LEY CONCURSAL ARGENTINA

La ley de Concursos y Quiebras N° 24522fue modificada por la ley N° 26684, que fue promulgada el 29 de junio de 2011 CONCURSOS

Y QUIEBRAS Modificación de la Ley N° 24522. B.O. 30/06/11 Sancionada: Junio 1 de 2011 Promulgada: Junio 29 de 2011 El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: ARTICULO 1° — Incorpórase como inciso 8 del artículo 11 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el siguiente texto: 8 ) Acompañar nómina de empleados, con detalle de domicilio, categoría, antigüedad y última remuneración recibida. Deberá acompañarse también declaración sobre la existencia de deuda laboral y de deuda con los organismos de la seguridad social certificada por contador público. ARTICULO 2° — Modifícase el inciso 10 del artículo 14 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma: 10) La fijación de una audiencia informativa que se realizará con cinco (5) días de anticipación al vencimiento del plazo de exclusividad previsto en el artículo 43. Dicha audiencia deberá ser notificada a los trabajadores del deudor mediante su publicación por medios visibles en todos sus establecimientos. ARTICULO 3° —Modifícase el inciso 11 del artículo 14 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:

11) Correr vista al síndico por el plazo de diez (10) días, el que se computará a partir de la aceptación del cargo, a fin de que se pronuncie sobre: a) Los pasivos laborales denunciados por el deudor; b) Previa auditoría en la documentación legal y contable, informe sobre la existencia de otros créditos laborales comprendidos en el pronto pago. ARTICULO 4° — Incorpórase como inciso 13 del artículo 14 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el siguiente texto: 13) La constitución de un comité de control, integrado por los tres (3) acreedores quirografarios de mayor monto, denunciados por el deudor y un (1) representante de los trabajadores de la concursada, elegido por los trabajadores. ARTICULO 5° —Modifícase el artículo 16 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 16: Actos prohibidos. El concursado no puede realizar actos a título gratuito o que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación. Pronto pago de créditos laborales. Dentro del plazo de diez (10) días de emitido el informe que establece el artículo 14 inciso 11), el juez del concurso autorizará el pago de las remuneraciones debidas al trabajador, las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades laborales y las previstas en los artículos 132 bis, 212, 232, 233 y 245 a 254, 178, 180 y 182 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744; las indemnizaciones previstas en la ley 25.877, en los artículos 1° y 2° de la ley 25.323; en los artículos 8°, 9°, 10, 11 y 15 de la ley 24.013; en el artículo 44 y 45 de la ley 25.345; en el artículo 52 de la ley 23.551; y las previstas en los estatutos especiales, convenios colectivos o contratos individuales, que gocen de privilegio general o especial y que surjan del informe mencionado en el inciso 11 del artículo 14. Para que proceda el pronto pago de crédito no incluido en el listado que establece el artículo 14

inciso 11), no es necesaria la verificación del crédito en el concurso ni sentencia en juicio laboral previo. Previa vista al síndico y al concursado, el juez podrá denegar total o parcialmente el pedido de pronto pago mediante resolución fundada, sólo cuando existiere duda sobre su origen o legitimidad, se encontraren con trovertidos o existiere sospecha de connivencia entre el peticionario y el concursado. En todos los casos la decisión será apelable. La resolución judicial que admite el pronto pago tendrá efectos de cosa juzgada material e importará la verificación del crédito en el pasivo concursal. La que lo deniegue, habilitará al acreedor para iniciar o continuar el juicio de conocimiento laboral ante el juez natural. No se impondrán costas al trabajador en la solicitud de pronto pago, excepto en el caso de connivencia, temeridad o malicia. Los créditos serán abonados en su totalidad, si existieran fondos líquidos disponibles. En caso contrario y hasta que se detecte la existencia de los mismos por parte del síndico se deberá afectar el tres por ciento (3%) mensual del ingreso bruto de la concursada. El síndico efectuará un plan de pago proporcional a los créditos y sus privilegios, no pudiendo exceder cada pago individual en cada distribución un monto equivalente a cuatro (4) salarios mínimos vitales y móviles. Excepcionalmente el juez podrá autorizar, dentro del régimen de pronto pago, el pago de aquellos créditos amparados por el beneficio y que, por su naturaleza o circunstancias particulares de sus titulares, deban ser afectados a cubrir contingencias de salud, alimentarias u otras que no admitieran demoras. En el control e informe mensual, que la sindicatura deberá realizar, incluirá las modificaciones necesarias, si existen fondos líquidos disponibles, a los efectos de abonar la totalidad de los prontos pagos o modificar el plan presentado. Actos sujetos a autorización. Debe requerir previa autorización judicial para realizar cualquiera de los siguientes actos: los relacionados con bienes registrables; los de disposición o locación de fondos de comercio; los de emisión de debentures con garantía especial o flotante; los de emisión de obligaciones negociables con garantía especial o flotante; los de constitución de prenda y los que excedan de la administración ordinaria de su giro comercial.

La autorización se tramita con audiencia del síndico y del comité de control; para su otorgamiento el juez ha de ponderar la conveniencia para la continuación de las actividades del concursado y la protección de los intereses de los acreedores. ARTICULO 6° — Incorpórase como último párrafo del artículo 19 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el siguiente texto: Quedan excluidos de la disposición precedente los créditos laborales correspondientes a la falta de pago de salarios y toda indemnización derivada de la relación laboral. ARTICULO 7° — Modifícase el artículo 20 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 20: Contratos con prestación recíproca pendiente. El deudor puede continuar con el cumplimiento de los contratos en curso de ejecución, cuando hubiere prestaciones recíprocas pendientes. Para ello debe requerir autorización del juez, quien resuelve previa vista al síndico. La continuación del contrato autoriza al cocontratante a exigir el cumplimiento de las prestaciones adeudadas a la fecha de presentación en concurso bajo apercibimiento de resolución. Las prestaciones que el tercero cumpla después de la presentación en concurso preventivo, y previo cumplimiento de lo dispuesto en este precepto, gozan del privilegio previsto por el artículo 240. La tradición simbólica anterior a la presentación, no importa cumplimiento de la prestación a los fines de este artículo. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 753 del Código Civil, el tercero puede resolver el contrato cuando no se le hubiere comunicado la decisión de continuarlo, luego de los treinta (30) días de abierto el concurso. Debe notificar al deudor y al síndico. Servicios públicos. No pueden suspenderse los servicios públicos que se presten al deudor por deudas con origen en fecha anterior a la de la apertura del concurso. Los servicios prestados con posterioridad a la apertura del concurso deben abonarse a sus respectivos vencimientos y pueden suspenderse en caso de incumplimiento mediante el procedimiento previsto en las normas que rigen sus

respectivas prestaciones. En caso de liquidación en la quiebra, los créditos que se generen por las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior gozan de la preferencia establecida por el artículo 240. ARTICULO 8° — Modifícase el artículo 29 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 29: Carta a los acreedores e integrantes del comité de control. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28, el síndico debe enviar a cada acreedor denunciado y a los miembros del comité de control, carta certificada en la cual le haga conocer la apertura del concurso, incluyendo los datos sucintos de los requisitos establecidos en los incisos 1 y 3 del artículo 14, su nombre y domicilio y las horas de atención, la designación del juzgado y secretaría actuantes y su ubicación y los demás aspectos que estime de interés para los acreedores. La correspondencia debe ser remitida dentro de los cinco (5) días de la primera publicación de edictos. La omisión en que incurra el síndico, respecto del envío de las cartas, no invalida el proceso. ARTICULO 9° — Incorpórase como último párrafo del artículo 34 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el siguiente texto: Los trabajadores de la concursada que no tuvieren el carácter de acreedores tendrán derecho a revisar los legajos y ser informados por el síndico acerca de los créditos insinuados. ARTICULO 10. — Modifícase el artículo 42 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 42: Resolución de categorización. Dentro de los diez (10) días siguientes a la finalización del plazo fijado en el artículo 40, el juez dictará resolución fijando definitivamente las categorías y los acreedores comprendidos en ellas. Constitución del comité de control. En dicha resolución el juez designará a los nuevos integrantes del comité de control, el cual

