NARCOTRÁFICO

RICARDO RAVELO

Considerado por la agencia antidrogas estadunidense (DEA) y por la Procuradu-ría General de la Repúbli-ca (PGR) como uno de los capos emblemáticos de los ochenta, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, podría quedar en libertad si un tri-

bunal de alzada le concede los beneficios de ley por su avanzada edad y su grave es-tado de salud.

El pasado 27 de abril, después de 26 años de juicio –cuyo expediente suma 170 tomos– se resolvió la causa penal 82/85 y se dictó sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero por el secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena.

En esa misma resolución se absolvió a Fonseca Carrillo de los cargos por narco-tráfico en todas sus modalidades:

“Se modifica la sentencia apelada y se absuelve a Ernesto Rafael Fonseca Carri-llo… de la acusación ministerial formu-lada en su contra por la responsabilidad penal en la comisión del delito contra la salud, en las modalidades de siembra, cul-tivo, cosecha, elaboración, preparación y acondicionamiento de paquetes de mari-guana, posesión y tráfico de la misma, así como en la modalidad de aportación de re-cursos económicos para la siembra y cul-

tivo de ese estupefaciente…”, establece el apartado cuarto del dictamen.

Con ello, Fonseca Carrillo también es-tá en posibilidad de recuperar los bienes que la PGR le aseguró tras su aprehensión y que, según sus familiares, consisten en un terreno y una casa que ya está destruida por el paso del tiempo.

“Veo muy cerca la liberación de mi pa-dre si se cumple la ley. Lo que más deseo en la vida es que mi papá no se muera en la cárcel”, dice en entrevista con Proceso Esther Fonseca Valencia, una de las hijas de Don Neto.

–¿Está muy enfermo su padre?–La cárcel ha sido muy dura. Las en-

fermedades lo han agobiado; está mal ali-mentado y mal atendido por los médicos. Todo esto lo hemos denunciado ante la Comisión Nacional de los Derechos Hu-manos, pero nadie nos hace caso.

Veintiséis años después de su aprehen-sión en Puerto Vallarta, Jalisco, Ernesto Fonseca fue absuelto en abril último de los cargos por narcotráfico. Meses atrás tam-bién se le eximió de otros delitos, en par-ticular por su relación en el escándalo del rancho El Búfalo. En ese predio, propie-dad de Rafael Caro Quintero, fueron des-cubiertos enormes sembradíos de mari-guana –de casi 3 mil hectáreas– que eran protegidos por militares.

Sin embargo, Don Neto se mantiene en reclusión por el secuestro y homicidio del

agente de la DEA Enrique Kiki Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala, cu-yos cuerpos fueron localizados en el ran-cho El Mareño, en Michoacán, en 1985.

Ese caso, que sigue abierto ante la jus-ticia mexicana, implicó no sólo a Fonseca Carrillo, sino también a Miguel Ángel Fé-lix Gallardo y Rafael Caro Quintero, en-tre otros personajes del llamado cártel de Guadalajara que en los ochenta eran inves-tigados por Camarena por sus vinculacio-nes con el tráfico de drogas.

Maltrato carcelario

Después de una larga batalla legal, Esther Fonseca Valencia, hija de Fonseca Carri-llo, deja los votos de silencio y afirma que su mayor deseo es ver a su padre en liber-tad. Asegura que durante estos 26 años ella y su familia han vivido una pesadilla. Dice que aún tiene vivo el recuerdo de la detención de su papá; “fue un golpe muy fuerte para todos”.

–¿Qué hizo cuando se enteró del arres-to de su padre? ¿Ustedes sabían que se de-dicaba al narcotráfico?

–Para mí y para mis hermanos mi pa-dre fue y es un hombre ejemplar, muy tra-bajador y responsable. Sabíamos que era ganadero y que así se ganaba la vida. Re-cuerdo que el día de su detención yo esta-ba en Guadalajara y fui al supermercado. Cuando salí escuché por radio que habían

El sinaloense Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, está en las raíces de la época moderna del narcotráfico mexicano. De cárcel en cárcel, ha permanecido en prisión 26 años. Hace casi 10, Julio Scherer García lo avistó apenas en el penal entonces llamado de La Palma y entrevistó a su hija Ofelia Fonseca, en aquel tiempo también encarcelada. Dio testimonio de ello en el libro Máxima segu-ridad. Almoloya y Puente Grande. Ahora, otra hija, Esther, abre nuevas páginas del álbum familiar de Don Neto, quien ha sido ya exonerado en última instancia del cargo de narcotráfico, y en entrevista con Proceso ofrece estampas de lo que ha sido la vida de su padre en los penales de alta seguridad en los que ha estado recluido y entreabre las cortinas de la convivencia familiar de los capos del crimen organizado… A los 81 años, enfermo, desgastado, Don Neto cumple una sentencia de 40 años de prisión por haber participado en el célebre caso del secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, en 1985.

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La vidaen la cárcel

Archivo

po ya tenía problemas fuertes en las coronarias .”

Debido a su avanzada edad y a las múl-tiples enfermedades que padece, Ernesto Fonseca ganó un amparo que le permitió abando-nar el penal de máxima seguridad de La Palma, donde estuvo recluido 18 años. “La gestión nos llevó muchos años, pero ganamos ese amparo”, apunta Esther y afirma que de nada les valió ese triunfo, pues ahora su pa-dre se encuentra en con-diciones peores a las que tenía en La Palma.

–¿Por qué?–En La Palma podía

salir y ver el sol. Hablaba con sus compañeros. Aho-ra está en una celda que se llama CO y que mi padre la llama celda olvidada. Des-de que ingresó no sabe si es de día o de noche, pues per-manece sumido en la oscu-ridad. No lo dejan leer ni la Biblia. En La Palma estaba en una celda de tres metros de largo por dos de ancho. Ahora permane-

ce en un cuartito y no tiene contacto con la población.

“Hace unos días le pregunté al médi-co de la cárcel sobre el proble-

ma de la bacte-ria que tiene mi padre en su ojo derecho, y me dijo que era un problema de glaucoma por presión alta. Desde que ingresó a esa

prisión de Durango, que para mí es tan du-ra como La Palma, no lo ha podido ver un solo especialista.

“La directora del pe-nal, Érika Adriana Teno-pala, dice que no lo deja salir porque tiene temor de que los demás internos lo agredan. Eso no es un argumento válido: mi pa-dre no se mete con nadie. Imagínese cómo ha vivi-do mi padre que el otro día que pudo salir al jar-dincito comenzó a llo-ver y nos dijo que hacía muchos años que no veía llover.

“En La Palma lo aten-día un geriatra, pero en el penal de Durango no hay especialistas. Un día se desmayó y nadie se en-teró hasta que le lleva-ron la comida. Se puede morir ahí adentro y na-die sabe nada. Mi padre

dice que salió de Guatemala para entrar a guatepeor. A veces hasta nos dice en bro-ma que quiere que lo regresen a la Palma, pues allá parece que estaba mejor.”

ción para evadirlos, pero se hacían pasar por camareros. Había americanos de la CNN. Muchos.

“Teníamos que cuidarnos hasta para reservar los pasajes del avión. Ellos aparecían en el aeropuerto y compraban el boleto pa-ra sentarse cerca. Ya no se trataba de mi papá. Éramos nosotras.”

–¿Quiénes?–Mis hermanas. No quiero decir los nombres.–¿Y los policías?–No hacían nada por defendernos. Eran como aliados de los

periodistas en el juzgado, en el reclusorio, en todos lados.–¿Qué me dices de tu papá?–Cuando estaba libre casi no lo veía. Una o dos veces al año,

en vacaciones.–¿Por qué, Ofelia?–Mi mamá se volvió a casar y él respetaba esa relación.

Cuando fue detenido empecé a tener más contacto con él. Le de-cía, riendo: “Ahora no me puede decir que no está o que está ocu-pado o que no quiere atenderme”. Él me decía, riendo también: “Ahora puedes venir cuando quieras”.

–¿Cómo es tu papá?–¿Para mí o para los demás?–Da lo mismo. No todos los hijos quieren a sus padres.–Es cierto. Yo quiero a mi padre. Habla poco y cuando lo ha-

ce me da consejos. No es cariñoso. Sus cariños son palmadas en la cabeza. Ahora que estoy aquí, la vez que lo vi fue un abrazo sin el menor cariño lo que me dio.

–¿Tú cómo eres?

–Muy cariñosa, sobre todo con mis hijas. Las abrazo, las be-so, les digo que las quiero, que las extraño, que las necesito. To-do lo que no tuve, trato de dárselos.

–¿De qué manera soporta tu padre la cárcel?–Dice que se mortificó mucho desde que me detuvieron aquí,

que no lo podía creer. El consejo que me dio fue así: “Piensa que no existe más que esto. Tú no conoces nada más y si no conoces no puedes extrañar”. Yo le digo que lo único que necesito y ex-traño son mis hijas y mis hermanas. “Y las tienes”, me dice. “Ha-blas con ellas, las ves, vienen a verte”. Le digo que es insuficien-te. Vuelve a decirme: “Piensa que no existe nada más. Si no, no vas a poder sobrevivir”.

–¿Qué es sobrevivir, Ofelia?–Dímelo tú.–Permanecer. ¿Te ha transformado la cárcel?–Me ha transformado la cárcel.–Cuéntame.–Empecé a investigar lo que pude del narcotráfico. Supe que

era venta y compra de droga. Pero lo peor fue saber que asesi-naban gente. Eso me daba miedo. Me impactó. A raíz de eso me volví a acercar a mi mamá, de la que me había alejado por su se-gundo matrimonio.

“Cuando mi mamá se quedó viuda sé recargó en mí. Nos cambiamos de casa. Vendimos la casa, rentamos un departamen-to pequeño y luego compramos otra casa. No importaba dónde, sólo que cupiéramos todos.”

Cortesía Familia Fonseca Valencia

detenido a una persona con los apellidos de mi papá y nos alarmamos mucho por-que no sabíamos nada de él.

“De inmediato comenzamos a buscar-lo, preguntamos en muchos lugares si lo habían visto. Yo estudiaba la secundaria y fue muy impactante para mí y mis her-manos escuchar la palabra narcotrafican-te, pues en mi casa nunca vimos armas ni drogas.”

–¿Qué pensaron al ver que su padre no aparecía?

–Nos imaginamos lo peor. Contrata-mos un abogado y comenzamos a buscar-lo. Luego nos enteramos de que estuvo varios días en el Campo Militar (Núme-ro Uno) y viajamos a la Ciudad de Méxi-co cuando fue presentado en el Reclusorio Norte. Estaba muy golpeado, un ojo lo te-nía casi cerrado. Le pasamos unos lentes y le tomamos una foto. Nos dijo que no nos preocupáramos, que todo estaba bien.

Fonseca Carrillo tiene 81 años y ha es-tado en tres prisiones. Luego de su deten-ción, ocurrida en abril de 1985, fue inter-nado siete años en el Reclusorio Norte. De ahí fue trasladado al penal de máxima se-guridad de La Palma (hoy del Altiplano), donde permaneció 18 años, y hace cinco meses fue enviado a una cárcel de alta se-guridad ubicada en la comunidad de Gua-

dalupe, a 70 kilómetros de la ciudad de Durango.

Esther Fonseca comenta que la deten-ción de su padre y los años que lleva en prisión cambiaron la vida de toda su fami-lia: “Nos robaron la tranquilidad, sobre to-do la tranquilidad por no saber cómo está mi papá. Aunque él no se queja de nada y siempre nos pide que no estemos tristes”.

–¿Qué pensó usted cuando la PGR lo acusó de narcotráfico y de la muerte de Enrique Camarena?

–Fue muy doloroso, pero siempre pen-samos que no era cierto. Yo le pregunté a mi papá sobre ese tema, la muerte del agente de la policía americana, y él me respondió: “yo no he matado a nadie”. Y yo le creo.

Esther Fonseca dice que cuando visi-tan a su padre él habla poco de su vida. “A veces nos cuenta anécdotas de cuando era joven”.

–¿Qué piensan ustedes que va a ocu-rrir si después de 26 años en prisión lo ab-solvieron de los cargos por delitos contra la salud?

–Queremos saber qué pasó y por qué lo detuvieron. Ignoro qué hay en el fondo de toda esta historia. El tiempo se ha en-cargado de demostrar que mi padre no es narcotraficante y hemos pagado un precio

muy alto por todo esto. Sobre todo mi pa-pá, que está muy enfermo.

“No se vale el trato tan inhumano que ha recibido en la cárcel. Le dan una pésima alimentación y no le proporcio-nan los medicamentos que requiere para tratar la hipertensión crónica y la insufi-ciencia vascular periférica que padece. Ya perdió un ojo y está a punto de perder el otro por el glaucoma que tiene debi-do a su hipertensión. Lo peor es que las autoridades del penal no le dan permiso para que se opere. ¿Usted cree que ese trato es humano?”.

–¿Cómo vivía su padre cuando estaba en La Palma?

–Era horrible. A mis hermanas y a mí nos bajaban la ropa y por cualquier ador-no que lleváramos nos impedían el ingre-so. Nos pasaban un aparato para ver si ha-bíamos tocado droga, y era horrible ver que hasta los niños de siete años daban positivo.

“Mi padre sufrió mucho ahí. El de-cía que desayunar un pedazo de nopal todos los días no era comida. Con el pre-texto de sus enfermedades le restringían mucho los alimentos. Hace como cinco años le dieron permiso de salir de la cár-cel para que lo atendieran en un hospi-tal. Le dieron dos infartos y en ese tiem-

JULIO SCHERER GARCÍA

E rnesto Fonseca, Don Neto, el interno más antiguo y el hombre más viejo en Almoloya, ofrece la ima-gen del hombre que se está yendo. Sus ojos opacos se parecen a la voz desganada. Le pido que conver-semos. Me mira y no sé si me mira. Insisto y él me sigue mirando.

–No –articula.El comandante Zamudio, que nos acompaña, lo toma del

brazo y se retira con Don Neto, acusado de la tortura y muer-te de Camarena, el agente de la DEA, y librado del cargo por narcotráfico.

Más tarde me diría Rafael Caro Quintero, amigo de Don Ne-to desde siempre:

–Está mal. Busca en la mesa un vaso y encuentra una taza.La hija de Don Neto, Ofelia, es una mujer plena de formas.

Se dice tímida, se llama perseguida y se confiesa inocente.–Cuando mi papá fue detenido estábamos de vacaciones de

Semana Santa y nos hallábamos en Mazatlán. Nos acercamos a un abogado para ver qué podía hacer. Llegamos a México en su compañía. Mi hermana y yo estábamos embarazadas de siete y ocho meses.

“Los periodistas nos persiguieron en el Reclusorio Norte, donde estaba mi papá, como si fuéramos delincuentes. Nos hi-cieron preguntas que no dábamos cómo responder. ‘¿Sabías que estaba en el narcotráfico?’ ‘¿Y tú?’

“Con grabadoras y libretas nos acorralaron al grado de que estuvimos a punto de rodar por la escalera. En el tumulto nos golpeaban con sus cámaras.

“Nos alojamos en el hotel Krystal y allá nos seguían. Dispo-nían de micrófonos y hacían guardia. Comíamos en la habita-

“Ya no se trataba de mi papá”éramos nosotras”*

NARCOTRÁFICO

cuando fue asesinado el agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, quien por aquellos años seguía los pasos de Caro Quintero.

Las repercusiones de ese caso pusieron en riesgo las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Así fue como se perturbó la tranquilidad con que vivían Fé-lix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Ca-rrillo, pues los tres fueron implicados en la muerte de Camarena.

Conforme avanzaron las investiga-ciones resultaron ligados al narcotráfi-co, al asesinato de Camarena y del pilo-to Alfredo Zavala otros personajes, entre ellos Rubén Zuno Arce, cuñado del expre-sidente Luis Echeverría, y el médico jalis-ciense Humberto Álvarez Machain. Este último fue detenido en territorio mexica-no por agentes de la DEA y llevado en un avión privado hasta El Paso, Texas, don-de enfrentó un proceso por el asesinato del agente de la DEA.

A Álvarez Machain se le acusó de par-ticipar, junto con Fonseca Carrillo, Caro Quintero y Félix Gallardo, en el secuestro y asesinato de Camarena. En la acusación es-tadunidense se dijo que Álvarez Machain le suministraba sedantes a Camarena para que soportara las torturas a las que fue sometido antes de morir (Proceso 685).

“Los perros ladraban, la gorda me gritaba, tenía que gritar ‘¡Sí señor!’. No oía. No entendía.”

