MINISTERIO PÚBLICO -...

MINISTERIOPÚBLICO

Una nueva filosofíainstitucional

Fiscalías municipalesen el seno del pueblo

En la callecon las comunidades

Unidades criminalísticas: contra la vulneración de derechos fundamentales

Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público: una casa del saber

PUBLICACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICOAÑO I - Nº 1 - CARACAS, DICIEMBRE DE 2008

Luisa Ortega DíazFiscal General de la República

Iraida AlfonzoVice Fiscal General de la República

Alejandro CastilloDirector General de Actuación Procesal

Alis Boscán de BaptistaDirectora General de Apoyo Jurídico

Hernán José Salazar ChaguánDirector General Administrativo

Alexánder DuarteDirector de Relaciones Institucionales

Simón Alberto OsorioCoordinador de Análisis y Evaluación de Medios

Ingrid Carolina LópezCoordinadora de Asuntos Públicos

DistribucciónCoordinación de Análisis y Evaluación de Medios

RedacciónDirección de Relaciones Institucionales. Coordinación de Análisis y Evaluación de Medios.

Producción gráficaGrupo CDupuy

Edificio Sede del Despacho de la Fiscal General de la República, Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo Avenida México Caracas, Venezuela. Teléfono (58+ 212) 509 7380 / 509 98136

Depósito Legal: xxxxxxxxxx - ISSN: xxxxxxxxxx

Publicación periódica del Ministerio Público. Prohibida su reproducción total o parcial conforme lo dipuesto en la Ley. Distribución gratuita.

El 2008 ha sido para el Ministerio Público un año de cambios profundos. Al asumir el cargo de Fiscal General de la República mi compromiso con el país y nuestros trabajadores se centró en lograr en los próxi-mos siete años una institución moderna, más humana, que acerque aún más la justicia al pueblo y, en con-secuencia, conlleve al mejoramiento del servicio que prestamos a los ciudadanos.

Pero el futuro del Ministerio Público lo comen-zamos a fraguar de inmediato, sin imponer lapsos de espera a la imperiosa necesidad de lograr los cambios previstos internamente. Ello nos permitirá dar respues-tas oportunas y eficientes a los venezolanos.

Estos primeros meses de trabajo han arrojado ex-celentes frutos, entre estos, la Escuela Nacional de Fis-cales, la cual nos permitirá elevar el nivel profesional de los fiscales y, en consecuencia, esta preparación de nuestros funcionarios repercutirá en un mejor servicio a la colectividad en general.

Asimismo, se creó la primera Fiscalía Municipal en el Municipio Libertador de Caracas; hemos avan-zado en la agilización de causas y el descongestiona-miento de casos, con miras a atacar el problema del retardo procesal; se crearon las fiscalías penitenciarias y se instaló la Unidad Anticorrupción, entre otras me-

didas que se detallan en esta primera entrega editorial de mi gestión.

No dejamos a un lado las mejoras sustanciales dirigidas a los funcionarios del Ministerio Público: obreros, empleados, abogados, profesionales, fiscales y hasta los jubilados cuentan hoy con mejores salarios y beneficios dirigidos no sólo a elevar su calidad de vida sino también a estimularles por el gran trabajo que des-empeñan con esmero y vocación de servicio.

Estamos conscientes del compromiso que he-mos asumido como integrantes del sistema de justicia venezolano y vamos a poner el mayor empeño en dar las respuestas tangibles que el país está reclamando. Nuestra Misión, Visión y Valores son la filosofía que regirá este camino que hemos emprendido para luchar contra la impunidad.

El Ministerio Público ha iniciado nueva etapa y en los próximos años con seguridad continuaremos in-ventando, ideando y aplicando los cambios necesarios para alcanzar la justicia que los venezolanos ansían.

No a la Impunidad

Luisa Ortega Díaz

Fiscal General de la República

Editorial

9 Comunidad

En la calle con las comunidades

Aportes para resolución de situación de interés social

Fiscalías Municipales en el seno del pueblo

18 dereChos humanos

Creadas Fiscalías con competencia en régimen penitenciario

Unidades criminalísticas: contra la vulneración de derechos fundamentales

30 Perfil

“He asumido un compromiso de Estado”

36 Gestión

Plan Nacional de Descongestionamiento de Causas ha presentado 108.828 actos conclusvos

Ministerio Público ejecuta Plan de Agilización de causas con retardo procesal

40 lesGislaCión

Tras la búsqueda del descongestionamiento del sistema de justicia penal

43 droGas

Dirección de drogas aspira cerrar 2008 con 15 mil actos conclusivos

61 radio

En Sintonía con el Ministerio Público

En esta edición

Portada

El Ministerio Público protagoniza una nueva etapa en la gestión y consolidación del sistema judicial venezolano, optimizando sus mecanismos, estructura operativa e integración con otros organismos.

Nombre de Sección | Ministerio Público [ 5 ]

Una nueva filosofía institucionalEn la elaboración de la misión, visión y valores del Ministerio Público participaron funcionarios de todo el país

Texto: Alba Niño | Fotos: Archivo

[ 6 ] Ministerio Público | Filosofía

El Ministerio Público cuenta con una nueva filosofía institucional, la cual marca el derrotero de la actual gestión presidida por la Fiscal General de la Re-pública, Luisa Ortega Díaz.

Y es que los nuevos aprendizajes requieren para el desarrollo de organizaciones más eficientes, de la construcción de nuevas visiones en las que se impone la dinámica del cambio, hacia dimensiones más partici-partivas, conscientes y potenciadoras de la imagen po-sitiva de su destino.

Por ello, nació la necesidad de reformular la filo-sofía del Ministerio Público para integrar a sus funcio-narios en el sistema organizacional y vincularlos direc-tamente a la estrategia institucional: su misión, visión y valores que den respuesta a las necesidades del entorno, con el único propósito de garantizar la justicia, equidad e igualdad entre los ciudadanos.

En este sentido, el Ministerio Público organizó me-sas de trabajo conformadas por directores, subdirectores y coordinadores para que presentaran propuestas sobre

el nuevo concepto de misión, visión y valores que más se ajustara a la Institución. Luego, se realizaron charlas den-tro del Ministerio Público dirigidas a los trabajadores, y se aplicó una encuesta para que empleados y empleadas tu-vieran la oportunidad de participar en el proceso de diseño de la nueva Misión y Visión y los Valores institucionales.

Cuando se habla de visión, se refiere a la ideali-zación del futuro de la Institución, donde se enfoca la capacidad de dirección y ejecución hacia su logro de manera constante. En una institución cuando hay una visión compartida existe un fuerte sentimiento de iden-tificación y compromiso en el corazón de la gente, de manera que el camino hacia el futuro lo realizan todos, aportando y desarrollando potencial.

Por otra parte, el objetivo de la misión es orientar y optimizar la capacidad de respuesta de la Institución ante las oportunidades del entorno, mientras que los valores se expresan en la imagen que proyecta siendo el resultado de la calidad de los sentimientos.

MisiónSomos un órgano del Poder Ciudadano que actúa

en representación del interés general, garantizando el cumplimiento del ordenamiento jurídico mediante el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en pro de una respuesta efectiva y oportuna a la co-lectividad, que propenda a la preservación del Estado social, democrático, de derecho y de justicia.

VisiónSer una institución garante de la legalidad, acce-

sible, imparcial y confiable, caracterizada por el cum-plimiento de sus atribuciones e inmersa en la dinámica social con estricto apego a la preeminencia de los dere-chos humanos.

ValoresHonestidad, justicia, eficacia, lealtad, ética, pro-

bidad, responsabilidad, humildad, imparcialidad y so-lidaridad.

Filosofía | Ministerio Público [ 7 ]

Garantizando respuestas oportunas y efectivas a los ciudadanosEl Plan Estratégico del Ministerio Público está sustentado en cuatro directrices: Agilización y descongestionamiento de casos, Gestión de casos, Integración con los órganos que conforman el Sistema de Justicia y Fortalecimiento institucional

Texto: Lérida Marín | Fotos: Alfredo Moya

El Plan Estratégico del Ministerio Público 2008-2014, diseñado para la gestión de la Fiscal Ge-neral de la República, Luisa Ortega Díaz, es un instru-mento de planificación que, sobre la base de la reali-dad y de los principios de participación, colaboración, compromiso y corresponsabilidad de todos los actores de la institución, contiene objetivos a ser ejecutados para garantizar una respuesta efectiva y oportuna a los ciudadanos.

Dicho Plan se diseñó con el objetivo de coadyu-var en el rescate de la solidaridad y otros valores funda-mentales, para el fortalecimiento del desarrollo del ser humano, a través del ejercicio de una justicia basada en la moral colectiva, la conciencia cívica y la nueva ética de lo público, destinado a consolidar el respeto de los derechos sociales universales.

Además busca “responder de manera oportuna las demandas de la colectividad, mediante el estableci-

miento de acciones institucionales e interinstituciona-les, dirigidas a facilitar al ciudadano el acceso a la justi-cia y a fortalecer la credibilidad en el Sistema de Justicia venezolano”.

El referido instrumento está amparado en el mar-co legal vigente, tomando en cuenta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Ministerio Público, y en una serie de lineamientos institucionales, dirigidos a la coordinación e integración con los órganos del Sistema de Justicia y a ofrecer una respuesta oportuna, además de tener presente el lema “No a la Impunidad” en todas las etapas de sus proce-sos y gestión.

También, está enmarcado en el cambio de cultura institucional, basado en la nueva ética del funcionario del Ministerio Público, en la sensibilización y promo-ción de valores, en las relaciones con el entorno, la inte-gración con la comunidad y la prevención del delito.


El procedimiento para la formulación del Plan Estratégico se fundamentó en la definición de la nueva filosofía institucional (misión-visión y valores), el diag-nóstico de la situación actual y la estructuración de las directrices y líneas estratégicas.

En ese sentido, el Plan está sustentado en cuatro directrices fundamentales: Agilización y descongestio-namiento de casos, Gestión de casos, Integración con los órganos que conforman el Sistema de Justicia y For-talecimiento Institucional.

Agilización y descongestionamiento de casosEstá orientada al diseño e implementación de es-

trategias que permitan dar respuestas a los ciudadanos, con criterios de oportunidad y calidad.

Sus líneas estratégicas se refieren al fortaleci-miento de los despachos fiscales y el descongestiona-miento de casos. Algunos de los proyectos asociados a esta directriz son las Fiscalías Municipales, la creación y optimización de las Unidades de Apoyo, que brindan al

Filosofía | Ministerio Público [ 9 ]

fiscal del Ministerio Público la cooperación en el cum-plimiento de sus deberes.

Gestión de casosCon esta directriz se busca lograr la unificación y

estandarización de los procesos asociados a los casos, a través de sistemas que faciliten su seguimiento y control. Las líneas estratégicas son: el sistema de apoyo a la gestión de casos y la formación y capacitación jurídica. Algunos de los proyectos son: los sistemas de asignación, distribución y seguimiento de casos, evaluación y control de gestión.

Asimismo, se contempla fortalecer la formación y capacitación académica de abogados, fiscales y fun-cionarios del Ministerio Público, mediante la creación de la Escuela Nacional de Fiscales.

Integración con los órganos que conforman el Sistema de JusticiaEstá dirigida a establecer mecanismos de coor-

dinación interinstitucional con los operadores de jus-ticia, en procura de resolver conflictos y crear canales de comunicación efectiva para una mayor celeridad y transparencia de las actuaciones de los fiscales. Las lí-

neas estratégicas son: coordinación insterintitucional y la instrumentación de la nueva institucionalidad.

Algunos de los proyectos relacionados con esta directriz son: las Unidades de Criminalística, los Juicios Itinerantes, Unidades Anticorrupción y el fortaleci-miento en el funcionamiento de los órganos jurisdic-cionales y de investigación.

Así como futuras acciones para lograr la debida aplicación de lo establecido en las normativas legales en relación con la protección de niños, niñas y ado-lescentes, víctimas y testigos, violencia contra la mujer, entre otros.

Fortalecimiento institucional Con esta directriz se busca adecuar el funciona-

miento del Ministerio Público a las exigencias de las responsabilidades que le han sido encomendadas, me-diante la reorganización estructural y funcional, revisión y automatización de los procesos administrativos.

Las líneas estratégicas están asociadas a los siste-mas de recursos humanos, tecnología, infraestructura física y reorganización estructural y funcional. Entre los proyectos están: la reingeniería de procesos, la carrera


fiscal, el estatuto de personal, el plan de capacitación, la dotación de equipos, nuevas sedes, plan de mantenimien-to y la optimización de los procesos administrativos.

Ejes transversalesLas directrices y líneas estratégicas del plan están

marcadas por los siguientes ejes: Comunicación institu-cional y Acción social.

El primer eje está orientado al desarrollo de ac-ciones de proyección para hacer del conocimiento pú-blico los logros de la Institución, con la promoción de vías de comunicación y coordinación que faciliten el cumplimiento de los objetivos institucionales.

En ese sentido, las estrategias internas y externas están dirigidas a:

Promover la sensibilización social y la identificación •de los funcionarios del Ministerio Público con la fi-losofía institucional.

La promoción de la nueva ética del servidor público. •Divulgar los logros de la gestión interna y externa- •mente.Desarrollar campañas de información, sensibiliza- •ción y educación sobre el alcance y aplicación de diversas leyes, dirigidas a la colectividad en general y a los órganos del Sistema de Justicia.

El segundo eje, Acción Social, está orientado a:Facilitar un mayor acceso a la justicia. •Promover la seguridad ciudadana y prevención del •delito.Integrar a los funcionarios de la Institución con las •diversas comunidades.

Estos ejes transversales se complementarán en-tre sí y estarán asociados a las diversas estrategias de formación y capacitación del personal, así como a la campaña comunicacional interna y externa del Minis-terio Público.

Comunidad | Ministerio Público [ 11 ]

En la callecon las comunidadesDesde enero hasta la fecha, la Dirección de Fiscalías Superiores ha participado en más de nueve jornadas sociales, en distintas parroquias de la capital. Visitan escuelas, geriátricos, entre otros

Texto: Reinaldo Vargas | Fotos: Alfredo Moya

[ 12 ] Ministerio Público | Comunidad

zones, ha participado en diversas jornadas sociales, en las parroquias de Caricuao, Palo Verde, La Vega, 23 de Enero, Catia, San Agustín, Parque Carabobo, Los Aguacaticos, entre otras.

La directora de las Fiscalías Superiores explica que desde su oficina, así como el resto de las depen-dencias de la institución distribuidas en el país, han asi-milado la iniciativa impulsada por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, de llevar al Ministerio Público a las comunidades.

En cada actividad extramuros, los fiscales y fun-cionarios del Ministerio Público informan a los ciuda-danos sobre tres ejes como lo son la prevención de la victimización asociada al delito, formación en derechos y la promoción de la denuncia, con la intención de que los habitantes de los diferentes sectores conozcan cuá-les son sus derechos y deberes en todas y cada una de las etapas del proceso en caso de que sean víctimas de algún delito.

La imagen de Institución inaccesible,del funcionario y fiscal inalcanzable, de la espera sen-tado en la antesala de un despacho toda una mañana para recibir atención, está quedando atrás. Ahora, lo funcionarios de las fiscalías superiores del Ministerio Público en cada estado se trasladan hasta las diferentes comunidades y ofrecen asesoría jurídica, orientación y educación en aspectos como la violencia de género y violencia intrafamiliar.