quedará conformado como mínimo por un (1) acreedor por cada categoría de las establecidas, debiendo integrar el mismo necesariamente el acreedor de mayor monto dentro de la categoría y por dos (2) nuevos representantes de los trabajadores de la concursada, elegidos por los trabajadores, que se incorporarán al ya electo conforme el artículo 14, inciso 13. El juez podrá reducir la cantidad de representantes de los trabajadores cuando la nómina de empleados así lo justifique. A partir de ese momento cesarán las funciones de los anteriores integrantes del comité que representan a los acreedores. ARTICULO 11. — Modifícase el artículo 45 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 45: Plazo y mayorías para la obtención del acuerdo para acreedores quirografarios. Para obtener la aprobación de la propuesta de acuerdo preventivo, el deudor deberá acompañar al juzgado, hasta el día del vencimiento del período de exclusividad, el texto de la propuesta con la conformidad acreditada por declaración escrita con firma certificada por ante escribano público, autoridad judicial, o administrativa en el caso de entes públicos nacionales, provinciales o municipales, de la mayoría absoluta de los acreedores dentro de todas y cada una de las categorías, que representen las dos terceras partes del capital computable dentro de cada categoría. Sólo resultarán válidas y computables las conformidades que lleven fecha posterior a la última propuesta o su última modificación presentada por el deudor en el expediente. La mayoría de capital dentro de cada categoría se computa teniendo en consideración la suma total de los siguientes créditos: a) Quirografarios verificados y declarados admisibles comprendidos en la categoría; b) Privilegiados cuyos titulares hayan renunciado al privilegio y que se hayan incorporado a esa categoría de quirografarios; c) El acreedor admitido como quirografario, por habérsele rechazado el privilegio invocado, será excluido de integrar la categoría, a los efectos del cómputo, si hubiese promovido incidente de revisión, en los términos del artículo 37. Se excluye del cómputo al cónyuge, los parientes del deudor dentro del cuarto grado de

consanguinidad, segundo de afinidad o adoptivos, y sus cesionarios dentro del año anterior a la presentación. Tratándose de sociedades no se computan los socios, administradores y acreedores que se encuentren respecto de ellos en la situación del párrafo anterior, la prohibición no se aplica a los acreedores que sean accionistas de la concursada, salvo que se trate de controlantes de la misma. El deudor deberá acompañar, asimismo, como parte integrante de la propuesta, un régimen de administración y de limitaciones a actos de disposición aplicable a la etapa de cumplimiento, y la conformación de un comité de control que actuará como controlador del acuerdo, que sustituirá al comité constituido por el artículo 42, segundo párrafo. La integración del comité deberá estar conformada por acreedores que representen la mayoría del capital, y permanecerán en su cargo los representantes de los trabajadores de la concursada. Con cinco (5) días de anticipación al vencimiento del plazo del período de exclusividad, se llevará a cabo la audiencia informativa con la presencia del juez, el secretario, el deudor, el comité provisorio de control y los acreedores que deseen concurrir. En dicha audiencia el deudor dará explicaciones respecto de la negociación que lleva a cabo con sus acreedores, y los asistentes podrán formular preguntas sobre las propuestas. Si con anterioridad a la fecha señalada para la audiencia informativa, el deudor hubiera obtenido las conformidades previstas por el artículo 45, y hubiera comunicado dicha circunstancia al juzgado, acompañando las constancias, la audiencia no se llevará a cabo. ARTICULO 12. — Sustitúyese el inciso 1) del artículo 48 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente: 1) Apertura de un registro. Dentro de los dos (2) días el juez dispondrá la apertura de un registro en el expediente para que dentro del plazo de cinco (5) días se inscriban los acreedores, la cooperativa de trabajo conformada por trabajadores de la misma empresa —incluida la cooperativa en formación— y otros terceros interesados en la adquisición de las acciones o cuotas representativas del capital social de la concursada, a efectos de formular propuesta de acuerdo preventivo. Al disponer la apertura del registro el juez determinará un importe para afrontar el pago de los edictos. Al inscribirse en el registro, dicho importe deberá ser depositado por los interesados en formular

propuestas de acuerdo. ARTICULO 13. — Incorpórase como artículo 48 bis de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el siguiente texto: Artículo 48 bis: En caso que, conforme el inciso 1 del artículo anterior, se inscriba la cooperativa de trabajo —incluida la cooperativa en formación—, el juez ordenará al síndico que practique liquidación de todos los créditos que corresponderían a los trabajadores inscriptos por las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744, los estatutos especiales, convenios colectivos o la que hayan acordado las partes. Los créditos así calculados podrán hacerse valer para intervenir en el procedimiento previsto en el artículo anterior. Homologado el acuerdo correspondiente, se producirá la disolución del contrato de trabajo de los trabajadores inscriptos y los créditos laborales se transferirán a favor de la cooperativa de trabajo convirtiéndose en cuotas de capital social de la misma. El juez fijará el plazo para la inscripción definitiva de la cooperativa bajo apercibimiento de no proceder a la homologación. La cooperativa asumirá todas las obligaciones que surjan de las conformidades presentadas. El Banco de la Nación Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuando fueren acreedores de la concursada, deberán otorgar las respectivas conformidades a las cooperativas, y las facilidades de refinanciación de deudas en las condiciones más favorables vigentes en sus respectivas carteras. Queda exceptuada la cooperativa de trabajadores de efectuar el depósito del veinticinco por ciento (25%) del valor de la oferta prevista en el punto i), inciso 7 del artículo 48 y, por el plazo que determine la autoridad de aplicación de la ley 20.337, del depósito del cinco por ciento (5%) del capital suscripto previsto en el artículo 90 de la ley 20.337. En el trámite de constitución de la cooperativa la autoridad de aplicación encargada de su inscripción acordará primera prioridad al trámite de la misma debiéndose concluir dentro de los diez (10) días hábiles. ARTICULO 14. — Sustitúyese el artículo 129 de la ley 24.522 y sus modificatorias, concursos y quiebras, por el siguiente: Artículo 129: Suspensión de intereses.

La declaración de quiebra suspende el curso de intereses de todo tipo. Sin embargo, los compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos amparados con garantías reales pueden ser percibidos hasta el límite del producido del bien gravado después de pagadas las costas, los intereses preferidos anteriores a la quiebra y el capital. Asimismo, tampoco se suspenden los intereses compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos laborales. ARTICULO 15. — Sustitúyese el artículo 187 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente: Artículo 187: Propuestas y condiciones del contrato. De acuerdo con las circunstancias el juez puede requerir que se presenten diversas propuestas mediante el procedimiento que estime más seguro y eficiente y que se ofrezcan garantías. La cooperativa de trabajo de trabajadores del mismo establecimiento podrá proponer contrato. En este caso se admitirá que garantice el contrato en todo o en parte con los créditos laborales de sus asociados pendientes de cobro en la quiebra que éstos voluntariamente afecten a tal propósito, con consentimiento prestado en audiencia ante el juez de la quiebra y con intervención de la asociación sindical legitimada. La sindicatura fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones contractuales. A estos fines, está autorizada para ingresar al establecimiento para controlar la conservación de los bienes y fiscalizar la contabilidad en lo pertinente al interés del concurso. Los términos en que el tercero deba efectuar sus prestaciones se consideran esenciales, y el incumplimiento produce de pleno derecho la resolución del contrato. Al vencer el plazo o resolverse el contrato, el juez debe disponer la inmediata restitución del bien sin trámite ni recurso alguno. ARTICULO 16. — Sustitúyese el primer párrafo del artículo 189 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente: Continuación inmediata. El síndico puede continuar de inmediato con la explotación de la empresa o alguno de sus establecimientos, si de la interrupción pudiera resultar con evidencia un daño grave al interés de

los acreedores y a la conservación del patrimonio, si se interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse o entiende que el emprendimiento resulta económicamente viable. También la conservación de la fuente de trabajo habilita la continuación inmediata de la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos, si las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados en cooperativa, incluso en formación, la soliciten al síndico o al juez, si aquél todavía no se hubiera hecho cargo, a partir de la sentencia de quiebra y hasta cinco (5) días luego de la última publicación de edictos en el diario oficial que corresponda a la jurisdicción del establecimiento. El síndico debe ponerlo en conocimiento del juez dentro de las veinticuatro (24) horas. El juez puede adoptar las medidas que estime pertinentes, incluso la cesación de la explotación, con reserva de lo expuesto en los párrafos siguientes. Para el caso que la solicitud a que refiere el segundo párrafo del presente, sea una cooperativa en formación, la misma deberá regularizar su situación en un plazo de cuarenta (40) días, plazo que podría extenderse si existiesen razones acreditadas de origen ajeno a su esfera de responsabilidad que impidan tal cometido. ARTICULO 17. — Sustitúyese el artículo 190 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente: Artículo 190: Trámite común para todos los procesos. En toda quiebra, aun las comprendidas en el artículo precedente, el síndico debe informar al juez dentro de los veinte (20) días corridos contados a partir de la aceptación del cargo, sobre la posibilidad de continuar con la explotación de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos y la conveniencia de enajenarlos en marcha. En la continuidad de la empresa se tomará en consideración el pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia que representen las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales quienes deberán actuar en el período de continuidad bajo la forma de una cooperativa de trabajo. A tales fines deberá presentar en el plazo de veinte (20) días, a partir del pedido formal, un proyecto de explotación conteniendo las proyecciones referentes a la actividad económica que desarrollará, del que se dará traslado al síndico para que en plazo de cinco (5) días emita opinión al respecto. El término de la continuidad de la empresa, cualquiera sea su causa, no hace nacer el derecho a nuevas indemnizaciones laborales. El informe del síndico debe expedirse concretamente sobre los

