Modelo Analítico de Seguridad Ontológica

Modelo analítico de seguridad ontológica Metodología para el análisis de las

Secretaría Distrital de Integración Social Bogotá D.C. 2011

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La Seguridad Ontológica, entendida como el sentimiento de confianza que tienen los seres humanos en sí mismos y en las instituciones que los representan, es, en esta propuesta de investigación, el concepto que permite medir, de forma objetiva y subjetiva, el grado de satisfacción de las expectativas sociales, y con ello el ejercicio cabal de los Derechos Humanos en el marco de la protecciones sociales.

Así, la seguridad ontológica se constituye en una forma específica de medición del impacto de las políticas públicas, según un objetivo de desarrollo en un enfoque basado en derechos humanos. La medición de impacto de las políticas públicas, se define aquí como Hecho Político (lat. factus) que permite orientar las acciones de política.

El presente Modelo analítico de Seguridad Ontológica tiene por objetivo proponer una metodología para el análisis de las protecciones sociales como Hechos Políticos, con miras a la consolidación de herramientas objetivas que coadyuven a la construcción de un Sistema de Protecciones Sociales que garantice el ejercicio de los derechos.

Se permite la consulta de esta obra bajo los términos de la política de uso de la información de la Secretaria Distrital de Integración Social. Esta obra se encuentra protegida por la legislación relativa al derecho de autor de Colombia, Ley 23 de

1982, por el régimen común sobre derecho de autor Decisión 351 y derechos conexos de la Comunidad Andina y/o cualquier otra norma aplicable. Se prohíbe cualquier uso de la obra para fin distinto al autorizado.

Modelo analítico de seguridad ontológica, metodología para el análisis de las protecciones sociales como hechos políticos

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MODELO ANALÍTICO DE SEGURIDAD ONTOLÓGICA

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LAS

PROTECCIONES SOCIALES COMO

HECHOS POLÍTICOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

BOGOTÁ D.C.

DICIEMBRE DE 2011


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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ ©SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Carrera 7 No. 32 - 16 pbx: 327 9797

CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN Alcaldesa Mayor (D) INÉS EVIRA ROLDÁN PARDO Secretaria Distrital de Integración Social

LEONARDO RODRÍGUEZ LÓPEZ Subsecretaria JOHNNY MARLON CÁRDENAS Director de Análisis y Diseño Estratégico

LUIS GUILLERMO SARAY Director de Gestión Corporativa PEDRO AGUSTÍN VALENCIA LASERNA Director Territorial JUAN FERNANDO RUEDA GUERRERO Director Poblacional

ALBERTO TORRENTE FERNÁNDEZ Oficina Asesora Jurídica DORIS PRIETO MESA Oficina Asesora de Comunicación

DIEGO EMILIO OJEDA MONCAYO Subdirector de Investigación e Información ANÍBAL FERNANDO OSPINA Subdirector de Diseño, Evaluación y Sistematización

DEYANIRA PERDOMO CUELLAR Coordinadora del Centro de Investigación para la Gestión y Evaluaciónlas Políticas Públicas

Área temática de investigación en protecciones sociales Autor: RICARDO SÁNCHEZ CÁRCAMO

[email protected] Profesional del Centro de Investigación – DADE

Sánchez Cárcamo, Ricardo, 1979 –

Modelo analítico de Seguridad Ontológica. Metodología para el análisis de las Protecciones Sociales como Hechos Políticos /Ricardo Sánchez Cárcamo – Bogotá: Secretaría de Integración Social, 2011 –

67 páginas: incluye cuadros, tablas e ilustraciones.

Incluye referencias bibliográficas (p. [65] – 66) ISBN: 978 – 958 – 8223 – 92 – 6 1. SEGURIDAD ONTOLÓGICA. 2. PROTECCIONES SOCIALES. 3. HECHO POLÍTICO. 4. EXPECTATIVAS SOCIALES. 5. DERECHOS

HUMANOS. I. Sánchez Cárcamo, Ricardo. II. Secretaría Distrital de Integración Social.

Diciembre de 2011

www.integracionsocial.gov.co


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Tabla de contenido

Introducción ...................................................................................................................................... 10

1. Las Protecciones Sociales y la Seguridad Ontológica como Hecho Político. ............................... 14

2. Las fases del Cambio Social: Metodología para la investigación social dentro del enfoque de derechos. ............................................................................................................................................ 17

2.1. Cambio Social en un enfoque de derechos .......................................................................... 23

3. Las Protecciones Sociales y el Índice de Seguridad Ontológica ................................................... 28

3.1. Sobre los indicadores .......................................................................................................... 28

3.2. Modelos Matemáticos para evaluar la Seguridad Ontológica ............................................... 32

i. Índice de Formalidad de la Protecciones Sociales – IFPS: ................................................... 32

ii. Índice de Participación del Trabajo en el PIB – IPT ........................................................... 32

iii. Índice de Privación Relativo – IPR ..................................................................................... 33

iv. Índice de Uso del Tiempo Laboral productivo – IUT ......................................................... 33

v. Factor de Des-utilidad del Trabajo – FDT .......................................................................... 34

vi. Índice de Seguridad Ontológica .......................................................................................... 35

3.2.1. Hacia la construcción del IPR desde la medición del Consumo Social Requerido dentro del marco de la calidad de vida. ................................................................................................... 36

3.3. Modelo analítico de seguridad ontológica ........................................................................... 41

4. Construcción del observatorio de las protecciones sociales ......................................................... 44

4.1. Simulación de datos para Colombia .................................................................................... 47

4.2. Simulación de las correlaciones ........................................................................................... 51

4.2.1. Correlación entre la Formalidad de las Protecciones Sociales (FPS) y el Índice de Participación del Trabajo en la formación del Producto Interno de la Ciudad (IPT). ................... 52

4.2.2. Correlación entre la Formalidad de las Protecciones Sociales (FPS) y el Índice de Privación Relativo (IPR). ............................................................................................................ 56

4.2.3. Correlación entre la Formalidad de las Protecciones Sociales (FPS) y el Índice de uso del Tiempo (IUT). ............................................................................................................................ 58

5. Otras formas de análisis en el uso del Modelo Analítico de Seguridad Ontológica. ...................... 62

Bibliografía ......................................................................................................................................... 65


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Cuadros

Cuadro 1 Cambio Social y Tecnológico ............................................................................................. 20

Cuadro 2. Orientación de los Actos Políticos en la configuración del Hecho Político ............... 27

Cuadro 3. Modelo analítico de Seguridad Ontológica ...................................................................... 43

Cuadro 4. Observatorio de las Protecciones Sociales - Indicadores .............................................. 46

Tablas

Tabla 1. Núcleos de derechos para Bogotá D.C ............................................................................... 24

Tabla 2 Consumo Francia 2006 ........................................................................................................... 38

Tabla 3 Consumo España 1990 ........................................................................................................... 39

Tabla 4 Consumo Colombia 2006-2007 ............................................................................................. 39

Tabla 5 Relación tiempo de trabajo/consumo cultural .................................................................... 40

Tabla 17 Datos DANE ......................................................................................................................... 48

Tabla 18 Tablero de Mando del Observatorio de Protecciones Sociales ...................................... 48

Tabla 19 Resultados de los índices en el ejercicio de simulación para Colombia ......................... 49

Tabla 9 Datos para el modelo analítico de seguridad ontológica IPT Vs FPS ............................. 52

Tabla 10 Participación del trabajo a precios corrientes en millones de pesos – Colombia ......... 53

Tabla 11 Participación del trabajo a precios corrientes en millones de euros – España. ............ 54

Tabla 12 Participación del trabajo a precios corrientes en millones de euros – Francia. ............ 54

Tabla 13 Datos para el IDH de Colombia y su comparación con objetivos ................................ 56

Tabla 14 Datos para el modelo analítico de seguridad ontológica IPR y FPS .............................. 57

Tabla 15 Índice del Uso del Tiempo para Colombia ........................................................................ 58

Tabla 16 Datos Modelo analítico FPS e IUT .................................................................................... 61

Tabla 17 Participación del Trabajo en el Sector Industrial en América Latina − ONUDI ........ 62

Tabla 18 Participación del Trabajo otros países − ONUDI ........................................................... 63

Tabla 19 Actualización de indicador en Colombia de la Participación del Trabajo –ONUDI .. 63


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Ilustraciones

Ilustración 12 Resultado de los índices en el ejercicio de simulación para Colombia ................. 49

Ilustración 13 Serie del Índice de Seguridad Ontológica para Colombia ...................................... 50

Ilustración 3 Modelo analítico de seguridad ontológica IPT Vs FPS ............................................ 52

Ilustración 4 Participación del trabajo a precios corrientes en millones de pesos – Colombia .. 53

Ilustración 5 Participación del trabajo a precios corrientes en millones de euros – España. ..... 54

Ilustración 6 Participación del trabajo a precios corrientes en millones de euros – Francia. ..... 55

Ilustración 7 Resumen de la participación del trabajo en la formación del PIB nacional respectivamente. ..................................................................................................................................... 55

Ilustración 8 Datos para el IDH de Colombia y su comparación con objetivos ......................... 56

Ilustración 9 Modelo analítico FPS Vs IPR (IDH) ........................................................................... 57

Ilustración 10 Relación TLP potencial y TLP efectivo .................................................................... 59

Ilustración 11 Índice del Uso del tiempo para Colombia ................................................................ 59

Ilustración 12 Modelo analítico FPS Vs IUT .................................................................................... 60

Ilustración 13 Actualización de indicador en Colombia de la Participación del Trabajo –ONUDI ................................................................................................................................................... 64


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Presentación

El Sistema de Protecciones Sociales entendido como el “conjunto de políticas, programas y proyectos que mediante una red de servicios públicos, permite la garantía de los derechos y el goce de la calidad de vida que éstos establecen para las ciudadanas y los ciudadanos de Bogotá” (Secretaría Distrital de Integración Social, 2009), requiere de un ejercicio de abstracción de las protecciones sociales para comprender el objeto que lo constituye. En consecuencia es necesario una conceptualización y elaboración de intrumentos de medición, con el fin de poder orientar la formulación y ejecución de dichas políticas, progaramas y proyectos constitutivos al sistema.

Por otra parte, el objetivo de la Secretaría Distrital de Integración Social planteado desde el Decreto 607 de 2007 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, provee el marco institucional desde dónde es posible construir el Sistema de las Protecciones Sociales cuando afirma que:

Artículo 1º. Objetivo: La secretaría Distrital de integración social, tiene por objeto orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restitución y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social

Por consiguiente se puede deducir que para la Secretaría Distrital de Integración Social es una prioridad latente la construcción del Sistema de Protecciones Sociales y sus parámetros de comprensión; prioridad que, siguiendo este Decreto, es explícita en el “Artículo 18º. Subdirección de Gestión Integral Local. Son funciones de la Subdirección de Gestión Integral Local de la Secretaría Distrital de Integración Social, las siguientes”, cuando afirma: “a) Participar en la formulación de políticas de integración social y en la implementación del Sistema Integral de Protección y Seguridad Social del Distrito a nivel local y darles aplicación”.

El Artículo 18º del Decreto 607, es también el que presenta una orientación sobre cómo desarrollar a nivel interno de la Entidad, dicha construcción partiendo de estudios, análisis e investigaciones, logrando una mayor objetividad en las decisiones con relación a la estructura del Sistema de Protecciones Sociales, cuando dice:

(…) d) Asesorar a la Dirección Territorial, en coordinación con la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, la Dirección Poblacional y las demás Subdirecciones, en la realización de estudios, análisis e investigaciones sobre promoción, prevención, protección integral y restitución de derechos para orientar la formulación de políticas planes, programas y proyectos que respondan a las condiciones, necesidades y características de la población en situación de vulnerabilidad del Distrito Capital.


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En este ámbito se presenta el trabajo de investigación Modelo analítico de seguridad ontológica, una metodología para el análisis de las Protecciones Sociales como Hecho Político – MASO, puesto en el Centro de Investigación para la Gestión y Evaluación de las Políticas Públicas – CINGEPP. Este trabajo que se enmarca dentro de la Fundamentación del área temática de protecciones sociales, amplía el trabajo conceptual en la construcción de un instrumento de medición de impacto de las protecciones sociales, con el cual se pueden soportar la formulación de las Políticas Públicas y sus evaluaciones.

Es así que el MASO se erige como una herramienta esencial en el objetivo de la Secretaría Distrital de Integración Social para la construcción del Sistema de Protecciones Sociales del Distrito Capital, en la medida en que dimensiona las protecciones sociales y permite el registro de su estado en el territorio de modo periódico. En consecuencia se espera que pueda ser útil y provechoso para la administración pública en la construcción del Sistema ajustado a la realidad de los territorios, así como para el ejercicio de su monitoreo, seguimiento y evaluación.


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La política es esencialmente escatológica, finalista; el subsistema político es el subsistema típico de la obtención de metas. Todo esto alude a la intención política, o sea a la prefiguración mental de los objetivos que orientan al sistema de acciones hacia su obtención.

En la mayoría de los casos, esa obtención no es completa, tal como se la imaginó, y viene acompañada de efectos laterales imprevistos y a veces indeseables, que impulsan a fijarse otros objetivos, no pocas veces de sentido divergente a los anteriores.

Eduardo Jorge Arnoletto Glosario de Conceptos Políticos

Introducción

Las políticas públicas, cuando se habla de las Protecciones Sociales, tienden a expresarse en términos de movilidad política y social, en la medida que logran modificar la situación de un determinado grupo o estrato de personas, en términos de mejoramiento o empeoramiento de una situación anterior.

Ahora bien, cuando a las Protecciones Sociales se les incorpora un enfoque de derechos, generalmente, se tiende a divagar cuando se trata de medir su evolución, con base en indicadores de impacto que expresen los cambios positivos, a largo plazo, en la satisfacción de las expectativas sociales generadas en la formulación de las políticas públicas.

Con relación al concepto de Protecciones Sociales para el Distrito Capital se pueden retomar las ideas de Robert Castel, quien plantea la seguridad como aquellas condiciones que se han de tener para el desarrollo social de los sujetos, de modo sostenible en el tiempo; que se tenga la confianza de que esas condiciones básicas perduren y no dependan de las fuerzas del mercado. Se entiende que solamente puede hablarse de seguridad cuando sea posible desarrollar un modelo económico-político en donde la línea de base del desarrollo sea la garantía, defensa y promoción de los Derechos Humanos, de tal forma que el ejercicio de los derechos por parte del sujeto sea el dinamizador de las exigencias mismas, es decir, cuando las personas sean realmente medio y fin del desarrollo.

