movimientos_indigenas, LEL y Regalsky.pdf

1Movimientos indgenas y Estado en Bolivia

Movimientos indgenas y Estado en Bolivia2

3Movimientos indgenasy Estado en Bolivia

Luis Enrique Lpez y Pablo RegalskyEditores

pluralE D I T O R E S


Cuidado de edicin: PROEIB Andes.

PROEIB Andes/CENDA/ Plural editores, 2005.

Primera edicin: octubre de 2005.

D.L.: 4-1-1695-05ISBN: 99905-63-79-9

ProduccinPlural editoresC. Rosendo Gutirrez N 595 esq. Av. EcuadorTel. 2411018 / Casilla 5097 / La Paz-BoliviaEmail: [email protected]

Impreso en Bolivia

5ndice

Introduccin .......................................................................................... 7

1. Etnicidad y Estado .......................................................................... 15

Enrique Herrera La nueva legislacin agraria bolivianay la construccin de lo tacana en el norte amaznico ......................... 17Nancy Postero Movimientos indgenas bolivianos:articulaciones y fragmentaciones en bsquedade multiculturalismo .......................................................................... 53Comentario de Sarela Paz .................................................................. 97

2. Interculturalidad y territorio ........................................................ 105

Pablo Regalsky Territorio e interculturalidad:la participacin campesina indgena y la reconfiguracindel espacio andino rural ...................................................................... 107

3. Organizaciones indgenas y transnacionales ............................ 143

Fernando Prada Diversidad ecolgica y descentralizacinpoltica: territorialidad indgena, estado nacional, petrleo y biotecnologa ................................................................................... 145Jos Martnez y Ely Zulma VillegasOrganizaciones indgenas y transnacionales en Bolivia:las certezas de un futuro predefinido .................................................. 189Comentario de Ren Orellana ........................................................... 219


4. Organizaciones indgenas, Estado y educacin ........................ 227

Luis Enrique Lpez e Inge Sichra Las organizacionesindgenas y su papel en una programa de educacin superioren los Andes ........................................................................................ 229Carmen Lpez Los Consejos Educativos de Pueblos Originariosde Bolivia: su rol y participacin en la vigilancia y control socialen la educacin .................................................................................... 261Comentario de Emma Lazcano ......................................................... 275

Anexos ..................................................................................................... 279

7En Amrica Latina, las ltimas dos dcadas han estado marcadaspor la innegable presencia del movimiento indgena y de organizacio-nes representativas de los pueblos amerindios. De hecho, los indgenashan emergido como nuevos actores sociales, su presencia en la polticanacional es cada vez ms notoria y hoy nos dejan hoy escuchar su pro-pia voz y sus igualmente autnomos planteamientos. La situacin es talque diversos autores consideran que la regin vive una etapa polticasin igual de su historia republicana que slo se asemeja a aquella en lacual los vencidos resistan denodadamente la imposicin de nuevas for-mas de vida y de igualmente distintas normas de buena polica tradasde la Europa peninsular y catlica.

Este auto-redescubrimiento o regreso a lo indio ha hecho que nuevosy frescos vientos soplen en anquilosadas polticas gubernamentales, an-cladas an en viejos y caducos moldes de administracin estatal. Y es quelas organizaciones indgenas interpelan hoy a los gobiernos, planteandoreivindicaciones de distinta ndole, llegando incluso a cuestionar el con-cepto de Estado-nacin vigente en Amrica Latina, y con ello tambin lanocin de repblica unitaria. As, en algunos pases comienza arevindicarse la concepcin de Estado-plurinacional sobre la base de larecuperacin de territorios ancestrales indgenas. En rigor, lo que las or-ganizaciones indgenas y el movimiento indgena en general hoy reivin-dican, va ms all de esa democracia inclusiva que renov el escenariolatinoamericano sobre todo durante la dcada de los noventa, a raz delreconocimiento parcial de la diversidad sociocultural y de la adopcinestatal de algunos de los planteamientos del multiculturalismo liberal.

Ahora se est un paso adelante en tanto se reclama el derecho a ladiferencia y, desde all, en algunos pases de la regin, particularmente

Introduccin


entre aquellos con mayor presencia indgena, se replantea la utopa dela unidad en la diversidad, desde un marco de igualdad con dignidad.En ese nuevo contexto, se adelantan premisas respecto de un nuevo tipode Estado en el que tengan cabida nuevas formas de representacin yde buen gobierno y autodeterminacin a partir de nuevas bases, lasmismas que son producto del propio devenir histrico de la regin y deuna colonizacin todava no resuelta.

Y es que la relacin entre el movimiento indgena y los Estados na-cionales no ha sido siempre fcil, dada la histrica opresin que ha mar-cado la relacin entre indgenas y no indgenas en toda la regin. Noobstante, se evidencia una mayor apertura desde algunos sectores po-pulares y de las clases medias, derivada, entre otras cosas, de la crecien-te afirmacin democrtica en la regin y de una mayor toma de concien-cia respecto a los derechos humanos; tambin influye en ello la mayorcomprensin internacional respecto de la cuestin indgena latinoame-ricana. Pero no cabe duda que la apertura que evidencia la regin no sehubiese logrado de no haber sido por la resistencia histrica y la luchapermanente de los pueblos indgenas y de los lderes y organizacionesque los representan.

En este contexto, el Programa de Formacin en Educacin Intercul-tural Bilinge para los Pases Andinos (PROEIB Andes) de la Universi-dad Mayor de San Simn, el Consorcio Sur Andino CEIDIS (conformadopor el Centro de Estudios Superiores Universitarios, CESU, y el Centrode Comunicacin y Desarrollo Andino, CENDA), y el Departamento deAntropologa de la Universidad de California, en San Diego, convoca-ron a un seminario internacional que reuni a acadmicos (con investi-gaciones y reflexin sobre la problemtica indgena), lderes indgenasy estudiantes universitarios. La confluencia de instituciones de la re-gin andina y de los Estados Unidos fue resultado de la opcin tomadapara este evento respecto de propiciar un intercambio norte-sur sobreesta delicada temtica. De esta forma, participaron en el seminario in-vestigadores que han realizado sendas investigaciones sobre la proble-mtica en distintos pases de la regin, junto a investigadores y actoreslatinoamericanos conocedores de la situacin y que tambin cuentancon reflexin y trabajos de investigacin sobre esta temtica.

Nos pareca clave que el Seminario sirviera, de un lado, para siste-matizar las experiencias latinoamericanas en cuanto a la relacin movi-miento indgena-Estado y, de otro, analizar las trayectorias seguidas endistintos pases de la regin, a fin de establecer comparaciones entre uncaso y otro, as como plantearse interrogantes respecto a cmo conti-nuara esta relacin. En suma se trataba de saber dnde estbamos en

9cuanto a la participacin indgena en las an jvenes democracias lati-noamericanas.

El Seminario se realiz en Cochabamba, Bolivia, entre los das 22 a24 de mayo de 2003 y cont con siete exposiciones de casos referentes aBrasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Mxico y Per. Adicional-mente y de manera importante se cont con la exposicin del caso aus-traliano, en calidad de invitado. Esta exposicin permiti conocer endetalle la importancia de la jurisprudencia sentada por el caso Mabo.Del lado boliviano, se presentaron ocho ponencias sobre las temticaspresentadas aqu.1

Luego del Seminario, los organizadores decidimos sistematizar larica discusin del mismo en dos publicaciones: una que recoja la pano-rmica latinoamericana de los casos presentados y otro que focalice laatencin en las ponencias presentadas sobre Bolivia. La presente publi-cacin concretiza la segunda publicacin planificada The Struggle forIndian Rights in Latin America, cuyos editores son Nancy Postero y LeonZamosc, publicado en 2004 en London: Sussex Academic Press. Por di-versas razones relacionadas con nuestra habitual carga de trabajo nohemos podido hacer realidad la edicin temprana de los textos que aquse presentan y que fueron parte del Seminario realizado en el ao 2003.Con todo, nos parece que, ms all del desfase coyuntural, las reflexionesy anlisis que se presentan en este volumen contribuyen a la discusinde las relaciones entre movimientos indgenas y Estado en Bolivia, talcomo reza el ttulo de nuestro libro.

Hemos organizado las ponencias en cuatro bloques temticos, asaber: Etnicidad y Estado; Interculturalidad y territorio; Organizacio-nes indgenas y transnacionales; y, Organizaciones indgenas, Estadoy educacin.

El trabajo de Enrique Herrera abre la discusin sobre las relacionesentre etnicidad y Estado en Bolivia. El autor nos muestra cmo en elcontexto de la promulgacin de las reformas estructurales que tuvieron

Introduccin

1 Metodolgicamente el Seminario se organiz en paneles que contaron condos o tres exposiciones segn el caso. Cada panel cont, a su vez, con doscomentaristas que elaboraron planteamientos crticos de las ideas vertidasen las exposiciones. Para la presente publicacin, se han recogido las po-nencias referidas a la experiencia boliviana y se han seleccionado los co-mentarios que se consideraron ms destacados en cada panel. Dado que loscomentarios fueron ledos durante el Seminario, stos mantienen, en gene-ral, el estilo de exposicin oral antes que el de un documento escrito elabo-rado para tal fin.


lugar en Bolivia en la dcada de los noventa, bajo el influjo delmulticulturalismo liberal y, sobre todo de la Ley del Instituto Nacionalde Reforma Agraria que reconoce algunos derechos territoriales indge-nas, algunos sectores indgenas, en este caso los tacanas, fueron cons-truyendo, definiendo y redefiniendo sus identidades tnicas a travs deuna serie de discursos y prcticas nuevas. A travs de ejemplos que ilus-tran el curso seguido por los tacanas, Herrera pone en evidencia cmo,a raz de la posibilidad de acceso a territorio, sectores poblaciones queno eran ya considerados como indgenas ingresan en un proceso deetnognesis que los lleva a recuperar diversas manifestaciones y prcti-cas socioculturales y organizativas en su afn por reconformarse comopueblo. La pregunta central de Herrera tiene que ver con esta constitu-cin tnica en la interrelacin con la normativa legal surgida desde elEstado en referencia a sus derechos territoriales ancentrales.