siguientes aspectos: 1) La posibilidad de mantener la explotación sin contraer nuevos pasivos, salvo los mínimos necesarios para el giro de la explotación de la empresa o establecimiento; 2) La ventaja que resultaría para los acreedores de la enajenación de la empresa en marcha; 3) La ventaja que pudiere resultar para terceros del mantenimiento de la actividad; 4) El plan de explotación acompañado de un presupuesto de recursos, debidamente fundado; 5) Los contratos en curso de ejecución que deben mantenerse; 6) En su caso, las reorganizaciones o modificaciones que deben realizarse en la empresa para hacer económicamente viable su explotación; 7) Los colaboradores que necesitará para la administración de la explotación; 8 ) Explicar el modo en que se pretende cancelar el pasivo preexistente. En caso de disidencias o duda respecto de la continuación de la explotación por parte de los trabajadores, el juez, si lo estima necesario, puede convocar a una audiencia a los intervinientes en la articulación y al síndico, para que comparezcan a ella, con toda la prueba de que intenten valerse. El juez, a los efectos del presente artículo y en el marco de las facultades del artículo 274, podrá de manera fundada extender los plazos que se prevén en la ley para la continuidad de la empresa, en la medida que ello fuere razonable para garantizar la liquidación de cada establecimiento como unidad de negocio y con la explotación en marcha. ARTICULO 18. — Sustitúyese el artículo 191 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente: Artículo 191: La autorización para continuar con la actividad de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos será dada por el juez en caso de que de su interrupción pudiera emanar una grave disminución del valor de realización, se interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse, en aquellos casos que lo estime viable económicamente o en resguardo de la conservación de la fuente laboral de los trabajadores de la empresa declarada en quiebra. En su autorización el juez debe pronunciarse explícitamente por lo menos sobre: 1) El plan de la explotación, para lo cual podrá hacerse asesorar por expertos o entidades

especializadas; 2) El plazo por el que continuará la explotación; a estos fines se tomará en cuenta el ciclo y el tiempo necesario para la enajenación de la empresa; este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por resolución fundada; 3) La cantidad y calificación profesional del personal que continuará afectado a la explotación; 4) Los bienes que pueden emplearse; 5) La designación o no de uno o más coadministradores; y la autorización al síndico para contratar colaboradores de la administración; 6) Los contratos en curso de ejecución que se mantendrán; los demás quedarán resueltos; 7) El tipo y periodicidad de la información que deberá suministrar el síndico y, en su caso, el coadministrador o la cooperativa de trabajo. Esta resolución deberá ser dictada dentro de los diez (10) días posteriores a la presentación del informe de la sindicatura previsto en el artículo 190. La resolución que rechace la continuación de la explotación es apelable por el síndico y la cooperativa de trabajo. ARTICULO 19. — Incorpórase como artículo 191 bis de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el siguiente texto: Artículo 191 bis: En toda quiebra que se haya dispuesto la continuidad de la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos por parte de las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados en cooperativas, incluso en formación, el Estado deberá brindarle la asistencia técnica necesaria para seguir adelante con el giro de los negocios. ARTICULO 20. — Sustitúyese el artículo 192 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente: Artículo 192: Régimen aplicable. De acuerdo a lo que haya resuelto el juez, el síndico, el coadministrador o la cooperativa de trabajo, según fuera el caso, actuarán de acuerdo al siguiente régimen:

1) Se consideran autorizados para realizar todos los actos de administración ordinaria que correspondan a la continuación de la explotación; 2) Para los actos que excedan dicha administración, necesitan autorización judicial, la que sólo será otorgada en caso de necesidad y urgencia evidentes; En dicho caso el juez puede autorizar la constitución de garantías especiales cuando resulte indispensable para asegurar la continuidad de la explotación. 3) Las obligaciones legalmente contraídas por el responsable de la explotación gozan de la preferencia de los acreedores del concurso; 4) En caso de revocación o extinción de la quiebra, el deudor asume de pleno derecho las obligaciones contraídas legalmente por el responsable de la explotación; 5) Sólo podrá disponerse de los bienes afectados con privilegio especial desinteresando al acreedor preferente o sustituyendo dichos bienes por otros de valor equivalente. En caso que la explotación de la empresa o de alguno de los establecimientos se encuentre a cargo de la cooperativa de trabajo será aplicable el presente artículo, con excepción del inciso 3). Conclusión anticipada. El juez puede poner fin a la continuación de la explotación antes del vencimiento del plazo fijado, por resolución fundada, si ella resultare deficitaria o, de cualquier otro modo, ocasionare perjuicio para los acreedores. ARTICULO 21. — Sustitúyese el artículo 195 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente: Artículo 195: Hipoteca y prenda en la continuación de empresa. En caso de continuación de la empresa, los acreedores hipotecarios o prendarios no pueden utilizar el derecho a que se refieren los artículos 126, segunda parte, y 209, sobre los bienes necesarios para la explotación, en los siguientes casos: 1) Cuando los créditos no se hallen vencidos a la fecha de la declaración y el síndico satisfaga las obligaciones posteriores en tiempo debido;

2) Cuando los créditos se hallen vencidos a la fecha de la declaración, mientras no cuenten con resolución firme que acredite su calidad de acreedor hipotecario o prendario; 3) Cuando exista conformidad del acreedor hipotecario o prendario para la suspensión de la ejecución. Son nulos los pactos contrarios a las disposiciones de los incisos 1) y 2). Por decisión fundada y a pedido de la cooperativa de trabajadores, el juez de la quiebra podrá suspender las ejecuciones hipotecarias y/o prendarias por un plazo de hasta dos (2) años. ARTICULO 22. — Incorpórase como último párrafo del artículo 196 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el siguiente: No será de aplicación el párrafo anterior para el caso de que la continuidad de la explotación sea a cargo de una cooperativa de trabajadores o cooperativa de trabajo. ARTICULO 23. — Incorpórase como último párrafo del artículo 197 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el siguiente: No será de aplicación el presente artículo en los casos de continuidad de la explotación a cargo de una cooperativa de trabajadores o sujeto de derecho constituido por trabajadores de la fallida. ARTICULO 24. — Sustitúyese el artículo 199 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente: Artículo 199: Obligaciones laborales del adquirente de la empresa. El adquirente de la empresa cuya explotación haya continuado sólo será considerado sucesor del concurso con respecto a los derechos laborales de los trabajadores cuya relación se mantuvo en este período. En consecuencia, no es sucesor del fallido sino en ese concepto y los importes adeudados con anterioridad a la quiebra serán objeto de verificación o pago en el concurso. En caso de que la adquirente sea la cooperativa de trabajo deberá estarse al régimen de la ley 20.337.

ARTICULO 25. — Modifícase el artículo 201 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 201: Comité de control. Dentro de los diez (10) días contados a partir de la resolución del artículo 36, el síndico debe promover la constitución del comité de control que actuará como controlador de la etapa liquidatoria. A tal efecto cursará comunicación escrita a la totalidad de los trabajadores que integren la planta de personal de la empresa y a los acreedores verificados y declarados admisibles, con el objeto que, por mayoría de capital designen los integrantes del comité. ARTICULO 26. — Modifícase el artículo 203 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 203: Oportunidad. La realización de los bienes se hace por el síndico y debe comenzar de inmediato salvo que se haya interpuesto recurso de reposición contra la sentencia de quiebra, haya sido admitida por el juez la conversión en los términos del artículo 90, o se haya resuelto la continuación de la explotación según lo normado por los artículos 189, 190 y 191. ARTICULO 27. — Incorpórase como artículo 203 bis de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el siguiente: Artículo 203 bis: Los trabajadores reunidos en cooperativa de trabajo están habilitados para solicitar la adquisición de conformidad con el artículo 205, incisos 1) y 2) y podrán hacer valer en ese procedimiento la compensación con los créditos que le asisten a los trabajadores de la fallida, de conformidad a los artículos 241, inciso 2) y 246, inciso 1) de la ley concursal, no siendo aplicable en este caso la prohibición del artículo 211. El monto de las indemnizaciones será calculado, a los fines de la compensación, de conformidad con el artículo 245 de la ley 20.744 (t.o.1976), los estatutos especiales, convenios colectivos o contratos individuales, según el que resultare más favorable a los trabajadores. A tal efecto, podrán utilizarse total o parcialmente los créditos laborales de los que resulten titulares trabajadores que voluntariamente los cedan a la

