movimientos, estado y conflictividad social. serapaz

Movimientos sociales, Estado y confl ictividad social Refl exiones sobre la transformación positiva de confl ictos en México

Casos emblemáticos

Servicios y Asesoría para la PazCoordinación: César Enrique Pineda

Movimientos sociales, Estado y confl ictividad socialRefl exiones sobre la transformación positiva de confl ictos en México

Coordinación, redacción de la publicación y del procesoCésar Enrique Pineda

Participantes en el proceso

Diseño editorial y portadaJulio Broca

FotografíaXxxx

Cuidado de la edición y corrección de estiloGizella Garciarenas

Revisión y comentarios de la ediciónJoel Ortega Erreguerena y Jonathan Velasco

Primera edición 2011© 2010. SERAPAZ-Servicios y Asesoría para la Paz

Publicado bajo la licencia legal de creative commons: se autoriza la reproduc-ción parcial o total de la obra para fi nes no lucrativos, citando la fuente.

Agradecemos a los pueblos y comunidades, organizaciones y lucha-dores sociales que nos han invitado a acompañar sus procesos de resistencia, organización contra la injusticia, el autoritarismo, la exclu-sión, la dominación y la opresión. Este material es una herramientas para seguir construyendo caminos de paz y libertad.

Impreso en México. Print in México

Miguel Alvarez Gandara •Dolores González Saravia •David Bermúdez Giménez •

Alberto Solís Castro •Sara Duque •

Marjolaine Kuijers •Mauricio Salazar •

Pablo Romo Cedano •

• Miguel Hernández• Luis Menéndez• Víctor García Zapata• Javier Castillo Palafox• Rocío Eslava• Claudia Camacho Carranza• Antonieta Nava

Introducción 01

Capítulo 1SERAPAZ y la transformación positiva de confl ictos 01

Capítulo 2Lecciones y refl exiones sobre la confl ictividad socialAprendizajes de la práctica de SERAPAZ en las intervenciones 02para la transformación positiva de confl ictos

2.1 Sobre el Estado mexicano. Refl exiones generales 012.2 Confl ictividad social, Gobiernos, Estado, procesos de diálogo 012.3 Sobre los movimientos sociales mexicanos. Refl exiones generales 012.4 Sobre los actores sociales en confl icto y los procesos de diálogo y negociación 01

Capítulo 3Casos emblemáticos de intervención de SERAPAZ 01

3.1 Confl icto por la represión y encarcelamiento de presos políticos en San Salvador Atenco 013.2 Confl icto por la construcción del proyecto Hidroeléctrico La Parota 013.3 Confl icto por la construcción de un confi namiento tóxico en Zimapán 013.4 Confl icto por desalojos en Chiapas 013.5 Confl icto por la desaparición forzada de integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) 013.6 Confl icto antiautoritario, rebelión y movilización social en Oaxaca 01

Ficha de Referencias 01

Índice

• Movimientos sociales, Estado y con ictividad social | Introducción

E l trabajo que SERAPAZ ha realizado a lo largo de varios años, ha dejado un enorme cúmulo de experiencias en la intervención para la transfor-

mación positiva de confl ictos. El rol de nuestra organización nos ha permitido participar en la facilitación, asesoría y acompañamiento y, en ocasiones, coadyuvar en la mediación entre muy diversos actores sociales en confl icto. Sólo en los últimos cinco años, SERAPAZ ha inter-venido con diferentes estrategias, roles, ritmos e intensidades en cerca de 40 situaciones de confl ictividad en varias partes del país. Algunas de ellas respondían a procesos confl ictivos inter-nos de organismos, colectivos o espacios civiles y sociales, es decir, a confl ictos intra organiza-cionales. Otras, se desarrollaron entre distintos referentes de la sociedad civil o entre diferen-tes organizaciones, colectivos, movimientos o redes, representando confl ictos inter organiza-cionales. Aquellas cuyos actores principales han sido movimientos sociales en confrontación con el Estado y actores empresariales, son las que hemos atendido en mayor número. Estas últimas, constituyen el eje del presente texto.

La situación nacional, las estrategias de los movimientos sociales, así como la respuesta que dan las diversas instituciones y actores del Estado, nos obligan a repensar constantemente las estrategias y salidas políticas y pacífi cas a los confl ictos que tienen lugar en México. Nos ha parecido pertinente y útil para otros actores civiles, sociales y comunitarios com-partir las refl exiones, aprendizajes y lecciones generadas a partir de nuestra intervención en la confl ictividad de los movimientos sociales

Introducción

Introducción | Movimientos sociales, Estado y con ictividad social •

frente al Estado y sus diversos actores insti-tucionales. En este sentido, desde nuestra propia práctica hemos tratado de construir un aporte que contribuya a la refl exión sobre la complejidad, contradicción, difi cultad y ries-gos de dicha confl ictividad.

Por otro lado, también era necesario realizar un “corte de caja” de nuestra propia experiencia, entendiendo que fortalecernos como organismo de la sociedad civil, implica recuperar lo aprendido y refl exionar acerca de la pertinencia, los límites y las posibilida-des de nuestro trabajo con los actores socia-les en confl icto.

El presente texto, reúne las refl exiones sobre diversas experiencias en las que SERA-PAZ ha intervenido durante el periodo 2005-2010. Con el fi n de hacer viable y manejable la información y, en especial, de centrarnos en casos que representan procesos emblemáticos para el país y las luchas sociales, así como en casos en los que evaluamos nuestro trabajo como signifi cativo y con un importante impac-to, del total de intervenciones realizadas, seleccionamos algunas que nos han dejado lecciones y aprendizajes para las estrategias de intervención.

Este trabajo fue elaborado de manera colectiva con la participación de todas y todos los integrantes de nuestra organización. Impli-có un largo esfuerzo de refl exión participativa y el uso de diversas herramientas metodoló-gicas que permitieran reconstruir y recuperar

lo realizado en cada confl icto. Así, para la reconstrucción de cada proceso de confl ictivi-dad, se llevaron a cabo una decena de talle-res, una decena de entrevistas a los propios integrantes de SERAPAZ, la revisión documen-tal de los archivos de SERAPAZ correspondien-tes a cada caso y varias sesiones de revisión de los borradores de este documento. En suma, este documento representa un cúmulo de sabe-res, lecciones e historias de los integrantes de SERAPAZ. Se ha construido de manera que información confi dencial o riesgosa para los movimientos sociales no sea pública, por lo que se realizó una síntesis de todos los casos en conjunto. Nuestra discusión se ha centrado en los casos de confl ictividad de movimientos sociales frente al Estado y corporaciones de los que han surgido numerosos y diversos niveles de aprendizaje debido a nuestra cercanía a dichos procesos. A pesar de no ser un docu-mento teórico, recoge varias refl exiones sobre dicha confl ictividad generadas a partir de haber estado inmersos en ellas, las cuales qui-zás, puedan representar análisis, observacio-nes y aprendizajes que ayuden a otras y otros.

Hemos incluido las fi chas monográfi cas de seis casos emblemáticos para SERAPAZ, varios de ellos también para el país, los cuales describen, interpretan, analizan y narran tanto el propio proceso como nuestra intervención. Éstos son los procesos de San Salvador Atenco, La Parota, Zimapán, los desalojos en comuni-dades chiapanecas, la Comisión de Media-

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• Movimientos sociales, Estado y con ictividad social | Introducción

ción con el Ejército Popular Revolucionario y la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, todos procesos fundamentales en la historia de nuestra organización.

Cabe señalar que el presente trabajo también se diseñó pensando que era muy difí-cil incorporar la opinión y voz de los propios actores en confl icto. Por un lado, muchos son actores múltiples que hoy es difícil volver a reunir, además de ser imposible contar con las refl exiones de los actores del Estado. También es importante señalar que, por cuestiones meto-dológicas y de tiempos, decidimos concentrar-nos en nuestra propia experiencia al intervenir en los confl ictos, ya que de ahí se derivan aprendizajes particulares que creemos son úti-les para nuestro propio proceso pero también, para el de otras y otros. Por ahora, hemos realizado este primer paso que deja abiertas las posibilidades de generar un diálogo con quienes luchan, se organizan y son los prota-gonistas de estos procesos sociales. Necesa-riamente es una refl exión abierta e inconclusa.

Finalmente, integramos una síntesis de nuestra maduración y quehacer, sobre la metodo-logía que desarrollamos y las formas de acción con que hemos intervenido en estos procesos.

Queremos agradecer a todas y todos aquellos que nos han dado su confi anza para apoyarles en los graves momentos de confron-tación. Ha sido difícil reunir la refl exión de más de cinco años y regresar sobre nuestros pasos para mirar lo caminado, lo aprendido

y lo equivocado. Estos procesos de lucha y confl ictividad han marcado a México y, por supuesto, también a nuestro andar. En estas refl exiones, se centra nuestra preocupación por las historias de miles de mujeres y hombres que han decidido levantar su voz, organizarse y luchar frente a los poderosos, frente a quie-nes dominan las armas, el dinero y los medios de comunicación. Publicar nuestro aprendizaje es un homenaje también a todas esas historias anónimas de quienes de manera colectiva bus-can un mundo y un México libre, justo, demo-crático. Este pequeño esfuerzo está también dedicado a la memoria de Don Samuel Ruiz García, nuestro Tatic y presidente fundador.

Esperamos que este texto sea un aporte para quienes deseamos transformar la realidad de manera no violenta, civil y pacífi ca pero, a la vez, entendemos los desafíos que implica lograr cambios en las estructuras que generan exclusión, pobreza, explotación e injusticia. Este pequeño aporte signifi ca refl exionar sobre nuestra propia práctica que, esperamos, sirva como un conjunto de ideas, balances y lec-ciones para otros casos de confl ictividad. Por último, pretendemos que el presente texto sirva también para conocer nuestro trabajo, que sólo busca contribuir a la construcción de una paz justa, digna y duradera para todas y todos.

César Enrique Pineda RamírezServicios y Asesoría para la Paznoviembre 2011

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Introducción | Movimientos sociales, Estado y con ictividad social •

Servicios y Asesoría para la Paz surge como un mecanismo de apoyo a la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI),

organismo presidido por el entonces obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García. En el proceso de diálogo establecido entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal, la CONAI fungió como organismo mediador entre ambos actores. Formalmente consti-tuida en 1996, SERAPAZ constituye un instrumento nanciero, administrativo, jurídico y técnico de la mediación has-ta la disolución de la CONAI en 1998. Durante ese periodo, SERAPAZ realiza sus tareas manteniendo un bajo per l, siendo sólo una instancia de apoyo. Al disolverse la CONAI en junio de 1998, diversas tareas vinculadas con la media-ción y la articulación civil para el trabajo de Paz, se trasladan a SERAPAZ.

Se abre entonces, una etapa en la que SERAPAZ asume la tarea de sis-tematizar y divulgar lo que fueron las tareas de la disuelta Comisión Nacional de Intermediación hacia los actores civi-les, nacionales e internacionales. Los ejes de su actuación durante esta etapa (1998-2001), fueron el análisis, la sis-tematización y la divulgación del proce-so de diálogo y de paz en Chiapas, así como distintas tareas, acciones e inicia-tivas por el cumplimiento de los llama-dos Acuerdos de San Andrés, uno de los

frutos del diálogo y eje de la moviliza-ción indígena, tanto del EZLN como del Congreso Nacional Indígena.

Durante estos años, se impulsa-ron líneas de trabajo fundamentales: la tarea permanente de análisis y re exión sobre los cambios en el escenario nacio-nal e internacional, tarea compartida con diferentes actores sociales y políticos; la investigación y sistematización en torno al con icto armado en México; la siste-matización y digitalización de los más de 9000 documentos que constituyen el archivo de la mediación (Archivo Histó-rico); el fortalecimiento de los actores y las dinámicas de paz en Chiapas, así como la promoción y el apoyo a múltiples iniciativas y articulaciones nacionales para la construcción de Paz en el país; la constante asesoría e interlocución con actores nacionales e internacionales de todo tipo --civiles, sociales, institucio-nales, políticos, diplomáticos, comuni-cadores, académicos, analistas y otros muchos más--, interesados en tener mejor comprensión del con icto; y por último, el establecimiento de numerosos vínculos e intercambios internacionales, con redes, movimientos, coaliciones y plataformas solidarias que asumen de diversas maneras el trabajo de Paz.

Desde 2002 y hasta 2005, los enla-ces, redes y vínculos de SERAPAZ se diversi can lo cual, conjuntamente con la experiencia adquirida en el proceso chiapaneco, permite tomar la decisión

SERAPAZ y la transformación positiva de confl ictos

Capítulo 1

Capítulo 1 | Movimientos sociales, Estado y con ictividad social •

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estratégica de comenzar el acompaña-miento a otros actores en con icto con el Estado, así como de participar en la construcción de plataformas de la socie-dad civil dirigidas hacia el cambio social. Los procesos de acompañamiento y ase-soría inician en 2001 con el con icto que se establece entre campesinos integran-tes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Estado, a partir de la deci-sión unilateral del gobierno de expropiar sus tierras a los ejidatarios de la zona de Texcoco, para destinarlas a la construc-ción de un aeropuerto.

Durante esta etapa, SERAPAZ ini-cia un rol más activo y visible de vincu-lación de las causas y experiencias del trabajo en Chiapas y de la promoción de los derechos indígenas, con otras con ictividades nacionales. Ello posibi-lita su apertura a otros actores y ámbi-tos de acción. A partir de 2002, destaca el contacto y participación de SERAPAZ en la conformación de los espacios y frentes articuladores del amplio movi-miento social mexicano, los cuales se convierten en plataformas de relacio-nes, con anzas e iniciativas para su intervención en otros con ictos nacio-nales emblemáticos.

En 2005, la intervención y el acompaña-miento a actores sociales en confl icto, se formali-za e institucionaliza como centro de la actuación y quehacer de SERAPAZ, llevándose a cabo un proceso reorganizativo interno para responder a las decisiones estratégicas tomadas.

Desde ese año, se implementan nuevos programas orientados al fortalecimiento de actores sociales en confl icto y a la incidencia en estructuras, procesos, actores y cultura, cuyo objetivo es la construcción de nuevas formas de transformación de los confl ictos sociales en el país. En este sentido, se desarrollan: una propuesta de formación en estos temas que se sintetiza en una “Escuela de Paz y Transforma-ción Positiva de Confl ictos”; una propuesta de investigación especializada a través del Obser-vatorio de la Confl ictividad Social en México y otros espacios de análisis e intercambio sobre

el contexto actual; un proceso constante de autoformación en temas vinculados a la cons-trucción de Paz y la confl ictividad social, así como la intervención en diversos procesos de confl ictividad desde labores de mediación, coadyuvancia, asesoría, facilitación, etc.

A lo largo de este proceso, SERAPAZ ha integrado un equipo de trabajo y un grupo de voluntarios y colaboradores que representan un rico acervo de experiencias, capacidades, múltiples enlaces y vínculos en la línea de cons-trucción de Paz. Resulta especialmente signifi -cativa, su capacidad referencial ante diversos actores sociales e institucionales para convocar y contribuir en procesos de diálogo y construc-ción de consensos.

Es importante mencionar que los inte-grantes de SERAPAZ, provienen del movimien-to civil o social, estudiantil o eclesial, lo que posibilita la construcción de una lógica de comunicación y empatía con los actores socia-les, que resulta determinante en los procesos de intervención para la transformación positiva de confl ictos en tanto implica la capacidad de entender visiones, ritmos, procesos, posibilida-des y contradicciones de dichos actores. Cabe mencionar también que, además de las pro-pias intervenciones, SERAPAZ desarrolla líneas de trabajo permanentes en procesos de forma-ción, análisis, investigación y articulación, lo que constituye una base estratégica indispen-sable institucionalmente.

Para el impulso de estas estrategias, en el DF y en Chiapas SERAPAZ ha desa-rrollado una serie de relaciones y capa-cidades que permiten responder a las diversas necesidades de dichos procesos sociales. Así, promueve espacios per-manentes y exibles de formación para actores sociales en con icto; implemen-ta líneas de investigación y análisis que sistematizan la información y re exión necesarias para contar con un panorama cercano del contexto político y social en el que se lleva a cabo nuestra acción y, particularmente, para comprender las condiciones generales de violencia, cri-minalización y contrainsurgencia; diseña mecanismos de visibilidad para el posi-

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• Movimientos sociales, Estado y con ictividad social | Capítulo 1

cionamiento y legitimidad de los actores sociales, sus luchas y sus agendas; y, realiza actividades tendientes a mante-ner diversos canales de comunicación y con anza abiertos para la articulación y la promoción de estrategias de diálogo, prevención y/o intervención.

Finalmente, para el trabajo de intervención en con ictos, es de espe-cial importancia la referencialidad y con- abilidad de Don Samuel Ruiz, nuestro Presidente Fundador, quien a lo largo de nuestra historia, ha representado una base ética y de presencia pública fundamental para las tareas que desa-rrollamos, en particular, aquellas que en procesos delicados de interlocución o mediación, requieren de una fuerte autoridad moral, con abilidad y solidez. Don Samuel, fue y es experiencia viva de escucha respetuosa y palabra sabia, de interlocución y apertura de espa-cios, de profundidad en el sentido de los procesos, entendiendo como claves, la construcción de sujetos, la lucha por la justicia y la generación de condiciones de esperanza.

Aunque la intervención en confl ictos comenzó esencialmente de manera empíri-ca, la redefi nición de la tarea institucional de SERAPAZ favoreció la maduración e institucio-nalización de los procedimientos de interven-ción en confl ictos sociales a partir del uso de distintas herramientas metodológicas conoci-das como transformación positiva de confl ictos (TPC). Después de diversos procesos de capa-citación y de conocer numerosas propuestas metodológicas para la construcción de Paz y la resolución de confl ictos, nuestra organiza-ción decidió retomar los enfoques útiles para los confl ictos de corte social, que además, se alejaran de las orientaciones de “contención”, “pacifi cación”, “gobernanza” o “gestión” de los movimientos y confl ictos sociales.

El enfoque “TPC” asume que el con-flicto se produce como consecuencia de problemas reales de desigualdad, injusti-cia, exclusión y explotación, originados en estructuras sociales, culturales, políticas y

económicas que lo provocan. Compartimos la idea de que los conflictos:

Surgen del desbalance de las relaciones sociales, económicas y de poder, es decir, de la posición social desigual, de riqueza desigual y de acceso diferenciado a los recursos, así como de poder desigual, lo que provoca problemas de discriminación, des-empleo, pobreza y opresión.1

Al asumir esta visión, buscamos la transfor-mación de las condiciones estructurales que originan los confl ictos de manera no violenta. Además, el cambio en las relaciones sociales a partir del fortalecimiento de las capacida-des y habilidades de los actores sociales para enfrentar los confl ictos, en especial, al Estado y las corporaciones. Todo ello, enmarcado en un proceso de construcción de paz; proceso entendido como una estrategia que implica no sólo detener la violencia sino también, cons-truir condiciones políticas de cambio social que reconozcan las causas profundas de la confl ictividad, las cuales, de no ser atendidas, inevitablemente se expresarán con diversas formas de lucha y violencia. Sobre ello, com-partimos que la construcción de paz:

No tiene nada que ver con el mantenimien-to del status quo, tan lleno de injusticias y desigualdades, o la docilidad y resignación de quienes sufren las consecuencias de ello, y sí en cambio con el desenmascaramiento de los mecanismos de dominación, con la rebelión de quienes se les ha usurpado el derecho a tomar decisiones, a la recupera-ción de la dignidad, y con los procesos de cambio y transformación.2

Entendemos que la confl ictividad social tiene su origen en estructuras sociales que no ofrecen igualdad a todas y todos, y además, que en el contexto actual se viven condiciones de radica-lización neoliberal que aceleran la exclusión,

1 Fisher Simon et. al, 2000, Trabajando con el con icto. Habilida-des y estrategias para la acción, ZED BOOKS, Londres, p. 4.

2 Fisas Vicenc, 1998, Cultura de paz y gestión de con ictos, ICA-RIA, Barcelona, p. 19.

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desmontando las ventajas del Estado social o benefactor. Frente a ello, crecen las movili-zaciones, protestas y acciones de múltiples y numerosos actores sociales en confl icto. En oca-siones, en los propios actores sociales, surge la necesidad de contar con puntos de apoyo que permitan fortalecer o diversifi car sus propias salidas político-estratégicas al confl icto, hasta entonces obstruidas o limitadas por la actua-ción de los actores institucionales del Estado. A partir de esta necesidad, muchas veces urgente ante los riesgos de escalamiento, polarización o violencia, diversos actores sociales recurren a los servicios de nuestra institución.

Por lo que, la intervención de SERAPAZ en los casos de confl ictividad, se centra en for-talecer las capacidades de los actores sociales para construir estrategias y alternativas no vio-lentas que les posibiliten enfrentar sus procesos de confl icto. Cabe señalar que la intervención de nuestra institución, se realiza únicamente a partir de la petición o solicitud expresa de las comunidades, organizaciones, pueblos, redes o movimientos sociales en confl icto. En ningún caso SERAPAZ interviene a petición de las contrapartes gubernamentales. Como veremos más adelante, la intensidad y profundidad de la intervención, dependerá en buena medida, de que el actor social considere necesario nuestro apoyo. En esa línea, con nuestro traba-jo buscamos que:

a) El actor social se apropie de herramientas de análisis y claridad de diagnóstico, que le permitan diseñar una estrategia integral para procesar el confl icto, madurando su capacidad de conducción propia y desa-rrollando las habilidades necesarias para enfrentarlo.

b) Ante los riesgos de represión, los actores sociales puedan ampliar sus posibilidades en el campo de avance y victoria en la ruta del diálogo y negociación frente a los acto-res institucionales.

c) Se explicite una visión de transformación del confl icto, ética y con ciertos principios de actuación para el desarrollo del proceso.

d) Los actores puedan aprender de su propia experiencia, sistematizarla y reproducirla

para contar también, con una visión o ruta pos-confl icto.

Explicitamos tres formas distintas de servicios:

• acompañamiento o intervención integral; • orientación y asesoría para la construcción

de rutas estratégicas y de avance; y• aportación de servicios puntuales, tempo-

rales, de análisis, formación, relaciones o asesoría estratégica.

En todo caso, al contribuir al fortalecimiento externo e interno de los actores, nunca sustitui-mos al actor como tal en lo que le corresponde asumir y decidir frente al proceso.

La intervención a partir del enfoque TPC, consiste en apoyar el fortalecimiento o la cons-trucción de una visión estratégica para enfren-tar el confl icto, donde nuestra organización puede desempeñar distintos roles y funciones que van desde el acompañamiento y aseso-ría a los actores sociales, pasando por un rol formativo, articulador o pedagógico, hasta la coadyuvancia y mediación entre las partes en confl icto en caso de ser necesario. Algunos de los criterios institucionales para intervenir en los procesos son:

• La solicitud y necesidad expresa de los actores sociales en confl icto.

• Que nuestra organización evalúe las cau-sas y demandas sociales como justas y legí-timas, así como de defensa de derechos sociales colectivos válidos.

• Que la construcción de vías de solución justas sea viable y que existan condiciones para realizar un aporte institucional pro-pio.

• Desde nuestro rol de participación, no sus-tituir al actor social en confl icto, respetan-do su identidad y autonomía. No realizar intervención alguna sin que haya sujeto social que protagonice sus propias deman-das, lucha y defensa de derechos.

• Que sea el propio actor, sujeto o movi-miento quien protagonice, sea visible y quien conduzca las estrategias, decisiones, procesos, acciones y tareas vinculadas al

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confl icto, acompañado, apoyado y faci-litado por nuestra organización y, de ser necesario, por un equipo interinstitucional de organizaciones.

• Poner nuestros servicios y capacidades a disposición de los movimientos y actores sociales que más sufren las consecuencias de la confl ictividad, la represión y crimina-lización, y de quienes requieren del apoyo externo como herramienta indispensable para enfrentar, orientar y procesar su con-fl icto, en especial, frente al Estado, las cor-poraciones y las empresas.

• Realizar tareas de facilitación de la interlo-cución con el Estado sólo cuando el actor social así lo ha decidido y lo ha solicitado expresamente a nuestra organización.

Este enfoque, nuestra estrategia y metodo-logía, como veremos a lo largo de nuestras refl exiones, se encuentran por supuesto, abso-lutamente supeditadas a las decisiones de las partes en confl icto, tanto de los actores sociales como del Estado, a la correlación de fuerzas existente entre ellos en tanto implica disputas de fuerza real y simbólica, y a diver-sas y numerosas variables del contexto local, nacional e incluso internacional.

En el marco de estos claros límites de actuación, sin embargo, pensamos que nues-tro mayor aporte consiste en generar en los actores sociales procesos de análisis que ubi-quen los objetivos estratégicos de sus luchas, movimientos y acciones, contribuyendo a cons-truir una respuesta integral que permita salidas políticas –no necesariamente institucionales- al confl icto. Nuestro acompañamiento o nuestros servicios tratan de crear o fortalecer una visión estratégica de conjunto que posibilite a los actores sociales optar por estrategias multidi-mensionales y acciones diversas orientadas a la salida pacífi ca del confl icto.

Evaluamos que, nuestro acompaña-miento y asesoría permite la complejización y problematización de las diversas dimensiones del confl icto, ayudando a los actores socia-les a construir diagnósticos amplios y nuevas opciones de acción política, abriendo posi-bilidades y diversifi cando vías estratégicas,

ofreciendo una síntesis coherente y sistemática de instrumentos de respuesta. Dependiendo de la situación particular de cada confl icto, estas vías de solución pueden pasar por estrategias combinadas y/o selectivas de rutas jurídicas, mediáticas, organizativas, de movilización, de articulación con otros actores y sectores, de solidaridad nacional e internacional, de cons-trucción de consensos internos y, en su caso, de diálogo y negociación con el Estado. Todas estas formas de transformación del confl icto están ancladas en una visión estratégica articu-ladora para enfrentar el proceso.

Además de ello, nuestra participación junto a los movimientos sociales en confl icto, promueve la articulación con otros actores, ya sea para el acompañamiento interinstitu-cional, o bien, para generar plataformas de solidaridad o cobertura, a fi n de encontrar caminos que no representen riesgos o sean represivos y, en ocasiones, conteniendo o pos-poniendo salidas autoritarias y violentas por parte del Estado.

En dado caso, a partir de las propias peticiones y necesidades de los movimientos es posible construir puentes de comunicación y facilitar el contacto e interlocución con el Esta-do. Estas labores propias del acompañamien-to, además de diversas tareas operativas de la estrategia diseñada por los propios actores en confl icto, pueden llegar a convertirse en casos donde hay condiciones y en los que es necesa-rio, llevar a cabo procesos formales de facilita-ción, coadyuvancia e incluso mediación entre el actor social y las instituciones del Estado.

En tales situaciones, SERAPAZ se consti-tuye en una mediación civil “sui géneris”, no institucional, que se reconoce como no neutral a las causas que dieron origen al confl icto y tampoco a las demandas sociales, entendién-dose esto como una postura profunda a favor de la solución de las causas, tomando un rol imparcial, aunque no equidistante, entre las partes en confl icto, identifi cando la desigual-dad y disparidad de fuerza que desfavorece a los actores sociales. Una mediación que mueve su eje de distancia de las partes con el fi n de crear condiciones de equilibrio y lucha política entre actores desiguales, lo que, en síntesis,

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posibilita tanto condiciones de autoridad moral y política como de propuesta metodológica entre las partes.

En muchos casos, dichos procesos de mediación se sostienen también en amplias plataformas sociales y civiles de respaldo, en las que la participación de actores de la socie-dad civil, local, nacional e internacional sienta las bases para construir procesos que obligan al Estado a reconocer -al menos en principio-, la posibilidad de la interlocución con los acto-res comunitarios, civiles o sociales. La partici-pación de la sociedad civil, amplia y decisiva en todas las etapas --previas, de solidaridad y post confl icto--, constituye un factor indispensa-ble en los procesos que impulsamos, acompa-ñamos y facilitamos.

Estos fl exibles procesos de intervención en la confl ictividad social, que pueden mante-nerse como acompañamientos sin ningún tipo de interlocución con el Estado, como procesos que combinan posibilidades estratégicas como dicha interlocución o como procesos de facili-tación de la interlocución con las instituciones, representan el eje de actuación de SERAPAZ.

Para la intervención en la transformación positiva de un confl icto es necesario contar con un diagnóstico previo que clarifi que las tres dimensiones necesarias para defi nir la inter-vención y diseño estratégico de SERAPAZ: los rasgos del actor, los rasgos del confl icto mismo y nuestra capacidad institucional de aporte. En base a ese diagnóstico, la decisión de inter-venir se toma considerando los siguientes cri-terios:

A. Sobre los actores o sujetos sociales en confl icto• Consolidación: para SERAPAZ es relevan-

te el grado de autonomía que el actor ha construido en su propio proceso, como marco de posibilidad para la realización de acuerdos, ámbitos de infl uencia y clari-dad en la interlocución. A su vez, es impor-tante la voluntad y capacidad de diálogo y articulación que el propio actor ha desa-rrollado con otros actores y espacios. Tam-bién resulta necesario conocer su grado de organicidad, su capacidad de conducción

y el tipo de consensos y relaciones direc-ción/ base que ha alcanzado.

• Legitimidad y referencialidad: Valoración del actor mismo, de su agenda y de la justeza de las causas de su confl icto en el marco general de las luchas y articulacio-nes sociales. Historia y referencias previas que tenga SERAPAZ como base de recono-cimiento del propio actor y sus confl ictos, ya sea obtenida de manera institucional o personal, o bien, de nuestros aliados u organismos y personas cercanas.

• Voluntad para ir a un proceso de transfor-mación positiva del confl icto.

• Profundidad y alcance de agenda: cla-ridad respecto de las causas y dimensio-nes del confl icto, disposición a construir alternativas sobre la base de sus intereses, necesidades y posiciones.

B. Sobre el confl icto mismo• Causas e implicaciones: para nuestra

organización es indispensable analizar las causas estructurales del confl icto a fi n de valorar las rutas, avances, límites y posibilidades de transformación. Ante el crecimiento de la confl ictividad y la multi-plicación de casos afi nes que obedecen a las mismas causas, cuidamos los procesos emblemáticos para el movimiento social. Valoramos las dimensiones, importancias y especifi cidades del confl icto, considerando su carácter y relevancia local, regional, nacional o internacional, delimitando el espacio geográfi co, social y político en que se desarrolla, así como su peso políti-co, sus alcances e impactos.