–¿Oyes bien?–Pudo ser de nervios. Me esposaron de nuevo y aventaron

contra la pared y el comandante, jalándome de las esposas, me colocó en la raya que sirve para medir la estatura. Me lastimó y ahorita que usted me puso la mano ahí, siento que se me mueve la vena, que me duele.

“Me dejó como veinte minutos y luego me hicieron correr, esposada, con la cabeza agachada y ellos detrás de mí. Me sen-taron en una silla a la que llegó un señor a cortarme el pelo con una maquinita. El comandante empujó la mano del de la maqui-nita y éste me dejó pelona de atrás.”

–¿Quedaste rapada?–Sí, de atrás. Así aparezco en las fotos de aquí. Ayer cumplí

un año. He bajado quince kilos.–¿Por qué te detuvieron?–El 26 de enero del 99 cumplí quince años de vivir con mi

marido. Teníamos problemas y yo acudía con una sicóloga para ver si había manera de reconciliarnos. Lo invité a la terapia. La sicóloga me explicó que no iba a cambiar. Entonces le pedí que me ayudara a dejarlo, porque yo sola no podía.

–¿Lo querías?–Sí.–Por los quince años de vida juntos tenía semanas invitándo-

me a Cancún. Primero me negué. Después creí que podríamos reconciliarnos sin necesidad de la doctora. Preparé el viaje con

ilusión y con ayuda de mis hijas escogí la ropa de día, la de no-che. Iba contenta.

“Llegamos un viernes. El sábado pasé íntegra la mañana en la alberca, sola. Por la tarde salí de compras y a él ya ni le pregun-té a dónde había ido. Supe que no iba a cambiar, pero decidí dis-frutar mis vacaciones.

“El plan para el domingo era ir a Xcaret, pero él me dijo que quería llevarme a Belice. De regreso a Cancún, yo iba medio dor-mida, sentí que detuvo bruscamente el carro para dar una vuel-ta y vi una caseta que decía ‘Migración’. No le di importancia.

“A los pocos minutos vi que aterrizaban dos aviones, uno arriba del otro. Tuve miedo. Sólo recuerdo que una avioneta ate-rrizó y unos individuos se metieron al carro, que era de cuatro puertas. Todo fue horrible. Llegaron helicópteros, soldados, gen-te uniformada. Mi marido decía que quería irse, pero no hacía nada. Me bajé y corrí por el monte. Me salió un animal que me asustó. Pensé que entre perder la vida ahí o seguir con mi marido, pues mejor con él. Volví al auto. Arrancamos, corrimos hasta que en una curva se derrapó y chocamos. Mi marido me jalaba de la mano. Corrimos al monte.

“Nos persiguieron. A mí me encontraron, la primera. Un ofi-cial me jaló los pelos, me insultó, me golpeó y me encañonó. Le pedí que no me pegara. Me manoseó dos veces dizque para co-rroborar que no trajera armas.”

–¿Quién te hizo todo eso?–El comandante de los que nos detuvieron. Me preguntó que

si era pariente de Amado Carrillo. Yo en ese momento no recor-

NARCOTRÁFICO

Francisco Daniel

“Don Neto” y Caro Quintero

Largo historial

Ernesto Fonseca nació en San-tiago de los Caballeros, Sinaloa, un pueblo que alcanzó la fama porque fue cuna de varios nar-cotraficantes emblemáticos, co-mo Miguel Ángel Félix Gallar-do. En la actualidad es uno de los territorios que a menudo utiliza como refugio Joaquín El Chapo Guzmán.

El nombre de Ernesto Fonse-ca comenzó a ser mencionado a finales de los setenta y mediados de los ochenta. Según la PGR en esa etapa fue integrante del cár-tel de Guadalajara que por aque-llos años encabezaba Rafael Caro Quintero y del que formaban par-te Félix Gallardo y Pablo Acosta.

En aquella época, el negocio del narcotráfico lo manejaban gru-pos tan compactos que eran vis-tos como una familia. Las figu-ras importantes del llamado cártel de Guadalajara eran Pablo Acosta, El Zorro del Desierto, afincado en Ojinaga, Chihuahua, así como Fé-lix Gallardo, quien había sido guar-daespaldas y chofer del gobernador

de Sinaloa Leopoldo Sánchez Celis,Estos personajes salieron de Sina-

loa y se establecieron en Guadalaja-ra, ciudad que sirvió como refugio de muchos capos cuando el gobernador de Jalisco era Enrique Álvarez del Castillo. Tiempo después éste fungió como el primer titular de la PGR del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

A comienzos de los ochenta, Fé-lix Gallardo era visto como un em-presario próspero. Su poder econó-mico lo convirtió en un importante accionista bancario. A menudo se le veía en Sinaloa o en Guadalajara inau gurando importantes negocios o a bordo de autos de colección y motocicletas de lujo.

Estos narcotraficantes alcanza-ron mucho poder porque diversifi-caron sus actividades económicas. Además, la clave de su éxito resi-día en que controlaban todas las etapas del negocio del tráfico de drogas: desde la siembra hasta la comercialización. Entre ellos no había rencillas, pues el negocio se manejaba como si fuera de una so-la familia.

Sin embargo, esa etapa de es-plendor llegó a su fin en 1984,

–¿Cuántos?–Éramos siete hermanos. Quedamos seis. Uno de mis hermanos

se mató en la carretera a los seis días que enterramos a mi mamá.–¿Manejaba en sus cinco sentidos?–Creo que tenía la depresión. Él venía con un muchacho co-

mo de su edad, 18 años. Se le perforaron los pulmones. A la doc-tora que lo atendió le dio miedo el caso. Lo mandó a Tepic. Mu-rió en el camino. Yo estaba como perdida.

“La crisis estaba por todos lados. Una vez, regresando de Mazatlán con mis hijas y una amiga, nos paró la Federal de Ca-minos. Recuerdo que fue entre Jalisco y Nayarit. Eran como las diez de la noche. El comandante me revisó todo el carro y me hizo bajar las maletas. Mandó por una patrulla. Me hostigaron. Que de Fonseca qué era. Me preguntaron por mi hermano muer-to. Me preguntaron por otras gentes. Todos eran mis familiares, pero yo no tenía por qué decir nada. Desde ese día no firmé más como Ofelia Fonseca N. Ahora firmo como Ofelia F. Núñez.”

–Oigo decir que eres una mujer independiente.–Aislada, diría yo. No soporto mucho tiempo a la gente.

Creo que soy claustrofóbica.–¿Eras así?–No tanto, pero influyó lo que yo llamo el recibimiento que

me hicieron aquí.–¿Cómo fue?–Había dos mujeres oficiales. Una era del servicio médico.

Desde que iba entrando vi a un interno en pants color gris, con un número aquí en el pecho, igual al que ahora traigo. Les decía

a los señores de la FEADS que me traían, que llegaba para ver a mi padre. Que lo veía cada quince días.

–¿Qué es la FEADS?–No sé exactamente. Lo que sé es que es una corporación an-

tidrogas o algo así, similar a la DEA.–¿Te llevaron al patio?–No. El comandante que estaba allí se llamaba Alejandro

Martínez Ramírez. El de la FEADS que me traía lo conocía. Conversaban y yo lo miré poquito. Cuando vio mi cabeza levan-tada, me dio un golpe. Dijo que de ahora en adelante no podía mirar, preguntar, levantar la cabeza. A un lado estaba un unifor-mado de beige. Me metieron a una como bodega.

“Ya me habían dado 4 o 5 empujones. Me esposaron, me aventaron contra la pared y vi que estaban grabando, filmando. Empezó a gritar lo que se oye en la tele que les dicen a los que llegan, que acababa de llegar al CEFERESO, que mi número era ése, que me desnudara. Yo tenía un perro de cada lado.”

–¿Te desnudaste públicamente?–Eran casi puros hombres. Estaba una oficial gordota, muy

fea, que ahora trabaja allá afuera. Había una doctora y co-mo veinte o veinticinco hombres. Había un biombo chiquito, abierto por un lado. Me hicieron desnudar y hacer sentadillas. Después la doctora me revisó mis partes íntimas, me tocó el busto. Debía revisarme para saber si tenía cicatrices, el estado en que me recibía el reclusorio. Eso lo entendí. Todo lo demás, no. Me lo quitaron todo, hasta la ropa interior y me dieron un uniforme y unos zapatos que no me quedaron.

Cortesía Familia Fonseca Valencia

lajara, Jalisco, para discutir el secuestro e interrogatorio de Enrique Camarena”.

Las versiones aportadas por la DEA establecen que los cuerpos de Camare-na y del piloto Salazar fueron enterrados en el parque Primavera, donde estuvie-ron temporalmente los cadáveres. Al fi-nal, la gente de Caro Quintero decidió separarlos “para que nadie pensara que había tumbas colectivas de gringos en Guadalajara”.

Por el secuestro y muerte de Enrique Camarena fueron sentenciados a 40 años Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonse-ca Carrillo.

Hoy, Fonseca permanece en prisión por dos cargos: el asesinato de Camarena y por posesión de cocaína y suministro gratuito, por lo cual enfrentaría una pena de seis años que, por el tiempo transcu-rrido, ya fue compurgada.

Según Esther Fonseca, su padre pue-de salir de la prisión por dos razones: por-que puede ser beneficiado legalmente al haber compurgado 26 años de cárcel, te-ner buen comportamiento y haber hecho trabajo en la prisión, o bien por su grave estado de salud y su avanzada edad.

“Nosotros pensamos que su caso puede ser tratado como el del señor (Mi-guel) Nassar, quien fue sacado de la cár-cel y ahora sabemos que está arraigado en su casa. Ese puede ser un camino ex-plorable para mi padre. También podría-mos interponer el amparo, a fin de que se le concedan los beneficios de ley a los que tiene derecho.”

Beneficios legales

El 31 de marzo pasado, la defensa de Er-nesto Fonseca presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Hu-manos (CNDH) para que intervenga a fin de que el recluso reciba el tratamiento clínico que requiere. Según el documen-to, Fonseca tiene 81 años y padece con-juntivitis bacteriana en el ojo izquierdo.

En la queja ante la CNDH se enlistan otras enfermedades que padece Fonseca Carrillo, según un reporte de medicina general fechado el 30 de julio de 2010:

De acuerdo con el diagnóstico, Fon-seca Carrillo padece isquemia intestinal, mala absorción, enfermedad articular de-generativa, catarata total y amaurosis, hi-pertensión pulmonar, ateroesclerosis carotídea con placas potencialmente em-bolígenas, cardioangioesclerosis, bron-quitis crónica, hipertrofia prostática obs-tructiva en crecimiento, insuficiencia venosa periférica grado III, hemorroidec-tomía, prostatectomía parcial y tiroidecto-mía parcial.

El documento añade: “El paciente refiere que tiene dificultades para eva-cuar y dolor tipo ardoroso en estómago”. También se especifica que ha sufrido dos infartos, perdió un ojo y en el otro ha dis-minuido la visión en 70%.

–¿Qué sigue en la vida de Ernesto Fonseca y de su familia?

–Seguir luchando para que salga li-bre. El 27 de abril fue sentenciado con la pena máxima de 40 años por secues-tro y homicidio y se le absolvió de to-dos los delitos contra la salud. ¿Qué si-gue? Obtener el amparo para que salga con los beneficios de ley o bien mediante un arraigo domiciliario.

–¿Usted cree que puedan lograr estos beneficios?

–Todo se puede. Él tiene derecho a esos beneficios y todo depende de que el gobierno acate la ley. Y creemos que sí se puede porque ya está absuelto de los car-gos por narcotráfico. Si lo hubieran sen-tenciado por esos delitos no tendría dere-cho a los beneficios de ley.

–¿Existe alguna orden de aprehen-sión con fines de extradición?

–No hay ninguna.–¿Qué tan cerca o que tan lejos ve us-

ted la libertad de su padre?–Es una esperanza que yo tengo co-

mo hija, pero al mismo tiempo trato de ver este asunto con objetividad. No qui-siera desilusionarme y, como se lo dije al principio de la conversación, lo que mis hermanas y yo deseamos es que mi padre no muera en la cárcel.

–¿Su padre les ha hablado de la muerte?

–No, casi no nos habla de eso.–¿Por qué mandó a construirse en-

tonces un mausoleo en el panteón de Santiago de los Caballeros?

–Esa tumba no es sólo para él. La mandó a construir para él y todos sus 11 hijos. Tiene como 12 gavetas y es una tumba familiar.

Acerca de los rumores en el sentido de que su padre les dejó una gran fortuna, Es-ther asegura que se trata de una mentira:

“Trabajamos en nuestros propios ne-gocios. Yo tengo un spa en Guadalajara y otros hermanos se dedican a los bienes raíces. Mentiría si le digo que somos po-bres; en realidad no lo somos, pero nues-tra vida es modesta, como la de cualquier persona normal que se gana la vida traba-jando. Mi padre no nos ha heredado nin-guna fortuna A lo largo de este juicio he-mos enfrentado desde abusos hasta robos. Ahora que mi padre fue exonerado del de-lito de narcotráfico sólo se podrán recupe-rar unas tierras, otro terreno donde había una casa que ya no existe y eso es todo.”

De acuerdo con el expediente CR-87-422 (E)-ER, Rubén Zuno Arce “asistió, apoyó, incitó y fue cómplice del cártel de Guadalajara. El cuñado de Echeverría, di-

ce el documento, “conspiró y acordó el se-cuestro, tortura, interrogatorio y asesinato de Enrique Camarena”.

Y añade: “Alrededor de la primera se-

mana de febrero de 1985, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Rubén Zuno Arce y Javier Barba Hernández se reu nieron en casa de este último en Guada-

dé quién era. Luego me preguntó que qué era de mi padre y le dije que era su hija. Luego hallaron a mi marido y al piloto de la avioneta.

“Llegando a Seguridad Pública pedí hablar con el coman-dante. Le expliqué lo que había pasado. Me dijo que no po-día hacer nada, que había que esperar a que llegaran las auto-ridades.

“Encerraron a mi esposo y al piloto en un celda, juntos. A mí me encerraron sola. Pedí el teléfono, pues sabía que tenía de-recho a hacer una llamada. Me la negaron. Así pasamos toda la noche.

“Al día siguiente vi, parada en el excusado, cómo se llevaban a mi marido. Se me acercó un celador y me dijo que a mi marido le habían sacado las uñas, que lo habían torturado, que le habían dado toques y que estaba muy grave.

“Yo estaba sin comer, ni papel del baño ni agua me dieron. Al otro día me llevaron a mí. Me dijeron que mi marido estaba bien, que no le habían hecho nada. No les creí. Me exigieron que dijera lo que sabía y podría irme a mi casa. Me metieron en un cuartito en el que yo buscaba sangre, rastros de tortura que no hallé. Volvió el interrogatorio. Contesté todo y más. Empe-zaron a preguntarme por mi marido y yo a decir: ‘Pregúnten-le a él.’

“Supe que era la Federal la que había hecho todo. Me pidie-ron una declaración y yo solicité la asistencia de mi abogado. Me señalaron a una persona diciendo que era abogado. Dijeron

que tenía que ser con ése. Pedí ver a mi marido. Me llevaron con él. Estaba bien. No tenía nada. Le pregunté qué pasaba y me di-jo que todo estaba bien.”

–¿Qué había hecho tu marido?–Me enteré hasta que nos dieron el auto de formal prisión.

No sé cuántos días habrían pasado, porque ampliaron el término. En la declaración, mi marido decía que en el 98 había ido a una discoteca en Guadalajara, que había visto a unas personas, que más tarde había estado en un café en Puebla. Dio el día, dio la hora. Que le habían dado 25,000 pesos para recoger a unas per-sonas en Quintana Roo. Él dijo que yo no sabía nada.

–¿Lo acusaron de narco?–Lo acusaron de lo mismo que a mí, con previo acuerdo para

introducir cocaína en el país y dos delitos más; uno, aportación de recursos, alusión a los 25,000 pesos.

–¿Cuál fue tu delito?Ofelia toca con las palabras el anhelo de tantos: Matar el pa-

sado. “No sé”, dice.

* Capítulo del libro Máxima seguridad. Almoloya y Puente Grande, publicado por la editorial Alfaguara en 2001. Ofelia ob-tuvo su libertad en 2009, al ganar un amparo en contra de la acu-sación por delitos contra la salud, luego de permanecer encarce-lada desde enero de 1999.

NARCOTRÁFICO

Juan Carlos Cruz

Panteón de Santiago de los Caballeros. Mausoleo familiar

eficaces en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico”.

El senador del PT Ricardo Monreal afirmó que frente a estas revelaciones el Senado reacciona tardíamente ante lo que él considera que “no sólo es una invasión a la soberanía, sino prácticamente una ocu-pación al país”.