cooperativa. La cesión se materializará en audiencia a celebrarse ante el juez de la quiebra con intervención de la asociación sindical legitimada. El plazo del pago del precio podrá estipularse al momento de efectuarse la venta. ARTICULO 28. — Sustitúyese el artículo 205 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente: Artículo 205: Enajenación de la empresa. La venta de la empresa o de uno o más establecimientos, se efectúa según el siguiente procedimiento: 1) El designado para la enajenación, tasa aquello que se proyecta vender en función de su valor probable de realización en el mercado; de esa tasación se corre vista a la cooperativa de trabajadores en caso de que ésta se hubiera formado y al síndico quien, además, informará el valor a que hace referencia el artículo 206; 2) En todos los casos comprendidos en el presente artículo la cooperativa de trabajo podrá realizar oferta y requerir la adjudicación de la empresa al valor de tasación de acuerdo al inciso anterior; 3) La venta debe ser ordenada por el juez y puede ser efectuada en subasta pública. En ese caso deben cumplirse las formalidades del artículo 206 y las establecidas en los incisos 4), 5) y 6) del presente artículo, en lo pertinente; 4) Si el juez ordena la venta, sin recurrir a subasta pública, corresponde al síndico, con asistencia de quien haya sido designado para la enajenación, proyectar un pliego de condiciones en el que debe expresar la base del precio, que será la de la tasación efectuada o la que surja del artículo 206, la que sea mayor, descripción sucinta de los bienes, circunstancias referidas a la locación en el caso en que el fallido fuere locatario, y las demás que considere de interés. La base propuesta no puede ser inferior a la tasación prevista en el inciso 1). Pueden incluirse los créditos pendientes de realización, vinculados con la empresa o establecimiento a venderse, en cuyo caso debe incrementarse prudencialmente la base. La condición de venta debe ser al contado, y el precio deberá ser íntegramente pagado con anterioridad a la toma de posesión, la que no podrá exceder de veinte (20) días desde la notificación de la resolución que apruebe la adjudicación. El juez debe decidir el contenido definitivo del pliego, mediante resolución fundada. A tal efecto puede requerir el asesoramiento de especialistas, bancos de inversión, firmas consultoras, u otras

entidades calificadas en aspectos técnicos, económicos, financieros y del mercado. Esta resolución debe ser dictada dentro de los veinte (20) días posteriores a la presentación del proyecto del síndico; 5) Una vez redactado el pliego, se deben publicar edictos por dos (2) días, en el diario de publicaciones legales y en otro de gran circulación en jurisdicción del tribunal y, además, en su caso, en el que tenga iguales características en los lugares donde se encuentren ubicados los establecimientos. Los edictos deben indicar sucintamente la ubicación y destino del establecimiento, base de venta y demás condiciones de la operación; debe expresarse el plazo dentro del cual pueden formularse ofertas dirigidas en sobre cerrado al tribunal y el día y hora en que se procederá a su apertura. El juez puede disponer una mayor publicidad, en el país o en el extranjero, si lo estima conveniente; 6) Las ofertas deben presentarse en sobre cerrado, y contener el nombre, domicilio real y especial constituido dentro de la jurisdicción del tribunal, profesión, edad y estado civil. Deben expresar el precio ofrecido. Tratándose de sociedades, debe acompañarse copia auténtica de su contrato social y de los documentos que acrediten la personería del firmante. El oferente debe acompañar garantía de mantenimiento de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del precio ofrecido, en efectivo, en títulos públicos, o fianza bancaria exigible a primera demanda; 7) Los sobres conteniendo las ofertas deben ser abiertos por el juez, en la oportunidad fijada, en presencia del síndico, oferentes y acreedores que concurran. Cada oferta debe ser firmada por el secretario para su individualización, labrándose acta. En caso de empate el juez puede llamar a mejorar ofertas. Las diligencias indicadas en los incisos 1) a 7) de este artículo deben ser cumplidas dentro de los cuatro (4) meses de la fecha de la quiebra, o desde que ella quede firme, si se interpuso recurso de reposición o desde que haya finalizado la continuación según corresponda para cada caso. El juez puede, por resolución fundada, ampliar el plazo en noventa (90) días; 8 ) A los fines de la adjudicación el juez ponderará especialmente el aseguramiento de la continuidad de la explotación empresaria, mediante el plan de empresa pertinente y la magnitud de la planta de personal que se mantiene en actividad como tutela efectiva de la fuente de trabajo. El plazo para el pago del precio podrá estipularse en el pliego de licitación; 9) Dentro del plazo de veinte (20) días, desde la notificación de la resolución definitiva que apruebe la adjudicación, el oferente debe pagar el precio, depositando el importe. Cumplida esta exigencia, el juez debe ordenar que se practiquen las inscripciones pertinentes, y que se otorgue la posesión

de lo vendido. Si vencido el plazo el adjudicatario no deposita el precio, pierde su derecho y la garantía de mantenimiento de oferta. En ese caso el juez adjudica a la segunda mejor oferta que supere la base; 10) Fracasada la primera licitación, en el mismo acto el juez, convocará a una segunda licitación, la que se llamará sin base. ARTICULO 29. — Sustitúyese el artículo 213 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente: Artículo 213: Venta directa. El juez puede disponer la venta directa de bienes, previa vista al síndico, a la cooperativa de trabajo para el caso de que ésta sea continuadora de la explotación, cuando por su naturaleza, su escaso valor o el fracaso de otra forma de enajenación resultare de utilidad evidente para el concurso. En ese caso, determina la forma de enajenación, que puede confiar al síndico o a un intermediario, institución o mercado especializado. La venta que realicen requiere aprobación judicial posterior. ARTICULO 30. — Sustitúyese el primer párrafo del artículo 217 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, por el siguiente: Artículo 217: Plazos. Las enajenaciones previstas en los artículos 205 a 213 y 214, parte final, deben ser efectuadas dentro de los cuatro (4) meses contados desde la fecha de la quiebra, o desde que ella queda firme, si se interpuso recurso de reposición. El juez puede ampliar ese plazo en noventa (90) días, por resolución fundada. En caso de continuación se aplicará el plazo establecido en el artículo 191, inciso 2). ARTICULO 31. — Modifícase el artículo 260 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 260: Controlador. Comité de control.

El comité provisorio de control en el concurso es un órgano de información y consejo. El comité definitivo es el controlador necesario en la etapa del cumplimiento del acuerdo preventivo, y en la liquidación en la quiebra. Sus integrantes son elegidos por los acreedores por mayoría de capital, y el comité debe ser integrado por un número mínimo de tres (3) acreedores. Asimismo, debe ser integrado por los representantes de los trabajadores, elegidos por los trabajadores de la concursada o fallida. La propuesta de acuerdo preventivo debe incluir la conformación y constitución del comité definitivo de control. El comité constituido para controlar el cumplimiento del acuerdo mantiene sus funciones en caso de declaración de quiebra como consecuencia de incumplimiento del acuerdo. El comité, provisorio o definitivo, en el concurso tiene amplias facultades de información y consejo. Puede requerir información al síndico y al concursado; exigir la exhibición de libros; registros legales y contables; proponer planes de custodia y conservación del patrimonio del concursado; solicitar audiencias ante el juez interviniente, y cuanta otra medida considere conveniente en la etapa procesal de su actuación. En la etapa de liquidación en la quiebra el comité puede proponer medidas, sugerir a quién debe designarse para efectuar la enajenación de los activos o parte de ellos, fundando su proposición en razones de conveniencia para la mejor realización de los bienes; exigir información a los funcionarios del concurso; solicitar audiencias al juez interviniente y cuanta otra medida considere conveniente en la etapa procesal de su actuación. Debe informar de su gestión a los acreedores y a los trabajadores de la concursada o fallida con la periodicidad que se indique en el acuerdo, la que no deberá ser inferior a cuatro (4) meses, y mensualmente en la quiebra, confeccionando y colocando a disposición de los mismos el informe en el domicilio que a tal efecto constituyan en el expediente. El comité deberá emitir opinión para el levantamiento de la inhibición de quien estuviere en etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo, en los casos en que ello fuere necesario en los términos del artículo 60. La remuneración del comité, si se previera ésta, estará regulada en el acuerdo. En caso de quiebra, será fijada por el juez teniendo en cuenta la naturaleza y extensión de las funciones cumplidas. El comité provisorio, previsto en el artículo 14, inciso 13, cumplirá funciones informativas y de control en el trámite de acuerdo preventivo hasta su sustitución por el comité de control conformado en el acuerdo. Durante su desempeño tendrá las facultades previstas en el párrafo segundo, primera parte del presente artículo.