En estas comunidades, en el caso que la víctima o el ciudadano planteé un problema que no corresponda al Ministerio Público, los funcionarios y fiscales reali-zan el enlace con la institución correspondiente, facili-tándole a la persona los números telefónicos del orga-nismo, la oficina a la cual debe dirigirse y, en muchos casos, hasta el nombre de la persona con quien se va a entrevistar.

Desde enero hasta la fecha, la Dirección de Fis-calías Superiores, a cargo de la doctora Belkis Agrin-


Agrinzones indicó que con dichas actividades se persigue que la gente denuncie los hechos, puesto que en la medida que sean conocidos por el Ministerio Pú-blico, en esa misma proporción se estará combatiendo la impunidad en los diferentes sectores, lo que va a re-dundar en la disminución de los delitos. En relación con el trabajo que vienen realizando las Fiscalías Superiores de cada estado, Agrinzones informó que las Unidades de Atención a la Víctima, las cuales están adscritas a la dirección que preside, tienen previsto como mínimo, dictar cuatro charlas semanales en diferentes sectores de cada una de las regiones donde se encuentren.

Durante las jornadas, los funcionarios y fiscales del Ministerio Público visitan escuelas, colegios, univer-sidades, liceos, sitios en los que abordan temas como el respeto de los derechos humanos, violencia de género, violencia intrafamiliar, derechos constitucionales, Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y Adoles-cente y prevención para no caer en las drogas.

Policías en la miraLa abogada adjunta de la Dirección de Fiscalías

Superiores, Xiomara Cuevas, explicó que actualmente distintos funcionarios del Ministerio Público realizan una serie de jornadas en varios centros de formación de policías del área metropolitana de Caracas, con énfa-sis, en temas como el respeto a los derechos humanos, empoderamiento y formación en derecho.“Por lo me-nos, recientemente, nos tocó visitar la Policía Municipal de Chacao y la Policía Metropolitana, instituciones en las que pudimos detectar algunas carencias cognitivas en materia de derechos humanos y victimología, sobre todo en los estudiantes que están a punto de graduarse de policías”, agregó Cuevas, en referencia a las acciones que ya se están tomando.

Asimismo, los funcionarios adscritos a la di-rección general de Fiscalías Superiores ofrecen a los ciudadanos información sobre el Ministerio Público, cómo funciona, cuál es su papel y cuál es la función de los fiscales.

Prevención escolarLa directora general de Fiscalías Superiores, Be-

lkis Agrinzones, informó que actualmente, desde su despacho, se está diseñando un programa sobre la pre-vención de la violencia en la esfera de la enseñanza, pues de acuerdo con las cifras que maneja la Unidad de Atención a la Víctima, la violencia pareciera estar creciendo paulatinamente en el entorno de los planteles educativos.

Explica Agrinzones que este fenómeno recibe el nombre de Bulling, que se define -de acuerdo a su signi-ficación en los Estados Unidos- como las situaciones y escenarios de violencia que ocurren puertas adentro de las instituciones de educación primaria, media, diversi-ficada y superior.

“En el Ministerio Público consideramos que la violencia en algunas escuelas y liceos hay que atacarla a través de las jornadas y charlas sobre valores”.


Aportes para resolución de situaciones de interés socialCon el fin de contribuir a la búsqueda de posibles soluciones a estos temas el Ministerio Público ha sostenido reuniones con diversos sectores de la vida nacional

Texto. Alba Niño | Fotos: Alfredo Moya


Uno de los principales objetivos trazados desde que se inició la gestión de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, frente al Ministerio Público, está relacionado con la iniciativa de acercar esta institución a los diversos sectores del país, a fin de intercambiar criterios e información sobre diver-sos temas de gran interés para la colectividad en ge-neral.

En este sentido, el Ministerio Público ha coordi-nado reuniones con representantes de Organizaciones No Gubernamentales, el sector transporte, agrario y Trolmérida.

En la primera reunión sostenida con una ONG defensora de los derechos humanos, se abordó el tema de los presuntos casos de tortura ocurridos en el país. Al respecto, se informó que la Institución investiga 316 casos de presunta tortura, ocurridos en el lapso com-prendido entre enero del 2000 y mayo de 2008; en 195 de dichas causas se dictó el correspondiente acto con-clusivo y el resto continúa en investigación.

La reunión sirvió para que el Ministerio Público y la ONG acordaran trabajar en conjunto, en cuanto a las

actividades de capacitación para los fiscales y funciona-rios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas sobre áreas comunes. Adicionalmen-te, la Institución marcha en la conformación de una Unidad Criminalística, para investigar específicamente casos de violación de derechos fundamentales.

En la reunión, celebrada el 3 de julio del año en curso, participaron el director general de Actuación Procesal del Ministerio Público -Alejandro Castillo- y representantes de esta ONG.

Sector transporte acordó realizar reunión mensualDe igual manera, funcionarios del Ministerio Pú-

blico se reunieron con representantes del sector trans-porte con la finalidad de atender las denuncias de los profesionales del volante respecto al tema de la celeri-dad en el trámite de aquellas unidades que son someti-das a procedimientos judiciales.

Durante el encuentro, efectuado el 25 de junio, se acordaron varias directrices de trabajo, entre ellas: el establecimiento de una reunión mensual en la que


participaran el Fiscal Superior de cada estado, represen-tantes de Tránsito Terrestre, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, cuerpos policiales y despacho del Ministerio del Poder Popular para Rela-ciones Interiores y Justicia.

Al respecto, los profesionales del volante se com-prometieron a entregar el diagnóstico de rutas críticas y paradas públicas para incluirlas dentro del Plan Ruta Segura.

Mesas de trabajo en materia agrariaCon el propósito de fortalecer los mecanismos

de coordinación y dar respuestas oportunas a la situa-ción de la regularización de la tenencia de tierras que afecta al campesinado venezolano, el pasado 10 de julio el Ministerio Público se reunió con representantes de organizaciones de campesinos, Instituto Nacional de Tierras (INTI) y la Defensa Pública Agraria.

El encuentro sirvió para establecer estrategias respecto a este tema, entre ellas, la actualización por parte del INTI del registro de otorgamiento de cartas de ocupación y agrarias, para evitar la doble titularidad de las tierras. En este sentido, se acordó la designación

de un funcionario de cada Institución que funja de enla-ce en las regiones, a los fines de facilitar la información con relación al otorgamiento de las cartas de ocupación y posteriormente las cartas agrarias.

Otra de las estrategias trazada es la de instruir a los movimientos campesinos en relación con la necesi-dad de efectuar los trámites legales previos para la ob-tención de la titularidad de la tierra.

De igual forma, se acordó el establecimiento de reuniones mensuales, con el objetivo de realizar mesas de trabajo, las cuales van a permitir trazar una política de Estado que garantice la pronta solución del proble-ma agrario.

Al encuentro también acudieron los represen-tantes del INTI de cada uno de los estados del país y campesinos de aproximadamente ocho organizaciones campesinas, defensores agrarios, entre otros.

Autoridades se comprometen a tomar medidas para minimizar riesgosAdemás, el Ministerio Público sostuvo un en-

cuentro con representantes de Trolmérida, en el cual se evaluó el riesgo que podría implicar la remoción de tierra en el Parque Los Conquistadores de la Sierra, lu-gar donde se planifica construir una estación para el Trolebús Mérida.

Esta reunión estuvo coordinada por la directora de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental del Ministerio Público, Rosalba Melillo, quien calificó de positivo el encuentro que sostuvo con autoridades del estado Mérida.

Al respecto, la representante del Ministerio Pú-blico también se reunió en la sede de la Fiscalía 69° de la referida jurisdicción con el Procurador General de la región turística, Alfredo Zambrano, y el presidente de Trolebús Mérida, Jorge Cegarra, quienes se comprome-tieron a cumplir con las normas necesarias para garan-tizar la estabilidad del terreno donde se tiene previsto construir un talud requerido para el levantamiento de la citada estación.


El 15 de julio de 2008 representa una fecha histórica para el Ministerio Público. Ese día, fue inaugu-rada la primera Fiscalía Municipal del país, instancia que tienen como objetivo fortalecer y consolidar los víncu-los entre la Institución garante de la legalidad y el Poder Popular, en el marco de la visión de Estado que la Repú-blica Bolivariana de Venezuela viene generando.

Identificada como la Fiscalía Municipal Primera del Municipio Libertador, esta nueva dependencia ten-drá competencia en las parroquias Santa Teresa, Santa Rosalía, Altagracia y Catedral y ha sido creada de acuer-do con lo contemplado en el artículo 55 de la Ley Or-gánica del Ministerio Público.

De esta forma, los habitantes de estas parroquias que requieran de los servicios que ofrece esta nueva dependencia del Ministerio Público, podrán acudir a su

sede, ubicada en las instalaciones del Metro de Caracas, al final de la transferencia entre las estaciones Capitolio y El Silencio.

Durante el acto de inauguración, la Fiscal Gene-ral de la República, Luisa Ortega Díaz, refirió que por primera vez en la historia de Venezuela se registra la experiencia de las fiscalías municipales, que persigue descongestionar las causas que cursan en el Ministerio Público, acercando a todo aquel ciudadano que requie-re de los servicios que esta dependencia brindará a par-tir de su instalación.

“Todos los hechos de las parroquias van a pa-sar por manos nuestras y si verdaderamente asumimos como servidores públicos la tarea de las fiscalías muni-cipales, vamos a ayudar a descongestionar el resto de los despachos fiscales”, consideró Ortega Díaz.

Estas nuevas instancias buscan descongestionar las causas que cursan en el Ministerio Público y resolver problemas de las comunidades, con el fin de acercar la Institución garante de la legalidad a la población y lograr una justicia más accesible y de carácter social

Fiscalías municipales en el seno del pueblo

Texto: Simón Alberto Osorio | Fotos: Alfredo Moya


En este sentido, uno de los objetivos de las fis-calías municipales será trabajar de manera coordinada, con el fin de dar una respuesta inmediata a las comu-nidades y a los ciudadanos, para así contribuir a que la justicia en Venezuela sea mucho más expedita.

En consecuencia, se atenuarán los hechos puni-bles, contribuyendo a la tranquilidad de la sociedad y a luchar contra la impunidad, puesto que las comunida-des estarán más orientadas y más informadas.

En busca de una justicia más accesible y de carácter socialEntre las competencias de las fiscalías munici-

pales, tenemos que conocerán de los hechos punibles, cuyas penas, en su límite máximo, no exceda de tres años. En el caso de aquellas causas en las que las penas excedan el referido lapso, el fiscal municipal deberá re-mitirlas al Fiscal Superior de la jurisdicción que corres-ponda para que realice la distribución de la causa en el despacho fiscal respectivo.

Velar por el debido proceso y la protección de los derechos humanos y garantías constitucionales en todo lo relacionado con la vida local, es otra de las funciones de estas nuevas instancias.

Se encargarán, asimismo, de recibir y procesar las denuncias sobre los hechos que afecten a la po-blación o a la localidad donde se encuentren. De allí que las fiscalías municipales no conocerán los casos de flagrancia.

También buscará fortalecer los procesos dirigi-dos a la aplicación de la Ley en la búsqueda de la justicia más accesible, de carácter social.

Otra de sus funciones será coadyuvar, con los demás órganos del sector público, en la generación de políticas que fortalezcan el Estado de Derecho, la pre-vención del delito, la seguridad ciudadana y la resolu-ción alternativa de conflictos.

Refiere Ortega Díaz que las fiscalías municipales que conozcan de casos como el consumo de drogas, crearán políticas para orientar a los ciudadanos, a fin de


masificar el deporte, la cultura, música, educación y lograr talleres para inducir a la ciudadanía a que se prepare y así contrarrestar el consumo de drogas en esa comunidad.

Y un aspecto novedoso, es que el Ministerio Públi-co, a través de las fiscalías municipales, organizará, dicta-rá y coordinará, conjuntamente con las comunidades e instituciones del Estado, talleres foros o eventos, para fomentar la prevención del delito y seguridad ciudada-na.

Habría que resaltar que las competencias de es-tos nuevos despachos se ejercerán de manera similar a las ejecutadas por otras fiscalías, ya sea de drogas, salvaguarda, delitos comunes, entre otras. Sus titulares recibirán denuncias, elaborarán expedientes, realiza-rán investigaciones, es decir, actividades propias de los fiscales.

De municipio en municipioCon la inauguración de la Fiscalía Municipal Pri-

mera del Municipio Libertador se da el primer paso para la creación de las fiscalías municipales en todo el

país, con las cuales se logrará un mayor acercamiento entre el Ministerio Público y el pueblo.

En este sentido, los fiscales podrán aplicar el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso.

“A las personas sin antecedentes penales que ha-yan admitido el hecho punible, el juez de Control le puede imponer una pena que implique realizar un tra-bajo social”, explica la Fiscal General.

En este sentido, para lo que resta del 2008, se tiene planteado proyectado la inauguración de nuevas sedes de las fiscalías municipales, en varias zonas de los estados Miranda, Vargas y Lara.

Y es que la creación de las fiscalías municipales forma parte de la modernización de la institución, en el marco de un sistema que garantice el respeto de los deberes y derechos de los ciudadanos, con miras a ge-nerar una atmósfera de seguridad jurídica, que reper-cuta directamente en el desarrollo del país, mediante el acercamiento directo de la Institución a los diversos municipios del país, por ende a sus pobladores.

[ 20 ] Ministerio Público | Derechos Humanos

Creadas Fiscalías con competencia en Régimen PenitenciarioVigilarán y ejecutarán las acciones correspondientes, a los fines de que se respeten las condiciones en las que se encuentran los internos

Texto: Lérida Marín | Fotos: Archivo

Derechos Humanos | Ministerio Público [ 21 ]

En los 30 centros de reclusión que existen en el país conviven aproximadamente 21 mil 424 re-clusos, según cifras de enero de este año aportadas por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones In-teriores y Justicia. Adicionalmente, hay 200 centros de detención preventiva con una población fluctuante.

Corresponde al Ministerio Público, como insti-tución del Estado venezolano y por mandato legal y constitucional, garantizar la defensa y protección de los derechos humanos de esas personas que se encuentran privadas de libertad.

Para tal fin, fueron creadas las fiscalías nacionales con Competencia en Régimen Penitenciario, de acuer-do con la Resolución N° 789 de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, la cual fue publica-da en Gaceta Oficial N° 38.989, del 07 de agosto de este año. Las mismas estarán adscritas a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público.

Estas instancias tendrán entre sus atribuciones la vigilancia del cumplimiento adecuado del régimen pe-nitenciario, instando al acatamiento de las disposiciones contenidas en la Constitución de la República Boliva-riana, en el Código Orgánico Procesal Penal, en la Ley de Régimen Penitenciario y en instrumentos interna-cionales, como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas, y demás leyes que consagren los derechos de los reclusos.

Adicionalmente, las fiscalías con competencia en Régimen Penitenciario también deberán inspeccionar los retenes policiales, locales carcelarios, los lugares de reclusión de los comandos militares, las colonias de trabajo, las cárceles y penitenciarías, las instituciones e internados exclusivos para adolescentes y otros sitios de reclusión.

