Bogotá, 5 de Diciembre del 2016

COMUNICADO A ORGANIZACIONES PARA DIFUNDIR Y HACER DENUNCIA PÚBLICA DE

ESTA SITUACIÓN

VENCIMIENTO DE PLAZO DE LA SENTENCIA CORTE IDH: CASO

RODRIGUEZ VERA Y OTROS (DESAPARECIDOS PALACIO DE JUSTICIA)

Yo, Juan Francisco Lanao Anzola en calidad de hijo de Gloria Anzola de Lanao, desaparecida de

los hechos del Palacio de Justicia y las demás víctimas acogidas en la sentencia Rodríguez Vera

y Otros(Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs Colombia, hago un llamado especial a las

organizaciones para solicitar su apoyo, me ayuden a compartir y se haga la denuncia al

presidente de la república de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón buscando que este

interceda con el Ministerio de Defensa Nacional para el cumplimiento de las indemnizaciones

ordenadas dentro de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte

IDH) y que se vencen el próximo 10 de diciembre al cumplirse dos años de esta sentencia.

En la semana pasada, los familiares de las víctimas recibimos finalmente las resoluciones de

liquidación para que el Ministerio de Defensa Nacional procediera a hacer los pagos de las

indemnizaciones. Al recibirlas desglosadas por el grupo familiar de cada víctima, nos

encontramos con la sorpresa de que los montos de las liquidaciones que el Ministerio de

Defensa Nacional iba a pagar, no corresponden en lo absoluto con lo ordenado por la

CorteIDH. En esta resolución se omiten partes de los párrafos que describen los montos

designados a las víctimas buscando a estas alturas demostrar una interpretación incorrecta de

lo que incluso la institucionalidad ya había reconocido cuando la corte profirió la sentencia en

el 2014**.

En estas liquidaciones, los cálculos se hicieron a conveniencia y de forma irregular para

determinadas resoluciones de pagos. Al darnos cuenta de esto con nuestros representantes,

intentamos acudir a Ministerio de Defensa y a Cancillería. Solo de este último obtuvimos

respuesta. Esta se comunicó con Mindefensa de que se debía realizar esta corrección. A pesar

de que el representante de Mindefensa a pesar tener conocimiento de esto, no detuvo los

proceso de estas resoluciones.

El Ministerio de Defensa Nacional, ayer, al reunirse con nuestros abogados mantiene la misma

posición sobre su interpretación. Queda en revisar nuestras justificaciones y darnos una

respuesta así esta fuera por la noche. Les dice a los abogados que de ser negativa, este elevaría

la consulta a la CorteIDH. Sin embargo este ministerio ni siquiera se molestó en cumplir con

dar una respuesta. Demuestra que no le interesa cumplir los plazos ordenados, cuando tuvo 23

meses para que a poco del vencimiento se generaran estas interpretaciones. Esto continuará

dilatando el cumplimiento. Le surgen a esta entidad estas interpretaciones sobre los pagos

ignorando que hace dos años, el mismo día en se dio a conocer el fallo de la CorteIDH, en una

rueda de prensa conjunta del Ministerio de Interior Juan Fernando Cristo y la directora de la

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) Adriana Guillén ambos manifestaban

públicamente que el gobierno acataría y cumpliría el fallo. Manifestaba incluso que ya que

ellos veían desde antes que la condena al Estado inminente, las instituciones se habían

preparado y ya estaban disponibles los recursos para hacer los pagos. Manifestaban también

sobre como las fuerzas militares no son las mismas de antes, de que ahora hay instrucción

sobre el tema de los Derechos Humanos así como el compromiso del Estado con esta política.

Lo que se hace más curioso a estas alturas es que estos montos aproximados que

manifestaban públicamente efectivamente correspondían con las interpretaciones de lo

expresado en los párrafos de la sentencia a favor de las víctimas.

Conforme con los cálculos de las resoluciones interpretadas por el Ministerio de Defensa

Nacional y comparando las indemnizaciones que les quiere reconocer este ministerio a las

víctimas de este caso, uno de los más antiguos del Sistema Interamericano de Derechos

Humanos, no conforman ni la décima parte de uno de los componentes de las medidas de

rehabilitación haciendo referencia a los pagos ordenados por concepto de medidas de

rehabilitación para las víctimas beneficiarias de este fallo que residen fuera de Colombia como

mecanismo para que las víctimas puedan atender las afectaciones médicas, psicológicas,

psiquiátricas y psicosociales derivadas del el sufrimiento al que hemos sido expuestos por

varias décadas.