Contratación de asesores profesionales. El comité de control podrá contratar profesionales abogados, contadores, auditores, evaluadores, estimadores, tasadores y cualquier otro que considere conveniente, para que lo asista en su tarea con cargo a los gastos del concurso. La remuneración de dichos profesionales será fijada por el juez al momento de homologación del acuerdo, del cumplimiento del acuerdo preventivo, o de la finalización de la liquidación —según haya sido el caso de la actuación de dichos profesionales— en relación con el desempeño cumplido y la labor realizada, no pudiendo resultar dicha remuneración, en su conjunto para todos los intervinientes, superior al medio por ciento (0,50%) del monto de los créditos de los que resulten titulares los miembros del comité, ni inferior a un sueldo de secretario de primera instancia de la jurisdicción en que tramite el concurso o quiebra. Remoción. Sustitución. La remoción de los integrantes del comité de control se rige por lo dispuesto en el artículo 255. Sin perjuicio de ello, sus integrantes podrán ser sustituidos en cualquier oportunidad por los acreedores, bajo el mismo régimen de mayorías de su designación, excepto los representantes de los trabajadores, que podrán ser sustituidos en cualquier oportunidad por el mismo procedimiento por el que fueron electos. ARTICULO 32. — Modifícase el artículo 262 de la ley 24.522 y sus modificatorias, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 262: Evaluadores. La valuación de las acciones o cuotas representativas del capital en el caso del artículo 48, estará a cargo de bancos de inversión, entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, o estudios de auditoría con más de diez (10) años de antigüedad. Cada cuatro (4) años la Cámara de Apelaciones formará una lista de evaluadores. De la mencionada lista, el comité de control propondrá una terna de evaluadores, sobre la cual elegirá el juez. Si no existiese tal lista por falta de inscriptos, el comité de control sugerirá al juez, dos o más

evaluadores, que reúnan similares requisitos a los establecidos en el párrafo primero de este artículo, correspondiendo al juez efectuar la designación sobre dicha propuesta. La remuneración del evaluador la fijará el juez en la misma oportunidad en que regule los honorarios de los demás funcionarios y abogados, y se hará sobre la base del trabajo efectivamente realizado, sin consideración del monto de la valuación. ARTICULO 33. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A UN DIA DEL MES DE JUNIODEL AÑO DOS MIL ONCE. — REGISTRADA BAJO EL N° 26.684 — EDUARDO A. FELLNER. — JOSE J. B. PAMPURO. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada. Decreto 874/2011 Promúlgase la Ley N° 26.684. Bs. As., 29/6/2011 POR TANTO: Téngase por Ley de la Nación N° 26.684 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Amado Boudou Fuente: CADJM

LEY CONCURSAL BRASIL:

Presidencia da República Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI No 11.101, DE 9 DE FEVEREIRO Regula a recuperado judicial, a extrajudicial e DE 2005. Mensagem de veto a falencia do empresário e da sociedade Vigencia empresária.

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: CAPÍTULO I DISPOSIQÓES PRELIMINARES Art. 1o Esta Lei disciplina a recuperagáo judicial, a recuperagáo extrajudicial e a faléncia do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor. Art. 2o Esta Lei náo se aplica a: 1 - empresa pública e sociedade de economia mista; II - instituigáo financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consorcio, entidade de previdencia complementar, sociedade operadora de plano de assisténcia á saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalizagáo e outras entidades legalmente equiparadas ás anteriores. Art. 3o É competente para homologar o plano de recuperagáo extrajudicial, deferir a recuperagáo judicial ou decretar a faléncia o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Art. 4o (VETADO) CAPÍTULO II DISPOSIQÓES COMUNS Á RECUPERAQÁO JUDICIAL E Á FALÉNCIA Segao I Disposigóes Gerais Art. 5o Náo sáo exigíveis do devedor, na recuperagáo judicial ou na faléncia: I - as obrigagóes a título gratuito; II - as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperagáo judicial ou na faléncia, salvo

as custas judiciais decorrentes de litigio com o devedor.

Art. 6o A decretagáo da falència ou o deferimento do processamelo da recuperagáo judicial suspende o curso da prescrigáo e de todas as agòes e execugòes em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sòcio solidàrio. § 1o Terà prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a agáo que demandar quantia ilíquida. § 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitagáo, exclusáo ou modificagáo de créditos derivados da relagáo de trabalho, mas as agòes de natureza trabalhista, inclusive as impugnagòes a que se refere o art. 8o desta Lei, seráo processadas perante a justiga especializada até a apuragáo do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentenga. § 3o O juiz competente para as agòes referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da importáncia que estimar devida na recuperagáo judicial ou na falència, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluido na classe pròpria. § 4o Na recuperagáo judicial, a suspensáo de que trata o caput deste artigo em hipòtese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperagáo, restabelecendo-se, apòs o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas agòes e execugòes, independentemente de pronunciamento judicial. § 5o Aplica-se o disposto no § 2o deste artigo à recuperagáo judicial durante o período de suspensáo de que trata o § 4o deste artigo, mas, apòs o fim da suspensáo, as execugòes trabalhistas poderáo ser normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro-geral de credores. § 6o Independentemente da verificagáo periòdica perante os cartòrios de distribuigáo, as agòes que venham a ser propostas contra o devedor deveráo ser comunicadas ao juízo da falència ou da recuperagáo judicial: I - pelo juiz competente, quando do recebimento da petigáo inicial; II - pelo devedor, imediatamente apòs a citagáo. § 7o As execugòes de natureza fiscal náo sáo suspensas pelo deferimento da recuperagáo judicial, ressalvada a concessáo de parcelamento nos termos do Còdigo Tributário Nacional e da legislagáo ordinária específica. § 8o A distribuigáo do pedido de falència ou de recuperagáo judicial previne a jurisdigáo para qualquer outro pedido de recuperagáo judicial ou de falència, relativo ao mesmo devedor. Segáo II Da Verificagáo e da Habilitagáo de Créditos Art. 7o A verificagáo dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1o Publicado o editai previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores teráo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitagòes ou suas divergèncias quanto aos créditos relacionados. § 2o O administrador judicial, com base nas informagòes e documentos colhidos na forma do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relagáo de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei teráo acesso aos documentos que fundamentaram a elaboragáo dessa relagáo. Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicagáo da relagáo referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comité, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnagáo contra a relagáo de credores, apontando a auséncia de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importáncia ou classificagáo de crédito relacionado. Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnagáo será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei. Art. 9o A habilitagáo de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: I - o nome, o enderego do credor e o enderego em que receberá comunicagáo de qualquer ato do processo; II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretagáo da faléncia ou do pedido de recuperagáo judicial, sua origem e classificagáo; III - os documentos comprobatórios do crédito e a indicagáo das demais provas a serem produzidas; IV - a indicagáo da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento; V - a especificagáo do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deveráo ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo. Art. 10. Náo observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitagòes de crédito seráo recebidas como retardatárias. § 1o Na recuperagáo judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da relagáo de trabalho, náo teráo direito a voto nas deliberagòes da assembléia-geral de credores. § 2o Aplica-se o disposto no § 1o deste artigo ao processo de faléncia, salvo se, na data da realizagáo da assembléia-geral, já houver sido homologado o quadro-geral de credores contendo o crédito retardatário. § 3o Na faléncia, os créditos retardatários perderáo o direito a rateios eventualmente realizados e ficaráo sujeitos ao pagamento de custas, náo se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitagáo.