• Momento del confl icto: debemos anali-zar la etapa, fase e intensidad en que se encuentra el propio proceso de confl icto, a fi n de perfi lar las acciones pertinentes para dicho proceso.

• Posibilidades de avanzar en una Transfor-mación Positiva del Confl icto: valorar las potencialidades del confl icto para generar procesos de solución justos, constructivos y no violentos, considerando la voluntad y conducta de las partes y los posibles escenarios de diálogo o acuerdo. Evaluar

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además, las posibilidades de articulación y visibilidad, así como el grado de inci-dencia en la democratización y trabajo de género como impactos deseables en un proceso de transformación.

• Riesgos de confrontación violenta: anali-zando los escenarios de violencia, repre-sión o distensión que puedan surgir entre las partes o hacia los actores sociales en confl icto, valoramos también la posibilidad de incidir en el impulso de formas de lucha no violentas.

C. Sobre SERAPAZ• Tipo de relación del actor con nuestra

organización. Tener clara la confi anza, las expectativas y solicitudes hacia SERAPAZ, así como la experiencia, capacidades y recursos humanos, metodológicos y fi nan-cieros disponibles de nuestra organización para el caso.

• Implicaciones políticas e institucionales para SERAPAZ: grado de visibilidad, de autonomía y de actuación conjunta con otros actores o instancias; necesidad de posicionamientos públicos o privados en torno al confl icto y sus actores; riesgo de

posibles agendas ocultas; solidez y perti-nencia política de la intervención depen-diendo de contextos, actores, aliados, plataformas y otros elementos de inciden-cia en el confl icto, en la vida institucional y en la vitalidad del equipo.

• Grado de vulnerabilidad o de exposición a riesgos en que puedan encontrarse los miembros del equipo de SERAPAZ al parti-cipar en un proceso de intervención.

• Claridad acerca del tipo de aporte, rol y capacidad que podría ofrecer SERAPAZ, lo que implica: a) valorar la relevancia y utili-dad de nuestra intervención; b) ponderar el tipo de objetivos, metas y logros colectivos que quisiéramos tener al intervenir en el proceso y c) considerar la posibilidad de lograr un acuerdo con el actor social que precise de manera clara, transparente y permanente, la relación necesaria para la intervención.

Por otro lado, las prioridades de SERAPAZ para intervenir en procesos de confl icto deri-van, tanto del tipo de confl ictividad, como del tipo e intensidad del servicio que podemos impulsar hacia los actores sociales:

Confl ictos donde las partes son movimientos sociales enfrentando al Estado y/o empresas

Confl ictos inter-comunitarios o inter-organizacionales derivados del confl icto frente al Estado/empresa

Confl ictos inter o intra-comunitarios (no correspondientes a un confl icto frente al Estado)

Confl ictos inter o intra-organizacionales (no correspondientes a un confl icto frente al Estado ni a una causa social-estructural)

MAYORPrioridad

a) Por los actores y el tipo de confl icto

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b) Por el tipo y grado de intervención que realiza SERAPAZ:

Tipo de respuesta Implicaciones

INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA CON MEDIACIÓN

• Compromiso político (donde, para el impulso de interlocuciones y con-diciones de diálogo, tiene relevancia el capital político y de relaciones institucionales, así como su referencialidad y peso moral).

• Compromiso metodológico (donde, para los procesos, es importante la experiencia, el diseño de estrategias, el análisis, la investigación y la sistematización).

• Compromiso de recursos humanos (que implica la operación de estra-tegias, monitoreo, presencia, seguimiento y ejecución de tareas a tra-vés de un sub-equipo en el que participarán el coordinador TPC y/o la dirección).

• Compromiso fi nanciero (que para SERAPAZ implica otorgar recursos para el desarrollo de las estrategias y las tareas derivadas de ellas).

• Compromiso interno de información, análisis y consulta en la relación del equipo y del sub-equipo.

INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA SIN MEDIACIÓN

• Compromiso político (donde juega el capital político y de relaciones institucionales, así como su referencialidad y peso moral).

• Compromiso metodológico (donde, para los procesos, es importante la experiencia, el diseño de estrategias, el análisis, la investigación y la sistematización).

• Compromiso de recursos humanos (que implica la operación de estra-tegias, monitoreo, presencia, seguimiento y ejecución de tareas a tra-vés de un sub-equipo).

• Compromiso fi nanciero (que, para SERAPAZ, implica otorgar recursos para el desarrollo de las estrategias y las tareas derivadas de ellas).

• Compromiso interno de información, análisis y consulta en la relación del equipo y del sub-equipo

ACOMPAÑAMIENTO PROCESUAL Y DE BAJO PERFIL

• No se implican los compromisos arriba descritos.• No se requiere sub-equipo, pero sí un enlace regular y el seguimiento

procesual del equipo.• Acompañamiento y seguimiento general del proceso genérico y espe-

cífi co con las articulaciones y los actores.• Asesorías y orientaciones puntuales.• Talleres específi cos.• Pronunciamientos y presencias cualitativas.

SERVICIOS PUNTUA-LES Y SOLIDARIDAD

• Servicios esporádicos o intermitentes (información, análisis, forma-ción, asesoría, enlace o canalización), que no requieren seguimiento general del proceso o confl icto.

• Tarea colectiva del equipo que no requiere sub-equipo ni enlace.• Posicionamientos, presencias y pronunciamientos en solidaridad.• Implica buscar o respaldar alianzas estratégicas y un proceso ordena-

do e informado de posibles organismos y actores con quienes puedan canalizarse, de manera confi able e institucional, algunos de los servi-cios que nos soliciten.

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Para el trabajo de sistematización de nuestra propia experiencia, decidimos concentrarnos en la etapa institucional más reciente, es decir, aquella que se abre en 2005 con la toma de decisiones estratégicas, organizativas y metodológicas de diversa índole que permiten madurar y consolidar el quehacer de SERAPAZ. La misma reúne 38 casos de confl icto en los que hemos intervenido con ritmos, intensidades y roles muy diversos que van desde aportes y tareas puntuales hasta acompa-ñamientos permanentes y decisivos.

Intervenciones “TPC” de SERAPAZ en el período 2005-2010

Tipo de confl icto Número de intervenciones

Tierra, bienes naturales y proyectos de “desarrollo” 14Derechos humanos-justicia 6Intra-organizacionales 6Político-sociales 6Gremial-político 2Inter-organizacional 2Autonomía 1Religioso-comunitario 1Confl icto social–educativo 1Total de casos 39

A continuación, presentamos una síntesis de estos 38 procesos. Por razones de seguridad y confi -dencialidad hemos omitido particularidades, servicios y tareas de SERAPAZ en cada uno de ellos. Sin embargo, para los casos emblemáticos, desarrollaremos más adelante una explicación amplia-da de los casos seleccionados. Los procesos de confl icto se ubican cronológicamente en el año en que se realizó o inició la intervención.

Actores, lugar del confl icto. Año de intervención. Tipo de confl ictividad Descripción del confl icto

1. Movimiento social-Gobierno del Estado. Oaxaca. 2005. Confl icto político social estatal.

Confl icto entre las organizaciones que en 2005 convergen en el Colectivo por la Democracia (medio centenar de organizaciones civiles, sociales y políticas), para enfrentarse al Gobierno del Estado de Oaxaca por numero-sas acciones represivas y violaciones a los derechos humanos.

2. Magisterio-Gobierno del Estado. Chiapas. 2005. Confl icto político-social-gremial

Durante el segundo semestre del año, se conforma un movimiento magiste-rial de la sección VII que tiene gran convocatoria y reúne numerosas deman-das ante al gobierno estatal. Sin embargo, se disuelve frente al entonces próximo cambio de gobierno, la negociación frente al Estado y la represión.

3. Campesinos ecologistas- Gobierno del Estado-caciques. Guerrero 2005.Confl icto por tierra, territorio y bienes naturales.

Campesinos Ecologistas de la Costa Grande de Guerrero, en confl icto por la defensa de los recursos forestales de su región contra intereses económi-cos y caciquiles que han involucrado al Gobierno del Estado.

4. Cooperativa Calpulli-Gobierno municipal. Estado de México. 2005. Confl icto por tierra, territorio y bienes naturales.

Vecinos de la Cooperativa Calpulli en confl icto con el Gobierno Municipal de Tlalnepantla-Estado de México frente la instalación de un depósito sanita-rio ilegal, la cual es impulsada por las autoridades municipales, sin consulta, información ni participación de los vecinos y habitantes.

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5. Víctimas de la represión-Gobierno del Estado. Jalisco. 2005.Confl icto intra e inter organizacional y frente al Estado. Confl icto por justicia y derechos humanos.

A partir de las movilizaciones altermundistas ante la Tercera cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, en la Ciudad de Guada-lajara se desata un operativo represivo que deja un saldo de un centenar de detenidos y, múltiples y graves violaciones a los derechos humanos. Se forma un espacio de defensa y por la liberación de los pres@s polític@s. Entre los participantes se generan tensiones debido a las diversas decisiones estratégicas a tomar.

6. CIPO-Gobierno del Estado. Oaxa-ca 2005. Confl icto político-social

El Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) impulsa un proceso de movilización de las comunidades que lo integran con diversas demandas sociales y comunitarias, instalando un plantón que luego es reprimido por el Gobierno del Estado.

7. Comunidad Vistahermosa-Gobier-no del Estado. Oaxaca 2005. Confl icto por autonomía.

La comunidad, en lucha por el reconocimiento de sus usos y costumbres, es fuertemente reprimida por el gobierno estatal. Parte de la comunidad, en protesta, se desplaza hasta la Ciudad de México.

8. Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el Gobierno del Estado. Oaxaca 2006-2007-2008Confl icto político-social, gremial, popular.

A raíz del confl icto magisterial y de las acciones represivas del gobierno del Estado, se desata un movimiento popular representado por la Asam-blea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que durante 2006, mantiene por varios meses tomada la ciudad capital del Estado. Al ser desalojados en noviembre de ese año, el confl icto entra en una nueva etapa en la que el movimiento popular se mantiene activo pero en condiciones muy adversas debido a la represión y a las múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de los gobiernos local y federal.

9. Comunidades campesinas- Gobier-no del Estado y Federal-Comisión Federal de Electricidad. Guerrero. 2006-2011. Confl icto por tierra, territorio y bienes naturales.

La Comisión Federal de Electricidad (Gobierno Federal) y el Gobierno del Estado de Guerrero, entre otras instancias, impulsan un megaproyecto hidroeléctrico –una presa- en el Río Papagayo, la cual afectará directamente a 25 mil campesinos e, indirectamente ,a 75 mil más. Ello determina el sur-gimiento de un movimiento opositor representado en el CECOP – Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al Proyecto La Parota, que impulsa una estrategia de resistencia, movilización, organización, acción jurídica y denuncia contra el proyecto.

10. Familiares y organismos soli-darios Pasta de Conchos -Gobierno Federal, Estatal, Empresa, Grupo México. Pasta de Conchos. Coahuila, 2006-2011. Confl icto derechos humanos-justicia.

Durante 2006, una mina estalla y se derrumba arrojando un saldo de dece-nas de trabajadores desaparecidos cuyos cuerpos, hasta el momento, se encuentran atrapados en la mina. Ello detona un proceso de reivindicación para la recuperación de sus cuerpos por parte de las viudas y familiares de los trabajadores fallecidos en el siniestro, surgiendo un confl icto entre el pequeño movimiento de familiares y las organizaciones solidarias que los acompañan, los gobiernos federal y estatal, y la empresa responsable.

11. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, familiares de presos políticos- Gobierno Estatal, Federal, Suprema Corte de Justicia. Estado de México 2006-2010. Confl icto derechos humanos-justicia.

El pueblo de San Salvador Atenco es violentamente atacado por un enorme operativo policiaco entre el 3 y 4 de mayo de 2006, acción gubernamental que respondía al confl icto entre el Gobierno Municipal de Texcoco, por un lado, y vendedores de fl ores, con apoyo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, por el otro. El ataque policiaco provoca la muerte de dos jóve-nes, cerca de 200 detenidos y múltiples violaciones a los derechos humanos que incluyen la violación y vejación sexual de medio centenar de mujeres detenidas, así como el posterior encarcelamiento por razones políticas de varios participantes en las movilizaciones.

12. Comunidad-Gobierno del Estado. San Blas Atempa. Oaxaca. 2006. Confl icto político-social.

Confl icto añejo. La organización comunitaria fue creciendo y disputando el gobierno local. En el proceso electoral se dio una fuerte controversia en torno a los resultados, generándose un confl icto local. Constantemente se realizan acciones represivas por parte del Gobierno del Estado.

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13. Indígenas desplazados -Gobier-no del Estado. Chiapas 2007. Confl icto derechos humanos-justicia. Inter-comunitario.

Numerosos grupos de desplazados por el confl icto armado interno, han retornado a sus comunidades sin que el tejido social se haya restablecido. Por otro lado, la impunidad frente a numerosos delitos de varios grupos y personas y la inacción del Gobierno del Estado provocan una demanda permanente de justicia frente al gobierno estatal.

14. Comunidades indígenas- Gobier-no Federal-Estatal. Chiapas 2007-2008. Confl icto tierra, territorio y bienes naturales.

A partir del decreto gubernamental de expropiación de tierras para la reser-va de la biosfera Montes Azules, como parte de la estrategia de despeje del territorio, son afectados múltiples núcleos agrarios, ejidales y comunita-rios, abriéndose la posibilidad de un confl icto entre distintas agrupaciones campesino-indígenas y los gobiernos federal y estatal.

15. Comunidad San Isidro Aloapam-Gobierno Federal-Estatal. Oaxaca 2007. Confl icto tierra, territorio y bienes naturales. Confl icto inter comunitario.

Confl icto agrario y de recursos forestales entre las comunidades de San Isidro y San Miguel Aloapam, en la región de Ixtlán en la sierra norte de Oaxaca. San Isidro Aloapam impugna además, a las instancias ambien-tales, agrarias y de gobierno por diversas razones. San Isidro Aloapam, es parte del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM).

16. Nueva Jerusalem. Michoacán 2007-2008Confl icto religioso- intracomunitario.

Una comunidad del Estado de Michoacán, ha construido un proceso auto-nómico regido por una estructura religiosa sui generis. El liderazgo principal que conducía el proceso comunitario se ha deteriorado, por lo que, por su conducción, la unidad interna del proceso se ha fragmentado y polariza-do entre distintos grupos. El gobierno comunitario y la gestión de la vida colectiva constituyen una disputa violenta entre dos grupos opuestos entre sí.

17. Asociación Mundial de radios comunitarias. 2007-2008Confl icto inter organizacional de integrantes de la red.

Una red de radios comunitarias, ciudadanas y juveniles forman AMARC-México. Su proceso interno de construcción requiere de apoyo.

18. Comunidad Xococotla - Gobierno del Estado. Morelos. 2007.Confl icto tierra, territorio, bienes naturales.

El gobierno estatal alienta y permite un proyecto inmobiliario privado de gran envergadura que afectaría una zona de abastecimiento de agua de 13 comunidades a través de tres manantiales. Las comunidades, algunas de ellas indígenas, otras rurales y otras semiurbanizadas formaron un movi-miento opositor al proyecto, con alta polarización y tensión frente al gobier-no estatal (Consejo de los 13 pueblos).

19. Movimiento de habitantes-Gobierno Federal Empresa construc-tora. Zimapán.Hidalgo.2007-2010Confl icto tierra territorio, bienes naturales.

Confl icto debido a la aprobación y construcción de un basurero tóxico en las proximidades de la comunidad de Zimapán en el Estado de Hidalgo. Las comunidades aledañas se oponen a la construcción del vertedero generan-do un movimiento opositor (Movimiento Cívico Todos Somos Zimapán) a la empresa española y a las autoridades locales y federales que autorizaron la construcción. El movimiento ha vivido momentos de represión y ocupación policiaca, lo que ha causado mayor polarización y tensión.

20. Ejército Popular Revolucionario- Gobierno Federal. 2008-2011. Confl icto derechos humanos-justicia

El 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca fueron detenidos y des-aparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. La organización guerrillera Ejército Revolucionario Popular (EPR) señala que ambos son militantes de su organización. El 24 de abril de 2008, el EPR emitió un comunicado proponiendo un diálogo con el gobierno mexicano con el objetivo específi co de la presentación con vida de los dos desapare-cidos. En el mismo documento, invita a formar una comisión que intervenga frente al Estado como intermediaria. La comisión pidió al EPR un compromi-so de tregua, que éste aceptó y el Gobierno Federal reconoció a la comisión como un grupo de interlocutores para tratar el caso.

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21. MULT-Consejo Autónomo San Juan Copala. Gobierno del Estado. Oaxaca. 2008-2010Confl icto inter organizacional e intraétnico en el pueblo triqui. Confl icto político-social.

En la Región Triqui de Oaxaca existe desde hace por lo menos 30 o 40 años, un confl icto político y social sumamente violento en el que intervie-nen diversas organizaciones sociales enfrentadas entre sí, confrontadas, a su vez, con el gobierno estatal y con un grupo paramilitar. Este confl icto provoca asesinatos año con año. Los principales actores del confl icto han sido las organizaciones MULT (Movimiento de Unifi cación y Lucha Triqui), el municipio autónomo San Juan Copala y la organización paramilitar UBI-SORT (Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui); desde entonces, se han escalado las tensiones e incidentes violentos.

22. Habitantes, vecinos Loma de Mejía-Gobierno Municipal y Estatal. Morelos. 2008Confl icto por tierra, territorio y bienes naturales.

Frente a la iniciativa de construir un relleno sanitario en el municipio de Cuernavaca, se forma un movimiento opositor al proyecto, especialmente de las colonias, barrios y comunidades afectadas por los posibles desechos y contaminación de mantos acuíferos en los municipios colindantes a Temix-co. Se establece así, un confl icto entre el movimiento opositor, el municipio de Cuernavaca y la empresa constructora PASA.

23. Magisterio y 13 Pueblos- Gobier-no Estatal-Federal. Morelos. 2008. Confl icto político-social-gremial

A partir de la reforma conocida como Alianza para la Calidad Educati-va, impulsada por el gobierno federal en el sector educativo, el magisterio democrático organizado genera numerosas protestas en varias partes del país. En Morelos se forma un movimiento de maestros sin precedentes en las últimas décadas en el Estado. Varios pueblos y comunidades se movilizan en apoyo del movimiento magisterial. La respuesta gubernamental frente a la estrategia de cierre de carreteras y caminos es un enorme operativo represivo que se enfoca en las comunidades solidarias, especialmente en la comunidad de Xoxocotla.

24. Ejidatarios y Bases de Apoyo Zapatistas de Santo Tomás. Chiapas. 2009.Confl icto agrario intra comunitario

Diversos actores sociales en confl icto por la tenencia de la tierra.

25. Ejidatarios de Agua Azul y San Gerónimo. Chiapas. 2009-2011.Confl icto agrario inter ejidal

Diversos actores sociales en confl icto por la tenencia de la tierra.

26 Sindicato Mexicano de Electri-cistas-Gobierno Federal. Ciudad de México. 2009-2010.Confl icto político-social-gremial

Frente al decreto presidencial de extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro y la liquidación de más de 40 mil trabajadores aglutinados en el SME, se detona un confl icto por la defensa del empleo y los derechos de los trabajadores.

27. Pobladores Ebulá-propietarios privados-Gobierno del Estado. Cam-peche 2009.Confl icto tierra, territorio, bienes naturales.

Pobladores y campesinos de San Antonio Ebulá en confl icto por la tierra contra poseedores privados y el Gobierno Estatal, a partir de violentos des-alojos violatorios de los derechos humanos.

28. Habitantes Temacapulin- Gobier-no Federal-Estatal. Jalisco. 2009-2011.Confl icto tierra, territorio y bienes naturales

Confl icto por la construcción de la Presa el Zapotillo, en la comunidad de Temacapulín en el municipio de Cañadas de Obregón. Ejidatarios, habitan-tes y organizaciones solidarias se oponen a la construcción de la presa que los afectaría. El proyecto es impulsado por el Gobierno Federal conjunta-mente con los gobiernos estatales de Jalisco y Guanajuato e instancias tales como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Comisiones Estatales del Agua (CEA).

29. Indígenas-campesino-Gobierno del Estado. Chiapas. 2009Confl icto derechos humanos-justicia

Integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata Región Carran-za, en confl icto con el Gobierno Estatal por la detención de tres de sus dirigentes, considerándolos presos políticos. Como una de sus acciones de movilización, toman las instalaciones de la ONU (Organización de Nacio-nes Unidas) en Chiapas.

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30. Familiares de víctimas y sobre-vivientes de Sucumbíos-Gobierno Mexicano, Gobierno de Colombia. Gobierno de Ecuador. 2009-2011. Confl icto derechos humanos-justicia.

A partir del ataque militar de fuerzas colombianas a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, se abrió una crisis internacional, que invo-lucró el asesinato de varios estudiantes mexicanos. La sobreviviente Lucía Morett, lucha por no ser extraditada a territorio colombiano.

31. Estudiantes rechazados-Autori-dades universitarias. 2010.Confl icto social-educativo

La enorme demanda y el restringido acceso a la educación superior en el área metropolitana, ha provocado el surgimiento de un Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior.

32. Vecinos y Habitantes Magdalena Contreras-Gobierno de la Ciudad de México. 2010-2011. Confl icto Tierra, territorio y bienes naturales.

El proyecto conocido como la Supervía Poniente, impulsado por el Gobier-no del Distrito Federal en el poniente de la Ciudad de México, ha generado un proceso de protesta social y resistencia de vecinos y habitantes de la zona, especialmente de la delegación Magdalena Contreras, quienes son directamente afectados, o bien, se encuentran inconformes con los efectos sociales, ambientales y culturales del proyecto que se aprobó sin la consulta, información y deliberación de la comunidad.

33. Ejidatarios y propietarios priva-dos. Jalisco. 2010Confl icto tierra, territorio y bienes naturales. Confl icto intra organizacional.

Confl icto por tenencia de la tierra entre los ejidatarios y propietarios priva-dos, en la comunidad de Loma Batán, municipio de Amacueca. Confl icto intra organizacional en la Unión Campesina Zapatista del Sur.

** No se incluyen en este resumen, los seis casos de confl icto intra organizacionales por no ser confl ictos públicos sino procesos internos. Cabe señalar también, que no se incluyen los casos que hemos comenzado a trabajar durante 2011, que sumarían, al menos, seis casos más).

En estos 39 confl ictos de muy distinta natu-raleza, como hemos señalado, nuestra orga-nización ha tenido una intervención muy diversa. En algunos casos, junto a innume-rables actores sociales de apoyo, asesores, cuerpos y plataformas solidarias, hemos sido sólo participantes secundarios. En otros, hemos servido como facilitadores de proce-sos de diálogo interno o, como mecanismos e instrumentos para la interlocución con algunas instancias del Estado. En otros más, hemos fungido sólo como asesores y facili-tadores de tareas de interlocución, o bien, hemos acompañado el proceso confl ictivo con tareas y apoyos puntuales y específi cos. Sin embargo, después de una etapa de dis-cusión, por razones de utilidad interna, deci-dimos privilegiar confl ictos en los que nuestra intervención puede considerarse relevante y, en ocasiones, decisiva para el rumbo estra-

tégico del mismo, así como casos que, por su propia resonancia nacional, nos parecen emblemáticos tanto para el país como para nuestro trabajo. Ellos serán desarrollados con mayor profundidad más adelante.

De este conjunto de procesos, se han des-prendido numerosos aprendizajes, lecciones y refl exiones sobre los actores sociales en confl ic-to, así como sobre su relación confl ictiva con actores institucionales del Estado, que llevan adelante determinadas políticas y decisiones, y con otros actores, especialmente empresas y corporaciones. En el siguiente apartado, pre-sentaremos dicha refl exión colectiva. Se trata de refl exiones generales basadas en nuestra experiencia. Más adelante, realizaremos una síntesis de nuestra actuación en casos emble-máticos, cuidando la confi dencialidad, con-fi anza y autoridad moral para la intervención en dichos procesos.

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2.1. SOBRE EL ESTADO MEXICANO. REFLEXIONES GENERALES

E n las últimas tres décadas, se ha pro-ducido un transformación del Esta-do mexicano que ha determinado el reordenamiento de sus funciones

frente a la sociedad. Ello ha implicado un cam-bio cualitativo en la confl ictividad social y en el tipo de problemáticas que nuestra organiza-ción atiende a través de sus servicios.

Hoy, tanto el aparato de gobierno como la estructura general del Estado mexicano, se orientan a garantizar las inversio-nes y la acumulación de ganancias. Esta evidente prioridad de Estado, ha modifi cado su papel en la sociedad, especialmente en lo que respecta a las funciones sociales y de seguridad estatales. Mientras las primeras son paulatinamente abandonadas, las segundas se han convertido en el eje de actuación central para la gobernabilidad.

Con el retiro del Estado, que daba protección a la población, se genera un enor-me vacío en la integración y cohesión social. Las urgentes necesidades de la sociedad son resueltas a través del crimen organizado, los servicios privados empresariales, la migración y, en menor medida, la autoorganización social. Frente a escenarios de precariedad y desposesión absolutas, al dejar de cumplir las funciones sociales, el Estado también deja de ser la salida para resolver dichas situaciones. Esto explica el gran crecimiento y fragmentación de posibilidades no estatales que van desde el comercio informal, hasta la

privatización paulatina de servicios, pasando por la economía criminal o las autonomías sociales de los pueblos indios y otros secto-res populares.

Si la prioridad del Estado es asegurar la captación de inversiones -generalmente trasna-cionales- y, proteger la acumulación y concen-tración de capitales nacionales o extranjeros, su función represiva necesariamente se exacerba, debido a la inestabilidad social que provoca y que, por tanto, debe controlar. Obviamente, en las situaciones de confl ictividad social, el rol prioritario del Estado es desarticular cualquier obstáculo que exista para la acumu-lación. Por ello, hay una creciente sofi sticación y complejización de los métodos represivos, de control y cooptación, los cuales pueden basarse en múltiples combinaciones de contrainsurgen-cia, criminalización, represión, persecución, hostigamiento, neoclientelismo, invisibilización y neutralización de los actores sociales en confl ic-to con el Estado y el sector privado.

En los confl ictos abiertos con los actores sociales, los distintos gobiernos representan, en buena medida, a los intereses privados y empresariales; en muchas ocasiones, ya no cuentan con los elementos y mecanismos para atender las demandas sociales exigidas por los actores en confl icto. Ello es consecuencia de una creciente fragmentación y dispersión de las decisiones que involucran a distintos niveles de gobierno; y, en los hechos, también a actores del sector privado, comercial y empre-sarial, nacional o extranjero, a veces, incluso a instancias regionales y supranacionales que infl uyen en la decisión.

Lecciones y refl exiones sobre la confl ictividad social Aprendizajes de la práctica de SERAPAZ en las intervenciones

para la transformación positiva de confl ictos

Capítulo 2

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A lo ya mencionado, hay que sumar una severa crisis de representación y legi-timidad en los aparatos de la democracia formal del Estado mexicano. Paulatinamente, los partidos políticos han dejado de ser los ordenadores e integradores de las necesida-des, voces y demandas sociales. La creciente separación política entre los partidos y los movimientos y sectores, genera una profunda crisis que determina que los propios actores sociales sean quienes busquen, tanto la auto-rrepresentación frente al Estado, como las sali-das y el procesamiento de los confl ictos. Existe un vaciamiento de contenido de la represen-tación política lo que, en los distintos Congre-sos, se expresa mediante un bloqueo de las salidas institucionales a la confl ictividad social. Los movimientos y actores sociales se quedan sin respuestas efi caces desde la representación popular formal, lo cual obstruye y relativiza los canales de representación institucionales.

Existe además, una profunda pugna inter e intrapartidaria que reorienta la discusión, las agendas, prioridades, ritmos y visibilidad mediática, volviendo secundaria la confl ictivi-dad social y enfocando la atención nacional y la atención de los partidos en las confron-taciones internas. La representación institu-cional, cada vez más, se centra de manera autorreferencial en sus disputas políticas y en su propia reproducción lo que, a su vez, pro-duce un clima de estancamiento y descompo-sición permanente del régimen y sus actores políticos, con una importante crisis de legiti-midad y credibilidad frente a la población en su conjunto y, frente a los actores sociales en confl icto, en particular.

Los canales cerrados de los poderes ejecutivos (federal, estatales y municipales) y la obstrucción de la representación en los congresos, lleva a que un importante número de confl ictos se intente procesar a nivel del Poder Judicial, por lo que, la Suprema Corte de Justicia como última instancia de posible resolución, ha ganado visibilidad. Por otro lado, en las estrategias para enfrentar los confl ictos desde los actores sociales, se han incrementado los mecanismos de protesta informal o no institucional.

La alternancia política, abierta en la década de los noventa y acelerada con el cambio del partido en el gobierno federal des-de el año 2000, no signifi có la reforma del Estado, sino una ocupación y fragmen-tación del aparato estatal que ha ocasionado una creciente pugna de poderes, manteniendo vigentes muchas de las claves autoritarias que funcionaron en el pasado y refuncionalizando formas de control como los nuevos mecanismos de clientelismo político. A ello, hay que agre-gar la disputa entre estos sectores políticos por afi anzar alianzas con distintos sectores empre-sariales nacionales y extranjeros, generándose una intensa crisis en las élites en el poder. Esto hace al modelo sumamente inestable, en franco y abierto confl icto con los actores populares.

Por otro lado, la desventajosa forma de inserción en el mercado mundial, la crisis económica global y la desaceleración estado-unidense, así como las políticas de libre mer-cado impulsadas como política de Estado, han dejado a la economía nacional debilitada y dependiente del mercado norteamericano. La competencia de otras naciones con peores condiciones laborales y en las que los salarios son mucho más bajos, ha erosionado paulati-namente la competitividad mexicana para ofre-cer mano de obra barata para la inversión. Ello ha determinado que el crecimiento económico se centre en la expansión extractiva de recur-sos, en el turismo y en la inversión en infraes-tructura que todos los gobiernos, de cualquier tendencia ideológica, impulsan como eje de crecimiento. Dicha expansión, sin embargo, ha encontrado una fuerte resistencia y oposi-ción en innumerables comunidades, pueblos, movimientos y comités vecinales, afectados directamente por la extracción, el intento de despojo de tierras, la conversión de zonas enteras en enclaves turísticos y, en especial, por la agresiva expansión de obras de infra-estructura. Es por ello que la confl ictividad, en los últimos años ha tendido a des-plazarse hacia el ámbito territorial, hacia confl ictos de tierra y bienes naturales.