De esta forma el desarrollo económico que se entiende como el concepto de desarrollo que reconoce la necesidad de conciliar objetivos de crecimiento económico, acceso más equitativo a los recursos productivos y sostenibilidad ambiental, con un enfoque futurista que garantice el mantenimiento y el incremento de la capacidad productiva junto con la preservación de la integridad ecológica ha de estar puesto principalmente en garantizar condiciones sociales para el cumplimiento de los derechos. En ese sentido, valdría la pena reevaluar el concepto actual de desarrollo si observamos que la dirección del desarrollo debe encontrar caminos que le permitan su razón de ser.

Seguridad ontológica y Derechos Humanos.

Partiendo de la perspectiva de la seguridad ontológica, el primer elemento que subyace a la definición de los Derechos Humanos es la concepción misma de lo humano, la


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cual se forja en las relaciones sociales, estableciendo elementos de un modo convencional. Los Derechos Humanos, como una expresión del derecho en el ámbito de los personalísimos, hacen referencia a las “garantías que el hombre posee por el hecho de ser humano, inherentes a la persona, por tanto se proclaman sagrados, inalienables, imprescriptibles; son independientes de factores particulares como estatus, sexo, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente” (El sector de integración social y la política social del Distrito, 2009, pág. 47), por lo que permiten establecer un ámbito predecible que regula las acciones de las personas.

Una posibilidad para el crecimiento de la seguridad ontológica es precisar el alcance de los Derechos Humanos a partir de sus categorías o atributos (Aldecoa, Hoyos, & Sañudo, 2011, págs. 65-66); dentro de las diferentes aproximaciones a la definición del ejercicio de los derechos, se determina un objetivo común expresado bajo el concepto de progreso social, y de ahí su expresión política más sublime, la libertad, evidente en el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Derechos Humanos como modo de observar las expectativas.

La comprensión del ejercicio pleno de la ciudadanía, como expresión política del ejercicio cabal de los derechos, implica necesariamente su caracterización a partir del modo de vida, retomando sus agregados o categorías vinculadas. Estas categorías vinculadas al modo de vida se comprenden de la siguiente forma: el nivel de vida es una categoría económica, que mide el grado de satisfacción de las necesidades materiales en términos cuantitativos; la calidad de vida es una categoría sociológica que se desarrolla ante la pregunta por el cómo están satisfechas las necesidades materiales, es decir, cuál es el estado cualitativo de la vida; el género de vida es una categoría socioeconómica en la que se particularizan las razones sociales y económicas del modo de vida. El enfoque asumido no se concentra en los meros factores de riesgo, desde los cuales se comprende el concepto de vulnerabilidad social, sino que pone su mirada en los determinantes sociales que explican la realidad social, a partir de lo cual se entiende el concepto de fragilidad social mucho más acorde con el Enfoque Basado en los Derechos (Secretaría Distrital de Integración Social, 2009, págs. 74 - 75).

En este sentido la fragilidad social establece unos núcleos problemáticos en los que se observan en un primer nivel los daños, a partir de identificar “los problemas describiendo las situaciones vinculadas o que hacen tangible el problema: daños o consecuencias que deja en las personas o en los colectivos por ciclo y/o territorio. Caracteriza la respuesta social, identificando fortalezas y debilidades” (Alcaldía Mayor de Bogotá Integración Social-Salud, 2009, pág. 11). En un segundo nivel se presentan las exposiciones, en las que se “identifican de manera coherente e integral las relaciones


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que se establecen entre el problema presentado en sus diversas facetas y el conjunto de condiciones de la calidad de vida: si se presenta vulneración de derechos no relacionados con el problema, esto puede indicar presencia de otro núcleo” (Alcaldía Mayor de Bogotá Integración Social-Salud, 2009, pág. 11). En un tercer nivel se define la posición social en la que se “analiza la relación entre el problema y su distribución poblacional a partir de variables como: posición ocupacional, capital cultural e ingreso, tenencia material (vivienda, electrodomésticos) y realización de la autonomía. Son las causas estructurantes definidas por las políticas en lo social, económico y cultural” (Alcaldía Mayor de Bogotá Integración Social-Salud, 2009, pág. 11).

Expectativas Sociales como expresión de las Protecciones Sociales.

Las protecciones sociales son expresión de las condiciones sociales de un territorio, es decir, una lectura objetiva de las expectativas sociales. Por otra parte, los sistemas de protecciones sociales se relacionan con acciones de los Estados para la garantía de los derechos inherentes a la naturaleza humana, tipificados en la normatividad internacional de los países miembros de la ONU y en las normatividades internas de cada Estado, con el ánimo de proteger la integridad humana. En consecuencia, una condición que subyace en esta conceptualización de las protecciones sociales, es que no se puede homogenizar en todos los territorios los sistemas de las protecciones sociales, bajo el principio de que todos los territorios tienen características particulares.

En efecto, la definición del estado del ejercicio de la ciudadanía plena va más allá de un análisis de comportamientos individuales para ubicarse en términos de expectativas sociales. No se trata de privilegiar los derechos de primera generación, los civiles y políticos, como herramientas básicas de análisis para el estudio y promoción de políticas públicas que pretendan modificar el comportamiento ciudadano a partir de la persuasión, sino de entender el ejercicio pleno de la ciudadanía como un agregado del ejercicio de los derechos, donde el ciudadano actúa por convicción, y esto habrá de manifestarse en un nivel de confianza y participación cualificada del individuo para la toma de decisiones que lo afectarán tanto en su entorno social como en su perspectiva de permanencia, como familia, en la ciudad.

Sistemas de Protecciones Sociales y respuestas del Estado.

A partir de la normatividad internacional de los Derechos Humanos podemos trazar una medida de lo deseable para el estado de las protecciones sociales, y con ello, definir elementos consensuados de los óptimos de bienestar que delimitan las metas de la calidad de vida de los territorios (dentro de la idea de dignidad); por tanto, una lectura de las protecciones sociales, como expresión de las condiciones sociales alcanzadas en


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un territorio, comparada con esta medida de lo deseable, permitiría a los Estados descifrar cuál sería el sistema de protecciones sociales que requieren construir, ajustados a las realidades de sus territorios.

El sistema de protecciones sociales es el aparato político encargado de generar las garantías sociales para alcanzar las protecciones sociales de su territorio; es decir, podemos circunscribir el sistema de protecciones sociales al funcionamiento del Estado moderno. Castel ha mostrado cómo el Estado moderno ha venido montando un sistema jurídico, y coercitivo, encaminado a hacer más seguras las sociedades, garantizando la protección mediante el uso de la violencia y mediante la generación de garantías civiles para el desarrollo de la vida de una sociedad (Castel, 2004, págs. 13-20).

Las protecciones sociales y los sistemas de protecciones sociales son algo estrechamente relacionado con el funcionamiento del Estado-nación territorial (Castel, 2004, págs. 7-15), en la medida en que los sistemas de protecciones sociales deberían recoger el estado de las protecciones sociales de cada uno de sus territorios. Pero las políticas encaminadas a generar protecciones sociales no se deben identificar, como sinónimos, con las protecciones sociales en sí; las políticas propias de un sistema de protecciones sociales son instrumentos para dar solución a problemáticas de los territorios o respuesta a los requerimientos o Pactos Internacionales, que además aparecen muchas veces como políticas de coyuntura. El sistema es inherente al funcionamiento estatal.


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1. Las Protecciones Sociales y la Seguridad Ontológica como Hecho Político.

Siguiendo a Auguste Burdeau cuando hablaba en el siglo XIX del orden social deseable que caracteriza la voluntad de un Estado para asegurar una misión general de organización de la vida social en función del interés general, asumimos la definición del jurista Georges Burdeau, del poder político como “una energía social, emanación de una representación mental, colectiva y dominante, del orden social deseable”, en nombre de la cual se presta acatamiento al mando político (Burdeau, 1976).

Este mando político, es la concreción de un mandato que otorga la organización social, en el momento que escoge sus gobernantes, para que en el ejercicio del poder político respondan a las expectativas sociales que se enmarcan en el “contrato social” que explica, tanto la autoridad política como el orden social que se desea, mediando el respeto y la garantía para el ejercicio de los derechos.

Ahora bien, este mandato popular se realiza a través de los planes de desarrollo que explicitan las propuestas de gobierno que convocan a la participación política, vista como la capacidad cualificada para decidir sobre el rumbo que la organización social, con autonomía, determina para su desarrollo en función de sus propios intereses, garantizando su permanencia y continuidad en términos de su seguridad ontológica y por lo mismo en un permanente acto de solidaridad diacrónica con las generaciones futuras.

Los planes de desarrollo, formulados en cada período de gobierno, son claros, en tanto que, como políticas sectoriales, programas y proyectos, fijan metas y alcances que habrán de ser monitoreados por las diversas instancias de control en la gestión y ejecución de los mismos. Pero, ¿cómo medir sus impactos?, es decir ¿cómo medir los cambios reales en la situación de los ciudadanos, como reflejo de la evolución en la satisfacción de las expectativas sociales, base del mandato popular, que son el objeto mismo de su formulación? ¿Cómo expresar a través de un indicador la continuidad de una propuesta que al haber sido sometida a escrutinio es avalada por la voluntad popular y soberana, no como una acción de coyuntura sino como una propuesta de transformación de la realidad social?.

En este sentido se orienta la propuesta de investigación, a partir de la búsqueda de un indicador que permita medir los cambios, como resultado de los procesos que conduzcan a aquella transformación, cambios a los que asimilamos el concepto de Hecho Político como indicador de impacto.

Esto nos conduce a aclarar desde el punto de vista conceptual la intencionalidad de los procesos de cambio político y tecnológico que se encuentra en la fundamentación de los planes de desarrollo cuando a ellos se les da un “enfoque de derechos”.

En efecto, el ejercicio de los derechos en su conjunto sería la expresión de la satisfacción de las


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expectativas sociales de la población sujeta de los planes de desarrollo, entendidas las “expectativas sociales” como la posibilidad más o menos cercana de ejercer un derecho.

No obstante, cuando se habla de derechos es necesario contextualizarlos con relación a las denominadas generaciones de derechos y en particular evidenciar su interrelación para el ejercicio cabal de los mismos, en la medida que, como dice Castel “un derecho no se negocia, se respeta”.

La ideología liberal, en su expresión política, se resume en el artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. Como lo expresa Maurice Duverger las palabras libertad e igualdad expresan lo esencial de la ideología liberal. El tercer término de la consigna francesa, fraternidad, se añadió en 1848 bajo la influencia de la ideología socialista. La ideología liberal es individualista, basada en la búsqueda del interés personal, del cual afirma que es el mejor medio para realizar el interés general: es todo lo contrario de la ‘fraternidad’ (Duverger, 1980, pág. 247).

En este punto, radica la diferencia entre liberalismo político y liberalismo económico. Para los liberales, siguiendo a Duverger, libertad e igualdad no son nociones abstractas o principios puramente teóricos, como se dice a menudo. Corresponden a estructuras sociales precisas, que

los liberales querían sustituir y lo lograron, a las estructuras aristocráticas y monárquicas anteriores.

Decir que los hombres nacen iguales es decir que nadie puede beneficiarse por herencia de derechos o privilegios que los coloquen por encima de otros. Las sociedades aristocráticas que reposaban sobre el dominio de una nobleza y una monarquía hereditarias fueron así cuestionadas de forma radical, sustituyéndose la legitimidad monárquica por la legitimidad democrática, basada en la elección popular.

No obstante, cuando se incorpora, el concepto de fraternidad comienza a reñir con el contenido fundamental del liberalismo económico que reposa sobre la propiedad privada de los medios de producción. La propiedad privada es proclamada de forma solemne, aún más solemne que la libertad y la igualdad, puesto que el artículo 17 de la Declaración, la califica a ella sola de ‘inviolable y sagrada’ y de esta manera se establece la diferencia en el enfoque de derechos: en lo político una libertad y una igualdad en derechos y en lo económico la protección de la propiedad privada que “mantiene su carácter autocrático, basado en la herencia, la cooptación o la conquista por los poseedores del capital” (Duverger, 1980, pág. 256).

Dicho de otra manera, la ideología liberal democratiza los derechos políticos pero no democratiza los derechos económicos. En efecto, ¿cómo considerar el ejercicio de los DPC sin que se ejerzan los derechos económicos, sociales y culturales?

La Corte Constitucional, en buena hora, lo expresa con meridiana claridad en su Sentencia T-406 de la Corte Constitucional de 1992:


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(…) En primer lugar, es necesario advertir que los derechos económicos sociales y culturales, promovidos a nivel constitucional durante las primeras décadas del siglo y conocidos como la segunda generación de derechos humanos, no han sido incorporados al ordenamiento jurídico de las democracias constitucionales simplemente por ser considerados como un elemento adicional de protección. La razón de ser de tales derechos está en el hecho de que su mínima satisfacción es una condición indispensable para el goce de los derechos civiles y políticos. Dicho de otra forma: sin la satisfacción de unas condiciones mínimas de existencia, o en términos del artículo primero de la Constitución, sin el respeto “de la dignidad humana” en cuanto a sus condiciones materiales de existencia, toda pretensión de efectividad de los derechos clásicos de libertad e igualdad formal consagrados en el capítulo primero del título segundo de la Carta, se reducirá a un mero e inocuo formalismo, irónicamente descrito por Anatole France cuando señalaba que todos los franceses tenían el mismo derecho de dormir bajo los puentes. Sin la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos son una mascarada. Y a la inversa, sin la efectividad de los derechos civiles y políticos, los derechos sociales, económicos y culturales son insignificantes (Angarita Varón , 1992).

Acá cabe recordar la intervención, citada por Castel (2004, pág. 40), del diputado francés Harmand en la sesión de la Convención del 25 de Abril 1793, “cuya lucidez nos parece, en retrospectiva sorprendente:

Los hombres que realmente quieran ser veraces confesarán conmigo que después de haber conseguido la igualdad política de derecho, el deseo más actual y el más activo es el de igualdad de hecho. Digo más, digo que sin el deseo o la esperanza de esta igualdad de hecho, la igualdad de derecho no sería más que una ilusión cruel que, en vez de los goces que ha prometido, solo haría experimentar el suplicio de Tántalo a la porción más útil y más numerosa de los ciudadanos” (Castel, 2004, pág. 40).

Siguiendo a Castel, esta porción más útil y más numerosa de los ciudadanos es el conjunto de los trabajadores no propietarios, para quienes, como lo desarrolla Duverger, se mantiene restringido el uso real de las libertades puesto que no disponen de los recursos para hacerlas valer.

Castel plantea con relación a esta condición de no propietarios, de la mayoría de los ciudadanos, que en el primer período de expansión del liberalismo, se puede hablar de modernidad liberal restringida que no benefició sino a una fracción muy limitada de las poblaciones de Occidente.

