Avance del gobierno en las propuestas del OPRENAR

Diciembre 2016

El Observatorio de Prevención del Narcotráfico (OPRENAR) presentó en octubre de 2015 un documento con 25 propuestas de políticas públicas orientadas a la prevención del avance del narcotráfico. Dichas propuestas fueron remitidas a todos los candidatos a presidente. Varias de las recomendaciones del OPRENAR han sido recuperadas por funcionarios de distintos niveles y poderes del Estado. El Presidente Mauricio Macri, electo en 2015, definió a la lucha contra el narcotráfico como una de sus prioridades de gobierno. Aproximándose el primer año de gestión del nuevo gobierno, el OPRENAR presenta un balance de los avances y puntos pendientes que desde su perspectiva y opinión se han registrado en este año.

DIMENSIÓN NIVEL DE AVANCE

Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal

Prevención y Control del Lavado de Activos

Prevención desde el Sistema Educativo

Prevención Social

Tratamiento y Rehabilitación del Adicto

Políticas de Seguridad

Situación a Diciembre de 2015

Situación a Diciembrede 2016

12 meses de gestión

Fortalecimiento Judicial y del Ministerio Público Fiscal

1. Diagnóstico de recursos a disposición y necesarios por jurisdicción

2. Todos los poderes del Estado organizados

3. Nuevas sustancias estupefacientes

4. Modificación en las estrategias de investigación judicial

5. Revisión y modernización de la legislación vigente

6. Discusión acerca de la derogación de la desfederalización de la competencia federal

7. Capacitación obligatoria

Prevención y Control del Lavado de Activos

1. Sanción Ley Penal Especial de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo superadora de la actual.

2. Desempeño de la UIF: sistema de prevención real y eficaz

3. Normativa UIF – Reformulación resoluciones

4. Ley de Sinceramiento Fiscal que cumple con las pautas de GAFI y OCDE

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Prevención Social y Rehabilitación del Adicto

1. Declaración de la Emergencia en Adicciones hasta diciembre de 2018. Compromiso Social en Adicciones presentado por el Sr. Presidente de la Nación en respuesta a la demanda social. Se presentaron tres ejes: Aumento de presupuesto para SEDRONAR . Articulación con los Ministerios de Salud, Trabajo y Desarrollo Social. Hacer Foco en la Demanda a través de Programas de Prevención Escolar. Visibilizar la problemática del consumo. Énfasis en el sujeto y no solo en la sustancia.

2. Enfoque integral y multidisciplinario, comprometiendo a organizaciones intermedias y a las distintas fuerzas políticas en el proyecto. Evaluamos muy positivamente los pasos que se están dando generando espacios de intercambio, plurales e interdisciplinarios, para trabajar la temática. Ej: Mesa de Diálogo CABA, Comisión de Científicos Asesores de la Comisión de Prevención de Adicciones del HCDN, Comité Ético Científico de SEDRONAR. Allí se le da espacio a la reflexión y el análisis que se está reflejando en acciones concretas

3. Recuperación del COFEDRO - Consejo federal de Salud Mental, coordinando con las provincias las acciones que mejoren la calidad y multiplicidad de servicios de atención.

4. Observatorio Argentino de Drogas. Generar evidencia para poder elaborar estrategias de abordaje. Se debe partir de datos de la realidad, no de creencias.

5. Ajustes a la Ley de Salud Mental. Se canceló el cierre de los centros de atención monovalentes. Se avanza en la modificación del Órgano de Revisión Nacional poniendo la Coordinación en Salud.

6. Creación de un Consejo Asesor Ético Científico en la SEDRONAR. Promueve la pluralidad de voces. Se permite modificar y ajustar las decisiones a través del consenso.

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7. Programa integral de Prevención del Alcoholismo que incluya a la publicidad y a los medios de comunicación. No se cumplen las disposiciones de la Ley 24.788 en cuanto a las normativas vigentes de restricción para la venta y la publicidad. Cero alcohol al conducir. Alcohol cero en el embarazo. Avances en la Ciudad de Buenos Aires marcando una tendencia a ocuparse del rol de la Publicidad en la prevención.

8. Se presentó oficialmente el Sistema de Alerta Temprana integrando todos los entes que intervienen en recepción de datos de consumo. Destacamos el desarrollo de redes intergubernamentales e interministeriales para generar acciones coordinadas.

9. El ministerio de Salud, a través de la Dirección de Salud Mental y Adicciones ofrece a las Provincias subsidios que sustenten proyectos de Prevención Comunitaria y creación de Centros de Rehabilitación en ciudades del interior.

10. Programas de Prevención para la niñez y la adolescencia (en articulación con la Ley 25.586 de Educación en Prevención de Adicciones). Comenzó a implementarse en algunos barrios de CABA.

11. Programas de prevención en distintos ámbitos: poblaciones vulnerables, ámbito laboral, escuelas, contextos de encierro, cultura y deporte.

12. Programa de Tribunales en Tratamiento de Adicciones (propuesto por la Subsecretaría de Política Criminal).

13. Programas de tratamiento de adictos. Se están elaborando protocolos para normatizar la atención que incluyen no solo a efectores de Salud, sino también a Trabajadores Sociales y Fuerzas de Seguridad, entre otros.

14. Se avanza en un proyecto de Ley de Prevención de Adicciones en el Ámbito Laboral desde la SEDRONAR y la Comisión de Drogadicción de la Cámara de Diputados del HCDN.

15. Coordinación entre los Ministerios de Trabajo y de Educación, y la SEDRONAR en el desarrollo de políticas para la reinserción educativa, laboral y social de los pacientes en rehabilitación.

16. Evitar que se prioricen políticas de reducción de daños en detrimento de la prevención. Fortalecer el debate antes de que avancen proyectos de legalización del consumo de cannabis, del “consumo seguro o consumo responsable”.

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17. Hospitales Generales Polivalentes preparados para atender adicciones y realizar programas preventivos.

18. Desarrollo de modalidades de tratamiento que contemplen procesos de desintoxicación, tratamiento ambulatorio, reinserción y grupos de seguimiento. Aumentar los recursos de asistencia y hacerlos accesibles especialmente en el interior del país.

Prevención Educativa

1. Incorporación curricular de contenidos para la prevención de las adicciones en los tres niveles de la Educación Básica, en los Institutos de Formación Docente y en los Profesorados Universitarios.

2. Diseño e implementación del Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas, previsto en la Ley 26586, cumplimiento de la Ley 21.126/92 y la Ley 24.788/09 de Lucha contra el alcoholismo.