Por último, la grave crisis de seguri-dad derivada del narcotráfi co hace evidente el crecimiento de una economía criminal como

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opción generalizada para grandes sectores sociales. El crimen organizado, constituido en redes comerciales de productos ilegales, ha entrado en una disputa armada por el control territorial de mercados de distribución y por el control de población, posibilitando la implan-tación de una economía criminal diversifi cada y profundamente violenta. Esta disputa y com-petencia violentas por la expansión, control, distribución y protección del comercio de dro-gas, entre grupos del narcotráfi co, entre secto-res policiales y del ejército y, de los gobiernos municipales y estatales en confl icto o en alian-za en cada región, ha provocado la crisis que ahora vivimos, generando enormes costos humanos y el rompimiento del tejido social. A ello habría que sumar, en consecuencia, una creciente demanda de seguridad resuelta a través del incremento de servicios privados y otros mecanismos de seguridad no estatales. La crisis de seguridad desplaza el confl icto social a una dimensión pública secundaria.

2.2 CONFLICTIVIDAD SOCIAL, GOBIERNOS, ESTADO, PROCESOS DE DIÁLOGO

El desarrollo de la confl ictividad en México se ha visto modifi cado por la evolución y trans-formación de los poderes políticos y por las relaciones y tensiones entre ellos, produciéndo-se un trasvasamiento de poderes, funciones y tareas hacia los gobiernos estatales locales. Se constata una creciente tendencia del Gobierno Federal a no intervenir en confl ictos que formal-mente son de materia estatal o local. A pesar de ello, en los hechos, tiene un campo de decisión importante la Federación, cuya intervención sería decisiva para su solución. Sin embargo, desde el Gobierno Federal se evidencia un creciente deslindamiento de la confl ictividad social y un desprendimiento de la goberna-bilidad, lo que genera el crecimiento de la autonomía y el poder de los gobiernos locales. Este proceso, que institucionalmente podría ser visto como de descentralización y equilibrio de niveles de gobierno, en los hechos signifi ca una disputa interpoderes cruzada por intereses partidarios nacionales, en los que intervenir u

omitir con sus acciones, en muchas ocasiones conlleva rentabilidad política y herramientas coyunturales para golpear a las fuerzas opo-sitoras institucionales. Para los actores sociales en confl icto, representa un vacío o ausencia de mecanismos reales que permitan procesar sus agendas y necesidades, cuyas causas y solu-ciones rebasan el ámbito local.

La interferencia de otros intereses, ajenos a la confl ictividad, determina a veces, que la posibilidad de contacto con el Gobierno Fede-ral no represente una posibilidad real de avan-ce, porque los actores que intervienen e inciden van mucho más allá de los actores directos, infl uyendo otras lógicas, otras negociaciones, otras valoraciones de alianzas, coyunturas y efectos que no se explicitan, lo cual atrapa a los confl ictos en dimensiones irresolubles. Más que descentralización, existe una debilidad y una fragmentación del Poder Federal, que deri-va en el consecuente fortalecimiento - a veces sin límite-, del poder de los gobiernos estatales y otros poderes informales.

Sin embargo, si bien muchos confl ictos se desarrollan localmente, pasan a la esfera nacional por sus implicaciones económicas, de gobernabilidad, de visibilidad o de radicali-dad, relativizando su dimensión local en tanto se conectan con causas estructurales, debaten el modelo de desarrollo nacional o plantean demandas de democratización profunda.

Esta disputa de poderes genera distintas tensiones y competencias entre la Federación y los Estados, existiendo diversos cálculos políticos respecto al abordaje del problema concreto. Es difícil que entre ellos se produzca una concurrencia y postura común acerca de cómo enfrentar y procesar los confl ictos, lo que se convierte en un obstáculo para cualquier interlocución y solución. Cabe mencionar, sin embargo, que en condiciones excepciona-les y de razón de Estado, esta convergencia o alineación de poderes se constituye -como veremos adelante- en una alianza signifi cativa para procesar el confl icto por vías represivas.

A partir de la propia evolución de la lucha social se crea entonces una contradic-ción pues, al no encontrar salidas, soluciones o, incluso, interlocución con los gobiernos

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municipales y estatales, se escala el confl icto para hallar un nivel de interlocución nacional con los Poderes Federales, pretendiendo que intervengan según las necesidades del confl ic-to local. Sin embargo, cuando éstos intervie-nen, lo hacen para utilizarlo y administrarlo en función de su propia agenda política, para otras estrategias de disputa generales entre las fuerzas políticas institucionales nacionales.

Los funcionarios gubernamentales se incorporan a los procesos de confl icto, más que en una lógica de acuerdos, en una lógica de administración de los mismos, de evasión, sin asumir y desconociendo las causas de ori-gen de la confl ictividad.

Las estructuras de gobierno, cada vez más, son infl uidas y condicionadas por pode-res fácticos o autónomos en los que se revelan los límites e intereses de distintos gobiernos, acotados por corporaciones, empresas, medios de comunicación o el Ejército, que funcionan, presionan y operan más allá de los controles gubernamentales. En esta situación, los gobier-nos municipales, estatales y federal responden a los intereses de dichos poderes y no a las demandas de los actores populares.

En los casos de megaproyectos de infraestructura, la inversión millonaria priva-da en alianza con el capital fi nanciero como eje de desarrollo, por un lado, y como eje de gobernabilidad y utilización política, por otro, implican una fuerte decisión de Estado que se toma en el ámbito federal y es operada por los gobiernos estatales. A estos últimos compete, tanto el reordenamiento de tareas y funciones de control, como someter, reprimir, contener o domesticar localmente a las resistencias, opo-siciones y protestas a los proyectos. El ámbito federal, sin embargo, es reservado para aque-llos momentos en los que se vuelve necesario apuntalar o fortalecer la estrategia de fuerza de los gobiernos locales. Cuando esta decisión de Estado alinea los intereses federales y esta-tales, la fuerza con que se impone la represión o las decisiones es absoluta. Si coyunturalmen-te esta alineación no está en juego, se abre un campo de oportunidad para los movimientos de resistencia en su estrategia para enfrentar el confl icto. Cabe señalar, la infl uencia creciente

de corporaciones y empresas como un actor más o menos invisible en los procesos, desco-nociéndose las presiones, intereses, formas y métodos de dichos actores. Sin embargo, la alineación del poder de las empresas con el fi n de empujar la realización de los proyectos, se ha convertido en un elemento indispensable a considerar en posteriores intervenciones.

La virulencia y agresividad con que se imponen los proyectos de infraestructura deci-didos desde el Gobierno Federal y operados desde los gobiernos estatales, refl ejan la ten-dencia de estos últimos de actuar de manera similar, sin importar fi liación partidaria. El interés estatal por las inversiones en infraes-tructura y por el reordenamiento de los bienes ambientales y el orden urbano, parece ser una necesidad que se abre paso a toda costa, provocando un enorme choque con la deci-sión barrial, comunitaria o social de resistir la desposesión y el agravio. La polarización de ambas posturas hace de estos confl ictos verda-deras batallas radicalizadas.

En los casos de confl icto por construc-ción de grandes proyectos de infraestructura, al menos, una debilidad fundamental del proceso impulsado por el Estado está dada por las graves anomalías, irregularidades e ilegalidad con que se realizan los procesos de aprobación, de expropiación, de enajena-ción de tierras y de permisos de operación. Los actores sociales, a pesar de las muchas difi cultades para obtener información, han encontrado este ángulo de debilidad de los procesos lo que, en los hechos, ha signifi cado articular la estrategia de resistencia y movi-lización política con la impugnación legal, constituyéndose así un obstáculo insalvable para el avance de dichos proyectos.

La lección sobre estos casos refi ere que, más allá de las discusiones sobre la validez o utilidad de los canales institucionales, la defen-sa legal, en combinación con la movilización política, está siendo una herramienta podero-sa. La articulación entre defensa legal y pro-testa popular parece ser indispensable como base estratégica para el diseño de acciones y visiones amplias de transformación del confl ic-to por parte de los actores sociales.

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Los casos de confl icto por la tierra, el territorio y los bienes naturales resultan emble-máticos debido a la difi cultad para abrir pro-cesos de diálogo y negociación. Por un lado, se evidencia la nula voluntad de los actores estatales para escuchar la argumentación de los movimientos en resistencia y, por otro, una radicalidad desde las bases que hace imposi-ble cualquier interlocución. Aquellas veces que se logra impulsar mesas de diálogo, las mis-mas no llegan a resultados importantes, tenien-do lugar un diálogo poco efectivo e inefi caz, que lleva al cumplimiento parcial de acuerdos o al establecimiento de acuerdos mitigantes pero no resolutivos.

Ello se debe a que no pueden generarse procesos de diálogo efectivo entre racionalida-des disímbolas en las que se juegan visiones distintas del mundo y el desarrollo, así como valoraciones diferentes acerca de las necesi-dades prioritarias y en las que operan escalas de análisis e identidad sumamente distintas, apoyadas en fuerzas desiguales. Por un lado, desde el Estado y las corporaciones, la tierra y los bienes naturales son considerados como recursos intercambiables, como mercancías, lo que además, revela una visión desarrollis-ta y extractivista que piensan legítima, como modelo de desarrollo económico y como orde-nadora de la vida, el trabajo, el territorio y las inversiones económicas vistas desde los inte-reses nacionales. Por el otro lado, la tierra y los bienes naturales no son percibidos por los movimientos como recursos mercantilizables sino como elementos primordiales de identi-dad, historia, reproducción de la vida, susten-to, memoria y dignidad.

Ello muestra una forma distinta de rela-cionarse con la naturaleza desde lo local, dimensión y escala vista como propia y, en disputa por su control, poniéndose en juego valoraciones y cosmovisiones que no priorizan el orden económico. Dichas visiones radicali-zan las posturas, de manera que la implemen-tación de los proyectos, en última instancia, se vuelve una urgencia de inversión internacional, gobernabilidad y modelo de desarrollo. A la vez, la defensa de la tierra y los bienes natu-rales, se convierte en necesidad de sobreviven-

cia, resistencia al despojo y a la desaparición de formas sociales, culturales e históricas pro-pias, así como en lucha por la identidad y la dignidad. Ello explica su enorme polarización y, en numerosas ocasiones, la inviabilidad de procesos de diálogo efectivos.

Del lado del Estado, es indispensable señalar que, la defensa de la implementación de los proyectos de infraestructura, se basa en un pleno convencimiento de su utilidad como modelo de desarrollo basado en la inversión transnacional, extractiva de los bienes natura-les, donde el paradigma y el modelo de cre-cimiento están fuera de toda discusión. El rol jugado por el Estado en relación a las corpo-raciones y su intencionalidad de inversión, es el de defensor o intermediario de dichos intere-ses. Ello se ancla en la justifi cación de la nece-sidad de estos proyectos, enmarcándolos en un supuesto interés mayor, nacional, conside-rado obvio y pertinente. El Estado se convierte en representante de los intereses corporativos, por lo que, las empresas no requieren sentar-se en la mesa de negociaciones. Incluso, se cuentan casos en los que funcionarios públicos son, ahora, integrantes de las corporaciones que desarrollan los proyectos o viceversa, entendiéndose claramente la confl uencia de intereses. Ello provoca una enorme distorsión, en tanto el Gobierno Federal sustituye a los actores reales del confl icto y representa intere-ses privados.

La interpretación, lectura, análisis y diag-nóstico del Estado sobre los procesos de con-fl ictividad social, se basa en escalas y actores distintos de aquellos a los que los movimientos sociales están vinculados realmente. La forma nacional del Estado construye una escala cen-tral de visión de la gobernabilidad y de los actores políticos que sobredimensiona a las fuerzas políticas partidarias nacionales, por un lado, y subestima y empequeñece la auto-nomía y determinación de colectivos, grupos, procesos barriales y comunitarios por otro.

De manera decisiva, el diagnóstico y origen de la confl ictividad queda determinado por ideologías, actores, matrices de análisis y coyunturas que corresponden a disputas de actores nacionales cuando, en numerosas oca-

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siones, aunque los movimientos cuentan con vínculos, posturas y relaciones con lo nacional, se desenvuelven de manera particular a partir de la resistencia, organización y decisión de comunidades y pueblos enraizados en lo local.

Desde este primer elemento, se genera un choque y disputa por la legitimidad del ori-gen de la confl ictividad, en el cual el Estado no entiende y no reconoce a los movimientos loca-les la legitimidad de sus demandas, agenda y contenido de sus protestas. Frecuentemente, el Estado y sus actores, trasladan al confl icto la disputa interpartidaria e interparlamentaria como única matriz de análisis del origen de las diversas confl ictividades sociales. De entra-da, esto desarrolla una visión distorsionada y sobreideologizada de los procesos, luchas y movimientos sociales ya que, en última instan-cia, desde su visión, los confl ictos y movimien-tos estarían alentados por la disputa nacional o partidaria. En esa lógica, los movimientos y luchas sociales constituyen sólo expresiones secundarias de un solo confl icto de poder entre fuerzas nacionales institucionales, deslegitiman-do agendas de defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales, agendas ambientales, derechos indígenas y muchas más.

Por otro lado, es recurrente la negación de los movimientos, actores y grupos sociales comunitarios como interlocutores válidos, a pesar de que muchas veces poseen una evi-dente representatividad, masividad y son acto-res visibles localmente y en sus regiones. Se niega a los colectivos el ser sujetos de dere-chos, sean éstos mayoritarios o no. El trato reiterado que las instituciones estatales hacen de los movimientos independientes como una anomalía social, como sinónimo de desorden e incluso de vandalismo o violencia, está en crecimiento. El cierre del reconocimiento de los interlocutores sociales, con el argumento de que deben utilizar los canales instituciona-les del Estado, niega la identidad, legitimidad y legalidad de los mismos. Ello sólo provoca mayor polarización y tensión entre quienes empujan la protesta social. El repetitivo argu-mento gubernamental de que las expresiones sociales de protesta, resistencia u oposición son minoritarias, parece consolidar una com-

prensión restrictiva y autoritaria del confl icto social, eliminando, de entrada, posibilidades de debate, apertura para la argumentación y legitimidad de la protesta, sea ésta mayorita-ria o no.

La negación del propio actor, como sabemos, constituye un obstáculo insalvable para generar procesos de diálogo. La nega-ción y falta de reconocimiento provocan una reacción de indignación entre quienes se orga-nizan, movilizan y luchan en defensa de sus derechos.

En sentido opuesto, desde la visión gubernamental, el claro reconocimiento e inter-locución con los actores partidarios y parla-mentarios, refl eja una visión estrecha tanto de la confl ictividad como de la gobernabilidad, que privilegia el reconocimiento de los actores estatales, deslegitimando, aislando y menos-preciando a aquellos actores ubicados fuera de la representatividad y estatalidad institu-cionales. El sentido de autoridad e institucio-nalidad se impone a las agendas, contenidos, argumentaciones, legitimidad, visibilidad y, en ocasiones, masividad de los movimientos.

Es reiterativo un problema de origen cuando, al abrirse mesas de diálogo, los acto-res gubernamentales no abandonan la lógica de enemigos con que identifi can a los actores colectivos movilizados. Los agrupamientos sociales en protesta, no son sujetos legítimos o sujetos de derechos sino enemigos u obstácu-los. Si para distintos gobiernos los actores en confl icto no son interlocutores legítimos, mucho menos lo son sus tácticas y acciones de presión y movilización. Éstas son clasifi cadas como ile-gales, por fuera del Estado de derecho, lo que lleva a equiparar a los actores sociales con la delincuencia, la violencia y el desorden. Ello connota una visión autoritaria y cerrada en una interpretación estrecha de la legalidad que cierra los canales institucionales para procesar cualquier confl icto.

Los actores gubernamentales están rehu-yendo cualquier tipo de mediación, diálogo e interlocución estratégica. Es posible que el ejemplo chiapaneco pese en las valoraciones de no abrir mecanismos de diálogo formal, institucional y de Estado que fortalezcan la visi-

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bilidad, argumentación y empoderamiento de actores sociales en resistencia o en protesta. El diálogo estratégico ha sido cerrado para entablar, en todo caso. interlocuciones situa-das bajo la conducción unilateral de gobier-nos e instituciones, regresando a un esquema de petición o negociación de ventanilla, en el que el Estado, los gobiernos y las instituciones tienen la última palabra. La posibilidad de mediaciones de alto perfi l, con alto valor moral y visibilidad, ha sido ampliamente rechazada o rehuida. Pareciera que el Estado evalúa que otorga poder a quien le abre interlocución; por ello, dosifi ca en extremo ese reconocimiento. Como hemos dicho, prefi ere la interlocución entre partidos y no con los actores sociales, ya que un verdadero diálogo, no sólo implicaría reconocer a los movimientos y cuerpos colecti-vos de protesta como legítimos y válidos sino también, reconocerlos como sujetos de dere-chos. El Estado, más que para dicho reconoci-miento, usa el diálogo y la negociación para otras agendas e intereses.

El hecho de que en el Estado se esté construyendo un patrón estratégico en relación a los movimientos sociales, a sabiendas de que la protesta social y la movilización masiva son difíciles de sostener con toda su fuerza en tiem-pos prolongados, debe ser signo de alarma. Es observable ya, que numerosos gobiernos administran los confl ictos sociales, esperando que el desgaste, la descomposición y la frag-mentación de los movimientos permitan una nueva correlación de fuerzas con el tiempo. Ello les permite avanzar en soluciones de fuer-za y represivas o en proyectos y decisiones de facto impulsados desde el Estado.

Por otro lado, es claro que existe una complejización y sofi sticación de los métodos y acciones represivas del Estado; por un lado, con acciones combinadas de represión masiva y selectiva, criminalización y judicialización de los confl ictos y actores sociales acopladas a campañas mediáticas de desprestigio o ais-lamiento; métodos de control y contrainsurgen-cia de bases sociales aunados a persecución y hostigamiento de liderazgos; intervención de fuerzas policiacas federales y, en su caso, actuación de grupos parapoliciales y parami-

litares; represión y mano dura para quien se radicaliza, control y cooptación para quien se abre a la interlocución; órdenes de aprehen-sión selectivas, administradas para ser usadas en el momento político adecuado e incluso, asesinatos y desapariciones.

También resulta evidente la existencia de una creciente dislocación y disputa interna por los aparatos de inteligencia, represión y seguimiento de los movimientos sociales. La creciente descoordinación se vuelve peligrosa, en la medida en que, al interior del Estado, conviven distintas lógicas de control y repre-sión, diferentes límites y métodos de coerción, criminalización, represión, encarcelamiento, hostigamiento y vigilancia que hacen aún más difícil tener lecturas acertadas de las intencio-nalidades y alcances de las mismas. Obvia-mente, hay patrones represivos sencillos de clasifi car y distinguir, pero también, distintos alcances y lógicas territoriales combinadas con múltiples actores no estatales, que impiden medir con precisión los riesgos y la inseguridad para quienes protagonizan confl ictos sociales frente al Estado, corporaciones y, en ocasio-nes, grupos armados diversos. Si las múltiples contradicciones al interior del Estado así como su creciente vinculación con sectores privados complejizan la transformación positiva de los confl ictos, también al interior de los procesos populares existen numerosas difi cultades para enfrentar la confl ictividad. De ello hablaremos a continuación.

2.3 SOBRE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES MEXICANOS. REFLEXIONES GENERALES

En las últimas tres décadas, los movimientos sociales mexicanos han ido activándose como actores centrales en las luchas por la democrati-zación del país, por un lado, y en procesos de protesta y resistencia social a las políticas neoli-berales aplicadas en el periodo, por el otro.

A fi nales de los ochenta y durante la década de los noventa, en la práctica, los movimientos construyeron una sinergia alre-dedor de la democratización del régimen. Al tener lugar la alternancia en el año 2000, los

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movimientos comenzaron a tratar de generar nuevas orientaciones de unidad y articulación basadas en la construcción de horizontes pro-gramáticos propios, impulsando numerosos intentos unitarios que, sin embargo, no han logrado consolidarse y mantenerse en el tiem-po. La década que termina, estuvo mucho más marcada por la defensa de derechos sociales y por la reaparición de horizontes anticapitalistas o antisistémicos en una parte de los movimientos sociales que por el hori-zonte de democratización.

A pesar de ello, estos ensayos de orga-nización social independiente multisectorial, multitemática e incluso sectorial, han tenido serias difi cultades para contar con un pro-grama común y, en especial, con una prácti-ca de resistencia y movilización unitaria que se sostuviera y consolidara como alternativa al neoliberalismo.

En la última década, de forma progresi-va y con enormes inconvenientes, se han ido activando procesos de protesta social contra los cambios estructurales en las condiciones laborales, contra el impulso de políticas de mercado y contra el despojo de tierra, territorio y la extracción y explotación de bienes natu-rales, así como también, luchas emblemáticas por los derechos indígenas. Tales procesos de resistencia e impugnación a las políticas de mer-cantilización han signifi cado la obstrucción y desaceleración de la expansión privatizadora, teniendo altos costos sociales y represivos y, en muchas ocasiones, no logrando detener los cam-bios, reformas, proyectos y políticas impulsadas desde el Estado para privilegiar la acumulación y el crecimiento económico desigual.

Estas luchas, resistencias y movimientos sociales representan una confl ictividad estruc-tural que ha encontrado, a su vez, una gran resistencia del Estado, que ha frenado los inten-tos de avance de diversos sectores sociales que han reivindicado agendas democratizadoras, de cambio social, de defensa de derechos y prácticas antisistémicas.

Ello se debe, en buena medida, a que la fragmentación de la sociedad y la ruptura de los ordenadores sociales antes represen-tados por los partidos políticos y sindicatos,

han generado una enorme dispersión de los propios movimientos. La separación progresiva de la forma partidaria que ha experimentadp una importante parte de las luchas sociales, ha signifi cado autonomía, independencia, maduración, cultura política propia y que los movimientos se hayan convertido en sujetos políticos por sí mismos. Por otro lado, también ha implicado que los movimientos hagan frente al reto de construir un instrumento político alter-nativo por encima de las particularidades para articularse entre sí. El proceso, ha encontrado numerosos obstáculos, ya que los movimientos enfrentan una fragmentación estructural tanto de la sociedad como de la separación de la forma partido y no, una dispersión coyuntural. En los últimos años, vivimos una fase importan-te de refl ujo de las luchas populares, las cuales se encuentran dispersas, sin tener un horizonte común y sin contar con procesos organizativos maduros de articulación.

Dentro de algunos de los movimientos sociales mexicanos, podemos encontrar expre-siones de una profunda transición política social. Éstos construyen una cultura política propia, valores y actitudes alternativos, rei-vindicando la diferencia, la dignidad, la rebeldía, la negación de lo dado y la lucha contra el autoritarismo lo que, en la práctica, signifi ca un aporte signifi cativo y una fuer-za creciente en tanto se van convirtiendo en sujetos sociales. Tales expresiones represen-tan una forma de hacer política que amplía el campo propio concebido como político, cuestionando la restrictiva visión que reserva dicho campo a los partidos.

Algunas de estas expresiones han ido construyendo, fortaleciendo y creando, prácti-cas autogestionarias que van desde el campo productivo hasta la consolidación de medios de comunicación alternativos propios, desde innovaciones democráticas hasta microsiste-mas de autogestión que privilegian lo local en múltiples formas de experiencias de cambio social. Han generado, a la vez, habilidades y capacidades de investigación y análisis de sus propias problemáticas y comenzado a produ-cir algunos aportes programáticos. Existe una creciente participación social, multisectorial,

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diversa, una constelación de microresistencias, luchas y movimientos sociales.

Sin embargo, en varias de las expresio-nes de los movimientos, también se mantienen prácticas políticas antidemocráticas y vertica-les, aunque éstas son cada vez más ilegítimas; a su vez, numerosos vacíos organizativos al interior de los movimientos sociales y luchas populares, los llevan a adolecer de una con-fl ictiva y tensa distancia entre dirigentes y base que impide que éstas construyan, compartan y hagan suya las estrategias para enfrentar los confl ictos. Sufren además, la falta de espacios de formación y educación y políticas horizonta-les, donde las bases puedan ampliar sus habili-dades, capacidades y politización. Asimismo, todavía existe una tendencia importante a la participación centrada en el mundo masculino del trabajo y de la propiedad de la tierra que implica que, aunque la participación de las mujeres sea en ocasiones la columna vertebral de muchos movimientos, la dirección y conduc-ción se mantenga en los hombres. Cuando ellos reconocen dicha problemática, no saben cómo articularse con los sectores jóvenes y femeninos del propio movimiento. Los procesos popula-res padecen de una tendencia al activismo de muy corto plazo, a una inmediatez de la lucha social profundizada, muchas veces, por la falta de recursos y la insufi ciente organización para construir estrategias a mediano y largo plazo.

La cercanía al Estado y los partidos, así como las estrategias de cambio social, repre-sentan algunos de los principales factores de división entre las luchas, resistencias y movi-mientos sociales. Por un lado, en una parte de estos procesos sociales domina una perspecti-va electoral que los subordina o vuelve refl ejo-dependientes3 de los tiempos, necesidades y lógicas de acceso al poder. Por otro, el ingre-so de la izquierda política a las estructuras gubernamentales y parlamentarias del Estado, ha signifi cado una bifurcación que afectó de

3 El término, utilizado por Christian Adel Mirza en su trabajo “Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina”, com-plejiza el concepto de dependencia, ya que se asume que los movi-mientos actúan por sí mismos, pero sólo como re ejo de las acciones y caminos estratégicos desarrollados por la lógica partidaria. No sólo son dependientes de ellos sino que adolecen de cierta debilidad estra-tégica de proyecto emancipatorio.

distintos modos a los movimientos. Enfrentar la alternancia en la Ciudad de México, Chiapas, Michoacán, Guerrero y ahora Oaxaca, en ocasiones ha signifi cado un desfondamiento de varias expresiones de los movimientos, que comenzaron a orbitar en la lógica estatal o bien, abandonaron la impugnación de dichos gobiernos, acortando el margen que tienen algunas expresiones independientes o autóno-mas frente a los gobiernos progresistas.

Si bien la estrategia de cambio social representa un tema polémico dentro de los movimientos sociales, también es relevante señalar que la disputa por la conducción y orientación de los procesos de articulación de las luchas sociales constituye una importante debilidad al interior de la diversidad de orga-nizaciones, colectivos, redes y movimientos en tanto no han logrado dirimir diferencias estra-tégicas y de conducción.

A partir de la observación y cercanía con los procesos sociales podemos ubicar, al menos, tres procesos signifi cativos de confl ic-tividad social en México: la de los pueblos indios, la de los trabajadores sindicalizados y aquellas luchas que llamamos socio-ambienta-les o en confl icto por la tierra, el territorio y los bienes naturales.

Una de las vertientes más signifi cativas de estos procesos, es la latencia de los pueblos indios como actores sociales, encabezados por el zapatismo, pero ahora, con diversas organizaciones y movimientos comunitarios indígenas, cuya presencia más importante se encuentra en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y, en menor medida, en Michoacán y Jalisco. La decisión del zapatismo de construir la auto-nomía de facto, en los hechos, a partir de la organización de las Juntas de Buen Gobierno, como respuesta a la obstrucción para la apro-bación de una ley indígena que signifi cara una verdadera reforma del Estado, orientó a una parte mayoritaria del movimiento indígena hacia la construcción de autonomía local. Auto-organización, autonomía, autoproducción son algunos de los ejes de numerosas expresiones del movimiento indígena nacional que, deja-ron de ser un actor visible y movilizador, para concentrarse en procesos de reconstitución de

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los pueblos y en la autogestión productiva y comunitaria. Es por ello que, de manera poco visible, las organizaciones indígenas ahora se enfrentan más a las problemáticas de despo-jo, tenencia y regularización de la tierra, a las difi cultades económicas para la producción, a la erosión del tejido integrador comunitario determinada por la migración, a la pobreza y al narcotráfi co; estando, a la vez, polarizados localmente con los procesos extractivos explo-tadores de recursos y enfrentados con numero-sos proyectos de infraestructura energética, de transporte, movilidad y turismo.

La confl ictividad indígena que se consti-tuye, ya no gira en torno a lo nacional y a la defensa y construcción de derechos, sino que lo hace en torno a lo local y lo territorial. Se tra-ta de procesos de resistencia, impugnación y lucha en defensa de los procesos de autonomía locales. La confl ictividad indígena devela cla-ramente el modelo de crecimiento económico basado en la hiperextracción, en la expansión privatizadora hacia una economía de servicios y en una política de obras públicas como ejes de crecimiento del empleo, lo cual conlleva altos costos ambientales y socioculturales.

Otra de las vertientes de la confl ictivi-dad que es posible ubicar durante la década que termina, la constituye la resistencia de los trabajadores organizados. Representados básicamente por un sindicalismo estatal, los trabajadores de la educación han sido durante todo el periodo, actores decisivos en la confl ic-tividad nacional y local, como actores gremia-les en resistencia contra políticas consideradas neoliberales o privatizadoras en el ámbito educativo, siendo protagonistas y eje de los confl ictos de Oaxaca y Morelos, entre otros Estados. A pesar de los refl ujos, el movimiento magisterial se mantiene vigente.

El proceso de movilización, organiza-ción, articulación y resistencia de expresiones sindicales o ligadas a ellas, originó procesos de movilización en torno a la protesta y oposición a las reformas del ISSSTE (Instituto de Seguri-dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y de la ley Federal del Trabajo, generando una importante y masiva participa-

ción de los trabajadores que, sin embargo, no encontró mecanismos de organización independiente y cuya fuerza fue insufi ciente para desacelerar o detener dichas reformas, lo cual hizo que estos procesos terminaran en la dispersión.

Es de resaltar, la resistencia de electricis-tas y mineros frente a la ofensiva estatal para la desarticulación de sus procesos de organi-zación sindical y despojo de sus fuentes de trabajo. Frente a una verdadera estrategia del Gobierno Federal para la destrucción, debili-tamiento, hostigamiento y asfi xia de estos dos poderosos sindicatos, se han generado largos procesos de movilización y resistencia de los trabajadores con numerosos episodios violen-tos y represivos de enorme tensión.

Así, profesores, mineros, electricistas y trabajadores del Estado representan algunas de las vertientes más visibles de un proceso de resistencia que hace evidente la agresiva política laboral regresiva del Gobierno Fede-ral que, por todos los medios, ha intentado reorientar las condiciones nacionales del traba-jo. La necesidad imperante de que México sea competitivo para atraer capitales e inversiones, ofertando mano de obra barata, ha llevado a los Gobiernos Federales de la década a pro-ducir, una creciente y radical transformación de las condiciones estructurales. Ello ha impli-cado el choque directo con los trabajadores organizados. Así, la confl ictividad laboral ha orbitado en la resistencia a dichas políticas ocultando la demanda de autonomía e inde-pendencia sindical que sigue siendo vigente y en la que se cuentan numerosos procesos de lucha y movilización.

