguradora de eacutesta Como establece el art 37 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892) se abstendraacuten de conocer los tribunales civiles cuando se les sometan asuntos de los que corresponda conocer a los tribunales de otro orden jurisdiccional de la jurisdiccioacuten ordinaria lo que se apreciaraacute o acordaraacute de oficio tal como ordena el art 38 de la Ley de Enjuiciamiento Civil SEGUNDO Asiacute ya el art 9 de la Ley Orgaacutenica del Poder Judicial ( RCL 1985 1578 2635) establece que Los del orden Contencioso-Administrativo conoceraacuten de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la actuacioacuten de las Administraciones puacuteblicas sujeta al derecho administrativo con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los reales decretos legislativos en los teacuterminos previstos en el art 826 de la Constitucioacuten ( RCL 1978 2836) de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdiccioacuten ( RCL 1998 1741) Tambieacuten conoceraacuten de los recursos contra la inactividad de la Administracioacuten y contra sus actuaciones materiales que constituyan viacutea de hecho Conoceraacuten asimismo de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas y del personal a su servicio cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que se derive Si a la produccioacuten del dantildeo hubieran concurrido sujetos privados el demandante deduciraacute tambieacuten frente a ellos su pretensioacuten ante este orden jurisdiccional Igualmente conoceraacuten de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectiva Tambieacuten seraacute competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen ademaacutes contra las personas o entidades puacuteblicas o privadas indirectamente responsables de aqueacutellas Por si el anterior precepto no resultare claro la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa (Ley 291998 de 1307 [ RCL 1998 1741] ) establece en su art 2 que

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El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo conoceraacute de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que derive no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los oacuterdenes jurisdiccionales civil o social aun cuando en la produccioacuten del dantildeo concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad Y es que como refiere su Exposicioacuten de Motivos Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten puacuteblica Los principios de su peculiar reacutegimen juriacutedico que tiene cobertura constitucional son de naturaleza puacuteblica y hoy en diacutea la Ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a traveacutes de un mismo tipo de procedimiento administrativo Por eso parece muy conveniente unificar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa evitando la dispersioacuten de acciones que actualmente existe y garantizando la uniformidad jurisprudencial salvo como es loacutegico en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisioacuten de una infraccioacuten penal El anterior grupo normativo se completa con lo previsto en el art 139 y siguientes de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten ( Ley 301992 de 2611 [ RCL 1992 2512 2775 y RCL 1993 246] modificada por Ley 41999 de 1301 [ RCL 1999 114 329] ) que preveacute un procedimiento de reclamacioacuten previa administrativa para las pretensiones derivadas de responsabilidad extracontracatual o patrimonial cuya resolucioacuten es impugnable en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

Tambieacuten se completa especiacuteficamente para pretensiones de caraacutecter patrimonial de caraacutecter sanitario con su Disposicioacuten Adicional Duodeacutecima Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria

La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social sean estatales o autonoacutemicos asiacute como de las demaacutes entidades servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas por los dantildeos y perjuicios causados por o con ocasioacuten de la asistencia sanitaria y las correspondientes reclamaciones seguiraacuten la tramitacioacuten administrativa prevista en esta Ley correspondiendo su revisioacuten jurisdiccional al orden Contencioso-Administrativo en todo caso

Y con el Real Decreto 4291993 de 2603 ( RCL 1993 1394 1765) (Disposicioacuten Adicional 1ordf)

De este modo se establece o mejor se restablece el sistema de unidad jurisdiccional el orden Contencioso-Administrativo seraacute el competente para enjuiciar eacuteste tipo de pretensiones siempre independientemente del tipo de relacioacuten en que se haya causado el perjuicio e independientemente de si ademaacutes de la Administracioacuten o incluso sin demandar a la Administracioacuten son demandados otras personas La tan alegada vis atractiva en eacuteste tipo de pretensiones lo es a favor de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa prohibiendo incluso el art 2 LJCA ( RCL 1998 1741) -por si hubiera alguna duda- la demanda a la Administracioacuten (sola o junto a otras personas) en el orden civil o social

Se restablece -como se dijo- la unidad jurisdiccional implantado ya en 1954 por la Ley ( RCL 1954 1848) y Reglamento de Expropiacioacuten Forzosa ( RCL 1957 843) art 128 y 141) y el art 3B de la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso administrativa de 1956 ( RCL 1956 1890) quebrado por el art

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40 y 41 de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de la Administracioacuten del Estado de 1957 ( RCL 1957 1058) (ya derogados y que estableciacutean una doble competencia al orden contencioso y al civil seguacuten los dantildeos fueran derivados de un funcionamiento normal o anormal del servicio puacuteblico o causados en el aacutembito de las relaciones de derecho privado distincioacuten hoy irrelevante)

La competencia jurisdiccional viene asignada no tanto por razoacuten del sujeto demandado (de tal modo que de no ser parte la Administracioacuten deba entenderse que no es competencia de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa) sino en funcioacuten del objeto del proceso en eacuteste caso pretensiones relacionadas (en relacioacuten con dicen las indicadas leyes) con la responsabilidad patrimonial

En eacuteste sentido ya suficiente doctrina jurisprudencial como los Autos de 70794 ( RJ 1994

7998) 271094 ( RJ 1994 10587) 11295 170797 o de 250398 ( RJ 1998 7336) entre otros del Tribunal Supremo (Sala de Conflictos) ciertamente con alguna aislada excepcioacuten como el Auto de 271201 ( RJ 2002 4086)

CUARTO Hasta aquiacute se comparten los argumentos juriacutedicos expresados en el Auto impugnado

Ahora bien no es menos cierto que la asignacioacuten de la competencia jurisdiccional indicada al orden Contencioso-Administrativo tiene lugar cuando al margen de los sujetos privados codemandados eacutestos lo sean en cualquier caso junto a la Administracioacuten por lo que dicha competencia pasa necesariamente por el examen de un acto auacuten presunto administrativo que se somete a examen extendiendo la competencia al examen correlativo de otros sujetos privados

Cuando como en el caso no es llamada la Administracioacuten sino exclusivamente alguacuten sujeto privado

como es la aseguradora no hay acto administrativo impugnado por lo que no parece que los

preceptos indicados asignen en eacutestos supuestos la competencia jurisdiccional al orden Contencioso-

Administrativo al menos con la suficiente claridad por lo que seraacute competente el orden civil (litigan

sujetos privados entre siacute) aunque el examen de la responsabilidad del sujeto privado o aseguradora en

el caso pase por un examen prejudicial de la responsabilidad de la Administracioacuten lo que la Ley no

excluye pueda realizar dicho orden

La cuestioacuten ciertamente dudosa ha de resolverse en dicho sentido cuando (a pesar de cierta

corriente jurisprudencial de las Audiencias Provinciales se inclinan por la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa como las Sentencias de Almeriacutea secc 3ordf de 27042007 [ JUR 2007 201170] o de Madrid secc 18 de 9042007 [ AC 2007 916] ) ya el Tribunal Supremo ha tenido ocasioacuten de pronunciarse al respecto en la reciente Sentencia nuacutem 574 de 30052007 ( RJ 2007 4973) que decide que eacuteste tipo de pretensiones es competencia del orden civil no del Contencioso-Administrativo Expresa coacutemo La reforma de la LOPJ ( RCL 1985 1578 2635) llevada a cabo por la LO 192003 ( RCL 2003 3008) tambieacuten posterior a los hechos enjuiciados reconoce expresamente la competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo laquocuando el interesado accione directamente contra

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el asegurador de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectivaraquo Con ello se ha puesto fin a la competencia del orden civil para el conocimiento de las demandas dirigidas conjuntamente contra la Administracioacuten y el asegurador pero este precepto ha sido interpretado por los AATS (Sala de Conflictos) de 18 de octubre de 2004 ( JUR 2005 231278) y 28 de junio de 2004 ( JUR 2005 135727) (teniendo en cuenta la inclusioacuten del uacuteltimo inciso que no figuraba en algunos textos prelegislativos) en el sentido de que seguacuten expresioacuten del primero de los citados autos laquola reforma introducida por la LO 192003 de 23 de diciembre en el art 94 LOPJ -no aplicable al caso por razones de derecho intertemporal- en el sentido de atribuir al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra el asegurador de la Administracioacuten se refiere al supuesto de que se reclame contra aquella junto a la Administracioacuten respectiva lo que excluye el supuesto de haberse demandado uacutenicamente a la Compantildeiacutea de Segurosraquo Digna de mencioacuten tambieacuten es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia secc 1ordf de 30012006 ( JUR 2006 89622) con cita de otra de 20052005 en igual sentido y en el aacutembito de eacuteste Tribunal ya se llegoacute a la misma conclusioacuten en Auto de eacutesta Secc 1ordf de 5032004 y tambieacuten en Sentencia Secc 2ordf de 14012005 (auacuten de modo impliacutecito pues examinoacute el fondo del asunto de una reclamacioacuten o accioacuten directa contra una aseguradora de una entidad local si bien no se suscitoacute cuestioacuten de competencia) QUINTO Dadas las dudas juriacutedicas sobre la cuestioacuten planteada no ha lugar a expresa imposicioacuten de las costas procesales a ninguno de los litigantes (art 398 de la Ley Procesal [ RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892] ) Por todo ello PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA SE ESTIMA el recurso de apelacioacuten se revoca el Auto de 12122006 apelado y se declara la competencia del Juzgado de Primera Instancia que dictoacute el mismo para conocer de la demanda debiendo cada parte abonar las costas procesales causadas a su instancia y comunes por mitad

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- Contratacioacuten Administrativa

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 14 de febrero de 2008 ()

laquoContratacioacuten puacuteblica ndash Recursos ndash Directiva 89665CEE ndash Recurso eficaz ndash Concepto ndash Equilibrio entre el principio de contradiccioacuten y el derecho al respeto de los secretos comerciales ndash Proteccioacuten por el organismo responsable de los procedimientos de recurso de la confidencialidad de la informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicosraquo

En el asunto C-45006

que tiene por objeto una peticioacuten de decisioacuten prejudicial planteada con arreglo al artiacuteculo 234 CE por el Conseil drsquoEacutetat (Beacutelgica) mediante resolucioacuten de 24 de octubre de 2006 recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2006 en el procedimiento entre

en el que participahelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

integrado por el Sr A Rosas Presidente de Sala y los Sres helliphelliphelliphellip) y helliphelliphellip la Sra helliphelliphellipy el Sr helliphelliphelliphellip Jueces

Abogado General Sra

Secretario Sr

habiendo considerado los escritos obrantes en autos

consideradas las observaciones presentadas

ndash en nombre de helliphellip por los Sres helliphelliphellip y helliphelliphellip

ndash en nombre del Gobierno belga por la Sra helliphelliphelliphellip en calidad de agente asistida por el Sr helliphelliphellip abogado

ndash en nombre del Gobierno austriaco por el Sr M helliphelliphellip en calidad de agente

ndash en nombre de la Comisioacuten de las Comunidades Europeas por los Sres helliphelliphellip y D helliphelliphellip en calidad de agentes

oiacutedas las conclusiones de la Abogado General presentadas en audiencia puacuteblica el 25 de octubre de 2007

dicta la siguiente

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Sentencia

1 La peticioacuten de decisioacuten prejudicial tiene por objeto la interpretacioacuten del artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras (DO L 395 p 33) en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios (DO L 209 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 89665raquo)

2 Esta peticioacuten se presentoacute en el marco de un litigio entre helliphellip (en lo sucesivo laquohelliphellipraquo) y el Estado belga representado por el Ministro de Defensa en relacioacuten con la adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo

Marco juriacutedico

Normativa comunitaria

3 El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 establece

laquoEn lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten de las Directivas 71305CEE 7762CEE y 9250CEE [hellip] los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y en particular lo maacutes raacutepidamente posible en las condiciones establecidas en los artiacuteculos siguientes y en especial en el apartado 7 del artiacuteculo 2 cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativaraquo

4 El artiacuteculo 33 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO L 199 p 1) deroga la Directiva 7762CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1976 de coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO 1977 L 13 p 1 EE 1701 p 29) y establece que las referencias a dicha Directiva derogada se entenderaacuten hechas a la Directiva 9336 Igualmente el artiacuteculo 36 de la Directiva 9337CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 199 p 54) deroga la Directiva 71305CEE del Consejo de 26 de julio de 1971 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 185 p 5 EE 1703 p 9) y establece que las referencias a esta uacuteltima Directiva se entenderaacuten hechas a la Directiva 9337

5 El artiacuteculo 2 apartado 8 de la Directiva 89665 dispone

laquoCuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no sean de caraacutecter jurisdiccional sus decisiones deberaacuten ir siempre motivadas por escrito Ademaacutes en ese caso deberaacuten adoptarse disposiciones para que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el organismo de base competente o cualquier presunta infraccioacuten cometida en el ejercicio de los poderes que tiene conferidos pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante

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otro organismo que sea una jurisdiccioacuten en el sentido del artiacuteculo [234 CE] y que sea independiente en relacioacuten con el poder adjudicador y con el organismo de base

El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminacioacuten de su mandato estaraacuten sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento la duracioacuten de su mandato y su revocabilidad Como miacutenimo el presidente de este organismo independiente deberaacute poseer las mismas cualificaciones juriacutedicas y profesionales que un juez Dicho organismo independiente adoptaraacute sus decisiones previa realizacioacuten de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendraacuten por los medios que estipule cada Estado miembro efectos juriacutedicos vinculantesraquo

6 A tenor del artiacuteculo 7 apartado 1 de la Directiva 9336 en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 (DO L 328 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 9336raquo)

laquoDentro de un plazo de quince diacuteas a partir de la fecha de recepcioacuten de una solicitud escrita el poder adjudicador comunicaraacute a los candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta y a cualquier licitador que haya hecho una oferta admisible las caracteriacutesticas y ventajas relativas de la oferta seleccionada asiacute como el nombre del adjudicatario

No obstante los poderes adjudicadores podraacuten decidir no comunicar determinadas informaciones sobre la adjudicacioacuten de los contratos a las que se refiere el paacuterrafo primero cuando su difusioacuten pudiera obstaculizar la aplicacioacuten de la ley o ser contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicar los intereses comerciales legiacutetimos de determinadas empresas puacuteblicas o privadas o perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

7 El artiacuteculo 9 apartado 3 de la Directiva 9336 establece

laquoLos poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato daraacuten a conocer el resultado por medio de un anuncio Sin embargo en algunos casos podraacute no publicarse determinada informacioacuten relativa a la adjudicacioacuten de un contrato cuando su divulgacioacuten pudiere constituir un obstaacuteculo a la aplicacioacuten de la legislacioacuten o fuere contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicare los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pudieren perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

8 El artiacuteculo 15 apartado 2 de la misma Directiva dispone

laquoLos poderes adjudicadores respetaraacuten el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedoresraquo

9 Lo dispuesto en los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 se reproduce esencialmente en los artiacuteculos 6 35 apartado 4 paacuterrafo quinto y 41 apartado 3 de la Directiva 200418CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras de suministro y de servicios (DO L 134 p 114)

Normativa nacional

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10 El artiacuteculo 87 del Arreteacute du Reacutegent deteacuterminant la proceacutedure devant la section drsquoadministration du Conseil drsquoEtat (Decreto del Regente por el que se regula el procedimiento ante la seccioacuten administrativa del Conseil drsquoEacutetat) de 23 de agosto de 1948 (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948 p 6821) establece

laquoLas partes sus abogados y el comisario del Gobierno podraacuten consultar el expediente del asunto en la Secretariacutearaquo

11 A tenor del artiacuteculo 21 paacuterrafos tercero y cuarto de las Lois sur le Conseil drsquoEtat cordoneacutees le 12 janvier 1973 (Leyes sobre el Conseil drsquoEacutetat coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973 p 3461)

laquoSi la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido sin perjuicio de lo dispuesto en el artiacuteculo 21 bis se consideraraacuten probados los hechos alegados por la parte demandante salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos

Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada eacutesta lo comunicaraacute a la Sala que conoce del recurso que podraacute ordenar el depoacutesito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 36raquo

Litigio principal y cuestioacuten prejudicial

12 El 14 de diciembre de 2001 el Estado belga inicioacute el procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo Presentaron sus ofertas dos licitadores a saber helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (en lo sucesivo laquohelliphelliphellipraquo)

13 Al examinar dichas ofertas el Estado belga estimoacute que la presentada por Varec no reuniacutea los criterios de seleccioacuten de caraacutecter teacutecnico y que dicha oferta era irregular En cambio consideroacute que la oferta de helliphelliphellipl respondiacutea a todos los criterios de seleccioacuten que era regular y que sus precios eran normales En consecuencia el Estado belga adjudicoacute el contrato a helliphelliphellip mediante decisioacuten del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo laquodecisioacuten de adjudicacioacuten del contratoraquo)

14 El 29 de julio de 2002 helliphelliphelliphellip interpuso un recurso ante el Conseil drsquoEacutetat dirigido a la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato helliphelliphellip fue admitida como parte coadyuvante

15 El expediente que el Estado belga remitioacute al Conseil drsquoEacutetat no incluiacutea la oferta de helliphellip

16 helliphelliphellip solicitoacute que se incorporara dicha oferta al expediente El Auditeur del Conseil drsquoEacutetat encargado de elaborar un informe (en lo sucesivo laquoAuditeurraquo) formuloacute la misma solicitud

17 El 17 de diciembre de 2002 el Estado belga incorporoacute al expediente la oferta de helliphellipl puntualizando que no figuraban en ella los planos de conjunto del eslaboacuten propuesto ni sus elementos constitutivos Sentildealoacute que de conformidad con el pliego de condiciones y a peticioacuten de helliphelliphellipl habiacutea devuelto a eacutesta dichos elementos Antildeadioacute que por esta razoacuten no podiacutea incorporar tales elementos al expediente y que si resultaba indispensable que figuraran en eacutel era preciso solicitar a helliphellipl que los proporcionara Asimismo el Estado belga recordoacute que helliphelliphellip y helliphellipl

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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Firmas

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- ASISTENCIA SANITARIA - STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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  • CUARTO
Page 3: Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA - Castilla-La Mancha...2013/10/11  · Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA 1. LEGISLACIÓN Página Estructura orgánica básica del Ministerio

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BIOEacuteTICA y SANIDAD

1 CUESTIONES DE INTEREacuteS

Aspectos eacuteticos de la sedacioacuten en cuidados paliativos sedacioacuten paliativasedacioacuten terminal 10

Medicina y Objecioacuten de conciencia 10 Minoriacutea de edad y aborto algunas consideraciones sobre el

consentimiento y confidencialidad 11 Declaracioacuten sobre la atencioacuten meacutedica al final de la vida 11

2 FORMACIOacuteN Y PUBLICACIONES

Seminario UIMP Encuentro Interautonoacutemico sobre proteccioacuten juriacutedica del paciente como consumidor en Cuenca 12

ldquoCasado M Loch J y Gauer G Bioeacutetica Interdisciplinaridade e praacutetica cliacutenica Ed EdiPURCS Porto Alegre (Brasil) 2008 12

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SUMARIO

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- Real Decreto 11332008 de 4 de julio por el que se desarrolla la estructura orgaacutenica baacutesica del Ministerio de Sanidad y Consumo

o BOE nuacutem 165 de 9 de julio de 2008 paacuteg 29992

- LEY 62008 de 2 de junio de la Generalitat de Aseguramiento Sanitario del Sistema Sanitario Puacuteblico de la Comunitat Valenciana

o BOCV nuacutem 5778 de 5 de junio de 2008 paacuteg 64868 - Orden SCO17302008 de 6 de junio de Reglamentaciones teacutecnico-

sanitaria especiacutefica de los alimentos dieteacuteticos destinados a usos meacutedicos especiales

o BOE nuacutem 147 de 18 de junio de 2008 paacuteg 27608

- Orden PRE17972008 de 18 de junio sobre acreditacioacuten de la condicioacuten

de pensionista de la Seguridad Social a efectos del reconocimiento del derecho a la prestacioacuten farmaceacuteutica

o BOE nuacutem 152 de 24 de junio de 2008 paacuteg 28218

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- Real Decreto 10812008 de 30 de junio sobre traspaso a la Comunidad de Galicia de los medios personales adscritos al Hospital Baacutesico de la Defensa en Ferrol (A Coruntildea)

o BOE nuacutem 158 de 1 de julio de 2008 paacuteg 28904

- Real Decreto 10832008 de 30 de junio sobre traspaso de la Comunidad

Autoacutenoma de la Regioacuten de Murcia de las funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria encomendada al Instituto Social de la Marina

o BOE nuacutem 158 de 1 de julio de 2008 paacuteg 28916

- Real Decreto 10862008 de 30 de junio sobre traspaso a la Comunidad Autoacutenoma de la Regioacuten de Murcia en medios personales adscritos al Hospital General Baacutesico de la Defensa de Cartagena

o BOE nuacutem 158 de 1 de julio de 2008 paacuteg 28930

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RESPONSABILIDAD - Responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten demanda

exclusivamente contra la aseguradora Auto de la Audiencia Provincial de Albacete (Seccioacuten 2ordf)

Texto completo

CONTRATACIOacuteN - Orden de 16 de junio de 2008 de la Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda

por la que se regula el perfil de contratante de los oacuterganos de contratacioacuten de la Administracioacuten de la Junta de Andaluciacutea y sus entidades instrumentales

o BOJA nuacutem 123 de 23 de junio de 2008 paacuteg 7

Texto completo

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- Recomendacioacuten de la Junta Consultiva de contratacioacuten administrativa

sobre aplicacioacuten de marcas comerciales en la definicioacuten de las especificaciones teacutecnicas en los contratos cuyo objeto es la compra o el arrendamiento de ordenadores y demaacutes equipos informaacuteticos

o BOE nuacutem 150 de 21 de junio de 2008 paacuteg 28082

- Proteccioacuten de los procedimientos de recurso y confidencialidad de la

informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicos Sentencia del TSJUE

Texto completo ASISTENCIA SANITARIA - REGLAMENTO (CE) No 5922008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL

CONSEJO de 17 de junio de 2008 por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 140871 del Consejo relativo a la aplicacioacuten de los regiacutemenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad

Texto completo

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- STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

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- Ley 82008 de 20 de junio de la Generalitat Valencia de los Derechos de Salud de Nintildeos y Adolescentes

La evolucioacuten que la figura del nintildeo ha tenido en los uacuteltimos antildeos exige una legislacioacuten acorde con una nueva dimensioacuten social Ha pasado de ser objeto de proteccioacuten a ser sujeto de derechos siendo la proteccioacuten uno de los que le amparan

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SEGURIDAD DE PACIENTES

- Sucesos en seguridad del paciente de salud mental

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- Jornadas de Derecho Sanitario sobre Mediacioacuten en casos de

echa 16 y 17 de julio de 2008 ro Universitario El Escorial

responsabilidad patrimonial civil y penal derivada de los dantildeos sobrevenidos con ocasioacuten de la asistencia sanitaria

FLugar de celebracioacuten Real CentTeleacutefono 91 896 70 67 91 896 67 06 91 896 71 99 Fax 91 543 20 12 Maacutes informacioacuten httpwwwucmes

Derecho Sanitario y Responsabilidad meacutedica

ste libro realiza un pormenorizado estudio de la Ley 412002 sobre derechos del paciente

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- Einformacioacuten y documentacioacuten cliacutenica Analiza el estado actual del problema de la responsabilidad meacutedica y hospitalaria realizando un breve anaacutelisis de sus antecedentes legislativos su relacioacuten con la normativa sanitaria existente y las diversas Leyes autonoacutemicas dictadas sobre esta materia Estudia los preceptos dedicados al derecho a la informacioacuten y al consentimiento informado y las consecuencias juriacutedicas de su omisioacuten en cada supuesto las disposiciones relativas a la historia y documentacioacuten cliacutenica con toda la problemaacutetica del acceso a la misma el respeto a la intimidad de los datos sanitarios y la normativa sobre proteccioacuten de datos Ademaacutes se recoge la opinioacuten de la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA y las Audiencias Provinciales AEditorial Lex Nova Maacutes Informacioacuten ht

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- Aspectos eacuteticos de la sedacioacuten en cuidados paliativos sedacioacuten

l documento que presentamos ha sido elaborado por los miembros del Comiteacute de Eacutetica de la

exto completo httpwwwunaves

paliativasedacioacuten Terminal ESociedad Espantildeola de Cuidados Paliativos con el fin de ofrecer una serie de recomendaciones sobre los aspectos eacuteticos de la Sedacioacuten en cuidados paliativos Estas recomendaciones van dirigidas tanto a los miembros de la SECPAL como a todos los profesionales de la sanidad que de una manera u otra tienen responsabilidades en la atencioacuten de pacientes con enfermedades avanzadas y terminales T

Medicina y objecioacuten de conciencia

n este artiacuteculo se analiza el problema de la objecioacuten de conciencia de los profesionales de

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- Ela medicina y se concluye que la objecioacuten de conciencia no supone un derecho absoluto a la exencioacuten de determinadas tareas sino que siempre debe tenerse en cuenta la responsabilidad del profesional y de las Instituciones de cara al ciudadano Asimismo se sugieren soluciones que incidan en la proteccioacuten del profesional y de los ciudadanos T

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Minoriacutea de edad y aborto algunas consideraciones sobre el

aacutes informacioacuten httpwwwmsces

-consentimiento y confidencialidad

M

Declaracioacuten sobre la atencioacuten meacutedica al final de la vida

os avances de la medicina los cambios sociales econoacutemicos y de valores producidos en

Maacutes informacioacuten httpwwwunaves

- Lnuestro paiacutes han generado nuevas necesidades asistenciales debido al incremento de las enfermedades croacutenicas e incurables La SECPAL elabora una declaracioacuten sobre la atencioacuten meacutedica al final de la vida donde define los objetivos de la atencioacuten en las fases avanzadas y terminales asiacute como propuestas para una mejor atencioacuten integral y promocioacuten de la calidad de vida en estas fases

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- Universidad Internacional Meneacutendez Pelayo I encuentro interautonoacutemico sobre proteccioacuten juriacutedica del paciente como consumidor

Fecha Del 14 al 18 de julio de 2008 Lugar de celebracioacuten Cuenca Informacioacuten de matriacuteculas y becas Secretariacutea de Alumnos Ronda Juliaacuten Romero 18 Teleacutefono 969 22 12 27 969 22 09 25 Fax 969 22 07 39

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ldquoBioeacutetica Interdisciplinaridade e praacutetica cliacutenicardquo Autor Casado M Loch J y Gauer G Editorial EdiPUrcs Porto Alegre (Brasil)

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- Responsabilidad patrimonial Audiencia Provincial de Albacete (Seccioacuten 2ordf) Auto nuacutem AC JURISDICCION CIVIL COMPETENCIA responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten demanda exclusivamente contra la aseguradora no hay acto administrativo impugnado Jurisdiccioacuten Civil Recurso de Apelacioacuten nuacutem Ponente En ALBACETE a RAZONAMIENTOS JURIDICOS PRIMERO

Es objeto de apelacioacuten la abstencioacuten del Juzgado civil para conocer de una pretensioacuten de responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten local si bien dirigida directa y exclusivamente contra la aseguradora de eacutesta Como establece el art 37 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892) se abstendraacuten de conocer los tribunales civiles cuando se les sometan asuntos de los que corresponda conocer a los tribunales de otro orden jurisdiccional de la jurisdiccioacuten ordinaria lo que se apreciaraacute o acordaraacute de oficio tal como ordena el art 38 de la Ley de Enjuiciamiento Civil SEGUNDO Asiacute ya el art 9 de la Ley Orgaacutenica del Poder Judicial ( RCL 1985 1578 2635) establece que Los del orden Contencioso-Administrativo conoceraacuten de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la actuacioacuten de las Administraciones puacuteblicas sujeta al derecho administrativo con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los reales decretos legislativos en los teacuterminos previstos en el art 826 de la Constitucioacuten ( RCL 1978 2836) de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdiccioacuten ( RCL 1998 1741) Tambieacuten conoceraacuten de los recursos contra la inactividad de la Administracioacuten y contra sus actuaciones materiales que constituyan viacutea de hecho Conoceraacuten asimismo de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas y del personal a su servicio cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que se derive Si a la produccioacuten del dantildeo hubieran concurrido sujetos privados el demandante deduciraacute tambieacuten frente a ellos su pretensioacuten ante este orden jurisdiccional Igualmente conoceraacuten de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectiva Tambieacuten seraacute competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen ademaacutes contra las personas o entidades puacuteblicas o privadas indirectamente responsables de aqueacutellas Por si el anterior precepto no resultare claro la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa (Ley 291998 de 1307 [ RCL 1998 1741] ) establece en su art 2 que

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El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo conoceraacute de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que derive no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los oacuterdenes jurisdiccionales civil o social aun cuando en la produccioacuten del dantildeo concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad Y es que como refiere su Exposicioacuten de Motivos Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten puacuteblica Los principios de su peculiar reacutegimen juriacutedico que tiene cobertura constitucional son de naturaleza puacuteblica y hoy en diacutea la Ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a traveacutes de un mismo tipo de procedimiento administrativo Por eso parece muy conveniente unificar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa evitando la dispersioacuten de acciones que actualmente existe y garantizando la uniformidad jurisprudencial salvo como es loacutegico en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisioacuten de una infraccioacuten penal El anterior grupo normativo se completa con lo previsto en el art 139 y siguientes de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten ( Ley 301992 de 2611 [ RCL 1992 2512 2775 y RCL 1993 246] modificada por Ley 41999 de 1301 [ RCL 1999 114 329] ) que preveacute un procedimiento de reclamacioacuten previa administrativa para las pretensiones derivadas de responsabilidad extracontracatual o patrimonial cuya resolucioacuten es impugnable en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

Tambieacuten se completa especiacuteficamente para pretensiones de caraacutecter patrimonial de caraacutecter sanitario con su Disposicioacuten Adicional Duodeacutecima Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria

La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social sean estatales o autonoacutemicos asiacute como de las demaacutes entidades servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas por los dantildeos y perjuicios causados por o con ocasioacuten de la asistencia sanitaria y las correspondientes reclamaciones seguiraacuten la tramitacioacuten administrativa prevista en esta Ley correspondiendo su revisioacuten jurisdiccional al orden Contencioso-Administrativo en todo caso

Y con el Real Decreto 4291993 de 2603 ( RCL 1993 1394 1765) (Disposicioacuten Adicional 1ordf)

De este modo se establece o mejor se restablece el sistema de unidad jurisdiccional el orden Contencioso-Administrativo seraacute el competente para enjuiciar eacuteste tipo de pretensiones siempre independientemente del tipo de relacioacuten en que se haya causado el perjuicio e independientemente de si ademaacutes de la Administracioacuten o incluso sin demandar a la Administracioacuten son demandados otras personas La tan alegada vis atractiva en eacuteste tipo de pretensiones lo es a favor de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa prohibiendo incluso el art 2 LJCA ( RCL 1998 1741) -por si hubiera alguna duda- la demanda a la Administracioacuten (sola o junto a otras personas) en el orden civil o social

Se restablece -como se dijo- la unidad jurisdiccional implantado ya en 1954 por la Ley ( RCL 1954 1848) y Reglamento de Expropiacioacuten Forzosa ( RCL 1957 843) art 128 y 141) y el art 3B de la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso administrativa de 1956 ( RCL 1956 1890) quebrado por el art

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40 y 41 de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de la Administracioacuten del Estado de 1957 ( RCL 1957 1058) (ya derogados y que estableciacutean una doble competencia al orden contencioso y al civil seguacuten los dantildeos fueran derivados de un funcionamiento normal o anormal del servicio puacuteblico o causados en el aacutembito de las relaciones de derecho privado distincioacuten hoy irrelevante)

La competencia jurisdiccional viene asignada no tanto por razoacuten del sujeto demandado (de tal modo que de no ser parte la Administracioacuten deba entenderse que no es competencia de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa) sino en funcioacuten del objeto del proceso en eacuteste caso pretensiones relacionadas (en relacioacuten con dicen las indicadas leyes) con la responsabilidad patrimonial

En eacuteste sentido ya suficiente doctrina jurisprudencial como los Autos de 70794 ( RJ 1994

7998) 271094 ( RJ 1994 10587) 11295 170797 o de 250398 ( RJ 1998 7336) entre otros del Tribunal Supremo (Sala de Conflictos) ciertamente con alguna aislada excepcioacuten como el Auto de 271201 ( RJ 2002 4086)

CUARTO Hasta aquiacute se comparten los argumentos juriacutedicos expresados en el Auto impugnado

Ahora bien no es menos cierto que la asignacioacuten de la competencia jurisdiccional indicada al orden Contencioso-Administrativo tiene lugar cuando al margen de los sujetos privados codemandados eacutestos lo sean en cualquier caso junto a la Administracioacuten por lo que dicha competencia pasa necesariamente por el examen de un acto auacuten presunto administrativo que se somete a examen extendiendo la competencia al examen correlativo de otros sujetos privados

Cuando como en el caso no es llamada la Administracioacuten sino exclusivamente alguacuten sujeto privado

como es la aseguradora no hay acto administrativo impugnado por lo que no parece que los

preceptos indicados asignen en eacutestos supuestos la competencia jurisdiccional al orden Contencioso-

Administrativo al menos con la suficiente claridad por lo que seraacute competente el orden civil (litigan

sujetos privados entre siacute) aunque el examen de la responsabilidad del sujeto privado o aseguradora en

el caso pase por un examen prejudicial de la responsabilidad de la Administracioacuten lo que la Ley no

excluye pueda realizar dicho orden

La cuestioacuten ciertamente dudosa ha de resolverse en dicho sentido cuando (a pesar de cierta

corriente jurisprudencial de las Audiencias Provinciales se inclinan por la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa como las Sentencias de Almeriacutea secc 3ordf de 27042007 [ JUR 2007 201170] o de Madrid secc 18 de 9042007 [ AC 2007 916] ) ya el Tribunal Supremo ha tenido ocasioacuten de pronunciarse al respecto en la reciente Sentencia nuacutem 574 de 30052007 ( RJ 2007 4973) que decide que eacuteste tipo de pretensiones es competencia del orden civil no del Contencioso-Administrativo Expresa coacutemo La reforma de la LOPJ ( RCL 1985 1578 2635) llevada a cabo por la LO 192003 ( RCL 2003 3008) tambieacuten posterior a los hechos enjuiciados reconoce expresamente la competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo laquocuando el interesado accione directamente contra

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el asegurador de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectivaraquo Con ello se ha puesto fin a la competencia del orden civil para el conocimiento de las demandas dirigidas conjuntamente contra la Administracioacuten y el asegurador pero este precepto ha sido interpretado por los AATS (Sala de Conflictos) de 18 de octubre de 2004 ( JUR 2005 231278) y 28 de junio de 2004 ( JUR 2005 135727) (teniendo en cuenta la inclusioacuten del uacuteltimo inciso que no figuraba en algunos textos prelegislativos) en el sentido de que seguacuten expresioacuten del primero de los citados autos laquola reforma introducida por la LO 192003 de 23 de diciembre en el art 94 LOPJ -no aplicable al caso por razones de derecho intertemporal- en el sentido de atribuir al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra el asegurador de la Administracioacuten se refiere al supuesto de que se reclame contra aquella junto a la Administracioacuten respectiva lo que excluye el supuesto de haberse demandado uacutenicamente a la Compantildeiacutea de Segurosraquo Digna de mencioacuten tambieacuten es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia secc 1ordf de 30012006 ( JUR 2006 89622) con cita de otra de 20052005 en igual sentido y en el aacutembito de eacuteste Tribunal ya se llegoacute a la misma conclusioacuten en Auto de eacutesta Secc 1ordf de 5032004 y tambieacuten en Sentencia Secc 2ordf de 14012005 (auacuten de modo impliacutecito pues examinoacute el fondo del asunto de una reclamacioacuten o accioacuten directa contra una aseguradora de una entidad local si bien no se suscitoacute cuestioacuten de competencia) QUINTO Dadas las dudas juriacutedicas sobre la cuestioacuten planteada no ha lugar a expresa imposicioacuten de las costas procesales a ninguno de los litigantes (art 398 de la Ley Procesal [ RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892] ) Por todo ello PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA SE ESTIMA el recurso de apelacioacuten se revoca el Auto de 12122006 apelado y se declara la competencia del Juzgado de Primera Instancia que dictoacute el mismo para conocer de la demanda debiendo cada parte abonar las costas procesales causadas a su instancia y comunes por mitad

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- Contratacioacuten Administrativa

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 14 de febrero de 2008 ()

laquoContratacioacuten puacuteblica ndash Recursos ndash Directiva 89665CEE ndash Recurso eficaz ndash Concepto ndash Equilibrio entre el principio de contradiccioacuten y el derecho al respeto de los secretos comerciales ndash Proteccioacuten por el organismo responsable de los procedimientos de recurso de la confidencialidad de la informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicosraquo

En el asunto C-45006

que tiene por objeto una peticioacuten de decisioacuten prejudicial planteada con arreglo al artiacuteculo 234 CE por el Conseil drsquoEacutetat (Beacutelgica) mediante resolucioacuten de 24 de octubre de 2006 recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2006 en el procedimiento entre

en el que participahelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

integrado por el Sr A Rosas Presidente de Sala y los Sres helliphelliphelliphellip) y helliphelliphellip la Sra helliphelliphellipy el Sr helliphelliphelliphellip Jueces

Abogado General Sra

Secretario Sr

habiendo considerado los escritos obrantes en autos

consideradas las observaciones presentadas

ndash en nombre de helliphellip por los Sres helliphelliphellip y helliphelliphellip

ndash en nombre del Gobierno belga por la Sra helliphelliphelliphellip en calidad de agente asistida por el Sr helliphelliphellip abogado

ndash en nombre del Gobierno austriaco por el Sr M helliphelliphellip en calidad de agente

ndash en nombre de la Comisioacuten de las Comunidades Europeas por los Sres helliphelliphellip y D helliphelliphellip en calidad de agentes

oiacutedas las conclusiones de la Abogado General presentadas en audiencia puacuteblica el 25 de octubre de 2007

dicta la siguiente

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Sentencia

1 La peticioacuten de decisioacuten prejudicial tiene por objeto la interpretacioacuten del artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras (DO L 395 p 33) en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios (DO L 209 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 89665raquo)

2 Esta peticioacuten se presentoacute en el marco de un litigio entre helliphellip (en lo sucesivo laquohelliphellipraquo) y el Estado belga representado por el Ministro de Defensa en relacioacuten con la adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo

Marco juriacutedico

Normativa comunitaria

3 El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 establece

laquoEn lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten de las Directivas 71305CEE 7762CEE y 9250CEE [hellip] los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y en particular lo maacutes raacutepidamente posible en las condiciones establecidas en los artiacuteculos siguientes y en especial en el apartado 7 del artiacuteculo 2 cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativaraquo

4 El artiacuteculo 33 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO L 199 p 1) deroga la Directiva 7762CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1976 de coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO 1977 L 13 p 1 EE 1701 p 29) y establece que las referencias a dicha Directiva derogada se entenderaacuten hechas a la Directiva 9336 Igualmente el artiacuteculo 36 de la Directiva 9337CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 199 p 54) deroga la Directiva 71305CEE del Consejo de 26 de julio de 1971 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 185 p 5 EE 1703 p 9) y establece que las referencias a esta uacuteltima Directiva se entenderaacuten hechas a la Directiva 9337

5 El artiacuteculo 2 apartado 8 de la Directiva 89665 dispone

laquoCuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no sean de caraacutecter jurisdiccional sus decisiones deberaacuten ir siempre motivadas por escrito Ademaacutes en ese caso deberaacuten adoptarse disposiciones para que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el organismo de base competente o cualquier presunta infraccioacuten cometida en el ejercicio de los poderes que tiene conferidos pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante

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otro organismo que sea una jurisdiccioacuten en el sentido del artiacuteculo [234 CE] y que sea independiente en relacioacuten con el poder adjudicador y con el organismo de base

El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminacioacuten de su mandato estaraacuten sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento la duracioacuten de su mandato y su revocabilidad Como miacutenimo el presidente de este organismo independiente deberaacute poseer las mismas cualificaciones juriacutedicas y profesionales que un juez Dicho organismo independiente adoptaraacute sus decisiones previa realizacioacuten de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendraacuten por los medios que estipule cada Estado miembro efectos juriacutedicos vinculantesraquo

6 A tenor del artiacuteculo 7 apartado 1 de la Directiva 9336 en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 (DO L 328 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 9336raquo)

laquoDentro de un plazo de quince diacuteas a partir de la fecha de recepcioacuten de una solicitud escrita el poder adjudicador comunicaraacute a los candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta y a cualquier licitador que haya hecho una oferta admisible las caracteriacutesticas y ventajas relativas de la oferta seleccionada asiacute como el nombre del adjudicatario

No obstante los poderes adjudicadores podraacuten decidir no comunicar determinadas informaciones sobre la adjudicacioacuten de los contratos a las que se refiere el paacuterrafo primero cuando su difusioacuten pudiera obstaculizar la aplicacioacuten de la ley o ser contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicar los intereses comerciales legiacutetimos de determinadas empresas puacuteblicas o privadas o perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

7 El artiacuteculo 9 apartado 3 de la Directiva 9336 establece

laquoLos poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato daraacuten a conocer el resultado por medio de un anuncio Sin embargo en algunos casos podraacute no publicarse determinada informacioacuten relativa a la adjudicacioacuten de un contrato cuando su divulgacioacuten pudiere constituir un obstaacuteculo a la aplicacioacuten de la legislacioacuten o fuere contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicare los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pudieren perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

8 El artiacuteculo 15 apartado 2 de la misma Directiva dispone

laquoLos poderes adjudicadores respetaraacuten el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedoresraquo

9 Lo dispuesto en los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 se reproduce esencialmente en los artiacuteculos 6 35 apartado 4 paacuterrafo quinto y 41 apartado 3 de la Directiva 200418CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras de suministro y de servicios (DO L 134 p 114)

Normativa nacional

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10 El artiacuteculo 87 del Arreteacute du Reacutegent deteacuterminant la proceacutedure devant la section drsquoadministration du Conseil drsquoEtat (Decreto del Regente por el que se regula el procedimiento ante la seccioacuten administrativa del Conseil drsquoEacutetat) de 23 de agosto de 1948 (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948 p 6821) establece

laquoLas partes sus abogados y el comisario del Gobierno podraacuten consultar el expediente del asunto en la Secretariacutearaquo