Políticas de Seguridad

1. Diagnóstico – Cuadro de Situación

2. Creación de una Agencia Federal Antidrogas

3. Creación de un organismo de contralor independiente de las Fuerzas de Seguridad (encabezado por un funcionario civil e integrado por un equipo mixto de policías y civiles) y creación de una Dirección de Control dependiente del Ministerio de Seguridad (y de los Ministerios Provinciales).

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4. Establecimiento de redes de cooperación internacionales y regionales, partiendo del Consejo Sudamericano sobre el Problema Mundial de las Drogas (instancia permanente de UNASUR).

5. Restitución del personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval en las zonas de frontera terrestre, fluvial y marítima (reclutar al menos dos mil nuevos agentes por Fuerza).

6. Radarización de la totalidad del espacio aéreo.

7. Adquisición de escáneres móviles / Mejor utilización capacidad instalada.

8. Sanción de una Ley de Control Aéreo del Espacio

9. Fortalecimiento de la fiscalización local y la cooperación internacional en relación con el ingreso y uso de precursores químicos.

10. Creación de unidades de policía de proximidad.

11. Creación de Consejos Barriales de Participación Ciudadana como herramienta clave para combatir el narcomenudeo.

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Fortalecimiento Judicial y del Ministerio Público Fiscal

Coordinadores de Comisión: Daniel Herrera (UCA) y Diego Luciani (USI)

A partir de que se hicieran públicas las propuestas del OPRENAR con el objeto de dar una respuesta integral a la problemática del narcotráfico (septiembre de 2015), se ha vislumbrado una reacción saludable por parte de los diferentes poderes del Estado Nacional.

Así, se puede observar que el tema pasó a ocupar un lugar prioritario en la agenda

de trabajo, lo que de por sí implica un gran avance. A modo de ejemplo, el Decreto 228/2016 -que declara la emergencia de Seguridad Pública (21 de enero de 2016)-, deja establecido en sus considerandos que es decisión del Gobierno combatir el narcotráfico con el máximo rigor.

Esta manifestación es sumamente alentadora, pues difícilmente se pueda avanzar contra la acción de estos grupos criminales, si no es el Estado en su conjunto quien adopta las medidas necesarias y si no se toma real dimensión de la gravedad del fenómeno, como así de su incesante crecimiento. La aceptación del panorama crítico en la materia, nos coloca en un escenario propicio para la instrumentación de medidas efectivas contra el narcotráfico.

De allí que, con el fin de seguir contribuyendo a desarrollar iniciativas, efectuar un seguimiento y evaluar las medidas adoptadas, realizaremos un análisis de los avances en la materia.

1. Diagnóstico de recursos a disposición y necesarios por jurisdicción / Estudio de la problemática

El 27 de octubre de 2015 el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti y el resto de los integrantes de la Corte suscribieron la Acordada N° 28/15, en la que se estableció crear una Comisión Judicial para la Lucha contra el Narcotráfico, con el fin de llevar adelante una política de Estado tendiente a combatir el narcotráfico, que se encuentra en pleno funcionamiento.

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La finalidad de esta Comisión, conformada por jueces de diferentes jerarquías y jurisdicciones, es la de mejorar la coordinación entre los Tribunales y la de éstos con las dependencias estatales, capacitar operadores, conformar un protocolo de actuación y registro de causas vinculadas al narcotráfico, crear un observatorio que pueda monitorear la evolución del fenómeno en el campo judicial, mejorar y profundizar la comunicación y coordinación con la Fuerzas de Seguridad y elaborar propuestas a otros Poderes de Estado (reformas legales para un adecuado procedimiento de investigación).

Entendemos que esta iniciativa es sumamente loable desde todo punto de vista y exhortamos a que se coordinen los esfuerzos para avanzar en la prevención y persecución de estos delitos, en forma mancomunada, con el Ministerio Público Fiscal y el Consejo de la Magistratura, de manera que el análisis sea global y completo.

Obsérvese que la última exhortación que hizo el Alto Tribunal sobre el tema fue en el caso “Arriola” en agosto del año 2009, y desde esa fecha pasaron más de 6 años “sin que se detectaran avances concretos”, tal como lo reconoce la Corte. Estamos convencidos que no podemos desperdiciar esta gran oportunidad de enriquecer el debate y arribar a conclusiones integrales.

2. Todos los poderes del Estado organizados Si bien se observa por parte de los distintos Ministerios del Poder Ejecutivo

Nacional una activa actuación tendiente a modernizar algunos instrumentos legales vigentes, mediante la presentación en el Parlamento de diferentes proyectos legislativos; debemos destacar, como ya lo hemos expuesto, que es necesario concebir y consensuar un plan global que aborde la problemática de manera general y que contemple todo un paquete de medidas dirigidas a ese fin.

En este sentido, merece destacarse que recientemente el Presidente de la Nación anunció, junto con su gabinete, gobernadores y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el plan “Argentina sin narcotráfico”. Si bien no se conocen aún los detalles de dicho plan, es trascendental la reunión de diferentes sectores del Estado. Es que tal como expresó el Dr. Lorenzetti, en esa oportunidad, es importante la “unión” de todas las fuerzas del país y de todos los poderes del Estado.

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Es esto lo que venimos proponiendo desde el OPRENAR: realizar un abordaje integral de la situación y buscar soluciones desde todos los sectores de la sociedad, oficialismo, oposición, gobernadores, intendentes, universidades privadas y públicas, organismos no gubernamentales.

3. Nuevas sustancias estupefacientes

Continúa siendo un tema preocupante el hallazgo en el país de sustancias estupefacientes que no se encuentran contempladas en las listas que elabora el Poder Ejecutivo, cuyos efectos son idénticos a los producidos por otras sustancias que sí están en el Anexo I del Decreto N° 722/91 (modificado por los Decretos N° 299/10 y 772/15).

En el Informe Mundial sobre Drogas del año 2015 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se dejó sentado que distintos países han informado que las nuevas sustancias psicoactivas continúan proliferando en el mercado, tanto en lo que respecta a su cantidad como a su diversidad, tal es así que en el año 2014 se encontró una nueva sustancia psicoactiva cada cinco o seis días (5,3 días para ser exacto).