Por último, durante los últimos cinco años se ha acelerado la confl ictividad que podemos denominar socio-ambiental, anclada en la disputa por la tierra, el territorio y los bienes naturales. Afectados ambientales por el despojo de tierras, por la extracción y explo-tación de bienes naturales, por proyectos de infraestructura y por la contaminación, han aparecido como actores que, si bien compar-ten la problemática con los pueblos indios, se diferencian de ellos en que no cuentan con un proyecto de construcción local autonómica y

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en la diversidad de su conformación. Vecinos, habitantes, comités y colectivos barriales, pue-blos y comunidades no indígenas, campesinos, ejidatarios y comuneros, están emergiendo, en muchas ocasiones con estrategias que incluyen la dimensión ambiental y cultural, impugnando los procedimientos y permisos de numerosos proyectos o sus efectos y, refl exionando sobre las implicaciones del modelo económico de crecimiento. Organizados y, muchas veces, autoconvocados por las problemáticas locales que se vuelven intolerables o por decisiones gubernamentales sin consenso, sin informa-ción, consulta o permisos para la realización de proyectos o para la producción de efec-tos contaminantes, han surgido numerosas expresiones y acciones colectivas en torno al uso, usufructo y contaminación de ríos, lagos, lagunas, manantiales y ojos de agua, recar-ga de mantos acuíferos y otras problemáticas relacionadas con el bien natural. En especial, la construcción de represas y megaproyectos hidroeléctricos, ha determinado el surgimiento del Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos.

Se han generado innumerables confl ic-tos a partir de procesos de deforestación y tala clandestina, preservación de suelos de conser-vación y áreas protegidas. Dicha confl ictividad hace evidente la necesidad imperante de cre-cimiento urbano y de servicios, la hiperexplo-tación de los bosques, la disputa por su control y por su gestión, estatal, privada o desde los pueblos, así como un confl icto estructural por los bosques, todo ello, derivado de la lógica de crecimiento económico infi nito y de la tenencia y posesión de los bienes comunes.

Otro de los nodos emblemáticos de la confl ictividad socioambiental en México, al igual que en buena parte de América Latina, lo constituye la explotación minera. Innumera-bles confl ictos que han llevado al surgimiento de expresiones generalmente comunitarias de resistencia a la apertura, explotación y extrac-ción minera o a los efectos de ella, especial-mente de la minería a cielo abierto, hablan de un proceso de movilización y resistencia importante en todo el país. El surgimiento de la Red Mexicana de Afectados por la Minería

evidencia que se ha priorizado la atracción de inversiones globales de mineras extranjeras para la extracción exhaustiva de minerales en nuestro país chocando, en numerosos casos, con pueblos, comunidades y vecinos.

2.4 SOBRE LOS ACTORES SOCIALES EN CONFLICTO Y LOS PROCESOS DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN

La confl ictividad y disputa entre movimientos sociales independientes y los actores del Esta-do, no está encontrando en las mesas de diálo-go la forma de expresión y canalización de sus contenidos y agendas. Ni las representaciones de los movimientos sociales ni los interlocuto-res institucionales del Estado, buscan en las mesas mecanismos de análisis y diagnóstico, de procesamiento o solución a los confl ictos. Estos procesos de diálogo, tendencialmente, están siendo considerados por los movimientos sociales como recursos tácticos en una disputa más amplia de estrategias en las que operan numerosas variables como la fuerza mediática, la movilización y protesta social, la presión de actores civiles, sociales y políticos sobre la agen-da del confl icto o en solidaridad con el actor social principal, entre muchos otros. Estos ele-mentos son los que presionan sobre la posibili-dad de mesas de diálogo y negociación, donde ninguna de las partes espera que se resuelvan los factores esenciales de fondo o estructurales del confl icto. Sin embargo, en ocasiones, las mesas también fungen como mecanismos de contención de la violencia, como espacios tác-ticos que forman parte de la posible solución política del confl icto si son usados con visión estratégica. También existen casos en los que, la identifi cación de las demandas concretas via-bles, posibilita que se produzcan avances par-ciales pero signifi cativos.

Es preocupante que el campo de inciden-cia y negociación de los movimientos sociales se haya reducido al máximo. Por supuesto, la discusión y debate de temas estructurales o de agenda de transformación más amplia, están excluidas por completo de las mesas de diálo-go con los actores sociales, lo que conduce a una relativa obstrucción de los canales institu-

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cionales para el procesamiento de los confl ic-tos. Ello provoca, a su vez, un escalamiento de las luchas sociales. Constituye un signo de alar-ma el hecho de que los avances o triunfos de los movimientos se hayan dado, generalmente, a partir de la estrategia de obstrucción total de las decisiones gubernamentales, obligando al Estado a dar marcha atrás, pero sin que nunca se haya movido la voluntad de los actores insti-tucionales y sin que jamás hubiera compresión de las causas, argumentaciones y contenidos de las luchas sociales.

Los problemas de escala y referenciali-dad ya comentados por el lado del Estado se mezclan también, con la dimensión ideológica y la subjetividad de los movimientos en resisten-cia. La lectura desde el interior de los procesos de lucha y resistencia social, construye análi-sis autorreferenciales, basados comúnmente en la fuerza de participación popular, lo que difi culta la realización de un análisis objetivo de la correlación de fuerzas en el confl icto, en especial, cuando se cuenta con una participa-ción masiva de pueblos, comunidades y ciuda-danos. Mientras que por un lado los actores del Estado basan su comprensión en la escala nacional y estatal con la referencialidad de los actores que actúan en esa dimensión impi-diendo un análisis de los orígenes y causas de la confl ictividad local, por el otro, los actores sociales del movimiento anclado en redes y actores locales impide ver la infl uencia, inte-reses, actores y valoraciones nacionales, rea-lizando en numerosas ocasiones evaluaciones desproporcionadas o que no toman en cuenta de manera sufi ciente la dimensión nacional.

Esta debilidad de análisis, perspectiva y visión de conjunto puede conducir a estra-tegias y acciones que ponen en riesgo a los propios actores sociales, ya sea por la repre-sión, el desgaste o el empantanamiento del confl icto, lo cual muchas veces juega a favor del Estado. En esa misma dimensión de aná-lisis, los movimientos tienden a suponer que el eje de gravedad político está en el confl icto del que ellos son parte; sin embargo, al escalar a nivel nacional, el confl icto pasa a tener otra centralidad, jugando otras fuerzas e intereses que relativizan la urgencia y emergencia de

lo local, y vinculando el confl icto a una red de intereses y actores que no sólo buscan no dar solución al mismo sino que además, pueden administrarlo y gestionarlo en función de sus propias disputas. Esto queda fuera de la visión de los movimientos, por lo que representa un reto construir mecanismos de análisis que per-mitan entender los desfases y las complejida-des de lógicas entre lo local y lo nacional.

Entre los movimientos emergentes, espe-cialmente entre los que resisten proyectos de infraestructura, es común creer inicialmente, que su confl icto se desarrolla sólo a partir de la negligencia o decisión de actores estatales locales. La visión estructural y la semejanza con otros casos de lucha y resistencia social en otras partes del país y del mundo, permanecen fuera de su alcance. Ello determina estrategias poco profundas, sin una visión de conjunto.

Algunos de los logros estratégicos de los actores sociales en confl icto han sido el desarrollo de estrategias multidimensionales que integran lucha jurídica, poder mediático, movilización y articulación con otros sectores afi nes y/o solidarios.

La combinación de defensa jurídica con protesta social y movilización, genera un cami-no positivo de transformación del confl icto a soluciones políticas. A pesar de las difi culta-des para sostener procesos de defensa legal estratégicos, varios procesos de confl ictividad dejan la lección de que es una dimensión esen-cial, siempre y cuando se combine de manera articulada y estratégica con la lucha política. Varios éxitos de actores sociales en confl icto están sostenidos o, al menos apoyados, por victorias jurídicas. Repensar lo legal y jurídico como una herramienta que puede ser estratégi-ca en combinación con otras formas de lucha pacífi cas, es sustantivo.

Para ello, resulta fundamental la orien-tación de impacto mediático, la cual se ha convertido en un campo de lucha para la con-fl ictividad social. El balance sobre este tema es ambivalente ya que, por un lado, existen experiencias estratégicas en las que la crea-tividad, capacitación y utilización discursiva estratégica de los actores sociales, ha logra-do mantener la atención y difusión en algunos

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medios comerciales decisivos para el impacto y presión política. Es indispensable que la movili-zación y protesta social contengan una dimen-sión estratégica en su relación con los medios comerciales, en el diseño de las acciones de protesta, en el cabildeo y convocatoria a los propios medios, en el seguimiento y diseño de mensajes políticos en torno al confl icto. Sin embargo, ello constituye un reto debido a la tendencia de mercado de info-entretenimiento4 noticioso existente en la mayoría de los medios comerciales.

Resulta importante que alrededor del actor social principal se construyan platafor-mas de apoyo, solidaridad, asesoría y acom-pañamiento. El funcionamiento de numerosos grupos, colectivos y organismos de la sociedad civil nacional e internacional como redes de fortalecimiento y acción conjunta, cada vez más está siendo un factor relevante en los con-fl ictos sociales, así como también, un elemento de apoyo, en ocasiones, imprescindible.

La participación de actores de la socie-dad civil, a través de plataformas o redes de apoyo equilibra -o al menos intenta hacerlo-, una disputa desigual de fuerzas que desfavore-ce siempre al actor social en confl icto. Esta par-ticipación, aunque no asegura un desarrollo favorable para los actores sociales, permite lle-nar vacíos estratégicos para los cuales, muchas veces, los movimientos no están preparados o no tienen todas las capacidades para respon-der. La participación de la sociedad civil en confl ictos polarizados, amplifi ca su resonancia y tiende a evitar una salida de fuerza o, por lo menos, a volver más difícil una decisión de ese tipo. Dicha participación no implica sólo un rasgo solidario. En muchas ocasiones, pue-de convertirse en factor determinante para el desarrollo y curso del confl icto. No todos los actores sociales tienen una claridad estratégi-ca sobre esta dimensión y no integran dentro de sus planes, acciones, visión y estrategias, mecanismos organizados de participación de la sociedad civil nacional e internacional, lo 4 Infoentretenimiento es un neologismo para designar la conversión de la información en entretenimiento, una tendencia imparable que degrada la función pública de la información. Es el concepto utilizado por algunos diseñadores de estrategias de mercado para los programas noticiosos de los monopolios televisivos en México.

que hace más frágil su propia estrategia para enfrentar el confl icto. Esta fuerza y participa-ción además, no puede medirse sólo numérica-mente; dicha medición debe ser esencialmente simbólica, política y organizativa. Los movi-mientos de resistencia comunitarios emergen-tes, tienen menor capacidad para generar procesos de articulación. Su aislamiento local los hace más vulnerables a la represión y al desgaste. El involucramiento de la sociedad civil es un elemento a resaltar en las estrategias de transformación positiva de confl ictos debido a su importancia en dimensiones como:

• comunicación• defensa jurídica• interlocución• asesoría experta• apoyo fi nanciero solidario• operación externa• visibilidad nacional e internacional• articulación

Sin embargo, también es claro que los meca-nismos de incidencia pacífi ca, de presión y movilización hacia el Estado, son cada vez menos efi caces, como si el umbral del Estado para resistir a la presión popular se hubiera ampliado. Tres elementos de presión han ido perdiendo infl uencia: la movilización, la pre-sión mediática y la incidencia de actores inter-nacionales. En el pasado, estos tres factores fueron decisivos para el desarrollo de la con-fl ictividad. Hoy, parece que se han relativizado para los cálculos políticos de quienes gobiernan México. Es el caso además, del poder moral que antes representaban académicos, artistas y sectores eclesiales quienes, actualmente, no son leídos como actores importantes para la presión sobre el Estado. Por lo que, se requiere crear fuentes alternativas de poder que afecten e incidan en las decisiones y percepciones del Estado sobre la confl ictividad. Sin embargo, a pesar de su relativo desgaste, estos elementos siguen siendo de utilidad. Los actores estatales reaccionan cuando la resistencia popular logra obstruir proyectos de infraestructura, cuando se vuelven obstáculos reales para la normalidad cotidiana y la gobernabilidad. Ello explica

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el escalamiento de las acciones de los movi-mientos y luchas sociales que cada vez más, tienden a utilizar el cierre de carreteras o la retención de funcionarios combinadas con la movilización como mecanismos de presión, a los cuales el Estado responde criminalizando dichas tácticas.

Por otro lado, el origen de los actores sociales en confl icto tiene una infl uencia deter-minante para el rumbo del proceso ya que su composición, ritmos, formas, cuerpos de deci-sión, liderazgos, bases sociales y organicidad dependen directamente de si son movimientos emergentes -es decir, luchas sociales origina-das a partir del confl icto mismo en tanto meca-nismo de respuesta y resistencia a la decisión gubernamental, como sucede en los casos de los movimientos opositores a proyectos de des-pojo- o de si son actores ya integrados pre-viamente, con experiencia en la lucha social como es el caso del magisterio democrático o del sindicalismo de izquierda.

Un elemento indispensable que debe ser considerado en los procesos de confl icto, es la intersubjetividad colectiva de bases, comunida-des y pueblos, ya que cuestiones de identidad, dignidad, autoestima y confi anza colectivas constituyen la piedra angular para la dirección del proceso. La participación social y colectiva signifi ca un ancla positiva para dirigentes y voceros, así como energía sustantiva en la que se basa el desarrollo del confl icto.

En muchos de estos movimientos, des-de la base se han roto las relaciones man-do-obediencia, lo que eleva la actitud de confrontación con las instituciones estatales y los cuerpos policiacos, siendo a la vez, base para la resistencia prolongada; representa la recuperación de la decisión común, de las capacidades y soberanía colectivas. Es una afrenta en la que los actores sociales se vuel-ven sujetos con voz propia y no objetos de las decisiones y políticas gubernamentales. Dicha recuperación de la voz colectiva sobre los asuntos comunes, pone en juego numerosas subjetividades que, en ocasiones, son nuevas tanto para quienes integran las bases de los procesos de movilización como para muchos de sus dirigentes.

Los movimientos emergentes y sus direc-ciones, casi siempre colegiadas, generalmente no saben cómo procesar el fenómeno subjetivo de rebeldía y cómo generar procesos de politi-zación y organización, lo que puede provocar tensiones bases-dirección, refl ujo del movimien-to o desbordamiento de las direcciones. Es indispensable redimensionar el trabajo sobre estos temas, generando insumos y herramien-tas que permitan procesarlas, ya que, si bien de lado del Estado se cuenta con instituciones (es decir, formas de relación) más estables, del lado de los movimientos nos encontramos con vaivenes no siempre controlables, lo que los hace vulnerables a la represión, las fracturas internas o la desmovilización.

Un elemento que evaluamos como favorable y. en la mayoría de los casos como indispensable para construir estrategias de transformación positiva del confl icto, es la autonomía o independencia del actor social. Más allá de la discusión sobre la validez de la estrategia electoral, es primordial que los actores sociales puedan analizar, construir y decidir por encima de intereses partidario-electorales. Debemos reconocer que, cuando el confl icto es atravesado por la dimensión par-tidaria, tanto la intervención como el propio desarrollo del confl icto se encaminan en otra lógica, con razonamientos que se convierten en un obstáculo. Sin embargo, no sólo los acto-res partidarios institucionales pueden signifi car un elemento de contradicción; también puede serlo la forma de conducción centralizante de otros actores, ya sean partidos sin registro, organismos civiles o activistas. En dichos casos, la colaboración y reciprocidad se difi culta y la racionalidad del confl icto orbita alrededor de intereses ubicados fuera del proceso.

La relación entre el cuerpo dirigente y las bases sociales o, con el resto del movimiento, es un tema digno de resaltar, ya que en nume-rosas ocasiones y bajo condiciones de confl ic-tos altamente polarizados o que se alargan en el tiempo, se abren tensiones y contradicciones entre quienes son voceros, responsables, líderes o dirigentes y otros integrantes del movimiento, grupos, corrientes, tendencias o, incluso, secto-res enteros de las bases sociales. Esta dimen-

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sión siempre está presente y debería ser parte de los elementos y herramientas de trabajo de los acompañamientos e intervenciones para la transformación positiva de confl ictos.

Los confl ictos de largo aliento, que se extienden en el tiempo, mantienen una con-tradicción importante en el sujeto social. Los movimientos de resistencia, especialmente los emergentes, crecen en su fase defensiva del Estado, sus decisiones y sus políticas. Sin embargo, esto no es sufi ciente para mantener la cohesión social y la perspectiva y horizonte de participación de las bases sociales y comu-nitarias. Se requiere de la maduración de la resistencia social, de la capacidad de contar con un proyecto alternativo y de la construc-ción, como elementos indispensables para la lucha social.

Hemos mencionado ya, la implementa-ción de nuevos y complejos dispositivos repre-sivos dirigidos hacia los movimientos sociales desde el Estado y sus instituciones. Estas estra-tegias y acciones represivas están implicando efectos múltiples y mecanismos diversos de afrontamiento, lo que hace necesario analizar-los para realizar acciones de apoyo.

Los efectos represivos se extienden, afec-tando tanto a los núcleos colectivos de lide-razgo de los movimientos y a los integrantes más activos, como a las comunidades, familias y entorno social del movimiento. Los efectos represivos se instalan afectando las formas organizativas pero también, las formas de socialización y vida de comunidades, pueblos y colectividades en resistencia. Algunos de los efectos de la represión implican desde el miedo y terror e inhibición de la participación, hasta la generación de división y fracturas, desde el reemplazo y reordenamiento de los roles de conducción y división del trabajo, hasta la

tensión, el estrés y los efectos socioafectivos, así como impactos en la salud de los activistas. Sin embargo, tales efectos pueden originarse no sólo a partir de acciones represivas explíci-tas desde el Estado, sino también, como efectos colaterales del alargamiento del confl icto, de la complejidad de la lucha social y de las tensiones por las responsabilidades estratégicas acerca de cómo orientar la acción social en el proceso. Los movimientos, actores y colectividades sociales, generalmente cuentan con formas organiza-tivas precarias que no integran la dimensión socioafectiva, las subjetividades y la atención y soporte colectivo mutuo. Sólo la organización, el diagnóstico preventivo, la politización y la for-mación colectiva pueden contribuir a mitigar o a atenuar los efectos de la represión y el desgaste. Cabe preguntarse si es necesario realizar accio-nes encaminadas a actuar en esta dimensión o, al menos, incorporarla a las herramientas de análisis y visión estratégica y de conjunto de los propios actores sociales.

Por otro lado, un proceso enriquecedor para el diseño de estrategias de transforma-ción, es el diálogo, encuentro, intercambio de aprendizajes, con experiencias pares o simi-lares de otras regiones, Estados o naciones. Conocer otras experiencias de resistencia y organización -preferentemente en sus lugares de lucha-, detona entre los activistas una serie de procesos que se constituyen en un acervo determinante para la visión estratégica de los objetivos de largo alcance del movimiento, en una caja de herramientas metodológicas de acción, organización y fortalecimiento sub-jetivo para el proceso. Repensar esta posibi-lidad de intercambio de manera organizada y sistemática, puede ser una línea de trabajo sustantiva en los procesos formativos hacia la transformación positiva de confl ictos.

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3.1 CONFLICTO POR LA REPRESIÓN Y ENCARCELA-MIENTO DE PRESOS POLÍTICOS EN EL CASO DE SAN SALVADOR ATENCO

Ubicación:

Estado de México

Temporalidad de la intervención:

2001-2002. 2006. 2008-2010

Actores en confl icto:

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Gobierno del Estado de México. Gobierno Federal. Instancias del Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia.

SinopsisLa llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República en el año 2000, entre otros temas, abrió la discusión sobre la necesidad de cons-truir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México con el argumento de que el existente no contaba con la capacidad sufi ciente para satisfacer la creciente demanda de usuarios. El 22 de octubre de 2001, el gobierno federal decidió que la construcción se realizaría en la zona del Valle de México, para lo cual se expropiaron más de 5000 hectáreas de los municipios de Texcoco, Chimalhuacán y Aten-co, siendo este último el de mayor afectación. Ello provocó el inicio de un confl icto entre el Gobierno Federal y los afectados por el pro-

yecto, quienes recibirían la injusta cantidad de 7.50 pesos por metro cuadrado de sus tierras.

Desde ese momento, numerosos habitantes se opusieron rotundamen-te al proyecto, argumentando la falta de consulta a los pobladores conjunta-mente con la amenaza de extinción de sus formas de vida, cultura, tradición, historia y, en especial, el despojo de la tierra colectiva. Ante el anuncio de la expropiación de sus terrenos, opositores de varias comunidades, entre ellas, San Salvador Atenco, Acuexcomac, Nexqui-paya, San Andrés Rivapalacio, Chimal-pa, Coatlichan, San Pablito Chiconcuac, Magdalena, Francisco I. Madero, Tocuila y Santa Cruz de Abajo, decidieron orga-nizarse formando el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

El con icto ocasionado por el pro-yecto aeroportuario, se desarrolló en el marco de agresivas políticas de inver-sión para la privatización de la tierra, políticas neoliberales que privilegian el mercado y no, el uso colectivo y el fomento al campo. En agosto de 2002, tras varios meses de lucha y movili-zaciones que contaron con un masivo apoyo de varios sectores de la sociedad civil mexicana, después del asesinato de uno de sus integrantes - Enrique Espi-nosa Juárez- y de una fuerte discusión a nivel de la opinión pública, el gobier-no federal tuvo que dejar sin efecto el decreto expropiatorio, Ello signi có un triunfo para el movimiento campesino y

Casos emblemáticos

Capítulo 3

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de pobladores de Atenco y otras comu-nidades y pueblos de la región, ubican-do a este movimiento como uno de los principales referentes nacionales entre los movimientos sociales independientes y como una experiencia de resistencia exitosa.

Los días 3 y 4 de mayo de 2006, sin embargo, un operativo policiaco orde-nado por el gobierno federal, el gobier-no del Estado de México y el gobierno municipal de Texcoco, provocó uno de los episodios represivos más violentos en la historia de México. Más de 4,500 efectivos policiales agredieron a inte-grantes del Frente de Pueblos en Defen-sa de la Tierra que apoyaban la defensa del derecho al trabajo de oristas loca-les en Texcoco, dejando un saldo de 207 detenidos, dos jóvenes asesinados y 27 mujeres que denunciaron tortura, abu-so y agresiones sexuales por parte de los cuerpos policiacos. Se abrió enton-ces, una etapa de defensa y denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos y, en especial, de acciones para demandar la libertad de los presos considerados presos políticos del Esta-

do. Después de un periodo de 2 años de movilizaciones y de una diversidad importante de estrategias de defensa, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tie-rra solicitó la intervención de SERAPAZ y de otros organismos civiles para diseñar una nueva estrategia para la liberación de los presos políticos. En respuesta, se creó una plataforma de acción llamada Campaña Nacional e Internacional Liber-tad y Justicia para Atenco. Luego de 18 meses de trabajo y múltiples acciones, los presos fueron liberados, cerrando la segunda etapa del con icto.

Esta segunda dimensión de con ic-tividad se desarrolló en un contexto de fuerte criminalización de los movimien-tos sociales como estrategia preferente del Estado para responder a demandas, movilizaciones y reivindicaciones de organizaciones, pueblos y comunidades. El con icto se desenvuelve, además, a través de una estructura estatal, afec-tada por la corrupción y de un sistema jurídico parcial e in uido claramente por las fuerzas políticas que debilitan su autonomía respecto a los restantes poderes públicos.

Etapas y momentos de intervención de SERAPAZ

Acompañamiento para la interlocución con el Estado a partir del confl icto aeropor-tuario. 2001-2002

Se realizó un intenso acompañamiento del proceso de resistencia al despojo de tierras a los pueblos y comunidades opositoras al proyecto aeroportuario, siendo uno de los referentes civiles en un proceso de convergencia solidaria alrededor del movimiento opositor que aglutinó a numerosas y diversas expresiones estratégicas e ideológicas. Se llevó cabo un proceso de asesoría y acompañamiento al núcleo coordinador o vocero del movimiento, que incluyó aportes metodológicos, de formato y agendas de discusión en el proceso de diálogo con instituciones del Estado.

Acciones y tareas puntuales en torno al operativo represi-vo en 2006

Al cierre del confl icto aeroportuario, se mantiene la vinculación a través de tareas espo-rádicas sin una estrategia amplia de acompañamiento. En esa sintonía se desarrollan tareas puntuales de apoyo y solidaridad alrededor de los acontecimientos represivos.

Acompañamiento, facilitación, coordinación y ejecución en la Campaña Libertad y Justicia para Atenco: 2008-2010

A partir de la desvinculación y desarticulación de diversos actores en torno a los numero-sos presos políticos y de la redefi nición de las víctimas con las últimas salidas de presos en 2008, a petición del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y en articulación con diversos colectivos y organismos de la sociedad civil, llevamos a cabo una plataforma y estrategia de acción representada en la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco. Coordinada por el comité del mismo nombre, su proceso se desarrolla entre octubre de 2008 y julio de 2010, cuando tiene lugar la libertad de los 12 presos políticos relacionados con el caso Atenco. SERAPAZ facilita la coordinación del comité y la campaña y realiza tareas derivadas de la misma.

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Elementos de interpretación del proceso:La lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la tierra abrió una nueva etapa de lucha y movili-zación en todo el país, representando una nue-va ola de resistencias y formas organizativas. Desde 2002 y hasta la fecha, el movimiento de los campesinos de San Salvador Atenco y otros pueblos aledaños signifi có un viraje hacia la lucha en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales, siendo Atenco la expresión más visible y de mayor resonancia nacional e, incluso, internacional.

La tensión generada por el crecimien-to urbano y la mercantilización de la tierra constituye una de las formas más agresivas de expansión del capital y de la acumulación denominada “por desposesión”.5 Durante la última década, ésta se ha acelerado en todo el país. A partir de la reforma del artículo 27 constitucional, de la crisis de acumulación internacional y de la necesidad de una salida a las inversiones, los proyectos de infraestructu-ra se han convertido en la posibilidad de que sectores de la clase gobernante establezcan alianzas con sectores del capital inmobiliario y con las grandes empresas y corporaciones de la construcción. Dicha necesidad sistémica de crecimiento, requiere de la conversión de la tie-rra al mercado. Como veremos más adelante, una vez que se ha abandonado el desarrollo industrial por la reconversión internacional pro-ductiva denominada globalización, ésta repre-senta sólo una de las formas de crecimiento económico dominante. La hiper-concentración del capital fi nanciero y comercial en la Ciudad de México determinó que sea una de las zonas con mayor crecimiento económico, lo que ha generado una desmedida expansión urbana.

Debe recordarse que toda la cuenca del Valle de México, en su momento, estuvo poblada por diversos pueblos originarios con diversas formas productivas, entre ellas, las de subsistencia y tecnologías agrícolas prehispá-nicas. La expansión urbana y del comercio sin ningún límite, así como la necesidad de cre-cimiento económico, someten a una presión 5 Concepto –proceso utilizado por el geógrafo David Harvey, en especial, en su trabajo “El Nuevo Imperalismo”.

enorme a territorios, culturas y redes socioeco-nómicas que se desarrollan a partir de ejes de reproducción social no necesariamente mer-cantilizados, o bien, parcialmente integrados a la economía dominante. Es el caso de pueblos como los reunidos alrededor del viejo lago de Texcoco, entre los que se encuentran aquellos aglutinados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Las tierras ejidales de posesión colec-tiva aún mantienen relaciones parciales de pequeña agroproducción de subsistencia o de intercambio local, estando inmersas en fuertes procesos de urbanización y desarticulación de las formas productivas y en relaciones sociales no mercantilizadas.

La lucha campesina representa un pro-ceso de resistencia a la desarticulación de las formas de reproducción social basadas en la tierra y en la relación comunal que de ella se desprende, es decir, de las relaciones cultura-les y signifi cados que emanan de la vincula-ción orgánica entre los habitantes. Es por ello que se establece un confl icto estructural entre expansión urbana-comercial y reproducción social anclada en la tierra. Dicha confl ictividad no es exclusiva de San Salvador Atenco, es una problemática nacional. La consigna de los propios campesinos “frijoles sí, aviones no”, sintetiza simbólicamente esta tensión y esta confl ictividad.

Por otro lado, la convergencia de activis-tas y habitantes de una docena de pueblos en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, establece una segunda dimensión confl ictiva ya que, dicho proceso de participación y articula-ción de sectores subalternos, expresa la ero-sión de las redes de corporativismo ancladas en los partidos políticos; signifi ca la aparición de un actor social legítimo en la vida cotidiana de los pueblos que rompe con la relación man-do obediencia local-territorial y se convierte en un rival independiente de las formas de control político en esa región del Estado de México. Si a ello agregamos que las formas de protesta social de los campesinos se radicalizan y que su visibilidad nacional atrae a numerosos sim-patizantes y aliados, entre ellos el zapatismo, podemos comprender que el escalamiento de

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la confl ictividad suceda rápidamente. En sín-tesis, es posible observar dos dimensiones de confl ictividad. La primera,estructural, a partir de la propiedad, tenencia y usufructo de la tie-rra, y la segunda, política, ante la articulación de un actor social disidente de las formas de control político-territorial.

El movimiento social de San Salvador Atenco siempre ha estado vinculado tanto a la visibilidad nacional como a procesos de convergencia y acción conjunta de diversas fuerzas sociales y civiles. Esta disposición de distintos actores de la sociedad civil ha incidi-do en el movimiento social campesino, en las estrategias para enfrentar el confl icto y en las opiniones y visiones en momentos de crisis.

La represión hacia el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra fue sostenida por una lectura de peligrosidad para la gobernabilidad del Estado de México y para la gobernabilidad nacional, a partir de relacionar un fuerte movi-miento rebelde como el de San Salvador Aten-co con el zapatismo. El 3 de mayo de 2006, con el escalamiento progresivo que determinó la transformación de un confl icto eminentemen-te local y reducido al derecho laboral de unas cuantas personas en un confl icto nacional trans-mitido por los medios de comunicación como hechos de vandalismo e ingobernabilidad, se abrió un campo de oportunidad para que el Estado llevara a cabo la desarticulación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, lo cual fue aprovechado a través de un operativo policiaco de gran envergadura que pretendía descabezar, debilitar y, si era posible, destruir al movimiento campesino.

