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LEY 188 de 1995(Junio 2)

DIARIO OFICIAL NO. 41.876, DE 05 DE JUNIO DE 1995. PAG. 1

Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones 1995-1998

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

Artículo 1o. El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones 1995_1998.

El Salto Social, que se expide por medio de la presente Ley, tiene como objeto

orientar la acción del Estado y de la sociedad civil hacia el crecimiento integral de

la persona humana y el desarrollo solidario de la comunidad colombiana.

Artículo 2o. Apruébese como integrante de la Parte General del Plan Nacional de

Desarrollo e incorpórese como anexo de la presente Ley, el documento El Salto

Social, elaborado por la Presidencia de la República y el Departamento Nacional

de Planeación, con todas las modificaciones, adiciones y orientaciones generales

contenidas en la ponencia para segundo debate y en las otras proposiciones

aprobadas por el Congreso de la República.

Téngase como anexo de la presente Ley los documentos: Todas y Todos somos

Nación del Consejo Nacional de Planeación, el Desarrollo está en sus Manos,

elaborado por la Comisión Séptima del Senado y las demás contribuciones de las

Comisiones y de los parlamentarios aprobadas por el Congreso de la República,

que no figuran en el articulado de esta Ley.

Artículo 3o. Son propósitos del pueblo colombiano por medio del Plan Nacional de

Desarrollo El Salto Social:

1. Contribuir con el desarrollo integral de la persona y de la comunidad

colombianas.

2. Buscar, unido con los demás pueblos de buena voluntad del mundo un

humanismo capaz de impregnar con espíritu fraterno a la civilización mundial que

se está gestando para el próximo milenio, de modo que el hombre moderno se

halle a sí mismo en el gozo de su autorealización por el servicio y la solidaridad.

3. Lograr un aumento del crecimiento económico que permita obtener mayor

riqueza y distribuirla en forma más equitativa.

4. Promover la productividad y la competividad de la economía colombiana para

responder con éxito a las exigencias de la economía internacional.

5. Orientar la economía colombiana hacia el servicio del hombre.

6. Participar con dignidad y justicia en la vida y el progreso de la comunidad

colombiana y de la sociedad internacional.

AVISO INFORMATIVO: Consulte también las normas en la página del Diario Oficial en la siguiente dirección www.imprenta.gov.co

http://www.imprenta.gov.co/

Artículo 4o. Para realizar los propósitos del Plan, el Estado y la sociedad civil

deber (sic) aunar sus esfuerzos con el fin de formar un nuevo ciudadano

colombiano: más productivo en lo económico; más solidario en lo social; más

participativo y tolerante en lo político; más respetuoso de los derechos humanos

y, por tanto, más pacífico en sus relaciones con sus semejantes; más integrado

en lo cultural y, por tanto, más orgulloso de ser colombiano.

Artículo 5o. Fíjanse como objetivos nacionales de largo plazo del Plan Salto

Social, uno de carácter cualitativo que consiste en el diseño y aplicación de un

modelo alternativo de desarrollo y otros de orden cuantitativo que se expresan en

montos de inversión y en metas sectoriales.

Artículo 6o. El Estado y la sociedad civil funcionalmente organizada, diseñarán y

aplicarán un modelo alternativo de desarrollo humano integral que movilice

permanente y participativamente al pueblo colombiano y organice sus recursos y

medios para lograr los propósitos del Plan Salto Social, orientados hacia la

formación del nuevo ciudadano colombiano.

Artículo 7o. Los principios que deben orientar la construcción y funcionamiento del

Modelo Alternativo de Desarrollo, además de los contemplados en la Ley 152/94,

son:

1. La equidad y la solidaridad son valores esenciales de la política económica y

social, y fuentes básicas de la estabilidad social y de la paz.



2. La movilización, permanente y participativa, del conjunto de la sociedad civil y

del Estado, es necesaria para asegurar el adecuado funcionamiento del Modelo

Alternativo.

3. Las ventajas competitivas son esencialmente creadas, por lo cual el mayor

dinamismo económico no es un resultado automático del libre juego de las

fuerzas del mercado.

4. El crecimiento económico depende no sólo de la inversión de los distintos

agentes individuales, sino también de la acumulación, tanto del capital social

como del cívico e institucional.

5. El reconocimiento y respeto de la diversidad étnica, cultural y regional es

condición para el desarrollo.

6. La dinámica de concertación debe superar progresivamente a la dinámica del

conflicto en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil y entre los agentes e

instituciones de esta última entre sí.

7. El desarrollo debe ser integral para que abarque las dimensiones materiales,

espirituales y trascendentales de la persona y humanicen todas las estructuras

que componen el sistema social del país.

Artículo 8o. El Modelo Alternativo de Desarrollo Humano Integral, debe ser:



Moderno. Que responda los desafíos de la época con visión futurológica y

prospectiva, a partir de las experiencias positivas y valores perennes realizados

por el pueblo colombiano en el pasado, aunados a los que portan otros modelos

de desarrollo contemporáneos.

Auténtico. Que no sea imitativo de otros pero sí capaz de hacer una síntesis

creadora entre la identidad de la cultura colombiana y la experiencia universal.

Funcional. Que articule al Estado y a la sociedad civil estructuralmente organizada

dentro del proceso de desarrollo.

Artículo 9o. Reconózcase y promuévase el espacio de participación ciudadana

como el ámbito de encuentro del espacio público propio del Estado con el espacio

privado propio de la sociedad civil, con el fin de propiciar la concertación y la

acción de ésta y de aquél en el proceso de desarrollo.

Artículo 10. Las estrategias económicas, para la fomación (sic) del nuevo

ciudadano colombiano más productivo en lo económico, se orientarán hacia la

promoción y el estímulo del trabajo nacional con el fin de lograr más y mejores

empleos. Las principales estrategias económicas serán:



1. La estrategia macroeconómica, para asegurar el crecimiento y la estabilidad

económica del país, así como la generación de empleo productivo, que

garanticen:

2. La estrategia de competitividad para la internacionalización, para optimar las

fortalezas de la estructura productiva colombiana y de sus infraestructura física

con el objeto de hacer frente a las exigencias de la economía mundial.

3. La estrategia de economía solidaria, para introducir la solidaridad en la

economía y en los procesos productivos dándole prioridad al trabajo asociado.

Artículo 11. Las estrategias sociales para la formación del nuevo ciudadano más

solidario en lo social, más pacífico en sus relaciones con sus semejantes, más

integrado en lo cultural, y por tanto más orgulloso de ser colombiano, buscarán

que el país aprenda a ser comunidad educativa total. Las principales son:

1. La estrategia salto educativo y cultural, para universalizar la educación básica,

fomentar la educación superior, organizar la educación extraescolar de la niñez y

la juventud y promover el deporte, infundir el espíritu de la educación en todas las

estructuras del sistema social, y dinamizar la cultura como fundamento de la

identidad nacional.

2. Las estrategias para el mejoramiento de las condiciones de vida, para asumir

una opción preferencial por los pobres, dar prioridad a la inversión social y

superar la marginalidad social. Las principales son:



_ Ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento

ambiental.

_ Extensión de la cobertura de la seguridad social integral.

_ Mejoramiento del hábitat.

_ Disminución de la desnutrición.

_ Generación de empleo e ingresos por medio de programas especiales para

poblaciones vulnerables.

_ Acceso de pequeños productores urbanos y rurales a los recursos productivos y

servicios sociales.

3. Estrategia de fortalecimiento de la familia, para formar a la niñez y a la

juventud, impulsar la educación continuada de los adultos, asimilar la sabiduría de

quienes han llegado a la edad avanzada, garantizar el equilibrio ético y afectivo de

la sociedad, y brindarles estabilidad y dinamismo a los procesos de

personalización e integración comunitaria.

4. Estrategia de pueblos y comunidades afrocolombianas y raizales para que

comunidades confundantes de la nacionalidad colombiana sean autoras de su

propio progreso y creadoras de un mundo cultural acorde con su identidad y



puedan, en diálogo fecundo con otros núcleos sociales configurantes de la

Nación, brindar sus valores y sabiduría y recibir justo apoyo.

5. Estrategia de migraciones y asentamientos humanos, para ordenar los flujos

migratorios de la población en el territorio nacional y en el exterior, e incidir sobre

sus causas y efectos en la vida rural y urbana.

Artículo 12. Estrategia de información y comunicación social, para garantizar a las

personas, a los grupos y a las instituciones el ejercicio del derecho a brindar y

recibir información, a intercomunicarse usando los avances tecnológicos y a

participar en la formación de la opinión pública.

Artículo 13. Las estrategias para el desarrollo humano integral sostenible deben

encaminarse hacia la formación del nuevo ciudadano colombiano más consciente

del valor de la naturaleza y, por tanto, menos depredador, conocedor de los

recursos del ecosistema que son patrimonio del pueblo colombiano y que las

generaciones de hoy deben utilizar racionalmente para el desarrollo, y que deben

cultivar y embellecer para entregárselo a las que vendrán en el mañana. Las

principales son:

1. Estrategia de ecología ambiental.

2. Estrategia de ecología humana.



Artículo 14. Estrategia del buen gobierno, para la formación del nuevo ciudadano,

más participativo y tolerante en lo político, más respetuoso de los derechos

humanos y, por tanto, más pacífico en sus relaciones con sus semejantes. Las

principales son:

1. Apoyo a la descentralización y el ordenamiento territorial.

2. Fomento de la participación de la sociedad civil.

3. Mejoramiento de la gestión pública.

4. Fortalecimiento de la justicia.

5. Protección de los derechos humanos.

6. Seguridad ciudadana.

Artículo 15. Estrategias de la agenda internacional, para que Colombia, aunando

su esfuerzos con los de otras naciones, contribuya a elevar las condiciones de

vida materiales y espirituales de la humanidad y a infundir el humanismo integral

en el desarrollo económico y social a escala internacional con el fin de construir la

paz en la justicia y la solidaridad. Las principales son:

1. Fomento del desarrollo económico y social de las regiones fronterizas.

2. Respeto al derecho de los Estados y trabajo por la justicia social internacional.



3. Promoción de la cooperación entre los pueblos y las culturas, especialmente a

nivel regional y continental.

4. Colaboración a nivel nacional e internacional en la lucha contra el consumo y el

tráfico de estupefacientes y drogas ilícitas.

5. Apoyo a integración con los colombianos que viven en el exterior.

Artículo 16. Estrategia ética y de valores espirituales, para elevar la conciencia

moral de las personas y de la comunidad colombiana, hacer frente a los

fenómenos de corrupción, violencia y hedonismo, generar actitudes de solidaridad

y honestidad.

Artículo 17. Coherencia y flexibilidad. La ejecución del Plan Salto Social debe ser

coherente con los propósitos y objetivos nacionales y flexibles en la determinación

de las estrategias y en su aplicación a través de programas, subprogramas y

proyectos. El Estado y la sociedad civil en la esfera de sus propias actividades

dentro del modelo alternativo de desarrollo, podrán introducir nuevas estrategias o

modificar las contempladas en el presente Plan con el objeto de alcanzar sus

objetivos.

El Gobierno Nacional podrá hacer los ajustes necesarios en los cálculos

financieros para que correspondan a lo establecido en esta Ley.



Artículo 18. Evaluación cualitativa y cuantitativa. Las autoridades del Estado en

instancias de la sociedad civil evaluarán el Plan de Desarrollo Salto Social, en lo

cualitativo, para apreciar los cambios progresivos que conduzcan al desarrollo

humano integral en las distintas áreas de la vida social, y en lo cuantitativo, para

examinar el cumplimiento de las inversiones y los resultados obtenidos con ellas.

Para este efecto, entre otros medios, se emplearán los indicadores de orden

cualitativo y cuantitativo apropiados.

Artículo 19. El Plan Nacional de Inversiones Públicas 1995_1998 tendrá un valor

de $38.121.116 millones, a pesos constantes de 1994, financiados de la siguiente

manera:

Ahorro corriente del gobierno central y de las entidades descentralizadas sin

incluir Fondo Nacional del Café, Fondo de Estabilización Petrolera, ni gobiernos y

empresas regionales y locales: $30.553.330 millones. Endeudamiento neto del

gobierno central y de las entidades descentralizadas: $4.218.681 millones.

Recursos de carácter contingente (tributarios, crediticios, ingresos propios de las

entidades decentralizadas) $3.349.105 millones.

Artículo 20. La descripción de los principales programas y subprogramas que el

Gobierno Nacional espera ejecutar en la vigencia del Plan Nacional de

Inversiones 1995_1998 es la siguiente:

1. SOCIAL



1.1. Agua potable y saneamiento básico

1.1.1. Aumento de coberturas y mejoramiento de la calidad del agua

Se ejecutará bajo la responsabilidad local en la gestión de los servicios. El Plan

busca obtener coberturas regionales con promedios de 90% en acueducto y 77%

en alcantarillado en 1998. Los recursos se dirigirán, prioritariamente, hacia tal

objetivo. El programa beneficiará adicionalmente a 6.8 millones de habitantes con

agua potable y 6.7 millones con sistemas de disposición de aguas residuales;

elevará la calidad del agua suministrada para la totalidad de los habitantes con

servicio, disminuirá la vulnerabilidad de los sistemas y preverá el manejo

sostenible de las aguas con participación ciudadana.

Para optimizar el uso del recurso y proteger las fuentes de abastecimiento se

impulsarán los siguientes subprogramas:

a) Disminución de pérdidas de agua mediante la rehabilitación y optimización de

los sistemas, reduciendo el agua no contabilizada del 50% al 33%;

b) Mejoramiento de la calidad ambiental para reducir la generación de efectos

negativos en los cuerpos de agua receptores; y

c) Identificación y uso racional de las aguas subterráneas, a través de la

exploración y cuantificación de las fuentes en 70.000 km2.



Los recursos de este Plan de Inversiones se complementarán con crédito de

Findeter, generación interna de recursos de las empresas regionales de servicios

públicos y participación del sector privado.

En municipios pertenecientes a las categorías 1 y 2, las contrapartidas locates

totales exigidas para la financiación de los proyectos de acueducto y

alcantarillado, no podrán ser mayores a 50% de aquella participación de los

municipios en los ingresos corrientes de la Nación que la Ley 60 de 1993 asigna

exclusivamente a este tipo de proyectos. Para los municipios pertenecientes a las

categorías 3 y 4, este porcentaje no podrá ser superior al 100%. Cuando los

proyectos de los municipios pertenecientes a las categorías 1, 2, 3, 4 requieran de

crédito para completar su financiación, no podrán comprometerse como servicio

de la deuda en los años sucesivos porcentajes superiores a los señalados. Para

estos efectos, la categorización utilizada es la aprobada por el Comité de

Administración del Fondo de Cofinanciación para la Infraestructura Urbana el 27

de febrero de 1995.

Las entidades encargadas de la gestión del servicio del acueducto promoverán

programas, contratarán servicio y establecerán estímulo entre las comunidades

rurales asentadas en las zonas de influencia de las fuentes de abastecimiento,

con miras a asegurar su preservación. Del mismo modo, se fortalecerán los

programas de tratamiento de aguas residuales con miras, entre otros, a disminuir

los impactos negativos sobre las zonas rurales.

1.1.2. Modernización institucional



El Gobierno Nacional orientará la inversión a crear un marco tarifario que refleje el

costo de los servicios y focalice los subsidios en la población más pobre; definir

los criterios de evaluación de las empresas que prestan el servicio para el

seguimiento estricto de sus planes de gestión; dar asistencia técnica a los

prestadores del servicio para su modernización, definiendo reglas que permitan la

vinculación del sector privado; y diseñar el plan estratégico del sector para

orientar su desarrollo integral en el largo plazo. El Gobierno Nacional mediante

convenios prestará apoyo técnico a las diferentes instancias públicas y privadas,

comprometidas en los servicios de agua potable.

1.2. CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

1.2.1. Cultura

Comprende las acciones dirigidas a la reforma institucional y la descentralización

cultural; al fomento, creación, e investigación artística y cultural; a la ampliación de

las oportunidades de acceso a los bienes y servicios culturales, y a la protección y

difusión del patrimonio cultural colombiano, conformado por bienes inmuebles e

intangibles. Para la preservación de estos últimos, y por ser bienes de carácter

público, se apoyará la labor de las entidades que conforman el colegio máximo de

las academias. Se incluyen programas cofinanciados de apoyo a la infraestructura

cultural nacional y local.

1.2.2. Monumentos nacionales



En este programa se llevarán a cabo las obras de restauración y mantenimiento

de las construcciones que, por sus características, han sido clasificadas como

monumentos nacionales.

1.2.3. Deporte y recreación

Comprende las acciones dirigidas, prioritariamente, a estimular el deporte

formativo y la amplia participación de la comunidad en actividades recreativas y

deportivas. Contempla, además, el apoyo al deporte asociado y de alto

rendimiento y a la adecuación y conservación de zonas de recreación y

esparcimiento.

El Gobierno Nacional y las entidades territoriales con el apoyo del sector privado y

la participación de la comunidad crearán escuelas masivas de deporte competitivo

en las regiones de planificación, que incluyan diversas disciplinas deportivas.

1.2.4. Participaciones municipales, cultura y deporte

Este programa financiará programas de cultura y deporte de acuerdo con las

disposiciones de la Ley 60 de 1993.

1.3. JUVENTUD

Consiste en el diseño y puesta en marcha de una política integral que coordine los

esfuerzos sectoriales en favor de esta población y desarrolle, además, acciones



específicas orientadas a la prevención de la drogadicción y a la consolidación de

espacios para la participación democrática de los jóvenes en la vida pública del

país.

Se promocionará la organización de programas de los jóvenes rurales mediante el

fomento y fortalecimiento de sus asociaciones y la creación de nuevas

asociaciones y formas de participación. El Gobierno Nacional, promoverá su

participación en el programa de reforma agraria, crédito, microempresas y

economía solidaria.

La política de juventud debe incluir en las entidades territoriales la organización de

los siguientes programas: círculos de participación juvenil y clubes estudiantiles

democráticos.

1.4. EDUCACION

1.4.1. Educación preescolar, básica y media

Con este programa se ampliarán las oportunidades de acceso de la población,

incluyendo la integración educativa de los niños con necesidades educativas

especiales en razón a problemas de discapacidad, las acciones previstas

permitirán elevar el promedio de escolaridad, mediante la creación de 300.000

nuevos cupos en preescolar y 600.000 en la básica, así como del mejoramiento

de la retención y la promoción de los estudiantes en un 50%. Comprende los

siguientes subprogramas:



Conjuntamente los Ministerios de Agricultura, Educación y las Secretarías de

Educación de las entidades territoriales en coordinación con las Secretarías de

Agricultura de las mismas, orientarán el establecimiento de proyectos

institucionales de educación ajustados a las particularidades regionales y locales

de la población rural. Los estudiantes de las instituciones de educación superior y

de establecimientos de educación formal relacionados con aspectos

agropecuarios, agroindustriales o ecológicos prestaran asesoría y apoyo a los

proyectos educativos institucionales y de capacitación a la población campesina

de las zonas rurales.

1.4.1.1. Mejoramiento de la calidad. Además de la dotación de establecimientos

públicos y de centros de recursos educativos con textos, laboratorios y materiales,

este subprograma apoyará el diseño y desarrollo de los proyectos educativos

institucionales, la mejor formación de los docentes en servicio y la evaluación

continua de la calidad de la educación. Se dotará con guías pedagógicas a los

docentes estatales y con textos educativos aproximadamente a seis millones de

estudiantes, incluyendo los niños con discapacidad.

1.4.1.2. Infraestructura y dotación. Consiste en la construcción, ampliación y

reparación de establecimientos educativos, así como su dotación básica,

respetando las tradiciones arquitectónicas de cada región. Se otorgarán subsidios

para incrementar la oferta educativa por la vía de la ampliación de infraestructura.



1.4.1.3. Desarrollo institucional. Incluye acciones dirigidas a mejorar la capacidad

de gestión educativa de los niveles central, departamental, municipal y del

establecimiento educativo, mediante la implantación de sistemas de información,

de evaluación, asistencia técnica a los departamentos, distritos y municipios para

elaborar, ejecutar y evaluar proyectos educativos.

1.4.1.4. Subsidios. Con este subprograma se facilitará el acceso y permanencia

en el sistema educativo a los estudiantes provenientes de familias de escasos

recursos económicos. Se buscará que el subprograma tenga un desarrollo

concreto en áreas rurales, incluyendo los estudiantes matriculados en los

institutos técnicos y en los colegios departamentales agrícolas.

1.4.1.5. Fondo Educativo de Compensación. Mediante este Fondo se proveerán

recursos a los departamentos y distritos, con el fin de lograr una mayor equidad

en la distribución de las asignaciones regionales y compensar los aumentos en los

costos de la educación asociados a incrementos en la remuneración del personal

docente. Se dará prioridad en la asignación a los departamentos y distritos

deficitarios y con alta proporción de población pobre que muestren en sus planes

educativos acciones precisas encaminadas a mejorar la calidad y a ampliar la

cobertura del servicio educativo en las zonas rurales y urbano_marginales y a

mejorar tanto la relación alumno-docente como la distribución territorial del

personal docente. La asignación estará a cargo del Departamento Nacional de

Planeación y el Ministerio de Educación Nacional.

1.4.2. Educación superior



Incluye programas orientados a corregir la inequidad, tanto en el acceso a este

nivel, como en la distribución de los costos para los alumnos; para tal fin se

otorgarán 180.000 créditos a estudiantes de escasos recursos económicos y se

distribuirán los costos de acuerdo con las capacidades económicas de los

estudiantes y de sus familias. La inversión se orientará también al fortalecimiento

institucional de las entidades públicas de educación superior y a su vinculación a

un sistema universitario estatal.

Se pondrá en marcha, además, el sistema de acreditación como mecanismo para

promover y reconocer la calidad de los programas y las instituciones de este nivel.

Conjuntamente con el Sistema de Ciencia y Tecnología, se adelantarán acciones

que permitan el mejoramiento de las condiciones para la docencia y la

investigación científica y tecnológica.

El Gobierno Nacional a través del ICFES y los CRES (Comités Regionales de

Educación) realizará, con la participación de las universidades y del sector

privado, estudios tendientes a evaluar el estado de los planes curriculares en las

ciencias agropecuarias y su cobertura, con la debida correspondencia entre el

perfil profesional y las realidades del sector agropecuario y rural.

1.4.3. Otros programas de educación

Corresponde, a los programas educativos desarrollados por el Plan Pacífico, así

como por los Institutos Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán. Incluye también



las acciones del Inci y del Insor dirigidas a la población discapacitada, los

programas de la Biblioteca Pública de Medellín, y las acciones del Ministerio de

Educación para prevenir el maltrato del menor.

1.5. EMPLEO

1.5.1. Capacitación e intermediación laboral-Sena

El Sena deberá aumentar su cobertura y hacer más relevante su formación, para

lo cual coordinará con otras instituciones las actividades de formación profesional.

Dará prioridad, en los términos cuantitativos y cualitativos, a los cursos completos

(largos) en los centros, elevando su cobertura a 50.000 alumnos en 1995, y

readecaudando su orientación, metodología y contenidos de acuerdo con las

exigencias del sector productivo.

En el marco de la Red de Solidaridad Social, desarrollará acciones de

capacitación para el trabajo con subsidio al desempleo. El objetivo de este

subprograma es entregar apoyos de sostenimiento a desempleados pobres

durante su período de calificación, para combatir el desempleo estructural,

relacionado con problemas de capacitación y el desempleo friccional debido a la

inadecuada información. Los beneficiarios del programa seran los desempleados

(aspirantes o cesantes), pertenecientes a los estratos socio-económicos uno y

dos.



Con el objetivo de reducir el tiempo de desempleo y mejorar la información para

ejercer acción directa y precisa sobre el mercado de trabajo, el Sena ampliará su

cobertura y modernizará los mecanismos de intermediación laboral. El principal

instrumento será la extensión de los servicios regionales de empleo del Sena,

mejorando los flujos de información hacia los desempleados y las empresas con

vacantes y fortaleciendo los mecanismos para identificar las necesidades de

formación de los inscritos.

1.5.2. Programas especiales de empleo

1.5.2.1. Subprograma de Empleo Rural. Consiste en generar empleos directos

para la población pobre, no calificada, afectada por el desempleo y el subempleo.

Se desarrollará en municipios con una alta vocación agropecuaria, afectados

severamente por la crisis rural de los últimos años y en regiones en donde más

del 50% de los hogares reciben ingresos por debajo de la línea de indigencia.

1.5.2.2. Subprograma de Empleo Urbano. Consiste en apoyar proyectos de

servicios comunales, sociales y de infraestructura, que permitan el desarrollo de la

población. Los principales beneficiarios de este plan serán las mujeres y jóvenes

pobres con escasos niveles educativos.

1.5.3. Economía solidaria

Se apoyará la integración del sector a la ejecución de los programas prioritarios

de política social y se impulsará la creación y el fortalecimiento de las



organizaciones existentes, incluyendo las relacionadas con los sectores

agropecuarios y agroindustrial.

Las entidades territoriales promocionarán la puesta en marcha de las

cooperativas juveniles productivas.

1.5.4. Artesanías

Con el fin de mejorar la calidad del empleo de los artesanos y contribuir a la

generación de más puestos de trabajo, se fortalecerá la organización gremial y

empresarial del sector artesanal y se dará asistencia técnica a los artesanos.

1.5.5. Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa

Este plan contempla un Subprograma de Crédito, que consiste en asegurar

créditos a través de Finurbano para microempresarios con el fin de fomentar la

generación de empleo y aumentar la productividad de las microempresas, de tal

manera que se logre una mayor competitividad de sus productos, procurando

tecnologías apropiadas y ambientalmente sanas.

En segundo lugar, el Subprograma de Servicios Tecnológicos apoyará a las

microempresas en el proceso de gestión tecnológica que involucra las áreas de

comercialización, producción, gestión, organización e información, tendientes a

aumentar su competitividad y productividad. Se financiarán la capacitación

empresarial con contenidos, métodos y medios de formación gerencial con

participación del Sena y las ONG; Centros de Desarrollo Productivo encargados



de brindar asistencia técnica puntual a empresarios, alquilar maquinaria y dar

orientación en tecnología, diseño de prototipos, desarrollo de productos y

auditoría ambiental, entre otros se fortalecerán las comercializadoras existentes y

se impulsarán las agencias promotoras de comercialización para cubrir capitales

de departamentos y municipios en donde exista infraestructura para ello, con la

participación del Ministerio de Desarrollo, las ONG, las Cámaras de Comercio, los

gremios y los gobiernos locales; y se dará apoyo a la Corporación Mixta con la

que se contratará la ejecución confinanciada de los programas que hacen parte

del Programa de Servicios Tecnológicos, la cual actuará como instancia de

concertación y coordinación del Programa de Servicios Tecnológicos, siendo

promotora de las acciones a nivel regional en interacción con Finurbano.

Para apoyar la modernización de la sociedad rural, se impulsarán programas de

gestión empresarial, con el fin de apoyar la generación de ingresos extraprediales

en actividades productivas, de comercialización, transformación, turismo y

artesanías.

1.5.6. Tercera edad

Con los recursos de la Nación, y los aportes de las entidades territoriales, el

programa Revivir apoyará 240.000 ancianos indigentes, complementado con

planes de atención que pondrán en marcha los municipios. Serán beneficiarios los

ancianos que cumplan con los requisitos definidos en la Ley 100 de 1993 y que se

encuentren en condiciones de probreza o indigencia.



El Fondo de Solidaridad Pensional otorgará subsidios a más de 350.000

trabajadores de bajos ingresos prioritariamente del sector informal, con el fin de

garantizar que la población más pobre y con dificultades de inserción en el

mercado de trabajo cuente con una pensión cuando llegue a la tercera edad. Este

programa incluirá a los trabajadores del sector rural.

1.6. GASTO SOCIAL RURAL

1.6.1. Reforma Agraria

La reforma agraria se desarrolla a través de los siguientes programas:

adquisición, adjudicación y titulación de tierras baldías y saneamiento y

ampliación de resguardos indígenas. Se redistribuirán un millón de hectáreas

entre 70 mil familias campesinas; se titularán cinco millones de hectáreas que

beneficiarán a 178.400 familias; y se sanearán 3.500 mejoras en resguardos

indígenas.

1.6.2. Desarrollo rural campesino e indígena

Este programa está dirigido a facilitar a los pequeños productores campesinos,

quienes también tendrán preferencia en los programas de riego y drenaje del Plan

Nacional de Adecuación de Tierras; el acceso a los recursos productivos, a los

servicios sociales básicos y a fortalecer su capacidad técnica y empresarial, para

lo cual el Fondo DRI, cofinanciará proyectos en asistencia técnica (apoyando a las

Unidades Municipales de Asistencia Técnica), organización y capacitación,

manejo de microcuentas, pesca y acuicultura, mujer campesina, infraestructura



para la comercialización, construcción y mantenimiento de vías de acceso

veredal, acueducto y saneamiento básico, pequeña irrigación y electrificación

rural.

Mediante los proyectos de asistencia técnica se atenderán 1.86 millones de

usuarios; en los proyectos de organización y capacitación participarán 292 mil

campesinos; los programas de manejo de microcuentas tendrán una cobertura de

242 mil hectáreas; en proyectos de pesca y piscicultura se beneficiarán 63.800

familias; los programas de mujer rural permitirán beneficiar a 46 mil campesinos;

se construirán 1.168 kilómetros de nuevas vías de acceso veredal y se mejorarán

13.000 kilómetros de las existentes; los proyectos de saneamiento básico llegarán

a 85.500 viviendas rurales y se harán 27.600 nuevas conexiones a la red

eléctrica; finalmente, mediante programas de pequeña irrigación serán

beneficiadas 6.580 hectáreas de pequeños productores campesinos.

La ejecución de los proyectos de organización y capacitación campesina, que se

financien a través del Fondo de Organización y Capacitación Campesina,

Capacitar, se apoyarán en las organizaciones campesinas e indígenas y en las

ONG que estén en capacidad de hacerlo, incluyendo las vinculadas a la juventud

rural.

1.6.3. Vivienda social rural

Este programa, que hace parte de Red de Solidaridad Social, busca facilitar la

construcción, adquisición, reubicación, mejoramiento y habilitación de viviendas



en zonas rurales del país, mediante un subsidio directo. La meta es otorgar

271.000 subsidios de vivienda a campesinos pobres durante el cuatrienio.

1.6.4. Subprograma de desarrollo alternativo

El programa de desarrollo alternativo tiene como finalidad contribuir al desarrollo

integral de las zonas de economía campesina e indígenas afectadas por la

presencia significativa de cultivos ilícitos, a través de acciones que permitan

prevenir y reducir dichos cultivos, al mismo tiempo que se establecen las bases

para el desarrollo local y regional, dentro de criterios sostenibilidad ambiental. Se

ejecutarán de proyectos de titulación de baldíos, saneamiento y ampliación de

resguardos indígenas, desarrollo rural y vivienda social rural. Así mismo se

establecerán programas especiales de subsidio al crédito para pequeños

productores campesinos y de garantía a la compra de cosechas en las zonas del

programa.

1.7. SALUD

1.7.1. Acceso universal a servicios de salud preventivos y curativos

1.7.1.1. El Gobierno impulsará la afiliación progresiva de la población a la

Seguridad Social. A través del Régimen Subsidiado, impulsará la afiliación de 12

millones de personas de los grupos de población más pobre y vulnerable. A través

del Régimen Contributivo, se extenderá la cobertura de la Seguridad Social a 15

millones de personas.



La asignación departamental y municipal de los recursos del Fondo de Solidaridad

y Garantía de Salud destinada a la afiliación y prestación de servicios de salud de

la población objetivo del régimen subsidiado de salud, tendrá como criterio

fundamental las diferencias de la disponibilidad percápita departamental y

municipal de los recursos del Situado Fiscal, de las participaciones municipales y

las rentas cedidas, buscando compensar estas diferencias, a fin de obtener una

mayor equidad en la distribución de las asignaciones para la prestación de los

servicios de salud a toda la población objetiva del régimen subsidiado de salud.

La meta del PAMI es el 100% de las mujeres embarazadas y lactantes y sus hijos

menores de un año, sean afiliados al régimen subsidiado o vinculados al Sistema

de Seguridad Social en Salud.

1.7.1.2. En el marco del Plan de Atención Básica, en coordinación con las

Empresas Promotoras de Salud y las entidades territoriales, se adelantarán

acciones dirigidas a la prevención de enfermedades transmisibles y perinatales, al

control de enfermedades crónicas y a la prevención del trauma. El Plan de

Atención Básica-PAB contemplará las acciones orientadas por el artículo 165 de

la Ley 100/93.

1.7.2. Mejoramiento de la calidad de la oferta pública de servicios

1.7.2.1. Consiste en actualizar la infraestructura y dotación de las instituciones

públicas del Primer Nivel de atención, así como ponerlos en condiciones de



competir con las instituciones privadas del Sistema de Seguridad Social en Salud.

Se dotará y recuperará la planta física de 1.500 centros de salud y hospitales

locales.

1.7.2.2. Consiste en actualizar la infraestructura y dotación de las instituciones

públicas de segundo y tercer nivel de atención, incluyendo los servicios de

rehabilitación, así como ponerla en condiciones de competir con las instituciones

privadas en Sistemas de Seguridad Social. Se mejorará la infraestructura y

dotación de 150 hospitales de Segundo Nivel, 22 del Tercer Nivel y 11 hospitales

universitarios, así mismo, al finalizar el cuatrienio, la totalidad de hospitales

públicos debe haberse transformado en Empresas Sociales del Estado.

