Ley de Movilidad Acción de Inconstitucionalidad

7/25/2019 Ley de Movilidad Accin de Inconstitucionalidad

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Demanda de accin de

inconstitucionalidad, promovida

por la Comisin Nacional de los

Derechos Humanos.

Ministros que integran el Pleno dela Suprema Corte de Justicia de la Nacin.

Pino Surez 2, Colonia Centro, Delegacin Cuauhtmoc,C.P. 06065, Mxico, D.F.

El que suscribe, Presidente de la Comisin Nacional de los

Derechos Humanos, personalidad que se acredita con copia del

Acuerdo de designacin del Senado de la Repblica (anexo uno); con

domicilio legal para or y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en

Benvenuto Cellini 106, esquina Sassoferrato, Colonia Alfonso XIII,

Delegacin lvaro Obregn, C.P. 01460, Mxico, Distrito Federal;

designo como delegada, en trminos del artculo 59, en relacin con el

11, segundo prrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II

del Artculo 105 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos

Mexicanos, a Claudia Fernndez Jimnez, con cdula profesionalnmero 2070028, que la acredita como licenciada en Derecho;

conforme al artculo 4 de la invocada Ley Reglamentaria, autorizo para


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or notificaciones, imponerse de los autos y recibir copias de traslado a

los licenciados Jorge Luis Martnez Daz, Margarita Elian Zambrano

Ramrez, Jorge Max Roldn Tena y Moises Israel Flores Pacheco, as

como a Paulina Montserrat Prez Navarro, Isrrael Lpez Arroyo y Diana

Gonzlez Gmez; con el debido respeto comparezco y expongo:

De conformidad con lo dispuesto en el inciso g), de la fraccin II, del

artculo 105 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos

Mexicanos y relativos de la Ley Reglamentaria, dentro del plazo

establecido en el segundo prrafo, del precepto constitucional citado y

60, de la Ley Reglamentaria, promuevo DEMANDA DE ACCIN DE

INCONSTITUCIONALIDAD en los trminos que a continuacin se

expondrn:

En acatamiento al artculo 61, de la Ley Reglamentaria, manifiesto:

I. Nombre y firma del promovente:

Ral Plascencia Villanueva, en representacin legal de la Comisin

Nacional de los Derechos Humanos. Firma al calce del documento.


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II. Los rganos legislativo y ejecutivo que emitieron y

promulgaron las normas generales impugnadas:

A. rgano Legislativo:Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

B. rgano Ejecutivo: Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

III. La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial

en que se public:

El artculo 212, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, expedida

mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por

el cual:

Se expide la Ley de Mo vi l idad d el Distr i to Federal .

Decreto que, como se anunci, fue publicado en la Gaceta Oficial del

Distrito Federal, el da catorce de julio de dos mil catorce, nmero 1899

Bis, Dcima Sptima poca (anexo dos) que, en lo conducente,

dispone:


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Artculo 212 . Seguridad Pblica tendr la obligacin debrindar las facilidades necesarias para la manifestacinpbl ica, de los g rupos o ind iv iduos den aviso. . (sic)

Para la realizacin de desfiles, caravanas, manifestaciones,peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentracinhumana de carcter poltico, religioso, deportivo, recreativo osocial, cuya finalidad sea perfectamente licita y que pueda

perturbar el trnsito en las vialidades, la paz y tranquilidad

de la poblacin de la ciudad, es n ecesario qu e se daviso por escr i to a Seguridad Pbl ica, con po r lo menos48 horas d e ant icipacin a la real izacin de la m isma.()

IV. Preceptos constitucionales e internacionales que se estiman

violados:

De la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos:Artculos 1, 6, 7, 9 y 11.

De la Convencin Americana sobre Derechos Humanos:

Artculos 1, 13, 15, 16 y 22.

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos:

Artculos 2, 12, 19, 21, 22 y 26.

V. Derechos fundamentales que se estiman violados.


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Derecho a la no discriminacin

Derecho a la libertad de expresin

Derecho a la libertad de manifestacin

Derecho a la libertad de trnsito

Derecho de asociacin

Principio de legalidad

Principiopro persona

Principio de no restriccin de garantas salvo por condicionesconstitucionales

VI. Competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin es

competente para conocer de la presente accin de

inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los

artculos 105, fraccin II, inciso g), de la Constitucin Poltica de los

Estados Unidos Mexicanos; 10, fraccin I, de la Ley Orgnica del

Poder Judicial de la Federacin, y 68, ltimo prrafo, de la Ley

Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artculo 105 de la


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Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez

que se solicita la declaracin de inconstitucionalidad del artculo

212, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

VII. Oportunidad en la promocin.

Acorde al artculo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I yII del Artculo 105 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos

Mexicanos, el plazo para la presentacin de la accin de

inconstitucionalidad es de treinta das naturales, a partir del da

siguiente al de la publicacin de la norma impugnada.

En el caso, se solicita la declaracin de invalidez del artculo 212, de

la Ley de Movilidad del Distrito Federal, expedida mediante decreto de

fecha catorce de julio de dos mil catorce, publicado en la Gaceta Oficial

del Distrito Federal, por lo que el plazo para presentar la accin es

del quince de julio al trece de agosto del dos mil catorce.

Por tanto, al promoverse ante la Suprema Corte de Justicia de la

Nacin el da de hoy, la accin es oportuna.


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VIII. Legitimacin activa de la Comisin Nacional de los Derechos

Humanos para promover la accin de inconstitucionalidad.

El artculo 105, fraccin II, de la Constitucin Poltica de los Estados

Unidos Mexicanos, expresamente dispone que esta Comisin Nacional

de los Derechos Humanos, tiene atribuciones para plantear la

inconstitucionalidad de normas generales que vulneren los derechoshumanos consagrados, no slo en la Constitucin, sino tambin en los

tratados internacionales de los que Mxico es parte y, en las

legislaciones federales, estatales y del Distrito Federal, en los

siguientes trminos:

Artculo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nacin

conocer, en los trminos que seale la ley reglamentaria, delos asuntos siguientes:()II. De las acciones de incon st i tuc ional idad q ue tengan porob jeto plantear la po sible con tradiccin entre una no rmade carcter general y esta Con st itucin.Las acciones de inconstitucionalidad podrn ejercitarse, dentrode los treinta das naturales siguientes a la fecha de

publicacin de la norma, por:()

g) La Com isin Nacional de los Derechos Hum anos, encontra de leyes de carcter federal, estatal y del DistritoFederal, as como de tratados internacionales celebrados por elEjecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Repblica,


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que vulneren los derechos hum anos con sagrados en estaConst i tuc in y en los t ratados internacionales d e los q ueMxic o s ea par te. Asimismo, losorganismos de proteccin delos derechos humanos equivalentes en los estados de laRepblica, en contra de leyes expedidas por las legislaturaslocales y la Comisin de Derechos Humanos del DistritoFederal, en contra de leyes emitidas por la AsambleaLegislativa del Distrito Federal.().

A la luz del citado precepto Constitucional, se acude a ese Alto Tribunal

en representacin legal de la Comisin Nacional de los Derechos

Humanos, en los trminos del segundo prrafo, del artculo 11, de la

Ley Reglamentaria de las fracciones I y II, del artculo 105

Constitucional, aplicable en materia de acciones de

inconstitucionalidad, conforme al diverso 59, del mismo ordenamiento

legal.