La represión desarticuló el proceso colec-tivo de resistencia organizada, dañando los mecanismos orgánicos formales e informales de las comunidades, por un lado, y los del Frente para responder como cuerpo colectivo y diseñar estrategias de respuesta, por el otro. La tarea de las mujeres y otros activistas fue cons-tituir un nuevo esfuerzo que restituyera -en la medida de sus posibilidades, capacidades, rit-mos, experiencias y estilos- la fuerza colectiva a la organización. A pesar del fuerte proceso represivo, los símbolos, la legitimidad y el pro-ceso de participación popular representados

en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, permitió la continuidad de la organización. El apoyo externo signifi có un fuerte soporte para sostener el proceso de organización, movili-zación y participación hasta la salida de los presos en junio de 2010. El paulatino reagru-pamiento de los pobladores y la victoria en la representación campesina local, dejan ver su enorme fortaleza pese a los efectos de la repre-sión, el miedo, la falta de recursos económicos y otros factores de desgaste. Con la salida de los presos se cierra una segunda etapa del con-fl icto que, sin embargo, mantiene latente las causas del mismo.

Límites y posibilidades de la estrategia de intervención diseñada. Aunque SERAPAZ ha participado en distintas etapas del confl icto, nuestra refl exión se cen-tró especialmente en la última fase de inter-vención, a través de la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco. SERAPAZ participó de manera intensa y prio-ritaria en el diseño, coordinación y ejecución de la campaña, en particular junto al FPDT, los familiares de los presos políticos y otros orga-nismos civiles que integraron el Comité Libertad y Justicia para Atenco, impulsor de la campa-ña. SERAPAZ, como instancia coordinadora del proceso de articulación, tuvo además una fuerte incidencia en el diseño de una estrate-gia multidimensional para enfrentar el confl icto que consistió en:

a) Articulación estratégica: implicó la reorientación, reagrupamiento y coordi-nación de los actores involucrados (FPDT, familiares, abogados, organismos solida-rios), quienes se encontraban dispersos y en buena medida desarticulados, en una estrategia inclusiva; la creación de una estrategia política vinculada directamente a la estrategia jurídica de defensa, estrate-gias hasta ese momento desarticuladas o divergentes; en medida de lo posible, la articulación directa con los propios presos y sus necesidades.

b) Estrategia mediática, simbólica-polí-tica: orientada al reposicionamiento políti-

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co y, en menor medida, mediático del caso Atenco; a la resignifi cación del proceso, fortaleciéndolo como un símbolo nacional a través de la participación de una treinte-na de personalidades, académicos, religio-sos, actores, músicos y periodistas, quienes amplifi caron y mejoraron la convocatoria e impacto de las acciones emblemáticas de la campaña y del proceso en su conjunto; a la construcción de mecanismos propios de información con actores de la sociedad civil organizada y no organizada para su vinculación y participación.

c) Construcción de plataforma civil: supuso la revinculación con actores de la sociedad civil nacional e internacional mediante la construcción de una platafor-ma de participación que actualizara infor-mativa y estratégicamente la orientación de las acciones de solidaridad y movilización por los presos.

d) Coordinación y organización estra-tégica: implicó el soporte estratégico, de acción, operativo y de facilitación de acuerdos entre los actores involucrados al interior del comité por parte de SERAPAZ y la convergencia de capacidades, redes, vínculos y trabajo voluntario de diversos organismos civiles como parte del Comité Libertad y Justicia para Atenco.

e) Incidencia. La interlocución exitosa y de alto nivel con el Estado, en especial, con la Suprema Corte de Justicia.

Los límites de la estrategia que diseñamos junto al Frente de Pueblos y el resto de las organi-zaciones que constituyeron el Comité Libertad y Justicia para Atenco fueron esencialmente factores internos como:

a) Efectos represivos: debilidad de cohe-sión, unidad, organización y visión estra-tégica de los actores directos (familiares, FPDT) como consecuencia de la represión, de la intensidad del proceso y de la caren-cia de recursos;

b) Diversidad estratégica: contradicción, confl icto y tensión generados por visiones disímbolas entre familiares de presos; ten-

sión y contradicción entre estrategias jurídi-cas de defensa.

c) Alcances organizativos: la sobrecarga y, en ocasiones, desbordamiento de tareas para el subequipo interno de SERAPAZ.

d) Alcances mediáticos. Los factores externos que limitaron la estrategia fueron el acceso y cobertura restringidos en los medios de comunicación comerciales y una respuesta e interlocución reducida con actores del Estado hasta casi el fi nal de la campaña.

Refl exiones sobre el proceso de SERAPAZ en el casoEl caso de San Salvador Atenco representa la transición hacia un nuevo quehacer y redefi ni-ción institucional de SERAPAZ, que se traslada del confl icto armado interno chiapaneco a espacios de discusión y articulación del movi-miento social mexicano, poniéndose en juego servicios y aprendizajes para los confl ictos particulares. Queda demostrado como un acierto el cambio de etapa y de perfi l de la organización para la nueva situación nacional en la que Atenco simboliza dicha etapa y, a la vez, el cambio cualitativo de las formas del confl icto social en México.

El proceso de liberación de los presos políticos de San Salvador Atenco representó un enorme desafío institucional pues signifi có un proceso de acompañamiento integral en el que SERAPAZ puso a disposición del proceso todas sus capacidades y recursos. Algunos de ellos fueron:

• Análisis y diseño de estrategias de organi-zación, movilización e incidencia mediática.

• Funcionamiento de coordinación, media-ción y facilitación entre los actores directos y solidarios reunidos en el Comité Libertad y Justicia para Atenco.

• Capacidad de vinculación nacional e inter-nacional, referencialidad propia sumada al caso de violaciones a los derechos humanos y de la propia lucha del FPDT así como de los integrantes del comité.

• Capacidad de interlocución estatal cuando ésta fue necesaria.

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• Estrategia de gestión y autogestión de fon-dos fi nancieros que combinaron: recursos propios de las organizaciones del comité, donativos de la sociedad civil organizada y no organizada, búsqueda de recursos fi nancieros internacionales.

• Al fi nal del proceso, en coordinación con la defensa jurídica y la dirección del FPDT, SERAPAZ realizó diversas gestiones políti-cas, jurídicas y diplomáticas discretas para la sintonía y las condiciones de liberación y desistimiento.

Cabe señalar, que dichas capacidades tuvie-ron mayor efectividad en lo que evaluamos como un confl icto “derivado” de la confl ictivi-dad principal que es estructural y que se expre-só en el ámbito de los derechos humanos y la criminalización de la protesta social. En dicho ámbito, esas capacidades tuvieron un impac-to e incidencia mucho mayores. Una estrecha estrategia colaborativa entre el actor social en confl icto y los actores civiles solidarios permitió una sinergia importante y productiva.

3.2 CONFLICTO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PRO-YECTO HIDROELÉCTRICO LA PAROTA.

Ubicación:

Guerrero. Municipios de Acapulco, San Mar-cos, Juan Escudero, Tecoanapa y Chilpan-cingo.Comunidades y ejidos opositores en dichos municipios.


2006-2007. 2009-2010.


Consejo de Ejidos y Comunidades Oposito-res a la Presa la Parota (CECOP), Gobierno del Estado de Guerrero, Comisión Federal de Electricidad-Gobierno Federal.

SinopsisEl Río Papagayo es uno de los principales afl uentes de la región cercana al puerto de

Acapulco. Se encuentra rodeado de comunida-des campesinas que se dedican a actividades agrícolas de autoabastecimiento, de micropro-ducción o comercio local. En 2003, inicia la resistencia campesina ante el anuncio formal de construcción de un proyecto de generación de electricidad a partir de una presa en el río, la cual afectaría directamente a 25 mil campesinos e indirectamente a 75 mil más.

Con una inversión de más de 1000 millo-nes de dólares, la Comisión Federal de Electrici-dad junto al Gobierno del Estado de Guerrero inició un agresivo proceso de aprobación sin consulta para comenzar la inundación de miles de hectáreas de tierras y poblados con el vaso de una presa de tamaño equivalente a tres veces la bahía de Acapulco.

El procedimiento de aprobación, que debía contar con la anuencia de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de la región, estuvo plagado de irregularidades. Surge enton-ces, un movimiento de campesinos y habitantes de la región pertenecientes a más de 40 comu-nidades, quienes se aglutinan en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP, que reúne a comunidades, familias y habitantes de San Isidro Gallinero, Las Ollitas, San José Cacahuatepec, Arroyo Verde, Garrapatas, Pochotlaxco, Los Mayos, Parotas, Rancho Las Marías, Hilamos, Cacahuatepec, El Cantón, Espinalillo, Apanhuac, Huamuchitos, El Limoncito, Barrio Nuevo de los Muertos, Paroti-llas, La Concepción, El Carrizo, Rincón, Cruces de Cacahuatepec, Apalani, Campanario, Pro-greso de Cacahuatepec, Tamarindillo, Soyami-che, La Arena, San Juan Chico, Las Orquetas, Bella Vista Papagayo, San Antonio, Tazajeras, Salsipuedes, AguaCaliente, El Embarcadero, Oaxaquilla, El Ranchito, Amatillo, San Pedro Cacahuatepec, Las Chanecas, El Bejuco, El Are-nal y La Candelilla).

El confl icto se desarrolla en medio de una fuerte discusión sobre los métodos de aproba-ción sin la anuencia de los afectados, sobre la necesidad o no de generación de energía eléc-trica para el país o la región y de la disputa entre las necesidades de infraestructura, energía y la utilización de bienes naturales y comunitarios del mercado, por encima de las necesidades y deci-

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siones locales, historias, culturas y ecosistemas. Las fuertes movilizaciones, que llegan a reunir hasta 7 mil campesinos opositores, terminan en violentos choques con los cuerpos policia-cos. La larga y fuerte resistencia campesina los ubica como uno de los referentes sociales más importantes del Estado de Guerrero. La estra-tegia de defensa, además de la movilización que integra acciones jurídicas, vinculación nacional e internacional, así como el debate socioambiental sobre los efectos depredadores de las presas, los constituye como un actor y referente nacional e internacional.

Elementos de interpretación del procesoLa región donde se localiza el movimien-to opositor es afectada por tres tendencias estructurales. En primer lugar, toda la región del añejo Plan Puebla Panamá se encuentra subordinada en una relación periférica de abastecimiento de recursos para América del Norte y sus desarrollos urbanos considerados como “centrales”. La segunda tendencia de desarrollo se ubica en las fuerzas centrípe-

tas6 del Estado, que siempre han utilizado a Guerrero como abastecimiento, subordinando lo estatal a lo nacional y a sus necesidades de crecimiento. La hipótesis de venta nacional de energía (gracias a un superhábit energético que permite exportar electricidad a California) hacia Estados Unidos no debe descartarse. Por último, el crecimiento urbano-turístico de Aca-

6 El término, acuñado por Immanuel Wallerstein, se re ere a una fuerza de atracción centralizante. Wallerstein utiliza el término tanto en relación al Estado como al capital.

A pesar de la fuerte resistencia popu-lar, del triunfo jurídico que anuló las diversas asambleas irregulares que habían aprobado el proyecto y del anuncio de la Comisión Federal de Electricidad de posponer el pro-yecto hasta el año 2018, el Gobernador Zeferino Torreblanca reactivó el proyecto a principios de 2010, manteniendo vigente un confl icto que se creía abandonado. Con el relevo del gobierno estatal, que pasa a manos de Ángel Aguirre, quien manifestó su simpatía con el proyecto, comienza una nue-va fase del confl icto.


Contacto y Escuela de Paz. Primer semestre de 2006

Se construye una relación cercana con integrantes del CECOP a partir de su participación en la Escuela de Paz -proyecto formativo de SERAPAZ- y de tareas puntuales de apoyo y solidaridad.

Intento de intervención a partir de la recon-ciliación comunitaria. Agosto 2006-marzo 2007

A partir de una petición expresa del CECOP, se desarrolla un incipiente proceso de acer-camiento con actores comunitarios, eclesiales, de la resistencia campesina y con actores civiles solidarios involucrados en el acompañamiento jurídico y de defensa de los derechos humanos de los afectados, con la intención de generar un proceso de distensión con campe-sinos a favor del proyecto (cuya polarización, a la fecha, ha dejado un saldo de 4 muertos del lado de los opositores). Sin embargo, esta fase concluye con la claridad de que el confl icto secundario (división comunitaria), en realidad, requiere de la solución del confl icto principal, además de que no existe un sujeto social organizado a favor del proyecto, que pudiera ser un interlocutor válido.

Plataforma de solida-ridad y misión civil de observación: marzo a agosto de 2007

Ante la alerta de un nuevo intento de aprobación en asambleas con irregularidades, que podrían enfrentar violentamente a los opositores y los cuerpos policiacos, entre numerosos organismos civiles, sociales, de derechos humanos y ambientalistas se constituye la Misión Civil de Observación que permite vigilar, opinar y mantener presencia civil directa en la zona durante toda la fase crítica.

Seguimiento y proceso de fortalecimiento organizativo. Agosto 2007-abril 2010

La crisis por el intento de una nueva aprobación se cierra con la realización de una asam-blea masiva en la que miles de campesinos votan en oposición al proyecto, cerrando una fase del confl icto que se prolonga hasta abril de 2010. Durante ese periodo, se abre un proceso de recuperación de la memoria de lucha de las comunidades que aún está en marcha. El anuncio del Gobernador de reiniciar el proceso de aprobación cierra esta fase, abriéndose una nueva etapa de confrontación.

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pulco subordina los municipios colindantes a sus necesidades de acumulación, haciéndolos orbitar en torno a un crecimiento desmedido, con un arrasador impacto ambiental y con un fuerte contenido transnacional. Las tres tenden-cias dominantes, articuladas entre sí, de algu-na forma integran un modelo de desarrollo.

Ambas tendencias supeditan las clases populares a los intereses y crecimiento de las clases dominantes de tres formas. La primera, a partir del despojo creciente de recursos, subordinando la existencia de recursos fi nitos a un modelo de crecimiento y acumulación infi nita. La segunda, correspondiente a la sub-ordinación de las fuentes de trabajo popular a las necesidades del gran capital turístico trans-nacional, incluyendo a los trabajadores dentro del modelo de crecimiento pero sometiéndolos al mismo, lo cual genera desigualdad (traba-jadores del enorme sector servicios, comercio, turismo y sus derivaciones).

La última -y la que nos interesa en este caso –, implica un mecanismo excluyente del modelo. La forma de crecimiento y acumu-lación no adjudica un rol a campesinos como los afectados por la estructura de desarrollo. Los campesinos, a diferencia de los trabajado-res incluidos pero subordinados, simplemente no existen para los macroplanes de desarrollo estructural y acumulación de los nodos domi-nantes. Esto los ubica en una situación de inde-fensión absoluta, sin ningún tipo de atenuante. Corresponde a una situación de desposesión que provoca una reacción mucho más radical que otras situaciones en las que existen otras mediaciones y paliativos. De alguna manera, el discurso de este tipo de desarrollo señala que estas franjas sociales son sacrifi cables en aras de sus intereses y objetivos. En resumen, son prescindibles.

Este fenómeno local, en realidad, refl e-ja una tendencia sistémica que subordina lo rural a lo urbano y, en el campo, la pequeña producción a la agroindustria. Los cambios en los hábitos de consumo y el valor producido en los alimentos procesados, expulsa y destruye la pequeña producción de autoconsumo, o las microrredes de comercios e intercambio locales. El valor otorgado a procesos simples de produc-

ción agrícola es mínimo, por lo que el modelo considera prescindibles y, en ocasiones hasta un estorbo, las formas de producción ligadas a formas de vida, en tanto no son industrializadas o tecnifi cadas. Esto margina y vuelve periférica toda una forma de vida, de producción y de intercambio comercial. La empobrece y alienta su desaparición. La subordina a los macrointere-ses del proyecto sistémico.

En Guerrero, a partir del viraje neolibe-ral dado por la gubernatura de Ruiz Massieu a fi nales de los ochenta, se reordena el esque-ma intervencionista del Estado, declinando su papel organizador 7y orientando el desarrollo hacia los servicios y el turismo. Es importante mencionar aquí que, mientras Acapulco ha cre-cido cerca de un 900% durante las últimas cua-tro décadas, los municipios colindantes sólo lo han hecho un 100%. Este crecimiento desme-dido, transnacional, de fuerte impacto ambien-tal, totalmente descontrolado en la planeación urbana, ha sido alentado desde los gobiernos y las políticas de desarrollo. No es, pues, sola-mente un fenómeno espontáneo; manifi esta claramente una decisión sobre el enfoque del tipo de crecimiento y desarrollo en el Estado.

Vuelve a presentarse la confl ictividad por tierra, territorio y bienes naturales, a la que también podemos denominar confl ictividad de movimientos socio-ambientales, que desarro-llan el llamado “ecologismo popular”, es decir, el inicio de un proceso de resignifi cación y valoración del territorio como consecuencia de una amenaza externa que implica la desapari-ción de la identidad colectiva y popular. El con-fl icto se establece a partir de la posibilidad de desarticulación de la forma de reproducción social basada en el territorio (agricultura de subsistencia y de pequeño comercio, pequeña ganadería, etc.), que se expresa, a su vez, en la relación social cultural con la tierra y sus sig-nifi cados: la decisión de que su identidad sea la de campesinos, la consideración del territo-rio como símbolo de sus antepasados y de sus muertos, que están enterrados allí. Al mismo tiempo, adquiere importancia una valoración que radicaliza colectivamente a pueblos y 7 Lo que permite emprender nuevas expresiones de lucha, pero hace decaer otras, como la organización campesina cafetalera

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comunidades. La desposesión de la tierra no sólo implica dejar de ser lo que son, también signifi ca destruir la base material de sobre-vivencia ya que: “es lo único que tenemos”. Así, existe una evaluación colectiva sobre la inviabilidad de la alternativa de vender sus tie-rras, por la necesidad de subsistencia y por sus signifi caciones culturales. El procedimiento uti-lizado para implementar la desposesión, que sufre de enormes irregularidades, constituye un elemento de enojo y rabia colectiva en tanto desconoce a los propietarios colectivos como legítimos poseedores de la tierra. El procedi-miento estatal, en todas sus formas y expre-siones, desde las legales hasta las políticas, desde las informativas hasta las policiacas, no reconoce a los campesinos como interlocutores válidos, provocando la radicalización frente a un hecho considerado injusto.

En el proceso de politización y organi-zación de pueblos y comunidades, tiene lugar además, un creciente reconocimiento del terri-torio, el agua, el río y la tierra como valores resignifi cados. Dicho proceso va generando preguntas: ¿quién decide sobre dichos bie-nes?, ¿para qué desea el Estado el control de estos recursos? (ver esquema 1.1). Es por ello que, como hemos dicho, la confl ictividad a partir de la construcción de infraestructura tiene dos dimensiones, la dimensión procedimental, que cuestiona cómo se toma la decisión y quién toma la decisión en el ámbito político y jurídico, y una segunda dimensión, que va apareciendo en el transcurso del confl icto, que cuestiona el modelo de desarrollo impuesto y la legitimidad de los actores del Estado y las empresas como agentes que pueden decidir sobre la vida y la reproducción de los pueblos y comunidades.

Por esta razón, de manera similar al de San Salvador Atenco, este confl icto mantiene una confl ictividad estructural que no se restrin-ge a la propiedad y usufructo de la tierra sino también, a la propiedad y usufructo del agua, y a una discusión de alcances geopolíticos sobre el recurso y su utilización para la generación de electricidad.

Aparece también, una segunda dimen-sión de confl ictividad política cuando el CECOP se convierte en un actor político que

disputa las representaciones legales y simbó-licas del territorio (especialmente ejidales) y toma control de la zona de manera mucho más clara, incorporando acciones directas de desobediencia frente al ingreso de máquinas, funcionarios y representantes gubernamenta-les a su territorio.

Se establece, además, una tercera dimensión confl ictiva referida a la confronta-ción comunitaria con habitantes y campesinos que -aunque de manera minoritaria- aceptan el proyecto de la presa, representando un fuerte enfrentamiento intra e intercomunitario. Si bien esta dimensión confl ictiva fue perdiendo vigen-cia, se mantiene latente.

Posiblemente, durante el desarrollo del confl icto que favoreció a los campesinos opo-sitores, la falta de alineación entre los poderes federales y estatales haya abierto un campo de oportunidad para que el movimiento social pudiera impedir el proyecto, retardándolo o postergándolo no sólo por la fortaleza y acier-tos de la resistencia campesina, sino también por las contradicciones al interior del Estado y sus actores.

También es probable que, las contradic-ciones al interior del propio grupo gobernante en el Estado, hayan signifi cado nuevos obstá-culos para generar consenso sobre la imposi-ción del proyecto o la toma de una decisión de fuerza que pudiera abrir paso a la construc-ción de la presa.

Es importante mencionar que, en el ambiente en 2006, debieron pesar los hechos represivos en San Salvador Atenco y la salida de fuerza en Oaxaca, ya que en su momento, en combinación con los factores que hemos mencionado, pudieron ser elementos decisivos coyunturales para no ejercer una acción de fuerza directa contra el movimiento.

Estos elementos, aunados a la vigilancia, observación e incidencia de organismos inter-nacionales como Naciones Unidas y Amnistía Internacional, así como a la propia visibilidad local del movimiento opositor, representan una convergencia de factores que debilitaron o desaceleraron la intencionalidad y prioridad con que se impulsó el proyecto desde todas las instancias decisorias del Estado.

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Conflicto democrático

(procedimental)

¿quién decide y cómo decide?

Conflicto de visión y proyecto de desarrollo

¿qué se decide y para qué?

E ó i

Impugnación del proceso aludiendo a

sus efectos.

Impugnación del proceso jurídico

Impugnación del proceso políticamente

Impugnación del proceso vía derechos

humanos/derechos colectivos

División comunitaria, deterioro del tejido social, polarización con el

Gobierno del Estado y la CFE, violencia latente.

Conflicto Estado/ Cecop

Visión y proyecto propio de

desarrollo desde los pueblos

ESQUEMA 1.1.

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Asimismo, es relevante mencionar que la Comisión Federal de Electricidad buscó opciones que pudieran dar salida a la inver-sión millonaria obstaculizada por la resistencia social al proyecto, como el proyecto Paso de la Reyna en Oaxaca– que también generó una fuerte oposición a través del Consejo de Pue-blos en Defensa del Río Verde (COPUDEVER)-.

Resulta importante señalar que, el pro-ceso formal de aprobación, hasta ahora ha sido detenido por una fuerte estrategia jurídica acompañada de la movilización social. La con-jugación de estos factores, junto con la presión y observación de la sociedad civil nacional e internacional, han sido quizás, elementos sig-nifi cativos, aunque no han detenido el enorme interés político y económico por construir la presa ni han cambiado la voluntad de los acto-res institucionales del Estado sobre el proyecto.

A siete años de iniciada la resistencia campesina al proyecto, los actores guberna-mentales no han abandonado las acusaciones contra el movimiento, sobre su supuesta falta de representatividad y mayoría en la región. Esta secuencia pública de señalar al movimien-to, hace evidente que los factores menciona-dos son los que han detenido, postergado o retardado el inicio del proyecto sin que se pro-dujera un cambio de voluntad, diagnóstico o reconocimiento del actor social en resistencia ni de sus argumentaciones y contenidos.

Límites y posibilidades de la estrategia de intervención diseñada.El confl icto sobre la construcción de la Presa La Parota sigue abierto. La estrategia de res-puesta al mismo ha consistido, como hemos dicho, en: movilización social y acción directa de obstrucción a la construcción, defensa legal cuestionando el procedimiento irregular, inter-locución con instancias internacionales como la ONU y otros actores civiles de derechos huma-nos, observación civil nacional como actor en momentos de escalamiento, articulación nacional en el Movimiento Mexicano de Afec-tados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y, otros espacios de escala nacional e internacional, procesos de organización de base y politización de base. SERAPAZ ha parti-

cipado junto a otros organismos en algunas de estas líneas estratégicas.

Algunos de nuestros principales objetivos al intervenir en dicho proceso eran:

• Visibilizar el confl icto a nivel nacional como estrategia de contención de una sali-da autoritaria o represiva al mismo.

• Involucrar y animar la participación de actores intermedios que permitieran modi-fi car el contexto en que se desarrollaba el confl icto, hacia soluciones no violentas.

• Incidir en la visión estratégica del movi-miento opositor para construir caminos no violentos de transformación del confl icto.

El confl icto por la presa La Parota representa enormes difi cultades ya que se presenta polari-zado de antemano en su dimensión estructural. El ámbito legal y de fuerza del procedimiento de aprobación estatal para la realización del proyecto, ha sido el punto débil desde el cual la confl ictividad ha podido pasar del ámbito jurídico y de políticas públicas nacionales a un ámbito político-local en el que el actor social es fuerte y desde el cual se han aglutinado diversas organizaciones civiles solidarias, en especial, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlachinollan, en la defensa legal.

Empujar la confl ictividad hacia un cam-po político no violento, en el que el actor social tenga mayores capacidades y aliados, consti-tuye un eje permanente para la transformación de confl icto. Sin embargo, el poco margen de negociación existente, debido tanto a una decisión que se ha extendido transpartidaria y transexenalmente como a la resistencia de los pueblos al proyecto, polariza cualquier salida política, por lo que se gana o se pierde de manera absoluta. Hasta ahora, la estrategia multidimensional generada por el propio actor social, ha permitido descarrilar el proyecto de la Presa. Sin embargo, los actores del Estado involucrados, buscan alternativas y tiempo para nuevos intentos que permitan la conso-lidación del mismo. En ese sentido, SERAPAZ ha buscado abonar especialmente en la cons-trucción política alrededor del actor social, lo

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cual se ha visto difi cultado tanto por la distan-cia geográfi ca como por la dimensión política del confl icto que, si bien ha tenido resonancia nacional e incluso internacional, mantiene pre-misas, ritmos y actores locales-estatales.

En momentos de emergencia y escala-miento del confl icto, el aporte de SERAPAZ ha signifi cado:

a) la articulación de la participación de la sociedad civil fungiendo como contención a una salida violenta, replicando la expe-riencia chiapaneca de constitución de un tercer actor que incidiera para una salida política y la vigilancia de la sociedad civil sobre el procedimiento y actuación guber-namental; en particular, la coordinación y participación en cuatro “Misiones Civiles de Observación”, construidas con la con-vergencia de varios organismos civiles, en momentos de tensión y polarización ha representado un elemento que favoreció la distensión y la incidencia en el confl icto.

b) la visibilidad y articulación con estrategias nacionales, vinculando el movimiento a otros actores sociales, como sectores eclesiales locales, trabajadores electricis-tas, académicos y organismos solidarios, así como la visibilidad en numerosos foros y espacios de divulgación y denun-cia del confl icto. A su vez, SERAPAZ ha participado en numerosas acciones de difusión, visibilidad y denuncia que el propio movimiento y otros actores civiles han impulsado.

c) incidencia en el actor social con herra-mientas de análisis y de trabajo comu-nitario para el fortalecimiento de salidas políticas no violentas que van desde la participación de integrantes del CECOP en la Escuela de Paz de SERAPAZ, para la transformación positiva de confl ictos, hasta la recuperación de la memoria del confl icto vista desde las comunidades y pueblos integrantes del movimiento a tra-vés de talleres y sesiones participativas.

3.3 CONFLICTO POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN CONFINAMIENTO TÓXICO EN ZIMAPÁN

Ubicación:

Municipio de Zimapán


2007-2010


Movimiento Todos Somos Zimapán. Ayunta-miento de Zimapán. Gobierno del Estado de Hidalgo. Gobierno Federal. Empresa Befesa.

El municipio de Zimapán, en la sierra Hidal-guense, a unos 144 kilómetros de Pachuca, la capital del Estado, integra varias comunidades y la cabecera del mismo nombre. Allí surgió el Movimiento Todos Somos Zimapán, opositor al proyecto “Sistema de Desarrollo Sustentable” (con base en la corporación española Aben-goa-Befesa).

La construcción de un confi namiento tóxico de residuos industriales peligrosos en la comunidad de Botiñhá, con una inversión de 12 millones de dólares y una capacidad anual de recepción de 170 mil toneladas de desechos, fue construida entre fi nales de 2004 y 2007. Denunciada por su peligrosidad para la salud, así como por la contaminación de mantos acuíferos y manantiales de agua cer-canos, generó un confl icto entre los habitan-tes y la empresa, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal. La planta de confi namiento se construyó en el ejido Cuauhtémoc, en una superfi cie de casi 133 hectáreas, a escasos 6 kilómetros de distancia de la cabecera munici-pal, cuando las normas internacionales deter-minan que debe existir, al menos, una distancia de 25 kilómetros entre los confi namientos y los asentamientos humanos, debido al riesgo que representan. Befesa paga una renta de 10 mil pesos mensuales por la utilización de las tierras ejidales.

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El complejo está integrado por una plan-ta de estabilización-inertización, para tratar residuos sólidos, semisólidos y líquidos, esta-bilizados a través de un proceso en el que se utiliza cal, cemento y arcilla, principalmente, para reducir la peligrosidad del residuo.

Desde fi nales de 2007, el movimiento de pobladores impulsó una estrategia de denun-cia, movilización y protesta contra la empresa y las instituciones ambientales que permitieron la construcción. En su momento, obstruyeron el proceso de construcción, generándose choques con los cuerpos policiacos y fuertes desalojos realizados por la Policía Federal Preventiva.

Posteriormente, el movimiento decidió tomar el camino electoral con el fi n de ganar la presidencia del Ayuntamiento de Zimapán para, desde ahí, frenar legalmente la entra-da en operaciones de la obra ya concluida. El proceso electoral tuvo irregularidades que hicieron repetir la elección, obstaculizando la llegada del movimiento opositor al control del Ayuntamiento. En ambas elecciones la mayo-ría fue obtenida por el movimiento.

En 2009, estando el movimiento oposi-tor al frente del poder local, el consejo muni-cipal retiró los permisos de funcionamiento del vertedero ya en funcionamiento, lo que determinó una severa crisis de poderes y un confl icto legal con la empresa inversora. Ello generó numerosas amenazas por par-te de la empresa constructora y operadora del confi namiento, además de una tensión entre el poder municipal, ahora en manos de los opositores, y los gobiernos estatal y federal favorables al proyecto. Ante la obs-trucción al funcionamiento del confi namiento y luego de que el Ayuntamiento cancelara los permisos, la empresa española pretende cobrar un quebranto fi nanciero del orden de 99 millones de dólares8 por violación del Acuerdo Internacional de Protección a las Inversiones. El caso Befesa, ya en tribunales internacionales, está próximo a resolverse probablemente con saldo negativo para el Gobierno de México. Sin embargo, las ope-raciones del vertedero han sido canceladas de manera defi nitiva.