En nuestro país el decreto en cuestión se actualizó solamente en tres

oportunidades en los últimos 25 años, lo que constituye un atraso que, obviamente, contribuye a la impunidad de aquellos que comercializan sustancias no contemplada en los listados. De manera tal, se impone una modificación tanto del artículo 77 del Código Penal, como así del Decreto en cuestión, y se sugiere la incorporación de sustancias genéricas y sus derivados, como se contemplan en otros países. Debemos revisar la forma de legislar en países que han superado este serio inconveniente.

4. Modificación en las estrategias de investigación judicial

No se han advertido avances significativos en ese sentido, aunque es de esperar que éstas se produzcan cuando la Comisión Judicial para la lucha contra el narcotráfico culmine su trabajo.

No obstante lo expuesto, es destacable el proyecto de ley de “Fortalecimiento de la

Justicia Federal con asiento en las provincias”, elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que pretende crear 107 nuevos Juzgados Federales en todo el país, pues esta iniciativa se presenta como una favorable acción por parte del Poder Ejecutivo

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para reforzar la estructura de la justicia federal con asiento en las provincias, multiplicar la actuación de la justicia y fortalecer la labor de los jueces y sus equipos de trabajo.

Es deseable que la instauración de nuevos Juzgados Federales en el país deba ir

acompañada, indefectiblemente, de la creación de igual cantidad de Fiscalías Federales. Si se pretende lograr la adecuación progresiva de las actuales estructuras judiciales al Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por la Ley N° 27.063 -pendiente de implementación de acuerdo a lo establecido por el artículo 2° de la Ley N° 27.150, texto según Decreto N° 257 del 24 de diciembre de 2015-; es imperioso fortalecer la estructura del órgano promotor de la acción penal, con el fin de robustecer un modelo de enjuiciamiento penal acusatorio y de agilizar la capacidad de respuesta de los órganos de persecución penal frente a la grave situación que imponen los fenómenos delictivos organizados.

En línea con lo expuesto, es necesario revertir las extensas e inexplicables demoras en los procesos de selección y designación de jueces en el Consejo de la Magistratura y en el Poder Ejecutivo, ya que conspira contra una rápida y satisfactoria respuesta del Estado y se contrapone severamente con los fines del proyecto de fortalecimiento de la justicia federal.

No debemos olvidarnos que mientras los procesos de selección se demoran por cuestiones burocráticas o por diferentes intereses, el narcotráfico avanza y continúa atentando contra las configuraciones sociales vulnerables. De allí que resulta imprescindible que el procedimiento previsto por la Constitución Nacional para la designación de quienes tienen la delicada función de aplicar la ley y administrar justicia, sea instrumentado con mayor celeridad, pero sin descuidar los estándares de idoneidad y transparencia, básicos para la independencia de los magistrados.

5. Revisión y modernización de legislación vigente

Como se señalara, se han presentado en el Congreso diversos proyectos aislados, empero no se ha realizado un estudio y análisis conjunto a los fines de modernizar todos los instrumentos legales vigentes.

6. Discusión acerca de la derogación de la desfederalización de la competencia federal

No se ha avanzado sobre esta cuestión, más allá de algunos anuncios aislados. Por eso insistimos en la necesidad de que se discutan las bondades de esta ley y la

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conveniencia o no de su derogación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde se han fragmentado las investigaciones, y se ha coadyuvado a la impunidad de las grandes organizaciones criminales.

7. Capacitación obligatoria

Si bien se han realizado durante el año diferentes Jornadas, no se advierten mayores avances en este punto, aunque es de esperar que éstas se produzcan luego de que la Comisión Judicial concluya su labor.

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Prevención y Control de Lavado de Activos

Coordinador de Comisión: Francisco D´Albora (UADE)

Desde el informe inicial presentado por la Comisión de Prevención y Control de Lavado de Activos del OPRENAR, se han producido las siguientes circunstancias, en general, todas ellas directamente relacionadas con el cambio de gestión en la Unidad de Información Financiera, actualmente presidida por el Dr. Mariano Federici.

Los criterios de interpretación de los contenidos de la Ley 25.246 generaban serias inquietudes, no sólo por las deficiencias normativas que en su momento explicitamos desde el OPRENAR, sino por la posición asumida por los responsables de la gestión anterior, relacionados con el papel de autoridad de aplicación que compete al organismo, en materia de prevención y control del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Muy especialmente, por la incorrecta regulación emitida en función de la delegación efectuada por el legislador en el segundo párrafo del inciso b) del artículo 21 de la ley y la supervisión efectuada en su consecuencia. Ello generó una importante cantidad de sumarios y sanciones administrativas aplicada a los sujetos obligados, sólo por infracciones formales a recaudos sobreabundantes que en nada coadyuvan al eficiente funcionamiento del sistema.

Pues bien, las actuales autoridades han insistido desde su asunción en un sustancial cambio de paradigma, con el objetivo de implementar un sistema de prevención real y eficaz, depurador de la carga innecesaria impuesta a los terceros convocados a complementar las funciones estatales de control. Ello produjo una expectativa muy favorable en todos los operadores y ha comenzado a implementarse en el dictado de la Resolución UIF 104/16 anticipando una reformulación integral de todas las reglamentaciones para las diferentes categorías.

A su vez, en consonancia con los objetivos perseguidos por el Estado Nacional con el dictado de la Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal, la UIF emitió la Resolución 92/16, de enorme importancia para mejorar sus resultados.

Sintéticamente, dispone la elaboración de una matriz de riesgo diferenciada para los casos de acogimiento a la referida ley, cumpliendo adecuadamente con las pautas fijadas al respecto tanto por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

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Resta abordar una modificación integral de la Ley 25.246, en sus aspectos administrativos, y de las cuestiones atingentes al delito de lavado de activos, según se desarrollara en su oportunidad.

Hasta ahora, sólo se ha modificado la ubicación de la UIF en la estructura del Estado, en el artículo 92 de la Ley 27.260, aspecto anodino y que carece de relevancia por su autonomía funcional. Preocupa la falta de comprensión que trasunta, independientemente de que la nueva ubicación pudiera resultar adecuada desde el punto de vista teórico.

Si a ello se aduna la inquietud producida por la factura técnica de diferentes proyectos de ley vinculados a la materia, elaborados en el ámbito del Ministerio de Justicia –arrepentido, extinción de dominio, entre otros-, la expectativa se mantiene pendiente.

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Prevención desde el Sistema Educativo

Coordinador de Comisión: Pedro Barcia (ANE)

Consideraciones generales

Desde el OPRENAR observamos con particular atención las acciones que se desarrollan en los diferentes niveles y áreas del Estado para implementar programas que tengan como objetivo poner el acento en la prevención de las adicciones y en particular aquellos que se refieran a la prevención en el ámbito educativo.