Dicha representacin y facultades, se encuentran previstas en el

artculo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisin Nacional de los

Derechos Humanos y, en el diverso 18, del Reglamento Interno de la

Comisin Nacional de los Derechos Humanos, los cuales no requieren

acuerdo o formalidad especial para que pueda llevar a cabo talrepresentacin; preceptos que por su relevancia, a continuacin se

citan:


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De la Ley:

Artculo 15.El Presidente de la Comisin Nacional tendr lassiguientes facultades y obligaciones:I. Ejercer la representacin legal de la Comisin Nacional;()

XI. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de

leyes de carcter federal, estatal y del Distrito Federal yaprobados por el senado de la Repblica, que vulneren losderechos humanos reconocidos en la Constitucin y en lostratados internacionales de los que Mxico sea parte, y().

Del Reglamento Interno:

Artculo 18.(rgano ejecutivo)La Presidencia es el rgano ejecutivo de la Comisin Nacional.Est a cargo de un presidente, al cual le corresponde ejercer,de acuerdo con lo establecido en la Ley, las funcionesdirectivas de la ComisinNacional y su representacin legal.

Por su exacta aplicacin, se cita la tesis del Pleno de la Suprema Corte

de Justicia de la Nacin, publicada bajo el nmero P./J. 31/2011, en elSemanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Tomo XXXIV,

Novena poca, agosto de dos mil once, pgina ochocientos setenta,

del rubro y texto siguientes:


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ACCIN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDAPOR UN ORGANISMO DE PROTECCIN DE LOSDERECHOS HUMANOS. EN LA DEMANDA RESPECTIVAPUEDEN PLANTEARSE VIOLACIONES AL PRINCIPIO DELEGALIDAD Y, POR ENDE, LA INCONSTITUCIONAL IDADINDIRECTA DE UNA LEY POR CONTRAVENIR LOESTABLECIDO EN UN TRATADO INTERNACIONAL SOBREDERECHOS HUMANOS (LEGISLACIN VIGENTE HASTAEL 10 DE JUNIO DE 2011). Si bien es cierto que elartculo105, fraccin II, de la Constitucin Poltica de los EstadosUnidos Mexicanos establece que las acciones deinconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posiblecontradiccin entre una norma de carcter general y la LeySuprema, lo que implica que se promueven para preservar demodo directo y nico la supremaca constitucional, por lo queslo los derechos fundamentales previstos por la Constitucin

pueden servir de parmetro de control en las acciones de

inconstitucionalidad promovidas por los organismos deproteccin de los derechos humanos, tambin lo es que, al noexistir un catlogo de derechos fundamentales tutelados por laConstitucin General de la Repblica a los que deban ceirsedichos organismos al promover acciones deinconstitucionalidad, todos los derechos fundamentalesexpresados en la Constitucin pueden invocarse comoviolados, sin que proceda hacer clasificaciones o exclusionesde derechos susceptibles de tutelarse por esta va, de modoque los organismos de proteccin de los derechos humanostambin pueden denunciar violaciones al principio de legalidadcontenido en los artculos 14 y 16 constitucionales, con lo quees dable construir un argumento de violacin constitucional porincompatibilidad de una norma con un tratado internacional


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sobre derechos humanos.

Marco legal y jurisprudencial que sustenta la legitimacin con la que se

promueve la demanda de accin de inconstitucionalidad.

IX. Introduccin.

El pasado catorce de julio, se public en la Gaceta Oficial del Distrito

Federal, decreto por el que se expide la Ley de Movilidad del Distrito

Federal, la cual segn el artculo 1, de ese ordenamiento, tiene por

objeto:

I. Establecer las bases y directrices para planificar, regular y

gestionar la movilidad de las personas y del transporte de

bienes.

II. Asegurar el poder de eleccin que permita el efectivo

desplazamiento de las personas en condiciones de

seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que

satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo

de la sociedad en su conjunto.


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De dicho ordenamiento resalta el artculo 212, por su inadecuacin con

el texto constitucional y tratados internacionales en materia de

derechos humanos, mismo que establece:

Segur idad Pblic a tend r la ob ligacin de b rindar lasfaci l id ades necesarias para la manifestacin pblic a,de los grupo s o indiv idu os den aviso. .(sic)

Para la realizacin de desfiles, caravanas,manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo deconcentracin humana de carcter poltico, religioso,deportivo, recreativo o social, cuya f inal idad seaperfec tamente l ici ta y que pu eda pertu rbar el trns itoen las vial idades, la paz y tranquilidad de la

poblacin de la ciudad, es necesari o qu e se daviso por escr i to a Seguridad Pbl ica, con por lomenos 48 horas de ant icip acin a la real izacin d e lam i sma.

Numeral que de su lectura, se advierte distante de los principios de

legalidad, principio pro persona y de no restriccin de garantas salvo

por condiciones constitucionales, pues trasgrede los derechos a la

libertad de expresin, de manifestacin, de trnsito, de no

discriminacin y de asociacin; derechos fundamentales establecidos

en la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y en losTratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.


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Se desprende el fundamento de los derechos de libertad de asociacin,

de trnsito, a la libertad de expresin y de no discriminacin, as como

de los principios de legalidad, pro persona y de no restriccin de

garantas salvo por condiciones constitucionales, de los artculos 1,

6, 7, 9 y 11, del texto de la Constitucin Poltica de los Estados

Unidos Mexicanos, mismos que bajo el amparo internacional, tambin

se encuentran reconocidos, de manera que stos no deben limitarse ocondicionarse injustificadamente, a travs de leyes de carcter local

emitidas por los Poderes Estatales, pues el Pacto Federal suscrito de

ninguna manera otorga dichas facultades a los gobiernos de las

entidades federativas.

En otras palabras, el legislador capitalino incurri en un acto que atenta

contra derechos humanos, al restringirlos sin cumplir con los requisitos

constitucionales, desacatando la obligacin que impone el artculo 1

de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, de velar

porque en todo momento se respeten las exigencias constitucionales

establecidas en los citados artculos 6, 7, 9 y 11; as, por extensin,

omiti proteger la convencionalidad al soslayar los artculos de los

tratados internacionales mencionados.


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Aunado a lo anterior, es pertinente mencionar que para realizar

desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro

tipo de concentracin humana decreta como necesario dar aviso

con 48 horas de antelacin, imposicin que a simple vista demuestra

su innecesaridad y el obstculo que en s misma representa para el

libre ejercicio de los derechos de los particulares, contradiciendo de

esta manera el objeto mismo que la ley en cuestin intenta cumplir conel resto de su articulado.

X. Marco Legal

A fin de respaldar esta postura, procede reproducir el marco legal

Constitucional que dar sustento a lo aqu argumentado.

A. Nacional

Artculo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas laspersonas go zarn de los derechos h um anos reco nocido s enesta Const i tuc in y en los tratados in ternacionales de losque el Estado Mexic ano sea parte,as como de las garan tas


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para su protecc in, cuy o ejercicio no pod r restr ingirs e nisusp enderse, salvo en los casos y b ajo las con dic iones queesta Const i tucin establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarn deconformidad con esta Constitucin y con los tratadosinternacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las

personas la proteccin ms amplia.