§ 4o Na hipótese prevista no § 3o deste artigo, o credor poderá requerer a reserva de valor para satisfagáo de seu crédito. § 5o As habilitagóes de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologagáo do quadro-geral de credores, seráo recebidas como impugnagáo e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei. § 6o Após a homologagáo do quadro-geral de credores, aqueles que náo habilitaram seu crédito poderáo, observado, no que couber, o procedimento ordinàrio previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da faléncia ou da recuperagáo judicial a retificagáo do quadro-geral para inclusáo do respectivo crédito. Art. 11. Os credores cujos créditos forem impugnados seráo intimados para contestar a impugnagáo, no prazo de 5 (cinco) dias, juntando os documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias. Art. 12. Transcorrido o prazo do art. 11 desta Lei, o devedor e o Comité, se houver, seráo intimados pelo juiz para se manifestar sobre ela no prazo comum de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. Findo o prazo a que se refere o caput deste artigo, o administrador judicial será intimado pelo juiz para emitir parecer no prazo de 5 (cinco) dias, devendo juntar à sua manifestagáo o laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informagóes existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou náo da relagáo de credores, objeto da impugnagáo. Art. 13. A impugnagáo será dirigida ao juiz por meio de petigáo, instruida com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias. Parágrafo único. Cada impugnagáo será autuada em separado, com os documentos a ela relativos, mas teráo uma só autuagáo as diversas impugnagóes versando sobre o mesmo crédito. Art. 14. Caso náo haja impugnagóes, o juiz homologará, como quadro-geral de credores, a relagáo dos credores constante do edital de que trata o art. 7o, § 2o, desta Lei, dispensada a publicagáo de que trata o art. 18 desta Lei. Art. 15. Transcorridos os prazos previstos nos arts. 11 e 12 desta Lei, os autos de impugnagáo seráo conclusos ao juiz, que: I - determinará a inclusáo no quadro-geral de credores das habilitagóes de créditos náo impugnadas, no valor constante da relagáo referida no § 2o do art. 7o desta Lei; II - julgará as impugnagóes que entender suficientemente esclarecidas pelas alegagóes e provas apresentadas pelas partes, mencionando, de cada crédito, o valor e a classificagáo; III - fixará, em cada uma das restantes impugnagóes, os aspectos controvertidos e decidirá as questóes processuais pendentes; IV - determinará as provas a serem produzidas, designando audiéncia de instrugáo e julgamento, se necessário. Art. 16. O juiz determinará, para fins de rateio, a reserva de valor para satisfagáo do crédito impugnado.

Parágrafo único. Sendo parcial, a impugnagáo náo impedirá o pagamento da parte incontroversa. Art. 17. Da decisáo judicial sobre a impugnagáo caberá agravo. Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo á decisáo que reconhece o crédito ou determinar a inscrigáo ou modificagáo do seu valor ou classificagáo no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembléia-geral. Art. 18. O administrador judicial será responsável pela consolidagáo do quadro-geral de credores, a ser homologado pelo juiz, com base na relagáo dos credores a que se refere o art. 7o, § 2o, desta Lei e nas decisoes proferidas nas impugnagoes oferecidas. Parágrafo único. O quadro-geral, assinado pelo juiz e pelo administrador judicial, mencionará a importáncia e a classificagáo de cada crédito na data do requerimento da recuperagáo judicial ou da decretagáo da faléncia, será juntado aos autos e publicado no órgáo oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data da sentenga que houver julgado as impugnagoes. Art. 19. O administrador judicial, o Comité, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperagáo judicial ou da faléncia, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusáo, outra classificagáo ou a retificagáo de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulagáo, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusáo no quadro-geral de credores. § 1o A agáo prevista neste artigo será proposta exclusivamente perante o juízo da recuperagáo judicial ou da faléncia ou, nas hipóteses previstas no art. 6o, §§ 1o e 2o, desta Lei, perante o juízo que tenha originariamente reconhecido o crédito. § 2o Proposta a agáo de que trata este artigo, o pagamento ao titular do crédito por ela atingido somente poderá ser realizado mediante a prestagáo de caugáo no mesmo valor do crédito questionado. Art. 20. As habilitagoes dos credores particulares do sócio ilimitadamente responsável processar-se-áo de acordo com as disposigoes desta Segáo. Segáo III Do Administrador Judicial e do Comité de Credores Art. 21. O administrador judicial será profissional idóneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada. Parágrafo único. Se o administrador judicial nomeado for pessoa jurídica, declarar-se-á, no termo de que trata o art. 33 desta Lei, o nome de profissional responsável pela condugáo do processo de faléncia ou de recuperagáo judicial, que náo poderá ser substituído sem autorizagáo do juiz. Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalizagáo do juiz e do Comité, além de outros deveres que esta Lei lhe impoe: I - na recuperagáo judicial e na faléncia:

a) enviar correspondència aos credores constantes na relapäo de que trata o inciso III do caput do art. 51, o inciso III do caput do art. 99 ou o inciso II do caput do art. 105 desta Lei, comunicando a data do pedido de recuperapäo judicial ou da decretapäo da falència, a natureza, o valor e a classificapäo dada ao crédito; b) fornecer, com presteza, todas as informales pedidas pelos credores interessados; c) dar extratos dos livros do devedor, que mereceräo fé de oficio, a fim de servirem de fundamento nas habilitares e impugnapöes de créditos; d) exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informapöes; e) elaborar a relapäo de credores de que trata o § 2o do art. 7o desta Lei; f) consolidar o quadro-geral de credores nos termos do art. 18 desta Lei; g) requerer ao juiz convocapäo da assembléia-geral de credores nos casos previstos nesta Lei ou quando entender necessària sua ouvida para a tomada de decisöes; h) contratar, mediante autorizapäo judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessàrio, auxilià-lo no exercicio de suas funpöes; i) manifestar-se nos casos previstos nesta Lei; II - na recuperapäo judicial: a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperapäo judicial; b) requerer a falència no caso de descumprimento de obrigapäo assumida no plano de recuperapäo; c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor; d) apresentar o relatório sobre a execupäo do plano de recuperapäo, de que trata o inciso III do caput do art. 63 desta Lei; III - na falència: a) avisar, pelo 0rgäo oficial, o lugar e hora em que, diariamente, os credores teräo à sua disposipäo os livros e documentos do falido; b) examinar a escriturapäo do devedor; c) relacionar os processos e assumir a representapäo judicial da massa falida; d) receber e abrir a correspondència dirigida ao devedor, entregando a ele o que näo for assunto de interesse da massa; e) apresentar, no prazo de 40 (quarenta) dias, contado da assinatura do termo de compromisso, prorrogável por igual periodo, relatório sobre as causas e circunstäncias que conduziram à situapäo de falència, no qual apontarà a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no art. 186 desta Lei;

f) arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadagáo, nos termos dos arts. 108 e 110 desta Lei; g) avaliar os bens arrecadados; h) contratar avaliadores, de preferéncia oficiais, mediante autorizagáo judicial, para a avaliagáo dos bens caso entenda náo ter condigòes técnicas para a tarefa; i) praticar os atos necessários à realizagáo do ativo e ao pagamento dos credores; j) requerer ao juiz a venda antecipada de bens perecíveis, deterioráveis ou sujeitos a considerável desvalorizagáo ou de conservagáo arriscada ou dispendiosa, nos termos do art. 113 desta Lei; l) praticar todos os atos conservatorios de direitos e agòes, diligenciar a cobranga de dividas e dar a respectiva quitagáo; m) remir, em beneficio da massa e mediante autorizagáo judicial, bens apenhados, penhorados ou legalmente retidos; n) representar a massa falida em juízo, contratando, se necessàrio, advogado, cujos honorários seráo previamente ajustados e aprovados pelo Comité de Credores; o) requerer todas as medidas e diligéncias que forem necessárias para o cumprimento desta Lei, a protegáo da massa ou a eficiéncia da administragáo; p) apresentar ao juiz para juntada aos autos, até o 10o (décimo) dia do més seguinte ao vencido, conta demonstrativa da administragáo, que especifique com clareza a receita e a despesa; q) entregar ao seu substituto todos os bens e documentos da massa em seu poder, sob pena de responsabilidade; r) prestar contas ao final do processo, quando for substituido, destituido ou renunciar ao cargo. § 1o As remuneragòes dos auxiliares do administrador judicial seráo fixadas pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. § 2o Na hipótese da alinea d do inciso I do caput deste artigo, se houver recusa, o juiz, a requerimento do administrador judicial, intimará aquelas pessoas para que comparegam à sede do juizo, sob pena de desobediéncia, oportunidade em que as interrogará na presenga do administrador judicial, tomando seus depoimentos por escrito. § 3o Na faléncia, o administrador judicial náo poderá, sem autorizagáo judicial, após ouvidos o Comité e o devedor no prazo comum de 2 (dois) dias, transigir sobre obrigagòes e direitos da massa falida e conceder abatimento de dividas, ainda que sejam consideradas de dificil recebimento. § 4o Se o relatório de que trata a alinea e do inciso III do caput deste artigo apontar responsabilidade penal de qualquer dos envolvidos, o Ministério Público será intimado para tomar conhecimento de seu teor.

