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Carlos de la Torre**

Este artículo discute las posibilidades deconstruir ciudadanías en un contexto institu-cional y cultural poco propicio para el efecto,a partir del análisis de las demandas de losmovimientos indígena y afroecuatoriano a lasociedad y al Estado. Si bien los movimientosétnicos han tenido un profundo impacto de-mocratizador e innovador, muchas de sus de-mandas y prácticas se basan en el legado cul-tural e institucional con el que otros grupossubalternos negociaron prebendas y privile-gios con el Estado. Parecería que la incorpo-ración de los indígenas y de los afroecuatoria-nos no se basa tanto en la creación de ciuda-danías nuevas, como en relaciones paternalis-tas, en su búsqueda de inserción en nuevospactos corporatistas, y en la resignificación dela noción populista de “pueblo”. El artículotiene tres secciones: la primera, analiza la in-corporación corporatista de diferentes gruposal Estado. La segunda, estudia los legados del

populismo, como discurso y forma de enten-der la democracia en los eventos que culmi-naron en el golpe de Estado del 21 de enerodel 2000. La tercera sección analiza la culturapolítica de quienes son discriminados por suraza y etnicidad a través de sus respuestas co-tidianas al racismo.

El corporatismo

Marx escribió, “la tradición de todas las gene-raciones muertas oprime como una pesadillael cerebro de los vivos” (1951: 224). Así, losintentos de los grupos y asociaciones negraspor organizarse como un movimiento social,y gran parte de las demandas del movimientoindígena se basan en las tradiciones corpora-tista y populista del proceso de incorporaciónde los sectores populares al Estado. Las discu-siones sobre el corporatismo latinoamericanode los años 70 dejaron en claro que a este te-ma había que verlo como una serie de estruc-turas que organizan la relación entre la socie-dad civil y el Estado. En el corporatismo, elEstado “crea grupos de interés, intenta regu-lar su número y les da la apariencia de tenerun cuasimonopolio representacional con pre-rrogativas especiales. A cambio de estas pre-rrogativas y monopolios, el Estado demandael derecho de monitorear a los grupos repre-sentados” (Stepan 1978: 46).

El Estado ecuatoriano ha sido el marco dereferencia en las luchas por recursos y preben-

Movimientos étnicos y cultura política en Ecuador*

* Se presentaron versiones de este trabajo la reunión delLatin American Studies Association, WashingtonD.C., septiembre del 2001 y en FLACSO-Ecuador endiciembre del 2001. Agradezco a los participantes enestas conferencias y en especial a Carmen Martínez,Francisco Rhon, Manuel Alcántara y Flavia Freiden-berg por sus comentarios y sugerencias.

** Profesor de Sociología en el Departamento de Socio-logía y Antropología de Northeastern University Bos-ton. Autor de Populist Seduction in Latin America. At-hens: Ohio University Press, 2000 y Afroquiteños:Ciudadanía y Racismo. Quito: CAAP, 2002.

das de diferentes grupos corporativamenteconstituidos (León 1991, 1994, 1997). Así,en los años 30 se reglamentó que los gruposempresariales pertenecieran a las Cámaras deAgricultura, Comercio o Industria (Conag-han 1988: 85). El Estado no sólo organizó alos grupos hegemónicos de poder, éstos vie-ron en él un botín y un garante de sus prerro-gativas y privilegios, a tal grado, que en pala-bras de Fernando Bustamante (2000: 44), “lareproducción de buena parte del sector em-presarial se ha basado en una compleja mara-ña de subsidios, protecciones arancelarias,prebendas y rentas políticamente generadas.”Éste fue también el mecanismo a través delcual el Estado incorporó a los diferentes sec-tores populares. Éstos negociaron recursos yprebendas, en su calidad de trabajadores pú-blicos, obreros sindicalizados y, a partir delúltimo retorno a la democracia, durante elgobierno de Roldós-Hurtado (1979-84), elpacto corporatista se amplió a los grupos pre-viamente excluidos de él como las mujeres,los pobladores urbanos, los campesinos y losindígenas (León 1997).

El legado de esta tradición corporatista ypopulista consiste en que si un ciudadano co-mún no pertenece a un grupo organizado,que es o busca ser reconocido por el Estado,es invisible, está solo y aislado. Para que unconjunto de personas que comparte un pro-blema o una condición social, sea reconocidocomo interlocutor por parte del Estado tieneque conformarse como grupo y exigir que selo reconozca. Por esto, las prácticas corporati-vas del Estado, promueven por un lado, la or-ganización social: se otorgan incentivos paraque diferentes grupos se organicen y puedanacceder a recursos y prebendas estatales; porotro, también se reconoce a los representantesy portavoces de los diferentes grupos organi-zados con quienes se negocia la transferenciade recursos y además, como lo anota JorgeLeón (1991: 377; 1997: 36), se promueve lamovilidad social de los líderes de estos gruposal incorporarlos a las estructuras estatales co-mo empleados y consultores.

Cuando el Estado otorga incentivos para

que las demandas sociales se canalicen a tra-vés de negociaciones con grupos particulares,intenta regular y normalizar la protesta social.Algunas formas de protesta son vistas comomás aceptables y son premiadas con la res-puesta estatal favorable, mientras que otrasno sólo no tienen posibilidades realistas deéxito sino que también pueden ser reprimi-das. Al incorporar a los líderes de las diferen-tes organizaciones sociales al Estado tambiénse regula la protesta pues los intereses de mu-chos líderes obedecen, a veces, más a sus ne-cesidades de movilidad social que a las de-mandas de las bases. Es así como en muchoscasos al acceder a puestos estatales los líderesson cooptados por el aparato estatal.