Por su parte y desde una lectura de la situacin general boliviana,Nancy Postero intenta mostrar las articulaciones y fragmentaciones enla relacin que se ha dado entre movimientos indgenas y Estado, en elmarco de lo que da en denominar el multiculturalismo boliviano de esamisma dcada, para lo cual recurre sobre todo a diversas referenciasanaltico-tericas construidas en el Hemisferio Norte. Sobre esa base, laautora hace un recuento de la participacin del movimiento indgenaen el mbito poltico desde la dcada de los 90 y de las reformas quebuscaron transformar la tradicional relacin entre Estado y pueblos in-dgenas. Estas reformas (Ley INRA, Ley de Participacin Popular y Leyde Reforma Educativa) habran tenido la intencin de construir unanueva ciudadana indgena, basada en la participacin en polticas loca-les, en la propiedad colectiva de territorios tradicionales y en la educa-cin intercultural. En opinin de Postero, a la vuelta de una dcada lasituacin ha cambiado radicalmente. La crisis econmica producto delas polticas econmicas neoliberales y de la corrupcin fue el detonantede protestas sociales de magnitud como las denominadas Guerra delAgua y Guerra del Gas que lograron la renuncia del presidente Snchezde Lozada. Segn la autora, la significativa presencia del MAS de EvoMorales en las elecciones del 2002 y las protestas sociales y virtual le-vantamiento de octubre 2003 Octubre negro son signos de que lasreformas multiculturales bolivianas no dieron los beneficios que pro-metieron para los indgenas y campesinos; significando ms bien el finde las articulaciones entre los indgenas y los partidos polticos quemediaron en la elaboracin de tales reformas. Estas articulaciones o alian-zas quedaron atrapadas en el marco de las histricas relaciones racistasentre partidos polticos e indgenas, de tal modo que el multiculturalismo

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no resolvi las preguntas que estaban detrs de las desigualdadestnicas, sino que fue solamente un marco o lenguaje, de una lucha largaentre el Estado y los pueblos indgenas.

Sarela Paz cierra esta seccin con un comentario crtico a las ponen-cias de Postero y Herrera en el que advierte los peligros de comprensinde las polticas de la diferencia slo desde las construcciones de losmovimientos indgenas y no desde las bsquedas estatales de consoli-darse como un lugar privilegiado y legtimo de designacin y clasifica-cin tnico-social.

En lo que toca a la seccin referente a interculturalidad y territorio,Pablo Regalsky analiza la temtica de la demanda territorial indgenaen Bolivia articulada al nuevo contexto ofrecido por la Ley de Participa-cin Popular. La propuesta interpretativa del autor camina por la va demostrar el esfuerzo estatal de establecer una poltica de control territo-rial sobre las comunidades indgenas; se tratara de un esfuerzo encami-nado a canalizar la insurgencia tnica dentro de formas institucionali-zadas por el Estado boliviano. Contra la opinin generalizada quecomprende los avances de la democracia y la participacin social enBolivia mediante la imagen de un proceso que va de menos a ms, elautor enfatiza en los elementos desestructuradores de la autoridad te-rritorial campesina originaria que contendran las reformas estatales dela ltima dcada. Para ello, analizar el momento de reestructuracindel espacio rural andino mediante la ruptura del Pacto Militar Campe-sino en conexin con la implementacin de la Ley de Participacin Po-pular como bsqueda de recuperacin hegemnica estatal segn lo yadicho. En este sentido, la perspectiva de anlisis que toma como puntode partida las relaciones de fuerza entre Estado y sectores campesinos-originarios se muestra una herramienta til para entender la dinmicade la organizacin campesina indgena frente a los nuevos marcos lega-les y la presencia de nuevos actores como las ONG y las alcaldas.

La relacin entre organizaciones indgenas y transnacionales semuestra en los artculos de Prada y Martnez-Villegas. Fernando Pradaplantea que la demanda especfica de defensa de los recursos naturalespone sobre la mesa la confrontacin de dos rdenes civilizatorios queconviven al interior de la sociedad boliviana: la civilizacin industrialcapitalista y las sociedades indgenas. A travs del anlisis de tres seriesdel pensamiento mtico guaran el artculo analiza la forma mediante lacual los guaranes bolivianos se apropian y recodifican las reformas es-tructurales del Estado y sus marcos legales en funcin de sus estrategiasterritoriales. As mismo, se muestra los mecanismos de negociacin conlas empresas petroleras que operan en los territorios indgenas y la cons-

Introduccin


truccin del marco legal internacional en torno a la apropiacin de labiotecnologa. El autor plantea que frente al paradigma destructordesarrollista de la civilizacin industrial, el conocimiento indgena puedecontribuir al debate universal sobre la preservacin del medio ambiente,demostrndose as la vigencia contempornea de este conocimiento que,lejos de recluirse en el mbito antropolgico y musestico, puede contri-buir a un verdadero dilogo intercultural e interepistemolgico.

Jos Martnez y Ely Villegas nos muestran la relacin de los pueblosy organizaciones indgenas con los megaproyectos carreteros y gasferosen el marco de las polticas pblicas en torno a bosques, biodiversidad,hidrocarburos y minerales bajo la influencia de organismos internacio-nales como el Banco Mundial, la Organizacin Mundial de Comercio, elBanco Interamericano de Desarrollo y la OCDE. Los autores nos mues-tran cuantitativamente la manera en que estos organismos, especialmenteel Banco Mundial, destinan sus recursos a favor de una estrategia dedespojo de los derechos territoriales indgenas.

Mediante un ejercicio aritmtico en cuanto a distribucin de la tierray el manejo de datos especficos referentes a las riquezas naturales deBolivia en biodiversidad, petrleo, oro, etc., Ren Orellana comenta lasponencias referentes a organizaciones indgenas y transnacionales.Orellana pone en evidencia cmo la mayor parte de esta riqueza se en-cuentra en los territorios indgenas; sin embargo, las polticas estatales yel modelo jurdico que las viabiliza facilitan y encubren la apropiacinde los recursos por parte del sector empresarial nacional y transnacional.En este contexto, las movilizaciones de los sectores campesinos y origina-rios en defensa de su autonoma territorial y de sus derechos agrariossern una constante necesaria en el futuro escenario boliviano.

La cuarta y ltima seccin del libro est destinada a analizar las re-laciones entre organizaciones indgenas, Estado y educacin. En el mar-co de un programa regional universitario (el PROEIB Andes) en inter-relacin con organizaciones indgenas de cinco pases (Bolivia, Colombia,Chile, Ecuador y Per), Luis Enrique Lpez e Inge Sichra nos muestranlos distintos niveles, instancias y especificidades de esta relacin. El Pro-grama, de carcter regional, tiene su sede en la ciudad de Cochabamba,lo cual le otorga un carcter especial en el mbito de las relaciones entreorganizaciones indgenas y Estado al interior de Bolivia. Dado que elPrograma intenta poner en interlocucin a universidades, representan-tes estatales y organizaciones indgenas, los autores mostrarn cmoeste ltimo actor social ser el que ha aprovechado de mejor manera losespacios de participacin social en educacin que ah se ofrecen. Por lodems, los autores plantean que el comportamiento de los distintos ac-

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tores involucrados en la ejecucin de este programa universitario engran medida refleja lo que ocurre en materia de educacin interculturalbilinge y de participacin indgena en cada uno de los pases a los quepertenecen. El PROEIB Andes, en este sentido se convierte en una caja deresonancia de lo que sucede tanto a nivel nacional como regional.

Carmen Lpez, por su parte, nos presenta el proceso de constitu-cin y el cambio de concepcin en la mirada de los Consejos Educativosde los Pueblos Originarios de Bolivia hacia la problemtica educativaintercultural y bilinge. El artculo enfatiza en las readecuaciones deestos rganos de participacin popular, en el marco de la Ley de Refor-ma Educativa, frente a la normativa legal estatal, ante a sus organizacio-nes matrices y frente a las propias tareas que se imponen a fin de enfren-tar sus problemas y prioridades.

Cierra este apartado el comentario crtico de Emma Lazcano quellama la atencin sobre el peligro de divorciar las tareas tcnicas a lasque responden los CEPOs de la representacin poltica a la que se debenfrente a sus organizaciones matrices.

Como se ve, los diferentes trabajos que componen esta publica-cin tienen como teln de fondo las complejas, dinmicas y conflicti-vas relaciones entre Estado y movimientos-organizaciones indgenas.Ms all de los esencialismos que caracterizaban la reflexin sobre laparticipacin indgena en el mbito poltico nacional, los estudios delos autores nos muestran que se trata de una relacin sujeta a relacio-nes de fuerza, a cambios de estrategias discursivas, a aprovechamien-to de espacios de poder y/o a la contestacin directa ante los aparatosdiscriminadores de las sociedades nacionales. El escenario en el cualtodo ello ocurre es el boliviano, pas que en los ltimos aos se ha idogenerando aproximaciones sucesivas desde el Estado por romper conla historia ya larga de exclusin de su poblacin indgena mayoritaria,buscando maneras de reconocer y, en cierto modo, aceptar la diversi-dad y la diferencia, a sabiendas que de no hacerlo se pondra en riesgola gobernabilidad de uno de los dos pases ms indgenas de Amrica.Los indgenas por su parte, habiendo descubierto la fuerza que les dael ser mayora y conscientes de que se trata de un proceso paulatino deavance en la consecucin de derechos que a la postre debern acercar-los al poder, han sabido aprovechar los resquicios que se les han idoabriendo; pero por ser stos producto de su propia lucha y resistencia,a poco tiempo de implementadas las reformas descubran sus limita-ciones y, entonces, retomaban su tradicin de resistencia y lucha paraavanzar un trecho ms en su direccin hacia la transformacin del Es-tado. No otra ha sido la motivacin que llev a los indgenas a hacer

Introduccin


escuchar su voz respecto a la urgencia de una Asamblea Constituyen-te que consagrase el nuevo rostro de Bolivia: una faz en la cual lo indiotendra un espacio privilegiado.

El movimiento indgena boliviano pone hoy en evidencia su condi-cin de fuerza innovadora de la poltica del pas y sabe combinar bien laprotesta con la propuesta. Como nunca antes en la historia boliviana, elSiglo XXI ha visto la luz en este pas desde la perspectiva de una realtransformacin sociopoltica que, bajo la forma de un Pachakuti,relocalice a la poblacin indgena en el imaginario nacional histrica-mente construido desde la independencia del pas, a la vez que develela vocacin de lderes y organizaciones indgenas de trascender intere-ses sectoriales de parte, para ms bien preocuparse por los derechos y elbienestar del conjunto de los sectores subalternos de la sociedad. Es enese sentido que es posible considerar que los indgenas bolivianos an-dan a la bsqueda de una nueva hegemona.

Esperamos que los artculos que conforman esta publicacin, que pre-tende dar cuenta de lo que ocurre en Bolivia a la luz de la asuncin estataly societal del reconocimiento de la diversidad sociocultural inherente aeste pas, a travs de las propuestas de interculturalidad que comenzarana construir desde el momento en que el pas se reinscriba en el proyectodemocrtico liberal a principios de los aos ochenta, nos ayuden a avan-zar en el proceso de comprensin de la forma en la que se ha ido constru-yendo en Bolivia la relacin entre los indgenas y el Estado y a raz de ellotambin la lectura multitnica, plurilinge y multicultural del pas, en elcontexto de varios replanteamientos en curso sobre la legitimidad de losEstados-nacin, as como respecto de la necesidad de reinventar Estadosque no slo sean pluriculturales sino tambin plurinacionales.