Esta condición de ‘no propietarios’ caracteriza lo que se puede denominar ‘un estado de inseguridad social permanente’, que afecta a la mayor parte de las categorías populares. Estar en la inseguridad permanente es no poder ni dominar el presente ni anticipar positivamente el porvenir (la seguridad ontológica). Resumiendo, plantea Castel:

¿Cómo se ha salido de esta situación? En otros términos, ¿cómo se consiguió vencer la inseguridad (social) asegurando la protección (social) de todos o de casi todos los miembros de una sociedad moderna para hacer de ellos individuos en el sentido cabal del término? En una palabra: concediendo protecciones fuertes al trabajo o, construyendo un nuevo tipo de propiedad concebida y puesta en marcha para


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asegurar la rehabilitación de los no propietarios, la propiedad social.

Propiedad social como homólogo de la propiedad privada, una propiedad para la seguridad en lo sucesivo puesta a disposición de aquellos que estaban excluidos de las protecciones que procura la propiedad privada (Castel, La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?, 2004, pág. 41).

Así las cosas, cobra especial importancia la concepción del Plan de Desarrollo de Bogotá organizado en función de la distinción establecida y admitida universalmente como derechos de primera, segunda y tercera generación, diferenciando claramente los programas definidos en el Plan, a partir de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales, en búsqueda, precisamente de cubrir integralmente en términos de protecciones sociales a la porción más útil y más numerosa de los ciudadanos.

2. Las fases del Cambio Social: Metodología para la investigación social dentro del enfoque de derechos.

Cambio Social y Tecnológico

Desarrollo y sostenibilidad son términos que han sido sometidos a una tremenda erosión semántica y conceptual. Sostenibilidad se aplica hoy a todo proceso económico o social para justificar orientaciones cuya racionalidad está basada en el “crecimiento”, ignorando que en el origen del concepto de ‘Desarrollo Sostenible’ que surge del Informe Bruntland ( Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (WCED), 1987), está es el reconocimiento que el modelo basado en el crecimiento del PIB pone en peligro la base natural de recursos que pueda garantizar, precisamente, la permanencia de las generaciones por venir.

Porvenir, entonces, que se encuentra en peligro si no se adoptan correctivos que respondan a las expectativas de una sociedad en búsqueda del “progreso social”, protegiendo las fuentes de recursos renovables y no renovables, y en primera instancia el recurso natural renovable más importante para el hombre, el hombre mismo, en una actitud permanente de solidaridad diacrónica con las generaciones futuras. Los recursos porque son finitos, lo que se opone a su uso indiscriminado ad infinitum, y diacrónica porque obliga a medir los impactos del Desarrollo en el tiempo.

Este es un reto que entraña múltiples dificultades, aún más cuando para medir el Desarrollo, los objetivos se valoran con parámetros diferentes y no pocas veces incompatibles entre sí: indicadores económicos, indicadores sociales (educación, salud, ingreso, empleo, libertades), indicadores ecosistémicos (variables físicas, biológicas y espaciales e indicadores culturales (placer, ocio, recreación).

Por otra parte el desarrollo, en tanto que progreso social, debe contemplar variables subjetivas que no son susceptibles de ser medidas con las herramientas convencionales, a partir de la distribución media del PIB, sino que requieren otra valoración en términos de bienestar. Es el caso del placer, la seguridad o el ocio creativo, más allá del bienestar económico.


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Igualmente se reconoce la necesidad de una reconversión tecnológica en los sistemas productivos, ante las limitaciones evidentes de los paquetes y modelos tecnológicos predominantes, cuya adopción ha conducido en muchos casos a la crisis en la producción agropecuaria e industrial, al deterioro o incluso hasta la pérdida de recursos renovables y a impactos graves sobre el medio ambiente.

Estas consecuencias tienen de igual manera, serias implicaciones en las relaciones urbano-rurales y en la capacidad de absorción de las ciudades, cuando esta se obliga a responder ante la reducción de la capacidad de sustentación de los territorios rurales.

La tecnología es un producto de la aplicación del conocimiento y no un sustituto de él y por lo mismo, éste no puede ser reemplazado por una técnica puesto que cuando esta falla se dificulta las explicaciones sobre las causas y las formas de resolver el problema.

Ahora bien, lograr un cambio tecnológico requiere una aproximación que permita identificar las fallas sobre las cuales se estructura el sistema para entender las limitaciones que enfrentan en la actualidad los sistemas tecnológicos para responder a las expectativas de la sociedad.

En efecto, la escogencia de un crecimiento rápido para integrarse al mercado mundial, se fundamenta en un tipo de organización que conlleva múltiples contradicciones, reproduciendo modelos de producción y de consumo que se desarrollan a expensas de otros campos de la actividad social, movilizando los recursos e imponiendo técnicas exógenas en detrimento de técnicas locales ya validadas y de formas de organización social.

El impacto sobre los recursos naturales renovables es un ejemplo claro de los efectos contraproducentes de estos modelos, en la medida que se actúa sobre ellos con criterios extractivos y sin la suficiente evaluación científica, olvidando que del equilibrio de los ecosistemas depende aquel de la producción agrícola y de la sociedad misma.

El desarrollo de un modelo industrial “eficiente”, de igual manera se evidencia como contradictorio, dado que si el propósito era mejorar las condiciones de vida de la población y de los trabajadores involucrados directamente o indirectamente en la producción, hoy se enfrenta a serias limitaciones, frente a los impactos generados en términos de desempleo, ordenamiento urbano y contaminación, por no citar sino los más pertinentes.

Aquí cabría recordar la paradoja de Jevons,1 como alerta ante el “desarrollo tecnológico”, fundamentado en el aumento de la productividad, que explica cómo, mejorar la eficiencia energética en el uso de un recurso conduce a un incremento en el uso del mismo, contrariamente a lo que se esperaría.

Por otra parte, es necesario romper con ciertos mitos: si la ciencia es universal las técnicas no lo son. En otros términos, como lo expresa el científico hindú A. Reddy, “la tecnología es

1 Economista inglés del siglo XIX, uno de los creadores de la teoría marginalista.


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como el material genético: ella es portadora del código de la sociedad en la cual fue concebida y trata por lo mismo de reproducir esta sociedad, en función de su percepción de los recursos, de sus necesidades específicas, de sus intereses, de sus valores culturales”.

Desde este punto de vista, el “desarrollo tecnológico” aparece como el símbolo de un modelo técnico, pretendidamente universal, lo que justifica que en contextos ecológicos económicos y culturales muy diversos, se haya impuesto un conjunto de técnicas que apuntan precisamente a reproducir de manera artificial el medio favorable para el cual fueron diseñadas.

Para Jon Elster

el cambio tecnológico que se encuentra situado en la intersección de las ciencias naturales y las ciencias sociales podría esperarse que fuera pertinente para la unidad de la ciencia. Este cambio cubre el vacío que media entre la ciencia pura y los asuntos cotidianos y por lo tanto sería dable esperar que permitiera comprender cómo se relaciona el conocimiento teórico con el mundo observable. El cambio técnico - la fabricación y modificación de herramientas - puede haber desempeñado un papel importante en la evolución de la vida inteligente sobre la tierra, comparable al del lenguaje. Durante el transcurso de la historia humana, las instituciones sociales surgieron y desaparecieron en gran medida como respuesta a cambios en la tecnología constructiva y destructiva. Análogamente, cualquier intento de explicar el cambio tecnológico tarde o temprano se enfrenta con la paradoja de tener que convertir a la creatividad en una variable dependiente (Elster, 2006, pág. 13)”.

Las diferentes teorías planteadas sobre el cambio tecnológico desde los neoclásicos, pasando por Schumpeter, los evolucionistas o los marxistas presentan antecedentes comunes, a partir de los cuales se puede realizar una aproximación al problema del desarrollo tecnológico en Colombia y sus implicaciones en el desarrollo. Para el efecto se puede plantear el siguiente esquema de la estructura del cambio social y tecnológico, expresado en tres fases diferentes, Causalidad, Intencionalidad y Cambios que permite desarrollar el análisis de los problemas en los Sistemas Tecnológicos. (Ver Cuadro 1).


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Cuadro 1 Cambio Social y Tecnológico

CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO LOCAL

EMPÍRICO Y CIENTÍFICO

SELECCIÓN DE TÉCNICAS

FASE 1

APLICACIÓN EN LOS SECTORES

PRODUCTIVOS

RECONOCIMIENTO DE LIMITACIONES Y

POTENCIALIDADES

INNOVACIÓN TÉCNICAS NUEVAS COMO

RESPUESTA A TECNICAS CONVENCIONALES

NUEVAS TECNOLOGÍAS

DIFUSIÓN Y CAMBIOS

TRANSFERENCIA DE NUEVAS

TECNOLOGÍAS HACIA EL CONTEXTO

SUSTITUCIÓN CAMBIOS POSITIVOS EN LOS PROCESOS DE

PRODUCCIÓN CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO PROPIO

SATISFACCIÓN DE EXPECTATIVAS SOCIALES

TRANSFERENCIA DE NUEVAS

TECNOLOGÍAS HACIA UN CONTEXTO

NUEVO

SUSTITUCIÓN CAMBIOS POSITIVOS O NEGATIVOS EN

LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN TECNOLOGÍAS IMPORTADAS

EFECTOS PERVERSOS INSATIFACCIÓN DE EXPECTATIVAS SOCIALES

ORIENTACIÓN Y RITMO

INTENCIONALIDAD

INTERPRETACIÓN DE LAS RELACIONES QUE

DETERMINAN EL ESTADO ACTUAL

CAUSALIDAD

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN

Y DE SUSTENTACIÓN

FASE 2

FASE 3

ESTRUCTURA DEL CONOCIMIENTO TÉCNICAS Y

ORIGEN CULTURAL

CAMBIO SOCIAL Y TECNOLÓGICO

Fuente: Corporación Héritage. 2008 y adaptación propia


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Para facilitar el análisis, algunos conceptos se pueden entender de la manera siguiente:

• El conocimiento local: Se parte de la base que el conocimiento local se estructura en función de las prácticas aplicadas, las cuales serían una combinación particular de factores de producción utilizados en un proceso determinado, de acuerdo con las características específicas de los ecosistemas donde se aplican y en función de los valores culturales y sociales que las impulsan.

• La técnica: El conjunto de prácticas que permiten cierto grado de sustitución entre los factores de producción conduce a la definición de una técnica, de manera que se puede cambiar de una práctica que utiliza mucho de un factor y poco de otro a otra que utiliza más del segundo y menos del primero.

La tecnología: Se entiende por tecnología disponible la sumatoria de las técnicas conocidas, dentro de las cuales se elige en función del uso que se quiere dar a los factores de producción. Por ejemplo, en el caso de la agricultura se escoge entre el uso de más capital y menos energía orgánica o menos capital y más energía orgánica a partir de la síntesis química o la disponibilidad orgánica o en relación con los sectores industriales, se escoge entre el uso de más capital y menos trabajo o menos capital y más trabajo.

En función de las técnicas que se van a utilizar se determinan las posibilidades de producción y aquellas son aplicadas por los sectores productivos, los cuales a través de la observación sistemática y en coordinación con los sectores de investigación tienden a determinar las limitaciones de tales técnicas.

• La innovación: Es la resultante de un nivel más alto de agregación de las técnicas disponibles que confrontadas a las limitantes en la producción y a las expectativas sociales que se encuentran en el origen de las técnicas, de acuerdo con potencialidades reconocidas a través de los sectores de investigación, conducen a la definición de técnicas nuevas y por lo mismo a la formulación de nuevas tecnologías, es decir, la producción de nuevo conocimiento tecnológico.

• La difusión: Se trata de la transferencia de una innovación determinada, del nuevo conocimiento tecnológico, a los sectores productivos, donde se predeterminaron las limitaciones a la producción o a un contexto nuevo, lo cual incluye la definición y en algunos casos la adopción de nuevos métodos para acceder a los sectores objeto de la transferencia.

• La sustitución: Comprende el cambio en los procesos de producción sobre la base del conocimiento tecnológico disponible o de un nuevo conocimiento tecnológico, mediante la adopción de las técnicas definidas por la nueva tecnología.


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Siguiendo el esquema propuesto anteriormente se pueden plantear tres grandes fases en el proceso de cambio:

Fase 1 - Causalidad: La primera fase desde la estructura del conocimiento local a partir de las prácticas aplicadas hasta la aplicación de las técnicas seleccionadas por parte de los sectores productivos.

Fase 2 - Intencionalidad: La segunda fase desde la identificación de las limitaciones técnicas a la producción y las potencialidades de los sistemas hasta la formulación de una nueva tecnología a partir de la innovación. En esta fase se define la orientación y el ritmo de los procesos de cambio.

Fase 3 - Cambios: La tercera fase a partir de la transferencia de nuevas tecnologías hacia el contexto para el cual fue formulada hasta alcanzar el objetivo propuesto, es decir, el cambio en los procesos de producción sobre la base del nuevo conocimiento tecnológico. Igualmente una nueva tecnología podrá ser transferida a un contexto nuevo, logrando así mismo un cambio en los procesos de producción, pero en este caso es muy probable que los resultados no sean los esperados al no responder estos procesos a las características definidas en las fases uno y dos. Estos ciclos a su vez se repiten en la medida que cambian los factores de producción o la tendencia en su uso privilegiando uno u otro de los mismos.

De lo expuesto, se puede deducir que los procesos de sustitución en la estructura productiva nacional, sustentados en la formulación y “validación” de tecnologías modernas importadas, impusieron, en alguna medida, la adopción de técnicas resultantes de prácticas desarrolladas en condiciones ecosistémicas y socioculturales que difieren en muchos aspectos a las nuestras, ignorando el proceso adecuado que se debe seguir para lograr, a partir del conocimiento local y del reconocimiento de las potencialidades específicas, la definición de las técnicas apropiadas a las características de la producción nacional, conducentes a la formulación y validación de una nueva tecnología.

La transferencia más o menos obligada de dichas técnicas y sistemas de producción ha conducido a la expropiación del conocimiento local. Menos visible que otras formas de expropiación, esta pérdida del patrimonio del conocimiento empírico y científico y de las técnicas acumuladas a través de las generaciones se revierte en el deterioro de la capacidad de los sistemas tecnológicos para resolver las limitantes y las necesidades de la producción y potencializar las ventajas comparativas reconocidas en términos socioeconómicos, culturales y agro-ecosistémicos locales.

En efecto, la adopción de estas tecnologías modernas ha producido lo que se puede denominar un “efecto perverso”, puesto que las ventajas comparativas que se podrían esperar de su aplicación terminan revirtiéndose hacia los países de origen mediante el pago de la transferencia de tecnología y el uso de los insumos o partes propuestos en los mismos, generalmente suministrados por ellos. Para el caso agrícola, en términos de semillas, fertilizantes, plaguicidas y maquinaria agrícola, en detrimento de las condiciones ecosistémicas


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propias y desaprovechando potencialidades locales.