11 A tenor del artiacuteculo 21 paacuterrafos tercero y cuarto de las Lois sur le Conseil drsquoEtat cordoneacutees le 12 janvier 1973 (Leyes sobre el Conseil drsquoEacutetat coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973 p 3461)

laquoSi la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido sin perjuicio de lo dispuesto en el artiacuteculo 21 bis se consideraraacuten probados los hechos alegados por la parte demandante salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos

Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada eacutesta lo comunicaraacute a la Sala que conoce del recurso que podraacute ordenar el depoacutesito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 36raquo

Litigio principal y cuestioacuten prejudicial

12 El 14 de diciembre de 2001 el Estado belga inicioacute el procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo Presentaron sus ofertas dos licitadores a saber helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (en lo sucesivo laquohelliphelliphellipraquo)

13 Al examinar dichas ofertas el Estado belga estimoacute que la presentada por Varec no reuniacutea los criterios de seleccioacuten de caraacutecter teacutecnico y que dicha oferta era irregular En cambio consideroacute que la oferta de helliphelliphellipl respondiacutea a todos los criterios de seleccioacuten que era regular y que sus precios eran normales En consecuencia el Estado belga adjudicoacute el contrato a helliphelliphellip mediante decisioacuten del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo laquodecisioacuten de adjudicacioacuten del contratoraquo)

14 El 29 de julio de 2002 helliphelliphelliphellip interpuso un recurso ante el Conseil drsquoEacutetat dirigido a la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato helliphelliphellip fue admitida como parte coadyuvante

15 El expediente que el Estado belga remitioacute al Conseil drsquoEacutetat no incluiacutea la oferta de helliphellip

16 helliphelliphellip solicitoacute que se incorporara dicha oferta al expediente El Auditeur del Conseil drsquoEacutetat encargado de elaborar un informe (en lo sucesivo laquoAuditeurraquo) formuloacute la misma solicitud

17 El 17 de diciembre de 2002 el Estado belga incorporoacute al expediente la oferta de helliphellipl puntualizando que no figuraban en ella los planos de conjunto del eslaboacuten propuesto ni sus elementos constitutivos Sentildealoacute que de conformidad con el pliego de condiciones y a peticioacuten de helliphelliphellipl habiacutea devuelto a eacutesta dichos elementos Antildeadioacute que por esta razoacuten no podiacutea incorporar tales elementos al expediente y que si resultaba indispensable que figuraran en eacutel era preciso solicitar a helliphellipl que los proporcionara Asimismo el Estado belga recordoacute que helliphelliphellip y helliphellipl

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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Firmas

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- ASISTENCIA SANITARIA - STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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  • CUARTO
Page 4: Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA - Castilla-La Mancha...2013/10/11  · Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA 1. LEGISLACIÓN Página Estructura orgánica básica del Ministerio

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- Real Decreto 11332008 de 4 de julio por el que se desarrolla la estructura orgaacutenica baacutesica del Ministerio de Sanidad y Consumo

o BOE nuacutem 165 de 9 de julio de 2008 paacuteg 29992

- LEY 62008 de 2 de junio de la Generalitat de Aseguramiento Sanitario del Sistema Sanitario Puacuteblico de la Comunitat Valenciana

o BOCV nuacutem 5778 de 5 de junio de 2008 paacuteg 64868 - Orden SCO17302008 de 6 de junio de Reglamentaciones teacutecnico-

sanitaria especiacutefica de los alimentos dieteacuteticos destinados a usos meacutedicos especiales

o BOE nuacutem 147 de 18 de junio de 2008 paacuteg 27608

- Orden PRE17972008 de 18 de junio sobre acreditacioacuten de la condicioacuten

de pensionista de la Seguridad Social a efectos del reconocimiento del derecho a la prestacioacuten farmaceacuteutica

o BOE nuacutem 152 de 24 de junio de 2008 paacuteg 28218

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- Real Decreto 10812008 de 30 de junio sobre traspaso a la Comunidad de Galicia de los medios personales adscritos al Hospital Baacutesico de la Defensa en Ferrol (A Coruntildea)

o BOE nuacutem 158 de 1 de julio de 2008 paacuteg 28904

- Real Decreto 10832008 de 30 de junio sobre traspaso de la Comunidad

Autoacutenoma de la Regioacuten de Murcia de las funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria encomendada al Instituto Social de la Marina

o BOE nuacutem 158 de 1 de julio de 2008 paacuteg 28916

- Real Decreto 10862008 de 30 de junio sobre traspaso a la Comunidad Autoacutenoma de la Regioacuten de Murcia en medios personales adscritos al Hospital General Baacutesico de la Defensa de Cartagena

o BOE nuacutem 158 de 1 de julio de 2008 paacuteg 28930

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RESPONSABILIDAD - Responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten demanda

exclusivamente contra la aseguradora Auto de la Audiencia Provincial de Albacete (Seccioacuten 2ordf)

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CONTRATACIOacuteN - Orden de 16 de junio de 2008 de la Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda

por la que se regula el perfil de contratante de los oacuterganos de contratacioacuten de la Administracioacuten de la Junta de Andaluciacutea y sus entidades instrumentales

o BOJA nuacutem 123 de 23 de junio de 2008 paacuteg 7

Texto completo

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- Recomendacioacuten de la Junta Consultiva de contratacioacuten administrativa

sobre aplicacioacuten de marcas comerciales en la definicioacuten de las especificaciones teacutecnicas en los contratos cuyo objeto es la compra o el arrendamiento de ordenadores y demaacutes equipos informaacuteticos

o BOE nuacutem 150 de 21 de junio de 2008 paacuteg 28082

- Proteccioacuten de los procedimientos de recurso y confidencialidad de la

informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicos Sentencia del TSJUE

Texto completo ASISTENCIA SANITARIA - REGLAMENTO (CE) No 5922008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL

CONSEJO de 17 de junio de 2008 por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 140871 del Consejo relativo a la aplicacioacuten de los regiacutemenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad

Texto completo

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- STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Texto completo

- Ley 82008 de 20 de junio de la Generalitat Valencia de los Derechos de Salud de Nintildeos y Adolescentes

La evolucioacuten que la figura del nintildeo ha tenido en los uacuteltimos antildeos exige una legislacioacuten acorde con una nueva dimensioacuten social Ha pasado de ser objeto de proteccioacuten a ser sujeto de derechos siendo la proteccioacuten uno de los que le amparan

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SEGURIDAD DE PACIENTES

- Sucesos en seguridad del paciente de salud mental

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- Jornadas de Derecho Sanitario sobre Mediacioacuten en casos de

echa 16 y 17 de julio de 2008 ro Universitario El Escorial

responsabilidad patrimonial civil y penal derivada de los dantildeos sobrevenidos con ocasioacuten de la asistencia sanitaria

FLugar de celebracioacuten Real CentTeleacutefono 91 896 70 67 91 896 67 06 91 896 71 99 Fax 91 543 20 12 Maacutes informacioacuten httpwwwucmes

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- Einformacioacuten y documentacioacuten cliacutenica Analiza el estado actual del problema de la responsabilidad meacutedica y hospitalaria realizando un breve anaacutelisis de sus antecedentes legislativos su relacioacuten con la normativa sanitaria existente y las diversas Leyes autonoacutemicas dictadas sobre esta materia Estudia los preceptos dedicados al derecho a la informacioacuten y al consentimiento informado y las consecuencias juriacutedicas de su omisioacuten en cada supuesto las disposiciones relativas a la historia y documentacioacuten cliacutenica con toda la problemaacutetica del acceso a la misma el respeto a la intimidad de los datos sanitarios y la normativa sobre proteccioacuten de datos Ademaacutes se recoge la opinioacuten de la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA y las Audiencias Provinciales AEditorial Lex Nova Maacutes Informacioacuten ht

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- Aspectos eacuteticos de la sedacioacuten en cuidados paliativos sedacioacuten

l documento que presentamos ha sido elaborado por los miembros del Comiteacute de Eacutetica de la

exto completo httpwwwunaves

paliativasedacioacuten Terminal ESociedad Espantildeola de Cuidados Paliativos con el fin de ofrecer una serie de recomendaciones sobre los aspectos eacuteticos de la Sedacioacuten en cuidados paliativos Estas recomendaciones van dirigidas tanto a los miembros de la SECPAL como a todos los profesionales de la sanidad que de una manera u otra tienen responsabilidades en la atencioacuten de pacientes con enfermedades avanzadas y terminales T

Medicina y objecioacuten de conciencia

n este artiacuteculo se analiza el problema de la objecioacuten de conciencia de los profesionales de

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- Ela medicina y se concluye que la objecioacuten de conciencia no supone un derecho absoluto a la exencioacuten de determinadas tareas sino que siempre debe tenerse en cuenta la responsabilidad del profesional y de las Instituciones de cara al ciudadano Asimismo se sugieren soluciones que incidan en la proteccioacuten del profesional y de los ciudadanos T

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Minoriacutea de edad y aborto algunas consideraciones sobre el

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-consentimiento y confidencialidad

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Declaracioacuten sobre la atencioacuten meacutedica al final de la vida

os avances de la medicina los cambios sociales econoacutemicos y de valores producidos en

Maacutes informacioacuten httpwwwunaves

- Lnuestro paiacutes han generado nuevas necesidades asistenciales debido al incremento de las enfermedades croacutenicas e incurables La SECPAL elabora una declaracioacuten sobre la atencioacuten meacutedica al final de la vida donde define los objetivos de la atencioacuten en las fases avanzadas y terminales asiacute como propuestas para una mejor atencioacuten integral y promocioacuten de la calidad de vida en estas fases

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- Universidad Internacional Meneacutendez Pelayo I encuentro interautonoacutemico sobre proteccioacuten juriacutedica del paciente como consumidor

Fecha Del 14 al 18 de julio de 2008 Lugar de celebracioacuten Cuenca Informacioacuten de matriacuteculas y becas Secretariacutea de Alumnos Ronda Juliaacuten Romero 18 Teleacutefono 969 22 12 27 969 22 09 25 Fax 969 22 07 39

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ldquoBioeacutetica Interdisciplinaridade e praacutetica cliacutenicardquo Autor Casado M Loch J y Gauer G Editorial EdiPUrcs Porto Alegre (Brasil)

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- Responsabilidad patrimonial Audiencia Provincial de Albacete (Seccioacuten 2ordf) Auto nuacutem AC JURISDICCION CIVIL COMPETENCIA responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten demanda exclusivamente contra la aseguradora no hay acto administrativo impugnado Jurisdiccioacuten Civil Recurso de Apelacioacuten nuacutem Ponente En ALBACETE a RAZONAMIENTOS JURIDICOS PRIMERO

Es objeto de apelacioacuten la abstencioacuten del Juzgado civil para conocer de una pretensioacuten de responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten local si bien dirigida directa y exclusivamente contra la aseguradora de eacutesta Como establece el art 37 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892) se abstendraacuten de conocer los tribunales civiles cuando se les sometan asuntos de los que corresponda conocer a los tribunales de otro orden jurisdiccional de la jurisdiccioacuten ordinaria lo que se apreciaraacute o acordaraacute de oficio tal como ordena el art 38 de la Ley de Enjuiciamiento Civil SEGUNDO Asiacute ya el art 9 de la Ley Orgaacutenica del Poder Judicial ( RCL 1985 1578 2635) establece que Los del orden Contencioso-Administrativo conoceraacuten de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la actuacioacuten de las Administraciones puacuteblicas sujeta al derecho administrativo con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los reales decretos legislativos en los teacuterminos previstos en el art 826 de la Constitucioacuten ( RCL 1978 2836) de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdiccioacuten ( RCL 1998 1741) Tambieacuten conoceraacuten de los recursos contra la inactividad de la Administracioacuten y contra sus actuaciones materiales que constituyan viacutea de hecho Conoceraacuten asimismo de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas y del personal a su servicio cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que se derive Si a la produccioacuten del dantildeo hubieran concurrido sujetos privados el demandante deduciraacute tambieacuten frente a ellos su pretensioacuten ante este orden jurisdiccional Igualmente conoceraacuten de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectiva Tambieacuten seraacute competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen ademaacutes contra las personas o entidades puacuteblicas o privadas indirectamente responsables de aqueacutellas Por si el anterior precepto no resultare claro la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa (Ley 291998 de 1307 [ RCL 1998 1741] ) establece en su art 2 que

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El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo conoceraacute de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que derive no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los oacuterdenes jurisdiccionales civil o social aun cuando en la produccioacuten del dantildeo concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad Y es que como refiere su Exposicioacuten de Motivos Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten puacuteblica Los principios de su peculiar reacutegimen juriacutedico que tiene cobertura constitucional son de naturaleza puacuteblica y hoy en diacutea la Ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a traveacutes de un mismo tipo de procedimiento administrativo Por eso parece muy conveniente unificar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa evitando la dispersioacuten de acciones que actualmente existe y garantizando la uniformidad jurisprudencial salvo como es loacutegico en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisioacuten de una infraccioacuten penal El anterior grupo normativo se completa con lo previsto en el art 139 y siguientes de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten ( Ley 301992 de 2611 [ RCL 1992 2512 2775 y RCL 1993 246] modificada por Ley 41999 de 1301 [ RCL 1999 114 329] ) que preveacute un procedimiento de reclamacioacuten previa administrativa para las pretensiones derivadas de responsabilidad extracontracatual o patrimonial cuya resolucioacuten es impugnable en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

Tambieacuten se completa especiacuteficamente para pretensiones de caraacutecter patrimonial de caraacutecter sanitario con su Disposicioacuten Adicional Duodeacutecima Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria

La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social sean estatales o autonoacutemicos asiacute como de las demaacutes entidades servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas por los dantildeos y perjuicios causados por o con ocasioacuten de la asistencia sanitaria y las correspondientes reclamaciones seguiraacuten la tramitacioacuten administrativa prevista en esta Ley correspondiendo su revisioacuten jurisdiccional al orden Contencioso-Administrativo en todo caso

Y con el Real Decreto 4291993 de 2603 ( RCL 1993 1394 1765) (Disposicioacuten Adicional 1ordf)

De este modo se establece o mejor se restablece el sistema de unidad jurisdiccional el orden Contencioso-Administrativo seraacute el competente para enjuiciar eacuteste tipo de pretensiones siempre independientemente del tipo de relacioacuten en que se haya causado el perjuicio e independientemente de si ademaacutes de la Administracioacuten o incluso sin demandar a la Administracioacuten son demandados otras personas La tan alegada vis atractiva en eacuteste tipo de pretensiones lo es a favor de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa prohibiendo incluso el art 2 LJCA ( RCL 1998 1741) -por si hubiera alguna duda- la demanda a la Administracioacuten (sola o junto a otras personas) en el orden civil o social

Se restablece -como se dijo- la unidad jurisdiccional implantado ya en 1954 por la Ley ( RCL 1954 1848) y Reglamento de Expropiacioacuten Forzosa ( RCL 1957 843) art 128 y 141) y el art 3B de la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso administrativa de 1956 ( RCL 1956 1890) quebrado por el art

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40 y 41 de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de la Administracioacuten del Estado de 1957 ( RCL 1957 1058) (ya derogados y que estableciacutean una doble competencia al orden contencioso y al civil seguacuten los dantildeos fueran derivados de un funcionamiento normal o anormal del servicio puacuteblico o causados en el aacutembito de las relaciones de derecho privado distincioacuten hoy irrelevante)

La competencia jurisdiccional viene asignada no tanto por razoacuten del sujeto demandado (de tal modo que de no ser parte la Administracioacuten deba entenderse que no es competencia de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa) sino en funcioacuten del objeto del proceso en eacuteste caso pretensiones relacionadas (en relacioacuten con dicen las indicadas leyes) con la responsabilidad patrimonial

En eacuteste sentido ya suficiente doctrina jurisprudencial como los Autos de 70794 ( RJ 1994

7998) 271094 ( RJ 1994 10587) 11295 170797 o de 250398 ( RJ 1998 7336) entre otros del Tribunal Supremo (Sala de Conflictos) ciertamente con alguna aislada excepcioacuten como el Auto de 271201 ( RJ 2002 4086)

CUARTO Hasta aquiacute se comparten los argumentos juriacutedicos expresados en el Auto impugnado

Ahora bien no es menos cierto que la asignacioacuten de la competencia jurisdiccional indicada al orden Contencioso-Administrativo tiene lugar cuando al margen de los sujetos privados codemandados eacutestos lo sean en cualquier caso junto a la Administracioacuten por lo que dicha competencia pasa necesariamente por el examen de un acto auacuten presunto administrativo que se somete a examen extendiendo la competencia al examen correlativo de otros sujetos privados

Cuando como en el caso no es llamada la Administracioacuten sino exclusivamente alguacuten sujeto privado

como es la aseguradora no hay acto administrativo impugnado por lo que no parece que los

preceptos indicados asignen en eacutestos supuestos la competencia jurisdiccional al orden Contencioso-

Administrativo al menos con la suficiente claridad por lo que seraacute competente el orden civil (litigan

sujetos privados entre siacute) aunque el examen de la responsabilidad del sujeto privado o aseguradora en

el caso pase por un examen prejudicial de la responsabilidad de la Administracioacuten lo que la Ley no

excluye pueda realizar dicho orden

La cuestioacuten ciertamente dudosa ha de resolverse en dicho sentido cuando (a pesar de cierta

corriente jurisprudencial de las Audiencias Provinciales se inclinan por la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa como las Sentencias de Almeriacutea secc 3ordf de 27042007 [ JUR 2007 201170] o de Madrid secc 18 de 9042007 [ AC 2007 916] ) ya el Tribunal Supremo ha tenido ocasioacuten de pronunciarse al respecto en la reciente Sentencia nuacutem 574 de 30052007 ( RJ 2007 4973) que decide que eacuteste tipo de pretensiones es competencia del orden civil no del Contencioso-Administrativo Expresa coacutemo La reforma de la LOPJ ( RCL 1985 1578 2635) llevada a cabo por la LO 192003 ( RCL 2003 3008) tambieacuten posterior a los hechos enjuiciados reconoce expresamente la competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo laquocuando el interesado accione directamente contra

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el asegurador de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectivaraquo Con ello se ha puesto fin a la competencia del orden civil para el conocimiento de las demandas dirigidas conjuntamente contra la Administracioacuten y el asegurador pero este precepto ha sido interpretado por los AATS (Sala de Conflictos) de 18 de octubre de 2004 ( JUR 2005 231278) y 28 de junio de 2004 ( JUR 2005 135727) (teniendo en cuenta la inclusioacuten del uacuteltimo inciso que no figuraba en algunos textos prelegislativos) en el sentido de que seguacuten expresioacuten del primero de los citados autos laquola reforma introducida por la LO 192003 de 23 de diciembre en el art 94 LOPJ -no aplicable al caso por razones de derecho intertemporal- en el sentido de atribuir al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra el asegurador de la Administracioacuten se refiere al supuesto de que se reclame contra aquella junto a la Administracioacuten respectiva lo que excluye el supuesto de haberse demandado uacutenicamente a la Compantildeiacutea de Segurosraquo Digna de mencioacuten tambieacuten es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia secc 1ordf de 30012006 ( JUR 2006 89622) con cita de otra de 20052005 en igual sentido y en el aacutembito de eacuteste Tribunal ya se llegoacute a la misma conclusioacuten en Auto de eacutesta Secc 1ordf de 5032004 y tambieacuten en Sentencia Secc 2ordf de 14012005 (auacuten de modo impliacutecito pues examinoacute el fondo del asunto de una reclamacioacuten o accioacuten directa contra una aseguradora de una entidad local si bien no se suscitoacute cuestioacuten de competencia) QUINTO Dadas las dudas juriacutedicas sobre la cuestioacuten planteada no ha lugar a expresa imposicioacuten de las costas procesales a ninguno de los litigantes (art 398 de la Ley Procesal [ RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892] ) Por todo ello PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA SE ESTIMA el recurso de apelacioacuten se revoca el Auto de 12122006 apelado y se declara la competencia del Juzgado de Primera Instancia que dictoacute el mismo para conocer de la demanda debiendo cada parte abonar las costas procesales causadas a su instancia y comunes por mitad

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- Contratacioacuten Administrativa

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 14 de febrero de 2008 ()

laquoContratacioacuten puacuteblica ndash Recursos ndash Directiva 89665CEE ndash Recurso eficaz ndash Concepto ndash Equilibrio entre el principio de contradiccioacuten y el derecho al respeto de los secretos comerciales ndash Proteccioacuten por el organismo responsable de los procedimientos de recurso de la confidencialidad de la informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicosraquo

En el asunto C-45006

que tiene por objeto una peticioacuten de decisioacuten prejudicial planteada con arreglo al artiacuteculo 234 CE por el Conseil drsquoEacutetat (Beacutelgica) mediante resolucioacuten de 24 de octubre de 2006 recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2006 en el procedimiento entre

en el que participahelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

integrado por el Sr A Rosas Presidente de Sala y los Sres helliphelliphelliphellip) y helliphelliphellip la Sra helliphelliphellipy el Sr helliphelliphelliphellip Jueces

Abogado General Sra

Secretario Sr

habiendo considerado los escritos obrantes en autos

consideradas las observaciones presentadas

ndash en nombre de helliphellip por los Sres helliphelliphellip y helliphelliphellip

ndash en nombre del Gobierno belga por la Sra helliphelliphelliphellip en calidad de agente asistida por el Sr helliphelliphellip abogado

ndash en nombre del Gobierno austriaco por el Sr M helliphelliphellip en calidad de agente

ndash en nombre de la Comisioacuten de las Comunidades Europeas por los Sres helliphelliphellip y D helliphelliphellip en calidad de agentes

oiacutedas las conclusiones de la Abogado General presentadas en audiencia puacuteblica el 25 de octubre de 2007

dicta la siguiente

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Sentencia

1 La peticioacuten de decisioacuten prejudicial tiene por objeto la interpretacioacuten del artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras (DO L 395 p 33) en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios (DO L 209 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 89665raquo)

2 Esta peticioacuten se presentoacute en el marco de un litigio entre helliphellip (en lo sucesivo laquohelliphellipraquo) y el Estado belga representado por el Ministro de Defensa en relacioacuten con la adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo

Marco juriacutedico

Normativa comunitaria

3 El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 establece

laquoEn lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten de las Directivas 71305CEE 7762CEE y 9250CEE [hellip] los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y en particular lo maacutes raacutepidamente posible en las condiciones establecidas en los artiacuteculos siguientes y en especial en el apartado 7 del artiacuteculo 2 cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativaraquo

4 El artiacuteculo 33 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO L 199 p 1) deroga la Directiva 7762CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1976 de coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO 1977 L 13 p 1 EE 1701 p 29) y establece que las referencias a dicha Directiva derogada se entenderaacuten hechas a la Directiva 9336 Igualmente el artiacuteculo 36 de la Directiva 9337CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 199 p 54) deroga la Directiva 71305CEE del Consejo de 26 de julio de 1971 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 185 p 5 EE 1703 p 9) y establece que las referencias a esta uacuteltima Directiva se entenderaacuten hechas a la Directiva 9337

5 El artiacuteculo 2 apartado 8 de la Directiva 89665 dispone

laquoCuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no sean de caraacutecter jurisdiccional sus decisiones deberaacuten ir siempre motivadas por escrito Ademaacutes en ese caso deberaacuten adoptarse disposiciones para que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el organismo de base competente o cualquier presunta infraccioacuten cometida en el ejercicio de los poderes que tiene conferidos pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante

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otro organismo que sea una jurisdiccioacuten en el sentido del artiacuteculo [234 CE] y que sea independiente en relacioacuten con el poder adjudicador y con el organismo de base

El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminacioacuten de su mandato estaraacuten sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento la duracioacuten de su mandato y su revocabilidad Como miacutenimo el presidente de este organismo independiente deberaacute poseer las mismas cualificaciones juriacutedicas y profesionales que un juez Dicho organismo independiente adoptaraacute sus decisiones previa realizacioacuten de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendraacuten por los medios que estipule cada Estado miembro efectos juriacutedicos vinculantesraquo

6 A tenor del artiacuteculo 7 apartado 1 de la Directiva 9336 en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 (DO L 328 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 9336raquo)

laquoDentro de un plazo de quince diacuteas a partir de la fecha de recepcioacuten de una solicitud escrita el poder adjudicador comunicaraacute a los candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta y a cualquier licitador que haya hecho una oferta admisible las caracteriacutesticas y ventajas relativas de la oferta seleccionada asiacute como el nombre del adjudicatario

No obstante los poderes adjudicadores podraacuten decidir no comunicar determinadas informaciones sobre la adjudicacioacuten de los contratos a las que se refiere el paacuterrafo primero cuando su difusioacuten pudiera obstaculizar la aplicacioacuten de la ley o ser contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicar los intereses comerciales legiacutetimos de determinadas empresas puacuteblicas o privadas o perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

7 El artiacuteculo 9 apartado 3 de la Directiva 9336 establece

laquoLos poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato daraacuten a conocer el resultado por medio de un anuncio Sin embargo en algunos casos podraacute no publicarse determinada informacioacuten relativa a la adjudicacioacuten de un contrato cuando su divulgacioacuten pudiere constituir un obstaacuteculo a la aplicacioacuten de la legislacioacuten o fuere contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicare los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pudieren perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

8 El artiacuteculo 15 apartado 2 de la misma Directiva dispone

laquoLos poderes adjudicadores respetaraacuten el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedoresraquo

9 Lo dispuesto en los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 se reproduce esencialmente en los artiacuteculos 6 35 apartado 4 paacuterrafo quinto y 41 apartado 3 de la Directiva 200418CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras de suministro y de servicios (DO L 134 p 114)

Normativa nacional

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10 El artiacuteculo 87 del Arreteacute du Reacutegent deteacuterminant la proceacutedure devant la section drsquoadministration du Conseil drsquoEtat (Decreto del Regente por el que se regula el procedimiento ante la seccioacuten administrativa del Conseil drsquoEacutetat) de 23 de agosto de 1948 (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948 p 6821) establece

laquoLas partes sus abogados y el comisario del Gobierno podraacuten consultar el expediente del asunto en la Secretariacutearaquo

11 A tenor del artiacuteculo 21 paacuterrafos tercero y cuarto de las Lois sur le Conseil drsquoEtat cordoneacutees le 12 janvier 1973 (Leyes sobre el Conseil drsquoEacutetat coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973 p 3461)

laquoSi la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido sin perjuicio de lo dispuesto en el artiacuteculo 21 bis se consideraraacuten probados los hechos alegados por la parte demandante salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos

Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada eacutesta lo comunicaraacute a la Sala que conoce del recurso que podraacute ordenar el depoacutesito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 36raquo

Litigio principal y cuestioacuten prejudicial

12 El 14 de diciembre de 2001 el Estado belga inicioacute el procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo Presentaron sus ofertas dos licitadores a saber helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (en lo sucesivo laquohelliphelliphellipraquo)

13 Al examinar dichas ofertas el Estado belga estimoacute que la presentada por Varec no reuniacutea los criterios de seleccioacuten de caraacutecter teacutecnico y que dicha oferta era irregular En cambio consideroacute que la oferta de helliphelliphellipl respondiacutea a todos los criterios de seleccioacuten que era regular y que sus precios eran normales En consecuencia el Estado belga adjudicoacute el contrato a helliphelliphellip mediante decisioacuten del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo laquodecisioacuten de adjudicacioacuten del contratoraquo)

14 El 29 de julio de 2002 helliphelliphelliphellip interpuso un recurso ante el Conseil drsquoEacutetat dirigido a la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato helliphelliphellip fue admitida como parte coadyuvante

15 El expediente que el Estado belga remitioacute al Conseil drsquoEacutetat no incluiacutea la oferta de helliphellip

16 helliphelliphellip solicitoacute que se incorporara dicha oferta al expediente El Auditeur del Conseil drsquoEacutetat encargado de elaborar un informe (en lo sucesivo laquoAuditeurraquo) formuloacute la misma solicitud

17 El 17 de diciembre de 2002 el Estado belga incorporoacute al expediente la oferta de helliphellipl puntualizando que no figuraban en ella los planos de conjunto del eslaboacuten propuesto ni sus elementos constitutivos Sentildealoacute que de conformidad con el pliego de condiciones y a peticioacuten de helliphelliphellipl habiacutea devuelto a eacutesta dichos elementos Antildeadioacute que por esta razoacuten no podiacutea incorporar tales elementos al expediente y que si resultaba indispensable que figuraran en eacutel era preciso solicitar a helliphellipl que los proporcionara Asimismo el Estado belga recordoacute que helliphelliphellip y helliphellipl

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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

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- ASISTENCIA SANITARIA - STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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  • CUARTO
Page 5: Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA - Castilla-La Mancha...2013/10/11  · Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA 1. LEGISLACIÓN Página Estructura orgánica básica del Ministerio

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- Real Decreto 10812008 de 30 de junio sobre traspaso a la Comunidad de Galicia de los medios personales adscritos al Hospital Baacutesico de la Defensa en Ferrol (A Coruntildea)

o BOE nuacutem 158 de 1 de julio de 2008 paacuteg 28904

- Real Decreto 10832008 de 30 de junio sobre traspaso de la Comunidad

Autoacutenoma de la Regioacuten de Murcia de las funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria encomendada al Instituto Social de la Marina

o BOE nuacutem 158 de 1 de julio de 2008 paacuteg 28916

- Real Decreto 10862008 de 30 de junio sobre traspaso a la Comunidad Autoacutenoma de la Regioacuten de Murcia en medios personales adscritos al Hospital General Baacutesico de la Defensa de Cartagena

o BOE nuacutem 158 de 1 de julio de 2008 paacuteg 28930

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RESPONSABILIDAD - Responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten demanda

exclusivamente contra la aseguradora Auto de la Audiencia Provincial de Albacete (Seccioacuten 2ordf)

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CONTRATACIOacuteN - Orden de 16 de junio de 2008 de la Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda

por la que se regula el perfil de contratante de los oacuterganos de contratacioacuten de la Administracioacuten de la Junta de Andaluciacutea y sus entidades instrumentales

o BOJA nuacutem 123 de 23 de junio de 2008 paacuteg 7

Texto completo

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- Recomendacioacuten de la Junta Consultiva de contratacioacuten administrativa

sobre aplicacioacuten de marcas comerciales en la definicioacuten de las especificaciones teacutecnicas en los contratos cuyo objeto es la compra o el arrendamiento de ordenadores y demaacutes equipos informaacuteticos

o BOE nuacutem 150 de 21 de junio de 2008 paacuteg 28082

- Proteccioacuten de los procedimientos de recurso y confidencialidad de la

informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicos Sentencia del TSJUE

Texto completo ASISTENCIA SANITARIA - REGLAMENTO (CE) No 5922008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL

CONSEJO de 17 de junio de 2008 por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 140871 del Consejo relativo a la aplicacioacuten de los regiacutemenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad

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- STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

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- Ley 82008 de 20 de junio de la Generalitat Valencia de los Derechos de Salud de Nintildeos y Adolescentes

La evolucioacuten que la figura del nintildeo ha tenido en los uacuteltimos antildeos exige una legislacioacuten acorde con una nueva dimensioacuten social Ha pasado de ser objeto de proteccioacuten a ser sujeto de derechos siendo la proteccioacuten uno de los que le amparan

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SEGURIDAD DE PACIENTES

- Sucesos en seguridad del paciente de salud mental

Texto completo

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- Jornadas de Derecho Sanitario sobre Mediacioacuten en casos de

echa 16 y 17 de julio de 2008 ro Universitario El Escorial

responsabilidad patrimonial civil y penal derivada de los dantildeos sobrevenidos con ocasioacuten de la asistencia sanitaria

FLugar de celebracioacuten Real CentTeleacutefono 91 896 70 67 91 896 67 06 91 896 71 99 Fax 91 543 20 12 Maacutes informacioacuten httpwwwucmes

Derecho Sanitario y Responsabilidad meacutedica

ste libro realiza un pormenorizado estudio de la Ley 412002 sobre derechos del paciente

utor Andreacutes Domiacutenguez Luelmo

tpwwwagapeacom

- Einformacioacuten y documentacioacuten cliacutenica Analiza el estado actual del problema de la responsabilidad meacutedica y hospitalaria realizando un breve anaacutelisis de sus antecedentes legislativos su relacioacuten con la normativa sanitaria existente y las diversas Leyes autonoacutemicas dictadas sobre esta materia Estudia los preceptos dedicados al derecho a la informacioacuten y al consentimiento informado y las consecuencias juriacutedicas de su omisioacuten en cada supuesto las disposiciones relativas a la historia y documentacioacuten cliacutenica con toda la problemaacutetica del acceso a la misma el respeto a la intimidad de los datos sanitarios y la normativa sobre proteccioacuten de datos Ademaacutes se recoge la opinioacuten de la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA y las Audiencias Provinciales AEditorial Lex Nova Maacutes Informacioacuten ht

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- Aspectos eacuteticos de la sedacioacuten en cuidados paliativos sedacioacuten

l documento que presentamos ha sido elaborado por los miembros del Comiteacute de Eacutetica de la

exto completo httpwwwunaves

paliativasedacioacuten Terminal ESociedad Espantildeola de Cuidados Paliativos con el fin de ofrecer una serie de recomendaciones sobre los aspectos eacuteticos de la Sedacioacuten en cuidados paliativos Estas recomendaciones van dirigidas tanto a los miembros de la SECPAL como a todos los profesionales de la sanidad que de una manera u otra tienen responsabilidades en la atencioacuten de pacientes con enfermedades avanzadas y terminales T

Medicina y objecioacuten de conciencia

n este artiacuteculo se analiza el problema de la objecioacuten de conciencia de los profesionales de

exto completo httpwwwbioetica-debatorg

- Ela medicina y se concluye que la objecioacuten de conciencia no supone un derecho absoluto a la exencioacuten de determinadas tareas sino que siempre debe tenerse en cuenta la responsabilidad del profesional y de las Instituciones de cara al ciudadano Asimismo se sugieren soluciones que incidan en la proteccioacuten del profesional y de los ciudadanos T

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Minoriacutea de edad y aborto algunas consideraciones sobre el

aacutes informacioacuten httpwwwmsces

-consentimiento y confidencialidad

M

Declaracioacuten sobre la atencioacuten meacutedica al final de la vida

os avances de la medicina los cambios sociales econoacutemicos y de valores producidos en

Maacutes informacioacuten httpwwwunaves

- Lnuestro paiacutes han generado nuevas necesidades asistenciales debido al incremento de las enfermedades croacutenicas e incurables La SECPAL elabora una declaracioacuten sobre la atencioacuten meacutedica al final de la vida donde define los objetivos de la atencioacuten en las fases avanzadas y terminales asiacute como propuestas para una mejor atencioacuten integral y promocioacuten de la calidad de vida en estas fases

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- Universidad Internacional Meneacutendez Pelayo I encuentro interautonoacutemico sobre proteccioacuten juriacutedica del paciente como consumidor

Fecha Del 14 al 18 de julio de 2008 Lugar de celebracioacuten Cuenca Informacioacuten de matriacuteculas y becas Secretariacutea de Alumnos Ronda Juliaacuten Romero 18 Teleacutefono 969 22 12 27 969 22 09 25 Fax 969 22 07 39

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ldquoBioeacutetica Interdisciplinaridade e praacutetica cliacutenicardquo Autor Casado M Loch J y Gauer G Editorial EdiPUrcs Porto Alegre (Brasil)

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- Responsabilidad patrimonial Audiencia Provincial de Albacete (Seccioacuten 2ordf) Auto nuacutem AC JURISDICCION CIVIL COMPETENCIA responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten demanda exclusivamente contra la aseguradora no hay acto administrativo impugnado Jurisdiccioacuten Civil Recurso de Apelacioacuten nuacutem Ponente En ALBACETE a RAZONAMIENTOS JURIDICOS PRIMERO

Es objeto de apelacioacuten la abstencioacuten del Juzgado civil para conocer de una pretensioacuten de responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten local si bien dirigida directa y exclusivamente contra la aseguradora de eacutesta Como establece el art 37 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892) se abstendraacuten de conocer los tribunales civiles cuando se les sometan asuntos de los que corresponda conocer a los tribunales de otro orden jurisdiccional de la jurisdiccioacuten ordinaria lo que se apreciaraacute o acordaraacute de oficio tal como ordena el art 38 de la Ley de Enjuiciamiento Civil SEGUNDO Asiacute ya el art 9 de la Ley Orgaacutenica del Poder Judicial ( RCL 1985 1578 2635) establece que Los del orden Contencioso-Administrativo conoceraacuten de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la actuacioacuten de las Administraciones puacuteblicas sujeta al derecho administrativo con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los reales decretos legislativos en los teacuterminos previstos en el art 826 de la Constitucioacuten ( RCL 1978 2836) de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdiccioacuten ( RCL 1998 1741) Tambieacuten conoceraacuten de los recursos contra la inactividad de la Administracioacuten y contra sus actuaciones materiales que constituyan viacutea de hecho Conoceraacuten asimismo de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas y del personal a su servicio cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que se derive Si a la produccioacuten del dantildeo hubieran concurrido sujetos privados el demandante deduciraacute tambieacuten frente a ellos su pretensioacuten ante este orden jurisdiccional Igualmente conoceraacuten de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectiva Tambieacuten seraacute competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen ademaacutes contra las personas o entidades puacuteblicas o privadas indirectamente responsables de aqueacutellas Por si el anterior precepto no resultare claro la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa (Ley 291998 de 1307 [ RCL 1998 1741] ) establece en su art 2 que

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El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo conoceraacute de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que derive no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los oacuterdenes jurisdiccionales civil o social aun cuando en la produccioacuten del dantildeo concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad Y es que como refiere su Exposicioacuten de Motivos Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten puacuteblica Los principios de su peculiar reacutegimen juriacutedico que tiene cobertura constitucional son de naturaleza puacuteblica y hoy en diacutea la Ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a traveacutes de un mismo tipo de procedimiento administrativo Por eso parece muy conveniente unificar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa evitando la dispersioacuten de acciones que actualmente existe y garantizando la uniformidad jurisprudencial salvo como es loacutegico en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisioacuten de una infraccioacuten penal El anterior grupo normativo se completa con lo previsto en el art 139 y siguientes de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten ( Ley 301992 de 2611 [ RCL 1992 2512 2775 y RCL 1993 246] modificada por Ley 41999 de 1301 [ RCL 1999 114 329] ) que preveacute un procedimiento de reclamacioacuten previa administrativa para las pretensiones derivadas de responsabilidad extracontracatual o patrimonial cuya resolucioacuten es impugnable en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

Tambieacuten se completa especiacuteficamente para pretensiones de caraacutecter patrimonial de caraacutecter sanitario con su Disposicioacuten Adicional Duodeacutecima Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria

La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social sean estatales o autonoacutemicos asiacute como de las demaacutes entidades servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas por los dantildeos y perjuicios causados por o con ocasioacuten de la asistencia sanitaria y las correspondientes reclamaciones seguiraacuten la tramitacioacuten administrativa prevista en esta Ley correspondiendo su revisioacuten jurisdiccional al orden Contencioso-Administrativo en todo caso

Y con el Real Decreto 4291993 de 2603 ( RCL 1993 1394 1765) (Disposicioacuten Adicional 1ordf)

De este modo se establece o mejor se restablece el sistema de unidad jurisdiccional el orden Contencioso-Administrativo seraacute el competente para enjuiciar eacuteste tipo de pretensiones siempre independientemente del tipo de relacioacuten en que se haya causado el perjuicio e independientemente de si ademaacutes de la Administracioacuten o incluso sin demandar a la Administracioacuten son demandados otras personas La tan alegada vis atractiva en eacuteste tipo de pretensiones lo es a favor de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa prohibiendo incluso el art 2 LJCA ( RCL 1998 1741) -por si hubiera alguna duda- la demanda a la Administracioacuten (sola o junto a otras personas) en el orden civil o social

Se restablece -como se dijo- la unidad jurisdiccional implantado ya en 1954 por la Ley ( RCL 1954 1848) y Reglamento de Expropiacioacuten Forzosa ( RCL 1957 843) art 128 y 141) y el art 3B de la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso administrativa de 1956 ( RCL 1956 1890) quebrado por el art

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40 y 41 de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de la Administracioacuten del Estado de 1957 ( RCL 1957 1058) (ya derogados y que estableciacutean una doble competencia al orden contencioso y al civil seguacuten los dantildeos fueran derivados de un funcionamiento normal o anormal del servicio puacuteblico o causados en el aacutembito de las relaciones de derecho privado distincioacuten hoy irrelevante)

La competencia jurisdiccional viene asignada no tanto por razoacuten del sujeto demandado (de tal modo que de no ser parte la Administracioacuten deba entenderse que no es competencia de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa) sino en funcioacuten del objeto del proceso en eacuteste caso pretensiones relacionadas (en relacioacuten con dicen las indicadas leyes) con la responsabilidad patrimonial

En eacuteste sentido ya suficiente doctrina jurisprudencial como los Autos de 70794 ( RJ 1994

7998) 271094 ( RJ 1994 10587) 11295 170797 o de 250398 ( RJ 1998 7336) entre otros del Tribunal Supremo (Sala de Conflictos) ciertamente con alguna aislada excepcioacuten como el Auto de 271201 ( RJ 2002 4086)

CUARTO Hasta aquiacute se comparten los argumentos juriacutedicos expresados en el Auto impugnado

Ahora bien no es menos cierto que la asignacioacuten de la competencia jurisdiccional indicada al orden Contencioso-Administrativo tiene lugar cuando al margen de los sujetos privados codemandados eacutestos lo sean en cualquier caso junto a la Administracioacuten por lo que dicha competencia pasa necesariamente por el examen de un acto auacuten presunto administrativo que se somete a examen extendiendo la competencia al examen correlativo de otros sujetos privados

Cuando como en el caso no es llamada la Administracioacuten sino exclusivamente alguacuten sujeto privado

como es la aseguradora no hay acto administrativo impugnado por lo que no parece que los

preceptos indicados asignen en eacutestos supuestos la competencia jurisdiccional al orden Contencioso-