Finalmente, queremos dejar sentado que la produccin de este volu-men no hubiera sido posible sin el apoyo de diversas agencias de coope-racin que, por el sostn que brindan a nuestras instituciones, posibilita-ron que tanto el PROEIB Andes como el CEIDIS-CENDA pudiesen organizarel seminario en el que fueron presentados estos trabajos. Especial men-cin a este respecto merece tambin Oxfam-Amrica quien respondi r-pidamente a nuestra solicitud y nos otorg fondos complementarios paraorganizar el seminario. Adems, debemos agradecer muy especialmentea Fernando Garcs por la ayuda que nos dio tanto durante la organiza-cin del seminario como en la preparacin de esta compilacin.

Luis Enrique Lpez y Pablo RegalskyCochabamba, agosto 2005.

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1. Etnicidad y Estado

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Introduccin

A principios de los aos noventa, el Estado boliviano promovi cam-bios constitucionales y legislativos que reconocen la realidad pluritnicay multicultural del pas. En el marco de la implementacin de estos cam-bios, el protagonismo poltico de las poblaciones indgenas de las tierrasbajas se encontr muy asociado a prcticas de reivindicacin identitaria.

Uno de los cuerpos legales que an repercute de manera decisiva enestos fenmenos es la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria(INRA), promulgada en 1996. En esta Ley se reconoce el derecho territo-rial de los pueblos originarios a travs del concepto de Tierras Comuni-tarias de Origen (TCO), establecido en el artculo 171 de la ConstitucinPoltica del Estado y en conformidad a lo sealado en el convenio 169de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) que fue ratificado porel Congreso boliviano en 1991.

En el proceso de negociacin, promulgacin e implementacin de laLey INRA sucedieron acuerdos y confrontaciones entre dirigentes de laConfederacin Indgena del Oriente Boliviano (CIDOB), asesores de s-tos, representantes de empresarios forestales, ganaderos y agroindus-triales, y funcionarios estatales. En esos contextos los sectores indgenas

La nueva legislacin agraria bolivianay la construccin de lo tacana

en el norte amaznico*

Enrique Herrera Sarmiento

* Esta ponencia ha sido elaborada a partir de los resultados de la investigacinEtnicidad y derechos territoriales indgenas. Tacanas y ayoreos frente a la Ley INRA(1996-2001), financiada, entre octubre de 2001 y agosto de 2002, por el Progra-ma de Investigaciones Estratgicas de Bolivia (PIEB). Formaron parte del equi-po de investigacin Elva Terceros Cuellar y Cleverth C. Crdenas Plaza.


fueron construyendo y redefiniendo sus identidades tnicas a travs deuna serie de prcticas sociales que nunca antes haban contemplado.

De hecho, la interaccin de las poblaciones indgenas con los distin-tos actores sociales involucrados en el reconocimiento o cuestionamientode sus derechos territoriales, permite averiguar las formas, los mbitos ylas circunstancias en las que estas identidades colectivas se fueron edifi-cando. Pero la diversidad de realidades indgenas en las tierras bajas bo-livianas nos obliga a detenernos en las particularidades, pues el mismoproceso no ha discurrido por el mismo trayecto en todos los casos.

En este trabajo decidimos acercarnos, en particular, a un grupo ind-gena amaznico que muestra el complejo camino por el cual ha discurri-do su prctica y su discurso identitario. Nos referimos a los tacana delnorte amaznico, de los departamentos de Beni y Pando, quienes fuerondesplazados a esa regin desde sus zonas de origen, en el norte de La Paz,durante el periodo del caucho fines del XIX y tuvieron una larga expe-riencia de contactos con la sociedad colonial y nacional desde el siglo XVIII.

La realidad de esta poblacin nos lleva a interrogarnos: De qu for-ma y bajo qu circunstancias los tacana reconfiguraron sus identidadestnicas durante el proceso de implementacin de la Ley INRA y a travsde qu expresiones se manifestaron? Se edificaron de acuerdo a las vi-siones y a las exigencias expresadas en las nuevas normas legales o to-maron otro rumbo y adquirieron caractersticas distintas?

En este trabajo se plantea que los tacana reconfiguraron sus identi-dades tnicas influenciados por un contexto que le exiga formalidadeslegales y en el cual debieron interactuar con mltiples actores sociales.Lo hicieron por medio de nuevas prcticas sociales con la finalidad deadecuarse a las exigencias que tenan sobre ellos las instituciones de lacooperacin internacional, ONGs y el Estado. Sin embargo, ello se hizotambin sobre la base de sus propias expectativas y visiones sobre elreconocimiento formal de los derechos territoriales indgenas.

1. Reformas polticas, etnicidad y pueblos indgenasen las tierras bajas de Bolivia

En Bolivia no se llev a cabo una discusin detenida sobre la cons-truccin de las identidades tnicas, entre las poblaciones indgenas detierras bajas, en su relacin con las polticas del Estado que han conside-rado el tema tnico.

Sin embargo, existen investigaciones que han vinculado el estudiode las etnicidades a otros campos de la realidad social. Entre los ms

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importantes debe mencionarse el trabajo de Charles Davison (1987) ylas investigaciones respaldadas por el PIEB de Ros, Combes, Kinjo, Ariasy Soruco (2001) y de Lehm (2002).

Las dos primeras investigaciones se interrogan sobre las caracte-rsticas de las identidades tnicas de los inmigrantes guaranes en elcontexto urbano cruceo. El primero de estos trabajos seala que nose puede hablar de un proceso de integracin de los guaranes a Bo-livia, sino de una multitud de procesos y una multitud de experien-cias al nivel de la persona y al nivel del grupo. Este autor concibe lasidentidades tnicas como una expresin dinmica de las culturas. Enel segundo estudio se muestra el carcter hbrido de las distintas facetasde la identidad tnica guaran urbana, y se considera que en la ciu-dad se estara creando una nueva identidad guaran, la misma quefue forjada a lo largo de los ltimos seis siglos en base a un continuomestizaje y a la migracin (Ros y otros 2001: 88-112). Vista as, laetnicidad para ambos trabajos sera un comportamiento en perma-nente cambio y transformacin.

Desde una aproximacin semejante sobre la etnicidad, Lehm estu-dia en cuatro grupos de los Llanos de Moxos (Trinitario, Yuracar, Siriony Guarayo) la manera en la que stos se siguen reproduciendo comocomunidades diferenciadas en el marco de las alianzas matrimonialesintertnicas que entre ellos establecen. No obstante, en este caso la etni-cidad, como campo de estudio, se encuentra articulada a otro mbitoconceptual: el gnero. Desde esta perspectiva se analiza la divisin detrabajo entre los gneros en el marco de los circuitos econmicos de reci-procidad y del mercado, y la construccin de los sistemas de pertenen-cia y exclusin tnica dentro de cada grupo.

Tambin debe mencionarse dentro de este conjunto de estudios el tra-bajo de Bertha Suaznbar entre los ayoreos (1995). En su investigacin, sibien entiende a estas identidades desde la postura de Davison, en el an-lisis de la informacin recogida no logra reflejar con claridad el uso de suspropios conceptos, pues considera que algunos elementos de las identi-dades tnicas de los ayoreos se encontraran fuertemente agredidos mien-tras que otros se estaran revitalizando (Suaznbar 1995: 204-205).

Uno de los pocos trabajos que especficamente relaciona polticasestatales y etnicidad en las tierras bajas es la investigacin de NancyPostero. En su trabajo se ve cmo los cambios constitucionales y legisla-tivos que se dan en los aos noventa alteran la ubicacin de los pueblosindgenas de tierras bajas en la sociedad nacional. Se analiza cmo estasreformas son parte del continuo proceso de formacin del Estado en elque se incorpora a los pueblos indgenas en el desarrollo econmico

Etnicidad y Estado


nacional por medio de la creacin de una nueva categora, el ciudadanoindgena (Postero 2001).

Existen otras investigaciones que, sin haber tocado el tema identi-tario, se han detenido a evaluar en trminos histricos contemporneos,polticos y legales las repercusiones de la nueva legislacin tnica delpas entre la poblacin originaria de las tierras bajas. El foco de atencinde un gran nmero de ellas ha estado dirigido a los procesos vinculadosa la Ley de Participacin Popular y en menor medida a la Ley del Servi-cio Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Uno de los estudios ms importantes sobre la primera de estas leyesfue realizado por la historiadora Ana Mara Lema (2001). Esta autora sos-tiene que la Ley de Participacin Popular, al modificar las formas de par-ticipacin, las estructuras organizativas en su expresin poltica, social,territorial y las condiciones de vida de las poblaciones indgenas de losmunicipios, plante un nuevo escenario en la dinmica del ejercicio delpoder al otorgar un papel al sector indgena. Por consiguiente, ste alverse obligado a actuar en espacios distintos a los tradicionales, genernuevas prcticas que, en funcin a sus caractersticas, su pasado y su ex-periencia, permiti un cierto tipo de desarrollo en el marco municipal.

Las investigaciones sobre la Ley INRA y sus efectos entre los indge-nas de tierras bajas son poco profundas y menos abundantes. Una parteconsiderable de lo hecho hasta el momento son balances sobre el cursoque siguieron los procedimientos establecidos por la Ley en lo que tocaal reconocimiento de los territorios indgenas. Esto se encuentra, espe-cialmente, en los artculos que publicaron en casi todos los nmeros dela revista semestral Artculo Primero (1996-2001).43 Evaluaciones msexhaustivas sobre periodos ms amplios fueron llevadas a cabo por deVries (1998) y Martnez (2000, 2001).

El tema que nos preocupa, de manera tangencial, tambin fue abor-dado en los textos de Pacheco y Urioste (2001) y de Pacheco y Hernaz(2000). En el primero, desde una perspectiva histrica, se analiza la LeyINRA y entre otras cosas se aborda las diferentes visiones respecto alderecho territorial indgena a lo largo de la historia republicana de Boli-via, haciendo especial nfasis en el momento actual. En el segundo, seaborda los diferentes casos de propiedad agraria que existen en las tie-rras bajas, presentando brevemente la situacin legal en que se encuen-

43 Luego de todas estas aproximaciones habra que sealar los mltiples artcu-los que fueron publicados en los diferentes medios de la prensa escrita, don-de el tema de los territorios indgenas es un punto de debate permanente.

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tran las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en la actualidad. El nicoestudio especfico sobre tierras indgenas es el de Balza (2001). En dichotrabajo este autor, poniendo como caso las demandas territoriales chiqui-tanas, propone la forma ms adecuada para establecer el rea que unpueblo indgena debiera demandar. Cuestiona los criterios utilizadospor el Estado y la falta de voluntad poltica que ste demostr, as comolas limitaciones de los argumentos histricos que esbozaron las organi-zaciones indgenas en sus demandas territoriales.

