Público.es Otras miradas 22 ene 2014 Profesor, investigador, burócrata

Javier Mayoral

Profesor de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid

Hace unas semanas, a propósito de la corrupción política, un compañero de trabajo comentó:

“ya no basta con saber a qué dedican el dinero de todos; ahora debemos exigirles además que

expliquen con detalle qué hacen, cómo y cuánto trabajan, en qué tareas concretas emplean su

tiempo”. Me parece que ese planteamiento general puede ser muy útil. Y no solo para los

políticos. Porque la opacidad, letal en política, resulta también dañina casi en cualquier ámbito

de la vida pública.

Pensemos, por ejemplo, en la enseñanza universitaria. ¿Sabemos de verdad a qué se dedica

un profesor? ¿Sabemos cuántas horas reserva cada mes para preparar sus clases o para

atender a los alumnos? ¿Sabemos cuánto y cómo investiga? ¿Lo sabe la propia

Administración? ¿Lo saben los órganos de dirección de cada universidad? Me temo que todo

esto se conoce. O al menos se intuye. Lo sorprendente es que aún no se haya generado un

debate en profundidad sobre el modelo de profesor universitario al que parecemos estar

abocados. Digo más: me extraña que nadie proteste, que todo permanezca en aparente calma,

que continuemos simulando con dignidad y aplomo que nos esforzamos en enseñar –o en

aprender– del modo más racional posible.

Se acaba de emplear un verbo de vital importancia: enseñar. En España, hasta hace unos

quince o veinte años, el profesor universitario se ocupaba fundamentalmente de señalar el

camino del conocimiento. Enseñar viene de insignāre: “señalar”, en latín vulgar. El trabajo del

profesor consistía en guiar a los alumnos. La tarea docente resultaba esencial. La faceta de

investigador quedaba en segundo plano. Era entonces facilísimo encontrar docentes que no

investigaban. Ni mucho ni poco: sencillamente no dedicaban ni un solo segundo de sus vidas a

la investigación. Para solucionar esa evidente deficiencia, las autoridades políticas y

académicas consideraron necesario incentivar la producción científica en los centros

universitarios.

Ese cambio, tan necesario y lógico, acabó por desatar una furia de estremecedoras

consecuencias. Aquel profesor que ejercía antaño de maestro, a la vieja usanza, quizá debía

transformarse y adaptarse a un nuevo entorno. Quién lo discute. Quién discute que era y sigue

siendo necesario combatir el amiguismo, ese tráfico de favores que suele asociarse a la

palabra “endogamia”. Lo que ocurre es que las autoridades políticas y académicas, buscando a

toda velocidad investigadores, han establecido una serie de criterios que ignoran a los

verdaderos profesores. Hoy ya no importa si te esfuerzas en enseñar o no te esfuerzas. Los

méritos docentes no es que estén en segundo plano: es que han salido por completo de plano.

Esta faceta, en comparación con la investigación, ha quedado relegada a una esfera personal,

ética, individual: al buen profesor le preocupa enseñar, aunque en realidad nadie –excepto los

propios alumnos, con un poco de suerte– vaya a premiar ese esfuerzo. Las autoridades

políticas y académicas conceden a esta tarea docente una importancia absolutamente

marginal. Hasta el punto de que, en muchos casos, estos méritos se miden solo a través de

años de docencia. Curioso criterio: el mérito consiste en acumular trienios y quinquenios.

Mientras tanto los alumnos pasan a ser actores secundarios, salvo en lo relativo al precio de

las matrículas.

Para colmo de males, el profesor/maestro tradicional no se ha transformado realmente en

profesor/investigador, como a veces quisiéramos suponer. Esa conversión, en tan poco tiempo

y con tan escasos recursos, hubiera sido milagrosa. Nos hemos quedado en una mutación

mucho más modesta. Una mutación –me atrevo a añadir– catastrófica: el profesor/maestro se

está convirtiendo, lenta pero implacablemente, en un publicista/burócrata. Porque hoy el

verdadero trabajo del supuesto investigador universitario consiste, no en enseñar a los alumnos

(como parece obvio), sino en publicar artículos y en coleccionar citas. Los artículos deben

aparecer en una selecta nómina de revistas.