Administrativo al menos con la suficiente claridad por lo que seraacute competente el orden civil (litigan

sujetos privados entre siacute) aunque el examen de la responsabilidad del sujeto privado o aseguradora en

el caso pase por un examen prejudicial de la responsabilidad de la Administracioacuten lo que la Ley no

excluye pueda realizar dicho orden

La cuestioacuten ciertamente dudosa ha de resolverse en dicho sentido cuando (a pesar de cierta

corriente jurisprudencial de las Audiencias Provinciales se inclinan por la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa como las Sentencias de Almeriacutea secc 3ordf de 27042007 [ JUR 2007 201170] o de Madrid secc 18 de 9042007 [ AC 2007 916] ) ya el Tribunal Supremo ha tenido ocasioacuten de pronunciarse al respecto en la reciente Sentencia nuacutem 574 de 30052007 ( RJ 2007 4973) que decide que eacuteste tipo de pretensiones es competencia del orden civil no del Contencioso-Administrativo Expresa coacutemo La reforma de la LOPJ ( RCL 1985 1578 2635) llevada a cabo por la LO 192003 ( RCL 2003 3008) tambieacuten posterior a los hechos enjuiciados reconoce expresamente la competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo laquocuando el interesado accione directamente contra

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el asegurador de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectivaraquo Con ello se ha puesto fin a la competencia del orden civil para el conocimiento de las demandas dirigidas conjuntamente contra la Administracioacuten y el asegurador pero este precepto ha sido interpretado por los AATS (Sala de Conflictos) de 18 de octubre de 2004 ( JUR 2005 231278) y 28 de junio de 2004 ( JUR 2005 135727) (teniendo en cuenta la inclusioacuten del uacuteltimo inciso que no figuraba en algunos textos prelegislativos) en el sentido de que seguacuten expresioacuten del primero de los citados autos laquola reforma introducida por la LO 192003 de 23 de diciembre en el art 94 LOPJ -no aplicable al caso por razones de derecho intertemporal- en el sentido de atribuir al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra el asegurador de la Administracioacuten se refiere al supuesto de que se reclame contra aquella junto a la Administracioacuten respectiva lo que excluye el supuesto de haberse demandado uacutenicamente a la Compantildeiacutea de Segurosraquo Digna de mencioacuten tambieacuten es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia secc 1ordf de 30012006 ( JUR 2006 89622) con cita de otra de 20052005 en igual sentido y en el aacutembito de eacuteste Tribunal ya se llegoacute a la misma conclusioacuten en Auto de eacutesta Secc 1ordf de 5032004 y tambieacuten en Sentencia Secc 2ordf de 14012005 (auacuten de modo impliacutecito pues examinoacute el fondo del asunto de una reclamacioacuten o accioacuten directa contra una aseguradora de una entidad local si bien no se suscitoacute cuestioacuten de competencia) QUINTO Dadas las dudas juriacutedicas sobre la cuestioacuten planteada no ha lugar a expresa imposicioacuten de las costas procesales a ninguno de los litigantes (art 398 de la Ley Procesal [ RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892] ) Por todo ello PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA SE ESTIMA el recurso de apelacioacuten se revoca el Auto de 12122006 apelado y se declara la competencia del Juzgado de Primera Instancia que dictoacute el mismo para conocer de la demanda debiendo cada parte abonar las costas procesales causadas a su instancia y comunes por mitad

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- Contratacioacuten Administrativa

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 14 de febrero de 2008 ()

laquoContratacioacuten puacuteblica ndash Recursos ndash Directiva 89665CEE ndash Recurso eficaz ndash Concepto ndash Equilibrio entre el principio de contradiccioacuten y el derecho al respeto de los secretos comerciales ndash Proteccioacuten por el organismo responsable de los procedimientos de recurso de la confidencialidad de la informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicosraquo

En el asunto C-45006

que tiene por objeto una peticioacuten de decisioacuten prejudicial planteada con arreglo al artiacuteculo 234 CE por el Conseil drsquoEacutetat (Beacutelgica) mediante resolucioacuten de 24 de octubre de 2006 recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2006 en el procedimiento entre

en el que participahelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

integrado por el Sr A Rosas Presidente de Sala y los Sres helliphelliphelliphellip) y helliphelliphellip la Sra helliphelliphellipy el Sr helliphelliphelliphellip Jueces

Abogado General Sra

Secretario Sr

habiendo considerado los escritos obrantes en autos

consideradas las observaciones presentadas

ndash en nombre de helliphellip por los Sres helliphelliphellip y helliphelliphellip

ndash en nombre del Gobierno belga por la Sra helliphelliphelliphellip en calidad de agente asistida por el Sr helliphelliphellip abogado

ndash en nombre del Gobierno austriaco por el Sr M helliphelliphellip en calidad de agente

ndash en nombre de la Comisioacuten de las Comunidades Europeas por los Sres helliphelliphellip y D helliphelliphellip en calidad de agentes

oiacutedas las conclusiones de la Abogado General presentadas en audiencia puacuteblica el 25 de octubre de 2007

dicta la siguiente

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Sentencia

1 La peticioacuten de decisioacuten prejudicial tiene por objeto la interpretacioacuten del artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras (DO L 395 p 33) en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios (DO L 209 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 89665raquo)

2 Esta peticioacuten se presentoacute en el marco de un litigio entre helliphellip (en lo sucesivo laquohelliphellipraquo) y el Estado belga representado por el Ministro de Defensa en relacioacuten con la adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo

Marco juriacutedico

Normativa comunitaria

3 El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 establece

laquoEn lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten de las Directivas 71305CEE 7762CEE y 9250CEE [hellip] los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y en particular lo maacutes raacutepidamente posible en las condiciones establecidas en los artiacuteculos siguientes y en especial en el apartado 7 del artiacuteculo 2 cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativaraquo

4 El artiacuteculo 33 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO L 199 p 1) deroga la Directiva 7762CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1976 de coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO 1977 L 13 p 1 EE 1701 p 29) y establece que las referencias a dicha Directiva derogada se entenderaacuten hechas a la Directiva 9336 Igualmente el artiacuteculo 36 de la Directiva 9337CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 199 p 54) deroga la Directiva 71305CEE del Consejo de 26 de julio de 1971 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 185 p 5 EE 1703 p 9) y establece que las referencias a esta uacuteltima Directiva se entenderaacuten hechas a la Directiva 9337

5 El artiacuteculo 2 apartado 8 de la Directiva 89665 dispone

laquoCuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no sean de caraacutecter jurisdiccional sus decisiones deberaacuten ir siempre motivadas por escrito Ademaacutes en ese caso deberaacuten adoptarse disposiciones para que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el organismo de base competente o cualquier presunta infraccioacuten cometida en el ejercicio de los poderes que tiene conferidos pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante

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otro organismo que sea una jurisdiccioacuten en el sentido del artiacuteculo [234 CE] y que sea independiente en relacioacuten con el poder adjudicador y con el organismo de base

El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminacioacuten de su mandato estaraacuten sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento la duracioacuten de su mandato y su revocabilidad Como miacutenimo el presidente de este organismo independiente deberaacute poseer las mismas cualificaciones juriacutedicas y profesionales que un juez Dicho organismo independiente adoptaraacute sus decisiones previa realizacioacuten de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendraacuten por los medios que estipule cada Estado miembro efectos juriacutedicos vinculantesraquo

6 A tenor del artiacuteculo 7 apartado 1 de la Directiva 9336 en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 (DO L 328 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 9336raquo)

laquoDentro de un plazo de quince diacuteas a partir de la fecha de recepcioacuten de una solicitud escrita el poder adjudicador comunicaraacute a los candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta y a cualquier licitador que haya hecho una oferta admisible las caracteriacutesticas y ventajas relativas de la oferta seleccionada asiacute como el nombre del adjudicatario

No obstante los poderes adjudicadores podraacuten decidir no comunicar determinadas informaciones sobre la adjudicacioacuten de los contratos a las que se refiere el paacuterrafo primero cuando su difusioacuten pudiera obstaculizar la aplicacioacuten de la ley o ser contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicar los intereses comerciales legiacutetimos de determinadas empresas puacuteblicas o privadas o perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

7 El artiacuteculo 9 apartado 3 de la Directiva 9336 establece

laquoLos poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato daraacuten a conocer el resultado por medio de un anuncio Sin embargo en algunos casos podraacute no publicarse determinada informacioacuten relativa a la adjudicacioacuten de un contrato cuando su divulgacioacuten pudiere constituir un obstaacuteculo a la aplicacioacuten de la legislacioacuten o fuere contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicare los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pudieren perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

8 El artiacuteculo 15 apartado 2 de la misma Directiva dispone

laquoLos poderes adjudicadores respetaraacuten el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedoresraquo

9 Lo dispuesto en los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 se reproduce esencialmente en los artiacuteculos 6 35 apartado 4 paacuterrafo quinto y 41 apartado 3 de la Directiva 200418CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras de suministro y de servicios (DO L 134 p 114)

Normativa nacional

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10 El artiacuteculo 87 del Arreteacute du Reacutegent deteacuterminant la proceacutedure devant la section drsquoadministration du Conseil drsquoEtat (Decreto del Regente por el que se regula el procedimiento ante la seccioacuten administrativa del Conseil drsquoEacutetat) de 23 de agosto de 1948 (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948 p 6821) establece

laquoLas partes sus abogados y el comisario del Gobierno podraacuten consultar el expediente del asunto en la Secretariacutearaquo

11 A tenor del artiacuteculo 21 paacuterrafos tercero y cuarto de las Lois sur le Conseil drsquoEtat cordoneacutees le 12 janvier 1973 (Leyes sobre el Conseil drsquoEacutetat coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973 p 3461)

laquoSi la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido sin perjuicio de lo dispuesto en el artiacuteculo 21 bis se consideraraacuten probados los hechos alegados por la parte demandante salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos

Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada eacutesta lo comunicaraacute a la Sala que conoce del recurso que podraacute ordenar el depoacutesito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 36raquo

Litigio principal y cuestioacuten prejudicial

12 El 14 de diciembre de 2001 el Estado belga inicioacute el procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo Presentaron sus ofertas dos licitadores a saber helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (en lo sucesivo laquohelliphelliphellipraquo)

13 Al examinar dichas ofertas el Estado belga estimoacute que la presentada por Varec no reuniacutea los criterios de seleccioacuten de caraacutecter teacutecnico y que dicha oferta era irregular En cambio consideroacute que la oferta de helliphelliphellipl respondiacutea a todos los criterios de seleccioacuten que era regular y que sus precios eran normales En consecuencia el Estado belga adjudicoacute el contrato a helliphelliphellip mediante decisioacuten del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo laquodecisioacuten de adjudicacioacuten del contratoraquo)

14 El 29 de julio de 2002 helliphelliphelliphellip interpuso un recurso ante el Conseil drsquoEacutetat dirigido a la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato helliphelliphellip fue admitida como parte coadyuvante

15 El expediente que el Estado belga remitioacute al Conseil drsquoEacutetat no incluiacutea la oferta de helliphellip

16 helliphelliphellip solicitoacute que se incorporara dicha oferta al expediente El Auditeur del Conseil drsquoEacutetat encargado de elaborar un informe (en lo sucesivo laquoAuditeurraquo) formuloacute la misma solicitud

17 El 17 de diciembre de 2002 el Estado belga incorporoacute al expediente la oferta de helliphellipl puntualizando que no figuraban en ella los planos de conjunto del eslaboacuten propuesto ni sus elementos constitutivos Sentildealoacute que de conformidad con el pliego de condiciones y a peticioacuten de helliphelliphellipl habiacutea devuelto a eacutesta dichos elementos Antildeadioacute que por esta razoacuten no podiacutea incorporar tales elementos al expediente y que si resultaba indispensable que figuraran en eacutel era preciso solicitar a helliphellipl que los proporcionara Asimismo el Estado belga recordoacute que helliphelliphellip y helliphellipl

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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Firmas

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- ASISTENCIA SANITARIA - STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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  • CUARTO
Page 6: Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA - Castilla-La Mancha...2013/10/11  · Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA 1. LEGISLACIÓN Página Estructura orgánica básica del Ministerio

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RESPONSABILIDAD - Responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten demanda

exclusivamente contra la aseguradora Auto de la Audiencia Provincial de Albacete (Seccioacuten 2ordf)

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CONTRATACIOacuteN - Orden de 16 de junio de 2008 de la Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda

por la que se regula el perfil de contratante de los oacuterganos de contratacioacuten de la Administracioacuten de la Junta de Andaluciacutea y sus entidades instrumentales

o BOJA nuacutem 123 de 23 de junio de 2008 paacuteg 7

Texto completo

6

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- Recomendacioacuten de la Junta Consultiva de contratacioacuten administrativa

sobre aplicacioacuten de marcas comerciales en la definicioacuten de las especificaciones teacutecnicas en los contratos cuyo objeto es la compra o el arrendamiento de ordenadores y demaacutes equipos informaacuteticos

o BOE nuacutem 150 de 21 de junio de 2008 paacuteg 28082

- Proteccioacuten de los procedimientos de recurso y confidencialidad de la

informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicos Sentencia del TSJUE

Texto completo ASISTENCIA SANITARIA - REGLAMENTO (CE) No 5922008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL

CONSEJO de 17 de junio de 2008 por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 140871 del Consejo relativo a la aplicacioacuten de los regiacutemenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad

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- STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

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- Ley 82008 de 20 de junio de la Generalitat Valencia de los Derechos de Salud de Nintildeos y Adolescentes

La evolucioacuten que la figura del nintildeo ha tenido en los uacuteltimos antildeos exige una legislacioacuten acorde con una nueva dimensioacuten social Ha pasado de ser objeto de proteccioacuten a ser sujeto de derechos siendo la proteccioacuten uno de los que le amparan

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SEGURIDAD DE PACIENTES

- Sucesos en seguridad del paciente de salud mental

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8

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- Jornadas de Derecho Sanitario sobre Mediacioacuten en casos de

echa 16 y 17 de julio de 2008 ro Universitario El Escorial

responsabilidad patrimonial civil y penal derivada de los dantildeos sobrevenidos con ocasioacuten de la asistencia sanitaria

FLugar de celebracioacuten Real CentTeleacutefono 91 896 70 67 91 896 67 06 91 896 71 99 Fax 91 543 20 12 Maacutes informacioacuten httpwwwucmes

Derecho Sanitario y Responsabilidad meacutedica

ste libro realiza un pormenorizado estudio de la Ley 412002 sobre derechos del paciente

utor Andreacutes Domiacutenguez Luelmo

tpwwwagapeacom

- Einformacioacuten y documentacioacuten cliacutenica Analiza el estado actual del problema de la responsabilidad meacutedica y hospitalaria realizando un breve anaacutelisis de sus antecedentes legislativos su relacioacuten con la normativa sanitaria existente y las diversas Leyes autonoacutemicas dictadas sobre esta materia Estudia los preceptos dedicados al derecho a la informacioacuten y al consentimiento informado y las consecuencias juriacutedicas de su omisioacuten en cada supuesto las disposiciones relativas a la historia y documentacioacuten cliacutenica con toda la problemaacutetica del acceso a la misma el respeto a la intimidad de los datos sanitarios y la normativa sobre proteccioacuten de datos Ademaacutes se recoge la opinioacuten de la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA y las Audiencias Provinciales AEditorial Lex Nova Maacutes Informacioacuten ht

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- Aspectos eacuteticos de la sedacioacuten en cuidados paliativos sedacioacuten

l documento que presentamos ha sido elaborado por los miembros del Comiteacute de Eacutetica de la

exto completo httpwwwunaves

paliativasedacioacuten Terminal ESociedad Espantildeola de Cuidados Paliativos con el fin de ofrecer una serie de recomendaciones sobre los aspectos eacuteticos de la Sedacioacuten en cuidados paliativos Estas recomendaciones van dirigidas tanto a los miembros de la SECPAL como a todos los profesionales de la sanidad que de una manera u otra tienen responsabilidades en la atencioacuten de pacientes con enfermedades avanzadas y terminales T

Medicina y objecioacuten de conciencia

n este artiacuteculo se analiza el problema de la objecioacuten de conciencia de los profesionales de

exto completo httpwwwbioetica-debatorg

- Ela medicina y se concluye que la objecioacuten de conciencia no supone un derecho absoluto a la exencioacuten de determinadas tareas sino que siempre debe tenerse en cuenta la responsabilidad del profesional y de las Instituciones de cara al ciudadano Asimismo se sugieren soluciones que incidan en la proteccioacuten del profesional y de los ciudadanos T

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Minoriacutea de edad y aborto algunas consideraciones sobre el

aacutes informacioacuten httpwwwmsces

-consentimiento y confidencialidad

M

Declaracioacuten sobre la atencioacuten meacutedica al final de la vida

os avances de la medicina los cambios sociales econoacutemicos y de valores producidos en

Maacutes informacioacuten httpwwwunaves

- Lnuestro paiacutes han generado nuevas necesidades asistenciales debido al incremento de las enfermedades croacutenicas e incurables La SECPAL elabora una declaracioacuten sobre la atencioacuten meacutedica al final de la vida donde define los objetivos de la atencioacuten en las fases avanzadas y terminales asiacute como propuestas para una mejor atencioacuten integral y promocioacuten de la calidad de vida en estas fases

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- Universidad Internacional Meneacutendez Pelayo I encuentro interautonoacutemico sobre proteccioacuten juriacutedica del paciente como consumidor

Fecha Del 14 al 18 de julio de 2008 Lugar de celebracioacuten Cuenca Informacioacuten de matriacuteculas y becas Secretariacutea de Alumnos Ronda Juliaacuten Romero 18 Teleacutefono 969 22 12 27 969 22 09 25 Fax 969 22 07 39

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ldquoBioeacutetica Interdisciplinaridade e praacutetica cliacutenicardquo Autor Casado M Loch J y Gauer G Editorial EdiPUrcs Porto Alegre (Brasil)

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- Responsabilidad patrimonial Audiencia Provincial de Albacete (Seccioacuten 2ordf) Auto nuacutem AC JURISDICCION CIVIL COMPETENCIA responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten demanda exclusivamente contra la aseguradora no hay acto administrativo impugnado Jurisdiccioacuten Civil Recurso de Apelacioacuten nuacutem Ponente En ALBACETE a RAZONAMIENTOS JURIDICOS PRIMERO

Es objeto de apelacioacuten la abstencioacuten del Juzgado civil para conocer de una pretensioacuten de responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten local si bien dirigida directa y exclusivamente contra la aseguradora de eacutesta Como establece el art 37 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892) se abstendraacuten de conocer los tribunales civiles cuando se les sometan asuntos de los que corresponda conocer a los tribunales de otro orden jurisdiccional de la jurisdiccioacuten ordinaria lo que se apreciaraacute o acordaraacute de oficio tal como ordena el art 38 de la Ley de Enjuiciamiento Civil SEGUNDO Asiacute ya el art 9 de la Ley Orgaacutenica del Poder Judicial ( RCL 1985 1578 2635) establece que Los del orden Contencioso-Administrativo conoceraacuten de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la actuacioacuten de las Administraciones puacuteblicas sujeta al derecho administrativo con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los reales decretos legislativos en los teacuterminos previstos en el art 826 de la Constitucioacuten ( RCL 1978 2836) de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdiccioacuten ( RCL 1998 1741) Tambieacuten conoceraacuten de los recursos contra la inactividad de la Administracioacuten y contra sus actuaciones materiales que constituyan viacutea de hecho Conoceraacuten asimismo de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas y del personal a su servicio cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que se derive Si a la produccioacuten del dantildeo hubieran concurrido sujetos privados el demandante deduciraacute tambieacuten frente a ellos su pretensioacuten ante este orden jurisdiccional Igualmente conoceraacuten de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectiva Tambieacuten seraacute competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen ademaacutes contra las personas o entidades puacuteblicas o privadas indirectamente responsables de aqueacutellas Por si el anterior precepto no resultare claro la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa (Ley 291998 de 1307 [ RCL 1998 1741] ) establece en su art 2 que

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El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo conoceraacute de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que derive no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los oacuterdenes jurisdiccionales civil o social aun cuando en la produccioacuten del dantildeo concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad Y es que como refiere su Exposicioacuten de Motivos Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten puacuteblica Los principios de su peculiar reacutegimen juriacutedico que tiene cobertura constitucional son de naturaleza puacuteblica y hoy en diacutea la Ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a traveacutes de un mismo tipo de procedimiento administrativo Por eso parece muy conveniente unificar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa evitando la dispersioacuten de acciones que actualmente existe y garantizando la uniformidad jurisprudencial salvo como es loacutegico en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisioacuten de una infraccioacuten penal El anterior grupo normativo se completa con lo previsto en el art 139 y siguientes de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten ( Ley 301992 de 2611 [ RCL 1992 2512 2775 y RCL 1993 246] modificada por Ley 41999 de 1301 [ RCL 1999 114 329] ) que preveacute un procedimiento de reclamacioacuten previa administrativa para las pretensiones derivadas de responsabilidad extracontracatual o patrimonial cuya resolucioacuten es impugnable en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

Tambieacuten se completa especiacuteficamente para pretensiones de caraacutecter patrimonial de caraacutecter sanitario con su Disposicioacuten Adicional Duodeacutecima Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria

La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social sean estatales o autonoacutemicos asiacute como de las demaacutes entidades servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas por los dantildeos y perjuicios causados por o con ocasioacuten de la asistencia sanitaria y las correspondientes reclamaciones seguiraacuten la tramitacioacuten administrativa prevista en esta Ley correspondiendo su revisioacuten jurisdiccional al orden Contencioso-Administrativo en todo caso

Y con el Real Decreto 4291993 de 2603 ( RCL 1993 1394 1765) (Disposicioacuten Adicional 1ordf)

De este modo se establece o mejor se restablece el sistema de unidad jurisdiccional el orden Contencioso-Administrativo seraacute el competente para enjuiciar eacuteste tipo de pretensiones siempre independientemente del tipo de relacioacuten en que se haya causado el perjuicio e independientemente de si ademaacutes de la Administracioacuten o incluso sin demandar a la Administracioacuten son demandados otras personas La tan alegada vis atractiva en eacuteste tipo de pretensiones lo es a favor de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa prohibiendo incluso el art 2 LJCA ( RCL 1998 1741) -por si hubiera alguna duda- la demanda a la Administracioacuten (sola o junto a otras personas) en el orden civil o social

Se restablece -como se dijo- la unidad jurisdiccional implantado ya en 1954 por la Ley ( RCL 1954 1848) y Reglamento de Expropiacioacuten Forzosa ( RCL 1957 843) art 128 y 141) y el art 3B de la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso administrativa de 1956 ( RCL 1956 1890) quebrado por el art

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40 y 41 de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de la Administracioacuten del Estado de 1957 ( RCL 1957 1058) (ya derogados y que estableciacutean una doble competencia al orden contencioso y al civil seguacuten los dantildeos fueran derivados de un funcionamiento normal o anormal del servicio puacuteblico o causados en el aacutembito de las relaciones de derecho privado distincioacuten hoy irrelevante)

La competencia jurisdiccional viene asignada no tanto por razoacuten del sujeto demandado (de tal modo que de no ser parte la Administracioacuten deba entenderse que no es competencia de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa) sino en funcioacuten del objeto del proceso en eacuteste caso pretensiones relacionadas (en relacioacuten con dicen las indicadas leyes) con la responsabilidad patrimonial

En eacuteste sentido ya suficiente doctrina jurisprudencial como los Autos de 70794 ( RJ 1994

7998) 271094 ( RJ 1994 10587) 11295 170797 o de 250398 ( RJ 1998 7336) entre otros del Tribunal Supremo (Sala de Conflictos) ciertamente con alguna aislada excepcioacuten como el Auto de 271201 ( RJ 2002 4086)

CUARTO Hasta aquiacute se comparten los argumentos juriacutedicos expresados en el Auto impugnado

Ahora bien no es menos cierto que la asignacioacuten de la competencia jurisdiccional indicada al orden Contencioso-Administrativo tiene lugar cuando al margen de los sujetos privados codemandados eacutestos lo sean en cualquier caso junto a la Administracioacuten por lo que dicha competencia pasa necesariamente por el examen de un acto auacuten presunto administrativo que se somete a examen extendiendo la competencia al examen correlativo de otros sujetos privados

Cuando como en el caso no es llamada la Administracioacuten sino exclusivamente alguacuten sujeto privado

como es la aseguradora no hay acto administrativo impugnado por lo que no parece que los

preceptos indicados asignen en eacutestos supuestos la competencia jurisdiccional al orden Contencioso-

Administrativo al menos con la suficiente claridad por lo que seraacute competente el orden civil (litigan

sujetos privados entre siacute) aunque el examen de la responsabilidad del sujeto privado o aseguradora en

el caso pase por un examen prejudicial de la responsabilidad de la Administracioacuten lo que la Ley no

excluye pueda realizar dicho orden

La cuestioacuten ciertamente dudosa ha de resolverse en dicho sentido cuando (a pesar de cierta

corriente jurisprudencial de las Audiencias Provinciales se inclinan por la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa como las Sentencias de Almeriacutea secc 3ordf de 27042007 [ JUR 2007 201170] o de Madrid secc 18 de 9042007 [ AC 2007 916] ) ya el Tribunal Supremo ha tenido ocasioacuten de pronunciarse al respecto en la reciente Sentencia nuacutem 574 de 30052007 ( RJ 2007 4973) que decide que eacuteste tipo de pretensiones es competencia del orden civil no del Contencioso-Administrativo Expresa coacutemo La reforma de la LOPJ ( RCL 1985 1578 2635) llevada a cabo por la LO 192003 ( RCL 2003 3008) tambieacuten posterior a los hechos enjuiciados reconoce expresamente la competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo laquocuando el interesado accione directamente contra

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el asegurador de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectivaraquo Con ello se ha puesto fin a la competencia del orden civil para el conocimiento de las demandas dirigidas conjuntamente contra la Administracioacuten y el asegurador pero este precepto ha sido interpretado por los AATS (Sala de Conflictos) de 18 de octubre de 2004 ( JUR 2005 231278) y 28 de junio de 2004 ( JUR 2005 135727) (teniendo en cuenta la inclusioacuten del uacuteltimo inciso que no figuraba en algunos textos prelegislativos) en el sentido de que seguacuten expresioacuten del primero de los citados autos laquola reforma introducida por la LO 192003 de 23 de diciembre en el art 94 LOPJ -no aplicable al caso por razones de derecho intertemporal- en el sentido de atribuir al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra el asegurador de la Administracioacuten se refiere al supuesto de que se reclame contra aquella junto a la Administracioacuten respectiva lo que excluye el supuesto de haberse demandado uacutenicamente a la Compantildeiacutea de Segurosraquo Digna de mencioacuten tambieacuten es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia secc 1ordf de 30012006 ( JUR 2006 89622) con cita de otra de 20052005 en igual sentido y en el aacutembito de eacuteste Tribunal ya se llegoacute a la misma conclusioacuten en Auto de eacutesta Secc 1ordf de 5032004 y tambieacuten en Sentencia Secc 2ordf de 14012005 (auacuten de modo impliacutecito pues examinoacute el fondo del asunto de una reclamacioacuten o accioacuten directa contra una aseguradora de una entidad local si bien no se suscitoacute cuestioacuten de competencia) QUINTO Dadas las dudas juriacutedicas sobre la cuestioacuten planteada no ha lugar a expresa imposicioacuten de las costas procesales a ninguno de los litigantes (art 398 de la Ley Procesal [ RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892] ) Por todo ello PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA SE ESTIMA el recurso de apelacioacuten se revoca el Auto de 12122006 apelado y se declara la competencia del Juzgado de Primera Instancia que dictoacute el mismo para conocer de la demanda debiendo cada parte abonar las costas procesales causadas a su instancia y comunes por mitad

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- Contratacioacuten Administrativa

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 14 de febrero de 2008 ()

laquoContratacioacuten puacuteblica ndash Recursos ndash Directiva 89665CEE ndash Recurso eficaz ndash Concepto ndash Equilibrio entre el principio de contradiccioacuten y el derecho al respeto de los secretos comerciales ndash Proteccioacuten por el organismo responsable de los procedimientos de recurso de la confidencialidad de la informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicosraquo

En el asunto C-45006

que tiene por objeto una peticioacuten de decisioacuten prejudicial planteada con arreglo al artiacuteculo 234 CE por el Conseil drsquoEacutetat (Beacutelgica) mediante resolucioacuten de 24 de octubre de 2006 recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2006 en el procedimiento entre

en el que participahelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

integrado por el Sr A Rosas Presidente de Sala y los Sres helliphelliphelliphellip) y helliphelliphellip la Sra helliphelliphellipy el Sr helliphelliphelliphellip Jueces

Abogado General Sra

Secretario Sr

habiendo considerado los escritos obrantes en autos

consideradas las observaciones presentadas

ndash en nombre de helliphellip por los Sres helliphelliphellip y helliphelliphellip

ndash en nombre del Gobierno belga por la Sra helliphelliphelliphellip en calidad de agente asistida por el Sr helliphelliphellip abogado

ndash en nombre del Gobierno austriaco por el Sr M helliphelliphellip en calidad de agente

ndash en nombre de la Comisioacuten de las Comunidades Europeas por los Sres helliphelliphellip y D helliphelliphellip en calidad de agentes

oiacutedas las conclusiones de la Abogado General presentadas en audiencia puacuteblica el 25 de octubre de 2007

dicta la siguiente

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Sentencia

1 La peticioacuten de decisioacuten prejudicial tiene por objeto la interpretacioacuten del artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras (DO L 395 p 33) en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios (DO L 209 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 89665raquo)

2 Esta peticioacuten se presentoacute en el marco de un litigio entre helliphellip (en lo sucesivo laquohelliphellipraquo) y el Estado belga representado por el Ministro de Defensa en relacioacuten con la adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo

Marco juriacutedico

Normativa comunitaria

3 El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 establece

laquoEn lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten de las Directivas 71305CEE 7762CEE y 9250CEE [hellip] los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y en particular lo maacutes raacutepidamente posible en las condiciones establecidas en los artiacuteculos siguientes y en especial en el apartado 7 del artiacuteculo 2 cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativaraquo

4 El artiacuteculo 33 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO L 199 p 1) deroga la Directiva 7762CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1976 de coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO 1977 L 13 p 1 EE 1701 p 29) y establece que las referencias a dicha Directiva derogada se entenderaacuten hechas a la Directiva 9336 Igualmente el artiacuteculo 36 de la Directiva 9337CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 199 p 54) deroga la Directiva 71305CEE del Consejo de 26 de julio de 1971 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 185 p 5 EE 1703 p 9) y establece que las referencias a esta uacuteltima Directiva se entenderaacuten hechas a la Directiva 9337

5 El artiacuteculo 2 apartado 8 de la Directiva 89665 dispone

laquoCuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no sean de caraacutecter jurisdiccional sus decisiones deberaacuten ir siempre motivadas por escrito Ademaacutes en ese caso deberaacuten adoptarse disposiciones para que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el organismo de base competente o cualquier presunta infraccioacuten cometida en el ejercicio de los poderes que tiene conferidos pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante

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otro organismo que sea una jurisdiccioacuten en el sentido del artiacuteculo [234 CE] y que sea independiente en relacioacuten con el poder adjudicador y con el organismo de base

El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminacioacuten de su mandato estaraacuten sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento la duracioacuten de su mandato y su revocabilidad Como miacutenimo el presidente de este organismo independiente deberaacute poseer las mismas cualificaciones juriacutedicas y profesionales que un juez Dicho organismo independiente adoptaraacute sus decisiones previa realizacioacuten de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendraacuten por los medios que estipule cada Estado miembro efectos juriacutedicos vinculantesraquo

6 A tenor del artiacuteculo 7 apartado 1 de la Directiva 9336 en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 (DO L 328 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 9336raquo)

laquoDentro de un plazo de quince diacuteas a partir de la fecha de recepcioacuten de una solicitud escrita el poder adjudicador comunicaraacute a los candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta y a cualquier licitador que haya hecho una oferta admisible las caracteriacutesticas y ventajas relativas de la oferta seleccionada asiacute como el nombre del adjudicatario

No obstante los poderes adjudicadores podraacuten decidir no comunicar determinadas informaciones sobre la adjudicacioacuten de los contratos a las que se refiere el paacuterrafo primero cuando su difusioacuten pudiera obstaculizar la aplicacioacuten de la ley o ser contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicar los intereses comerciales legiacutetimos de determinadas empresas puacuteblicas o privadas o perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

7 El artiacuteculo 9 apartado 3 de la Directiva 9336 establece

laquoLos poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato daraacuten a conocer el resultado por medio de un anuncio Sin embargo en algunos casos podraacute no publicarse determinada informacioacuten relativa a la adjudicacioacuten de un contrato cuando su divulgacioacuten pudiere constituir un obstaacuteculo a la aplicacioacuten de la legislacioacuten o fuere contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicare los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pudieren perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

8 El artiacuteculo 15 apartado 2 de la misma Directiva dispone

laquoLos poderes adjudicadores respetaraacuten el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedoresraquo

9 Lo dispuesto en los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 se reproduce esencialmente en los artiacuteculos 6 35 apartado 4 paacuterrafo quinto y 41 apartado 3 de la Directiva 200418CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras de suministro y de servicios (DO L 134 p 114)

Normativa nacional

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10 El artiacuteculo 87 del Arreteacute du Reacutegent deteacuterminant la proceacutedure devant la section drsquoadministration du Conseil drsquoEtat (Decreto del Regente por el que se regula el procedimiento ante la seccioacuten administrativa del Conseil drsquoEacutetat) de 23 de agosto de 1948 (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948 p 6821) establece

laquoLas partes sus abogados y el comisario del Gobierno podraacuten consultar el expediente del asunto en la Secretariacutearaquo

11 A tenor del artiacuteculo 21 paacuterrafos tercero y cuarto de las Lois sur le Conseil drsquoEtat cordoneacutees le 12 janvier 1973 (Leyes sobre el Conseil drsquoEacutetat coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973 p 3461)

laquoSi la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido sin perjuicio de lo dispuesto en el artiacuteculo 21 bis se consideraraacuten probados los hechos alegados por la parte demandante salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos

Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada eacutesta lo comunicaraacute a la Sala que conoce del recurso que podraacute ordenar el depoacutesito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 36raquo

Litigio principal y cuestioacuten prejudicial

12 El 14 de diciembre de 2001 el Estado belga inicioacute el procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo Presentaron sus ofertas dos licitadores a saber helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (en lo sucesivo laquohelliphelliphellipraquo)

13 Al examinar dichas ofertas el Estado belga estimoacute que la presentada por Varec no reuniacutea los criterios de seleccioacuten de caraacutecter teacutecnico y que dicha oferta era irregular En cambio consideroacute que la oferta de helliphelliphellipl respondiacutea a todos los criterios de seleccioacuten que era regular y que sus precios eran normales En consecuencia el Estado belga adjudicoacute el contrato a helliphelliphellip mediante decisioacuten del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo laquodecisioacuten de adjudicacioacuten del contratoraquo)

14 El 29 de julio de 2002 helliphelliphelliphellip interpuso un recurso ante el Conseil drsquoEacutetat dirigido a la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato helliphelliphellip fue admitida como parte coadyuvante

15 El expediente que el Estado belga remitioacute al Conseil drsquoEacutetat no incluiacutea la oferta de helliphellip

16 helliphelliphellip solicitoacute que se incorporara dicha oferta al expediente El Auditeur del Conseil drsquoEacutetat encargado de elaborar un informe (en lo sucesivo laquoAuditeurraquo) formuloacute la misma solicitud

17 El 17 de diciembre de 2002 el Estado belga incorporoacute al expediente la oferta de helliphellipl puntualizando que no figuraban en ella los planos de conjunto del eslaboacuten propuesto ni sus elementos constitutivos Sentildealoacute que de conformidad con el pliego de condiciones y a peticioacuten de helliphelliphellipl habiacutea devuelto a eacutesta dichos elementos Antildeadioacute que por esta razoacuten no podiacutea incorporar tales elementos al expediente y que si resultaba indispensable que figuraran en eacutel era preciso solicitar a helliphellipl que los proporcionara Asimismo el Estado belga recordoacute que helliphelliphellip y helliphellipl

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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Firmas

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- ASISTENCIA SANITARIA - STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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  • CUARTO
Page 7: Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA - Castilla-La Mancha...2013/10/11  · Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA 1. LEGISLACIÓN Página Estructura orgánica básica del Ministerio

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- Recomendacioacuten de la Junta Consultiva de contratacioacuten administrativa

sobre aplicacioacuten de marcas comerciales en la definicioacuten de las especificaciones teacutecnicas en los contratos cuyo objeto es la compra o el arrendamiento de ordenadores y demaacutes equipos informaacuteticos

o BOE nuacutem 150 de 21 de junio de 2008 paacuteg 28082

- Proteccioacuten de los procedimientos de recurso y confidencialidad de la

informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicos Sentencia del TSJUE

Texto completo ASISTENCIA SANITARIA - REGLAMENTO (CE) No 5922008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL

CONSEJO de 17 de junio de 2008 por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 140871 del Consejo relativo a la aplicacioacuten de los regiacutemenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad

Texto completo

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- STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Texto completo

- Ley 82008 de 20 de junio de la Generalitat Valencia de los Derechos de Salud de Nintildeos y Adolescentes

La evolucioacuten que la figura del nintildeo ha tenido en los uacuteltimos antildeos exige una legislacioacuten acorde con una nueva dimensioacuten social Ha pasado de ser objeto de proteccioacuten a ser sujeto de derechos siendo la proteccioacuten uno de los que le amparan

Texto completo

SEGURIDAD DE PACIENTES

- Sucesos en seguridad del paciente de salud mental

Texto completo

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- Jornadas de Derecho Sanitario sobre Mediacioacuten en casos de

echa 16 y 17 de julio de 2008 ro Universitario El Escorial

responsabilidad patrimonial civil y penal derivada de los dantildeos sobrevenidos con ocasioacuten de la asistencia sanitaria

FLugar de celebracioacuten Real CentTeleacutefono 91 896 70 67 91 896 67 06 91 896 71 99 Fax 91 543 20 12 Maacutes informacioacuten httpwwwucmes

Derecho Sanitario y Responsabilidad meacutedica

ste libro realiza un pormenorizado estudio de la Ley 412002 sobre derechos del paciente

utor Andreacutes Domiacutenguez Luelmo

tpwwwagapeacom

- Einformacioacuten y documentacioacuten cliacutenica Analiza el estado actual del problema de la responsabilidad meacutedica y hospitalaria realizando un breve anaacutelisis de sus antecedentes legislativos su relacioacuten con la normativa sanitaria existente y las diversas Leyes autonoacutemicas dictadas sobre esta materia Estudia los preceptos dedicados al derecho a la informacioacuten y al consentimiento informado y las consecuencias juriacutedicas de su omisioacuten en cada supuesto las disposiciones relativas a la historia y documentacioacuten cliacutenica con toda la problemaacutetica del acceso a la misma el respeto a la intimidad de los datos sanitarios y la normativa sobre proteccioacuten de datos Ademaacutes se recoge la opinioacuten de la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA y las Audiencias Provinciales AEditorial Lex Nova Maacutes Informacioacuten ht

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- Aspectos eacuteticos de la sedacioacuten en cuidados paliativos sedacioacuten

l documento que presentamos ha sido elaborado por los miembros del Comiteacute de Eacutetica de la

exto completo httpwwwunaves

paliativasedacioacuten Terminal ESociedad Espantildeola de Cuidados Paliativos con el fin de ofrecer una serie de recomendaciones sobre los aspectos eacuteticos de la Sedacioacuten en cuidados paliativos Estas recomendaciones van dirigidas tanto a los miembros de la SECPAL como a todos los profesionales de la sanidad que de una manera u otra tienen responsabilidades en la atencioacuten de pacientes con enfermedades avanzadas y terminales T

Medicina y objecioacuten de conciencia

n este artiacuteculo se analiza el problema de la objecioacuten de conciencia de los profesionales de

exto completo httpwwwbioetica-debatorg

- Ela medicina y se concluye que la objecioacuten de conciencia no supone un derecho absoluto a la exencioacuten de determinadas tareas sino que siempre debe tenerse en cuenta la responsabilidad del profesional y de las Instituciones de cara al ciudadano Asimismo se sugieren soluciones que incidan en la proteccioacuten del profesional y de los ciudadanos T

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Minoriacutea de edad y aborto algunas consideraciones sobre el

aacutes informacioacuten httpwwwmsces

-consentimiento y confidencialidad

M

Declaracioacuten sobre la atencioacuten meacutedica al final de la vida

os avances de la medicina los cambios sociales econoacutemicos y de valores producidos en

Maacutes informacioacuten httpwwwunaves

- Lnuestro paiacutes han generado nuevas necesidades asistenciales debido al incremento de las enfermedades croacutenicas e incurables La SECPAL elabora una declaracioacuten sobre la atencioacuten meacutedica al final de la vida donde define los objetivos de la atencioacuten en las fases avanzadas y terminales asiacute como propuestas para una mejor atencioacuten integral y promocioacuten de la calidad de vida en estas fases

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- Universidad Internacional Meneacutendez Pelayo I encuentro interautonoacutemico sobre proteccioacuten juriacutedica del paciente como consumidor

Fecha Del 14 al 18 de julio de 2008 Lugar de celebracioacuten Cuenca Informacioacuten de matriacuteculas y becas Secretariacutea de Alumnos Ronda Juliaacuten Romero 18 Teleacutefono 969 22 12 27 969 22 09 25 Fax 969 22 07 39

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ldquoBioeacutetica Interdisciplinaridade e praacutetica cliacutenicardquo Autor Casado M Loch J y Gauer G Editorial EdiPUrcs Porto Alegre (Brasil)

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- Responsabilidad patrimonial Audiencia Provincial de Albacete (Seccioacuten 2ordf) Auto nuacutem AC JURISDICCION CIVIL COMPETENCIA responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten demanda exclusivamente contra la aseguradora no hay acto administrativo impugnado Jurisdiccioacuten Civil Recurso de Apelacioacuten nuacutem Ponente En ALBACETE a RAZONAMIENTOS JURIDICOS PRIMERO