En entrevista con Proceso, Monreal afirma que las violaciones a la Constitu-ción son tan claras que el titular del Eje-cutivo federal, Felipe Calderón, “es sujeto de juicio político”.

“La situación es tan grave que hay salida de tropas mexicanas al extranjero sin autorización del Congreso, a pesar de que el artículo 76 de la Constitución, en su fracción III, señala que es una función exclusiva del Senado autorizar la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escua-dras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas”, advierte el exgober-nador de Zacatecas.

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Monreal. Calderón, a juicio

El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y la canciller Patricia Espinosa se reunieron en privado con integrantes de la comisión bicamaral de Segu-ridad Nacional; ante ellos reconocieron que sí hay agentes estadunidenses en México, pero aseguraron que tienen funciones acotadas y su actuar no viola la soberanía nacional. Incluso el Cisen, afirman, “los monitorea”. Sin embargo, para el senador petista Ri-cardo Monreal la operación de esos extranjeros sí es violatoria de la Constitución y el asunto es tan grave que hace a Felipe Calderón “sujeto de juicio político”.

El jueves 18, Alejandro Poiré, secreta-rio técnico del Consejo de Seguridad Na-cional, reiteró que la presencia de agentes extranjeros en México no viola la Consti-tución y no es exclusiva de la administra-ción calderonista.

“Hay que decir que la presencia de agentes estadunidenses no es exclusiva-mente durante esta administración. Y que fundamentalmente las labores en las que están participando tienen que ver con este intercambio de información y operación técnica, precisamente, para fortalecer las distintas áreas de trabajo del gobierno fe-deral”, defendió Poiré en conferencia de prensa en Los Pinos.

“Violación fl agrante”

Monreal advierte que esas “oficinas de fu-sión” constituyen en realidad un “miniga-binete de seguridad” en nuestro país que “necesariamente debió haberse decidido en la Cámara de Senadores”.

En esas oficinas opera personal de la Agencia de Inteligencia Militar, de la CIA, del Departamento de Justicia con sus tres agencias: FBI, DEA y ATF; del De-partamento de Seguridad Interior con sus dos servicios: el de Inteligencia de Guar-dia Costera y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio; y el Departamento del Tesoro, con sus agentes de la Ofici-na de Inteligencia sobre Terrorismo y de Asuntos Financieros.

“Lo anterior constituye una clara y fla-grante violación al artículo 89 constitucio-nal; la presencia y operación en México de un minigabinete de seguridad de Esta-dos Unidos vulnera toda noción de sobe-ranía estatal y hace nugatorio el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y el ejercicio legítimo del uso exclusivo de la fuerza pública por parte del Estado”, ar-gumenta el petista, crítico reiterado de la Iniciativa Mérida.

Además, agrega, “en clara contraven-ción a los principios de soberanía, Calde-rón ha permitido que un Estado extranjero introduzca innumerables agentes en terri-torio nacional sin garantía alguna de que no habrá interferencia en la vida interna y en el libre desarrollo nacional”.

Proceso (edición 1812) ya había di-vulgado los planes estadunidenses de incrementar el número de agentes de la CIA y de la DEA en México; según acla-ra Monreal, esto violaría el artículo 73, fracciones XIV, XXI, XXIII y XXIX-M, de la Constitución, porque es facultad del Congreso expedir leyes en materia de se-guridad nacional.

También el artículo 76, que establece como facultades exclusivas del Senado “analizar la política exterior”, “aprobar los tratados internacionales y convencio-nes diplomáticas que el Ejecutivo federal

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La canciller. “Ellos tienen funciones acotadas”

Diez días después de que The New York Times revelara –en su edición del domingo 7– la existencia de dos centros de espionaje donde agentes esta-dunidenses operan en México sin autorización del Congreso,

los secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora, y de Relaciones Exteriores, Pa-tricia Espinosa, confirmaron en una reunión a puerta cerrada con legisladores la presen-cia de aquellos funcionarios extranjeros, pero consideraron que su número exacto y sus atribuciones precisas constituyen “datos confidenciales”.

Incluso el director del Centro de In-vestigación y Seguridad Nacional (Ci-sen), Guillermo Valdés, afirmó en esa reunión con senadores y diputados de la comisión bicamaral de Seguridad Na-cional que el gobierno mexicano realiza “labores de contrainteligencia” para “mo-

nitorear las actividades” de esos agentes.Felipe González, senador panista y

exgobernador de Aguascalientes, afirmó que según los funcionarios mexicanos, las actividades de esos agentes consisten en lo siguiente: “Se juntan (en una zona mili-tar) para pasar toda la información y cuan-do terminan, regresan a la embajada”.

El senador experredista René Arce, in-tegrante de esa comisión bicamaral, afir-mó al salir de la reunión privada que “no existe ninguna veracidad en las versiones que se han dado a conocer en relación a que esos agentes realicen alguna otra ta-rea que no sea la que expresamente tienen que ver con las cuestiones pactadas en los tratados.

“En principio, el número de agentes no se nos dio; sí se nos dijo que existen, por supuesto, agentes de la CIA, del FBI, de la DEA e incluso de la ATF (Agencia contra el Tráfico de Alcohol, Tabaco, Ar-mas de Fuego y Explosivos) y civiles del Departamento de Estado”, abundó.

Ni González ni Arce ni el senador

priista Carlos Jiménez Macías considera-ron que el Ejecutivo haya violado la Cons-titución al no informarle al Senado de la existencia de esos centros operativos.

Los legisladores avalaron la versión de Blake Mora, quien afirmó en un comu-nicado de prensa que la presencia de esos funcionarios extranjeros “se hace confor-me al marco constitucional y a los tratados internacionales debidamente suscritos por el Estado mexicano, como la Convención de Palermo sobre Delincuencia Organiza-da Trasnacional, entre otros”.

Los funcionarios del Ejecutivo fede-ral rechazaron ante los legisladores que existan convenios o cartas de intención entre Barack Obama y Felipe Calderón, tal como lo han divulgado distintos me-dios estadunidenses.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Manlio Fabio Beltrones, también descartó que se violara el marco consti-tucional y reiteró que “es necesaria una colaboración entre los dos países –Méxi-co y Estados Unidos– para poder ser más

JENARO VILLAMIL

están, pero no están,aunque finalmente sí están...

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PUEBLA, PUE.- Están en todo.

Agentes de la Administra-ción de Seguridad en Trans-porte (Transportation Security Administration, TSA), adscrita al Departamento de Seguridad

Nacional de Estados Unidos, realizan ins-pecciones periódicas en aeropuertos para verificar los esquemas de seguridad en vuelos y aerolíneas en las que viajan sus connacionales…

El problema es que lo hacen en territo-rio mexicano.

Y aun cuando la TSA, creada a raíz de los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, se encarga del mo-nitoreo, supervisión e implementación de protocolos de seguridad interna en los ae-ropuertos y el transporte terrestre –como los ferrocarriles– en su país, desde hace dos semanas varios integrantes de esa cor-poración realizaron la verificación anual en los aeropuertos de Guadalajara, Queré-taro y en el de esta ciudad.

Lo grave es que ese tipo de inspeccio-nes ya son vistas como “trabajo de rutina” por las autoridades mexicanas encargadas de los aeropuertos nacionales y aerolíneas, en particular las que cuentan con vuelos

John S. Pistole, director de la Transportation Security Ad-ministration (TSA), uno de los organismos de seguridad creados por el gobierno de Estados Unidos luego de los atentados a las Torres Gemelas en 2001, lo admite sin am-bages: la agencia es “la última línea de defensa contra el terrorismo internacional”. De ahí que sus empleados rea-licen periódicamente verificaciones sobre la seguridad en los aeropuertos de su país, y aun del extranjero. En las ter-minales aéreas mexicanas, los agentes hacen sus “tareas de rutina” cada año sin que nadie les estorbe, como lo hi-cieron recientemente en Querétaro, Puebla y Guadalajara.

Rafael del Río

VERÓNICA ESPINOSAY GABRIELA HERNÁNDEZ

de ida y vuelta a ciudades estadunidenses.De acuerdo con su página electró-

nica (www.tsa.gov), la agencia es res-ponsable “de proteger los sistemas de transporte de la nación (Estados Uni-dos)”, así como de desarrollar progra-mas de seguridad y regulaciones para todos los medios de transporte y proveer de seguridad a los aeropuertos.

La TSA cuenta con 50 mil oficiales de todos los rangos que se ocupan en todo ti-po de faenas; algunos se especializan en la búsqueda de bombas en el transporte ferro-

viario; otros se infiltran entre los pasajeros de un vuelo “para garantizar la seguridad de todos los modos de transporte”.

La información del sitio oficial tam-bién deja en claro que, en vista de los cien-tos de vuelos internacionales que arriban diariamente a territorio estadunidense, además de garantizar la seguridad de la aviación nacional la TSA trabaja mediante convenios internacionales “para proteger la red de transporte global”.

Incluso brinda asistencia a gobiernos extranjeros en capacitación para la segu-

operanen aeropuertos de México

Agentes de la TSA

suscriba” y autorizar “el paso de tropas extranjeras por territorio nacional”.

El gobierno federal “alega que los agentes norteamericanos no tienen armas. No lo sabemos. Por lo pronto ya reconocie-ron que sí están (aquí) representantes de la DEA, de la CIA, del FBI y de otros orga-nismos internacionales”, abunda Monreal.

“Hay quienes nos dicen que somos trasnochados, de un nacionalismo inexis-tente o caduco. Entonces, ¡cambiemos la

Constitución!”, contrargumenta Monreal.“Si bien es cierto que el artículo 89

constitucional, fracción X, faculta al ti-tular del Ejecutivo federal para dirigir la política exterior, también lo es que lo obliga a que la conducción de tal políti-ca observe los principios normativos de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la ame-naza o el uso de la fuerza en las relaciones

internacionales, la igualdad jurídica de los estados, el respeto y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”, abunda el senador del PT.

Iniciativa Mérida

–La prensa estadunidense y los cables de WikiLeaks han confirmado operativos como Rápido y furioso o sobrevuelos de aerona-ves norteamericanas, y ahora la presencia de estos “minigabinetes”. ¿En los tres casos se viola la Constitución? –se le pregunta.

–Los tres son violatorios. Y en los tres casos no fuimos informados.

–¿Ni con la Iniciativa Mérida?–La Iniciativa Mérida no es sino un

instrumento de la injerencia de Estados Unidos. Nosotros fuimos los únicos que votamos contra la Iniciativa Mérida. La metieron como un acuerdo, no como un tratado internacional, y se nombró una co-misión legislativa palera, de seguimiento, que no informa, que se reúne en privado con la secretaria de Relaciones Exteriores.

–En el Senado hubo reuniones con el exembajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, y con miembros del Congreso norteamericano. ¿Ellos han informado?

–Nosotros hemos conocido documen-tos e informes confidenciales de lo que estaban tratando los ejecutivos de Estados Unidos y México, primero por la embajada norteamericana y luego por la vía directa del Congreso de Estados Unidos, antes que por la vía del Ejecutivo mexicano.

“Por ejemplo, cuando se estaba dis-cutiendo el presupuesto asignado a la Iniciativa Mérida nos dimos cuenta vía el Congreso norteamericano”, abundó.

Sobre el mismo tema, Beltrones, coor-dinador de la bancada del PRI, admitió también que sobre la Iniciativa Mérida el Senado mexicano ha obtenido “suficiente información con nuestros pares del Con-greso de Estados Unidos, quienes nos han dicho los alcances de la misma, los recur-sos comprometidos, como también lo que nosotros creemos que debe ser una obliga-da colaboración en materia de inteligencia e intercambio de información”.

Por su parte, el senador y vocero de la bancada del PRI, Carlos Jiménez Macías, reiteró que durante la reunión a puerta cerrada el pasado miércoles 17, los fun-cionarios de Gobernación, Relaciones Ex-teriores y del Cisen insistieron en que la Iniciativa Mérida no conducirá a un Plan Colombia.

“Nos dijeron muy claro, creo que eso sí lo podemos comentar, que de ninguna manera México va a aceptar –y ya se les dijo a ellos, a Estados Unidos– un acuer-do con las características del Plan Colom-bia”, insistió Jiménez Macías.

rias instancias, entre ellas la PGR, con el propósito de obtener credenciales que les faciliten su desplazamiento dentro de las instalaciones aeroportuarias.

Personal de seguridad del aeropuerto de esta ciudad confirma a las reporteras que las revisiones de los agentes estadu-nidenses son periódicas; incluso asegura que el año pasado sólo se inspeccionó a la aerolínea Intercontinental; también dice que la anterior verificación de seguridad al personal del aeropuerto Hermanos Ser-dán se efectuó en 2009.

En esa ocasión, dice, “revisaron nues-tros controles de acceso, el funcionamiento de la seguridad, el estado físico y medidas de la malla perimetral. En el aspecto admi-nistrativo, nuestro programa local de segu-ridad y nuestros manuales”.

La mañana del miércoles 17, Salinas y Hofle auscultaron la aerolínea, también revisaron el equipaje, la carga de los avio-nes y el abordaje.

Elementos de seguridad del aeropuer-to Hermanos Serdán afirman que todos los países que tienen algún aeropuerto con vuelos hacia Estados Unidos “son revisados por elementos de la TSA”. Dicen incluso que la agencia es un organismo internacio-nal que se maneja con base en la Norma Oaci (Organización Internacional de Avia-ción Civil). “Aquí en México lo hace con base en otras leyes y reglamentos”, afirma uno de los trabajadores del aeropuerto.

Dice que los inspectores de TSA ela-boran sus reportes en Houston, donde los evalúan sus superiores, quienes mandan las conclusiones a la DGAC; ellos, a su vez, envían la información a los directivos de cada aeropuerto.

Salinas y Hofle partieron a las 7:05 de la mañana del sábado 13 en el vuelo 2854 de Continental rumbo a Houston, Texas.

Información reservada

En el aeropuerto internacional Miguel Hi-dalgo de Guadalajara nadie informa sobre la presencia de personal de agencias esta-dunidenses en labores de supervisión de seguridad.

Sin embargo, trabajadores de la termi-nal aseguran a Proceso que las agencias de Estados Unidos tienen anuencia del go-bierno federal para esos operativos de ins-pección. Admiten incluso que las medidas de seguridad se intensificaron con motivo de los XVI Juegos Panamericanos, que se inaugurarán el próximo 14 de octubre.

En un recorrido por el aeropuerto ta-patío, que mueve diariamente a 16 mil viajeros mexicanos y extranjeros, un po-licía privado comenta que la presencia de militares, federales o quizás de agentes extranjeros se incrementará de manera paulatina en las próximas semanas.

El jefe de Comunicación Social del Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP), el español Miguel Ángel Aliaga, aclara que la información relacionada con se-guridad es un tema ajeno al trabajo que realiza el conglomerado ibérico y está re-servado exclusivamente para las autorida-des federales y el Ejército.

Cuando se le pregunta a Aliaga acer-ca de la participación de agentes de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) o de otras agencias de ese país en labores de inspección sobre la seguridad

que ofrece el aeropuerto local, el direc-tivo del GAP responde: “Nosotros sólo somos administradores; el apartado de vigilancia y seguridad lo realizan las au-toridades federales”.

No obstante, Aliaga admite que en ca-so de que haya agentes estadunidenses en la terminal aérea, eso no debe sorprender a nadie por una sencilla razón: una de las delegaciones deportivas más numerosas que arribarán a Guadalajara en octubre será la de Estados Unidos. (Con informa-ción de Alberto Osorio).

ridad aeroportuaria y de otros sistemas de transporte y “revisa las estrategias de mitigación de amenazas” en más de 300 aeropuertos en el mundo. “Gracias a sus esfuerzos, la TSA ha investigado con éxi-to todos los aeropuertos con vuelos direc-tos a Estados Unidos”.

De hecho, la agencia actúa en sociedad con organismos internacionales, como el Grupo de los Ocho (G8) y la Organización de la Aviación Civil Internacional; ade-más ha firmado acuerdos bilaterales “con muchos países de América del Sur, Amé-rica Central, Europa, América del Norte, África, Oriente Medio y la región de Asia y el Pacífico”.

En mayo pasado, su director, John S. Pistole, reunió en el Congreso Nacional a personal de los aeropuertos de Estados Unidos luego de la captura y muerte de Osama Bin Laden. Ahí definió a la TSA como “la última línea de defensa”. Su pro-pósito era aclarar que esa acción marca el fin del esfuerzo estadunidense en la lucha contra el terrorismo internacional.

“Debemos permanecer vigilantes tan-to en casa como en el extranjero”, expuso Pistole. Y así lo hacen sus agentes en terri-torio mexicano.