Asimismo, vigilarán y ejecutarán las acciones co-rrespondientes, a los fines de que se respeten las con-diciones en las que se encuentran los internos, en parti-


cular lo concerniente a su clasificación y agrupación, al trabajo penitenciario, la educación, la higiene ambien-tal, el aseo personal, la alimentación, la urbanidad de los establecimientos, la asistencia médica integral y el respeto de los derechos humanos en la imposición de las medidas disciplinarias.

También, corresponde a estas fiscalías ejercer las acciones administrativas y legales ante las autoridades competentes, para mantener la vigencia de los derechos humanos cuando se compruebe que han sido o son violados o menoscabados.

Los fiscales nacionales con competencia en Ré-gimen Penitenciario instarán a los tribunales de Ejecu-ción a garantizar el amparo de todo recluso en el goce del ejercicio de los derechos individuales, colectivos y difusos. Igualmente, tendrán acceso a los centros de re-clusión; a tal efecto, quienes de alguna forma obstacu-licen el ejercicio de las referidas atribuciones incurrirán en responsabilidad disciplinaria.

De acuerdo con la Dirección de Protección de los Derechos Fundamentales del Ministerio Públi-co ya fueron creadas dos fiscalías con competencia en Régimen Penitenciario, una en Falcón y otra en Guárico. Asimismo está pendiente la creación de seis

despachos en el área metropolitana de Caracas, una en Bolívar y otra en Nueva Esparta.

Fiscales con competencia en Ejecución de Sentencias Una de las competencias de la Dirección de Pro-

tección de Derechos Fundamentales es la de Ejecución de Sentencias, en la que los fiscales del área desempe-ñan una labor jurisdiccional y penitenciaria.

La labor jurisdiccional engloba la revisión de las decisiones emitidas por los tribunales de Ejecución, en lo relacionado con el cómputo de las penas; así como las alternativas del cumplimiento de las sentencias con-denatorias, las medidas humanitarias, las revocatorias de beneficios, además de la contestación de recursos.

Estos fiscales también cumplen funciones peni-tenciarias, relacionadas con las visitas e inspecciones a los centros de reclusión, a fin de verificar la situación de los procesados y penados.

La creación de las fiscalías nacionales con Com-petencia en Régimen Penitenciario viene a fortalecer el trabajo que desempeñan los fiscales con competencia en Ejecución de Sentencias, específicamente en lo rela-cionado con la parte penitenciaria.


Unidades de Criminalísticas: contra la vulneración de los derechos fundamentalesCon las creacion de este proyecto se busca impulsar las investigaciones penales. Estas unidades tendrán sus respectivos laboratorios, con los equipos imprescindibles y necesarios para la práctica de experticias

Texto: Lérida Marín | Fotos: Alfredo Moya

Los fiscales de proceso con competencia en derechos fundamentales actúan cuando se presu-me la comisión de hechos punibles que constituyen la violación de los derechos humanos, y se está en pre-sencia de delitos como homicidio, tortura, desapari-ciones forzadas, lesiones, privación ilegítima de liber-tad y violación de domicilio por parte de funcionarios policiales, adscritos a diversos órganos de seguridad del Estado.

Durante el desarrollo de la investigación, que per-mitirá determinar la responsabilidad de dichos funciona-rios, surgen dificultades. Uno de los inconvenientes que se presenta es que los laboratorios del Cuerpo de Inves-tigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Guardia Nacional (GN) elaboran las experticias de casos sobre homicidios, salvaguarda, droga, entre otros, cometidos por particulares y al parecer dejan en un se-gundo plano las correspondientes a los uniformados.


La directora general de Apoyo Jurídico, Alis Bos-cán, considera que no se les confiere la debida impor-tancia y celeridad a las experticias solicitadas por los fiscales, en virtud de que se trata de investigaciones en las que presuntamente están involucrados funcionarios de cualquier organismo policial. “Es lógico que los fun-cionarios le den prioridad a las investigaciones contra los particulares”.

Esto representa una desvantaja para la víctima, quien espera una respuesta del Ministerio Público, pues al producirse un retardo en la práctica de las experticias se puede generar la contaminación o desaparición de pruebas y, por consiguiente, podrían alterarse los resul-tados de la investigación.

Le corresponde al fiscal establecer un mayor control y supervisión de las pruebas, para que la in-

vestigación tenga un resultado transparente, imparcial y objetivo.

Ante esta situación, el Ministerio Público, por iniciativa de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, trabaja en el proyecto de las Unidades de Criminalística Contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales.

“La intención es crear Unidades de Criminalística para imprimirle mayor celeridad procesal a las investi-gaciones penales contra funcionarios, para que el Mi-nisterio Público de una respuesta eficaz”.

Ocho unidades El funcionamiento de las Unidades de Criminalís-

tica para atender los delitos contra los derechos funda-mentales será posible con la firma de dos convenios de


el área metropolitana de Caracas y el estado occidental de Lara.

Las unidades tendrán sus respectivos laborato-rios, con los equipos imprescindibles y necesarios para la práctica de experticias.

La directora general de Apoyo Jurídico aclaró que “no se trata de tener un Cicpc paralelo; estas unida-des estarían destinadas sólo exclusivamente para aten-der los casos de violación de derechos fundamentales, porque se trata de investigar hechos cuyos presuntos responsables son funcionarios policiales”.

Agregó que en la ejecución del proyecto partici-pan las direcciones general de Apoyo Jurídico y Admi-nistración; de igual manera serán partícipes las direc-ciones de Derechos Fundamentales, de Presupuesto, de Planificación, de Asesoría Técnico-Científica y de Consultoría Jurídica del Ministerio Público.

cooperación interinstitucional, con el Instituto Universi-tario de Policía Científica (Iupolc) y el Ministerio del Po-der Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MIJ).

El Iupolc se encargará de captar, seleccionar, for-mar y capacitar a los profesionales de diversas áreas, como físicos, matemáticos, bioanalistas, psiquiatras, patólogos, sociólogos, trabajadores sociales y técnicos en dibujo.

Estos profesionales, una vez egresados del Iu-polc, deberán ser incorporados al Ministerio Público en comisión de servicio, lo cual podrá ser posible a través del convenio con el MIJ. Por consiguiente, dicho per-sonal dependerá administrativamente del Cicpc, pero, funcionalmente del Ministerio Público.

Boscán destacó que se tiene previsto poner en funcionamiento ocho Unidades de Criminalística en varias zonas del país, en el lapso de gestión de la Fiscal General. En ese sentido, se tomará como plan piloto

[ 26 ] Ministerio Público | Salvaguarda

Al combate de los delitos contra el patrimonio públicoLa Unidad Anticorrupcción ha arrojado resultados importantes, tales como la imputación de 61 funcionarios y particulares

Al asumir el cargo la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se propuso a com-batir desde el Ministerio Público el flagelo de la co-rrupción. Por ello, una de sus primeras decisiones fue crear en enero de 2008 la Unidad Anticorrupción, cuya misión primordial se centra en darle celeridad al proce-samiento de los casos relacionados con delitos contra el patrimonio de la Nación.

El director de Salvaguarda, Nelson Mejía, es el encargado de coordinar un grupo de seis fiscales nacio-nal con competencia plena quienes, desde que asumie-ron este compromiso, se han encargado de investigar

y dictar altos conclusivos en casos que involucran a ex directivos de instituciones públicas, funcionarios, mili-tares, alcaldes y empresarios privados.

En casi once meses de gestión de la Fiscal Lui-sa Ortega Díaz, la Unidad Anticorrupción ha arrojado resultados importantes que dan cuenta del empeño de los fiscales y el personal que les apoya, en no dejar im-pune los delitos de corrupción que investiga el Minis-terio Público.

Es así como en los casos que adelanta la Unidad Anticorrupción, se ha logrado la imputación de 61 fun-cionarios y particulares, además de la acusación otros

Texto: Alexander Duarte | Fotos: Alfredo Moya

Salvaguarda | Ministerio Público [ 27 ]

6 y la condena de 5, ello sin contar que, al primer se-mestre de 2008, el resto de fiscales que investigan casos de Salvaguarda han presentado 417 actos conclusivos, cifra superior en 5% a los presentados en todo el año 2007.

A principios de 2008, los fiscales de la Unidad Anticorrupción imputaron a 11 alcaldes de diversas lo-calidades del país por presuntas irregularidades admi-nistrativas en el ejercicio de sus funciones.

Entre estos se encuentran, Lenín Figueroa, alcal-de del Municipio Heres del estado Bolívar, por presun-tas irregularidades ocurridas en el Matadero Municipal Bolívar; Víctor José Moreno, alcalde del Municipio San Felipe del estado Yaracuy; Jesús Rafael Pérez, alcalde del Municipio Pedro Camejo del estado Apure; Ser-gio Ramírez, alcalde del Municipio Pedernales, estado Delta Amacuro; Eligio del Valle Hernández, alcalde del Municipio Mariño del estado Nueva Esparta; Luis Alirio Avaristo, alcalde del Municipio Río Negro del estado Amazonas; Osnel Alfonzo Arnias, alcalde del Municipio José Laurencio Silva del estado Falcón, cabe destacar que junto a él fueron imputados 18 funciona-rios más en ocasión de presuntas irregularidades en la construcción de una vialidad en dicha región.

Asimismo, fueron imputados Yerson Rodrí-guez Vargas, alcalde del Municipio Candelaria, estado Trujillo; Nelson Pérez Carmona, alcalde del Munici-pio Escuque, estado Trujillo; Luis Emilio Cordero, alcalde del Municipio Pampanito, estado Trujillo; Luis Enrique Rojas Mendoza, alcalde del Municipio Alberto Adrián, estado Mérida; y el ex alcalde del Municipio Escuque, estado Trujillo, José Antonio Puche, por los presuntos delitos de evasión de pro-cesos licitatorios, malversación genérica y desviación de fondos públicos.

AntejuicioUn caso sonado fue el del gobernador del estado

Yaracuy, Carlos Giménez, contra quien la propia Fiscal General de la República solicitó ante el Tribunal Supre-mo de Justicia que se determinara si existían méritos o no para enjuiciarlo, lo cual fue acordado por esa máxi-ma instancia jurisdiccional.

Contra el ahora ex mandatario regional los fis-cales de la Unidad Anticorrupción determinaron que pudiera estar incurso en los delitos de peculado doloso impropio, evasión de procesos licitatorios y concierto con contratistas.

[ 28 ] Ministerio Público | Salvaguarda

Se trata de las presuntas irregularidades ocurridas en el Instituto Autónomo para el Desarrollo Social de Yaracuy debido a la contratación de una Cooperativa denominada El Lamedero, a la cual se le adjudicó un monto aproximado de unos 61 millardos de bolívares (61 millones de Bs F) para la realización de megarmeca-dos en Yaracuy, sin tomar en cuenta lo establecido en la normativa legal respecto a procesos licitatorios.

En cuanto a las diversas irregularidades que se han ido denunciando en relación con la red de alimentos Mercal, en el estado Carabobo fue privada de libertad de Crisandy Yuribin Isambertt Atencio, por la presunta apropiación indebida de 4 millones 900 mil bolívares fuertes, pertenecientes al fondo administrativo de un centro de abastecimiento ubicado en Guacara.

El brazo de la Unidad Anticorrupción ha actua-do incluso en casos donde aparecen incursos funcio-narios del Ministerio Público. Uno de ellos se relaciona con el ex fiscal 6º de Falcón, Cruz Alexander Mora-les, por presunta corrupción agravada y alteración de documentos; además del caso del ex director de Ase-

soría Técnica Científica del Ministerio Público, Pedro Carvallo, privado de libertad actualmente, a quien se le atribuye el presunto delito de extorsión en perjuicio de un prestamista.

En cuanto a Pdvsa fueron imputados por pre-sunto peculado doloso en grado de complicidad nece-saria, cometido en continuidad, los analistas de pago de La Campiña, Larry Terán y Jose Solano Montesino, y el contratista Celestino Jiménez Rodríguez. También fue-ron imputados por el mismo delito el analista Alberto José Liendo y Héctor Regnaut, gerente de Logística.

Por las presuntas irregularidades en el Banco Industrial de Venezuela, en cuanto a la adjudicación a particulares de notas estructuradas, fue imputado el di-rectivo Richard Bonpart, mientras que el ex presidente de la entidad financiera, Luis Quiaro, tiene una orden de captura en su contra.

El ex gerente de Administración de Fogade, Freddy Jesús Farfán, fue imputado el 15 de enero por peculado doloso impropio, ello relacionado con irregu-laridades que involucran un monto de 45 millones de dólares. Mientras, por diversas irregularidades investi-gadas en relación con créditos otorgados por Fondafa, han sido imputados 16 ciudadanos.

La Unidad Anticorrupción también investiga casos relacionados con presuntas irregularidades en cometidas por funcionarios y particulares en diversas instituciones, tales como Petróleos de Venezuela; La Guardia Nacional, por la compra en el año 2004 de más de 1.000 motocicletas, sin licitación previa; Cadivi, hecho en el que involucra al Consorcio Microstar; el Banco Industrial de Venezuela, donde se investiga irre-gularidades en operaciones de permuta de notas estruc-turadas por más de 27 millones de dólares; Bandagro, Fogade, Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora; Bandagro, entre otras.

Con la Unidad Anticorrupción el Ministerio Pú-blico avanza en su lucha contra la impunidad y busca dar más respuesta a la colectividad respecto a esta problemá-tica que aqueja a las instituciones de nuestro país.

Conocimiento | Ministerio Público [ 29 ]

La nueva dependencia está ajustada a la misión, visión y valores del Ministerio Público, y a través de la misma se dará viabilidad al plan integral de formación de los fiscales

Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público: una casa del saber

Un equipo multidisciplinario, designado por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se encargó de dar forma y estructura a la idea de con-tar con una institución destinada a la formación de los abogados aspirantes a ingresar a la carrera fiscal. Luego de varias reuniones, el proyecto pasó a ser una realidad: la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público abrió sus puertas desde el pasado mes de octubre, para albergar a un primer grupo de profesionales del dere-cho que reciben capacitación jurídica fundamental para el trabajo fiscal.

En ese sentido, la Escuela, uno de los proyectos banderas de la actual gestión, nació con el objetivo de di-señar las políticas de formación, capacitación y actualiza-ción de los abogados para su ingreso a la carrera fiscal.

Fue creada por resolución N° 263 de la máxi-ma titular de esta Institución, publicada en Gaceta Oficial del 08 de abril de este año. Le corresponde a esta instancia “formar a los funcionarios del Ministe-rio Público con un alto nivel académico, valores éticos

y morales, competencias en la investigación científica, humanística y tecnológica, destrezas en la utilización de la normativa legal vigente y disposición de atención humanitaria”.

Otra de sus competencias es la formulación e institucionalización del Plan Único de Formación para los funcionarios de la Institución, que permita alcanzar su desarrollo integral, sistemático y progresivo para el mejor desempeño de sus funciones, y de esta manera optimizar los mecanismos de coordinación entre los diferentes actores del sistema de justicia.