Es objeto de apelacioacuten la abstencioacuten del Juzgado civil para conocer de una pretensioacuten de responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten local si bien dirigida directa y exclusivamente contra la aseguradora de eacutesta Como establece el art 37 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892) se abstendraacuten de conocer los tribunales civiles cuando se les sometan asuntos de los que corresponda conocer a los tribunales de otro orden jurisdiccional de la jurisdiccioacuten ordinaria lo que se apreciaraacute o acordaraacute de oficio tal como ordena el art 38 de la Ley de Enjuiciamiento Civil SEGUNDO Asiacute ya el art 9 de la Ley Orgaacutenica del Poder Judicial ( RCL 1985 1578 2635) establece que Los del orden Contencioso-Administrativo conoceraacuten de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la actuacioacuten de las Administraciones puacuteblicas sujeta al derecho administrativo con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los reales decretos legislativos en los teacuterminos previstos en el art 826 de la Constitucioacuten ( RCL 1978 2836) de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdiccioacuten ( RCL 1998 1741) Tambieacuten conoceraacuten de los recursos contra la inactividad de la Administracioacuten y contra sus actuaciones materiales que constituyan viacutea de hecho Conoceraacuten asimismo de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas y del personal a su servicio cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que se derive Si a la produccioacuten del dantildeo hubieran concurrido sujetos privados el demandante deduciraacute tambieacuten frente a ellos su pretensioacuten ante este orden jurisdiccional Igualmente conoceraacuten de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectiva Tambieacuten seraacute competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen ademaacutes contra las personas o entidades puacuteblicas o privadas indirectamente responsables de aqueacutellas Por si el anterior precepto no resultare claro la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa (Ley 291998 de 1307 [ RCL 1998 1741] ) establece en su art 2 que

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El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo conoceraacute de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que derive no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los oacuterdenes jurisdiccionales civil o social aun cuando en la produccioacuten del dantildeo concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad Y es que como refiere su Exposicioacuten de Motivos Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten puacuteblica Los principios de su peculiar reacutegimen juriacutedico que tiene cobertura constitucional son de naturaleza puacuteblica y hoy en diacutea la Ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a traveacutes de un mismo tipo de procedimiento administrativo Por eso parece muy conveniente unificar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa evitando la dispersioacuten de acciones que actualmente existe y garantizando la uniformidad jurisprudencial salvo como es loacutegico en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisioacuten de una infraccioacuten penal El anterior grupo normativo se completa con lo previsto en el art 139 y siguientes de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten ( Ley 301992 de 2611 [ RCL 1992 2512 2775 y RCL 1993 246] modificada por Ley 41999 de 1301 [ RCL 1999 114 329] ) que preveacute un procedimiento de reclamacioacuten previa administrativa para las pretensiones derivadas de responsabilidad extracontracatual o patrimonial cuya resolucioacuten es impugnable en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

Tambieacuten se completa especiacuteficamente para pretensiones de caraacutecter patrimonial de caraacutecter sanitario con su Disposicioacuten Adicional Duodeacutecima Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria

La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social sean estatales o autonoacutemicos asiacute como de las demaacutes entidades servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas por los dantildeos y perjuicios causados por o con ocasioacuten de la asistencia sanitaria y las correspondientes reclamaciones seguiraacuten la tramitacioacuten administrativa prevista en esta Ley correspondiendo su revisioacuten jurisdiccional al orden Contencioso-Administrativo en todo caso

Y con el Real Decreto 4291993 de 2603 ( RCL 1993 1394 1765) (Disposicioacuten Adicional 1ordf)

De este modo se establece o mejor se restablece el sistema de unidad jurisdiccional el orden Contencioso-Administrativo seraacute el competente para enjuiciar eacuteste tipo de pretensiones siempre independientemente del tipo de relacioacuten en que se haya causado el perjuicio e independientemente de si ademaacutes de la Administracioacuten o incluso sin demandar a la Administracioacuten son demandados otras personas La tan alegada vis atractiva en eacuteste tipo de pretensiones lo es a favor de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa prohibiendo incluso el art 2 LJCA ( RCL 1998 1741) -por si hubiera alguna duda- la demanda a la Administracioacuten (sola o junto a otras personas) en el orden civil o social

Se restablece -como se dijo- la unidad jurisdiccional implantado ya en 1954 por la Ley ( RCL 1954 1848) y Reglamento de Expropiacioacuten Forzosa ( RCL 1957 843) art 128 y 141) y el art 3B de la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso administrativa de 1956 ( RCL 1956 1890) quebrado por el art

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40 y 41 de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de la Administracioacuten del Estado de 1957 ( RCL 1957 1058) (ya derogados y que estableciacutean una doble competencia al orden contencioso y al civil seguacuten los dantildeos fueran derivados de un funcionamiento normal o anormal del servicio puacuteblico o causados en el aacutembito de las relaciones de derecho privado distincioacuten hoy irrelevante)

La competencia jurisdiccional viene asignada no tanto por razoacuten del sujeto demandado (de tal modo que de no ser parte la Administracioacuten deba entenderse que no es competencia de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa) sino en funcioacuten del objeto del proceso en eacuteste caso pretensiones relacionadas (en relacioacuten con dicen las indicadas leyes) con la responsabilidad patrimonial

En eacuteste sentido ya suficiente doctrina jurisprudencial como los Autos de 70794 ( RJ 1994

7998) 271094 ( RJ 1994 10587) 11295 170797 o de 250398 ( RJ 1998 7336) entre otros del Tribunal Supremo (Sala de Conflictos) ciertamente con alguna aislada excepcioacuten como el Auto de 271201 ( RJ 2002 4086)

CUARTO Hasta aquiacute se comparten los argumentos juriacutedicos expresados en el Auto impugnado

Ahora bien no es menos cierto que la asignacioacuten de la competencia jurisdiccional indicada al orden Contencioso-Administrativo tiene lugar cuando al margen de los sujetos privados codemandados eacutestos lo sean en cualquier caso junto a la Administracioacuten por lo que dicha competencia pasa necesariamente por el examen de un acto auacuten presunto administrativo que se somete a examen extendiendo la competencia al examen correlativo de otros sujetos privados

Cuando como en el caso no es llamada la Administracioacuten sino exclusivamente alguacuten sujeto privado

como es la aseguradora no hay acto administrativo impugnado por lo que no parece que los

preceptos indicados asignen en eacutestos supuestos la competencia jurisdiccional al orden Contencioso-

Administrativo al menos con la suficiente claridad por lo que seraacute competente el orden civil (litigan

sujetos privados entre siacute) aunque el examen de la responsabilidad del sujeto privado o aseguradora en

el caso pase por un examen prejudicial de la responsabilidad de la Administracioacuten lo que la Ley no

excluye pueda realizar dicho orden

La cuestioacuten ciertamente dudosa ha de resolverse en dicho sentido cuando (a pesar de cierta

corriente jurisprudencial de las Audiencias Provinciales se inclinan por la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa como las Sentencias de Almeriacutea secc 3ordf de 27042007 [ JUR 2007 201170] o de Madrid secc 18 de 9042007 [ AC 2007 916] ) ya el Tribunal Supremo ha tenido ocasioacuten de pronunciarse al respecto en la reciente Sentencia nuacutem 574 de 30052007 ( RJ 2007 4973) que decide que eacuteste tipo de pretensiones es competencia del orden civil no del Contencioso-Administrativo Expresa coacutemo La reforma de la LOPJ ( RCL 1985 1578 2635) llevada a cabo por la LO 192003 ( RCL 2003 3008) tambieacuten posterior a los hechos enjuiciados reconoce expresamente la competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo laquocuando el interesado accione directamente contra

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el asegurador de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectivaraquo Con ello se ha puesto fin a la competencia del orden civil para el conocimiento de las demandas dirigidas conjuntamente contra la Administracioacuten y el asegurador pero este precepto ha sido interpretado por los AATS (Sala de Conflictos) de 18 de octubre de 2004 ( JUR 2005 231278) y 28 de junio de 2004 ( JUR 2005 135727) (teniendo en cuenta la inclusioacuten del uacuteltimo inciso que no figuraba en algunos textos prelegislativos) en el sentido de que seguacuten expresioacuten del primero de los citados autos laquola reforma introducida por la LO 192003 de 23 de diciembre en el art 94 LOPJ -no aplicable al caso por razones de derecho intertemporal- en el sentido de atribuir al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra el asegurador de la Administracioacuten se refiere al supuesto de que se reclame contra aquella junto a la Administracioacuten respectiva lo que excluye el supuesto de haberse demandado uacutenicamente a la Compantildeiacutea de Segurosraquo Digna de mencioacuten tambieacuten es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia secc 1ordf de 30012006 ( JUR 2006 89622) con cita de otra de 20052005 en igual sentido y en el aacutembito de eacuteste Tribunal ya se llegoacute a la misma conclusioacuten en Auto de eacutesta Secc 1ordf de 5032004 y tambieacuten en Sentencia Secc 2ordf de 14012005 (auacuten de modo impliacutecito pues examinoacute el fondo del asunto de una reclamacioacuten o accioacuten directa contra una aseguradora de una entidad local si bien no se suscitoacute cuestioacuten de competencia) QUINTO Dadas las dudas juriacutedicas sobre la cuestioacuten planteada no ha lugar a expresa imposicioacuten de las costas procesales a ninguno de los litigantes (art 398 de la Ley Procesal [ RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892] ) Por todo ello PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA SE ESTIMA el recurso de apelacioacuten se revoca el Auto de 12122006 apelado y se declara la competencia del Juzgado de Primera Instancia que dictoacute el mismo para conocer de la demanda debiendo cada parte abonar las costas procesales causadas a su instancia y comunes por mitad

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- Contratacioacuten Administrativa

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 14 de febrero de 2008 ()

laquoContratacioacuten puacuteblica ndash Recursos ndash Directiva 89665CEE ndash Recurso eficaz ndash Concepto ndash Equilibrio entre el principio de contradiccioacuten y el derecho al respeto de los secretos comerciales ndash Proteccioacuten por el organismo responsable de los procedimientos de recurso de la confidencialidad de la informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicosraquo

En el asunto C-45006

que tiene por objeto una peticioacuten de decisioacuten prejudicial planteada con arreglo al artiacuteculo 234 CE por el Conseil drsquoEacutetat (Beacutelgica) mediante resolucioacuten de 24 de octubre de 2006 recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2006 en el procedimiento entre

en el que participahelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

integrado por el Sr A Rosas Presidente de Sala y los Sres helliphelliphelliphellip) y helliphelliphellip la Sra helliphelliphellipy el Sr helliphelliphelliphellip Jueces

Abogado General Sra

Secretario Sr

habiendo considerado los escritos obrantes en autos

consideradas las observaciones presentadas

ndash en nombre de helliphellip por los Sres helliphelliphellip y helliphelliphellip

ndash en nombre del Gobierno belga por la Sra helliphelliphelliphellip en calidad de agente asistida por el Sr helliphelliphellip abogado

ndash en nombre del Gobierno austriaco por el Sr M helliphelliphellip en calidad de agente

ndash en nombre de la Comisioacuten de las Comunidades Europeas por los Sres helliphelliphellip y D helliphelliphellip en calidad de agentes

oiacutedas las conclusiones de la Abogado General presentadas en audiencia puacuteblica el 25 de octubre de 2007

dicta la siguiente

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Sentencia

1 La peticioacuten de decisioacuten prejudicial tiene por objeto la interpretacioacuten del artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras (DO L 395 p 33) en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios (DO L 209 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 89665raquo)

2 Esta peticioacuten se presentoacute en el marco de un litigio entre helliphellip (en lo sucesivo laquohelliphellipraquo) y el Estado belga representado por el Ministro de Defensa en relacioacuten con la adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo

Marco juriacutedico

Normativa comunitaria

3 El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 establece

laquoEn lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten de las Directivas 71305CEE 7762CEE y 9250CEE [hellip] los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y en particular lo maacutes raacutepidamente posible en las condiciones establecidas en los artiacuteculos siguientes y en especial en el apartado 7 del artiacuteculo 2 cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativaraquo

4 El artiacuteculo 33 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO L 199 p 1) deroga la Directiva 7762CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1976 de coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO 1977 L 13 p 1 EE 1701 p 29) y establece que las referencias a dicha Directiva derogada se entenderaacuten hechas a la Directiva 9336 Igualmente el artiacuteculo 36 de la Directiva 9337CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 199 p 54) deroga la Directiva 71305CEE del Consejo de 26 de julio de 1971 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 185 p 5 EE 1703 p 9) y establece que las referencias a esta uacuteltima Directiva se entenderaacuten hechas a la Directiva 9337

5 El artiacuteculo 2 apartado 8 de la Directiva 89665 dispone

laquoCuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no sean de caraacutecter jurisdiccional sus decisiones deberaacuten ir siempre motivadas por escrito Ademaacutes en ese caso deberaacuten adoptarse disposiciones para que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el organismo de base competente o cualquier presunta infraccioacuten cometida en el ejercicio de los poderes que tiene conferidos pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante

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otro organismo que sea una jurisdiccioacuten en el sentido del artiacuteculo [234 CE] y que sea independiente en relacioacuten con el poder adjudicador y con el organismo de base

El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminacioacuten de su mandato estaraacuten sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento la duracioacuten de su mandato y su revocabilidad Como miacutenimo el presidente de este organismo independiente deberaacute poseer las mismas cualificaciones juriacutedicas y profesionales que un juez Dicho organismo independiente adoptaraacute sus decisiones previa realizacioacuten de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendraacuten por los medios que estipule cada Estado miembro efectos juriacutedicos vinculantesraquo

6 A tenor del artiacuteculo 7 apartado 1 de la Directiva 9336 en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 (DO L 328 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 9336raquo)

laquoDentro de un plazo de quince diacuteas a partir de la fecha de recepcioacuten de una solicitud escrita el poder adjudicador comunicaraacute a los candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta y a cualquier licitador que haya hecho una oferta admisible las caracteriacutesticas y ventajas relativas de la oferta seleccionada asiacute como el nombre del adjudicatario

No obstante los poderes adjudicadores podraacuten decidir no comunicar determinadas informaciones sobre la adjudicacioacuten de los contratos a las que se refiere el paacuterrafo primero cuando su difusioacuten pudiera obstaculizar la aplicacioacuten de la ley o ser contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicar los intereses comerciales legiacutetimos de determinadas empresas puacuteblicas o privadas o perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

7 El artiacuteculo 9 apartado 3 de la Directiva 9336 establece

laquoLos poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato daraacuten a conocer el resultado por medio de un anuncio Sin embargo en algunos casos podraacute no publicarse determinada informacioacuten relativa a la adjudicacioacuten de un contrato cuando su divulgacioacuten pudiere constituir un obstaacuteculo a la aplicacioacuten de la legislacioacuten o fuere contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicare los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pudieren perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

8 El artiacuteculo 15 apartado 2 de la misma Directiva dispone

laquoLos poderes adjudicadores respetaraacuten el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedoresraquo

9 Lo dispuesto en los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 se reproduce esencialmente en los artiacuteculos 6 35 apartado 4 paacuterrafo quinto y 41 apartado 3 de la Directiva 200418CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras de suministro y de servicios (DO L 134 p 114)

Normativa nacional

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10 El artiacuteculo 87 del Arreteacute du Reacutegent deteacuterminant la proceacutedure devant la section drsquoadministration du Conseil drsquoEtat (Decreto del Regente por el que se regula el procedimiento ante la seccioacuten administrativa del Conseil drsquoEacutetat) de 23 de agosto de 1948 (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948 p 6821) establece

laquoLas partes sus abogados y el comisario del Gobierno podraacuten consultar el expediente del asunto en la Secretariacutearaquo

11 A tenor del artiacuteculo 21 paacuterrafos tercero y cuarto de las Lois sur le Conseil drsquoEtat cordoneacutees le 12 janvier 1973 (Leyes sobre el Conseil drsquoEacutetat coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973 p 3461)

laquoSi la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido sin perjuicio de lo dispuesto en el artiacuteculo 21 bis se consideraraacuten probados los hechos alegados por la parte demandante salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos

Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada eacutesta lo comunicaraacute a la Sala que conoce del recurso que podraacute ordenar el depoacutesito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 36raquo

Litigio principal y cuestioacuten prejudicial

12 El 14 de diciembre de 2001 el Estado belga inicioacute el procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo Presentaron sus ofertas dos licitadores a saber helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (en lo sucesivo laquohelliphelliphellipraquo)

13 Al examinar dichas ofertas el Estado belga estimoacute que la presentada por Varec no reuniacutea los criterios de seleccioacuten de caraacutecter teacutecnico y que dicha oferta era irregular En cambio consideroacute que la oferta de helliphelliphellipl respondiacutea a todos los criterios de seleccioacuten que era regular y que sus precios eran normales En consecuencia el Estado belga adjudicoacute el contrato a helliphelliphellip mediante decisioacuten del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo laquodecisioacuten de adjudicacioacuten del contratoraquo)

14 El 29 de julio de 2002 helliphelliphelliphellip interpuso un recurso ante el Conseil drsquoEacutetat dirigido a la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato helliphelliphellip fue admitida como parte coadyuvante

15 El expediente que el Estado belga remitioacute al Conseil drsquoEacutetat no incluiacutea la oferta de helliphellip

16 helliphelliphellip solicitoacute que se incorporara dicha oferta al expediente El Auditeur del Conseil drsquoEacutetat encargado de elaborar un informe (en lo sucesivo laquoAuditeurraquo) formuloacute la misma solicitud

17 El 17 de diciembre de 2002 el Estado belga incorporoacute al expediente la oferta de helliphellipl puntualizando que no figuraban en ella los planos de conjunto del eslaboacuten propuesto ni sus elementos constitutivos Sentildealoacute que de conformidad con el pliego de condiciones y a peticioacuten de helliphelliphellipl habiacutea devuelto a eacutesta dichos elementos Antildeadioacute que por esta razoacuten no podiacutea incorporar tales elementos al expediente y que si resultaba indispensable que figuraran en eacutel era preciso solicitar a helliphellipl que los proporcionara Asimismo el Estado belga recordoacute que helliphelliphellip y helliphellipl

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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

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  • CUARTO
Page 8: Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA - Castilla-La Mancha...2013/10/11  · Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA 1. LEGISLACIÓN Página Estructura orgánica básica del Ministerio

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- STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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- Responsabilidad patrimonial Audiencia Provincial de Albacete (Seccioacuten 2ordf) Auto nuacutem AC JURISDICCION CIVIL COMPETENCIA responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten demanda exclusivamente contra la aseguradora no hay acto administrativo impugnado Jurisdiccioacuten Civil Recurso de Apelacioacuten nuacutem Ponente En ALBACETE a RAZONAMIENTOS JURIDICOS PRIMERO

Es objeto de apelacioacuten la abstencioacuten del Juzgado civil para conocer de una pretensioacuten de responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten local si bien dirigida directa y exclusivamente contra la aseguradora de eacutesta Como establece el art 37 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892) se abstendraacuten de conocer los tribunales civiles cuando se les sometan asuntos de los que corresponda conocer a los tribunales de otro orden jurisdiccional de la jurisdiccioacuten ordinaria lo que se apreciaraacute o acordaraacute de oficio tal como ordena el art 38 de la Ley de Enjuiciamiento Civil SEGUNDO Asiacute ya el art 9 de la Ley Orgaacutenica del Poder Judicial ( RCL 1985 1578 2635) establece que Los del orden Contencioso-Administrativo conoceraacuten de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la actuacioacuten de las Administraciones puacuteblicas sujeta al derecho administrativo con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los reales decretos legislativos en los teacuterminos previstos en el art 826 de la Constitucioacuten ( RCL 1978 2836) de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdiccioacuten ( RCL 1998 1741) Tambieacuten conoceraacuten de los recursos contra la inactividad de la Administracioacuten y contra sus actuaciones materiales que constituyan viacutea de hecho Conoceraacuten asimismo de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas y del personal a su servicio cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que se derive Si a la produccioacuten del dantildeo hubieran concurrido sujetos privados el demandante deduciraacute tambieacuten frente a ellos su pretensioacuten ante este orden jurisdiccional Igualmente conoceraacuten de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectiva Tambieacuten seraacute competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen ademaacutes contra las personas o entidades puacuteblicas o privadas indirectamente responsables de aqueacutellas Por si el anterior precepto no resultare claro la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa (Ley 291998 de 1307 [ RCL 1998 1741] ) establece en su art 2 que

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El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo conoceraacute de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que derive no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los oacuterdenes jurisdiccionales civil o social aun cuando en la produccioacuten del dantildeo concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad Y es que como refiere su Exposicioacuten de Motivos Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten puacuteblica Los principios de su peculiar reacutegimen juriacutedico que tiene cobertura constitucional son de naturaleza puacuteblica y hoy en diacutea la Ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a traveacutes de un mismo tipo de procedimiento administrativo Por eso parece muy conveniente unificar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa evitando la dispersioacuten de acciones que actualmente existe y garantizando la uniformidad jurisprudencial salvo como es loacutegico en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisioacuten de una infraccioacuten penal El anterior grupo normativo se completa con lo previsto en el art 139 y siguientes de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten ( Ley 301992 de 2611 [ RCL 1992 2512 2775 y RCL 1993 246] modificada por Ley 41999 de 1301 [ RCL 1999 114 329] ) que preveacute un procedimiento de reclamacioacuten previa administrativa para las pretensiones derivadas de responsabilidad extracontracatual o patrimonial cuya resolucioacuten es impugnable en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

Tambieacuten se completa especiacuteficamente para pretensiones de caraacutecter patrimonial de caraacutecter sanitario con su Disposicioacuten Adicional Duodeacutecima Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria

La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social sean estatales o autonoacutemicos asiacute como de las demaacutes entidades servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas por los dantildeos y perjuicios causados por o con ocasioacuten de la asistencia sanitaria y las correspondientes reclamaciones seguiraacuten la tramitacioacuten administrativa prevista en esta Ley correspondiendo su revisioacuten jurisdiccional al orden Contencioso-Administrativo en todo caso

Y con el Real Decreto 4291993 de 2603 ( RCL 1993 1394 1765) (Disposicioacuten Adicional 1ordf)

De este modo se establece o mejor se restablece el sistema de unidad jurisdiccional el orden Contencioso-Administrativo seraacute el competente para enjuiciar eacuteste tipo de pretensiones siempre independientemente del tipo de relacioacuten en que se haya causado el perjuicio e independientemente de si ademaacutes de la Administracioacuten o incluso sin demandar a la Administracioacuten son demandados otras personas La tan alegada vis atractiva en eacuteste tipo de pretensiones lo es a favor de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa prohibiendo incluso el art 2 LJCA ( RCL 1998 1741) -por si hubiera alguna duda- la demanda a la Administracioacuten (sola o junto a otras personas) en el orden civil o social

Se restablece -como se dijo- la unidad jurisdiccional implantado ya en 1954 por la Ley ( RCL 1954 1848) y Reglamento de Expropiacioacuten Forzosa ( RCL 1957 843) art 128 y 141) y el art 3B de la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso administrativa de 1956 ( RCL 1956 1890) quebrado por el art

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40 y 41 de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de la Administracioacuten del Estado de 1957 ( RCL 1957 1058) (ya derogados y que estableciacutean una doble competencia al orden contencioso y al civil seguacuten los dantildeos fueran derivados de un funcionamiento normal o anormal del servicio puacuteblico o causados en el aacutembito de las relaciones de derecho privado distincioacuten hoy irrelevante)

La competencia jurisdiccional viene asignada no tanto por razoacuten del sujeto demandado (de tal modo que de no ser parte la Administracioacuten deba entenderse que no es competencia de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa) sino en funcioacuten del objeto del proceso en eacuteste caso pretensiones relacionadas (en relacioacuten con dicen las indicadas leyes) con la responsabilidad patrimonial

En eacuteste sentido ya suficiente doctrina jurisprudencial como los Autos de 70794 ( RJ 1994

7998) 271094 ( RJ 1994 10587) 11295 170797 o de 250398 ( RJ 1998 7336) entre otros del Tribunal Supremo (Sala de Conflictos) ciertamente con alguna aislada excepcioacuten como el Auto de 271201 ( RJ 2002 4086)

CUARTO Hasta aquiacute se comparten los argumentos juriacutedicos expresados en el Auto impugnado

Ahora bien no es menos cierto que la asignacioacuten de la competencia jurisdiccional indicada al orden Contencioso-Administrativo tiene lugar cuando al margen de los sujetos privados codemandados eacutestos lo sean en cualquier caso junto a la Administracioacuten por lo que dicha competencia pasa necesariamente por el examen de un acto auacuten presunto administrativo que se somete a examen extendiendo la competencia al examen correlativo de otros sujetos privados

Cuando como en el caso no es llamada la Administracioacuten sino exclusivamente alguacuten sujeto privado

como es la aseguradora no hay acto administrativo impugnado por lo que no parece que los

preceptos indicados asignen en eacutestos supuestos la competencia jurisdiccional al orden Contencioso-

Administrativo al menos con la suficiente claridad por lo que seraacute competente el orden civil (litigan

sujetos privados entre siacute) aunque el examen de la responsabilidad del sujeto privado o aseguradora en

el caso pase por un examen prejudicial de la responsabilidad de la Administracioacuten lo que la Ley no

excluye pueda realizar dicho orden

La cuestioacuten ciertamente dudosa ha de resolverse en dicho sentido cuando (a pesar de cierta

corriente jurisprudencial de las Audiencias Provinciales se inclinan por la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa como las Sentencias de Almeriacutea secc 3ordf de 27042007 [ JUR 2007 201170] o de Madrid secc 18 de 9042007 [ AC 2007 916] ) ya el Tribunal Supremo ha tenido ocasioacuten de pronunciarse al respecto en la reciente Sentencia nuacutem 574 de 30052007 ( RJ 2007 4973) que decide que eacuteste tipo de pretensiones es competencia del orden civil no del Contencioso-Administrativo Expresa coacutemo La reforma de la LOPJ ( RCL 1985 1578 2635) llevada a cabo por la LO 192003 ( RCL 2003 3008) tambieacuten posterior a los hechos enjuiciados reconoce expresamente la competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo laquocuando el interesado accione directamente contra

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el asegurador de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectivaraquo Con ello se ha puesto fin a la competencia del orden civil para el conocimiento de las demandas dirigidas conjuntamente contra la Administracioacuten y el asegurador pero este precepto ha sido interpretado por los AATS (Sala de Conflictos) de 18 de octubre de 2004 ( JUR 2005 231278) y 28 de junio de 2004 ( JUR 2005 135727) (teniendo en cuenta la inclusioacuten del uacuteltimo inciso que no figuraba en algunos textos prelegislativos) en el sentido de que seguacuten expresioacuten del primero de los citados autos laquola reforma introducida por la LO 192003 de 23 de diciembre en el art 94 LOPJ -no aplicable al caso por razones de derecho intertemporal- en el sentido de atribuir al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra el asegurador de la Administracioacuten se refiere al supuesto de que se reclame contra aquella junto a la Administracioacuten respectiva lo que excluye el supuesto de haberse demandado uacutenicamente a la Compantildeiacutea de Segurosraquo Digna de mencioacuten tambieacuten es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia secc 1ordf de 30012006 ( JUR 2006 89622) con cita de otra de 20052005 en igual sentido y en el aacutembito de eacuteste Tribunal ya se llegoacute a la misma conclusioacuten en Auto de eacutesta Secc 1ordf de 5032004 y tambieacuten en Sentencia Secc 2ordf de 14012005 (auacuten de modo impliacutecito pues examinoacute el fondo del asunto de una reclamacioacuten o accioacuten directa contra una aseguradora de una entidad local si bien no se suscitoacute cuestioacuten de competencia) QUINTO Dadas las dudas juriacutedicas sobre la cuestioacuten planteada no ha lugar a expresa imposicioacuten de las costas procesales a ninguno de los litigantes (art 398 de la Ley Procesal [ RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892] ) Por todo ello PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA SE ESTIMA el recurso de apelacioacuten se revoca el Auto de 12122006 apelado y se declara la competencia del Juzgado de Primera Instancia que dictoacute el mismo para conocer de la demanda debiendo cada parte abonar las costas procesales causadas a su instancia y comunes por mitad

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- Contratacioacuten Administrativa

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 14 de febrero de 2008 ()

laquoContratacioacuten puacuteblica ndash Recursos ndash Directiva 89665CEE ndash Recurso eficaz ndash Concepto ndash Equilibrio entre el principio de contradiccioacuten y el derecho al respeto de los secretos comerciales ndash Proteccioacuten por el organismo responsable de los procedimientos de recurso de la confidencialidad de la informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicosraquo

En el asunto C-45006

que tiene por objeto una peticioacuten de decisioacuten prejudicial planteada con arreglo al artiacuteculo 234 CE por el Conseil drsquoEacutetat (Beacutelgica) mediante resolucioacuten de 24 de octubre de 2006 recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2006 en el procedimiento entre

en el que participahelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

integrado por el Sr A Rosas Presidente de Sala y los Sres helliphelliphelliphellip) y helliphelliphellip la Sra helliphelliphellipy el Sr helliphelliphelliphellip Jueces

Abogado General Sra

Secretario Sr

habiendo considerado los escritos obrantes en autos

consideradas las observaciones presentadas

ndash en nombre de helliphellip por los Sres helliphelliphellip y helliphelliphellip

ndash en nombre del Gobierno belga por la Sra helliphelliphelliphellip en calidad de agente asistida por el Sr helliphelliphellip abogado

ndash en nombre del Gobierno austriaco por el Sr M helliphelliphellip en calidad de agente

ndash en nombre de la Comisioacuten de las Comunidades Europeas por los Sres helliphelliphellip y D helliphelliphellip en calidad de agentes

oiacutedas las conclusiones de la Abogado General presentadas en audiencia puacuteblica el 25 de octubre de 2007

dicta la siguiente

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Sentencia

1 La peticioacuten de decisioacuten prejudicial tiene por objeto la interpretacioacuten del artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras (DO L 395 p 33) en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios (DO L 209 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 89665raquo)

2 Esta peticioacuten se presentoacute en el marco de un litigio entre helliphellip (en lo sucesivo laquohelliphellipraquo) y el Estado belga representado por el Ministro de Defensa en relacioacuten con la adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo

Marco juriacutedico

Normativa comunitaria

3 El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 establece

laquoEn lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten de las Directivas 71305CEE 7762CEE y 9250CEE [hellip] los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y en particular lo maacutes raacutepidamente posible en las condiciones establecidas en los artiacuteculos siguientes y en especial en el apartado 7 del artiacuteculo 2 cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativaraquo

4 El artiacuteculo 33 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO L 199 p 1) deroga la Directiva 7762CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1976 de coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO 1977 L 13 p 1 EE 1701 p 29) y establece que las referencias a dicha Directiva derogada se entenderaacuten hechas a la Directiva 9336 Igualmente el artiacuteculo 36 de la Directiva 9337CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 199 p 54) deroga la Directiva 71305CEE del Consejo de 26 de julio de 1971 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 185 p 5 EE 1703 p 9) y establece que las referencias a esta uacuteltima Directiva se entenderaacuten hechas a la Directiva 9337

5 El artiacuteculo 2 apartado 8 de la Directiva 89665 dispone

laquoCuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no sean de caraacutecter jurisdiccional sus decisiones deberaacuten ir siempre motivadas por escrito Ademaacutes en ese caso deberaacuten adoptarse disposiciones para que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el organismo de base competente o cualquier presunta infraccioacuten cometida en el ejercicio de los poderes que tiene conferidos pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante

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otro organismo que sea una jurisdiccioacuten en el sentido del artiacuteculo [234 CE] y que sea independiente en relacioacuten con el poder adjudicador y con el organismo de base

El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminacioacuten de su mandato estaraacuten sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento la duracioacuten de su mandato y su revocabilidad Como miacutenimo el presidente de este organismo independiente deberaacute poseer las mismas cualificaciones juriacutedicas y profesionales que un juez Dicho organismo independiente adoptaraacute sus decisiones previa realizacioacuten de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendraacuten por los medios que estipule cada Estado miembro efectos juriacutedicos vinculantesraquo

6 A tenor del artiacuteculo 7 apartado 1 de la Directiva 9336 en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 (DO L 328 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 9336raquo)

laquoDentro de un plazo de quince diacuteas a partir de la fecha de recepcioacuten de una solicitud escrita el poder adjudicador comunicaraacute a los candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta y a cualquier licitador que haya hecho una oferta admisible las caracteriacutesticas y ventajas relativas de la oferta seleccionada asiacute como el nombre del adjudicatario

No obstante los poderes adjudicadores podraacuten decidir no comunicar determinadas informaciones sobre la adjudicacioacuten de los contratos a las que se refiere el paacuterrafo primero cuando su difusioacuten pudiera obstaculizar la aplicacioacuten de la ley o ser contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicar los intereses comerciales legiacutetimos de determinadas empresas puacuteblicas o privadas o perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

7 El artiacuteculo 9 apartado 3 de la Directiva 9336 establece

laquoLos poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato daraacuten a conocer el resultado por medio de un anuncio Sin embargo en algunos casos podraacute no publicarse determinada informacioacuten relativa a la adjudicacioacuten de un contrato cuando su divulgacioacuten pudiere constituir un obstaacuteculo a la aplicacioacuten de la legislacioacuten o fuere contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicare los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pudieren perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

8 El artiacuteculo 15 apartado 2 de la misma Directiva dispone

laquoLos poderes adjudicadores respetaraacuten el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedoresraquo

9 Lo dispuesto en los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 se reproduce esencialmente en los artiacuteculos 6 35 apartado 4 paacuterrafo quinto y 41 apartado 3 de la Directiva 200418CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras de suministro y de servicios (DO L 134 p 114)

Normativa nacional

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10 El artiacuteculo 87 del Arreteacute du Reacutegent deteacuterminant la proceacutedure devant la section drsquoadministration du Conseil drsquoEtat (Decreto del Regente por el que se regula el procedimiento ante la seccioacuten administrativa del Conseil drsquoEacutetat) de 23 de agosto de 1948 (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948 p 6821) establece

laquoLas partes sus abogados y el comisario del Gobierno podraacuten consultar el expediente del asunto en la Secretariacutearaquo

11 A tenor del artiacuteculo 21 paacuterrafos tercero y cuarto de las Lois sur le Conseil drsquoEtat cordoneacutees le 12 janvier 1973 (Leyes sobre el Conseil drsquoEacutetat coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973 p 3461)

laquoSi la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido sin perjuicio de lo dispuesto en el artiacuteculo 21 bis se consideraraacuten probados los hechos alegados por la parte demandante salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos

Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada eacutesta lo comunicaraacute a la Sala que conoce del recurso que podraacute ordenar el depoacutesito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 36raquo

Litigio principal y cuestioacuten prejudicial

12 El 14 de diciembre de 2001 el Estado belga inicioacute el procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo Presentaron sus ofertas dos licitadores a saber helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (en lo sucesivo laquohelliphelliphellipraquo)

13 Al examinar dichas ofertas el Estado belga estimoacute que la presentada por Varec no reuniacutea los criterios de seleccioacuten de caraacutecter teacutecnico y que dicha oferta era irregular En cambio consideroacute que la oferta de helliphelliphellipl respondiacutea a todos los criterios de seleccioacuten que era regular y que sus precios eran normales En consecuencia el Estado belga adjudicoacute el contrato a helliphelliphellip mediante decisioacuten del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo laquodecisioacuten de adjudicacioacuten del contratoraquo)

14 El 29 de julio de 2002 helliphelliphelliphellip interpuso un recurso ante el Conseil drsquoEacutetat dirigido a la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato helliphelliphellip fue admitida como parte coadyuvante

15 El expediente que el Estado belga remitioacute al Conseil drsquoEacutetat no incluiacutea la oferta de helliphellip

16 helliphelliphellip solicitoacute que se incorporara dicha oferta al expediente El Auditeur del Conseil drsquoEacutetat encargado de elaborar un informe (en lo sucesivo laquoAuditeurraquo) formuloacute la misma solicitud

17 El 17 de diciembre de 2002 el Estado belga incorporoacute al expediente la oferta de helliphellipl puntualizando que no figuraban en ella los planos de conjunto del eslaboacuten propuesto ni sus elementos constitutivos Sentildealoacute que de conformidad con el pliego de condiciones y a peticioacuten de helliphelliphellipl habiacutea devuelto a eacutesta dichos elementos Antildeadioacute que por esta razoacuten no podiacutea incorporar tales elementos al expediente y que si resultaba indispensable que figuraran en eacutel era preciso solicitar a helliphellipl que los proporcionara Asimismo el Estado belga recordoacute que helliphelliphellip y helliphellipl

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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

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  • CUARTO
Page 9: Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA - Castilla-La Mancha...2013/10/11  · Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA 1. LEGISLACIÓN Página Estructura orgánica básica del Ministerio

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- Responsabilidad patrimonial Audiencia Provincial de Albacete (Seccioacuten 2ordf) Auto nuacutem AC JURISDICCION CIVIL COMPETENCIA responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten demanda exclusivamente contra la aseguradora no hay acto administrativo impugnado Jurisdiccioacuten Civil Recurso de Apelacioacuten nuacutem Ponente En ALBACETE a RAZONAMIENTOS JURIDICOS PRIMERO

Es objeto de apelacioacuten la abstencioacuten del Juzgado civil para conocer de una pretensioacuten de responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten local si bien dirigida directa y exclusivamente contra la aseguradora de eacutesta Como establece el art 37 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892) se abstendraacuten de conocer los tribunales civiles cuando se les sometan asuntos de los que corresponda conocer a los tribunales de otro orden jurisdiccional de la jurisdiccioacuten ordinaria lo que se apreciaraacute o acordaraacute de oficio tal como ordena el art 38 de la Ley de Enjuiciamiento Civil SEGUNDO Asiacute ya el art 9 de la Ley Orgaacutenica del Poder Judicial ( RCL 1985 1578 2635) establece que Los del orden Contencioso-Administrativo conoceraacuten de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la actuacioacuten de las Administraciones puacuteblicas sujeta al derecho administrativo con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los reales decretos legislativos en los teacuterminos previstos en el art 826 de la Constitucioacuten ( RCL 1978 2836) de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdiccioacuten ( RCL 1998 1741) Tambieacuten conoceraacuten de los recursos contra la inactividad de la Administracioacuten y contra sus actuaciones materiales que constituyan viacutea de hecho Conoceraacuten asimismo de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas y del personal a su servicio cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que se derive Si a la produccioacuten del dantildeo hubieran concurrido sujetos privados el demandante deduciraacute tambieacuten frente a ellos su pretensioacuten ante este orden jurisdiccional Igualmente conoceraacuten de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectiva Tambieacuten seraacute competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen ademaacutes contra las personas o entidades puacuteblicas o privadas indirectamente responsables de aqueacutellas Por si el anterior precepto no resultare claro la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa (Ley 291998 de 1307 [ RCL 1998 1741] ) establece en su art 2 que

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El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo conoceraacute de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que derive no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los oacuterdenes jurisdiccionales civil o social aun cuando en la produccioacuten del dantildeo concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad Y es que como refiere su Exposicioacuten de Motivos Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten puacuteblica Los principios de su peculiar reacutegimen juriacutedico que tiene cobertura constitucional son de naturaleza puacuteblica y hoy en diacutea la Ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a traveacutes de un mismo tipo de procedimiento administrativo Por eso parece muy conveniente unificar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa evitando la dispersioacuten de acciones que actualmente existe y garantizando la uniformidad jurisprudencial salvo como es loacutegico en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisioacuten de una infraccioacuten penal El anterior grupo normativo se completa con lo previsto en el art 139 y siguientes de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten ( Ley 301992 de 2611 [ RCL 1992 2512 2775 y RCL 1993 246] modificada por Ley 41999 de 1301 [ RCL 1999 114 329] ) que preveacute un procedimiento de reclamacioacuten previa administrativa para las pretensiones derivadas de responsabilidad extracontracatual o patrimonial cuya resolucioacuten es impugnable en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

Tambieacuten se completa especiacuteficamente para pretensiones de caraacutecter patrimonial de caraacutecter sanitario con su Disposicioacuten Adicional Duodeacutecima Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria

La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social sean estatales o autonoacutemicos asiacute como de las demaacutes entidades servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas por los dantildeos y perjuicios causados por o con ocasioacuten de la asistencia sanitaria y las correspondientes reclamaciones seguiraacuten la tramitacioacuten administrativa prevista en esta Ley correspondiendo su revisioacuten jurisdiccional al orden Contencioso-Administrativo en todo caso

Y con el Real Decreto 4291993 de 2603 ( RCL 1993 1394 1765) (Disposicioacuten Adicional 1ordf)

De este modo se establece o mejor se restablece el sistema de unidad jurisdiccional el orden Contencioso-Administrativo seraacute el competente para enjuiciar eacuteste tipo de pretensiones siempre independientemente del tipo de relacioacuten en que se haya causado el perjuicio e independientemente de si ademaacutes de la Administracioacuten o incluso sin demandar a la Administracioacuten son demandados otras personas La tan alegada vis atractiva en eacuteste tipo de pretensiones lo es a favor de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa prohibiendo incluso el art 2 LJCA ( RCL 1998 1741) -por si hubiera alguna duda- la demanda a la Administracioacuten (sola o junto a otras personas) en el orden civil o social

Se restablece -como se dijo- la unidad jurisdiccional implantado ya en 1954 por la Ley ( RCL 1954 1848) y Reglamento de Expropiacioacuten Forzosa ( RCL 1957 843) art 128 y 141) y el art 3B de la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso administrativa de 1956 ( RCL 1956 1890) quebrado por el art

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40 y 41 de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de la Administracioacuten del Estado de 1957 ( RCL 1957 1058) (ya derogados y que estableciacutean una doble competencia al orden contencioso y al civil seguacuten los dantildeos fueran derivados de un funcionamiento normal o anormal del servicio puacuteblico o causados en el aacutembito de las relaciones de derecho privado distincioacuten hoy irrelevante)

La competencia jurisdiccional viene asignada no tanto por razoacuten del sujeto demandado (de tal modo que de no ser parte la Administracioacuten deba entenderse que no es competencia de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa) sino en funcioacuten del objeto del proceso en eacuteste caso pretensiones relacionadas (en relacioacuten con dicen las indicadas leyes) con la responsabilidad patrimonial

En eacuteste sentido ya suficiente doctrina jurisprudencial como los Autos de 70794 ( RJ 1994

7998) 271094 ( RJ 1994 10587) 11295 170797 o de 250398 ( RJ 1998 7336) entre otros del Tribunal Supremo (Sala de Conflictos) ciertamente con alguna aislada excepcioacuten como el Auto de 271201 ( RJ 2002 4086)

CUARTO Hasta aquiacute se comparten los argumentos juriacutedicos expresados en el Auto impugnado

Ahora bien no es menos cierto que la asignacioacuten de la competencia jurisdiccional indicada al orden Contencioso-Administrativo tiene lugar cuando al margen de los sujetos privados codemandados eacutestos lo sean en cualquier caso junto a la Administracioacuten por lo que dicha competencia pasa necesariamente por el examen de un acto auacuten presunto administrativo que se somete a examen extendiendo la competencia al examen correlativo de otros sujetos privados