Esto es revictimizante pues esta interpretación mostraría que el fallo de un tribunal

internacional es incluso menor a indemnizaciones compensatorias de las medidas de

reparación integral de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448/2011). Para mi

caso en particular, de las decisiones del Consejo de Estado al proceso contencioso

administrativo por la desaparición forzada de mi mamá, no solo se revocaron las medidas no

pecuniarias de y monumento y un acto de perdón, sino que el magistrado del Consjero

consideraba que como ya la CorteIDH contemplaba medidas de reparación inmaterial, tumbar

las de los hermanos de mi madre que oscilaban en montos de 25-50 smlv y que también

siendo así, correctamente interpretadas, estas hubieran sido mayores a lo que está

interpretando Mindefensa sobre la sentencia de la CorteIDH. Existen casos en donde se

evidencia que la determinación del universo de víctimas para esta supuesta y novedosa

distribución no se calcula de forma igual en todos los grupos de víctimas así pertenezcan a los

mismos hechos victimizantes (desaparición forzada). Hay casos además, en donde los grupos

de familiares le saldrían a deber al Estado por la una condena fruto de un litigio internacional.

Consideramos esto como una falta de respeto con nuestras víctimas, con nosotros, con la

sociedad colombiana, con la funcionalidad pública e incluso con la misma CorteIDH.

Preocupa que después de 31 años de los hechos, el Estado sigan presentando acciones de

mala fe por parte de este ministerio y que estas sean tan contradictoras al contexto donde se

habla de una paz centrada en las víctimas y en las garantías de la verdad, justicia y reparación.

A los familiares de los desaparecidos y nuestros representantes se ha intentado desprestigiar y

desviar la información a que nos encontramos únicamente detrás de las indemnizaciones por

intereses económicos, pero por lo mismo urgimos que se interfiera para un cumplimiento

correcto, serio y oportuno de esta sentencia y que el presupuesto nacional no se tenga que ver

más afectado por la defensa de un caso inminente y mucho menos, la falta de cumplimiento

de las indemnizaciones deriven en intereses de mora por incumplimiento.

Les hago esta petición especial para que por favor me ayuden a difundir esta denuncia y pueda

llegar al conocimiento del Presidente Santos, solicitándole a él que interceda para que se le dé

cumplimiento serio a esta sentencia. Que se respeten los plazos fijados. El plazo vence el 10 de

diciembre del año en curso, día internacional de los Derechos Humanos y día en que el

Presidente Santos recibe el premio Nobel de Paz. Esta situación muestra una política contraria

a la de la Paz. Donde se continúan emprendiendo todo tipo de acciones deshumanizadas y

deshonestas de parte de funcionarios del gobierno, que muestra que son capaces de omitir y

ajustar los párrafos de una sentencia dictada por un tribunal internacional y que así se induce a

cometer errores para lograr dilatar procesos donde generaciones de victimas han fallecido sin

obtener verdad, justicia, ni reparación. Esto, es pasar por encima de la dignidad de las víctimas

y continuar generando y reviviendo el sufrimiento de todas las víctimas de este caso y de la

reparación a víctimas en Colombia. Los montos correspondientes al pago de esta sentencia ya

habían sido dados a conocer al público anteriormente para que ahora el Estado colombiano

permita y asuma una posición perversa de este ministerio permitiéndole buscar cambiar,

demorar e incurrir a intereses sobre estos pagos por incumplimiento.

Hace un año el presidente Santos como máximo responsable del Estado colombiano realizaba

el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional ordenado por este mismo

tribunal. En este acto el Presidente Santos ofrecía disculpas como el máximo representante del

estado colombiano y se reconocían los delitos por los que se dictó la sentencia. El presidente

manifestaba que este no era un acto protocolario, sino que era una presentación de perdón

desde el corazón. La posición del Ministerio de Defensa de hoy no deja la duda de que esto no

deriva de un error o falta de interpretación, sino que devuelve la sensación de la negligencia y

falta de voluntad del gobierno en este caso y los interrogantes que lo abundan. Deja la

sensación de un irrespeto total a la justicia colombiana y se burla de esta sentencia de

la CorteIDH.

Agradezco me ayuden a difundir.

Cordialmente,

Juan Francisco Lanao Anzola

Hijo de Gloria Anzola de Lanao.

Abogada visitante ocasional desaparecidas de los hechos del Palacio de Justicia 1985.

Fuentes y Archivos Adjuntos:

http://www.noticiasrcn.com/nacional-justicia/gobierno-acata-y-respeta-fallo-cidh-palacio-

justicia