1.7.2.3. El Ministerio de Salud y las entidades territoriales desarrollarán acciones

encaminadas a mejorar la capacidad técnica y administrativa de la totalidad de

dichas instituciones, dotándolas de instrumentos como sistemas de costos y

facturación.

1.7.2.4. Las inversiones del ISS se orientarán a la finalización de las obras

iniciadas y al mejoramiento de la capacidad de gestión de sus instituciones

hospitalarias.

1.7.3. Gestión descentralizada y capacidad técnica del sector

Este programa busca fortalecer la capacidad de las entidades territoriales para

manejar los recursos y desempeñar adecuadamente las competencias que la ley



les asigna, con énfasis en la administración del Sistema de Seguridad Social. El

Ministerio de Salud dará especial atención a las acciones de apoyo a la gestión, la

planeación y la descentralización institucional, así como al desarrollo de sistemas

de información y monitoreo que permitan el seguimiento permanente de la gestión

de las instituciones del Sistema. Al final del cuatrienio el 100% de los

departamentos y al menos el 80% de los municipios deberán haber alcanzado

este objetivo.

1.7.4. Garantía de calidad de los servicios de salud

1.7.4.1. El Gobierno Nacional conformará una misión para la evaluación del

estado de la educación en las profesiones de la salud y la correspondencia entre

el perfil profesional y las realidades epidemiológicas del país. También diseñará y

difundirá instrumentos que permitan una mejor selección de los profesionales que

se vinculen a las instituciones prestadoras de servicios.

Los recursos serán utilizados, además, para la elaboración de protocolos de

atención, estándares de atención y programas de educación continua del personal

de salud. El 30% de los recursos contemplados en este rubro, será destinado a la

creación de estímulos a la eficiencia, calidad y ubicación territorial del personal de

salud.

1.7.4.2. El sistema de garantía de calidad tendrá como objetivo brindar a los

usuarios la confianza en el cumplimiento de una serie de requisitos mínimos de

calidad, así como identificar y eliminar los factores que afectan la prestación de



los servicios de salud. La Superintendencia Nacional de Salud creará el Sistema

de Garantía de Calidad y vigilará el cumplimiento de las normas establecidas para

las instituciones. Así mismo, diseñará los mecanismos de vigilancia y control que

garanticen la financiación, la correcta aplicación de los recursos del Sistema y los

aspectos de calidad mencionados. Aquí se contemplan los recursos del ISS,

destinados a diseñar e implantar los sistemas de información y monitoreo de la

prestación de servicios de salud.

1.7.4.3. Estímulos a la eficiencia, calidad y ubicación: el objeto de este programa

es promover entre el recurso humano, la eficiencia y calidad de los servicios de

salud en el Régimen Subsidiado y estimular la reubicación del personal de salud

en las zonas más apartadas, marginadas y azotadas por la violencia. El modelo

de estímulo será diseñado por el Ministerio de Salud y Planeación Nacional. Estos

estímulos no constituirán factor salarial.

Este rubro se nutrirá del 1% de los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía,

subcuenta de Solidaridad, y del 30% del rubro 1.7.4.1 Recursos Humanos, de que

trata la presente Ley.

1.7.5. Ciencia y tecnología para la salud

En el marco del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud

promoverá y apoyará financieramente la investigación básica y aplicada en áreas

que permitan mejorar el diagnóstico y la atención en salud, así como el desarrollo

y adaptación de tecnología médica, incluyendo medicina tradicional de las



comunidades. Atención especial merecerá la investigación en el campo de la

biotecnología.

El Instituto Nacional de Salud invertirá en ciencia y tecnología recursos no

inferiores a $15.000 millones para fortalecer la investigación biomédica,

biotecnología en vacunas, epidemiología, etiología de la violencia como causa de

la morbimortalidad en Colombia, entre otras, y en el mejoramiento de los recursos

físicos para el desarrollo de ésta.

1.7.6. Otros programas del sector salud

1.7.6.1. El Gobierno Nacional promoverá la creación de Instituciones Prestadoras

de Servicios de Salud (IPS) privadas a través de créditos otorgados por el IFI, en

modalidades subsidiadas y no subsidiadas.

1.7.6.2. Se incluyen los siguientes programas: remodelación de la sede del

Ministerio de Salud, reorganización del programa de atención de emergencias y

desastres y atención del programa de discapacitados.

Además se incluyen aquellos programas que realiza el Instituto Nacional de Salud

para mantenimiento y dotación; el Instituto Nacional de Cancerología para

campañas de prevención y control y compra de equipos; y el Instituto Nacional de

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, para infraestructura y dotación,

entre otros.



1.7.7. Transferencias y situado del sector salud

Los recursos provenientes de estas fuentes se destinarán para la atención en

salud y la cofinanciación de los programas del Plan de Atención Básica, estudios

de preinversión, dotación y mejoramiento de la infraestructura.

Estos recursos podrán utilizarse en el pago de salarios y honorarios del personal

de la salud, adquisición de medicamentos, prótesis y aparatos ortopédicos y

demás acciones definidas en la Ley 60/93.

1.7.8. Protección y bienestar social ISS

Contempla acciones destinadas a la promoción de la salud y prevención de la

enfermedad de los afiliados al ISS, como programas de crecimiento y desarrollo

del niño, salud reproductiva, control de factores de riesgo, control perinatal,

control de cáncer de cuello uterino y participación comunitaria. De igual manera,

incluye acciones de apoyo en salud ocupacional, seguridad e higiene industrial.

1.8. NIÑEZ

1.8.1. Movilización en torno a la niñez

Consiste en crear una conciencia social y comunitaria que beneficie a los niños,

generando actitudes y comportamientos de respeto, valoración, protección de los

menores en la familia y la comunidad.



1.8.2. Protección, desarrollo de la niñez

A través de este programa se entregará complemento nutricional a 230.000

mujeres gestantes y lactantes y a sus hijos entre los 6 y 24 meses. Igualmente, se

mejorará el componente nutricional de 900.000 beneficiarios de los Hogares

Comunitarios de Bienestar y se asignarán subsidios alimentarios a 140.000 niños

pobres en las zonas rurales.

1.8.3. Menores en situación irregular

Consiste en desarrollar acciones específicas dirigidas a los menores maltratados,

trabajadores, menores de la calle y a jóvenes infractores.

El Gobierno Nacional y las entidades territoriales teniendo en cuenta las

necesidades de los beneficiarios adelantarán evaluación y seguimiento a las ONG

que trabajen con niños en alto riesgo social con el fin de medir el alcance de sus

objetivos y su impacto en la población afectada.

1.8.4. Desarrollo institucional

Consiste en la redefinición de competencias del Sistema Nacional de Bienestar

Familiar, comprometiendo política, técnica y financieramente a las

administraciones territoriales en la planeación y ejecución de programas dirigidos

a la niñez y promoviendo su inclusión en los Planes Territoriales de Desarrollo.



1.8.5 Hogares de bienestar

Busca el desarrollo armónico e integral de los menores de siete años de los

sectores más pobres y vulnerables de extrema pobreza. Además, se incluyen los

programas de jardines, atención al escolar y adolescente, hogares infantiles que

están orientados a la prevención de la mal nutrición en la población infantil del

país. Con estos programas se alcanzará una cobertura aproximada de 3 millones

de menores. En este componente se incluyen los recursos destinados a sufragar

los ajustes en las becas de las madres comunitarias.

1.8.6. Otros programas de niñez

Incluye los programas destinados a la protección de menores, orientaciones e

intervenciones en familia, adopciones, asistencia sociolegal al menor y a la familia

en procesos civiles, entre otros.

1.9. VIVIENDA SOCIAL URBANA

1.9.1. Vivienda red de solidaridad social

a) El subprograma de mejoramiento de la vivienda y el entorno se apoya en el

subsidio otorgado por el Inurbe y se complementa con recursos de los municipios,

de los Fondos de Cofinanciación (FIS y FIU) Fondo de Inversión Social y Fondo

de Infraestructura Urbana y de la Red de Solidaridad Social. Se adjudicarán

258.500 subsidios para beneficiar a 775.000 hogares. El municipio, con el apoyo



de los Fondos, tendrá a su cargo las obras de acceso al asentamiento, las redes

de servicios públicos, grandes obras de mitigación de riesgos y proyectos dirigidos

a la adecuación de zonas verdes y demás elementos del espacio público;

b) El subprograma de vivienda nueva incluye viviendas mínimas o unidades

básicas. Para lotes con servicios, la Nación sólo apoyará proyectos que

contemplen los instrumentos de la Reforma Urbana y la zonificación del uso del

suelo. Se realizarán 158.000 soluciones de vivienda nueva, apoyadas con

subsidio para familias de menos de dos salarios mínimos, mensuales de ingreso.

Este subprograma podrá contemplar, además, la vivienda_empleo, que consiste

en planificar desde un principio en los nuevos desarrollos populares, la

construcción selectiva de viviendas_tiendas, viviendas_talleres, viviendas-huertos,

viviendas_escuelas y en general viviendas_microempresas. El Inurbe tomará las

medidas adecuadas para la administración de este subprograma.

1.9.2. Vivienda no cubierta red de solidaridad social

Las acciones previstas se dirigen a atender el déficit cuantitativo y cualitativo de

vivienda de los hogares con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos legales

mensuales. Con el apoyo del crédito, se realizarán 190.000 soluciones, de las

cuales 84.000 se financiarán parcialmente con el subsidio familiar de vivienda, y el

resto a través de crédito del Fondo Nacional de Ahorro y del sistema financiero.



Los recursos de este Plan de Inversiones se complementarán con recursos

propios de los municipios, crédito de Findeter, subsidios de las cajas de

compensación familiar y créditos del sector financiero.

1.10. APOYO AL DESARROLLO URBANO

Se fortalecerá la capacidad administrativa de las ciudades y poblaciones en el

diseño de instrumentos de regulación y normatividad urbana, manejo del suelo,

planificación territorial sostenible, desarrollo de proyectos de vivienda y entorno, y

gestión de servicios públicos, transporte y equipamiento. Se establecerán

indicadores ambientales y estándares para garantizar la sostenibilidad del

desarrollo urbano.

Se proveerá a las ciudades de un marco legal e institucional que oriente la acción

de la administración local.

Se impulsarán los programas para apoyar técnicamente a los municipios en

aspectos como actualización de bases gravables, niveles adecuados en tarifas,

utilización de fuentes de ingreso de gran potencial y mejor nivel de eficiencia en el

recaudo y administración de tributos. Se promoverá que las ciudades sean

accesibles en sus diseños urbanísticos a las personas con discapacidad y a la

tercera edad.

2. SECTOR JUSTICIA



2.1. Apoyo técnico y humano al sistema judicial

Se creará una estructura gerencial que le permita a la Rama Judicial incrementar

la efectividad del sistema mediante instrumentos técnicos de organización,

planeación, control y evaluación de gestión, manejo de información y

racionalización de archivos.

2.2. Acceso a los servicios judiciales, administración de justicia y derecho

El Estado facilitará el acceso a la vía judicial y promoverá diferentes alternativas

para el tratamiento de los conflictos.

2.3. Prevención del delito y atención a las víctimas

Este programa hará énfasis en la investigación de las causas del delito, sus

soluciones, la atención a los menores infractores y la resocialización del

delincuente. Así mismo, se iniciará el desarrollo de un sistema de atención a las

víctimas de conductas punibles con el fin de disminuir los efectos negativos de

estas conductas y promover la solidaridad de la comunidad en la lucha contra el

delito.

2.4. Detención, cumplimiento de pena y rehabilitación

Mejoramiento de las condiciones de las personas que deban ser puestas a

disposición de la autoridad judicial, mediante alternativas a la detención o



mejoramiento de las condiciones de los locales y asistencia judicial eficiente. Así

mismo, el desarrollo de procedimientos para que la pena privativa de la libertad se

transforme en un tratamiento para la rehabilitación y resocialización.

2.5. Apoyo a las acciones para la superación del problema de la droga

El programa tiene como objetivo enfrentar y reducir progresivamente las causas y

manifestaciones del problema de la droga, mediante la aplicación de mecanismos

de participación comunitaria que vinculen efectivamente a la sociedad civil en su

solución. Comprende el desarrollo de estrategias para la prevención integral, el

tratamiento y la reinserción social, y el fortalecimiento de la cooperación

internacional. Para ello se desarrollarán proyectos de investigación y divulgación y

de asistencia a personas afectadas por el problema de la droga, así como de

concertación y coordinación interinstitucional.

3. SECTOR DE SEGURIDAD

lncluye todos los programas desarrollados por las fuerzas militares, la Policía

Nacional y las entidades descentralizadas del Ministerio de Defensa. Del monto

total asigno, le corresponderá un mínimo el 18% a la Policía Nacional.

4. INFRAESTRUCTURA

4.1. Energía

4.1.1. Petróleo



Los objetivos de los programas para el desarrollo de la actividad petrolera,

incluyen el incremento de la actividad exploratoria, asegurar la autosuficiencia, el

adecuado y oportuno abastecimiento de combustibles líquidos y derivados del

petróleo, así como el mejoramiento de la posición exportadora del país,

promoviendo la participación de la iniciativa privada en las actividades:

exploración, explotación, transporte, petroquímica, distribución y comercialización

y gestión ambiental. El programa estará enmarcado dentro del concepto de

propiedad estatal del subsuelo establecido en el artículo 332 de la Constitución

Nacional.

4.1.1.1. En la actividad de exploración básica de petróleo, se ha previsto perforar

40 pozos exploratorios, con recursos de Ecopetrol durante el período.

4.1.1.2. En producción de petróleo se proyecta, por parte de Ecopetrol,

incrementar la producción de crudos de 378 Kbpdc (miles de barriles de petróleo

por día calendario) en 1995 a 615 Kbpdc en 1998.

4.1.1.3. En refinación y petroquímica dentro de los principales proyectos que se

desarrollarán con participación del sector público, está la ampliación de la

capacidad de refinación en el Complejo Industrial de Barrancabermeja (CIB) y

Cartagena, con lo que se incrementará la capacidad de refinación del país de 262

Kbpdc actuales a 323 Kbpdc en 1998. Se prevé que la mayor parte de las

inversiones en petroquímica sean desarrolladas por el sector privado,

principalmente en producción a través de la construcción de una planta de

olefinas.



Así mismo, el Gobierno promoverá la construcción, por parte del sector privado de

refinerías, para el consumo interno y la exportación, y que sirvan a su vez para la

elaboración de bases para la industria petroquímica.

4.1.1.4. En transporte de petróleo, entre los principales proyectos a ser

desarrollados en los próximos años están la construcción del oleoducto entre el

campo de Cusiana y el puerto de Coveñas, en el cual hay gran participación del

sector privado. Los recursos públicos destinados a estas actividades permitirán

incrementar la capacidad de transporte de oleoductos y poliductos del país en 614

Kbpdc con respecto a la capacidad actual.

4.1.1.5. En otras inversiones del sector petrolero se contempla principalmente la

investigación y desarrollo tecnológico y, el almacenamiento de crudo y derivados.

4.1.2. Gas

La utilización de las importantes reservas de gas natural del país es uno de los

objetivos prioritarios de la política energética. Para cumplir con este propósito se

adelantan los programas de producción, transporte y distribución. Los recursos

públicos que se invertirán en el subsector de gas se destinarán principalmente a

la conformación de la red troncal que sera utilizada para todos los usuarios del

país.



La producción de gas de Ecopetrol se incrementará de 260 Mpcd (millones de

pies cúbicos por día) en 1994 a 386 Mpcd en 1998. Las obras de transporte de

gas contemplan la construcción de gasoductos en grandes troncales y su

distribución a las entradas de la ciudad para llevar el gas del pozo hasta los sitios

de consumo. Así, la capacidad de transporte de gas se incrementará de 1394

Mpcd a 1694 Mpcd. Los programas de distribución de gas están destinados al

suministro de gas al usuario final, realizados principalmente por el sector privado.

El desarrollo del Programa de Masificación de Gas permitirá en los próximos años

llevar este energético a 108 municipios adicionales y atender 1.2 millones de

suscriptores en cerca de 350 municipios.

4.1.3. Electricidad

El desarrollo de la infraestructura eléctrica contempla, prioritariamente, la

reducción de la vulnerabilidad del sistema generación transmisión, la reducción de

las pérdidas de energía, la extensión de la cobertura y el mejoramiento de la

calidad del servicio.

4.1.3.1. Generación eléctrica. Se ejecutarán, por parte de empresas públicas, lo

proyectos de Urrá I, Miel I y los proyectos de generación térmica que no sean

adelantados oportunamente a través de esquemas de participación privada. Se

adelantará el estudio de impacto ambiental y el diagnóstico de alterativas (sic) de

la hidroeléctrica Arrieros del Micay, y, si es ambientalmente viable, su diseño

técnico estructural.



4.1.3.2. Interconexión eléctrica. Los proyectos que se ejecutarán a través de ISA

permitirán incrementar la capacidad de transporte de 4314 Km. en 1994 a 5279

Km. en 1998, consolidando la red de transporte nacional.

4.1.3.3. Transmisión y distribución eléctrica. Con las inversiones previstas se

propone incrementar la cobertura del servicio de un 87% en 1994 a un 90% en

1998, lo cual supone atender 700 mil nuevos usuarios.

4.1.3.4. Electrificación rural. En la asignación de estos recursos se dará mayor

participación a las regiones con menor cobertura en el servicio eléctrico rural, con

el objetivo de obtener una cobertura rural más igualitaria en el país, en los

términos establecidos en las Leyes 141 y 143 de 1994. Se prevé atender 100 mil

nuevos suscriptores durante el período. De esta partida $10.000 millones se

destinarán a la electrificación rural de Urabá y el Nordeste antioqueño para ser

ejecutada a través de la Empresa Antioqueña de Energía, EADE.

4.1.3.5. Inversión social (subsidios). Es un programa destinado a cubrir el valor de

los subsidios por consumo de electricidad y hasta el consumo de subsistencia, de

los usuarios ubicados en los estratos socioeconómicos I, II y III, y en un todo de

acuerdo con lo estatuido en la Ley 143 de 1994. Para tal efecto manténgase en

los 200 KWHM el consumo de subsistencia para los usuarios del sector eléctrico

en todo el territorio de la Nación exceptuando aquellas entidades territoriales que

desde antes del 1o. de noviembre de 1994 estuvieran, y a la fecha de la

promulgación de esta Ley continúan, aplicando un consumo de subsistencia

inferior, y hasta tanto, por ley, cuyo proyecto presentará el Gobierno dentro de los

próximos cuatro (4) meses, se fijen, teniendo en cuenta los distintos factores que



inciden en el uso de la energía, el consumo de subsistencia para cada una de las

regiones del país.

4.1.3.6. Uso racional de energía. Consiste en un plan dirigido al ahorro

conservación y uso eficiente de los recursos energéticos del país.

4.1.4. Carbón

Los recursos públicos de este subsector se destinarán principalmente al fomento

de la pequeña y mediana minería del carbón, en las diferente zonas productoras.

4.1.4.1. Exploración básica de carbón. Incluye las actividades dirigidas a

establecer la potencialidad y existencia de yacimientos carboníferos, sus reservas

y posibilidades de explotación, actividades que serán realizadas principalmente

por Ecocarbón.

4.1.4.2. Desarrollo de proyectos carboníferos. Es la realización de actividades

previas necesarias para poder adelantar las labores de explotación en los

proyectos de pequeña, mediana y gran minería.

4.1.4.3. Producción carbonífera. Son programas que incluyen las labores de

explotación y extracción racional de los yacimientos con miras a la

comercialización del recurso.



4.1.4.4. Promoción minera del carbón. Este subprogama tiene como finalidad

fomentar la explotación tecnificada del carbón, con el fin de aumentar los niveles

de productividad, mejorar la calidad de vida de los mineros, la adecuada gestión

ambiental, incentivar el consumo de carbón, el desarrollo del mercado carbonífero

y la utilización de briquetas de carbón cuando esto sea aplicable.

4.1.4.5. Gestión ambiental del carbón. Se destacan en esta actividad la

elaboración del perfil ambiental del proyecto, el diagnóstico de alternativas y los

estudios de impacto ambiental en aquellas zonas productoras y con grandes

problemas de contaminación.

4.1.4.6. Asistencia técnica para el carbón. El objetivo de este subprograma es

conseguir que la explotación del carbón se realice de manera eficiente, con un

mínimo impacto ambiental y deterioro de los yacimientos.

4.1.4.7. Desarrollo de infraestructura carbonífera. Son programas para adelantar

el mejoramiento de la infraestructura física y social en las zonas mineras, así

como promover el desarrollo de infraestructura de transporte y embarque para

fortalecer la capacidad exportadora.

Dentro de esta última actividad, se ha identificado la necesidad de contar con

nuevas facilidades portuarias consistentes en un terminal marítimo carbonífero de

gran calado, en el Departamento del Atlántico o Magdalena y un terminal fluvial en

Tamalameque, para satisfacer las necesidades de exportación en los carbones



del Cesar, diferentes a los del proyecto de la Loma_Drummond, que dispone de

su propio puerto.

El terminal marítimo atendería también la exportación de otros carbones del

interior del país y tendría la potencialidad de convertirse posteriormente en un

gran puerto de propósito múltiple.

Para impulsar el desarrollo de estos proyectos, que deberán ser adelantados

principalmente por el sector privado, Ecocarbón destinará para su promoción,

durante el cuatrienio 1995_1998, el diez por ciento (10%) de la porción de las

regalías que la Ley 141 destinó para el sector carbón.

4.2. MINERIA

4.2.1. Exploración básica en minería

Busca extender la cobertura de la exploración básica de un 20% a un 40% del

territorio nacional durante el período mediante labores de prospección e

investigación geológica y geofísica.

4.2.2. Evaluación y desarrollo minero

Incluye las actividades dirigidas a establecer la potencialidad y existencia de

yacimientos, sus reservas y posibilidades de explotación, así como las actividades

previas a la explotación del recurso.



4.2.3. Gestión ambiental minera

Se destacan las acciones tendientes a mejorar los procesos de beneficio de

minerales, los estudios y acciones para mitigar el impacto ambiental en zonas

productoras.

4.2.4. Asistencia técnica y seguridad minera

Son programas que tienen como propósito capacitar y entrenar personal minero

para reducir el riesgo de la minería, prevenir la ocurrencia de siniestros y atender

los casos de emergencia y desastres mediante la operación de estaciones

regionales y puntos de salvamento minero.

4.2.5. Investigación y desarrollo tecnológico minero

Su objetivo es el desarrollo y divulgación de tecnologías apropiadas para las

actividades de exploración, producción y mejoramiento de los procesos de

beneficio de tal manera que se pueda incrementar la productividad del recurso.

4.2.6. Promoción y contratación minera

Esta actividad tiene como finalidad la modernización del entorno jurídico sectorial

y el fortalecimiento de la capacidad de negociación de la empresas industriales y

comerciales del Estado, en exploración y explotación de áreas. En este proceso



se vincularán más de 800 solicitudes de contratación, de las cuales cerca del 50%

pasarán a la fase de contrato.

4.3. Telecomunicaciones

4.3.1. Telefonía local

En el cuatrienio las empresas públicas del orden nacional ampliarán la capacidad

instalada en más de 350 mil líneas, con inversiones por más de 500 mil millones

de pesos, de acuerdo con la demanda de sus zonas de influencia. En particular,

Telecom instalará directamente más de 176 mil líneas locales.

4.3.2. Telefonía de larga distancia

Telecom fortalecerá su participación en proyectos de cable submarino para

incrementar en por lo menos 5.300 circuitos la capacidad instalada para

comunicaciones internacionales. Se desarrollará el proyecto de fibra óptica a nivel

nacional que unirá las dos costas y las principales ciudades del país, con al

menos 18 pares de fibra óptica, con capacidad de 2 Giga Bits por segundo.

Adicionalmente, se realizará un plan de redes complementarias para

descongestionar la red, ampliando el sistema en al menos 39.000 troncales. La

inversión en este servicio atenderá las necesidades regionales según sus

requerimientos de tráfico.

4.3.3. Telefonía social



Para garantizar la universalización del servicio, el Fondo de Comunicaciones

cofinanciará la instalación de 105 mil líneas telefónicas y 5 mil puntos de servicios

de telecomunicaciones de atención al público, en los municipios que actualmente

no cuentan con el servicio y en las zona más deprimidas del país. Así mismo, se

ejecutarán los planes especiales de telefonía celular en los municipios con

mayores necesidades básicas insatisfechas. Adicionalmente, se incluyen $9.918

millones para telefonía social en la Costa Pacífica, que serán ejecutados por el

Plan Pacífico.

4.3.4. Televisión

Con base en la ley de televisión, se fortalecerá la televisión estatal modernizando

la infraestructura, dando cubrimiento nacional a las tres cadenas actuales de

Inravisión con programación continúa y estableciendo un nuevo canal educativo.

4.3.5. Correos y otros

La Nación, a través de sus empresas, realizará inversiones en los servicios de

correo para ampliar su oferta y mejorar su eficiencia y en la prestación de los

servicios de valor agregado.

Adicionalmente, se realizarán inversiones que mejoren y fortalezcan la regulación

y planeación sectoriales a través del Ministerio de Comunicaciones, el Fondo de

Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.



4.4. Transporte

4.4.1. Carreteras

4.4.1.1. Red troncal y transversal. La Nación, a través del Instituto Nacional de

Vías, realizará las inversiones en proyectos de rehabilitación, mantenimiento y

construcción de la infraestructura vial de la red troncal y transversal a su cargo,

teniendo en cuenta criterios ambientales. Estos proyectos incluirán los proyectos

de concesión en los que la Nación tenga participación.

Dichos proyectos incluyen, además del mantenimiento de la infraestructura, la

rehabilitación de 2.300 kms. y la construcción de 2.200 kms. de vías. Los recursos

también se destinarán para programas de inversión en puentes, en estudios y

diseños de los proyectos, y en programas de prevención y atención de

emergencias. Incluye la participación de la Nación en proyectos que se llevarán a

cabo bajo el esquema de concesión. A través de dicho programa se rehabilitarán

2.000 kms. y se construirán 800 kms. adicionales. El programa garantizará el

mantenimiento de las vías por parte del concesionario. Los recursos asignados en

cada uno de los siguientes subprogramas podrán ser aportados por el sector

público en proyectos mixtos de concesión.

4.4.1.1.1. Subprograma rehabilitación y mantenimiento. Este subprograma

garantizará la recuperación de la red Troncal y Transversal y permitirá realizar las



labores de mantenimiento de manera continua minimizando los costos de

transporte.

4.4.1.1.2. El subprograma construcción y pavimentación. Permitirá ampliar la red

actual a través de nuevos tramos y de vías de acceso a las troncales y

transversales. Así mismo, descongestionará los accesos a las principales

ciudades a través de variantes, que al mismo tiempo evitarán la entrada de los

vehículos de carga a la zona urbana.

4.4.1.1.3. Subprograma participación pública en concesiones. Es la base para que

algunos proyectos financiados con recursos del sector privado sean rentables

para los inversionistas, sin la necesidad de establecer tarifas de peajes elevadas.

Dichos proyectos necesitan el apoyo de recursos públicos debido a sus altos

costos de construcción. Los recursos asignados en este programa podrán ser

utilizados para financiar temporalmente la adquisición de predios requeridos por

los proyectos viales a concesionar. Los recursos públicos para la compra de

predios alimentarán, según las normas que rijan la materia, un fondo o cuenta

rotatoria, la cual será realimentada por los recursos privados invertidos en las

concesiones correspondientes.

4.4.1.1.4. Subprograma otras inversiones red troncal. Corresponde principalmente

a los recursos que invertirá el Invías en revisión y reparación de puentes, en

programas de emergencias, en gastos recurrentes, y en estudios.

4.4.1.2. Sector Red Secundaria y Terciaria



Se culminará el proceso de descentralización de vías de la red secundaria y

terciaria, a través de su transferencia a las entidades territoriales. La transferencia

de la red terciaria será completada en 1995 y la de la red secundaria en 1996.

Bajo este esquema se mejorarán las condiciones de la red secundaria y terciaria a

lo largo de 14.000 kms. y se dará mantenimiento a la totalidad de la red.

4.4.1.2.1. Subprograma red secundaria a cargo del Instituto Nacional de Vías.

Está dirigido a la transferencia de las carreteras de la red secundaria a las

entidades territoriales. Durante dicho proceso, los recursos que se transferirán a

las entidades como respaldo de las vías recibidas, se canalizarán a través del

Instituto. Adicionalmente, se incluyen los recursos que destinará el Instituto a las

vías de la red de las entidades territoriales mientras se realiza la transferencia.

4.4.1.2.2. Subprograma construcción red terciaria. Está dirigido a cofinanciar la

construcción de carreteras de la red terciaria en las regiones a través del Fondo

Nacional de Caminos Vecinales y/o del Fondo de Cofinanciación de Vías

Terciarias.

4.4.1.2.3. El subprograma Fondo de Cofinanciación de Vías. Mantenimiento.

Garantizará el mantenimiento del total de la red a transferir a las entidades

territoriales. Los cupos por entidad se establecerán aplicando indicadores que

aseguren la equidad y bajo el principio de autonomía de las entidades territoriales.



4.4.1.2.4. El subprograma Fondo de Cofinanciación de Vías. Rehabilitación,

mejoramiento y construcción. Garantizará los recursos necesarios para que los

entes territoriales adelanten proyectos de rehabilitación y mejoramiento de las

redes a su cargo. Así mismo, permitirá que se amplíe la cobertura de las redes

secundarias, y, especialmente terciaria (caminos veredales).

4.4.1.2.5. Subprograma Fondo de Cofinanciación de Vías. Transferencia.

Corresponde a los recursos incluidos en el presupuesto del Fondo que serán

utilizados para el proceso de transferencia de las carreteras de la red secundaria

y terciaria a los entes territoriales.

4.4.2. Vías férreas

Se promoverá la participación del sector privado en la rehabilitación

mantenimiento y operación de la totalidad de red económicamente viable. A su

vez, el concesionario será responsable por el mantenimiento y operación de dicha

red y deberá incluir mecanismos que incentiven la utilización de la red ferroviaria y

que permitan el libre acceso a los operadores en condiciones fijadas en el

contrato de concesión. El Plan incluye la rehabilitación de 1.900 kms. de vías

férreas.

Mientras se realiza el proceso de concesión, la Empresa Colombiana de Vías

Férreas deberá modificar el esquema de contratación, reduciendo el número de

contratos que maneja. Ferrovías se encargará exclusivamente del mantenimiento

de la red. Una vez se haya establecido el plan de concesiones, la Empresa podrá



adelantar los programas de rehabilitación que se consideren necesarios para

adelantar dicho plan, teniendo en cuenta criterios ambientales.

4.4.3. Transporte aéreo

4.4.3.1. Subprograma aeronáutico. Las acciones del sistema aeronáutico se

concentrarán en aumentar la cobertura y modernizar el sistema de ayudas a la

navegación y de control del espacio aéreo.

4.4.3.2. Subprograma aeroportuario. En el sistema aeroportuario se emprenderán

acciones para garantizar la seguridad del sistema integrado, mejorando la

totalidad de las pistas que se encuentran en mal estado dotando de unidades de

rescate a los aeropuertos que lo requieran e instalando cerramientos en el 75%

de los aeropuertos a cargo de la Nación.

4.4.4. Puertos marítimos

Mediante el dragado de canales de acceso se adecuará el canal de acceso

marítimo al Puerto de Buenaventura, buscando incrementar sus niveles de

profundidad y se realizarán los dragados de mantenimiento en los puertos de

Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Tumaco.

En infraestructura portuaria se adelantará un seguimiento cercano al

comportamiento de la demanda y se continuarán los estudios y acciones



necesarias para garantizar una capacidad portuaria suficiente en los dos litorales

y, especialmente considerando las alternativas existentes en la Costa Pacífica.

4.4.5. Transporte fluvial

Se culminarán las labores de rehabilitación de la parte navegable del río

Magdalena. En particular se garantizará la navegabilidad del río en el tramo

Barrancabermeja_Calamar y los accesos al Mar Caribe. Se establecerán las

condiciones necesarias para realizar los dragados en estos tramos, a través de la

participación del sector privado. Se fortalecerá la navegabilidad en las arterias

fluviales de los territorios nacionales y del litoral Pacífico. Se rehabilitarán 800

kms.

4.4.6. Transporte urbano

Este programa incluye el mejoramiento de la infraestructura vial urbana,

particularmente la optimización de los sistemas de transporte masivo en Bogotá y

Cali, el desarrollo de la accesibilidad al transporte para los discapacitados así

como el impulso a la utilización de combustibles alternos en los vehículos de

transporte público de pasajeros.

5. SECTOR AGROPECUARIO

5.1. Adecuación de tierras



Durante el cuatrienio se adecuarán 203 mil hectáreas, de las cuales 42 mil

corresponden a pequeño riesgo, 111 mil a proyectos de mediana irrigación y 50

mil hectáreas a la rehabilitación de distritos ya existentes. Además, por medio del

Incentivo a la Capitalización Rural se podrán atender proyectos individuales de

adecuación de tierras hasta por 4 mil hectáreas.