Todas las autoridades, en el mbito de sus competencias, tienenla obligacin de promover, respetar, proteger y garantizar losderechos humanos de conformidad con los principios deuniversalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.En consecuencia, el Estado deber prevenir, investigar,sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, enlos trminos que establezca la ley.

Artculo 6.La manifestac in de las ideas n o s er ob jetode ningu na inquis ic in judic ia l o administ rativa, sino en elcaso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos deterceros, provoque algn delito, o perturbe el orden pblico;el derecho de rplica ser ejercido en los trminos dispuestos porla ley. El derecho a la informacin ser garantizado por el Estado.Toda persona t iene derecho al l ibre acceso ainform acin plural y oportun a, as com o a buscar, recibi r ydifu nd ir info rm acin e ideas de toda ndole po r cualq uiermedio de expresin.

Artculo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones,informacin e ideas, a travs de cualquier medio. No se puederestringir este derecho por vas o medios indirectos, tales como elabuso de controles oficiales o particulares, de papel para


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peridicos, de frecuencias radioelctricas o de enseres yaparatos usados en la difusin de informacin o porcualesquiera otros medios y tecnologas de la informacin ycomunicacin encaminados a impedir la transmisin y circulacinde ideas y opiniones.Ninguna ley ni autor id ad pu ede establecer la previa censu ra,ni co artar la libertad de di fusin, que no tiene ms lm itesqu e los pr evis tos en el pr imer prraf o del artcu lo 6o. deesta Consti tu cin. En nin gn caso pod rn secues trarse los

bienes ut i l izados para la di fus in de inform acin, opinion ese ideas, como inst rumento del del ito.

Ar tcu lo 9. No se po dr co artar el der ech o de aso ciar seo reuni rs e pacfic amente co n cu alquier ob jeto lcito; perosolamente los ciudadanos de la Repblica podrn hacerlo paratomar parte en los asuntos polticos del pas. Ningunareunin armada, tiene derecho de deliberar.No se considerar ilegal, y no podr ser disuelta unaasamblea o reunin que tenga por objeto hacer una peticin o

presentar una protesta por algn acto, a una autoridad, si no seprofieren injurias contra sta, ni se hiciere uso de violencias oamenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido quese desee.

Artculo 11. Toda persona t iene derecho para entrar en laRepbl ica, sal ir de el la, viajar por s u terr i tor io y m udar deresidencia, sin necesidad de carta de segu ridad, pasaporte,

salvocond ucto u otros requis i tos semejantes. El ejercicio deeste derecho estar subordinado a las facultades de la autoridadjudicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las dela autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones queimpongan las leyes sobre emigracin, inmigracin y salubridad


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general de la Repblica, o sobre extranjeros perniciososresidentes en el pas.

En caso de persecucin, por motivos de orden poltico, todapersona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carcterhumanitario se recibir refugio. La ley regular sus procedenciasy excepciones.

B. Internacional.

Convencin Americana sobre Derechos Humanos.

A rtcu lo 1. Obligacin de Respetar los Derechos

1. Los Es tados Par tes en es ta Convenc in secomprometen a respe ta r los derechos y l i be r tadesreconoc id os en e l la y a garan t i za r su l i b re y p leno e je rc i c i oa toda persona que est sujeta a su jurisdiccin, s ind i sc r im inac in a lguna por motivos de raza, color, sexo,idioma, religin, opiniones polticas o de cualquier otra ndole,origen nacional o social, posicin econmica, nacimiento ocualquier otra condicin social.

A rtcu lo 13 .Libertad de Pensamiento y de Expresin

1.Toda perso na t iene derecho a la l iber tadde pensamientoy de expres in. Este derecho com prende la l i ber tad debus car , rec ib i r y d i f und i r in fo rm ac iones e ideas d e todando le, sin consideracin de fronteras ya sea oralmente, por


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escrito o en forma impresa o artstica, o por cu a lqu ier o t roproc ed im ien to de su e lecc in.

2. E l ejerc ic io del derecho prev is to en el inc is o pr ecedenteno puede es ta r su je to a prev ia censura s ino aresponsabi l i dades ul ter iores , las que deben estarexpresamente fijadas por la ley y ser necesarias paraasegurar:

3.No s e pu ede rest r i ng i r el derech o d e expres in po r vasa med ios ind i rec tos, tales como el abuso de controlesoficiales o particulares de papel para peridicos, defrecuencias radioelctricas, o de enseres y aparatos usados enla difusin de informacin o por cua lesqu ie ra o t ros m ed iosencaminados a imped i r la comu n icac in y la c i r c u lac in d eideas y op in iones .

A rtcu lo 15 .Derech o d e Reunin

Se reconoce el derecho de reunin pacfica y sin armas. Elejercicio de tal derecho slo puede estar sujeto a lasrestricciones previstas por la ley, que sean necesarias en unasociedad democrtica, en inters de la seguridad nacional, dela seguridad o del orden pblicos, o para proteger la salud o lamoral pblicas o los derechos o libertades de los dems.

Artculo 16.Liber tad de Aso c iac in

1. Todas las personas t ienen derecho a asoc iarsel ibr emente co n f ines id eolgic os , rel ig io so s, polt ico s,


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econ mico s, labora les , so c ia les , cu l tu ra les , depor t i vo s ode cu alqu iera o tra nd ole.

2. El ejercicio de tal derecho slo puede estar sujeto a lasrestricciones previstas por la ley que sean necesarias en unasociedad democrtica, en inters de la seguridad nacional, dela seguridad o del orden pblicos, o para proteger la salud o lamoral pblicas o los derechos y libertades de los dems.

Artculo 22.Derecho de circu lacin y de residenc ia

1.Toda persona que se hal le legalmente en el terr i tor io de unEstado tiene derech o a c irc ular por el m ismo y , a residir en lcon su jecin a las dispo sicion es legales.

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquierpas, inclusive del propio.

3. El ejercicio de los derechos anter iores no puede serrestr ingido sino en vir tud de una ley, en la medidaindis pensable en u na s ociedad democrtica, para prevenirinfraccio nes penales o para proteger la seguridad nacional ,la segurid ad o el orden pbl ico s, la moral o la salud pbl icaso lo s derecho s y l ibertades de los d ems.

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puedeasimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por

razones de inters pblico.

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual esnacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.


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6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de unEstado parte en la presente Convencin, slo podr serexpulsado de l en cumplimiento de una decisin adoptadaconforme a la ley.

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo enterritorio extranjero en caso de persecucin por delitos polticos ocomunes conexos con los polticos y de acuerdo con lalegislacin de cada Estado y los convenios internacionales.

8. En ningn caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto aotro pas, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a lalibertad personal est en riesgo de violacin a causa de raza,nacionalidad, religin, condicin social o de sus opiniones

polticas.

9. Es prohibida la expulsin colectiva de extranjeros.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos.

A rtcu lo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto secompromete a respe ta r y a garan t i za r a todos losind iv id uo s q ue se enc uen tren en su terr i to r io y estnsu je tos a su ju r i sd i cc in los derechos reconoc idos en e lpresente Pacto, sin distincin alguna de raza, color, sexo,

idioma, religin, opinin poltica o de otra ndole origennacional o social, posicin econmica, nacimiento o cualquierotra condicin social.