El Estado se vuelve referente esencial de laprotesta social y es visto como el árbitro delos conflictos y como la fuente de recursos pa-ra los grupos específicos. Su capacidad de ne-gociar las demandas de los diferentes gruposdepende de sus recursos fiscales. Es interesan-te que pese a la crisis fiscal del Estado ecuato-riano que empieza en los años 80, los nuevosgrupos corporativos como las mujeres, los in-dígenas y los afroecuatorianos negocian losrecursos que son entregados al Estado por or-ganismos internacionales. El Banco Mundialcomprometió 40 millones de dólares paraproyectos de desarrollo de los indígenas y de

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los afroecuatorianos por 4 años (Hoy, 8 de fe-brero, 2001). Algunos estados europeos comoHolanda, Bélgica y Dinamarca incluyeronpolíticas específicas para los grupos indígenasen sus programas de cooperación para el de-sarrollo (Dandler 1999: 127), y diferentesONG europeas y norteamericanas entreganfondos para la “cuestión étnica”.

A través de la Confederación de Naciona-lidades Indígenas del Ecuador -CONAIE-, elmovimiento indígena se ha constituido en unnuevo grupo corporativo, integrado al Esta-do. Los indígenas han articulado demandasétnicas como la alfabetización en kichwa yshuar durante el gobierno de Osvaldo Hurta-do 1981-1984; la educación bilingüe que fueorganizada a través de la CONAIE durante elgobierno de Rodrigo Borja 1988-1992, y loscambios constitucionales que reconocen elcarácter pluricultural y plurinacional delEcuador en la nueva Constitución de 1998,con propuestas que canalizan recursos tantointernacionales como estatales para el desa-rrollo, a través de las organizaciones indíge-nas. Además, desde el primer levantamientode 1990, los indígenas han incorporado de-mandas generales que trascienden a sus inte-reses corporativos étnicos, como el caso de losplanteamientos que cuestionan las políticasde ajuste estructural, de eliminación de subsi-dios a la luz eléctrica o del gas para uso do-méstico y, recientemente, la adopción del dó-lar como la nueva moneda nacional. Las de-mandas indígenas han sido exitosas al cam-biar la imagen de la identidad nacional demestiza a plurinacional; al cuestionar las per-cepciones racistas de pasividad y falta de inte-ligencia de los indígenas, algunos de los cua-les ocupan en la actualidad, altos cargos polí-ticos y públicos, y al incorporar a una partede la intelectualidad indígena al Estado, co-mo representante de su grupo y como inter-mediaria entre éste y el Estado.

Los afroecuatorianos son un nuevo grupoque busca incorporarse al Estado. El interés delos líderes del movimiento negro de ser reco-nocidos como grupo corporativo coincide conel interés del Estado y del Banco Mundial de

consolidar un movimiento negro unitario conquien se pueda negociar, pues no les convieneque existan varios líderes que dicen represen-tar a los afroecuatorianos. El Estado ha tenidoun papel activo en la promoción de una orga-nización unitaria de los afroecuatorianos. Du-rante el gobierno de Fabián Alarcón (febrero1997- agosto 1998), se promovió la creacióndel Plan Nacional de Derechos Humanos delEcuador que incluye propuestas específicas so-bre los derechos colectivos de los pueblos ne-gros. Entre éstas se incluye la de “fortalecer yconsolidar el movimiento afroecuatoriano”(Chiriboga Zambrano y Darlic Mardesic1999: 14). El gobierno de Jamil Mahuad aus-pició, según reporta la prensa, el Primer Con-greso Nacional de Negros en marzo de 1999,en este escenario se conforma la Confedera-ción Nacional Afroecuatoriana -CNA-.

El Estado no sólo ayuda a consolidar unmovimiento unitario que aglutina a los negrosde la sierra y costa, también negocia con los lí-deres negros la creación de organismos estata-les que les canalicen recursos. Luego del falli-do intento del gobierno de Abdalá Bucaram(agosto 1996-febrero 1997) de organizar elMinisterio Étnico, durante el gobierno de Fa-bián Alarcón (febrero 1997- agosto 1998) secrea el Consejo para el Desarrollo de los Pue-blos Indios y Negros -CONPLADEIN-. Esteorganismo que incluía a indígenas y negros, sefragmentó por las rivalidades que surgieronentre estos grupos en torno a cómo adminis-trar los recursos del Programa de Desarrollode los Pueblos Indígenas y Negros del Ecua-dor -PRODEPINE-, financiado por el BancoMundial. Los indígenas formaron el Consejode Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblosdel Ecuador -CODENPE- y los negros, laCorporación de Desarrollo Afroecuatoriano -DAE-, para canalizar los recursos del PRO-DEPINE (“El Universo”, 28 mayo, 2000).

Es interesante anotar que la propuesta quemás publicidad ha tenido es la de creación decomarcas y palenques negros, sobre todo elplanteamiento de crear “La Gran Comarca delNorte” en los cantones Eloy Alfaro y San Lo-renzo de la provincia de Esmeraldas (Consejo

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de Palenques 1999, 2000; Halpern y Twine2000). La Gran Comarca, que incluiría a ne-gros y a indígenas del norte de Esmeraldas, lesbrindaría un “territorio propio” para “afianzarnuestra identidad étnica y cultural y mante-nernos [...] como pueblo culturalmente dife-renciado”, tener “poder político-administrati-vo y representación en el Estado”, “adminis-trar, manejar y usar de manera sosteniblenuestros recursos naturales” y “tener participa-ción directa en la elaboración, ejecución y ad-ministración de los proyectos de desarrollo”(Consejo de Palenques 1999: 6-8).