Art. 23. O administrador judicial que náo apresentar, no prazo estabelecido, suas contas ou qualquer dos relatórios previstos nesta Lei será intimado pessoalmente a fazé-lo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desobediéncia. Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador judicial e nomeará substituto para elaborar relatórios ou organizar as contas, explicitando as responsabilidades de seu antecessor. Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneragáo do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. § 1o Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial náo excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos á recuperagáo judicial ou do valor de venda dos bens na faléncia. § 2o Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei. § 3o O administrador judicial substituido será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razáo ou for destituido de suas fungóes por desidia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigagóes fixadas nesta Lei, hipóteses em que náo terá direito á remuneragáo. § 4o Também náo terá direito a remuneragáo o administrador que tiver suas contas desaprovadas. § 5o A remuneragáo do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte. (Incluido pela Lei Complementar n° 147, de 2014) Art. 25. Caberá ao devedor ou á massa falida arcar com as despesas relativas á remuneragáo do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. Art. 26. O Comité de Credores será constituido por deliberagáo de qualquer das classes de credores na assembléia-geral e terá a seguinte composigáo: I - 1 (um) representante indicado pela classe de credores trabalhistas, com 2 (dois) suplentes; II - 1 (um) representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais, com 2 (dois) suplentes; III - 1 (um) representante indicado pela classe de credores quirografários e com privilégios gerais, com 2 (dois) suplentes. IV - 1 (um) representante indicado pela classe de credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, com 2 (dois) suplentes. (Incluido pela Lei Complementar n° 147, de 2014) § 1o A falta de indicagáo de representante por quaisquer das classes náo prejudicará a constituigáo do Comité, que poderá funcionar com número inferior ao previsto no caput deste artigo.

§ 2o O juiz determinará, mediante requerimento subscrito por credores que representem a maioria dos créditos de uma classe, independentemente da realizagáo de assembléia: I - a nomeagáo do representante e dos suplentes da respectiva classe ainda náo representada no Comité; ou II - a substituigáo do representante ou dos suplentes da respectiva classe. § 3o Caberá aos próprios membros do Comité indicar, entre eles, quem irá presidi-lo. Art. 27. O Comité de Credores terá as seguintes atribuigóes, além de outras previstas nesta Lei: I - na recuperagáo judicial e na faléncia: a) fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial; b) zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei; c) comunicar ao juiz, caso detecte violagáo dos direitos ou prejuízo aos interesses dos credores; d) apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamagóes dos interessados; e) requerer ao juiz a convocagáo da assembléia-geral de credores; f) manifestar-se nas hipóteses previstas nesta Lei; II - na recuperagáo judicial: a) fiscalizar a administragáo das atividades do devedor, apresentando, a cada 30 (trinta) dias, relatório de sua situagáo; b) fiscalizar a execugáo do plano de recuperagáo judicial; c) submeter á autorizagáo do juiz, quando ocorrer o afastamento do devedor nas hipóteses previstas nesta Lei, a alienagáo de bens do ativo permanente, a constituigáo de onus reais e outras garantias, bem como atos de endividamento necessários á continuagáo da atividade empresarial durante o período que antecede a aprovagáo do plano de recuperagáo judicial. § 1o As decisóes do Comité, tomadas por maioria, seráo consignadas em livro de atas, rubricado pelo juízo, que ficará á disposigáo do administrador judicial, dos credores e do devedor. § 2o Caso náo seja possível a obtengáo de maioria em deliberagáo do Comité, o impasse será resolvido pelo administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, pelo juiz. Art. 28. Náo havendo Comité de Credores, caberá ao administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuigóes. Art. 29. Os membros do Comité náo teráo sua remuneragáo custeada pelo devedor ou pela massa falida, mas as despesas realizadas para a realizagáo de ato previsto nesta Lei, se

devidamente comprovadas e com a autorizagáo do juiz, seráo ressarcidas atendendo ás disponibilidades de caixa. Art. 30. Náo poderá integrar o Comité ou exercer as fungóes de administrador judicial quem, nos últimos 5 (cinco) anos, no exercício do cargo de administrador judicial ou de membro do Comité em faléncia ou recuperagáo judicial anterior, foi destituido, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve a prestagáo de contas desaprovada. § 1o Ficará também impedido de integrar o Comité ou exercer a fungáo de administrador judicial quem tiver relagáo de parentesco ou afinidade até o 3o (terceiro) grau com o devedor, seus administradores, controladores ou representantes legais ou deles for amigo, inimigo ou dependente. § 2o O devedor, qualquer credor ou o Ministério Público poderá requerer ao juiz a substituigáo do administrador judicial ou dos membros do Comité nomeados em desobediéncia aos preceitos desta Lei. § 3o O juiz decidirá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o requerimento do § 2o deste artigo. Art. 31. O juiz, de oficio ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado, poderá determinar a destituigáo do administrador judicial ou de quaisquer dos membros do Comité de Credores quando verificar desobediéncia aos preceitos desta Lei, descumprimento de deveres, omissáo, negligéncia ou prática de ato lesivo ás atividades do devedor ou a terceiros. § 1o No ato de destituigáo, o juiz nomeará novo administrador judicial ou convocará os suplentes para recompor o Comité. § 2o Na faléncia, o administrador judicial substituido prestará contas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos §§ 1o a 6o do art. 154 desta Lei. Art. 32. O administrador judicial e os membros do Comité responderáo pelos prejuízos causados á massa falida, ao devedor ou aos credores por dolo ou culpa, devendo o dissidente em deliberagáo do Comité consignar sua discordáncia em ata para eximir-se da responsabilidade. Art. 33. O administrador judicial e os membros do Comité de Credores, logo que nomeados, seráo intimados pessoalmente para, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar, na sede do juízo, o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes. Art. 34. Náo assinado o termo de compromisso no prazo previsto no art. 33 desta Lei, o juiz nomeará outro administrador judicial. Segao IV Da Assembléia-Geral de Credores Art. 35. A assembléia-geral de credores terá por atribuigóes deliberar sobre: I - na recuperagáo judicial: a) aprovagáo, rejeigáo ou modificagáo do plano de recuperagáo judicial apresentado pelo devedor;

b) a constituigáo do Comité de Credores, a escolha de seus membros e sua substituigáo; c) (VETADO) d) o pedido de desisténcia do devedor, nos termos do § 4o do art. 52 desta Lei; e) o nome do gestor judicial, quando do afastamento do devedor; f) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores; II - na faléncia: a) (VETADO) b) a constituigáo do Comité de Credores, a escolha de seus membros e sua substituigáo; c) a adogáo de outras modalidades de realizagáo do ativo, na forma do art. 145 desta Lei; d) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Art. 36. A assembléia-geral de credores será convocada pelo juiz por edital publicado no órgáo oficial e em jornais de grande circulagáo nas localidades da sede e filiais, com antecedéncia mínima de 15 (quinze) dias, o qual conterá: I - local, data e hora da assembléia em 1a (primeira) e em 2a (segunda) convocagáo, náo podendo esta ser realizada menos de 5 (cinco) dias depois da 1a (primeira); II - a ordem do dia; III - local onde os credores poderáo, se for o caso, obter cópia do plano de recuperagáo judicial a ser submetido á deliberagáo da assembléia. § 1o Cópia do aviso de convocagáo da assembléia deverá ser afixada de forma ostensiva na sede e filiais do devedor. § 2o Além dos casos expressamente previstos nesta Lei, credores que representem no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do valor total dos créditos de uma determinada classe poderáo requerer ao juiz a convocagáo de assembléia-geral. § 3o As despesas com a convocagáo e a realizagáo da assembléia-geral correm por conta do devedor ou da massa falida, salvo se convocada em virtude de requerimento do Comité de Credores ou na hipótese do § 2o deste artigo. Art. 37. A assembléia será presidida pelo administrador judicial, que designará 1 (um) secretário dentre os credores presentes. § 1o Nas deliberagoes sobre o afastamento do administrador judicial ou em outras em que haja incompatibilidade deste, a assembléia será presidida pelo credor presente que seja titular do maior crédito.

§ 2o A assembléia instalar-se-á, em 1a (primeira) convocagáo, com a presenga de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, em 2a (segunda) convocagáo, com qualquer número. § 3o Para participar da assembléia, cada credor deverá assinar a lista de presenga, que será encerrada no momento da instalagáo. § 4o O credor poderá ser representado na assembléia-geral por mandatàrio ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocagáo, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicagáo das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento. § 5o Os sindicatos de trabalhadores poderáo representar seus associados titulares de créditos derivados da legislagáo do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que náo comparecerem, pessoalmente ou por procurador, à assembléia. § 6o Para exercer a prerrogativa prevista no § 5o deste artigo, o sindicato deverá: I - apresentar ao administrador judicial, até 10 (dez) dias antes da assembléia, a relagáo dos associados que pretende representar, e o trabalhador que conste da relagáo de mais de um sindicato deverá esclarecer, até 24 (vinte e quatro) horas antes da assembléia, qual sindicato o representa, sob pena de náo ser representado em assembléia por nenhum deles; e II - (VETADO) § 7o Do ocorrido na assembléia, lavrar-se-á ata que conterá o nome dos presentes e as assinaturas do presidente, do devedor e de 2 (dois) membros de cada uma das classes votantes, e que será entregue ao juiz, juntamente com a lista de presenga, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Art. 38. O voto do credor será proporcional ao valor de seu crédito, ressalvado, nas deliberagoes sobre o plano de recuperagáo judicial, o disposto no § 2o do art. 45 desta Lei. Parágrafo único. Na recuperagáo judicial, para fins exclusivos de votagáo em assembléia- geral, o crédito em moeda estrangeira será convertido para moeda nacional pelo càmbio da véspera da data de realizagáo da assembléia. Art. 39. Teráo direito a voto na assembléia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relagáo de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7o, § 2o, desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na relagáo apresentada pelo pròprio devedor nos termos dos arts. 51, incisos III e IV do caput, 99, inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realizagáo da assembléia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisáo judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importàncias, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei. § 1o Náo teráo direito a voto e náo seráo considerados para fins de verificagáo do quorum de instalagáo e de deliberagáo os titulares de créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei. § 2o As deliberagoes da assembléia-geral náo seráo invalidadas em razáo de posterior decisáo judicial acerca da existéncia, quantificagáo ou classificagáo de créditos.