8 EL Universal. 5 de octubre de 2009.


Contacto y primera fase de intervención aseso-ría y facilitación. 2008.

A petición del movimiento, se comienza a intervenir en el proceso, desde algunos esfuerzos de asesoría, capacitación y facilitación de diálogo frente a divisiones internas. La etapa de contacto y primeras acciones se cerrará muy pronto con la reorientación estratégica del movimiento.

Proceso de interlocución con el Gobierno Fede-ral. 2008-2009

Solicitado por el movimiento opositor, se abre un largo proceso de interlocución con el Gobierno Federal, que incluye mesa y diálogo, especialmente, en momentos de tensión y acción policiaca. El proceso, sin embargo, no avanza en acuerdo alguno.

Interlocución desde el gobierno municipal y cancelación del proyec-to. 2009-2010

La cancelación de los permisos desde el nuevo gobierno municipal y su consejo, provoca una crisis de funcionamiento del vertedero ya en operaciones. Comienza un periodo de interlocución con el Gobierno Federal con la facilitación para la interlocución de SERAPAZ, a petición del Gobierno Municipal. El confl icto culmina una etapa con el cierre de operaciones del vertedero.

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Elementos de interpretación del procesoHemos decidido incluir el proceso de inter-vención en el caso Zimapán, debido a que se encuentra dentro de los parámetros de la con-fl ictividad por tierra, territorio y bienes naturales, como los casos de Atenco y La Parota; sin embar-go, su estrategia de transformación es totalmente distinta a la llevada a cabo por dichos movimien-tos, como veremos más adelante.

El proceso de crecimiento económico oculta la cadena de producción y las redes de distribución, comercialización y consumo. Estas cadenas, en su conjunto, representan estructuras y formas de relación que integran no sólo la economía sino también, a la sociedad como un todo. Los extremos de dicha cadena son los menos conocidos y menos visibles: la extracción y el desecho. A pesar de ello, pare-ce haber un traslado de la confl ictividad social a estos lugares de la cadena productiva. Si bien la movilización por derechos obreros no ha cesado al interior de la producción indus-trial, la emergencia de actores sociales en los lugares de extracción y desecho tiene caracte-rísticas muy distintas a la clásica confl ictividad de los trabajadores. Ésta se convierte en una contradicción estructural entre los intereses eco-nómico-productivos anclados en un crecimiento económico infi nito y los intereses de pueblos, comunidades y colectividades que viven en las zonas de extracción y desecho. En ellos, se desarrollan diversas formas de confl ictivi-dad que van desde el despojo a la afectación ambiental por contaminación. En Zimapán, a diferencia de los casos que hemos revisado, la confl ictividad se desplaza con un énfasis mayor en esta segunda dimensión. Podemos decir que, si bien la utilización de la tierra es fundamental, el confl icto puede ser catalogado como de afectados ambientales.

La estructura de la cadena de produc-ción y el impulso de construcción de vertede-ros carece de soluciones a dos dimensiones estructurales del funcionamiento económico: el crecimiento sin límite y las llamadas solucio-nes “de fi nal de cañería”. La primera, como hemos desarrollado, constituye un rasgo funda-mental de la economía basada en la acumu-

lación, que requiere del crecimiento sin límite en territorios fi nitos, en un mundo con recursos limitados. Dicho crecimiento provoca contra-dicciones secundarias que, a su vez, generan nuevas cadenas de contradicciones, nuevas problemáticas y nuevas confl ictividades. Así, por ejemplo, el crecimiento urbano generado por la concentración de capitales e inversio-nes, determina la hipertrofi a urbana que gene-ra la necesidad de transporte, que necesita de mayores superfi cies de rodaje, con nuevas ave-nidas y vías de comunicación, que requieren mayores porciones de tierra y territorio. Esta lógica es estructural.

En el caso de Zimapán, la producción industrial requiere, por un lado, de extracción masiva de recursos y, por otro, de lugares de desecho cada vez más amplios. Sin embargo, las soluciones implementadas en ambos extre-mos de la cadena no tocan el centro de la mis-ma que integra la producción. Es por ello que la construcción de plantas y confi namientos para el tratamiento de desechos se denomina de “fi nal de cañería”, ya que genera una solución apa-rente, preocupándose solamente por lo que sale del sistema de cañería, pero no, de la cañería misma. Los orígenes de la confl ictividad son, entonces, la estructura y los fi nes y alcances de la cadena productiva en su totalidad ,y no sólo la forma como se utilizan o esconden los resi-duos de todo el proceso productivo.

Éste no es un caso aislado. Otros confi -namientos fueron impulsados por las instancias ofi ciales mientras la ciudadanía era la última en enterarse de los verdaderos alcances e implicaciones que traerían, especialmente en cuanto a la salud pública y los recursos natura-les, lo que también provocó otros confl ictos. Es lo que sucedió con el de La Víbora, en Sonora (a unos cuantos kilómetros de Hermosillo), el de La Pedrera en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, y el de General Cepeda, en Coahuila. Al fi nal, debido a la oposición ciu-dadana y de las organizaciones ecologistas, fueron clausurados, mostrando los resabios de un sistema que privilegia la inversión privada y, de paso, alienta la corrupción.9

9 Iván Restrepo. lunes 19 de noviembre de 2007. La Jornada

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Confi nar residuos peligrosos no es la solución para gestionar la basura de las indus-trias, sino ocultar el problema, transferirlo de las industrias a las comunidades y, fi nalmen-te, postergar la aplicación de acciones enca-minadas a transformar la manera en que se producen los bienes materiales. No sólo se requiere una reconversión tecnológica para la “producción limpia” sino la necesidad de cuestionar cuánto se necesita producir para la subsistencia y cuánto se está produciendo para la acumulación. La producción para la acumulación sin límite, base del funcionamien-to económico, es simplemente insostenible en términos ambientales. Como plantea la orga-nización ecologista Greenpeace, la pregunta que debieran responder las autoridades y las empresas es: “¿qué hacemos para no generar residuos peligrosos?” y no “¿qué hacemos con los residuos?”.

Mientras exista esta presión de desechos desde la producción, se generará la necesidad de vertederos. En México, la industria produce unos ocho millones de toneladas anuales de desechos tóxicos, pero apenas 400 mil reciben un tratamiento adecuado. Sólo existe un con-fi namiento, sobresaturado, en Mina, Nuevo León. Un confi namiento tiene una vida útil de alrededor de 20 años, tiempo en que los resi-duos comienzan a lixiviar, contaminando así los mantos freáticos y el suelo, entre otros pro-blemas. La verdadera solución a los desechos es dejar de generarlos. A pesar de la cancela-ción de este tipo de proyectos (aeroportuarios, represas, confi namientos) en los lugares donde hay resistencia, las inversiones y el Estado tras-ladan los proyectos a otros territorios, provo-cando nuevas confl ictividades.

Límites y posibilidades de la estrategia de intervención diseñada La intervención de SERAPAZ en el confl icto de Zimapán, ha sido de carácter complementario a una estrategia de respuesta construida por otros actores desde una plataforma y presen-cia con rasgos fuertemente partidarios.

La estrategia de afrontamiento diseñada por el movimiento consistió en a) presión social

desde la comunidad movilizada junto a actores sociales; b) interlocución partidaria-guberna-mental y parlamentaria; c) diálogo o contac-to con el Gobierno Federal como enlace con las distintas instancias involucradas (empresa, Gobierno Federal, Seguridad Pública), d) parti-cipación electoral; e) defensa legal. SERAPAZ, sólo participó en algunas dimensiones de la discusión interna y en la interlocución federal cuando lo solicitaba el propio movimiento. Por ello, la estrategia se centró en un campo de incidencia a través y con la clase política, así como en procesos electorales. Las capacidades de SERAPAZ, sin embargo, están centradas en un campo, mediación y plataformas civiles, las cuales no fueron signifi cativas para el proceso. A pesar de ello, podemos refl exionar que:

• El confl icto refl eja las contradicciones estructurales que hemos desarrollado, así como también, la utilización de los órganos electorales y su falta de independencia del Gobierno Federal. Evidencia su crecien-te partidización, no sólo del lado de los actores sociales sino también, de manera preocupante, del lado de los actores esta-tales. En su momento, la falta de transpa-rencia electoral en las elecciones locales, convergió con los intereses de impedir que integrantes del movimiento controlaran el Ayuntamiento, pieza legal clave que luego detendría el funcionamiento de la presa. Por otro lado, en momentos claves de la interlocución entre el Gobierno Federal y el movimiento popular, los actores institucio-nales analizaron la oposición al proyecto sólo como un confl icto partidario, descono-ciendo las razones legales, ambientales y sociales argumentadas por el actor social.

• La estrategia del actor social ha ido articu-lando aliados y cambiando de tácticas. Ello permitió ir trasladando el confl icto a terre-nos o campos donde ellos son más fuer-tes. Así, el ir ganando argumentaciones jurídicas y luego trasladarlo a la arena electoral para ganar la alcaldía del muni-cipio, signifi có en los hechos un obstá-culo insoslayable para la empresa y el gobierno federal. En ese sentido, se creó

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una estrategia distinta a la que SERAPAZ acompaña de manera usual que, en los hechos, signifi có del lado del actor social una estrategia efi caz hasta ahora, para detener el funcionamiento del confi na-miento tóxico. Una estrategia fl exible y sofi sticada que ha postergado las opera-ciones y el funcionamiento del proyecto y que ha resultado exitosa para los fi nes que se ha planteado el movimiento.

• Pareciera que la estrategia no integró un proceso de cohesión, politización, orga-nización y equilibrio de los liderazgos y bases internas, lo que pudo dañar la unidad del propio movimiento. Los movi-mientos basados en una negativa tienden a desmovilizarse y desarticularse cuando han logrado una victoria. El involucra-miento en la participación electoral y la falta de independencia y autonomía de otros actores sociales-partidarios, repre-senta una debilidad crónica para el movi-miento luego de haber logrado detener el funcionamiento de la obra.

• Una fortaleza metodológica, en este caso, la constituye la claridad de expectativas y límites que nuestra propia intervención podía alcanzar, delimitando de forma transparente nuestros aportes en medida de la presencia de otros actores, asesores y estrategias decididas por fuera del espa-cio de acompañamiento al actor social. Es importante mencionar que, debido a las características del actor y a la presencia política de otros actores, la defi nición ins-titucional del aporte de SERAPAZ a este proceso de confl ictividad, sería limitado en sus alcances. En sus etapas avanzadas, dicho aporte se centró en la interlocución con el Gobierno Federal y en la asesoría al actor social para su desenvolvimiento en dicha interlocución. A pesar de los límites que implicaron no poder mover la volun-tad del Estado sobre el confi namiento y la imposibilidad de un diálogo directo con la empresa, valoramos como importante haber evitado salidas represivas, acotar a las fuerzas policiacas y presionar de manera indirecta a la empresa.

• Por otro lado, consideramos una omisión importante no haber construido una rela-ción directa con otros actores y asesores que acompañaban al movimiento, al menos, para establecer reglas mínimas de información y comunicación que evi-taran desfases y asintonías. También se confi rma como una omisión más grave, no haber establecido una conexión más profunda con las bases directamente en el poblado, para seguir el pulso del movimiento, de la colectividad y de otros referentes del actor social.

• Por último, parece necesario sugerir que, cuando los movimientos populares deci-den integrar en su estrategia para enfren-tar su confl icto el camino electoral, es quizá indispensable delimitar campos de acción, analizar las consecuencias para la confrontación con el Estado, así como las implicaciones que tiene en el futuro del propio movimiento si éste no cuenta con un proyecto de transformación social más amplia.

3.4 CONFLICTO POR DESALOJOS EN CHIAPAS

Ubicación:

Chiapas


2005-2007


Desplazados de las comunidades Buen Sama-ritano y San Manuel, Gobierno del Estado Chiapas, EZLN, ARIC ID.

Sinopsis A partir de los años cincuenta, la selva fue colonizada por indígenas que salieron de las fi ncas, cansados de la explotación. El propio

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gobierno había estado impulsando la ocupa-ción de esas tierras para satisfacer las deman-das agrarias de las comunidades, evitando que los terratenientes se vieran afectados por el reparto agrario. A pesar de ello, el gobier-no de Luis Echeverría, por medio del llamado decreto de la Comunidad Lacandona del año 1972, concedió más de 600,000 hectáreas a 66 familias mayas caribes (falsamente denominados lacandones), sin tomar en cuenta a los 4710 poblados tzeltales y ch’oles asentados en la misma región, lo que vio-laba su derecho agrario previo. El objetivo del decreto parecía ser mantener el control de la extracción de recursos naturales (entre otros, madera) en la zona. Sin embargo, los intereses multinacionales de empresas hidro-eléctricas y aquellos relacionados al turismo también estaban involucrados.

En 1976, bajo la consigna “No a la Bre-cha Lacandona”, los pobladores afectados se organizaron y formaron la organización Quip-tik ta Lecubtesel (Fuerza para una Vida Digna), antecedente organizativo de la ARIC Unión de Uniones, que dió inicio a la lucha por la regu-larización de la tierra.

Durante los mismos años setenta, 80 poblados indígenas asentados en la Selva, fue-ron desalojados violentamente para proteger los intereses de las empresas madereras y de los ganaderos. En 1978, 23 de estos pobla-dos fueron trasladados y concentrados en dos nuevos centros poblacionales (Nueva Pales-tina y Frontera Corozal), siendo formalmente reconocidos por el gobierno federal como sub-comunidades de la Comunidad Lacandona.

El mismo año, se creó la Reserva Inte-gral de la Biosfera Montes Azules (RIBMA). Sin embargo, las acciones agrarias ofi ciales de dotación de ejidos sobre la Comunidad Lacandona y la RIBMA continuaron, apoyan-do una política de colonización de la Selva y contribuyendo al actual ambiente de confl icti-vidad en la zona.

Los desplazamientos en la región fueron motivados por varias razones. En primer lugar,

10 Número de poblados inicialmente afectados tanto por el decre-to de la Comunidad Lacandona como por el posterior decreto de la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules (RIBMA).

el crecimiento poblacional determinó que mucha gente se trasladara en búsqueda de tierras. Asimismo, la guerra de baja intensidad implementada desde 1994 mediante la milita-rización de la región y la formación de grupos paramilitares, llevó a algunas comunidades a desplazarse hacia los territorios de la RIBMA y de la Zona Lacandona. Una tercera motivación estuvo dada por la delimitación territorial plan-teada a partir de la lucha zapatista.

Desde 1972, los pueblos indígenas asen-tados en la región, han sido amenazados con el desalojo, siendo acusados, al principio, de invadir el territorio de la Comunidad Lacando-na y, posteriormente, de destruir el ecosistema. La respuesta del gobierno a esa problemática fue una política de despeje de la selva, ofre-ciendo a las comunidades la posibilidad de ser reubicadas o ser indemnizadas. Ninguna de estas opciones benefi ciaba a la población, asi como tampoco respetaba la libre determi-nación y la autonomía de los pueblos.

En 2005, por primera vez, represen-tantes de la región Candelaria se acercaron a SERAPAZ a través de la parroquia de Oco-singo, pidiendo el acompañamiento de nuestra organización en las problemáticas que estaban enfrentando en la zona. Un año después, un representante de la región, que fungía además como autoridad de la iglesia, fue invitado a participar en la Escuela de Paz Nacional, lo cual signifi có un primer paso para la posible articulación de la región. En la escuela se tra-bajó un confl icto interno de la ARIC, lo cual posibilitó conocer con más detalle la zona y la construcción de relaciones de confi anza en la misma. Ello permitió que al realizarse los desalojos, SERAPAZ contara con conocimiento de los actores en la región, sus confl ictos, sus posiciones, etcétera.

Los desalojos de las comunidades Buen Samaritano y San Manuel, se llevaron a cabo el 18 de agosto de 2007 con el empleo de opera-tivos policiacos simultáneos. Dichos operativos se realizaron de manera violenta, utilizando fuerza desproporcionada y brutalidad policia-ca. Se trató de desalojos forzados, durante los cuales se violaron varios derechos humanos: las familias fueron obligadas a subir a heli-

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cópteros, no permitiéndoseles cargar perte-nencia alguna y sin información alguna sobre su propio destino. Además, fueron detenidas seis personas, a las que se acusó de daño en propiedad ajena, delitos ambientales, des-pojo, asociación delictuosa y portación de armas de fuego.

SERAPAZ, junto con otras organizacio-nes civiles y solidarias, se dedicó a localizar a las familias desalojadas. Éstas, habían

sido albergadas, en condiciones inhuma-nas, en un exprostíbulo localizado cerca del basurero municipal. Inicialmente, las acciones se dirigieron a atender las nece-sidades básicas primarias, a establecer contacto entre las familias desplazadas, sus organizaciones y los detenidos, y a su traslado a un lugar más adecuado. En una segunda etapa, se buscó la interlocución con instancias gubernamentales.


Acercamiento de la región a SERAPAZ. Escuela de Paz. Cons-trucción de relaciones de confi anza. 2005-2007

Se responde a una petición de la región Candelaria: debido a la problemática de seguridad en la zona, algunos actores se acercan a SERAPAZ en búsqueda de una estrategia de defensa de la región en caso de que se complicara la situación.En 2006, se invita a compañeros de la región a participar en la Escuela de Paz. En la escuela se trabaja el confl icto de división interna de la ARIC lo cual, por un lado, permite obtener conocimien-to de la zona y, por otro, sirve de apoyo para la construcción de una relación de confi anza con actores claves en la región.

Articulación para atender necesidades básicas de desplaza-dos. 18 de agosto – 6 de septiembre 2007

El 18 de agosto 2007 son desalojadas las comunidades Buen Samaritano y San Manuel. Al no recibir respuesta de sus autoridades a la hora de los desalojos, compañeros de la zona buscan a Serapaz para apoyar en la búsqueda de sus familiares, aprovechando la articulación que ya tenían a partir del antecedente de la Escuela de Paz. Junto con el Comité de DDHH Fray Pedro Lorenzo de la Nada, se realiza un trabajo de localización de las familias desplazadas, se docu-menta su situación y se atienden sus primeras necesidades básicas. A la vez, SERAPAZ comienza tareas de comunicación entre los familiares, los desplazados y sus organizaciones. Se hace una denuncia pública a nivel nacional e internacional, informándose a las comunidades de la región de los hechos. Además, se lleva a cabo un intercambio de experiencias con los desplazados de la Zona Norte de 1995.

Acompañamiento a mesa de negociación. Septiembre 2007

Junto con los promotores del Fray Pedro, SERAPAZ acompaña a los desplazados en la preparación y realización de la mesa de negociación con funcionarios del gobierno del Estado y del gobierno federal. Con nuestra presencia, se busca incidir en la negociación a fi n de que lleve a acuerdos justos para los desplazados. Sin embargo, los acuerdos de la mesa no fueron cumplidos.

Seguimiento. Septiembre 2007

Debido al incumplimiento del gobierno de los acuerdos fi rmados en la mesa, SERAPAZ recomienda a los desplazados que se articulen para hacer una demanda conjunta ante la mesa de negocia-ción, con el objetivo de no perder fuerza en sus demandas. Sin embargo, el grupo carece de cohesión; los desplazados se mueven por sus propios intereses, no son de la misma organización y, por el desalojo, no están en condiciones de juntar las fuerzas; por lo que, nunca llegan a pre-sentar una solicitud articulada.

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Elementos de interpretación del proceso:• El desalojo se dio en el marco de una lucha

histórica agraria de las comunidades por la regularización de la tierra. Fueron insta-ladas varias mesas de negociación, la últi-ma de ellas conocida como Mesa Agraria Ambiental en la región Candelaria, en la cual tuvo un papel importante la ARIC Inde-pendiente y Democrática (ARIC-ID). Desde el inicio, seis comunidades formaron parte de la mesa de negociación, entre ellas, Buen Samaritano. Durante este proceso, la ARIC-ID mantuvo una posición fi rme en contra de las indemnizaciones y las reubicaciones, mientras que en la región Candelaria esta-ban más dispuestos a negociar. Por su lado, el gobierno trató de desmembrar la alianza entre las seis comunidades. Cuando una de las seis comunidades, Nuevo Israel, acep-tó la indemnización, se quebró el acuerdo regional. Ello debilitó la posición de las demás comunidades y también la de la ARIC-ID. Cabe mencionar que, en el tiempo del desalojo, la comunidad Buen Samarita-no ya no pertenecía a la ARIC-ID.

• La comunidad San Manuel estaba con-formada por familias que salieron de Salvador Allende y Amador Hernández, también parte de la mesa de negociación, en búsqueda de nueva tierra. El EZLN reco-noció a algunas familias de San Manuel como bases zapatistas, mientras que otras pertenecían a la ARIC-ID.

• Buen Samaritano era un rancho en manos de un ganadero y sus dos hijos mayores, que contaba con alrededor de 200 cabezas de ganado en terreno nacional. El gobier-no federal realizó un señalamiento a Buen Samaritano y, en especial al ganadero, por el delito de ecocidio.

• El Centro de DDHH Fray Bartolomé de las Casas intervino particularmente en el caso de las familias y los seis presos base de apoyo zapatista, manteniéndose al mar-gen del caso de Buen Samaritano debido a la falta de claridad en la postura del actor.

• El grupo se identifi caba por ser “desplaza-dos”, no por una historia o proceso orga-

nizativo común, a pesar de que venían de una misma región y algunos de ellos formaban parte de organizaciones de la región. Esto infl uyó en la estrategia. Princi-palmente, para las diferentes acciones que se realizaban, se reconocieron los elemen-tos comunes, respetando sus decisiones.

• La política del gobierno federal y estatal contribuyó a la creación de un contexto confrontativo y polarizado. A partir del discurso de conservar la selva se justi-fi caban los desalojos. Por otro lado, cri-minalizaba al actor social, en este caso, la comunidad Buen Samaritano, lo cual difi cultaba la defensa. Por último, ofrecían indemnización o reubicación, lo cual pro-vocaba división en las comunidades.

Límites y posibilidades de la estrategia de intervención diseñada • Como límite interno destacamos que no se

socializó la estrategia de intervención al equipo amplio de SERAPAZ, lo cual impli-có que no retroalimentáramos la experien-cia y la estrategia de intervención.

• Los factores externos que limitaron la estra-tegia fueron:

• Se difi cultó el seguimiento de los acuer-dos tomados en la mesa de negocia-ción porque los representantes de los poblados afectados preferían seguir sin la presencia de testigos cuando se esta-ba negociando la indemnización. Por otro lado, la falta de demanda del actor determinó que no se diera seguimiento a su situación.

• El grupo de desplazados no puede con-siderarse como un grupo articulado. Desde el inicio del confl icto, lo que les unió fue el desalojo. No tenían antece-dentes de organización o trabajo colec-tivo y fueron desmembrados de sus procesos organizativos, lo cual debilitó su posición en la mesa frente a los fun-cionarios del gobierno.

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• Como posibilidades en la estrategia de la intervención señalamos:

• Resultó provechoso poder contar con la gama de servicios que puede ofrecer SERAPAZ. La estrategia diversifi cada contribuyó a la confi anza en la organi-zación y a que el equipo pudiera cono-cer la zona.

• Por otro lado, la visibilización del des-alojo y el seguimiento a la mesa de diálogo contribuyeron a que los despla-zados fueran tomados en cuenta como interlocutor y a que se llegara a acuer-dos justos.

• Más a nivel operativo, los resultados positivos estuvieron dados por la aten-ción a las primeras necesidades de los desplazados, por el establecimiento de comunicación entre las familias despla-zadas, los presos y sus organizaciones, por la coordinación efectiva entre las organizaciones civiles de Ocosingo y por la solidaridad.

Refl exiones sobre el proceso de SERAPAZ en el caso• La intervención se realizó con un actor

no organizado, lo cual la difi cultó. No fue posible atender la demanda central y no pudimos generar un proceso de arti-culación entre ellos, en parte, debido a las demandas distintas y a los intereses propios, pero también, debido a la com-plejidad del proceso. Además, se vio difi cultada por la situación de divisiones internas que se encontraba enfrentando la ARIC en aquel momento. Ello, pone sobre la mesa el dilema de cómo actuar frente a la falta de protagonismo del actor (en este caso tanto de la ARIC-ID como del grupo de desplazados). ¿Existen circunstancias en las que SERAPAZ debería sustituir el rol del actor social de manera limitada? Ésta, es una discusión interna pendiente.

• De la misma manera, se podría refl exionar sobre la falta de un proceso de seguimiento a los desalojos. Algunos familiares habían

llegado a SERAPAZ con la petición de que les ayudáramos a exigir al gobier-no que cumpliera con sus acuerdos. Sin embargo, la falta de cohesión en el gru-po determinó que no lograran presentar una solicitud articulada.

• El caso de los desalojos representa un tema prioritario para la organización, la defen-sa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Al mismo tiempo, muestra las difi cultades que presenta la intervención en su defensa: por la complejidad del contex-to, la presencia de diferentes actores con necesidades e intereses distintos, etc. Por lo tanto, la generación de un proceso en defensa de la tierra y el territorio nos deja ver muchos vacíos.

3.5 CONFLICTO POR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE INTEGRANTES DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIO-NARIO (PDPR-EPR)

Ubicación:

Oaxaca


2008-2009, 2009-2010


Ejército Popular Revolucionario. Familiares de los detenidos-desaparecidos. Gobierno Fede-ral. Ejército Federal. Gobierno del Estado de Oaxaca.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) es una organización guerrillera de México. Su brazo político es el PDPR (Partido Democrático Popu-lar Revolucionario). Históricamente, el PDPR-EPR había desarrollado sus actividades en una decena de Estados mexicanos, fundamental-mente en los Estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, Sin embargo, poco después de

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las elecciones generales de México en 2006, inició actividades de más amplio alcance y repercusión en la capital del país y otras áreas. Su primera aparición pública se produjo en Guerrero el 28 de junio de 1996, fecha del aniversario de la matanza de campesinos en el vado de Aguas Blancas.

El 6 de noviembre de 2006, en la Ciudad de México estallaron tres artefactos durante la madrugada. Las explosiones tuvieron lugar en las instalaciones del Partido Revolucionario Ins-titucional Nacional, ubicadas frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resultando dañada, también, una sucur-sal bancaria. Sólo se produjeron daños materia-les. El Gobierno Federal atribuyó la colocación de las cargas explosivas al PDPR-EPR.

El 10 de julio de 2007, mediante un comunicado, el PDPR-EPR reivindicó su auto-ría en la realización de dos atentados contra líneas de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salamanca, Celaya y Valle de Santiago, Guanajuato (el 5 de julio) y, en Querétaro Arte-aga (el 10 de julio), demandando la liberación de dos de su miembros, Edmundo Reyes Ama-ya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes se encontraban detenidos-desaparecidos desde principios de ese año.

El 10 de septiembre de 2007, ocurrieron nuevas explosiones en ductos de Pemex en los Estados mexicanos de Veracruz y Tlaxcala y en la costa del Golfo de México, hechos reivindi-cados por el EPR el día 11 de septiembre.

Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, fueron detenidos-desaparecidos el 24 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca. Ambos eran militantes del EPR según la propia informa-ción publicada por esa organización. En un comunicado dado conocer el 24 de abril de 2008, el PDPR-EPR propuso la integración de una Comisión de Mediación para hacer factible la presentación con vida de sus mili-tantes, detenidos-desaparecidos. Invitaron a esta intermediación al abogado y periodista Miguel Angel Granados Chapa, al antropólo-go Gilberto López y Rivas, al escritor Carlos Montemayor, al obispo emérito Samuel Ruiz y al Frente Nacional contra la Represión (FNCR). Los primeros cuatro integrantes hicieron públi-

ca su disposición a aceptar la propuesta “por considerar de gran importancia, en las difíciles condiciones que vive el país, toda iniciativa de intermediación que dé cauce a la búsqueda de justicia desde la sociedad civil y que combata las desapariciones forzadas”. Aceptaron esa encomienda, además, bajo cuatro condicio-nes que han defi nido el servicio mediador: el carácter puntual de las gestiones necesarias para lograr la presentación de los dos desapa-recidos, la aceptación pública de esa iniciativa por parte del gobierno federal, la certidumbre de que mientras durara la intermediación no habría acciones armadas por parte del PDPR-EPR, y la aceptación de que la interlocución y servicio mediador con el grupo armado se realizaría siempre de manera pública. Interna-mente, los miembros de la COMED plantearon otra condición: contar con el respaldo estraté-gico y operativo de SERAPAZ.

El PDPR-EPR aceptó cumplir esa tregua unilateral y, ese mismo día, el FNCR hizo pública su aceptación a participar en la inter-mediación, designando como representantes a la senadora Rosario Ibarra de Piedra, al jurista y ex rector de la Universidad de Gue-rrero, Enrique González Ruiz, y al abogado y catedrático Juan de Dios Hernández Monge. Se abrió así un largo proceso orientado a la presentación de los detenidos-desaparecidos. (ver siguiente cuadro)

Elementos de interpretación del proceso:Debido a que el proceso de intermediación de la comisión sigue abierto y en condiciones que deben preservarlo y cuidarlo, realizamos algunas refl exiones de corte general que pre-sentamos a continuación y que se centran en la interpretación del proceso.

El confl icto armado interno en México tiene diversas expresiones político–estratégi-cas y se manifi esta de manera atípica. Existe una confl ictividad particular de los procesos de resistencia armada que, si bien han sido estudiados, no han implicado una refl exión profunda en la sociedad civil y en los proce-sos políticos nacionales. La presencia, impacto y alcances de la realidad armada en México

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Antecedentes de la for-mación de la COMED

Entre mayo de 2007 y abril de 2008, SERAPAZ tiene contactos indirectos con actores de la sociedad civil y el Estado en relación con temas de presos, desaparecidos y grupos armados.

Etapa de integración e inicio de gestiones

Con la integración de la COMED, SERAPAZ funge como secretaría ejecutiva y como facilitador del proceso de la comisión en un primer proceso de diálogo con la Secretaría de Gobernación. Esta primera fase se desarrolla entre abril y agosto de 2008.