Cuando como en el caso no es llamada la Administracioacuten sino exclusivamente alguacuten sujeto privado

como es la aseguradora no hay acto administrativo impugnado por lo que no parece que los

preceptos indicados asignen en eacutestos supuestos la competencia jurisdiccional al orden Contencioso-

Administrativo al menos con la suficiente claridad por lo que seraacute competente el orden civil (litigan

sujetos privados entre siacute) aunque el examen de la responsabilidad del sujeto privado o aseguradora en

el caso pase por un examen prejudicial de la responsabilidad de la Administracioacuten lo que la Ley no

excluye pueda realizar dicho orden

La cuestioacuten ciertamente dudosa ha de resolverse en dicho sentido cuando (a pesar de cierta

corriente jurisprudencial de las Audiencias Provinciales se inclinan por la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa como las Sentencias de Almeriacutea secc 3ordf de 27042007 [ JUR 2007 201170] o de Madrid secc 18 de 9042007 [ AC 2007 916] ) ya el Tribunal Supremo ha tenido ocasioacuten de pronunciarse al respecto en la reciente Sentencia nuacutem 574 de 30052007 ( RJ 2007 4973) que decide que eacuteste tipo de pretensiones es competencia del orden civil no del Contencioso-Administrativo Expresa coacutemo La reforma de la LOPJ ( RCL 1985 1578 2635) llevada a cabo por la LO 192003 ( RCL 2003 3008) tambieacuten posterior a los hechos enjuiciados reconoce expresamente la competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo laquocuando el interesado accione directamente contra

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el asegurador de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectivaraquo Con ello se ha puesto fin a la competencia del orden civil para el conocimiento de las demandas dirigidas conjuntamente contra la Administracioacuten y el asegurador pero este precepto ha sido interpretado por los AATS (Sala de Conflictos) de 18 de octubre de 2004 ( JUR 2005 231278) y 28 de junio de 2004 ( JUR 2005 135727) (teniendo en cuenta la inclusioacuten del uacuteltimo inciso que no figuraba en algunos textos prelegislativos) en el sentido de que seguacuten expresioacuten del primero de los citados autos laquola reforma introducida por la LO 192003 de 23 de diciembre en el art 94 LOPJ -no aplicable al caso por razones de derecho intertemporal- en el sentido de atribuir al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra el asegurador de la Administracioacuten se refiere al supuesto de que se reclame contra aquella junto a la Administracioacuten respectiva lo que excluye el supuesto de haberse demandado uacutenicamente a la Compantildeiacutea de Segurosraquo Digna de mencioacuten tambieacuten es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia secc 1ordf de 30012006 ( JUR 2006 89622) con cita de otra de 20052005 en igual sentido y en el aacutembito de eacuteste Tribunal ya se llegoacute a la misma conclusioacuten en Auto de eacutesta Secc 1ordf de 5032004 y tambieacuten en Sentencia Secc 2ordf de 14012005 (auacuten de modo impliacutecito pues examinoacute el fondo del asunto de una reclamacioacuten o accioacuten directa contra una aseguradora de una entidad local si bien no se suscitoacute cuestioacuten de competencia) QUINTO Dadas las dudas juriacutedicas sobre la cuestioacuten planteada no ha lugar a expresa imposicioacuten de las costas procesales a ninguno de los litigantes (art 398 de la Ley Procesal [ RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892] ) Por todo ello PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA SE ESTIMA el recurso de apelacioacuten se revoca el Auto de 12122006 apelado y se declara la competencia del Juzgado de Primera Instancia que dictoacute el mismo para conocer de la demanda debiendo cada parte abonar las costas procesales causadas a su instancia y comunes por mitad

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- Contratacioacuten Administrativa

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 14 de febrero de 2008 ()

laquoContratacioacuten puacuteblica ndash Recursos ndash Directiva 89665CEE ndash Recurso eficaz ndash Concepto ndash Equilibrio entre el principio de contradiccioacuten y el derecho al respeto de los secretos comerciales ndash Proteccioacuten por el organismo responsable de los procedimientos de recurso de la confidencialidad de la informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicosraquo

En el asunto C-45006

que tiene por objeto una peticioacuten de decisioacuten prejudicial planteada con arreglo al artiacuteculo 234 CE por el Conseil drsquoEacutetat (Beacutelgica) mediante resolucioacuten de 24 de octubre de 2006 recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2006 en el procedimiento entre

en el que participahelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

integrado por el Sr A Rosas Presidente de Sala y los Sres helliphelliphelliphellip) y helliphelliphellip la Sra helliphelliphellipy el Sr helliphelliphelliphellip Jueces

Abogado General Sra

Secretario Sr

habiendo considerado los escritos obrantes en autos

consideradas las observaciones presentadas

ndash en nombre de helliphellip por los Sres helliphelliphellip y helliphelliphellip

ndash en nombre del Gobierno belga por la Sra helliphelliphelliphellip en calidad de agente asistida por el Sr helliphelliphellip abogado

ndash en nombre del Gobierno austriaco por el Sr M helliphelliphellip en calidad de agente

ndash en nombre de la Comisioacuten de las Comunidades Europeas por los Sres helliphelliphellip y D helliphelliphellip en calidad de agentes

oiacutedas las conclusiones de la Abogado General presentadas en audiencia puacuteblica el 25 de octubre de 2007

dicta la siguiente

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Sentencia

1 La peticioacuten de decisioacuten prejudicial tiene por objeto la interpretacioacuten del artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras (DO L 395 p 33) en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios (DO L 209 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 89665raquo)

2 Esta peticioacuten se presentoacute en el marco de un litigio entre helliphellip (en lo sucesivo laquohelliphellipraquo) y el Estado belga representado por el Ministro de Defensa en relacioacuten con la adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo

Marco juriacutedico

Normativa comunitaria

3 El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 establece

laquoEn lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten de las Directivas 71305CEE 7762CEE y 9250CEE [hellip] los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y en particular lo maacutes raacutepidamente posible en las condiciones establecidas en los artiacuteculos siguientes y en especial en el apartado 7 del artiacuteculo 2 cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativaraquo

4 El artiacuteculo 33 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO L 199 p 1) deroga la Directiva 7762CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1976 de coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO 1977 L 13 p 1 EE 1701 p 29) y establece que las referencias a dicha Directiva derogada se entenderaacuten hechas a la Directiva 9336 Igualmente el artiacuteculo 36 de la Directiva 9337CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 199 p 54) deroga la Directiva 71305CEE del Consejo de 26 de julio de 1971 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 185 p 5 EE 1703 p 9) y establece que las referencias a esta uacuteltima Directiva se entenderaacuten hechas a la Directiva 9337

5 El artiacuteculo 2 apartado 8 de la Directiva 89665 dispone

laquoCuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no sean de caraacutecter jurisdiccional sus decisiones deberaacuten ir siempre motivadas por escrito Ademaacutes en ese caso deberaacuten adoptarse disposiciones para que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el organismo de base competente o cualquier presunta infraccioacuten cometida en el ejercicio de los poderes que tiene conferidos pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante

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otro organismo que sea una jurisdiccioacuten en el sentido del artiacuteculo [234 CE] y que sea independiente en relacioacuten con el poder adjudicador y con el organismo de base

El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminacioacuten de su mandato estaraacuten sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento la duracioacuten de su mandato y su revocabilidad Como miacutenimo el presidente de este organismo independiente deberaacute poseer las mismas cualificaciones juriacutedicas y profesionales que un juez Dicho organismo independiente adoptaraacute sus decisiones previa realizacioacuten de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendraacuten por los medios que estipule cada Estado miembro efectos juriacutedicos vinculantesraquo

6 A tenor del artiacuteculo 7 apartado 1 de la Directiva 9336 en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 (DO L 328 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 9336raquo)

laquoDentro de un plazo de quince diacuteas a partir de la fecha de recepcioacuten de una solicitud escrita el poder adjudicador comunicaraacute a los candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta y a cualquier licitador que haya hecho una oferta admisible las caracteriacutesticas y ventajas relativas de la oferta seleccionada asiacute como el nombre del adjudicatario

No obstante los poderes adjudicadores podraacuten decidir no comunicar determinadas informaciones sobre la adjudicacioacuten de los contratos a las que se refiere el paacuterrafo primero cuando su difusioacuten pudiera obstaculizar la aplicacioacuten de la ley o ser contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicar los intereses comerciales legiacutetimos de determinadas empresas puacuteblicas o privadas o perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

7 El artiacuteculo 9 apartado 3 de la Directiva 9336 establece

laquoLos poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato daraacuten a conocer el resultado por medio de un anuncio Sin embargo en algunos casos podraacute no publicarse determinada informacioacuten relativa a la adjudicacioacuten de un contrato cuando su divulgacioacuten pudiere constituir un obstaacuteculo a la aplicacioacuten de la legislacioacuten o fuere contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicare los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pudieren perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

8 El artiacuteculo 15 apartado 2 de la misma Directiva dispone

laquoLos poderes adjudicadores respetaraacuten el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedoresraquo

9 Lo dispuesto en los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 se reproduce esencialmente en los artiacuteculos 6 35 apartado 4 paacuterrafo quinto y 41 apartado 3 de la Directiva 200418CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras de suministro y de servicios (DO L 134 p 114)

Normativa nacional

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10 El artiacuteculo 87 del Arreteacute du Reacutegent deteacuterminant la proceacutedure devant la section drsquoadministration du Conseil drsquoEtat (Decreto del Regente por el que se regula el procedimiento ante la seccioacuten administrativa del Conseil drsquoEacutetat) de 23 de agosto de 1948 (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948 p 6821) establece

laquoLas partes sus abogados y el comisario del Gobierno podraacuten consultar el expediente del asunto en la Secretariacutearaquo

11 A tenor del artiacuteculo 21 paacuterrafos tercero y cuarto de las Lois sur le Conseil drsquoEtat cordoneacutees le 12 janvier 1973 (Leyes sobre el Conseil drsquoEacutetat coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973 p 3461)

laquoSi la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido sin perjuicio de lo dispuesto en el artiacuteculo 21 bis se consideraraacuten probados los hechos alegados por la parte demandante salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos

Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada eacutesta lo comunicaraacute a la Sala que conoce del recurso que podraacute ordenar el depoacutesito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 36raquo

Litigio principal y cuestioacuten prejudicial

12 El 14 de diciembre de 2001 el Estado belga inicioacute el procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo Presentaron sus ofertas dos licitadores a saber helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (en lo sucesivo laquohelliphelliphellipraquo)

13 Al examinar dichas ofertas el Estado belga estimoacute que la presentada por Varec no reuniacutea los criterios de seleccioacuten de caraacutecter teacutecnico y que dicha oferta era irregular En cambio consideroacute que la oferta de helliphelliphellipl respondiacutea a todos los criterios de seleccioacuten que era regular y que sus precios eran normales En consecuencia el Estado belga adjudicoacute el contrato a helliphelliphellip mediante decisioacuten del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo laquodecisioacuten de adjudicacioacuten del contratoraquo)

14 El 29 de julio de 2002 helliphelliphelliphellip interpuso un recurso ante el Conseil drsquoEacutetat dirigido a la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato helliphelliphellip fue admitida como parte coadyuvante

15 El expediente que el Estado belga remitioacute al Conseil drsquoEacutetat no incluiacutea la oferta de helliphellip

16 helliphelliphellip solicitoacute que se incorporara dicha oferta al expediente El Auditeur del Conseil drsquoEacutetat encargado de elaborar un informe (en lo sucesivo laquoAuditeurraquo) formuloacute la misma solicitud

17 El 17 de diciembre de 2002 el Estado belga incorporoacute al expediente la oferta de helliphellipl puntualizando que no figuraban en ella los planos de conjunto del eslaboacuten propuesto ni sus elementos constitutivos Sentildealoacute que de conformidad con el pliego de condiciones y a peticioacuten de helliphelliphellipl habiacutea devuelto a eacutesta dichos elementos Antildeadioacute que por esta razoacuten no podiacutea incorporar tales elementos al expediente y que si resultaba indispensable que figuraran en eacutel era preciso solicitar a helliphellipl que los proporcionara Asimismo el Estado belga recordoacute que helliphelliphellip y helliphellipl

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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Firmas

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- ASISTENCIA SANITARIA - STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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  • CUARTO
Page 10: Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA - Castilla-La Mancha...2013/10/11  · Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA 1. LEGISLACIÓN Página Estructura orgánica básica del Ministerio

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- Aspectos eacuteticos de la sedacioacuten en cuidados paliativos sedacioacuten

l documento que presentamos ha sido elaborado por los miembros del Comiteacute de Eacutetica de la

exto completo httpwwwunaves

paliativasedacioacuten Terminal ESociedad Espantildeola de Cuidados Paliativos con el fin de ofrecer una serie de recomendaciones sobre los aspectos eacuteticos de la Sedacioacuten en cuidados paliativos Estas recomendaciones van dirigidas tanto a los miembros de la SECPAL como a todos los profesionales de la sanidad que de una manera u otra tienen responsabilidades en la atencioacuten de pacientes con enfermedades avanzadas y terminales T

Medicina y objecioacuten de conciencia

n este artiacuteculo se analiza el problema de la objecioacuten de conciencia de los profesionales de

exto completo httpwwwbioetica-debatorg

- Ela medicina y se concluye que la objecioacuten de conciencia no supone un derecho absoluto a la exencioacuten de determinadas tareas sino que siempre debe tenerse en cuenta la responsabilidad del profesional y de las Instituciones de cara al ciudadano Asimismo se sugieren soluciones que incidan en la proteccioacuten del profesional y de los ciudadanos T

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Minoriacutea de edad y aborto algunas consideraciones sobre el

aacutes informacioacuten httpwwwmsces

-consentimiento y confidencialidad

M

Declaracioacuten sobre la atencioacuten meacutedica al final de la vida

os avances de la medicina los cambios sociales econoacutemicos y de valores producidos en

Maacutes informacioacuten httpwwwunaves

- Lnuestro paiacutes han generado nuevas necesidades asistenciales debido al incremento de las enfermedades croacutenicas e incurables La SECPAL elabora una declaracioacuten sobre la atencioacuten meacutedica al final de la vida donde define los objetivos de la atencioacuten en las fases avanzadas y terminales asiacute como propuestas para una mejor atencioacuten integral y promocioacuten de la calidad de vida en estas fases

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- Universidad Internacional Meneacutendez Pelayo I encuentro interautonoacutemico sobre proteccioacuten juriacutedica del paciente como consumidor

Fecha Del 14 al 18 de julio de 2008 Lugar de celebracioacuten Cuenca Informacioacuten de matriacuteculas y becas Secretariacutea de Alumnos Ronda Juliaacuten Romero 18 Teleacutefono 969 22 12 27 969 22 09 25 Fax 969 22 07 39

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ldquoBioeacutetica Interdisciplinaridade e praacutetica cliacutenicardquo Autor Casado M Loch J y Gauer G Editorial EdiPUrcs Porto Alegre (Brasil)

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- Responsabilidad patrimonial Audiencia Provincial de Albacete (Seccioacuten 2ordf) Auto nuacutem AC JURISDICCION CIVIL COMPETENCIA responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten demanda exclusivamente contra la aseguradora no hay acto administrativo impugnado Jurisdiccioacuten Civil Recurso de Apelacioacuten nuacutem Ponente En ALBACETE a RAZONAMIENTOS JURIDICOS PRIMERO

Es objeto de apelacioacuten la abstencioacuten del Juzgado civil para conocer de una pretensioacuten de responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten local si bien dirigida directa y exclusivamente contra la aseguradora de eacutesta Como establece el art 37 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892) se abstendraacuten de conocer los tribunales civiles cuando se les sometan asuntos de los que corresponda conocer a los tribunales de otro orden jurisdiccional de la jurisdiccioacuten ordinaria lo que se apreciaraacute o acordaraacute de oficio tal como ordena el art 38 de la Ley de Enjuiciamiento Civil SEGUNDO Asiacute ya el art 9 de la Ley Orgaacutenica del Poder Judicial ( RCL 1985 1578 2635) establece que Los del orden Contencioso-Administrativo conoceraacuten de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la actuacioacuten de las Administraciones puacuteblicas sujeta al derecho administrativo con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los reales decretos legislativos en los teacuterminos previstos en el art 826 de la Constitucioacuten ( RCL 1978 2836) de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdiccioacuten ( RCL 1998 1741) Tambieacuten conoceraacuten de los recursos contra la inactividad de la Administracioacuten y contra sus actuaciones materiales que constituyan viacutea de hecho Conoceraacuten asimismo de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas y del personal a su servicio cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que se derive Si a la produccioacuten del dantildeo hubieran concurrido sujetos privados el demandante deduciraacute tambieacuten frente a ellos su pretensioacuten ante este orden jurisdiccional Igualmente conoceraacuten de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectiva Tambieacuten seraacute competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen ademaacutes contra las personas o entidades puacuteblicas o privadas indirectamente responsables de aqueacutellas Por si el anterior precepto no resultare claro la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa (Ley 291998 de 1307 [ RCL 1998 1741] ) establece en su art 2 que

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El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo conoceraacute de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que derive no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los oacuterdenes jurisdiccionales civil o social aun cuando en la produccioacuten del dantildeo concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad Y es que como refiere su Exposicioacuten de Motivos Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten puacuteblica Los principios de su peculiar reacutegimen juriacutedico que tiene cobertura constitucional son de naturaleza puacuteblica y hoy en diacutea la Ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a traveacutes de un mismo tipo de procedimiento administrativo Por eso parece muy conveniente unificar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa evitando la dispersioacuten de acciones que actualmente existe y garantizando la uniformidad jurisprudencial salvo como es loacutegico en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisioacuten de una infraccioacuten penal El anterior grupo normativo se completa con lo previsto en el art 139 y siguientes de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten ( Ley 301992 de 2611 [ RCL 1992 2512 2775 y RCL 1993 246] modificada por Ley 41999 de 1301 [ RCL 1999 114 329] ) que preveacute un procedimiento de reclamacioacuten previa administrativa para las pretensiones derivadas de responsabilidad extracontracatual o patrimonial cuya resolucioacuten es impugnable en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

Tambieacuten se completa especiacuteficamente para pretensiones de caraacutecter patrimonial de caraacutecter sanitario con su Disposicioacuten Adicional Duodeacutecima Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria

La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social sean estatales o autonoacutemicos asiacute como de las demaacutes entidades servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas por los dantildeos y perjuicios causados por o con ocasioacuten de la asistencia sanitaria y las correspondientes reclamaciones seguiraacuten la tramitacioacuten administrativa prevista en esta Ley correspondiendo su revisioacuten jurisdiccional al orden Contencioso-Administrativo en todo caso

Y con el Real Decreto 4291993 de 2603 ( RCL 1993 1394 1765) (Disposicioacuten Adicional 1ordf)

De este modo se establece o mejor se restablece el sistema de unidad jurisdiccional el orden Contencioso-Administrativo seraacute el competente para enjuiciar eacuteste tipo de pretensiones siempre independientemente del tipo de relacioacuten en que se haya causado el perjuicio e independientemente de si ademaacutes de la Administracioacuten o incluso sin demandar a la Administracioacuten son demandados otras personas La tan alegada vis atractiva en eacuteste tipo de pretensiones lo es a favor de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa prohibiendo incluso el art 2 LJCA ( RCL 1998 1741) -por si hubiera alguna duda- la demanda a la Administracioacuten (sola o junto a otras personas) en el orden civil o social

Se restablece -como se dijo- la unidad jurisdiccional implantado ya en 1954 por la Ley ( RCL 1954 1848) y Reglamento de Expropiacioacuten Forzosa ( RCL 1957 843) art 128 y 141) y el art 3B de la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso administrativa de 1956 ( RCL 1956 1890) quebrado por el art

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40 y 41 de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de la Administracioacuten del Estado de 1957 ( RCL 1957 1058) (ya derogados y que estableciacutean una doble competencia al orden contencioso y al civil seguacuten los dantildeos fueran derivados de un funcionamiento normal o anormal del servicio puacuteblico o causados en el aacutembito de las relaciones de derecho privado distincioacuten hoy irrelevante)

La competencia jurisdiccional viene asignada no tanto por razoacuten del sujeto demandado (de tal modo que de no ser parte la Administracioacuten deba entenderse que no es competencia de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa) sino en funcioacuten del objeto del proceso en eacuteste caso pretensiones relacionadas (en relacioacuten con dicen las indicadas leyes) con la responsabilidad patrimonial

En eacuteste sentido ya suficiente doctrina jurisprudencial como los Autos de 70794 ( RJ 1994

7998) 271094 ( RJ 1994 10587) 11295 170797 o de 250398 ( RJ 1998 7336) entre otros del Tribunal Supremo (Sala de Conflictos) ciertamente con alguna aislada excepcioacuten como el Auto de 271201 ( RJ 2002 4086)

CUARTO Hasta aquiacute se comparten los argumentos juriacutedicos expresados en el Auto impugnado

Ahora bien no es menos cierto que la asignacioacuten de la competencia jurisdiccional indicada al orden Contencioso-Administrativo tiene lugar cuando al margen de los sujetos privados codemandados eacutestos lo sean en cualquier caso junto a la Administracioacuten por lo que dicha competencia pasa necesariamente por el examen de un acto auacuten presunto administrativo que se somete a examen extendiendo la competencia al examen correlativo de otros sujetos privados

Cuando como en el caso no es llamada la Administracioacuten sino exclusivamente alguacuten sujeto privado

como es la aseguradora no hay acto administrativo impugnado por lo que no parece que los

preceptos indicados asignen en eacutestos supuestos la competencia jurisdiccional al orden Contencioso-

Administrativo al menos con la suficiente claridad por lo que seraacute competente el orden civil (litigan

sujetos privados entre siacute) aunque el examen de la responsabilidad del sujeto privado o aseguradora en

el caso pase por un examen prejudicial de la responsabilidad de la Administracioacuten lo que la Ley no

excluye pueda realizar dicho orden

La cuestioacuten ciertamente dudosa ha de resolverse en dicho sentido cuando (a pesar de cierta

corriente jurisprudencial de las Audiencias Provinciales se inclinan por la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa como las Sentencias de Almeriacutea secc 3ordf de 27042007 [ JUR 2007 201170] o de Madrid secc 18 de 9042007 [ AC 2007 916] ) ya el Tribunal Supremo ha tenido ocasioacuten de pronunciarse al respecto en la reciente Sentencia nuacutem 574 de 30052007 ( RJ 2007 4973) que decide que eacuteste tipo de pretensiones es competencia del orden civil no del Contencioso-Administrativo Expresa coacutemo La reforma de la LOPJ ( RCL 1985 1578 2635) llevada a cabo por la LO 192003 ( RCL 2003 3008) tambieacuten posterior a los hechos enjuiciados reconoce expresamente la competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo laquocuando el interesado accione directamente contra

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el asegurador de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectivaraquo Con ello se ha puesto fin a la competencia del orden civil para el conocimiento de las demandas dirigidas conjuntamente contra la Administracioacuten y el asegurador pero este precepto ha sido interpretado por los AATS (Sala de Conflictos) de 18 de octubre de 2004 ( JUR 2005 231278) y 28 de junio de 2004 ( JUR 2005 135727) (teniendo en cuenta la inclusioacuten del uacuteltimo inciso que no figuraba en algunos textos prelegislativos) en el sentido de que seguacuten expresioacuten del primero de los citados autos laquola reforma introducida por la LO 192003 de 23 de diciembre en el art 94 LOPJ -no aplicable al caso por razones de derecho intertemporal- en el sentido de atribuir al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra el asegurador de la Administracioacuten se refiere al supuesto de que se reclame contra aquella junto a la Administracioacuten respectiva lo que excluye el supuesto de haberse demandado uacutenicamente a la Compantildeiacutea de Segurosraquo Digna de mencioacuten tambieacuten es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia secc 1ordf de 30012006 ( JUR 2006 89622) con cita de otra de 20052005 en igual sentido y en el aacutembito de eacuteste Tribunal ya se llegoacute a la misma conclusioacuten en Auto de eacutesta Secc 1ordf de 5032004 y tambieacuten en Sentencia Secc 2ordf de 14012005 (auacuten de modo impliacutecito pues examinoacute el fondo del asunto de una reclamacioacuten o accioacuten directa contra una aseguradora de una entidad local si bien no se suscitoacute cuestioacuten de competencia) QUINTO Dadas las dudas juriacutedicas sobre la cuestioacuten planteada no ha lugar a expresa imposicioacuten de las costas procesales a ninguno de los litigantes (art 398 de la Ley Procesal [ RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892] ) Por todo ello PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA SE ESTIMA el recurso de apelacioacuten se revoca el Auto de 12122006 apelado y se declara la competencia del Juzgado de Primera Instancia que dictoacute el mismo para conocer de la demanda debiendo cada parte abonar las costas procesales causadas a su instancia y comunes por mitad

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- Contratacioacuten Administrativa

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 14 de febrero de 2008 ()

laquoContratacioacuten puacuteblica ndash Recursos ndash Directiva 89665CEE ndash Recurso eficaz ndash Concepto ndash Equilibrio entre el principio de contradiccioacuten y el derecho al respeto de los secretos comerciales ndash Proteccioacuten por el organismo responsable de los procedimientos de recurso de la confidencialidad de la informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicosraquo

En el asunto C-45006

que tiene por objeto una peticioacuten de decisioacuten prejudicial planteada con arreglo al artiacuteculo 234 CE por el Conseil drsquoEacutetat (Beacutelgica) mediante resolucioacuten de 24 de octubre de 2006 recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2006 en el procedimiento entre

en el que participahelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

integrado por el Sr A Rosas Presidente de Sala y los Sres helliphelliphelliphellip) y helliphelliphellip la Sra helliphelliphellipy el Sr helliphelliphelliphellip Jueces

Abogado General Sra

Secretario Sr

habiendo considerado los escritos obrantes en autos

consideradas las observaciones presentadas

ndash en nombre de helliphellip por los Sres helliphelliphellip y helliphelliphellip

ndash en nombre del Gobierno belga por la Sra helliphelliphelliphellip en calidad de agente asistida por el Sr helliphelliphellip abogado

ndash en nombre del Gobierno austriaco por el Sr M helliphelliphellip en calidad de agente

ndash en nombre de la Comisioacuten de las Comunidades Europeas por los Sres helliphelliphellip y D helliphelliphellip en calidad de agentes

oiacutedas las conclusiones de la Abogado General presentadas en audiencia puacuteblica el 25 de octubre de 2007

dicta la siguiente

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Sentencia

1 La peticioacuten de decisioacuten prejudicial tiene por objeto la interpretacioacuten del artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras (DO L 395 p 33) en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios (DO L 209 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 89665raquo)

2 Esta peticioacuten se presentoacute en el marco de un litigio entre helliphellip (en lo sucesivo laquohelliphellipraquo) y el Estado belga representado por el Ministro de Defensa en relacioacuten con la adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo

Marco juriacutedico

Normativa comunitaria

3 El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 establece

laquoEn lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten de las Directivas 71305CEE 7762CEE y 9250CEE [hellip] los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y en particular lo maacutes raacutepidamente posible en las condiciones establecidas en los artiacuteculos siguientes y en especial en el apartado 7 del artiacuteculo 2 cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativaraquo

4 El artiacuteculo 33 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO L 199 p 1) deroga la Directiva 7762CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1976 de coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO 1977 L 13 p 1 EE 1701 p 29) y establece que las referencias a dicha Directiva derogada se entenderaacuten hechas a la Directiva 9336 Igualmente el artiacuteculo 36 de la Directiva 9337CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 199 p 54) deroga la Directiva 71305CEE del Consejo de 26 de julio de 1971 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 185 p 5 EE 1703 p 9) y establece que las referencias a esta uacuteltima Directiva se entenderaacuten hechas a la Directiva 9337

5 El artiacuteculo 2 apartado 8 de la Directiva 89665 dispone

laquoCuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no sean de caraacutecter jurisdiccional sus decisiones deberaacuten ir siempre motivadas por escrito Ademaacutes en ese caso deberaacuten adoptarse disposiciones para que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el organismo de base competente o cualquier presunta infraccioacuten cometida en el ejercicio de los poderes que tiene conferidos pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante

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otro organismo que sea una jurisdiccioacuten en el sentido del artiacuteculo [234 CE] y que sea independiente en relacioacuten con el poder adjudicador y con el organismo de base

El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminacioacuten de su mandato estaraacuten sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento la duracioacuten de su mandato y su revocabilidad Como miacutenimo el presidente de este organismo independiente deberaacute poseer las mismas cualificaciones juriacutedicas y profesionales que un juez Dicho organismo independiente adoptaraacute sus decisiones previa realizacioacuten de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendraacuten por los medios que estipule cada Estado miembro efectos juriacutedicos vinculantesraquo

6 A tenor del artiacuteculo 7 apartado 1 de la Directiva 9336 en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 (DO L 328 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 9336raquo)

laquoDentro de un plazo de quince diacuteas a partir de la fecha de recepcioacuten de una solicitud escrita el poder adjudicador comunicaraacute a los candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta y a cualquier licitador que haya hecho una oferta admisible las caracteriacutesticas y ventajas relativas de la oferta seleccionada asiacute como el nombre del adjudicatario

No obstante los poderes adjudicadores podraacuten decidir no comunicar determinadas informaciones sobre la adjudicacioacuten de los contratos a las que se refiere el paacuterrafo primero cuando su difusioacuten pudiera obstaculizar la aplicacioacuten de la ley o ser contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicar los intereses comerciales legiacutetimos de determinadas empresas puacuteblicas o privadas o perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

7 El artiacuteculo 9 apartado 3 de la Directiva 9336 establece

laquoLos poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato daraacuten a conocer el resultado por medio de un anuncio Sin embargo en algunos casos podraacute no publicarse determinada informacioacuten relativa a la adjudicacioacuten de un contrato cuando su divulgacioacuten pudiere constituir un obstaacuteculo a la aplicacioacuten de la legislacioacuten o fuere contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicare los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pudieren perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

8 El artiacuteculo 15 apartado 2 de la misma Directiva dispone

laquoLos poderes adjudicadores respetaraacuten el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedoresraquo

9 Lo dispuesto en los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 se reproduce esencialmente en los artiacuteculos 6 35 apartado 4 paacuterrafo quinto y 41 apartado 3 de la Directiva 200418CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras de suministro y de servicios (DO L 134 p 114)

Normativa nacional

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10 El artiacuteculo 87 del Arreteacute du Reacutegent deteacuterminant la proceacutedure devant la section drsquoadministration du Conseil drsquoEtat (Decreto del Regente por el que se regula el procedimiento ante la seccioacuten administrativa del Conseil drsquoEacutetat) de 23 de agosto de 1948 (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948 p 6821) establece

laquoLas partes sus abogados y el comisario del Gobierno podraacuten consultar el expediente del asunto en la Secretariacutearaquo

11 A tenor del artiacuteculo 21 paacuterrafos tercero y cuarto de las Lois sur le Conseil drsquoEtat cordoneacutees le 12 janvier 1973 (Leyes sobre el Conseil drsquoEacutetat coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973 p 3461)

laquoSi la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido sin perjuicio de lo dispuesto en el artiacuteculo 21 bis se consideraraacuten probados los hechos alegados por la parte demandante salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos

Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada eacutesta lo comunicaraacute a la Sala que conoce del recurso que podraacute ordenar el depoacutesito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 36raquo

Litigio principal y cuestioacuten prejudicial

12 El 14 de diciembre de 2001 el Estado belga inicioacute el procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo Presentaron sus ofertas dos licitadores a saber helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (en lo sucesivo laquohelliphelliphellipraquo)

13 Al examinar dichas ofertas el Estado belga estimoacute que la presentada por Varec no reuniacutea los criterios de seleccioacuten de caraacutecter teacutecnico y que dicha oferta era irregular En cambio consideroacute que la oferta de helliphelliphellipl respondiacutea a todos los criterios de seleccioacuten que era regular y que sus precios eran normales En consecuencia el Estado belga adjudicoacute el contrato a helliphelliphellip mediante decisioacuten del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo laquodecisioacuten de adjudicacioacuten del contratoraquo)

14 El 29 de julio de 2002 helliphelliphelliphellip interpuso un recurso ante el Conseil drsquoEacutetat dirigido a la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato helliphelliphellip fue admitida como parte coadyuvante

15 El expediente que el Estado belga remitioacute al Conseil drsquoEacutetat no incluiacutea la oferta de helliphellip

16 helliphelliphellip solicitoacute que se incorporara dicha oferta al expediente El Auditeur del Conseil drsquoEacutetat encargado de elaborar un informe (en lo sucesivo laquoAuditeurraquo) formuloacute la misma solicitud

17 El 17 de diciembre de 2002 el Estado belga incorporoacute al expediente la oferta de helliphellipl puntualizando que no figuraban en ella los planos de conjunto del eslaboacuten propuesto ni sus elementos constitutivos Sentildealoacute que de conformidad con el pliego de condiciones y a peticioacuten de helliphelliphellipl habiacutea devuelto a eacutesta dichos elementos Antildeadioacute que por esta razoacuten no podiacutea incorporar tales elementos al expediente y que si resultaba indispensable que figuraran en eacutel era preciso solicitar a helliphellipl que los proporcionara Asimismo el Estado belga recordoacute que helliphelliphellip y helliphellipl

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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

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- ASISTENCIA SANITARIA - STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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- Lnuestro paiacutes han generado nuevas necesidades asistenciales debido al incremento de las enfermedades croacutenicas e incurables La SECPAL elabora una declaracioacuten sobre la atencioacuten meacutedica al final de la vida donde define los objetivos de la atencioacuten en las fases avanzadas y terminales asiacute como propuestas para una mejor atencioacuten integral y promocioacuten de la calidad de vida en estas fases

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Fecha Del 14 al 18 de julio de 2008 Lugar de celebracioacuten Cuenca Informacioacuten de matriacuteculas y becas Secretariacutea de Alumnos Ronda Juliaacuten Romero 18 Teleacutefono 969 22 12 27 969 22 09 25 Fax 969 22 07 39

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- Responsabilidad patrimonial Audiencia Provincial de Albacete (Seccioacuten 2ordf) Auto nuacutem AC JURISDICCION CIVIL COMPETENCIA responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten demanda exclusivamente contra la aseguradora no hay acto administrativo impugnado Jurisdiccioacuten Civil Recurso de Apelacioacuten nuacutem Ponente En ALBACETE a RAZONAMIENTOS JURIDICOS PRIMERO

Es objeto de apelacioacuten la abstencioacuten del Juzgado civil para conocer de una pretensioacuten de responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten local si bien dirigida directa y exclusivamente contra la aseguradora de eacutesta Como establece el art 37 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892) se abstendraacuten de conocer los tribunales civiles cuando se les sometan asuntos de los que corresponda conocer a los tribunales de otro orden jurisdiccional de la jurisdiccioacuten ordinaria lo que se apreciaraacute o acordaraacute de oficio tal como ordena el art 38 de la Ley de Enjuiciamiento Civil SEGUNDO Asiacute ya el art 9 de la Ley Orgaacutenica del Poder Judicial ( RCL 1985 1578 2635) establece que Los del orden Contencioso-Administrativo conoceraacuten de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la actuacioacuten de las Administraciones puacuteblicas sujeta al derecho administrativo con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los reales decretos legislativos en los teacuterminos previstos en el art 826 de la Constitucioacuten ( RCL 1978 2836) de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdiccioacuten ( RCL 1998 1741) Tambieacuten conoceraacuten de los recursos contra la inactividad de la Administracioacuten y contra sus actuaciones materiales que constituyan viacutea de hecho Conoceraacuten asimismo de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas y del personal a su servicio cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que se derive Si a la produccioacuten del dantildeo hubieran concurrido sujetos privados el demandante deduciraacute tambieacuten frente a ellos su pretensioacuten ante este orden jurisdiccional Igualmente conoceraacuten de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectiva Tambieacuten seraacute competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen ademaacutes contra las personas o entidades puacuteblicas o privadas indirectamente responsables de aqueacutellas Por si el anterior precepto no resultare claro la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa (Ley 291998 de 1307 [ RCL 1998 1741] ) establece en su art 2 que

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El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo conoceraacute de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que derive no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los oacuterdenes jurisdiccionales civil o social aun cuando en la produccioacuten del dantildeo concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad Y es que como refiere su Exposicioacuten de Motivos Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten puacuteblica Los principios de su peculiar reacutegimen juriacutedico que tiene cobertura constitucional son de naturaleza puacuteblica y hoy en diacutea la Ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a traveacutes de un mismo tipo de procedimiento administrativo Por eso parece muy conveniente unificar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa evitando la dispersioacuten de acciones que actualmente existe y garantizando la uniformidad jurisprudencial salvo como es loacutegico en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisioacuten de una infraccioacuten penal El anterior grupo normativo se completa con lo previsto en el art 139 y siguientes de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten ( Ley 301992 de 2611 [ RCL 1992 2512 2775 y RCL 1993 246] modificada por Ley 41999 de 1301 [ RCL 1999 114 329] ) que preveacute un procedimiento de reclamacioacuten previa administrativa para las pretensiones derivadas de responsabilidad extracontracatual o patrimonial cuya resolucioacuten es impugnable en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

Tambieacuten se completa especiacuteficamente para pretensiones de caraacutecter patrimonial de caraacutecter sanitario con su Disposicioacuten Adicional Duodeacutecima Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria

La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social sean estatales o autonoacutemicos asiacute como de las demaacutes entidades servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas por los dantildeos y perjuicios causados por o con ocasioacuten de la asistencia sanitaria y las correspondientes reclamaciones seguiraacuten la tramitacioacuten administrativa prevista en esta Ley correspondiendo su revisioacuten jurisdiccional al orden Contencioso-Administrativo en todo caso

Y con el Real Decreto 4291993 de 2603 ( RCL 1993 1394 1765) (Disposicioacuten Adicional 1ordf)

De este modo se establece o mejor se restablece el sistema de unidad jurisdiccional el orden Contencioso-Administrativo seraacute el competente para enjuiciar eacuteste tipo de pretensiones siempre independientemente del tipo de relacioacuten en que se haya causado el perjuicio e independientemente de si ademaacutes de la Administracioacuten o incluso sin demandar a la Administracioacuten son demandados otras personas La tan alegada vis atractiva en eacuteste tipo de pretensiones lo es a favor de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa prohibiendo incluso el art 2 LJCA ( RCL 1998 1741) -por si hubiera alguna duda- la demanda a la Administracioacuten (sola o junto a otras personas) en el orden civil o social

Se restablece -como se dijo- la unidad jurisdiccional implantado ya en 1954 por la Ley ( RCL 1954 1848) y Reglamento de Expropiacioacuten Forzosa ( RCL 1957 843) art 128 y 141) y el art 3B de la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso administrativa de 1956 ( RCL 1956 1890) quebrado por el art

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40 y 41 de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de la Administracioacuten del Estado de 1957 ( RCL 1957 1058) (ya derogados y que estableciacutean una doble competencia al orden contencioso y al civil seguacuten los dantildeos fueran derivados de un funcionamiento normal o anormal del servicio puacuteblico o causados en el aacutembito de las relaciones de derecho privado distincioacuten hoy irrelevante)

La competencia jurisdiccional viene asignada no tanto por razoacuten del sujeto demandado (de tal modo que de no ser parte la Administracioacuten deba entenderse que no es competencia de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa) sino en funcioacuten del objeto del proceso en eacuteste caso pretensiones relacionadas (en relacioacuten con dicen las indicadas leyes) con la responsabilidad patrimonial

En eacuteste sentido ya suficiente doctrina jurisprudencial como los Autos de 70794 ( RJ 1994

7998) 271094 ( RJ 1994 10587) 11295 170797 o de 250398 ( RJ 1998 7336) entre otros del Tribunal Supremo (Sala de Conflictos) ciertamente con alguna aislada excepcioacuten como el Auto de 271201 ( RJ 2002 4086)

CUARTO Hasta aquiacute se comparten los argumentos juriacutedicos expresados en el Auto impugnado

Ahora bien no es menos cierto que la asignacioacuten de la competencia jurisdiccional indicada al orden Contencioso-Administrativo tiene lugar cuando al margen de los sujetos privados codemandados eacutestos lo sean en cualquier caso junto a la Administracioacuten por lo que dicha competencia pasa necesariamente por el examen de un acto auacuten presunto administrativo que se somete a examen extendiendo la competencia al examen correlativo de otros sujetos privados

Cuando como en el caso no es llamada la Administracioacuten sino exclusivamente alguacuten sujeto privado

como es la aseguradora no hay acto administrativo impugnado por lo que no parece que los

preceptos indicados asignen en eacutestos supuestos la competencia jurisdiccional al orden Contencioso-

Administrativo al menos con la suficiente claridad por lo que seraacute competente el orden civil (litigan

sujetos privados entre siacute) aunque el examen de la responsabilidad del sujeto privado o aseguradora en

el caso pase por un examen prejudicial de la responsabilidad de la Administracioacuten lo que la Ley no

excluye pueda realizar dicho orden

La cuestioacuten ciertamente dudosa ha de resolverse en dicho sentido cuando (a pesar de cierta

corriente jurisprudencial de las Audiencias Provinciales se inclinan por la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa como las Sentencias de Almeriacutea secc 3ordf de 27042007 [ JUR 2007 201170] o de Madrid secc 18 de 9042007 [ AC 2007 916] ) ya el Tribunal Supremo ha tenido ocasioacuten de pronunciarse al respecto en la reciente Sentencia nuacutem 574 de 30052007 ( RJ 2007 4973) que decide que eacuteste tipo de pretensiones es competencia del orden civil no del Contencioso-Administrativo Expresa coacutemo La reforma de la LOPJ ( RCL 1985 1578 2635) llevada a cabo por la LO 192003 ( RCL 2003 3008) tambieacuten posterior a los hechos enjuiciados reconoce expresamente la competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo laquocuando el interesado accione directamente contra