Durante el acto de inauguración de la Escuela Nacional de Fiscales, ocurrido en el mes de octubre, la Fiscal General destacó que se daba inicio al programa de Formación para el Ingreso a la Carrera Fiscal, que por primera vez se realiza en el país, motivo por el cual calificó el hecho como histórico.

Explicó que esta dependencia está ajustada a la misión, visión y valores del Ministerio Público, y que con la misma se dará viabilidad al plan integral de for-

Texto: Lérida Marín | Foto: Alfredo Moya

[ 30 ] Ministerio Público | Conocimiento

mación de los fiscales, adecuado a los principios éticos del servidor público, el ordenamiento jurídico, los tra-tados internacionales suscritos por la República y los derechos humanos.

Puntualizó que ejercer la representación del Mi-nisterio Público exige un alto nivel profesional, “por lo tanto otorgar a los fiscales la condición de funcionarios de carrera no sólo persigue satisfacer las exigencias de independencia e imparcialidad del sistema penal, sino que también se propone garantizar la idoneidad de los fiscales del Ministerio Público”.

En ese mismo acto, la directora de la Escuela Nacional de Fiscales, Lesbia Bandres, dijo que el ob-jetivo es actualizar y especializar a los funcionarios del Ministerio Público en servicio dentro de un proceso constructivo.

Añadió que la Escuela es un espacio para la for-mación; una casa del saber en la que el Ministerio Pú-blico formará a sus funcionarios con una visión social y de justicia.

Proceso de selecciónPara el ingreso a la carrera fiscal se siguió un pro-

ceso de selección, que comprendió la preinscripción electrónica, la presentación de una prueba de conoci-mientos; otra psicométrica para medir el nivel de razo-namiento, la entrevista y la consignación de credencia-les. Fue un proceso público, eliminatorio y sucesivo.

El proceso de preselección para el ingreso a la Escuela se inició con la participación de 1650 aboga-dos de Caracas y de los estados Vargas y Miranda. La preinscripción electrónica se realizó en el mes de julio de este año.

Posteriormente, el 5 y 6 de agosto se llevó a cabo la prueba de conocimiento. De allí se pasó a la fase de la prueba psicométrica, la cual se ejecutó entre el 19 y el 22 de agosto.

Luego, en el mes de septiembre se desarrolló la etapa de entrevistas a los abogados preseleccionados y la presentación de las credenciales.

Tras la selección de los abogados estos se sometie-ron al control social, a fin de que los ciudadanos pudieran emitir sus objeciones y observaciones en cuanto a la con-ducta de estos profesionales, especialmente con el objeti-vo de cuidar la ética del funcionario. La Fiscal Luisa Orte-ga Díaz destacó que no hubo objeciones al respecto.

Finalmente, fueron seleccionados 117 abogados para cursar estudios en la Escuela desde el pasado mes de octubre.

Afinar conocimientosEn reiteradas oportunidades la Fiscal General ha

manifestado su preocupación por la formación de los funcionarios del Ministerio Público. Durante su interven-ción en una emisión del programa de radio “En Sintonía con el Ministerio Público” resaltó la importancia de la

Conocimiento | Ministerio Público [ 31 ]

Escuela Nacional de Fiscales, la cual viene a reforzar las actuaciones de los fiscales en cada uno de los casos.

En esa oportunidad señaló que aspira a que estos funcionarios adquieran un cúmulo de conocimientos y experiencias con el fin de que la investigación que realizan conduzca a la verdad, “que es el fin único del proceso”.

Es así como algunas de las materias que se dicta-rán en la Escuela son: el Ministerio Público y su organi-zación, métodos de investigación criminal, criminalísti-cas de campo, comparativa y de laboratorio, estrategia de investigación, control constitucional, técnicas de ar-gumentación jurídica y derechos humanos, entre otras.

“Queremos fundamentalmente preparar al fis-cal para la investigación y los juicios; preparar al fiscal para que sepa defender las causas del Ministerio Pú-blico, que son las causas del Estado”, explicó la Fiscal General.

Entre los profesores de la Escuela están el magis-trado Arcadio Delgado, Ángel Zerpa, Emilio Urbina, Rigoberto Lanz, Iván Figueroa, Federico Fuenmayor, Wendolay Martinez, Freddy Escalona, Cristian Ortíz y la propia Fiscal General de la República. Para dictar los próximos módulos se contará con profesores como Je-sús Eduardo Cabrera, María Inmaculada Pérez Dupuy, entre otros profesionales del derecho.

Los abogados cursarán cuatro módulos y se es-pera que en el lapso de un año se realice la primera graduación de la Escuela.

Una vez culminado los módulos se optarán a los concursos de oposición, de acuerdo con el procedimiento contemplado en la Ley Orgánica del Ministerio Público. En tal sentido, sólo podrán participar en los concursos quienes hayan cursado estudios en la Escuela de Fiscales.

Entre otras funcionesAdemás de la Formación para el Ingreso a la Ca-

rrera Fiscal, la Escuela, ubicada en la calle Los Naranjos de la Urbanización La Florida en Caracas, también se encargará del desarrollo de los programas de actualiza-ción y de especialización

Asimismo, promoverá los convenios de coopera-ción relacionados con la formación académica, inves-tigación y extensión con universidades e instituciones educativas nacionales e internacionales.

Por otra parte, también le corresponde “coor-dinar y editar la Revista del Ministerio Público, como órgano de divulgación, así como otras publicaciones de carácter jurídico, técnico o científico; y por tanto, in-centivar a los funcionarios del Ministerio Público para realizar trabajos de investigación en las distintas áreas del derecho”.

[ 32 ] Ministerio Público | Perfil

He asumido un compromiso de EstadoA 10 meses de haber asumido la titularidad del Ministerio Público, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, considera que su gestión arroja un balance positivo

Texto: Alexander Duarte | Fotos: Alfredo Moya

Perfil | Ministerio Público [ 33 ]

Cuando ingresó al Ministerio Público comofiscal de proceso no imaginó que tiempo después llega-ría al máximo cargo en esta Institución. El arrojo con que asumió sus primeras funciones aceleró su ascenso a Fiscal Sexta a Nivel Nacional con Competencia Plena, cargo que implicó un reto en su vida de abogada, pues debió encargarse de investigar casos de impacto mediá-tico como el golpe de Estado de abril de 2002, el paro petrolero en diciembre del mismo año, el juicio que se siguió contra de los convocantes al mencionados paro petrolero, entre estos, el ex presidente de la Confedera-ción de los Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, y el ex presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández; asimismo, el de los comisarios Forero, Vivas y Simono-vis y, entre otros, el caso del financiamiento de la Na-tional Endowment for Democracy, de Estados Unidos, a la organización venezolana Súmate.

El nombre de Luisa Ortega Díaz saltó a la pales-tra pública el 06 de diciembre de 2002 cuando, abordó los buques Yavire y Susana Dujim, fondeados en aguas del estado Anzoátegui en respaldo al paro petrolero. Esta acción fue el principio del fin de la situación que amenazaba al país a partir de la paralización de las acti-vidades de esta industria fundamental para la economía nacional.

Tiempo después, el 19 de febrero de 2003, a so-licitud de la fiscal Luisa Ortega Díaz, el Tribunal 34 de Control del Area Metropolitana de Caracas, acordó la privativa de libertad contra Ortega y Fernández, acción que puso punto final al paro iniciado en 2002.

Días difíciles para los fiscales del Ministerio Pú-blico los posteriores al año 2002, al punto que el 27 de Mayo de 2004, la entonces Fiscal Sexta Nacional fue interceptada junto a su esposo en La Campiña, en Caracas, por tres personas armadas con pistolas 9 mi-límetros, quienes los introdujeron a la fuerza en una camioneta Cherokee sin placas pero, a pesar de que ini-ciaron la marcha, ella se atrevió a abrir una de las puer-tas y, ante la sorpresa de los captores, ambos saltaron del vehículo.

En octubre de 2006, fue designada Directora General de Actuación Procesal, cargo desde el cual mantenía la supervisión de las direcciones de proceso del Ministerio Público, tales como Delitos Comunes, Salvaguarda, Protección de Derechos Fundamentales, Protección Integral de la Familia, Ambiente y Drogas. Este cargo la llevó a conocer más de cerca no sólo las necesidades operativas de las direcciones a su cargo, sino también las de la Institución en general.

Ya no era fiscal de proceso, sino una gerente que un años más tarde, en diciembre de 2007, se convertiría en la Fiscal General de la República. Desde ese enton-ces, comenzó a poner en ejecución un ambicioso plan para proyectar aún más al Ministerio Público como ins-titución modelo de justicia: “No a la Impunidad”, es su lema.

A 10 meses de haber asumido la titularidad del Ministerio Público, considera que su gestión arroja un balance positivo, en especial, porque se ha logrado avanzar en lo que es el trabajo del Ministerio Público, que no es otro que actuar frente a la comisión de un hecho punible.

Desde sus inicios en el Ministerio Público, ¿qué diferencia entre la responsabilidad actual como Fiscal General con respecto a las responsa-bilidades anteriores, cuando era investigadora?

Las responsabilidades van en aumento en la me-dida en que se asumen mayores compromisos. Ser fiscal investigador es una tarea difícil, pero ser Fiscal General es más difícil aún porque se debe asumir conciencia de que se tiene un compromiso de Estado, con el país que espera que actúes con objetividad, imparcialidad y ma-durez. No se puede improvisar.

¿Cuáles han sido los principales obstáculos desde que ha iniciado su gestión?

Considero que todos los obstáculos son supera-bles si lo que te propones está ligado al compromiso supremo de hacer lo mejor por tu país. Sin duda algu-


na esto está ligado a la adecuación de la Institución a esos retos y, por ello, nos hemos propuesto poner al Ministerio Público en sintonía con esta nueva realidad, lo que implica optimizar la ejecución de nuestro presu-puesto en cuanto a la necesidad de incrementar la plan-tilla de fiscales, actualmente deficitaria, capacitándolos de acuerdo con las exigencias del momento, así como la implementación de planes que vayan en función de tomar medidas que estén muy cerca de la justicia en toda su dimensión.

¿Qué estrategia se trazó usted para vencer los obstáculos?

La única: Trabajar, hacer planes de trabajo, pre-dicar con el ejemplo, dar respuestas, estimular a los funcionarios, reconociéndoles su labor, impulsándo-les para que se hagan las investigaciones y que se den resultados. Para resolver los casos en tiempo efectivo y que arrojen buen resultado, hay que fijarse unos ob-jetivos, por ejemplo, comenzamos a trabajar en el plan de descongestionamiento de casos, en la creación de las fiscalías municipales. También, se está atacando el retardo procesal; en esta actividad se ha venido ac-tuando conjuntamente con el Tribunal Supremo de Justicia y con el Ministerio del Interior y Justicia, a tra-vés de los llamados juicios itinerantes que están orien-

tados a agilizar las causas de los internos que están pendientes por celebración de audiencias preliminares o juicios.

También se han creado las fiscalías peniten-ciarias ¿En qué consisten?

En el Ministerio Público, por ser parte del sistema de justicia, hemos trabajado en la búsqueda de solucio-nes al problema penitenciario en Venezuela. Reciente-mente nosotros creamos las denominadas fiscalías peni-tenciarias, con la finalidad de vigilar el cumplimiento del régimen penitenciario, van a ser una especie de control, una supervisión, de que efectivamente en las cárceles se estén garantizando los derechos de los internos.

¿Haber sido fiscal del proceso es una ventaja para ejercer las funciones de Fiscal General de la República?

Eso me ha permitido conocer el Ministerio Pú-blico desde adentro, es una gran fortaleza, porque co-nozco la Institución y desde este conocimiento inte-gral es como hemos realizado reestructuraciones que tienen la fortaleza de haber contado con el aporte de sus trabajadores. Considero que lo que hacemos y lo que será el Ministerio Público es parte de ese esfuerzo colectivo.

“Trabajar, hacer planes de trabajo, predicar con el ejemplo, dar respuestas, estimular a los funcionarios, reconociéndoles su labor, impulsándoles para que se hagan las investigaciones y que se den resultados”


Basada en esa experiencia, ¿qué ha aplicado para, por ejemplo, mejorar las condiciones del tra-bajo de los fiscales ?

Para mi lo más importante de la Institución es el recurso humano, por eso estamos en constante evalua-ción de sus condiciones de trabajo, procurando siem-pre elevar los beneficios sociales, ambiente de traba-jo y sobre todo la capacitación, lo que considero de importancia medular. En ese sentido, es conocido por todos la reciente inauguración de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, así como convenios que hemos suscrito con instituciones educacionales. Para nosotros es tan importante la capacitación que con-sidero a futuro reciente incorporar a la evaluación anual que hacemos a todo el personal la condición de estar es-tudiando a todos los niveles y quien tenga un doctorado debe estar desarrollando alguna línea de investigación en función del fortalecimiento profesional y académico del Ministerio Público. Quiero que desde el Ministerio Pú-blico se realicen investigaciones científicas donde surjan

propuestas que vayan en función de fortalecer la buena marcha del sistema de justicia y la consolidación del Es-tado de derecho, democrático, social y de justicia, con el apoyo de las academias en el área del derecho.

¿Qué medidas ha aplicado para agilizar el cúmulo de causas que cursan en el Ministerio Pú-blico?

Con mi equipo de trabajo me he ocupado del descongestionamiento de casos, para resolver la canti-dad de expedientes acumulados desde 1999; se creó la Unidad de Depuración Inmediata que no permite que en el Ministerio Público cursen asuntos que no sean de su competencia y, con ello, se ha logrado la reduc-ción de 12% de las causas que ingresan en las fiscalías; se creó la Unidad Anticorrupción, se propuso ante la Asamblea Nacional la Ley de Extinción de la Acción Penal para los casos del Régimen Procesal Transitorio; se creó la Escuela Nacional de Fiscales, que ya ha ini-ciado sus actividades.

“Para mi lo más importante de la Institución es el recurso humano, por eso estamos en constante evaluación de sus condiciones de trabajo, procu-rando siempre elevar los beneficios sociales, am-biente de trabajo y sobre todo la capacitación, lo que considero de importancia medular.”


Usted también ha hablado incrementar el número de fiscales y, a su vez, de reforzar los des-pachos fiscales con auxiliares ¿Qué es lo priorita-rio en estos momentos?

Las dos cosas son importantes, pero no que-remos seguir dispersándonos, porque tenemos una gran debilidad y es que los despachos fiscales no tienen el personal completo. Actualmente, estamos tratando de cubrir primero las vacantes, que los des-pachos fiscales tengan el personal completo y con el crédito adicional que nos aprobaron reciente-mente vamos a incrementar el número de fiscales auxiliares, es decir, que tendremos un fiscal auxiliar adicional en los estados con mayor incidencia de investigaciones como Carabobo, Miranda, Cojedes, Bolívar, Zulia, Lara y Falcón, donde se presentan mayores dificultades por la acumulación de casos. Paralelamente, estamos aumentando el número de despachos fiscales.

En uno de sus artículos publicado en un me-dio impreso explica que en el Código Orgánico Procesal Penal existen alternativas para evitar que la cárcel sea la única respuesta ante un hecho pu-nible ¿se ha planteado alguna estrategia para lo-grar que esto se haga realidad?