Por consiguiente, en todas las aproximaciones existentes no se en-cuentran reflexiones sobre las repercusiones que tuvo la implementacinde la Ley INRA en los procesos identitarios y tnicos que gestaron lasorganizaciones y pueblos indgenas de las tierras bajas en los ltimosaos.

2. Los puntos de consenso en el debate sobreidentidades tnicas

En este ensayo discutiremos dos de los campos centrales en los cua-les la actual discusin terica sobre etnicidad e identidades ha llegado apuntos de consenso (Poutignat y Streiff-Fenart 1995). Nos referimos alos problemas de la atribucin categorial y a la delimitacin de las fronterastnicas (ver Herrera 1997; Crdenas 2001).

La atribucin categorial la concebimos como la accin a partir de la cualdeterminados protagonistas sociales se definen con una categora y, pormedio de la misma, son identificados por otros actores (Poutignat y Streeiff-Fenart 1995). La interaccin entre los que denominan y los que se denomi-nan es una relacin dialctica, lo que no permite separar la categora comoun espacio nico de anlisis. Ello implica que sta es una relacin de po-der, puesto que quien se autodefine con una categora o a quien se nom-bra con la misma, se encuentra supeditado a la importancia social que ladenominacin contiene: sobre la base de la misma, los grupos puedenconseguir determinados objetivos polticos y mantener un estado de he-gemona o subordinacin. Adems, este tipo de relacin debe verse comoun espacio en permanente negociacin porque los actores categorizadospueden hacer relevante el trmino que los identifica, o por el contrario, elmismo puede ser substituido por cualquier otro, sin que necesariamentetenga una connotacin tnica. Por ltimo, admitimos que la categora nosiempre tiene una misma significacin en todos los contextos en dondesta emerge o se hace presente, depende en gran medida, de las circuns-tancias de interaccin y de los actores que le den uso.

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Destacamos la pertinencia de este campo de estudio porque pensa-mos que detrs de los procesos de relacionamiento de los tacana con lanueva legislacin agraria del pas, la nominacin tnica fue un aspectofundamental en el reconocimiento de sus derechos territoriales. As, ennuestra exposicin mostraremos de qu forma se fue construyendo lacategora tacana y cmo a partir de ella los sectores que se adscribieron adicha categora, consolidaron los derechos territoriales consagrados enla Ley INRA. Como se ver en nuestra exposicin, este proceso se dio enun marco de permanentes conflictos y cuestionamientos, pero tambinde alianzas y acuerdos con diferentes actores regionales y nacionales.

El otro campo de estudio reviste importancia para el presente traba-jo, porque a travs del anlisis de las fronteras tnicas se puede establecerpor qu un grupo tnico sigue siendo tal en las interacciones socialesque mantiene con actores que son identificados distintos al grupo. ParaFrederick Barth, la continuidad de las unidades tnicas [...] dependede la conservacin de un lmite (1974: 16). Ello implica, desde su pers-pectiva, que las fronteras tnicas para que sean consideradas como talesdebern mantenerse inclusive a pesar de los cambios que se puedanproducir en el grupo y aunque las mismas fronteras se transformen,porque lo importante al margen de los cambios es que la dicotomasiga establecida entre los miembros y los extraos. Por eso, sostiene quenecesitamos analizar los diferentes medios por los cuales [los grupostnicos] logran conservarse, pues no slo es mediante un reclutamientodefinitivo, sino [es] en virtud de una expresin y una ratificacin conti-nuas (Barth 1974: 17).

Para este autor la pertenencia tnica

no puede determinarse sino en relacin a una lnea de demarcacin entremiembros y no miembros [y] para que esta distincin tenga sentido, es ne-cesario que los protagonistas puedan dar cuenta de las fronteras que sea-lan el sistema social al cual piensan pertenecer, y ms all de las cualesexisten otros protagonistas implicados en otros sistemas sociales. (Barth,citado en Poutignat y Streiff-Fenart 1995)

En esa medida, entendemos que los grupos humanos demarcan cons-cientemente sus fronteras en aquellas interacciones sociales donde unosse consideran miembros de un grupo y otros no son percibidos o no seincluyen como parte del mismo. As, en tanto esas interacciones puedanser diversas y producirse en mltiples contextos, las fronteras tnicas dependiendo dnde y cundo se demarquen como sealan Poutignaty Streiff-Fenart, en algunos casos, podrn mantenerse, en otros refor-zarse, como tambin en ciertas circunstancias, desaparecer.

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De acuerdo a esas perspectivas conceptuales presentaremos de qumanera delimitaron los tacanas sus fronteras tnicas en el marco delreconocimiento de los derechos territoriales. Veremos las circunstanciasen las que stas se ratificaron y en qu otras se resquebrajaron o desapa-recieron. Adems, destacaremos los recursos a los que recurrieron lostacanas para indicar los lmites que los identificaron como tales y de quforma los lmites geogrficos del rea territorial demandada sirvierontambin para sealar las fronteras del grupo.

Pero antes de ingresar propiamente a ambos aspectos de la discusinsobre etnicidad y con la finalidad de situar histricamente el contextoregional donde habitan en la actualidad los tacanas, presentaremos algu-nos aspectos relacionados con su llegada al norte amaznico en el pero-do del auge de la goma y su posterior insercin en esta regin hasta antesque se produjeran las reformas polticas indgenas de los aos 90.

3. Una larga historia de apariciones y desapariciones

No existe certeza si los los tacanas fueron una de las tantas poblacio-nes indgenas del piedemonte boliviano reducidas por sacerdotes fran-ciscanos en las misiones de Apolobamba en el siglo XVII (Crdenas 2001)o si los tacanas aparecieron producto de un proceso de etnognesisgestados en dichas misiones, a partir de la convivencia prolongada en-tre distintos grupos indgenas de origen amaznico y del piedemonte(Chiovoloni 1996, Salgado 2002).

Lo que resulta evidente es que los cronistas de esta regin, en elsiglo XIX, cuando las misiones de Apolobamba se encontraban seculari-zadas y dentro de la administracin estatal pasaron a ser poblados serefieren a los habitantes de las mismas, como tacanas (Armentia 1890).Ms adelante, a fines del mismo siglo, cuando se descubre el potencialgomero en los bosques del norte boliviano, esta poblacin tacana seruno de los contingentes ms importantes que fueron trasladados comofuerza laboral a los centros de explotacin del caucho o barracas.

El descubrimiento y posterior conquista de los bosques gomerosfue tarea del empresariado privado especialmente cruceo, quienes atravs del mercado de la goma elstica, lograron incorporar esta regina Bolivia y, a la vez, al circuito de comercializacin internacional gome-ro. El Estado boliviano de la poca respald la iniciativa empresarialcon la promulgacin de una Ley de Concesin de Tierras en 1878. Conesta medida se oficializ la entrega de estradas gomeras a todos aque-llos interesados en la explotacin del caucho, pero, tambin, sirvi para

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despoja a los nativos de sus tierras44 y justificar continuas masacres deindgenas. A inicios de 1900 los grupos que no se haban incorporado alproyecto colonizador fueron exterminados por tropas que se especiali-zaron en cazar brbaros. Otra cantidad importante de indgenas mu-ri atacada por diversas epidemias o a causa del bloqueo a sus mediosde subsistencia que fueron invadidas por las huestes de los barraqueros.

La escasez de mano de obra para trabajar en las estradas gomerasoblig al traslado de una fuerza laboral diversa proveniente, especial-mente, del oriente del pas. Adems de tacanas de las ex misiones deApolobamba, llegaron indgenas de las antiguas misiones jesuticas deChiquitos y de Moxos. Sin embargo, resulta difcil cuantificar el nmerode tacanas que inmigraron en este periodo. En un trabajo anterior soste-namos que solamente se pueden hacer algunos acercamientos,retomando el trabajo de Pilar Gamarra (1992) y sostener que el 28% (1153)de los trabajadores fue de origen tacana. El 72% restante provino deotros grupos indgenas (Herrera 1998: 34).

La barraca gomera fue la entidad productiva en la cual se bas elsistema de explotacin del caucho. Los peones trabajaban sometidos auna disciplina laboral bastante estricta en los dos perodos anuales enlos que se desarrollaba la extraccin del ltex (marzo-agosto y octubre-diciembre) Esta disciplina era ejercida por un cuerpo administrativo,compuesto por varios capataces, quienes se encargaban de controlar demanera minuciosa el trabajo extractivo de los peones, el almacenamien-to y el procesamiento de las bolachas de goma y dirigir su posteriortraslado a los centros de acopio que tenan las empresas en las ciudadesde Riberalta, Guayar o Cobija (Herrera 1998: 34).

A los trabajadores no se les pagaba en dinero, sino se les habilitaba enespecies. Esto significaba que su trabajo era retribuido de manera anti-cipada a su labor productiva en forma de mercancas. Es decir, ellosiniciaban su trabajo con una deuda que deban cancelar con el cauchoque recolectaran. Por lo general, a causa de los precios elevados de lasmercancas que reciban o los engaos de los administradores, no logra-ban pagar nunca las deudas contradas. As, una vez incorporados aeste sistema les era imposible salir, quedando enganchados a los centrosproductivos por el resto de sus vidas.

Desde la dcada del 20 se inici un paulatino declive de la produc-cin de goma en Bolivia debido bsicamente a la masiva afluencia del

44 Ley del 23 de febrero de 1878, art. 1 y art. 3 (Anuario, 1881: 42). Se tratabade la Ley de Concesiones de Tierras.

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ltex asitico que satur a precios ms bajos el mercado mundial. En losaos 30 el estado de crisis en el que se encontraba el sector gomero seacrecent, an ms, con la Guerra del Chaco; aunque, mantenindoseen pie debido a que sustituyeron sus exportaciones de goma por la decastaa (Bertholletia excelsa). Finalmente, en los aos 40, con la muertedel mayor empresario boliviano de la goma, Nicols Surez, y con laposterior desaparicin de su empresa (la Casa Surez Hermanos) se cie-rra el ciclo ms importante de la explotacin de este recurso en el pre-sente siglo (Herrera 1998: 35).

Entonces, algunas de sus barracas pasaron a manos de sus ex-trabaja-dores (administradores, capataces) quienes comenzaron a explotar de ma-nera simultnea la goma y la castaa o, tambin, alquilaron aquellas barra-cas que no podan controlar. En todas ellas, los nuevos propietariosreprodujeron el mismo modelo en el que haban estado insertos. Ms ade-lante, como efecto de la aplicacin de la Reforma Agraria de 1953 muchosarrendatarios dejaron de pagar los alquileres y siguieron ocupando los pre-dios de las barracas. Eso tambin provoc que muchos ex-peones se apro-piaran de los lugares donde se hallaban las barracas, mientras que otros sedesplazaron a lugares baldos y formaron comunidades campesinas libres. Sinembargo, no todas estas comunidades lograron estabilizarse y algunas des-aparecieron a causa de condiciones de insalubridad, deterioro de los sue-los, aislamiento y presiones de los grandes propietarios (DHV 1990).