5.2. Capitalización y financiamiento

La política de crédito para el sector agropecuario se orienta a garantizar recursos

suficientes para la financiación de sus actividades de producción, mercadeo y

procesamiento, mejorar las condiciones de acceso a financiación para los

pequeños productores y fortalecer el crédito como herramienta para la

capitalización del campo. Se capitalizará el Fondo Agropecuario de Garantías y se

fortalecerán el Incentivo a la Capitalización Rural, el Certificado de Incentivo

Forestal y el Fondo Emprender.

A través de Finagro, se otorgarán 5.200 Certificados de Incentivo a la

Capitalización Rural; el Certificado de Incentivo Forestal se aplicará al

establecimiento de 143.800 hectáreas y al mantenimiento de otras 121.800

hectáreas.

El incentivo a la capacitación rural se hará extensivo a la compra de maquinaria

agrícola, adecuación de tierras, actividades de reconversión tecnológica, entre

otros, en cuantía hasta el 40% del valor de los proyectos objeto del incentivo.



Igualmente, el Fondo Emprender ampliará la escala de aportes de capitalización y

de financiamiento de preinversión en los proyectos que sean de su competencia.

5.3. Comercialización y agroindustria

Los proyectos incluidos en este programa buscan mejorar la infraestructura para

la comercialización agropecuaria y fomentar la organización de los productores

campesinos para realizar dicha actividad. Así mismo, se brindará capacitación a

quienes intervienen en el proceso de comercialización. De otro lado, se mejorará

la difusión y los canales de información de precios, mercados y volúmenes

transados, tanto nacional como internacionalmente, con el fin de obtener

información más veraz y oportuna.

A través del Fondo Emprender se crearán o fortalecerán 64 empresas

agroindustriales y se llevarán a cabo los estudios de preinversión para 120

empresas. El Ideam construirá diez nuevos centros de acopio y los dotará con

equipos para el manejo adecuado de los productos. A través de la Promotora de

Empresas Agroindustriales, Promagro S.A., se llevarán a cabo cuatro grandes

proyectos de desarrollo agroindustrial para la exportación y el mercado interno. Se

impulsarán los convenios de absorción de cosechas durante el cuatrienio.

5.4. Manejo de riesgos



Se pondrá en funcionamiento el seguro agropecuario que protegerá la inversión

de los productores del agro contra eventos naturales. Además, se diseñará y

operará un sistema para la prevención de riesgos y manejo de crisis en el sector

agropecuario.

El Estado concurrirá al pago de las primas que los productores agropecuarios

deban sufragar para tomar el seguro agropecuario, en un porcentaje que fijará la

Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

5.5. Apoyo y fortalecimiento institucional

Los recursos asignados a este programa se orientarán a ejecutar proyectos

tendientes a mejorar el nivel de capacitación de los funcionarios de las entidades

que integran el sector, para realizar la planificación sostenible, seguimiento y la

evaluación de las políticas sectoriales.

De igual forma, se busca mejorar la infraestructura física de las entidades, con

relación a la dotación de parque automotor, equipos para laboratorios,

sistematización, etc. Así mismo, contratar asesorías para el diseño y posterior

formulación de las políticas del sector.

El objetivo de este programa es alcanzar la eficiencia y eficacia de la gestión

pública. Las Juntas Directivas y sus comisiones deberán hacer un seguimiento a

la gestión de las entidades. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ejercerá



la coordinación entre las instituciones públicas consecuente con los objetivos y

programas sectoriales.

6. ADMINISTRACION DEL ESTADO

6.1. Agenda internacional

Comprende todas las inversiones de apoyo a la ejecución de la política

internacional colombiana, en particular lo relacionado como los temas económicos

y de la nueva agenda internacional como el perfil social de la política exterior, el

medio ambiente, los derechos humanos, las drogas ilícitas y la integración con los

colombianos en el exterior. Incluye la apertura de nuevas sedes consulares y

diplomáticas e inversiones en demarcación y desarrollo de las fronteras.

6.2. Modernización de los sistemas de identificación ciudadana e inscripción

electoral

Este programa busca mejorar la gestión y garantizar una mayor transparencia y

eficiencia en el proceso electoral y en el reconocimiento de la ciudadanía. Para

ello, la Registraduría Nacional del Estado Civil tecnificará y modernizará los

sistemas de registro civil e identificación, el sistema de almacenamiento,

administración y operación de archivos y el sistema de inscripción electoral.

Igualmente, se adelantarán acciones masivas e integrales de documentación que

incluyan la expedición del registro civil, la cédula de ciudadanía y las libretas

militares, dirigidas a zonas alejadas, pueblos indígenas y comunidades de

escasos recursos.



6.3. Participación de la sociedad civil

Este programa incluye exclusivamente el conjunto de inversiones, que en cabeza

del Ministerio de Gobierno, la Red de Solidaridad_PNR y la Registraduría, están

destinadas a completar y difundir los mapas institucionales que den a conocer los

ámbitos de participación, a garantizar la difusión de la información que se requiere

para participar y a aumentar la capacidad de los ciudadanos y sus

organizaciones. Sin desmedro de otras iniciativas sectoriales del Estado que se

lleven a cabo para fortalecer la participación de la sociedad civil tales como Salud,

Educación y Medio Ambiente, etc., las contiendas en este programa están

orientadas a promocionar los mecanismos de participación ciudadana y a apoyar

el proceso de consolidación institucional de las organizaciones civiles, y en

particular de las comunitarias, con criterios de legitimidad, racionalidad y

gobernabilidad. El programa incluye además acciones de planeación y gestión

participativa en zonas marginadas, desarrolladas en el marco del PNR.

6.4. Derechos Humanos. Poblaciones desplazadas y damnificadas por la violencia

En este campo se elaborarán diagnósticos y análisis sobre la situación de los

Derechos Humanos y formulación de propuestas de política, normativas y de

reforma institucional para mejorar esa situación; se ejecutarán acciones y

proyectos de protección con el fin de eliminar situaciones de violación de los

Derechos Humanos o mitigar sus efectos; se creará una red informática de

comunicación entre entidades con competencia sobre el tema para el trámite de



quejas; se protegerán testigos; se fortalecerán las instancias de control en los

organismos de seguridad del Estado; se harán proyectos de protección al menor

maltratado y acciones de promoción y difusión de los derechos humanos

mediante procesos de pedagogía y de comunicación para la convivencia y para el

respeto de los Derechos Humanos.

También se dará impulso a programas para la centralización de información sobre

personas desaparecidas y cadáveres NN, a la atención y asistencia humanitaria

de urgencia a la población desplazada y a acciones destinadas a prevenir las

situaciones que generan el desplazamiento, así como acciones orientadas a

proteger al desplazado por la violencia y a facilitar su retorno, reubicación y

reinserción social y laboral.

6.5. Desarrollo y modernización institucional (Mingobierno_Presidencia)

Incluye recursos para adecuar las instituciones a las nuevas realidades

constitucionales y legales. Se destacan las acciones orientadas a consolidar la

nueva estructura institucional del Ministerio de Gobierno para que se adecue a las

nuevas funciones y competencia señaladas en el proyecto de ley que lo

transforma en Ministerio del Interior. Hacen parte de este programa las acciones

destinadas a sistematizar los procedimientos administrativos y operativos de los

órganos públicos.

6.6. Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales



Se desarrollarán acciones tendientes a fortalecer la capacidad de planeación y

gestión de las entidades territoriales para que puedan acometer con éxito las

nuevas funciones y competencias en el marco del proceso de descentralización

política y administrativa.

Incluye acciones de preinversión con el fin de subsanar las deficiencias de

algunos municipios para acceder a recursos del sistema nacional de

cofinanciación y capacitación y acompañamiento legal en temas relacionados con

competencias, recursos, planeación, gestión, ejecución, fiscalización y

administración de recursos así como lo relacionado con la ley de ordenamiento

territorial.

6.7. Reinserción y convivencia ciudadana

Este programa busca generar espacios propicios para la convivencia pacífica

entre los colombianos mediante la promoción de metodologías y la creación de

una nueva cultura de solución pacífica de los conflictos. Incluye también el

necesario apoyo a los reinsertados para que puedan retornar a la vida civil.

6.8. Pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas y raizales (Mingobierno)

En reconocimiento a la diversidad e identidad étnica y cultural de la población

colombiana, se buscará el desarrollo social e institucional y aprovechamiento

sustentable de los recursos naturales en los pueblos indígenas y las comunidades

afrocolombianas y raizales. Capacitación en desarrollo institucional y legal,



formación intercultural a los pueblos y comunidades y a los diversos agentes del

Estado y sectores sociales, en relación con la política del Gobierno y el nuevo

marco constitucional y legal. Realización de diagnósticos e investigaciones sobre

los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas. Diseño y desarrollo de

campañas de promoción y divulgación de temas relacionados con la diversidad

cultural y étnica.

También contempla la coordinación y articulación de las distintas instituciones

sectoriales y territoriales para la ejecución de una política unificada, la

capacitación de funcionarios y coordinación de acciones con instituciones y

entidades para la atención de los pueblos y comunidades víctimas de desastres,

la definición y ejecución de una política de fomento y de coordinación bilateral o

multilateral para la protección de los pueblos indígenas de las zonas fronterizas y

el mejoramiento de infraestructura sectorial para el desarrollo de los planes y

programas.

6.9. Atención y prevención de desastres

Constitución de una partida con destino al Fondo Nacional de Calamidades, cuyo

objeto es prevenir y atender oportunamente las emergencias y desastres sin

generar mayores traumatismos presupuestales. Incluye además las partidas

destinadas a la rehabilitación de la zona del desastre de Cauca y Huila a través de

la Corporación Nasa Kiwe.

6.10. Conservación y difusión del patrimonio documental



Recuperación, prevención, conservación y microfilmación de documentos y

archivos. Implantación del programa de manejo de documentos públicos y

asistencia a las tareas archivísticas. Creación de un sistema nacional de archivos

y divulgación del patrimonio documental de Colombia.

6.11. Sistema Nacional de Evaluación de Resultados

El Sistema Nacional de Evaluación de Resultados será el programa a través del

cual se evaluará la gestión de la administración pública en torno al cumplimiento

de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

6.12. Trato hecho

Este programa tiene como objetivo hacer explícitas ante la ciudadanía las metas

de servicio de las instituciones del Estado y crear mecanismos de interlocución

sobre el cumplimiento de dichas metas entre los usuarios y los directivos de las

instituciones.

6.13. Discapacidad

La coordinación de la política de prevención y atención a la discapacidad estará a

cargo de la Vicepresidencia de la República, entidad que adicionalmente

promoverá la investigación y desarrollo de tecnologías apropiadas, desarrollará



sistemas de información y hará campañas masivas que contribuyan a crear una

cultura de respeto y apoyo a los discapacitados.

Se pretende lograr la integración social y el reconocimiento de la dignidad

humana de aquellas personas con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas. Se

adelantarán acciones preventivas para disminuir las causales de limitación; se

adoptarán medidas de tránsito; el plan obligatorio de salud y el plan de atención

básica incluirán acciones encaminadas a la detección temprana y a la intervención

oportuna de la limitación, y los programas de salud ocupacional incluirán la

seguridad laboral. El sector educativo garantizará el acceso para personas con

limitación; condiciones adecuadas para el acceso a créditos y becas educativas y

la presentación de exámenes de Estado. El Sena facilitará el acceso de esta

población a los programas de formación y de orientación e intermediación laboral.

El sistema Coldeportes desarrollará programas de recreación y deportes dirigidos

a la población con limitaciones. Se impulsarán programas de rehabilitación

integral, funcional y profesional. Se brindará información y orientación familiar

sobre el tema.

Se establecerán normas urbanísticas de accesibilidad en colegios, universidades

públicas y privadas, escenarios deportivos y culturales, así como escuelas de

cualquier índole a nivel nacional, y normas de transporte que faciliten el acceso de

las personas con limitaciones. Se promoverá la incorporación de esta temática en

los planes de desarrollo departamental y municipal.

6.14. Mujer



Se promoverán acciones orientadas hacia la equidad y participación de la mujer.

El Gobierno Nacional contará con una instancia con autonomía administrativa y

patrimonio propio encargada de desarrollar la política de participación y equidad

para la mujer. Se apoyarán las iniciativas legislativas y reglamentarias orientadas

hacia los anteriores propósitos y se promoverán actividades a nivel territorial. La

Directora Nacional tendrá asiento en el Consejo Nacional de Política Económica y

Social, Conpes.

La Dirección Nacional para la Equidad, dependiente del Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República, tendrá por objeto la planificación,

seguimiento y coordinación permanente de las acciones que desde los distintos

entes se adelantarán en beneficio de la equidad y participación de la mujer.

El Gobierno Nacional en los tres (3) meses de vigencia del Plan de Desarrollo

determinará la estructura y funciones específicas de la Dirección Nacional para la

Equidad.

6.15. Programas de entidades del sector

Se agrupan bajo este rubro los programas de las entidades que pertenecen al

sector Administración del Estado y que no están incluidos en otros sectores.

7. SECTOR MEDIO AMBIENTE

7.1. Protección de ecosistemas estratégicos



El Subprograma de Ecosistemas Estratégicos para el Desarrollo está orientado a

identificar y establecer programas de manejo de ecosistemas estratégicos para el

desarrollo económico y social del país. Se dará especial atención a los sistemas

de abastecimiento de agua potable y energía.

El subprograma de consolidación del sistema de parques nacionales naturales y

conservación y uso sostenible de la biodiversidad busca fortalecer y consolidar el

actual sistema de Parques Nacionales Naturales mediante una nueva

categorización, el saneamiento legal territorial de sus áreas, la formulación de

planes de manejo, la reglamentación y ordenación de sus zonas de amortiguación

y la vinculación directa de la sociedad civil particularmente; las comunidades

indígenas y negras y organizaciones no gubernamentales en el manejo y la

conservación de estas áreas. Se priorizará el manejo de los parques nacionales y

reseñas forestales en las zonas de páramo y subpáramo, el Macizo Colombiano,

el Chocó Biogeográfico, Amazonia, Serranía de Abibe y Ayapel, Parque de los

Nevados, Sierra de la Macarena y Sierra Nevada de Santa Marta, Sierra Nevada

del Cocuy o Guicán. También se apoyarán las actividades de investigación básica

y aplicada de flora y fauna silvestre, y la formulación de planes de manejo y

políticas de conservación, así como actividades de fomento como la zoocría y la

acuicultura. Se adelantarán acciones de conservación de las especies, se

controlará el comercio ilegal de especies, se reglamentará el acceso a los

recursos de la biodiversidad, se fortalecerá el uso sostenible de la biodiversidad y

se apoyará la formulación de planes de manejo y políticas de conservación.



7.2. Mejor agua

Se buscará mantener la productividad de los sistemas hídricos y mejorar la

eficiencia en el uso del agua. El Gobierno establecerá una política de asignación

de las concesiones de agua que sea económicamente eficiente. Se modernizará

el manejo del recurso hídrico y se actualizará y sistematizará la información de

oferta y demanda de agua a nivel de cuencas, acuíferos y humedales. Se

establecerán procedimientos expeditos y transparentes para la asignación de las

concesiones de agua. Se fijarán las tasas retributivas y compensatorias y de uso

del agua.

Se garantizará la disponibilidad y calidad del agua para el consumo humano y

otros usos, mediante planes de control de erosión, de recuperación y manejo de

las cuencas hidrográficas. Con este fin se adelantarán actividades de

recuperación y manejo de 300 mil hectáreas de microcuencas que abastecen

sistemas de acueducto. Se mejorará la calidad del agua, en especial en los ríos

Cauca y Magdalena.

El subprograma de protección de humedales se dirige a identificar, formular y

poner en marcha un plan nacional para recuperar y proteger los humedales más

importantes del país, entre otros el complejo cenagoso de Zapatosa y Teca, la

ciénaga de la Virgen, la ciénaga Grande de Santa Marta y las lagunas de Tota, La

Herrera, La Cocha, Fúquene y Cucunubá.



El subprograma mares y costas limpias llevará a cabo acciones de recuperación y

mejoramiento ambiental en las zonas costeras y en los terminales marítimos más

contaminados. Se realizará un monitoreo de los fenómenos oceánicos y costeros.

Se establecerá un plan nacional de recuperación de las áreas de manglar y coral

y se diseñará y se pondrá en marcha un plan de manejo ambiental de la zona de

influencia del Canal del Dique, para lo cual se contratará un empréstito

internacional.

Se formulará y pondrá en marcha un Plan Nacional de Manejo de Aguas

Subterráneas que se orientará prioritariamente a aquellos sistemas de provisión

de agua potable y garantizar el uso eficiente de los principales acuíferos

nacionales, específicamente Riohacha, la sabana de Bogotá, Palmira, Valledupar,

Caimito_Sucre, Tunja, San Andrés, sierra Morroa, Cúcuta, y la zona del Canal del

Dique.

Este programa llevará a cabo acciones de recuperación y mejoramiento ambiental

en las zonas costeras y en los terminales marítimos más contaminados. Se

realizará un monitoreo de los fenómenos oceánicos y costeros. Se establecerá un

plan nacional de recuperación de las áreas de manglar y coral, y se diseñará y

pondrá en marcha un plan de manejo ambiental de la zona de influencia del Canal

del Dique, para lo cual se contratará un empréstito internacional.

7.3. Más bosques y servicio forestal nacional



Se impulsará un Estatuto Forestal Unico orientado a contrarrestar la alta

deforestación y la presión sobre los bosques naturales del país, mediante la

formulación y puesta en marcha de una política forestal, que incluirá la reforma al

sistema de concesiones y permisos forestales, la reglamentación y cobro efectivo

de las tasas de aprovechamiento forestal y el montaje de incentivos para mejorar

la reforestación y la eficiencia en el aprovechamiento de los subproductos del

bosque.

Los programas de reforestación buscarán en su diseño asegurar un adecuado

seguimiento. Se privilegiará la participación y la contratación de las comunidades

y ONG del área de influencia. Se reforestarán 160 mil hectáreas de bosque

protector_productor, plantaciones a través del Certificado de Incentivo Forestal.

Se reforestarán como mínimo 40 mil hectáreas de bosque protector. Se montará

un programa de sustitución de leña por fuentes alternativas de energía, así como

combustibles, como briquetas de carbón y gas natural. Se pondrá en marcha el

Servicio Forestal Nacional y se elaborará el Plan de Ordenamiento Forestal.

Adicionalmente, se montará un programa de prevención de incendios forestales.

7.4. Mejores ciudades y poblaciones

Se crearán y fortalecerán las unidades de gestión ambiental urbanas en las

ciudades de más de un millón de habitantes. Para este fin se contratará un

empréstito externo para su fortalecimiento institucional. Mediante sistemas de

cofinanciamiento, se realizarán planes de acción ambiental para las ciudades y

poblaciones, incluidas Cartagena, Santa Marta, Bogotá, Buenaventura, Pasto,



Pereira Centro_Occidente y Barranquilla. Se establecerán instrumentos

económicos para la protección ambiental, dando especial énfasis al diseño y

puesta en marcha del sistema de cobro de tasas retributivas y compensatorias y

tasas por uso de recursos naturales.

Se promoverán sistemas de control de la contaminación por fuentes móviles y el

uso de combustibles menos contaminantes que la gasolina, como el gas natural.

Se diseñarán y cofinanciarán proyectos piloto de transporte urbano sostenible. Se

apoyará la implementación de sistemas no motorizados de transporte.

Se establecerá la red nacional de medición de la calidad del ambiente, dando

prioridad a los centros industriales con mayores índices de contaminación. En

particular Bogotá_Soacha, Medellín_Valle de Aburrá, Cali-Yumbo,

Barrancabermeja, Cartagena_Mamonal, Barranquilla_Soledad entre otros. El

Ideam establecerá el sistema de información ambiental. Se cofinanciarán

proyectos de control de la contaminación hídrica generada por desechos tóxicos y

patógenos. Se apoyarán proyectos de control de contaminación atmosférica,

residuos sólidos y peligrosos. El Ministerio del Medio Ambiente liderará una

campaña de control de la contaminación debida al ruido ambiental.

Se promoverán acciones regionales y locales para la minimización, tratamiento,

reciclaje y disposición final de residuos sólidos particularmente los que tengan

características tóxicas dando participación a los modelos de manejo comunitario y

propendiendo por la cultura del reciclaje.



Se cofinanciarán proyectos de establecimiento y recuperación de zonas

recreativas y proyectos de arborización y aumento de la cobertura vegetal.

Se cofinanciarán proyectos de desarrollo urbano que mejoren la accesibilidad a la

población discapacitada.

7.5. Política poblacional

Se adelantarán acciones de coordinación interinstitucional para avanzar en la

consolidación de una política de población sostenible que incida sobre las

tendencias de las migraciones y asentamientos humanos. Se adelantará un Plan

de Investigaciones en Población y Asentamientos Humanos, dirigido a controlar la

colonización y el crecimiento urbano.

7.6. Hacia una producción limpia

Se fomentará la sustitución de los combustibles hacia aquellos menos

contaminantes como el gas natural para uso industrial y domiciliario. Se fomentará

la eficiencia energética, el manejo para la reducción de la demanda final de

energía y el empleo de energías no convencionales.

Se dará énfasis al apoyo en la protección del entorno natural de áreas de

influencia de pequeñas y medianas explotaciones mineras. Se desarrollará un

Plan de Ordenamiento Ambiental del sector Minero y se expedirá un plan de

ordenamiento de las industrias extractivas de la sabana de Bogotá. Se



estimularán procesos de reconversión tecnológica y se pondrá en marcha un

programa interinstitucional de asistencia técnica educación ambiental.

Se adelantarán acciones para la mitigación de impactos ambientales. Los

Ministerios y sus entidades adscritas y vinculadas garantizarán el cumplimiento de

los planes de manejo exigidos en la licencia ambiental para proyectos de

infraestructura física.

Se establecerán proyectos de asistencia técnica e instrumentos dirigidos a la

reconversión y optimización de procesos para minimizar la generación de

residuos, emisiones y descargas, que incluirán centros de acopio a tecnologías

limpias. Se formulará y pondrá en marcha una política estatal de compra de

productos manufacturados ambientalmente sanos. Se cofinanciarán las acciones

de reciclaje de lubricantes usados y otros materiales residuales que efectúen

empresas comunitarias. Se promoverán las exenciones tributarias para

inversiones ambientales contempladas en el estatuto tributario y se estudiará la

posibilidad de ampliar dichas exenciones a otros sectores. Ecopetrol retirará de

operación su planta de alquilos.

Se promoverán reservas campesinas en zonas de amortiguación del sistema de

parques nacionales, así como reservas a favor de entidades sin ánimo de lucro.

Se brindarán incentivos para la capitalización rural en el uso de tecnologías de

agricultura y ganadería sostenibles. Se promoverá el control biológico de plagas.

Se reglamentará y controlará el uso inadecuado de agroquímicos y se montará un

programa de control de la contaminación de fuentes no puntuales producida por



actividades agrícolas. Se establecerán los cupos globales de pesca y se

actualizarán las tasas de aprovechamiento pesquero y el sistema de otorgamiento

de permisos.

Se adelantarán programas para el manejo adecuado de los residuos tóxicos y

patógenos generados en los centros hospitalarios.

Se emprenderán acciones para reducir el impacto ambiental de los grandes

proyectos turísticos. Los Ministerios del Medio Ambiente y Desarrollo Económico

promoverán el Ecoturismo, para lo cual se emprenderán proyectos pilotos.

7.7. Educación y concientización ambiental

Se incorporará la educación ambiental en la educación formal y en la no formal.

Se capacitarán en el tema ambiental a 5.000 docentes, 3.000 extensionistas,

1.650 profesionales, 3.500 funcionarios del Sina y 800 representantes de la

sociedad, alcaldes y personeros municipales. Se reglamentará y pondrá en

marcha el servicio ambiental obligatorio y se impulsará una campaña masiva de

educación ambiental. Se cofinanciarán proyectos ambientales educativos del

sector no gubernamental así como la participación ciudadana.

7.8. Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental, Sina

Se pondrán en marcha todas las entidades gubernamentales que conforman el

Sistema Nacional Ambiental y se fortalecerán las entidades existentes. Igualmente



se reglamentará y se constituirá el Fondo Nacional Ambiental, Fonam, como parte

del sistema de cofinanciación. Se incorporarán dentro del Sistema Nacional de

Evaluación a la Gestión Pública programas y planes de acción adelantados por

las entidades gubernamentales.

7.9. Información e investigación ambiental

Como apoyo a las entidades del Sistema Nacional Ambiental y a la ciudadanía se

pondrá en funcionamiento el Sistema de Información e Investigación Ambiental.

Se realizarán investigaciones para ampliar el conocimiento del patrimonio natural,

evaluar y monitorear el estado de los recursos naturales y del ambiente.

Igualmente se desarrollarán indicadores de calidad ambiental.

7.10. Planificación y ordenamiento ambiental

Se iniciará el programa de ordenamiento ambiental del territorio, mediante el

desarrollo y consolidación de herramientas para este fin. Se desarrollarán en

coordinación con las entidades territoriales y las Corporaciones Autónomas

Regionales programas de identificación de áreas vulnerables a desastres

naturales. Se fortalecerá la planificación ambiental mediante el uso de los

instrumentos previstos por la ley como el diagnóstico ambiental de alterativas (sic)

y los estudios de impacto ambiental. Se identificarán las zonas básicas de

conservación y se determinarán las restricciones ambientales de uso del territorio.

Se pondrán en marcha las disposiciones contenidas en la Ley 70 sobre

ordenamiento y manejo de recursos naturales en las áreas del medio ambiente.



8. SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA

8.1. Fortalecimiento de la capacidad nacional de ciencia y tecnología

Este programa busca consolidar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología,

aumentando la capacidad global de manejo de recursos financieros. Se apoyará

la formación de investigadores e ingenieros, la creación y consolidación de

centros y grupos de investigación y su participación en programas y redes

internacionales.

8.2. Innovación, competitividad y desarrollo tecnológico

Este programa pretende fomentar el desarrollo de redes de innovación que

faciliten el vínculo entre empresas, centros de desarrollo tecnológico,

universidades y otras entidades de apoyo al cambio técnico, orientadas a

promover procesos de innovación en el sector productivo. Se apoyará la

consolidación del Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología,

con el fin de que el sector productivo compita con éxito en los mercados interno y

externo. Además, se adelantarán acciones en el desarrollo de la propiedad

intelectual y la creación de sistemas de información.

8.3. Ciencia y desarrollo social



El objetivo de este programa es el apoyo y la consolidación de la investigación en

temas estratégicos para el desarrollo social y económico del país como análisis de

factores que inciden sobre la pobreza, el funcionamiento de la economía, las

nuevas formas de acción e intervención del Estado, la relación de éste con la

sociedad civil, la gobernabilidad, el conocimiento de nuestra historia y

heterogeneidad étnica y cultural. Se fomentará la creación de espacios sociales y

foros para el debate público y se adelantarán acciones tendientes a apoyar la

eficiencia y la efectividad de las políticas y los programas sociales.

8.4. Medio ambiente y hábitat

El objeto de este programa es apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la

investigación sobre los ecosistemas que albergan la biodiversidad terrestre y

marina, las especies que la integran y sus usos sostenibles; además, el manejo

de los recursos naturales y la recuperación del medio ambiente urbano y el

desarrollo de patrones de urbanización sostenibles en el largo plazo.

8.5. Sistemas de información e integración de la ciencia y la tecnología a la

sociedad colombiana

El objetivo central de este programa es que la ciencia y la tecnología se

incorporen firmemente en la cultura nacional. Para este fin, se adelantarán

acciones en la enseñanza y popularización de la ciencia y la incorporación

agresiva de la informática y de las redes de información nacionales e

internacionales.



Del total del programa de ciencia y tecnología, se destinarán como mínimo

$25.000 millones a las zonas de frontera.

9. INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO EXTERNO E INTERNO

9.1. Bancoldex

Este programa pretende apoyar la participación de la industria nacional de bienes

de capital y servicios técnicos en licitaciones internacionales y nacionales en

condiciones financieras competitivas con las de los demás países. Se destinarán

recursos anuales para compensar los menores ingresos provenientes de créditos

otorgados a las empresas colombianas en licitaciones antes mencionadas.

9.2. Proexport

El objeto de este programa es fortalecer las actividades relacionadas con la

promoción de las exportaciones de bienes y servicios y la ampliación de sus

actividades a nivel nacional, haciendo especial énfasis en los pequeños

exportadores.

9.3. Industria, turismo y comercio externo e interno

La finalidad de este programa es apoyar una serie de proyectos de los Ministerios

de Desarrollo y Comercio Exterior, como el Sistema Nacional de Calidad y



Patentes coordinado por la Superintendencia de Industria y Comercio; los

proyectos tendientes a apoyar la competitividad del sector turismo; los proyectos

del sector industrial (subcontratación y diseño); los proyectos del sistema de

información del Ministerio de Comercio Exterior los proyectos dirigidos a apoyar el

sector de comercio interno; y proyectos de transferencia tecnológica.

Las acciones que se desarrollen en el sector turismo se encaminarán a fortalecer

su competitividad, de tal forna (sic) que se generen condiciones favorables para

su desempeño, con la clara preservación de los valores sociales, culturales y

ambientales del país.

Las estrategias que permitan concretar los anteriores objetivos se centrarán en:

impulso a la competitividad, apoyo a la descentralización y la promoción de la

imagen, la cual incluirá el análisis del mercado y del producto, fortalecimiento de

la promoción y la inclusión del turismo receptivo dentro del Plan Estratégico

Exportador.

Por último se impulsará una serie de acciones tendientes a brindar apoyo a la

actividad. Ellas son: la cooperación técnica y la integración internacional,

consolidación de las zonas francas turísticas y el mejoramiento de la

infraestructura física.

9.4. Consejo Nacional de Competitividad



El objeto de este proyecto es apoyar la estrategia de productividad, competitividad

y calidad, fundamentalmente en el desarrollo de acuerdos tripartitos y el diseño y

regionalización de la estrategia nacional de competitividad.