Visita de rutina

Entre el lunes 8 y el sábado 13, los inspec-tores de la TSA estuvieron comisionados en las terminales aéreas para evaluar las actividades de las compañías y las aerona-ves, pero sobre todo para comprobar que se aplican todas las directrices de seguridad.

Según corroboró Proceso, los agentes de la TSA Arnolfo Salinas y Kent Hofle estuvieron en los aeropuertos de Queréta-ro durante tres días, a partir del lunes 8, y luego se desplazaron al aeropuerto Her-manos Serdán en Puebla, donde permane-cieron hasta el sábado 13.

Personal de esa terminal confirmó que Salinas y Hofle llegaron el miércoles 10 por la noche en el vuelo 2870 de Conti-

nental, procedente de Houston. Ambos se identificaron como representantes de la TSA.

El día anterior, Salinas y Hofle estuvie-ron en el aeropuerto de Querétaro, adon-de llegaron acompañados por empleados adscritos a la delegación de la Procuradu-ría General de la República, que también se presentaron con los responsables de la administración de las instalaciones.

De Querétaro salen vuelos hacia dos aeropuertos internacionales de Texas: el George Bush, ubicado en Houston, y el Forth Worth, de Dallas; este último lo cubre American Airlines desde su inaugu-ración, en noviembre de 2004. Para 2009 registraba un aforo superior a los 250 mil usuarios.

Ya en Puebla, el jueves 11 Salinas y Hofle hicieron la revisión de todo el pro-ceso de seguridad relacionado con el vue-lo diario de Aerolínea Continental hacia el aeropuerto George Bush. Al día siguiente por la mañana, los agentes de la TSA com-pletaron su trabajo con una revisión de la compañía aérea.

Interrogado al respecto, un directivo

del aeropuerto local comenta: “Ellos se identifican como personal de la TSA y no-sotros estamos obligados a cooperar con todo lo que nos pidan sobre revisiones“.

“Recorren y supervisan todo el pro-ceso de seguridad: se paran en el arco y vigilan cómo realizan las revisiones de equipaje en mano para el vuelo, sobre có-mo identificar posibles fallas del equipo de rayos x, que se haga bien el procedi-miento para detectar posibles explosivos y otros puntos de seguridad”, precisa.

“Si no pasamos las pruebas, el riesgo es que nos cancelen el vuelo a Houston”, subraya, y aclara que Puebla tiene un vue-lo diario de llegada y otro de salida a esa ciudad texana.

El entrevistado, que se negó a propor-cionar su nombre, comenta que los ins-pectores de TSA siempre llegan solos a efectuar su trabajo; nunca los acompañan funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la Secreta-ría de Comunicaciones y Transportes.

No obstante, la embajada estaduniden-se suele notificar de manera oficial sobre la visita de los agentes de la TSA a va-

AP photo /Wong Maye-E

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Pistole. “Vigilantes en casa... y en el extranjero”

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 2001. Primeras inspecciones

de soldados, no sólo estuvieron en instan-cias castrenses durante nueve años, sino que incluso “tienen vicios de origen”, pues el propósito era exculpar a los responsa-bles de la agresión, comenta el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Mon-taña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien lleva la defensa de las agraviadas.

“Tenemos elementos para considerar que los expedientes que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) envió a la PGR están construidos para que se declaren cerrados o bien que los militares responsables que fueron identificados por Inés y Valentina con nombre y apellidos hayan sido dados de baja”, dice el litigante a Proceso.

Afirma que la PGR podría declinar competencia a favor de la procuraduría de

otro fallo internacional

La Sedena pretende

evadir

JUSTICIA

Guerrero, en un intento por librar la res-ponsabilidad que como institución tiene el Ejército mexicano en las violaciones a derechos humanos.

En sus sentencias, el organismo inte-ramericano subraya que las denuncias de Rosendo Cantú y Fernández Ortega son fundadas, toda vez que aportaron elemen-tos sobre las vejaciones que recibieron por parte de tropas de la Sedena en febrero y marzo de 2002, respectivamente. Por esa razón, la corte determinó la responsabili-dad de México en los dos casos, pues se violentó la integridad personal, la digni-dad y la vida privada de las dos indígenas; además, las autoridades incumplieron su “obligación de garantizar, sin discrimina-ción, el derecho de acceso a la justicia” (Proceso 1770).

A Rosales Sierra le sorprende que, lue-go de varios años de negarse a remitir los casos a la PGR aun después de emitidas las sentencias del tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Sedena haya atendido la petición. No obstante, advierte que en el fondo esa declinatoria es producto de la exigencia de organiza-ciones ciudadanas para que se controlen los excesos de las Fuerzas Armadas contra la población civil, así como de la reforma constitucional en materia de derechos hu-manos y la resolución de la Suprema Cor-te de Justicia de la Nación (SCJN) en el análisis de la sentencia de la desaparición forzada de Rosendo Radilla emitida por el mismo tribunal interamericano.

En las notificaciones de la PGJM en-viadas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, apunta Rosales, “los militares in-sisten en que son competentes para co-

nocer el caso, al citar nueve artículos del Código de Justicia Militar, y trasladan los expedientes a la PGR con los argumen-tos de la existencia de las sentencias de la Corte Interamericana y la solicitud de declinatoria que las señoras hicieron el 27 de julio a la PGJM”.

Los oficios –de los cuales Proceso tie-ne copia– están fechados el martes 9 y tie-nen la rúbrica de la agente del Ministerio Público Militar, teniente de corbeta Karla Roberta Espinosa de la Orta. En ellos, la Sedena admite que en los casos de las in-dígenas se “denuncian presuntas violacio-nes a los derechos”.

Y aclaran que, por existir sentencias del organismo interamericano contra el Estado mexicano, el 20 de julio de 2011 la fiscalía militar “tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA” para seguir cono-ciendo las indagatorias SC/179/2009/II-E y SC/180/2009/II-E relativas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, respectivamente.

De acuerdo con las notificaciones, entregadas a Inés y Valentina el viernes 12, las averiguaciones previas fueron en-viadas a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la PGR el 29 de julio último “a fin de que determi-ne lo que a derecho proceda”.

La sentencia de la Corte

Después de nueve años de enfrentarse al fuero militar como defensor de las indíge-nas me’phaa, Rosales Sierra asegura que la Sedena “tiene un as bajo la manga para exonerar a los responsables (de las agre-siones a sus clientes) y dejar intocable al Ejército mexicano”.

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Aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre del año pasado su fallo sobre las dos indígenas guerrerenses violadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2002 y exigió al gobierno de Felipe Calderón acatar las sentencias, 10 meses después la justicia no lle-ga para ellas. Los defensores de las agraviadas ase-guran que la dependencia recurre a argucias legales para exonerar a los militares inculpados y dejar el asunto en manos de la PGR.

GLORIA LETICIA DÍAZ

Con la determinación aparen-te de dar cumplimiento a las sentencias emitidas en oc-tubre de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, en las que se acusa a un grupo

de militares de violar sexualmente a dos indígenas guerrerenses, el 29 de julio úl-timo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió trasladar los expedientes del caso a la Procuraduría General de la República (PGR).

Las indagatorias sobre Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quie-nes fueron agredidas en 2002 por un grupo

Las indígenas guerrerenses y su defensor

físiognómica para que determinara la ve-racidad de su testimonio.

En el oficio, del que este semanario tiene copia, Espinosa de la Orta antepone la “garantía constitucional de todo incul-pado, el derecho a una defensa adecuada”. Y, ante el reconocimiento que hizo Fer-nández Ortega el 14 de agosto 2009, la agente ministerial comenta que existía “la necesidad URGENTE” de que intervinie-ra en el caso el perito de la PGR para que respondiera al siguiente cuestionario:

1. Que diga el perito en qué casos se solicita la elaboración de un retrato ha-blado; 2. Que diga el perito si es reco-mendable mostrarle fotografías al testigo o víctima antes de realizar un retrato ha-blado; 3. Que diga el perito si es confia-ble un retrato hablado realizado después de 7 años 4 meses y 23 días (en negritas en el original) de la fecha que sucedieron los hechos y siendo el día de los hechos la primera y única vez que se vio al pre-sunto agresor; 4. Que diga el perito si es posible la correspondencia de identidad entre un retrato hablado y una fotogra-fía; 5. Que diga el perito si los rasgos fisonómicos de los supuestos agresores que señala la ciudadana Inés Fernández Ortega en su declaración de fecha 24 de marzo de 2002 ante el ministerio público de Allende en la ciudad de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, dentro de la indagatoria ALLE/SC/5776/2002, coin-ciden con los rasgos proporcionados por la propia denunciante para la elabora-ción de los retratos hablados de fecha 14 de agosto de 2009.

El 24 de marzo de 2010, la directora ejecutiva de Laboratorios del Departamen-to de Retrato Hablado, dependiente de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mó-nica Medina Alegría, notificó a la PGJM la designación de Edmundo Acacio Cebreros, perito en materia de identificación fisiog-nómica, quien debía acudir a la fiscalía mi-litar el 26 de marzo de ese año a las 10:00 horas a realizar la diligencia solicitada.

Medina Alegría dirigió el oficio al coronel Aníbal Trujillo Sánchez, jefe de la sección de Averiguaciones Previas y Asuntos Especiales de la PGJM en ese momento, según la copia del documento obtenido por Proceso. Hoy, Trujillo Sán-chez es subdirector de Asuntos Internacio-nales de la División General de Derechos Humanos de la Sedena. Con ese cargo, el militar acudió a la Corte Interamericana el 28 de junio siguiente.

En ese foro, participó en dos sesio-nes para dar seguimiento a las medidas provisionales ordenadas por el tribunal interamericano a favor de 107 personas relacionadas con las sentencias de las indígenas guerrerenses, así como de 37

familiares y defensores de tres jóvenes de apellido Alvarado: José Ángel, Rocío Irene y Nitza Paola, detenidos y desapare-cidos por miembros de la Sedena en Chi-huahua en diciembre de 2009.

En una reunión privada que se efectuó previamente a la sesión para abordar este último caso, Trujillo Sánchez consideró “terrorífico” que la Corte Interamericana de Derechos Humanos transmitiera en vi-vo la audiencia y que se difundieran los nombres de los militares involucrados. Ninguna de las audiencias relacionadas con México fue difundida después del co-mentario de Trujillo (Proceso 1809).

Información escamoteada

La defensa de Inés Fernández dice que no tiene las respuestas que dio el perito de la PGR a la fiscalía castrense, porque hasta ahora no ha tenido acceso a las averigua-ciones previas. Lo que ha obtenido, dice, corresponde a documentos enviados por el tribunal internacional ante las solicitudes de información que ha hecho al Estado mexicano.

“Por el contenido de las preguntas que se le hicieron al perito –sostiene Rosales Sierra– no se requiere mayor ciencia para saber hacia dónde va la averiguación pre-via integrada por los militares: a exonerar a los responsables, más que a acreditar su participación en los hechos.”

El abogado de las indígenas, quien ha recibido amenazas por su defensa, expresa su temor de que la PGR archive los casos, aun cuando está obligada a completar las investigaciones, realizar las diligencias pendientes, consignar las averiguaciones y solicitar las órdenes de aprehensión con-tra los militares responsables.

“También cabe la posibilidad de que los agresores hayan sido dados de baja pa-ra librar al Ejército de responsabilidad y entonces enviar el caso a la procuraduría de Guerrero”, dice.

Relata que en la reunión para el cum-plimiento de las sentencias del tribunal interamericano, realizada el 19 de mayo último en la Secretaría de Gobernación, él y sus colegas se levantaron de la mesa “cuando los representantes de la PGR se negaron a atraer las averiguaciones pre-vias e instruyeron a la procuraduría estatal para que tomara las investigaciones, situa-ción que, por cierto, rechazó el procurador de Guerrero (Alberto López Rosas)”.

Desde entonces Gobernación no ha vuelto a convocar a los abogados, quienes no saben con detalle si se está dando cum-plimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.

El director del centro Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, comentó que en estos días enviará una carta al subse-

cretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa dependencia, Felipe de Jesús Zamora Castro, responsable de que se acaten las sentencias del organismo de-pendiente de la OEA.

En el escrito, del que este semanario tiene copia, Barrera Hernández, quien re-cientemente fue premiado por Amnistía In-ternacional (AI) por su trabajo al frente de Tlachinollan, pide al funcionario una fecha para un nuevo encuentro de trabajo en el que las autoridades entreguen copia de los expedientes que la Sedena envió a la PGR.

Asimismo, recuerda al representan-te del gobierno de Felipe Calderón que el 15 de marzo último, “en presencia de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú”, él mismo firmó el “acuerdo para el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana”.

El abogado Rosales Sierra acota: “Cuando tengamos el expediente, pro-moveremos diligencias para esclarecer los hechos. Pero antes debemos decir que la declinatoria de competencia se dio por una coyuntura política. La prueba está en que no hay avances en los demás resoluti-vos de las sentencias, que tienen que ver con salud y educación”.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan explica: en el fuero militar “las investi-gaciones tomaron un rumbo tendencioso, enfocado a exonerar a los militares res-ponsables y encaminado a desacreditar los señalamientos concretos que hicieron Valentina e Inés”.

Relata también que en 2006 la PGJM archivó las averiguaciones previas por considerar que no había responsabilidad de personal castrense en los abusos come-

tidos contra las indígenas. No obstante, en 2008 los casos se reabrieron en el fuero militar, luego del litigio que se dirimió en Washington ante la Comisión Interameri-cana de Derechos Humanos (CIDH).

Incluso, añade, a finales de ese año la PGJM envió los expedientes de las dos indígenas a la Procuraduría de Justicia de Guerrero, para que investigara sobre la responsabilidad de civiles en las violacio-nes sexuales.

Rosales Sierra destaca que aun cuan-

do él y los representantes legales insis-tieron desde el principio en que la PGR asumiera las indagatorias “siguiendo la línea de la responsabilidad de militares y no de posibles civiles”, la dependencia federal sólo aceptó colaborar con su si-milar guerrerense.

“En esa parte del proceso –la diligen-cia se realizó el 14 de agosto de 2009, precisa el defensor–, Inés y Valentina re-conocieron a sus agresores en un álbum fotográfico. Ese día ambas señalaron con nombres, apellidos, cargos y los mandos militares a quienes las agredieron”. Se tra-ta, dice, de dos cabos de transmisiones y dos soldados de infantería del 41 Batallón de Infantería bajo el mando de las bases de operaciones Ríos y Méndez.

El compendio fotográfico tenía más de 300 imágenes de militares que entre di-ciembre de 2001 y abril de 2002, participa-ron en la Operación Azteca en la cordillera de la Montaña de Guerrero que atraviesa los municipios de Acatepec y Ayutla.

En febrero de 2002, Valentina Ro-sendo fue atacada en el río cercano a su comunidad, Barranca Bejuco. Antes, un piquete de militares le preguntó si sabía sobre “los encapuchados” que operan en la región. Al mes siguiente, Inés Fernán-dez fue violada en su vivienda frente a sus hijos. ¿El motivo? No supo responder en español a las tropas que ingresaron a su domicilio para interrogarla.

“Tan pronto como se hizo este reco-nocimiento –retoma el abogado de Tla-chinollan– la procuraduría (de Guerrero) declinó competencia a favor de la PGJM (el 30 de octubre de 2009) y quedaron pendientes otras diligencias, entre ellas ci-tar a declarar a los militares responsables, hacer más retratos hablados. Pero como las averiguaciones aún estaban en manos del Ejército, las autoridades desacredita-ron los testimonios de las víctimas”.

Procuraduría militar, argucias

Al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rosales Sierra y los demás defensores se enteraron de que en noviembre de 2009 la PGJM pidió a una psicóloga militar que determinara si era posible que Valentina Rosendo re-cordara con nitidez los rasgos físicos de quienes la agredieron en febrero de 2002. “La psicóloga emitió incluso un dictamen teórico y técnico, pero nunca entrevistó a Valentina”, se queja Rosales.

En el caso de Inés Fernández, sus defensores obtuvieron un documento fe-chado el 20 marzo de 2010 y firmado por la agente del Ministerio Público militar Karla Roberta Espinosa de la Orta en la que ésta solicitaba a la PGR un perito en identificación de personas o identificación

Objetivo oficial:

Atraídos por el poder, algunos familiares de víctimas mor-tales de la guerra calderonista, así como dirigentes em-presariales, están siendo incorporados a una estrategia gubernamental cuyo objetivo es debilitar el Movimiento por la Paz. “Todo parece indicar –afirma Javier Sicilia– que tienen la intención de dividirnos” antes del reinicio del diá-logo con el Legislativo y el Ejecutivo sobre la Ley de Segu-ridad Nacional. Pero no hay una pelea por el liderazgo del movimiento, advierte el poeta. Y Álvarez Icaza especifica: “un debate entre víctimas no ayudaría en nada”, porque los interlocutores son el gobierno y el Congreso…

bate, no buscamos ser los líderes y además respetamos a todas las organizaciones de víctimas que hay en el país.