El valor del contenido de los textos no se evalúa: se delega en los criterios –muchos, a veces

complejísimos– empleados para medir el “impacto” de las revistas académicas. La idealización

de esas contadas cabeceras ha sido considerada alguna vez una absurda e ineficaz tiranía que

poco tiene que ver con la verdadera ciencia. No obstante, incluso esa torpe sacralización

podría resultar aceptable, como mal menor, si no fuera por la disparatada e infernal maquinaria

burocrática, llena de recovecos y picarescas, que finalmente se ha desatado. Como resultado

de todo lo anterior, el profesor universitario no es ya un guía para los alumnos, ni tampoco un

investigador en sentido estricto, sino más bien un mero administrador de su propio currículum.

Ese gran laberinto burocrático es un magnífico lugar para perderse. Y para dejarse seducir por

el utilitarismo. El único problema es que alguien –como quizá acabe ocurriendo con los

políticos– nos pregunte un día a los profesores: ¿a qué os dedicáis? ¿En qué tareas concretas

empleáis vuestro tiempo? ¿Cómo, cuánto y en qué trabajáis? Por eso, preventivamente,

confieso aquí que me parece disparatado imponer un solo modelo de profesor universitario

empeñado en  (obsesionado con) investigar. Confieso además que me parece un dislate

entender que solo determinado tipo de trabajos publicados en determinado tipo de revistas

merece cierta consideración. Confieso que me avergüenza ir coleccionando citas por doquier, y

perder tanto tiempo en esa recolección, para demostrar que mis publicaciones son meritorias.

Confieso que alguna vez he dejado sin destacar algún libro recién publicado: nadie lo había

citado aún. Confieso que me ruboriza comportarme así, sometiéndome a esta clase de criterios

contables.

Confieso también que el pasado mes de diciembre dediqué diez veces más tiempo a organizar

mi currículum (para solicitar un sexenio de investigación) que a preparar clases. Confieso que

incluso asistí a un curso para dominar las herramientas informáticas y conocer algunos de los

criterios utilizados en este tipo de convocatorias. Confieso que estuve en varias ocasiones a

punto de pedir ayuda a profesionales. No me refiero a psicólogos, sino a expertos que han

estudiado todos los decretos y todas las normativas necesarias para sobrevivir a tan formidable

burocracia. Sí, han leído bien: hay empresas que, por una respetable cantidad de dinero,

liberan a los profesores del yugo burocrático que los atormenta. En mi caso, cuando quise

decidir, esa empresa había colgado en su página web el siguiente mensaje: “Estamos

desbordados y no aceptamos gestionar más solicitudes de sexenios”.

Confieso, por último, que he perdido horas y horas (y más horas) atrapado en páginas web de

ministerios u organismos de evaluación, en manuales que muy amablemente pretendían

explicar lo inexplicable, en aplicaciones informáticas de mi propia universidad… Confieso que a

veces, mientras analizaba los índices de impacto de no sé qué revista, me he acordado de

aquellos alumnos que no estudian la materia de una asignatura, sino más bien las artimañas

que les permitirán aprobar y olvidar el mal trago cuanto antes. Confieso con cierto pudor que un

día, hace apenas unas semanas, me sentí aprisionado por una inhumana aplicación

informática que se negaba a guardar correctamente la información de una página. Aprisionado

primero (durante varias horas) y ridículo después, cuando advertí que el fallo estaba en la

pestaña denominada “tipo de vía”, en la sección de “datos personales”. Torpe e ingenuo de mí:

había escrito “calle”, sin más. La aplicación informática no daba por buena esa información.

Tampoco permitía seguir adelante. Ni siquiera explicaba qué ocurría. Casi por azar descubrí

que el terrible error consistía en no haber especificado si mi domicilio se hallaba en “calle”,

“calleja” o “callejón”.