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el asegurador de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectivaraquo Con ello se ha puesto fin a la competencia del orden civil para el conocimiento de las demandas dirigidas conjuntamente contra la Administracioacuten y el asegurador pero este precepto ha sido interpretado por los AATS (Sala de Conflictos) de 18 de octubre de 2004 ( JUR 2005 231278) y 28 de junio de 2004 ( JUR 2005 135727) (teniendo en cuenta la inclusioacuten del uacuteltimo inciso que no figuraba en algunos textos prelegislativos) en el sentido de que seguacuten expresioacuten del primero de los citados autos laquola reforma introducida por la LO 192003 de 23 de diciembre en el art 94 LOPJ -no aplicable al caso por razones de derecho intertemporal- en el sentido de atribuir al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra el asegurador de la Administracioacuten se refiere al supuesto de que se reclame contra aquella junto a la Administracioacuten respectiva lo que excluye el supuesto de haberse demandado uacutenicamente a la Compantildeiacutea de Segurosraquo Digna de mencioacuten tambieacuten es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia secc 1ordf de 30012006 ( JUR 2006 89622) con cita de otra de 20052005 en igual sentido y en el aacutembito de eacuteste Tribunal ya se llegoacute a la misma conclusioacuten en Auto de eacutesta Secc 1ordf de 5032004 y tambieacuten en Sentencia Secc 2ordf de 14012005 (auacuten de modo impliacutecito pues examinoacute el fondo del asunto de una reclamacioacuten o accioacuten directa contra una aseguradora de una entidad local si bien no se suscitoacute cuestioacuten de competencia) QUINTO Dadas las dudas juriacutedicas sobre la cuestioacuten planteada no ha lugar a expresa imposicioacuten de las costas procesales a ninguno de los litigantes (art 398 de la Ley Procesal [ RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892] ) Por todo ello PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA SE ESTIMA el recurso de apelacioacuten se revoca el Auto de 12122006 apelado y se declara la competencia del Juzgado de Primera Instancia que dictoacute el mismo para conocer de la demanda debiendo cada parte abonar las costas procesales causadas a su instancia y comunes por mitad

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- Contratacioacuten Administrativa

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 14 de febrero de 2008 ()

laquoContratacioacuten puacuteblica ndash Recursos ndash Directiva 89665CEE ndash Recurso eficaz ndash Concepto ndash Equilibrio entre el principio de contradiccioacuten y el derecho al respeto de los secretos comerciales ndash Proteccioacuten por el organismo responsable de los procedimientos de recurso de la confidencialidad de la informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicosraquo

En el asunto C-45006

que tiene por objeto una peticioacuten de decisioacuten prejudicial planteada con arreglo al artiacuteculo 234 CE por el Conseil drsquoEacutetat (Beacutelgica) mediante resolucioacuten de 24 de octubre de 2006 recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2006 en el procedimiento entre

en el que participahelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

integrado por el Sr A Rosas Presidente de Sala y los Sres helliphelliphelliphellip) y helliphelliphellip la Sra helliphelliphellipy el Sr helliphelliphelliphellip Jueces

Abogado General Sra

Secretario Sr

habiendo considerado los escritos obrantes en autos

consideradas las observaciones presentadas

ndash en nombre de helliphellip por los Sres helliphelliphellip y helliphelliphellip

ndash en nombre del Gobierno belga por la Sra helliphelliphelliphellip en calidad de agente asistida por el Sr helliphelliphellip abogado

ndash en nombre del Gobierno austriaco por el Sr M helliphelliphellip en calidad de agente

ndash en nombre de la Comisioacuten de las Comunidades Europeas por los Sres helliphelliphellip y D helliphelliphellip en calidad de agentes

oiacutedas las conclusiones de la Abogado General presentadas en audiencia puacuteblica el 25 de octubre de 2007

dicta la siguiente

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Sentencia

1 La peticioacuten de decisioacuten prejudicial tiene por objeto la interpretacioacuten del artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras (DO L 395 p 33) en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios (DO L 209 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 89665raquo)

2 Esta peticioacuten se presentoacute en el marco de un litigio entre helliphellip (en lo sucesivo laquohelliphellipraquo) y el Estado belga representado por el Ministro de Defensa en relacioacuten con la adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo

Marco juriacutedico

Normativa comunitaria

3 El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 establece

laquoEn lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten de las Directivas 71305CEE 7762CEE y 9250CEE [hellip] los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y en particular lo maacutes raacutepidamente posible en las condiciones establecidas en los artiacuteculos siguientes y en especial en el apartado 7 del artiacuteculo 2 cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativaraquo

4 El artiacuteculo 33 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO L 199 p 1) deroga la Directiva 7762CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1976 de coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO 1977 L 13 p 1 EE 1701 p 29) y establece que las referencias a dicha Directiva derogada se entenderaacuten hechas a la Directiva 9336 Igualmente el artiacuteculo 36 de la Directiva 9337CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 199 p 54) deroga la Directiva 71305CEE del Consejo de 26 de julio de 1971 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 185 p 5 EE 1703 p 9) y establece que las referencias a esta uacuteltima Directiva se entenderaacuten hechas a la Directiva 9337

5 El artiacuteculo 2 apartado 8 de la Directiva 89665 dispone

laquoCuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no sean de caraacutecter jurisdiccional sus decisiones deberaacuten ir siempre motivadas por escrito Ademaacutes en ese caso deberaacuten adoptarse disposiciones para que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el organismo de base competente o cualquier presunta infraccioacuten cometida en el ejercicio de los poderes que tiene conferidos pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante

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otro organismo que sea una jurisdiccioacuten en el sentido del artiacuteculo [234 CE] y que sea independiente en relacioacuten con el poder adjudicador y con el organismo de base

El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminacioacuten de su mandato estaraacuten sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento la duracioacuten de su mandato y su revocabilidad Como miacutenimo el presidente de este organismo independiente deberaacute poseer las mismas cualificaciones juriacutedicas y profesionales que un juez Dicho organismo independiente adoptaraacute sus decisiones previa realizacioacuten de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendraacuten por los medios que estipule cada Estado miembro efectos juriacutedicos vinculantesraquo

6 A tenor del artiacuteculo 7 apartado 1 de la Directiva 9336 en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 (DO L 328 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 9336raquo)

laquoDentro de un plazo de quince diacuteas a partir de la fecha de recepcioacuten de una solicitud escrita el poder adjudicador comunicaraacute a los candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta y a cualquier licitador que haya hecho una oferta admisible las caracteriacutesticas y ventajas relativas de la oferta seleccionada asiacute como el nombre del adjudicatario

No obstante los poderes adjudicadores podraacuten decidir no comunicar determinadas informaciones sobre la adjudicacioacuten de los contratos a las que se refiere el paacuterrafo primero cuando su difusioacuten pudiera obstaculizar la aplicacioacuten de la ley o ser contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicar los intereses comerciales legiacutetimos de determinadas empresas puacuteblicas o privadas o perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

7 El artiacuteculo 9 apartado 3 de la Directiva 9336 establece

laquoLos poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato daraacuten a conocer el resultado por medio de un anuncio Sin embargo en algunos casos podraacute no publicarse determinada informacioacuten relativa a la adjudicacioacuten de un contrato cuando su divulgacioacuten pudiere constituir un obstaacuteculo a la aplicacioacuten de la legislacioacuten o fuere contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicare los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pudieren perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

8 El artiacuteculo 15 apartado 2 de la misma Directiva dispone

laquoLos poderes adjudicadores respetaraacuten el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedoresraquo

9 Lo dispuesto en los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 se reproduce esencialmente en los artiacuteculos 6 35 apartado 4 paacuterrafo quinto y 41 apartado 3 de la Directiva 200418CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras de suministro y de servicios (DO L 134 p 114)

Normativa nacional

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10 El artiacuteculo 87 del Arreteacute du Reacutegent deteacuterminant la proceacutedure devant la section drsquoadministration du Conseil drsquoEtat (Decreto del Regente por el que se regula el procedimiento ante la seccioacuten administrativa del Conseil drsquoEacutetat) de 23 de agosto de 1948 (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948 p 6821) establece

laquoLas partes sus abogados y el comisario del Gobierno podraacuten consultar el expediente del asunto en la Secretariacutearaquo

11 A tenor del artiacuteculo 21 paacuterrafos tercero y cuarto de las Lois sur le Conseil drsquoEtat cordoneacutees le 12 janvier 1973 (Leyes sobre el Conseil drsquoEacutetat coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973 p 3461)

laquoSi la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido sin perjuicio de lo dispuesto en el artiacuteculo 21 bis se consideraraacuten probados los hechos alegados por la parte demandante salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos

Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada eacutesta lo comunicaraacute a la Sala que conoce del recurso que podraacute ordenar el depoacutesito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 36raquo

Litigio principal y cuestioacuten prejudicial

12 El 14 de diciembre de 2001 el Estado belga inicioacute el procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo Presentaron sus ofertas dos licitadores a saber helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (en lo sucesivo laquohelliphelliphellipraquo)

13 Al examinar dichas ofertas el Estado belga estimoacute que la presentada por Varec no reuniacutea los criterios de seleccioacuten de caraacutecter teacutecnico y que dicha oferta era irregular En cambio consideroacute que la oferta de helliphelliphellipl respondiacutea a todos los criterios de seleccioacuten que era regular y que sus precios eran normales En consecuencia el Estado belga adjudicoacute el contrato a helliphelliphellip mediante decisioacuten del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo laquodecisioacuten de adjudicacioacuten del contratoraquo)

14 El 29 de julio de 2002 helliphelliphelliphellip interpuso un recurso ante el Conseil drsquoEacutetat dirigido a la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato helliphelliphellip fue admitida como parte coadyuvante

15 El expediente que el Estado belga remitioacute al Conseil drsquoEacutetat no incluiacutea la oferta de helliphellip

16 helliphelliphellip solicitoacute que se incorporara dicha oferta al expediente El Auditeur del Conseil drsquoEacutetat encargado de elaborar un informe (en lo sucesivo laquoAuditeurraquo) formuloacute la misma solicitud

17 El 17 de diciembre de 2002 el Estado belga incorporoacute al expediente la oferta de helliphellipl puntualizando que no figuraban en ella los planos de conjunto del eslaboacuten propuesto ni sus elementos constitutivos Sentildealoacute que de conformidad con el pliego de condiciones y a peticioacuten de helliphelliphellipl habiacutea devuelto a eacutesta dichos elementos Antildeadioacute que por esta razoacuten no podiacutea incorporar tales elementos al expediente y que si resultaba indispensable que figuraran en eacutel era preciso solicitar a helliphellipl que los proporcionara Asimismo el Estado belga recordoacute que helliphelliphellip y helliphellipl

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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Firmas

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- ASISTENCIA SANITARIA - STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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  • CUARTO
Page 12: Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA - Castilla-La Mancha...2013/10/11  · Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA 1. LEGISLACIÓN Página Estructura orgánica básica del Ministerio

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- Universidad Internacional Meneacutendez Pelayo I encuentro interautonoacutemico sobre proteccioacuten juriacutedica del paciente como consumidor

Fecha Del 14 al 18 de julio de 2008 Lugar de celebracioacuten Cuenca Informacioacuten de matriacuteculas y becas Secretariacutea de Alumnos Ronda Juliaacuten Romero 18 Teleacutefono 969 22 12 27 969 22 09 25 Fax 969 22 07 39

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ldquoBioeacutetica Interdisciplinaridade e praacutetica cliacutenicardquo Autor Casado M Loch J y Gauer G Editorial EdiPUrcs Porto Alegre (Brasil)

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- Responsabilidad patrimonial Audiencia Provincial de Albacete (Seccioacuten 2ordf) Auto nuacutem AC JURISDICCION CIVIL COMPETENCIA responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten demanda exclusivamente contra la aseguradora no hay acto administrativo impugnado Jurisdiccioacuten Civil Recurso de Apelacioacuten nuacutem Ponente En ALBACETE a RAZONAMIENTOS JURIDICOS PRIMERO

Es objeto de apelacioacuten la abstencioacuten del Juzgado civil para conocer de una pretensioacuten de responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten local si bien dirigida directa y exclusivamente contra la aseguradora de eacutesta Como establece el art 37 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892) se abstendraacuten de conocer los tribunales civiles cuando se les sometan asuntos de los que corresponda conocer a los tribunales de otro orden jurisdiccional de la jurisdiccioacuten ordinaria lo que se apreciaraacute o acordaraacute de oficio tal como ordena el art 38 de la Ley de Enjuiciamiento Civil SEGUNDO Asiacute ya el art 9 de la Ley Orgaacutenica del Poder Judicial ( RCL 1985 1578 2635) establece que Los del orden Contencioso-Administrativo conoceraacuten de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la actuacioacuten de las Administraciones puacuteblicas sujeta al derecho administrativo con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los reales decretos legislativos en los teacuterminos previstos en el art 826 de la Constitucioacuten ( RCL 1978 2836) de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdiccioacuten ( RCL 1998 1741) Tambieacuten conoceraacuten de los recursos contra la inactividad de la Administracioacuten y contra sus actuaciones materiales que constituyan viacutea de hecho Conoceraacuten asimismo de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas y del personal a su servicio cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que se derive Si a la produccioacuten del dantildeo hubieran concurrido sujetos privados el demandante deduciraacute tambieacuten frente a ellos su pretensioacuten ante este orden jurisdiccional Igualmente conoceraacuten de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectiva Tambieacuten seraacute competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen ademaacutes contra las personas o entidades puacuteblicas o privadas indirectamente responsables de aqueacutellas Por si el anterior precepto no resultare claro la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa (Ley 291998 de 1307 [ RCL 1998 1741] ) establece en su art 2 que

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El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo conoceraacute de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que derive no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los oacuterdenes jurisdiccionales civil o social aun cuando en la produccioacuten del dantildeo concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad Y es que como refiere su Exposicioacuten de Motivos Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten puacuteblica Los principios de su peculiar reacutegimen juriacutedico que tiene cobertura constitucional son de naturaleza puacuteblica y hoy en diacutea la Ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a traveacutes de un mismo tipo de procedimiento administrativo Por eso parece muy conveniente unificar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa evitando la dispersioacuten de acciones que actualmente existe y garantizando la uniformidad jurisprudencial salvo como es loacutegico en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisioacuten de una infraccioacuten penal El anterior grupo normativo se completa con lo previsto en el art 139 y siguientes de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten ( Ley 301992 de 2611 [ RCL 1992 2512 2775 y RCL 1993 246] modificada por Ley 41999 de 1301 [ RCL 1999 114 329] ) que preveacute un procedimiento de reclamacioacuten previa administrativa para las pretensiones derivadas de responsabilidad extracontracatual o patrimonial cuya resolucioacuten es impugnable en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

Tambieacuten se completa especiacuteficamente para pretensiones de caraacutecter patrimonial de caraacutecter sanitario con su Disposicioacuten Adicional Duodeacutecima Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria

La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social sean estatales o autonoacutemicos asiacute como de las demaacutes entidades servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas por los dantildeos y perjuicios causados por o con ocasioacuten de la asistencia sanitaria y las correspondientes reclamaciones seguiraacuten la tramitacioacuten administrativa prevista en esta Ley correspondiendo su revisioacuten jurisdiccional al orden Contencioso-Administrativo en todo caso

Y con el Real Decreto 4291993 de 2603 ( RCL 1993 1394 1765) (Disposicioacuten Adicional 1ordf)

De este modo se establece o mejor se restablece el sistema de unidad jurisdiccional el orden Contencioso-Administrativo seraacute el competente para enjuiciar eacuteste tipo de pretensiones siempre independientemente del tipo de relacioacuten en que se haya causado el perjuicio e independientemente de si ademaacutes de la Administracioacuten o incluso sin demandar a la Administracioacuten son demandados otras personas La tan alegada vis atractiva en eacuteste tipo de pretensiones lo es a favor de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa prohibiendo incluso el art 2 LJCA ( RCL 1998 1741) -por si hubiera alguna duda- la demanda a la Administracioacuten (sola o junto a otras personas) en el orden civil o social

Se restablece -como se dijo- la unidad jurisdiccional implantado ya en 1954 por la Ley ( RCL 1954 1848) y Reglamento de Expropiacioacuten Forzosa ( RCL 1957 843) art 128 y 141) y el art 3B de la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso administrativa de 1956 ( RCL 1956 1890) quebrado por el art

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40 y 41 de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de la Administracioacuten del Estado de 1957 ( RCL 1957 1058) (ya derogados y que estableciacutean una doble competencia al orden contencioso y al civil seguacuten los dantildeos fueran derivados de un funcionamiento normal o anormal del servicio puacuteblico o causados en el aacutembito de las relaciones de derecho privado distincioacuten hoy irrelevante)

La competencia jurisdiccional viene asignada no tanto por razoacuten del sujeto demandado (de tal modo que de no ser parte la Administracioacuten deba entenderse que no es competencia de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa) sino en funcioacuten del objeto del proceso en eacuteste caso pretensiones relacionadas (en relacioacuten con dicen las indicadas leyes) con la responsabilidad patrimonial

En eacuteste sentido ya suficiente doctrina jurisprudencial como los Autos de 70794 ( RJ 1994

7998) 271094 ( RJ 1994 10587) 11295 170797 o de 250398 ( RJ 1998 7336) entre otros del Tribunal Supremo (Sala de Conflictos) ciertamente con alguna aislada excepcioacuten como el Auto de 271201 ( RJ 2002 4086)

CUARTO Hasta aquiacute se comparten los argumentos juriacutedicos expresados en el Auto impugnado

Ahora bien no es menos cierto que la asignacioacuten de la competencia jurisdiccional indicada al orden Contencioso-Administrativo tiene lugar cuando al margen de los sujetos privados codemandados eacutestos lo sean en cualquier caso junto a la Administracioacuten por lo que dicha competencia pasa necesariamente por el examen de un acto auacuten presunto administrativo que se somete a examen extendiendo la competencia al examen correlativo de otros sujetos privados

Cuando como en el caso no es llamada la Administracioacuten sino exclusivamente alguacuten sujeto privado

como es la aseguradora no hay acto administrativo impugnado por lo que no parece que los

preceptos indicados asignen en eacutestos supuestos la competencia jurisdiccional al orden Contencioso-

Administrativo al menos con la suficiente claridad por lo que seraacute competente el orden civil (litigan

sujetos privados entre siacute) aunque el examen de la responsabilidad del sujeto privado o aseguradora en

el caso pase por un examen prejudicial de la responsabilidad de la Administracioacuten lo que la Ley no

excluye pueda realizar dicho orden

La cuestioacuten ciertamente dudosa ha de resolverse en dicho sentido cuando (a pesar de cierta

corriente jurisprudencial de las Audiencias Provinciales se inclinan por la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa como las Sentencias de Almeriacutea secc 3ordf de 27042007 [ JUR 2007 201170] o de Madrid secc 18 de 9042007 [ AC 2007 916] ) ya el Tribunal Supremo ha tenido ocasioacuten de pronunciarse al respecto en la reciente Sentencia nuacutem 574 de 30052007 ( RJ 2007 4973) que decide que eacuteste tipo de pretensiones es competencia del orden civil no del Contencioso-Administrativo Expresa coacutemo La reforma de la LOPJ ( RCL 1985 1578 2635) llevada a cabo por la LO 192003 ( RCL 2003 3008) tambieacuten posterior a los hechos enjuiciados reconoce expresamente la competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo laquocuando el interesado accione directamente contra

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el asegurador de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectivaraquo Con ello se ha puesto fin a la competencia del orden civil para el conocimiento de las demandas dirigidas conjuntamente contra la Administracioacuten y el asegurador pero este precepto ha sido interpretado por los AATS (Sala de Conflictos) de 18 de octubre de 2004 ( JUR 2005 231278) y 28 de junio de 2004 ( JUR 2005 135727) (teniendo en cuenta la inclusioacuten del uacuteltimo inciso que no figuraba en algunos textos prelegislativos) en el sentido de que seguacuten expresioacuten del primero de los citados autos laquola reforma introducida por la LO 192003 de 23 de diciembre en el art 94 LOPJ -no aplicable al caso por razones de derecho intertemporal- en el sentido de atribuir al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra el asegurador de la Administracioacuten se refiere al supuesto de que se reclame contra aquella junto a la Administracioacuten respectiva lo que excluye el supuesto de haberse demandado uacutenicamente a la Compantildeiacutea de Segurosraquo Digna de mencioacuten tambieacuten es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia secc 1ordf de 30012006 ( JUR 2006 89622) con cita de otra de 20052005 en igual sentido y en el aacutembito de eacuteste Tribunal ya se llegoacute a la misma conclusioacuten en Auto de eacutesta Secc 1ordf de 5032004 y tambieacuten en Sentencia Secc 2ordf de 14012005 (auacuten de modo impliacutecito pues examinoacute el fondo del asunto de una reclamacioacuten o accioacuten directa contra una aseguradora de una entidad local si bien no se suscitoacute cuestioacuten de competencia) QUINTO Dadas las dudas juriacutedicas sobre la cuestioacuten planteada no ha lugar a expresa imposicioacuten de las costas procesales a ninguno de los litigantes (art 398 de la Ley Procesal [ RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892] ) Por todo ello PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA SE ESTIMA el recurso de apelacioacuten se revoca el Auto de 12122006 apelado y se declara la competencia del Juzgado de Primera Instancia que dictoacute el mismo para conocer de la demanda debiendo cada parte abonar las costas procesales causadas a su instancia y comunes por mitad

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- Contratacioacuten Administrativa

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 14 de febrero de 2008 ()

laquoContratacioacuten puacuteblica ndash Recursos ndash Directiva 89665CEE ndash Recurso eficaz ndash Concepto ndash Equilibrio entre el principio de contradiccioacuten y el derecho al respeto de los secretos comerciales ndash Proteccioacuten por el organismo responsable de los procedimientos de recurso de la confidencialidad de la informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicosraquo

En el asunto C-45006

que tiene por objeto una peticioacuten de decisioacuten prejudicial planteada con arreglo al artiacuteculo 234 CE por el Conseil drsquoEacutetat (Beacutelgica) mediante resolucioacuten de 24 de octubre de 2006 recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2006 en el procedimiento entre

en el que participahelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

integrado por el Sr A Rosas Presidente de Sala y los Sres helliphelliphelliphellip) y helliphelliphellip la Sra helliphelliphellipy el Sr helliphelliphelliphellip Jueces

Abogado General Sra

Secretario Sr

habiendo considerado los escritos obrantes en autos

consideradas las observaciones presentadas

ndash en nombre de helliphellip por los Sres helliphelliphellip y helliphelliphellip

ndash en nombre del Gobierno belga por la Sra helliphelliphelliphellip en calidad de agente asistida por el Sr helliphelliphellip abogado

ndash en nombre del Gobierno austriaco por el Sr M helliphelliphellip en calidad de agente

ndash en nombre de la Comisioacuten de las Comunidades Europeas por los Sres helliphelliphellip y D helliphelliphellip en calidad de agentes

oiacutedas las conclusiones de la Abogado General presentadas en audiencia puacuteblica el 25 de octubre de 2007

dicta la siguiente

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Sentencia

1 La peticioacuten de decisioacuten prejudicial tiene por objeto la interpretacioacuten del artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras (DO L 395 p 33) en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios (DO L 209 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 89665raquo)

2 Esta peticioacuten se presentoacute en el marco de un litigio entre helliphellip (en lo sucesivo laquohelliphellipraquo) y el Estado belga representado por el Ministro de Defensa en relacioacuten con la adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo

Marco juriacutedico

Normativa comunitaria

3 El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 establece

laquoEn lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten de las Directivas 71305CEE 7762CEE y 9250CEE [hellip] los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y en particular lo maacutes raacutepidamente posible en las condiciones establecidas en los artiacuteculos siguientes y en especial en el apartado 7 del artiacuteculo 2 cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativaraquo

4 El artiacuteculo 33 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO L 199 p 1) deroga la Directiva 7762CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1976 de coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO 1977 L 13 p 1 EE 1701 p 29) y establece que las referencias a dicha Directiva derogada se entenderaacuten hechas a la Directiva 9336 Igualmente el artiacuteculo 36 de la Directiva 9337CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 199 p 54) deroga la Directiva 71305CEE del Consejo de 26 de julio de 1971 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 185 p 5 EE 1703 p 9) y establece que las referencias a esta uacuteltima Directiva se entenderaacuten hechas a la Directiva 9337

5 El artiacuteculo 2 apartado 8 de la Directiva 89665 dispone

laquoCuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no sean de caraacutecter jurisdiccional sus decisiones deberaacuten ir siempre motivadas por escrito Ademaacutes en ese caso deberaacuten adoptarse disposiciones para que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el organismo de base competente o cualquier presunta infraccioacuten cometida en el ejercicio de los poderes que tiene conferidos pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante

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otro organismo que sea una jurisdiccioacuten en el sentido del artiacuteculo [234 CE] y que sea independiente en relacioacuten con el poder adjudicador y con el organismo de base

El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminacioacuten de su mandato estaraacuten sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento la duracioacuten de su mandato y su revocabilidad Como miacutenimo el presidente de este organismo independiente deberaacute poseer las mismas cualificaciones juriacutedicas y profesionales que un juez Dicho organismo independiente adoptaraacute sus decisiones previa realizacioacuten de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendraacuten por los medios que estipule cada Estado miembro efectos juriacutedicos vinculantesraquo

6 A tenor del artiacuteculo 7 apartado 1 de la Directiva 9336 en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 (DO L 328 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 9336raquo)

laquoDentro de un plazo de quince diacuteas a partir de la fecha de recepcioacuten de una solicitud escrita el poder adjudicador comunicaraacute a los candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta y a cualquier licitador que haya hecho una oferta admisible las caracteriacutesticas y ventajas relativas de la oferta seleccionada asiacute como el nombre del adjudicatario

No obstante los poderes adjudicadores podraacuten decidir no comunicar determinadas informaciones sobre la adjudicacioacuten de los contratos a las que se refiere el paacuterrafo primero cuando su difusioacuten pudiera obstaculizar la aplicacioacuten de la ley o ser contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicar los intereses comerciales legiacutetimos de determinadas empresas puacuteblicas o privadas o perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

7 El artiacuteculo 9 apartado 3 de la Directiva 9336 establece

laquoLos poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato daraacuten a conocer el resultado por medio de un anuncio Sin embargo en algunos casos podraacute no publicarse determinada informacioacuten relativa a la adjudicacioacuten de un contrato cuando su divulgacioacuten pudiere constituir un obstaacuteculo a la aplicacioacuten de la legislacioacuten o fuere contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicare los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pudieren perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

8 El artiacuteculo 15 apartado 2 de la misma Directiva dispone

laquoLos poderes adjudicadores respetaraacuten el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedoresraquo

9 Lo dispuesto en los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 se reproduce esencialmente en los artiacuteculos 6 35 apartado 4 paacuterrafo quinto y 41 apartado 3 de la Directiva 200418CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras de suministro y de servicios (DO L 134 p 114)

Normativa nacional

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10 El artiacuteculo 87 del Arreteacute du Reacutegent deteacuterminant la proceacutedure devant la section drsquoadministration du Conseil drsquoEtat (Decreto del Regente por el que se regula el procedimiento ante la seccioacuten administrativa del Conseil drsquoEacutetat) de 23 de agosto de 1948 (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948 p 6821) establece

laquoLas partes sus abogados y el comisario del Gobierno podraacuten consultar el expediente del asunto en la Secretariacutearaquo

11 A tenor del artiacuteculo 21 paacuterrafos tercero y cuarto de las Lois sur le Conseil drsquoEtat cordoneacutees le 12 janvier 1973 (Leyes sobre el Conseil drsquoEacutetat coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973 p 3461)

laquoSi la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido sin perjuicio de lo dispuesto en el artiacuteculo 21 bis se consideraraacuten probados los hechos alegados por la parte demandante salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos

Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada eacutesta lo comunicaraacute a la Sala que conoce del recurso que podraacute ordenar el depoacutesito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 36raquo

Litigio principal y cuestioacuten prejudicial

12 El 14 de diciembre de 2001 el Estado belga inicioacute el procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo Presentaron sus ofertas dos licitadores a saber helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (en lo sucesivo laquohelliphelliphellipraquo)

13 Al examinar dichas ofertas el Estado belga estimoacute que la presentada por Varec no reuniacutea los criterios de seleccioacuten de caraacutecter teacutecnico y que dicha oferta era irregular En cambio consideroacute que la oferta de helliphelliphellipl respondiacutea a todos los criterios de seleccioacuten que era regular y que sus precios eran normales En consecuencia el Estado belga adjudicoacute el contrato a helliphelliphellip mediante decisioacuten del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo laquodecisioacuten de adjudicacioacuten del contratoraquo)

14 El 29 de julio de 2002 helliphelliphelliphellip interpuso un recurso ante el Conseil drsquoEacutetat dirigido a la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato helliphelliphellip fue admitida como parte coadyuvante

15 El expediente que el Estado belga remitioacute al Conseil drsquoEacutetat no incluiacutea la oferta de helliphellip

16 helliphelliphellip solicitoacute que se incorporara dicha oferta al expediente El Auditeur del Conseil drsquoEacutetat encargado de elaborar un informe (en lo sucesivo laquoAuditeurraquo) formuloacute la misma solicitud

17 El 17 de diciembre de 2002 el Estado belga incorporoacute al expediente la oferta de helliphellipl puntualizando que no figuraban en ella los planos de conjunto del eslaboacuten propuesto ni sus elementos constitutivos Sentildealoacute que de conformidad con el pliego de condiciones y a peticioacuten de helliphelliphellipl habiacutea devuelto a eacutesta dichos elementos Antildeadioacute que por esta razoacuten no podiacutea incorporar tales elementos al expediente y que si resultaba indispensable que figuraran en eacutel era preciso solicitar a helliphellipl que los proporcionara Asimismo el Estado belga recordoacute que helliphelliphellip y helliphellipl

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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Firmas

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- ASISTENCIA SANITARIA - STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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- Responsabilidad patrimonial Audiencia Provincial de Albacete (Seccioacuten 2ordf) Auto nuacutem AC JURISDICCION CIVIL COMPETENCIA responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten demanda exclusivamente contra la aseguradora no hay acto administrativo impugnado Jurisdiccioacuten Civil Recurso de Apelacioacuten nuacutem Ponente En ALBACETE a RAZONAMIENTOS JURIDICOS PRIMERO

Es objeto de apelacioacuten la abstencioacuten del Juzgado civil para conocer de una pretensioacuten de responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten local si bien dirigida directa y exclusivamente contra la aseguradora de eacutesta Como establece el art 37 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892) se abstendraacuten de conocer los tribunales civiles cuando se les sometan asuntos de los que corresponda conocer a los tribunales de otro orden jurisdiccional de la jurisdiccioacuten ordinaria lo que se apreciaraacute o acordaraacute de oficio tal como ordena el art 38 de la Ley de Enjuiciamiento Civil SEGUNDO Asiacute ya el art 9 de la Ley Orgaacutenica del Poder Judicial ( RCL 1985 1578 2635) establece que Los del orden Contencioso-Administrativo conoceraacuten de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la actuacioacuten de las Administraciones puacuteblicas sujeta al derecho administrativo con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los reales decretos legislativos en los teacuterminos previstos en el art 826 de la Constitucioacuten ( RCL 1978 2836) de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdiccioacuten ( RCL 1998 1741) Tambieacuten conoceraacuten de los recursos contra la inactividad de la Administracioacuten y contra sus actuaciones materiales que constituyan viacutea de hecho Conoceraacuten asimismo de las pretensiones que se deduzcan en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas y del personal a su servicio cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que se derive Si a la produccioacuten del dantildeo hubieran concurrido sujetos privados el demandante deduciraacute tambieacuten frente a ellos su pretensioacuten ante este orden jurisdiccional Igualmente conoceraacuten de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectiva Tambieacuten seraacute competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen ademaacutes contra las personas o entidades puacuteblicas o privadas indirectamente responsables de aqueacutellas Por si el anterior precepto no resultare claro la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa (Ley 291998 de 1307 [ RCL 1998 1741] ) establece en su art 2 que

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El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo conoceraacute de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que derive no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los oacuterdenes jurisdiccionales civil o social aun cuando en la produccioacuten del dantildeo concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad Y es que como refiere su Exposicioacuten de Motivos Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten puacuteblica Los principios de su peculiar reacutegimen juriacutedico que tiene cobertura constitucional son de naturaleza puacuteblica y hoy en diacutea la Ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a traveacutes de un mismo tipo de procedimiento administrativo Por eso parece muy conveniente unificar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa evitando la dispersioacuten de acciones que actualmente existe y garantizando la uniformidad jurisprudencial salvo como es loacutegico en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisioacuten de una infraccioacuten penal El anterior grupo normativo se completa con lo previsto en el art 139 y siguientes de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten ( Ley 301992 de 2611 [ RCL 1992 2512 2775 y RCL 1993 246] modificada por Ley 41999 de 1301 [ RCL 1999 114 329] ) que preveacute un procedimiento de reclamacioacuten previa administrativa para las pretensiones derivadas de responsabilidad extracontracatual o patrimonial cuya resolucioacuten es impugnable en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

Tambieacuten se completa especiacuteficamente para pretensiones de caraacutecter patrimonial de caraacutecter sanitario con su Disposicioacuten Adicional Duodeacutecima Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria

La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social sean estatales o autonoacutemicos asiacute como de las demaacutes entidades servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas por los dantildeos y perjuicios causados por o con ocasioacuten de la asistencia sanitaria y las correspondientes reclamaciones seguiraacuten la tramitacioacuten administrativa prevista en esta Ley correspondiendo su revisioacuten jurisdiccional al orden Contencioso-Administrativo en todo caso

Y con el Real Decreto 4291993 de 2603 ( RCL 1993 1394 1765) (Disposicioacuten Adicional 1ordf)

De este modo se establece o mejor se restablece el sistema de unidad jurisdiccional el orden Contencioso-Administrativo seraacute el competente para enjuiciar eacuteste tipo de pretensiones siempre independientemente del tipo de relacioacuten en que se haya causado el perjuicio e independientemente de si ademaacutes de la Administracioacuten o incluso sin demandar a la Administracioacuten son demandados otras personas La tan alegada vis atractiva en eacuteste tipo de pretensiones lo es a favor de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa prohibiendo incluso el art 2 LJCA ( RCL 1998 1741) -por si hubiera alguna duda- la demanda a la Administracioacuten (sola o junto a otras personas) en el orden civil o social

Se restablece -como se dijo- la unidad jurisdiccional implantado ya en 1954 por la Ley ( RCL 1954 1848) y Reglamento de Expropiacioacuten Forzosa ( RCL 1957 843) art 128 y 141) y el art 3B de la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso administrativa de 1956 ( RCL 1956 1890) quebrado por el art

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40 y 41 de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de la Administracioacuten del Estado de 1957 ( RCL 1957 1058) (ya derogados y que estableciacutean una doble competencia al orden contencioso y al civil seguacuten los dantildeos fueran derivados de un funcionamiento normal o anormal del servicio puacuteblico o causados en el aacutembito de las relaciones de derecho privado distincioacuten hoy irrelevante)

La competencia jurisdiccional viene asignada no tanto por razoacuten del sujeto demandado (de tal modo que de no ser parte la Administracioacuten deba entenderse que no es competencia de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa) sino en funcioacuten del objeto del proceso en eacuteste caso pretensiones relacionadas (en relacioacuten con dicen las indicadas leyes) con la responsabilidad patrimonial

En eacuteste sentido ya suficiente doctrina jurisprudencial como los Autos de 70794 ( RJ 1994

7998) 271094 ( RJ 1994 10587) 11295 170797 o de 250398 ( RJ 1998 7336) entre otros del Tribunal Supremo (Sala de Conflictos) ciertamente con alguna aislada excepcioacuten como el Auto de 271201 ( RJ 2002 4086)

CUARTO Hasta aquiacute se comparten los argumentos juriacutedicos expresados en el Auto impugnado

Ahora bien no es menos cierto que la asignacioacuten de la competencia jurisdiccional indicada al orden Contencioso-Administrativo tiene lugar cuando al margen de los sujetos privados codemandados eacutestos lo sean en cualquier caso junto a la Administracioacuten por lo que dicha competencia pasa necesariamente por el examen de un acto auacuten presunto administrativo que se somete a examen extendiendo la competencia al examen correlativo de otros sujetos privados

Cuando como en el caso no es llamada la Administracioacuten sino exclusivamente alguacuten sujeto privado

como es la aseguradora no hay acto administrativo impugnado por lo que no parece que los

preceptos indicados asignen en eacutestos supuestos la competencia jurisdiccional al orden Contencioso-

Administrativo al menos con la suficiente claridad por lo que seraacute competente el orden civil (litigan

sujetos privados entre siacute) aunque el examen de la responsabilidad del sujeto privado o aseguradora en

el caso pase por un examen prejudicial de la responsabilidad de la Administracioacuten lo que la Ley no

excluye pueda realizar dicho orden

La cuestioacuten ciertamente dudosa ha de resolverse en dicho sentido cuando (a pesar de cierta

corriente jurisprudencial de las Audiencias Provinciales se inclinan por la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa como las Sentencias de Almeriacutea secc 3ordf de 27042007 [ JUR 2007 201170] o de Madrid secc 18 de 9042007 [ AC 2007 916] ) ya el Tribunal Supremo ha tenido ocasioacuten de pronunciarse al respecto en la reciente Sentencia nuacutem 574 de 30052007 ( RJ 2007 4973) que decide que eacuteste tipo de pretensiones es competencia del orden civil no del Contencioso-Administrativo Expresa coacutemo La reforma de la LOPJ ( RCL 1985 1578 2635) llevada a cabo por la LO 192003 ( RCL 2003 3008) tambieacuten posterior a los hechos enjuiciados reconoce expresamente la competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo laquocuando el interesado accione directamente contra

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el asegurador de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectivaraquo Con ello se ha puesto fin a la competencia del orden civil para el conocimiento de las demandas dirigidas conjuntamente contra la Administracioacuten y el asegurador pero este precepto ha sido interpretado por los AATS (Sala de Conflictos) de 18 de octubre de 2004 ( JUR 2005 231278) y 28 de junio de 2004 ( JUR 2005 135727) (teniendo en cuenta la inclusioacuten del uacuteltimo inciso que no figuraba en algunos textos prelegislativos) en el sentido de que seguacuten expresioacuten del primero de los citados autos laquola reforma introducida por la LO 192003 de 23 de diciembre en el art 94 LOPJ -no aplicable al caso por razones de derecho intertemporal- en el sentido de atribuir al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra el asegurador de la Administracioacuten se refiere al supuesto de que se reclame contra aquella junto a la Administracioacuten respectiva lo que excluye el supuesto de haberse demandado uacutenicamente a la Compantildeiacutea de Segurosraquo Digna de mencioacuten tambieacuten es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia secc 1ordf de 30012006 ( JUR 2006 89622) con cita de otra de 20052005 en igual sentido y en el aacutembito de eacuteste Tribunal ya se llegoacute a la misma conclusioacuten en Auto de eacutesta Secc 1ordf de 5032004 y tambieacuten en Sentencia Secc 2ordf de 14012005 (auacuten de modo impliacutecito pues examinoacute el fondo del asunto de una reclamacioacuten o accioacuten directa contra una aseguradora de una entidad local si bien no se suscitoacute cuestioacuten de competencia) QUINTO Dadas las dudas juriacutedicas sobre la cuestioacuten planteada no ha lugar a expresa imposicioacuten de las costas procesales a ninguno de los litigantes (art 398 de la Ley Procesal [ RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892] ) Por todo ello PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA SE ESTIMA el recurso de apelacioacuten se revoca el Auto de 12122006 apelado y se declara la competencia del Juzgado de Primera Instancia que dictoacute el mismo para conocer de la demanda debiendo cada parte abonar las costas procesales causadas a su instancia y comunes por mitad

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- Contratacioacuten Administrativa

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 14 de febrero de 2008 ()

laquoContratacioacuten puacuteblica ndash Recursos ndash Directiva 89665CEE ndash Recurso eficaz ndash Concepto ndash Equilibrio entre el principio de contradiccioacuten y el derecho al respeto de los secretos comerciales ndash Proteccioacuten por el organismo responsable de los procedimientos de recurso de la confidencialidad de la informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicosraquo

En el asunto C-45006

que tiene por objeto una peticioacuten de decisioacuten prejudicial planteada con arreglo al artiacuteculo 234 CE por el Conseil drsquoEacutetat (Beacutelgica) mediante resolucioacuten de 24 de octubre de 2006 recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2006 en el procedimiento entre

en el que participahelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

integrado por el Sr A Rosas Presidente de Sala y los Sres helliphelliphelliphellip) y helliphelliphellip la Sra helliphelliphellipy el Sr helliphelliphelliphellip Jueces

Abogado General Sra

Secretario Sr

habiendo considerado los escritos obrantes en autos

consideradas las observaciones presentadas

ndash en nombre de helliphellip por los Sres helliphelliphellip y helliphelliphellip

ndash en nombre del Gobierno belga por la Sra helliphelliphelliphellip en calidad de agente asistida por el Sr helliphelliphellip abogado

ndash en nombre del Gobierno austriaco por el Sr M helliphelliphellip en calidad de agente

ndash en nombre de la Comisioacuten de las Comunidades Europeas por los Sres helliphelliphellip y D helliphelliphellip en calidad de agentes

oiacutedas las conclusiones de la Abogado General presentadas en audiencia puacuteblica el 25 de octubre de 2007

dicta la siguiente

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Sentencia

1 La peticioacuten de decisioacuten prejudicial tiene por objeto la interpretacioacuten del artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras (DO L 395 p 33) en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios (DO L 209 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 89665raquo)

2 Esta peticioacuten se presentoacute en el marco de un litigio entre helliphellip (en lo sucesivo laquohelliphellipraquo) y el Estado belga representado por el Ministro de Defensa en relacioacuten con la adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo

Marco juriacutedico

Normativa comunitaria

3 El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 establece

laquoEn lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten de las Directivas 71305CEE 7762CEE y 9250CEE [hellip] los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y en particular lo maacutes raacutepidamente posible en las condiciones establecidas en los artiacuteculos siguientes y en especial en el apartado 7 del artiacuteculo 2 cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativaraquo

4 El artiacuteculo 33 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO L 199 p 1) deroga la Directiva 7762CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1976 de coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO 1977 L 13 p 1 EE 1701 p 29) y establece que las referencias a dicha Directiva derogada se entenderaacuten hechas a la Directiva 9336 Igualmente el artiacuteculo 36 de la Directiva 9337CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 199 p 54) deroga la Directiva 71305CEE del Consejo de 26 de julio de 1971 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 185 p 5 EE 1703 p 9) y establece que las referencias a esta uacuteltima Directiva se entenderaacuten hechas a la Directiva 9337

5 El artiacuteculo 2 apartado 8 de la Directiva 89665 dispone

laquoCuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no sean de caraacutecter jurisdiccional sus decisiones deberaacuten ir siempre motivadas por escrito Ademaacutes en ese caso deberaacuten adoptarse disposiciones para que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el organismo de base competente o cualquier presunta infraccioacuten cometida en el ejercicio de los poderes que tiene conferidos pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante

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otro organismo que sea una jurisdiccioacuten en el sentido del artiacuteculo [234 CE] y que sea independiente en relacioacuten con el poder adjudicador y con el organismo de base

El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminacioacuten de su mandato estaraacuten sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento la duracioacuten de su mandato y su revocabilidad Como miacutenimo el presidente de este organismo independiente deberaacute poseer las mismas cualificaciones juriacutedicas y profesionales que un juez Dicho organismo independiente adoptaraacute sus decisiones previa realizacioacuten de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendraacuten por los medios que estipule cada Estado miembro efectos juriacutedicos vinculantesraquo

6 A tenor del artiacuteculo 7 apartado 1 de la Directiva 9336 en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 (DO L 328 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 9336raquo)

laquoDentro de un plazo de quince diacuteas a partir de la fecha de recepcioacuten de una solicitud escrita el poder adjudicador comunicaraacute a los candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta y a cualquier licitador que haya hecho una oferta admisible las caracteriacutesticas y ventajas relativas de la oferta seleccionada asiacute como el nombre del adjudicatario

No obstante los poderes adjudicadores podraacuten decidir no comunicar determinadas informaciones sobre la adjudicacioacuten de los contratos a las que se refiere el paacuterrafo primero cuando su difusioacuten pudiera obstaculizar la aplicacioacuten de la ley o ser contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicar los intereses comerciales legiacutetimos de determinadas empresas puacuteblicas o privadas o perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

7 El artiacuteculo 9 apartado 3 de la Directiva 9336 establece

laquoLos poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato daraacuten a conocer el resultado por medio de un anuncio Sin embargo en algunos casos podraacute no publicarse determinada informacioacuten relativa a la adjudicacioacuten de un contrato cuando su divulgacioacuten pudiere constituir un obstaacuteculo a la aplicacioacuten de la legislacioacuten o fuere contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicare los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pudieren perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

8 El artiacuteculo 15 apartado 2 de la misma Directiva dispone

laquoLos poderes adjudicadores respetaraacuten el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedoresraquo

9 Lo dispuesto en los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 se reproduce esencialmente en los artiacuteculos 6 35 apartado 4 paacuterrafo quinto y 41 apartado 3 de la Directiva 200418CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras de suministro y de servicios (DO L 134 p 114)

Normativa nacional

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10 El artiacuteculo 87 del Arreteacute du Reacutegent deteacuterminant la proceacutedure devant la section drsquoadministration du Conseil drsquoEtat (Decreto del Regente por el que se regula el procedimiento ante la seccioacuten administrativa del Conseil drsquoEacutetat) de 23 de agosto de 1948 (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948 p 6821) establece

laquoLas partes sus abogados y el comisario del Gobierno podraacuten consultar el expediente del asunto en la Secretariacutearaquo

11 A tenor del artiacuteculo 21 paacuterrafos tercero y cuarto de las Lois sur le Conseil drsquoEtat cordoneacutees le 12 janvier 1973 (Leyes sobre el Conseil drsquoEacutetat coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973 p 3461)

laquoSi la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido sin perjuicio de lo dispuesto en el artiacuteculo 21 bis se consideraraacuten probados los hechos alegados por la parte demandante salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos

Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada eacutesta lo comunicaraacute a la Sala que conoce del recurso que podraacute ordenar el depoacutesito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 36raquo

Litigio principal y cuestioacuten prejudicial

12 El 14 de diciembre de 2001 el Estado belga inicioacute el procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo Presentaron sus ofertas dos licitadores a saber helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (en lo sucesivo laquohelliphelliphellipraquo)

13 Al examinar dichas ofertas el Estado belga estimoacute que la presentada por Varec no reuniacutea los criterios de seleccioacuten de caraacutecter teacutecnico y que dicha oferta era irregular En cambio consideroacute que la oferta de helliphelliphellipl respondiacutea a todos los criterios de seleccioacuten que era regular y que sus precios eran normales En consecuencia el Estado belga adjudicoacute el contrato a helliphelliphellip mediante decisioacuten del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo laquodecisioacuten de adjudicacioacuten del contratoraquo)

14 El 29 de julio de 2002 helliphelliphelliphellip interpuso un recurso ante el Conseil drsquoEacutetat dirigido a la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato helliphelliphellip fue admitida como parte coadyuvante

15 El expediente que el Estado belga remitioacute al Conseil drsquoEacutetat no incluiacutea la oferta de helliphellip

16 helliphelliphellip solicitoacute que se incorporara dicha oferta al expediente El Auditeur del Conseil drsquoEacutetat encargado de elaborar un informe (en lo sucesivo laquoAuditeurraquo) formuloacute la misma solicitud

17 El 17 de diciembre de 2002 el Estado belga incorporoacute al expediente la oferta de helliphellipl puntualizando que no figuraban en ella los planos de conjunto del eslaboacuten propuesto ni sus elementos constitutivos Sentildealoacute que de conformidad con el pliego de condiciones y a peticioacuten de helliphelliphellipl habiacutea devuelto a eacutesta dichos elementos Antildeadioacute que por esta razoacuten no podiacutea incorporar tales elementos al expediente y que si resultaba indispensable que figuraran en eacutel era preciso solicitar a helliphellipl que los proporcionara Asimismo el Estado belga recordoacute que helliphelliphellip y helliphellipl

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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Firmas

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- ASISTENCIA SANITARIA - STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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  • CUARTO
Page 14: Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA - Castilla-La Mancha...2013/10/11  · Nº 42. Junio-2008 ACTUALIDAD JURÍDICA 1. LEGISLACIÓN Página Estructura orgánica básica del Ministerio

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El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo conoceraacute de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones puacuteblicas cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacioacuten de que derive no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los oacuterdenes jurisdiccionales civil o social aun cuando en la produccioacuten del dantildeo concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad Y es que como refiere su Exposicioacuten de Motivos Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se susciten en relacioacuten con la responsabilidad patrimonial de la Administracioacuten puacuteblica Los principios de su peculiar reacutegimen juriacutedico que tiene cobertura constitucional son de naturaleza puacuteblica y hoy en diacutea la Ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a traveacutes de un mismo tipo de procedimiento administrativo Por eso parece muy conveniente unificar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la Jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa evitando la dispersioacuten de acciones que actualmente existe y garantizando la uniformidad jurisprudencial salvo como es loacutegico en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisioacuten de una infraccioacuten penal El anterior grupo normativo se completa con lo previsto en el art 139 y siguientes de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo Comuacuten ( Ley 301992 de 2611 [ RCL 1992 2512 2775 y RCL 1993 246] modificada por Ley 41999 de 1301 [ RCL 1999 114 329] ) que preveacute un procedimiento de reclamacioacuten previa administrativa para las pretensiones derivadas de responsabilidad extracontracatual o patrimonial cuya resolucioacuten es impugnable en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo

Tambieacuten se completa especiacuteficamente para pretensiones de caraacutecter patrimonial de caraacutecter sanitario con su Disposicioacuten Adicional Duodeacutecima Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria

La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social sean estatales o autonoacutemicos asiacute como de las demaacutes entidades servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas por los dantildeos y perjuicios causados por o con ocasioacuten de la asistencia sanitaria y las correspondientes reclamaciones seguiraacuten la tramitacioacuten administrativa prevista en esta Ley correspondiendo su revisioacuten jurisdiccional al orden Contencioso-Administrativo en todo caso

Y con el Real Decreto 4291993 de 2603 ( RCL 1993 1394 1765) (Disposicioacuten Adicional 1ordf)

De este modo se establece o mejor se restablece el sistema de unidad jurisdiccional el orden Contencioso-Administrativo seraacute el competente para enjuiciar eacuteste tipo de pretensiones siempre independientemente del tipo de relacioacuten en que se haya causado el perjuicio e independientemente de si ademaacutes de la Administracioacuten o incluso sin demandar a la Administracioacuten son demandados otras personas La tan alegada vis atractiva en eacuteste tipo de pretensiones lo es a favor de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa prohibiendo incluso el art 2 LJCA ( RCL 1998 1741) -por si hubiera alguna duda- la demanda a la Administracioacuten (sola o junto a otras personas) en el orden civil o social

Se restablece -como se dijo- la unidad jurisdiccional implantado ya en 1954 por la Ley ( RCL 1954 1848) y Reglamento de Expropiacioacuten Forzosa ( RCL 1957 843) art 128 y 141) y el art 3B de la Ley de la Jurisdiccioacuten Contencioso administrativa de 1956 ( RCL 1956 1890) quebrado por el art

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40 y 41 de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de la Administracioacuten del Estado de 1957 ( RCL 1957 1058) (ya derogados y que estableciacutean una doble competencia al orden contencioso y al civil seguacuten los dantildeos fueran derivados de un funcionamiento normal o anormal del servicio puacuteblico o causados en el aacutembito de las relaciones de derecho privado distincioacuten hoy irrelevante)

La competencia jurisdiccional viene asignada no tanto por razoacuten del sujeto demandado (de tal modo que de no ser parte la Administracioacuten deba entenderse que no es competencia de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa) sino en funcioacuten del objeto del proceso en eacuteste caso pretensiones relacionadas (en relacioacuten con dicen las indicadas leyes) con la responsabilidad patrimonial

En eacuteste sentido ya suficiente doctrina jurisprudencial como los Autos de 70794 ( RJ 1994

7998) 271094 ( RJ 1994 10587) 11295 170797 o de 250398 ( RJ 1998 7336) entre otros del Tribunal Supremo (Sala de Conflictos) ciertamente con alguna aislada excepcioacuten como el Auto de 271201 ( RJ 2002 4086)

CUARTO Hasta aquiacute se comparten los argumentos juriacutedicos expresados en el Auto impugnado

Ahora bien no es menos cierto que la asignacioacuten de la competencia jurisdiccional indicada al orden Contencioso-Administrativo tiene lugar cuando al margen de los sujetos privados codemandados eacutestos lo sean en cualquier caso junto a la Administracioacuten por lo que dicha competencia pasa necesariamente por el examen de un acto auacuten presunto administrativo que se somete a examen extendiendo la competencia al examen correlativo de otros sujetos privados

Cuando como en el caso no es llamada la Administracioacuten sino exclusivamente alguacuten sujeto privado

como es la aseguradora no hay acto administrativo impugnado por lo que no parece que los

preceptos indicados asignen en eacutestos supuestos la competencia jurisdiccional al orden Contencioso-

Administrativo al menos con la suficiente claridad por lo que seraacute competente el orden civil (litigan

sujetos privados entre siacute) aunque el examen de la responsabilidad del sujeto privado o aseguradora en

el caso pase por un examen prejudicial de la responsabilidad de la Administracioacuten lo que la Ley no

excluye pueda realizar dicho orden

La cuestioacuten ciertamente dudosa ha de resolverse en dicho sentido cuando (a pesar de cierta

corriente jurisprudencial de las Audiencias Provinciales se inclinan por la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa como las Sentencias de Almeriacutea secc 3ordf de 27042007 [ JUR 2007 201170] o de Madrid secc 18 de 9042007 [ AC 2007 916] ) ya el Tribunal Supremo ha tenido ocasioacuten de pronunciarse al respecto en la reciente Sentencia nuacutem 574 de 30052007 ( RJ 2007 4973) que decide que eacuteste tipo de pretensiones es competencia del orden civil no del Contencioso-Administrativo Expresa coacutemo La reforma de la LOPJ ( RCL 1985 1578 2635) llevada a cabo por la LO 192003 ( RCL 2003 3008) tambieacuten posterior a los hechos enjuiciados reconoce expresamente la competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo laquocuando el interesado accione directamente contra

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el asegurador de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectivaraquo Con ello se ha puesto fin a la competencia del orden civil para el conocimiento de las demandas dirigidas conjuntamente contra la Administracioacuten y el asegurador pero este precepto ha sido interpretado por los AATS (Sala de Conflictos) de 18 de octubre de 2004 ( JUR 2005 231278) y 28 de junio de 2004 ( JUR 2005 135727) (teniendo en cuenta la inclusioacuten del uacuteltimo inciso que no figuraba en algunos textos prelegislativos) en el sentido de que seguacuten expresioacuten del primero de los citados autos laquola reforma introducida por la LO 192003 de 23 de diciembre en el art 94 LOPJ -no aplicable al caso por razones de derecho intertemporal- en el sentido de atribuir al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra el asegurador de la Administracioacuten se refiere al supuesto de que se reclame contra aquella junto a la Administracioacuten respectiva lo que excluye el supuesto de haberse demandado uacutenicamente a la Compantildeiacutea de Segurosraquo Digna de mencioacuten tambieacuten es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia secc 1ordf de 30012006 ( JUR 2006 89622) con cita de otra de 20052005 en igual sentido y en el aacutembito de eacuteste Tribunal ya se llegoacute a la misma conclusioacuten en Auto de eacutesta Secc 1ordf de 5032004 y tambieacuten en Sentencia Secc 2ordf de 14012005 (auacuten de modo impliacutecito pues examinoacute el fondo del asunto de una reclamacioacuten o accioacuten directa contra una aseguradora de una entidad local si bien no se suscitoacute cuestioacuten de competencia) QUINTO Dadas las dudas juriacutedicas sobre la cuestioacuten planteada no ha lugar a expresa imposicioacuten de las costas procesales a ninguno de los litigantes (art 398 de la Ley Procesal [ RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892] ) Por todo ello PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA SE ESTIMA el recurso de apelacioacuten se revoca el Auto de 12122006 apelado y se declara la competencia del Juzgado de Primera Instancia que dictoacute el mismo para conocer de la demanda debiendo cada parte abonar las costas procesales causadas a su instancia y comunes por mitad

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- Contratacioacuten Administrativa

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 14 de febrero de 2008 ()

laquoContratacioacuten puacuteblica ndash Recursos ndash Directiva 89665CEE ndash Recurso eficaz ndash Concepto ndash Equilibrio entre el principio de contradiccioacuten y el derecho al respeto de los secretos comerciales ndash Proteccioacuten por el organismo responsable de los procedimientos de recurso de la confidencialidad de la informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicosraquo

En el asunto C-45006

que tiene por objeto una peticioacuten de decisioacuten prejudicial planteada con arreglo al artiacuteculo 234 CE por el Conseil drsquoEacutetat (Beacutelgica) mediante resolucioacuten de 24 de octubre de 2006 recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2006 en el procedimiento entre

en el que participahelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

integrado por el Sr A Rosas Presidente de Sala y los Sres helliphelliphelliphellip) y helliphelliphellip la Sra helliphelliphellipy el Sr helliphelliphelliphellip Jueces

Abogado General Sra

Secretario Sr

habiendo considerado los escritos obrantes en autos

consideradas las observaciones presentadas

ndash en nombre de helliphellip por los Sres helliphelliphellip y helliphelliphellip

ndash en nombre del Gobierno belga por la Sra helliphelliphelliphellip en calidad de agente asistida por el Sr helliphelliphellip abogado

ndash en nombre del Gobierno austriaco por el Sr M helliphelliphellip en calidad de agente

ndash en nombre de la Comisioacuten de las Comunidades Europeas por los Sres helliphelliphellip y D helliphelliphellip en calidad de agentes

oiacutedas las conclusiones de la Abogado General presentadas en audiencia puacuteblica el 25 de octubre de 2007

dicta la siguiente

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Sentencia

1 La peticioacuten de decisioacuten prejudicial tiene por objeto la interpretacioacuten del artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras (DO L 395 p 33) en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios (DO L 209 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 89665raquo)

2 Esta peticioacuten se presentoacute en el marco de un litigio entre helliphellip (en lo sucesivo laquohelliphellipraquo) y el Estado belga representado por el Ministro de Defensa en relacioacuten con la adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo

Marco juriacutedico

Normativa comunitaria

3 El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 establece

laquoEn lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten de las Directivas 71305CEE 7762CEE y 9250CEE [hellip] los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y en particular lo maacutes raacutepidamente posible en las condiciones establecidas en los artiacuteculos siguientes y en especial en el apartado 7 del artiacuteculo 2 cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativaraquo

4 El artiacuteculo 33 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO L 199 p 1) deroga la Directiva 7762CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1976 de coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO 1977 L 13 p 1 EE 1701 p 29) y establece que las referencias a dicha Directiva derogada se entenderaacuten hechas a la Directiva 9336 Igualmente el artiacuteculo 36 de la Directiva 9337CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 199 p 54) deroga la Directiva 71305CEE del Consejo de 26 de julio de 1971 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 185 p 5 EE 1703 p 9) y establece que las referencias a esta uacuteltima Directiva se entenderaacuten hechas a la Directiva 9337

5 El artiacuteculo 2 apartado 8 de la Directiva 89665 dispone

laquoCuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no sean de caraacutecter jurisdiccional sus decisiones deberaacuten ir siempre motivadas por escrito Ademaacutes en ese caso deberaacuten adoptarse disposiciones para que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el organismo de base competente o cualquier presunta infraccioacuten cometida en el ejercicio de los poderes que tiene conferidos pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante

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otro organismo que sea una jurisdiccioacuten en el sentido del artiacuteculo [234 CE] y que sea independiente en relacioacuten con el poder adjudicador y con el organismo de base

El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminacioacuten de su mandato estaraacuten sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento la duracioacuten de su mandato y su revocabilidad Como miacutenimo el presidente de este organismo independiente deberaacute poseer las mismas cualificaciones juriacutedicas y profesionales que un juez Dicho organismo independiente adoptaraacute sus decisiones previa realizacioacuten de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendraacuten por los medios que estipule cada Estado miembro efectos juriacutedicos vinculantesraquo

6 A tenor del artiacuteculo 7 apartado 1 de la Directiva 9336 en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 (DO L 328 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 9336raquo)

laquoDentro de un plazo de quince diacuteas a partir de la fecha de recepcioacuten de una solicitud escrita el poder adjudicador comunicaraacute a los candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta y a cualquier licitador que haya hecho una oferta admisible las caracteriacutesticas y ventajas relativas de la oferta seleccionada asiacute como el nombre del adjudicatario

No obstante los poderes adjudicadores podraacuten decidir no comunicar determinadas informaciones sobre la adjudicacioacuten de los contratos a las que se refiere el paacuterrafo primero cuando su difusioacuten pudiera obstaculizar la aplicacioacuten de la ley o ser contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicar los intereses comerciales legiacutetimos de determinadas empresas puacuteblicas o privadas o perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

7 El artiacuteculo 9 apartado 3 de la Directiva 9336 establece

laquoLos poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato daraacuten a conocer el resultado por medio de un anuncio Sin embargo en algunos casos podraacute no publicarse determinada informacioacuten relativa a la adjudicacioacuten de un contrato cuando su divulgacioacuten pudiere constituir un obstaacuteculo a la aplicacioacuten de la legislacioacuten o fuere contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicare los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pudieren perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

8 El artiacuteculo 15 apartado 2 de la misma Directiva dispone

laquoLos poderes adjudicadores respetaraacuten el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedoresraquo

9 Lo dispuesto en los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 se reproduce esencialmente en los artiacuteculos 6 35 apartado 4 paacuterrafo quinto y 41 apartado 3 de la Directiva 200418CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras de suministro y de servicios (DO L 134 p 114)

Normativa nacional

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10 El artiacuteculo 87 del Arreteacute du Reacutegent deteacuterminant la proceacutedure devant la section drsquoadministration du Conseil drsquoEtat (Decreto del Regente por el que se regula el procedimiento ante la seccioacuten administrativa del Conseil drsquoEacutetat) de 23 de agosto de 1948 (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948 p 6821) establece

laquoLas partes sus abogados y el comisario del Gobierno podraacuten consultar el expediente del asunto en la Secretariacutearaquo

11 A tenor del artiacuteculo 21 paacuterrafos tercero y cuarto de las Lois sur le Conseil drsquoEtat cordoneacutees le 12 janvier 1973 (Leyes sobre el Conseil drsquoEacutetat coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973 p 3461)

laquoSi la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido sin perjuicio de lo dispuesto en el artiacuteculo 21 bis se consideraraacuten probados los hechos alegados por la parte demandante salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos

Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada eacutesta lo comunicaraacute a la Sala que conoce del recurso que podraacute ordenar el depoacutesito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 36raquo

Litigio principal y cuestioacuten prejudicial

12 El 14 de diciembre de 2001 el Estado belga inicioacute el procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo Presentaron sus ofertas dos licitadores a saber helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (en lo sucesivo laquohelliphelliphellipraquo)

13 Al examinar dichas ofertas el Estado belga estimoacute que la presentada por Varec no reuniacutea los criterios de seleccioacuten de caraacutecter teacutecnico y que dicha oferta era irregular En cambio consideroacute que la oferta de helliphelliphellipl respondiacutea a todos los criterios de seleccioacuten que era regular y que sus precios eran normales En consecuencia el Estado belga adjudicoacute el contrato a helliphelliphellip mediante decisioacuten del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo laquodecisioacuten de adjudicacioacuten del contratoraquo)

14 El 29 de julio de 2002 helliphelliphelliphellip interpuso un recurso ante el Conseil drsquoEacutetat dirigido a la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato helliphelliphellip fue admitida como parte coadyuvante

15 El expediente que el Estado belga remitioacute al Conseil drsquoEacutetat no incluiacutea la oferta de helliphellip

16 helliphelliphellip solicitoacute que se incorporara dicha oferta al expediente El Auditeur del Conseil drsquoEacutetat encargado de elaborar un informe (en lo sucesivo laquoAuditeurraquo) formuloacute la misma solicitud

17 El 17 de diciembre de 2002 el Estado belga incorporoacute al expediente la oferta de helliphellipl puntualizando que no figuraban en ella los planos de conjunto del eslaboacuten propuesto ni sus elementos constitutivos Sentildealoacute que de conformidad con el pliego de condiciones y a peticioacuten de helliphelliphellipl habiacutea devuelto a eacutesta dichos elementos Antildeadioacute que por esta razoacuten no podiacutea incorporar tales elementos al expediente y que si resultaba indispensable que figuraran en eacutel era preciso solicitar a helliphellipl que los proporcionara Asimismo el Estado belga recordoacute que helliphelliphellip y helliphellipl

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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Firmas

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- ASISTENCIA SANITARIA - STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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40 y 41 de la Ley de Reacutegimen Juriacutedico de la Administracioacuten del Estado de 1957 ( RCL 1957 1058) (ya derogados y que estableciacutean una doble competencia al orden contencioso y al civil seguacuten los dantildeos fueran derivados de un funcionamiento normal o anormal del servicio puacuteblico o causados en el aacutembito de las relaciones de derecho privado distincioacuten hoy irrelevante)

La competencia jurisdiccional viene asignada no tanto por razoacuten del sujeto demandado (de tal modo que de no ser parte la Administracioacuten deba entenderse que no es competencia de la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa) sino en funcioacuten del objeto del proceso en eacuteste caso pretensiones relacionadas (en relacioacuten con dicen las indicadas leyes) con la responsabilidad patrimonial

En eacuteste sentido ya suficiente doctrina jurisprudencial como los Autos de 70794 ( RJ 1994

7998) 271094 ( RJ 1994 10587) 11295 170797 o de 250398 ( RJ 1998 7336) entre otros del Tribunal Supremo (Sala de Conflictos) ciertamente con alguna aislada excepcioacuten como el Auto de 271201 ( RJ 2002 4086)

CUARTO Hasta aquiacute se comparten los argumentos juriacutedicos expresados en el Auto impugnado

Ahora bien no es menos cierto que la asignacioacuten de la competencia jurisdiccional indicada al orden Contencioso-Administrativo tiene lugar cuando al margen de los sujetos privados codemandados eacutestos lo sean en cualquier caso junto a la Administracioacuten por lo que dicha competencia pasa necesariamente por el examen de un acto auacuten presunto administrativo que se somete a examen extendiendo la competencia al examen correlativo de otros sujetos privados

Cuando como en el caso no es llamada la Administracioacuten sino exclusivamente alguacuten sujeto privado

como es la aseguradora no hay acto administrativo impugnado por lo que no parece que los

preceptos indicados asignen en eacutestos supuestos la competencia jurisdiccional al orden Contencioso-

Administrativo al menos con la suficiente claridad por lo que seraacute competente el orden civil (litigan

sujetos privados entre siacute) aunque el examen de la responsabilidad del sujeto privado o aseguradora en

el caso pase por un examen prejudicial de la responsabilidad de la Administracioacuten lo que la Ley no

excluye pueda realizar dicho orden

La cuestioacuten ciertamente dudosa ha de resolverse en dicho sentido cuando (a pesar de cierta

corriente jurisprudencial de las Audiencias Provinciales se inclinan por la jurisdiccioacuten Contencioso-Administrativa como las Sentencias de Almeriacutea secc 3ordf de 27042007 [ JUR 2007 201170] o de Madrid secc 18 de 9042007 [ AC 2007 916] ) ya el Tribunal Supremo ha tenido ocasioacuten de pronunciarse al respecto en la reciente Sentencia nuacutem 574 de 30052007 ( RJ 2007 4973) que decide que eacuteste tipo de pretensiones es competencia del orden civil no del Contencioso-Administrativo Expresa coacutemo La reforma de la LOPJ ( RCL 1985 1578 2635) llevada a cabo por la LO 192003 ( RCL 2003 3008) tambieacuten posterior a los hechos enjuiciados reconoce expresamente la competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo laquocuando el interesado accione directamente contra

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el asegurador de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectivaraquo Con ello se ha puesto fin a la competencia del orden civil para el conocimiento de las demandas dirigidas conjuntamente contra la Administracioacuten y el asegurador pero este precepto ha sido interpretado por los AATS (Sala de Conflictos) de 18 de octubre de 2004 ( JUR 2005 231278) y 28 de junio de 2004 ( JUR 2005 135727) (teniendo en cuenta la inclusioacuten del uacuteltimo inciso que no figuraba en algunos textos prelegislativos) en el sentido de que seguacuten expresioacuten del primero de los citados autos laquola reforma introducida por la LO 192003 de 23 de diciembre en el art 94 LOPJ -no aplicable al caso por razones de derecho intertemporal- en el sentido de atribuir al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra el asegurador de la Administracioacuten se refiere al supuesto de que se reclame contra aquella junto a la Administracioacuten respectiva lo que excluye el supuesto de haberse demandado uacutenicamente a la Compantildeiacutea de Segurosraquo Digna de mencioacuten tambieacuten es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia secc 1ordf de 30012006 ( JUR 2006 89622) con cita de otra de 20052005 en igual sentido y en el aacutembito de eacuteste Tribunal ya se llegoacute a la misma conclusioacuten en Auto de eacutesta Secc 1ordf de 5032004 y tambieacuten en Sentencia Secc 2ordf de 14012005 (auacuten de modo impliacutecito pues examinoacute el fondo del asunto de una reclamacioacuten o accioacuten directa contra una aseguradora de una entidad local si bien no se suscitoacute cuestioacuten de competencia) QUINTO Dadas las dudas juriacutedicas sobre la cuestioacuten planteada no ha lugar a expresa imposicioacuten de las costas procesales a ninguno de los litigantes (art 398 de la Ley Procesal [ RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892] ) Por todo ello PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA SE ESTIMA el recurso de apelacioacuten se revoca el Auto de 12122006 apelado y se declara la competencia del Juzgado de Primera Instancia que dictoacute el mismo para conocer de la demanda debiendo cada parte abonar las costas procesales causadas a su instancia y comunes por mitad

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- Contratacioacuten Administrativa

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 14 de febrero de 2008 ()

laquoContratacioacuten puacuteblica ndash Recursos ndash Directiva 89665CEE ndash Recurso eficaz ndash Concepto ndash Equilibrio entre el principio de contradiccioacuten y el derecho al respeto de los secretos comerciales ndash Proteccioacuten por el organismo responsable de los procedimientos de recurso de la confidencialidad de la informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicosraquo

En el asunto C-45006

que tiene por objeto una peticioacuten de decisioacuten prejudicial planteada con arreglo al artiacuteculo 234 CE por el Conseil drsquoEacutetat (Beacutelgica) mediante resolucioacuten de 24 de octubre de 2006 recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2006 en el procedimiento entre

en el que participahelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

integrado por el Sr A Rosas Presidente de Sala y los Sres helliphelliphelliphellip) y helliphelliphellip la Sra helliphelliphellipy el Sr helliphelliphelliphellip Jueces

Abogado General Sra

Secretario Sr

habiendo considerado los escritos obrantes en autos

consideradas las observaciones presentadas

ndash en nombre de helliphellip por los Sres helliphelliphellip y helliphelliphellip

ndash en nombre del Gobierno belga por la Sra helliphelliphelliphellip en calidad de agente asistida por el Sr helliphelliphellip abogado

ndash en nombre del Gobierno austriaco por el Sr M helliphelliphellip en calidad de agente

ndash en nombre de la Comisioacuten de las Comunidades Europeas por los Sres helliphelliphellip y D helliphelliphellip en calidad de agentes

oiacutedas las conclusiones de la Abogado General presentadas en audiencia puacuteblica el 25 de octubre de 2007

dicta la siguiente

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Sentencia

1 La peticioacuten de decisioacuten prejudicial tiene por objeto la interpretacioacuten del artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras (DO L 395 p 33) en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios (DO L 209 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 89665raquo)

2 Esta peticioacuten se presentoacute en el marco de un litigio entre helliphellip (en lo sucesivo laquohelliphellipraquo) y el Estado belga representado por el Ministro de Defensa en relacioacuten con la adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo

Marco juriacutedico

Normativa comunitaria

3 El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 establece

laquoEn lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten de las Directivas 71305CEE 7762CEE y 9250CEE [hellip] los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y en particular lo maacutes raacutepidamente posible en las condiciones establecidas en los artiacuteculos siguientes y en especial en el apartado 7 del artiacuteculo 2 cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativaraquo

4 El artiacuteculo 33 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO L 199 p 1) deroga la Directiva 7762CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1976 de coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO 1977 L 13 p 1 EE 1701 p 29) y establece que las referencias a dicha Directiva derogada se entenderaacuten hechas a la Directiva 9336 Igualmente el artiacuteculo 36 de la Directiva 9337CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 199 p 54) deroga la Directiva 71305CEE del Consejo de 26 de julio de 1971 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 185 p 5 EE 1703 p 9) y establece que las referencias a esta uacuteltima Directiva se entenderaacuten hechas a la Directiva 9337

5 El artiacuteculo 2 apartado 8 de la Directiva 89665 dispone

laquoCuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no sean de caraacutecter jurisdiccional sus decisiones deberaacuten ir siempre motivadas por escrito Ademaacutes en ese caso deberaacuten adoptarse disposiciones para que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el organismo de base competente o cualquier presunta infraccioacuten cometida en el ejercicio de los poderes que tiene conferidos pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante

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otro organismo que sea una jurisdiccioacuten en el sentido del artiacuteculo [234 CE] y que sea independiente en relacioacuten con el poder adjudicador y con el organismo de base

El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminacioacuten de su mandato estaraacuten sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento la duracioacuten de su mandato y su revocabilidad Como miacutenimo el presidente de este organismo independiente deberaacute poseer las mismas cualificaciones juriacutedicas y profesionales que un juez Dicho organismo independiente adoptaraacute sus decisiones previa realizacioacuten de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendraacuten por los medios que estipule cada Estado miembro efectos juriacutedicos vinculantesraquo

6 A tenor del artiacuteculo 7 apartado 1 de la Directiva 9336 en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 (DO L 328 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 9336raquo)

laquoDentro de un plazo de quince diacuteas a partir de la fecha de recepcioacuten de una solicitud escrita el poder adjudicador comunicaraacute a los candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta y a cualquier licitador que haya hecho una oferta admisible las caracteriacutesticas y ventajas relativas de la oferta seleccionada asiacute como el nombre del adjudicatario

No obstante los poderes adjudicadores podraacuten decidir no comunicar determinadas informaciones sobre la adjudicacioacuten de los contratos a las que se refiere el paacuterrafo primero cuando su difusioacuten pudiera obstaculizar la aplicacioacuten de la ley o ser contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicar los intereses comerciales legiacutetimos de determinadas empresas puacuteblicas o privadas o perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

7 El artiacuteculo 9 apartado 3 de la Directiva 9336 establece

laquoLos poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato daraacuten a conocer el resultado por medio de un anuncio Sin embargo en algunos casos podraacute no publicarse determinada informacioacuten relativa a la adjudicacioacuten de un contrato cuando su divulgacioacuten pudiere constituir un obstaacuteculo a la aplicacioacuten de la legislacioacuten o fuere contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicare los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pudieren perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

8 El artiacuteculo 15 apartado 2 de la misma Directiva dispone

laquoLos poderes adjudicadores respetaraacuten el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedoresraquo

9 Lo dispuesto en los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 se reproduce esencialmente en los artiacuteculos 6 35 apartado 4 paacuterrafo quinto y 41 apartado 3 de la Directiva 200418CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras de suministro y de servicios (DO L 134 p 114)

Normativa nacional

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10 El artiacuteculo 87 del Arreteacute du Reacutegent deteacuterminant la proceacutedure devant la section drsquoadministration du Conseil drsquoEtat (Decreto del Regente por el que se regula el procedimiento ante la seccioacuten administrativa del Conseil drsquoEacutetat) de 23 de agosto de 1948 (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948 p 6821) establece

laquoLas partes sus abogados y el comisario del Gobierno podraacuten consultar el expediente del asunto en la Secretariacutearaquo

11 A tenor del artiacuteculo 21 paacuterrafos tercero y cuarto de las Lois sur le Conseil drsquoEtat cordoneacutees le 12 janvier 1973 (Leyes sobre el Conseil drsquoEacutetat coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973 p 3461)

laquoSi la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido sin perjuicio de lo dispuesto en el artiacuteculo 21 bis se consideraraacuten probados los hechos alegados por la parte demandante salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos

Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada eacutesta lo comunicaraacute a la Sala que conoce del recurso que podraacute ordenar el depoacutesito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 36raquo

Litigio principal y cuestioacuten prejudicial

12 El 14 de diciembre de 2001 el Estado belga inicioacute el procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo Presentaron sus ofertas dos licitadores a saber helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (en lo sucesivo laquohelliphelliphellipraquo)

13 Al examinar dichas ofertas el Estado belga estimoacute que la presentada por Varec no reuniacutea los criterios de seleccioacuten de caraacutecter teacutecnico y que dicha oferta era irregular En cambio consideroacute que la oferta de helliphelliphellipl respondiacutea a todos los criterios de seleccioacuten que era regular y que sus precios eran normales En consecuencia el Estado belga adjudicoacute el contrato a helliphelliphellip mediante decisioacuten del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo laquodecisioacuten de adjudicacioacuten del contratoraquo)

14 El 29 de julio de 2002 helliphelliphelliphellip interpuso un recurso ante el Conseil drsquoEacutetat dirigido a la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato helliphelliphellip fue admitida como parte coadyuvante

15 El expediente que el Estado belga remitioacute al Conseil drsquoEacutetat no incluiacutea la oferta de helliphellip

16 helliphelliphellip solicitoacute que se incorporara dicha oferta al expediente El Auditeur del Conseil drsquoEacutetat encargado de elaborar un informe (en lo sucesivo laquoAuditeurraquo) formuloacute la misma solicitud

17 El 17 de diciembre de 2002 el Estado belga incorporoacute al expediente la oferta de helliphellipl puntualizando que no figuraban en ella los planos de conjunto del eslaboacuten propuesto ni sus elementos constitutivos Sentildealoacute que de conformidad con el pliego de condiciones y a peticioacuten de helliphelliphellipl habiacutea devuelto a eacutesta dichos elementos Antildeadioacute que por esta razoacuten no podiacutea incorporar tales elementos al expediente y que si resultaba indispensable que figuraran en eacutel era preciso solicitar a helliphellipl que los proporcionara Asimismo el Estado belga recordoacute que helliphelliphellip y helliphellipl

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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Firmas

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- ASISTENCIA SANITARIA - STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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  • CUARTO
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el asegurador de la Administracioacuten junto a la Administracioacuten respectivaraquo Con ello se ha puesto fin a la competencia del orden civil para el conocimiento de las demandas dirigidas conjuntamente contra la Administracioacuten y el asegurador pero este precepto ha sido interpretado por los AATS (Sala de Conflictos) de 18 de octubre de 2004 ( JUR 2005 231278) y 28 de junio de 2004 ( JUR 2005 135727) (teniendo en cuenta la inclusioacuten del uacuteltimo inciso que no figuraba en algunos textos prelegislativos) en el sentido de que seguacuten expresioacuten del primero de los citados autos laquola reforma introducida por la LO 192003 de 23 de diciembre en el art 94 LOPJ -no aplicable al caso por razones de derecho intertemporal- en el sentido de atribuir al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra el asegurador de la Administracioacuten se refiere al supuesto de que se reclame contra aquella junto a la Administracioacuten respectiva lo que excluye el supuesto de haberse demandado uacutenicamente a la Compantildeiacutea de Segurosraquo Digna de mencioacuten tambieacuten es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia secc 1ordf de 30012006 ( JUR 2006 89622) con cita de otra de 20052005 en igual sentido y en el aacutembito de eacuteste Tribunal ya se llegoacute a la misma conclusioacuten en Auto de eacutesta Secc 1ordf de 5032004 y tambieacuten en Sentencia Secc 2ordf de 14012005 (auacuten de modo impliacutecito pues examinoacute el fondo del asunto de una reclamacioacuten o accioacuten directa contra una aseguradora de una entidad local si bien no se suscitoacute cuestioacuten de competencia) QUINTO Dadas las dudas juriacutedicas sobre la cuestioacuten planteada no ha lugar a expresa imposicioacuten de las costas procesales a ninguno de los litigantes (art 398 de la Ley Procesal [ RCL 2000 34 962 y RCL 2001 1892] ) Por todo ello PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA SE ESTIMA el recurso de apelacioacuten se revoca el Auto de 12122006 apelado y se declara la competencia del Juzgado de Primera Instancia que dictoacute el mismo para conocer de la demanda debiendo cada parte abonar las costas procesales causadas a su instancia y comunes por mitad

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- Contratacioacuten Administrativa

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 14 de febrero de 2008 ()

laquoContratacioacuten puacuteblica ndash Recursos ndash Directiva 89665CEE ndash Recurso eficaz ndash Concepto ndash Equilibrio entre el principio de contradiccioacuten y el derecho al respeto de los secretos comerciales ndash Proteccioacuten por el organismo responsable de los procedimientos de recurso de la confidencialidad de la informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicosraquo

En el asunto C-45006

que tiene por objeto una peticioacuten de decisioacuten prejudicial planteada con arreglo al artiacuteculo 234 CE por el Conseil drsquoEacutetat (Beacutelgica) mediante resolucioacuten de 24 de octubre de 2006 recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2006 en el procedimiento entre

en el que participahelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

integrado por el Sr A Rosas Presidente de Sala y los Sres helliphelliphelliphellip) y helliphelliphellip la Sra helliphelliphellipy el Sr helliphelliphelliphellip Jueces

Abogado General Sra

Secretario Sr

habiendo considerado los escritos obrantes en autos

consideradas las observaciones presentadas

ndash en nombre de helliphellip por los Sres helliphelliphellip y helliphelliphellip

ndash en nombre del Gobierno belga por la Sra helliphelliphelliphellip en calidad de agente asistida por el Sr helliphelliphellip abogado

ndash en nombre del Gobierno austriaco por el Sr M helliphelliphellip en calidad de agente

ndash en nombre de la Comisioacuten de las Comunidades Europeas por los Sres helliphelliphellip y D helliphelliphellip en calidad de agentes

oiacutedas las conclusiones de la Abogado General presentadas en audiencia puacuteblica el 25 de octubre de 2007

dicta la siguiente

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Sentencia

1 La peticioacuten de decisioacuten prejudicial tiene por objeto la interpretacioacuten del artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras (DO L 395 p 33) en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios (DO L 209 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 89665raquo)

2 Esta peticioacuten se presentoacute en el marco de un litigio entre helliphellip (en lo sucesivo laquohelliphellipraquo) y el Estado belga representado por el Ministro de Defensa en relacioacuten con la adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo

Marco juriacutedico

Normativa comunitaria

3 El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 establece

laquoEn lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten de las Directivas 71305CEE 7762CEE y 9250CEE [hellip] los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y en particular lo maacutes raacutepidamente posible en las condiciones establecidas en los artiacuteculos siguientes y en especial en el apartado 7 del artiacuteculo 2 cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativaraquo

4 El artiacuteculo 33 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO L 199 p 1) deroga la Directiva 7762CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1976 de coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO 1977 L 13 p 1 EE 1701 p 29) y establece que las referencias a dicha Directiva derogada se entenderaacuten hechas a la Directiva 9336 Igualmente el artiacuteculo 36 de la Directiva 9337CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 199 p 54) deroga la Directiva 71305CEE del Consejo de 26 de julio de 1971 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 185 p 5 EE 1703 p 9) y establece que las referencias a esta uacuteltima Directiva se entenderaacuten hechas a la Directiva 9337

5 El artiacuteculo 2 apartado 8 de la Directiva 89665 dispone

laquoCuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no sean de caraacutecter jurisdiccional sus decisiones deberaacuten ir siempre motivadas por escrito Ademaacutes en ese caso deberaacuten adoptarse disposiciones para que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el organismo de base competente o cualquier presunta infraccioacuten cometida en el ejercicio de los poderes que tiene conferidos pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante

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otro organismo que sea una jurisdiccioacuten en el sentido del artiacuteculo [234 CE] y que sea independiente en relacioacuten con el poder adjudicador y con el organismo de base

El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminacioacuten de su mandato estaraacuten sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento la duracioacuten de su mandato y su revocabilidad Como miacutenimo el presidente de este organismo independiente deberaacute poseer las mismas cualificaciones juriacutedicas y profesionales que un juez Dicho organismo independiente adoptaraacute sus decisiones previa realizacioacuten de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendraacuten por los medios que estipule cada Estado miembro efectos juriacutedicos vinculantesraquo

6 A tenor del artiacuteculo 7 apartado 1 de la Directiva 9336 en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 (DO L 328 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 9336raquo)

laquoDentro de un plazo de quince diacuteas a partir de la fecha de recepcioacuten de una solicitud escrita el poder adjudicador comunicaraacute a los candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta y a cualquier licitador que haya hecho una oferta admisible las caracteriacutesticas y ventajas relativas de la oferta seleccionada asiacute como el nombre del adjudicatario