Al igual que en otros países de la regióncomo Colombia (Wade 1998), estas propues-tas ilustran un proceso de “relocalización de la‘negritud’ en estructuras de alteridad que ca-da vez se parecen más a la ‘indianidad’” (Wa-de 1997: 37). El que muchas organizacionesy movimientos negros presenten sus deman-das al Estado como si fueran indígenas se ex-plica, según Peter Wade, por la forma en laque el Estado construyó las categorías “negro”e “indígena” y por los éxitos de las demandasde los movimientos indígenas a los estadosnacionales en las últimas dos décadas.

Los estados latinoamericanos, desde laépoca colonial, han construido a los indíge-nas como personas con una cultura diferente,que necesitan de un trato especial y con obli-gaciones específicas ante el Estado. Así, la ca-tegoría de indio fue una construcción admi-nistrativa colonial que reguló el pago del tri-buto indígena hasta el siglo XIX (en el Ecua-dor hasta 1857). Según Wade, desde los años20 y 30 las políticas estatales indigenistas querescataban el glorioso pasado de las civiliza-ciones prehispánicas en museos, monumen-

tos, en el arte y la literatura se basaron en po-líticas estatales que suponían la necesidad delos indios de un reconocimiento especial. Losantropólogos y sociólogos también estudia-ron a los indígenas como un grupo con unacultura específica que se manifiesta en prácti-cas tales como la reciprocidad y la comuni-dad, supuestamente diferentes de las prácticasculturales del resto de la población.

Los descendientes de los esclavos africanosno tuvieron, con las excepciones de Cuba yBrasil (Wade 1997: 33), un reconocimientoespecial o positivo por parte del Estado. Fue-ron vistos como ciudadanos normales o fue-ron invisibilizados en sus países. En todo ca-so, a diferencia de los indígenas, no fueroninstitucionalizados como “otros” que teníannecesidad de políticas estatales específicas.Recién en los años 90 se crean políticas esta-tales específicas para los afroecuatorianos, vis-tos como un grupo con una cultura diferentey necesidades particulares.

Al ser construidos por el Estado, por loscientíficos sociales y por las iglesias como unacultura diferente, con necesidades propias, yal existir toda una tradición de políticas esta-tales específicas para los indígenas fue más fá-cil que se crearan más organizaciones e iden-tidades indígenas que negras, pues como lodemuestra Anthony Marx (1998), para que secreen identidades raciales y étnicas es funda-mental que el Estado categorice a la pobla-ción con políticas que diferencien a los distin-tos grupos étnicos. Las políticas estatales tam-bién facilitaron el proceso organizativo dequienes fueron construidos como grupos ét-nicos o raciales diferentes. Como resultado deesta tradición estatista, las demandas indíge-

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…pese a su impacto democratizador… parecería que la incorporación delos indígenas y de los afroecuatorianos no se basa tanto en la creación deciudadanías nuevas, como en relaciones paternalistas, en su búsqueda de

inserción en nuevos pactos corporatistas y en la resignificación de lanoción populista de "pueblo"

nas fueron atendidas por los estados latinoa-mericanos. En los años 90, en varios países selograron reformas constitucionales que seña-lan el carácter pluricultural o plurinacional delas naciones, que reconocen sus “territoriosancestrales” a los indígenas y se crean políti-cas específicas de educación bilingüe, de res-cate de la medicina tradicional y de respeto elderecho consuetudinario en las comunidadesindígenas, entre otras.

Debido al éxito de ciertas demandas de losmovimientos indígenas, algunos afrolatinoa-mericanos en Colombia (Wade 1998) yEcuador están siguiendo este patrón para ne-gociar con el Estado. Frente a éste y a los or-ganismos internacionales se presentan comoportadores de una cultura diferente que ocu-pa un territorio ancestral y demandan se le re-conozca su territorio, se les otorgue recursospara rescatar y afianzar su cultura y sus for-mas de organización económica, y para de-fender sus territorios de la penetración de lasempresas capitalistas que los desplazan. Esimportante anotar que tanto las demandas in-dígenas como las de los afroecuatorianos sebasan en la Convención N° 169 de 1989, dela Organización Internacional del Trabajo -OIT-. Este instrumento internacional sobrelos derechos de los pueblos indígenas estipulael derecho a la autoidentificación de diferen-

tes grupos como indígenas, su derecho a de-cidir sus prioridades de desarrollo y a contro-larlo, la urgencia de que sus territorios ances-trales sean respetados y a que se reconozca ala medicina tradicional, así como aquel refe-rido a retener “sus costumbres e instituciones,incluyendo los métodos tradicionales para re-solver conflictos y ofensas de los miembros delas comunidades, siempre y cuando no seanincompatibles con los derechos fundamenta-les estipulados por el Derecho nacional e in-ternacional” (Dandler 1999: 121).

Los proyectos de constituir palenques y co-marcas, por un lado, como lo reconocen Hal-pern y Twine (2000), son parte de la resisten-cia de las comunidades rurales de esta zona aldespojo de sus tierras por parte de empresascapitalistas camaroneras, madereras y deagroexportación. Un problema que presentaeste proyecto radica en que asume que no hayconflictos entre indígenas y afroaecuatorianosen el norte de Esmeraldas, entre tanto las et-nografías de Norman Whitten sobre esta zonapresentan una visión menos idílica, pues de-muestran que los indígenas ven con recelo quegrupos cada vez más numerosos de afroecua-torianos se asienten en sus territorios, tampo-co ven con buenos ojos las uniones entrehombres negros y mujeres indígenas (1974:51). Las zonas donde se propone crear palen-ques tienen altos índices de pobreza y no que-da claro si estos palenques pudiesen convertir-se en reservas negras, tipo reservaciones indí-genas estadounidenses, en los lugares más po-bres y marginados de la sociedad.