Igualmente la producción esperada no logra llegar a los niveles de eficiencia económica que sí se obtienen en los medios para los cuales se diseñan tales paquetes y que no asumen costos de transferencia, generándose así una brecha adicional en los techos económicos de producción que, aunados a los niveles de subsidio que se obtienen en esas latitudes, afectan aún más la competitividad de la producción local a pesar de los menores niveles de costo de mano de obra.

Se puede concluir, en términos generales, que el proceso de cambio tecnológico en el país partió de la fase tres sin contemplar las variables inherentes e insustituibles de las fases uno y dos, generando una serie de fallas estructurales en el sistema productivo y en el sistema tecnológico, desaprovechando igualmente potencialidades reconocidas de los ecosistemas tropicales.

2.1. Cambio Social en un enfoque de derechos

La función de las políticas públicas es articular la movilización política, entendida como la capacidad de promover la participación de los ciudadanos en las decisiones que el Estado toma en sus diferentes niveles con miras a satisfacer las expectativas que la sociedad en su conjunto crea y define como garantía de su Seguridad Ontológica, es decir la confianza en poder ser y permanecer con autonomía en su dimensión espacio – temporal.

Este concepto trasciende, evidentemente, el de movilización política en tanto que resultado de técnicas de estimulación electoral, a las que usualmente se les aplica el término de actos políticos, sin que medie una relación de demanda en función de las expectativas sociales, sino que se actúa por persuasión con base en objetivos predeterminados por el poder político.

Se trata, entonces, de articular el análisis de los procesos de cambio social a una perspectiva de derechos que evidencie la intencionalidad de dichos procesos con relación a la satisfacción de las expectativas sociales, entendidas estas como la posibilidad más o menos cercana de ejercer un derecho. Esta es la orientación que subyace en la construcción del Plan de Desarrollo de Bogotá 2008 – 2012, con un enfoque de derechos.

Ahora bien, este proceso de cambio debe responder a un análisis que metodológicamente se ubica en la intersección e interacción de tres fases que permitan explicar la evolución de dicho proceso:

1. Causalidad 2. Intencionalidad 3. Cambios


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FASE 1. ANÁLISIS CAUSAL

La orientación de la Políticas Públicas parte de la ubicación de unas líneas de base que explican, en términos de Determinantes de la Fragilidad Social, unas relaciones de causalidad que sitúan los diferentes Núcleos de Derechos, situación que puede ser medida como la relación entre el nivel de cobertura o satisfacción de cada uno de ellos y la población sujeta de dichos derechos, categorizando de acuerdo con un nivel definido de estratificación.

Estos núcleos según la Matriz de Núcleos de derechos para Bogotá D.C. (Forero Mejía, Gaitán, Bayona, & Daza, 2011) son:

Tabla 1. Núcleos de derechos para Bogotá D.C

AGRUPACIÓN DE LOS NÚCLEOS DE DERECHOS

NÚCLEOS DE DERECHOS

Participación del desarrollo

CulturalesDesarrollo Económico Educación Espacio Público Movilidad Recreativos y Deporte. Trabajo Vivienda

Condiciones para el ejercicio de las libertades

Acceso a la justicia Información, comunicación y conocimiento Libre desarrollo de la personalidad

Participación

Protección de la vida

Agua Alimentación y nutrición Ambiente sano Salud Seguridad

Elaboración propia de acuerdo con la propuesta del libro Matriz de Núcleos de derechos para Bogotá D.C

En este escenario y cuando hacemos referencia a los derechos, el Plan de Desarrollo de Bogotá, precisamente, descompone sus ejes estratégicos en función de las categorías internacionalmente reconocidas y distribuidas en Derechos Políticos, Civiles, sociales, Económicos Culturales, Ambientales y Colectivos.

En este sentido, la valoración y la medición de los derechos, se refiere a la distribución de recursos públicos que durante los períodos de gestión en un período determinado de gobierno, permite evidenciar el avance en el nivel de cobertura con relación al ejercicio de un derecho


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determinado por parte de la población “sujeto” de dicho derecho.

Esta evolución es la que medimos a partir de un indicador de proceso que denominamos “Acto Político”, como reflejo de los cambios en cada sector definido en un Plan de Desarrollo y durante el período correspondiente a la ejecución de dicho Plan.

Es así que se define el Acto Político como acción (lat. actus), lo que permite establecer, como indicador de proceso, una medición a partir de una línea de base en la que se establezca el estado de la garantía de cada uno de los derechos en el tiempo. En este sentido los resultados no pueden ser considerados ‘buenos’ o ‘malos’, porque se va avanzando es en términos de cobertura sectorial con relación al período anterior y no con relación a un indicador que integre el conjunto de los derechos, sólo medibles con relación a un objetivo de carácter ontológico.

FASE 2. INTENCIONALIDAD

A partir del análisis causal, que ubica la situación de los diferentes núcleos de derechos, se establece la orientación y el ritmo que se propone para el logro de los objetivos planteados en el Plan de desarrollo, que en el caso particular del sistema de Protecciones Sociales se explicitan en unas estrategias y unos instrumentos diferenciados en cinco componentes (Trabajo Intersectorial, Territorio, Participación, Desarrollo de Capacidades y Presupuesto) y cuatro procesos (Sensibilización y Consensos, Lectura de Necesidades, Diseño Integral de Respuestas y Gestión Social Necesaria).

Con base en esta intencionalidad se orientan y se definen los objetivos sectoriales que habrán de ser monitoreados siguiendo los alcances presupuestales asignados a cada sector y que reflejan la evolución de los “Actos Políticos”.

FASE 3. CAMBIOS

Hace referencia a los impactos generados por la aplicación de las estrategias definidas en la fase de intencionalidad, que habrán de ser medidos en un horizonte temporal que trasciende la gestión de un solo período y que se expresan con relación a un Objetivo de Desarrollo de largo plazo como “Hechos Políticos”.

Así, se define el “Hecho Político” como conclusión (lat. factus) que permite observar los logros o resultados, es decir los cambios, en torno a la satisfacción de las expectativas sociales en su conjunto, y por consiguiente con relación al ejercicio cabal de los derechos, lo que se expresa en la evolución de la seguridad ontológica.

En consecuencia el Hecho Político permite determinar los cambios finales que devienen de los procesos y por tanto, se define como un indicador de impacto que requiere definir un techo como objetivo, con relación a la situación esperada de las expectativas sociales en el marco de


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unos objetivos integrales de desarrollo, construidos con autonomía por los actores sociales.

El Cambio Social se asimila, entonces, a la evolución de los Hechos Políticos, que en un proceso de retroalimentación permanente, generan nuevos objetivos de desarrollo en la medida que la satisfacción de determinadas expectativas siempre generarán nuevas expectativas que deben ser mediadas mediante la intencionalidad y la orientación política, con relación a límites que garanticen la permanencia de la sociedad en un ejercicio de solidaridad diacrónica con las generaciones futuras, privilegiando la apropiación del tiempo libre social como expresión del bienestar.

En conclusión, los Actos Políticos se implementan, en tanto que acciones que corresponden a las metas definidas en el plan desarrollo y se miden con relación a la ejecución de los recursos asignados y las coberturas alcanzadas, mientras que los Hechos Políticos se logran, es decir permiten medir el grado de satisfacción de las expectativas sociales, que se expresa en los cambios positivos en el largo plazo con relación a un “Objetivo de Desarrollo”. Para ilustrar este proceso se presenta el siguiente cuadro:

Cuadro 2. Orientación de los Actos Políticos en la configuración del Hecho Político

1.DERECHO AL TRABAJO2.DERECHO A LA SEGURIDAD ECONÓMICA

3.DERECHO A LA VIVIENDA 4. DERECHO A LA EDUCACIÓN 5 DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

6. DERECHO AL AMBIENTE SANO 7. DERECHO A LA SALUD

8. DERECHO A LA SEGURIDAD9. DERECHO A LA RECREACIÓN 10. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 11. DERECHO DE LA CULTURA 12. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA

PERSONALIDAD 13. DERECHO A LA INFORMACIÓN, LA

COMUNICACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 14. DERECHO A LA JUSTICIA

FASE 1

ANÁLISIS CAUSAL

ESTRATEGIAS E

INSTRUMENTOS/GSI

LÍNEAS DE BASE

DETERMINANTES DE LA

FRAGILIDAD SOCIAL

ORIENTACIÓN Y RITMO DEL

PROCESO DE CAMBIO

INDICADORES DE

IMPACTO

ACTOS POLÍTICOSINDICADORES DE

PROCESO

FASE 2

INTENCIONALIDAD

FASE 3

CAMBIOS

HECHO POLÍTICO

Gestión Social Necesaria

CUATRO PROCESOS

1. Trabajo transectorial

CINCO COMPONENTES

17 NÚCLEOS DE DERECHOS

OBJETIVO DE

DESARROLLO

5. Presupuesto

4. Desarrollo de capacidades

3. Participación

2. Territorio

Diseño Integral de Respuestas

Lectura de las Necesidades Sociales

Sensibilización y consenso

Modelo Analítico de Seguridad Ontológica: metodología para el análisis de las protecciones sociales

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3. Las Protecciones Sociales y el Índice de Seguridad Ontológica

Retomando el concepto de “sujeto de derecho” cuando se enmarca en el desarrollo de las “Protecciones Sociales”, decimos que convencionalmente este análisis hace referencia, en cuanto a libertades se refiere, a las posibilidades de acceso “igual” para todos, de ejercer sus derechos.

No obstante, no es lo mismo las posibilidades de ejercer un derecho para un “propietario” que para un “no propietario”, dado que la propiedad privada, justamente, es la que en primera instancia garantiza el ejercicio de los derechos. De ahí que se genere, como ya se dijo, en opinión de Castell, una nueva clase de propiedad para los no propietarios, la “Propiedad Social”.

Esta Propiedad Social se vuelve explícita en la medida que se garantizan y protegen los derechos articulados al trabajo, como conquistas laborales que se expresan precisamente en las Protecciones Sociales y su incidencia en el conjunto del concepto de Bienestar y Progreso Social. Es decir, lo que es necesario medir es la relación existente entre dichas protecciones y la formalidad del trabajo. Es lo que denominamos Formalidad de las Protecciones Sociales.

Ahora bien, la capacidad de la ciudad para garantizar las protecciones sociales al conjunto de la población urbana depende del grado de formalidad del trabajo, es decir de los aportes que el régimen contributivo hace al conjunto del sistema, lo que permite abordar las obligaciones relacionadas con el régimen subsidiado y con quienes carecen de afiliación alguna.

La evolución del grado de Formalidad de las protecciones sociales con relación al total de la población es lo que nos permite calcular lo que denominamos “Capacidad de Absorción de la Ciudad”.

En efecto, el incremento poblacional urbano, producto del crecimiento demográfico, se debe correlacionar con la migración rural y su impacto sobre la Población Económicamente Activa en la ciudad. A mayor migración y menos capacidad de oferta de trabajo formal se aumenta la obligación de la ciudad para garantizar la cobertura de las Protecciones Sociales para el conjunto de la población.

De esta manera es necesario evaluar la capacidad de Absorción de la Ciudad con relación a la Capacidad de Sustentación del territorio rural y el Índice de Permanencia de la Población Rural en el marco de un análisis de Ciudad – Región.

3.1. Sobre los indicadores

La dificultad radica, en el uso de los indicadores apropiados que permitan definir índices de desarrollo que superen los criterios de los indicadores sectoriales convencionalmente usados,


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generalmente orientados a evaluar procesos de gestión, durante los períodos de gobierno, que permiten la evaluación de los procesos cuatrienales (indicadores de gestión) mas no permiten medir impactos, es decir, la posibilidad de medir los cambios en el largo plazo.

Según el informe de la Comisión para la Medida de los Resultados Económicos y del Progreso Social - CMPEPS, (Commissión Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2009)2 la confusión entre las medidas estrechas de los resultados de los mercados y medidas más amplias del bienestar constituyen un motivo particular de preocupación. Lo que se mide tiene una incidencia sobre lo que se hace, ahora, si nuestras medidas son defectuosas las decisiones se pueden revelar inadecuadas. Las políticas deberían tener por objetivo, no solamente aumentar el PIB, sino hacer crecer el bienestar en el seno de la sociedad.

Así, el PIB no puede constituirse en el único indicador de los resultados económicos y del progreso social. Tal es la conclusión subyacente al trabajo de la comisión Stiglitz, que se apoya en un esfuerzo sin precedentes sobre el conjunto de la literatura teórica y empírica consagrada a la medida de los resultados económicos, de la calidad de la vida y de la sostenibilidad ambiental:

Las dimensiones esenciales de los resultados económicos no se integran en el PIB: la amortización del capital, el nivel de vida de los hogares, las desigualdades. Estas dimensiones deben ser aprehendidas con la ayuda de indicadores específicos. La medida del nivel de vida en particular debe efectuarse colocándose desde el punto de vista del hogar: sólo este enfoque es capaz de llenar la diferencia entre las medidas objetivas y su percepción por la población.

El progreso social no debe ser considerado bajo un ángulo puramente material. La calidad de la vida depende también de factores no económicos: la salud, los lazos sociales, las condiciones ambientales, así como la subjetividad de cada uno. Deben ser desarrollados indicadores para mejorar nuestra visión en este campo.

Atravesamos actualmente una de las peores crisis financieras, económicas y sociales de la historia. Una de las razones por las cuales estas crisis tomaron a numerosas personas de sorpresa tiene que ver con el hecho de que los sistemas de “medida” de los cuales nos servimos para hacer seguimiento y evaluación de los resultados económicos, fracasaron.

Ahora bien, para efectos de esta propuesta consideramos los indicadores, como se explicó en la primera parte, a partir de su función general (sin entrar en detalles que han sido suficientemente desarrollados en otros documentos de la Secretaría de Integración Social) como instrumentos de medición, es decir agrupados en dos grandes categorías de indicadores: de proceso y de impacto.

La limitación en la definición de indicadores de impacto tiene un efecto determinante en la definición y concreción de los Hechos Políticos. Por esta razón diferenciamos a partir de la generalización de los indicadores de desarrollo en términos de las categorías ya mencionadas: Indicadores de proceso, ligados a la medición de las acciones correlacionadas con las políticas 2 CMPEPS, por su sigla en francés.


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sectoriales dentro de los períodos de gobierno, es decir lo que denominaríamos los Actos Políticos, y los indicadores de impacto, los que nos permiten ubicar dentro de un proceso de desarrollo, en el largo plazo, el Hecho Político. Como ya se dijo, los Actos Políticos se implementan, los Hechos Políticos se logran.

