Lo mejor, para nuestros menores

Por GUSTAVO ADOLFO FLÓREZ GARZÓN

Actualmente se presenta en la “opinión pública” colombiana una tímida discusión debido a la reforma a la Ley de la Infancia, radicada por la senadora Gilma Jiménez en la Comisión 1 del Senado, la cual pretende recrudecer las penas de reclusión a menores de edad que comentan delitos como homicidios, abuso sexual, hurto calificado, extorsiones y secuestros.

Si bien la “opinión pública” y el Gobierno coinciden en afirmar que es necesario un sistema judicial más severo para con los jóvenes delincuentes y que sus actos criminales deben ser penalizados hasta con 15 años de cárcel en centros especiales; también es importante resaltar algunas condiciones familiares y sociales adversas que dichos adolescentes afrontan y las cuales -casi siempre- desencadenan dichas acciones delictivas.

Según datos suministrados por la senadora proponente, "en el país hay unos 3 millones de jóvenes en situaciones de riesgo y pobreza "; tres millones es una suma, además de perturbadora, preocupante, porque demuestra la enorme incapacidad de los padres de familia y del Gobierno para crear un ambiente social y cultural propicios para su sano desarrollo.

¿Cómo pretendemos que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes

tengan un comportamiento ciudadano ejemplar si no se les ofrece las condiciones mínimas necesarias para que adquieran, de parte de sus padres y del Gobierno, una formación que promueva la cultura, el respeto mutuo y la convivencia pacífica?

¿Cómo proyectamos lograrlo, si en Colombia día a día son millones los niños y niñas que son brutalmente golpeados, violados y explotados sexual y laboralmente? ¿No sería mejor que nuestros avezados políticos se dedicaran a adelantar reformas de ley que propendieran por mejorar las condiciones para los niños y adolescentes?

También es importante resaltar los cientos de comentarios de los ciudadanos de a pie que ha suscitado dicha propuesta, la mayoría apoya ciegamente esta iniciativa, inclusive, algunos más radicales piden la pena de muerte para los menores reincidentes, otros menos drásticos demandan que se les permita más mano dura.

Mientras la única solución contemplada por nuestros insignes políticos sea penalizar y castigar y se reforme la ley colombiana para condenarlos a la pena capital, seguirán presentándose cada vez más casos de menores delincuentes.