En todo caso, y pese a los problemas quepresenta el proyecto de constitución de pa-lenques y comarcas, esta propuesta ilustra elpatrón corporatista con el que los grupos su-balternos negocian con el Estado. Las comar-cas y palenques permitirán que algunas orga-nizaciones de afroecuatorianos manejen re-cursos estatales e internacionales para proyec-tos de desarrollo. La administración de estosproyectos, la elaboración de políticas etnoe-ducativas, el rescate de las tradiciones permi-tirán que algunos líderes e intelectuales ne-gros accedan a puestos de trabajo estatales o

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cuasiestatales y manejen recursos económi-cos. La movilidad social de algunos líderes secomplementaría con su reconocimiento co-mo interlocutores ante el Estado. El ser lídero representante del “pueblo negro” dota deuna serie de privilegios económicos y de sta-tus social.

Además, para que estos líderes representena los negros deben establecer activa y conti-nuamente las diferencias entre los negros y losotros grupos. Por esto se rescatan y se creantradiciones en todo tipo de manifestacióncultural como la música, la poesía, la medici-na tradicional, entre otras, y “las formas an-cestrales para resolver conflictos internos”(Consejo de Palenques 2000: 25). Como loanota Charles Tilly (1998: 61-62), “los líde-res de los grupos étnicos muchas veces ad-quieren un interés en mantener las distincio-nes o diferencias entre las clases dominantes ysus seguidores; se vuelven partidarios de laeducación bilingüe, de instituciones cultura-les diferentes y de la protección legal de cate-gorías” étnicas. Por esto estos líderes buscanpreservar e incrementar las distinciones cate-góricas entre los afroecuatorianos y los otrosgrupos étnicos. El que a corto y mediano pla-zo esta búsqueda de la diferencia contribuya ono a reducir la desigualdad social entre negrosy no negros es una pregunta abierta cuya res-puesta dependerá de que los palenques y co-marcas se vuelvan reservaciones desde las cua-les los sectores marginados de la sociedad ad-ministren la pobreza de sus regiones exclui-das, o de que exista un verdadero interés delEstado por otorgar recursos para desarrollarestas áreas.

Es interesante anotar que algunos líderesdel movimiento afroecuatoriano aceptan lasvisiones dominantes en torno a que la verda-dera negritud se expresa en las áreas rurales,tal vez debido a la búsqueda de espacios te-rritoriales desde los cuales negociar con el Es-tado, estrategia que dio buenos resultados alas organizaciones indígenas de la amazonía.Estas visiones del negro como campesinocontribuyen a que los negros no sean vistosen sus realidades actual y futura, es decir co-

mo habitantes negros de ciudades en las cua-les se los discrimina y se los relega a las ocu-paciones más humildes. Es interesante anotarademás, que estas propuestas de volver alcampo se basan en visiones urbanas de lo ru-ral, que lo idealizan como área donde su-puestamente se asienta la cultura negra an-cestral. Ésta es vista como una serie de prác-ticas y creencias tradicionales específicas quecomparten todos los afroecuatorianos queexisten sin conflictos internos, y desconocelos problemas de pobreza y las historias deexplotación de estas regiones.

La búsqueda por parte de los líderes delmovimiento afro de la verdadera cultura ne-gra, que determinaría lo que significa ser ne-gra o negro, tiene implicaciones autoritarias.¿Quién tiene la autoridad para dictaminarqué significa ser negro o negra? ¿Quién seráincluido o excluido de la verdadera negritud?Si como se anotó, para ser verdaderamentenegro hay que pertenecer a las áreas ancestra-les donde históricamente ha existido la negri-tud, ¿qué hacer con los negros de la ciudad?Por último, Norman Whitten (1974) de-muestra que las relaciones de género no sonigualitarias dentro de las comunidades negrasdel norte de Esmeraldas. ¿Es apropiado y li-berador que se busquen formas tradicionalesde resolver conflictos y formas de “poder yautoridad ancestrales” que relegan a las muje-res a un rol secundario?

El “pueblo” y el populismo

Una vez que “el pueblo” es una construccióndiscursiva más que una realidad sociológicaevidente y que “es una palabra cuyo significa-do tiene tantos matices como aplicacionestiene el término” (Samuel 1984: 23), es im-portante analizar los usos de esta noción porparte de los políticos y de las organizacionessociales que dicen encarnarlo. A continua-ción, hago un resumen bastante escueto delos avatares que ha sufrido este término desdelos años 30 y 40 en que emerge el populismocon José María Velasco Ibarra, hasta los usos

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que se dan de esta categoría, por parte de al-gunos líderes del movimiento indígena.

Para Velasco Ibarra, en los años 30 y 40,“el pueblo” fue una construcción política. És-te se enfrentaba a la oligarquía que usufruc-tuaba del poder a través del fraude electoral.El discurso velasquista tuvo gran eficacia,pues la mayoría de sectores organizados de lasociedad veían a la política como la arenadonde se constituía el poder de la sociedad.Como se evidenció en “La Gloriosa” con lasinsurrecciones militar-populares del 28 y 29de mayo de 1944 en contra de un presidenteliberal, la lucha política entre la oligarquía li-beral y el pueblo velasquista fue moral y abar-có todos los aspectos de la sociedad. Además,esta articulación de lo popular excluía a quie-nes no podían votar e imaginaba al Ecuadorcomo un país de ciudadanos blancos y mesti-zos en el que los indios y los negros estabanfuera de la política.