Las normas contenidas en el Código Orgáni-co Procesal Penal, siempre lo he dicho y lo reite-ro, son de las más avanzadas del mundo y dentro de sus postulados contempla la posibilidad de imponer sanciones que contemplen el trabajo social en aque-llos casos de delitos cuyas penas no excedan en su límite máximo los tres años. Estoy hablando de la suspensión condicional del proceso, así lo señala la norma adjetiva. En este caso el imputado que admita plenamente el hecho que se le atribuye, se le puede imponer como sanción prestar servicio en institu-ciones de beneficencia pública o a favor del Estado, como por ejemplo, atender enfermos, barrer plazas, entre otras.

¿Por qué esto no se aplica actualmente? En el Ministerio Público hay una circular que pro-

híbe a los fiscales aplicar el principio de oportunidad, esta figura está dentro del principio de prosecución del proceso. Recientemente terminamos el trabajo sobre las alternativas a la prosecución del proceso, para dejar sin efecto esa circular y poner en vigencia una que permita a los fiscales plenamente aplicar las medidas alternativas a la prosecución del proceso, pues hasta ahora para apli-carlas debe cumplirse un trámite burocrático que involu-cra a la Dirección de Consultoría Jurídica y la máxima au-toridad, quienes deben autorizar su procedencia. Ahora bien, si los fiscales pueden pedir un sobreseimiento, que en algunos casos es fatal porque se extingue la acción penal, ¿por qué no hacer esto que implica que quien co-metió el hecho punible admite los hechos, y es un delito cuya pena en su límite máximo no excede los 3 años? Yo le puedo pedir al juez una de las sanciones que me establece el artículo 44 del COPP, en el ordinal 6, que contempla “prestar servicios o labores a favor del Esta-do o instituciones de beneficio público”, es decir, que el acusados se vaya a cuidar los enfermos o los niños.

Se percibe que usted le da mucha importan-cia a lo social

Eso es fundamental, no puedo pasar inadvertido que las personas que están privadas de libertad son las que tienen menos recursos, eso ha sido objeto de estu-dio, no estoy descubriendo el agua tibia, pero además del estudio, debemos ir a los hechos, hay que buscar una forma de resolver este problema.

En esta nueva gestión se ha hablado de acer-car más la justicia al pueblo ¿Qué se está haciendo para lograrlo?

A través de las fiscalías municipales estamos im-plementando este acercamiento al pueblo. El Minis-terio Público no puede estar aislado del hecho social, debe estar compenetrado con la población, eso es lo que se busca con las fiscalías municipales, que no sólo


actúen en determinada parroquia y municipio, sino que también conozcan la población, los delitos que tienen mayor incidencia en esa localidad, de modo tal que co-nociendo eso, se trabajaría en función de programas para combatir y educar al ciudadano para la prevención de los delitos. Si yo sé que en una comunidad el delito que mayor incidencia tiene es la violencia de género, los programas serán dirigidos a talleres, a concienciar en aras de la prevención.

¿Desde este cargo de Fiscal General de la Re-pública ¿qué le pide a sus fiscales? ¿Trabajo y más trabajo?

Además de pedirles. Les ofrezco, estabilidad, solidaridad, amistad, cercanía. Siempre les ofrezco el honor de trabajar en una prestigiosa Institución como el Ministerio Público, esto es un honor, porque es una escuela, aquí hay un aprendizaje constante, lo que ofre-ce una gran experiencia y una fluidez para poder de-terminar, observar y tener la capacidad de conocer la gente. Por supuesto que les exijo mucho trabajo y, a

su vez, que sea honestos, que practiquen el conjunto de valores que ellos mismos escogieron, porque aquí la Misión, Visión y Valores del Ministerio Público los diseñamos en conjunto a través de unos talleres y esto fue posteriormente sometido a votación interna, en fin, fueron los propios funcionarios del Ministerio Público quienes aportaron y escogieron la Misión, Visión y Va-lores que deben regirnos.

En esta misión que ha asumido, ¿cuál ha sido su inspiración?

Venezuela ha sido mi inspiración, porque quiero a este país y creo en él, he puesto todo mi empeño, mis fuerzas para hacer realidad los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezue-la, eso me inspira para hacerlo bien. He asumido un compromiso de Estado. Creo que en la medida que se desarrollen y se pongan en práctica los lineamientos de ese proyecto social que recoge la Carta Magna, en esa medida estaremos no sólo inspirados sino refundando la patria que soñaron nuestros libertadores.

“Venezuela ha sido mi inspiración, porque quiero a este país y creo en él, he puesto todo mi empe-ño, mis fuerzas para hacer realidad los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, eso me inspira para hacerlo bien. He asumido un compromiso de Estado”

[ 38 ] Ministerio Público | Gestión

El Ministerio Público abrió varios frentes a fin de ir disminuyendo el número de causas que hasta hace poco se encontraban acumuladas en los despachos fiscales. Uno de esos planes es el Operativo Nacional de Descongestionamiento de Causas, a través del cual, en el lapso del 11 de febrero al 8 de agosto de 2008, presentó un total de 108 mil 828 actos conclusivos.

En varias oportunidades, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ha dicho que el número de causas no habían sido actualizadas hasta ahora, por lo que poner al día los despachos fiscales representaba una vieja deuda de la institución con los venezolanos.

De acuerdo con cifras y estudios estadísticos, an-tes de iniciarse el Plan Nacional, cada uno de los 600 despachos fiscales de la institución tenían un promedio de 4 mil causas, lo cual hacía casi imposible la resolu-ción oportuna de todos los casos.

Texto: Reinaldo Vargas | Fotos: Archivo

Plan Nacional de Descongestionamiento de Causas ha presentado 108 mil 828 actos conclusivos

El programa se extenderá por toda Venezuela, tras un estudio preliminar a partir del cual se pudo determinar que el mayor número de causas apuntan hacia la materia de drogas, violencia de género, homicidio, robo y hurto

Gestión | Ministerio Público [ 39 ]

Con los escasos recursos que cuenta el Ministerio Público se decidió crear el Plan Nacional de Descongestio-namiento, proyecto que cuenta con un equipo de 32 fisca-lías y 58 abogados contratados, cuya misión es reforzar el trabajo de los fiscales y hacer más expedita la entrega de los actos conclusivos ante los tribunales correspondientes.

El Plan Nacional de Descongestionamiento de Causas se inició bajo la coordinación de la Dirección General de Actuación Procesal, en 32 fiscalías de los estados Carabobo, Miranda, Zulia, Bolívar y Aragua, mientras que Caracas se incorporó la Dirección de Pro-tección Integral de la Familia y la Dirección de Drogas.

Los 32 despachos fiscales fueron escogidos para el inicio de este operativo, que se extenderá por todo el territorio nacional, tras un estudio preliminar a partir del cual se pudo determinar que el mayor número de causas apuntan hacia la materia de drogas, violencia de género, homicidio, robo y hurto.

Con esta medida se busca dar celeridad a las cau-sas, a fin de presentar de forma expedita actos conclu-sivos como acusación, sobreseimiento o archivo fiscal, según corresponda el criterio de los fiscales y abogados, que actúan con instrucciones siempre de respetar el de-bido proceso.

Actos conclusivos por regiónEn el lapso correspondiente del 11 de febrero al

8 de agosto de 2008, los 32 despachos fiscales y el equi-po de abogados contratados ha presentado un total de 38 mil 159 actos conclusivos en el estado Carabobo, seguido por Zulia, con 21 mil 893.

Mientras que en el estado Aragua, el equipo mul-tidisciplinario, presentó 12 mil 811 actos conclusivos, seguido por Bolívar con 12 mil 209 y Miranda con 8 mil 855.

En el área metropolitana de Caracas, la Dirección de Familia, presentó 12 mil 058 actos conclusivos, y Drogas, 2 mil 843.

Cabe destacar que aunado a este Plan Nacional Descongestionamiento, se suma el trabajo que vienen realizando las Fiscalías Itinerantes, la Fiscalía Municipal, en el área metropolitana de Caracas, y el proyecto de Ley de Extensión de la Acción Penal para los Casos del Régimen Procesal Penal Transitorio, que de ser aproba-do por la Asamblea Nacional, también coadyuvará a la actualización de los casos.

En su esencia, estos cuatro proyectos bandera persiguen un mismo fin, una misma meta: el descon-gestionamiento de los despachos fiscales.

[ 40 ] Ministerio Público | Gestión

De enero a julio de este año, el programa se desarrolló en centros de reclusión ubicados en la gran Caracas y en los estados Anzoátegui, Guárico, Lara y Zulia. Se han efectuado más de 404 juicios

Ministerio Público ejecuta Plan de Agilización de Causascon retardo procesal

El Ministerio Público, en conjunto con el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, puso en práctica el Plan de Agilización de Causas que presentan retardo procesal.

Las autoridades correspondientes acordaron designar jueces y fiscales itinerantes, para ejecutar el programa y agilizar las causas penales de los internos, específicamente aquellas pendientes por celebración de audiencias preliminares y por inicio de juicio. Hasta la fecha suman 404 juicios realizados, a partir de los cua-les se han dictado 293 sentencias condenatorias.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Protección de Derechos Funda-mentales del Ministerio Público, los fiscales y jueces itinerantes están llamados a impulsar la actividad or-dinaria que ejercen los juzgados y los despachos fis-cales. Dicho Plan se inició luego de un registro esta-dístico elaborado por la referida dependencia. En el año 2006, se ejecutó en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental, en Uribana en el estado Lara, y se retomó a finales de 2007, justo al inicio de la gestión de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.


Gestión | Ministerio Público [ 41 ]

De enero a julio de este año, el Plan se desarro-lló en centros de reclusión ubicados en el área me-tropolitana de Caracas y en los estados Anzoátegui, Guárico, Lara y Zulia. En Caracas se ejecutó en el Centro de Reeducación y Trabajo Artesanal El Paraí-so, conocido como La Planta, en el Internado Judicial de Yare, en el Instituto de Orientación Femenina y en las cárceles de El Rodeo I y II. Con la actuación de ocho fiscales itinerantes, en el lapso de enero a julio se celebraron 28 audiencias preliminares y se conclu-yeron 34 juicios, con 23 sentencias condenatorias y 12 absolutorias.

En el estado Anzoátegui, 20 fiscales trabajaron con las causas de los internos recluidos en la cárcel de esa jurisdicción. Hasta abril de 2008 se celebraron 205 juicios orales, con 147 condenatorias y 58 absolutorias.

También en Guárico se ejecutó el plan en el pe-ríodo de abril a julio, con 10 fiscales en la Penitenciaría General de Venezuela, el Internado Judicial y el anexo femenino de esa jurisdicción. En este caso, se efectua-ron 21 audiencias preliminares y 49 juicios, lográndose 40 sentencias condenatorias y 9 absolutorias.

Asimismo, se retomó el programa en el Centro Penitenciario de la Región Centro-Occidental, en Uri-bana, en el estado Lara, motivo por el cual fueron de-signados ocho fiscales itinerantes. De abril a julio se realizaron 24 audiencias preliminares y 64 juicios, con 48 condenas y 15 absolutorias.

En el estado Zulia también se puso en práctica el plan de agilización en el Retén Policial El Marite y en la Cárcel Nacional de Maracaibo, con la participación de 12 fiscales itinerantes. De abril a junio de este año se llevaron a cabo 52 juicios, con 35 condenas y 19 sen-tencias absolutorias.

En el mes de agosto se inició el plan en los esta-dos Bolívar, con 13 fiscales itinerantes, y en Carabobo y Falcón, con 11 fiscales respectivamente.

Para el próximo año se tiene prevista la incorpo-ración de 100 fiscales itinerantes, a fin de darle conti-nuidad a este Plan en todo el territorio nacional.

[ 42 ] Ministerio Público | Nombre de Sección

Aproximadamente, 20 millones era la cifra de causas penales que estaban aún si resolver luego de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), a mediados de 1999. Se estima que en la actualidad existen entre 6 y 10 millones de casos correspondiente al extinto Código de Enjuiciamiento Criminal.

Esta última cifra, es el resultado de la puesta en marcha del Régimen Procesal Transitorio, que fue previsto con la finalidad de resolver el número con-siderable de causas pendientes. No obstante, pese a

su carácter transitorio, en los casi diez año que han transcurrido muchos de estos casos aún no han sido concluido y, en consecuencia, se ha congestionado el sistema de justicia.

A fin de coadyuvar en esta situación, la Fiscal Ge-neral de la República, Luisa Ortega Díaz, introdujo el 22 de julio ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Extinción de la Acción Penal para los Casos del Régimen Procesal Penal Transitorio, el cual fue apro-bado, ese mismo día, en primera discusión, tras dársele carácter de urgencia parlamentaria.

Tras la búsqueda del descongestionamiento del sistema de justicia penalLa aprobación de la Ley de Extinción de la Acción Penal para los casos del Régimen Procesal Penal Transitorio coadyuvará en la lucha contra la impunidad

Texto: Simón Alberto Osorio | Fotos: Archivo


Y es que este instrumento legal aportaría su gra-no de arena en la transformación de la justicia penal, pues como es bien sabido el Estado invierte grandes re-cursos económicos y humanos en resolver tales causas. De acuerdo con cifras del Ministerio Público (MP), esta Institución destina 60 fiscales exclusivamente a los ca-sos del Régimen Procesal Transitorio, quienes procesan miles de expedientes que en su totalidad se encuentran deteriorados.

Mientras, que, por el lado de los tribunales, los servicios de alguacilazgo de los distintos circuitos ju-diciales de la nación, dedican gran parte de su tiempo en notificar decisiones que declaran la prescripción de la acción penal.

Esta situación pareciera mantener colapsado el sistema de justicia, porque dichas instituciones en vez de ocuparse de los hechos punibles que tienen impacto social y que han ocurrido bajo la vigencia del COPP, tienen que resolver este tipo de causas para dar una res-puesta inmediata.

La Fiscal General explicó que se tratan de casos que datan de hace 30 o 40 años, en su gran mayoría prescritos, los cuales han implicado un trabajo excesivo para el Ministerio Público y los tribunales, al tratar de resolver todos esos expedientes.

Un ejemplo de esta situación, son las constantes solicitudes de prescripción interpuestas por los fiscales del Ministerio Público para el Régimen Procesal Penal ante los distintos circuitos judiciales penales del país. Los motivos de estas prescripciones, como lo señalan los representantes de la instancia garante de la legalidad en sus escritos, es que son hechos que han ocurridos durante las décadas anteriores, casos en que sólo existe un “auto de proceder” acompañado de una única dili-gencia, o porque simplemente los hechos no revisten carácter penal.

El proyecto de extinciónAhora bien, como lo argumentó Ortega Díaz, la

aprobación de la Ley de Extinción de la Acción Penal para los casos del Régimen Procesal Penal Transitorio permitirá descongestionar el sistema de justicia penal, pues dichas causas constituyen un obstáculo para la ne-cesaria transformación de éste.

En este sentido, el referido proyecto de Ley esta-blece, en su artículo 1°, que queda extinguida la acción penal derivada de los hechos punibles cuyos procesos se encuentren en el Régimen procesal Penal Transi-torio, a que “se contrae” el artículo 521 del COPP, el cual establece las distintas reglas que deben tomarse en


cuenta a la hora de abordar las causas de dicho sistema que se encuentren en etapa sumarial.