§ 3o No caso de posterior invalidagáo de deliberagáo da assembléia, ficam resguardados os direitos de terceiros de boa-fé, respondendo os credores que aprovarem a deliberagáo pelos prejuízos comprovados causados por dolo ou culpa. Art. 40. Náo será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensáo ou adiamento da assembléia-geral de credores em razáo de pendéncia de discussáo acerca da existéncia, da quantificagáo ou da classificagáo de créditos. Art. 41. A assembléia-geral será composta pelas seguintes classes de credores: I - titulares de créditos derivados da legislagáo do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho; II - titulares de créditos com garantia real; III - titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados. IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. (Incluido pela Lei Complementar n° 147, de 2014) § 1o Os titulares de créditos derivados da legislagáo do trabalho votam com a classe prevista no inciso I do caput deste artigo com o total de seu crédito, independentemente do valor. § 2o Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe prevista no inciso II do caput deste artigo até o limite do valor do bem gravado e com a classe prevista no inciso III do caput deste artigo pelo restante do valor de seu crédito. Art. 42. Considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes á assembléia- geral, exceto nas deliberagoes sobre o plano de recuperagáo judicial nos termos da alinea a do inciso I do caput do art. 35 desta Lei, a composigáo do Comité de Credores ou forma alternativa de realizagáo do ativo nos termos do art. 145 desta Lei. Art. 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participagáo superior a 10% (dez por cento) do capital social do devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participagáo superior a 10% (dez por cento) do capital social, poderáo participar da assembléia-geral de credores, sem ter direito a voto e náo seráo considerados para fins de verificagáo do quorum de instalagáo e de deliberagáo. Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica ao cónjuge ou parente, consangüíneo ou afim, colateral até o 2o (segundo) grau, ascendente ou descendente do devedor, de administrador, do sócio controlador, de membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes da sociedade devedora e á sociedade em que quaisquer dessas pessoas exergam essas fungoes. Art. 44. Na escolha dos representantes de cada classe no Comité de Credores, somente os respectivos membros poderáo votar. Art. 45. Nas deliberagoes sobre o plano de recuperagáo judicial, todas as classes de credores referidas no art. 41 desta Lei deveráo aprovar a proposta.

§ 1o Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembléia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes. § 2o Na classe prevista no inciso I do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. § 2o Nas classes previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. (Redaçâo dada pela Lei Complementar n° 147, de 2014) § 3o O credor nâo terá direito a voto e nâo será considerado para fins de verificaçâo de quorum de deliberaçâo se o plano de recuperaçâo judicial nâo alterar o valor ou as condiçôes originais de pagamento de seu crédito. Art. 46. A aprovaçâo de forma alternativa de realizaçâo do ativo na falência, prevista no art. 145 desta Lei, dependerá do voto favorável de credores que representem 2/3 (dois terços) dos créditos presentes à assembléia. CAPÍTULO III DA RECUPERAÇÂO JUDICIAL Seçâo I Disposiçôes Gérais Art. 47. A recuperaçâo judicial tem por objetivo viabilizar a superaçâo da situaçâo de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutençâo da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservaçâo da empresa, sua funçâo social e o estímulo à atividade económica. Art. 48. Poderá requerer recuperaçâo judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: I - nâo ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; II - nâo ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessâo de recuperaçâo judicial; III - nâo ter, há menos de 8 (oito) anos, obtido concessâo de recuperaçâo judicial com base no plano especial de que trata a Seçâo V deste Capítulo; III - nâo ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessâo de recuperaçâo judicial com base no plano especial de que trata a Seçâo V deste Capítulo; (Redaçâo dada pela Lei Complementar n° 147, de 2014) IV - nâo ter sido condenado ou nâo ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

§ 1o A recuperagáo judicial também poderá ser requerida pelo conjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. (Renumerado pela Lei n° 12.873, de 2013) § 2o Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovagáo do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaragáo de Informagóes Economico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente. (Incluido pela Lei n° 12.873, de 2013) Art. 49. Estáo sujeitos à recuperagáo judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que náo vencidos. § 1o Os credores do devedor em recuperagáo judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. § 2o As obrigagóes anteriores à recuperagáo judicial observaráo as condigóes originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperagáo judicial. § 3o Tratando-se de credor titular da posigáo de proprietàrio fiduciàrio de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietàrio ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporagóes imobiliárias, ou de proprietàrio em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito náo se submeterá aos efeitos da recuperagáo judicial e prevaleceráo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condigóes contratuais, observada a legislagáo respectiva, náo se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensáo a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. § 4o Náo se sujeitará aos efeitos da recuperagáo judicial a importància a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei. § 5o Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicagóes financeiras ou valores mobiliários, poderáo ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperagáo judicial e, enquanto náo renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensáo de que trata 0 § 4o do art. 6o desta Lei. Art. 50. Constituem meios de recuperagáo judicial, observada a legislagáo pertinente a cada caso, dentre outros: 1 - concessáo de prazos e condigóes especiais para pagamento das obrigagóes vencidas ou vincendas; II - cisáo, incorporagáo, fusáo ou transformagáo de sociedade, constituigáo de subsidiária integral, ou cessáo de cotas ou agóes, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislagáo vigente; III - alteragáo do controle societário; IV - substituigáo total ou parcial dos administradores do devedor ou modificagáo de seus órgáos administrativos;

V - concessâo aos credores de direito de eleiçâo em separado de administradores e de poder de veto em relaçâo às matérias que o plano especificar; VI - aumento de capital social; VII - trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituida pelos próprios empregados; VIII - reduçâo salarial, compensaçâo de horários e reduçâo da jornada, mediante acordo ou convençâo coletiva; IX - daçâo em pagamento ou novaçâo de dividas do passivo, com ou sem constituiçâo de garantia própria ou de terceiro; X - constituiçâo de sociedade de credores; XI - venda parcial dos bens; XII - equalizaçâo de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuiçâo do pedido de recuperaçâo judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuizo do disposto em legislaçâo especifica; XIII - usufruto da empresa; XIV - administraçâo compartilhada; XV - emissâo de valores mobiliários; XVI - constituiçâo de sociedade de propósito especifico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor. § 1o Na alienaçâo de bem objeto de garantia real, a supressâo da garantia ou sua substituiçâo somente serâo admitidas mediante aprovaçâo expressa do credor titular da respectiva garantia. § 2o Nos créditos em moeda estrangeira, a variaçâo cambial será conservada como parámetro de indexaçâo da correspondente obrigaçâo e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsâo diversa no plano de recuperaçâo judicial. Seçâo II Do Pedido e do Processamento da Recuperaçâo Judicial Art. 51. A petiçâo inicial de recuperaçâo judicial será instruida com: I - a exposiçâo das causas concretas da situaçâo patrimonial do devedor e das razóes da crise econômico-financeira; II - as demonstraçôes contábeis relativas aos 3 (très) últimos exercicios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observáncia da legislaçâo societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial;

b) demonstraçâo de resultados acumulados; c) demonstraçâo do resultado desde o último exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeçâo; III - a relaçâo nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigaçâo de fazer ou de dar, com a indicaçâo do endereço de cada um, a natureza, a classificaçâo e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicaçâo dos registros contábeis de cada transaçâo pendente; IV - a relaçâo integral dos empregados, em que constem as respectivas funçôes, salários, indenizaçôes e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminaçâo dos valores pendentes de pagamento; V - certidâo de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeaçâo dos atuais administradores; VI - a relaçâo dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor; VII - os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicaçôes financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituiçôes financeiras; VIII - certidóes dos cartórios de protestos situados na comarca do domicilio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial; IX - a relaçâo, subscrita pelo devedor, de todas as açôes judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a esti