Artículo 21. Los valores asignados en el Plan Nacional de Inversiones Públicas

1995_1998 para los principales programas y subprogramas descritos en el

artículo anterior expresados en millones de pesos de 1994, son los que se

relacionan a continuación:

Sector

1. SOCIAL

1.1. AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO

1.1.1. Aumento de coberturas y

mejoramiento de la calidad

del agua

1.1.2. Modernización institucional

del sector agua potable

1.2. CULTURA, RECREACION

Y DEPORTE

1.2.1. Cultura

1.2.2. Monumentos nacionales

1.2.3. Deporte y recreación



1.2.4. Participaciones municipales

Cultura y deporte

1.3. JUVENTUD

1.4. EDUCACION

1.4.1. Educación preescolar,

básica y media

1.4.1.1. Mejoramiento de la

calidad

1.4.1.2. Infraestructura y dotación

1.4.1.3. Desarrollo institucional

1.4.1.4. Subsidios

1.4.1.5. Fondo Educativo de

Compensación

1.4.2. Educación superior

1.4.3. Otros programas de

educación

1.5. EMPLEO

1.5.1. Capacitación e intermediación

laboral _Sena_

1.5.2. Programas especiales

de empleo

1.5.2.1. Plan de empleo rural _RED_

1.5.2.2. Plan de empleo urbano _RED_

1.5.3. Economía solidaria

1.5.4. Artesanías

1.5.5. Plan Nacional para el



Desarrollo de la Microempresa

1.5.6. Tercera Edad

1.6. GASTO SOCIAL RURAL

1.6.1. Reforma agraria

1.6.2. Desarrollo rural campesino

e indígena

1.6.3. Vivienda social rural

1.6.4. Subprograma apoyo al

desarrollo alternativo

1.7. SALUD

1.7.1. Acceso universal a los

servicios de salud preventivos

y curativos

1.7.1.1. Seguridad social

subsidiada

1.7.1.2. Plan de Atención

Básica, PAB

1.7.2. Mejoramiento de la calidad

de oferta pública de servicios


1 nivel


2 y 3 nivel

1.7.2.3. Gestión

1.7.2.4. Infraestructura ISS



1.7.3. Gestión descentralizada y

capacidad técnica del sector

1.7.4. Garantía de calidad de los

servicios de salud

1.7.4.1. Recursos humanos

1.7.4.2. Desarrollo sistemas de

información y monitoreo

1.7.5. Ciencia y tecnología para

la salud

1.7.6. Otros programas sector

1.7.6.1. Subsidio tasas de interés

créditos IFI

1.7.6.2. Otros

1.7.7. Transferencias y situado

del sector salud

1.7.8. Protección y bienestar social lSS

1.8. NIÑEZ

1.8.1. Movilización en torno a

la niñez

1.8.2. Protección y desarrollo

de la niñez

1.8.3. Menores en situación irregular

1.8.4. Desarrollo institucional

1.8.5. Hogares de bienestar

1.8.6. Otros programas niñez

1.9. VIVIENDA SOCIAL



URBANA

Presupuesto inversión nacional

9.257.714

326.290

317.302

8.988

304.122

139.913

63.847

100.362

24.474

1.502.057

1.077.892

313.241

184.491

58.899

194.063

327.199

410.087

14.078

1.420.034

775.956

205.084

88.066

117.018

4.992



6.907

95.553

331.542

1.113.484

469.997

374.118

219.416

49.954

1.889.071

1.285.299

1.086.348

198.951

445.169

113.275

304.084

27.810

29.222

38.065

26.609

11.458

28.804

62.512

39.400

23.112

1.612.761

9.574



221.734

131.980

5.536

994.905

249.032

1.060.534

Empresas

públicas

424.862

26.355

26.355

398.507

150.682

43.326

204.499

Transferencias

inversión social

12.165.094

347.421

285.610

285.610

7.997.622

7.997.622

3.534.441

856.829

210.639



2.466.973

Total

plan

21.847.670

673.711

589.732

9.499.679

1.446.389

1.113.484

5.822.019

1.612.761

1.060.534

Sector

1.9.1. Vivienda red de

solidaridad social

1.9.2. Vivienda no cubierta red

de solidaridad social

1.10. POLITICA DE APOYO

AL DESARROLLO URBANO

2. JUSTICIA

2.1. APOYO TÉCNICO Y HUMANO AL SISTEMAJUDICIAL

2.2. ACCESO A SERVICIOS

JUDICIALES, ADMINISTRACION

JUSTICIA Y DERECHO

2.3. PREVENCION DEL DELITO



Y ATENCION A LAS VICTIMAS

2.4. DETENCION, CUMPLIMIENTO

DE PENA Y REHABILITACION

2.5. APOYO A LAS ACCIONES

PARA LA SUPERACION DEL

PROBLEMA DE LA DROGA

3. DEFENSA Y SEGURIDAD

4. INFRAESTRUCTURA

4.1. ENERGIA

4.1.1. Petróleo

4.1.1.1. Exploración básica

de petróleo

4.1.1.2. Producción de petróleo

4.1.1.3. Refinación y petroquímica

4.1.1.4. Transporte de petróleo

4.1.1.5. Otros petróleo

4.1.2. Gas

4.1.3. Electricidad

4.1.3.1. Generación eléctrica

4.1.3.2. Interconexión eléctrica

4.1.3.3. Transmisión y

distribución eléctrica

4.1.3.4. Electrificación rural

4.1.3.5. Inversión social

(subsidios)

4.1.3.6. Uso racional de energía



4.1.4. Carbón

4.1.4.1. Exploración básica de

carbón

4.1.4.2. Desarrollo de proyectos

carboníferos

4.1.4.3. Producción minera del

carbón

4.1.4.4. Promoción minera del

carbón

4.1.4.5. Gestión ambiental del

carbón

4.1.4.6. Asistencia técnica para

el carbón

4.1.4.7. Desarrollo infraestructura

carbonífera

4.2. MINERIA

4.2.1. Exploración básica en minería

4.2.2. Evaluación y desarrollo minero

4.2.3. Gestión ambiental minera

4.2.4. Asistencia y seguridad minera

4.2.5. Investigación y desarrollo

tecnológico minero

4.2.6. Promoción y contratación

minera

4.3. TELECOMUNICACIONES



4.3.1. Telefonía local

4.3.2. Telefonía larga distancia

4.3.3. Telefonía social

4.3.4. Televisión

4.3.5. Correos y otros

4.4. TRANSPORTE

4.4.1. Carreteras

4.4.1.1. Red troncal y

transversal

4.4.1.1.1. Rehabilitación y

mantenimiento

4.4.1.1.2. Construcción y

pavimentación

4.4.1.1.3. Participación pública

en concesiones

4.4.1.1.4. Otras inversiones

red troncal

4.4.1.2. Red secundaria y terciaria

4.4.1.2.1. Red secundaria a cargo

del Invías

4.4.1.2.2. Construcción red terciaria

4.4.1.2.3. Fondo de Cofinanciación

de Vías_Mantenimiento


de Vías_Rehabilitación,

mejoramiento y construcción




de Vías_Transferencias

Presupuesto

inversión

nacional

503.182

557.351

4.886

364.758

219.065

6.100

6.209

126.783

6.600

1.015.000

6.200.999

724.061

667.070

138.662

144.342

77.522

300.795

5.747

56.991

4.076



7.786

5.546

15.947

14.767

8.869

55.216

4.454

13.397

9.812

5.632

12.209

9.712

257.512

145.722

42.270

69.520

5.164.210

4.382.978

3.425.065

878.438

1.370.339

495.282

681.006

957.913

147.313

71.413

305.613



396.391

37.184

Empresas

públicas

4.886

5.583.311

4.547.867

2.493.413

187.181

1.413.547

667.595

183.014

42.076

295.880

1.725.149

593.641

338.569

792.939

33.425

24.035

9.390

9.421

3.385

5.336

700

1.026.023



521.456

492.663

6.237

5.667

Transferencias

inversión social

Total

plan

364.758

1.015.000

11.784.310

Sector

4.2. Vías férreas

4.4.3. Transporte aéreo

4.4.3.1. Aeronáutico

4.4.3.2. Aeroportuario

4.4.4. Puertos marítimos

4.4.5. Fluvial

4.4.6. Transporte urbano

5. AGRICOLA

5.1. ADECUACION DE TIERRAS

5.2. CAPITALIZACION Y FINANCIAMIENTO

5.3. COMERCIALIZACION Y

AGROINDUSTRIA

5.4. MANEJO DE RIESGOS



5.5. APOYO Y FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

6. ADMINISTRACION DEL

ESTADO

6.1. AGENDA INTERNACIONAL

6.2. MODERNIZACION DE LOS

SISTEMAS DE IDENTlFICAClON

CIUDADANA

6.3. PARTICIPACION DE LA

SOCIEDAD CIVIL

6.4. DERECHOS HUMANOS

POBLACIONES DESPLAZADAS

DAMNIFICADAS

POR LA VIOLENCIA

6.5. DESARROLLO Y MODERNIZACION

INSTITUCIONAL

MINGOBIERNO

6.6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DE LAS ENTIDADES

TERRITORIALES

6.7. REINSERCION Y CONVIVENCIA

CIUDADANA

6.7. PUEBLOS INDIGENAS Y

COMUNIDADES AFRO_

COLOMBIANAS Y RAIZALES

MINGOBIERNO



6.9. ATENCION Y PREVENCION

DE DESASTRES

6.10. CONSERVACION Y DIFUSION

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

6.11 SISTEMA NACIONAL DE

EVALUACION DE RESULTADOS

6.12. TRATO HECHO

6.13. DISCAPACIDAD

6.14. DIRECCION NACIONAL

PARA LA EQUIDAD

DE LA MUJER

6.15. PROGRAMAS DE ENTIDADES

DEL SECTOR

7. MEDIO AMBIENTE

7.1. PROTECCION ECOSISTEMAS

ESTRATEGICOS

7.2. MEJOR AGUA

7.3. MAS BOSQUES Y SERVICIO

FORESTAL NACIONAL

7.4. MEJORES CIUDADES Y

POBLACIONES

7.5. POLITICA POBLACIONAL

7.6. HACIA UNA PRODUCCION

LIMPIA

7.7. EDUCACION Y CONCIENTIZACION

AMBIENTAL



7.8. FORTALECIMIENTO SISTEMA

NACIONAL AMBIENTAL

7.9. INFORMACION E INVESTIGACION

AMBIENTAL

7.10. PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO

AMBIENTAL

8. CIENCIA Y TECNOLOGIA

8.1. FORTALECIMIENTO CAPACIDAD

NACIONAL DE CIENCIA Y

TECNOLOGIA

8.2. INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y

DESARROLLO

TECNOLOGICO

8.3. CIENCIA Y DESARROLLO

SOCIAL

8.4. MEDIO AMBIENTE Y

HABITAT

8.5. SISTEMAS DE INFORMACION

E INTEGRACION CIENCIA Y

TECNOLOGIA A LA SOClEDAD

COLOMBIANA

9. INDUSTRIA, TURISMO Y

COMERCIO EXTERNO

E INTERNO

9.1. BANCOLDEX



9.2. PROEXPORT

9.3. INDUSTRIA, TURISMO

Y COMERCIO EXTERNO

E INTERNO

9.4. CONSEJO NACIONAL DE

COMPETITIVIDAD

TOTAL PLAN

Presupuesto

inversión

nacional

285.324

163.464

62.746

100.717

78.698

89.153

164.594

965.987

448.234

278.645

161.794

35.265

42.049

684.843

9.689

40.634



43.415

20.158

3.194

8.977

6.561

12.493

23.640

2.178

1.537

690

4.827

7.388

499.463

510.645

72.163

96.661

25.896

127.788

3.546

21.059

47.313

102.401

7.997

5.820

848.518

201.175



361.870

87.717

48.088

149.667

99.387

19.700

44.325

31.520

3.842

19.947.849

Empresas

públicas

6.008.173

Transferencias

inversión social

12.165.094

Total

plan

965.987

684.843

510.645

848.518

99.387

38.121.116



Artículo 22. Los principales proyectos de inversión del Plan Nacional de

Inversiones Públicas 1995_1998 son los siguientes (citas en millones de pesos de

1994):

PROYECTOS

RED TRONCAL

Rehabilitación y mantenimiento

Troncal de Occidente (Rumichaca_Calamar)

Troncal de Occidente (Calamar_Barranquilla)

Troncal del Magdalena

Troncal Central

Troncal del Eje Cafetero

Transversal del Caribe

Transversal Medellín_Cúcuta_Puerto Santander

(incluyendo puente Unión sobre el río La Grita)

Transversal Buenaventura_Villavicencio (incluyendo variantes de Buenaventura y

la vía Armenia_lbagué)

Transversal Tumaco_Mocoa

Transversal Medellín_Bogotá Puerto Boyacá_Chiquinquirá_

Tunja_Ramiriquí_Miraflores_Monterrey

Cali_Loboguerrero

Sisga_Guateque_EI Secreto



Villagarzón_Villavicencio

Mariquita_Manizales

Pamplona_Saravena

Aguaclara_Ocaña_Cúcuta

San José del Guaviare_Calamar

Construcción y pavimentación Carmen_Bosconia_Valledupar_Badillo_San

Juan_Maicao (incluye puente Plato_Zambrano)

Medellín_Turbo

Variante La Romelia_EI Pollo

Troncal del Llano (Villavicencio_Yopal_Saravena)

Accesos túnel Medellín_Santa Fé de Antioquia

Puerto Triunfo_Puerto Olaya_San Alberto

Viaducto Pereira_Dosquebradas

Puente G L Valencia río Ariari

Puente río Guaviare en Puerto Arturo

Bucaramanga_Alto El Escorial_Cúcuta

Turbo_Puerto Rey

Sogamoso_Aguazul

Altamira_Florencia

Variante Mamonal_Gambote y variante de Cartagena

Mocoa_Pitalito

Granada_San José del Guaviare

Quibdó_Medellín (sector Quibdó_Ciudad Bolívar)

Paso por la Cordillera Central (transversal Buga_Chaparral_Melgar y/o

Ibagué_Armenia)



Puerto Rey_Montería (incluido el acceso a Montería y rehabilitación puente sobre

el río Sinú)

Cartagena_Lomita Arena

Puerto Berrío_Cisneros

Mocoa_San Francisco_EI Encano

Ansermanuevo_La Virginia_lrra

Neiva_San Vicente (Subbase)

Asia_Apía_Las Animas_Quibdó y La Virginia_Apía

Circuito Ecoturístico Huila_Cauca

Popayán_Puracé_La Plata_Laberinto

Popayán_lnzá_La Plata

San Agustín_Pitalito_lsnos_Popayán

Transversal Depresión Momposina (Puerta de Hierro-Mompox-Banco-Arjona-

Cuatro Vientos-Codazzi)

Lorica_San Bernardo del Viento_Moñitos_Santa Lucía

Las Animas_Nuquí

Puente San Miguel_Villagarzón_Mocoa

La Espriella_Río Mira_Río Mataje

Acceso a la Mojana (Majagual_San Marcos_EI Viajano)

Santa Fé de Antioquia_Puerto Valdivia

Popayán_Tambo_Pacífico

Puerto López_Puerto Gaitán_Puerto Carreño

Troncal Central del Norte (Duitama_Soatá_Málaga_Pamplona)

Circunvalares de San Andrés y Providencia

Variantes y accesos

Variante de Mirolindo (Variante de Ibagué)



Anillo Vial de Cúcuta

Variante de Riohacha

Variante de Tunja

Neiva_Surabastos (Variante de Neiva) y puente sobre el río del Oro

Intercambiador Puerta del Sol (Bucaramanga)

Circunvalar Barranquilla

Accesos y variantes de Cali

Acceso Transversal Carmen_Bosconia (Santana_La Gloria)

Accesos Troncal de Occidente (La Ye_Ciénaga de Oro_Cereté, Córdoba)

Accesos Troncal de Occidente (Chinú_San Andrés_Lorica, Córdoba)

Variante Sur Espinal

Circunvalar Galeras

Troncal Alterna del Norte (Pasto_Buesaco_Mojarras)

Accesos a Pasto por Oriente y Occidente_Puentes vía Panamericana

3.425.065

878.438

267.416

34.000

44.271

32.957

36.139

67.353

49.470

115.334



35.975

52.598

19.680

18.794

11.404

31.121

27.375

5.728

27.100

1.723

370.339

72.698

65.930

26.310

112.972

39.006

43.038

24.822

8.267

8.854

47.459

24.750

22.632

44.143

36.787

19.143

14.230



26.087

59.100

45.202

15.532

30.498

7.359

37.565

15.234

39.293

47.280

25.610

11.820

9.850

50.766

27.088

7.051

15.646

12.261

19.700

20.222

6.895

9.850

37.430

14.775

214.464

3.940



9.850

4.925

9.850

3.448

3.940

10.000

59.100

5.910

1.970

3.940

2.970

19.700

19.700

3.448

PROYECTOS

Variante de Ipiales

Paralela del río Magdalena (Palermo_Pedraza_Plato)

Variante de Chiquinquirá

Vía alterna al Puerto de Santa Marta

Variante Calacarcá_Circasia (sector Chagualá_La Cabaña

Participación pública en concesiones

Bogotá_Villavicencio

Bogotá_Puerto Salgar

Vías de acceso del Sur y Sur_Occidente de Bogotá



Vía alterna Buga_Buenaventura

Túnel Santa Rosa Armenia_Pereira_Manizales

Avenida Cundinamarca (Santafé de Bogotá)

Pasto_Aeropuerto

Otras concesiones

Otras inversioncs red troncal

PETROLEO

Desarrollo petrolífero de Cusiana

Ampliación refinerías Barrancabermeja y Cartagena

Poliducto del Pacífico, que se extenderá hasta los Departamentos de Cauca y

Nariño, incluyendo la ciudad de Pasto

GAS

Desarrollo gasífero de Opón

Desarrollo gasífero de Volcanares

ELECTRICIDAD

Central Hidroeléctrica de Urrá

Central Hidroeléctrica de Miel I

San Carlos_San Marcos

TELEFONIA DE LARGA DISTANCIA

red de fibra óptica

Plan maestro Acueducto y Alcantarillado de San Andrés y Providencia

Dragado e interconexión de los cuerpos de agua El Guajaro, Luruaco, Tocagua y

Totumo

y adecuación de tierras en el Departamento del Atlántico

Encauzamiento, regulación y control de los arroyos Don Juan, El Salao, y El

Platanal en



Barranquilla y Soledad, Departamento del Atlántico

Estadio Alfonso López

985

37.430

1.478

7.880

4.000

495.282

108.153

52.517

19.700

70.329

16.535

83.164

4.925

139.959

681.006

1.647.909

966.462

599.747

81.700

246.334

65.362

180.972

644.160



350.846

160.955

132.359

140.000

140.000

61.070

19.800

10.450

985

Artículo 23. Para la ejecución del Plan Nacional de Inversiones e Gobierno

Nacional emprenderá acciones para atraer inversión extranjera asociarse con

particulares tanto nacionales como extranjeros y crear estímulos para que el

sector privado realice actividades que pueda ejecutar eficientemente.

En tal sentido el Gobierno Nacional promoverá con el sector privado los siguientes

proyectos de concesiones incluidos en el Plan Vial Nacional:

Buga Tuluá_La Paila

Bogotá_Villavicencio

Desarrollo Vial del Norte de Bogotá

Bogotá_Facatativá

Armenia_Pereira_Manizales

Avenida Cundinamarca (Santafé de Bogotá)

Bogotá_Puerto Salgar

Vía alterna Buga_Buenaventura



Cali_Palmira_Buga

Girardot Ibagué (incluye la construcción de la variante de Gualanday)

Chusacá_Girardot

Medellín_La Pintada

Briceño_Villapinzón_Tunja_Sogamoso

Túnel Medellín Santa Fé de Antioquia

La Paila_Cartago_Pereira

Cartagena_Turbaco

Ciénaga_Barranquilla

Patios_La Calera_Guasca

El Cortijo_EI Vino

Santa Marta_Paraguachón

Carreteras del Meta

Barranquilla_Cordialidad

Medellín_Valle de Rionegro

Espinal_Neiva

La Paila_Armenia_Calarcá

Cali_Mediacanoa

Planeta Rica_Coveñas

Ibagué_Honda

San Gil_Bucaramanga

Zipaquirá_Chiquinquirá

Santander de Quilichao_Popayán

Segunda calzada Bello_Barbosa

Vías de acceso del Sur y Suroccidente de Bogotá Pasto_Aeropuerto.



Para emprender aquellas actividades que deba realzar de manera independiente,

el Estado hará esfuerzos para racionalizar la estructura tributaria y aumentar la

eficiencia en la administración de los tributos garantizando así el debido recaudo.

Al mismo tiempo, controlará la eficiente y racional aplicación del gasto público.

Para alcanzar este cometido además de garantizar los niveles de participación y

transferencias a las entidades territoriales, fortalecerá los mecanismos de

cofinanciación de actividades propias de estas entidades; asignará a las entidades

estatales claras responsabilidades sobre ejecución y resultados; mejorará la

coordinación intra e interinstitucional y aplicará el Sistema Nacional de Evaluación

de Resultados, coordinado por el Departamento Nacional de Planeación. Durante

los años 1996, 1997 y 1998, no menos del 90% de los recursos de libre

asignación a que se refiere el parágrafo 1o. del artículo 10 de la Ley 60 de 1993,

se destinará a gastos de educación.

Artículo 24. La distribución de recursos por $886.500 millones de 1994, los cuales

incluyen los subprogramas: Red Secundaria a cargo del Instituto Nacional de Vías

(4.4.1.2.1), Fondo de Cofinanciación de Vías_Mantenimiento (4.4.1.2.3), Fondo de

Cofinanciación de Vías Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción (4.4.1.2.4),

Fondo de Cofinanciación de VíasTransferencia (4.4.1.2.5), se hará mediante

cupos indicativos a los departamentos, distritos y municipios categorizados. Los

porcentajes correspondientes a dichos cupos son los siguientes:

Depto/ Categoría Cupo Depto/ Categoría Cupo



Distrito (%) Distrito (%)

Antioquia 3 5.89 Quindio 3 1.88

Atlántico y D.E.I.P

de Barranquilla 2 4.19 Risaralda 3 2.28

Bolívar y D.T.C.

de Cartagena de Indias 1 3.16 Santander 3 5.24

Boyacá 2 9.24 Sucre 1 2.05

Caldas 3 2.85 Tolima 2 7.26

Caquetá 1 2.07 Valle 3 4.38

Cauca 2 4.15 Arauca 2 1.23

Cesar 2 2.73 Casanare 1 1.84

Córdoba 1 2.90 Putumayo 1 0.77

Cundinamarca 2 6.71 San Andrés 2 0.77

Chocó 1 2.60 Amazonas 1 0.33

Huila 2 3.50 Guainía 1 0.25

Guajira 2 1.50 Guaviare 1 0.66

Magdalena

y D.T.C.H.

de Santa Marta 1 5.10 Vaupés 1 0.41

Meta 2 3.22 Vichada 1 0.35

D.C. Santafé

Nariño 1 3.65 de Bogotá 4 2.16

Norte Santander 2 4.68



El Fondo de Cofinanciación de Vías garantizará que al menos el 15% de los

cupos indicativos señalados para cada departamento o distrito se destinen a

inversiones en construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de

carreteras de la red terciaria.

Para acceder al Fondo, los entes territoriales deberán cumplir con los siguientes

requisitos:

1. Los proyectos correspondientes serán presentados al Fondo de Cofinanciación

de Vías (al Instituto Nacional de Vías en el caso del subprograma 4.4.1.2.1).

Dichos proyectos deberán contemplar las asignaciones y las metas físicas

respectivas especificando si se trata de obras de mejoramiento, pavimentación,

rehabilitación construcción, o mantenimiento de las redes, estudios de

preinversión, asistencia técnica o capacitación. Así mismo, los proyectos

especificarán si se trata de obras de red secundaria o red terciaria. El Fondo

revisará entre otros, la consistencia de los costos de las obras, con los

parámetros técnicos existentes. Los proyectos considerarán la implantación de

esquemas fiscales de recaudo de valorización cuando las obras lo permitan.

2. Incluir en el Plan los siguientes porcentajes de participación de los entes

regionales en la cofinanciación, según la categorización de los departamentos y

distritos señalada anteriormente. El aporte promedio de la entidad territorial según

su categoría será:

Categoría 1 10%



Categoría 2 20%

Categorías 3 y 4 30%

Los municipios pertenecerán a la categoría del departamento en el cual se

encuentren localizados.

3. En el caso de los departamentos, cumplir con el programa de transferencia de

vías establecido por el Gobierno Nacional.

A partir de 1996, el Fondo de Cofinanciación de Vías transferirá, al inicio de cada

año el 30% de los recursos programados para cada proyecto en el año

correspondiente. Los desembolsos posteriores para ese año serán autorizados

para cada proyecto con base en la ejecución de las obras financiadas; y el

cumplimiento de los aportes locales. El incumplimiento en la programación anual

de la ejecución de los proyectos será sancionado por el Fondo de acuerdo con la

reglamentación que establezca su Comité de Administración.

Los desembolsos destinados a obras de construcción, pavimentación,

mejoramiento y rehabilitación, se realizarán una vez la entidad territorial cuente

con los estudios de diseño e ingeniería correspondientes, así como con las

licencias ambientales expedidas por la entidad competente.

Con los recursos establecidos en este artículo se financiarán, entre otras, obras

de construcción, pavimentación, mejoramiento y rehabilitación de los siguientes

proyectos:



Leticia_Tarapacá

Porce_Remedios_Zaragoza_Caucasia

La Unión_Sonsón

La Pintada_Bolombolo_Santa Fé de Antioquia

Puerto Berrío_Remedios

Porce_Troncal de la Paz

Intersección Troncal de la Paz_Zaragoza_Caucasia

La Ye_Vegachí

Jardín_Riosucio

Variante de la Troncal Occidental en el Municipio de Bello

Yolombó_Fraguas (Segovia)

Frontino_Nutibara_Dabeiba

Frontino_Musinga_Carauta

Valparaíso_Caramanta

La Ceja_Las Colmenas_Abejorral

Bolombolo_Concordia_Betulia_Urrao

Ebéjico_Partida Vía al Mar

Segovia_Alto Bagre_Puerto López (Municipio Bagre)

Segunda Calzada Eje Bananero Chigorodó_Turbo

Turbo_Valencia_Montelíbano_Ayapel

Anillo vial Peñalisa-Tarso-Pueblo Rico-Jericó-Támesis-Valparaíso-

Caramanta

Santa Fé de Antioquia-Caicedo-Urrao

Angelópolis-Amagá



Arauca-Cravo Norte

Arauca-Tame-La Cabuya-Sácama-Socha-Belén

Santa Verónica-Juan de Acosta-Baranoa-Polonuevo-Santo Tomás

San Estanislao-Las Piedras-Arjona

Santa Rosa-San Estanislao

Turbaná-Turbaco

Zambrano-Córdoba-Magangué

El Guamo-Desconsolado-Intersección Troncal de Occidente

Magangué-San Martín de Loba-Santa Rosa-Simití-San Pablo

Turbaná-Ballestas

Turbaco-Cañaverales

Canabate-La Pacha (Municipio Alto Rosario)

Barranco de Loba_San Antonio (Municipio Barranco de Loba) Barranco de

Loba_Alto Rosario (Municipio Barranco de Loba_Alto Rosario)

Puerto Venecia_Río Nuevo (Municipio de Achí)

Achí_Sincerín (Municipio de Achí)

Tiquisio_Puerto Rico_El Juclán_Ventura_Quebrada del Metí

Charalá_Duitama

Chiquinquirá_Otanche_Puerto Boyacá

Tunja_Ramiriquí_Miraflores

Tunja_Jenesano_Tibaná_Garagoa_Las Juntas

Guayatá_Guateque_Sutatenza_Tenza_Garagoa

Togüí_Moniquirá

Curubito_Muzo_La Mina_Quípama_Río Guaquimay

Moniquirá_Santa Sofía_Villa de Leiva_Arcabuco



Chiscas_El Espino_Panqueva_Guicán; La Palmera_El Espino; El

Cocuy_Panqueva

Soatá_Boavita_San Mateo_Guacamayas_EI Espino

Tibaná_Turmequé_Villapinzón

Paipa_Toca_Tunja

Puente Boyacá_Samacá

Jenesano_Tierranegra

Vado Real_Gámbita_Palermo_Paipa

Sotaquirá_Avendaños

Circuito Turístico, Perimetral Lago de Tota_Aquitania_Tota _Cuítiva_Iza

Corrales_Busbanzá_Floresta_Santa Rosa de Viterbo

Páez_Chámeza

Salamina_Pácora_Aguadas_La Pintada

Dorada_Norcasia_Florencia

Perico_Victoria_Marquetalia_Manzanares_Neira_Manizales

Victoria_Cañaveral-La Miel

Las Ceibas-Guacamayas-Algeciras y acceso a Santana Ramos

Campo Hermoso-Betania

Las Sombras-Llanos de Yarí

San José del Fragua_Curillo

La Nevera_Orocué

Paz de Ariporo_La Hermosa

Puente sobre el río Cusiana, Aguazul_Recetor

Trinidad_Bocas del Pauto

Aguazul_Maní



Yopal_Tilodirán

Popayán_Rosas_San Sebastián_río Villalobos

Piendamó_Morales_Suárez_Timba

El Bordo_Bolívar_San Sebastián

Puerto Tejada_El Palo_Toribío

Silvia_Piendamó

San Roque_Codazzi

Valledupar_Pueblo Bello

Valledupar_Atánquez

Cuatro Vientos_Los Venados_Caracolí

La Gloria_La Mata

El Tres_San Pedro_Valencia_Montelíbano_Caucasia

La Apartada_Ayapel

K15_Tierralta

Tuchín_Chimá_Corozalito_Punta de Yanez_Ciénaga de Oro

San Carlos_Intersección: Cereté_Ciénaga de Oro

Montería_Corregimiento El Sabanal

Montería_Corregimiento Villavicencio

Usme_San Juan de Sumapaz_Colombia

Guayabal_Cambao_Armero

La Palma_Yacopí_Puerto Salgar

Cáqueza_Fosca

Río Guaquimay_Pacho

Subachoque_Tablazo

Vía El Resguardo_Carretera Panamericana

Variante tráfico pesado Piamonte_La Portada_El Triunfo



Inspección La Trinidad_Vereda El Carmen

Troncal del Llano

Bogotá_Choachí_Ubaque_Fómeque_Puente Real_Cáqueza

Los Alpes_Quipile

Gama_San Roque_Gachalá

Silvania_Los Puentes_Bermejal

Nocaima_Vergara

Gachetá_Gama

Guaduas_Guaduero_Dindal_Caparrapí

Pacho_Supatá_Vergara_Tobia

Girardot_Cambao_Puerto Chaguaní_Puerto Salgar

Bogotá_Chipaque_Cerezos_Ubaque

Bogotá_Une_Gutiérrez_Cáqueza

Medina_Gachalá

Galápagos_Nóvita

San Lorenzo_La Ye_Tribugá

Riohacha_Pájaro_Manaure_Uribia

Distracción_Tomarrazón

Cuatro Vías_Uribia_Puerto Bolívar

San José_Charras

El Retorno_La Unilla

Garzón_Agrado_Pital_La Plata

Yaguará_Iquira

Cucará_Villavieja

Gigante_Silvania_Garzón



Palermo_Teruel

Río Neiva_Algeciras

Suaza_Acevedo_Pitalito

Altamira_Tarqui_Pital

Baraya_Colombia

Fundación_Pivijay_Salamina

Guamal_Astrea_Arjona

San Juan de Arama_Vista Hermosa

San Juan de Arama_Mesetas

La Unión_Taminango

Túquerres_Samaniego_Sotomayor

El Tambo_Corregimiento de Nariño

La Cruz_San Pablo_Higuerones

Barbacoas_Junín

Guaitarilla_Chirristés

Cumbal_Chiles

Ocaña_Convención_EI Tarra

Puente Gómez_Gramalote_Alto Chiquito

Puente Gómez_Salazar

Villa del Rosario_Ragonvalia_Chinácota

Chinácota_Toledo

Orito_Monopamba

Puente San Miguel_La Hormiga_Orito

Calarcá_Armenia_Quimbaya_Alcalá_Cartago

Calarcá_Circasia

Pereira_Marbella_Chinchiná



Barbosa_Landázuri_Cimitarra_Puerto Araújo

Bucaramanga_La Gómez

La Renta_San Vicente, Girón_Zapatoca, Barranca_Puerto Wilches

Socorro_Simácota

Los Curos_Málaga

San Gil_Mogotes

Llano de Palma_Rionegro_Santa Cruz

Contaderos_La Tigra_Sabana de Torres

La Ye_La Corcobada_Llaneros_San Rafael

La Belleza_Florián_Jesús María_Puente Nacional

Vado Real_Suaita_San José de Suaita

San Vicente_Ye de Barranca

Zapatoca_San Vicente

Bucaramanga_Sabana de Torres

Oiba_Guadalupe_Contratación_Guacamayo

Berlín_Galán

Ovejas_Chalán_Colosó_Toluviejo

Santiago Apóstol_Sucre

Betulia_Sincé_Galeras

San Marcos_Sampués

San Benito Abad_Sampués

San Antonio_Sucre

Líbano_Murillo_Manizales, Rovira_lbagué

Cunday_Villarrica

Saldaña_Purificación_Prado

Pandi_lcononzo_La Aurora_Villlarrica



Prado_Dolores

Rioblanco_Puerto Saldaña_Herrera

Chaparral_Rioblanco

Ataco_Coyaima

Gaitania_Planadas_Santiago Pérez_Ataco

Ortega_San Luis_Valle de San Juan_Payandé_Buenos Aires (Vía Panamericana

punto de intersección Ibagué_Cementos Diamante)

Castilla_Coyaima_Chaparral

Olaya Herrera_Chaparral

Natagaima_Alpujarra

Payandé_San Luis

Guamo_Ortega

El Paso_Suárez_Purificación

San Luis_Guamo

Chaparral_Tulumí_Las Señoritas

Chaparral_Amoyá_Ataco

Espinal_Coello (punto de intersección con Municipio de Flandes)

Espinal_La Chamba (Guamo)

Loboguerrero_San Marcos_Mulaló_Palmira_Palermo_Neiva

Crucero_Villa Rodas (Cartago)

Segunda calzada Autopista Cali_Yumbo

Argelia_Toro

El Viento_La Primavera_Santa Rosalía_Guacacías

Santa Rita_Puerto Nariño

Puente sobre caño Dagua



Puente sobre caño Mesetas

Puente sobre río Bita

Vientos_Santa Rita

Las carreteras aquí enunciadas seran las prioritarias para la ejecución en cada

Departamento o Distrito.

Parágrafo. De los recursos asignados a Boyacá en este artículo, señálase la suma

de $35.000 millones para la vía Puerto Boyacá_Chiquinquirá_Tunja-

Ramiriquí_Miraflores_Monterrey, con un coeficiente de cofinanciación no menor

del cinco por ciento (5%).

Artículo 25. En cada presupuesto anual, aprobado durante la vigencia de este

Plan de Inversiones, la proporción de la inversión apropiada en su conjunto para

los Departamentos de Amazonas, Guanía, (sic) Guaviare, Vaupés y Vichada,

excluidos el situado fiscal y las participaciones municipales, será como mínimo el

1%. Así mismo, para Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Valle de Guamués en el

Departamento del Putumayo, la inversión será de un 0.1%, excluidos el situado

fiscal y las participaciones municipales. El Conpes hará las distribuciones

correspondientes.

Artículo 26. Para la vigencia de este Plan de Inversiones, la inversión apropiada al

Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, excluidos el situado

fiscal y las transferencias municipales, será como mínimo de $130.000 millones.



Artículo 27. Política fronteriza. Con este objetivo, se fortalecerá la infraestructura

productiva y de servicios de los principales centros fronterizos, para lo cual se

aplicarán medidas que estimulen la inversión privada en las zonas de frontera y

se promoverá igualmente la consolidación de los principales puertos terrestres

que faciliten el comercio binacional.

A las zonas de fronteras se les apoyará con programas especiales de desarrollo

institucional y capacitación por medio de una Consejería de Fronteras, con

participación de las administraciones locales.

Para la atención de la población fronteriza, se promoverá la identificación,

formalización y ejecución conjunta de planes, programas y proyectos de carácter

binacional mediante el impulso de la legislación requerida.

Para lograr los objetivos básicos de la política fronteriza se destinará un 8% del

total regionalizado del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 28. El Gobierno Nacional realizará las reservas presupuestales

necesarias y dispondrá de los cupos de endeudamiento internos y externos

suficientes tanto para el Gobierno Nacional como para la Administración Distrital,

que permitan la contratación del Metro de Bogotá antes del 20 de junio de 1997,

sujetándose a los topes máximos de participación en la financiación del proyecto

que fija la ley.