Tal acción, de acuerdo con el artículo 1° del ante-proyecto, afecta a los expedientes que se encuentran en las fiscalías del MP para el Régimen de procesal Transi-torio, en las Unidades de Registro y Distribución de Do-cumentos o en los tribunales de Primera Instancia en lo penal en funciones de Control de los distintos circuitos judiciales penales, en las dependencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas o en cualquier otro órgano de investigación penal.

No obstante, el proyecto de Ley, en su artículo 2, contempla que están excluidos de la extinción todos los procesos penales iniciados con ocasión de violaciones a los derechos humanos, ilícitos contra el Patrimonio Público y tráfico de estupefacientes, así como aquellas causas penales en la cuales para la fecha de la entrada en vigencia de esta Ley los fiscales del Ministerio Público para el Régimen Procesal Transitorio hayan presentado acusación o solicitado la aplicación de medidas de pri-vación judicial preventiva de libertad.

Para dar cumplimento a lo señalado en el artí-culo 1 del proyecto de norma, se conformará en cada Circunscripción Judicial de cada estado una Comisión técnica que estará integrada por el Fiscal Superior, el presidente del Circuito Judicial Penal y la máxima au-toridad policial designada por el Ministerio del poder

Popular para Relaciones Interiores y de Justicia, quienes en un lapso no mayor a 15 días, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, deberán estable-cer el sitio al cual serán remitidas las causas referidas .

Igualmente, la norma los autoriza para que los citados funcionarios realicen los trámites necesarios a los fines de proceder a la destrucción de dichos expe-dientes.

Se estipula, también en el proyecto de Ley, la eli-minación de los registros policiales, las órdenes de cap-tura o aprehensión decretadas antes del 1 de julio de 1999, que generen afectación de los derechos y garan-tías de personas investigadas en causas penales corres-pondientes al Régimen Procesal Transitorio, las cuales no se encuentren exceptuados conforme al artículo 2.

A la espera de su aprobaciónLa Fiscal General espera que el proyecto de Ley

sea aprobado en corto plazo, para de esta manera lograr resolver los casos actuales y los que aún no han sido cerrados.

Recientemente, entre los días 26 de septiembre y el 06 de octubre, la Asamblea Nacional realizó el pro-ceso de consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley de Extinción de la Acción Penal para los casos del Ré-gimen Procesal Penal Transitorio.

Durante ese lapso los interesados pudieron pre-sentar sus observaciones sobre el citado anteproyecto. Tales propuestas servirán para que los diputados elabo-ren el informe final que será de utilidad en la segunda discusión sobre este tema que realizarán los diputados del Parlamento.

Una vez aprobado el citado proyecto de Ley, se-guramente se dará un paso significativo para la consoli-dación definitiva de los cambios que se ha propuesto el sistema penal venezolano, los cuales en el contexto de una política criminal comunitaria permitirán al Estado dar una respuesta oportuna y eficaz a las demanda de justicia social en el marco del respeto a los derechos humanos.


15 mil 313 actos conclusivos aspira presentar la Dirección de Drogas del Ministerio Público para el cie-rre del año 2008, meta que para el tercer trimestre del año se ubica en mas de 73% de cumplimiento con la presenta-ción de 11.184 actos conclusivos por parte de los fiscales en materia de drogas. Esto representa un incremento de 27% en relación con el mismo periodo del año anterior.

Cabe resaltar que durante dicho trimestre, los fis-cales adscritos a la Dirección de drogas reportaron un total de 2 mil 206 sentencias, de las cuales 1988 resulta-ron ser condenatorias para una efectividad de 91%, lo que quiere decir que el porcentaje se mantiene casi igual

gracias a la cantidad y calidad de actos conclusivos en la lucha contra este delito.

Destaca Leoncio Guerra, Director de Drogas, que del total de dichas sentencias condenatorias, 53% corresponde a la admisión de los hechos en las audien-cias preliminares, puesto que los fiscales que llevan los casos de drogas blindan los actos conclusivos, por lo que a las personas acusadas por trafico o cualquier otro delito tipificado en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, no les queda otra salida que admitir su responsabilidad.

Dirección de Drogas aspira cerrar 2008con más de 15 mil actos conclusivosDurante el primer semestre del año presentaron 8 mil 848 actos conclusivos. De esta cifra, 2.206 corresponden a sentencias, de las cuales 1.988 han sido condenatorias



Control de incautaciónEn relación con la incautación de drogas, el Mi-

nisterio Público también trabaja de manera coordinada con otros entes como el Observatorio Venezolano de Drogas, organismo adscrito a la Oficina Nacional Anti-drogas (ONA), cuyas cifras hablan de un total de 41 mil 402 kilogramos de drogas incautadas hasta el cierre del tercer trimestre de 2008. Del total incautado, 24 mil 162 kilogramos corresponden a cocaína, 17 mil 026 kilogra-mos a marihuana y el resto se distribuye entre heroína, basuco y crack.

La industria del narcotráficoEn la lucha que mantiene el Ministerio Público

contra el tráfico de sustancias estupefacientes y psico-trópicas a través de su Dirección de Drogas, hasta el tercer trimestre de 2008 se logró incautar 18 mil 042 bienes involucrados en delitos relacionados con la legi-timación de capitales por parte de narcotraficantes.

Entre los bienes incautados se encuentran 18 ae-ronaves; 727 armas; 442 vehículos; 5 mil 674 semovien-tes (ganado); 907 equipos de telecomunicaciones; y 30 inmuebles, entre ellos mansiones, haciendas y grandes extensiones de terreno.

Cabe resaltar que solo en el caso de Armando Apushana González mejor conocido como Hermágo-ras González, se logró incautar bienes que hasta la fe-cha ascienden a 56 millones Bs.F.

El casoUno de los casos más emblemáticos es el de Her-

mágoras González, presunto jefe del cartel de la Guaji-ra, quien fue detenido la madrugada del 8 de marzo de 2008, en una finca ubicada en la Costa Sur del Lago de Maracaibo.


El 25 de abril de este mismo año, el Ministerio Público presentó acusación contra González, por la presunta comisión de los delitos de asociación para de-linquir, legitimación de capitales y uso de documento falso. Por esta misma causa también se encuentra pri-vada de libertad la compañera sentimental del presunto narcotraficante, Ana Mercedes Ocanto.

Hermágoras González, por razones de seguridad, actualmente se encuentra detenido de en la sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), en el Helicoide, en Caracas. Su audiencia preli-minar estaba prevista para el 16 de septiembre.

La prevenciónAl respecto el Ministerio Público, a través de la

Dirección de Drogas y en coordinación con la Oficina Nacional Antidrogas, promovió la implementación del Taller sobre la Prevención Integral Social en materia de Consumo de Drogas dirigido a los funcionarios de la institución, donde se le otorgaron herramientas teóri-co-prácticas, a fin de que sirvan como agentes multipli-cadores y sensibilicen a las comunidades.

En dicha actividad, también se tocó el tema de los perjuicios que ocasiona el consumo de drogas -es-pecialmente en la familia- a través de información sobre el tipo de estupefacientes que existen en la actualidad, sus efectos y consecuencias; así como los factores de riesgo y de protección.


Ejemplo de esta situación, fue el caso del fiscal del estado Falcón, Carlos Lugo, de 27 años de edad, quien fue sorprendido por una pareja de motorizados que dispararon contra él mientras esperaba el cambio de luz del semáforo. El hecho ocurrió el pasado 20 de mayo de este año, en las adyacencias del Circuito Judi-cial de la ciudad de Coro. Una vez conocido el infor-tunio, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, expresó la consternación existente en la institu-ción por tan lamentable suceso.

“No quisiera pensar que sea parte de un atentado, de una ola de violencia por la actuación que ha veni-do desarrollando el Ministerio Público no solamente a nivel de salvaguarda sino también a nivel de droga”, agregó la Fiscal Ortega Díaz.

Un fiscal que falleció en cumplimiento de su deber

La muerte en el estado Falcón del fiscal Carlos Lugo, de 27 años de edad, causó consternación en el Ministerio Público

Texto: Alba Niño | Fotos: Alfredo Moya

El Ministerio Público es una de las instituciones fundamentales del país, pues es la encar-gada de ejercer la acción penal en nombre del Estado. Sus fiscales tienen la gran labor de garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales y la celeridad y buena marcha de la ad-ministración de justicia.

En este sentido, el ejercicio de las funciones de estos profesionales del derecho es ardua y en muchos casos, riesgoso.

A veces se ven presionados por alguna de las causas que tienen que conocer. Es tanta la vocación de estos profesionales, que se dedican en cuerpo y alma a ejercerlo aunque, en algún momento, su vida pueda correr peligro.


Las causas que adelantaba el fiscal Lugo, con competencia en materia de droga y salvaguarda, se dis-tribuyeron a los fiscales 50 nacional auxiliar, 16 de Ca-racas y 4 auxiliar de Mérida, Daniel Medina, Pedro Beli-sario y Adrián Gelves Osorio, respectivamente, quienes harán seguimiento a los casos.

“Me contó el director de Actuación Procesal que cuando contacto al grupo de fiscales que fueron designados para darle continuidad a los casos que lle-vaba el fiscal Carlos Lugo, enseguida le respondieron que sí. Por eso, yo hablo de mis fiscales, porque siem-pre tienen disposición, porque siempre están dispues-tos a trabajar”, explicó Ortega Díaz.

Para la Fiscal General, pese a la muerte del fiscal Lugo, los fiscales del Ministerio Público no se sienten

amedrentados ni coaccionados por este tipo de hechos; y que, por el contrario, han mostrado disposición a continuar en el combate contra flagelos como el nar-cotráfico, trata de blancas, secuestro y otros delitos que van en detrimento de la sociedad.

Tras la pista de los responsablesUna vez que ocurrió el lamentable hecho, la

máxima titular del Ministerio Público designó una co-misión integrada por los fiscales nacionales 17, 24 y 41, Roberto Acosta, Didier Rojas y Christian Quijada, res-pectivamente, para realizar la investigación.

Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) practica-ron las distintas diligencias técnico-científicas en rela-


ción con este caso, entre estas experticias al vehículo en el que se trasladaba el fiscal para el momento en que fue interceptado, el protocolo de autopsia y entrevista a va-rios testigos de la comunidad, quienes se encontraban en el lugar para el momento de los hechos.

La investigación preliminar se encaminó hacia las averiguaciones que llevaba el fiscal por incautación y destrucción de drogas en la región, procedimientos donde están involucrados funcionarios y personas liga-das al tráfico ilícito de drogas.

Los días transcurrían y los fiscales del Ministe-rio Público designados, como funcionarios del Cicpc continuaban la ardua labor de esclarecer la muerte del fiscal Lugo.

El 27 de mayo, fueron aprehendidos Jesús Mo-rillo León y Vilori Maldonado, en la urbanización Los Médanos del Sector Fundabarrios, detrás del centro comercial Costa Azul, luego que se practicaran varios allanamientos en la ciudad de Coro.

El 29 de mayo, se efectuó la audiencia de presen-tación ante el Tribunal 3° de Control del estdo Falcón, que acordó la privación de libertad de los imputados, por la presunta comisión de los delitos de sicariato y asociación para delinquir, previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica Contra la Delin-cuencia Organizada.

El 12 de julio, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra ambos ciudadanos por los referidos delitos, la cual fue admitida por el Tribunal, que decidió la reclusión de Maldonado en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Cri-minalísticas de la ciudad de Coro, mientras que Morillo permanecerá recluido en el Internado Judicial de esa misma jurisdicción.

Las investigaciones continúan, pues existe una orden de aprehensión contra otra persona vinculada con el caso. No se ha descartado la posibilidad de que surjan otros implicados.


Una residencia ubicada en el sector La Concordia, en San Cristóbal, estado Táchira, fue el lugar donde el 16 de enero de 2007 Jesús Jaimes ha-bría intentado quitarle la vida a su esposa. La discusión que sostenían concluyó cuando Jaimes, presuntamente, intentó ahorcar a su compañera, situación que habría sido impedida por una hermana de la víctima.

Después de permanecer prófugo de la justicia durante aproximadamente 18 meses, Jaimes fue apre-hendido y presentado ante un Tribunal de Control, el cual le dictó medida de privación de libertad.

Posteriormente, el fiscal 18 del Ministerio Público en Táchira, Oscar Mora, acusó a dicho ciudadano por homicidio calificado en grado de frustración, violencia psicológica, amenazas y violencia física, previstos en el Código Penal y en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Este, es apenas un ejemplo de los casos en los cuales las fiscalías especializadas en violencia de género actúan en defensa y protección de las mujeres víctimas de delitos.

Actualmente, el Ministerio Público cuenta en el país con 52 despachos fiscales con dicha competencia. Estos están distribuidos de la siguiente manera, en Ca-racas, 13 fiscalías; Aragua y Zulia, cuatro en cada esta-do; Mérida y Guárico, tres cada uno; en Barinas, Bolí-var, Falcón, Carabobo, Miranda, Portuguesa y Táchira, se tienen dos despachos por región, mientras que hay un despacho fiscal en Anzoátegui, Cojedes, Delta Ama-curo, Lara, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Vargas y Yaracuy.

Para este año se tiene previsto incrementar el nú-mero de despachos fiscales especializados en materia de violencia de género, con el objetivo de ofrecer una respuesta eficaz y oportuna a quienes resultan ser vícti-mas de este tipo de delitos.

Avances en materia de violencia de géneroEl Ministerio Público ha dado pasos importan-

tes en esta materia desde inicios de este año 2008,

Hay 52 despachos fiscales con competencia en el área de violencia de género

El Ministerio Público entre el 06 de febrero y el 22 de agosto formuló 12 mil 845 actos conclusivos en esta materia



Formato Único para el Registro de Denuncia de Casos de Violencia Contra la Mujer, a ser utilizada por los órganos receptores de denuncias, el Instituto Nacional de la Mujer, entre otros.

La LeyLa Ley Orgánica sobre el Derecho de las Muje-

res a una Vida Libre de Violencia, publicada en Gaceta Oficial el 23 de abril de 2007, tiene como objetivo crear condiciones “para prevenir, atender, sancionar y erradi-car la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos (...)”

La entrada en vigencia de la Ley salda una deuda que se tenía respecto al tema de la igualdad de oportu-nidades para las mujeres.

El citado instrumento legal amplió la calificación de los delitos cometidos contra las mujeres, entre estos la violencia obstétrica, laboral, institucional, patrimo-nial y económica.

siendo importante destacar que entre el 06 de febrero y el 31 de octubre se formularon 17 mil 827 actos conclusivos, en el marco del operativo de desconges-tionamiento de casos relacionados con la extinta Ley Sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, el cual está orientado a dar respuesta oportuna y eficaz a los ciudadanos.

A su vez, se puso en práctica un plan de contin-gencia para la recepción de denuncias en el área metro-politana de Caracas, como medida de excepción para fortalecer la atención oportuna y eficaz a las mujeres que son víctimas de violencia.

En el marco de dicho plan, los fiscales auxiliares de los despachos con competencia en materia de ins-tituciones familiares y protección, al recibir las denun-cias, dictan las medidas de protección y seguridad en beneficio de la víctima.

Asimismo, la Dirección de Protección Integral de la Familia participó en la elaboración de la Planilla de


También, se consideran como delitos la esterili-zación forzada, ofensa pública por razones de género, trata y tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes, entre otros.