En la presentación del Plan Nacional contra el Narcotráfico “Argentina sin Narcotráfico”, el Presidente de la Nación señaló específicamente la intención de actuar sobre la “demanda” para disminuir el consumo de drogas. Esta definición entraña una decisión de notable importancia porque se ubica entre todas las otras medidas que define el Plan, que en general están orientadas a la “oferta”.

El mismo día de la publicación del anuncio de Mauricio Macri, el diario La Nación consideró oportuno la publicación de una nota de un miembro del OPRENAR que tenía por título “La educación, clave en la lucha contra la droga”. La vinculación de temas es realmente significativa por cuanto uno de los seis ejes de la iniciativa es la Prevención de Adicciones con programas de acción temprana, en los que lógicamente la escuela es un actor fundamental. También es oportuno destacar que la SEDRONAR acaba de presentar el Plan Nacional de Drogas en el ámbito del COFEDRO.

Implementación de la Ley 26586: Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas

Acciones con el Ministerio de Educación de la Nación

Se efectuaron numerosas e intensas gestiones para motivar la plena implementación de la Ley 26586 sancionada y promulgada en Diciembre de 2009. Se realizó una reunión con el Ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich. Allí se expuso la necesidad del pleno cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y se entregó un proyecto de implementación.

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Posteriormente, miembros del OPRENAR fueron recibidos por el Secretario de Gestión Educativa Max Gulmanelli en una reunión de trabajo para avanzar en los detalles de la implementación. Actualmente se mantiene ese vínculo con el Secretario y sus colaboradores, quienes prepararon un informe sobre lo actuado por el Ministerio en lo referente a Prevención de Adicciones. El informe recibido consiste en remitir a un curso sobre Cuidado y Prevención de Adicciones en el Ámbito Educativo. En la fundamentación se expresa que dicho curso se enmarca en el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas creado por la Ley 26586. No hay otras referencias sobre dicho programa.

Acciones en la Comisión de Científicos de la HCD de la Nación

En la Comisión de Científicos de la HCDN se tomó como uno de los principales temas de la agenda la implementación de la Ley 26586. En ese contexto la diputada Cornelia Schmidt de Cambiemos se involucró personalmente en el tema y pidió una reunión en la SEDRONAR con el Director Nacional de Prevención Pablo Dragotto y la Coordinadora Nacional de Prevención en el Ámbito Educativo Silvia Pisano para tratar el tema. Un miembro del OPRENAR fue invitado a acompañar a la diputada y participar de la reunión.

Se tomó conocimiento de algunas acciones en desarrollo de verdadera importancia, que implican un avance significativo en el tratamiento de las adicciones en el ámbito educativo. El Consejo Federal de Educación aprobó por Resolución CFE 256/15 los lineamientos curriculares para la prevención de las adicciones dando así cumplimiento a lo establecido en el Programa Nacional creado por la Ley 26586. La SEDRONAR está trabajando en la implementación con algunas provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y publicó documentos para su abordaje. Se elaboró un Plan Nacional para el ámbito educativo que comenzó el primero de junio pasado. Si bien hay un largo camino para la plena implementación es el primer cambio significativo que se produce en este campo y es realmente digno de mención.

Se entregó la propuesta de implementación que promueve el OPRENAR con buena recepción para ser tenida en cuenta. Se percibe que la SEDRONAR está trabajando coordinadamente con el Ministerio de Educación y Deportes para la implementación de la ley. La diputada Schmidt ofreció toda su colaboración para apoyar en lo que sea necesario,

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un hecho auspicioso para la real puesta en marcha del Programa de Educación y Prevención en el Sistema Escolar. Los documentos elaborados por la SEDRONAR se pueden consultar en la página web: www.argentina.gob.ar/publicaciones-sobre-prevención-en-el-ámbito-educativo

Otras acciones desarrolladas en la prevención de adicciones

Modificación de la Ley 24788 de Lucha contra el AlcoholismoEn la Comisión de Científicos de la HCDN se logró un significativo avance en la elaboración de un documento que analiza la modificación de la Ley 24788 sobre la Lucha contra el Alcoholismo. El documento es clasificado y existe una norma que impide a las Comisiones Asesoras dar a conocer los expedientes de trabajo hasta ser aprobados por los diputados de la comisión correspondiente, en este caso la de Adicciones.

Uso medicinal de cannabis Hay varios proyectos de ley presentados que están siendo estudiados por la Comisión de Científicos.

Conclusiones

Como síntesis es necesario hacer notar un importante cambio de actitud y compromiso por parte de la SEDRONAR y algunas acciones limitadas por parte del Ministerio de Educación y Deportes. Aquí es donde se requiere una verdadera acción coordinada a nivel nacional para implementar el Programa Nacional y los lineamientos curriculares aprobados por el Consejo Federal de Educación.

Los documentos producidos son importantes y se ha comenzado con un proceso

de implementación que sin dudas será muy laborioso y difícil de conseguir si no hay un verdadero estímulo y gestión de los avances por parte del Estado Nacional y los gobiernos provinciales. Que organismos como el COFEDRO hayan comenzado a funcionar efectivamente hacen aparecer como más viable el arduo camino a recorrer. Es auspicioso que se hayan realizado algunas experiencias piloto para ponerlo en marcha.

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Prevención Social y Rehabilitación del Adicto

Coordinadora de Comisión: Jorgelina Devoto (USAL)

El objetivo de esta Comisión y de todo el OPRENAR es transmitir a la sociedad que vale la pena defender los valores de la vida saludable y no buscar solo el éxito fácil e inmediato. Valoramos que la Sociedad Civil se comprometa en acciones concretas y entienda que no es solo un problema de los gobiernos.

Si somos capaces de actuar sobre la Educación Preventiva en todos los ámbitos sociales habremos avanzado cualitativamente para cambiar las representaciones sociales acerca de los consumos y para fortalecer el compromiso de toda la sociedad en este esfuerzo.

Consideramos que las políticas propuestas por el Gobierno marchan en esa dirección.