A partir de la fundación de Concentraciónde Fuerzas Populares -CFP- realizada porCarlos Guevara Moreno en 1949, los térmi-nos “pueblo” y “oligarquía” adquieren, cadavez con mayor fuerza, un contenido social. Eltérmino profundamente ambiguo y poco es-pecífico de “pueblo” incluyó a los pobres, alos trabajadores del sector informal de la eco-nomía, a los marginados y a los excluidos.Obviamente, estos cambios en el sentido dela palabra “pueblo” reflejan el incremento delnúmero de pobres que trabaja en el sector in-formal y que vive en las ciudades en condicio-nes de exclusión. Las elecciones de 1996, enlas que ganó el candidato del Partido Roldo-sista Ecuatoriano -PRE- Abdalá Bucaram, de-muestran cómo la oposición entre la “gente

bien” y los excluidos abarca todos los ámbitosde la sociedad.

El discurso de Abdalá Bucaram articuló lalucha entre el pueblo y la oligarquía comouna confrontación antagónica y moral predo-minantemente simbólica y cultural. Bucaramno cuestionó las bases económicas de la do-minación, pues dijo creer que el mercado ca-pitalista iba a democratizar la sociedad aca-bando con los privilegios estamentales y losmonopolios de los empresarios de la oligar-quía tradicional. Su discurso apuntó, másbien, al reconocimiento de formas de ser y devivir que dijo eran características de las perso-nas comunes y que se diferenciaban de las delos “aniñados.” Así, “el pueblo” de Bucaramse distinguió de la oligarquía por lo que el lí-der dijo son su manera de vestir, lenguaje,gusto culinario y formas de masculinidad. Es-ta confrontación discursiva incluyó dentro dela categoría “pueblo”, a grupos tan disímilescomo las elites empresariales marginales deorigen libanés de Guayaquil -vistas por las eli-tes tradicionales como contrabandistas-, has-ta los más pobres y excluidos.

El peso de las tradiciones políticas populis-tas, que se basan en la articulación discursivade lo que diferentes líderes consideran como“lo popular”, ha influido para que las diferen-tes organizaciones sociales que buscan nego-ciar sus prebendas específicas con el Estado,recurran a este discurso y a esta retórica pre-sentándose como la encarnación del “verdade-ro pueblo ecuatoriano”. Así, cuando los sindi-catos obreros, por ejemplo, negociaron sus ne-cesidades específicas de forma corporativa conel Estado, dijeron “representar y encarnar losanhelos y aspiraciones de todo el pueblo”. Ya

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dossier Los apelativos e invocaciones a los grupos subalternos como "el pueblo"han ido acompañados por movimientos que han concebido que la

democracia no debe basarse en el respeto a una normativa y a una seriede procedimientos y reglas de juego… más bien, es vista como una forma

directa de participación popular…

que el pueblo no se puede autorepresentar yautoconstituir, pues no está ahí como un datoempírico sino que es una relación de posicio-nalidades discursivamente construida siemprese necesita de expertos o de elites que expre-sen, articulen, descubran y glorifiquen lo queellos consideran como “lo popular”. Esta bús-queda del pueblo, no sólo legitima a quienesse autoproclaman como sus portavoces y suencarnación, también se basa en la exclusiónde quienes no son pensados dentro del campode lo popular y que, por lo tanto, o son partedel bloque en el poder o no existen en el ima-ginario y discurso políticos.

Así, los indígenas y los negros no fueronparte de la construcción discursiva “pueblo”articulada por Velasco Ibarra, ni estuvieronpresentes en la construcción del “pueblo” querealizaron los sindicatos obreros de inspira-ción marxista o democratacristiana.

Parece ser que el concepto de “pueblo”usado por los líderes indígenas se ha transfor-mado en esta última década. Cuando la CO-NAIE irrumpió en la esfera pública con el le-vantamiento indígena de 1990 los líderes di-jeron ser “pueblos o nacionalidades indígenasque buscaban una ciudadanía que los recono-ciera como ciudadanos diferentes” (León1994). Cuando algunos líderes de la CO-NAIE se tomaron el Congreso el 21 de enerodel 2000, el presidente de esta organizaciónAntonio Vargas, articuló una noción de pue-blo diferente cuando dijo “el pueblo ecuato-riano ha triunfado” (“El Comercio” 22 deenero, 2000). Según este líder “el pueblo” se-rían quienes ocuparon el Congreso, es decir,los indígenas y los militares liderados por elCoronel Lucio Gutiérrez quien también in-cluyó a los indígenas dentro de esta categoría:“hoy el pueblo ecuatoriano ha tomado la de-cisión de refundar el país” (Ibid).