Así las cosas, al entender como Hecho Político los cambios positivos en la satisfacción de las expectativas sociales3 de una población determinada en un territorio concreto, cabría preguntarse en el marco de un modelo orientado con un enfoque de derechos basado en la “participación democrática”, cómo, por qué y para qué toma las decisiones el soberano, es decir el pueblo sujeto de las propuestas de desarrollo.

Partiendo de la base que los actos políticos reflejarían la evolución del nivel de cumplimiento de las metas sectoriales de los Planes de Desarrollo, sería el Hecho Político el que permitiría medir la evolución integral (visión holística) de un proceso de desarrollo en función de la satisfacción de los diferentes derechos. El Hecho Político sería el reflejo de un proceso de armonización de los Actos Políticos para la construcción del objetivo de desarrollo y todo acto político debería considerarse en términos de sus efectos como actos preventivos.

Dicho de otra manera, cuando un hecho político no responde a los supuestos de hecho, en términos de análisis causal, que originaron la decisión de los actos políticos, los efectos de estos, podrían considerarse como ‘efectos perversos’, es decir no logran lo que inicialmente se propuso para su implementación y el costo de revertir ese proceso no solo es mucho más alto, sino que probablemente no cuente con los recursos suficientes para lograrlo en un tiempo prudencial, el límite temporal que se proponía en el ejercicio de planeación del período de gobierno.

En este sentido, podemos soportar el análisis a partir de la descripción de las variables relacionadas con el Consumo Social Requerido, entendiendo como tal, el relacionado con el consumo complementario al Requerimiento Vital de la población, que siguiendo las recomendaciones del Informe Stiglitz, se haría en términos de la dinámica del consumo de los hogares, como reflejo de la satisfacción de las expectativas sociales en el marco de la evaluación de las actividades que miden el Uso del Tiempo.

Podemos observar realmente la trasformaciones como Hecho Político, no como modificaciones de categorías o datos aislados (los cuales sí expresan, de modo independiente, los Actos Políticos), sino bajo una conexión directa con la afectación del progreso social de la población, a partir del impacto que tiene un peso porcentual de una determinada variable del consumo social en la dinámica general de consumo de acuerdo con las expectativas sociales.

Por ejemplo, si se tiene un estudio en el que se muestra un crecimiento de la cobertura de los estudiantes, el dato en sí mismo no expresa la transformación del ejercicio de los derechos; en consecuencia es necesario reducir el análisis de su impacto en términos de la modificación del

3 Los cambios negativos se asimilan a “efectos perversos” en los procesos de cambio.


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peso porcentual de las otras variables de consumo, para observar la expresión de la trasformación a largo plazo como Hecho Político, a partir del Consumo Social Requerido.

Así, conforme con la interdependencia en el ejercicio de los derechos se entiende que la afectación de una variable, entendida como la modificación en su peso relativo dentro del consumo social, implica necesariamente una rotación de los valores de los otros pesos relativos en la tabla de las variables.

Si dicho crecimiento de la cobertura de la educación disminuye el peso porcentual que representa en el consumo social la educación, necesariamente el excedente que se genera modificará de forma cuantitativa y/o cualitativa las otras variables del consumo según el estado del ejercicio de los derechos.

Es necesario precisar que la satisfacción de las expectativas sociales se relaciona directamente con el grado de apropiación del tiempo libre social, como resultante de la garantía formal en el derecho al trabajo. Si las relaciones laborales son formales y satisfacen el Consumo Social Requerido, cobra vigencia el consumo del tiempo libre social y su indicador más representativo: el Consumo Cultural.

Con relación a la categoría analítica de formalidad de las protecciones sociales FPS nos separamos del concepto generalmente asumido para la formalidad del trabajo, en términos de la definición de ocupados formales y ocupados informales, donde, según informe del ministerio de la protección social, para el total de las trece principales áreas metropolitanas, el número de ocupados formales en empresas de hasta 5 trabajadores4 pasó de 4.135.749 en promedio en el año 2007 a 4.216.818 en 2008 y 4.251.378 en 2009. En los mismos años la cantidad de ocupados informales pasó 4.202.299 a 4.617.294 y su participación dentro del empleo total aumentó de 50.4% a 52.1%. Estas cifras representan un crecimiento del empleo informal de 3.77% entre 2007 y 2008 y de 5.8% entre 2008 y 2009.

Asumimos como concepto de formalidad de las protecciones sociales (FPS) la relación entre el total de la población cubierta por el régimen contributivo y el total de la población, en un territorio determinado.

4 Las estadísticas utilizadas corresponden a la definición de Informalidad adoptada por el DANE, según la cual la población ocupada informal está compuesta por: (i) empleados particulares y obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; (ii) trabajadores familiares sin remuneración; (iii) trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; (iv) empleados domésticos; (v) jornaleros o peones; (vi) trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, excepto los independientes profesionales; (vii) patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; (viii) se excluyen los obreros o empleados del gobierno.


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3.2. “Modelos Matemáticos para evaluar la Seguridad Ontológica

Los modelos matemáticos propuestos, para evaluar la Seguridad Ontológica en tanto que Hecho Político, es decir, como indicador de impacto en el largo plazo, y su expresión en un modelo analítico, se fundamenta en que la formalidad de las protecciones sociales es directamente proporcional al grado de Seguridad Ontológica y se expresa en forma general de la siguiente forma:

i. Índice de Formalidad de la Protecciones Sociales – IFPS: mide la capacidad de absorción del territorio objeto. Se define como la relación entre la población en un régimen de formalidad de las protecciones sociales (régimen contributivo) sobre la población total en un territorio determinado.

Su notación aritmética es la siguiente:

Donde

PF: Población cubierta por el Régimen Contributivo PT: Población Total

El modelo analítico para medir el grado de evolución de la Seguridad Ontológica parte de la construcción de un índice compuesto que correlaciona el Índice de Formalidad de las protecciones sociales con los siguientes índices:

ii. Índice de Participación del Trabajo en el PIB – IPT: permite el análisis de la pobreza desde la dimensión de desconcentración de la riqueza. Es la relación que mide la participación de los salarios, honorarios, prestaciones y bonificaciones totales o sectoriales sobre el Producto Interno Bruto total o sectorial.

Se expresa de la siguiente manera:

Donde W: Valor de los salarios, honorarios, prestaciones y bonificaciones total o sectorial PIB: Producto Interno Bruto total o sectorial


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iii. Índice de Privación Relativo – IPR: determina el grado de satisfacción de las expectativas sociales. Es la suma ponderada del incumplimiento en el ejercicio de cada núcleo de derecho. Se expresa como la sumatoria de las proporciones de la población que no ejercen un derecho específico con relación al total de la población (se le aplicaría un atributo de accesibilidad).

De tal forma que para establecer la privación en un derecho se puede definir como población no cubierta por el mismo, por lo que tendríamos:

Δ Dx = PT − PC / PT

D: Derecho PT: Población Total PC: Población cubierta en el núcleo de derechos

Así la sumatoria de las privaciones de D1 a D17, tomando como ejemplo el número de derechos de la matriz de núcleos de derechos del Distrito Capital, dimensiona el IPR por lo que su notación matemática es la siguiente:

∑ ∆

Donde

PNi: Población no cubierta por núcleos de derechos PT: Población Total N: Núcleos de Derechos

iv. Índice de Uso del Tiempo Laboral productivo – IUT: en el análisis del Uso del tiempo, se parte de su división en tres segmentos básicos: 1. El tiempo necesario vital 2. El tiempo laboral productivo 3. El tiempo libre social

Distribución del uso del tiempo

TIEMPO NECESARIO VITAL

TIEMPO LABORAL PRODUCTIVO

TIEMPO LIBRE SOCIAL

8 horas 8 horas 8 horas


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El IUT, es un índice que mide la capacidad potencial de producción de la población y se expresa como la relación entre el tiempo laboral efectivo involucrado en las actividades de producción y de servicios en un territorio determinado, medido en horas año, sobre el tiempo laboral potencial de la población económicamente activa, medido igualmente en horas año.

Su notación aritmética es de siguiente:

TLETLP

Dónde: PEA ∗ 2400

TLE: Tiempo Laboral Efectivo medido en horas laboradas efectivas TSP: Número de horas laboradas reportadas por el sector de la producción TSS: Número de horas laboradas reportadas por el sector de servicios TLP: Tiempo Laboral Potencial PEA: Población Económicamente Activa Se calcula un número de horas laborales per cápita para la PEA de 2400

v. Factor de Des-utilidad del Trabajo – FDT5: permite dimensionar el uso del tiempo

libre. El Tiempo Laboral Productivo, medido en la ecuación anterior y el Tiempo Libre Social son categorías que conforman un continuum conceptual y por tanto se encuentran mutuamente relacionados.

El Factor de Des-utilidad del Trabajo normaliza el índice de uso del tiempo (IUT), en un rango de 0 a 1, siendo su mayor valor cuando el IUT es igual a 1, y el mínimo cuando IUT es igual a 0. El uso eficiente del tiempo laboral productivo garantiza el goce del tiempo libre social (la satisfacción de las necesidades espirituales y sociales).

1 1

Donde:

Índice de uso del Tiempo

Una vez obtenidos los resultados de los índices anteriores, se construye el índice de seguridad ontológica como correlación de factores, lo que se expresa como:

5 Fuente. Corporación Héritage. 2010.


35

vi. Índice de Seguridad Ontológica: Permite evaluar el grado de desarrollo de la seguridad ontológica a partir de cuatro componentes: Capacidad de absorción Análisis de la pobreza Grado de satisfacción de las protecciones sociales Uso del tiempo libre social

Se expresa matemáticamente como la media geométrica del producto de los siguientes factores IFPS, IPT, IPR Y FDT, de la siguiente manera:

∗ ∗ ∗

Su notación matemática es la siguiente:

∗ ∗ 1

∑ ∆

∗ 1TLETLP

1

SánchezCárcamo, 2011 ”


36

3.2.1. Hacia la construcción del IPR desde la medición del Consumo Social Requerido dentro del marco de la calidad de vida.

La construcción del IPR como medición del grado de insatisfacción de las expectativas sociales en un territorio involucra la construcción de la medición del ejercicio de los derechos, lo que, siguiendo la propuesta del Enfoque basado en derechos humanos e intervención social (Aldecoa, 2011), conlleva a:

i) Determinar los derechos objeto de la medición ii) Un ejercicio de conceptualización del derecho según los estándares internacionales iii) La definición y contenido de las categorías o dimensiones del derecho iv) La identificación de variables y construcción de los indicadores

En este sentido el ejercicio que se propone en la Matriz de Núcleos de derechos para Bogotá D.C entorno a la medición de los derechos, se presenta como una primera aproximación a los elementos que requiere la construcción del IPR, en tanto que en este libro se encuentra una selección de unos derechos que componen un proyecto de ‘ciudad de derechos’, lo cuales tienen una definición (conceptualización) y una delimitación de las categorías de los derechos presentada desde un sistema de las ‘4A’: Asequibilidad (qué tan disponible se encuentra); Accesibilidad (qué medios hay para acceder a él); Aceptabilidad (grado de calidad); y Adaptabilidad (permanencia del derecho). Así mismo aparecen unas variables e indicadores por derecho lo cual podría facilitar la construcción del IPR para Bogotá.

Por otra parte el Pacto de los derechos económicos, sociales y culturales plantea en el desarrollo del derecho al trabajo algunos elementos que se deben considerar en la construcción del IPR. Así mismo plantea una metodología para capturar el ejercicio de los derechos de modo efectivo: la distribución del gasto del ingreso:

Artículo 7: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;

Resulta conveniente resaltar este último punto en donde se afirma el derecho al goce de condiciones de trabajo en el que se asegure al trabajador una remuneración que le permita, a él y a su familia, condiciones de existencia digna; y dimensiona la dignidad según las disposiciones del Pacto, lo cual va a recoger todos los derechos consignados en él, que entre ellos encontramos:


37

• Artículo 7. d. “(…) El disfrute del tiempo libre…”

• Artículo 9. “(…) Derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.”

• Artículo 11. 1. “(…) derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados …”

• Artículo 12. 1. “(…) derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de la salud física y mental.

• Artículo 13 1. “(…) derecho de toda persona a la educación.”

• Artículo 15 1. a. “Participar en la vida cultural”

Así, si observamos el comportamiento de la tabla de distribución del gasto en las familias y si se logra establecer unos niveles adecuados para satisfacer los derechos de acuerdo con la normatividad internacional, se puede calcular el IPR de modo preciso.

Es preciso aclarar que esta propuesta debe ser aplicada de modo local, ajustando el análisis de la tabla al contextos dado que cada Estado posee características diferentes y en particular modelos de sistema de protección social que hace que el gasto de los ingreso por trabajo varíe en la comparación entre Estados. No obstante, es común que una considerable participación del gasto en el derecho cultural es un buen indicador de satisfacción de las expectativas sociales, dado que este aparece normalmente cuando los otros componentes del gasto (o derechos) están satisfechos.

Otro elemento en la consideración sobre la construcción del IPR a partir de la tabla de consumo es la calidad de vida. Esta categoría sociológica permite establecer desde un estudio de los territorios los elementos cualitativos que componen las condiciones sociales para la satisfacción de las expectativas sociales, a partir de lo cual se pueden descifrar unos niveles de asignación del gasto de los ingresos en cada categoría del consumo (o componente del gasto), para cubrir los óptimos con lo que se puede ejercer los derechos de modo cuantitativo y cualitativo.

Si se comprende la calidad de vida como:

(…) una categoría sociológica que expresa las características cualitativas de la vida, mide a diferencia del nivel de vida ‘el grado en que se satisfacen las demandas de carácter más complejo que no se pueden cuantificar…’ de los indicadores propios de esta categoría cita, el contenido del trabajo y el descanso, la calidad de la vivienda, el medio ambiente y el entorno en general, el nivel de funcionamiento de las instituciones sociales, etcétera (Zamora & García, 1988)

En consecuencia, la medición de la calidad de vida al contemplar estos elementos cualitativos, dentro del marco subjetivo en el que se orienta la determinación de los estándares de satisfacción social del consumo, no permite establecer una medida objetiva que delimite una cierta medida de ‘remuneración que proporcione como mínimo’ el consumo social requerido


38

para el ejercicio de los derechos y con ello se dificulta la definición de metas que dimensionen la dignidad dentro de este parámetro6. No obstante, esta perspectiva logra una aproximación al IPR, retomando el argumento del consumo cultural como indicador de satisfacción de la calidad de vida. Así es necesario, seguir y explicar cómo se seleccionan los componentes del gasto, cómo se miden, y cómo se analizan alrededor de la capacidad de absorción.