“Aunque todos somos víctimas, nues-tro movimiento les ha dado la voz que no tenían en los últimos cuatro años, no se les escuchaba ni tenían los espacios que hoy hemos ganado. Eso nos da la fuerza y la unidad que difícilmente podrán debilitar con esta estrategia.”

Sicilia reitera que el tema principal son las víctimas y que por ello están exigiendo una Ley de Seguridad Nacional con perfil ciudadano, que proteja los derechos huma-nos y que no le dé carta abierta al Ejecuti-vo para usar a su discreción las Fuerzas Ar-madas en situaciones de seguridad pública.

“No hay que olvidar eso: las víctimas necesitan justicia y no un enfrentamiento, como el que al parecer intenta construir el Ejecutivo, entre distintas organizaciones. Por eso nosotros no vamos a entrar en ese debate falso, pues si lo hiciésemos genera-ríamos condiciones de debilidad, y eso no beneficia a nadie, menos a las víctimas. Lo

que me parecería muy grave es que el Eje-cutivo esté tratando de armar este conflic-to sólo para debilitar el movimiento. Las víctimas están unidas en el mismo camino del dolor y no están polarizadas.”

Ciudadanos a modo

Con credenciales de ciudadanos, arrogán-dose la representación de la sociedad civil, un reducido grupo de víctimas de la delin-cuencia se asimiló a la parafernalia oficial, según se desprende de un seguimiento que Proceso hizo de las declaraciones y dis-cursos de quienes hoy respaldan sin repa-ro la propuesta oficial de reforma en mate-ria de seguridad nacional.

Conocida por realizar su propia investi-gación sobre el secuestro de su hijo, Mario Alberto Wallace, ocurrido en 2005, María Isabel Miranda de Wallace se ha convertido en una figura pública que encabeza la Aso-ciación Alto al Secuestro y que, en 2010, recibió de Felipe Calderón el Premio Na-cional de Derechos Humanos.

Hoy, Miranda de Wallace participa ac-tivamente en diversas iniciativas y even-tos presidenciales sin ocultar su admira-ción por Calderón. Tan sólo en 2011 ha acudido como invitada de honor al menos a ocho actos oficiales.

El 9 de mayo, al concluir la marcha en-cabezada por Javier Sicilia de Cuernava-ca al Zócalo capitalino, el poeta pidió la renuncia del secretario de Seguridad Pú-blica, Genaro García Luna. Miranda se pronunció de inmediato en contra de esa exigencia y hasta descalificó la pluralidad de los participantes en el movimiento.

“El problema fue que no se respetó el espacio ciudadano. Javier Sicilia intentó tener una incursión netamente ciudadana como un cauce de rechazo a la violencia; sin embargo, se infiltraron diversos gru-pos, entre ellos el SME o gente involucra-da con secuestros, haciéndose pasar por víctimas, que nada tenían que ver con el movimiento”, dijo a El Universal.

Miranda acude con frecuencia a actos de la SSP y la PGR, además de los organi-

debilitarel Movimiento por la Paz

JOSÉ GIL OLMOS Y ARTURO RODRÍGUEZ

Al reiniciarse el diálogo entre el Movimiento por la Paz y el Po-der Legislativo para discutir la Ley de Seguridad Nacional, el gobierno de Felipe Calderón ideó una estrategia para debili-tarlo. El secretario de Goberna-

ción, Francisco Blake, llamó de última ho-ra a un grupo de personajes para crear otro frente ciudadano que defienda su propuesta de ley y fortalezca la idea de una confronta-ción entre las agrupaciones civiles.

Ante ello, el poeta Javier Sicilia ad-vierte que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad no menguará sus ta-reas ni entrará en el juego de una estrate-gia del Ejecutivo para debilitarlo, porque la fuerza del movimiento que encabeza es-tá en la defensa de las víctimas y no en in-tereses particulares o políticos.

El martes 16, la Secretaría de Gober-nación (Segob) organizó un encuentro con

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organizaciones civiles y empresariales pa-ra hablar de la Ley de Seguridad Nacio-nal, e invitó a Isabel Miranda de Walla-ce, quien de inmediato se pronunció por la aprobación de ésta. A su vez, María Ele-na Morera, lideresa de Causa Común, hi-zo lo mismo en una entrevista radiofónica, emulando al empresario Alejandro Martí, quien un día antes se había manifestado en dicho sentido.

No es coincidencia, señala Sicilia en entrevista con Proceso al término del rei-nicio del diálogo con la Junta de Coor-dinación Política de la Cámara de Dipu-tados, con la cual se llegó al acuerdo de debatir los cambios propuestos al mencio-nado proyecto de ley.

“Hay que tomar en cuenta que esto lo es-tán haciendo previo al reinicio del diálogo con el Legislativo y el Ejecutivo. Todo pare-ce indicar que tienen la intención de dividir-nos. Quieren crear nuevos interlocutores pa-ra que nuestra presencia se pierda, pero no vamos a entrar en esa pelea”, aclara el poeta.

Sicilia recuerda que desde el inicio del

Movimiento por la Paz invitaron a unirse a Martí, Morera y Miranda de Wallace, de quienes recibieron apoyos, pero cada uno decidió tomar su propio camino.

“Nosotros los hemos apoyado a ellos también, pero si han tomado la decisión de respaldar la iniciativa del Ejecutivo, esa es su voluntad y la respetamos. Nosotros in-sistimos en que la Ley de Seguridad Na-cional debe ser cambiada por una propues-ta humanista, ciudadana, de respeto a los derechos humanos”, sostiene.

Mientras el Movimiento por la Paz ha dado espacio a otras agrupaciones de víc-timas de la guerra que declaró Calderón al narcotráfico, prosigue, Martí, Morera y Miranda de Wallace han encabezado es-fuerzos individuales de víctimas de la in-seguridad pública.

Aun así, insiste en que todos son vícti-mas y en que el debate que se quiere dar en algunos medios es falso, “porque no existe una pelea por el liderazgo del movimien-to de víctimas.

“Nosotros no vamos a entrar a ese de-

zados por la Presidencia, inclusive con mo-tivo de temas que nada tienen que ver con el secuestro, la bandera con la que se aproxi-mó al poder. Por ejemplo, el 13 de julio par-ticipó en Los Pinos como invitada de honor en la promulgación de las reformas en ma-teria de trata de personas.

Antes, el 13 de enero, acompañó al subsecretario de Gobernación, René Mar-tín Zenteno, a presentar la Cédula de Iden-tidad para menores de edad, rechazada por organismos públicos como el Instituto Fe-deral de Acceso a la Información, que la considera excesiva, y por organismos civi-les que denuncian un fichaje violatorio de derechos fundamentales.

Al ponerse en marcha la segunda eta-pa de ese programa, en un evento realiza-do el 10 de junio, en Baja California Sur, Miranda explicó en qué consiste la cédula.

“Ustedes (niños) son únicos en todo el universo. Creo que eso es muy importan-te que lo tengamos claro. Porque eso nos permite saber lo genuinos que podemos ser por la creación. Yo soy creyente. Yo creo en Dios, y creo que Dios, Nuestro Señor, ahí es donde se ve la mano, que no hizo dos igualitos. Somos tan importantes para Él y, en este caso, también para el presidente.

“Y quiero resaltar lo que yo siempre he admirado del presidente de la República. Aunque a veces me critiquen y me digan que lo defiendo, pero creo en esta lucha que él ha emprendido, creo en sus valores, se-ñor presidente. Creo que ha luchado con-tra viento y marea en tiempos difíciles, po-líticos. Y qué pena que algo tan noble como esto también se lleve a la política”, expresó.

Otro personaje que de la denuncia pa-só a la promoción del gobierno es Alejan-dro Martí, cuyo hijo Fernando fue secues-trado y asesinado en 2008. El empresario, quien popularizó la expresión “Si no pue-

partes fuera del control, motivados tam-bién por la facilidad con la que están en-trando armas al país”.

–¿No cree usted que se equivoca el gobierno de Calderón al no ver una oportu-nidad en esos movimientos sociales que le están planteando salidas?

–Creo que sí, pero lo veo muy conven-cido de lo que hace, lo cual me parece sor-prendente e incomprensible. Creo que el movimiento que encabeza Sicilia tiene la ra-zón. Haber sacado al Ejército a las calles ha tenido consecuencias muy graves y me pa-rece que hay que repensar esa estrategia.

“Pero dudo mucho que Calderón lo quiera hacer, sobre todo en este momen-to político. Aun cuando sea una oportu-nidad no creo que quiera admitir que se equivocó cuando estamos en la antesala de las elecciones. Me parece que va a se-guir agarrando capos porque a la gente le da gusto. Pero insisto en que debe revisar-se esa estrategia porque nada justifica 50 mil muertos.”

El reto financiero

Somuano señala que uno de los retos a corto plazo del movimiento que encabeza Sicilia es dar resultados y conseguir apo-yos financieros: “Si no hay resultados se debilitará y, muchas veces, esa es la inten-ción del gobierno con esas organizaciones que le son incómodas: dejar que sigan su cauce hasta que desaparezcan o que se hagan pequeños, sin impacto”.

Otros retos, señala, son la apatía y el conservadurismo de la sociedad mexi-cana: “En el caso de México, la sociedad tiende a ser apática. No estamos en los ni-veles de otras sociedades donde a la pri-mera salen a protestar”.

–Usted dice que la sociedad mexica-na es apática. ¿Por qué cree que es así, si ha habido eventos muy importantes desde 1985, 1988, 1994 y 2006?

–Lo que se puede decir es que la so-ciedad mexicana es conservadora, le dan miedo los cambios. No hace falta más que voltear a ver las campañas donde vo-tar por el cambio da miedo. La elección de 2006 fue así. Somos una sociedad con-servadora a la que el cambio le da mucho miedo. No sé si porque tuvimos una revo-lución con miles de muertos...

Afirma que tal vez esto se deba tam-bién a que la mexicana es una sociedad altamente religiosa, pues la Iglesia católica lo que busca es el status quo y no admite las insubordinaciones. Un reto más es en-frentar a una sociedad muy individualista que, a pesar de que se organiza, lo hace con fines asistencialistas y no de cultura democrática.

“Cuando se analiza en qué tipo de aso-ciaciones participa la gente, vemos que las de más crecimiento son las religiosas, que

por definición tienden a ser apolíticas, las que menos promueven valores democrá-ticos porque no está en sus objetivos y no cuestionan al sistema”, explica.

Se le recuerda que en el movimiento por la paz participan muchos sacerdotes y algunas comunidades eclesiales de base.

“Lo que falta ver es cómo pueden con-fluir en el movimiento todos esos grupos con intereses y demandas dispares. Tal vez todas convergen en que no están de acuerdo con la política de seguridad del gobierno federal, pero lo interesante será ver cómo se integran los sacerdotes al mo-vimiento, cómo participan partiendo de la laicidad del Estado.”

–¿Qué retos ve para las organizaciones sociales en este momento?

–Son muchos. Uno de ellos es que tie-nen que tratar de ser autónomas en términos financieros. Es difícil mantener una organiza-ción y aún más un movimiento... algunas de ellas recurren a dinero gubernamental y eso las pone en una situación delicada, muchas veces las limita en su agenda.

“Un reto más es tratar de seguir avan-zando en su relación con el gobierno, por-que hay mucha desconfianza entre las dos partes. El gobierno ve a las organizaciones como un dolor de cabeza porque muchas de ellas se meten en temas como la trans-parencia, rendición de cuentas, monitoreo y fiscalización.”

Sin embargo, dice María Fernanda So-muano, el reto principal es para el gobier-no federal y los partidos políticos porque debido a la situación del país y las com-plicaciones que se prevén para 2012 van a seguir surgiendo movimientos de los in-conformes y marginados del sistema, co-mo los jóvenes excluidos de la educación superior, los desempleados y las víctimas de la violencia.

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Sicilia. Las víctimas son el tema central

MOVILIZACIÓN SOCIAL

El rápido desarrollo del movimiento pa-cifista que encabeza Javier Sicilia es una expresión del fracaso del Estado mexicano en su tarea de dar seguridad

y una llamada de atención al gobierno que debe atenderse antes de que surjan grupos armados en todo el país para las elecciones de 2012, advierte María Fernanda Somua-no, investigadora de El Colegio de México, quien acaba de publicar un libro sobre el de-sarrollo de la sociedad civil organizada y su papel en el proceso democrático en los últi-mos 20 años.

“También hay grupos radicales que se están organizando, como los que mandaron la bomba al Tec de Monterrey. Esto también

tiene que tomarlo en cuenta el gobierno, so-bre todo ahora que vienen las elecciones. No sabemos qué va a pasar con los exclui-dos, y menos si los márgenes de victoria son otra vez muy pequeños”, sostiene la doctora en ciencias políticas por la Universi-dad de Iowa.

Advierte que aunque el número de organi-zaciones sociales en México no es tan grande como en otros países, el gobierno y los parti-dos políticos deberían estar atentos a lo que sucede en Inglaterra, España, Chile y Argenti-na, donde los excluidos del sistema se están manifestando de manera violenta porque el Estado no satisfizo sus necesidades.

“Lo que veo es algo que sucede no só-

Crece la organización ciudadana ante el fracaso del EstadoJOSÉ GIL OLMOS

lo en México sino en varios países, y es que la sociedad civil se moviliza como expresión de inconformidad ante la incapacidad de hacerlo por los canales tradicionales de re-presentación, como los partidos. Los ciuda-danos ya no se sienten representados, ya no ven a los partidos como canales legítimos”, afirma en entrevista con Proceso.

En su libro Sociedad civil organizada y democracia en México Somuano señala que el número de organizaciones civiles pasó de 2 mil en 1994 a 10 mil 620 en la actualidad. Este fenómeno, explica, se da porque la so-ciedad ve que el Estado se retrajo de acti-vidades importantes al aplicar las políticas neoliberales.

Explica que ha habido momentos espe-cíficos en la historia reciente en los que han surgido organizaciones sociales que de-mandan mayor eficacia estatal. Primero fue el terremoto de 1985 en la Ciudad de Méxi-co, cuando surgió el movimiento urbano po-pular que políticamente se expresó en las elecciones de 1988 con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas.

Después vendría la actividad de la so-ciedad civil acompañando la movilización del EZLN en Chiapas en 1994 y después en la elección de 2006. Desde entonces no se había presentado otro más, hasta el surgi-miento del Movimiento por la Paz con Justi-cia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia.

Explica: “El Estado mexicano es inca-paz de brindar seguridad a sus ciudadanos que, hartos de una situación de ineficacia gubernamental, deciden salir a las calles a decir: ‘Hagan algo, porque no podemos se-guir así’”.

–¿Cuáles son los riesgos para el Estado o para el gobierno de no escuchar a esas or-ganizaciones?

–Depende mucho de la organización. Hay algunas a las que no oyen, no las va a tomar en cuenta nunca y van a permanecer un tiempo, hasta donde les alcanzan los re-cursos... eso pasa en México. Pero con las organizaciones más grandes o movimientos como el de la paz, creo que el riesgo es que si sigue creciendo y la gente lo ve como un movimiento legítimo, el gobierno al no escu-charlo se muestra como desatento ante los reclamos legítimos.

“Eso le afecta al gobierno en términos de legitimidad, de aprobación. Lo que pue-de suceder es que el movimiento crezca más y, como en el caso de los países ára-bes, acabe derrumbando a un gobierno. No sé si en el caso mexicano exista el potencial de algo así.”

Otro riesgo es que se extienda la inte-gración de grupos de autodefensa ciudada-na: “Puede derivar en otras expresiones de violencia. Ya lo hemos visto en algunas co-lonias del Distrito Federal, donde ante la in-capacidad de la policía la gente decide ha-cer justicia. (...) El riesgo es que esto crezca, que tengamos grupos armados por todas

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Este año fueron 200 mil los aspirantes que se quedaron sin un lugar en alguna de las instituciones de educa-ción superior en el Distrito Federal, por lo que algunos comenzaron a organizarse. Alzan la voz para reclamar a las autoridades porque, dicen, la educación superior fue excluida de la agenda del gobierno; porque las auto-ridades privilegian la guerra; por la política de minimi-zación de las universidades públicas; porque se niegan a que la juventud sólo sea considerada como reserva del crimen organizado... pero sobre todo objetan que el mismo sistema que los margina les cuelgue el ofensivo mote de ninis.