Los apelativos e invocaciones a los grupossubalternos como “el pueblo”, han ido acom-pañados por movimientos que han concebidoque la democracia no debe basarse en el respe-to a una normativa y a una serie de procedi-mientos y reglas de juego. La democracia, másbien, es vista como una forma directa de par-

ticipación popular, como la ocupación de es-pacios públicos, la aclamación de líderes y laschiflas e insultos a los oponentes. Por esto lapolítica populista se basa en la constante acla-mación y legitimación plebiscitaria del líder.La política populista sólo puede tener políti-cos que encarnen los “buenos” valores popula-res o sus rivales vistos como enemigos del pue-blo. Los políticos se convierten en ventrílo-cuos que hablan en nombre del pueblo, dicenpersonificarlo y lo constituyen como pueblo.Esta categoría se transforma en un principiode legitimidad del poder bastante ambiguo.Por un lado, los políticos tienen que personi-ficarlo, constituirlo y mimarlo. Por ello, or-questan manifestaciones y mítines para de-mostrar y escenificar la voluntad popular ytambién distribuyen recursos y prebendas pa-ra su pueblo. Pero, por otro, la voluntad po-pular sólo es pensada como un dato moral-éti-co homogéneo que no admite divergencias,contradicciones o variaciones. Esta apropia-ción del poder político en nombre de los inte-reses del pueblo, que los políticos dicen encar-nar, lleva a los peligros del autoritarismo po-pulista. Así, quienes se autoproclaman comosu encarnación se sitúan más allá del respeto alas normas y procedimientos de la democracialiberal, que son vistas como obstáculos paraconseguir las verdaderas aspiraciones del pue-blo que, por supuesto, son construidas deacuerdo a los caprichos de los líderes.

Las acciones colectivas del 21 de enero del2000, que terminaron en el derrocamiento delpresidente Jamil Mahuad, forman parte de es-ta tradición populista de ver la democracia co-mo la ocupación de espacios públicos. Los in-dígenas, sus aliados de izquierda y los milita-res ocuparon los centros donde se asienta elpoder político y del cual se sienten excluidos:el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y elPalacio Presidencial. La toma de espacios pú-blicos en nombre del pueblo fue vivida comouna forma directa de ejercer la democracia.Desde una tradición populista e izquierdista,la democracia fue conceptuada como un siste-ma corrupto que no representa los verdaderosintereses del pueblo. Como las instituciones y

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las normas del convivir democrático no se per-cibieron como incluyentes, no asombró quelos líderes indígenas formaran alianzas con losmilitares para dar un golpe de Estado al que locaracterizaron como un “gran movimiento deprotesta popular”. Es interesante que los gol-pes de Estado del 5 de febrero de 1997 encontra de Bucaram, y del 21 de enero del2000 en contra de Jamil Mahuad fueran da-dos en nombre del “pueblo movilizado”, eneste caso mayoritariamente indígena, que setoma las calles para refundar la democracia.Parecería que, al menos en estos dos momen-tos de efervescencia colectiva, se resignificó lacategoría de “pueblo”. Los indígenas, dejaronde ser los excluidos, y se transformaron en laencarnación del “pueblo virtuoso”.

La falta de fe en la democracia de algunoslíderes del movimiento indígena tal vez se ex-plique por el incremento de su marginación ypobreza en las últimas décadas, que coincidecon el último período de gobiernos civiles.Desde la crisis de los años 80, como lo anotaAndrés Guerrero (2001: 222-223), los sala-rios urbanos que eran fundamentales para lareproducción de los campesinos indígenas,casi desaparecen. Los migrantes jóvenes noconsiguen trabajo en el sector formal de laeconomía y tienen que subsistir del comercioinformal. El Estado además, recorta los pro-gramas de salud, educación, vivienda y deconstrucción de carreteras. Me parece que lapobreza no explica totalmente su falta de ape-go a las prácticas de la democracia liberal.Más bien esta falta de fe es producto de unatradición populista de no respetar la normati-vidad democrática y de la visión instrumentalde la democracia que comparten la mayoríade políticos del país sin distinción de tenden-cias ideológicas, etnicidad y de sus discursos yautoproclamas como verdaderos demócratas.

El estado de derecho y las luchaspor la igualdad en la vida cotidiana 1

Se ha analizado el peso de las tradiciones cor-poratistas y populistas en la forma en que los

líderes de las organizaciones indígenas yafroecuatorianas negocian con el Estado ycon el sistema político. Esta sección estudialas estrategias de la gente común negra e indí-gena para acomodarse o resistir a la domina-ción étnica y racial. El estudio de las estrate-gias con las que los grupos discriminados so-brellevan su situación, que los marca comoinferiores y los margina de los recursos queson otorgados a los miembros de los gruposdominantes, es una puerta de entrada privile-giada para estudiar la cultura política de losgrupos subalternos y el significado que tienela ciudadanía en su vida cotidiana. Los miem-bros de los grupos racializados como inferio-res han desarrollado una serie de estrategiaspara resistir o acomodarse a la discriminaciónracial en el día a día. Éstas se basan en un re-pertorio de prácticas y discursos que utilizansu dignidad para negociar el acceso a recursoseconómicos, culturales y políticos básicos oen casos extremos, su integridad física. Losactores sociales, por lo general, recurren a es-tas estrategias casi espontáneamente pues lasaprenden al observar las respuestas de familia-res y amigos al racismo, o de sus éxitos o desus errores en el pasado.