Las encuestas nacionales sobre ingresos y gastos de las familias serían una fuente secundaría importante para los análisis y construcción del IPR, pero buscando hacer el análisis específico para Bogotá. A continuación se presenta unas tablas de Francia y España a modo ilustrativo:

Tabla 2 Consumo Francia 2006

Activos Inactivos

Agricultores

Artesanos, comerciantes

y empresarios

EjecutivosProfesiones intermedias

Empleados Obreros Pensionados Otros

inactivosAmbos casos

Alimentos y bebidas no alcohólicas

17,1 15,0 12,4 14,1 14,3 15,9 18,7 15,7 15,5

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes

1,5 2,4 1,8 2,5 2,9 3,6 2,5 2,6 2,6

Prendas de vestir y calzado

8,6 8,7 9,1 8,9 8,4 8,1 5,5 8,1 7,8

Alojamiento, agua, gas, electricidad y otros combustibles

10,0 12,3 12,3 14,0 19,3 18,5 17,3 26,3 16,2

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar

7,3 7,4 8,1 7,0 6,6 6,3 8,2 5,3 7,3

Salud 3,6 3,0 3,3 3,3 3,3 2,5 4,9 3,3 3,6

Transporte 17,2 18,3 16,7 18,1 15,6 17,1 12,5 10,4 15,7

Comunicaciones 3,1 3,1 3,2 3,8 4,5 4,0 3,1 4,6 3,6

Recreación y cultura 8,7 9,3 10,8 9,2 7,9 7,6 9,3 7,8 9,0

Educación 1,0 1,1 1,3 0,8 0,7 0,6 0,1 1,8 0,7

Hoteles y restaurantes 4,7 6,3 8,2 6,7 5,2 5,0 3,6 4,3 5,6

Otros bienes y servicios (1)

17,2 13,1 12,7 11,6 11,3 10,9 14,3 9,8 12,4

Total de gastos (2) 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0

Adaptación propia. CÁLCULOS: Corporación HÉRITAGE. FUENTE: INSEE, Encuesta sobre presupuesto familiar (Francia metropolitana) 2006.

6 Lo que sugiere la realización de una investigación que permita reducir el análisis del consumo alrededor de patrones más objetivos y universales como lo es el que ofrece el Termodesarrollo, el cual tiene como unidad de análisis la energía para la medición y un parámetro para la medición del consumo sustentado en la sostenibilidad, el consumo social y los análisis del territorio, y de esta forma se lograría determinar las unidades requeridas por derecho para el ejercicio cabal de los derechos.


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Tabla 3 Consumo España 1990

GRUPOS TIPO IV (%) CATEGORIA

Servicios y reparaciones para el hogar 89.424 12,80% VESTIDO, VIVIENDA, ELECTRODOMESTICOS, ENERGIA

Servicios de vivienda 64.350 9,21% SERVICIOS VIVIENDA

Servicio doméstico 30.210 4,32% SERVICIOS VIVIENDA

Servicios médico 37.675 5,39% SALUD

Transporte personal 88.194 12,62% MOVILIDAD

Transporte público 20.099 2,88% MOVILIDAD

Correos y comunicaciones 26.620 3,81% COMUNICACIONES

Servicios de ocio y cultura 30.219 4,32% RECREACION

Servicios de guardería 10.216 1,46% EDUCACION

Servicios de enseñanza 21.803 3,12% EDUCACION

Servicios para el cuidado persona 13.510 1,93% OTROS BIENES DE CONSUMO

Restaurantes 104.666 14,98% RESTAURANTES Y HOTELES

Cafés y bares 109.983 15,74% RECREACION

Hoteles 25.007 3,58% RESTAURANTES Y HOTELES

Otros servicios, impuestos y seguros 26.909 3,85% IMPUESTOS

TOTAL 698.885 100,00% Adaptación propia. CÁLCULOS: Corporación HÉRITAGE. FUENTE: Consumo Social España (1990)

Si se realizan comparaciones de los datos (porcentajes del consumo) en los que se pueda interpretar metas deseables del consumo en el ejercicio de los derechos, esta primera aproximación permitiría establecer objetivos a mediano y largo plazo, para los planes de desarrollo, logrando así establecer una línea de satisfacción que comparada con datos efectivos permiten determinar la privación por derecho, y con ello la construcción del IPR. Por consiguiente, una primera tarea a realizar sería establecer la medición del consumo social de Bogotá y de Colombia (que podemos encontrar en las diferentes encuestas de Hogares), para observar el estado del consumo social y así del ejercicio de los derechos en Bogotá con relación al territorio nacional, y con ello observar la diferencia como proyecciones del Hecho Político para la Capital (a continuación se presenta tabla para el estado del consumo social en Colombia).

Tabla 4 Consumo Colombia 2006-2007

Dominios de estudio y clasificación del gasto Total hogares Gasto total (millones $) %

Alimentos y bebidas no alcohólicas 5 943 856 1 530 276 15%Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 1 535 209 67 383 1%Prendas de vestir y calzado 4 053 802 448 685 4%


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Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles

6 122 924 2 425 319 24%

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar

6 050 390 352 103 3%

Salud 3 965 937 178 248 2%Transporte 4 655 248 1 011 733 10%Comunicaciones 4 897 333 336 482 3%Recreación y cultura 4 614 037 313 052 3%Educación 3 491 557 358 628 4%Restaurantes y hoteles 5 107 259 907 788 9%Bienes y servicios diversos 6 097 704 2 174 066 22%Total 24 ciudades 6 127 929 10 103 764 100%Adaptación propia. CÁLCULOS: Corporación HÉRITAGE. FUENTE: DANE – Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2006 –

2007

Así mismo, una segunda tarea implicará establecer referentes internacionales bajo un criterio de idoneidad de acuerdo con el desarrollo de sus políticas en el marco de los derechos.

Ahora teniendo como referente el marco de la sostenibilidad, este ejercicio tiene unos límites en el desarrollo de la propuesta de investigación porque no establece un objetivo a modo de techo del desarrollo, sino que se reduce a medidas de distribución de los ingresos y los gastos de acuerdo con las expectativas sociales, aunque si permita establecer empíricamente estándares para el ejercicio de los derechos dentro de esa distribución llegando a darle un valor en la distribución a la capacidad interna de ahorro (como una variable)

Como ejemplo de análisis de este Hecho Político, tendríamos la evolución del tiempo semanal de trabajo en Francia, que pasa de una media de 72 horas en 1848 a 48 horas en 1919 y a 35 horas en 1998, con un aumento permanente de la productividad del trabajo. Consecuentemente, esto se tradujo en una apropiación cada vez mayor de Tiempo Libre Social, que se ve reflejado en un aumento significativo del Consumo Cultural en Francia, categoría que representa actualmente el 9% del total del gasto promedio familiar (INSEE, 2006), que comparado con el promedio Colombiano, para un tiempo semanal de trabajo de 48 horas el consumo cultural representa 3,1% del total del gasto (DANE, 2008) (ver tabla 12).

Tabla 5 Relación tiempo de trabajo/consumo cultural

COLOMBIA FRANCIA

TIEMPO SEMANAL DE TRABAJO 48 Horas 35 Horas

CONSUMO CULTURAL (% del gasto familiar)

3,1 % 9 %

Adaptación propia. CÁLCULOS: Corporación HÉRITAGE


41

3.3. Modelo analítico de seguridad ontológica Ahora bien, para la interpretación de los índices que componen el Índice agregado de Seguridad Ontológica ISO y éste mismo, se establecen unos rangos que en la modelación teórica se correlación con la situación actual, como líneas de base, y la búsqueda de un nivel objetivo que mediría los alcances de la Política Pública del Distrito Capital de las Protecciones sociales.

Al relacionar con el IFPT como medida de la capacidad de la ciudad para responder efectivamente por el ejercicio de las protecciones sociales para toda la población, lo que depende del grado de formalidad laboral y por tanto de una relación entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado que establezca un límite que marcaría la capacidad de absorción de la ciudad. En este sentido se hace necesario establecer un objetivo que responda a la intencionalidad que se plantea como desarrollo.

En efecto, en la presentación de la ley 100 en 1993, se buscaba reorganizar la estructura del Sistema General de Seguridad Social, en donde la participación del sector privado fuese más notable, permitiendo la rentabilidad y eficiencia en la prestación del servicio. Por esos días se justificaba que el sistema no tenía una cobertura apropiada (21% de la población) (Uribe, 1994) y que la población con escasos recursos tenía que pagar servicios de atención externos debido a la ineficiencia de los garantizados por el Estado.

Se argumentó que del crecimiento económico sostenido del 5% a partir de las reformas de desregularización de los sectores públicos y de estímulo a la empresa, se podía establecer las metas para reorganizar la cobertura en donde aproximadamente un 70% de los asegurados estarían cubiertos por el régimen contributivo, es decir, tendría que garantizar una deducción progresiva de sus salarios y/o de sus cesantías para costearse un POS (Plan Obligatorio de Salud) proveído por una EPS (Entidad Promotora de Salud) y el 30% restante estaría bajo el régimen subsidiado, esto es, la afiliación a la seguridad subsidiada, en donde la financiación proviene del FOSYGA (Fondo de Solidaridad y garantía) y de programas focalizados del Estado, en donde las personas catalogadas en los niveles I, II y III del SISBEN (Sistema de Identificación de Posibles Beneficiarios), es decir, la de menos recursos, tendrían derecho a acceder a subsidios (Ministerio de Salud, 1994).

Estos rangos nos permiten ubicar en un tablero de mandos la situación particular de cada categoría analítica, con relación al nivel objetivo de política y por lo mismo en términos del modelo analítico que nos permite correlacionar los diferentes índices. Si se mantiene esta relación para definir la capacidad de absorción urbana, ésta estaría sobrepasada en cerca del 20% con los datos reales para Colombia, como se podrá observar más adelante.

Los rangos del resultado que se obtienen al calcular los diferentes índices se interpretarían de acuerdo con los siguientes niveles construidos según lo antes expuesto sobre la presentación de la ley 100:


42

i. Nivel Crítico: Evidencia un grado de satisfacción o cumplimiento, con relación a la meta objetivo inferior al 30%

ii. Nivel de Compensación: Evidencia un grado de satisfacción o cumplimiento, con relación a la meta objetivo entre el 30 y el 70 %

iii. Nivel de Oportunidad: Evidencia un grado de satisfacción o cumplimiento, con relación a la meta objetivo superior al 70%

iv. Nivel Objetivo: Es un referente meta al que se pretende llegar como alcance de la Seguridad Ontológica en el Distrito Capital.

Siguiendo los elementos anteriores se propone un modelo analítico para ubicar en un mismo plano el análisis, con base en tres correlaciones generales:

1. Correlación entre la Formalidad de las Protecciones Sociales (FPS) y el Índice de Privación Relativo (IPR).

2. Correlación entre la Formalidad de las Protecciones Sociales (FPS) y el Índice de Participación del Trabajo en la formación del Producto Interno de la Ciudad (IPT).

3. Correlación entre la Formalidad de las Protecciones Sociales (FPS) y el Factor de Desutilidad del Trabajo (FDT)

Los elementos anteriores servirían para avanzar en una propuesta de construcción de un Observatorio de las Protecciones Sociales, que se complementaría con los otros observatorios del sistema maestro de información del Distrito Capital, como instrumento de orientación en la definición de los programas y proyectos del subsector.

De esta forma se puede determinar un objetivo (deber ser) del estado de las protecciones sociales en el territorio, que se construya conforme con la lógica de garantizar las condiciones para el desarrollo de la seguridad ontológica, y que permita dentro de este enfoque, facilitar la formulación de las políticas públicas.

En consecuencia, el objetivo debe ser medible bajo la metodología y parámetros presentados,

de tal forma que la información sobre los rangos óptimos que es donde se puede ubicar el

objetivo debe explicarse de manera suficiente, de modo que permita orientar los objetivos de las políticas.

Así, un primer ejercicio implica la construcción de la línea de base que permita la medición e interpretación de la medición del estado de las protecciones sociales en el territorio, logrando precisar:

a. Medición e interpretación de la medición del estado del ejercicio de los derechos en el territorio.

b. Proyectar metas para mejorar el estado de las protecciones sociales. c. Determinar cómo realizar observaciones y recomendaciones sobre el análisis

causal, para mejorar el estado de las protecciones sociales, de acuerdo con la lógica de la fundamentación teórica.


43

CONSUMO SOCIAL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA

LA FORMALIDAD DE LAS PROTECCIONES

SOCIALES (FPS)

Cuadro 3. Modelo analítico de Seguridad Ontológica

GENERO DE VIDA

EJERCICIO DE LOS

DERECHOS

SATISFACCIÓN

SEGURIDAD ONTOLÓGICA

CONFLICTO

SÍ

IMPUESTOS

USO DEL TIEMPO LIBRE SOCIALY ESTILO DE VIDA

EXPECTATIVAS SOCIALES

EDUCACIÓN

SALUD D. CIVILES

VIVIENDA Y SCIOS

VESTIDO

TRANSPORTE

COMUNICACIONES

D. POLÍTICOS

D. SOCIALES

D. ECONÓMICOS

NOD. CULTURALES

CONSUMO VITAL

ÍNDICE DE PRIVACIÓN RELATIVO – IPR ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DEL TRABAJO –IPT FACTOR DE DESUTILIDAD DEL TRABAJO ‐ FDT

MODO DE VIDA


44

4. Construcción del observatorio de las protecciones sociales

La construcción del Sistema de Protecciones Sociales (SPS) requiere de un instrumento que le permita fundamentar las orientaciones y lineamientos para el diseño, la construcción y puesta en marcha de las Políticas Públicas, que son las unidades básicas de estos sistemas. Así el Modelo Analítico de Seguridad Ontológica aparece como punto de partida que permite la construcción de una línea de base para el diseño de las Políticas Públicas y con ello el SPS, de modo que estén ajustados a la realidad de los territorios.

Por otra parte, el Modelo Analítico de Seguridad Ontológica como forma de registrar los Hechos Políticos, se propone como un instrumento para la medición de impacto, que dentro de una estructura mayor, como es el caso de un observatorio, registraría los resultados de los procesos político-administrativos del territorio en torno a las protecciones sociales a largo plazo.

La construcción de un Observatorio de las protecciones sociales debe identificar los componentes propios de la administración pública tales como: políticas, planes, programas y proyectos. En cada uno de ellos necesita de una medición periódica de los procesos administrativos, para su constante ajuste hacia la prosecución de sus fines (objetivos de política). De esta forma se constituyen los diferentes sistemas de seguimiento y monitoreo, que conllevan a la medición de los actos políticos.