Visibilizar la problemática del consumo

Se ha observado detenidamente el tema a través del Programa Nacional presentado por el Presidente de la Nación. Si bien se hace mayor énfasis en los temas relacionados con Narcotráfico y Oferta, hay conceptos que refuerzan algunas de las recomendaciones que se produjeron en los documentos del OPRENAR desde la Comisión de Prevención Social y Rehabilitación del Adicto (centrada en la Demanda). De todos modos, esta vacancia fue más tarde plenamente resuelta con la Declaración de la Emergencia en Adicciones hasta diciembre de 2018 y Compromiso Social en Adicciones presentado por el Sr. Presidente de la Nación en respuesta a la demanda social. De esta manera quedó claro que el gobierno pretende trabajar en forma simultánea en la disminución de la demanda así como el control del narcotráfico.

El Secretario de la SEDRONAR en la presentación de los ejes del Plan Nacional de Drogas definió las políticas de prevención, capacitación y asistencia de las adicciones que llevará adelante esa Secretaría como organismo rector de las políticas públicas en la materia. Se trata de un objetivo coincidente y en congruencia con el de lucha contra el narcotráfico, garantizando un abordaje integral sobre el problema mundial de las drogas.

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Recuperación del COFEDRO

Se destaca la importancia de la recuperación del COFEDRO como un espacio de diálogo e intercambio con el que se diseña una política nacional de drogas en articulación con las provincias y los municipios, utilizando como marco el Plan Nacional de la Reducción de la Demanda, las convenciones de las Naciones Unidas y la Estrategia Hemisférica de la OEA, junto con la colaboración regional de la CICAD y de la UNASUR.Para diseñar políticas y estrategias con municipios, dispositivos en territorios, políticas de prevención y capacitación; y consolidar una nueva conducción del Observatorio Argentino de Drogas. Resultado de la necesidad de recuperar información epidemiológica para el diseño de políticas públicas y la necesidad de un abordaje territorial integral cuya metodología genere la posibilidad de plantear objetivos que sean evaluables.

Destacamos la integración de redes intergubernamentales e interministeriales para generar acciones coordinadas en cuanto al fortalecimiento de medidas de prevención.

En consonancia con el Plan Nacional contra el Narcotráfico se incluye la reforma de la SEDRONAR y un programa de shock para los primeros 100 días de gobierno. Las acciones están orientadas a proteger a los chicos y jóvenes de los sectores más vulnerables. Por eso se propone como un objetivo a cumplir la erradicación del paco de la Argentina.

Observatorio Argentino de Drogas

Es valorable el esfuerzo que se hace en la puesta en marcha del Observatorio de Drogas que había dejado de producir estadísticas confiables desde hace varios años. A través del Observatorio se establece una Red Interministerial para la obtención de datos del campo y cruzar la información con los programas existentes. Se hace mucho énfasis en la necesidad de establecer líneas de trabajo a partir de la evidencia obtenida en territorio. Posiblemente sus resultados estadísticos sean de gran valor para planificar las políticas más adecuadas para cada población

Control de la circulación de precursores químicos

En cuanto a la reforma de la SEDRONAR, se traspasa al Ministerio de Seguridad el control de la circulación de precursores químicos en el territorio nacional para que pueda realizarse de manera independiente de las políticas de prevención y tratamiento de

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adicciones.

Desarrollo de Programas de Prevención

Tanto el Presidente como el Secretario de SEDRONAR manifestaron la necesidad de desarrollar "programas de prevención", basados en la prevención inespecífica destinados a la niñez, contribuyendo a la mejora de la educación pública y la extensión de jardines de infantes en todo el país. Estos son ámbitos en los que se propone ampliar la inclusión social y laboral. A la vez se ha expresado como objetivo trabajar sobre el consumo, con políticas sociales y terapéuticas.

Se está activando muy positivamente la preocupación por fortalecer las acciones de prevención tendientes a confrontar la tolerancia social al consumo y la banalización de los riesgos y consecuencias del mismo. Entre otros se destaca la implementación desde la SEDRONAR del Programa Municipios en Acción que compromete a toda la comunidad a trabajar preventivamente. El Programa de Reinserción Social y Laboral de la SEDRONAR, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo es una iniciativa muy interesante. Se está analizando la redacción de una Ley de Prevención en el ámbito laboral que daría un marco institucional a este aspecto de mucha importancia para la prevención y el tratamiento.

Evaluamos muy positivamente los pasos que se están dando generando espacios de intercambio, plurales e interdisciplinarios de trabajo. Ya se ha implementado la Mesa de Diálogo en la Ciudad de Buenos Aires, la Comisión de Científicos Asesores de la Comisión de Prevención de Adicciones en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y el Comité Ético Científico de la SEDRONAR donde se le da espacio a la reflexión y el análisis reflejado en acciones concretas (Prohibición de la Publicidad de Alcohol, Educación Preventiva obligatoria en Escuelas, Ley de Ludopatía, etc.).

Estos conceptos vertidos en la presentación del Plan Nacional coinciden con las propuestas del OPRENAR. No se han visto avances significativos en concreto, aunque aprobamos la línea en la que se los ha expresado.

SEDRONAR realizó en todo el país a través del COFEDRO una consulta que permitió georefenciar la información para establecer los programas de trabajo. A través de estadísticas y estudios epidemiológicos se direccionan los recursos de acuerdo al diagnóstico. Se proponen desarrollar Programas de Prevención en:

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Poblaciones Vulnerables Ámbito Laboral Escuelas Contextos de Encierro Cultura y deporte

Establecimiento del SAT

Entró en funciones el SAT (Sistema de Alerta Temprana), que permita detectar las nuevas drogas de diseño que aparecen, con la colaboración de los organismos de seguridad y las características de las drogas que se detectan a través de salas de atención en salud. También se trabaja con el Ministerio de Educación que informa las problemáticas que se detectan en escuelas. Esta iniciativa es sumamente valiosa.

Accionar ante propuestas legalizadoras

Si bien el Secretario de SEDRONAR ha expresado no compartir las políticas legalizadoras y sostener el enfoque desde la salud, hay que estar muy atentos ya que hay una fuerte presión para aceptar las propuestas legalizadoras, disfrazadas detrás del discurso de la “vulneración de los derechos y el avance contra las libertades individuales”. También hay un marketing fuerte para importar proyectos de reducción de daños como testear las drogas de diseño que se consumen en las fiestas electrónicas o establecer lugares de “consumo seguro”.