Al analizar el último proceso de democra-tización en América Latina, GuillermoO’Donnell (1999: 320) señala que se han da-do procesos “truncados de ciudadanía o ciu-dadanías de baja intensidad” que si bien res-petan y garantizan el derecho al voto, no lohacen con los derechos civiles de los ciudada-nos. Así, de acuerdo con O’Donnell, en lamayoría de países de la región, con excepciónde Costa Rica y Uruguay, no se vive dentro deun estado de derecho. Debido a que no hayigualdad ante la Ley, el sistema legal no otor-ga estabilidad y regularidad a las relaciones delos ciudadanos con el Estado y a las interac-ciones entre ellos. Esto significa que mientraslos poderosos están más allá de la Ley, porquecuando les conviene pueden escapar de ésta através de la corrupción o de sus contactos con

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1 Esta sección está basada en mis trabajos sobre racismoy vida cotidiana. (Véase De la Torre 1996 y 2002)

los magistrados que no tienen que rendircuentas a nadie sobre su actuación, los pobresy los miembros de los grupos racializados co-mo inferiores sienten la Ley como un sistemaque los oprime y los margina. Debido al ca-rácter drástico de las leyes, gran parte de lapoblación está al margen de lo legal y es vul-nerable a la represión policial cuando, porejemplo, los vendedores ambulantes ocupanel espacio urbano sin permisos de venta ocuando los pobres invaden o se asientan o te-rrenos para construir viviendas. Además, laLey no garantiza que las agencias estatales tra-ten a todos los ciudadanos como iguales. Pa-ra que los pobres y los miembros racializadoscomo inferiores sean atendidos en las oficinasburocráticas o para que tengan acceso a susderechos a la educación pública o a la saludtienen que suplicar favores o ir con recomen-daciones de notables para que los funciona-rios de Estado cumplan con sus deberes yatiendan y solucionen sus pedidos.

Ya que los derechos constitucionales deciudadanía no protegen a la gente común dela arbitrariedad de los agentes represivos delEstado y de los ciudadanos poderosos, los po-bres y los excluidos dependen de patrones po-derosos o de políticos para que los protejande la arbitrariedad policial o de los ricos. Ladebilidad de las prácticas ciudadanas contras-ta con la fuerza del paternalismo como meca-nismo para acceder a recursos estatales, a po-sibilidades de empleo y a la movilidad social.

En condiciones de fuerte desigualdad, enaquellas sociedades en las cuales los derechosciudadanos están escritos en la Ley pero nofuncionan en lo cotidiano, para los pobres ylas personas de grupos étnicos racializados co-mo inferiores los contactos personales con losmiembros de las clases dominantes dan pro-tección de la arbitrariedad policial y acceso arecursos a los cuales de acuerdo con la Ley setiene derecho pero no acceso. Así, los indíge-nas y los afroecuatorianos, al igual que otrospobres y desamparados, usan sus contactoscon los “notables” para acceder a derechosfundamentales como: un cupo en la escuela oen el colegio, una cama en el hospital, o para

conseguir empleo. De esta manera, los indivi-duos del grupo dominante todavía puedenejercer una gran influencia al definir las carac-terísticas morales y éticas que deben tener sussubordinados para merecer sus favores, demanera que encajen dentro de sus visiones dequién es un buen subordinado.

Si bien el paternalismo es la estrategia máscomún con la que los indígenas y los afroe-cuatorianos negocian su integridad y acceso aderechos, hay ocasiones en que articulan dis-cursos y prácticas basadas en la ciudadaníapara resistir al racismo. Muchos entrevistadosindígenas y afroecuatorianos usaron el discur-so de la igualdad y de los derechos ciudada-nos en sus discusiones y propuestas de quéhacer para acabar con el racismo. Por ejem-plo, un profesor afroecuatoriano manifestó:“Estoy buscando aceptación, que seamos tra-tados con los mismos derechos y deberes quetodo el mundo. Eso es lo único que estamospidiendo y yo estoy pidiendo eso, no con gri-tos, no con llantos, sino con un trabajo, conmi sacrificio, con mi esfuerzo”. Un estudian-te universitario indígena anotó, “uno comoindio tiene que demostrar la dignidad de unoque es libre en un país democrático en dondehablan de igualdad. Y no sólo debe haber pri-vilegio para los mestizos sino también privile-gio y mejores condiciones para los indios”.

La lucha colectiva en contra de la violenciapolicial es una estrategia que privilegia los de-rechos humanos y la igualdad de los afroecua-torianos. Por esto “los plantones frente a lasinstituciones públicas,” y los recursos de ha-beas corpus para sacar de la cárcel a personasdetenidas injustamente son mecanismos queusa la Federación de Organizaciones Negrasde Pichincha para demandar sus derechos, vi-sibilizar el problema de los negros con la Poli-cía y buscar aliados con grupos que luchanpor los derechos humanos. Es interesante quela estrategia de algunas organizaciones negrascomo la Afro 29 de Quito sea la de otorgar uncarné de identificación a sus miembros, a tra-vés de la Asamblea Permanente de los Dere-chos Humanos, para que lo presenten cuandolos policías les pidan una identificación.

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Conclusiones

Este trabajo ha analizado las ambigüedadesde las demandas y de las acciones de las orga-nizaciones afroecuatorianas e indígenas parala democratización de la sociedad. Por un la-do, es indudable que el movimiento indígenay las organizaciones afroecuatorianas han te-nido un profundo impacto democratizador.Muchas de sus demandas como la lucha con-tra la corrupción y la impunidad de los pode-rosos o las prácticas que resisten la discrimi-nación a través de la construcción de la ciuda-danía, tienen un gran potencial para profun-dizar el significado de la democracia. Los mo-vimientos étnicos han cuestionado las imáge-nes racistas creadas desde la época colonialpara marginar a quines representan de los re-cursos y oportunidades a los que han tenidoacceso los blancos y los mestizos. Estos movi-mientos también han promovido la revalori-zación de identidades indígenas y negras. Y,por primera vez en la historia, los líderes e in-telectuales indígenas y afroecuatorianos dis-cuten con los representantes del Estado, conlos partidos políticos, los medios masivos decomunicación y con otros actores sobre pro-blemas públicos de envergadura nacional.