Por otra parte, el observatorio también se constituye de procesos de evaluación de los objetivos de las políticas públicas, a partir de instrumentos que permitan la medición de impacto a la configuración de los Hechos Políticos. En este punto es donde el Modelo Analítico de Seguridad Ontológica aparece como constitutivo del Observatorio de Protecciones Sociales, recordando que:

La seguridad ontológica es una forma, pero una forma muy importante, del sentimiento de seguridad en un sentido más amplio que el utilizado hasta ahora. La expresión hace referencia a la confianza que la mayoría de los seres humanos depositan en la continuidad de su autoidentidad y en la permanencia de sus entornos, sociales o materiales en la acción. Un sentimiento de fiabilidad en personas y cosas, tan crucial a la noción de confianza, es fundamental al sentimiento de seguridad ontológica; por lo que ambas están fuertemente relacionadas psicológicamente.

La seguridad ontológica tiene que ver con el “ser”, o, en términos fenomenológicos, con el “ser-en-el-mundo”. Pero éste es un fenómeno anímico, no cognitivo, y está enraizado en el inconsciente (Giddens, Las consecuencias perversas de la modernidad: modernidad, contingencia y riesgo, 1996).

La seguridad ontológica se realiza entonces en la medida en que el ser humano y su sociedad se encuentran en un entorno adecuado que garantice el desarrollo dentro del marco de los derechos humanos, en tanto que las condiciones sociales que lo configura así lo permitan. De otra formar aparece el deseo de cambio como modo de buscar las condiciones “para conservar lo que tienen. De esta forma, el cambio aparece como una estrategia de adaptación, necesaria


45

para conservarse” (Cernea, 1995). Eso que tienen de forma más radical es su ser-en-el-mundo, su propio ser, que dimensionado ante la dignidad es el ejercicio cabal de los derechos.

Por consiguiente, la medición de esa seguridad ontológica se construye a partir de los cuatro componentes que dimensionan la dignidad alrededor del análisis del territorio como ejercicio de los derechos:

Capacidad de absorción Análisis de la pobreza Grado de satisfacción de las protecciones sociales Uso del tiempo libre social

De esta forma se puede hacer desde un Observatorio de las protecciones sociales, un registro valido, verdadero y suficiente del impacto de las políticas públicas (ver cuadro 4). Logrando con ello una visión completa de los procesos de administración pública en la determinación del Hecho Político.


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INDICADORES DE PROCESOACTO POLÍTICO

ESTRATEGIAS

INSTRUMENTOSLÍNEAS DE BASE

DERECHOS

TABLERO DE MANDO

EXPECTATIVAS SOCIALES

SEGUIMIENTO

PROYECTOS

PROGRAMAS

Cuadro 4. OBSERVATORIO DE LAS PROTECCIONES SOCIALES ‐ INDICADORES

EJES ESTRUCTURALES POLÍTICAS PÚBLICAS HECHO POLÍTICO INDICADORES DE IMPACTO

Índice de Seguridad Ontológica

NIVEL DE COMPENSACIÓN

ATENDER EXPECTATIVAS

NIVEL DE OPORTUNIDAD

GOBERNABILIDAD

NIVEL CRÍTICO

RESOLVER CRISIS

CSR – Consumo Social Requerido

FPS – Formalidad de las Protecciones Sociales

IPR – Índice de Privación Relativo

IPT – Índice de Participación del Trabajo en el PIB

IUT – Índice de Uso del Tiempo Laboral

PLAN DE DESARROLLO

RELACIONES DE

CAUSALIDAD

EXPLICACIÓN CAUSAL


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4.1. Simulación de datos para Colombia

Para el desarrollo de una simulación que permita mostrar elementos operativos del modelo se ha tomado los datos de Colombia para su desarrollo. Sin embargo es preciso realizar algunas aclaraciones en esta simulación:

Los datos asequibles al público vía internet (DANE) presentan ciertas limitantes para el desarrollo de una rápida simulación con datos reales. En este sentido es necesario ir a los conceptos que definen a los índices para poderlos ajustar sin perder su orientación.

En el subcapítulo hacia la construcción del IPR desde la medición del Consumo Social Requerido dentro del marco de la calidad de vida, se presentó la dificultad que representa construir una serie consolidada del IPR. Lo cual hace que sea necesario realizar una investigación que permita su construcción de acuerdo con todas las especificaciones necesarias dentro de los parámetros necesarios para su objetividad como lo son la validez, la veracidad, etc.

No obstante se puede observar el estado de las expectativas sociales de modo parcial a partir del Índice de Desarrollo Humano, que al calcularse a usando los índices i) de esperanza de vida, ii) de educación, iii) de años promedio de escolaridad vi)de años esperados de escolaridad, v) de alfabetización adulta, vi) bruto de matriculación, vi) del PIB, vii) de ingreso, y vii) de Paridad de poder adquisitivo, logra recoger un diagnostico parcial de las expectativas sociales, dado que:

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide el progreso medio conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno. La cantidad de países cubierta por el IDH es determinada por la disponibilidad de datos. Con el fin de permitir comparaciones entre países, el IDH se calcula, en la medida de lo posible, sobre la base de datos de los principales organismos internacionales de estadísticas y de otras fuentes confiables disponibles cuando se redacta el Informe (PNUD).

Por otra parte, para esta simulación el IUT, que se construye a partir del tiempo laboral efectivo (medido en horas laboradas efectivas, el número de horas laboradas reportadas por el sector de la producción, el número de horas laboradas reportadas por el sector de servicios) sobre el tiempo laboral potencial (población económicamente activa –PEA, por el cálculo un número de horas laborales per cápita para la pea de 2400), tiene una variación: Número de cotizantes sobre la PEA. Esta variación es una aproximación al IUT lo cual permite un análisis limitado del uso del tiempo.

Otro de los problemas que aparecen en una selección rápida de datos, es el ejercicio de la construcción de las series de datos en el tiempo. Para esta simulación se han adecuado algunos datos (los cuales son macados para la referencia del lector) para poder tener una panorámica completa de once años para cada uno de los indicadores:


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Tabla 6 Datos DANE

COLOMBIA AÑOS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PIB Nacional 331.278.539 366.888.363 404.901.905 464.801.214 523.336.077 582.514.600 663.695.076 736.558.594 772.409.308 830.889.867 889.370.425

Participación Salarios 67.573.245 73.764.657 80.592.908 87.725.703 96.361.298 106.125.159 119.869.513 134.453.259 137.803.757 147.136.099 156.468.441

Total población 40.282.217 40.806.313 41.327.459 41.847.421 42.367.528 42.888.592 43.405.387 43.926.034 44.450.260 44.977.758 45.508.205

Total régimen contributivo 14.406.180 14.000.000 14.000.000 13.976.302 16.000.000 18.000.000 20.125.263 19.666.428 20.636.329 23.882.314 23.486.566

PEA 19000000 19000000 19000000 19.392.150 19000000 19000000 19000000 19.264.670 19.664.153 20.862.890 21.528.791

Total cotizantes 8197964 8027473 7401591 7971503 8032282 8235013 7412670 7819761 8147834 8365153 8365153

Adaptación propia. Simulación por la Corporación Héritage, SDIS. FUENTES: DANE

Datos reales

Datos simulados

Tabla 7 Tablero de Mando del Observatorio de Protecciones Sociales

RANGOS IFPS IPT IDH IUT FDT ISO

Crítico <0,3 <0,3 <0,630 <0,3 <0,5 <0,4

Compensación 0,3<IFPS<0,7 0,3<IPT<0,45 0,630<IPR<0,889 0,3<IUT<0,8 0,5<FDT<0,9 0,4 <ISO<0,7

Oportunidad >0,7 >0,45 >0,889 0,8<IUT<1,2 >0,9 >0,7


49

Tabla 8 Resultados de los índices en el ejercicio de simulación para Colombia INDICE/VARIABLES FORMULA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

FORMALIDAD DE LAS PROTECCIONES SOCIALES

IFPS 0,36 0,34 0,34 0,33 0,38 0,42 0,46 0,45 0,46 0,53 0,52

PARTICIPACIÓN DEL TRABAJO EN EL PIB IPT 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

PRIVACIÓN RELATIVA (IDH) IPR 0,65 0,65* 0,65* 0,65* 0,65* 0,68 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71

FACTOR DE DESUTILIDAD DEL TRABAJO FDT 0,68 0,67 0,63 0,65 0,67 0,68 0,63 0,65 0,66 0,64 0,63

SEGURIDAD ONTOLÓGICA ISO 0,36 0,36 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 0,36 Adaptación propia. FUENTES: DANE y PNUD (los datos que aparecen con un asterisco * son datos simulados)

Ilustración 1 Resultado de los índices en el ejercicio de simulación para Colombia

Adaptación propia. FUENTES: DANE y PNUD

‐

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

IFPS

IPT

IPR

FDT

ISO


50

Ilustración 2 Serie del Índice de Seguridad Ontológica para Colombia

Adaptación propia. FUENTES: DANE y PNUD

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Índice de Seguridad Onológica Colombia

Índice de SeguridadOnológica Colombia

OBJETIVO DESEABLE


51

4.2. Simulación de las correlaciones

Unos ejercicios que permiten mostrar un desarrollo del Modelo Analítico de Seguridad Ontológica son las correlaciones entre los indicadores para el análisis de la situación de las protecciones sociales de un territorio determinado, hacia la construcción de objetivos en sistema de protecciones sociales. La necesidad de construir unas correlaciones entre los resultados de indicadores propuestos en el modelo para ampliar el análisis (tal como se afirmó en el punto 3.3.) radica en la posibilidad de leer el modelo de acuerdo con las diferentes dimensiones que componen las protecciones sociales. Estas dimensiones se comprenden como un tejido de condiciones que le permiten a los seres humanos su desarrollo.

Así, las protecciones sociales, “como un conjunto de acciones, disposiciones y condiciones que garantizan, defiendan y promuevan los Derechos Humanos de modo que se reconozcan como válidas, necesarias y suficientes, dentro de la normatividad que los regula” (Sánchez Cárcamo, Almonacid , Cifuentes, Chacón, & Otros, 2011, pág. 111), se logran identificar y se evalúan a partir de las investigaciones sociales, de las herramientas estadísticas (en particular las que arrojan datos sobre las condiciones sociales, económicas y culturales) y de modelos de análisis que le permitan a los Estados construir los sistemas de protecciones sociales, que siguiendo las orientaciones de la Declaración de los Derechos Humanos deben garantizar las condiciones en el crecimiento de las protecciones sociales7.

En consecuencia los sistemas de protecciones sociales se deben desarrollar bajo un diagnostico suficiente de las protecciones sociales del territorio como fundamento para su construcción. De esta forma se comprende que los sistemas de protecciones sociales son las acciones de los Estados para la garantía, la protección y promoción de los derechos, por lo que requiere que dicha suficiencia del diagnóstico sea válida y además, clara.

Esta claridad se fortalece en el modelo analítico de seguridad ontológica en el ejercicio de las correlaciones de los resultados de los indicadores, de forma que se pueden visualizar elementos asociados al análisis de la capacidad de absorción del territorio urbano, de modo que, a partir de un estudio del contexto, le permita a su lector inferir objetivos e instrumentos para la construcción de los Hechos Políticos en la garantía de los derechos.

A continuación se presentan algunas correlaciones sin análisis8, sólo a modo de ejemplo para su construcción:

7 Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad (ONU).

8 Dado que este ejercicio de análisis depende de la fase de Intencionalidad, en donde aparece la orientación y ritmo del proceso de cambio, los cuales conforman las Políticas Públicas y sus instrumentos de desarrollo.


52

4.2.1. Correlación entre la Formalidad de las Protecciones Sociales (FPS) y el Índice de Participación del Trabajo en la formación del Producto Interno de la Ciudad (IPT).

A título de ejemplo, presentamos un análisis hecho a partir de los agregados macroeconómicos para Colombia, España y Francia en el cual a través de una media aritmética entre la situación reportada para estos países en el año 2006 en las dos categorías mencionadas (FPS) e (IPT) (ver ilustración 1 y tabla 6), nos permite visualizar la aplicación del modelo.

Ilustración 3 Modelo analítico de seguridad ontológica IPT Vs FPS

Tabla 9 Datos para el modelo analítico de seguridad ontológica IPT Vs FPS

PAÍS IPT(X) FPS (Y)

ESPAÑA 0,47 70%

FRANCIA 0,52 80%

COLOMBIA 2006 0,18 46,37%

COLOMBIA 2000 0,2 35,76%

OBJETIVO COLOMBIA

0,39 65%

Adaptación propia. CÁLCULOS: Corporación HÉRITAGE.


53

16,50%

17,00%

17,50%

18,00%

18,50%

19,00%

19,50%

20,00%

20,50%

21,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007PORCEN

TAJE DE PARTICIPACION

AÑO

% Salarios sobre PIB COLOMBIA

PARTICIPACIÓN DELOS SALARIOS

La intencionalidad central de las propuestas de investigación se encuentra entonces en poder ubicar al Distrito Capital dentro del modelo, para evidenciar su situación con relación a la media nacional ya expresada y poder en consecuencia formular un Objetivo de Desarrollo en términos de seguridad ontológica.

En efecto, para la Formalidad de las Protecciones Sociales (FPS), en el caso de Colombia se calculó de acuerdo con las series reportadas por el Ministerio de Protección Social, mientras para Francia y España se consideraron datos teóricos aproximados.

De ésta relación inferimos, dada una cobertura total en el caso de Colombia para el año 2006, cercana al 84%, que el 46% correspondiente al Régimen Contributivo tiene una relación de subsidio sobre el 38% correspondiente al Régimen Subsidiado.

Las resultantes sobre la participación del trabajo en el PIB provienen del análisis particular de cada categoría y en sus correspondientes series, como se expresa en las siguientes tablas:

Tabla 10 Participación del trabajo a precios corrientes en millones de pesos – Colombia

AÑO PIB NACIONAL PARTICIPACIÓN DEL TRABAJO PORCENTAJE

2000 331.278.539 67.573.245 20,40% 2001 366.888.363 73.764.657 20,11% 2002 404.901.905 80.592.908 19,90% 2003 464.801.214 87.725.703 18,87% 2004 523.336.077 96.361.298 18,41% 2005 582.514.600 106.125.159 18,22% 2006 663.695.076 119.869.513 18,06% 2007 736.558.594 134.453.259 18,25%

Adaptación propia. CÁLCULOS: Corporación HÉRITAGE. FUENTE: Banco de la República de Colombia.

Ilustración 4 Participación del trabajo a precios corrientes en millones de pesos – Colombia



54

45,50%46,00%46,50%47,00%47,50%48,00%48,50%49,00%49,50%50,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PORCEN

TAJE DE

PARTICIPACIÓN

AÑO

% Salaraios sobre PIB ESPAÑA

PATICIPACIÓNDE LOSSALARIOS

Tabla 11 Participación del trabajo a precios corrientes en millones de euros – España.

Adaptación propia. CÁLCULOS: Corporación HÉRITAGE. FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE), España.

Ilustración 5 Participación del trabajo a precios corrientes en millones de euros – España.