Artculo 12.


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1. Toda perso na qu e se hal le legalmente en el terr i tor io d e unEstado tendr der ech o a c irc ul ar lib remente po r l y aescoger libremente en l su residencia.

2. Toda persona tendr derecho a salir libremente de cualquierpas, incluso del propio.

3.Los derecho s antes mencion ados n o po drn ser ob jeto de

restr ic ciones salvo cuando stas se hallen p revistas en laley, sean n ecesar ias p ara proteger la segu ridad n acional , elord en pbl ico , la salud o la moral pbl icas o lo s derechos yl ibertades de terceros , y sean c ompat ibles con los demsderechos recono cidos en el presente Pacto.

4. Nadie podr ser arbitrariamente privado del derecho a entraren su propio pas.

Artculo 19.

1. Nadie podr ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona t iene derecho a la l ibertad de expresin; estederecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundirinformaciones e ideas de toda ndole, sin consideracin defronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa oartstica, o por cualquier otro procedimiento de su eleccin.

3. El ejercicio d el derech o p revis to en el prrafo 2 de esteartcu lo ent raa deberes y respo ns abi l idades esp eciales .Porconsiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, quedebern, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y sernecesarias para:


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a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputacin de losdems;

b) La proteccin de la seguridad nacional, el orden pblico o lasalud o la moral pblicas.

Artculo 21.Se recono ce el derech o de reun in p acfica. El

ejercicio de tal derech o slo p od r estar s ujeto a lasrestr iccion es previstas por la ley que sean necesar ias en unaso cied ad d emoc rtica, en in ters d e la segu rid ad nac ional,de la segurid ad pbl ica o del orden pbl ico , o para protegerla salud o la moral pbl icas o los derecho s y l ibertades de losdems.

A rtcu lo 22

1. Toda persona t i ene derecho a asoc ia rse l i b remente co no t ras ,incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos

para la proteccin de sus intereses.

A rtcu lo 26

Todas las personas son iguales ante la ley y t ienenderecho s in d i sc r im inac in a igua l pro tecc in de la ley. A

este respecto, la ley prohibir toda discriminacin ygaran t izar a tod as las p erso nas p rot ecci n igu al yefec t i va cont ra cualqu ier d iscr iminac in por motivos deraza, color, sexo, idioma, religin, opiniones polticas o de


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cualquier ndole, origen nacional o social, posicin econmica,nacimiento o cualquier otra condicin social

El anlisis vinculado e integral de tales preceptos, pone en relieve que

el artculo 212, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, ataca

directamente a los derechos de no discriminacin, libertad de

asociacin y de expresin, as como a los principios pro persona, de

legalidad y de no restriccin de garantas salvo por condiciones

constitucionales, consagrados tanto en la Constitucin Poltica de los

Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales

suscritos por el Estado Mexicano.

XI. Conceptos de invalidez.

NICO: El artculo 212 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal,

vulnera los artculos 1, 6, 7, 9 y 11 de la Constitucin Poltica de

los Estados Unidos Mexicanos; as como los artculos 1, 13, 15, 16

y 22 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos; 2, 12,

19, 21, 22 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Polticos.

En consideracin de esta Comisin Nacional, el artculo 212 de la Ley

de Movilidad del Distrito Federal, transgrededirectamente los derechos


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a la no discriminacin, de asociacin, a la libertad de expresin, a la

manifestacin, as como a los principios de legalidad,pro personay de

no restriccin de garantas, salvo por condiciones establecidas en la

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y en los

Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.

Para brindar mayor claridad al anlisis, por el cual se pretende hacernotar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artculo 212 de la

Ley de Movilidad del Distrito Federal, se trascribe a continuacin:

Artculo 212 . Seguridad Pblica tend r la obl igacin debrin dar las faci l idades necesar ias para la manifestacinpbl ica, de los g rupos o ind iv iduos den aviso. . (sic)

Para la realizacin de desfiles, caravanas, manifestaciones,peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentracinhumana de carcter poltico, religioso, deportivo, recreativo osocial, cuya finalidad sea perfectamente licita y que pueda

perturbar el trnsito en las vialidades, la paz y tranquilidadde la poblacin de la ciudad, es n ecesario qu e se daviso por escr i to a Seguridad Pbl ica, con po r lo menos48 horas d e ant icipacin a la real izacin de la m isma.()

El texto, relativo a que Seguridad Pblica tendr la obligacin de

brindar las facilidades necesarias para la manifestacin pblica, de


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los grupos den aviso, conlleva a que la obligacin de otorgar

facilidades estar sujeta al aviso por escrito, 48 horasantes del

ejercicio del derecho, siguiendo un criterio de exclusin, porque

los grupos que no realicen el mismo, no tendrn la posibilidad de

exigir dichas facilidades.

Cabe hacer mencin que no se especifica en el ordenamiento, elcontenido o la implicacin de las facilidades, lo que genera falta de

certeza, as como el grado de intervencin que podrn realizar las

autoridades en el desarrollo de la movilizacin. As, ante la

vaguedad e imprecisin de la norma, queda su aplicacin al mero

criterio y discrecionalidad de la autoridad.

Refiriendo incluso, que podra considerarse como facilidad el

simple hecho de no obstaculizar, directa o indirectamente, algn tipo

de manifestacin lcita. A este respecto, debe agregarse que, por

tratarse de derechos que versan sobre objetos lcitos, no debera

privilegiarse una causa sobre otras, menos por razn de un requisito

administrativo. Es decir, debe darse el mismo trato para el ejercicio

de los derechos de las personas, con independencia de la

notificacin a las autoridades.


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Este informe adems de ser discrecional, al quedar bajo el criterio

de la autoridad administrativa, el determinar cules causas son

merecedoras de algn tipo de facilidad, podra ser factor para

que el derecho se dificulte en su ejercicio por no ser compatible con

los puntos de vista de la autoridad notificada.

As, el uso del vocablo aviso, que se considera como una exigenciadotada materialmente de interferencia del poder pblico en la esfera

de los derechos y libertades de los ciudadanos, remite a la

necesidad de que sea realizado de forma previa, acotando el libre y

espontneo desarrollo del ejercicio del derecho de asociacin, pues

constrie su objeto exclusivamente al establecido en el mencionado

escrito. De la misma forma la Corte Interamericana lo reconoce en

el caso Escher y Otros vs. Brasil(Sentencia de 6 de julio de 2009),

que por su similitud se cita:

169. El artculo 15 de la Convencin Americanaconsagra el derecho de reunin pacfica y sin armas. Asu vez, la libertad de asociacin, prevista en el artculo16 del mismo tratado presupone el derecho de reunin yse caracteriza por habilitar a las personas para crear o

participar en entidades u organizaciones con el objetode actuar colectivamente para la consecucin de losms diversos fines, siempre y cuando stos seanlegtimos. A diferencia de la libertad de asociacin, el


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derecho de reunin no implica necesariamente lacreacin o participacin en una entidad u organizacin,s ino que puede man i fes ta rse en una un inesp ordic a o co ng regac in p ara p erseg ui r los msd iver so s f in es m ien tras st os sean pacfic o s ycon fo rmes con la Convenc in . Ante lo anterior, yconsiderando que los argumentos de las partes en estecaso versan principalmente sobre posibles restriccionesinjustificadas del Estado a la libertad de asociacin de

los miembros de COANA y ADECON, la Corteproceder a analizar exclusivamente si el Estado violen perjuicio de las vctimas el derecho consagrado en elartculo 16 de la Convencin.