Según las cifras de la Dirección de Protección In-tegral a la Familia, en Caracas hay una mayor incidencia de delitos, tomando en cuenta el índice poblacional. Desde marzo de 2007 a julio de este año, al Ministerio Público han ingresado 19 mil 810 casos en Caracas y 25 mil 640 en el interior del país.

El delito que se presenta con mayor frecuencia es el de violencia psicológica, con 10 mil 412 causas en Caracas y 9 mil 908 en el resto del país.

Los otros delitos en los que mayormente incu-rren los denunciados son violencia física, amenazas, acoso u hostigamiento.

Dictado taller para órganos Receptores de denunciasEntre los objetivos primordiales de la gestión de

la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, se encuentra la creación de un Ministerio Público que permita articular con los organismos del Estado, consejos comunales, entre otros, con el propósito de formar un tejido so-

cial que permita erradicar la violencia, no sólo contra la mujer, sino contra el hombre, contra la familia y contra los niños, niñas y adolescentes.

Así lo anunció la Vicefiscal General, Iraida Al-fonzo Durán, durante la instalación del I Taller de Ca-pacitación para Órganos Receptores de Denuncias de Delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, celebrado entre el 13 y el 15 de agosto en el auditorio del edificio sede del Despacho de la Fiscal General de la República.

En la actividad participaron alrededor de 135 per-sonas por día, entre ellos: representantes de los órganos de la policía de investigación del Cuerpo de Investiga-ciones Científicas, Penales y Criminalísticas; de las pre-fecturas y jefaturas civiles del Área Metropolitana de Caracas, Vargas y Miranda; de las unidades de atención a la víctima del Ministerio Público correspondientes a la Gran Caracas, jueces de paz y funcionarios de las policías municipales.

Este mismo curso fue dictado el viernes 3 de oc-tubre, en la ciudad de Maracaibo, en el Teatro Teniente Carlos Meyer Baldó, ubicado en la base Generalísimo Rafael Urdaneta al lado del Aeropuerto Internacional de la Chinita, donde participaron más de 400 personas.


El Ministerio Público ha emprendido la iniciativa de organizar talleres de capacitación, a fin de preparar a sus funcionarios para difundir el conte-nido y objetivo del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de la Policía Nacional.

En este sentido, por iniciativa de la Fiscal Ge-neral, Luisa Ortega Díaz, se impulsa el conocimiento sobre este instrumento legal para que sea efectiva y exi-tosa su implementación entre los funcionarios de segu-ridad, fiscales y ciudadanía general.

En el mes de abril de este año, la Fiscal General creó una Comisión integrada por directores y fiscales del Ministerio Público, quienes servirán como agentes multiplicadores de la referida norma.

Ministerio Público se acerca a las comunidadesPara dar continuidad a la iniciativa del Ministe-

rio Público, de acercar a la ciudadanía a este novedoso instrumento jurídico, también se realizaron actividades simultáneas en el territorio nacional, con el propósito de involucrar más a las comunidades en este proceso de ejecución de la Ley, dado su alto contenido de par-ticipación social.

En Caracas se dictaron talleres a representantes de los consejos comunales de las parroquias San Agus-tín, La Candelaria, San Bernardino, San Martín, Santa Rosalía, Catedral y San Pedro.

Con esta actividad se inició la preparación de los multiplicadores en el resto del país, como son los esta-dos Carabobo, Aragua, Guárico, Lara, Falcón, Barinas, Portuguesa, Yaracuy, Cojedes, Zulia, Trujillo, Táchira, Anzoátegui, Monagas, Delta Amacuro, Amazonas, Apure, Mérida, Bolívar, Sucre y Nueva Esparta.

Es importante destacar que el Ministerio Público comenzó las jornadas de difusión sobre esta Ley, el 23 de abril de este año, fecha en que la Fiscal General, Or-tega Díaz, instaló formalmente el ciclo de actividades informativas, las cuales se extendieron a los 24 estados del país, donde cada uno de los fiscales nacionales y regionales ha servido como vocero o agente multiplica-dor de este instrumento jurídico.

Según cifras suministradas por la dirección de Actuación Procesal, en el mes de mayo se capacita-ron 1615 personas aproximadamente en 18 estados del país.

Ministerio Público impulsa alcances de la Ley de Policía NacionalEn Caracas se dictaron talleres a consejos comunales de las parroquias San Agustín, La Candelaria, San Bernardino, San Martín, Santa Rosalía, Catedral y San Pedro

Texto: Alba Niño | Foto: Alfredo Moya


Estudiantes de derechoprestan servicio comunitario Luego del acuerdo establecido entre la Fiscal General de la República y la Universidad Santa María, los educandos realizarán labores atinentes a su carrera en las instalaciones del Ministerio Público

A través de un acuerdo establecido entre la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María (USM), Inocencio Figueroa, los estudian-tes de esa casa de estudios cumplirán con el Servicio Comunitario en los diferentes despachos fiscales del Ministerio Público.

En ese sentido, un total de 420 estudiantes de los últimos semestres de la carrera de derecho de la USM se desempeñan, actualmente, en algunos despachos fiscales adscritos a las direcciones de Drogas, Delitos Comunes y de Protección Integral a la Familia, ubicados en Caracas, Vargas y Miranda, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Servicio Comunitario del Es-tudiante de Educación Superior, publicada en la Gaceta Oficial N° 38-38272, de fecha 14 de septiembre de 2005.

Al momento del ingreso de los estudiantes, se les instruye sobre el tiempo, desempeño y la evaluación de la que serán objeto durante las 120 horas académicas, en la cuales se desenvolverán como prestatarios comu-nitarios en el Ministerio Público.

Para el pasado mes de agosto, ingresaron 140 ba-chilleres, quienes forman parte de un segundo grupo de estudiantes que realizan su servicio comunitario en el Mi-nisterio Público, toda vez que el pasado 11 de junio, 280 alumnos iniciaron funciones similares en esta Institución.

De esta forma, los estudiantes son distribuidos en diversos despachos fiscales del área metropolitana de Caracas (AMC); además de las direcciones especiali-zadas en las áreas de Violencia de Género, Proceso y la Fiscalía Superior del AMC.

Estos alumnos apoyan el trabajo que ejecutan el personal adscrito a los diferentes despachos fiscales coadyuvando, de esta manera, con la labor del Ministe-rio Público.

Un aproximado de ochenta Fiscales del Ministe-rio Público son los encargados de orientar a los cur-santes, quienes serán supervisados y evaluados como asistentes de las causas que cursan en las diversas direc-ciones de la Institución. También, tendrán la respon-sabilidad de sincerar archivos y expedientes, todo con el propósito de dar respuestas concretas en pro de las víctimas y hacer justicia.

Los estudiantes, a través del presente acuerdo, aprenderán a manejar los lapsos en los cuales se deben presentar los actos conclusivo; y en qué circunstancias o momento un determinado expediente o hecho inves-tigado, pasa a la fase de acusación, o si concluye en so-breseimiento, archivo fiscal. Agregó que el desempeño de cada cursante será instruido y dirigido por un fiscal designado para ello.

Texto: Henry Delgado | Foto: Alfredo Moya


La nueva gestión del Ministerio Público ha centrado su atención no sólo en incrementar el nivel profesional de los trabajadores de esta Institución sino también en reconocer el esfuerzo que realizan en el día a día de sus labores a partir de el mejoramiento tanto de los salarios como los beneficios que se les otorgan a obreros, empleados, abogados, profesionales, fiscales e, incluso, los jubilados.

La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, conciente de la necesidad de estimular a los trabajadores y mejorar su calidad de vida, aprobó un incrementó de 40% en el salario, con rectroactivo desde el 1° de enero de 2008, medida que beneficios a los subdirectores, coordinado-res, jefes de división, fiscales, abogados, profesionales, técnicos, empleados, obreros, además de los jubilados y pensionados. Los fiscales superiores y el resto de la directiva recibieron un incremento de 30%.

Asimismo, en reconocimiento a quienes se es-fuerzan por capacitarse, se creó una prima de 400 BsF para los estudios de cuarto nivel y, a su vez, se incre-mentó a 300 BsF la prima de profesionalización y a 200 BsF la destinada a técnicos superiores universitarios. Estas primas se otorgaron con retroactivo desde el mes de mayo.

También se canceló al personal empleado y obre-ro de la Institución un retroactivo por concepto de las diferencias del bono de evaluación de desempeño 2007-2008 y de los bonos únicos, correspondientes a los meses de marzo y junio.

A fin de sincerar los gastos de los funcionarios que deben movilizarse con motivo del ejercicio de sus funciones por el país, se incrementaron los viáticos diarios para funcionarios, empleados y obreros en sus diferentes escalas. Para el personal obrero, administrati-vo y de seguridad 4,50 Unidades Tributarias (UT); jefes de departamentos, jefes de unidades y personal técnico profesional 5,00 UT; subdirectores, coordinadores y jefes de divisiones 6,00 UT; fiscales del Ministerio Pú-blico 6,50 UT y directores generales y de línea 9,00 Unidades Tributarias.

Por otra parte, se canceló el beneficio del Bono Educacional Anual para los fiscales, funcionarios y em-pleados, estipulado en el artículo 92 del Estatuto de Per-sonal del Ministerio Público, así como el pago por útiles escolares para el personal obrero, contemplado en la Cláusula N° 62 de la Convención Colectiva de Trabajo.

El bono educacional fue por un monto único de 239,77 BsF, equivalente al 30% del salario mínimo na-

Por los trabajadores: mejores salarios, más beneficiosLas reinvindicaciones van desde incrementos en los beneficios contractuales hasta el reacondicionamiento de espacios laborales, entre otras

Texto: Alba Niño - Alexander Duarte | Fotos: Archivo


cional. Igualmente, para el personal obrero se cancela-ron hasta tres bonos por grupo familiar (incluyendo al trabajador si éste estudia), correspondiente a los niveles de preescolar, básica, diversificado y universitario.

Los montos por niveles se ajustaron en un 20% respecto al año pasado, quedando distribuidos de la si-guiente manera: Educación Prescolar 245,95 BsF; Bási-ca 368,93 BsF y Diversificada 474,34 BsF.

Espacios dignos para la seguridadEntre otras mejoras, la Fiscal General de la Re-

pública se preocupó por las condiciones de las áreas de descanso de los funcionarios que prestan el servicio de seguridad en la Institución, razón por la cual ordenó mejorar los dormitorios para el personal masculino y femenino.

De esta forma, los funcionarios que realizan las labores de guardia, nocturna y fines de semana, dentro de las instalaciones del Ministerio Público de la sede principal, en Parque Carabobo, cuentan ahora con un espacio para su aseo personal y descanso luego de cum-plir con su jornada de trabajo.

En total fueron acondicionados tres espacios que albergarán a los funcionarios de seguridad interna, es-coltas y agentes femeninas.

Las habitaciones del personal masculino tiene una capacidad de cuatro literas para el descanso de ochos funcionarios, aire acondicionado, escaparates, televi-sión, baños y sala de reuniones; mientras que el personal de escolta posee diez literas, aire acondicionado, lockers, televisión, baños, cocina, comedor y sala de reuniones.

Asimismo, el ala femenina está dotada con aire acondicionado, una litera, lockers, sala de estar y baño.

Servicio MédicoEl pasado mes de julio la Fiscal Luisa Ortega

Díaz, reinauguró el Servicio Médico “José Gregorio Hernández”, mediante el cual se ofrecerá asistencia a todos los funcionarios del Ministerio Público y a su grupo familiar.

Durante el acto de reapertura, la titular de esta Institución destacó que este era uno de los principales desafíos planteados desde inicios de su gestión.

Refirió la posibilidad de que algunos médicos, adscritos a la empresa aseguradora que presta el ser-vicio de hospitalización, cirugía y maternidad, puedan colaborar con los galenos de la Institución en la asis-tencia a los funcionarios, como una forma de mantener controlada la salud de los mismos.

Señaló que espera que todo el personal haga uso de las instalaciones del nuevo servicio, tomando en cuenta que se debe realizar una medicina preventiva.

La Fiscal Luisa Ortega, quien estuvo acompaña-da de la Vice Fiscal General, Iraida Alfonzo, directores, coordinadores, fiscales y demás personal del Ministerio Público, realizó un recorrido por las instalaciones del Servicio Médico, en el cual se prestarán inicialmente las especialidades de pediatría, odontología, psiquiatría y medicina general.


Los integrantes de la Orquesta Juvenil Teresa Carreño, bajo la batuta del maestro Gustavo Du-damel, deslumbraron el pasado 01 de agosto, a los funcio-narios, empleados y obreros del Ministerio Público luego de presentar una muestra académica de su repertorio.

Las obras del compositor ruso, Nikolai Rimsky Korsakov (1844-1908): La Obertura de la Gran Pascua Rusa y la suite sinfónica “Scheherazade” (inspirada en cuatro historias de los cuentos de las Mil y una No-ches) fueron las piezas interpretadas por los jóvenes músicos, en su mayoría con edades entre 12 y 16 años durante esta muestra académica, la cual tuvo una dura-ción aproximadamente de dos horas, tiempo en que los funcionarios del Ministerio Público pudieron apreciar la calidad musical de nuestros muchachos.

“Es un verdadero placer y un honor para el Mi-nisterio Público tener la oportunidad de escuchar esta muestra académica interpretada por esta extraordinaria Orquesta Sinfónica de la juventud venezolana, la Or-questa Juvenil Teresa Carreño. ¿Saben ustedes que en el mundo entero se disputan las entradas para ver a esta Orquesta? y nosotros hoy tenemos el privilegio de verla de primera mano, de verdad muchísimas gracias”.

Tal apreciación corresponde a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien agradeció el gesto del maestro Antonio Abreu y de los jóvenes integrantes de la Orquesta Teresa Carreño en brindar, a los funcio-narios del Ministerio Público, esta muestra académica.

Mientras, que el maestro José Antonio Abreu, agradeció a la Fiscal General la comunicación dirigida

La Orquesta deslumbróBajo la batuta del director Gustavo Dudamel, los jóvenes músicos de la Orquesta Juvenil Teresa Carreño interpretaron las obras Obertura de la Gran Pascua Rusa y la suite sinfónica Scheherazade, del compositor ruso Nikolai Rimsky Korsakov

Texto: Henry Delgado | Fotos: Alfredo Moya


con motivo del otorgamiento a la Orquesta del premio Príncipe de Asturias a las Artes 2008.

“Es una comunicación llena de nobleza y genero-sidad que agradezco profundamente por la sinceridad y la convicción con que esta Institución colabora, en di-ferentes ámbitos, con el Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela”, acotó Abreu.

Al concierto asistieron cerca de 1.300 personas, en su mayoría, trabajadores del Ministerio Público que colmaron los dos pisos que conforman el auditorio principal de la sede donde funciona el Centro Latino-americano de Acción Social por la Música.

Asimismo, se encontraban, entre los especta-dores, la Vice Fiscal General de la República, a quien el maestro Abreu agradeció todo el apoyo brinda-

do desde hace años para la construcción de la citada sede; el resto de la directiva del Ministerio Público, invitados especiales y funcionarios del Poder Moral, entre otros.