As, en este nuevo contexto que emerge a mediados del siglo XX sepueden distinguir dos tipos de organizaciones de produccin claramentedefinidas y muy articuladas entre s que, con algunas variaciones, hastala actualidad perduran: la barraca gomera/castaera y la comunidadcampesina.

La barraca mixta gomero/castaera hasta fines de los aos 80 alter-naba la explotacin de goma y castaa, para luego, en los 90, centrarsenicamente sobre la recoleccin de castaa. Pero no todas estas barracastenan el mismo modo de organizacin, pues ste dependa del nmerode trabajadores contratados para satisfacer las intenciones productivas,como tambin se hallaba determinado por las posibilidades de diversi-ficacin productiva que lleva a una mayor divisin del trabajo en suinterior (Pacheco 1990a: 9). Dentro del sistema gomero/castaero elsiringuero es el recolector de goma y el zafrero, el recolector de castaa.Quienes oficiaban estas labores procedan de las comunidades campesi-nas o de los centros urbanos de la zona (Riberalta, Cobija, Guayaramern).(Pacheco 1990a: 10-11).

Desde inicios de los aos noventa las barracas de la regin se sus-tentan exclusivamente de la explotacin de la castaa, pues la goma

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perdi todo valor en el mercado, aunque la explotacin maderera tuvotambin una notable importancia y despus de la segunda mitad de lamisma, dcada la explotacin del palmito de asai (Euterpe precatoria), igual-mente fue determinante (pero slo dur hasta fines de la misma dcada).

En la otra forma de organizacin productiva (de las comunidadescampesinas) los pobladores que no cuentan con castaa generalmen-te forman parte de los sectores que van a trabajar en los perodos dela zafra a las barracas; de lo contrario, la explotacin de este recursolo realizan dentro de los predios comunales. En algunos casos, losmiembros de algunas familias que habitan en una comunidad quecarece de rboles de castaa, pueden ir a recolectar a otra donde tie-nen algn pariente y existen rboles de castaa excedentarios. Luegodel perodo de la zafra, estos campesinos subsisten de lo que les re-porta la caza, la pesca, la agricultura, la crianza de animales doms-ticos y la recoleccin.

Si muchas comunidades, desde el momento que nacieron, buscaronlegalizar su situacin frente al Estado, otras tantas han estado dcadassin buscar ningn reconocimiento sobre las reas que ocupaban. Pocaslo lograron, a pesar de intensos trmites que duraron hasta 20 30 aos(Herrera 1998: 35). Frente a esta situacin, en 1972, misioneros Maryknoll,junto a un grupo de laicos decidieron apoyar la titulacin de las tierrasde las comunidades campesinas libres y fortalecer sus capacidadesorganizativas. En 1973, fundaron los Equipos Mviles de Educacin In-tegral Rural (EMEIR) por medio de los cuales buscaron crear sindicatoscampesinos y cooperativas agrcolas. Los sindicatos se constituyeron enalgunas de las organizaciones ms importantes para la distribucin detierras en las comunidades, pero no pudieron conseguir los ttulos depropiedad de las parcelas para sus afiliados.

En suma, el complejo panorama regional actual se puede definir porla articulacin y la sobreposicin de ambos sistemas de produccin (lasbarracas castaeras y las comunidades campesinas), que por un lado secomplementan y por otro se hallan en contradiccin: muchos campesi-nos independientes se ven obligados a habilitarse en ciertas temporadasdel ao o los ciclos productivos de los campesinos en muchos casos de-ben adecuarse a los perodos de la zafra. Tambin, el mismo panoramase ha construido sobre la base de la confrontacin entre la fuerza laboralzafrera y los propietarios de las barracas castaeras. Es decir, est mar-cada por la lucha de los recolectores de castaa por mejores condicionesde trabajo y la legalizacin de las reas que ocupan las comunidadescampesinas y la persistencia de los sectores poderosos regionales pormantener el acceso a grandes extensiones del bosque amaznico.

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As, en esta vorgine de relaciones sociales, polticas y econmicaslos descendientes de aquella poblacin tacana, que apareci en las mi-siones franciscanas de Apolobamba en el siglo XVII, y los descendientesde otras poblaciones indgenas y mestizas que conjuntamente llegaronal norte amaznico en la poca del auge del caucho, transitan como lafuerza productiva del circuito extractivista forestal regional. A los ojoslocales, todo este sector ha sido identificado, desde hace cincuenta aos,como los campesinos de la zona, trmino que ellos tambin siempreutilizaron para definirse. No obstante, en el contexto poltico jurdico delos aos noventa este panorama se vio transformado cuando un seg-mento de esta poblacin comenz a utilizar la categora tnica tacana ydeclar abiertamente ser parte del pueblo indgena tacana. A la parde ello, crearon una organizacin poltica indgena e iniciaron un proce-so de demandas de tierras como tales. A continuacin veremos cmo segest este proceso y cmo ello desemboc en los ltimos aos.

4. La consolidacin de la categora tnica tacanay las expectativas en la Ley INRA

Como hemos sealado, hasta antes de 1990, no era comn hablar delos indgenas tacanas en el norte amaznico del pas. Cuando se hacaalgn tipo de referencia a esta categora, era para sealar a los ancianosy a una que otra persona adulta que hablaba la lengua tacana. Comn-mente se les denominaba hijos de tacanistas (Huamn: 1998:1). Casisiempre los sindicados rehusaban el calificativo de tacana, pues existaun fuerte estigma a todo lo que pudiera asociarse con lo indgena, sin-nimo de brbaro, salvaje o incivilizado. Nadie deseaba ser identificado comotal, ya que ello significaba colocarse en el estamento ms bajo de la es-tratificacin social regional.

Pero este panorama comenz a cambiar ligeramente cuando se con-formaron las primeras organizaciones polticas de los pueblos indge-nas en el oriente del pas, a fines de la dcada de los ochenta. En febrerode 1989, unos cuantos lderes de los pueblos chcobo, ese ejja y cavineo,que haban sido formados por el ILV (Instituto Lingstico de Verano),con el respaldo de algunos miembros de la CIDOB, fundaron el ComitRegional tnico NorOeste Boliviano (CRENOB) en la ciudad de Riberalta.45

45 Debemos hacer notar que la mayor parte de los lderes que participaron enla fundacin del CRENOB fueron capacitados por los misioneros del ILV en

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Aunque ese suceso pas como un acto intrascendente, la aparicin deesta entidad se poda ver como una interpelacin a la sociedad regional.No slo porque un sector se reconoca pblicamente como indgena,sino porque el CRENOB comenz a cuestionar las incursiones y avasalla-mientos que sufran los indgenas en las escasas tierras a las que acce-dan. Los sectores indgenas demostraban la voluntad de convertirse enprotagonistas en una regin que siempre los haba relegado en la tomade decisiones polticas.

Estas determinaciones cobraron mayor envergadura dos aos mstarde, en 1991, cuando decidieron ampliar su cobertura y fundaron laCentral Indgena de la Regin Amaznica de Bolivia (CIRABO), involu-crando as a otros pueblos indgenas (yaminahua, machineri, pacahuaray araona). Al extender su radio de accin esta nueva organizacininvolucr tambin a un nuevo grupo indgena: los tacanas. Santa Rosa,una de las tantas comunidades campesinas de la regin, haba solicita-do su afiliacin a CIRABO como comunidad indgena tacana. La CIRABOacept y asumi la representacin de este grupo tnico, lo que significque por primera vez se reconoca la existencia de un pueblo indgenadel que hasta esa fecha nadie haba reparado en la zona.

Pero la aparicin repentina de los tacanas como un grupo tnico, hastaese momento, se haba dado en un solo sentido, porque involucraba sola-mente a las pocas personas que tomaron la iniciativa de llamarse as y a lanaciente organizacin que los reconoci. Ms all, el nombrarse tacana apa-reca como un hecho marginal, sin mayores repercusiones y sin involucrara ninguna otra comunidad. Muchas comunidades, aunque tambin conta-ban con tacana-hablantes, no secundaron la actitud de Santa Rosa. Lostacanas seguan sin existir ante los ojos de los habitantes de la regin.

Sin embargo, la imperceptible y tenue existencia de lo tacana iba acambiar abruptamente a mediados de 1996. Primero, en septiembre deese ao, un nmero importante de comunidades decide autodefinirsecon esa categora tnica. En un memorial presentado por la CIRABO alInstituto Nacional de Reforma Agraria y al gobierno nacional, se de-manda la titulacin de un rea comn para miembros de los pueblos

los aos 70 con la expresa idea de que posteriormente se desenvolvierancomo lderes de sus pueblos y se conviertan en intermediarios con la socie-dad regional y nacional. La propuesta del ILV buscaba que los nuevos lde-res reemplazaran a los liderazgos locales y tradicionales indgenas, bajo elargumento que stos no tenan la capacidad de enfrentar las nuevas condi-ciones que vivan sus sociedades.

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indgenas tacanas, ese ejjas y cavineos, en calidad de TCO.46 Luego, porla misma poca, un sector de los demandantes particip como represen-tante del pueblo tacana en la marcha indgena que convoc la CIDOB, enlas postrimeras de la promulgacin de la Ley INRA. Ambos sucesos con-solidaron la aislada decisin de la comunidad de Santa Rosa que se pro-dujo en 1990 y definieron un nuevo panorama poltico y tnico en laregin.

Qu es lo que haba ocurrido? Qu haba motivado a un grupo depobladores a adscribirse a una categora tnica de la cual su existencianunca se haba tomado en cuenta en la regin y de la que nadie decaformar parte?

Pensamos que una clave radic en los avances del nuevo ordena-miento jurdico boliviano que reconoca derechos especficos a los ind-genas, especialmente en los campos de la educacin, administracinmunicipal y reas territoriales. Era una expresin local de las nuevasrelaciones sociales generadas por los cambios del contexto nacional.

Este proceso se inici en 1990 y se formaliz en los aos siguientescon las promulgaciones de las leyes de Participacin Popular (1994), deReforma Educativa (1994) y del Servicio Nacional de Reforma Agraria(1996). Todas estas leyes fueron producto de intensas negociaciones en-tre representantes de diferentes instancias del Estado y de la sociedadcivil (cooperacin internacional, ONG y oganizaciones indgenas de todoel pas). Si bien en estas negociaciones los diversos actores sociales delnorte amaznico no jugaron un rol gravitante, los dirigentes de la CIRABOtampoco estuvieron totalmente al margen. A partir de la informacinque obtenan y de la comprensin que tenan de los cambios legislati-vos, transmitan los alcances ms importantes a sus representados.