Programa de Tribunales en Tratamiento de Adicciones

Desde la Subsecretaría de Política Criminal se ha propuesto desarrollar éste proyecto que se basa en los siguientes criterios: se necesita una estrategia que contemple medidas destinadas a las personas que delinquen y son consumidores de drogas, para crear un sentido de responsabilidad y brindar el acceso a un tratamiento eficaz y una rehabilitación posible. No se propone la despenalización del consumo o del delito cometido, se constata que, cuando falla la red de seguridad de la sociedad y existen conductas delictivas y antisociales, la Justicia pasa a ser el último recurso de la sociedad. En este contexto, las estrategias que combinan la tramitación de las causas judiciales con

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un tratamiento eficaz y una rehabilitación de la adicción pasan a ser un recurso necesario. En éste sentido han existido las Medidas de Seguridad Educativa y Curativa (Ley 23.737) que dejaron de utilizarse y podrían ser nuevamente evaluadas como antecedente de este proyecto. En relación a este propósito vemos positivo su desarrollo siempre y cuando se arbitren los recursos necesarios para formar los equipos que implican un trabajo conjunto y coordinado entre los Ministerios de Salud, Seguridad, Justicia y la SEDRONAR.

Ley de Salud Mental

En cuanto a los ajustes que recomendamos realizar a la legislación, se cumplió la decisión de dejar sin efecto el cierre de los Centros de Atención Monovalentes (Comunidades Terapéuticas, Centros de Día o de Tratamiento Ambulatorio), y el Secretario de Salud Mental y Adicciones, se expresó con criterios coincidentes con las sugerencias hechas. Por otra parte, no se avanzó en la mejora de los Hospitales Generales polivalentes quienes deben, según la Ley, estar preparados para atender adicciones y realizar programas preventivos.

Programas de Tratamiento

Están trabajando en conjunto SEDRONAR con los Ministerios de Salud y Desarrollo Social para establecer acuerdos en la realización de Programas de Tratamiento. Existen algunas experiencias valiosas sobre todo relacionadas a los programas desarrollados en villas y poblaciones vulnerables, junto con la Pastoral de Drogadependencia. Hay un acuerdo muy fuerte de miradas y propuestas entre ellos para abordar en conjunto el problema y desarrollar nuevas estrategias de trabajo comunitario. Se proponen replicar estas experiencias en otras provincias.

También se avanzó en la creación de Protocolos de Intervención para diferentes modalidades de tratamiento y la implementación de nuevos Servicios de Atención en Territorio.

Observamos que sigue siendo dificultoso realizar todas las modificaciones para lograr aumentar, mejorar y hacer accesibles los servicios de tratamiento en todo el país.

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Mejoras en la SEDRONAR

Se destaca la creación de un Consejo Asesor Ético Científico en el organismo. En las reuniones realizadas se ponen en discusión temas de prevención y tratamiento. Está compuesto por expertos de muy diversa procedencia y se discuten posturas teórico- científicas e ideológicas respecto de la legalización del consumo y los programas de Reducción de Daños.

Es auspicioso el importante incremento en el presupuesto de 2017 para la SEDRONAR.

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Políticas de Seguridad

Coordinador de Comisión: Claudio Stampalija (UB)

Como es de público conocimiento, desde que se editaron los diagnósticos y las propuestas efectuadas por las Comisiones del OPRENAR y tal como se decidió de manera unánime en dicho organismo, se viene efectuando un minuciosa labor evaluatoria de las políticas y estrategias que se vienen adoptando desde las instituciones, principalmente desde la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre de 2015. Para ello, se ha esperado un tiempo prudencial para efectuar este primer análisis a los efectos de monitorear la voluntad política expuesta por las diversas áreas del Poder Ejecutivo Nacional y su efectiva concreción en los hechos, como asimismo las medidas adoptadas por los Poderes Legislativo y Judicial.

Como introducción general resulta valioso resaltar la existencia de una relación diversa, por su apertura, entre los organismos gubernamentales nacionales, provinciales y municipales del país. Existe un diálogo fluido y permanente que enriquece la discusión de los distintos aspectos que se mixturan en el tratamiento del narcotráfico y que le otorgan un dinamismo y pluralidad que merece destacarse.

En lo que se refiere a las intenciones globales que viene mostrando el gobierno, tanto la declaración de emergencia de Seguridad Pública que se dispuso por Decreto 228/2016, como el Plan “Argentina sin Narcotráfico” recientemente lanzado por el Presidente que, sin perjuicio que dicha denominación parece un tanto altisonante, lo cierto es que existen motivos para el optimismo.

Aclarados dichos extremos, resulta necesario desde la esencia de nuestra tarea ingresar al desglose científico de los anuncios y medidas que se vienen efectuando y adoptando, respectivamente, siguiendo el orden de las propuestas efectuadas oportunamente por la Comisión de Políticas de Seguridad.

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1. Convocatoria

En el lanzamiento del Plan, el Sr. Presidente convocó a los gobernadores de distinto signo político a comprometerse en la lucha contra dicha problemática. Tal como lo hemos señalado en nuestro reporte, creemos que dicho llamamiento debe ser ampliado a todos los intendentes del país, habida cuenta que el narcotráfico, en su versión descentralizada del narcomenudeo se ha enquistado -sin excepción- en todos los ámbitos territoriales de nuestro país, hasta en los más pequeños. Es por ello que el OPRENAR se refirió a la imperiosa necesidad de que todos los Poderes Ejecutivos, esto es, nacional, provinciales y municipales, suscriban un verdadero contrato de responsabilidad.

2. Plan integral

Aun cuando se observa una perspectiva multidimensional en el abordaje del fenómeno del narcotráfico en el Plan cuyos lineamientos se dieran a conocer, lo cierto es que no estamos frente a un verdadero Plan Integral que contenga en profundidad las temáticas que surgen de las propuestas enunciadas por las cinco Comisiones del OPRENAR. Sobre todo, cabe tan solo destacar el precario escenario que se percibe tanto en la faz preventiva desde el sistema educativo como en lo que respecta al tratamiento y rehabilitación del adicto. Dos aspectos que impactan directamente en la salud principalmente de nuestros jóvenes y en la demanda de la droga. Un Plan integral permite el trabajo coordinado y disciplinado de todas las áreas de gobierno y es la única táctica política que llevará al país hacia un horizonte de concreciones eficaces.

Una cuestión es tener un enfoque integral entre la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y la reducción de la demanda a través de la prevención y la asistencia, tal como lo señalo la Sra. Canciller ante la UNGASS que tuvo lugar en la sede de la ONU en Nueva York y otra es la labor de un equipo interministerial que interactúe al unísono y que cada uno de sus componentes tengan poder de resolución sobre los lineamientos trazados.