No obstante los poderes adjudicadores podraacuten decidir no comunicar determinadas informaciones sobre la adjudicacioacuten de los contratos a las que se refiere el paacuterrafo primero cuando su difusioacuten pudiera obstaculizar la aplicacioacuten de la ley o ser contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicar los intereses comerciales legiacutetimos de determinadas empresas puacuteblicas o privadas o perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

7 El artiacuteculo 9 apartado 3 de la Directiva 9336 establece

laquoLos poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato daraacuten a conocer el resultado por medio de un anuncio Sin embargo en algunos casos podraacute no publicarse determinada informacioacuten relativa a la adjudicacioacuten de un contrato cuando su divulgacioacuten pudiere constituir un obstaacuteculo a la aplicacioacuten de la legislacioacuten o fuere contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicare los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pudieren perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

8 El artiacuteculo 15 apartado 2 de la misma Directiva dispone

laquoLos poderes adjudicadores respetaraacuten el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedoresraquo

9 Lo dispuesto en los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 se reproduce esencialmente en los artiacuteculos 6 35 apartado 4 paacuterrafo quinto y 41 apartado 3 de la Directiva 200418CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras de suministro y de servicios (DO L 134 p 114)

Normativa nacional

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10 El artiacuteculo 87 del Arreteacute du Reacutegent deteacuterminant la proceacutedure devant la section drsquoadministration du Conseil drsquoEtat (Decreto del Regente por el que se regula el procedimiento ante la seccioacuten administrativa del Conseil drsquoEacutetat) de 23 de agosto de 1948 (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948 p 6821) establece

laquoLas partes sus abogados y el comisario del Gobierno podraacuten consultar el expediente del asunto en la Secretariacutearaquo

11 A tenor del artiacuteculo 21 paacuterrafos tercero y cuarto de las Lois sur le Conseil drsquoEtat cordoneacutees le 12 janvier 1973 (Leyes sobre el Conseil drsquoEacutetat coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973 p 3461)

laquoSi la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido sin perjuicio de lo dispuesto en el artiacuteculo 21 bis se consideraraacuten probados los hechos alegados por la parte demandante salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos

Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada eacutesta lo comunicaraacute a la Sala que conoce del recurso que podraacute ordenar el depoacutesito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 36raquo

Litigio principal y cuestioacuten prejudicial

12 El 14 de diciembre de 2001 el Estado belga inicioacute el procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo Presentaron sus ofertas dos licitadores a saber helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (en lo sucesivo laquohelliphelliphellipraquo)

13 Al examinar dichas ofertas el Estado belga estimoacute que la presentada por Varec no reuniacutea los criterios de seleccioacuten de caraacutecter teacutecnico y que dicha oferta era irregular En cambio consideroacute que la oferta de helliphelliphellipl respondiacutea a todos los criterios de seleccioacuten que era regular y que sus precios eran normales En consecuencia el Estado belga adjudicoacute el contrato a helliphelliphellip mediante decisioacuten del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo laquodecisioacuten de adjudicacioacuten del contratoraquo)

14 El 29 de julio de 2002 helliphelliphelliphellip interpuso un recurso ante el Conseil drsquoEacutetat dirigido a la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato helliphelliphellip fue admitida como parte coadyuvante

15 El expediente que el Estado belga remitioacute al Conseil drsquoEacutetat no incluiacutea la oferta de helliphellip

16 helliphelliphellip solicitoacute que se incorporara dicha oferta al expediente El Auditeur del Conseil drsquoEacutetat encargado de elaborar un informe (en lo sucesivo laquoAuditeurraquo) formuloacute la misma solicitud

17 El 17 de diciembre de 2002 el Estado belga incorporoacute al expediente la oferta de helliphellipl puntualizando que no figuraban en ella los planos de conjunto del eslaboacuten propuesto ni sus elementos constitutivos Sentildealoacute que de conformidad con el pliego de condiciones y a peticioacuten de helliphelliphellipl habiacutea devuelto a eacutesta dichos elementos Antildeadioacute que por esta razoacuten no podiacutea incorporar tales elementos al expediente y que si resultaba indispensable que figuraran en eacutel era preciso solicitar a helliphellipl que los proporcionara Asimismo el Estado belga recordoacute que helliphelliphellip y helliphellipl

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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Firmas

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- ASISTENCIA SANITARIA - STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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- Contratacioacuten Administrativa

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 14 de febrero de 2008 ()

laquoContratacioacuten puacuteblica ndash Recursos ndash Directiva 89665CEE ndash Recurso eficaz ndash Concepto ndash Equilibrio entre el principio de contradiccioacuten y el derecho al respeto de los secretos comerciales ndash Proteccioacuten por el organismo responsable de los procedimientos de recurso de la confidencialidad de la informacioacuten facilitada por los operadores econoacutemicosraquo

En el asunto C-45006

que tiene por objeto una peticioacuten de decisioacuten prejudicial planteada con arreglo al artiacuteculo 234 CE por el Conseil drsquoEacutetat (Beacutelgica) mediante resolucioacuten de 24 de octubre de 2006 recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2006 en el procedimiento entre

en el que participahelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

integrado por el Sr A Rosas Presidente de Sala y los Sres helliphelliphelliphellip) y helliphelliphellip la Sra helliphelliphellipy el Sr helliphelliphelliphellip Jueces

Abogado General Sra

Secretario Sr

habiendo considerado los escritos obrantes en autos

consideradas las observaciones presentadas

ndash en nombre de helliphellip por los Sres helliphelliphellip y helliphelliphellip

ndash en nombre del Gobierno belga por la Sra helliphelliphelliphellip en calidad de agente asistida por el Sr helliphelliphellip abogado

ndash en nombre del Gobierno austriaco por el Sr M helliphelliphellip en calidad de agente

ndash en nombre de la Comisioacuten de las Comunidades Europeas por los Sres helliphelliphellip y D helliphelliphellip en calidad de agentes

oiacutedas las conclusiones de la Abogado General presentadas en audiencia puacuteblica el 25 de octubre de 2007

dicta la siguiente

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Sentencia

1 La peticioacuten de decisioacuten prejudicial tiene por objeto la interpretacioacuten del artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras (DO L 395 p 33) en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios (DO L 209 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 89665raquo)

2 Esta peticioacuten se presentoacute en el marco de un litigio entre helliphellip (en lo sucesivo laquohelliphellipraquo) y el Estado belga representado por el Ministro de Defensa en relacioacuten con la adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo

Marco juriacutedico

Normativa comunitaria

3 El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 establece

laquoEn lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten de las Directivas 71305CEE 7762CEE y 9250CEE [hellip] los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y en particular lo maacutes raacutepidamente posible en las condiciones establecidas en los artiacuteculos siguientes y en especial en el apartado 7 del artiacuteculo 2 cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativaraquo

4 El artiacuteculo 33 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO L 199 p 1) deroga la Directiva 7762CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1976 de coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO 1977 L 13 p 1 EE 1701 p 29) y establece que las referencias a dicha Directiva derogada se entenderaacuten hechas a la Directiva 9336 Igualmente el artiacuteculo 36 de la Directiva 9337CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 199 p 54) deroga la Directiva 71305CEE del Consejo de 26 de julio de 1971 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 185 p 5 EE 1703 p 9) y establece que las referencias a esta uacuteltima Directiva se entenderaacuten hechas a la Directiva 9337

5 El artiacuteculo 2 apartado 8 de la Directiva 89665 dispone

laquoCuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no sean de caraacutecter jurisdiccional sus decisiones deberaacuten ir siempre motivadas por escrito Ademaacutes en ese caso deberaacuten adoptarse disposiciones para que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el organismo de base competente o cualquier presunta infraccioacuten cometida en el ejercicio de los poderes que tiene conferidos pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante

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otro organismo que sea una jurisdiccioacuten en el sentido del artiacuteculo [234 CE] y que sea independiente en relacioacuten con el poder adjudicador y con el organismo de base

El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminacioacuten de su mandato estaraacuten sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento la duracioacuten de su mandato y su revocabilidad Como miacutenimo el presidente de este organismo independiente deberaacute poseer las mismas cualificaciones juriacutedicas y profesionales que un juez Dicho organismo independiente adoptaraacute sus decisiones previa realizacioacuten de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendraacuten por los medios que estipule cada Estado miembro efectos juriacutedicos vinculantesraquo

6 A tenor del artiacuteculo 7 apartado 1 de la Directiva 9336 en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 (DO L 328 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 9336raquo)

laquoDentro de un plazo de quince diacuteas a partir de la fecha de recepcioacuten de una solicitud escrita el poder adjudicador comunicaraacute a los candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta y a cualquier licitador que haya hecho una oferta admisible las caracteriacutesticas y ventajas relativas de la oferta seleccionada asiacute como el nombre del adjudicatario

No obstante los poderes adjudicadores podraacuten decidir no comunicar determinadas informaciones sobre la adjudicacioacuten de los contratos a las que se refiere el paacuterrafo primero cuando su difusioacuten pudiera obstaculizar la aplicacioacuten de la ley o ser contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicar los intereses comerciales legiacutetimos de determinadas empresas puacuteblicas o privadas o perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

7 El artiacuteculo 9 apartado 3 de la Directiva 9336 establece

laquoLos poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato daraacuten a conocer el resultado por medio de un anuncio Sin embargo en algunos casos podraacute no publicarse determinada informacioacuten relativa a la adjudicacioacuten de un contrato cuando su divulgacioacuten pudiere constituir un obstaacuteculo a la aplicacioacuten de la legislacioacuten o fuere contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicare los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pudieren perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

8 El artiacuteculo 15 apartado 2 de la misma Directiva dispone

laquoLos poderes adjudicadores respetaraacuten el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedoresraquo

9 Lo dispuesto en los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 se reproduce esencialmente en los artiacuteculos 6 35 apartado 4 paacuterrafo quinto y 41 apartado 3 de la Directiva 200418CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras de suministro y de servicios (DO L 134 p 114)

Normativa nacional

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10 El artiacuteculo 87 del Arreteacute du Reacutegent deteacuterminant la proceacutedure devant la section drsquoadministration du Conseil drsquoEtat (Decreto del Regente por el que se regula el procedimiento ante la seccioacuten administrativa del Conseil drsquoEacutetat) de 23 de agosto de 1948 (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948 p 6821) establece

laquoLas partes sus abogados y el comisario del Gobierno podraacuten consultar el expediente del asunto en la Secretariacutearaquo

11 A tenor del artiacuteculo 21 paacuterrafos tercero y cuarto de las Lois sur le Conseil drsquoEtat cordoneacutees le 12 janvier 1973 (Leyes sobre el Conseil drsquoEacutetat coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973 p 3461)

laquoSi la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido sin perjuicio de lo dispuesto en el artiacuteculo 21 bis se consideraraacuten probados los hechos alegados por la parte demandante salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos

Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada eacutesta lo comunicaraacute a la Sala que conoce del recurso que podraacute ordenar el depoacutesito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 36raquo

Litigio principal y cuestioacuten prejudicial

12 El 14 de diciembre de 2001 el Estado belga inicioacute el procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo Presentaron sus ofertas dos licitadores a saber helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (en lo sucesivo laquohelliphelliphellipraquo)

13 Al examinar dichas ofertas el Estado belga estimoacute que la presentada por Varec no reuniacutea los criterios de seleccioacuten de caraacutecter teacutecnico y que dicha oferta era irregular En cambio consideroacute que la oferta de helliphelliphellipl respondiacutea a todos los criterios de seleccioacuten que era regular y que sus precios eran normales En consecuencia el Estado belga adjudicoacute el contrato a helliphelliphellip mediante decisioacuten del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo laquodecisioacuten de adjudicacioacuten del contratoraquo)

14 El 29 de julio de 2002 helliphelliphelliphellip interpuso un recurso ante el Conseil drsquoEacutetat dirigido a la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato helliphelliphellip fue admitida como parte coadyuvante

15 El expediente que el Estado belga remitioacute al Conseil drsquoEacutetat no incluiacutea la oferta de helliphellip

16 helliphelliphellip solicitoacute que se incorporara dicha oferta al expediente El Auditeur del Conseil drsquoEacutetat encargado de elaborar un informe (en lo sucesivo laquoAuditeurraquo) formuloacute la misma solicitud

17 El 17 de diciembre de 2002 el Estado belga incorporoacute al expediente la oferta de helliphellipl puntualizando que no figuraban en ella los planos de conjunto del eslaboacuten propuesto ni sus elementos constitutivos Sentildealoacute que de conformidad con el pliego de condiciones y a peticioacuten de helliphelliphellipl habiacutea devuelto a eacutesta dichos elementos Antildeadioacute que por esta razoacuten no podiacutea incorporar tales elementos al expediente y que si resultaba indispensable que figuraran en eacutel era preciso solicitar a helliphellipl que los proporcionara Asimismo el Estado belga recordoacute que helliphelliphellip y helliphellipl

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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Firmas

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- ASISTENCIA SANITARIA - STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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Sentencia

1 La peticioacuten de decisioacuten prejudicial tiene por objeto la interpretacioacuten del artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras (DO L 395 p 33) en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios (DO L 209 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 89665raquo)

2 Esta peticioacuten se presentoacute en el marco de un litigio entre helliphellip (en lo sucesivo laquohelliphellipraquo) y el Estado belga representado por el Ministro de Defensa en relacioacuten con la adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo

Marco juriacutedico

Normativa comunitaria

3 El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 establece

laquoEn lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten de las Directivas 71305CEE 7762CEE y 9250CEE [hellip] los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y en particular lo maacutes raacutepidamente posible en las condiciones establecidas en los artiacuteculos siguientes y en especial en el apartado 7 del artiacuteculo 2 cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativaraquo

4 El artiacuteculo 33 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO L 199 p 1) deroga la Directiva 7762CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1976 de coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro (DO 1977 L 13 p 1 EE 1701 p 29) y establece que las referencias a dicha Directiva derogada se entenderaacuten hechas a la Directiva 9336 Igualmente el artiacuteculo 36 de la Directiva 9337CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 199 p 54) deroga la Directiva 71305CEE del Consejo de 26 de julio de 1971 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras (DO L 185 p 5 EE 1703 p 9) y establece que las referencias a esta uacuteltima Directiva se entenderaacuten hechas a la Directiva 9337

5 El artiacuteculo 2 apartado 8 de la Directiva 89665 dispone

laquoCuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no sean de caraacutecter jurisdiccional sus decisiones deberaacuten ir siempre motivadas por escrito Ademaacutes en ese caso deberaacuten adoptarse disposiciones para que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el organismo de base competente o cualquier presunta infraccioacuten cometida en el ejercicio de los poderes que tiene conferidos pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante

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otro organismo que sea una jurisdiccioacuten en el sentido del artiacuteculo [234 CE] y que sea independiente en relacioacuten con el poder adjudicador y con el organismo de base

El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminacioacuten de su mandato estaraacuten sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento la duracioacuten de su mandato y su revocabilidad Como miacutenimo el presidente de este organismo independiente deberaacute poseer las mismas cualificaciones juriacutedicas y profesionales que un juez Dicho organismo independiente adoptaraacute sus decisiones previa realizacioacuten de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendraacuten por los medios que estipule cada Estado miembro efectos juriacutedicos vinculantesraquo

6 A tenor del artiacuteculo 7 apartado 1 de la Directiva 9336 en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 (DO L 328 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 9336raquo)

laquoDentro de un plazo de quince diacuteas a partir de la fecha de recepcioacuten de una solicitud escrita el poder adjudicador comunicaraacute a los candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta y a cualquier licitador que haya hecho una oferta admisible las caracteriacutesticas y ventajas relativas de la oferta seleccionada asiacute como el nombre del adjudicatario

No obstante los poderes adjudicadores podraacuten decidir no comunicar determinadas informaciones sobre la adjudicacioacuten de los contratos a las que se refiere el paacuterrafo primero cuando su difusioacuten pudiera obstaculizar la aplicacioacuten de la ley o ser contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicar los intereses comerciales legiacutetimos de determinadas empresas puacuteblicas o privadas o perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

7 El artiacuteculo 9 apartado 3 de la Directiva 9336 establece

laquoLos poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato daraacuten a conocer el resultado por medio de un anuncio Sin embargo en algunos casos podraacute no publicarse determinada informacioacuten relativa a la adjudicacioacuten de un contrato cuando su divulgacioacuten pudiere constituir un obstaacuteculo a la aplicacioacuten de la legislacioacuten o fuere contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicare los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pudieren perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

8 El artiacuteculo 15 apartado 2 de la misma Directiva dispone

laquoLos poderes adjudicadores respetaraacuten el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedoresraquo

9 Lo dispuesto en los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 se reproduce esencialmente en los artiacuteculos 6 35 apartado 4 paacuterrafo quinto y 41 apartado 3 de la Directiva 200418CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras de suministro y de servicios (DO L 134 p 114)

Normativa nacional

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10 El artiacuteculo 87 del Arreteacute du Reacutegent deteacuterminant la proceacutedure devant la section drsquoadministration du Conseil drsquoEtat (Decreto del Regente por el que se regula el procedimiento ante la seccioacuten administrativa del Conseil drsquoEacutetat) de 23 de agosto de 1948 (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948 p 6821) establece

laquoLas partes sus abogados y el comisario del Gobierno podraacuten consultar el expediente del asunto en la Secretariacutearaquo

11 A tenor del artiacuteculo 21 paacuterrafos tercero y cuarto de las Lois sur le Conseil drsquoEtat cordoneacutees le 12 janvier 1973 (Leyes sobre el Conseil drsquoEacutetat coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973 p 3461)

laquoSi la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido sin perjuicio de lo dispuesto en el artiacuteculo 21 bis se consideraraacuten probados los hechos alegados por la parte demandante salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos

Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada eacutesta lo comunicaraacute a la Sala que conoce del recurso que podraacute ordenar el depoacutesito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 36raquo

Litigio principal y cuestioacuten prejudicial

12 El 14 de diciembre de 2001 el Estado belga inicioacute el procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo Presentaron sus ofertas dos licitadores a saber helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (en lo sucesivo laquohelliphelliphellipraquo)

13 Al examinar dichas ofertas el Estado belga estimoacute que la presentada por Varec no reuniacutea los criterios de seleccioacuten de caraacutecter teacutecnico y que dicha oferta era irregular En cambio consideroacute que la oferta de helliphelliphellipl respondiacutea a todos los criterios de seleccioacuten que era regular y que sus precios eran normales En consecuencia el Estado belga adjudicoacute el contrato a helliphelliphellip mediante decisioacuten del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo laquodecisioacuten de adjudicacioacuten del contratoraquo)

14 El 29 de julio de 2002 helliphelliphelliphellip interpuso un recurso ante el Conseil drsquoEacutetat dirigido a la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato helliphelliphellip fue admitida como parte coadyuvante

15 El expediente que el Estado belga remitioacute al Conseil drsquoEacutetat no incluiacutea la oferta de helliphellip

16 helliphelliphellip solicitoacute que se incorporara dicha oferta al expediente El Auditeur del Conseil drsquoEacutetat encargado de elaborar un informe (en lo sucesivo laquoAuditeurraquo) formuloacute la misma solicitud

17 El 17 de diciembre de 2002 el Estado belga incorporoacute al expediente la oferta de helliphellipl puntualizando que no figuraban en ella los planos de conjunto del eslaboacuten propuesto ni sus elementos constitutivos Sentildealoacute que de conformidad con el pliego de condiciones y a peticioacuten de helliphelliphellipl habiacutea devuelto a eacutesta dichos elementos Antildeadioacute que por esta razoacuten no podiacutea incorporar tales elementos al expediente y que si resultaba indispensable que figuraran en eacutel era preciso solicitar a helliphellipl que los proporcionara Asimismo el Estado belga recordoacute que helliphelliphellip y helliphellipl

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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Firmas

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- ASISTENCIA SANITARIA - STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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  • CUARTO
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otro organismo que sea una jurisdiccioacuten en el sentido del artiacuteculo [234 CE] y que sea independiente en relacioacuten con el poder adjudicador y con el organismo de base

El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminacioacuten de su mandato estaraacuten sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento la duracioacuten de su mandato y su revocabilidad Como miacutenimo el presidente de este organismo independiente deberaacute poseer las mismas cualificaciones juriacutedicas y profesionales que un juez Dicho organismo independiente adoptaraacute sus decisiones previa realizacioacuten de un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendraacuten por los medios que estipule cada Estado miembro efectos juriacutedicos vinculantesraquo

6 A tenor del artiacuteculo 7 apartado 1 de la Directiva 9336 en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 (DO L 328 p 1) (en lo sucesivo laquoDirectiva 9336raquo)

laquoDentro de un plazo de quince diacuteas a partir de la fecha de recepcioacuten de una solicitud escrita el poder adjudicador comunicaraacute a los candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta y a cualquier licitador que haya hecho una oferta admisible las caracteriacutesticas y ventajas relativas de la oferta seleccionada asiacute como el nombre del adjudicatario

No obstante los poderes adjudicadores podraacuten decidir no comunicar determinadas informaciones sobre la adjudicacioacuten de los contratos a las que se refiere el paacuterrafo primero cuando su difusioacuten pudiera obstaculizar la aplicacioacuten de la ley o ser contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicar los intereses comerciales legiacutetimos de determinadas empresas puacuteblicas o privadas o perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

7 El artiacuteculo 9 apartado 3 de la Directiva 9336 establece

laquoLos poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato daraacuten a conocer el resultado por medio de un anuncio Sin embargo en algunos casos podraacute no publicarse determinada informacioacuten relativa a la adjudicacioacuten de un contrato cuando su divulgacioacuten pudiere constituir un obstaacuteculo a la aplicacioacuten de la legislacioacuten o fuere contraria al intereacutes puacuteblico o perjudicare los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pudieren perjudicar la competencia leal entre proveedoresraquo

8 El artiacuteculo 15 apartado 2 de la misma Directiva dispone

laquoLos poderes adjudicadores respetaraacuten el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedoresraquo

9 Lo dispuesto en los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 se reproduce esencialmente en los artiacuteculos 6 35 apartado 4 paacuterrafo quinto y 41 apartado 3 de la Directiva 200418CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de obras de suministro y de servicios (DO L 134 p 114)

Normativa nacional

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10 El artiacuteculo 87 del Arreteacute du Reacutegent deteacuterminant la proceacutedure devant la section drsquoadministration du Conseil drsquoEtat (Decreto del Regente por el que se regula el procedimiento ante la seccioacuten administrativa del Conseil drsquoEacutetat) de 23 de agosto de 1948 (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948 p 6821) establece

laquoLas partes sus abogados y el comisario del Gobierno podraacuten consultar el expediente del asunto en la Secretariacutearaquo

11 A tenor del artiacuteculo 21 paacuterrafos tercero y cuarto de las Lois sur le Conseil drsquoEtat cordoneacutees le 12 janvier 1973 (Leyes sobre el Conseil drsquoEacutetat coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973 p 3461)

laquoSi la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido sin perjuicio de lo dispuesto en el artiacuteculo 21 bis se consideraraacuten probados los hechos alegados por la parte demandante salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos

Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada eacutesta lo comunicaraacute a la Sala que conoce del recurso que podraacute ordenar el depoacutesito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 36raquo

Litigio principal y cuestioacuten prejudicial

12 El 14 de diciembre de 2001 el Estado belga inicioacute el procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo Presentaron sus ofertas dos licitadores a saber helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (en lo sucesivo laquohelliphelliphellipraquo)

13 Al examinar dichas ofertas el Estado belga estimoacute que la presentada por Varec no reuniacutea los criterios de seleccioacuten de caraacutecter teacutecnico y que dicha oferta era irregular En cambio consideroacute que la oferta de helliphelliphellipl respondiacutea a todos los criterios de seleccioacuten que era regular y que sus precios eran normales En consecuencia el Estado belga adjudicoacute el contrato a helliphelliphellip mediante decisioacuten del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo laquodecisioacuten de adjudicacioacuten del contratoraquo)

14 El 29 de julio de 2002 helliphelliphelliphellip interpuso un recurso ante el Conseil drsquoEacutetat dirigido a la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato helliphelliphellip fue admitida como parte coadyuvante

15 El expediente que el Estado belga remitioacute al Conseil drsquoEacutetat no incluiacutea la oferta de helliphellip

16 helliphelliphellip solicitoacute que se incorporara dicha oferta al expediente El Auditeur del Conseil drsquoEacutetat encargado de elaborar un informe (en lo sucesivo laquoAuditeurraquo) formuloacute la misma solicitud

17 El 17 de diciembre de 2002 el Estado belga incorporoacute al expediente la oferta de helliphellipl puntualizando que no figuraban en ella los planos de conjunto del eslaboacuten propuesto ni sus elementos constitutivos Sentildealoacute que de conformidad con el pliego de condiciones y a peticioacuten de helliphelliphellipl habiacutea devuelto a eacutesta dichos elementos Antildeadioacute que por esta razoacuten no podiacutea incorporar tales elementos al expediente y que si resultaba indispensable que figuraran en eacutel era preciso solicitar a helliphellipl que los proporcionara Asimismo el Estado belga recordoacute que helliphelliphellip y helliphellipl

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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Firmas

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- ASISTENCIA SANITARIA - STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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10 El artiacuteculo 87 del Arreteacute du Reacutegent deteacuterminant la proceacutedure devant la section drsquoadministration du Conseil drsquoEtat (Decreto del Regente por el que se regula el procedimiento ante la seccioacuten administrativa del Conseil drsquoEacutetat) de 23 de agosto de 1948 (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948 p 6821) establece

laquoLas partes sus abogados y el comisario del Gobierno podraacuten consultar el expediente del asunto en la Secretariacutearaquo

11 A tenor del artiacuteculo 21 paacuterrafos tercero y cuarto de las Lois sur le Conseil drsquoEtat cordoneacutees le 12 janvier 1973 (Leyes sobre el Conseil drsquoEacutetat coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973 p 3461)

laquoSi la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido sin perjuicio de lo dispuesto en el artiacuteculo 21 bis se consideraraacuten probados los hechos alegados por la parte demandante salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos

Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada eacutesta lo comunicaraacute a la Sala que conoce del recurso que podraacute ordenar el depoacutesito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 36raquo

Litigio principal y cuestioacuten prejudicial

12 El 14 de diciembre de 2001 el Estado belga inicioacute el procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico para el suministro de eslabones de orugas para carros de tipo laquoLeopardoraquo Presentaron sus ofertas dos licitadores a saber helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (en lo sucesivo laquohelliphelliphellipraquo)

13 Al examinar dichas ofertas el Estado belga estimoacute que la presentada por Varec no reuniacutea los criterios de seleccioacuten de caraacutecter teacutecnico y que dicha oferta era irregular En cambio consideroacute que la oferta de helliphelliphellipl respondiacutea a todos los criterios de seleccioacuten que era regular y que sus precios eran normales En consecuencia el Estado belga adjudicoacute el contrato a helliphelliphellip mediante decisioacuten del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo laquodecisioacuten de adjudicacioacuten del contratoraquo)

14 El 29 de julio de 2002 helliphelliphelliphellip interpuso un recurso ante el Conseil drsquoEacutetat dirigido a la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato helliphelliphellip fue admitida como parte coadyuvante

15 El expediente que el Estado belga remitioacute al Conseil drsquoEacutetat no incluiacutea la oferta de helliphellip

16 helliphelliphellip solicitoacute que se incorporara dicha oferta al expediente El Auditeur del Conseil drsquoEacutetat encargado de elaborar un informe (en lo sucesivo laquoAuditeurraquo) formuloacute la misma solicitud

17 El 17 de diciembre de 2002 el Estado belga incorporoacute al expediente la oferta de helliphellipl puntualizando que no figuraban en ella los planos de conjunto del eslaboacuten propuesto ni sus elementos constitutivos Sentildealoacute que de conformidad con el pliego de condiciones y a peticioacuten de helliphelliphellipl habiacutea devuelto a eacutesta dichos elementos Antildeadioacute que por esta razoacuten no podiacutea incorporar tales elementos al expediente y que si resultaba indispensable que figuraran en eacutel era preciso solicitar a helliphellipl que los proporcionara Asimismo el Estado belga recordoacute que helliphelliphellip y helliphellipl

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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Firmas

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- ASISTENCIA SANITARIA - STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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  • CUARTO
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estaacuten enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales correspondientes a los planos de que se trata

18 Mediante escrito del mismo diacutea hellip informoacute al Auditeur de que su oferta tal y como se habiacutea incorporado al expediente por el Estado belga conteniacutea datos e informaciones confidenciales y que en consecuencia se oponiacutea a que terceras partes incluida hellip pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos en esa oferta Seguacuten hellipl algunos pasajes de los anexos 4 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las revisiones exactas de los planos de fabricacioacuten aplicables y al proceso industrial

19 En su informe de 23 de febrero de 2006 el Auditeur solicitoacute la anulacioacuten de la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato debido a que laquoa falta de una colaboracioacuten leal de la parte contraria para una buena administracioacuten de la justicia y un proceso justo la uacutenica sancioacuten consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han presentado ciertos documentos para su debate contradictorioraquo

20 El Estado belga se opuso a esta conclusioacuten y solicitoacute al Conseil drsquoEacutetat que se pronunciara sobre la cuestioacuten del respeto de la confidencialidad de los documentos de la oferta de helliphellip que conteniacutean informacioacuten vinculada a secretos comerciales que se habiacutean aportado a los autos en el procedimiento ante dicho oacutergano jurisdiccional

21 En estas circunstancias el Conseil drsquoEacutetat decidioacute suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestioacuten prejudicial siguiente

laquoEl artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 [hellip] en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 [hellip] y el artiacuteculo 6 de la Directiva 200418 [hellip] iquestdebe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa incluida la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacutenraquo

Sobre la admisibilidad

22 helliphellip alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil drsquoEacutetat no es necesario que el Tribunal de Justicia responda a la cuestioacuten prejudicial

23 A este respecto procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artiacuteculo 234 CE basado en una clara separacioacuten de las funciones entre los oacuterganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia toda apreciacioacuten de los hechos del asunto es competencia del juez nacional Asimismo corresponde exclusivamente al oacutergano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisioacuten jurisdiccional que debe adoptarse apreciar a la luz de las particularidades del asunto tanto la necesidad de una decisioacuten prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia Por consiguiente cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretacioacuten del Derecho comunitario el Tribunal de Justicia estaacute en principio obligado a pronunciarse (veacuteanse en particular las sentencias de 25 de febrero de 2003 IKA C-32600 Rec p I-1703 apartado 27 de 12 de abril de 2005 Keller C-14503 Rec p I-2529 apartado 33 y de 22 de junio de 2006 Conseil geacuteneacuteral de la Vienne C-41904 Rec p I-5645 apartado 19)

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

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- ASISTENCIA SANITARIA - STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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24 No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que en casos excepcionales le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a eacutel con objeto de verificar su propia competencia (veacutease en este sentido la sentencia de 16 de diciembre de 1981 Foglia 24480 Rec p 3045 apartado 21) La negativa a pronunciarse sobre una cuestioacuten prejudicial planteada por un oacutergano jurisdiccional nacional soacutelo es posible cuando resulta evidente que la interpretacioacuten del Derecho comunitario solicitada no tiene relacioacuten alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal cuando el problema es de naturaleza hipoteacutetica o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera uacutetil a las cuestiones planteadas (veacuteanse en particular las sentencias de 13 de marzo de 2001 PreussenElektra C-37998 Rec p I-2099 apartado 39 de 22 de enero de 2002 Canal Sateacutelite Digital C-39099 Rec p I-607 apartado 19 y Conseil geacuteneacuteral de la Vienne antes citada apartado 20)

25 Es preciso sentildealar que no ocurre asiacute en el presente caso Cabe observar al respecto que si el Conseil drsquoEacutetat sigue las conclusiones del Auditeur habraacute de anular la decisioacuten de adjudicacioacuten del contrato que se recurre ante eacutel sin examinar el fondo del asunto En cambio si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretacioacuten solicita el oacutergano jurisdiccional remitente justifican el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal eacuteste podraacute continuar con el examen de fondo del litigio Estas razones permiten considerar que la interpretacioacuten de dichas disposiciones es necesaria para resolver el litigio principal

Sobre el fondo

26 En la cuestioacuten que el oacutergano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia aqueacutel menciona tanto la Directiva 9336 como la Directiva 200418 Al haber sustituido eacutesta a la Directiva 9336 es preciso determinar a la luz de cuaacutel de ellas ha de examinarse la referida cuestioacuten

27 Procede recordar que seguacuten reiterada jurisprudencia se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor a diferencia de las normas sustantivas que habitualmente se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (veacutease la sentencia de 23 de febrero de 2006 Molenbergnatie C-20104 Rec p I-2049 apartado 31 y jurisprudencia alliacute citada)

28 El litigio principal versa sobre el derecho a la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Como sentildealoacute la Abogado General en el apartado 31 de sus conclusiones tal derecho es en esencia un derecho sustantivo aunque su ejercicio pueda tener efectos procesales

29 El citado derecho se materializoacute cuando helliphellip presentoacute su oferta en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato de que se trata en el litigio principal Puesto que la resolucioacuten de remisioacuten no precisa tal fecha es preciso considerar que se situacutea entre el 14 de diciembre de 2001 fecha de la licitacioacuten y el 14 de enero de 2002 fecha de la apertura de las plicas

30 En ese momento no se habiacutea adoptado la Directiva 200418 De ahiacute que sea preciso tomar en consideracioacuten a efectos del litigio principal lo dispuesto en la Directiva 9336

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

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56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

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31 La Directiva 89665 no contiene ninguna disposicioacuten que regule expresamente el tema de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial Sobre este particular hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y en particular a su artiacuteculo 1 apartado 1

32 Esta uacuteltima disposicioacuten establece que en lo relativo a los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos comprendidos en el aacutembito de aplicacioacuten concretamente de la Directiva 9336 los Estados miembros tomaraacuten las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos o las normas nacionales de incorporacioacuten de dicha normativa

33 Como la Directiva 89665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos procede interpretar su artiacuteculo 1 apartado 1 a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 9336 como de las demaacutes disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos puacuteblicos

34 El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos puacuteblicos comprende la apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros (veacutease en este sentido la sentencia de 11 de enero de 2005 Stadt Halle y RPL Lochau C-2603 Rec p I-1 apartado 44)

35 Para alcanzar dicho objetivo es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen informacioacuten relativa a procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia ya sea en un procedimiento de adjudicacioacuten en curso o en procedimientos de adjudicacioacuten ulteriores

36 Ademaacutes tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos se basan en una relacioacuten de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econoacutemicos que participan en ellos Eacutestos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier informacioacuten uacutetil en el marco del procedimiento de adjudicacioacuten sin miedo a que eacutestas comuniquen a terceros datos cuya divulgacioacuten pueda perjudicar a dichos operadores

37 Por dichas razones el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 establece que las entidades adjudicadoras tienen la obligacioacuten de respetar el caraacutecter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores

38 En el marco especiacutefico de la comunicacioacuten a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazoacute su candidatura o su oferta y en el de la publicacioacuten del anuncio de adjudicacioacuten de un contrato los artiacuteculos 7 apartado 1 y 9 apartado 3 de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada informacioacuten cuando su divulgacioacuten perjudique los intereses comerciales legiacutetimos de empresas puacuteblicas o privadas o pueda perjudicar la competencia leal entre proveedores

39 Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuacioacuten de las entidades adjudicadoras Sin embargo hay que reconocer que su eficacia se veriacutea seriamente comprometida si en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico toda la informacioacuten sobre este procedimiento debiera ponerse sin liacutemite alguno a disposicioacuten del autor de dicho recurso o incluso de otras personas como las partes coadyuvantes

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Firmas

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- ASISTENCIA SANITARIA - STSJ Castilla La-Mancha sobre reintegro de gastos no procede salvo en casos de urgencia vital

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40 En tal supuesto la mera interposicioacuten de un recurso dariacutea acceso a informacioacuten que podriacutea utilizarse para falsear la competencia o para perjudicar los intereses legiacutetimos de operadores econoacutemicos que participaron en el procedimiento de adjudicacioacuten del contrato puacuteblico de que se trate Tal posibilidad podriacutea incluso incitar a los operadores econoacutemicos a interponer recursos con el uacutenico objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores

41 En un recurso de estas caracteriacutesticas el demandado es la entidad adjudicadora y el operador econoacutemico cuyos intereses corren el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos Por ello resulta tanto maacutes importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores econoacutemicos

42 Las obligaciones establecidas en la Directiva 9336 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la informacioacuten por la entidad adjudicadora son asumidas en el marco de un recurso por el organismo responsable del procedimiento de recurso Por lo tanto la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con los artiacuteculos 7 apartado 1 9 apartado 3 y 15 apartado 2 de la Directiva 9336 obliga a dicho organismo a adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y con ello el mantenimiento de una competencia leal asiacute como la proteccioacuten de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos de que se trate

43 De lo anterior se desprende que en un procedimiento de recurso en materia de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el organismo responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una informacioacuten contenida en el expediente relativo a tal adjudicacioacuten cuando sea necesario para garantizar la proteccioacuten de la competencia leal o de los intereses legiacutetimos de los operadores econoacutemicos que persigue el Derecho comunitario

44 Se plantea la cuestioacuten de si dicha interpretacioacuten se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artiacuteculo 6 del Convenio Europeo para la Proteccioacuten de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo laquoCEDHraquo)

45 Como se desprende de la resolucioacuten de remisioacuten hellip alegoacute ante el Conseil drsquoEacutetat que el derecho a un proceso justo implica que se garantice el caraacutecter contradictorio de todo procedimiento judicial que el principio de contradiccioacuten constituye un principio general del Derecho que se basa en el artiacuteculo 6 del CEDH y que este principio implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de todo escrito o alegacioacuten presentados al juez para influir en su decisioacuten y de discutirlos

46 Sobre este particular procede subrayar que el artiacuteculo 6 apartado 1 del CEDH establece concretamente que laquotoda persona tiene derecho a que su causa sea oiacuteda equitativa puacuteblicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial [hellip]raquo Seguacuten reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caraacutecter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su caraacutecter justo pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses

47 Por regla general el principio de contradiccioacuten implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicacioacuten de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas Sin embargo en algunos casos puede resultar necesario no comunicar determinada informacioacuten a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un intereacutes puacuteblico

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

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importante (veacutease TEDH sentencias Rowe y Davis c Reino Unido de 16 de febrero de 2000 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2000-II sect 61 y V c Finlandia de 24 de abril de 2007 auacuten no publicada en el Recueil des arrecircts et deacutecisions sect 75)

48 Entre los derechos fundamentales que pueden ser asiacute protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad que estaacute recogido en el artiacuteculo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma en el artiacuteculo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unioacuten Europea proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364 p 1) (veacuteanse en particular las sentencias de 8 de abril de 1992 ComisioacutenAlemania C-6290 Rec p I-2575 apartado 23 y de 5 de octubre de 1994 XComisioacuten C-40492 P Rec p I-4737 apartado 17) A este respecto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas fiacutesicas y juriacutedicas (veacutease TEDH sentencias Niemietz c Alemania de 16 de diciembre de 1992 serie A nordm 251-B sect 29 Socieacuteteacute Colas Est y otros c Francia de 16 de abril de 2002 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2002-III sect 41 y Peck c Reino Unido de 28 de enero de 2003 Recueil des arrecircts et deacutecisions 2003-I sect 57) actividades que pueden comprender la participacioacuten en un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico

49 Por otra parte el Tribunal de Justicia ha reconocido la proteccioacuten de los secretos comerciales como un principio general (veacuteanse las sentencias de 24 de junio de 1986 AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten 5385 Rec p 1965 apartado 28 y de 19 de mayo de 1994 SEPComisioacuten C-3692 P Rec p I-1911 apartado 37)

50 Por uacuteltimo el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos constituye un intereacutes puacuteblico importante cuya proteccioacuten se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia

51 De lo anterior se desprende que en un recurso interpuesto contra una decisioacuten adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicacioacuten de un contrato puacuteblico el principio de contradiccioacuten no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la informacioacuten relativa al procedimiento de adjudicacioacuten de que se trata que haya sido presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso Por el contrario este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores econoacutemicos a la proteccioacuten de su informacioacuten confidencial y de sus secretos comerciales

52 El principio de la proteccioacuten de la informacioacuten confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una proteccioacuten juriacutedica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio (veacutease por analogiacutea la sentencia de 13 de julio de 2006 Mobistar C-43804 Rec p I-6675 apartado 40) y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE de manera que se garantice que el procedimiento respeta en su conjunto el derecho a un proceso justo

53 Para ello el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la informacioacuten precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa incluidos la informacioacuten confidencial y los secretos comerciales (veacutease por analogiacutea la sentencia Mobistar antes citada apartado 40)

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

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54 Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podriacutea resultar de la comunicacioacuten irregular de determinada informacioacuten a un competidor el referido organismo debe antes de comunicar dicha informacioacuten a una de las partes litigantes dar al operador econoacutemico de que se trate la posibilidad de alegar el caraacutecter confidencial o de secreto comercial de aqueacutella (veacutease por analogiacutea la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UKComisioacuten antes citada apartado 29)

55 Por consiguiente procede responder a la cuestioacuten planteada que el artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665 en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y en queacute medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha informacioacuten habida cuenta de las exigencias de la proteccioacuten juriacutedica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un oacutergano jurisdiccional en el sentido del artiacuteculo 234 CE a fin de que el procedimiento respete en su conjunto el derecho a un proceso justo

Costas

56 Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el caraacutecter de un incidente promovido ante el oacutergano jurisdiccional nacional corresponde a eacuteste resolver sobre las costas Los gastos efectuados por quienes no siendo partes del litigio principal han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara

El artiacuteculo 1 apartado 1 de la Directiva 89665CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 relativa a la coordinacioacuten de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas referentes a la aplicacioacuten de los procedimientos de recurso en materia de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de suministros y de obras en su versioacuten resultante de la Directiva 9250CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de los contratos puacuteblicos de servicios en relacioacuten con el artiacuteculo 15 apartado 2 de la Directiva 9336CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinacioacuten de los procedimientos de adjudicacioacuten de contratos puacuteblicos de suministro en su versioacuten modificada por la Directiva 9752CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artiacuteculo 1 apartado 1 debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la proteccioacuten de los secretos comerciales en relacioacuten con la informacioacuten contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa en particular la entidad adjudicadora sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideracioacuten dicha informacioacuten Corresponde a dicho organismo decidir coacutemo y

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