Lo que concit mayor inters entre los sectores afiliados o cercanosa la CIRABO fue por cierto la Ley INRA. La nueva legislacin agraria abrala posibilidad de que se les reconociera legalmente las reas que ocupa-ban, y esto era fundamental para la mayora de las comunidades. Porello, las negociaciones no slo llamaron la atencin de los sectores afilia-dos a la organizacin indgena, sino tambin de un nmero importantede miembros de las comunidades campesinas.

46 Debemos precisar que el memorial presentado por la CIRABO no lo suscri-bieron oficialmente ninguna de las comunidades que se denominaban tacana.El respaldo que dieron los miembros de estas comunidades a dicho docu-mento se expres a travs de su participacin en la marcha indgena que seprodujo entre agosto y octubre de ese ao.

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Entendemos que la decisin de otras comunidades de identificarsetambin como tacanas siguiendo los pasos de los comuneros de SantaRosa y luego, en 1996, respaldar la demanda de una TCO, se fue gestandode manera paulatina. Pensamos que para que se haya desembocado endicho cambio categorial (de campesinos a indgenas, o ms precisamentea tacanas) intervinieron tres hechos determinantes.

Lo primero es la realizacin del trabajo de campo del Primer CensoIndgena Rural de Tierras Bajas (CIRTN) en el ao 1994. Esta tareafinanciada por la cooperacin sueca, organizada por el Instituto Na-cional de Estadstica (INE), la Subsecretara de Asuntos tnicos (SAE),el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) yavalada por CIDOB, debe tomarse precisamente como uno de los pri-meros avances de las negociaciones entre las organizaciones indge-nas y el Estado, luego de la apertura del gobierno de 1993 al temaindgena. Para efectuar este Censo en el norte amaznico se confor-m una brigada compuesta por cuatro miembros del directorio de laCIRABO, quienes se desplazaron por las comunidades de la reginpara recabar informacin sociodemogrfica de cada uno de sus pue-blos afiliados.

Una de las preguntas centrales de las boletas que deban llenar losempadronadores era: a qu pueblo indgena pertenece?. Esta sor-presiva interrogante, seguramente, llev a muchos de los pobladores delas comunidades visitadas no se sabe con qu criterios fueron seleccio-nadas a considerar por primera vez la posibilidad de tener algn tipode relacin con un grupo tnico. La preocupacin por saber cmo seidentificaban ellos era reflejo de que algo estaba sucediendo en la zona yque sobretodo exista inters de parte de la CIRABO de entablar relacio-nes con quienes se definan como indgenas.47

En segundo lugar, cuando en 1995 se abri una oficina regional de laSubsecretara de Asuntos tnicos (SAE) en la ciudad de Riberalta, la afi-liacin de los tacanas a la CIRABO cobr mucho ms sentido. Esta enti-dad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y con sedes endiferentes lugares del pas, design a un abogado especializado en de-recho agrario para respaldar a los indgenas. Este abogado se hizo cargoentre otras tareas de un programa de apoyo jurdico dirigido exclusi-vamente a las comunidades afiliadas a la CIRABO en casos de conflictos

47 Los resultados del Censo publicados en 1996 sealan que, en los departa-mentos de Beni y Pando, 1949 personas se definieron como tacanas, de lascuales 543 afirmaron hablar el idioma.

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por invasiones de sus reas.48 El respaldo formal que brindaba el Estadoa la CIRABO a travs de dicha oficina permiti fortalecer su rol poltico,no slo ante las propias poblaciones a las que representaba, sino tam-bin ante las diversas instancias del poder local.

Por ltimo, otro acontecimiento tambin importante ocurri en elao 1996 cuando se fund la Unidad de Etnias en la Prefectura del De-partamento de Pando. Esta entidad respald la implementacin de lasreformas polticas que involucraban a las poblaciones indgenas en lajurisdiccin del departamento. Ah se encontraban dispersos cinco delos ocho pueblos afiliados a la CIRABO y dos de los cuatro territoriosindgenas demandados. La Unidad de Etnias dio especial atencin a lacreacin de Distritos Indgenas, de acuerdo a lo que estipulaba la Ley deParticipacin Popular, y apoy los trmites de personeras jurdicas detodas aquellas comunidades que se identificaban indgenas y que bus-caban legalizar su condicin.

As, luego del Censo Indgena y mientras se desenvolvan las activi-dades efectuadas por la SAE y la Prefectura de Pando, el tablero regionalse transform. La presencia de funcionarios pblicos procedentes de LaPaz, de consultores especializados, de dirigentes nacionales indgenas,de asesores polticos y tcnicos de la CIDOB se hizo continua. Adems,entran en la partida entidades no-gubernamentales decididas a respal-dar y apoyar las decisiones de los sectores indgenas. Esos nuevos acto-res multiplicaron los talleres, las reuniones y asambleas con la finalidadde negociar nuevos acuerdos, explicar el marco legal, o implementarproyectos de desarrollo con las comunidades indgenas.

En la regin se viva una situacin totalmente fuera de lo comn.Por las radios se difundan mensajes y convocatorias para que los miem-bros de los pueblos indgenas asistan a talleres o a otros eventos. En elaeropuerto de Riberalta se hacan constantes las llegadas y las despedi-das a dirigentes indgenas que transitaban por todas partes del pas,mientras salan de la misma terminal area vuelos privados para alcan-zar las comunidades indgenas ms distantes donde tambin se realiza-ban eventos organizativos y polticos. Definitivamente, la regin habacambiado. Los indgenas, nuevo punto de atencin de la mirada estatal

48 Una de las expresiones de estas tensiones regionales fue una huelga de ham-bre realizada en Riberalta por una comunidad cavinea que reclamaba elreconocimiento de los ttulos de propiedad de un rea rica en castaa queellos haban comprado con apoyo de una de las iglesias que trabaja en lazona: la Misin Evanglica Suiza.

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y de las instituciones no gubernamentales, aparecieron como actoresconsolidados en la vida cotidiana de Riberalta.

De hecho, esta agitacin tuvo una directa incidencia en las comunida-des campesinas quienes decidieron aprovechar de este contexto favo-rable para ser escuchadas por el Estado y la sociedad civil. Buscaban quese tomara en cuenta uno de sus requerimientos ms preciados: el recono-cimiento de sus reas comunales, ya que las disputas por tierras y recur-sos naturales se haban hecho lgidas por esos aos. Percibieron que eraimprescindible modificar su denominacin socio-econmica por una de-nominacin cultural, tnica. Y este cambio se fue consolidando a medidaque avanz el proceso de solicitud de la TCO. As, la aceptacin estatal dela demanda territorial, en 1996, haba abierto el camino a un proceso queiba a fortalecerse durante los aos posteriores.

En efecto, aparece ahora claro que la adscripcin de un sector im-portante de pobladores del norte amaznico a esta categora est vincu-lada al reconocimiento de la propiedad agraria. La nueva legislacin lespermiti consolidar derechos propietarios que siempre se les haba ne-gado. Afiliarse a la CIRABO y definirse como indgenas era una alterna-tiva para muchas comunidades campesinas que nunca consiguieron susttulos a travs de los trmites anteriores, iniciados en algunos casoshaca ms de cuatro dcadas.

As, el tema tnico, convertido en un aspecto de prioridad para cier-tas instancias del gobierno nacional y regional, a la par del protagonismopoltico que adquira la CIRABO, reformulaba las relaciones asimtricasque histricamente articularon a los distintos sectores sociales que for-maban parte del norte amaznico boliviano. Llamndose indgenas, lossectores hasta ese momento denominados campesinos salan del confi-namiento en el que haban vivido y tenan la posibilidad de convertirseen actores polticos de la escena regional y en propietarios de tierras.Pero adems de familiarizarse con el nuevo marco legal, tuvieron quedesbrozar el prejuicio asociado a la categora indgena y enfrentarse aquienes cuestionaban ese procedimiento.

En realidad, ms all de las peculiaridades que este proceso de cam-bio categorial encierra, ste se produjo como cualquier otro fenmeno deformacin y transformacin de pertenencia identitaria; es decir se desa-rroll a travs de interacciones de respaldo y enfrentamiento, de apoyo ycuestionamiento, de negociaciones y conflictos. Y es que la pertenenciatnica, asunto de mera definicin social, proviene de la interaccin entrela autodefinicin de los miembros y la definicin de los otros grupos. Setrata, entonces, de una relacin dialctica y dinmica.

Los tacanas del norte amaznico no procedieron de manera diferente.

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5. Demarcando y borrando: las fronteras tnicas tacanasy la aplicacin de la Ley INRA

La aceptacin del gobierno de dar curso a la demanda Ese Ejja-Tacana-Cavinea y la adscripcin de un nmero importante de comu-nidades a la categora tnica tacana fueron hechos que se dieron casi demanera simultnea. Ambos acontecimientos, estrechamente articuladose interdependientes, marcaron el inicio de un proceso que en los aosposteriores ira dibujando las fronteras tnicas de los tacana.

Los procesos de adscripcin

La adhesin a la categora tacana tuvo diferentes facetas.Lo primero que habra que sealar es que autodenominarse tacana,

luego de 1996, fue una decisin progresiva que se dio en medio de discusionesinternas entre los integrantes de las comunidades que pasaron a definirsecon la nueva categora

Si comparamos el momento en que la SAE elabor el breve reportesobre las caractersticas ambientales y socioeconmicas del rea deman-dada (Herrera 1997) en donde se seala que 17 eran las comunidadesque se denominaban tacanas, y el Censo efectuado por la CIRABO y CEJIS,en el ao 2000, donde aparecen 25, se evidencia el carcter dinmico deesta adscripcin, intensificndose a medida que fue avanzando el tr-mite de la TCO demandada.

La falta de consenso entre los integrantes de las comunidades parareconocerse como tacanas provino, sobre todo, de aquellos a los que lesresultaba difcil cargar socialmente con el calificativo de indgena. Perotambin las indecisiones se produjeron, como seala un miembro deuna de las ltimas comunidades autodefinidas tacanas (Miraflores), por-que tenan dudas sobre su calidad de indgena y sobre su derecho aafirmarse as:

entonces, sinceramente ha costado mucho, porque usted sabe que a vecesno todos conocemos de dnde hemos venido, entonces no haba una deci-sin, unos decamos de que no debamos de pertenecer, otro decan s, ques, y as, o sea ha habido una lucha pero al final nos dimos cuenta todos queramos originarios todos (C.T.; Miraflores; 10-2001).