3. Diagnóstico

En lo que atañe al diagnóstico entendido como un cuadro de situación profundo, científico e integral del narcotráfico, el Plan anunciado da cuenta de un compromiso hacia la convergencia de un modelo estadístico narcocriminal a través de la sistematización y estandarización en la recolección y carga de datos, publicando estadísticas

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semestralmente y construyendo una base de datos única de organizaciones criminales. También se está avanzando en el diseño de un mapa federal georreferenciado del narcotráfico con relevamiento de rutas, hidrovías, espacio aéreo, aeropuertos, pistas clandestinas, terminales ferroviarias y de transporte automotor, trazabilidad de equipajes y encomiendas. Una buena noticia también lo constituye el relanzamiento del Observatorio Argentino de Drogas que depende del SEDRONAR.

Para transitar sobre políticas públicas acertadas, que se correspondan con la realidad de la evidencia y no de la intuición, este compromiso debe materializarse con suma premura.

4. Precursores Químicos

Se concretó la creación del Consejo Federal de Precursores Químicos –que fuera propuesta en el Plan– con la sanción de la Ley Ley Nº 27283 el 28 de septiembre del año en curso. La citada norma le otorga alcance federal a la política de control de precursores químicos, por lo que entiende imprescindible la cooperación interjurisdiccional para hacer más efectiva la lucha contra las drogas, sobre todo contra las de diseño. También resultará vital coordinar acciones con el Registro Nacional de Precursores Químicos a los fines de un control más exhaustivo de las empresas y profundizar la fiscalización en la detección de sustancias lícitas e ilícitas.

Asimismo, con fecha 19 de octubre pasado se sancionó la Ley 27.302 que prevé el desvío ilegítimo de precursores químicos para la fabricación de estupefacientes y la elaboración y actualización periódica de listados de precursores químicos, sustancias o productos químicos que puedan servir de base o utilización para elaborar estupefacientes.

5. Coordinación Regional

En un aspecto tan trascendente hasta la fecha no se avanzó en otorgarle dinámica al Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas, creado como instancia permanente de la UNASUR. Si bien ello no depende de una acción unilateral del país, los socios regionales tampoco movilizaron dicho organismo. No se ha tomado la iniciativa de convocar a los países del MERCOSUR a fin de consolidar un bloque dinámico en la temática. Sin embargo, se llevaron adelante tres reuniones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA –CICAD– en cuyo seno funciona el Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID), de gran aporte científico sobre los distintos temas que aquejan a los países de la región.

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6. Capacitación Policial

Este aspecto de gran significación tanto en la tarea preventiva, operativa y de inteligencia es uno de las cuestiones en donde se ha mostrado un mayor progreso, habiéndose hasta la fecha capacitado en el curso del corriente año un 120% más de policías que en el 2015, con el plus –que el OPRENAR había propuesto– de abrir la puerta para que otras policías de gran experiencia en sus países enriquezcan aún más dicha preparación. Así se llevaron adelante instrucciones con la DEA, policía italiana, policía francesa y con el Instituto de Altos Estudios de América latina de la Universidad de la nueva Sorbona, París III.

En igual sentido, se suscribió un acuerdo con el Instituto de Altos Estudios de Seguridad y de Justicia francés (INHESJ) Este acuerdo es la concreción de la carta de intención firmada el 24 de febrero último entre Argentina y Francia, en ocasión de la visita de Estado del Presidente de la República Francesa a la Argentina, con el fin de fortalecer la cooperación en materia de seguridad entre los dos países. El Instituto dictará en el mes de noviembre un seminario de estudio para una treintena de oficiales superiores y de altos funcionarios argentinos, sobre la estrategia global de lucha contra el narcotráfico en la Argentina.

Además, otras acciones de formación se llevarían a cabo por el INHESJ para los cuadros intermedios de las cuatro fuerzas federales argentinas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria), con el fin de contribuir a la armonización entre la reflexión estratégica y la conducta operacional en el seno de las autoridades de la seguridad argentinas.

Como oportunidad de mejora, todavía no existe una visión sobre la creación de una policía de proximidad social, tal como se viene llevando a cabo en la Provincia de Córdoba, que resulta a la sazón un instrumento de gran valía en la tarea investigativa barrial en lo que respecta al narcomenudeo y asimismo en la tutela primaria al consumidor.

A los fines de evitar actos de corrupción, se ha creado en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación una Dirección de Control de Integridad de las fuerzas de seguridad. Y dentro del Plan se ha establecido la puesta en marcha de un sistema de

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auditorías internas. El OPRENAR realizará un seguimiento muy riguroso en este aspecto por entender, como lo viene recomendando, que la corrupción interna de las fuerzas es un aspecto imprescindible a superar.

7. Custodia de las fronteras

En lo que respecta a este tema, la estrategia del gobierno resulta, al menos, contradictoria. Por un lado, de manera casi inmediata se creó una Secretaria de Fronteras dentro del organigrama del Ministerio de Seguridad de la Nación para priorizar la custodia de las provincias fronterizas y aumentar el control en dichos límites geográficos. Obviamente contar con la mayor cantidad de hombres de la fuerza capacitada para ello, esto es Gendarmería Nacional, es necesario aumentar la presencia de dicha fuerza en tales latitudes. Primero se enviaron 220 gendarmes a Rosario. También un número inespecífico a otras jurisdicciones y hace pocas horas según se informó, 1.200 miembros de la Gendarmería Nacional fueron enviados, en una primera etapa, a cuatro distritos del sur del conurbano bonaerense y hace pocas horas otros 1180 gendarmes se destinaron en distritos de la zona oeste bonaerense y para principios de diciembre se espera concluir con el envío de esta Fuerza a 33 municipios de la provincia de Buenos Aires, sumado a La Plata, Berisso, Ensenada y Mar del Plata. Se estiman más de 7.000 hombres en total.

En definitiva se continúa –en un proceso que comenzó en el gobierno del ex presidente Carlos Menen y continuado por los que lo sucedieron– con la añeja, incorrecta y fracasada estrategia de tapar los parches de la inseguridad ciudadana, donde estos afloren, con hombres de Gendarmería Nacional, bajo el subjetivo criterio de que dicha fuerza resulta más confiable que las demás en opinión de la ciudadanía. Ninguna investigación seria abona dicho preconcepto. Creemos que ello es producto de una elucubración de corte psicológico carente de evidencia científica. Una creación que tiene su génesis en el recelo en la institución policial federal y en las provinciales.