SANTIAGO IGARTÚA

Cada agosto trae filas intermi-nables de jóvenes que no po-drán tener una profesión, al menos no sin las opciones que se obtienen con dinero. Los admitidos en el sistema edu-cativo mexicano son una éli-

te. El resto queda a las puertas del comer-cio informal, la delincuencia o la nada. Son calificados por un examen que metó-dicamente los excluye, marcada la repro-bación en su piel.

Este año el estigma pesa sobre un es-timado de 200 mil jóvenes marginados de las universidades públicas solamente en el Distrito Federal y su área conurbada. De ellos, apenas unos mil 400 se integraron al Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAEES), funda-

excluidos y “nininguneados”

den renuncien”, rápidamente se asimiló al discurso oficial y en mayo de 2009 procla-maba en Monterrey:

“Definitivamente, el Ejército mexi-cano ha sido héroe en esta guerra, en es-ta batalla, y no nos cabe la menor duda de que el pueblo entero está con nuestro pre-sidente en esta lucha. También queremos decir que vemos con una gran admiración el esfuerzo que el Ejército y la policía es-tán realizando.”

Los cabilderos

De mayor trayectoria en el activismo por la seguridad, María Elena Morera alcanzó notoriedad tras el secuestro de su marido, Pedro Galindo, en 2001.

A diferencia de Wallace y Martí, Mo-rera tiene una posición crítica ante la mili-tarización y se pronuncia por atacar las es-tructuras financieras del hampa.

Sin embargo, en corto, Morera, quien encabeza la agrupación Causa Común, ha propuesto al Movimiento por la Paz reunio-nes privadas con García Luna.

En una entrevista concedida por Eduar-do Gallo Tello al reportero Álvaro Delga-do, en mayo pasado, el activista –cuya hija fue secuestrada y asesinada tras un fallido rescate en junio de 2001– advirtió que los liderazgos son cooptados por el gobierno a partir de una serie de prebendas; en el ca-so de Morera, uno de sus hijos forma parte del staff de García Luna (Proceso 1801).

Gallo denunció que los líderes sociales son cooptados por el gobierno, que oferta cargos públicos, recursos e invitaciones a eventos “en los que es posible codearse con altos miembros del poder público”, lo cual, sostuvo, es muy seductor para algunos.

Sin embargo, también Eduardo Gallo

le ha entrado al cabildeo en el Movimien-to por la Paz, pues propuso en mayo una reunión privada con Manlio Fabio Beltro-nes, entre otros personajes.

Comparsa empresarial

Invitado frecuente de Felipe Calderón –só-lo en 2011 ha participado oficialmente en 14 actos presidenciales, cuatro como anfi-trión–, Jorge Dávila Flores, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) es el activo pro-motor gubernamental entre el empresariado.

El 25 de febrero de 2010, Calderón la-mentó que en el ámbito internacional hubie-ra una mala percepción del país, culpó a los medios de comunicación y dijo que hablar mal de México “parece deporte nacional”.

La Canaco desplegó una campaña lla-mada “Hablemos bien de México” y, el pasado 25 de enero, durante la Conven-ción Nacional de Turismo, presentó la se-gunda etapa, llamada “Hablemos y actue-mos bien por México”.

“Todos, absolutamente todos los mexi-canos de todas las edades y condiciones debemos ser partícipes en esta labor de hablar y actuar bien por México”, procla-mó Dávila Flores por las fechas en que se conoció la cifra de 40 mil muertos por la guerra de Calderón.

El mandatario acogió gustoso la cam-paña, momentos antes de decretar el 2011 como el “Año del turismo en México”.

A diferencia del dirigente de la Con-camin, Salomón Presburguer –cuyas in-tervenciones son críticas, inclusive delan-te de Calderón–, y de Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Em-presarial (CCE) –cuya cercanía personal al mandatario no implica elogios constantes–, Dávila Flores hasta se ha prestado al golpe-teo del Movimiento por la Paz.

El 12 de abril, luego de que Sicilia en-cabezara la primera marcha a la Ciudad de México, con la consigna “Ya Basta”, Dá-vila Flores expuso en una comida con em-presarios en Torreón:

“Reconocemos en el presidente su es-fuerzo en la lucha contra el crimen orga-nizado que afecta a todos los mexicanos. Claudicar en la lucha sería un error. La-mentamos profundamente la pérdida de vidas inocentes, por lo que decimos un ‘Ya basta’ a los criminales, quienes sin ningún pudor asesinan a niños y jóvenes arran-cándoles la vida y cortando con ello su fu-turo y aspiraciones”, expresó en un discur-so casi calcado del de Calderón.

Calderón lanzó así su propio “Ya bas-ta”, en medio de una campaña discursiva que durante casi un mes descalificó al Mo-vimiento por la Paz. (Proceso 1801.)

El 31 de abril, Dávila Flores conminó a los medios de comunicación a hablar bien de México y destacó el Acuerdo por la Co-

bertura Informativa de la Violencia, pro-ducto de Iniciativa México.

“Este acuerdo permitirá poner en su justa dimensión los hechos de violencia en el país. En este sentido, señor presiden-te, queremos reconocerle su determina-ción en la lucha contra el crimen organi-zado”, recalcó.

El 15 de junio, Calderón emitió un mensaje en el que llamó a los diputados a abrir un período extraordinario de sesio-nes para aprobar las reformas a las leyes Laboral y de Seguridad Nacional, entre otras, y dar el último tirón del sexenio. Re-pitió su exhorto ante el CCE. Dávila Flo-res replicó el 20 de junio:

“El llamado que hizo el presidente Feli-pe Calderón a los integrantes del CCE es de suma importancia para lograr que en el últi-mo tramo de su sexenio no se afloje el paso y se fortalezca la economía nacional”, dijo.

Objetivo: polarizar

Emilio Álvarez Icaza, operador político del Movimiento por la Paz, llama la aten-ción sobre el hecho de que, de última ho-ra, el gobierno federal invite a un grupo de ciudadanos a debatir la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, precisa que tienen el derecho a dar su opinión y a ser toma-dos en cuenta.

“Son personas y organizaciones que del Movimiento por la Paz tienen la más al-ta consideración y respeto. Ha habido en-cuentros y desencuentros, acercamientos y alejamientos con algunos de ellos; hemos manifestado algunas reservas públicas so-bre algunos temas de la agenda, como en la reforma constitucional sobre derechos hu-manos”, señala.

“Lo que a mí me preocuparía es que se pudiese dar un escenario de promoción de parte de la autoridad, del gobierno federal, de un debate entre víctimas. No porque no se reconozca la capacidad, el derecho o la libertad de los interlocutores de lo que de-ben hacer en sus propios términos: eso de suyo está por demás decirlo; sino porque se crearían espacios y foros para alentar esta discusión”, reitera.

–¿No hay ánimo de entrar en el debate que está siendo construido?

–No vamos a entrar a un debate con otras víctimas. Cada persona u organización está en libertad y derecho de expresar su propia valoración de la Ley de Seguridad Nacional. En todo caso me parece que habrá que tener claro que el actor para la construcción del instrumento jurídico es el Congreso; que hay que tener el diagnóstico de las causas de es-te conflicto y las consecuencias de la violen-cia, de esta guerra que durante cuatro años estuvo en el discurso de Calderón, y que lue-go cambió también en el discurso, no en el ámbito de la toma de decisiones. También, que el interlocutor es el gobierno federal. M

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Morera. Causa común, pero cooptada

Guerra, la prioridad

Los estudiantes lamentan que no sea la educación una prioridad, “tan siquiera” una alternativa a la epidemia de violencia que lacera al país. Así lo refleja, afirman, el presupuesto destinado para la guerra que encabeza Felipe Calderón, tan lejano al educativo.

“La demanda por mayor educación y menos militares la hemos mantenido como una demanda histórica del movi-miento estudiantil en el país. El fortale-cimiento a las instituciones de seguridad del Estado ha sido una estrategia del go-bierno federal desde hace muchos años, pero este sexenio se agravó muchísimo”, consigna Atzelbi Hernández.

El MAEES ya se integró al Movimien-to por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia. Precisa-mente Atzelbi ha participado en los diálo-gos con legisladores y el movimiento de Sicilia, en la mesa de jóvenes, discutiendo el problema de la educación como un te-ma de seguridad.

“En esta situación de guerra de los 50 mil muertos, los 10 mil desaparecidos, los 120 mil desplazados como resultado de la guerra de Felipe Calderón, la gran mayoría de las víctimas son jóvenes que debieron es-tar en una universidad, estudiando, y que por las mismas circunstancias del país no encon-traron otro camino que incorporarse a las fi-las del crimen organizado o del Ejército.

“Nos parece muy grave que las alter-nativas que ofrecen a la juventud mexica-na sean justamente esas dos: que ante la falta de oportunidades, de manera velada, orillen a los jóvenes a trabajar con las ar-mas porque esos sí son trabajos bien remu-nerados”, reprocha Hernández.

En las mesas de discusión denunciaron el reclutamiento de menores por parte de las fuerzas armadas: “Cínicamente nos in-vitan a incorporarnos a las filas del Ejército o las policías. A lo que nos están condenan-do es a morir”, consigna la joven.

Para Ivonne Cedillo, el modelo que el gobierno pretende para los jóvenes es claro: “Quieren sumarnos a su combate contra el narcotráfico, darnos en lugar de un libro un arma que nos asesine a noso-tros mismos, a jóvenes como nosotros. Es monstruoso. En los bachilleratos, donde la mayoría son menores de edad, están yen-do a reclutarlos con demostraciones es-pectaculares. Nos están impulsando a que no optemos por ingresar a la universidad porque no hay espacios”.

Los estudiantes rechazados pelean por el derecho a la educación como única solución a la crisis del país: “Garantizar una forma-ción con gran contenido humanista va a ser lo único que vamos a poder encontrar para salir de la grave situación política, económi-ca y social que sufrimos. Mientras no haya

un cambio de estrategia profundo, esta situa-ción (de violencia) se va a trasladar a todo el país, pero el hartazgo de la gente va a ir en incremento cada vez más, hasta que ya no se pueda tolerar”, asegura Atzelbi.

El espejo chileno

El MAEES se suma a las manifestaciones de resistencia en América Latina contra las políticas privatizadoras de la educación.

En el campamento que montaron du-rante casi una semana se enlazaron en dos conferencias con dirigentes del movimien-to contra el sistema de privatización educa-tivo en Chile. Mexicanos y andinos coin-cidieron en la similitud que hay en ambos conflictos.

Los mexicanos denuncian que el siste-ma de educación superior aquí ha sufrido un proceso de privatización velado, “una forma encubierta de favorecer al sector pri-vado de la educación superior; un mecanis-mo de exclusión que en lugar de favorecer la educación pública fomenta la construc-ción de miles de universidades particulares con muy bajo nivel académico, que contri-buyen a que el derecho a la educación sea un servicio más por el que hay que pagar”, declara Atzelbi.

Los aspirantes miran el reprimido mo-vimiento chileno como un referente. Con-tinua Hernández: “Con el ejemplo de los compañeros chilenos vemos que podemos hacer más, que podemos hacernos escu-char. Y mientras ellos (los gobernantes) si-gan empecinados en ignorar las voces que desde abajo estamos insistiendo en que tie-ne que virar la política, nos iremos acercan-do, cada vez más, a ser un Estado fallido”.

Desde el hartazgo y la fuerza en su dis-

curso los estudiantes advierten: “Va a llegar un momento en que las becas que otorgan la UNAM y la SEP no sean suficientes. Y entonces se van a enfrentar a un problema grave y van a tener que buscar alternativas”, fueron las palabras de Ivonne Cedillo.

Los miembros del MAEES demandan que se reconozca que los cientos de miles de rechazados de las universidades son un problema social que representa una “bom-ba” de tiempo.

“Sabemos que en Oaxaca, Puebla, Gue-rrero, Michoacán hay otros movimientos. Son pequeños brotes que van naciendo por la misma necesidad. Estamos seguros de que con información pueden sumarse ma-sas en las calles, como en Chile o España”, concluye Diego del Ángel.

“Ninis”

“Nini por obligación”, podía leerse en una pancarta gris en la manifestación del MAEES. El término ha sido empleado por las autoridades para referirse a los jóvenes que no estudian ni trabajan y que, según datos de la SEP, son más de 7.5 millones.

Los excluidos del sistema de estudios repudian que el Estado mexicano “permi-ta” y “promueva” que se catalogue así a víctimas de una política educativa que los margina desde el propio gobierno.

Califican el término de “ofensivo”, una “burla” que refleja que los jóvenes no son agenda prioritaria. “Nadie decide quedarse sin nada. No está en nuestras manos ingre-sar a la universidad. Tampoco somos no-sotros los que decidimos si se abren más plazas de empleo o no en el país”, asegu-ra Xóchitl Díaz.

José Juan Zamora, del MAEES, seña-la que el Estado “tendría” que ser el garante para impulsar el desarrollo de los millones de muchachos relegados a la nada.

Diego del Ángel comenta que “con el examen de admisión lo que hacen es cul-pabilizarnos a nosotros de que no pasamos una prueba, cuando en realidad es parte de un sistema diseñado para que la inmensa mayoría quede fuera”.

Las palabras del rector José Narro ante el Congreso, en el centenario de la UNAM el 24 de septiembre de 2010, dan la razón a los jóvenes rechazados: “El verdadero pro-greso no se puede generar entre la desigual-dad y la exclusión, en medio de la ignoran-cia y las muertes evitables. (…) Requerimos enfoques que miren al país en el largo pla-zo. Difícilmente podremos avanzar en este sentido si no damos la debida prioridad a la educación, a la ciencia y al desarrollo tec-nológico. (…) No daremos el paso correcto en tanto destinemos 0.7 del PIB a la educa-ción superior y 0.4 a la investigación. No se-rá posible mientras sólo tres de cada 10 jóve-nes mexicanos estudien en las instituciones de educación superior”.

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Narro. Visión crítica

SOCIAL

do en 2006 para demandar al gobierno fe-deral que garantice la educación superior pública y gratuita como un derecho consti-tucional, no como un favor, para todos los jóvenes que la soliciten.

Por ser “discriminatorio” al basarse en la condición económica y la escuela de procedencia, exigen también que se can-cele el examen de admisión como meca-nismo para el ingreso a las universidades para sustituirlo con un procedimiento ba-sado en la “justicia” y la “equidad”.

De esos muchachos nació la iniciativa de plantarse cinco días y seis noches en la Plaza de Santo Domingo, a las afueras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del viernes 5 al miércoles 10 de agosto.

El martes 9, 300 de ellos marcharon 24 horas continuas en la Plaza de la Constitu-ción. Ese día hubo ahí no menos de cinco manifestaciones. Los jóvenes caminaron lanzando “¡goyas!” e insultos al presidente. “Por el gobierno que no me deja estudiar”, “por los policías que nos quieren acribillar”, “yo soy el rechazado”, rezaban las protestas.

Las leyendas “educar para no matar” o “aquí no hay ninis, hay chicos peleando por la educación”, se leía en pancartas sos-tenidas por las manos de quienes hace po-co fueron niños.

Eduardo Jesús Contreras, rechazado de las escuelas de psicología de la UNAM y la UAM en 2010 y 2011, fue el primero en ha-blar con el reportero. Mencionó su proceso de rechazo y su frustración, el desdén ins-titucional: “El hecho de que te nieguen un proyecto de vida porque no tienen espacio es muy injusto”, dice. Le queda la condena de ser rechazado y la tristeza que se agudi-za con la falta de recursos. “Si no puedo es-tudiar es porque soy uno de los millones de pobres de este país”.

Selección exclusiva

La falta de espacios en escuelas públicas de educación superior es un tormento pa-

ra los jóvenes que vuelve año con año. El proceso de selección, dicen los estudian-tes que no dejan ser, responde a un meca-nismo de exclusión que con la excusa de garantizar una educación de calidad deja una estela de humo que esconde el hecho de que sólo 30% de los jóvenes en edad de cursar el nivel superior está inscrito en el sistema educativo.

“Para ser profesionista”, aseguran, “só-lo pueden llegar los mejores. Nosotros deci-mos que todos tenemos capacidad y los mis-mos derechos. La preparación que nos dan es dispar. Pero todos llegamos con un certi-ficado extendido por las mismas autoridades que después nos cierran la puerta. Es un ab-surdo. Son ellos los responsables de la dispa-ridad en el nivel académico del país; que la afronten, la asuman y la solucionen, no que nos coarten el futuro. No pueden culpar a los alumnos como individuos de las falencias del sistema educativo”, suelta Eduardo Con-treras a las puertas de la SEP.

En 2006 sumaron 150 mil los rechaza-dos de las universidades. A lo largo de este sexenio la cifra anual fue en aumento has-ta rondar los 200 mil este año.