Así mismo, el Gobierno Nacional presentará al Congreso simultáneamente con el

Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 1997, el Plan de

Financiamiento Preliminar para la Construcción del Metro de Bogotá, en el cual se

especificarán las fuentes de financiación previstas para asegurar los aportes del

Gobierno Nacional al proyecto de construcción del Metro de Bogotá, y se

precisará el monto anual de dichos aportes durante los años de duración de la

obra conforme a la participación del Gobierno Nacional dispuesta por la ley.

Al tiempo con la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto General de la

Nación 1998, el Gobierno Nacional presentará al Congreso el Plan de

Financiamiento definitivo para la construcción del Metro de Bogotá.

Artículo 29. Dentro del Presupuesto de Inversión Nacional se asegurarán recursos

a los pueblos indígenas de la siguiente manera: como mínimo el dos por ciento

(2%) de los siguientes programas y subprogramas:

a) Reforma agraria (1.6.1.);

b) Los programas sociales, excluidos los programas especiales de empleo urbano

(1.5.2.2.), vivienda social (1.9), política de apoyo al desarrollo urbano (1.10),

reforma agraria (1.6.1), situado fiscal y participaciones municipales y de los

resguardos indígenas en los ingresos corrientes de la Nación;



c) Los programas de medio ambiente, excluidos los subsectores de mejores

ciudades y poblaciones (7.4), política poblacional (7.5), hacia una producción

limpia (7.6), y sistema nacional ambiental (7.8).

Artículo 30. Durante los años 1996, 1997 y 1998, no menos del 75%, de los

recursos de libre asignación a que se refiere el parágrafo primero del artículo 10

de la Ley 60 de 1993, se destinará a gastos de educación, incluyendo lo referente

al incremento salarial de los maestros.

Artículo 31. Durante la vigencia de este Plan, los municipios con más de cien mil

habitantes podrán concurrir con los departamentos y la Nación, a la cofinanciación

de obras de infraestructura y dotación de hospitales públicos que presten atención

de Segundo y Tercer Nivel, para lo cual utilizarán recursos hasta concurrencia de

los diez (10) puntos destinados a inversión en el sector, sin afectar en ningún

caso los quince (15) puntos que la ley prevé, para el pago de los subsidios.

Igualmente los departamentos podrán utilizar para el Primer, Segundo y Tercer

Nivel de atención un porcentaje superior al 50% previsto en la ley, durante la

vigencia del presente Plan de Inversiones, siempre y cuando los requerimientos

del Primer Nivel de atención estén satisfechos.

Artículo 32. En los años 1995 y 1996 los recursos excedentes del Fondo de

Solidaridad y Garantía, FSG, en el año inmediatamente anterior, podrán

destinarse a la cofinanciación de inversiones de la infraestructura y dotación

hospitalaria identificadas como prioritarias en los planes de desarrollo de las



entidades territoriales. Estos recursos deberán ejecutarse a través del Fondo de

Inversión Social, FIS, mediante convenios con el Fondo de Solidaridad y Garantía,

FSG, del Ministerio de Salud.

También podrán ser utilizados en el pago de servicios asistenciales a la población

de bajos recursos económicos (NBI), mediante el sistema de facturación.

Artículo 33. El Gobierno Nacional procederá en los próximos seis meses a

constituir un fondo prestacional especial que absorba, en el término de diez años,

el pasivo pensional acumulado en la Caja de Crédito Agrario.

El Gobierno Nacional fortalecerá la Caja de Crédito Agrario con aportes

presupuestales y acciones oportunas para compensar el costo de su labor de

fomento social y la prestación de servicios en regiones apartadas en todo el

territorio nacional. Para estos propósitos la Caja suscribirá convenios de

desempeño que aseguren el cabal cumplimiento de su objetivo.

Artículo 34. Para asignar eficientemente el gasto social y garantizar que beneficie

a la población que más lo necesita, los subsidios en los servicios públicos

domiciliarios se otorgarán a las personas de menores ingresos, determinados a

través de la estratificación socioeconómica. Para esto, los municipios tendrán que

hacer sus estratificaciones urbanas y rurales antes del 30 de junio de 1996 y

obtener certificación del Gobierno Nacional que las hicieron aplicando

correctamente la metodología suministrada por el Departamento Nacional de

Planeación.



Artículo 35. El Gobierno Nacional a través de Ecopetrol promoverá la construcción

de centros de acopio para combustibles en la Costa Pacífica, con el propósito de

reducir su costo a los usuarios de dicha región.

Artículo 36. La Nación, a través del Instituto Nacional de Vías y sus seccionales,

realizará las inversiones en proyectos de rehabilitación, hará mantenimiento y

construcción de la infraestructura vial de la red troncal y transversal a su cargo, y

hará el seguimiento de los proyectos de concesión de vías nacionales.

El Gobierno reglamentará y organizará cada seccional del Instituto Nacional de

Vías para su buen funcionamiento, que corresponda a los actuales distritos de

obras.

De la misma manera, el Gobierno Nacional reorganizará dentro de los próximos

seis meses, a partir de la vigencia de la presente Ley, el Fondo Nacional de

Caminos Vecinales y sus correspondientes seccionales para que, sin prejuicio del

proceso de descentralización establecido en la Constitución, dicha entidad

continúe atendiendo con recursos de programa de construcción de red terciaria

(4.4.1.2.2) y del Fondo de Cofinanciación de Vías, la construcción, conservación y

mantenimiento de la red terciaria, hasta tanto los departamentos y municipios

demuestren que pueden asumir dichas funciones.



Suspéndese el proceso de liquidación que se viene adelantando. La comisión del

Congreso de la República encargada de vigilar el cumplimiento del Plan Nacional

de Desarrollo se encargará específicamente de vigilar todo el proceso de

reorganización del Fondo Nacional de Caminos Vecinales.

Artículo 37. En el evento en que los ingresos descritos en el artículo 19 no

alcancen los niveles allí señalados, el Gobierno Nacional, mediante decreto,

deberá reducir o eliminar, anualmente, algunos de los programas y subprogramas

del Plan Nacional de lnversiones Públicas 1995_1998, teniendo en cuenta el peso

relativo que cada uno tenga en las inversiones de las entidades afectadas por la

disminución de dichos ingresos y su composición regional.

En tal eventualidad se requerirá concepto previo de la Comisión de Seguimiento.

Artículo 38. Cuando la liquidez de la Tesorería General de la República lo permita,

podrán anticiparse los giros correspondientes a la participación de los Municipios

en los ingresos corrientes de la Nación.

Igualmente, la Tesorería General de la República podrá pactar condiciones

preferenciales con las instituciones financieras que permitan compensar los

servicios que dichas instituciones prestan a las entidades territoriales en el manejo

de los recursos.

Artículo 39. Los recursos propios del Fondo Nacional de Regalías harán parte del

Presupuesto General de la Nación e ingresarán a la Tesorería General, la cual,



dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, deberá girarlos a favor del

Fondo Nacional de Regalías y su manejo estará a cargo de la Comisión Nacional

de Regalías. El no giro de estos recursos, dentro del término aquí fijado, será

causal de mala conducta.

Artículo 40. La Nación, Ministerio de Defensa y Seguridad, y sus entidades

adscritas y vinculadas, podrán vender sus activos con el fin de financiar proyectos

suplementarios o extraordinarios de inversión a los contemplados en este Plan.

Artículo 41. Para posibilitar la descentralización que ordena la Constitución

Política de Colombia, el Gobierno Nacional firmará convenios con las

gobernaciones, alcaldías y entidades territoriales, con el fin de ayudar a la Nación

a ejecutar la inversión ordenada en este Plan.

Artículo 42. Los programas, subprogramas y proyectos que conforman el Plan

Nacional de Inversiones Públicas 1995_1998, podrán ejecutarse mediante la

celebración de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de

reconocida idoneidad, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 355 de la

Constitución Política.

Parágrafo 1. Los programas de subsidios de la Red de Solidaridad Social, serán

ejecutados preferencialmente por las Juntas de Acción Comunal con personería

jurídica y entidades de Economía Solidaria.



Parágrafo 2. Los programas para los pueblos indígenas serán ejecutados e

prioritariamente por las autoridades indígenas debidamente reconocidas y por las

asociaciones de éstas de que trata el Decreto 1088 de 1993.

Artículo 43. Modernización institucional y participación ciudadana. Las entidades,

asociaciones o agremiaciones que de acuerdo con la ley administren recursos

parafiscales deberán elegir sus representantes y directivos por medios

democráticos, incluyendo los mismos adoptados para la Rama del Poder

Legislativo.

Artículo 44. La ejecución del Plan de Inversiones 1995_1998 se hará de acuerdo

con el documento Conpes que se produzca en los treinta (30) días siguientes a la

vigencia de la Ley del Plan de Desarrollo y de Inversiones, el cual tendrá como

base la regionalización indicativa producto de la concertación con las regiones.

Artículo 45. El Consejo Nacional de Planeación ejercerá sus funciones de acuerdo

con las disposiciones constitucionales y legales. Para el cumplimiento de sus

funciones el DNP prestará al Consejo el apoyo administrativo y logístico.

Artículo 46. Comisión de Seguimiento. Habrá una Comisión Parlamentaria de

Seguimiento al cumplimiento de la Ley del Plan de Desarrollo y Plan de

Inversiones, compuesta por cuatro Senadores y seis Representantes a la Cámara

designados por las Comisiones Económicas.



Artículo 47. La presente Ley rige desde la fecha de su publicación y deroga,

modifica o suspende las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Juan Guillermo Angel Mejía.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Pedro Pumarejo Vega.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Alvaro Benedetti Vargas.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Diego Vivas Tafur.

REPUBLICA DE COLOMBIA _ GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.

Dado en Santiago de Cali, a 2 de junio de 1995.

ERNESTO SAMPER PIZANO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Perry Rubio.



El Director del Departamento Nacional de Planeación,

José Antonio Ocampo Gaviria.

EL SALTO SOCIAL

CAPITULO 1

LOS FUNDAMENTOS DEL PLAN

I. EL NUEVO CIUDADANO

La economía y la sociedad colombiana han experimentado reformas profundas

durante la presente década. La Constitución de 1991 consolidó la

descentralización política, abrió múltiples espacios a la participación ciudadana,

redefinió los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, incorporó por

primera vez los principios de protección al medio ambiente dentro de nuestra

Carta Política y reformó diversas instituciones, entre ellas el sistema judicial, los

mecanismos de planeación y el marco que regula la prestación de servicios

públicos y la banca central. Por su parte, la apertura económica, iniciada durante

la Administración Barco y consolidada durante la Administración Gaviria, generó

nuevos retos al sector productivo colombiano, abrió espacios para la participación

del sector privado en actividades tradicionalmente reservadas al Estado e inició un

proceso activo de modernización de las instituciones estatales.



Estos cambios institucionales deben reflejarse con plenitud en la vida colombiana.

Aunque el crecimiento económico ha sido satisfactorio, hay síntomas de crisis en

algunos de los sectores que se esperaba, serían los grandes beneficiarios de la

apertura económica. Por otra parte, los cambios económicos y políticos no se han

reflejado todavía en mejores niveles de vida para la mayoría de los colombianos.

La persistencia de niveles alarmantes de pobreza y de desigualdades de género,

y la ampliación de la brecha de ingresos rural_urbana son síntomas de la

necesidad de volcar los esfuerzos del conjunto del país hacia un gran salto social

que acelere la propagación de los avances económicos al conjunto de la

población. Por otra parte, la continua tala de nuestros bosques y depredación de

nuestra gran riqueza en biodiversidad, la destrucción gradual de nuestras fuentes

de agua y el envenenamiento del agua y el aire, son reflejo de una crisis

ambiental sin paralelo en la historia del país. Por último, las nuevas instituciones

políticas no están plenamente consolidadas y, por el contrario, la velocidad de la

transición está generando en muchos casos traumatismos que afectan la

provisión de los servicios del Estado.

La presente Administración tiene, por lo tanto, la doble tarea de consolidar las

positivas reformas económicas y políticas de los últimos años, garantizando al

mismo tiempo que sus beneficios se extiendan al conjunto de la sociedad. El Plan

de Desarrollo Económico, Social y Ambiental "El Salto Social" busca, por lo tanto,

consolidar la profunda transformación que viene experimentando el país y

garantizar que su resultado final sea una sociedad más pacífica y equitativa,

cimentada sobre un proceso de desarrollo económico dinámico y sostenible. Su

meta final es, por lo tanto, "formar un nuevo ciudadano colombiano: más



productivo en lo económico; más solidario en lo social; más participativo y

tolerante en lo político; más respetuoso de los derechos humanos y por tanto más

pacífico en sus relaciones con sus semejantes; más consciente del valor de la

naturaleza y por tanto menos depredador; más integrado en lo cultural y por tanto

más orgulloso de ser colombiano"

La persistencia de múltiples formas de violencia está asociada en parte a la

incapacidad del sistema económico de irradiar sus beneficios al conjunto de la

sociedad, aunque también a la reproducción de una cultura de intolerancia que

corroe profundamente las bases de nuestra sociedad. Esta situación exige el

compromiso de todos los colombianos en la construcción colectiva de una

sociedad más armónica y pacífica. La paz es una tarea que abarca todos los

aspectos de la vida en comunidad. Por ello, el aumento significativo en la

inversión social y el establecimiento de objetivos sociales explícitos de la política

económica, "El Salto Social" debe ser concebido como una propuesta de paz, una

invitación a participar en un amplio proceso de reencuentro de todos los

colombianos. El fortalecimiento de la sociedad civil, la definición de reales

espacios democráticos para su participación y el desarrollo de una cultura de paz,

basada en la tolerancia y en el respeto por la diferencia, así como una justicia

moderna y eficiente que disminuya los altos índices de impunidad, son

complementos necesarios de las estrategias económicas y sociales en el objetivo

esencial de construir una nueva sociedad en la que podamos convivir

pacíficamente.



II. EL MODELO ALTERNATIVO DE DESARROLLO

Este inmenso reto exige que se adopte un modelo alternativo de desarrollo.

Alternativo al esquema proteccionista y al intervencionismo clásico de los años

sesenta, pero también al neoliberalismo que confía ciegamente en la capacidad

del mercado de corregir todos los desequilibrios económicos y sociales. Este

modelo debe asimilar los efectos benéficos de la apertura económica, pero

avanzar sustancialmente en cuatro campos, todos ellos permeados por una

perspectiva de género: en materia de desarrollo social, para que los beneficios de

la apertura lleguen a todos los colombianos; en materia de competitividad,

creando nuevos esquemas que articulen al Estado, los empresarios y los

trabajadores en un esfuerzo conjunto por construir las bases de una sólida

internacionalización de la economía; en materia ambiental, construyendo las

bases de un desarrollo sostenible y en materia de desarrollo institucional,

consolidando la transición hacia una estructura más descentralizada y

desarrollando los nuevos mecanismos de participación social creados por la

Constitución de 1991 en beneficio de una mejor política económica, social y

ambiental.

Bajo este modelo, los objetivos económicos, sociales y ambientales del Plan de

Desarrollo son indisociables. De poco sirve elevar los ritmos de crecimiento

económico, si ello no tiene como contrapartida una mejora en los niveles de vida

de toda la población. De manera similar, no tiene sentido crecer a costa de

depredar el medio ambiente y por lo tanto de las condiciones de vida de las

generaciones futuras de colombianos. Esta visión integral tiene implicaciones



profundas sobre la política estatal. La política económica debe diseñarse con

criterios sociales y ambientales, pero los criterios económicos deben permear

igualmente el diseño de las políticas sociales y ambientales.

Este modelo alternativo se basa en cinco conceptos básicos que sirven de

sustento al Plan de Desarrollo:

1. La equidad y la solidaridad son objetivos esenciales de la política económica y

social y fuentes básicas de la estabilidad social y de la paz. La sociedad

colombiana reclama con urgencia mayor equidad y solidaridad con los sectores

sociales marginados o desfavorecidos en el proceso de desarrollo, con las

regiones más atrasadas, con las mujeres y los jóvenes. La teoría económica

moderna ha realzado la importancia de los gastos en educación, en salud y en

bienestar familiar como fuentes de "capital humano" y crecimiento económico, es

decir, como una inversión, de hecho, como una de las inversiones más

productivas. Más allá de ello, sin embargo, la mejor distribución de la educación,

de la salud, de las oportunidades de empleo, son deseables en sí mismas, por su

contribución a la construcción de una sociedad más justa. Por ello, "El Salto

Social" se orienta a garantizar el acceso de toda la población a los bienes

meritorios, es decir, aquellos bienes fundamentales que la sociedad debe

comprometerse a garantizar efectivamente a todas las personas como elemento

esencial para su bienestar y participación en la vida democrática, que materializan

los derechos sociales consagrados en nuestra Carta política. En síntesis, la

política social no puede limitarse a preparar colombianos más productivos, sino

que debe contribuir a formar y desarrollar el nuevo ciudadano, en tanto que la



equidad y la solidaridad deben ser objetivos fundamentales de la política

económica.

2. El crecimiento económico depende tanto de la inversión de los distintos agentes

individuales, como de la acumulación de capital social. Este "capital social" es un

patrimonio colectivo cuyos beneficios irradian, sobre el conjunto de la

economíaTiene cuatro componentes: a) el "capital conocimiento", que incluye el

capital humano (el nivel y calidad de la educación recibida por la población, así

como su experiencia productiva) y el conocimiento científico y tecnológico del país

en un momento determinado; b) la infraestructura; c) el medio ambiente y d) el

capital cívico e institucional, que comprende los mecanismos de organización y

participación de la sociedad civil en la provisión de bienes y servicios públicos, y

de organización del Estado para poner en práctica soluciones orientadas a

garantizar el bienestar colectivo. El reconocimiento de la importancia de todos

estos factores en el crecimiento económico es uno de los hallazgos más

importantes de la teoría económica en la última década. Su relevancia en la etapa

actual de desarrollo colombiano es evidente. De hecho, la escasez de capital

social puede ser la mayor restricción al crecimiento económico del país. En efecto,

la escasez de fuerza de trabajo calificada, el insuficiente desarrollo científico y

tecnológico, el deficiente desarrollo institucional y el estado inadecuado de la

infraestructura del país, han sido señalados ampliamente en los últimos años

como obstáculos básicos al desarrollo económico de Colombia. De la misma

manera, la depredación del medio ambiente se ha convertido, no sólo en fuente

de deterioro de las condiciones de vida, sino en un obstáculo al desarrollo

productivo del país; así lo indica el deterioro creciente de las fuentes de agua o la

depredación de los recursos pesqueros. La canalización de mayores recursos a la



inversión en el capital social debe ser, por lo tanto, uno de los objetivos esenciales

del Plan de Desarrollo, así como el diseño de mecanismos que permitan que el

sector privado y la sociedad civil contribuyan decisivamente a este esfuerzo bajo

adecuados sistemas de regulación.

3. En un mundo en el cual las ventajas competitivas son esencialmente creadas,

el mayor dinamismo económico no es un resultado automático del libre

funcionamiento de las fuerzas del mercado. El mantenimiento de un sano manejo

macroeconómico y de un contexto regulatorio que facilite y no entrabe la actividad

privada son esenciales para generar un buen crecimiento económico en una

economía abierta, pero no es suficiente. En efecto, como lo reconoce

ampliamente la literatura económica contemporánea, en el mundo moderno las

ventajas competitivas no surgen meramente de la disponibilidad de recursos

naturales o de mano de obra no calificada, sino de factores que son producto del

proceso de desarrollo: la capacidad para acumular y generar conocimiento, la

cantidad y calidad de la infraestructura disponible y la integración de los agentes

económicos en cadenas productivas y comerciales o en "redes de innovación",

entre otros factores. El buen manejo macroeconómico y la apertura crean

condiciones favorables para acelerar el crecimiento económico; sin embargo, para

explotar plenamente sus beneficios, es deseable complementarlos con acciones

concertadas entre los sectores público y privado orientadas a mejorar las

condiciones de desarrollo del sector productivo. Es necesario, por lo tanto,

conjugar el tradicional manejo macroeconómico con una verdadera política de

internacionalización, que conjugue la apertura con políticas sectoriales activas

orientadas a mejorar las condiciones de competitividad.



4. El logro de los objetivos mencionados requiere de una movilización del conjunto

de la sociedad. Los esquemas institucionales creados por la Constitución de 1991

(una estructura estatal descentralizada, la participación ciudadana, la

concertación económica y social, y la competencia y participación privada en la

provisión de los bienes y servicios públicos) son elementos de un mejor Gobierno.

Sin embargo, requieren de un gran esfuerzo de desarrollo y consolidación para

garantizar la eficacia del proceso de descentralización, la extensión de las

prácticas modernas de gerencia a la prestación de los servicios sociales, el

fomento de los mecanismos de participación ciudadana, la consolidación de una

cultura de concertación que reemplace la cultura del conflicto y la regulación de

las formas de participación privada en la provisión de bienes y servicios públicos.

En particular, la inversión en la formación de capital cívico institucional debe ser

promovida sistemáticamente para acrecentar una cultura más igualitaria, con un

tejido social más horizontal y denso, más articulado y organizado y con mayor

capacidad de asumir nuevas y más complejas responsabilidades.

5. El desarrollo requiere del reconocimiento y el respeto de la diversidad étnica,

cultural y regional en la formación de la identidad colombiana. La diversidad

étnica, cultural y regional es uno de los mayores activos con que cuenta la

sociedad colombiana y en particular es una fuente de dinamismos que deben ser

aprovechados en función de las transformaciones que se aspiran llevar a cabo

bajo el modelo alternativo de desarrollo. Por este motivo, el Plan valora e impulsa

un reconocimiento positivo a dicha diversidad y la impulsa en los programas

propuestos.



III. EL EMPLEO Y LA EDUCACION:

PUNTOS FOCALES DEL PLAN DE DESARROLLO

El empleo productivo y la educación son los puntos vitales de encuentro entre el

desarrollo económico y el desarrollo social. El desempleo, el subempleo y el

empleo precario privan al país de la contribución plena del potencial productivo de

su fuerza de trabajo; la subutilización de la mano de obra es por lo tanto, la mayor

manifestación de desequilibrio económico en un país. El desempleo y la mala

calidad del empleo privan, además, a la población de niveles adecuados de

ingreso y bienestar e incluso de sentido de pertenencia a la sociedad. Es así, una

de las mayores fuentes de frustración social. La desocupación y la ocupación

precaria generan, además, serios problemas de equidad: recaen excesivamente

sobre unos grupos vulnerables, particularmente los jóvenes, las mujeres y la

población de menores ingresos. Por todo ello, son un obstáculo fundamental al

desarrollo de una sociedad más próspera, más equitativa y más solidaria.

La estrategia económica para la generación de empleo se basa en tres

elementos. El primero es una política macroeconómica sana. El segundo es una

estrategia de competitividad, que busca crear las condiciones internas para

consolidar una exitosa internacionalización de la economía, que permita



aprovechar las oportunidades que genera la apertura para acelerar el crecimiento

y crear más y mejores empleos. El tercero es una política activa de empleo, que

busca garantizar que el desarrollo económico se traduzca efectivamente en un

crecimiento dinámico de la demanda de mano de obra, a través del mejoramiento

del Sistema de Formación Profesional, de la modernización y ampliación de los

servicios de intermediación laboral, de la creación de un subsidio al desempleo,

asociado a la capacitación y de programas de emergencia de empleo para grupos

sociales vulnerables y regiones en crisis.

La estrategia de crecimiento económico debe generar, por lo tanto, más y mejores

oportunidades de empleo. A su vez, la estrategia social debe acrecentar el capital

humano, para permitir que los hombres y mujeres aprovechen íntegramente las

oportunidades que genera el desarrollo económico. Sin embargo, la inversión en

capital humano dista mucho de ser una estrategia pasiva frente al desarrollo

económico. Por el contrario, es una de las fuentes básicas de acumulación de

"capital social" y por lo tanto de crecimiento económico. Así las cosas, estas dos

estrategias se retroalimentan, permitiendo un mayor ritmo de crecimiento

económico y una mejor distribución de sus frutos.

La estrategia social incluye, además, dos tipos de acciones que inciden

decisivamente en la generación de empleo. En primer término, una estrategia

para elevar el nivel educativo de toda la población, condición esencial para

mejorar la calidad del empleo y para garantizar el acceso de los colombianos,

especialmente de los más pobres, a las oportunidades que genera el proceso de

desarrollo. En segundo lugar, incorpora una agresiva política de fomento a la



economía solidaria y a la pequeña propiedad, que permita que una y otra se

conviertan en una poderosa palanca de generación de empleo productivo y de

democratización de la propiedad.

Más allá de ello, la estrategia social es un programa integral orientado a mejorar

las condiciones de vida de la población, que incluye las condiciones de educación,

salud, cultura, deporte, vivienda, justicia, derechos humanos y seguridad

ciudadana. Esta estrategia debe contribuir, en su conjunto, a crear una fuerza de

trabajo más productiva. Pero sus objetivos van más allá que su contribución al

crecimiento económico. Por el contrario, las metas de desarrollo económico están

subordinadas, en última instancia, al objetivo esencial de construir un nuevo

ciudadano como base de la nueva sociedad a la cual aspiramos todos los

colombianos.

La educación, el segundo elemento articulador del plan, establece también

estrechas relaciones entre lo económico y lo social, y entre estas dimensiones y la

ambiental. Gracias a la educación, la cultura se vuelve parte de la vida cotidiana,

se desarrollan las capacidades creativas, se aprenden los patrones de

comportamiento necesarios para una mejor vida en sociedad y se difunden los

valores de respeto a la naturaleza. La educación transmite y produce

conocimiento que, a su vez, genera ventajas especiales a los pueblos y

posibilidades permanentes de desarrollos sólidos y versátiles. Por ello, las

diferentes propuestas de "El Salto Social" contemplan la educación como

componente fundamental, no sólo en su dimensión escolar, sino en los logros

planteados en temas como el ambiente, el empleo, el desarrollo productivo,



científico y tecnológico, la participación ciudadana, la equidad entre hombres y

mujeres, la protección y desarrollo infantil y la paz.

Estos principios permean la elaboración del Plan de Desarrollo. El Capítulo 2

presenta un breve diagnóstico sobre las condiciones de nuestro desarrollo

económico, social y ambiental, que sirven de punto de partida al diseño de las

estrategias que se elaboran en capítulos posteriores. Los Capítulos 3 y 4

desarrollan respectivamente la estrategia macroeconómica y de gasto público y la

coherencia entre una y otra. Los Capítulos 5, 6 y 7 detallan las políticas

orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, la competitividad del

aparato productivo doméstico y el desarrollo sostenible, los tres pilares del Plan

de Desarrollo. El Capítulo 8 presenta la política de empleo y los efectos esperados

del plan sobre generación de empleo. Por último, los Capítulos 9 y 10 resumen la

estrategia de fortalecimiento institucional interno y la agenda internacional del

Gobierno.

CAPITULO 2

UN BREVE DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE NUESTRO

DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL

I. LA EVOLUCION ECONOMICA



La apertura económica transformó profundamente la orientación del desarrollo del

país y la articuló a las transformaciones que ha venido experimentando la

economía mundial en décadas recientes. La nueva fase del desarrollo económico

se ha beneficiado de un legado histórico favorable. Este hecho explica, sin duda,

la forma poco traumática con la cual la economía nacional asimiló la rápida

reorientación del modelo de desarrollo.

Dicho legado incluye, en primer término, una tradición de manejo ordenado de

nuestra moneda y de nuestras finanzas públicas. En segundo lugar, comprende

una estructura productiva relativamente sólida, una fuerza de trabajo capaz y un

empresariado dinámico construidos durante las fases anteriores del proceso de

desarrollo. Incluye, además, una estructura exportadora que ya había alcanzado

una gran diversificación antes de las medidas de apertura, gracias a la aplicación

de un modelo mixto de desarrollo (que combinaba la protección a la producción

nacional con el fomento de nuevas exportaciones) entre 1967 y 1974 y

posteriormente, entre 1985 y 1990, y al vuelco que experimentó la política minera

a mediados de la década de los setenta. Por último, comprende una estructura

regional diversificada, que ha impedido que el proceso de desarrollo se concentre

en unos pocos núcleos y más aún, que tenga sesgos sectoriales muy

pronunciados.

Los resultados de la primera fase de la apertura son favorables en varios frentes.

El resultado más positivo ha sido el fuerte incremento que ha experimentado la

inversión privada a partir de 1992. Como resultado de ello, la tasa real de



inversión del sector privado y del conjunto de la economía que se alcanzarán en

1994 (17.7 y 24.3% del PIB, medidos a precios de 1975) son las más altas del

último cuarto de siglo (Cuadro 2.1). El abaratamiento de los bienes de capital

generado por la reducción de los aranceles y la revaluación real del peso, sumado

a las buenas expectativas de los empresarios, son las causas fundamentales de

este comportamiento de la inversión privada.

Por otra parte, la apertura, la revaluación y las medidas monetarias restrictivas

adoptadas en 1991 quebraron la tendencia ascendente que venía

experimentando la inflación hasta fines de 1990. Sin embargo, la indexación

arraigada e incluso creciente que caracteriza a la economía colombiana ha

generado una fuerte inercia que se refleja en la renuencia de la inflación a bajar a

ritmos acordes con las metas periódicamente fijadas por las autoridades

monetarias. La presión sobre los precios de los bienes y servicios que no se

comercializan internacionalmente, asociada al rápido crecimiento de la demanda

en los últimos años, ha contribuido igualmente a este resultado. Como

consecuencia de ello, las metas de inflación se han incumplido, generando una

falta de credibilidad en los anuncios correspondientes por parte del Banco de la

República y el Gobierno.

En los últimos años se ha hecho, además, un gran esfuerzo por modernizar

diversas entidades públicas para adecuarlas a la nueva fase de desarrollo del

país. Se han desarrollado igualmente nuevos mecanismos de participación del

sector privado en la inversión en infraestructura y se diseñaron nuevos esquemas



que permiten que agentes estatales, privados y mixtos coexistan y compitan en el

suministro de servicios tradicionalmente monopolizados por el Estado.

El rápido crecimiento del sistema financiero en un ambiente más competitivo, pero

sujeto a regulaciones prudenciales adecuadas, la creación y despegue de los

inversionistas institucionales (sociedades fiduciarias y fondos de pensiones y

cesantías), el establecimiento de mecanismos para canalizar inversión extranjera

de portafolio, el rediseño de la banca de inversión y la introducción de

innovaciones financieras se han reflejado en una importante profundización

financiera. Adecuadamente utilizados, estos desarrollos pueden convertirse en

mecanismos para apalancar un mayor esfuerzo de ahorro privado y aumentar la

eficiencia con la cual dicho ahorro se transfiere a la inversión productiva.

El empleo urbano ha mostrado también una tendencia favorable. Hasta 1993 se

mantuvieron las tendencias ascendente de la tasa de ocupación y descendente

de la tasa de desempleo que se habían iniciado en el segundo lustro de los años

ochenta. La economía pudo absorber, por lo tanto, un crecimiento rápido de

fuerza laboral urbana, generado por el aumento simultáneo en la población en

edad de trabajar y en la participación laboral, reduciendo al mismo tiempo los

niveles de desempleo. Este proceso coincidió con una disminución en los niveles

de informalidad en las grandes ciudades y con una ligera mejoría en la estabilidad

laboral entre 1988 y 1992. En efecto, entre 1988 y 1992 perdieron importancia

relativa el empleo público (que se redujo del 9.8 al 8.8% del empleo total en las

cuatro grandes ciudades) y el informal (que disminuyó del 49.9 al 47.7%); el

empleo asalariado en empresas privadas medianas y grandes (más de 10



trabajadores) creció, por el contrario, dinámicamente, aumentando su

participación en la generación de empleo total del 31.8 al 35.5%.

No obstante, algunas tendencias en materia de empleo no son favorables. Según

el DANE, la crisis agropecuaria se manifestó en una pérdida de cerca de 230.000

puestos de trabajo en las zonas rurales del país entre 1991 y 1993. Este proceso

coincidió, además, con una caída de los ingresos reales, un aumento en los

niveles de pobreza y una proporción dramática de población rural en condiciones

de indigencia, 37% en 1992.

En 1994, aunque la tasa de desempleo se mantuvo en niveles bajos para los

patronos del país, se frenó la tendencia al aumento en la tasa de ocupación, en

medio de una fuerte elevación de los ingresos reales de los trabajadores más

calificados. La coincidencia de estas dos últimas tendencias parecen estar

indicando que el mercado laboral ha comenzado a enfrentar desequilibrios

estructurales. Mientras el desempleo sigue siendo alto en algunos sectores

específicos (principalmente mujeres y jóvenes con algún grado de educación

secundaria, pertenecientes a los estratos más pobres), la oferta de trabajadores

con mayores grados de calificación está escaseando y amenaza con convertirse

en una restricción al crecimiento de la economía. De hecho, la resistencia de la

tasa de desempleo en Colombia a bajar por debajo de un nivel relativamente alto

fue identificada hace algunos años por la Misión Chenery como el reflejo de un

importante componente de "desempleo estructural", que explica en parte por qué,

pese a su buen desempeño económico, Colombia ha tenido tradicionalmente uno

de los niveles más altos de desempleo de América Latina.