Con esto se deja ver que la composicin de la norma establece una

temporalidad para la realizacin de movimientos de personas, es

decir, dar aviso se impone como medida condicionante de laproteccin de las garantas de los ciudadanos. En el dicho es

necesario que se d aviso por escrito a Seguridad Pblica, con por

lo menos 48 horas de anticipacin se obliga o conmina a la

ciudadana a adecuar su conducta a un comn denominador,

pasando por alto que las agrupaciones o asociaciones pueden surgir

de forma espordica.

De lo anterior, se desprende que la imposicin de este aviso se

erige como una forma de distincin entre los grupos a manifestarse,


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creada por la autoridad, sobre lo cual pudiera crear un efecto social

de aceptacin o rechazo hacia los manifestantes.

De esta manera se incurre en un acto de discriminacin indirecta, tal

como lo asent la Corte Interamericana de los Derechos Humanos

al pronunciarse en el Caso Nadege Dorzema y otros vs. Repblica

Dominicana, que por su idoneidad se trascribe a continuacin:

La Corte estima que una violacin del derecho a laigualdad y no discriminacin se p ro duce t am bin an tes i t uac iones y casos de d i sc r im inac in ind i rec tare f l e j ada en e l impac to desproporc ionado deno rm as, acc ion es, polt icas o en otr as m edid as qu e,aun cu ando s ean o parezcan ser neu t rales en s ufo rmu lac in, o tengan un alcance general y nodiferenciado, produzcan efectos negativos para ciertosgrupos.1

En otras palabras, nos encontramos ante un acto discriminatorio de

derecho, por encontrarse previsto en ley y otorgar un trato distinto a un

sector especfico, es decir, a aquellos que dan aviso, afectando por

exclusin a quienes no cumplan con la obligacin.

1Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. Repblica Dominicana. Fondo, Reparaciones

y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251, Prrafo 235.


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Ahora, este trato discriminatorio (otorgar facilidades a los manifestantes

que dieron aviso) en contra de aquellos que no den aviso, resulta

infundado a la luz del texto constitucional, en concreto del artculo 1, y

de los tratados internacionales suscritos, que subrayan el derecho a la

no discriminacin como fundamental y propio de los Estado

democrticos.

Mismo tenor en el que la Corte interamericana se ha pronunciado,

por ejemplo, en la sentencia del Caso de la "Masacre de Mapiripn"

Vs. Colombia, que en lo conducente se cita:

178. En relacin con esa situacin de desigualdad, espertinente recordar que existe un vnculo indisoluble entre

las obligaciones erga omnes de respetar y garantizar losderechos humanos y el principio de igualdad y nodiscriminacin, el cual posee carcter de jus cogens y esfundamental para la salvaguardia de los derechos humanostanto en el derecho internacional como en el interno eimpregna toda actuacin del poder del Estado, encualquiera de sus manifestaciones. En cumplimiento dedichas obligaciones, l os Es tados deben abs tenerse derea l i zar acc iones que de cualqu ier manera vayandi r ig id as, d i rec ta o ind i rec tamente, a crear s i tuac io nesde d isc r im inaci n de ju re o d e facto, as como aadopta r med idas pos i t i vas para rever t i r o cambia rs i t uac iones d i sc r im ina to r i as ex i s ten tes en sussoc iedades, en perjuicio de determinado grupo de


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personas. Esto implica el deber especial de proteccin queel Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y

prcticas de terceros que, bajo su tolerancia oaquiescencia, creen, mantengan o favorezcan lassituaciones discriminatorias.2

De esta forma, el libre y pleno ejercicio de los derechos se ve

trastocado por la solicitud infundada de las autoridades, yendo ms

all de su competencia jurdica en nombre del bien pblico que

en ningn momento justifica-, lo que se opone tajantemente a los

paradigmas de conformacin de sociedades democrticas, donde

resulta impensable condicionar a un aviso, el ejercicio de un

derecho fundamental.

Bajo ese supuesto, en la articulacin de un movimiento social,queda incorporada como parte, la autoridad, sin que sta sea

necesaria para la funcin del derecho de asociacin, en una

sociedad polticamente participativa, donde este derecho de

asociarse y manifestarse es cardinal para hacer expreso el

descontento social con las autoridades mismas. Por consecuencia,

al hacer parte a las autoridades, podra verse mermado el incentivo

2 Corte IDH. Caso de la "Masacre de Mapiripn" Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, Prrafo 178


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social de hacerse escuchar y procurar la salvaguarda de sus

derechos.

En relacin con lo anterior, debemos asentar que el aviso, queda

visto como un elemento sin razn legtima de ser, complementario o

accesorio dedesfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones

o cualquier otro tipo de concentracin humana de carcter poltico,religioso, deportivo, recreativo o social, transgrediendo el principio

de legalidad, el cual fue incorporado a la Constitucin con vista a

establecer lmites a la accin de las autoridades.

Asociado a ello, se genera una distincin inmediata entre los grupos

que den aviso a la Seguridad Pblica y los que no, lo que implica un

trato diferencial en relacin al aviso previo, condicin que acota la

obligacin de las autoridades para otorgar las facilidades

necesarias para la realizacin de asociaciones de grupos o

individuos. Supuesto que en el mbito internacional se encuentra

tajantemente prohibido, para ilustrarlo se har oportuna mencin al

caso Comunidad Indgena Xkmok Ksek vs. Paraguay, resuelto por

la Corte Interamericana, en lo conducente:


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268. La Corte ha establecido que el artculo 1.1 de laConvencin, es una norma de carcter general cuyocontenido se extiende a todas las disposiciones deltratado, dispone la ob l igacin de los Estado s Partes derespetar y garant izar el pleno y l ibre ejercicio de losderecho s y l ibertades al l reconocid os " sindiscr iminacin alguna". Es decir, cualquiera sea elorigen o la forma que asuma, todo tratamiento que puedaser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de

cualquiera de los derechos garantizados en la Convencines per se incompatible con la misma[294]. Elincumplimiento por el Estado, mediante cualquiertratamiento discriminatorio, de la obligacin general derespetar y garantizar los derechos humanos, le generaresponsabilidad internacional[295]. Es por ello que existeun vnculo indisoluble entre la obligacin de respetar ygarantizar los derechos humanos y el principio de igualdady no discriminacin.3

Queda claro que los derechos a la igualdad y a la no discriminacin,

son trastocados al decretar en ley, acciones que creen situaciones

favorecedoras a grupos en especfico, de iure o de facto, tal como

se pronunci la Corte Interamericana en el caso de la "Masacre de

Mapiripn vs. Colombia, que en lo conducente se cita:

3 Corte IDH. Caso Comunidad Indgena Xkmok Ksek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones yCostas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, Prrafo 268Paraguay | 2010


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Los Estados deben abstenerse de realizar acciones quede cualquier manera vayan dirigidas, directa oindirectamente, a crear situaciones de discriminacin de

jure o de facto, as como a adoptar medidas positivaspara revertir o cambiar situaciones discriminatoriasexistentes en sus sociedades, en perjuicio dedeterminado grupo de personas.4

De esta manera, queda en claro que tanto a nivel nacional como en el

plano global se encuentran fehacientemente prohibidas las prcticas

discriminatorias, motivo por el cual el artculo 212, del ordenamiento

impugnado, debe ser declarado inconstitucional en vsperas de ser

concorde a ese principio.