Tabla 12 Participación del trabajo a precios corrientes en millones de euros – Francia.

Adaptación propia. CÁLCULOS: Corporación HÉRITAGE. FUENTE: Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), Francia.

AÑO PIB NACIONAL PARTICIPACIÓN DEL TRABAJO PORCENTAJE

2000 630.263 312.020 49,51%

2001 680.678 334.625 49,16% 2002 729.206 355.242 48,72% 2003 782.929 378.640 48,36% 2004 841.042 400.953 47,67% 2005 908.792 430.655 47,39% 2006 984.284 464.266 47,17% 2007 1.053.537 501.904 47,64%

AÑO PIB NACIONAL PARTICIPACIÓN DE LOS SALARIOS PORCENTAJE

2000 1.441.372 747.683 51,87% 2001 1.497.185 781.526 52,20% 2002 1.548.555 813.776 52,55% 2003 1.594.814 837.491 52,51% 2004 1.660.189 866.678 52,20% 2005 1.726.068 898.314 52,04% 2006 1.806.430 936.924 51,87% 2007 1.895.284 974.284 51,41%


55

Ilustración 6 Participación del trabajo a precios corrientes en millones de euros – Francia.


Ilustración 7 Resumen de la participación del trabajo en la formación del PIB nacional respectivamente.


50,80%

51,00%

51,20%

51,40%

51,60%

51,80%

52,00%

52,20%

52,40%

52,60%

52,80%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PORCEN

TAJE DE PARTICIPACION

AÑO

% Salarios sobre PIB FRANCIA

PARTICIPACION DE LOSSALARIOS

20% 20% 20% 19% 18% 18% 18% 18%

50% 49% 49% 48% 48% 47% 47% 48%

52% 52% 53% 53% 52% 52% 52% 51%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Participación de los Salarios en el PIB

COL

ESP

FR


56

4.2.2. Correlación entre la Formalidad de las Protecciones Sociales (FPS) y el Índice de Privación Relativo (IPR).

Como se afirmó anteriormente, se ha de usar en este ejercicio de simulación, y en particular para este ejemplo de correlación el IDH como sustituto del IPR, como modo parcial para la medición de las expectativas sociales o grado de satisfacción de las protecciones sociales.

En este sentido los datos que reporta Programa PNUD (por sus siglas en inglés: United Nations Development Programme) para Colombia son los siguientes:

Tabla 13 Datos para el IDH de Colombia y su comparación con objetivos

IDH Colombia IDH Deseable IDH Objetivo 2005 0,675 0,716 0,876 2006 0,683 0,721 0,879 2007 0,691 0,728 0,882 2008 0,70 0,733 0,885 2009 0,70 0,734 0,885 2010 0,707 0,739 0,888 2011 0,71 0,741 0,889

Adaptación propia. FUENTE: PNUD

Ilustración 8 Datos para el IDH de Colombia y su comparación con objetivos

Adaptación propia. FUENTE: PNUD

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

RANGOS

IDH

Colombia

IDH Deseable

IDH Objetivo


57

Ahora la relación con los resultados del índice de Formalidad de las Protecciones Sociales, como base de comparación alrededor de la capacidad de absorción del territorio reflejan los siguientes resultados:

Ilustración 9 Modelo analítico FPS Vs IPR (IDH)

Adaptación propia. CÁLCULOS: Corporación HÉRITAGE. FUENTE: PNUD

Tabla 14 Datos para el modelo analítico de seguridad ontológica IPR y FPS

MODELO ANALÍTICO IPR

IPR (X) FPS (Y)COLOMBIA 2011 0,71 0,46 OBJETIVO TEÓRICO 0,88 0,90 OBJETIVO DESEABLE 0,74 0,70

Adaptación propia. CÁLCULOS: Corporación HÉRITAGE. FUENTE: PNUD

Estos objetivos se han construido a partir de los parámetros establecidos para 2011 por PNUD:

Desarrollo humano muy alto: 0,889; Desarrollo humano alto: 0,741; Desarrollo humano medio: 0,63; Desarrollo humano bajo: 0,456 (PNUD)

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

FO

RM

AL

IDA

D D

E L

AS

PR

OT

EC

CIO

NE

S SO

CIA

LE

S -

FP

S

ÍNDICE DE PRIVACIÓN RELATIVO -IPR

MODELO ANALITICO FPS Vs IPR

COLOMBIA 2011

OBJETIVO TEÓRICO

OBJETIVO DESEABLE


58

4.2.3. Correlación entre la Formalidad de las Protecciones Sociales (FPS) y el Índice de uso del Tiempo (IUT).

Para efectos del análisis del Índice de Uso del Tiempo (IUT), se realizó una primera aproximación a partir de los datos reportados por el DANE con relación al número de trabajadores que se reportaron como cotizantes al sistema de protecciones sociales.

El IUT, como ya se explicó, se mide como la capacidad potencial de producción de la población y se expresa como la relación entre el tiempo laboral efectivo involucrado en las actividades de producción y de servicios en un territorio determinado, medido en horas año, sobre el tiempo laboral potencial de la población económicamente activa, medido igualmente en horas año.

Se infiere que la relación entre el número de cotizantes y la población económicamente activa (PEA) nos permite calcular la relación entre el Tiempo Laboral Productivo- TLP - potencial, como la sumatoria de horas potenciales de trabajo por año de la PEA a razón de 2000 horas año promedio, y el número de horas reportadas de trabajo efectivo por los diferentes sectores productivos.

Para el caso Colombiano las series son las siguientes:

Tabla 15 Índice del Uso del Tiempo para Colombia

2006 2007 2008 2009

TOTAL PEA

19.000.000

19.264.670

19.664.153

20.862.890

TOTAL COTIZANTES

7.412.670

7.819.761

8.147.834

8.365.153

TLP POTENCIAL

38.000.000.000 38.529.339.000

39.328.306.500

41.725.780.000

TLP EFECTIVO

14.825.340.000 15.639.522.000

16.295.668.000

16.730.306.000 IUT 0,39 0,41 0,41 0,40

Adaptación propia. CÁLCULOS: Corporación HÉRITAGE. FUENTE: DANE

Los anteriores datos nos muestran que el IUT, medido en términos formales, se sitúa en torno al 40% del potencial de trabajo de la PEA. Las tendencias se muestran en el siguiente gráfico para los años 2006 a 2009.


59

Ilustración 10 Relación TLP potencial y TLP efectivo


Los datos anteriores nos muestran una tendencia estable para el IUT, en el período señalado, situándose en un nivel cercano al 50% de lo que debería ser con relación a un objetivo mínimo de apropiación del Tiempo laboral productivo de al menos un 80%.

Ilustración 11 Índice del Uso del tiempo para Colombia


2006 2007 2008 2009

TLP POTENCIAL 38.000.000.000 38.529.339.000 39.328.306.500 41.725.780.000

TLP EFECTIVO 14.825.340.000 15.639.522.000 16.295.668.000 16.730.306.000

‐

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

40.000.000.000

45.000.000.000

Número de Horas

TIEMPO LABORAL PRODUCTIVO

0,39 0,41 0,41 0,40

‐

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

2006 2007 2008 2009

INDICE DE USO DEL TIEMPO ‐IUT

IUT


60

Se requiere para efectos de la presente propuesta, hacer el análisis comparativo para el Distrito Capital en una serie que cubra al menos lo últimos 15 años.

La situación del IUT para Colombia, muestra el desfase entre el potencial productivo de la PEA en Colombia y su uso efectivo, lo que impacta necesariamente en la capacidad de satisfacción de las expectativas sociales de la población y el consiguiente déficit en términos fiscales para la cobertura mínima de la población con relación a sus protecciones sociales.

Ahora bien, al confrontar, en el modelo analítico propuesto, la relación entre el índice de Formalidad de las protecciones Sociales (FPS) y el IUT, vemos la distancia entre un nivel objetivo que permita la apropiación del Uso del Tiempo Laboral potencial de la población económicamente activa, lo que resultaría en un nivel de formalidad de las protecciones sociales que se acercara al objetivo propuesto en la formulación de la ley 100 de 1993.

Ilustración 12 Modelo analítico FPS Vs IUT


0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

FORMALIDAD DE LA

S PROTECCIONES SOCIALES ‐FPS

INDICE DE USO DEL TIEMPO LABORAL ‐ IUT

MODELO ANALÍTICO FPS Vs IUT

SITUACIÓN ACTUAL

OBJETIVO TEÓRICO

OBJETIVO DESEABLE

LINEA OBJETIVO


61

Tabla 16 Datos Modelo analítico FPS e IUT

MODELO ANALITICO FPS Vs IUT

IUT(X) FPS (Y)

COLOMBIA 2009 0,40 0,46

OBJETIVO TEÓRICO 1,00 0,8

OBJETIVO DESEABLE 0,8 0,7Adaptación propia. CÁLCULOS: Corporación HÉRITAGE. FUENTE: DANE

La línea objetivo que se plantea en este ejemplo sigue las orientaciones de la propuesta presentada al congreso en 1993 sobre Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia (SGSSS), planteaba que el Régimen Contributivo debería cubrir al 70% de la población y el Régimen Subsidiado al 30% restante.


62

5. Otras formas de análisis en el uso del Modelo Analítico de Seguridad Ontológica.

Otro ejemplo de análisis comparativo puede ser la participación del trabajo, como Acto Político dentro de la formación de la Producción Bruta Industrial.

En el desarrollo conceptual y metodológico de la categoría del género de vida, donde se cruzan las variables socioeconómicas (nivel y calidad de vida) se puede rastrear la evolución de la participación del trabajador en la rentabilidad (o participación del trabajo) en la producción y en la formación del Producto Interno Bruto de la ciudad y su correlación con los índices de pobreza y del poder adquisitivo del trabajador con relación a sus ingresos.

Podemos encontrar algunos datos de referencia sobre la participación del trabajador en la rentabilidad (o participación del trabajo) dentro del Valor Agregado Manufacturero, en el Informe de Desarrollo Industrial: Informe Mundial 1995 de la ONUDI, que ameritarían ser actualizados, de donde construimos las siguientes tablas (ONUDI, 1995):

Tabla 17 Participación del Trabajo en el Sector Industrial en América Latina − ONUDI

AMÉRICA LATINA (países que reportan datos)

PAÍS / AÑO RENTABILIDAD (porcentaje de la producción bruta):

Salario y sueldos incluidos suplementos (%)

1980 1985 1990 1993 Argentina 10 11 8 8 Barbados 14 18 16 14 Bolivia 8 6 5 4 Brasil 10 9 11 11 Chile 9 6 7 7 Colombia 8 7 6 6 Costa Rica 12 11 11 11 Cuba 13 14 13 - Ecuador 17 13 9 8 El Salvador 15 12 10 16 Guatemala 10 10 8 8 Honduras 11 13 12 13 Jamaica 12 10 10 10 México 14 9 9 8 Nicaragua 12 10 11 - Panamá 9 13 13 13 Perú 7 6 9 8 República Dominicana 11 7 6 6 Trinidad y Tobago 17 18 17 17 Uruguay 13 9 10 9 Venezuela 15 13 9 10

PROMEDIO9 11,76 10,71 10 9,84

9 El promedio de ambas tablas se realizó sin contemplar los países que no reportan datos.


63

Tabla 18 Participación del Trabajo otros países − ONUDI

AMÉRICA DEL NORTE Y EUROPA OCCIDENTAL (INDUSTRIALIZADA) (países que reportan datos)

PAÍS / AÑO RENTABILIDAD (porcentaje de la producción bruta):

Salario y sueldos incluidos suplementos (%)

1980 1985 1990 1993 Alemania (occidental) 26 24 25 27 Alemania (oriental) 15 9 8 - Austria 24 23 23 25 Bélgica 5 12 11 12 Canadá 17 16 17 17 Dinamarca 26 24 27 28 España 20 17 18 18 Estados Unidos de América 21 21 21 20 Finlandia 19 20 21 21 Francia 24 23 22 24 Irlanda 17 14 14 13 Islandia 20 19 22 23 Italia 21 18 27 29 Luxemburgo 25 18 19 19 Noruega 21 20 19 23 Países Bajos 20 21 22 24 Reino unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

23 20 21 21

Suecia 18 15 16 15 PROMEDIO 20,11 18,55 19,61 21,11

Las fórmulas de donde se construyen los datos para calcular la participación, con base con el documento ONUDI (ONUDI, 1995, pág. 128) es: sueldos y salarios = 100 (sueldos y salarios) / producción bruta.

Se podrían revisar estos datos, actualizados, contrastando el comportamiento de la participación del trabajo en Colombia con otros países y haciendo el análisis particular para Bogotá.

La serie para Colombia de la participación del trabajo en la formación del PIB industrial partiendo de la metodología ONUDI es la siguiente:

Tabla 19 Actualización de indicador en Colombia de la Participación del Trabajo –ONUDI

1980 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

8% 6% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 14% 13% 12% 11% 11% 10% 9% 9%

Adaptación propia Cálculos: Corporación HÉRITAGE.

Fuente: DANE. Principales agregados macroeconómicos a precios corrientes. 2007


64

Ilustración 13 Actualización de indicador en Colombia de la Participación del Trabajo –ONUDI

Adaptación propia

Cálculos: Corporación HÉRITAGE. Fuente: DANE. Principales agregados macroeconómicos a precios corrientes. 2007

Una meta de política se puede plantear a partir de la corrección de la tendencia negativa evidenciada en los informes y buscar una meta proyectada por períodos hacia el 2038, tal como se puede proyectar en la Política Distrial de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico.

Así mismo, es conveniente revisar el coeficiente Gini (Medina, 2001) para Bogotá, con el que se rastrea el grado de desigualdad económica, como medida de concentración, que existe en la sociedad, de esta forma podemos generar una lectura en donde podemos evidenciar que una mayor participación del trabajador en la rentabilidad (o participación del trabajo), se expresa en mayores niveles de consumo a nivel local fortaleciendo la dinámica de crecimiento económico con una mejor y más equitativa distribución de la riqueza.

La modificación de estas condiciones se expresará en la evolución positiva de los indicadores relacionados con el modo de vida, lo que consecuentemente mejorará el nivel de seguridad ontológica del ciudadano bogotano, objetivo estructural de una Política Pública de Desarrollo Económico, con efectos directos en términos de cultura ciudadana, consumo cultural, y capacidad de participación y de decisión en la orientación de los destinos de la ciudad.

8%

6% 6% 6% 6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

14%

13%

12%

11%11%

10%

9% 9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%1980

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

PORCEN

TAJE

AÑOS

PARTICIPACIÓN DEL TRABAJO / PIB INDUSTRIAL COLOMBIA

PARTICIPACIÓN


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Modelo Analítico de Seguridad Ontológica

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