Pero por otro lado, cuando los líderes delas organizaciones indígenas y negras presen-tan sus demandas al Estado en la esfera públi-ca, utilizan muchas veces las retóricas y lasprácticas populistas y corporatistas que fue-ron exitosas en el proceso de incorporaciónde otros grupos subalternos. Los representan-tes del Estado han favorecido estas estrategiasde negociación pues han sido el instrumentohistórico a través del cual se ha canalizado laprotesta. Es apresurado llegar a conclusionessobre si las demandas corporatistas de las or-ganizaciones indígenas y afroecuatorianasayudarán a reducir la desigualdad social entrelos diferentes grupos étnicos o si sólo conse-guirán la incorporación de algunos líderes alaparato estatal y su movilidad social. Esteproceso de movilidad social, aunque fuera deun número relativamente pequeño de perso-nas de grupos racializados como inferiores,

ayudará en todo caso, a terminar con las imá-genes y visiones racistas que asignan a los in-dígenas y a los negros las ocupaciones máshumildes y el trabajo manual.

Al darse la movilización a través de discur-sos en nombre del pueblo que lucha antagó-nicamente en contra de la oligarquía y al fa-vorecerse concepciones de la democracia quedesconocen las instituciones de la democracialiberal y que privilegian la ocupación de espa-cios y las alianzas con quien sea para llegar alaparto estatal, la democracia sigue siendo vis-ta únicamente desde una perspectiva instru-mental. Algunos líderes de las organizacionespolíticas de los indígenas, por supuesto, noson los únicos que tienen visiones instrumen-tales de la democracia y de la Ley. Sus prácti-cas, más bien, se parecen cada vez más a las delos otros actores políticos. Lo grave es que lademocracia, que permitió el surgimiento y laexpresión del movimiento indígena, y en me-nor medida del afroecuatoriano, no sólo através de políticas estatales al traspasar recur-sos a éstos grupos, sino también por la faltade represión, esté cada vez más desinstitucio-nalizada. Desde el año 1996 el Ecuador ha te-nido 4 presidentes y ha experimentado dosgolpes de Estado semiconstitucionales. Lasacciones de los políticos y de los líderes de al-gunos movimientos sociales como la CO-NAIE, entre otros, han colocado a los milita-res, al igual que en el pasado, en árbitros delos destinos del país.

En condiciones en las que el estado de de-recho no informa el acceso a los derechos yobligaciones que existen en las leyes y lasconstituciones no asombra el peso de lasprácticas parternalistas. El problema es queéstas no permiten ver la dominación como unfenómeno estructural y privilegian el accesode un individuo, grupo o familia a recursos,antes que la lucha colectiva para que la igual-dad ciudadana se convierta en una realidad.

A diferencia de la visión de la exclusiónciudadana como una anomalía y una contra-dicción con las categorías liberales de la igual-dad, muchas feministas, teóricos postestructu-ralistas y postcoloniales sostienen que la ciu-

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dadanía es en sí un proceso que a la vez queincluye, excluye a varias categorías de la pobla-ción. Argumentan que la exclusión de las mu-jeres o de los no blancos no es una anomalía ouna desviación de un patrón universalista quepodrá ser corregido por las demandas de mo-vimientos sociales, sino que está basada en laforma en que han sido construidas las catego-rías modernas de ciudadano, derechos, demo-cracia, esfera pública, etc. Todas estas catego-rías, aparentemente universalistas, se han for-jado con la imagen del hombre blanco occi-dental y de clase media alta como punto de re-ferencia normativo. “Las características, cuali-dades, comportamientos e identidades dequienes han sido considerados como miem-bros de la comunidad política se han derivadode una serie de valores, experiencias, modosdiscursivos, rituales y prácticas que explícita eimplícitamente privilegian a los hombres y alo ‘masculino’ y excluyen a las mujeres y a lo‘femenino’” (Jones 1998: 221).

Basándose en las críticas postestructuralis-tas y feministas a la noción de ciudadanía,Andrés Guerrero sostiene que la ciudadaníaecuatoriana se constituyó con base en la alte-ridad despreciada de los indígenas. “Por símisma, la ciudadanía se constituye por víasde esta exclusión. Por su formación histórica,es una relación de dominación que instituyeun ‘afuera indígena’, una exterioridad origi-naria conformada por las poblaciones caren-tes de racionalidad: los ‘sujetos’ no civilizadosde la República” (2000: 47).

El planteamiento de Andrés Guerreroayuda a reconceptulizar el estudio de la ciu-dadanía de la esfera jurídica del Estado en lavida cotidiana. Su crítica también plantea lapregunta de si los valores que encarnan lascategorías de ciudadano, derechos, democra-cia, construidos con la alteridad indígena co-mo marco constitutivo, son lo suficiente-mente universalistas como para poder incor-porar a éstos y a los negros con sus demandasparticularistas de respeto a su cultura y valo-res, o si es necesario repensar nuevos concep-tos de acción y de pertenencia a la comuni-dad política.

A diferencia de estas críticas inspiradas enel feminismo y en el postestructuralismo, his-toriadores y sociólogos como Charles Tilly(1998: 198-99), reconocen que si bien las re-tóricas de los derechos y de la ciudadanía sehan usado para excluir a diferentes grupos, esimportante anotar que son lo suficientementeuniversalistas como para permitir que quieneshan sido excluidos luchen por su inclusión ar-ticulando demandas y discursos basados en losderechos y en la ciudadanía. ¿Será éste el cami-no a través del cual las organizaciones étnicasluchen por una sociedad más democrática eigualitaria, o el peso del pasado privilegiará lasprácticas no democráticas del corporatismo,del populismo y del paternalismo?

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