Cambio de formato del diálogo

La comisión intenta involucrar la interlocución con la Secretaría de la Defensa Nacional, PGR y CISEN. Sin embargo, existe un reordenamiento interno de la Secretaría de Gober-nación que impide mayores avances. De forma paralela se dan avances a partir de la propia COMED y de la CNDH en investigaciones sobre las desapariciones. Esta segunda fase se desarrolla entre agosto de 2008 y marzo de 2009.

Intermediación cesa tareas por no haber dis-posición gubernamental

Debido a la falta de respuesta gubernamental y a la cerrazón para abrir interlocución con otras dependencias e instituciones más allá de la Secretaría de Gobernación, la COMED pone fi n a su misión. SERAPAZ mantiene hasta ese momento su rol en la secretaría ejecuti-va de la comisión. Esta fase se extiende entre abril y diciembre de 2009.

Reintegración y amplia-ción de la COMED y nueva fase sin diálogo

Después de un periodo de receso y frente a la petición expresa de los familiares de los desaparecidos y del propio EPR, la COMED se reintegra en enero de 2010, integrando a Miguel Álvarez, Dolores González, Pablo Romo, Jorge Fernández y Gonzalo Ituarte (todos parte de SERAPAZ) a la propia comisión. Se abre una nueva etapa del proceso que separa la existencia de la Comisión del proceso de diálogo. La COMED realiza sus labores con limitaciones graves, en un contexto político adverso, sin peso en la agenda pública y sin que la prioridad gubernamental sea resolver el caso.

requiere de una revaloración de la confl ictividad social, ya que los numerosos grupos armados y su acción política-militar, son necesariamente elementos relevantes en dicho proceso.

La estrategia del Ejército Popular Revolu-cionario para reivindicar la presentación de los desaparecidos es inédita. No es abandonada la estrategia armada pero, se vincula con una demanda legítima, basada en la reivindicación del respeto elemental de los derechos humanos y el delito de lesa humanidad que implica la desaparición forzada. Se presenta como una demanda puntual que, sin embargo, a partir de un caso emblemático tiene eco en una pro-blemática nacional. No se presenta la agenda y reivindicaciones de cambios nacionales del propio grupo armado pero, al ser el Estado el generador de la propia violencia estatal, funge como interlocutor cuestionado. Como veremos más adelante, esta acción del EPR pone en cuestión al sistema de justicia mexi-cano de manera potente; al mismo tiempo, es también un fuerte límite para la transformación

del confl icto estructural, ya que la desaparición forzada de dos de sus miembros es, a la vez, producto del confl icto armado interno entre el Estado y el grupo rebelde, y un confl icto de impunidad y violaciones a los derechos huma-nos, endémico del sistema político mexicano.

Como expresión de un confl icto inédito, se integró y operó una mediación inédita, en la que los actores civiles e institucionales no tenían una caracterización para procesarlo, debido a lo inusual del hecho de que un gru-po armado haya ganado la iniciativa política utilizando el campo de los derechos humanos, solicitando una mediación civil y reconociendo públicamente la desaparición de sus militantes.

La demanda y propuesta procedimental del EPR (la comisión de mediación) constituye un acierto estratégico en el campo político debido a que:

• La autoridad moral y confiabilidad mediática de las personalidades per-mite abrir interlocución con el Estado,

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además de elevar el tema como parte de la agenda nacional.

• A partir de un caso emblemático, hace visi-ble la problemática nacional de desapari-ción forzada.

• Los elementos de investigación de la pro-pia comisión, amplifi cados por los medios de comunicación, permiten desnudar al sistema de justicia desde el ámbito político, cuestionando la voluntad y legitimidad del Estado al funcionar en impunidad y sin res-peto a los derechos humanos.

• El proceso de demanda de presentación de los desaparecidos, visibiliza y devela una red de anomalías y acciones ilegales y criminales que no son excepcionales e involucran a numerosos funcionarios, dependencias e instituciones. Cuestiona entonces, el funcionamiento de una política de Estado frente a la disidencia aún vigen-te: el terrorismo de Estado y la violencia estatal como mecanismos para el discipli-namiento social y para la desarticulación de la disidencia política.

• El proceso mantiene una alta legitimidad, ya que, no hay razón alguna que justifi -que la desaparición forzada, más allá de la validez o legitimidad de la estrategia armada, de la visión de cambio social del grupo en cuestión, o de las acciones del mismo. La demanda de presentación de los desaparecidos pone contra la pared no sólo al Gobierno Federal, sino al funciona-miento de éste con el Ejército, los Gobier-nos Estatales, cuerpos de inteligencia y espionaje, cuerpos policiacos, ministerios públicos y Comisión Nacional de Dere-chos Humanos, sin mencionar a cuerpos paramilitares y parapoliciales actuantes. La red de anomalías, infl uencias y fuerzas políticas, deja al descubierto el funciona-miento mismo del poder al interior de las estructuras del Estado.

• A partir de la impunidad, dicha red de anomalías pone en cuestión los alcances de la alternancia política, ya que, eviden-temente, el funcionamiento de prácticas violatorias de los derechos humanos es transpartidaria, transgubernamental y

transinstitucional. La política represiva del Estado es pues, una práctica asegurada por enormes campos de fuerza al interior del Estado, los cuales no sólo son tolerados sino incluso alentados desde la impunidad sin fi n. El funcionamiento de dicha política, sin embargo, es garantizado por un cierre de seguridad del Estado que no permite que el cuestionamiento afecte a las institu-ciones y a los funcionarios.

A pesar de estos alcances, la demanda y for-ma impulsada por el propio EPR tiene límites sustantivos ya que:

• A diferencia de la demanda de una agen-da política de cambio social, la legítima reivindicación de los desaparecidos orien-ta el campo de discusión hacia el funcio-namiento interno del Estado, lo que incluye valoraciones de seguridad, complicidades políticas y militares, interrelaciones y alian-zas de intereses que aparecen como una malla impenetrable en la que todos los actores estatales se protegen o silencian entre sí.

• Si bien el alcance de la problemática de la desaparición es nacional y estructural del sistema político mexicano, su concreción, en este caso, es puntual: se presentan con vida los desaparecidos o no. Dicho alcan-ce reduce por completo el margen de discu-sión de la problemática con el Estado y lo lleva contra la pared. Sin embargo, pone en cuestión los alcances de la comisión de mediación que nada puede avanzar sin las respuestas del Estado. No hay proce-so de diálogo; sólo existe una demanda y gestiones para la actuación estatal. Todas las respuestas corresponden a una de las partes, y por ello, dependen de la presión que se pueda ejercer para el cumplimiento de la demanda.

• Es de resaltar que, a pesar de que la iniciativa de mediación del propio EPR signifi có una presencia mediática relati-vamente favorable para el grupo armado y un momento intenso de visibilidad en la historia de su acción político-militar, la

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sociedad civil nacional e internacional no reaccionó con iniciativas de respaldo a la demanda legítima de presentación de sus desaparecidos. Tampoco, y esto representa una omisión importante de la estrategia, se tejieron redes, espacios y medios de articulación con la proble-mática y con el confl icto. A pesar del acierto de la integración de la Comisión, la presión de la misma no fue sufi ciente para modifi car la estrategia y voluntad del gobierno.

Para los procesos de interlocución con el Esta-do y para el proceso de mediación con el Gobierno Federal, los cambios de actores ins-titucionales, ciertamente, fueron determinantes para ralentizar el proceso y volverlo cada vez más difi cultoso.

El desarrollo del proceso deja abiertas numerosas cuestiones:

a) La efi cacia de permitir avanzar una estra-tegia denominada de mediación cuando el proceso no implica comunicación, interlocución y diálogo entre las partes sino la sustitución del actor por la propia comisión, sin tener articulación con el actor mismo.

b) Ante el hecho de la tregua, el Estado debilitó la referencialidad política y jurí-dica de la COMED, que no fue sufi cien-temente valorada para realizar acciones e implementar estrategias favorables en torno al problema. No basta con la presión moral de los integrantes de la comisión; se necesita el debate público y la movilización social pacífi ca para que la mesa de negociación no dependa de respuestas procedimentales del Estado y de su falta de voluntad política.

c) El tamaño del confl icto fue reducido y des-viado a un proceso menor de interlocución con funcionarios menores que desactivó el interés mediático y la presión contra el Estado. Ello anuncia el agotamiento de este esfuerzo, lo cual no es atribuible directamente a las acciones y aportes de la COMED.

3.6 CONFLICTO ANTIAUTORITARIO, REBELIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL EN OAXACA

Ubicación:

Oaxaca


2006-2007-2008


Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, organiza-ciones y movimientos indígenas y sociales, Gobierno del Estado de Oaxaca, Gobierno Federal.

En 2004, se realizaron elecciones para la gubernatura del Estado de Oaxaca, cuyo ganador -por un estrecho margen de votos-, el príista Ulises Ruiz, fue intensamente impugna-do por un amplio espectro de irregularidades. A pesar de ello, el gobernador electo tomaría posesión del cargo ese mismo año, en un con-texto de descontento popular e iniciando una fuerte confl ictividad represiva que sería el eje de la relación con los movimientos sociales hasta junio de 2006. Como saldo de la gestión gubernamental durante 2005, la Red Oaxa-queña de Derechos Humanos registró más de 600 detenciones, 40 heridos, 33 procesados, 13 amenazados y 1 exiliado, todos integran-tes de organismos sociales, indígenas, campe-sinos y populares. A esto se sumarían fuertes tensiones y confl ictos poselectorales en muni-cipios y regiones del Estado, así como impor-tantes escándalos sobre decisiones y manejo de recursos por parte del Gobierno Estatal, lo que fue creando una animadversión popular creciente. Todo ello, en un marco de pobreza y desigualdad estructural, de crisis del régimen político autoritario, y del incremento de la con-fl ictividad derivada del saqueo de los bienes

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naturales de la región por parte de diversos poderes locales, corporaciones y proyectos de infraestructura estatales.

Estando así las cosas, uno de los acto-res sociales determinantes en Oaxaca, el lla-mado magisterio democrático, organizado en la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, entró en confl icto con el gobierno oaxaqueño a partir de diversas demandas gremiales, escalando acciones de presión que fueron violentamente reprimidas el 14 de junio de 2006.

Esta fecha simboliza el escalamiento del confl icto oaxaqueño, el cual rápidamente reuni-ría a amplios sectores sociales, civiles, indíge-nas, políticos y populares contra el gobierno estatal, llevando a una profunda crisis política

en el Estado, asediado varios meses por las fuerzas populares aglutinadas en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que enca-bezaron una rebelión antiautoritaria con la participación de miles y miles de oaxaqueños.

El confl icto oaxaqueño se vuelve emblemático por su masividad, radicalidad y potencialidad, pero también, por la severa crisis política que provoca en un momento nacional de polarización e inestabilidad. A continuación, debido a que el rol de SERA-PAZ varió según las fases del confl icto, pre-sentamos una apretada síntesis de las etapas y fases del proceso para después, al igual que en los otros casos, realizar una interpre-tación del proceso y una valoración de la intervención de SERAPAZ.

1) Confl icto gremial. Esca-lamiento del confl icto magis-terial. 1 de mayo al 14 de junio 2006

A principios de mayo, como cada año, el movimiento magisterial presenta su pliego petitorio. Durante todo el mes se presentan numerosas tensiones con el Gobierno del Estado. El 22 de mayo se instala un mega plantón de los maestros que ocupa 50 manzanas del centro histórico de la ciudad de Oaxaca. El 25 de mayo, los profesores son agredidos con disparos de policías municipales. Por ello, se rompe el diá-logo que mantenían profesores y Gobierno Estatal. Se realizan amplias movilizaciones. El gobernador y el Congreso del Estado amenazan con desalojos. Crece la tensión entre las partes.

SERAPAZ mantiene una vinculación con organismos civiles y sociales a partir de ini-ciativas como el Colectivo por la Democracia, la Promotora Nacional de Unidad contra el Neoliberalismo, así como por el seguimiento de diversos servicios y presencias de solidaridad y asesoría a comunidades, organizaciones e iniciativas realizadas en años anteriores.

2) Escalamiento y transición de confl icto secto-rial a confl icto político-social de alcance estatal. 14 de junio al 17 de julio de 2006.

Luego del desalojo del 14 de junio –en el que se cometen numerosas y documentadas violaciones a los derechos humanos- el confl icto vira hacia un nuevo escalamiento que transitará rápidamente de ser un confl icto de carácter gremial a ser un confl icto político-social de alcance estatal, involucrando prácticamente a todas las organizaciones sociales, civiles, indígenas y políticas de Oaxaca. Se realiza una enorme movilización de repudio al desalojo en la que participa medio millón de personas. Los maestros convocan a una Asamblea de los Pueblos de Oaxaca para sesionar como espacio solidario entre el 17 y 20 de junio; allí se acuerda continuar y convertir esta Asamblea en un gran frente unitario. Por invitación del magisterio, se forma la Comisión de Intermediación y Concordia (COMIC), instancia civil y eclesial para facilitar el diálogo entre maestros y Gobierno, en la que participan actores civiles y eclesiales locales. Se instala una Mesa con el gobierno oaxaqueño para tratar diversos temas gremiales (asuntos laborales y educativos, política sindical, gestiones ante ISSSTE y Hacienda); no se llega a logros ni a acuerdos.

SERAPAZ es llamado por los integrantes de la COMIC para realizar labores de asesoría para la mediación, especialmente para el diseño metodológico y procedimental de la negociación. SERAPAZ se involucra en el proceso de diálogo y establece enlaces direc-tos e indirectos con todas las partes en confl icto. Dicha asesoría fue solicitada debido a la cercanía de nuestra organización con los procesos eclesiales y a su experiencia como instancia mediadora.

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3) Radicali-zación, des-obediencia generalizada, insurgencia civil, autodefen-sa. 18 de julio al 29 de agosto de 2006

A partir de la decisión del magisterio y de la APPO de exigir la renuncia del gobernador, se abre una nueva fase del confl icto. La estrategia primordial del naciente movimiento será la desaparición de los poderes del Estado. Posteriormente a la elección nacional del 2 de julio, cuyo resultado y crisis no signifi -có el cambio de voluntad gubernamental, el confl icto se lleva a escala nacional tanto por su radicalidad e impacto como por el traslado de las demandas a instancias federales. Aumenta la movilización y des-obediencia generalizada, con bloqueos, tomas de carreteras, ayuntamientos, municipios, hoteles y ter-minales, toma y quema de autobuses, bloqueo de la realización de la Guelaguetza ofi cial y bloqueo de las sedes de poderes del Estado, Congreso Local, Tribunal Superior de Justicia, Casa de Gobierno, toma de estaciones de radio y televisión, paro cívico convocado por el Frente de Sindicatos y Organizaciones de Oaxaca (FSODO). Es notorio que el confl icto ha dejado de ser sólo magisterial; ello se ve refl ejado en la desintegración de la COMIC. Con el crecimiento exponencial de la participación popular y de su radicalización, comienza una ofensiva de grupos parapoliciales y paramilitares claramente dirigidos por el Gobierno del Estado, los cuales provocan numerosos heridos, muertos y agresiones a los integrantes del movimiento oaxaqueño. Éste responde con la formación de barricadas callejeras, formación de comités de la APPO en todo el Estado, auto-organización de cuerpos de seguridad y elaboración de bandos de buen gobierno en la ciudad de Oaxaca. Es un momento de auge de la participación popular. Se realiza el Foro Construyendo la Gobernabilidad y la Democracia en Oaxaca. Durante la segunda mitad de agosto, se aprueba realizar la búsqueda de contactos con la Secretaría de Gobernación. Los primeros enlaces se realizan a través de Servicios y Asesoría para la Paz.

Como consecuencia de su rol anterior en la COMIC y, en especial, por sus vínculos previos con las problemáticas de derechos humanos, democracia y confl ictividad en Oaxaca, SERAPAZ había sido invitado como observador de todo el proceso interno de la APPO, llevando elementos y lecturas de análisis nacional a las instancias del Magis-terio y de la APPO. Debido al rol de SERAPAZ como vínculo y representación del obispo Samuel Ruiz García y con numerosos intelectuales y grupos sociales, los órganos de la APPO solicitan que busque un canal de interlocución con el Gobierno Federal. SERA-PAZ busca dicho enlace a través de la Secretaría de Gobernación, el cual se concreta el 18 de agosto. La respuesta fue brindada por el propio secretario Carlos Abascal, quien acepta reunirse con la APPO-Magisterio. SERAPAZ puentea entre las partes, la defi nición de condiciones, formato y agenda para la instalación de una Mesa, en la que participa en calidad de coadyuvancia. APPO y Magisterio conforman la Comisión Única de Negociación integrada por 14 representantes de cada una.

4) Diálogo. Presión a los actores estata-les nacionales. Presión de actores políticos por una salida de fuerza. 29 de agosto al 15 de octubre de 2006

Se realiza la primera de 9 sesiones de diálogo formal que se llevarán a cabo durante septiembre y octubre. El proceso de diálogo y negociación se desarrolla en torno a la salida de URO y la situación coyuntural de justicia y seguridad en la ciudad de Oaxaca. En tanto se realiza el proceso de diálogo, la presión social hacia la desaparición de poderes se centra sobre los actores estatales y el Senado de la República, continuando con la suspensión de clases, realizando diversas caravanas y la llamada Marcha por la Dignidad de los Pueblos de Oaxaca. Mientras tanto, se mantiene la resistencia popular en barricadas, plantones y tomas de radiodifusoras. Se visibilizan los actores nacionales presionando para una salida de fuerza (Gobernadores, partidos políticos y empresarios rechazan la salida de Ulises Ruiz y llaman a una salida represiva). La presión y tensión aumentan. La Secretaría de Gobernación busca realizar un pacto de gobernabilidad con la ausencia del actor central APPO-Magisterio. Ofrece la solución a varias de las demandas gremiales del sector magisterial. Es el punto de infl exión del confl icto.

La coadyuvancia de SERAPAZ, además de facilitar y puentear el diálogo entre la Comi-sión Única de Negociación y la Secretaría de Gobernación, se amplifi ca para realizar numerosas tareas estratégicas pendulares, tanto entre las partes como al interior de la APPO y el movimiento magisterial, aportando elementos de análisis escenarios, propuestas y caminos estratégicos y de unidad. En la lectura y postura de los actores políticos nacionales, predomina ya la lógica del confl icto poselectoral nacional, cuya gravedad e importancia defi ne y limita los márgenes de solución del confl icto oaxa-queño.

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5) Crisis del proceso de diálogo. Des-articulación Magisterio-APPO, negación de la desapari-ción de pode-res. Inicio del escalamiento represivo. 15 de octubre al 28 de octubre de 2006

Se agudiza la crisis, por un lado, por la negativa federal a propiciar la salida de URO y, por otro, por la amenaza del desconocimiento de la Sección XXII por la lideresa Elba Esther Gordillo. Se escala la tensión entre el Gobierno Estatal y el Secretario de Gobernación cuando este último declara que Ulises Ruiz “es incapaz de controlar la paz, el orden, la seguridad, por eso está sucediendo lo que está sucediendo”. Es claro que las fuerzas políticas nacionales comienzan a dividirse. Si antes existía unanimidad en la defensa del gobernador, varias fuerzas partidarias y gubernamentales dejan ver la posibilidad de la renuncia del gobernador. El alargamiento del confl icto y, en especial, del paro magisterial, mantienen en una tensión insostenible al Gobierno Federal. La cada vez más cercana toma de posesión de la presiden-cia en medio del confl icto poselectoral nacional, hace escalar la presión para una salida al confl icto. El 19 de octubre los senadores no declaran la desaparición de poderes, lo que abre la posibilidad de una re-ofensiva del gobierno estatal. Es un momento de bifurcación. Se comienza a presionar al gobernador desde distintos sectores políticos y empresariales para que renuncie. Otros, de nueva cuenta, salen en su defensa. La Secretaría de Gobernación busca, sin embargo, avanzar en un pacto con el magisterio que obligue al regreso a clases y lo desvincule de la APPO. Los ofrecimientos gubernamentales responden a toda la agenda gremial. La presión por el alargamiento del paro, las acciones del sindicalismo ofi cial por comenzar a deteriorar la estructura hegemónica de la sección XXII apuntan hacia una posible ofensiva para su desarticulación como fuerza gremial. La confl ictividad debida a la ausencia de cobros de los profesores, el esquirolaje creciente en muchas escuelas, y el creciente confl icto intracomunitario por las clases, presiona desfavorablemente al magisterio. La posibilidad de un pacto del magisterio sin el con-senso de la APPO se vuelve cada día más probable. La presión de Felipe Calderón, pronto a asumir la presidencia va en aumento. Todas las señales indican una posible salida de fuerza. Se vive un momento en que se avanza hacia la renuncia o hacia la salida represiva al movimiento. Es un momento decisivo. Grupos armados, controlados por el Gobierno del Estado empujan una provocación en Santa Lucía del Camino, donde mueren varios integrantes de la APPO y el periodista norteamericano independiente Brad Will.

Analizando estos elementos, SERAPAZ alerta sobre estas señales en los órganos de la APPO cuando, el 23 de octubre, menciona que existe “el riesgo real de que ante el agotamiento de los tiempos políticos sea viable el envío de fuerzas federales o la activación de grupos locales de confrontación”.**Frente a este balance lanza una INICIATIVA DE EMERGENCIA, que busca una tregua para que el actor social pudiera desenvolverse en un escenario nacional distinto, luego de la toma de posesión pre-sidencial, evitando la posible represión y desarticulación, y retomando el confl icto en nuevas condiciones. Es por ello que en dicha iniciativa se propuso un receso multilate-ral cuyos elementos centrales eran la solicitud de licencia al gobernador, la suspensión de acciones policiacas y de fuerzas armadas y, el regreso a clases con base en el cum-plimiento de las demandas gremiales, entre otros elementos.*** Se proponía una tregua general de 100 días. Sin embargo, la propuesta fue desechada de inmediato por la Secretaría de Gobernación que evaluó inviable la solicitud de licencia por 100 días al Gobernador. La iniciativa fue evaluada de diversas formas por distintos sectores de movimiento y, por algunos de ellos, de manera negativa, no llegando a prosperar. El posterior acuerdo del magisterio con la Secretaría de Gobernación, sin la presencia de los delegados de la APPO ni de la coadyuvancia representada en SERAPAZ, cerró la posibilidad a la continuidad y viabilidad del diálogo.

6) Estrategia de fuerza. Judicialización del proceso. Represión.29 de octu-bre al 25 de noviembre

La polarización política y social descarrila el proceso de diálogo. El pacto realizado por el magisterio con el Gobierno Federal y el asesinato de Brad Will, cambian la fase del confl icto al mover de manera decisiva la correlación de fuerzas en los campos antagónicos: “entregan Oaxaca o la tomamos”, decla-ra la Secretaría de Gobernación. El 29 de octubre entra la Policía Federal Preventiva a la Ciudad de Oaxaca. Comienza una fase intensa de criminalización, judicialización y violaciones a los derechos humanos. Hay numerosos desaparecidos y detenidos. La clase política se divide aún más. Aunque Presi-dencia y Secretaría de Gobernación expresan que heredarán el confl icto al próximo gobierno, saben de exigencias directas de Calderón a Fox para resolver el confl icto pronto y por la fuerza. Abascal declara que la solución política necesitaría más tiempo y que éste se ha agotado. En este periodo se realizan cerca de 160 acciones en solidaridad con el movimiento oaxaqueño que incluyen 47 movilizaciones en 46 ciudades del mundo. La solución fi nal de fuerza se acerca. Se realiza el Congreso Constitutivo de la APPO. La presión de Felipe Calderón para una solución antes de la toma de posesión se vuelve un elemento decisivo. La conducción va pasando de las instancias políticas como SEGOB a las instancias de seguridad: Secretaría de Seguridad Pública, Policía Federal Preventiva. La fase termina con el operativo represivo del 25 de noviembre, apenas unos días antes del 1 de diciembre, con un saldo de centenares de detenidos y cientos de órdenes de aprehensión más.

** Documento a la APPO del 23 de octubre. Signada por Don Samuel Ruiz García, Dolores González, Miguel Alvarez, Pablo Romo, Jorge Fernán-dez, Gonzalo Ituarte.

*** Ver documento completo INICIATIVA DE EMERGENCIA al terminar esta sección.

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SERAPAZ procura contribuir a la unidad de la Comisión Única de Negociación (CUN) y les apoya en la difícil interlocución con dependencias de justicia y seguridad en la mesa de incidencias, retrasando y conteniendo acciones represivas más graves. Sin embargo, la represión rebasa la interlocución con las acciones del 25 de noviembre.

7) Lucha por la liberación de presos políticos. Intentos de rearticulación y reagrupa-miento de la APPO. Refl ujo del movimiento social. 25 de noviembre de 2006 a marzo-abril de 2008.

La represión del 25 de noviembre acelera la desarticulación del movimiento. Por un lado, la presión social se orienta hacia la liberación de los detenidos y la denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, la persecución provoca el descabezamiento o neutralización de numerosas fuerzas sociales. El miedo provoca el refl ujo de la participación popular. Se agudizan las contradicciones estratégicas al interior de la APPO las cuales, meses más tarde, fracturarán el proceso unitario por la coyuntura electoral. El confl icto central a través de un movimiento unitario se desplaza hacia agendas sectoriales, regionales y particulares. El espacio unitario deja de ser útil, produciéndose una creciente fragmentación de las partes integrantes del movimiento.

SERAPAZ realiza tareas complementarias y de apoyo en el proceso de liberación de los presos políticos, y acompaña los intentos unitarios, de reagrupamiento y de acercamiento entre los actores del movimien-to, los cuales no llegan a prosperar. Realiza tareas de análisis con cada una de ellas. La fase termina con la salida de los últimos presos políticos, la búsqueda infructuosa de espacios unitarios para una lectura crítica y autocrítica de lo sucedido y para el relanzamiento del proceso. Posteriormente, inician las tareas de mediación de SERAPAZ en el confl icto triqui.

Elementos de interpretación del proceso:Oaxaca es una de las dos entidades más pobres del país, siendo además, uno de los Estados con mayor presencia indígena (poco más del 50% de la población incluyendo 15 distintos grupos étnicos) y una zona mayorita-riamente rural con grandes proporciones de tenencia comunal de la tierra. Constituye una de las entidades expulsoras de mano de obra barata hacia los centros de mayor crecimien-to económico del país y del extranjero. Sus recursos naturales son explotados de manera irracional, en condiciones que corresponden a la periferia mundial.

En ese Estado coexisten una multiplici-dad de pequeños poderes locales, articulados en un elevado número de municipios (570, la cifra más alta de todo el país), mayoritariamen-te indígenas. Esto ha dado lugar a un fenómeno político y social que se distingue nacionalmen-te, y que consiste en la existencia y experiencia de poder local con una matriz basada en la identidad comunitaria de los pueblos indios. Así, la notable fragmentación municipal del Estado de Oaxaca hizo posible, por un lado,

que los indígenas ocuparan cargos en la mayo-ría de ellos (fortaleciendo la cultura del poder local, de la asamblea como órgano decisorio, con formas de democracia participativa); por otro lado, también implicó la atomización de los pueblos indios en pequeñísimos municipios, con escaso peso en los poderes estatales, lo que propició la hiper-concentración del poder en manos de quien detenta el poder ejecutivo estatal, caracterizado por un ejercicio patrimo-nial y rapaz, así como por una extensa red de mediaciones autoritarias y clientelares a través de una estructura sustentada en el caciquismo priísta (Sánchez, 2003).

Hasta hace poco, todos los poderes loca-les estaban subordinados al poder central del gobernador a través de extensas redes de con-trol clientelar. Sin embargo, en Oaxaca como en todo el país, durante los últimos 30 años han venido formándose movimientos de todo tipo, los cuales han crecido y madurado durante un periodo en el que se han producido tres crisis económicas, dos devaluaciones de la moneda mexicana, la contracción del empleo y la caí-da de los salarios, así como el refl ujo de las políticas sociales del Estado como parte de las

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políticas neoliberales de los recientes gobier-nos federales. Estos movimientos han crecido en varias vertientes: en el rescate, preservación y defensa de los recursos naturales en Oaxaca; en la visibilidad, organización y reivindicación de los pueblos y familias migrantes hacia Esta-dos Unidos y otros centros económicos, como la Ciudad de México; en las reivindicaciones campesinas frente al abandono de la produc-ción rural y la caída de precios de productos como el café y el maíz; en la reorganización y reivindicación de las identidades y derechos de los pueblos indios; en la defensa, educa-ción y promoción de los derechos humanos en Oaxaca. Estas tendencias –entre muchas otras–, refl ejan una ola creciente de organiza-ción, politización y participación civil, social y popular en Oaxaca.

En esta etapa podemos ubicar, también a partir de 1980, al movimiento de ruptura con el anquilosado corporativismo mexicano, lleva-do a cabo por el grueso de los maestros oaxa-queños quienes conformaron la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE11), cuya movilización anual por reivin-dicaciones gremiales, dio inicio a uno de los más amplios movimientos de la última década en nuestro país. “En una sociedad con un peso tan importante en el mundo rural como Oaxa-ca, los maestros funcionan a menudo como los intelectuales orgánicos de la comunidad“ (Her-nández, 2006).

Esta ola de movimientos chocará con la institucionalidad del viejo régimen y con las peores prácticas del otrora partido ofi cial que, hasta hacía poco, gobernaba la entidad. Algunas de las expresiones de convergencia, previas a la formación de la APPO, fueron la Promotora de Unidad Nacional Contra el Neoliberalismo y el Colectivo por la Demo-cracia, instancia de organizaciones sociales y populares la primera, y de organismos civiles la segunda. Ambas, encabezaron diversas ini-ciativas unitarias, creando condiciones para la posterior conformación de la asamblea de coordinación de la APPO.

11 -corriente disidente del sindicalismo o cial representado en el control autoritario de la dirección o cial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)-

Este fenómeno también es nacional. La alternancia abierta en el año 2000, no gene-ró un cambio estructural ni institucional que permitiera conducir y resolver las crecientes demandas sociales de numerosos sectores de mexicanos. Se produce entonces, un desfase entre una democracia insufi ciente y los nuevos retos y actores políticos y sociales, a lo que se responde con marcos políticos e institucionales del pasado. La democracia nacida en el año 2000 no salvó al Estado de su crisis; este tipo de democracia se suma a la crisis política y a la crisis del Estado.