Simplemente del proceso de selección en abril para ingresar a una de las 85 licen-ciaturas entre los sistemas escolarizado, abierto o a distancia de la UNAM, fueron descartados 122 mil 750 alumnos contra 10 mil 300 que ingresaron. Un año atrás, en el examen de abril de 2010 en la misma institución, 91% de los aspirantes no pu-do calificarse.

Para el presente ciclo, el IPN admitió 24 mil alumnos de 90 mil aspirantes; la UAM dio cabida a menos de 7 mil jóvenes.

De gira por Guanajuato, el lunes 8, Fe-lipe Calderón afirmó que durante su admi-nistración la cobertura universitaria estira-rá una cifra que aún no alcanza 31% hasta 34%. Desoladora comparación: Argentina supera 60%, Chile y Panamá 45%.

Tras extenuantes jornadas de negocia-ción, el miércoles 10 se firmó en las ins-

talaciones de la SEP un acuerdo, del que Proceso tiene copia, donde las autoridades educativas “reconocen la necesidad de am-pliar la reflexión” sobre la educación supe-rior en el país y se comprometen a “buscar un mecanismo amplio e incluyente para su análisis”.

En cuanto al ingreso de los aspirantes, la resolución es la misma que se alcanzó en años pasados:

Sólo los estudiantes que tomaron par-te en las movilizaciones –mil 400 rechaza-dos de un universo cercano a los 200 mil– podrán ingresar a la universidad pública, de forma diferida, cursando un año en la modalidad abierta, a distancia o con becas completas por parte de la UNAM y el IPN. La SEP solamente aportará financiamien-tos de mil pesos. Aquellos que mantengan un promedio mínimo de 8 y no reprueben ninguna materia serán incorporados al ter-cer semestre en algunas de las facultades o escuelas de la Universidad Nacional o el Politécnico.

En las negociaciones participaron Mi-guel Salcedo, coordinador general de Aten-ción Ciudadana de la SEP; Joaquín Flores, representante de la Subsecretaría de Educa-ción Superior; Isidro Ávila, director general de Administración Escolar de la UNAM; Eduardo Vanegas, representante del IPN y María José Arroyo, coordinadora de Infor-mación Institucional de la UAM.

En entrevista con este semanario, di-rigentes del movimiento estudiantil cons-tataron que fue el gobierno federal, a tra-vés de la representación de la SEP, el actor más renuente a la negociación. “Los de la SEP dicen que no podrían aceptar un de-bate con nosotros en la Secretaría porque sería aceptar que se está haciendo algo mal”, narra a Proceso Xóchitl Díaz.

Según los relatos de los aspirantes, Mi-guel Salcedo cayó en el absurdo. El rela-to es del joven Adrián Santillán: “No les interesa formar profesionistas. El coordi-nador Miguel Salcedo nos decía que para qué necesitamos más profesionistas para que luego tengan que desemplearse y aca-ben como taxistas”.

Por parte de la UNAM, denuncian los rechazados, el rector José Narro se negó a reconocer al MAEES como un interlocutor “válido”. “De la UNAM nos dijeron que el rector Narro hacía declaraciones públicas y que su posicionamiento estaba ante los me-dios de comunicación, como si no hiciera falta hacer un posicionamiento también an-te los estudiantes rechazados”, se queja At-zelbi Hernández.

Hasta ahora ninguna de las autoridades de las instituciones educativas ha querido hacer alguna declaración pública sobre el movimiento o los acuerdos alcanzados. Ninguna contestó la solicitud de entrevis-ta de Proceso. A la luz pública, dicen los integrantes del MAEES, los desconocen.

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El documento, cuyo adelanto obtuvo Proceso, hace un recuento pormenorizado de todos los eventos de la contienda, que incluye la etapa de las “alianzas frustra-das” entre el PAN y PRD, así como el dis-pendio durante la campaña, los debates, el papel de la prensa local, la iniquidad, el abstencionismo, los resultados y un apar-tado de recomendaciones.

Y aun cuando Eruviel Ávila recibió ya la constancia de mayoría el lunes 15, Ba-rranco insiste en la urgencia de empren-der una reforma electoral en el Estado de México para bajar los costos de los comi-cios, que hoy son considerados “los más caros de América Latina”. La Coparmex calcula que cada voto costó 60 dólares.

Barranco enumera a Proceso las cinco medidas que considera necesarias para la reforma electoral mexiquense que, advier-te, debe estar lista antes de los comicios municipales mexiquenses y las federales de 2012: poner candados para limitar el uso de recursos y programas gubernamen-tales durante la campaña; “evitar la sim-biosis entre partidos y gobierno”; fortale-cer al órgano técnico de fiscalización que debilitó la llamada Ley Peña de 2010; rea-lizar una nueva demarcación que supere la existente desde 1990, y sobre todo susti-tuir a los actuales integrantes del Institu-to Electoral del Estado de México IEEM).

“Las más importantes decisiones de este consejo fueron impugnadas y revoca-das. Es necesario romper con la lógica de las cuotas partidistas para la elección de los consejeros y elegirlos con criterios ciu-dadanos y transparentes”, expone el entre-vistado, quien fue consejero del IEEM en el proceso electoral de 2005.

Advierte también que otra de las me-didas urgentes es la redistritación, que frenó el propio Peña Nieto. “Es una ver-güenza tener una demarcación que data de 1990; que además viola uno de los princi-pios elementales de la democracia: que se dé a cada voto el mismo valor. Hay zonas subrepresentadas y otras sobrerrepresen-tadas. En algunos distritos, como Atlaco-mulco, por ejemplo, se gana con 8 mil vo-tos; en otros, como Coacalco, se necesitan 80 mil votos”.

La parcialidad del árbitro

El Dictamen ciudadano documenta la par-cialidad de los consejeros del IEEM. Ex-pone que los gastos del organismo electo-ral crecieron 538% el año pasado, a pesar de que disminuyó el tiempo de campaña y su pérdida de credibilidad es cada vez más notoria:

“Durante todo el proceso electoral se pu-so en duda la capacidad del IEEM para re-solver las acusaciones y denuncias realiza-das por la oposición, sobre todo en materia de fiscalización. El instituto debía ser un ele-

mento clave en la consolidación democráti-ca de la entidad. Sin embargo, no logró de-mostrar su imparcialidad a la hora de tomar decisiones antes y después de la jornada electoral. Su actuación le restó credibilidad.

“… Durante la mayor parte del proce-so electoral los consejeros declararon que existían las condiciones necesarias para garantizar comicios en paz. Sin embargo, cualquier observador podía percatarse que las violaciones al código electoral fueron una constante en este proceso”.

Y menciona los casos de Juan Carlos Villarreal Martínez, Policarpo Montes de Oca, Jesús Jardón Nava y José Martínez Vilchis, “propuestos por el PRI o sus alia-dos” como consejeros electorales:

Villarreal Martínez fue asesor del se-cretario general de Gobierno peñista, Luis Enrique Miranda Nava; Montes de Oca fue vocal de la junta local del IFE en el Esta-do de México y está vinculado al exgober-nador Emilio Chuayfett; Jardón Nava fue secretario general de la Comisión Electo-ral mexiquense en 1993-1994, cuando este organismo era manejado por el gobierno, y Martínez Vilchis fue rector de la univer-sidad pública local.

“El cuadro lo completaban dos conse-jeros propuestos por el PAN: Abel Aguilar, exsecretario de Estudio y Cuenta del minis-tro (de la Suprema Corte) Mariano Azue-la Güitrón, y Arturo Bolio Cerdán, exma-gistrado electoral local, pero con fuertes vínculos con el gobierno del estado. Por último, el consejero presidente fue una pro-puesta del PRD, Jesús Castillo Sandoval, un hombre que antes de llegar al IEEM fue magistrado electoral a propuesta del PAN. A pesar del cargo, en el proceso no fue un factor decisivo”, subraya el reporte.

El 21 de febrero último, los integrantes del IEEM quintuplicaron su gasto con res-pecto a 2010: de 752 mil pesos, se elevó a 4.8 millones de pesos. Aun así, los conse-jeros y asesores del IEEM no actuaron pa-

ra acotar la “abrumadora” publicidad del gobierno de Enrique Peña Nieto durante el proceso electoral.

Tampoco lo hicieron en el escándalo que protagonizó el funcionario peñista Ber-nardo García Cisneros, quien fue videogra-bado en el momento en que daba instruc-ciones para desviar recursos públicos a favor del PRI. El IEEM consideró que se trataba de “un transgresor electoral solita-rio” y no lo sancionó. Los consejeros tam-poco hicieron nada para promover el voto entre los ciudadanos mexiquenses; mucho menos atendieron las denuncias por la ini-quidad en los gastos de campaña, ni los ac-tos anticipados de campaña de Eruviel Ávi-la y Alejandro Encinas, expone Barranco en su Dictamen ciudadano.

“En suma, las principales decisiones del consejo general del IEEM han sido im-pugnadas por los tribunales ante las cons-tantes querellas de los partidos. El actual consejo general del IEEM es el más impug-nado en la historia de 15 años del instituto”, destaca el documento.

Por lo que atañe al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), las críti-cas no son menores. El Dictamen ciudada-no establece que tres de sus cinco magis-trados son controlados directamente por el PRI: el presidente Jorge E. Muciño Escalo-na, cercano al exgobernador César Cama-cho; Raúl Flores Bernal, asesor de Muciño cuando éste fue consejero del IEEM, y Luz María Zarza, asesora de Emmanuel Villica-ña cuando fue secretario general del IEEM.

El TEEM resultó “costoso e ineficiente”. Además, el Tribunal Electoral del Poder Ju-dicial de la Federación revocó 42.8% de las sentencias de su par mexiquense y le orde-nó dar cumplimiento a una sentencia en otro sentido. Cada resolución de este tribunal tu-vo un costo de 1.6 millones de pesos.

Durante la presidencia de María del Carmen Alanís, el tribunal federal también actuó a favor del PRI, al revocó la senten-

IEEM. Parcial y caro

masivo”El Dictamen ciudadano de vigilancia electoral del Esta-do de México, coordinado por el especialista Bernardo Barranco, sólo confirma el desaseo en que transcurrió el proceso que culminó el pasado 3 de julio con un cues-tionado triunfo del priista Eruviel Ávila. Los autores del documento, cuyo adelanto ofrecieron a Proceso, expo-nen que aun cuando las campañas fueron más cortas y carecieron de credibilidad, el abstencionismo fue más elevado con respecto a la jornada de 2006; pero lo más oprobioso es que los consejeros electorales quintupli-caron sus gastos.

JENARO VILLAMIL

Los comicios del 3 de julio último en el Estado de México, la enti-dad más poblada del país, cons-tituyen la muestra de “un frau-de masivo y más sofisticado”, establece el Dictamen ciudada-no de vigilancia electoral del Es-

tado de México, elaborado por el especia-lista Bernardo Barranco, con el apoyo de organizaciones ciudadanas, grupos empre-sariales locales y estudiantes voluntarios de la ENEP-Acatlán, quienes dieron un segui-miento puntual al proceso electoral en el que resultó vencedor el priista Eruviel Ávila.

El análisis arremete contra los árbitros electorales –los “más impugnados en la historia” electoral mexiquense –; sostiene que todo el aparato del gobierno de Enrique Peña Nieto se volcó en la operación a favor del candidato de su partido y menciona la corresponsabilidad de los partidos de opo-sición en el alto nivel de abstencionismo, pues hubo 1 millón 125 mil electores me-nos que en los escrutinios de 2006.

Un “fraude

Ahora son los ejidatarios de San Pedro Totoltepec quie-nes sufren el acoso de voraces trasnacionales y grupos de inversionistas –entre ellos Carlos Slim y Emilio Az-cárraga–, que con el respaldo del Grupo Atlacomulco y el gobierno mexiquense pretenden despojarlos de sus tierras para ampliar el aeropuerto de Toluca. Los pro-pietarios de estos predios advierten que no permitirán este acto de rapiña que sólo beneficiaría a los señores del gran capital.

RODRIGO VERA

TOLUCA, MÉX.- Desde que llega-ron los fuereños a presionarlo para que venda su parcela y su casa, el viejo ejidatario Mateo Escamilla vive con temor: “Ya no estoy en paz por miedo a que

algo malo me pueda pasar”, se lamenta. A la puerta del jacal que levantó con ta-

blones y lámina, don Mateo se rasca la nuca y agrega: “Ha venido gente de fuera a de-cirme: ‘Si no nos vendes tu parcela y te sa-les de aquí, entonces vamos a tumbar tu ca-sa para sacarte a la fuerza’. Yo les pido que no me molesten y me dejen vivir en paz”.

Don Mateo observa su maizal, sus ga-llinas picoteando el piso lodoso y el huer-to con los racimos de fruta que vende en Toluca.

“Es todo lo que tengo –dice–. Mal que bien me alcanza para vivir. Ya estoy viejo y enfermo como mi esposa, que se quedó ciega por la diabetes. No podríamos vivir en otra parte. Yo aquí nací, aquí hice mi vi-da y aquí pienso morirme.”

–¿Y cuánto le ofrecen por su parcela?–Dizque me dan 400 pesos por metro

cuadrado. Más o menos lo mismo que les ofrecen a los demás ejidatarios de San Pe-dro Totoltepec. Pero ese dinero no nos al-canzaría para nada. Nos quieren sacar a la brava para ampliar el aeropuerto.

Y señala la larga alambrada que divi-de al ejido del Aeropuerto Internacional de Toluca. De aquel lado se ven los mo-dernos edificios con su espigada torre de control pintada de azul, las asfaltadas pis-tas de aterrizaje y las aeronaves metálicas que refulgen al sol. De este lado, el ejido es una verde altiplanicie de sembradíos de maíz, donde habitan los ejidatarios en vi-viendas comunicadas por caminos de te-rracería, ya con postes de luz eléctrica y red de agua potable.

Eduardo Miranda

Despojo a mansalva

ESTADO DE MÉXICO

cia del Instituto Federal Electoral que san-cionaba al gobernador Enrique Peña Nieto, mientras que a Eruviel Ávila sólo lo sancio-nó con 27 mil pesos, “cifra insignificante”, por actos anticipados de campaña.

El cochinero

El Dictamen elaborado por Bernardo Ba-rranco advierte que aun cuando las campa-ñas mexiquenses sólo duraron 45 días, el financiamiento público a los partidos lo-cales se incrementó 180%. La cifra total fue de 698 millones de pesos.

Y advierte: “Si en el Estado de México se hubiese adoptado el modelo de la reforma federal de 2007, el tope de gasto de campaña para gobernador hubiera sido de 41 millones de pesos y no de 204 millones”.

Barranco incluye datos de la Copar-mex, que considera las elecciones como “las más caras de América Latina”, con un dispendio de 3 mil millones de pesos, “lo cual se traduce en un costo de 60 dólares por voto en nuestro estado”.

“No existió una correlación entre los re-cursos y el buen funcionamiento de las ins-tituciones. En diversas ocasiones se pudo observar que, independientemente del di-nero destinado a los procesos electorales, hubo desviaciones que afectaron la credibi-lidad de la democracia, como forma de go-bierno. Además, la institución electoral no fue eficiente en el ejercicio de los recursos asignados a los partidos políticos. Tuvo re-trasos para asignar las prerrogativas”, seña-la el Dictamen.

Durante la campaña, la “constante” fue-ron las denuncias del “enorme gasto” del candidato priista Eruviel Ávila. Por si fuera poco, el exalcalde de Ecatepec alimentó la polémica al ofrecer autos y puestos públi-cos a los militantes que más promovieran el voto para su coalición.

PAN y PRD demandaron “revisiones precautorias” de los gastos de campaña de

Eruviel Ávila, pero el IEEM dejó pendien-te la resolución de estas demandas hasta el final del proceso electoral.

La medida del IEEM no fue casual, ad-vierte el análisis de Barranco: “Lo único que pudiera resultar efectivo para rever-tir los resultados electorales son las revi-siones precautorias a los gastos de Ávila”; esas “revisiones” no se hicieron.

El reporte subraya también que “la in-tervención del gobierno del estado en la campaña de Ávila fue una constante. Se hi-zo, sobre todo, a través de los programas de regionalización, el uso clientelar de progra-mas sociales y de la entrega de obras de in-fraestructura realizadas en el estado.

“En cuanto a la intervención del gobier-no de Peña en la elección y en los apoyos que tuvo su candidato para el órgano elec-toral fue difícil amortiguar el descrédito de tolerar tales prácticas… Algunas de las más evidentes fueron la movilización clientelar del sindicato de maestros y la focalización de los programas de asistencia social esta-tales… La publicidad del gobierno del esta-do fue abrumadora. Se mantuvo así durante casi todo el proceso electoral, hasta que tar-díamente el TEPJF ordenó el retiro de ella, a unos días de la elección”.