Dicho lo anterior, corresponde ahora enfocarnos en el derecho a la

libertad de trnsito, que en pocas palabras consiste en la facultad de

todo individuo para desplazarse por el territorio del pas sin autorizacin

o permiso previo de la autoridad.

Cabe aqu la precisin hecha por la normativa fundante que aduce a

que este derecho se encuentra subordinado a las facultades de la

autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a lade la autoridad administrativa; tratndose de limitaciones que impongan

4 Corte IDH. Caso de la "Masacre de Mapiripn" Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones yCostas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, Prrafo 178.


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las leyes sobre emigracin, inmigracin y salubridad general de la

Repblica, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el pas.

Siendo este listado numerus clausus, nicamente puede ser aplicado

en los supuestos previstos, donde no se contempla que sea factible

tratndose de actos administrativos como lo es el aviso, por lo cual,

resulta evidente la manera en que la legislacin local sobrepasa lo

previsto por la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

Debemos dejar en claro que si bien el derecho de trnsito, al igual que

otros derechos, admite restricciones para su ejercicio en casos

determinados previamente establecidos en la Carta Fundamental. En

este mismo sentido se pronuncian los convenios internacionales en

materia de derechos humanos, pues al igual reconocen que el derecho

a libertad de trnsito debe tener lmites, lo que se encuentra plasmado

en los artculos 22 de la Convencin Americana sobre Derechos

Humanos, y 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos,

ambos en su numeral 3, que respectivamente establecen:

Ar tcu lo 22 de la Convencin Americana sob re Derecho s

Humanos:


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3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede serrestringido sino en virtud de una ley, en la medidaindispensable en una sociedad democrtica, para prevenirinfracciones penales o para proteger la seguridad nacional, laseguridad o el orden pblicos, la moral o la salud pblicas o losderechos y libertades de los dems.

Ar tcu lo 12 del Pacto Intern acional de Derechos Civi les yPo lti cos:

3. Los derechos antes mencionados no podrn ser objeto derestricciones salvo cuando stas se hallen previstas en la ley,sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden

pblico, la salud o la moral pblicas o los derechos y libertadesde terceros, y sean compatibles con los dems derechos

reconocidos en el presente Pacto.

A este respecto debemos precisar que si bien es cierto, ambos

instrumentos internacionales hablan de que el derecho de libre

circulacin puede ser restringido por una ley, este trmino es ligado a

una ley fundante, es decir, una norma con rango constitucional,

quedando as excluidas aquellas de carcter ordinario, como la Ley de

Movilidad del Distrito Federal.


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No obstante lo anterior, para que sea viable la restriccin, se debe

cumplir, con obedecer a una causa de seguridad nacional, orden

pblico, salud pblica, moral o derechos y libertades de terceros lo que

a todas luces no acontece con el artculo conculcado. Motivo por el

cual, el numeral controvertido resulta excesivo al sobrepasar las

limitaciones previstas en ordenamientos de mayor jerarqua y ni

siquiera manifestar causa alguna que acaso lo justifique.

De esta manera, al interpretar el artculo controvertido a contrario

sensu,se obtiene que al no otorgar facilidades, puede aducirse como

vlido interponer obstculos, directos o indirectos, que dificulten o

impidan el ejercicio de este derecho. Por consiguiente, bajo la

redaccin del artculo 212 puede concluirse que a aquellas personas

que no den aviso previo, no les sern otorgadas facilidades para el

ejercicio de su derecho, lo que podra conllevar la represin de un

movimiento, o un grupo de personas que libre, licita y espontneamente

quieran hacer uso de su libertad de trnsito.

Por otro lado, debe hacerse hincapi en que el artculo 212 establece

para la realizacin de desfiles, caravanas, manifestaciones,

peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentracin humana de

carcter poltico, religioso, deportivo, recreativo o social, cuya finalidad


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sea perfectamente licita, como necesario dar aviso por escrito a

Seguridad Pblica, de esto sin mayor problema se decanta que, para

hacer uso de la libertad de trnsito, visto desde una ptica colectiva, se

requiere cumplir con dicho requisito, pues de lo contrario y, a pesar de

ser lcita, sta no podra realizarse.

No hace falta decir ms, para esclarecer la inconstitucionalidad querepresenta la restriccin del derecho de trnsito, que como ya se dijo,

para su realizacin pide la emisin de un aviso, adems de que resulta

imprecisa, pues no refiere quien es la persona o personas legitimadas

para otorgarlo, ni ampara a asociaciones espordicas ni legalmente

constituidas.

De igual forma se debe hacer referencia expresa al derecho de libertad

de expresin, consagrado tanto en el artculo 6 relacionado con el

segundo prrafo del 7, ambos de la Constitucin Poltica de los

Estados Unidos Mexicanos, como en el artculo 13, de la Convencin

Americana de Derechos Humanos; que en coordinacin manifiestan

que este derecho fundamental, adems de ser piedra angular de un

Estado de Derecho, no puede estar sujeto a previa censura.


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Si bien, la solicitud de un aviso, en s misma no se erige como un

acto de censura, s lo hace como medida preventiva, en razn de

ello la Corte Interamericana dispone que: la Convencin establece

una excepcin a la censura previa, la permite nicamente en caso

de los espectculos pblicos, con el fin exclusivo de regular el

acceso a ellos, para la proteccin moral de la infancia y la

adolescencia. En todos los dems casos, cualquier medidapreventiva implica el menoscabo a la libertad de pensamiento y de

expresin. Esto se ilustra mejor en el caso resuelto por la Corte

Interamericana "La ltima Tentacin de Cristo", Olmedo Bustos y

otros vs. Chile, que en lo conducente se cita5:

70. Es importante mencionar que el artculo 13.4 de laConvencin establece una excepcin a la censura

previa, ya que la permi te en e l caso de losesp ectcu los pbl ic os pero nic amen te c on el f inde regular e l acceso a el los , para la pro tecc inm ora l de la in fanc ia y la ado lescenc ia. En to dos losdems caso s, cualqu ier medid a prevent i va imp l i ca elmenoscabo a la l i be r tad de pensamien to y deexpres in.

5 Corte IDH. Caso "La ltima Tentacin de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo,Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, Prrafo 70. 4Corte IDH. Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238, Prrafo 43.


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En este sentido, la necesidad de dar aviso, se estima como media

preventiva del ejercicio del derecho, ya que su fundamento se basa

en la medida inversamente proporcional del aviso al otorgamiento

de facilidades para la manifestacin pblica, sin que ste sea un

motivo suficiente que justifique el pedimento y, que en todo caso,

desde la obligatoriedad de garantizar la libertad de expresin, estas

facilidades deben brindarse indistintamente.

Por otra parte, el texto de la Constitucin Poltica de los Estados

Unidos Mexicanos no establece como un requisito, el dar un aviso

previo para ejercer los derechos a la libertad de expresin, a la

manifestacin, de asociacin o incluso de trnsito, por lo que la

disposicin impugnada sobrepasa el texto y los lmites

constitucionales.