Aunque el ritmo de crecimiento económico ha sido muy satisfactorio en los dos

últimos años, la tasa de crecimiento del período 1991_1994 fue inferior, en medio

punto porcentual, a la del período 1986_1990, pese al crecimiento mucho más

rápido de la demanda agregada, tanto pública como privada (ver al respecto,

Cuadro 2.1). Una característica particular de este crecimiento ha sido su

dependencia de la producción de bienes no comercializables internacionalmente

(construcción y servicios). Por el contrario, el ritmo de expansión de la producción

de bienes comercializables internacionalmente (agricultura, minería e industria) se

desaceleró en forma marcada. La fuerte crisis que han experimentado el sector

agropecuario y varios sectores de la industria tradicional colombiana son los

reflejos más claros de este desempeño insatisfactorio de los sectores

comercializables.

Las exportaciones menores o no tradicionales han sido uno de los renglones más

golpeados en los últimos años. En 1991 terminó la gran expansión de dichas

exportaciones que se habían iniciado en 1985. Durante este período las

exportaciones menores se triplicaron, creciendo a un ritmo anual del 20.3%. Por el

contrario, pese a la apertura de mercados, especialmente del venezolano y

ecuatoriano en el marco de la integración andina, y a las preferencias otorgadas

por los Estados Unidos y la Unión Europea, dicho ritmo se redujo al 5.4% entre

1991 y 1993 (1.9% si se excluyen las piedras preciosas). En los diez primeros

meses de 1994, dicho crecimiento se aceleró ligeramente, pese a los efectos

adversos de la crisis venezolana: en efecto, las exportaciones menores crecieron

8.6% en relación con los mismos meses de 1993 (10.5% si se excluyen las

piedras preciosas).



Este giro es atribuible, ante todo, a la evolución de la tasa de cambio. Indica, por

lo tanto, que dicha variable ha incidido en forma mucho más marcada sobre la

evolución de la estructura productiva del país que los giros de la política

comercial. Medida a través del indicador empleado por el Banco de la República,

la tasa de cambio real se ha revaluado un 13% entre 1990 y 1994 y se encontraba

en este último año un 3% por debajo del nivel alcanzado en 1986_1990. El

deterioro de la competitividad de los productos exportados o sustitutos de

importaciones ha sido, sin embargo, mucho mayor, ya que esta medida no tiene

en cuenta la disminución que experimentaron en los últimos años los incentivos a

las exportaciones menores y la protección arancelaria y paraarancelaria. La

evolución de las tasas de cambio reales efectivas, que incluyen dichos incentivos,

indican que la tasa de cambio para las exportaciones menores se encontraba en

1994 un 12% por debajo de aquella alcanzada en 1986_1990 y que la protección

conjunta que ofrecen frente a las importaciones, la tasa de cambio y el régimen

arancelario y paraarancelario se había reducido un 24% en relación con dicho

período. (Cuadro 2.1).

La productividad total de los factores ha mostrado un crecimiento lento en las

últimas décadas: sólo 0.8% anual entre 1966 y 1994. Sin embargo, entre 1966 y

1974, su crecimiento fue alto y sostenido, destacándose principalmente el período

1971_1974, durante el cual tuvo un aumento anual del 2.3%. De 1974 a 1989, la

productividad experimentó una desaceleración y fuertes altibajos: una caída fuerte

a mediados de los setenta y nuevamente durante el primer lustro de los ochenta y

una recuperación durante el segundo lustro de esta misma década. En lo corrido



de los noventa, el ritmo de crecimiento de la productividad total de los factores ha

sido inferior al observado en 1986 - 1990 y obviamente a los registros de los

países en desarrollo más exitosos. Sin embargo, a partir de 1992 se ha

recuperado, alcanzando registros cercanos al 2% en los dos últimos años.

Factores básicos que inciden sobre la productividad muestran atrasos

considerables. La meta de una educación básica universal, establecida en la

Constitución de 1991, está todavía muy distante, al tiempo que la calidad del

sistema educativo se ha deteriorado. La inversión en desarrollo científico y

tecnológico ha estado estancada en niveles relativamente bajos. Por otra parte,

según se verá en la sección siguiente, el inadecuado estado de la infraestructura,

especialmente vial, genera fuertes sobrecostos al sistema productivo.

La tendencia que ha experimentado el ahorro privado ha sido insatisfactoria. Al

tiempo que el ahorro público se ha mantenido en niveles altos e incluso

crecientes, la tasa de ahorro privado se ha reducido en forma marcada durante el

proceso de apertura. En 1994, la tasa de ahorro del sector privado alcanzó sólo

un 7.3% del PIB, que se compara muy desfavorablemente con los promedios de

las dos últimas décadas (entre 13 y 14%). Esta evolución, mucho más que la

recuperación de la tasa de inversión, es responsable del fuerte déficit que ha

experimentado el sector privado en los últimos años, equivalente al 5.2% del PIB

en 1994. El reflejo de ello ha sido el fuerte crecimiento en el endeudamiento

externo del sector privado: así, mientras la deuda pública externa ha tenido una

ligera tendencia a la baja, la deuda externa del sector privado ha aumentado



rápidamente: de US$3.261 millones a fines de 1992 a más de US$8.300 millones

en la actualidad.

Esta situación no es sostenible. Aunque flujos significativos y estables de ahorro

externo contribuyen decisivamente al desarrollo del país, el ahorro privado

doméstico debe tener una participación sustancial. La participación privada en el

desarrollo de la infraestructura del país que prevé el Plan de Desarrollo requerirá

una contribución adicional de la inversión privada, doméstica e internacional,

equivalente a cerca del 3% del PIB. Si dicha inversión descansa excesivamente

sobre el crédito, la vulnerabilidad financiera del sector privado tenderá a

aumentar. Para acelerar el crecimiento económico y conjurar a tiempo las

tendencias adversas de la estructura financiera de las empresas, es necesario,

por lo tanto, recuperar el ahorro privado doméstico.

II. EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

La infraestructura y sus servicios relacionados contribuyen al desarrollo de un

país al incrementar la productividad de los factores económicos, permitir la

diversificación de la producción y la comercialización, aumentar la calidad de vida

de los habitantes y responder a las necesidades de una población en crecimiento.

En las dos últimas décadas el país ha experimentado grandes avances en el

desarrollo y cubrimiento de su infraestructura. Se han construido alrededor de



5.800 kms. de nuevas carreteras, duplicando la longitud de la red troncal nacional;

se ha cuadruplicado la capacidad instalada de energía eléctrica y se han instalado

2.2 millones de nuevas líneas, multiplicando por cinco la oferta telefónica. De esta

forma, entre 1970 y 1994, se incrementó la cobertura de los servicios de

electricidad del 47 al 87% y se triplicó la densidad telefónica, que alcanzó en 1994

doce líneas por cada 100 habitantes.

Sin embargo, ni el acervo ni la calidad de la infraestructura existentes están

acordes con la demanda generada por el crecimiento de la economía, ni son los

adecuados para que el país pueda enfrentar los retos de la apertura y de la

competencia mundial, en un contexto de internacionalización. Existen, en efecto,

ineficiencias en la prestación de los servicios, que han ocasionado sobrecostos

importantes al sector productivo y a la Nación. En el sector transporte, los

principales sobrecostos han sido generados por el mal estado de las vías, las

bajas especificaciones de diseño, que aumentan los costos operativos y causan

problemas de accidentalidad, y la ineficiencia del Estado para ejecutar obras a

cortos y plazos mínimos. Según estimativos del Departamento Nacional de

Planeación, los sobrecostos anuales del sector vial ascienden a $1.4 billones.

Adicionalmente, existen sobrecostos por un inadecuado uso del transporte

multimodal, equivalente a $200.000 millones, ya que el uso de los modos fluvial y

férreo es muy reducido. De otro lado, en todos los medios de transporte (incluido

aéreo, fluvial y férreo), la falta de una política de mantenimiento ha generado tal

grado de deterioro y atraso, que se requieren más de $400.000 millones para su

rehabilitación y modernización.



Los sobrecostos generados por el sector eléctrico se deben principalmente a

distorsiones generadas por la estructura tarifaria, a racionamientos severos

durante algunos períodos y a una gestión ineficiente que se refleja en altos

niveles de pérdidas y en ausencia de programas de ahorro de energía. Estos

sobrecostos ascienden al año a $550.000 millones. En el sector comunicaciones,

los principales sobrecostos corresponden a problemas de disponibilidad del

servicio, su calidad y distorsiones en tarifas. Anualmente ascienden a $189.000

millones.

De otro lado, los indicadores del acervo de la infraestructura colombiana son

bajos si se comparan con los de países latinoamericanos de similar grado de

desarrollo. Así, por ejemplo, la capacidad de generación eléctrica era en 1990 de

273 Megavatios por cada millón de habitantes, por debajo del promedio

latinoamericano de 346. Los indicadores de disponibilidad de vías, sitúan también

a Colombia en un lugar poco destacado: 9 kms. pavimentados por cada mil

kilómetros cuadrados y 96 de vías totales por igual superficie, por debajo de los

promedios latinoamericanos de 19 y 118 kms. respectivamente. La disponibilidad

de líneas férreas es también baja: sólo 100 kilómetros por cada millón de

habitantes, comparado con 250 kilómetros para el promedio de América Latina.

Por el contrario, la densidad telefónica es relativamente alta en relación con otros

países latinoamericanos. En 1990 Colombia tenía una densidad de 8.8 líneas por

cada 100 habitantes, mientras que Venezuela presentaba una densidad de 7.7 y

México y Chile de 6.5 (Cuadro 2.2).



En lo que respecta a la calidad del servicio, Colombia debe realizar importantes

mejoras para lograr niveles similares a los de otros países latinoamericanos. En el

campo energético, las pérdidas en 1990 eran del 22%, casi el doble del promedio

latinoamericano de 14%. En el área vial, la red pavimentada de Colombia es sólo

el 9% de su red total, frente a un promedio de 16%. Del total de la red

pavimentada colombiana, el 42% se encontraba en buen estado, frente a 38%

para el promedio de América Latina. En telefonía, el desempeño colombiano es

bastante mejor que el del resto de América Latina: sólo 6 fallas por cada 100

líneas, frente a un promedio latinoamericano de 36.

En el Reporte de Competitividad Mundial de 1994, tras la evaluación de ocho

factores de competitividad que determinan la viabilidad de las empresas en un

determinado país, Colombia fue incluida por primera vez dentro del grupo de 44

naciones, seis de las cuales son latinoamericanas. El país ocupó el puesto 30,

cuarto lugar en latinoamérica, por encima de países como Venezuela, Brasil,

Italia, Hungría, Indonesia y Polonia. Sin embargo, en la clasificación del factor

infraestructura, el país ocupó el puesto 36, ubicándose de último entre los países

latinoamericanos. Si bien Colombia se situó entre los primeros quince países en

producción de carbón y crudo, generación eléctrica, importaciones netas de crudo

y derivados e inversiones públicas en telecomunicaciones, obtuvo los lugares más

bajos en encuestas a los empresarios en indicadores de gestión tales como

reinversión en infraestructura, estado de las vías, transporte aéreo, servicio férreo,

accesibilidad a los puertos, servicio de telecomunicaciones, costo del servicio de

larga distancia internacional y distribución de energía eléctrica.



El país debe asignar, por lo tanto, una buena parte de su inversión pública y

privada tanto a ampliar su infraestructura, como a mejorar la calidad de prestación

de servicios en la existente. Sólo así podrá enfrentar en forma exitosa los retos de

la apertura económica y la internacionalización de la economía, en un mercado

mundial cada vez más integrado y competitivo.

III. LA SITUACION SOCIAL

La información sumistrada por los censos de población de 1973 y 1985 y la

encuesta de caracterización socio_económica de 1993 indican que, a lo largo de

las dos últimas décadas, el país ha experimentado una disminución sustancial de

la pobreza, medida a través del indicador de necesidades básicas insatisfechas.

Aunque tanto las áreas urbanas como rurales se han beneficiado de esta

tendencia, ella ha sido mucho más notoria en las primeras, con lo cual se ha

ampliado la brecha rural_urbana. Así, la proporción de familias con alguna

necesidad básica insatisfecha se redujo del 58.9 al 20.6% entre 1973 y 1993 en

las cabeceras municipales, en tanto que en las rurales cayó del 87.9 al 58.9%

entre estos dos años. La diferencia es más notoria cuando se consideran los

hogares en miseria (más de una necesidad básica insatisfecha): en las zonas

urbanas la proporción de dichos hogares disminuyó del 13 a 6% entre 1985 y

1993, en tanto que en las zonas rurales sólo se redujo del 44 al 31% (Cuadro 2.3).

Ello evidencia no sólo la dificultad para dotar de infraestructura y de servicios,

áreas extensas con bajas densidades de población, sino también una mayor

orientación del gasto público y de los servicios del Estado hacia las zonas urbanas

del país.



La disminución persistente y marcada de la pobreza medida a través de las

necesidades básicas insatisfechas contrasta con la escasa mejoría e incluso el

deterioro que presenta el país, si la pobreza se mide con base en los ingresos y

las posibilidades de gasto de la familias. En efecto, la proporción de la población

urbana con ingresos inferiores a la línea de pobreza se redujo del 48.6 al 44.0%

entre 1978 y 1988, pero se incrementó al 46.4% en 1992. En el sector rural, la

pobreza, así medida, se redujo del 70.0 al 68.2% entre los primeros dos años

señalados, pero aumentó nuevamente al 69.5% en 1992. La brecha entre áreas

urbanas y rurales es nuevamente mayor cuando se analizan los índices de

indigencia o extrema pobreza. En 1992, mientras 3.7 de cada 10 habitantes

rurales eran indigentes, en las áreas urbanas esta relación era de 1.3 a 10.

El incremento en los niveles de pobreza, medidos a través de este indicador, está

asociado con tres hechos. En primer término, con la fuerte crisis que experimentó

el sector rural a comienzos de la década de los noventa, que se reflejó en una

disminución del empleo y de los ingresos reales de los hogares. En segundo

lugar, está relacionado con una caída de los ingresos reales de los hogares

urbanos, del 6.8% entre 1984 y 1992, pese al aumento de la participación laboral.

Finalmente, está asociada con la interrupción, en el segundo lustro de la década

de los ochenta, de la tendencia a la mejoría que había experimentado la

distribución del ingreso durante la década de los setenta, sin que exista consenso

sobre la existencia de tendencias claras de dicha variable desde entonces.



La mejoría de los indicadores de necesidades básicas insatisfechas es

consistente con la evidencia disponible sobre la evolución de otros indicadores

sociales, la cual indica que desde los años cincuenta el país ha experimentado

una mejora continua en las condiciones promedio de educación, salud y vivienda.

Este proceso no ha sido, sin embargo, homogéneo a lo largo del tiempo, del

territorio nacional o de los diferentes grupos socioeconómicos (Cuadro 2.4).

En el caso de la educación, el número promedio de años de estudio de la

población con 24 años o más, aumentó de 3.5 a 5.9 entre 1973 y 1993. Sin

embargo, en el caso de la población pobre, dicho indicador sólo alcanzó, en 1993,

3.2 años: 4.3 en las áreas urbanas y 2.3 en las rurales. Este factor es una de las

restricciones más severas para el ascenso social de amplios sectores de la

población colombiana. Por otra parte, aunque la cobertura del sistema escolar ha

aumentado, los excesivos niveles de repitencia y deserción son síntomas de la

incapacidad de retención del sistema escolar y la baja calidad de la educación que

reciben la mayoría de los niños y jóvenes colombianos. Además, si bien el gasto

público en educación ha tenido en Colombia una tendencia levemente

ascendente, ha estado sujeto a fluctuaciones cíclicas y a una asignación que en

algunos casos no beneficia a los sectores más pobres, en particular aquélla

destinada a la educación superior. Su nivel (3.07% en 1993) es inferior al de

muchos países latinoamericanos con niveles similares de desarrollo.

En el caso de la salud, los indicadores tradicionales (esperanza de vida al nacer y

mortalidad infantil) muestran igualmente una mejoría sistemática desde los años

cincuenta. Los cambios en el perfil epidemiológico evidencian igualmente la

pérdida de la importancia relativa de las enfermedades típicas del subdesarrollo.



Más aún, tanto los indicadores tradicionales como los más modernos de carga

global de enfermedad se encuentran por encima del promedio latinoamericano,

pero acusan grandes diferencias por regiones y grupos socieconómicos y un

preocupante aumento de la carga de enfermedad por traumas y violencia. No

obstante, el acceso a los servicios de salud sigue siendo limitado e inequitativo:

en 1993, el 19% de la población con necesidades de atención médica no tuvo

acceso a servicios de salud; en las áreas rurales, la proporción correspondiente

alcanzó un 29% y en el sector más pobre de la población un 32%. La cobertura de

los sistemas de seguridad social sigue siendo baja para un país como el nuestro

(20% de la población) e irrisoria en las áreas rurales y en los estratos más pobres

de la población. Si bien el gasto público en salud ha venido incrementándose

desde 1990, los bajos niveles históricos de ejecución, indican una inadecuada

gestión de muchas de las instituciones del sector.

Por otra parte, durante las últimas décadas han mejorado las condiciones de las

viviendas de los colombianos, según se refleja en la ampliación de la cobertura de

los servicios de energía, acueducto y alcantarillado, y en la disminución

simultánea de la proporción de las viviendas con piso de tierra o paredes de

material precario. No obstante, en términos absolutos, los hogares con problemas

habitacionales han aumentando de 1.7 a más de 1.9 millones entre 1985 y 1993.

La falta de conexión a los servicios públicos sigue siendo la mayor deficiencia,

seguida por el hacinamiento. A su vez, las diferencias en la calidad y servicios de

la vivienda entre el sector urbano y rural, si bien han disminuido, siguen siendo

considerables.



Una fotografía del perfil de la pobreza en 1993 indica la diferencia marcada que

existe en algunos atributos importantes entre los hogares pobres y no pobres

(Cuadro 2.5). Los hogares pobres tienen un mayor número de niños menores de

11 años y de miembros por familia. La incidencia de la jefatura femenina es

también mayor en ellos.

Las desigualdades en los niveles de escolaridad son considerables. Mientras en

las familias pobres, la escolaridad del jefe y la de su cónyuge no supera los tres

años, en los no pobres es mayor de siete años. Ello tiene una incidencia decisiva

sobre la capacidad para generar ingresos, dados los diferenciales significativos de

remuneraciones asociados a mayor educación: el ingreso laboral promedio de los

trabajadores con primaria incompleta equivale al 69% de aquél de las personas

con primaria completa, y al 42 y 18% del ingreso promedio de las que terminaron

la educación secundaria y universitaria, respectivamente. Los programas de

capacitación también discriminan en contra de los hogares pobres. Esta situación

tiende a perpetuarse, en la medida en que los niños de las familias pobres reciben

menos educación que en el resto de los hogares.

Las diferencias en las características laborales son igualmente marcadas. El

número de personas del hogar por trabajador es mayor en las familias pobres, lo

mismo que el porcentaje de jefes y especialmente, de cónyuges inactivos; esto

último está asociado, sin duda, a la elevada carga de crianza, característica de

estos hogares. A su vez, los jefes y cónyuges ocupados son en mayor proporción

trabajadores por cuenta propia, ayudantes familiares y servicio doméstico,

mientras que los no pobres tienden a ser empleados particulares o del Gobierno.

El tamaño de las empresas donde trabajan es también diferente: el 84% de los



jefes de los hogares pobres trabajan solos o en empresas de hasta cinco

trabajadores.

Las condiciones descritas generan diferencias importantes en las fuentes de

ingresos, monto de los mismos y afiliación a la seguridad social. Así, mientras la

fuente de ingresos más importante de los hogares no pobres son los salarios, en

las pobres son los ingresos independientes. El ingreso familiar promedio de las

familias no pobres en las áreas urbanas es tres veces el de las pobres y en el

área rural dos veces. Así mismo, mientras el 39% de los jefes de hogar no pobres

están afiliados a la seguridad social, en los hogares pobres esta proporción es

apenas del 4%.

Las condiciones de las viviendas y el acceso a los servicios públicos son también

inferiores en las familias pobres, lo cual deteriora la calidad de vida y eleva la

carga de las labores domésticas. Por su parte, en las áreas rurales, las familias

pobres tienden a vincularse más como productores agropecuarios que las no

pobres. Sin embargo, las formas de tenencia y propiedad de la tierra llevan a que

únicamente un 37% sean propietarios o tengan derechos de propiedad contra

50% en el caso de los hogares no pobres.

Un reciente estudio del Banco Mundialha analizado qué factores contribuyen a

aumentar o a disminuir la probabilidad de ser pobres. Dicha probabilidad aumenta

un 9.7% en el área urbana y 4.6% en la rural por cada hijo adicional, y en 10.5 y

4.0%, respectivamente, si la jefatura del hogar es femenina. Por el contrario, la



probabilidad de ser pobres se reduce significativamente con la educación:

decrece del 39.6% cuando el jefe de un hogar rural no tiene educación a 7.9%

cuando ha cursado 12 años de estudio, y del 21.2 a 3.9% en las áreas urbanas.

Así mismo, disminuye, en el sector rural, del 35.9% cuando el cónyuge es

analfabeta al 14.5% cuando ha cursado secundaria, y en las urbanas del 16.9 al

6.7%. Por regiones, la Costa Atlántica tiene una incidencia de la pobreza mayor a

la esperada, debido fundamentalmente a un mayor número de hijos y una menor

educación de los jefes de hogar y de sus cónyuges, en comparación con otras

regiones del país.

Este estudio y aquellos realizados por la Misión Social del DNP, han mostrado la

diferencia muy marcada que tienen distintos subsidios otorgados por el Estado

sobre la distribución del ingreso. Estos análisis indican que hay algunos

programas estatales que llegan en una alta proporción a los pobres: los

programas de desarrollo rural (los del Incora, PNR, DRI y Caja Agraria), de

educación primaria y los del ICBF. En todos ellos, más del 60% del gasto público

se destina al 40% de los hogares más pobres. En otros casos, entre el 40 y el

60% del gasto lo reciben estos hogares: es el caso de los programas de

educación secundaria y salud pública, de los subsidios cruzados del sistema de

seguridad social y de aquellos que se otorgan a través de las tarifas de

acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Por último, el gasto público en

educación superior es regresivo: sólo un 14% del gasto llega al 40% de hogares

pobres. Esta incidencia distributiva es decisiva para analizar la asignación de

recursos públicos a los distintos programas.



IV. VIOLENCIAS Y JUSTICIA

Una de las grandes paradojas del país es la coexistencia de un desempeño

económico satisfactorio, con altísimos niveles de violencia. En efecto, mientras

Colombia ha alcanzado importantes transformaciones en el campo del desarrollo

económico, aún no ha podido construir una sociedad moderna, basada en el

fortalecimiento y la participación de la sociedad civil. Este contraste ha llevado a

una profunda crisis social y política, que ha contribuido a la violencia y a la

criminalidad que sufre hoy el país.

Las manifestaciones de esta violencia y criminalidad son variadas en términos de

actores y expresiones regionales y se entrelazan entre sí de manera compleja, de

tal forma que es difícil delimitarlas con precisión. En este proceso inciden,

además, otras causas que la instigan: las fuertes desigualdades económicas y

sociales, la presencia de grupos gestores de violencia, la proliferación del porte de

armas y el abuso en el consumo de bebidas embriagantes, entre otros factores.

No es fácil establecer la identidad de los agentes promotores de la violencia y la

criminalidad y menos aun si éstos se encuentran organizados o dispersos. De los

28.173 homicidios cometidos en el país en 1993, únicamente el 6% es atribuible a

la guerrilla, al narcotráfico o a los grupos paramilitares, mientras el 94% es el

resultado de la acción de agentes difusos. Estos últimos corresponden a diversos



tipos de violencias, enraizadas en la vida cotidiana, que se despliegan tanto en

ámbitos privados como públicos.

De otro lado, los grandes esfuerzos que han llevado a cabo las fuerzas armadas

en los últimos años, han permitido desarticular en buena medida los aparatos

armados del narcotráfico, de los grupos de justicia privada y de los paramilitares.

En alguna medida, sin embargo, ello ha resultado en una atomización de estos

actores en pequeños grupos que continúan siendo responsables de los altos

niveles de criminalidad del país.

La búsqueda de soluciones políticas al conflicto armado guerrillero que han

llevado a cabo las últimas administraciones ha permitido la desmovilización de

cinco organizaciones alzadas en armas y la reincorporación de casi 4.000

personas a la vida civil, acelerando el aislamiento político y social de la lucha

armada en el país. No obstante, esto condujo a nuevos focos de violencia en

algunas ciudades a partir de la conformación de milicias populares, en una

intención de la guerrilla por encontrar arraigo en asentamientos subnormales de

varias ciudades.

El crecimiento de la criminalidad urbana ha significado un aumento en la

sensación de inseguridad por parte del ciudadano común. Esta incertidumbre se

ha visto reforzada por la desconfianza producida ante la degradación de algunos

miembros de las instituciones creadas para proteger la sociedad y por el

distanciamiento del ciudadano frente a algunas instituciones y procedimientos



destinados a dirimir los conflictos, lo que crea en la población un sentimiento de

indefensión que inhibe la colaboración ciudadana con las autoridades.

En las zonas rurales, la población civil sufre cotidianamente los efectos de los

conflictos armados entre la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares y la fuerza

pública. La débil presencia del Estado en estas regiones, ha hecho más difícil el

eficiente tratamiento de las fuentes de la violencia.

Paralelamente con el nuevo panorama que ofrecen las violencias en el país,

muchas se asocian con una muy definida racionalidad económica, que ha

encontrado en el delito una importante fuente de ingresos. El enorme poderío

económico de sus actores les permite, además, corroer la justicia e incrementar la

impunidad. También las organizaciones guerrilleras que hoy operan, manejan una

clara mentalidad empresarial, que las convierte en agentes económicos que han

tendido a realizar acuerdos de convivencia con otros actores de violencia para

proteger sus ganancias.

Entre 1990 y 1993 en promedio se denunciaron al año en el país 208.000 delitos,

49% contra el patrimonio económico, 43% contra la vida y la integridad personal,

7% contra la seguridad pública y 1% contra la libertad individual y otras garantías.

Estas cifras de criminalidad, a pesar de sólo tener en cuenta los delitos

denunciados, muestran la alta inseguridad a la que se ve sometida la ciudadanía.

Los delitos contra la vida y la integridad personal son la primera causa de la

pérdida de los años de vida saludables de la población colombiana (26%), por



encima del de las enfermedades transmisibles (22%). Estas lesiones

intencionales, en unión con las accidentales, son responsables del 39% de los

años de vida saludables perdidos para toda la población y de un 85% para la

comprendida entre los 15 y los 44 años. Los homicidios (la mayoría cometidos

con arma de fuego), han aumentado de manera preocupante: pasaron de

representar el 12% de los delitos contra la integridad personal en 1958_1963 al

28% de los mismos entre 1988_1993, mientras las lesiones personales

disminuyeron del 63 al 45%. La letalidad de las agresiones se ha intensificado.

Hoy, de cada cien mil colombianos, 77.5 son asesinados al año, cifra de las más

altas en el mundo y muy por encima de la observada para el promedio de 12

países latinoamericanos, 19.8.

En las acciones contra el patrimonio económico, el atraco y el hurto agravado

(que requieren altos niveles de organización) han aumentado su participación

entre 1958_1963 y 1988_1993, pasando, respectivamente, del 3.7 al 14% y del

4.3 al 13% del total de delitos contra el patrimonio económico.

Estos altos niveles de violencia están acompañados, además, de una alta

impunidad. Se estima que sólo una quinta parte de los delitos cometidos se

denuncian. La administración de justicia presenta, por su parte, altos niveles de

congestión, lo cual se evidencia en el número de procesos acumulados, que para

1993 era superior a los 4 millones en todas las jurisdicciones, siendo la justicia

penal la que presenta la situación más grave.



En el campo penal, sólo 20 de cada 100 delitos se denuncian y de éstos 14

prescriben. De los seis restantes, sólo tres terminan en sentencia. La acumulación

anual en este campo, es decir, el número de procesos pendientes al finalizar el

año frente a los que ingresan es del 41%. Se observan, además, problemas de

organización, coordinación, comunicación y aplicación de criterios y

procedimientos por parte de los organismos que apoyan la labor de investigación

criminal, lo cual afecta los niveles de eficiencia.

La jurisdicción contencioso_administrativa, inicialmente considerada como la de

mayor rendimiento, ha venido sufriendo congestión, especialmente en los asuntos

laborales y contractuales. La duración promedio de un proceso en esta

jurisdicción es de tres años.

La congestión y el atraso tienen más su origen en problemas de organización y

gestión, y no necesariamente en el número de juzgados, materiales, equipos o

recursos, si se tiene en cuenta que los resultados obtenidos no han mejorado,

pese al aumento de recursos humanos y financieros. Las principales causas

administrativas de la sobrecarga de procesos, podrían estar relacionadas con la

existencia de zonas grises en materia de competencias, la debilidad en los

mecanismos de planeación y gerencia sectoriales, la carencia de medios

tecnológicos y la inadecuada distribución regional de los recursos. Además, las

instancias no judiciales de resolución de conflictos no funcionan en forma

adecuada por la carencia de una reglamentación específica y de un conocimiento

del ciudadano común sobre el funcionamiento de dichas instancias.



V. LA CRISIS AMBIENTAL

Colombia tiene una gran riqueza de recursos naturales: 10% de la fauna y flora

mundiales, 19% de las especies de aves del planeta, más de 56.000 especies de

plantas fanerógamas y más de 1.000 ríos permanentes. Sin embargo, el uso

irracional de estos recursos ha conducido a su creciente deterioro, al

aniquilamiento de la biodiversidad, la deforestación, la degradación del suelo, el

desecamiento de las fuentes de agua, la destrucción de manglares y la

contaminación del agua y el aire. En fin, un deterioro ambiental que afecta el

bienestar actual y futuro de la población.

Las causas de los procesos de deterioro ambiental en el país son numerosas,

pero entre ellas vale la pena destacar: 1 las condiciones de libre acceso a buena

parte de los recursos naturales, lo que ha llevado a tasas de extracción muy

superiores a las que serían socialmente deseables; 2 la ausencia de mecanismos

que permitan cobrar por el deterioro ambiental (es decir, por las externalidades

negativas) que generan muchas actividades productivas; 3 la pobreza y los bajos

niveles educativos de gran parte de la población colombiana, que la lleva a

consumir intensamente los recursos naturales y no le permite acceder fácilmente

a tecnologías con las que podrían mejorar su ingreso sin deteriorar el medio

natural; a su vez, los grupos más pobres son los más vulnerables a la

contaminación, la degradación del entorno y los desastres causados por el

inadecuado manejo de los recursos naturales; 4 los patrones de consumo,

particularmente de los grupos más ricos de la población, que se caracterizan por

el uso ineficiente de los recursos naturales renovables; 5 múltiples factores de

carácter internacional, tales como los términos inequitativos de intercambio de



productos básicos, la demanda de recursos de la fauna y la flora silvestres, el

consumo de drogas ilícitas, que contribuye a la deforestación de valiosos

bosques, y los daños ocasionados a los recursos naturales comunes, como son el

agotamiento de la capa de ozono o el sobrecalentamiento de la atmósfera; 6 la

reducida investigación en recursos naturales renovables y en el manejo de la

contaminación, que ha redundado en una base científica y en un sistema de

información inadecuados para sustentar las propuestas de manejo de los recursos

naturales, y 7 la ineficacia de la administración pública para afrontar y orientar

soluciones concretas a los problemas ambientales.

A la fecha, más del 30% de la cobertura forestal nativa ha sido destruida. Este

proceso continúa, ya que se siguen desforestando entre 300.000 y 800.000

hectáreas por año, con un número probable de 600.000 has./año. A pesar de ello,

en los últimos seis años sólo se plantaron 94.000 has. y el total reforestado en las

dos últimas décadas no supera las 300.000 has. De los 48 millones de hectáreas

de bosques que aún quedan en pie, el 82% constituyen zona de reserva forestal.

De éstas, un 60% son poco susceptibles de deforestación por estar localizado en

el ecosistema amazónico, pero cerca de 6 millones de hectáreas en la zona

andina y las regiones costeras Pacífica y Atlántica son accesibles y se encuentran

en un proceso de destrucción.

A pesar de los variados esfuerzos realizados por los Gobiernos para promover la

reforestación, la industria colombiana continúa dependiendo de los bosques

naturales para el abastecimiento de materias primas: al rededor del 65% del



consumo total de productos forestales proviene de bosques naturales en la Costa

Pacífica.

Con el fin de conservar su riqueza natural, el país ha venido desarrollando un

sistema nacional de áreas protegidas. En la actualidad cuenta con 33 parques

nacionales, dos reservas naturales, siete santuarios de flora y fauna y una zona

ecológica especial. Este sistema, que cubre una área de 9 millones de has.,

presenta restricciones para su manejo eficiente, en razón de problemas de

tenencia de tierra, presiones colonizadoras, una administración centralizada de

los mismos, la subvalorización de los servicios que prestan, la falta de recursos

humanos calificados, la escasez de recursos financieros, la poca participación

ciudadana en su conservación, la producción y transporte de narcóticos en los

mismos, y los problemas de violencia y conflicto social.