La Fundación del Estado para el Sistema Na-cional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Vene-zuela (Fesnojiv), una red de núcleos docentes ubi-cados en todos los estados del país, constituye una compleja y sistemática organización de orquestas y coros juveniles e infantiles, donde son atendidos más de 350.000 niños, niñas y adolescentes, en su mayoría de condiciones económicas precarias, quie-nes reciben clases de música al mejor nivel tanto en forma presencial como a través de videoconfe-rencia.

Las obras del compositor ruso, Nikolai Rimsky Kor-sakov (1844-1908): La Obertura de la Gran Pascua Rusa y la suite sinfónica “Scheherazade” fueron las piezas interpretadas por los jóvenes músicos


“Es un regalo para ustedes, para las mujeres del Ministerio Público”, así se expresó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, tras presenciar la obra interpretada por la actriz Mimí Lazo, El Aplauso va por Dentro, en la sala Juan Bautista Plaza de la Bi-blioteca Nacional, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Luisa Ortega Díaz manifestó su agrado al percibir el contenido y el profesionalismo matizado en la obra teatral, pero fue enfática al afirmar que en el Ministerio Público ninguna mujer se parece a “Valeria”, el perso-naje que interpreta Mimí Lazo durante el monólogo.

“El Aplauso va por Dentro” para las mujeres del Ministerio Público

La presentación de esta obra fue todo un éxito, las damas que laboran en el Ministerio Público disfru-taron de momentos muy agradables, casi una hora de risas, aplausos y exclamaciones alusivas al contenido que transmitía Lazo durante su actuación.

El Aplauso va por Dentro es una comedia origi-nal de Mónica Montañés, dirigida por Gerardo Blanco y producida por Jorgita Rodríguez. Considerado uno de los más exitosos monólogos de los últimos tiem-pos, cuenta la historia de “Valeria”, madre divorciada de 40 años, con dos hijos y una carrera profesional en ascenso, que mientras espera la llamada del hombre con quien compartió más que una noche, define el pre-sente y el futuro de su vida.

Texto: Thaís Parra | Fotos: Rómulo Reyes

Los asistentes pudieron disfrutar de esta exitosa pieza teatral protagonizada por Mimí Lazo


El Ministerio Público cedió su espacio cultural a jóvenes artistas formados en la Escuela de Artes Vi-suales Cristóbal Rojas, como una muestra del interés en el arte y en apoyo y reconocimento a “quienes con una mirada fresca y vanguardista han plasmado sus expe-riencias sobre nuestra contemporaneidad”.

En ese sentido, el espacio cultural, ubicado en la planta baja del edificio administrativo, se convirtió en el Primer Salón de Jóvenes Artistas del Siglo XXI, con la participación de 27 expositores, entre alumnos y egre-sados de la citada Escuela de Artes, que debe su nom-bre a uno de los más importantes pintores venezolanos del siglo XIX.

La exposición fue inaugurada por la Fiscal Ge-neral de la República, Luisa Ortega Díaz, quien afirmó que desde el Ministerio Público se hará el reconoci-miento, el estímulo y la valoración de jóvenes artistas.

Durante el acto, al cual asistieron la Vice Fiscal General, Iraida Alfonzo, directores del despacho, ade-más de la directora de la Escuela Cristóbal Rojas y ar-tistas expositores, la Fiscal General dijo que la exposi-ción es parte de las actividades culturales y recreativas impulsadas por su gestión.

En el Primer Salón de Jóvenes Artistas del Si-glo XXI, participan Luis Carrillo, María Carolina Ál-

Jóvenes Artistas del Siglo XXI llegaron al Ministerio Público

varez, Rafael Arteaga, María Minaya, José Briceño, Ezequiel Martínez, Dolimar Ramones, Luis Bracho, Mariangélica Márquez, Kennys Aponte, Aldo Flores, Ivani Correa, Ariadnny Alvarado, Alys Pedroza y Luis Jaspe.

También, Miguel Pastrán, Carlos Sánchez, Xa-vier González, Rigoberto López, Adrián Sánchez, Juan Lugo, Del Valle Berroterán, José Velásquez, Fernando Rivas, Didia Rojas, Alejandro Torres y Maiker Martí-nez.

Entre las piezas de la exposición se pueden men-cionar “Incertidumbre”, “Desequilibrio” (ambos en acrílico/tela); “Laberinto”, Atardecer en blanco y ne-gro”, “Ley del horizonte” (fotografías); “Tiffany” (vi-tral) y “Mi jardín de flores muertas” (díptico de técnica mixta).

“Las piezas de esta muestra constituyen un patri-monio estético cargado con una inmensa sensibilidad por nuestra realidad social y con signos y elementos de lo cotidiano, ello recreado a partir de la creatividad y el ingenio permanente”, dijo la Fiscal General.

La exposición fue organizada y coordinada por el asesor cultural del Ministerio Público, Alberto Bo-rregales, y por Miguel Pastrán, respectivamente, con la curaduría de Oscar Quintana.

Texto: Lérida Marín | Foto: Alfredo Moya

La muestra busca hacer un reconocimiento a estos egresados de la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas


El Ministerio Público con el propósito de abrir espacios de cultura donde interactúen todos los funcio-narios de la Institución, organizó el primer concurso de Fotografía Digital, Cuentos y Ensayo Jurídico Breve.

Los concursos, convocados por iniciativa de la actual gestión de la Fiscal General de la República, Lui-sa Ortega Díaz, busca promover la creatividad artística y literaria de los funcionarios de la institución.

En este sentido, el concurso de Fotografía Digital se orientó a los distintos paisajes naturales venezolanos, cuyo esplendor y majestuosidad fueron captados por las cámaras de los participantes.

En el caso del concurso de Cuentos, los relatos o narraciones fueron libres pero estos debían exaltar uno o más valores como, por ejemplo, la solidaridad, ética, moral, honestidad, lealtad, humildad, piedad, amistad, caridad, ayuda, responsabilidad, respeto y paz.

Los ganadoresDurante el acto central realizado con ocasión al

39 aniversario del Día del Ministerio Público, se dieron a conocer los nombres de los funcionarios ganadores.

Con el 1°, 2° y 3° premio fueron distinguidas las fotografías tituladas: El paraíso veloz, de Alexandra Castro; Perdido en la Inmensidad, de Ronny José Belo, y Encima de la nubes, de Manuel de Almeida.

Mientras, el 4°, 5° y 6° lugar fueron para las foto-grafías Apartaderos, de Silvio Villegas; Refugio natural de aves, de Nadiuska Morán, y Atardecer, de Yajaira Gavidez.

En relación con los concursos de cuentos, el 1° premio fue para la obra Yo sambo, de Jesús Cermeño. El 2° lugar fue para el cuento Tic tac, de María Caroli-na Hernández, y el 3°, para Africa la hormiga, de José Seijas. El 4° y 5° lugar fue para los cuentos Quisiera ser vaca, de Iris Solano, y Un abrazo en familia muy espe-cial, de Gloris Saavedra.

Adicionalmente, en el caso de los concursos de Fotografía Digital y Cuentos, al primer lugar se le otor-gó 1.500 BsF ; al segundo 1.200 Bs F y al tercero 1.000 Bs F.

Asimismo, se entregó un certificado a los cuartos y quintos lugares de cada categoría. Hay que destacar, que las obras premiadas serán difundidas en una publi-cación institucional del Ministerio Público.

Mientras, el concurso de Ensayo Jurídico Breve, que estuvo orientado a promocionar y difundir textos críticos para fomentar el debate de ideas relacionadas con el ámbito judicial y su inserción en la actual coyun-tura nacional e internacional, fue declarado desierto.

I Concurso de fotografía digital, cuento y ensayo jurídico breve

Las obras, donde los funcionarios demostraron su creatividad artística y literaria, serán difundidas en una publicación institucional del Ministerio Público

Texto: Lérida Marín - Henry Delgado | Fotos: Archivo


Así se llama el programa radial de nuestra Institución, que se transmite por Radio Nacional de Venezuela (RNV), dial 630 AM, todos los viernes de 8 a 9 de la mañana.

A través de este programa, el Ministerio Público ofrece información de interés para la Institución y la ciudadanía en general. Durante una hora de transmi-sión, se pueden tratar temas que abarcan desde la vio-lencia de género, pasando por el tráfico de drogas en Venezuela, hasta la opinión sobre algún hecho que se encuentre en la palestra pública.

En Sintonía con el Ministerio Público es un pro-grama en el que participan la Fiscal General de la Re-pública, Luisa Ortega Díaz, y otros invitados como lo son directores y coordinadores del Ministerio Público, quienes interactuan con el público en general en torno a temas de interés jurídicos.

Este espacio radial también funciona como re-ceptor de denuncias y solicitudes de las comunidades y ciudadanos, quienes en la segunda parte del programa se comunican, vía telefónica, para conversar con la Fis-cal General de la República o con los invitados.

Cabe resaltar, que a cada persona que llama a En Sintonía con el Ministerio Público se le toman los datos de la denuncia o planteamiento y luego se remite a un directivo o fiscal, pero si no es competencia del Minis-terio Público, el caso es remitido a la institución que le corresponda.

En Sintonía con el Ministerio PúblicoEn este programa de radio se tratan temas de interés para la Institución y la ciudadanía en general



Con el objeto de convertirlo en una herramientaeficaz de comunicación, con un estilo e imagen uni-ficados para proveer a la ciudadanía de información veraz y oportuna, el Ministerio Público rediseñó su sitio web.

Y es que aunque, desde el 2001 ya contábamos con un sitio Web, al actual se le realizó un refresca-miento, entre cuyas novedades, destacan la presenta-ción de la información, imagen y contenido; así como más facilidades para que los usuarios, tanto internos como externos, puedan acceder de manera rápida a los contenidos.

En esa línea de acción, ahora, la página del Mi-nisterio Público ofrece mayor contenido visual e infor-mativo dirigido a la ciudadanía e, igualmente, incorpora mayor número de vínculos que llevan al usuario exacta-mente a la información que busca.

El proceso de refrescamiento del sitio de Internet del Ministerio Público fue un laborioso trabajo, llevado a cabo por las direcciones de Tecnología y de Relacio-

nes Institucionales, a través de la Coordinación de Aná-lisis y Evaluación de Medios.

El principal objetivo que guió este trabajo fue la de mejorar la imagen institucional que proyecta el Mi-nisterio Público a través de su sitio web y vincular a todos los internautas con las acciones que ejercen los fiscales y los servicios que se prestan a la colectividad.

Paralelamente, se le realizó un refrescamiento a la Intranet del Ministerio Público, con el fin de que los empleados puedan contar con un sistema distinto, rá-pido y de fácil acceso a información oportuna sobre el ámbito laboral; además coloca a disposición de es-tos usuarios, vínculos tales como: formatos, manuales, normas y directorio telefónico de las distintas depen-dencias pertenecientes a la Institución.

El contenido de ambas páginas es revisado y actualizado constantemente por un equipo especia-lizado en el área. En este sentido, invitamos a visitar nuestros espacios electrónicos a través de la dirección www.ministeriopublico.gob.ve.

Los cambios también alcanzaron al sitio electrónico interno de la Institución

Una imagen fresca para nuestro sitio web

Texto: Henry Delgado | Fotos: Archivo


AMAZONASAv. Rómulo Gallegos, c/Calle Melicio Pérez,Edif. Don Felipe, Puerto Ayacucho.Teléfono: (0248) 521.64.77

ANZOÁTEGUIAv. Municipal, Edif. Ministerio Público,frente al elevado de Puerto La Cruz.Teléfono: (0281) 260.03.68

APUREAv. Miranda, Calle Piar, Edif. C.C. Trinacria,San Fernando.Teléfono: (0247) 341.18.39

ARAGUACalle Páez, entre Calles Libertad y Carabobo,Edif. Ministerio Público, Maracay.Teléfono: (0243) 240.92.71

BARINASCalle Aranjuez, c/Av. San Luis, Edif. Ministerio Público, Barinas.Teléfono: (0273) 532.50.55

BOLÍVARC.C. Angostura, Av. 17 de diciembre,c/Calle Angostura, Ciudad Bolívar.Teléfono: (0285) 631.68.27

CARABOBOAv. 147, Urb. Carabobo, Torre INSOTI,(a media cuadra de la Av. Bolívar Norte), Valencia.Teléfono: (0241) 825.39.67

COJEDESAv. Sucre c/Calle Manrique, Edif. Raype II,PB 01, San Carlos.Teléfono: (0258) 433.65.68

DELTA AMACUROAv. Guasima, Edif. Sede del Ministerio Público, Tucupita.Teléfono: (0287) 721.47.33

DISTRITO CAPITALSede Operativa de los Fiscales del Área Metropolitana de Caracas.Av. Urdaneta, Esq. de Animas, Edif. del Ministerio Público, Nivel Avenida. CaracasTeléfonos: (0212) 408.72.00 / 409.67.56

FALCÓNAv. Manaure, cruce Esq. Av. Leonardo Ruiz Pineda, Edif. Ministerio Público, PB, Ofic. 01, Coro.Teléfono: (0268) 253.18.93

GUÁRICOAv. Los Llanos, Edif. Sede del Ministerio Público, San Juan de Los Morros. Teléfono: (0246) 431.12.39

LARAEsquina Calle 27, Carrera 17, Edificio Torre Orinoco, piso 4, Ofic. 4B, Barquisimeto.Teléfono: (0251) 232.57.51

MÉRIDAAv. 4 Bolívar, entre Calles 19 y 20, Edif. Ministerio Público, Mérida.Teléfono: (0274) 251.13.08

MIRANDACalle Maquilen, cruce con Negro Primero, Edif. Omega, PB, Los Teques.Teléfono: 323.59.24

MONAGASCalle Cedeño, Edif. Mil Mays, piso 1, Ofic. 2 Maturín.Teléfono: (0291) 642.40.46

NUEVA ESPARTAAv. 4 de Mayo, Edif. del Ministerio Público. Porlamar.Teléfono: (0295) 263.55.34

PORTUGUESAAv. Juan Fernandez de León, Edif. Duracenca, PB. Guanare.Teléfono: (0257) 253.02.60

SUCREPrimer Circuito (Cumaná). Av. Universidad, Edif. Ministerio Público.Teléfono: (0293) 452.05.61

Segundo Circuito. Calle Independencia, Edif. Funda Bermúdez, piso 3, Ofic. No. 1 Carúpano.Teléfono: (0294) 331.99.60

TÁCHIRAProlongación de la Quinta Av., Sector La Concordia, Edificio sede del Ministerio Público, San Cristóbal.Teléfono: (0276) 346.78.96

TRUJILLOAv. Independencia, Calle Profesional Rosas Bravo, frente a la Plaza Sucre, Trujillo.Teléfono: (0272) 236.53.72

VARGASEdif. CIAC, Nivel 2, Sector 7, Rampa 4, Terminal Auxiliar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar,Teléfono: 352.22.80

YARACUYEdif. Senmary, piso 1, 7ma. Av. entre calle 18 y Av. La Patria, San FelipeTeléfono: (0254) 231.48.09

ZULIAAv. 13 entre Calle 77, Boulevard 5 de julio y 78, Dr. Portillo, Edif. Ministerio Público, Maracaibo.Teléfono: (0261) 796.18.20

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