Esta obligatoriedad, de dar aviso a la autoridad, se establece en la

norma como una obligacin: es necesario se d aviso por

escrito..., las consecuencias de esta disposicin tiene alcances de

convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa,

lo que perfectamente puede ejemplificarse con el caso Fontevecchia


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y D`Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas, que en lo

conducente se cita6:

43. Sin embargo, la libertad de expresin no es underecho absoluto. El artculo 13.2 de la Convencin, que

prohbe la censura previa, tambin prev la posibilidadde exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicioabusivo de este derecho. Estas restricciones tienencarcter excepcional y no deben limitar, ms all de loestrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertadde expresin y convertirse en un mecanismo directo oindirecto de censura previa.

Dicho lo anterior, el precepto impugnado no supera un anlisis de

proporcionalidad, debido a que las restricciones de la libertad de

manifestacin, no cumplen con una finalidad constitucional legtima,

antes bien, son prcticas que se oponen al desarrollo de una sociedad

democrtica.

6 Corte IDH. Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 denoviembre de 2011. Serie C No. 238, Prrafo 43. Sin embargo, la libertad de expresin no es un derecho absoluto.El artculo 13.2 de la Convencin, que prohbe la censura previa, tambin prev la posibilidad de exigirresponsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones tienen carcterexcepcional y no deben limitar, ms all de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresiny convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa.


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Adems, las autoridades emisoras de la norma cuestionada soslayaron

el mandato que establece que los derechos humanos reconocidos en la

Constitucin y en los Tratados Internacionales deben ser promovidos,

respetados, protegidos y garantizados de conformidad con los principios

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Prescripcin contenida en el tercer prrafo del artculo 1 de la

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, que vincula atodas las autoridades, en el mbito de sus competencias.

En el caso que nos interesa, las autoridades que promulgaron la norma

combatida, obviaron los principios de interdependencia, indivisibilidad y

progresividad, que desde la reforma constitucional en materia de

derechos humanos publicada en el diez de junio de dos mil once, estnintegrados como directrices vinculantes a las autoridades de los tres

niveles de gobierno.

Por lo ya dicho podemos concluir que la medida cuestionada no

encuentra sustento en el orden jurdico constitucional mexicano,

por lo tanto resulta invlida, pues no puede encontrarse dentro delconjunto normativo que la Constitucin Poltica de los Estados Unidos


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Mexicanos concentra disposicin alguna que permita una prevencin

como la impugnada.

Por su evidente aplicacin se cita el criterio publicado en el Semanario

Judicial de la Federacin y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo

1, Dcima poca, Materia Constitucional, bajo el nmero de Tesis 1a.

CCXV/2013 (10a.), pgina 557, del rubro y texto siguientes:

DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARARESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS CONFORME A LOSARTCULOS 1o . DE LA CONSTITUCIN POLTICA DE LOSESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCINAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Esta SupremaCorte de Justicia de la Nacin ha sostenido que no existenderechos humanos absolutos, por ello, conforme al artculo 1o.,

prrafo primero, de la Constitucin Poltica de los EstadosUnidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado enel Diario Oficial de la Federacin el 10 de junio de 2011,aqullos pueden restringirse o suspenderse vlidamente en loscasos y con las condiciones que la misma Ley Fundamentalestablece. En este sentido, el artculo 30 de la Convencin

Americana sobre Derechos Humanos establece que lasrestricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos ylas libertades reconocidas en sta no pueden aplicarse sinoconforme a las leyes dictadas en razn del inters general y de

acuerdo con el propsito para el cual han sido establecidas.Sin embargo, la regulacin normativa que establezca lossupuestos por los cuales se restrinjan o suspendan losderechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los lmites

previstos en los invocados ordenamientos sirven como


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elementos que el juez constitucional debe tomar en cuentapara considerarlas vlidas. En ese contexto, de lainterpretacin armnica y sistemtica de los artculos citadosse concluye que los requisitos para considerar vlidas lasrestricciones o la suspensin de derechos, son: a) que seestablezcan en una ley formal y material (principio de reservade ley) dictada en razn del inters general o pblico, en arasde garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad

jurdica (requisitos formales); y, b) que superen un test de

proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persiganun inters o una finalidad constitucionalmente legtima y quesean razonables y ponderables en una sociedad democrtica(requisitos materiales).

Se reitera la afirmacin de que los derechos humanos admiten

restricciones, nicamente dentro del inexorable marco constitucional y

convencional, dentro de los lmites que seala el artculo 1 de la

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, primer prrafo, y

del numeral 30 de la Convencin Americana de Derechos Humanos.

Por lo que la ley controvertida, sobrepasa los lmites impuestos por

normas de mayor jerarqua.

Ahora bien, para que puedan restringirse legtimamente derechosfundamentales de carcter individual supeditndolos al inters general y

pblico de una colectividad, la regulacin normativa que establezca

estos supuestos no puede ser arbitraria, como indican el numeral 212,


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que deja al criterio de una autoridad la no obstaculizacin de un

derecho, de donde se concluye que los requisitos para considerar

vlidas las restricciones o la suspensin de derechos, son:

A. Que se establezcan en una ley formal y material

(principio de reserva de ley) dictada en razn del inters

general o pblico, en aras de garantizar los diversos

derechos de igualdad y seguridad jurdica (requisitos

formales); y,

B. Que superen un test de proporcionalidad, esto es, que

sean necesarias; que persigan un inters o una finalidad

constitucionalmente legtima y que sean razonables y

ponderables en una sociedad democrtica (requisitos

materiales).

Conviene traer a colacin la Jurisprudencia de la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nacin, publicada bajo el nmero de

Tesis: 1a./J. 2/2012 (9a.), Semanario Judicial de la Federacin y suGaceta, Libro V, de febrero de dos mil doce, Tomo Uno, Dcima poca,


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Materia Constitucional, pgina quinientos treinta y tres, del rubro y texto

siguientes:

RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBETOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VLIDAS.

Ningn derecho fundamental es absoluto y en esa medidatodos admiten restricciones. Sin embargo, la regulacin dedichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que lasmedidas emitidas por el legislador ordinario con el propsitode restringir los derechos fundamentales sean vlidas, debensatisfacer al menos los siguientes requisitos: a) seradmisibles dentro del mbito constitucional, esto es, ellegislador ordinario slo puede restringir o suspender elejercicio de las garantas individuales con objetivos que

puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta

Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtencin de losfines que fundamentan la restriccin constitucional, es decir,no basta que la restriccin sea en trminos amplios til parala obtencin de esos objetivos, sino que debe ser la idnea

para su realizacin, lo que significa que el fin buscado por ellegislador no se pueda alcanzar razonablemente por otrosmedios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c)ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetaruna correspondencia entre la importancia del fin buscado por

la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otrosderechos e intereses constitucionales, en el entendido de quela persecucin de un objetivo constitucional no puedehacerse a costa de una afectacin innecesaria o desmedidaa otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.