Colombia es un país rico en recursos hídricos, pero su uso es deficiente. El

rendimiento hídrico promedio es de 58 lts./s./km², que presenta notables

variaciones interregionales e intertemporales como resultado de los ciclos

hidrológicos. Así, existen zonas donde estos rendimientos superan los 140

lts./s./km² y 5 millones de hectáreas están sometidas a inundaciones periódicas,

pero en el 14% del territorio nacional hay déficit de agua. Así mismo, el agua

subterránea es una fuente potencial importante para el abastecimiento, ya que

31% del agua dulce del país está contenida en los acuíferos. Además, el territorio

nacional cuenta con más de 2.5 millones de hectáreas de humedales con una alta

productividad de biomasa, que contienen el 87% del volumen de los cuerpos de

agua de corriente. Estas áreas inundables, asociadas con las ciénagas, están

localizadas principalmente en la región Caribe y en las planicies aluviales y



altillanuras de la Orinoquía. Por último, el país cuenta con los océanos Pacífico y

Atlántico, ecosistemas vitales para el desarrollo sostenible.

No obstante la riqueza en recursos hídricos, las alteraciones en los ecosistemas

que regulan el agua han generado problemas de escasez. Las cuencas en los

páramos, 2.6% del territorio colombiano, que retienen grandes cantidades de

agua que al dosificarse garantizan un caudal contínuo a las corrientes, son

inadecuadamente utilizadas y afectan áreas estratégicas para la sostenibilidad de

la red hídrica nacional. Además, se presenta una sobreexplotación y

contaminación del agua y graves indicios de desertificación en diversas regiones

del territorio nacional. A su vez, el 23% de la población no dispone del suministro

de agua para uso doméstico y ciudades como Santa Marta, Pasto y Tunja han

sufrido severos racionamientos del servicio de agua por agotamiento de sus

fuentes abastecedoras. De otro lado, el uso de aguas subterráneas se hace de

manera poco eficiente, con sobreexplotación en algunos acuíferos de zonas como

la Sabana de Bogotá, la Guajira y Córdoba. Se desconoce también la importancia

de los humedales, vitales para la regulación ecológica. Una parte importante de

ellos han sido desecados y otros tantos sufren contaminación de origen industrial,

agrícola, pecuaria o doméstica. Igualmente se han degradado ecosistemas de alta

productividad ictiológica como ciénagas, manglares y arrecifes de coral. En las

zonas costeras se presentan altos niveles de contaminación en los puertos.

Por sus características geológicas, topográficas y climáticas, Colombia es un país

propenso a sufrir desastres naturales como terremotos, maremotos, erupciones

volcánicas, inundaciones, deslizamientos, avalanchas y huracanes, entre otros.



Los eventos que más afectaron el territorio nacional en 1993 fueron: inundaciones

(76.5%), vendavales (14.1%), deslizamientos (4%), sismos (2.9%), erupciones

volcánicas y otros (2.5%). A pesar de que los sismos se presentan en un

porcentaje menor, su capacidad de destrucción es grande. La región Pacífica es

de alta vulnerabilidad sísmica y tsumagénica (maremotos), situación que conlleva

riesgos de inundación y destrucción.

Por otra parte, unido a la deforestación y al mal uso de los recursos hídricos, se

presenta una degradación permanente del suelo. El 49.5% de los suelos presenta

algún grado de erosión, de la cual un 23.4% es catalogada como severa,

particularmente en la zona andina. Se estima que anualmente entre 170.000 y

200.000 hectáreas de terreno quedan sujetos a erosión.

La diversidad de los recursos edáficos, hídricos y climáticos, determinada por las

características de la cadena montañosa de los Andes, otorga ventajas

comparativas para la producción agropecuaria. Ello exige un uso apropiado del

suelo y la utilización de tecnologías y prácticas de cultivo adecuadas a las

condiciones locales. No obstante, la deforestación, los conflictos por la propiedad

de la tierra, un uso inconveniente del suelo y de tecnologías, perpetúan el

desarrollo de sistemas de producción agrícola en zonas sin esa vocación y la

utilización de tecnologías inadecuadas en áreas potencialmente útiles para la

agricultura, lo cual ha conducido a procesos de erosión y pérdida de la capacidad

productiva de los suelos.



El deterioro ambiental, el inadecuado manejo de los recursos naturales y la

deficiente prevención de riesgos, son responsables de múltiples desastres. Las

poblaciones más pobres son las más vulnerables a ellos, ya que se localizan en

zonas de alto riesgo de inundación o en sitios inestables en los límites de las

ciudades.

La calidad del medio ambiente de los principales centros urbanos del país se ha

deteriorado significativamente en las últimas décadas. Los principales problemas

de calidad de aguas originados por fuentes puntuales de contaminación pueden

agruparse de la siguiente manera: 1 descargas de materia orgánica de fuentes

residenciales e industriales, que reducen o eliminan completamente el oxígeno

disuelto de las corrientes, causando impactos sobre la vida acuática y su calidad

estética; 2 presencia de organismos patógenos por descargas de origen

residencial y de algunos tipos de industrias, que representan riesgos severos para

la salud de consumidores de agua de las fuentes receptoras o de productos

agrícolas regados con ellas, y 3 presencia de sustancias peligrosas descargadas

por las industrias, las cuales pueden causar efectos acumulativos y/o persistentes

de consecuencias aún más graves para la salud.

Menos del 5% de los 1.044 municipios del país tratan sus aguas residuales antes

de disponerlas y entre las ciudades de mayor tamaño, tan sólo Bucaramanga

cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales. Además, los problemas de

calidad de aguas originados por fuentes no puntuales han sido estudiados

inadecuadamente en el país. Estimativos preliminares sugieren que la aplicación

de pesticidas en 1.2 millones de hectáreas, que se dedican a los ocho cultivos con

mayores consumos, es del orden de 9 a 13 Kg./ ha._año, en tanto que la



aplicación de fertilizantes en las 4.5 millones de hectáreas de zona agrícola oscila

entre 230 y 290 Kg./ha._año. Estas cifras sugieren que en algunas zonas del país

pueden existir problemas importantes de contaminación por escorrentía y

percolación agrícola.

El manejo de aproximadamente 14.000 toneladas de residuos sólidos domésticos

producidos diariamente en el país es aún muy deficiente. Algunas ciudades como

Santafé de Bogotá, Medellín, Cartagena o Manizales cuentan con rellenos

sanitarios, pero sus especificaciones y manejo son inapropiados. Las labores de

almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición de las aproximadamente

700 toneladas de residuos peligrosos producidas diariamente ocasionan

problemas ambientales críticos.

Los niveles de contaminación del aire en algunas de las principales ciudades del

país como Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín y Sogamoso superan las normas

existentes. Estas concentraciones se elevan en los períodos de inversión térmica,

frecuentes particularmente en los primeros meses del año. A nivel nacional, las

fuentes móviles contribuyen aproximadamente con el 61% del volumen total

generado de monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, partículas

en suspensión y óxidos de azufre y las fuentes fijas aportan el 39% restante. En el

sector industrial, se han identificado cerca de 5.600 fuentes importantes de

contaminación, de las cuales un 80% se concentra en los siete corredores

industriales: Bogotá-Soacha, Cali_Yumbo, Medellín_Valle de Aburrá, Valle del

Sogamoso, Barranquilla_Soledad, Barrancabermeja y Cartagena_Mamonal.



En las últimas décadas se han identificado amenazas al medio ambiente cuya

naturaleza es de carácter global, y que para su solución requieren de acciones

concertadas a nivel mundial. Dentro de estas amenazas, las principales son: 1 la

creciente emisión de gases, tales como el metano y dióxido de carbono, que

pueden tener como efecto el calentamiento de la superficie de la tierra y los

cambios subsecuentes en el clima; 2 la producción de sustancias que destruyen la

capa de ozono, tales como los fluorocarbonados, que tienen como efecto la

penetración de rayos ultravioleta a la superficie de la Tierra, con graves

consecuencias para la vida en el planeta, y en particular para la salud humana; 3

la destrucción masiva de los bosques, en particular de los tropicales, con el

consecuente declive de la biodiversidad y posibles desequilibrios ecológicos; 4 la

sobrepesca, las prácticas inadecuadas de aprovechamiento de los recursos del

mar y costeros, y la contaminación de los océanos, que ponen en peligro la

existencia de ecosistemas críticos para la vida marina.

Adicionalmente, es necesario subrayar una amenaza que se cierne sobre los

países en desarrollo en su camino hacia el desarrollo sostenible: la tendencia que

se observa en el comercio internacional de utilizar lo ambiental como una barrera

para impedir el acceso de los productos de los países en desarrollo a los

mercados de los países industrializados. Así lo confirma la reciente experiencia de

Colombia con atún y las diversas situaciones presentadas con la exportación de

pieles de los zoocriaderos, las flores y el carbón, para mencionar los casos más

significativos.



De otro lado, la carencia de una política explícita de población que oriente y

articule acciones en la búsqueda de metas de crecimiento, estructura y

distribución poblacional, así como de la relación entre pobreza y medio ambiente,

se traduce en la inexistencia de instancias de articulación y coordinación de

acciones entre población y medio ambiente.

La Constitución de 1991 estableció la función ecológica de la propiedad, señaló

los deberes y derechos ambientales a cargo del Estado y de los ciudadanos,

ordenó la formulación de políticas ambientales como parte del Plan Nacional de

Desarrollo e introdujo la noción de desarrollo sostenible como meta para la

sociedad. Acorde con este mandato, se expidió la Ley 99 de 1993, se creó el

Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental. Se fijaron así los

principios de una política ambiental coherente, con unas bases jurídicas,

institucionales, técnicas y financieras para garantizar una gestión ambiental

verdadera, efectiva y eficiente. Estas reformas ya iniciadas, deben continuar en

este cuatrienio con la organización y puesta en marcha del Sistema Nacional

Ambiental y la inclusión de lo ambiental como un factor de desarrollo en las

políticas y programas que adelante el Estado.

VI. ESTRUCTURA Y TAMAÑO DEL ESTADO COLOMBIANO

La Constitución de 1991 incorporó y amplió el principio de intervención estatal que

las reformas de 1936 y 1968 le habían incluido a la vieja Constitución de 1886.

Así, se establecen como parte de los objetivos de la intervención estatal,

"conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes"; "distribuir en

forma equitativa las oportunidades y los beneficios del desarrollo" y "la



preservación de un ambiente sano". Crea, además, un complejo sistema de

planeación nacional y regional, articulado en torno a un sistema nacional de

planificación, donde están representadas las entidades territoriales y los sectores

económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales.

Así mismo, la nueva Carta Política incluyó la noción de "democracia participativa",

instrumento que permitió la creación de nuevos espacios de interacción entre el

Estado y la sociedad civil. Fortaleció, además, el proceso de descentralización,

amplió los espacios de concertación económica y abrió nuevas posibilidades de

participación del sector privado en la prestación de servicios públicos y sociales.

Si bien en la década de los noventa el gasto público se incrementó en forma

notable, en parte como respuesta a los cambios institucionales y a las nuevas

responsabilidades consagradas en la Constitución de 1991, el Estado colombiano

es pequeño en comparación con países de similar nivel de desarrollo.

Medido por el tamaño del gasto público, el Estado colombiano ha mostrado un

ritmo de crecimiento escalonado a lo largo de las últimas décadas: de representar

12.6% en la primera mitad de los años sesenta, 20.0% en igual período de los

setenta y 25.5 % durante el primer lustro de los ochenta, alcanzó un nivel de

30.2% en promedio entre 1990 y 1994. Tanto en los años setenta como en la

década actual, el principal impulsor del gasto fue la Administración Pública,

mientras que en los años ochenta este papel correspondió a las empresas

industriales y comerciales del Estado (Cuadro 2.6) Creado en el texto original.



No obstante lo anterior, el Estado colombiano medido a través del gasto del

gobierno central, sigue teniendo un tamaño normal o es incluso relativamente

pequeño. En efecto, en 1992 los gastos del gobierno central colombiano como

proporción del PNB eran muy inferiores a los de los países desarrollados. Eran,

igualmente más bajos que los de los países asiáticos de rápido crecimiento

(NICs), y se encontraban entre los más bajos de América Latina. Aun, si se tienen

en cuenta los aumentos más recientes, estas afirmaciones siguen siendo válidas.

En términos estructurales, el Estado colombiano ha experimentado dos cambios

importantes en los últimos años. El primero es la apertura a la actividad privada

de sectores tradicionalmente reservados al sector público, tanto en

infraestructura, como en servicios sociales (seguridad social). Este proceso ha

estado acompañado, en forma todavía incipiente, por el desarrollo de marcos

regulatorios apropiados, que garanticen la competencia en la prestación de los

servicios hasta donde esto sea posible, y la defensa de los consumidores. No

obstante, algunos de los ensayos iniciados de apertura de la infraestructura a

agentes privados, ha implicado riesgos elevados para el Estado en forma de

garantías de rentabilidad de diferente tipo, que en algunas ocasiones pueden

resultar onerosas. El avance de este proceso requiere, por lo tanto, de la

consolidación y desarrollo de regulaciones apropiadas y de mecanismos de

participación en los cuales el sector privado asuma efectivamente los riesgos que

implica toda actividad de inversión.



El segundo cambio importante que viene experimentando el Estado colombiano

es la transferencia de responsabilidades políticas, fiscales y de gasto público a los

niveles subnacionales de gobierno. Las transferencias de recursos y

responsabilidades fueron consagradas en los artículos 356 y 357 de la

Constitución Nacional y en sus desarrollos posteriores, fundamentalmente en la

Ley 60 de 1993 de Competencias y Recursos. Este proceso no ha estado

acompañado, sin embargo, de un fortalecimiento institucional de la débil

estructura fiscal de las entidades territoriales, sobre todo de los departamentos.

Como resultado de ello, las finanzas de las entidades territoriales han mostrado

una dependencia cada vez mayor de transferencias del nivel central.

El cuadro 2.7 (creado en el texto original) presenta la evolución de los ingresos y

gastos del sector público por niveles de gobierno. Allí se observa que mientras en

1981 los ingresos propios de los departamentos constituían el 19.5% de los

ingresos totales del sector público y 3.2% del PIB, en 1994 representaban tan sólo

8.8% de los ingresos totales del sector público y 2.9% del PIB. En el mismo

período, el gasto total de los departamentos como proporción del PIB se

incrementó de 4.3 a 5.1%. Como consecuencia de estas tendencias, el grado de

dependencia fiscal de los departamentos aumentó en forma considerable.

Así, mientras en 1981 la relación de ingresos propios a gastos era del 0.74%,

para 1994 había disminuido a 0.56%.

La estructura fiscal de los municipios ha sido más dinámica. Sus ingresos propios

crecieron en términos reales entre 1981 y 1994 a una tasa de 9.3% anual,



superior al crecimiento del PIB, aunque inferior al crecimiento de los ingresos del

nivel central (11% anual). Por este motivo, aunque los ingresos propios de los

municipios aumentaron como proporción del PIB, del 2.1 a 4.2%, su participación

en los ingresos totales del sector público disminuyó del 12.9 al 12.7%. Por su

parte, los gastos de los municipios se incrementaron en forma más dinámica, del

3.7 a 6.8% del PIB; por este motivo, el grado de dependencia fiscal cayó, a

diferencia de lo sucedido con los departamentos: del 0.57 a 0.62 entre 1981 y

1994.

Esta excesiva y creciente dependencia fiscal, así como la lentitud del proceso

efectivo de transferencia de responsabilidades y competencias podrían

convertirse, si no se corrigen a tiempo, en una seria amenaza para las finanzas

públicas consolidadas. Al tiempo que se consolide en los próximos años la

transferencia de competencias y recursos, es necesario fortalecer institucional y

fiscalmente a las entidades territoriales, para evitar que el proceso de

descentralización reduzca la eficacia de la acción pública o termine por perjudicar

la estabilidad macroeconómica.

CAPITULO 3

LA ESTRATEGIA MACROECONOMICA



La estrategia macroeconómica del Gobierno garantizará el mantenimiento de los

equilibrios macroeconómicos básicos, el manejo adecuado de las bonanzas

cafetera y petrolera y la apertura de la economía, fomentando activamente la

creación de empleo y corrigiendo al mismo tiempo las tendencias adversas que

han experimentado en los últimos años las tasas de cambio real y de ahorro

privado. Dada la arraigada indización de la economía, asociada a dos décadas de

inflación relativamente estable, el mantenimiento de equilibrios macroeconómicos

básicos, aunque indispensable, no es una condición suficiente para garantizar el

descenso de las tasas de inflación. Por este motivo, el Gobierno ha propuesto la

realización de un Pacto de Productividad, Precios y Salarios que complemente los

esfuerzos que en materia macroeconómica acuerdan el Gobierno y el Banco de la

República. Por otra parte, frente a los efectos nocivos que ha generado el

contrabando e importaciones masivas realizadas en condiciones distorsionadas

de precios, el proceso de apertura exige algunos ajustes orientados a fortalecer la

función aduanera y los mecanismos de salvaguardia y defensa frente a la

competencia desleal.

Esta política macroeconómica, unida a las estrategias social y de competitividad,

permitirán mantener un ritmo de crecimiento promedio del producto interno bruto

del 5.7% anual entre 1994 y 1998 (Capítulo 4). El crecimiento del PIB per cápita,

del 3.8% anual, será uno de los más altos de la historia económica del país; de

hecho, sólo es comparable a aquellos que alcanzó el país durante el segundo

lustro de los años veinte y entre 1967 y 1974. Este patrón de crecimiento,

complementado por una política activa de generación de empleo, permitirá crear

más de 1.5 millones de nuevos puestos de trabajo durante el período de ejecución

del plan; la dinámica de generación de empleo se detalla en el capítulo 8 del plan.



I. DEFENSA DE LA TASA DE CAMBIO

La justificación básica de la apertura económica descansa sobre las ventajas de

una mayor especialización de la economía, que permite explotar las economías

de escala y orientar los recursos productivos hacia aquellos sectores en los cuales

el país tiene ventajas competitivas. Las virtudes de la especialización son

obviamente mayores en economías pequeñas, como la nuestra, cuyas

posibilidades de profundización productiva a través de la sustitución de

importaciones están virtualmente agotadas. De lograrse este propósito, el

dinamismo del sector exportador tiende a generar un "círculo virtuoso" de mayor

inversión e incrementos en productividad que se traduce en mayores ritmos de

crecimiento económico.

La experiencia de los últimos años indica, sin embargo, que este proceso

dinámico de crecimiento exportador no es un producto automático de la liberación

comercial. Requiere como contrapartida esfuerzos por garantizar el capital

humano y la infraestructura necesaria para un mayor crecimiento económico y

políticas sectoriales activas, orientadas a mejorar las condiciones de

competitividad. Igualmente importante, esta experiencia indica que el objetivo de

acelerar el desarrollo exportador no se alcanzará si no se logra quebrar la

tendencia adversa que ha experimentado la tasa de cambio real en los últimos

años. En efecto, la revaluación real del peso ha frenado a partir de 1991 el

crecimiento del sector exportador y ha hecho que la expansión global de la

economía recaiga excesivamente sobre los sectores productores de bienes no



comercializables internacionalmente. La defensa de la tasa de cambio real y la

reversión gradual del proceso de apreciación del peso observado entre 1991 y

1994 son, por lo tanto, uno de los requisitos esenciales para que tenga éxito el

proceso de internacionalización de la economía.

En los dos últimos años, la fuente fundamental de presión sobre el mercado

cambiario, que se reflejó en la tendencia a la revaluación del tipo de cambio, ha

provenido de los flujos de capital del sector privado. En efecto, pese a la bonanza

cafetera, en 1994 el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se acercó

a los US$3.000 millones. Esto indica que, salvo por condiciones coyunturales en

el mercado cafetero, que vienen siendo manejadas mediante un mecanismo

específico de estabilización, las operaciones corrientes no son las que están

generando presiones sobre el mercado cambiario. Las proyecciones de la balanza

de pagos corroboran esta apreciación, ya que indican que, con los niveles

actuales del tipo de cambio real, la economía arrojaría déficit corrientes

significativos aun cuando se inicie la bonanza petrolera en 1997 y 1998. Como,

además, el endeudamiento externo del sector público ha tenido una tendencia a la

baja en los últimos años, el exceso de oferta de divisas ha provenido

fundamentalmente de los flujos privados de capital, particularmente aquellos que

han llegado al país en forma de crédito.

El comportamiento de estos flujos ha introducido elementos desestabilizadores en

el mercado de divisas. En efecto, las expectativas de abundancia de divisas y, por

ende, de apreciación del tipo de cambio, han generado incentivos a contratar

mayores montos de endeudamiento externo. Sin embargo, según hemos visto,



estos últimos son la fuente fundamental de la abundancia de divisas que

actualmente experimenta el país. Así las cosas, el endeudamiento privado, la

abundancia de divisas y la revaluación se retroalimentan, generando un "círculo

vicioso" que contribuye a acentuar las tendencias adversas que ha venido

experimentando el mercado cambiario.

Las entradas de capitales tienen como contrapartida el fuerte debilitamiento que

ha experimentado el ahorro privado. Ambos procesos están interrelacionados: el

déficit privado genera unas necesidades globales de financiamiento que sólo se

pueden satisfacer mediante flujos provenientes del resto del mundo, pero el fácil

acceso al financiamiento externo permite que a los agentes privados reduzcan

sus esfuerzos de ahorro interno. Por este, motivo, los encajes sobre pasivos en

moneda extranjera de las entidades financieras, así como los sobrecostos que se

impusieron al endeudamiento externo a plazos menores a cinco años, entre ellos

las medidas acordadas entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República,

buscan contrarrestar tanto la presión sobre el mercado de divisas como el

debilitamiento del ahorro privado. El Conpes determinó complementariamente el

pasado mes de agosto una separación estricta de los flujos de inversión

extranjera directa de los de endeudamiento, dejando los primeros totalmente

libresy los últimos sujetos a las regulaciones sobre flujos de corto plazo que

expida la Junta Directiva del Banco de la República.

Otra causa de la revaluación real ha sido el excesivo crecimiento de la demanda

agregada interna en los últimos años, que ha sido presionado el mercado de los

bienes y servicios que no se comercializan internacionalmente (construcción y

servicios). Este fenómeno ha conducido a que, pese a la menor devaluación



nominal, la inflación haya continuado relativamente alta. El establecimiento de

metas fiscales consistentes, la restricción al endeudamiento externo de corto

plazo del sector privado y al crecimiento excesivo de la cartera del sistema

financiero doméstico son, por lo tanto, elementos esenciales e interrelacionados

de la estrategia de reversión de la tendencia a la apreciación del tipo de cambio

real observada en los últimos años.

Estas determinaciones indican que en los próximos años será necesario mantener

ciertas restricciones a la apertura financiera para que la apertura comercial tenga

éxito. Así lo ha reconocido, por lo demás, una extensa literatura sobre la apertura

en países en vía de desarrollo. El Gobierno mantendrá, por lo tanto, este principio

a lo largo de la Administración. Conjuntamente con el Banco de la República,

acordará, además, metas macro_económicas en materia fiscal y de crecimiento

de la cartera del sistema financiero doméstico que sean consistentes con un

proceso gradual de devaluación de la tasa de cambio real en un marco de

reducción persistente de la inflación.

II. FORTALECIMIENTO DEL AHORRO DOMESTICO

La política de ahorro juega un doble papel en la estrategia macroeconómica del

Gobierno. En primer término, como lo ha aprendido el país con el manejo de sus

marcados ciclos cafeteros, el ahorró de los excedentes coyunturales de divisas

del sector exportador es esencial para evitar los traumatismos que genera el

exceso de divisas durante los períodos de buenos precios internacionales,

traumatismos que se conocen internacionalmente con el nombre de "enfermedad



holandesa" (aceleración de la inflación, revaluación real y debilitamiento de los

sectores productores de bienes comercializables internacionalmente). Por otra

parte, el ahorro doméstico es esencial para mantener y elevar los niveles de

inversión, sin los cuales el país no podrá alcanzar mayores tasas de crecimiento

económico.

A. Manejo de las bonanzas cafetera y petrolera.

A lo largo de su historia, Colombia ha acumulado una excelente experiencia en el

manejo de sus bonanzas cafeteras. Esta experiencia indica que una parte

importante de las bonanzas debe ahorrarse en el Fondo Nacional del Café. Este

ahorro permite evitar los traumatismos macroeconómicos característicos de los

períodos de bonanza, pero también acumular un importante patrimonio que

permite mantener unos mejores precios internos y, por ende, unas mejores

condiciones de vida en las zonas cafeteras durante los períodos posteriores,

relativamente largos, de bajas cotizaciones internacionales.

La experiencia con el manejo de los ciclos cafeteros llevó, por lo tanto, a los

Gobiernos saliente y entrante a negociar con el gremio cafetero, el pasado mes

de julio, un mecanismo que permite ahorrar una proporción importante de los

ingresos adicionales generados por las altas cotizaciones internacionales del

grano. El mecanismo diseñado contiene varias innovaciones importantes. Por

primera vez en la historia del país, no se acordó ningún uso fiscal de los ingresos

generados por la bonanza; más que nunca, por lo tanto, la bonanza en curso será

de los cafeteros. Por otra parte, también por primera vez, se acordó que los



mayores ingresos se ahorrarían directamente en el exterior; este mecanismo es

congruente con el nuevo régimen y con los objetivos cambiarios. Por último, el

acuerdo establece un mecanismo automático de ajuste de los precios internos en

función de las cotizaciones internacionales. Un mecanismo de este tipo es

esencial para regular un producto sujeto a fuertes inestabilidades en sus

cotizaciones.

La bonanza petrolera que experimentará el país una vez comiencen a explotarsen

a plena capacidad los campos de Cusiana y Cupiagua, llevó al Gobierno a

proponer al Congreso de la República la creación de un mecanismo similar de

ahorro de los excedentes de divisas: un Fondo de Estabilización Petrolera. Como

la fuente principal de presión sobre el mercado cambiario y la demanda doméstica

proviene, en el caso del petróleo, de los ingresos fiscales asociados a dicha

actividad, el mecanismo propuesto busca ahorrar en el exterior una parte de los

mayores ingresos fiscales que reciben la Nación (Ecopetrol), el Fondo Nacional de

Regalías y los departamentos y municipios petroleros (incluidos los puertos

petroleros). El ahorro se hará directamente en divisas y será manejado por el

Banco de la República bajo las orientaciones que trace un Comité Directivo en el

cual tendrán participación todas las entidades que contribuyen al Fondo. La

propiedad de los ahorros se mantendrá en todo momento en poder de las

entidades públicas correspondientes.

A través de esta iniciativa se busca, además, aumentar la eficiencia de la

inversión pública. La experiencia colombiana e internacional indica que, cuando

una entidad pública recibe ingresos extraordinarios que gasta rápidamente, una



parte de ellos termina consumiéndose o invirtiéndose en proyectos de baja

rentabilidad social, ya que éstos no son estudiados con el rigor deseable, ni se

hacen las provisiones necesarias para minimizar sus costos. Al repartir recursos

fiscales que se concentrarían en unos cinco años en un período tres veces mayor,

se mejora la asignación de los recursos públicos y, por ende, se incrementan los

efectos sobre el desarrollo regional y nacional de la bonanza petrolera.

B. Ahorro y crecimiento económico.

Según vimos en el Capítulo 2, el ahorro privado ha experimentado un deterioro

sustancial en los últimos años. Mientras el ahorro público se ha mantenido en

niveles superiores al 8% del PIB, el ahorro privado disminuyó del 14.1 al 7.3% del

PIB durante la década actual. Como resultado de ello, en 1994, el ahorro

nacional, equivalente al 15.5% del PIB, es uno de los más bajos de la historia del

país y muy reducido en relación con aquellos países que han mantenido altos

ritmos de crecimiento económico.

Gracias al complemento generado por el ahorro externo (equivalente en la

actualidad al 5_6% del PIB, un nivel excepcional para los patrones del país) y al

abaratamiento que han experimentado los bienes de capital en los últimos años,

la tasa de inversión real podrá mantenerse en niveles altos, superiores al 24% del

PIB, con lo cual el país podrá crecer a los ritmos previsibles en los próximos años

(5.7% anual). No obstante, la tasa de inversión puede ser insuficiente en vista de

las necesidades excepcionales de modernización del aparato productivo y de la

infraestructura del país y es, en cualquier caso, baja en relación con los países en



desarrollo de mayor crecimiento. La excesiva dependencia del endeudamiento

podría, además, aumentar la vulnerabilidad financiera de las empresas privadas.

Las tasas de interés deberán ser también uno de los factores que estimulen la

recuperación del ahorro privado sin que se conviertan en un obstáculo para el

crecimiento de la inversión. El proceso de apertura de la economía colombiana

junto con el desarrollo del sector financiero y el mercado de capitales permitirá

que las tasas de interés domésticas converjan a los niveles internacionales, ya

que los diferenciales de rentabilidades interna y externa no pueden mantenerse

por plazos largos. La tasa de interés es un poderoso instrumento de estabilización

de corto plazo, pero ésta no debe alcanzar niveles que la conviertan en un factor

de desestabilización e incertidumbre macroeconómicas, además de estímulo a la

especulación financiera o en elemento de presión revaluacionista del tipo de

cambio.

El mantenimiento de altas tasas de ahorro del sector público y la recuperación del

ahorro privado son, por lo tanto, esenciales para mantener un rápido crecimiento

económico con estabilidad en los próximos años. A ello contribuirá la restricción al

endeudamiento externo. Serán indispensables, además, desarrollos paralelos de

grandes dimensiones en el sector financiero y los mercados de capitales

domésticos. El fortalecimiento de la sociedad anónima abierta y del mercado

accionario, el desarrollo de los Fondos de Pensiones Privados y, en general, de

los nuevos inversionistas institucionales, los avances de la banca de inversión y la

extensión de nuevos instrumentos de intermediación y cobertura de riesgo, son

esenciales para acrecentar y canalizar más eficientemente el ahorro doméstico.



En particular, es necesario fomentar el desarrollo de nuevos instrumentos que

encaucen el ahorro privado hacia títulos de propiedad y de deuda de largo plazo,

aumentando la liquidez y reduciendo el riesgo de dichas inversiones, y aminorar,

así, el sesgo histórico hacia la inversión en títulos de deuda de corto plazo. Por

otra parte, la apertura de posibilidades e incentivos para que los colombianos

realicen inversiones de riesgo y de portafolio en el exterior contribuirá también a

estimular el ahorro y el desarrollo de los mercados de capitales.

En este contexto, el Gobierno Nacional creó una Misión para el Desarrollo del

Mercado de Capitales que permitirá identificar las limitaciones, institucionales,

regulatorias o de otro tipo, que dificultan el desarrollo del mercado doméstico de

capitales; analizará la conveniencia de introducir esquemas desarrollados en otros

países; propondrá estrategias para incrementar la oferta de valores por parte de

los sectores público y privado, incluidos los nuevos mecanismos financieros que

hacen posible la participación del sector privado en el desarrollo de la

infraestructura y formulará recomendaciones para desarrollar en Colombia

instrumentos de cobertura de riesgo (futuros, opciones, etc.) e implantar la

valoración de portafolios a precios de mercado. Por otra parte, vinculado al mismo

propósito de desarrollo y aprovechamiento del mercado de capitales, el Gobierno,

en desarrollo de la Ley de Servicios Públicos, convertirá las empresas de servicios

públicos en sociedades por acciones, permitirá la participación de accionistas

privados en el capital accionario de ellas y las hará partícipes de los nuevos

mecanismos de ahorro y financiamiento que se vienen desarrollando en el país.



III. REDUCCION DE LA INFLACION: PACTO SOCIAL DE PRODUCTIVIDAD,

PRECIOS Y SALARIOS

El crecimiento generalizado de los precios constituye a todas luces un elemento

de ineficiencia que reduce la capacidad de crecimiento económico y el bienestar

de la población. Por ello, el Gobierno tiene entre sus principales prioridades la de

reducción persistente de los ritmos de inflación. Con este propósito, trabajará

conjuntamente con la Junta Directiva del Banco de la República para la definición

de políticas macroeconómicas consistentes que permita, simultáneamente, bajar

paulatinamente el ritmo de crecimiento de los precios y defender la tasa de

cambio real.

La fuerte indización característica de la economía colombiana exige que los

esfuerzos macroeconómicos para reducir la inflación estén complementados con

iniciativas orientadas a desmontar la práctica de fijar los reajustes de precios y

salarios en función de la inflación pasada. De lo contrario, los primeros pueden

resultar muy costosos en términos de actividad productiva o de desarrollo

exportador (si la política antiinflacionaria recae excesivamente sobre el manejo del

tipo de cambios o, alternativamente, las metas de inflación se incumplirán en

forma reiterada, generando una falta de credibilidad en los anuncios

correspondientes del Banco de la República o del Gobierno.

El Pacto Social de Productividad, Precios y Salarios ha sido concebido, así, como

un mecanismo para desmontar gradual y concertadamente la indización de la

economía, complementando los esfuerzos que en el frente macroeconómico



llevan a cabo el Gobierno y el Banco de la República para reducir la inflación. Sin

embargo, avanza un paso más allá en relación con los esquemas tradicionales de

negociación tripartita de ingresos y salarios, al incluir en las negociaciones un

tercer elemento: la productividad. Con ello no sólo se reconoce que la

productividad es la clave para el aumento de los ingresos reales del conjunto de la

población, sino también el papel que juega esta variable en una economía abierta,

como fuente fundamental de la competitividad global del país.