Ulises Ruiz llega al gobierno siendo fuer-temente impugnado por denuncias de fraude electoral y en un contexto de grandes protestas sociales. Durante sus primeros tres meses de gobierno acumula agravios contra numero-sos sectores de la población: organizaciones sociales (más de 150 presos en ese periodo, calculándose en más de 40, los asesinatos vin-culados a motivos políticos); municipios indíge-nas (desconocimiento de elecciones por usos y costumbres); medios independientes (cierre del periódico Noticias); defensores del patrimonio (5 áreas consideradas patrimonio cultural fue-ron afectadas); acusaciones de malversación de fondos, etc. El gobierno estatal fue cerrando la interlocución con diversos actores económi-cos y políticos, y en general, impuso un gobier-no autoritario, cuyos programas y acciones tenían como propósito promover un esquema el control y cooptación para la contienda elec-toral federal de 2006.

De manera que, en Oaxaca convergen varios procesos y factores dando como resulta-do una suerte de movimiento antiautoritario que lanzaría un Ya Basta local. Se suman, entrela-zan y a la vez son parte de un mismo proceso: 1) la crisis política mexicana, representada en una democracia insufi ciente y una vieja insti-tucionalidad; 2) el deterioro de los controles del viejo régimen y el debilitamiento del Estado en general, así como las fracturas del partido gobernante en la entidad en particular; c) el autoritarismo, la represión y las viejas prácticas del Partido Revolucionario Institucional que se agravarían y generalizarían en tiempos recien-tes; d) el crecimiento y fortalecimiento de movi-

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mientos y organizaciones indígenas y sociales en todas las regiones oaxaqueñas, madurando distintos procesos y agendas sociales, los cuales, habiendo sido lastimados por el antecesor de Ulises Ruiz, se sumaron al repudio generalizado contra las prácticas del nuevo gobernador; e) un movimiento magisterial fuerte, ligado indisocia-blemente a la vida del Estado por ser una extensa red gremial anclada en pueblos, comunidades y ciudades, que constituye un enorme referente político con una fuerte capacidad movilizadora.

Sólo bastó la represión al movimiento magisterial el 14 de junio de 2006 (ya acom-pañado por numerosas organizaciones sociales, civiles, populares e indígenas), para que detona-ra la reacción popular y surgiera y se visibilizara el confl icto estructural que tratamos de explicar. La criminalización y represión sobre el movi-miento social, que en otro momento lo hubiera desarticulado, ocasionó ahora una explosión de descontento popular que no se vivía desde hacía mucho tiempo en Oaxaca.

Lo que comenzó como una movilización magisterial tradicional, se fue radicalizando ante la cerrazón de las autoridades estatales y la represión del 14 de junio, dando inicio a una nueva etapa de escalamiento y polarización, cuya energía encontraría cauce en la forma-ción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que aglutinó la participación de organi-zaciones y comunidades indígenas, sindicatos, organizaciones populares y asociaciones civiles. Ello abrió una etapa de movilización masiva, acción directa en las calles, tomas y control de la ciudad capital por meses.

Dos fenómenos sociales pudieron ser observados. La creciente participación colec-tiva espontánea con tintes insurreccionales, dejaba ver las fi suras de las estructuras de dominación local. Así, las tomas de gobiernos locales, la participación solidaria comunitaria o el masivo apoyo popular al nuevo actor con-formado en la APPO, refl ejaron el descontento generalizado, no orgánico y el desgaste de las prácticas tradicionales de control. Resultó evidente el desfase entre las viejas prácticas de gobierno y los nuevos movimientos sociales.

Por otro lado, la ciudad de Oaxaca, una ciudad que ha crecido por la migración

interna12, se ha reordenado a través de enor-mes franjas sociales de excluidos y marginados, muchos de ellos jóvenes, con tendencias pola-rizadas frente al poder, cuya participación es poco organizada y nada controlada por las experiencias organizativas y militantes de los movimientos más tradicionales. Su participación marcaría al movimiento en su conjunto. Además, la toma de la ciudad de Oaxaca, mediante un sistema defensivo basado en la construcción de barricadas en las calles, estableció la tensión interna en la sociedad oaxaqueña, abriendo, a la vez, canales múltiples de participación para la población no organizada que simpatizaba con el naciente movimiento.

Los mecanismos y acciones utilizados para golpear, desarticular o debilitar a ese movimiento, rememoran la vieja parainstitu-cionalidad que vivió México durante prácti-camente todo el siglo XX. En ella se refl eja la incapacidad institucional, jurídica y policial para castigar delitos y acciones que provienen del poder del Estado. En la estrategia represiva impulsada por el gobernador, es clara también la incapacidad institucional para poner frenos y límites a los poderes estatales y locales. El poder real se ejerce con acciones extralegales, impunidad y sin mecanismos de defensa para la sociedad civil organizada, los movimientos y la sociedad en su conjunto. La estrategia de desarticulación y contención del movimiento impulsada por el Gobierno Federal, puede caracterizar la enorme incomprensión de las causas que originaron el confl icto; igualmente, la difícil situación de las elites, que requieren de contrapesos y alianzas ilegales -o al menos discutibles-, para mantener la gobernabilidad, aunque sea por medio de la fuerza. En Oaxaca se sintetiza la crisis de Estado que vive el país, representada en una profunda crisis política. El refl ujo del movimiento a partir de las acciones de fuerza estatal del 25 de noviembre cerraron una etapa del confl icto, mas no resolvieron ni dieron cauce a la transformación de las causas que lo originaron.

Podemos identifi car algunas lecciones alrededor de este proceso:12 poco más de 60% de los jefes de familia nacieron fuera de la ciudad de Oaxaca. (Murphy, 1999)

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• La difi cultad para que los movimientos abran procesos de negociación, debido a la falta de voluntad gubernamental y la enorme desconfi anza frente a las institucio-nes y los gobiernos.

• La fuerte posición defensiva de los movi-mientos que genera procesos unitarios pero no maduración programática o agen-das de lucha.

• La ruptura de la relación de mando-obe-diencia en enormes franjas sociales es qui-zá, uno de los fenómenos más importantes del proceso.

• La mesa de negociación establecida fue una mesa limitada que sirvió para pospo-ner y contener la acción violenta del Esta-do, para visibilizar a la APPO como actor político reconocido; sin embargo, fue una mesa poco resolutiva, que no pudo dar salida ni incidir en la demanda central de renuncia del gobernador. Para esta deman-da, resultó ser una mesa de canalización y distensión; para la oportunidad de que la APPO fuera un interlocutor social y un actor decisivo de las transformaciones en Oaxa-ca, resultó ser una mesa desaprovechada.

Es un hecho que la fuerza del movimiento obli-gó a los actores del Estado a la negociación. Esa fuerza destituyente13 por un breve periodo de tiempo, reordenó las relaciones de poder en el Estado, expulsando y desestructurando al poder formal, aunque sin poder sustituirlo con una fuerza alternativa madura y clara. Sin embargo, quedó claro que, el poder local y el régimen autoritario siguen siendo un entrama-do de relaciones políticas y económicas arti-culadas a los intereses, necesidades y fuerzas nacionales. El gobierno local no colapsó en su totalidad por este tipo de articulación y por carecer de mecanismos legales para la revoca-ción de su mandato o para someterlo a algún 13 En los procesos de convulsiones políticas de amplias capas de la población sublevándose o desobedeciendo, como en los casos de Argentina, Bolivia o Ecuador, se ha denominado a su potencia colecti-va de veto a los gobiernos como “destituyente”, es decir, desarticulado-ra del poder establecido, en la que –en todos los casos- los gobernantes han tenido que renunciar frente a la ola de presión y movilizaciones callejeras. Si bien ésta es una capacidad de veto frente a los gobiernos, en sentido “negativo”, su capacidad constituyente es la forma de arti-cular una nueva forma, proyecto o programa alternativo a lo instituido.

tipo de presión institucional. Si bien durante un breve periodo el movimiento tuvo la sufi ciente fuerza popular por fuera de la instituciona-lidad dominante, lo cierto es que el peso de la red estatal nacional, su torcida legalidad y la correlación de fuerzas y pactos nacionales, obligaron a la restauración del poder formal en el Estado. La legitimidad cuestionada, la erosión de las relaciones de control y la polari-zación de enormes franjas sociales colocaron ese poder restaurado en una situación preca-ria e inestable, aunque procesando paulatina-mente la recuperación de la gobernabilidad, rehaciendo alianzas y conexiones para, si no volver a la situación previa, al menos sostener-se, conteniendo y aislando la presión del movi-miento y de alguna manera, hasta conviviendo con dicha fuerza popular.

Los movimientos, potencias, organiza-ciones oaxaqueñas, convergieron (sin planear y sin imaginar un proceso posterior) en un momento excepcional convertido, primero, en revuelta antiautoritaria, luego, en una rebelión destituyente, que después fue detenida, coarta-da, descabezada, mucho antes de que madu-rara en insurrección-movimiento constituyente.

El confl icto desarticuló la estructura esta-tal y abrió una fase de enorme debilidad del Gobierno del Estado. Desarticulado el movi-miento y la fuerza social de cambio que repre-sentaba, la necesidad de un cambio estructural se orientó hacia los actores institucionales apun-tando a la alternancia política. La caída del régimen autoritario fue producto de la rebelión antiautoritaria del movimiento social oaxaque-ño la cual, sin embargo, posteriormente fue conducida por otros actores. Al no ser el actor social popular quien se mantuvo como central y como conductor del proceso, especialmente por su falta de proyecto común más allá de la demanda de renuncia del gobernador, preva-leció el camino institucional.

Por ello, sería necesario realizar una valoración crítica y autocrítica interna de las relaciones entre el magisterio y la APPO, de la acción de las organizaciones sociales y las corrientes políticas dentro de ellas, así como de las dinámicas paralelas que imponían accio-nes al margen de los procesos de consenso y

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conducción unitarios. De ahí, se desprenderán lecciones que los movimientos deberán recoger para próximas etapas y luchas estratégicas.

Límites y posibilidades de la estrategia de intervención diseñada Las dimensiones de la confl ictividad constitu-yeron, también, un reto, ya que yuxtaponían diversas agendas, ritmos y niveles de confl icti-vidad. Si bien, la disputa prioritaria se centró en la renuncia del gobernador y/o en la des-aparición de poderes en la entidad, en reali-dad, podemos hablar de varias dimensiones de confl ictividad que a continuación describire-mos brevemente:

Estas dimensiones, se representaron en un complicado sistema de multinegociación realizado mediante un proceso complejo de

interlocución y diálogo directo e indirecto, con base en las siguientes negociaciones:

1. Negociación entre la Comisión Única de Negociación –conformada por 14 integrantes de la APPO y 14 delega-dos de la Sección XXII–, y el Gobier-no Federal a través de la Secretaría de Gobernación, con la presencia de la coadyuvancia (que tiene participación muy activa con cada una de las partes, pero no en la mesa).

1.1. Diálogo pendular entre la coadyuvan-cia y las partes (SEGOB-CUN) hacia el procesamiento político-metodológi-co de la negociación principal fuera de la mesa ofi cial.

Confl ictividad estructural: sistema autoritario, sistema de justicia refl ejado en viola-ciones a garantías individua-les básicas, sistema electoral, corrupción

A pesar de que el confl icto hace visible numerosas violaciones a los derechos humanos fundamentales, éstas se realizan por un mecanismo crónico de utilización facciosa de la justicia, de la impunidad y la corrupción, lo cual deriva de estructuras centraliza-das y autoritarias y de la ausencia de un sistema autónomo de justicia. Detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos, violaciones a los derechos de defensa adecuada, a la presunción de inocencia, a ser juzgado por tribunales imparciales, presos políticos, ejecuciones y desapariciones forzadas son sólo síntomas de un proble-ma estructural en la entidad. Del mismo modo lo son el fraude electoral, la utilización impune y discrecional de los recursos públicos para fi nes políticos, las estrategias de control y cooptación de los movimientos sociales combinadas con acciones represivas.

Confl icto gremial nacional con particularidades estatales

Confl ictividad por situación educativa, tensión con el sindicalismo ofi cial, y condiciones laborales, representadas en las demandas magisteriales: rezonifi cación de la sección XXII, respeto a la autonomía sindical, plazas de personal de apoyo y asistencia a la edu-cación, asignación de fondos para vivienda, fondos para casas del maestro, programas de apoyo a estudiantes, entre otras.

Confl icto político-ideológico al interior del movimiento popular

Convergencia no planeada de tendencias y corrientes político-ideológicas que asumen distintos horizontes y estrategias de cambio social, impidiendo acuerdos más allá de la unidad en torno a la demanda de renuncia del gobernador y valorando de manera diversa las estrategias y tácticas frente al confl icto.

Confl icto político nacional/confl icto de clase

Contexto de escalamiento de la confl ictividad nacional en torno al proceso electoral, fuerzas nacionales, actores políticos, transición de gobierno. Antagonismo entre fuerzas nacionales y locales de sectores dominantes con las fuerzas populares representadas en la APPO y el amplio movimiento popular oaxaqueño.

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1.2. Diálogo con la coadyuvancia al interior de las fuerzas sociales para la estrate-gia de diálogo frente a la SEGOB.

1.3. Diálogo político con la coadyuvancia al interior de la APPO para el análisis estratégico del confl icto.

1.4. Diálogo político entre la dirección del magisterio y la coadyuvancia para mantener los acuerdos de unidad con la APPO.

1.5. Diálogo e interlocución de las instan-cias de la APPO con el Senado de la República y Suprema Corte de Justicia.

1.6. Diálogo directo entre el magisterio y SEGOB, suspendido durante el confl ic-to y reanudado de manera paralela a la CUN y la coadyuvancia.

1.7. Diálogo directo entre instancias de seguridad (SSP, PFP) y Magisterio, APPO y coadyuvancia en las mesas de incidencias.

2. Negociación no pública entre la SEGOB y el Gobernador del Estado de Oaxaca cuya tensión fue aumentando hasta producirse el rompimiento público.

3. Diálogo no público entre la SEGOB, la presidencia y el equipo de la presidencia entrante, así como con secretarías e instan-cias del Gobierno Federal que sostenían valoraciones, estrategias y posturas no necesariamente homogéneas.

4. Diálogo no público entre la SEGOB y los partidos, empresarios y otros actores polí-ticos, que presionaron a la Secretaría y a la presidencia para lograr ciertas salidas, cuyas posiciones, fueron cambiantes y has-ta contradictorias a lo largo del proceso.

Como podemos observar, las mesas directas y derivadas construyen un complejo sistema de interlocuciones en el que existen posiciones y amplios márgenes de poder más allá del con ic-to central; sin embargo, para la resolu-ción del objeto principal de disputa (la renuncia del gobernador y/o la desapa-rición de poderes), el nodo de conver-gencia fue ejercido por la Secretaría de

Gobernación. De esta complejidad y de la estrategia de intervención podemos re exionar que:

• El confl icto oaxaqueño es inédito por su masividad y por la creciente participa-ción popular. La difi cultad para generar procesos de representación y de toma de decisiones en un movimiento emergente -que no se restringía a los organismos y sectores activistas organizados sino que también incluía la participación masiva en barricadas, movilizaciones y acciones de desobediencia civil-, hace del proceso un enorme reto en el sentido de generar estrategias comunes o unitarias. Así, las dirigencias, representaciones y vocerías son rebasadas por la participación popu-lar no orgánica y, la posibilidad de una solución negociada, se ve constantemente deslegitimada y es percibida con descon-fi anza al interior del movimiento popular. El fenómeno de participación masiva, creciente y vertiginosa fue un aconteci-miento difícil de procesar para todos, incluidos sus protagonistas directos, ya que, por su magnitud y potencia, desbor-dó tanto los marcos de análisis tradicio-nales como la normalidad y organicidad del movimiento social. Por supuesto, al fi nal, diversas organizaciones políticas se vincularon de manera paralela a esta dinámica popular, impulsándola pero sin conectarla a los espacios de consenso y de acuerdo de la APPO.

• La llamada Comisión de Intermediación y Concordia (COMIC) se desarticuló una vez que el confl icto se trasladó del ámbito local-gremial al ámbito político-estatal-nacional. Su insufi ciencia estratégica se hizo visible con el cambio de fase del confl icto y con su desplazamiento a un ámbito que reba-saba a la propia comisión. Sin embargo, es necesario mencionar que el deterioro de la confi anza de las partes, en especial del magisterio, también contribuyó a su desin-tegración debido a ciertos errores tácticos y mediáticos que la erosionaron.

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• El proceso de diálogo e interlocución reque-rido por el confl icto oaxaqueño es inédito por el nivel de actores institucionales con los que se establece comunicación directa e intensa sobre el proceso. En relación a ello, resulta relevante la función de SERAPAZ, traduciendo las distintas racionalidades entre las partes y permitiendo al Gobierno Federal comprender los planteamientos de la APPO y viceversa; cabe resaltar la nula interlocución con el Gobierno del Estado.

• El rol de SERAPAZ en el proceso fue sui generis por el reconocimiento del Gobierno Federal a nuestra tarea, a pesar de que la misma fue abierta y explícitamente cuestio-nada por la SEGOB que la consideró par-cial a favor de la APPO-Magisterio. En este sentido, la mediación fue cuestionada por aportar elementos de análisis y de propues-ta contrarios a la estrategia gubernamental que avanzaba hacia una solución de fuer-za. Así, SERAPAZ, fue un actor necesario y, a la vez, incómodo para el Gobierno y otras instancias y dependencias.

• El diálogo y análisis con otros sectores sociales periféricos e indirectos al confl ic-to, permite una lectura amplia del contex-to local, además de un vínculo cercano e intenso con organizaciones civiles, sociales y personalidades del Estado de Oaxaca.

• La fortaleza metodológica de SERAPAZ para los procesos de diálogo y negocia-ción, constituyó un elemento requerido y necesario para el procesamiento del con-fl icto, siendo considerada como un insumo de apoyo importante por numerosos acto-res. A su vez, la posibilidad de vínculo, enlace e interlocución con lo nacional se convirtió en un elemento fundamental para facilitar nuestra incidencia en el proceso. Igualmente, la capacidad de construcción de escenarios fue vista por los distintos organismos del movimiento social como una herramienta de apoyo sumamente relevante. Estos elementos permitieron con-solidar las relaciones de SERAPAZ con las

distintas corrientes tendencias y agrupa-mientos del movimiento social aglutinadas en la APPO. A la luz de los resultados pos-teriores, sin embargo, algunas organiza-ciones políticas cuestionaron nuestro papel de impulsar consensos internos y el avance de una mesa en la que desconfi aban.

• Uno de los puntos nodales que defi nió el momento de la crisis y el descarrilamien-to del proceso de diálogo, fue la disputa entre dos estrategias distintas impulsadas por dos equipos de gobierno que pelearon la orientación de las salidas del confl icto (Fox-Calderón). Aunadas a esta disputa, la división de sectores nacionales y oaxaque-ños que coincidían con una salida nego-ciada y no represiva así como la fuerte estrategia del Gobierno del Estado para sostenerse, también afectaron. La acción política del gobierno estatal incluyó, al menos: a) estrategia parapolicial y para-militar de violencia para desestabilizar al movimiento; b) presión y confl icto sobre la estructura nacional partidaria del PRI y sobre el Gobierno Federal; c) presión sobre el actor magisterial a través del sindi-calismo ofi cial representado en la SNTE; d) búsqueda de canales de comunicación con organizaciones del movimiento para ofre-cer soluciones a sus agendas particulares. Hacia noviembre, las fuerzas nacionales de gobierno, los partidos hegemónicos y los núcleos empresariales nacionales, lue-go de oponerse a una salida política que incluyera la desaparición de poderes o la renuncia del gobernador, presionaron –aunque de manera contradictoria- para una salida de fuerza. Estas tres fuerzas en disputa, cuyo eje de gravitación era la SEGOB, reorientaron el proceso con diver-sas fl uctuaciones para decidirlo, no sobre bases o consideraciones locales, sino en torno a valoraciones, intereses, agendas y tiempos nacionales que no incluían al actor social antagónico (la APPO-Magisterio).

• En ese marco, resultó determinante la pre-sión de Calderón, reclamando mano dura,

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para una salida rápida, previa a la suce-sión presidencial. Ello se constataba en las diversas señales de escalamiento y en la provocación de situaciones o incidentes que pretendían detonar el rompimiento violento del confl icto, lo cual implicaría consecuencias graves para la continuidad del movimiento social. Así, la orientación a partir de la crisis y la coyuntura nacional, fue limitando las posibilidades de solución no-represiva; fi nalmente, el tiempo político de la toma de posesión de la presidencia, terminó por asfi xiar cualquier viabilidad del proceso.

• Evitar esta situación era el propósito y sentido de la Iniciativa de Emergencia que SERAPAZ presentó el 23 de octubre a las partes. Con ésta, trataba de evitar la ruta escalable de violencia y represión, de abrir opciones de distensión y transi-ción por encima de los tiempos fatales de la sucesión presidencial y de propiciar que la APPO perdurara como actor central en otro contexto y otra etapa. Más conocida como “la propuesta de los 100 días”, fue la única iniciativa proactiva presentada, sin acuerdo previo con las partes, desde nuestra calidad de coadyuvancia/media-ción, en la responsabilidad de encontrar salidas políticas al confl icto. El rechazo a la iniciativa no tardó en llegar por parte de la SEGOB, que consideró inviable la propuesta de licencia (temporal, por 100 días) del gobernador y se opuso a recono-cer el regreso a clases como un elemento de la negociación y no como una condi-ción previa, como lo exigía el gobierno federal. Por su parte, la APPO y Magisterio recibieron la Iniciativa con frialdad y sin entusiasmo, siendo lenta la comprensión y valoración por parte de algunas de las organizaciones; cuando se quiso retomar, ya era demasiado tarde. Así, abortó una iniciativa que buscaba re-encauzar el con-fl icto hacia una salida política posterior.

• Por otro lado, ante las presiones para que el Magisterio avanzara en un acuerdo sin

la APPO, SERAPAZ buscó rehacer los con-sensos, propuestas y contrapropuestas de la CUN, procurando que no se consumara esta división. En este sentido, presionó a través de un diálogo bilateral con el Magis-terio para mantener una negociación única y el consenso con el resto de las fuerzas sociales y políticas representadas en la APPO. Sin embargo, algunos sectores de la APPO comprendieron este diálogo bila-teral –que se venía realizando con ante-lación- como la intención de incidir en la salida representada por el regreso a clases. Esta interpretación, equivocada y fuera de lugar, contribuyó a restar posibilidades a la aceptación y consenso de la Iniciativa de Emergencia.

• Cabe señalar las tensiones internas y los cambios constantes del epicentro de con-ducción del movimiento que, al principio, pasó del Magisterio a una combinación con la APPO; luego, a la centralidad de ésta; después, a una dispersión determinada por el rebasamiento de las bases y corrientes de ese órgano; posteriormente, a la des-articulación debida a acciones unilaterales del Magisterio y otras organizaciones; y, fi nalmente, una vez sufrida la represión del 25 de noviembre, a la dispersión. Para la desarticulación fi nal de la APPO, resultó clave la ruptura estratégica que se dio pre-viamente entre la APPO y el Magisterio, a la cual contribuyeron las diferencias exis-tentes, aunque no discutidas, respecto a las formas de hacer política, a las concepcio-nes organizativas, al papel de las organi-zaciones políticas dentro del movimiento social y, también, la disputa entre agendas distintas de cambio. Mientras la APPO fue representando, cada vez más, una agen-da de cambio estructural de largo aliento, la agenda gremial sectorial de la Sección XXII aparecía como secundaria, aunque su movilización cargaba con ambas dimen-siones. Sin embargo, al avanzar el con-fl icto y crecer las divisiones internas entre corrientes magisteriales, la agenda gremial se volvió vital para el magisterio, no tanto

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por su contenido sino porque constituía la ruta para su propia sobrevivencia y hege-monía, en ese momento amenazada por los actores contrarios en el confl icto, espe-cialmente el SNTE y la estructura priísta de la entidad, lo cual agudizó los confl ic-tos intracomunitarios derivados del largo paro magisterial.

• Aprovechando la crisis de la CUN y de la mesa y, ante el crujir de las tensiones internas, se aceleraron los detonadores para desencadenar las tendencias represi-vas. En ese marco, la intensifi cación de la desestabilización violenta impulsada por el gobernador, propicia el asesinato de Brad Will, hecho que se convierte en el inicio de la salida fi nal por la fuerza. A ello hay que agregar el ánimo general confrontativo, polarizado y afectivizado al extremo, así como el desfase entre las bases populares y, las organizaciones y dirigencias. En ese contexto, SERAPAZ pierde incidencia en el proceso, al quedar en interlocución con la dirección de un movimiento que no condu-ce el fenómeno popular y espontáneo.

• Sectores importantes del movimiento social argumentaron, propiciaron y decidieron la opción de enfrentar la represión, creyendo tener la sufi ciente fuerza para superarla o capitalizarla. Sin embargo, las conse-cuencias fueron mucho más profundas y graves de lo que preveían estos actores. La radicalización hacia el enfrentamiento como estrategia de victoria del movimiento social, probó ser una tendencia inviable más allá de las posiciones ideológicas en relación al uso de la violencia y las rutas del cambio social. Privilegiar esta estrate-gia se anclaba también, en una despro-porcionada valoración autorreferencial de las fuerzas del movimiento, como si éste pudiera determinar a las fuerzas naciona-les. Nuestra evaluación fue que, a pesar de la enorme efervescencia, participación y movilización popular, las fuerzas y la coyuntura nacional determinarían una solu-ción local. Resulta importante mencionar la

insufi ciencia de SERAPAZ para serenar al movimiento en dicho análisis y cálculo, así como para advertir con sufi ciente vehemen-cia y contundencia el escenario represivo y sus consecuencias. Como actor externo formalmente reconocido y cercano al pro-ceso interno de la APPO, SERAPAZ podía vislumbrar, con más elementos de análisis, los escenarios y fases del confl icto. Sin embargo, ante a la magnitud del mismo y ante la diversidad y complejidad del actor social, SERAPAZ no pudo incidir en el rum-bo estratégico del proceso. Es indispensa-ble anticipar con mucha mayor precisión y alertar con mayor solidez la emergencia de la crisis.

• Después de la represión, la fragmentación y las acusaciones entre actores, corrientes y tendencias, involucra a SERAPAZ, lo que mina su capacidad de incidencia. En ese contexto, numerosos actores sociales soli-citan el apoyo de SERAPAZ, ahora para tareas de acompañamiento y seguimiento en torno a las violaciones a los derechos humanos, la liberación de presos, la perse-cución y las condiciones mínimas de sobre-vivencia de los actores sociales. Para estos temas, en diciembre, solicitaron el puenteo para la reinstalación de la mesa de negocia-ción entre la APPO y la SEGOB, misma que sesiona a bajo perfi l en varias ocasiones.

• El movimiento social oaxaqueño estuvo articulado en tanto constituyó una oposi-ción fuerte al autoritarismo del Gobierno del Estado. Las fuerzas populares se arti-cularon alrededor del magisterio por una demanda unitaria única: la salida del Gobernador. Al no alimentarse la unidad de otros ejes de lucha o fuentes alternativas de proyecto común y, cuando no se logró avanzar en la demanda central, se propi-ció la desintegración, la cual fue acelera-da por la represión. No era fácil construir una visión común de cambio entre visiones estratégicas y de horizonte de transforma-ción tan diferentes, desde aquellas que buscaban la alternancia, pasando por las

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que planteaban la democratización de las estructuras de gobierno a partir de una reforma del Estado, las que proponían el comunalismo o comunitarismo inspirado por los pueblos indígenas, las autonomías y los autogobiernos, hasta las visiones de la izquierda convencional sobre el socialis-mo de vanguardia. Cada una de ellas tenía una visión e impulsaba un tipo de APPO, con sus distintas formas de hacer política, tomar decisiones y evaluar las prioridades y las acciones a realizar.

• Resulta signifi cativo que no se haya des-atado un proceso de activación de otros actores de la sociedad civil nacional e internacional que fungieran como fuerzas estratégicas de contención en el confl icto. La sociedad civil o las fuerzas naciona-les, en todo caso, se activaron como apo-yos solidarios más que como un actor en el confl icto y lo hicieron sólo durante la fase de crisis del proceso. Probablemen-te, la lectura del confl icto era ininteligible para otros sectores que lo consideraban ajeno o lejano; tampoco la APPO logró un consenso ni una estrategia particular para impulsar un proceso de articulación nacional, así como no maduró un llama-do a los movimientos nacionales que fruc-tifi cara en su participación como actor y no sólo como respaldo. Para explicar esa

falta de atención y participación en torno al confl icto oaxaqueño, cabe agregar la extrema dispersión que, a nivel nacional, vivían los movimientos sociales -por la generalizada polarización de los proce-sos sociales, los efectos del crecimiento de La Otra Campaña, la represión en San Salvador Atenco y el fraude electo-ral-. Infl uyó también, cierta parálisis polí-tica sobre la manera de relacionarse con un actor difuso, diverso, contradictorio y masivo como lo fue la movilización popu-lar representada en la APPO, en la que convergían muy distintas estrategias de cambio, actores y plataformas.

• En ese sentido, surgen numerosas conside-raciones sobre cómo incidir en confl ictos tan agudos y acelerados, en contextos de crisis que los inhabilitan y encarecen las salidas políticas, con actores sociales tan complejos y partes gubernamentales en debilidad y sobreviviencia. Sobre todo, preocupa construir una cultura de diálo-go en actores emergentes en medio de la desconfi anza, al tiempo que deconstruir una cultura política previa que favorece el encono, la disputa y la rivalidad; todo ello, en el contexto de una larga historia de relación estatal con los actores sociales marcada por experiencias importantes de represión y cooptación.

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• Notas y documentos de Servicios y Asesoría para la PAZ (SERAPAZ) en el proceso de coadyuvancia.

•Intervención de Miguel Álvarez Gándara en la Escuela de Paz 2006.

• HERNANDEZ NAVARRO, Luis, 2006, “Oaxaca: sublevación y crisis de un sistema regional de dominio“, en OSAL, Observatorio Social de América Latina, año VII, no. 20, CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales: Argentina, pp. 69-77.

, “Oaxaca, Sublevación y crisis de un sistema regional de dominio“, en revista OSAL, No. 69.

• MURPHY, Arthur, 1999, Etnicidad en Oaxaca de Juárez. Alteridades, Departamento de Antropología de la Universi-dad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, pp. 5-10.

• RED Oaxaqueña de derechos humanos. Oaxaca 2006. VII Informe Violaciones a los derechos humanos.

• SÁNCHEZ, Consuelo. La participación ciudadana en el gobierno local del Estado de Oaxaca. El caso de los munici-pios indígenas. Boletín de Antropología Americana. No 39. Enero-diciembre, 2003.

Fuentes de Referencias

Fuentes | Movimientos sociales, Estado y con ictividad social •

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movimientos, estado y conflictividad social. serapaz

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