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As, el juzgador debe determinar en cada caso si larestriccin legislativa a un derecho fundamental es, en primerlugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, ensegundo lugar, si es el medio necesario para proteger esosfines o intereses constitucionalmente amparados, al no existiropciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y entercer lugar, si la distincin legislativa se encuentra dentro delas opciones de tratamiento que pueden considerarse

proporcionales. De igual manera, las restricciones debern

estar en consonancia con la ley, incluidas las normasinternacionales de derechos humanos, y ser compatibles conla naturaleza de los derechos amparados por la Constitucin,en aras de la consecucin de los objetivos legtimos

perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover elbienestar general en una sociedad democrtica.

Con fines ejemplificativos se manifiesta tal como sostiene el Mximo

Tribunal, para que las medidas emitidas por el legislador, con elpropsito de restringir los derechos fundamentales, sean vlidas, deben

satisfacer al menos los siguientes requisitos:

a) Ser admisibles dentro del mbito constitucional; el legislador

ordinario slo puede restringir o suspender el ejercicio de las

garantas individuales con objetivos que puedan enmarcarsedentro de las previsiones de la Carta Magna;


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b) Ser necesarias para asegurar la obtencin de los fines que

fundamentan la restriccin constitucional; no basta que la

restriccin sea en trminos amplios til para la obtencin de esos

objetivos, sino que debe ser la idnea para su realizacin, lo que

significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar

razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos

fundamentales;

c) Ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una

correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y

los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e

intereses constitucionales, en el entendido de que la persecucin

de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de unaafectacin innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos

constitucionalmente protegidos.

As, por la interdependencia e indivisibilidad, se reconoce que los

derechos humanos estn relacionados entre s, de modo que no puede

hacerse ninguna separacin entre ellos; es decir, son considerados de

manera armnica; deben interpretarse y tomarse en su conjunto y no

como elementos incomunicados. En otras palabras, debe darse igual


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atencin, respeto y consideracin, sobre todo en su regulacin

normativa, en aquellos ordenamientos donde es prevista su aplicacin,

promocin y proteccin. Por lo que llama la atencin, que una ley

ordinaria como lo es la Ley de Movilidad, vaya en contra de estos

principios.

Por tales consideraciones, es que la norma en cuestin no supera el

anlisis de constitucionalidad, proporcionalidad, idoneidad y necesidad

como requisitos materiales, dado que son una interpretacin restrictiva,

marco elemental de los derechos humanos; resulta no admisible dentro

del mbito constitucional, pues esa previsin restrictiva no puede

enmarcarse dentro de lo previsto en la Constitucin Poltica de los

Estados Unidos Mexicanos.

Por eso se afirma que tal disposicin es una interpretacin restrictiva

del texto de derechos humanos y, en consecuencia, violatoria del

mandato contenido en el prrafo segundo del artculo 1, de la

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra

el principio pro persona; favorecer en todo tiempo la proteccin msamplia de las personas.


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A manera de conclusin, se hace una breve recapitulacin de lo

argumentado como a continuacin se expone:

I. El precepto que se cuestiona, contraviene el contenido de los

artculos 1, 6, 7, 9 y 11 de la Constitucin Poltica de los

Estados Unidos Mexicanos, as como los artculos 1, 13, 15,

16 y 22 de la Convencin Americana sobre DerechosHumanos; 2, 12, 19, 21, 22 y 26 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Polticos, por trasgredir los derechos a la no

discriminacin, a la libre asociacin y a la expresin; adems, de

los principios de legalidad; pro persona y de no restriccin de

garantas, salvo por condiciones constitucionales.

II. La medida cuestionada no encuentra sustento en el orden jurdico

constitucional, por lo tanto resulta invlida, al sobrepasar los

lmites impuestos por la Constitucin Poltica de los Estados

Unidos Mexicanos para restringir derechos fundamentales.

III. La disposicin combatida es una interpretacin restrictiva de

derechos humanos y, en consecuencia, violatoria del mandatoconstitucional contenido en el prrafo segundo del artculo 1, de

la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, que


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consagra el principio pro persona, que no es otra cosa que

favorecer en todo tiempo la proteccin ms amplia de las

personas.

Por todo lo expuesto, se pide declarar que la norma impugnada es

inconstitucional y de esta forma reforzar el respeto y salvaguarda de los

derechos humanos, como debe acontecer en un rgimen democrtico

como lo es el Estado Mexicano.

XII. Cuestiones relativas a los efectos.

Se hace especial hincapi en que los argumentos vertidos por esta

Comisin Nacional de los Derechos Humanos, sustentan la

inconstitucionalidad del artculo 212 de la Ley de Movilidad del DistritoFederal.

En esa virtud, se solicita atentamente, que de ser tildado de

inconstitucional el artculo impugnado, tambin se invalide su segundo

prrafo, por cuestin de efectos, conforme a lo dispuesto por los

artculos 41, fraccin IV y 45, segundo prrafo, de la Ley Reglamentaria

de las Fracciones I y II del artculo 105 de la Constitucin Poltica de los

Estados Unidos Mexicanos, que disponen:


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ARTICULO 41. Las sentencias debern contener:

()

IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisin,en su caso, los rganos obligados a cumplirla, las normasgenerales o actos respecto de los cuales opere y todos aquelloselementos necesarios para su plena eficacia en el mbito quecorresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una

norma general, sus efectos debern extenderse a todas aquellasnormas cuya validez dependa de la propia norma invalidada;

()

ARTICULO 45. Las sentencias producirn sus efectos a partirde la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de laNacin.

La declaracin de invalidez de las sentencias no tendr efectosretroactivos, salvo en materia penal, en la que regirn los

principios generales y disposiciones legales aplicables de estamateria.

Razones por las cuales, se pide declarar que la norma impugnada, es

inconstitucional.

P R U E B A S


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1. Copia certificada. Del Acuerdo del Senado de la Repblica por el

que se designa al Doctor Ral Plascencia Villanueva para que ocupe el

cargo de Presidente de la Comisin Nacional de los Derechos

Humanos por un periodo de cinco aos, contados a partir del diecisis

de noviembre de dos mil nueve, al quince de noviembre de dos mil

catorce (Anexo uno).

2. Copia simple. De la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha

catorce de julio de dos mil catorce, nmero 1899 Bis edicin ordinaria,

Dcima Sptima poca, (anexo dos).

3. Disco compacto. De la versin electrnica del presente escrito

(Anexo tres).

Por lo antes expuesto y fundado, a ustedes, Ministros integrantes del

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, atentamente pido:

PRIMERO. Tener por presentada la accin de inconstitucionalidad que

promuevo como Presidente de la Comisin Nacional de los Derechos

Humanos.


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SEGUNDO. Admitir a trmite la presente demanda de accin de

inconstitucionalidad en sus trminos.

TERCERO. Tener por designados como delegada, autorizados, a los

profesionistas indicados al inicio de este escrito, as como por sealado

domicilio para or y recibir notificaciones y, documentos.

CUARTO.Admitir las pruebas ofrecidas en el captulo correspondiente.

QUINTO. En el momento procesal oportuno, declarar fundados los

conceptos de invalidez y la inconstitucionalidad de la disposicin legal

impugnada.

Mxico, D.F., a 13 de agosto de 2014.

DOCTOR RAL PLASCENCIA VILLANUEVAPRESIDENTE

Ley de Movilidad Acción de Inconstitucionalidad

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