Mientras ello ocurre, la tutela de nuestras fronteras continúa siendo insuficiente y

no se incrementa, tal como lo propuso el OPRENAR, el número de gendarmes distribuidos en las zonas limítrofes con un gerenciamiento operativo inteligente en lo que se refiere a su distribución estratégica.

Coetáneamente se ha expuesto públicamente la firma de un decreto presidencial tendiente a designar una comisión de expertos que redacte en un plazo de 180 días un proyecto de ley que reforme la vetusta normativa de fronteras actualmente en vigencia.

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El decreto dispone asimismo la transferencia de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad de la órbita del Ministerio del Interior al de Seguridad, más precisamente a la Secretaría de Fronteras. De la letra del decreto se busca el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas y la centralización de las tareas de inteligencia criminal y el uso de la fuerza para los delitos que se detecten en las zonas limítrofes, sin que esto tenga alguna explicación precisa de su alcance. El Poder Ejecutivo Nacional, asimismo, está recopilando distintas opiniones especializadas a fin de realizar una revisión de alcance geográfico de la zona de seguridad de fronteras en todo el país. El objetivo final es otorgarle al país en un futuro no muy lejano una ley de seguridad nacional.

En lo que respecta a la tecnología, el Plan dispone “consolidar el Sistema Nacional de Radarización para interconectar los 24 distritos las 24 horas del día; aumentar cantidad y capacidad operativa de escáneres en el territorio; montar un sistema de fronteras inteligentes que integren tecnología y recursos humanos; dotar a las Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales de radares, drones, sistemas morpho-touch y toda innovación tecnológica adecuada”. Según pudo corroborar la Comisión se encuentran en pleno trámite administrativo y con los expedientes en curso, la contratación de dichos dispositivos.

8. Inteligencia criminal

El gobierno argentino no instituyó una Agencia Federal Antidroga –tal como lo propuso el OPRENAR- sino que la inteligencia –también en orden al narcotráfico– estará a cargo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) creada por Ley N° 27.126.

Con la finalidad de efectuar una profilaxis interna de los servicios, la AFI estableció el Programa de Formación de Agentes para la lucha contra delitos complejos. También se indicó que con ello se busca profesionalizar el ingreso al organismo y dotar a la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) de un rol preponderante para contribuir en la lucha contra delitos federales complejos como el narcotráfico y la trata de personas.

Asimismo, se firmaron tres convenios para crear los Centros de Inteligencia Criminal Regionales (CICRE), cuyo principal objetivo es descentralizar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Los Centros serán siete habiéndose comenzado con las provincias de Jujuy (noroeste), La Pampa (centro) y Chaco (norte).

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En dicho sentido, sin perjuicio de las buenas intenciones que animan al gobierno, creemos que la reforma debió haber sido más profunda en razón de la oscura historia que rodea a la inteligencia en el país y para ello el OPRENAR entiende superador implementar un sistema de inteligencia nacional con herramientas modernas y colateralmente otro sistema tendiente a la investigación de los delitos complejos, entre ellos los provenientes del narcotráfico.

9. Narcomenudeo

El OPRENAR viene señalando desde sus inicios que la lucha contra el narcomenudeo resulta ser la política más relevante que hay que afrontar contra el narcotráfico, porque constituye la descentralización más dañosa –en lo que respecta al incremento de la violencia y el consumo de drogas– que viene enquistándose en todos los ámbitos territoriales, sin excepción, en nuestro país. En dicha modalidad delictiva no se han observado grandes avances en las políticas nacionales. Y como lo demuestra la experiencia internacional –y cada vez más la realidad argentina– esto aumenta la corrupción de las fuerzas de seguridad, federales y provinciales, y también de los estamentos oficiales de los tres poderes estatales y en todos sus niveles.

Es que a un problema polifacético como es el narcomenudeo hay que responderle con estrategias multidimensionales. Hay que partir de una premisa que ha tomado supremacía, esto es, hay que distinguir al narcotráfico del narcomenudeo, que son dos problemas distintos y por lo tanto deben abordarse de manera diferenciada.

En primer lugar el gobierno nacional debe ser la cabeza institucional de la lucha contra las organizaciones del narcotráfico y contra el lavado de activos y, a su vez, las provincias y municipios deben abocarse en la problemática de la venta al menudeo de drogas, promover programas de prevención del consumo y brindar los servicios para el tratamiento y rehabilitación de los adictos.

También el desarrollo de programas de crianza saludable, contención familiar, de mediación barrial y comunitaria, de capacitación de oficios, promoción de empleo, trazas transversales de inteligencia emocional en las escuelas, entre algunos ejemplos a seguir, se erige en el modelo más propicio y eficaz para atender la problemática del narcomenudeo. Sin dudas, como premisa fundamental, a la que le atribuimos la condición

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de ser una política en sí misma, se encuentra la participación ciudadana en todo su esplendor, como instrumento de cohesión social y como co-gestionadora de las estrategias de seguridad y prevención del delito y la violencia. Ello no significa despenalizar esta conducta, sino tener la capacidad de diferenciar las diversas modalidades que de ella se desprenden. Por demás, se trata de medidas de prevención que tienen como principal objetivo recuperar socialmente el uso y ocupación territorial como entorno de construcción de ciudadanía cohesionada, pacífica y saludable.

Desde el OPRENAR creemos que una medida significativa para atender de una manera más orgánica esta problemática es institucionalizarla de manera holística a través de una legislación. También consideramos superador la creación de un Fuero Especial, tanto en la justicia ordinaria como en el Ministerio Público.

Cabe destacar el trabajo que viene desarrollando la Provincia de Córdoba a través del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito que, sin perjuicio de una permanente labor interministerial en territorio, la descentralización geográfica en Cuadrantes y esos verdaderos ámbitos democráticos de resolución de prioridades como son los Consejos Barriales de Prevención y Convivencia, muestra además una nueva “Policía Barrial” con un perfil y capacitación de proximidad de altos estándares, juntamente con una Fuerza Policial Antinarcotráfico y el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, ambos dependientes del Ministerio Público Fiscal. Todo ello está brindando un abordaje sistematizado y coordinado en dicha temática, modelo en el país.

También resulta ventajosa en orden al narcomenudeo la puesta en funcionamiento de buzones públicos para denuncias anónimas acompañando a las tradicionales telefónicas de los 0800, sistema que debería implementarse en todas las ciudades.

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