En segundo trmino, la adscripcin tuvo una faceta enteramente for-mal. Para acceder a ser tacana era preciso solicitar a CIRABO o a la Orga-

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nizacin Indgena Tacana de la Amazona (OITA)49, a travs de una carta,su incorporacin como miembro afiliado. Estas peticiones eran eva-luadas por los dirigentes de ambas entidades indgenas OITA yCIRABO quienes verificaban si la comunidad realmente exista y siperciban que los comuneros tenan inters de trabajar con ellos. Lle-gado el caso, viajaban hasta la comunidad misma, promovan la con-formacin de una directiva y realizaban el acto de posesin50 de los nue-vos dirigentes, lo que oficialmente reconoca la comunidad solicitantecomo tacana51. Despus, era necesario validar esa aceptacin con lasinstancias oficiales del gobierno departamental, la alcalda y subpre-fectura a quienes se les peda la asignacin de una personera jurdicaque sealara que se trataba de una comunidad indgena. Con estasdos acciones nacieron oficialmente 25 comunidades tacanas entre 1996y 2000. Sin embargo, no todas las comunidades que fueron aceptadascomo tacanas en la CIRABO y en la OITA lograron sus personeras jur-dicas: a algunas de ellas les rechazaron sus solicitudes, como veremosms adelante.

En tercer lugar, la adscripcin signific la creacin y el uso de una seriede marcadores tnicos. Las comunidades que pasaron a denominarsetacanas incorporaron a sus discursos verbales argumentos sobre su per-tenencia tnica. Casi siempre se relacionaron con su pasado, con el ori-gen de sus ancestros, aquellos que llegaron en la poca de la goma. Lalengua fue otro elemento al que tambin se recurri, aunque no siemprepara mostrar su vigencia sino en muchas ocasiones para explicar lascausas de su prdida y para expresar su preocupacin y su deseo derecuperarla. La importancia de la lengua se expresa en una tendencia, alinicio, a elegir dirigentes bilinges.

49 La OITA se fund en la comunidad de Santuario el 18 de julio de 1997 en elmarco de la Primera Asamblea Consultiva que realizaron las 13 comunida-des que respaldaron la Demanda del TIM II, en septiembre del ao anterior.Desde su fundacin, la OITA pas a formar parte de la estructuraorganizativa de la CIRABO y, por medio de sta, de la CIDOB. En la actua-lidad, por el nmero de comunidades a las que representa y por elprotagonismo poltico alcanzado es la base ms importante que tiene laCIRABO.

50 Se denomina acto de posesin a la reunin en la que los dirigentes ind-genas regionales comprometen a los nuevos dirigentes a trabajar con laCIRABO y/o la OITA.

51 Los pasos de este procedimiento nos fueron sealados por uno de nuestrosinformantes, procedente de una de las entidades que asesoraba entonces aCIRABO.

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Por ltimo, la adscripcin involucr solamente a las comunidadesubicadas dentro del rea demandada, a pesar de que otras, fuera de esa rea,compartan caractersticas productivas, culturales y polticas semejan-tes. En ese sentido, los lmites geogrficos de la demanda sirvieron paraindicar los lmites de la pertenencia tnica.

La construccin de las fronteras tnicas

Ahora, si bien las adscripciones permitan delimitar quin era y quinno era tacana, resulta pertinente preguntarse, entonces, en qu circuns-tancias del proceso de aplicacin de la Ley INRA, y de qu manera, estasadscripciones permitieron demarcar las fronteras de lo tacana?

Para entender las peculiaridades de la construccin de la etnicidadtacana debemos acercarnos a aquellas circunstancias que nos permitanver la forma en que la frontera tnica tacana se fue ratificando o resque-brajando, luego que sta emergi con los procesos de adscripcin. En-tonces es necesario detenernos en dos mbitos marcadamente distintosdentro del contexto mismo de la aplicacin de la Ley INRA. Uno de ellosse encuentra definido por todo el espacio social donde interactuaron lostacanas con agentes que no hicieron mayor cuestionamiento a sus dere-chos territoriales como indgenas y ms bien, respaldaron la implemen-tacin del nuevo ordenamiento legal agrario. El otro se estructur a par-tir del emplazamiento que recibieron de sectores del poder regional. Ellosintentaron impugnar los mismos derechos indgenas a la vez que desco-nocieron la categora tnica. Pensamos que ambos mbitos fueron losque definieron las fronteras de lo tacana.

Cuando lo tacana no se encuentra en discusin

El primero de estos mbitos se construy en la relacin que estable-cieron las comunidades con representantes e instancias del Estado y conorganizaciones no gubernamentales involucradas en el reconocimientode las demandas territoriales indgenas. Para estos dos sectores la perte-nencia tnica tena sobre todo un carcter estrictamente legal, razn porla cual se dio especial importancia a la adscripcin de tipo formal. Seasuma que los tacanas eran tales, en tanto los marcos legales vigenteslo establecieran as. No cabe duda que esta visin fue entendida clara-mente por las comunidades que comenzaban a denominarse tacanas.Esto se reflejaba no slo por la persistencia que mostraban en la bsque-da de su reconocimiento legal, sino tambin por la voluntad de confor-mar la Organizacin Indgena Tacana de la Amazona (OITA) que, al igual

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que las comunidades, pugn por la obtencin de su personera jurdica,casi luego de su fundacin en julio de 1997. sta fue otorgada oficial-mente por la Prefectura del Departamento de Pando seis meses des-pus, el dos de diciembre (Resolucin Prefectural N 86/97).

La importancia que daban los tacanas a la legalidad de sus comuni-dades y de su organizacin, tambin tena que ver con su paso por lossindicatos y federaciones campesinas de la regin en donde haban apren-dido que para exigir a las autoridades agrarias la solucin a problemasde injerencia en las reas que ocupaban, era imprescindible contar conalgn tipo de acreditacin oficial. Adems, este mismo criterio prevale-ca en la CIRABO que aos antes haba procedido de forma semejantecuando tramit su correspondiente personera jurdica.

El reconocimiento formal fue lo que convirti a los tacanas en suje-tos de derecho, desde que se comenz el saneamiento hasta la entregade ttulos; es decir desde 1996 hasta el ao 2000. Por ejemplo, para lasONG que apoyaron todo el proceso legal de la demanda, el status oficialque tenan la OITA y la CIRABO las facultaba para avalar ante ellos si unacomunidad era o no era tacana y, por lo tanto, factible de ser respaldadaen las acciones que llevaban en las instancias jurdicas correspondien-tes. Es decir, se dejaba que internamente entre las organizaciones ind-genas y los miembros de las comunidades se pusieran de acuerdo sobreel status tnico que estaban adoptando. De manera semejante las entida-des del Estado, primero la SAE y luego VAIPO y MACPIO, no hacan ma-yor cuestionamiento sobre la condicin tacana de una comunidad, si esque sta era respaldada por ambas organizaciones indgenas.

Tomando como vlido este reconocimiento, se elaboraban y presen-taban mltiples cartas, se firmaban convenios y se daban a conocer pro-nunciamientos pblicos52. Algunos de stos fueron llevados a cabo porlos tacanas, otros fueron elaborados por sus asesores basndose en lo

52 Entre los ms importantes se puede mencionar el Convenio entre la CIRABO,el PRODESIB (Proyecto de Desarrollo Sostenible del Beni), el FONAMA(Fondo Nacional de Medio Ambiente) y el INRA con la finalidad de finan-ciar el proceso de saneamiento, suscrito el 17 de noviembre de 1997. Igual-mente la correspondencia entre la CIRABO y el INRA donde esta ltimainforma sobre cada accin que est siguiendo y la primera expresa su apro-bacin o presenta sus observaciones. Luego estn los pronunciamientospblicos advirtiendo las acciones de fuerza que llevaron a cabo la OITA y laCIRABO y tambin los acuerdos a los que llegaron en estas circunstanciaspara solucionar los conflictos generados. Todo este material se encuentra enel expediente legal de la demanda.

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que ellos queran expresar o lo que los asesores entendan que queranexpresar. La mayor parte de la documentacin que se gener en todo elperiodo que estamos analizando se encuentra en los folios del expe-diente legal de la demanda que abarca ms de 1300 pginas (INRA: Ex-pediente N TCO-0903-0001). Casi en toda esa documentacin no existaningn indicio que pusiera en duda su condicin de indgenas. La co-rrespondencia entre el INRA y los dirigentes indgenas se centr, sobretodo, en puntos tcnicos y jurdicos del proceso de demanda.

Pero adems esto implicaba que el reconocimiento formal a las comu-nidades tacanas estuvo delimitado por el mismo proceso legal de la de-manda. Este hecho significaba que aquellas que no se encontraban en di-cho proceso, no gozaban del mismo reconocimiento, ni existanoficialmente. En ese sentido, el reconocimiento formal tuvo un correlatogeogrfico, pues las comunidades tacanas eran slo aquellas que se ubi-caban en el rea que haba sido demandada y no lo eran las que se halla-ban fuera. Al menos dentro del proceso legal de la demanda no haba mstacanas que los demandantes de la TCO o en todo caso haba la posibilidadque lo fueran si se adscriban a esa categora ante la CIRABO y la OITA,siempre y cuando habitaran dentro de ella.

Dentro de este mismo mbito tambin intervinieron ciertos marca-dores con los cuales se busc remarcar la pertenencia tnica y a la vezmostrar los lmites que los separaban de quienes no eran tacanas. Esto,por ejemplo, lo podemos percibir en el evento de fundacin de la OITA.En dicho acto realizado en la comunidad de Santuario en el que estu-vieron invitados de manera especial abogados y asesores de CIRABO sereunieron dirigentes de 13 comunidades y luego de tres das de debateseligieron como su mximo representante a Teodoro Marupa, originariode la comunidad de Santa Rosa. Teodoro gozaba de gran prestigio entrelos asistentes porque haba motivado a su comunidad a que se afiliara ala CIRABO en 1990 y adems porque su dominio de la lengua tacana erafluido. Tenerlo a l como presidente de la OITA era una especie de res-paldo frente a cualquier cuestionamiento que se pudiera hacer a su con-dicin de tacana. De l nadie poda dudar, pareca ser el mensaje hacaafuera, pues hablaba la lengua tacana. Desde esa perspectiva, quien to-dava mantena el conocimiento del idioma, poda ser presentado comoun sobreviviente y en s mismo un smbolo tnico.