A pesar del despilfarro, la iniquidad y la abierta intervención del gobierno a favor del candidato del PRI, los niveles de votación no aumentaron. El Dictamen ciudadano ad-vierte que “a pesar de que el padrón creció en 1.5 millones de ciudadanos entre 2006 y 2011, en aquel año votaron 5 millones 701 mil 320 mexiquenses. El domingo 3 de ju-lo lo hicieron sólo 4 millones 576 mil 54; es decir, 1 millón 125 mil ciudadanos menos.

“La abstención fue de más de 6 millo-nes de votantes. Rebasó de lejos a cada uno de los países centroamericanos. Incluso su-peró los padrones electorales de Paraguay y Uruguay juntos. El alejamiento de los ciu-dadanos de las urnas reflejó la enorme des-confianza y lejanía hacia las propuestas de

los partidos y de la sinceridad institucional de los órganos electorales”.

La oposición, los medios, las iglesias

El informe sobre la elección del Estado de México es muy crítico con respecto al pa-pel de los partidos de oposición, la pren-sa local y la Iglesia católica. Recuerda que durante la consulta sobre la alianza entre el PRD y el PAN hubo 250 mil sufragios, de los cuales 76% votaron por el sí, pero los opositores lo minimizaron.

“Después de conocer el resultado de la consulta mexiquense del 27 de marzo, los partidos interesados, especialmente el PRD, desconocieron el resultado. Subesti-maron la opinión de los mexiquenses. Mos-traron que la última palabra la tuvieron las cúpulas partidistas. Dejaron a la consul-ta ciudadana como mero trámite, cuando el objetivo era cambiar la relación entre la sociedad y la clase política del Estado de México”, sostienen los autores del reporte.

Para ellos, “la noticia de que Eruviel Ávila era el candidato de unidad (del PRI) fue una muestra de que existía la posibi-lidad de una ruptura al interior del PRI mexiquense”.

Por lo que atañe a los medios de comu-nicación, el informe expone: “Los medios impresos han sido eficientes reproducto-res de la ideología dominante en la enti-dad. Hacen crecer las figuras políticas que dicta el interés gubernamental.

“Eso fue lo que hicieron durante la pa-sada elección de gobernador. Apoyar a Eru-viel Ávila en sus actos de campaña. Siem-pre sacaron notas positivas. Tomaron los mejores ángulos para las fotografías. Ca-si todas las columnas fueron apologistas de las virtudes de su figura y la del gobernador que tuvo el supuesto mérito de elegirlo”.

Algo similar ocurrió con varios de los 14 obispos mexiquenses. Los que no pudie-ron ocultar sus preferencias políticas fueron Enésimo Cepeda, de Ecatepec, “muy acti-vo a favor del PRI”, y en especial del exal-calde; Víctor René Rodríguez Gómez, obis-po auxiliar de Texcoco, quien a principios de junio último, alabó la gestión de Peña Nie-to durante la conferencia general de obispos, y el obispo de Cuautitlán, Guillermo Ortiz Mondragón, cercano también al PRI.

El 22 de marzo, los 14 obispos mexi-quenses publicaron un documento sobre las elecciones del 3 de julio para invitar a la ciudadanía a impulsar una “cultura de la democracia y a hacer de ella un estilo de vida”. Lamentaron incluso “la inducción del voto a cambio de dádivas; la compra venta del sufragio, así como el llamado al voto corporativo, es decir, el voto compro-metido por líderes, sindicatos, gremios o asociaciones”.

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Urnas. Cada vez menos votos

cer grandes fortunas con la especulación.“Es prácticamente un robo darles a los

ejidatarios 400 pesos por metro cuadrado. Aunque en los hechos, a los que han logra-do quitarles sus parcelas solo les pagan po-co más de 100 pesos. Los despojan de su patrimonio familiar con la promesa de que la ampliación del aeropuerto les dará em-pleos de lavacoches y barrenderos.

“Esto implica lanzarlos a la miseria, a engrosar el numeroso ejército de pobres; de acuerdo con las estadísticas, 55% de los 15 millones de mexiquenses sobreviven en la pobreza y en la miseria extrema. Mu-chos de ellos fueron comuneros y ejidata-rios de Huixquilucan, Santa Fe, Valle de Bravo y otros puntos donde los terrenos ya se tasan en dólares. Hoy intentan hacer lo mismo con los ejidatarios de San Pedro.”

Chavarría extiende un enorme plano, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano estatal, en el que aparece el área actual del aeropuerto pintada de rosa, y el área del ejido coloreada de verde. Muestra el plano y explica:

“Actualmente en el ejido viven aproxi-madamente 820 ejidatarios con sus familias, en una extensión de 2 mil 379 hectáreas de tierra fértil. De éstas, el Grupo Atlacomulco, que es el que maneja realmente el aeropuer-to, intenta apoderarse de 400 hectáreas para ampliar la terminal aérea.

“Este proyecto surgió al fracasar la construcción del aeropuerto internacional que se planeaba levantar en la zona de Tex-coco. El gobierno de Vicente Fox y el de Ar-turo Montiel, entonces gobernador de la en-tidad, voltearon los ojos hacia el aeropuerto de Toluca porque se dieron cuenta de que, por su cercanía, podía servir como un ae-ropuerto alterno al de la Ciudad de México, que ya está muy congestionado.

“Y esto es lo que ya está ocurriendo en los hechos. De ser un aeropuerto regional, el de Toluca rápidamente se convirtió en un aeropuerto internacional con bastante demanda, pues recibe mucho tráfico aéreo que antes captaba el aeropuerto de la Ciu-dad de México.”

Amenazas

Por su parte el actual director del aeropuerto de Toluca, Alexandro Argudín, ha explica-do que la ampliación servirá para construir una nueva pista de aterrizaje. Pero ante la ne-gativa de los ejidatarios a vender sus tierras, amaga con recurrir a la expropiación.

“Estaremos en algunos meses inician-do un proceso de expropiación; no tene-mos una fecha, no hay un calendario críti-co, pero sí habrá que iniciar un proceso de expropiación”, declaró al diario Reforma el pasado 28 de julio. Y les advirtió a los cam-pesinos que, con esta medida, recibirán por sus tierras el valor catastral que en la zona –dijo– es de 98 pesos el metro cuadrado.

Lamentó tener que recurrir a la expro-piación y aclaró que no le quedaba otra al-ternativa porque los ejidatarios rechazan el trato directo, con el que hubieran obtenido un mejor precio por sus tierras.

Pero Arturo Chavarría señala que son puras amenazas sin sustento las de Argudín, encaminadas a intimidar a los campesinos:

“Para empezar –dice–, la expropiación solamente se da por razones de utilidad pú-blica. Nada que ver con el aeropuerto de Toluca, que es un negocio privado dado en concesión, por 99 años a partir de 2005, al grupo español OHL y a los políticos-em-presarios del Grupo Atlacomulco.”

Chavarría detalla que formalmente OHL tiene 49% de la concesión. Otro 26% está en manos del gobierno del Estado de México. Y el resto lo detenta el gobierno federal.

Abunda: “A la trasnacional española la trajo al estado el Grupo Atlacomulco, encabezado por las familias Del Mazo y Carlos Hank Rhon, quien actualmente es la bisagra articuladora en esos negocios, a los que se sumaron Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean y la familia Alemán, cuya línea aérea Interjet opera en el aeropuer-to. Peña Nieto es solo un títere manejado por esos empresarios sin escrúpulos que han obtenido las concesiones de las prin-cipales obras de su gobierno, como el Via-ducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense”.

Desde hace varios meses en este sema-nario se abordó el despojo de tierras ejida-les que ocasionó la construcción del Cir-cuito Exterior Mexiquense, lo mismo que sus estragos entre los pobladores de Tex-coco, Ciudad Nezahualcóyotl, Tultepec y Chimalhuacán (Proceso 1802).

Aparte de los estrictamente aeronáuti-cos, Chavarría menciona otros negocios que conlleva el aeropuerto de Toluca: la conce-

sión de estacionamientos, sitios de taxis, lí-neas de transporte terrestre que recogen a los pasajeros en la Ciudad de México, cen-tros comerciales, hoteles y restaurantes de lujo, etcétera.

“Toda la zona ya es un jugoso negocio para un pequeño grupo de empresarios que, valiéndose de Peña Nieto, abusan del poder para quitarles sus tierras a los campesinos. No nos oponemos al progreso que pueda representar la ampliación del aeropuerto, sino a la injusticia contra los más desposeí-dos”, dice el urbanista.

Esa injusticia la padece en carne propia Ángel Casimiro Mendoza, un ejidatario de 70 años y cuerpo enjuto al que quieren sa-car a la fuerza de su parcela.

“Seguido vienen esos fuereños, gente que ni conozco, a estar muele y muele que ya les venda mi tierra y que me vaya a otro lado. Dicen que vienen de una inmobiliaria que trabaja para el aeropuerto. Llegan con amenazas diciendo que de todos modos nos van a sacar a mi familia y a mí”, dice.

–¿Y usted qué les contesta?–Pues que no les vendo y que no me

voy, que dejen de estarme molestando por-que yo no los molesto a ellos. El gobierno siempre nos tiene olvidados. Se acuerda de que existimos sólo cuando quiere jodernos más. Ya ve, aquí nos cortó la luz y el agua potable para obligarnos a salir.

Bajo la llovizna, Ángel Casimiro atra-viesa el patio de su casa y llega al corral. Ahí, bajo un largo tejabán, tiene alineadas ocho reses blancas y gordas de fina pelambre.

Con la palma de la mano Ángel Casimi-ro acaricia la testa greñuda de una de sus re-ses y exclama orgulloso: “¡Puro ganado fi-no! ¡Ganado charoláis! Saco 350 kilos de carne por cada una de mis reses. ¿En qué otro lado voy a poder criar cabezas así?... En ninguno… en ninguno”.

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La oferta del aeropuerto. Casas derruidas

Manejado por la trasnacional española OHL y el Grupo Atlacomulco –en el que se inscribe Enrique Peña Nieto, goberna-dor del Estado de México y aspirante del PRI a la Presidencia de la República–, el aeropuerto de Toluca se convirtió en un jugoso negocio porque en los hechos es-tá operando como terminal alterna al satu-rado Aeropuerto Internacional de la Ciu-dad de México.

Para responder a la demanda aérea, las autoridades estatales proyectan ampliar el área del aeropuerto 400 hectáreas, que quie-ren tomar a la fuerza del único lugar dispo-nible: el ejido de San Pedro Totoltepec, en el costado oriente de la terminal aérea.

Pero los campesinos se niegan a ven-der sus tierras porque les ofrecen un precio muy bajo y sobre todo porque no quieren salirse del terruño. Rigoberto de la Cruz, lí-der de los ejidatarios renuentes a vender, aclara:

“Por acuerdo de asamblea, los ejida-tarios determinamos no vender nuestras tierras. Eso está muy claro. Aquí hemos vivido con nuestras familias desde hace varias generaciones, manteniéndonos de la siembra de maíz, haba, calabaza, frijol y huauzontle. No queremos irnos a nin-gún otro lado. Solo pedimos que dejen de presionarnos para obligarnos a salir. Eso es todo.”

–¿Los hostigan?–Muchísimo. Desde hace tiempo el go-

bierno nos quitó el servicio de luz eléctrica. Fue cortando los cables de los postes para que nos quedáramos sin luz. Y por más que reportamos las averías, nadie viene a repa-rarlas. Con el servicio de agua potable es igual. Nos cortaron el suministro de agua. Ahora nos surtimos con pipas que llegan dos veces por semana. Así nos fastidian pa-ra que nos vayamos.

“Otra presión es la gente que viene con-tratada por las autoridades del aeropuer-to. Son empleados de compañías inmobi-liarias, como la inmobiliaria GAP. Llegan directamente a nuestras casas y nos dicen:

‘Es mejor que vendan porque de otro mo-do vamos a tener que sacarlos a la fuerza con la policía’. Así nos traen atemorizados.

“Aquí vivía un compañero ejidatario, Rafael Padilla Díaz, que se oponía a la ven-ta de la tierra con declaraciones a la pren-sa local. Para que ya no diera lata le inven-taron un delito; lo acusaron de participar en un robo de 10 mil pesos. Le dieron seis años de prisión en la cárcel de Almoloya de Juárez. Ahí sigue preso. Fue para advertir-nos que a cualquiera le puede pasar lo mis-mo. Tenemos a todas las autoridades en nuestra contra.”

–¿A algunos ejidatarios ya los obliga-ron a vender su parcela?

–Sí. Hay algunos que por temor mal-barataron su parcela de manera individual y se fueron a otro lado. No aguantaron las presiones del gobierno de Peña Nieto. Lo peor es que a algunos les pagaron a 150 pe-sos el metro cuadrado. Tan pronto se van nuestros compañeros, viene gente de fuera a demoler sus casas vacías… ¡Vea!... ¡Ahí están los escombros!

Mientras camina por los encharcados senderos en una tarde a ratos con sol y a ratos con lluvia, De la Cruz va señalando los montículos compuestos de tabique, te-ja, lámina, cemento y madera hechos añi-cos. Estas pilas de cascajo se observan de pronto en algún claro entre las tupidas mil-pas. Son la señal de que ahí hubo una vi-vienda habitada por una familia de campe-sinos obligada a vender su parcela, gallinas, vacas y marranos para luego emigrar a un lugar desconocido.

“No se crea, da mucha tristeza ver esas casas derrumbadas y pensar que ahí vi-vía el compadre, el amigo o algún familiar que ya se fue”, suspira De la Cruz.

A lo lejos, tras la alambrada del aero-puerto, se ven subir y bajar los aviones. Se escucha el ruido de sus motores. Y más allá aparece el alto e imponente Nevado de Toluca difuminado por negros nubarro-nes que dejan caer relámpagos y lluvia so-bre el valle.

De la Cruz recuerda a los campesinos de San Salvador Atenco, a quienes duran-te el sexenio de Vicente Fox se les intentó arrebatar sus tierras para construir ahí un aeropuerto:

“Ellos supieron organizarse y conseguir apoyo. Conservaron su tierra. Impidieron que se construyera aquel aeropuerto que iba a desahogar al de la Ciudad de México. ¡Quién lo iba a decir! Ahora muchos vuelos de la capital los están mandando para acá… y quieren resolver sus problemas quitándo-nos la tierra, perjudicándonos a nosotros.”

–¿Ustedes seguirán su lucha?–Seguiremos defendiendo nuestra tierra

a como dé lugar. Nos falta organizarnos me-jor y evitar las divisiones, pues algunos com-pañeros ya cayeron en el desánimo y pien-san que lo mejor es vender. Eso nos divide.

–¿Se han defendido con alguna acción legal?

–Sí. Desde 2009 interpusimos una de-manda contra Peña Nieto y sus funciona-rios que nos quieren despojar, pues es ile-gal lo que están haciendo.

El ejidatario se refiere al juicio de am-paro interpuesto el 9 de septiembre de ese año (con el número 1097/2009-III) ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, con sede en Toluca.

Por “desposesión”, el juicio acusa di-rectamente a Peña Nieto, a su secretario general de Gobierno, Luis Miranda Na-va; a la secretaria de Desarrollo Urbano, Marcela Velasco; al secretario de Comu-nicaciones, Gerardo Ruiz Esparza; al di-rector general del Sistema de Autopistas y Aeropuertos, Manuel Ortiz, y al direc-tor del Aeropuerto Internacional de Tolu-ca, Alexandro Argudín, entre otros.

La denuncia incluye a la alcaldesa de Toluca María Elena Barrera Tapia, ya que las autoridades municipales –arguyen los quejosos– están coludidas con las estatales.

Latrocinio

A fin de impedir el despojo, los ejidatarios cuentan con la asesoría jurídica del Cole-gio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, cuyo presidente, Arturo Cha-varría, exclama:

“¡Ya basta de que Peña Nieto y el Gru-po Atlacomulco les estén dando, a cambio de sus tierras, cuentas de vidrio a los cam-pesinos! Es un vil despojo lo que intentan hacer con el ejido de San Pedro Totolte-pec. Esas tierras valen muchísimo más de lo que ofrecen por ellas.”

–¿Tiene usted cifras?–Por supuesto. El valor del suelo en

toda la zona aledaña al aeropuerto se ha disparado muchísimo; fluctúa entre los 14 mil y los 18 mil pesos el metro cuadrado. A ese precio están vendiendo los voraces desarrolladores urbanos que han logrado apropiarse de terrenos en el área… y ha-

Ed

uard

o M

irand

aArturo Chavarría. Asesoría a ejidatarios