Y es que el papel de la lengua como seal tnica fue vital. Muchosde ellos reiteradamente argumentaron que no hablaban tacana, pues asus padres y abuelos se les haba prohibido su uso cuando los llevaron alas barracas gomeras. Sealaban que por estas presiones se vieron pri-vados de aprenderla y si es que alguno de ellos lleg a conocer algo, por

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las sanciones que recibieron dentro de la escuela, tuvieron que dejar deusarla. De esa manera se explicaba por qu no conocan la lengua tacana.Por ello no resulta casual que, cuando fue posible, manifestaran sus de-seos de volver a aprenderla. En realidad, este deseo de recuperacin lin-gstica estaba muy relacionado con la importancia que daban ellos a lalengua dentro de la construccin de sus fronteras. Es posible que ellotuviera que ver con la necesidad de establecer un marcador tnico quefuera incuestionable por la sociedad regional, donde no se los vean comotacana porque no hablan una lengua propia, como lo hacan el restode poblaciones indgenas afiliadas a la CIRABO53.

Despus, en la fundacin de la OITA, se hizo explcita otra seal quebusc hacer hincapi en la filiacin tnica. A Teodoro se le nombra guarajiy al resto de su junta directiva compuesta por nueve personas se lesdenomina a cada uno eduechidi. Con ello se estaba recurriendo a unasupuesta estructura organizativa poltica tacana que habra existido enel periodo misional en las reducciones franciscanas54. Hay que hacer notarque este acta de fundacin es de mucho valor, ya que ella se presentcomo fundamento de existencia ante las autoridades departamentalescuando solicitaron su personera jurdica.

Por ltimo, encontramos en este mismo contexto el de las relacio-nes con las instituciones involucradas en el reconocimiento de los de-rechos territoriales indgenas la construccin de un discurso verbalsobre los orgenes comunes que tendran los tacanas de la regin. Es-tas referencias se utilizaban cuando acudieron a ellos personas intere-sadas en conocer su pasado por lo general funcionarios estatales, deONG o investigadores con la finalidad de elaborar evaluaciones tcni-cas, de acuerdo a los requerimientos establecidos por la Ley INRA, con

53 Los dems pueblos afiliados a la CIRABO gozan de una gran vitalidadlingstica conocida regionalmente. Es tan fuerte que los ese ejjas, chacobosy araonas han demostrado un elevado nivel de monolingismo en susidiomas.

54 Sobre la organizacin poltica de los tacana que se construy en las reduc-ciones franciscanas (1680-1721), Sondra Wontzel (1987) seala: EnTumupasa y San Jos y en forma recreada tambin en algunas comunida-des ms nuevas se conserva el sistema de autoridades polticas introducidopor los franciscanos con corregidor, cacique, polica y sus (hasta nueve) co-laboradores (huarajes) que son elegidos anualmente en forma democrti-ca entre la poblacin adulta masculina (el corregidor tericamente tiene queser reconocido por el gobierno, o sea el subprefecto de la provincia lo queno siempre ocurre).

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los cuales se deba sustentar la demanda territorial interpuesta55. Eneste discurso aparecieron una serie de elementos reiterativos. Prime-ro, se sostena que sus ancestros procedan del norte paceo y que ha-ban llegado a la regin en el periodo de la goma. Despus, que habantrabajado como siringueros en las barracas gomeras en condicionesinfrahumanas donde se les prohibi hablar la lengua tacana. Por lti-mo, se sealaba que ellos eran tacanas, puesto que sus ancestros tam-bin lo fueron.

Entonces, por lo que se ha visto, podemos sostener que las fronterastnicas que se demarcaron en este contexto se hicieron relevantes encircunstancias polticas concretas; ellos consideraron que era pertinentey necesario remarcarlas con la finalidad de acceder a los derechos terri-toriales establecidos por la Ley INRA. Cuando las comunidades tacanasnecesitaron de una acreditacin formal, ya fuera de las propias organi-zaciones indgenas como de las instancias estatales correspondientes,para ser tomadas como tales, se dibuj una primera lnea demarcatoria.Un segundo trazo fronterizo se estableci cuando el lmite del rea de-mandada separ a las comunidades las de dentro y las de afuera; loque, finalmente, defina la condicin de tacana o no. Por ltimo, en loseventos y en la documentacin que se elabor con la finalidad de conso-lidar sus derechos territoriales se recurri a una serie de marcadores lalengua y el origen comn para delimitar la pertenencia tnica, estable-ciendo as, un tercer lmite.

Sin embargo, la demarcacin de las fronteras tnicas no tuvo la mis-ma intensidad a lo largo del proceso de aplicacin de la Ley. Cuando elproceso de saneamiento se hallaba en curso, los marcadores tnicos fue-ron desapareciendo. En reuniones con funcionarios del INRA o en lasasambleas de la OITA, las negociaciones y los acuerdos eran estrictamentetcnicos. En stas fue dejando de tener sentido sealar la pertenenciatnica, porque ya haba sido reconocida oficialmente.

No obstante, los derechos territoriales empezaron a ser cuestiona-dos por representantes del poder regional. Eso provoc acciones polti-cas con la finalidad expresa de demarcar la pertenencia tnica y consoli-dar los derechos territoriales reconocidos por la Ley. ste es precisamenteel otro mbito al que queremos referirnos. Un mbito marcado por elconflicto y la intensa negociacin poltica.

55 En total se hicieron tres evaluaciones, una preliminar por la SAE en 1997 ydos por el VAIPO; la primera en 1998 y la segunda en 1999.

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Cuando lo tacana es motivo de conflicto

En realidad, desde el momento que se present la demanda, en sep-tiembre de 1996, hasta que se iniciaron las pericias de campo, en agostode 1998, no se produjeron mayores obstculos en los procedimientosestipulados por la Ley. A lo largo de esos dos aos las acciones que seemprendieron no generaron reacciones adversas; no obstante, era deconocimiento pblico que en la regin se estaba haciendo el trmite dela TCO. Probablemente algunos sectores todava no se haban percatadoque sus intereses iban a ser afectados si se titulaba la TCO. Sin embargo,progresivamente la situacin fue cambiando.

Las primeras reacciones se produjeron cuando las brigadas del INRA,en compaa de algunos representantes de la OITA,56 iniciaron el recorri-do del rea de la demanda con la finalidad de identificar y mensurar laspropiedades particulares ubicadas dentro de la TCO. Con la informa-cin recabada en el campo, el INRA deba determinar la validez jurdicade todos aquellos predios que no se reconocan como indgenas y esta-blecer la superficie real que sus propietarios ocupaban y utilizaban. Esms, el INRA tena la potestad de revocar los supuestos derechos propie-tarios a todos aquellos que no lograran demostrar legalmente la pose-sin de las reas que sealaban que ocupaban. Entonces, lo que se viovenir fue una reduccin de las superficies de las propiedades privadas oel desconocimiento de aquellos que ocupaban reas de manera ilegal.Estos sectores fueron los que iniciaron un cuestionamiento a las laboresdel INRA y buscaron invalidar su trabajo.

Fue sobre todo uno de los representantes ms importante de losempresarios castaeros de la regin quien busc desacreditar la labordel INRA. Lo hizo reiteradamente al no hacerse presente a las llamadaspblicas para que sustente el derecho propietario de una de las variasreas que ocupaba. Segn lo que se tena establecido, si un supuesto

56 Cuando el 25 de febrero de 1998 se inici formalmente el saneamiento de laTCO, la expectativa haba crecido y los dirigentes de cada uno de los trespueblos manifestaron la voluntad de dar seguimiento a las labores que es-taban por venir. El INRA acept la iniciativa de los indgenas y el PRODESIBdestin recursos econmicos para que la labor de esas personas sea remu-nerada. El equipo en un inicio conformado por cuatro personas se redujoslo a dos, los otros abandonaron el trabajo que se les haba encomendado.Cabe remarcar que los dos que se quedaron fueron tacanas, quienes acom-paaron todo el trabajo de las Pericias de Campo. La presencia de estos dostcnicos indgenas permiti fiscalizar las labores que desempeaba el INRA.

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propietario no lograba sustentar lo que aduca suyo, entonces el reaque argumentaba como propia se reverta al Estado en calidad de tierrafiscal. Cuando esta persona repar en este riesgo, pidi de maneraextempornea que las brigadas del INRA fueran a su propiedad. Su peti-cin fue aceptada por el INRA, pero la CIRABO la rechaz sosteniendo elcarcter ilegal de la visita. A pesar de esta oposicin, las brigadas vol-vieron al campo a medir la propiedad en pugna, pero un grupo de po-bladores del lugar, en coordinacin con la CIRABO, decidi confiscar to-dos los aparatos de medicin que llevaban consigo los topgrafos delINRA. Los pobladores sostuvieron que ellos tenan derecho sobre la pro-piedad puesto que habitaban en esa zona ms de treinta aos, y ade-ms, ese predio se encontraba abandonado. Finalmente, adujeron queles corresponda el rea por ser afiliados a la CIRABO y ser tacanas.

Los diferendos entre los miembros de la CIRABO, sus asesores, lospobladores del lugar y el empresario se tornaron en un tema de disputaregional e inclusive fue motivo de ms de una nota periodstica en algu-nos diarios de La Paz. Un alto representante de la iglesia local asumiuna postura de defensa a los comuneros y fustig duramente la posturadel empresario. Eso le vali una elocuente carta de este ltimo en la cualsustent la inexistencia de los tacana en la regin y acus de impostoresa aquellos que utilizan el apelativo de indgenas:

De qu indgenas me estn hablando? Por si no lo sabe, Monseor, casitoda la gente que trabajaba con la empresa Braillard, despus Seiler y final-mente Hecker, fue gente que tramos desde Apolo, Ixiamas, Tumupasa,Reyes, Rurrenabaque y de varias comunidades a lo largo del Ro Beni hastaPuerto Linares. [...] Todos los hombres que trajimos de Caupolicn tenanderecho al pasaje de retorno una vez que paguen sus anticipos. Muy pocosretornaron. Hablo en plural porque no me escondo de lo que hicieron mipadre y mi abuelo, lo reconozco y acepto.A excepcin de los pueblos indgenas que los curas pudieron evangelizar,entre ellos Puerto Cavinas sobre el ro Beni, todos los dems salvajes quevivan en los ros navegables fueron exterminados una vez que lleg el riflede repeticin, pues con esta tremenda arma el hombre blanco gan su-premaca y gracias a ella pudo prcticamente exterminar a todas las tribus.Antes de este nuevo invento la ventaja era del salvaje (F: H. Carta al Vicariatode Pando, 03-2000).

El temor de los sectores empresariales de la regin, de perder el ac-ceso a las reas que haban usufructuado desde el inicio de la explota-cin cauchera, explica su soslayo a la afirmacin tnica de los comune-ros. Este sector puso en duda la pertenencia tnica de los demandantes

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para ignorar sus derechos territoriales. Era la estrategia ms directa quelos empresarios tenan para garantizar lo que afirmaban eran sus dere-chos propietarios.

Este acontecimiento tuvo repercusiones en distintas instancias delpoder local, como en los municipios, especialmente en el de Riberalta, yen la sub-prefectura de la provincia Vaca Diez que eran controlados porlos propios terratenie

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