El Pacto Social fomenta, además, los mecanismos de consenso y cohesión social

que son esenciales para superar la cultura de conflicto y violencia que ha

caracterizado a la sociedad colombiana en las últimas décadas. La inflación

permanente se caracteriza, en efecto, por un estéril conflicto distributivo, en el

cual cada agente económico, al fijar su precio o demandar aumentos en su

remuneración, cree poder ganar sobre el resto si logra colocarse unos puntos por

encima del promedio, o se cree engañado por los otros agentes económicos que

derrotan sus esfuerzos por aumentar su nivel de vida. El Pacto busca, por lo

tanto, reemplazar este conflicto, cuyo resultado global es que la inflación se

mantiene sin que nadie gane o se beneficie de la pugna distributiva, por un

consenso que permite reducir la inflación. Permite, además, enfocar el consenso

hacia la única variable que en términos económicos permite el mejoramiento del

nivel de vida de todos: la productividad.

El Pacto tiene, así, tres aspectos fundamentales. En primer término, no reemplaza

sino que complementa los esfuerzos de estabilización en el frente

macroeconómico. En segundo lugar, se basa en el compromiso que asumen



todos los agentes involucrados (Gobiernos Nacional y locales, empresarios y

trabajadores) de fijar sus precios y remuneraciones en función de un objetivo

común: reducir gradualmente la indización de la economía. Finalmente, introduce

el concepto de productividad en la fijación de ingresos y salarios y concentra, así,

la atención de todos los agentes económicos sobre la única variable que permite

elevar simultáneamente el nivel de vida de toda la población. Como todos los

agentes, el Gobierno Nacional asume un doble compromiso: fijar los precios de

los bienes y servicios que produce (servicios públicos y gasolina) o controla

(avalúos catastrales, arrendamientos, medicamentos) en función del objetivo de

inflación y aumentar la productividad de las empresas públicas.

Para reducir el efecto de fenómenos contrarios a los objetivos del Pacto Social

que alteren el bienestar de la comunidad y menoscaben la capacidad adquisitiva

de los consumidores, el Gobierno garantizará el respeto de sus derechos a la

protección, la representación, la información, la educación, la indemnización, la

libre elección de los bienes y servicios que requieren para su subsistencia y a ser

oídos por los poderes públicos. Para tales fines, la Administración apoyará la

creación y el fortalecimiento de las asociaciones y ligas de consumidores.

IV. UNA POLITICA ACTIVA DE EMPLEO

Los positivos ritmos de expansión de la actividad productiva que se esperan en

los próximos años deben traducirse en una mejora en las condiciones de empleo.

Sin embargo, como lo evidencia la experiencia de Colombia y de otros países, el

crecimiento económico y el libre funcionamiento del mercado no solucionan



automáticamente los desajustes en el mercado de trabajo. La apertura económica

ha alterado, además, el patrón de desarrollo del país, generando nuevas

exigencias sobre el mercado de trabajo.

Según lo indica el análisis del Capítulo 2, el mercado laboral del país parece estar

enfrentando recientemente las fuertes presiones que reflejan la presencia de

desequilibrios estructurales que, de no atacarse directamente, impedirían que la

tasa de desempleo bajara de un nivel relativamente alto.

El Gobierno pondrá en marcha, por lo tanto, una política activa de empleo,

orientada a garantizar que el mayor crecimiento y la apertura de la economía se

traduzcan efectivamente en una generación dinámica de puestos de trabajo, a los

que puedan acceder en igualdad de condiciones tanto hombres como mujeres.

Elementos esenciales de esta política serán el fomento al Sistema de Formación

Profesional, a sistemas modernos de información sobre ofertas y demandas de

mano de obra y la reestructuración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

para fortalecer su capacidad de diseñar y ejecutar las políticas de empleo.

También hacen parte de esta estrategia el diseño de programas de emergencia

para grupos sociales y regiones vulnerables: un subsidio al desempleo asociado,

al reentrenamiento de mano de obra y una política orientada a corregir problemas

críticos de desempleo en algunas zonas rurales y urbanas del país. El Gobierno

pondrá, finalmente, en marcha, en el marco de su política social, una agresiva

política de fomento a la economía solidaria y a la pequeña propiedad, cuyas

potencialidades en la generación de empleo son ampliamente conocidas. El

contenido concreto de estos programas se detalla en los Capítulos 5 y 8 del plan.



V. CONSOLIDACION DE LA APERTURA ECONOMICA

La apertura económica ha insertado al país en el dinámico proceso de

globalización que viene experimentando la economía mundial en las últimas

décadas. La participación en este proceso es una gran oportunidad para

aprovechar las ventajas de la especialización productiva, de la transferencia de

tecnología y de los flujos de capital. El Gobierno no sólo mantendrá el proceso de

apertura sino que lo consolidará a través de una más agresiva estrategia de

internacionalización, que busque generar las bases de una competitividad estable

a través de una política de ciencia y tecnología, de políticas sectoriales activas, y

de inversiones en capital humano e infraestructura.

La finalización, en 1993, de la Ronda Uruguay del GATT fue un paso importante

en la historia de la economía mundial. En esta negociación, la más ambiciosa de

las distintas rondas del GATT, se creó la Organización Mundial de Comercio,

OMC, se redujeron las barreras al comercio de bienes, se integró por primera vez

(aunque tímidamente) la agricultura a las disciplinas multilaterales, se

renegociaron los códigos de salvaguardias y competencia desleal, se rediseñaron

varios códigos nuevos en materia de comercio (como el de medidas de comercio

relacionadas con la inversión, el de uso de restricciones para la defensa de la

balanza de pagos y otros) y se incorporaron al Acuerdo General nuevos

instrumentos en materia de propiedad intelectual y comercio de servicios. Estos

acuerdos fueron ratificados mediante la Ley 170 del 15 de diciembre de 1994.

Con base en esta ley el país debe avanzar hacia la adecuación de nuestras

normas internas de comercio exterior al nuevo marco normativo internacional. El



Gobierno colombiano será un defensor de estos acuerdos contra las tendencias

neoproteccionistas que tienden a hacerlos nugatorios y, hará, por lo tanto, uso

activo de los mecanismos de solución de diferencias que se diseñaron en la

Ronda.

La Administración ha puesto, igualmente, en marcha, los nuevos acuerdos de

integración (G_3 y Caricom) y mantendrá la dinámica de negociaciones

internacionales, especialmente con aquellas orientadas a consolidar los vínculos

de integración con otros países latinoamericanos y del Caribe. Pondrá en marcha,

además, un proceso de discusión nacional sobre la integración hemisférica

acordada en la cumbre de las Américas y la adhesión al Tratado de Libre

Comercio de América del Norte y estudiará mecanismos que permitan una mayor

integración con la Cuenca del Pacífico. Algunas de estas acciones se detallan en

el Capítulo 10 del plan.

En materia de política arancelaria, el país propició el diseño de un arancel externo

común del Grupo Andino, aprobado en diciembre de 1994, lo cual no excluye la

posiblidad de que, en conjunto con los otros países signatarios del Acuerdo de

Cartagena, se efectúen los ajustes requeridos para hacer más efectivo el sistema

de aranceles escalonados, corrigiendo distorsiones puntuales que existen en los

mecanismos de protección.

El Gobierno mantendrá, además, la libertad de la inversión extranjera en

Colombia y de la inversión de empresas colombianas en el exterior. La libre

movilidad de la inversión directa en ambas vías, es en efecto, un elemento



esencial del proceso de internacionalización e incluso requisito básico del éxito de

la apertura comercial. La Administración reconoce que la inversión extranjera

directa es un instrumento decisivo para apuntalar el crecimiento económico y para

acelerar la transferencia de tecnología y la modernización del aparato productivo.

Espera, además, contar con el concurso activo de empresas extranjeras en el

desarrollo de los programas de infraestructura del Plan de Desarrollo. Para estos

propósitos, el Gobierno continuará las negociaciones internacionales de acuerdos

sobre protección mutua a la inversión, manteniendo en cualquier caso, el respeto

por los principios constitucionales vigentes sobre expropiación.

En el frente interno, el proceso de apertura requiere ajustes para evitar algunos

efectos adversos que se han hecho evidentes en los últimos años. La reforma

más importante es el fortalecimiento de la función aduanera, mediante el

reforzamiento de las medidas policivas y la formalización del proceso aduanero;

con este último propósito, el Gobierno creó la figura de las Sociedades de

Intermediación Aduanera, establecerá un registro de importadores tradicionales y

utilizará en forma selectiva las compañías certificadoras internacionales. Por otra

parte, rediseñará el estatuto de salvaguardias para adecuarlo a las normas de la

OMC y lo utilizará como mecanismo de defensa de aquellos sectores que vienen

siendo severamente afectados por importaciones masivas. Rediseñó, igualmente,

y continuará mejorando los procedimientos contra la competencia desleal para

hacerlos más ágiles y operativos.

CAPITULO 4



ESTRATEGIA DE INVERSION PUBLICA Y

EFECTOS MACROECONOMICOS DEL PLAN

Las decisiones en materia de composición del gasto público son la expresión más

concreta de la voluntad política del Plan de Desarrollo. Este capítulo resume la

estrategia de gasto a partir de los principales programas de Gobierno, sus efectos

sobre las finanzas públicas consolidadas y sus fuentes de financiamiento. Se

muestra, en particular, la decisión de hacer un gran esfuerzo para incrementar la

inversión social en Colombia, elevándola de un promedio de 8.0% del PIB durante

la década de los ochenta y alrededor del 12.0% del PIB en 1994 aun 14.6% en

1998. El plan contempla inversiones públicas adicionales importantes en

infraestructura vial, ciencia y tecnología, desarrollo agropecuario y medio

ambiente. Los fundamentos de las estrategias que subyacen detrás de estas

propuestas de gasto se analizan en los siguientes capítulos del plan.

Para incrementar el gasto público en estas áreas estratégicas, el Gobierno

reducirá los gastos en otros sectores, hará uso de los recursos que contempla la

política de concesiones y privatizaciones, contará con aumentos previstos en los

recaudos tributarios y hará mejoras sustanciales en la administración tributaria.

No obstante, para garantizar la estabilidad y cumplir las metas de reducción de la

inflación y defensa de la tasa de cambio, es necesario mantener las tasas

tributarias establecidas por la Ley 6a. de 1992 y hacer un esfuerzo de

racionalización de los tributos existentes que generen mayores ingresos al



Gobierno Nacional. El Gobierno presentará un proyecto de ley al Congreso que

contempla estas reformas.

Cabe anotar que a diferencia de los demás capítulos del plan, las cifras

analizadas en este capítulo se refieren en su mayoría a operaciones efectivas de

caja y no a apropiaciones, con el fin de mantener la consistencia con los

escenarios fiscal y macroeconómico que se presentan en las Secciones II y III.

I. LA RECOMPOSICION DEL GASTO PUBLICO

El Plan de Desarrollo identifica tres áreas críticas para la inversión pública en el

país en los próximos años. La primera es la inversión social. El Salto Social que

propone la Administración es esencial, no sólo como base para la construcción de

una sociedad más solidaria, sino como un poderoso motor de desarrollo, ya que

invierte en el recurso productivo más importante de una nación: el capital humano.

La segunda es la estrategia de competitividad para la internacionalización. Esta

estrategia exige incrementar el gasto público en tres áreas: desarrollo vial,

desarrollo científico y tecnológico e inversión rural. Por último, como punto de

partida para el largo camino que debe recorrer el país para revertir el deterioro

ambiental que ha acumulado en las últimas décadas, el Gobierno Nacional debe

aumentar las inversiones en la recuperación y defensa del medio ambiente.

A. La inversión social



En las dos últimas décadas, la inversión social en Colombia ha fluctuado entre el

7 y el 9% del PIB. Durante este gobierno, los mayores aumentos del gasto público

se destinarán al sector social (gráfico 4.1) creado en el texto original.

Para el sector público en su conjunto, la inversión en capital fijo y transferencias

regionales destinada al sector social se incrementará del 3.5% del PIB como

promedio entre 1991_1994 al 6.3% del PIB en este cuatrienio y el total de la

inversión social del 9.3 al 14.1% (Cuadros 4.1 y 4.2) creado en el texto original. En

el contexto del proceso de descentralización, gran parte del gasto adicional, en

especial en educación, salud y agua potable y saneamiento básico, será realizado

por los departamentos y municipios, con transferencias de la Nación y aquellas

asignadas en el Plan de Inversiones al Sistema de Cofinanciación.

Los mayores recursos se destinarán a una variedad de programas. En términos

cuantitativos, los más importantes serán aquellos asociados al desarrollo de la

educación básica, al sistema de salud y a la Red de Solidaridad Social. Esta

última incluye programas de vivienda social rural y urbana, empleo, nutrición y

apoyo para mujeres jefes de hogar, entre otros.

Aunque cuantitativamente menos importantes en términos de recursos fiscales,

conviene resaltar los aumentos destinados a los programas de democratización

de la propiedad, en especial los de desarrollo campesino (reforma agraria y

desarrollo rural integrado) y microempresas. Igualmente, la inversión social

incluye los programas creados por la Ley 100 de 1993 destinados al pago de

pensiones de ancianos indigentes. El impulso a la política cultural, que tendrá



como puntal el futuro Ministerio de la Cultura, también recibirá un aumento

importante de recursos.

B. La política de competitividad.

El significativo atraso que presentan el desarrollo científico y tecnológico y la

infraestructura, constituyen obstáculos para el mejoramiento de la competitividad

de la economía colombiana. Así mismo, la crisis del sector rural exige un esfuerzo

dirigido a capitalizar el sector a través de un importante incremento en la inversión

pública y privada.

La política de ciencia y tecnología del Gobierno ha establecido el objetivo de

elevar del 0.5 al 1.0% del PIB la inversión total del país en desarrollo científico y

tecnológico entre 1995 y 1998. Con ello se alcanzarán niveles aceptables en

comparación con los patrones internacionales. Para lograr este objetivo, el

Gobierno debe incrementar los recursos destinados a investigación y difusión de

tecnología del 0.18 al 0.44% del PIB durante el cuatrienio, lo que significa que

financiará cerca de la mitad de la inversión total prevista en ciencia y tecnología

(Cuadro 4.3) creado en el texto original.

En cuanto a infraestructura, el doble efecto de la actualización del país en materia

de transporte, energía y telecomunicaciones, y los nuevos desarrollos petroleros,

exigirán recursos cuantiosos en los próximos cuatro años. Según lo indica el

capítulo 6, el Plan de Desarrollo prevé que las inversiones en estos sectores se

incrementarán en un 115% en relación con los cuatro años precedentes. Sin



embargo, la mayor parte de este crecimiento recaerá sobre el sector privado, lo

cual refleja la política de vincular mayores recursos de este sector como elemento

esencial para reducir las deficiencias de la infraestructura del país, desarrollar

esquemas de inversión y prestación de servicios más eficientes, y concentrar los

recursos del Estado en aquellos campos con mayor impacto social o donde las

fallas de mercado son más evidentes.

No obstante el énfasis otorgado a las inversiones privadas en estos sectores, las

urgentes necesidades en el frente vial y la participación del Estado en los

desarrollos eléctricos y petroleros, exigirán que la inversión pública aumente del

3.4% del PIB en el período 1991_1994 a 4.4% en promedio durante la actual

Administración (Cuadro 4.1) creado en el texto original.

Por su parte, las mayores inversiones públicas en el sector agropecuario se

elevarán del 0.7 al 1.1% del PIB entre 1994 y 1998 (Cuadro 4.3) creado en el

texto original. Estas sumas representan los costos de los programas que ha

diseñado la Administración en materia de adecuación de tierras, incentivo a la

capitalización rural, comercialización y sanidad agropecuaria, así como los

mayores montos destinados a desarrollo rural campesino y desarrollo tecnológico

agropecuario, que forman parte de los programas sociales y del plan nacional de

ciencia y tecnología, respectivamente. Adicionalmente, una parte significativa de

los mayores recursos asignados a educación, salud, la Red de Solidaridad Social

y otros programas sociales se destinará al sector rural, donde los índices de

pobreza y la baja cobertura de los servicios del Estado exigen una atención

preferencial.



C. Desarrollo sostenible.

Las inversiones en desarrollo sostenible, incluyendo los recursos que la Ley 99 de

1993 destinó al sector (fundamentalmente una participación o sobretasa al

impuesto predial) y aquellos asignados por la Ley de Regalías, se elevarán del

0.4% en 1995 al 0.5% del PIB en 1998. Por su parte, los recursos destinados por

el Presupuesto Nacional a este sector pasarán de representar en promedio 0.09%

del PIB en 1994 al 0.27% en 1998.

D. Cambios globales en la composición de la inversión pública.

Las prioridades establecidas en el plan implican cambios importantes en la

composición de la inversión pública. La participación sectorial en la inversión total

en los promedios de este plan frente al cuatrienio anterior, indica que el sector

social aumentará su participación del 48.5 al 57.3%, al igual que la participación

de las inversiones en desarrollo vial, medio ambiente y ciencia y tecnología. En la

perspectiva histórica, se puede apreciar que el mayor esfuerzo en justicia,

defensa y seguridad ya ha culminado. El leve descenso en la participación de

infraestructura energética y de telecomunicaciones en la inversión total es el

resultado del aumento sustancial de la participación del sector privado en la

financiación de dichos sectores.

II. RESULTADOS FISCALES GLOBALES Y FINANCIAMIENTO DEL PLAN



Siguiendo las metodologías tradicionales, los escenarios fiscales globales que

sirven de base para el Plan de Inversiones se expresan en términos de

operaciones efectivas del Gobierno central y del sector público consolidado. Este

análisis incluye, por lo tanto, los rezagos esperados en la ejecución de los

presupuestos asignados, previendo una reducción gradual de dichos rezagos en

relación con los patrones de los últimos años. Estos escenarios se han realizado

con base en los siguientes supuestos:

1. Los gastos de funcionamiento del Gobierno Central, excluyendo transferencias,

se proyectaron con base en el crecimiento de la inflación y en el comportamiento

previsto de la planta, salarios reales y la compra de bienes y servicios de cada

sector. De acuerdo con el resumen que se presenta en el Cuadro 4.4, creado en

el texto original, dichos gastos se reducen gradualmente del 4.2% del PIB al 3.9%

del PIB durante el cuatrienio.

2. Las transferencias a los departamentos y municipios se distribuyen de acuerdo

con las leyes vigentes y evolucionan, por lo tanto, en función de los ingresos

corrientes y de las participaciones previstas.

3. La inversión del Gobierno Central se eleva del 2.6% en 1994 al 4.8% del PIB

durante el cuatrienio, teniendo en cuenta una mejora gradual en los índices de

ejecución.



4. Los ingresos del sector descentralizado se proyectaron de acuerdo con los

supuestos de bases volumétricas y precios de los escenarios macroeconómicos, y

los gastos de funcionamiento con base en los datos históricos.

El Cuadro 4.4 creado en el texto original, presenta el escenario de ingresos

totales del Gobierno Central con base en los siguientes supuestos:

a. Se mantienen las tasas impositivas de la Ley 6a. de 1992. Bajo este supuesto y

las mejoras previstas en la gestión tributaria, los ingresos tributarios se elevan

ligeramente a lo largo del período de ejecución del Plan.

b. Se mantiene durante los cuatro años una activa política de privatizaciones y se

otorgan concesiones en telecomunicaciones que, en conjunto, generan ingresos

adicionales para el Gobierno Central de un 0.7% del PIB en promedio durante el

cuatrienio.

c. Para garantizar, sin embargo, un balance fiscal global positivo durante todo el

cuatrienio, objetivo que se considera esencial para cumplir con las metas

macroeconómicas en materia de inflación y defensa del tipo de cambio real, es

necesario realizar un esfuerzo tributario adicional. Cabe anotar, que cualquier

reforma tributaria puede aumentar las tasas impositivas en forma general, o bien

aumentar los recaudos racionalizando la estructura tributaria, reduciendo o

eliminando exenciones o descuentos. Es esta última alternativa la que favorece la

actual Administración. La racionalización de la estructura tributaria propuesta

representa recaudos que se elevan gradualmente hasta alcanzar el 1.4% del PIB



en 1998 que, teniendo en cuenta las transferencias a las entidades territoriales,

representa un ingreso neto para el Gobierno Central del 0.8% del PIB.

Con los anteriores supuestos, el sector público consolidado alcanza un superávit

promedio del 0.2% del PIB durante el cuatrenio y las finanzas públicas se

encuentran equilibradas durante los cuatro años del Gobierno (Cuadro 4.5)

creado en el texto original. El balance público superavitario es el resultado de un

sector central deficitario y un sector descentralizado con excedentes financieros.

En efecto, el déficit del Gobierno Central alcanza en promedio 3.5% del PIB

durante el cuatrienio, resultado que se explica en gran parte por el incremento

sustancial de las transferencias a municipios y departamentos, sin las cuales el

Gobierno Central estaría presentando un ahorro sustancial. Lo anterior exige, por

lo tanto, una continua transferencia de recursos desde el sector descentralizado

hacia el Gobierno Nacional a través de inversiones forzosas de las entidades

estatales, incluido el ISS, en títulos de deuda del Gobierno.

Adicionalmente, el gasto real del sector público consolidado, se incrementará a

una tasa anual promedio del 8.8% durante la Administración. Dicho gasto, neto de

transferencias intragubernamentales, se elevará del 30.3 al 34% del PIB entre

1994 y 1998, manteniéndose dentro de patrones normales para países como el

nuestro. Este incremento es compatible con los objetivos macroeconómicos

señalados en el Capítulo anterior y con un crecimiento del PIB del 5.7% real anual

en promedio durante el cuatrienio, lo que representa una tasa de crecimiento por

habitante superior a la que alcanzó el país durante la fase de mayor crecimiento

económico en el último medio siglo, el período 1967_1974.



En cuanto al financiamiento, el Plan prevé que el saldo de la deuda externa del

Gobierno Central se mantendrá constante en términos del PIB, lo cual equivale a

un endeudamiento nuevo de aproximadamente US$1.233 millones por año a

partir de 1996. Estos recursos se obtendrán tanto de la banca multilateral como

de la banca comercial y la emisión de bonos en el mercado internacional. El resto

de las necesidades del Gobierno Central se obtendrán en el mercado nacional,

como inversiones de los fondos de pensiones privados u otros agentes. En

cualquier caso, la ausencia de un déficit público consolidado implica que las

necesidades netas de financiamiento del Gobierno Nacional se verán

contrarrestadas por disminuciones en dichas necesidades en el caso del resto de

entidades públicas, con lo cual no se presenta una presión global sobre el

mercado de capitales.

III. IMPACTO MACROECONOMICO DEL PLAN DE DESARROLLO

A. Crecimiento de la actividad productiva.

Para analizar los efectos potenciales del Plan de Desarrollo sobre el

comportamiento sectorial y agregado de la economía colombiana se ha utilizado

como herramienta el modelo de equilibrio general computable del DNP. Con este

instrumento, se simulan, en particular, los efectos del plan de inversión en

infraestructura y la inversión social.



Las ventajas de la inversión en infraestructura han sido ampliamente estudiadas a

nivel internacionaly empíricamente verificadas para economías como la

colombiana. En efecto, los estudios demuestran que un aumento del capital en

infraestructura de 1% incrementa la productividad multifactorial en 0.14%,

elevando la rentabilidad privada y estimulando la inversión.

Con respecto a la inversión social, la nueva teoría del crecimiento enseña que

aumentos en los niveles de educación y salud de la población, además de mejorar

la distribución del ingreso y reducir los niveles de pobreza, incrementan la

productividad laboral y generan las condiciones para la innovación tecnológica. La

evidencia empírica para Colombia apoya estas hipótesis. En efecto, estimaciones

recientes muestran que la productividad laboral tiene una elasticidad de 0.09 con

respecto al gasto público en educación y del 0.06 con respecto al gasto público en

salud.

Con base en estas premisas y tratando de cuantificar los efectos del Plan de

Desarrollo, se realizaron cuatro simulaciones: la primera supone que ni la

inversión en infraestructura ni la inversión social se incrementan durante el

próximo cuatrienio (como tampoco la productividad) con respecto al cuatrienio

anterior; la segunda supone que la inversión social permanece constante y la

inversión en infraestructura crece según lo previsto en el plan; en la tercera la

inversión en infraestructura es constante y la inversión social crece según lo

previsto en el plan, y en la última simulación se conjugan ambos tipos de

inversiones.



Los resultados de las simulaciones, que se resumen en el Cuadro 4.6, creado en

el texto original, indican lo siguiente:

1. En ausencia de inversión social y en infraestructura (escenario 1), el

crecimiento promedio de la economía colombiana en el próximo cuatrienio sería

cercano al 3.8 o 3.2% si se excluye petróleo. Los sectores productores de bienes

comercializables internacionalmente diferentes a café y petróleo tendrían un

desempeño poco dinámico, 2.5%, por debajo de las tasas de crecimiento del

período 1990_1994. Por tanto, seguiría disminuyendo el tamaño relativo de los

sectores agropecuario e industrial.

2. Como se observa en el escenario 2, la inversión programada en infraestructura

física tiene un efecto importante sobre la economía colombiana, al elevar el

promedio de crecimiento al 4.6% anual, 0.8 puntos porcentuales por encima de

los registros alcanzados en el escenario 1. A nivel sectorial, se aprecia una

recuperación de las ramas productoras de bienes comercializables. Así, la

agricultura no cafetera presenta un crecimiento promedio cercano al 1.6% anual y

la industria al 4.8% anual, 0.6 y 1.1 puntos, respectivamente, por encima del

escenario 1. La inversión en infraestructura permitirá, por lo tanto, elevar el ritmo

de crecimiento, suavizar los efectos nocivos de la bonanza petrolera sobre los

sectores internacionalmente comercializables y sentar las bases para un

crecimiento más dinámico en el futuro.

3. El escenario 3 incorpora el efecto aislado de la inversión social sobre la

economía colombiana en el próximo cuatrienio. En este escenario el crecimiento



sería 4.8% anual en promedio, superior en 1.0 puntos al que se presentaría en el

escenario 1. Al igual que en el caso anterior, se aprecia una recuperación de la

producción agropecuaria no cafetera e industrial, que crecen 1.8 y 0.3 puntos

porcentuales por encima del escenario base.

4. El escenario 4 incorpora el efecto conjunto de la inversión social y la inversión

en infraestructura. En este escenario el crecimiento alcanzaría 5.7% anual en

promedio durante los cuatro años, superior en 1.9 puntos al que se presentaría en

el escenario 1. Se nota una fuerte recuperación de la producción de bienes

internacionalmente comercializables: la agricultura no cafetera presenta un

crecimiento promedio cercano al 3.7%, 2.7 puntos más alto que en el escenario 1,

y la industria crece al 5.9%, 2.2 puntos por encima del escenario 1.

Como se aprecia, el efecto conjunto de las políticas del plan trae como resultado

un mejor desempeño macroeconómico, lo cual es, por supuesto, coherente con la

existencia de importantes relaciones de complementariedad entre los gastos en

infraestructura física y social con la producción de bienes y servicios. La mejoría

resultante en el incremento del capital humano y en la productividad permite

ampliar las posibilidades de crecimiento de la economía en el mediano y largo

plazo.

B. Comportamiento de la balanza de pagos.

Las proyecciones macroeconómicas indican que el país presentará para el

período 1995_98 una sólida balanza de pagos. Si bien se registrará un déficit en



cuenta corriente de 4.5% del PIB en promedio, éste se financiará con movimientos

autónomos de capital y endeudamiento externo que no comprometen la

exposición financiera del país. Como se observa en el cuadro 4.6 creado en el

texto original, el déficit en cuenta corriente neto de inversión extranjera es en

promedio 1.2% del PIB, que es compatible con una reversión del proceso de

revaluación del peso y, con las necesidades de ahorro externo de una economía

con altas tasas de crecimiento. Se observa, además, crecimiento dinámico de las

exportaciones, que crecen a una tasa real promedio de 10.3%, por encima del

crecimiento del PIB. Esta dinámica permitirá que las exportaciones no

tradicionales incrementen su participación en el PIB de 6.6 a 7.9%, situación que

refleja tanto los aumentos en la productividad del sector de exportaciones no

tradicionales como la reversión gradual del proceso de revaluación del peso. Por

su parte, la balanza de servicios mantendrá el déficit relativo histórico causado por

el pago e intereses de la deuda externa y la remisión de utilidades.

La cuenta de capital presentará un aumento significativo en los montos de

inversión extranjera, que tendrá en 1995 su mayor relación con el PIB, 4.1%, y

alcanzará en promedio 3.3%. Finalmente, la relación deuda externa total/PIB se

mantendrá estable en 0.29 en el cuatrienio.

C. Consistencia financiera.

El ejercicio de consistencia financiera radica básicamente en observar si las

metas macroeconómicas no se ven afectadas por el tamaño del déficit o superávit

fiscal y su financiamiento. En otras palabras, un déficit determinado debe ser

financiado con una composición balanceada de recursos internos y externos,



pues un exceso de endeudamiento externo pone en peligro las metas de inflación

(a través del aumento de oferta de moneda doméstica) o de tasa de cambio real

(a través del aumento de oferta de divisas); a su vez, un exceso de

endeudamiento interno puede elevar las tasas de interés y/o dejar al sector

privado sin recursos para financiar la inversión, deprimiendo el crecimiento.

Dado un determinado comportamiento de la balanza de pagos, las variables

claves que determinan el espacio fiscal son el ahorro financiero del sector privado

(crecimiento del ahorro y de su portafolio financiero) y sus necesidades de crédito.

Un mayor nivel de ahorro financiero amplía los recursos disponibles para financiar

tanto la inversión privada como el endeudamiento neto del sector público; igual

resultado tiene una reducción de las necesidades de crédito del sector privado.

El ahorro financiero del sector privado está compuesto en términos generales por

dinero (M 1), cuasidineros y otros papeles del sistema financiero sin incluir el

Emisor; y papeles oficiales (bonos del Banco de la República y de la Tesorería).

Este agregado, como proporción del PIB, mostró un crecimiento promedio (por

encima del crecimiento nominal del PIB) de 1.5% anual para el período

1981_1990, acelerándose en el cuatrienio pasado hasta alcanzar 9% por año,

fenómeno explicado en buena parte por la afluencia de capitales externos. Dado

que esta tasa de crecimiento se ha desacelerado en el último año, se ha

proyectado, para el ejercicio de consistencia macroeconómica, un crecimiento

anual promedio de dicha relación de 2.6% para el período 1995_1998, cerca de

un punto porcentual por encima de su promedio histórico.



Dada la evolución del portafolio descrita, se estimó un crecimiento anual promedio

de la cartera de 35% en 1995, que equivale a un incremento de 6% de la relación

cartera PIB. Para 1998 el crecimiento de esta relación se situará en 6.2%. El

crecimiento proyectado es similar al de los últimos cuatro años (6.6%) y muy por

encima del promedio 1976_1994 que fue de 3.3%. La consistencia

macrofinanciera del plan prevé, pues, que habrá suficiente espacio para el

crecimiento del crédito al sector privado.

Durante el período 1991_94 se observó un superávit promedio de 0.5% del PIB

frente a un déficit estimado promedio de 0.22% del PIB. Esto permitió disminuir el

endeudamiento público externo (pasó de 30.5 a 21.9% del PIB) y aumentar

moderadamente el endeudamiento interno (de 2.9 a 6.7% del PIB). Lo anterior fue

acompañado de un crecimiento muy pronunciado de la cartera privada (25 a 35%

del PIB), fenómeno que fue facilitado por la gran afluencia de crédito externo al

sector privado. Ante una acumulación de reservas internacionales mayor que la

esperada, el superávit promedio observado no fue suficiente y se comprometieron

las metas inflacionarias y cambiarias.

El Cuadro 4.6 creado en el texto original, presenta el déficit fiscal y el crecimiento

de la cartera y del ahorro financiero consistente con aquél. Se observa claramente

que el esfuerzo fiscal del Gobierno permitirá un crecimiento importante de la

cartera (8 puntos por encima del PIB nominal, lo cual equivale a un crecimiento

real anual cercano al 13%), que permitirá financiar la inversión privada, sin poner



en peligro las metas inflacionarias, de tasa de cambio y la estabilidad

macroeconómica.

CAPITULO 5

EL TIEMPO DE LA GENTE

Colombia ha logrado durante las décadas pasadas importantes avances

económicos y sociales, pero subsisten severas restricciones en el campo del

desarrollo social. Además del rezago acumulado en algunas áreas, el progreso

del país plantea nuevos retos y demandas en materia de bienestar y desarrollo

humano. Por estas razones, el país debe construir nuevos acuerdos sociales y

proponerse metas más ambiciosas en los campos específicos del desarrollo

social.

El desarrollo social y el crecimiento económico están interrelacionados. Los logros

económicos hacen factible el mejoramiento del ingreso y el bienestar de los

ciudadanos y, a su vez, el desarrollo humano es condición para aumentar la oferta

productiva, la competitividad internacional y la productividad de la economía. No

obstante, la interrelación entre el desarrollo social y el crecimiento económico no

se logra espontáneamente: debe ser conscientemente construida.



Colombia inició desde finales de la pasada década el proceso de

internacionalización de su economía y creó así nuevas bases para avanzar en la

búsqueda de la eficiencia económica. Este modelo ofrece ventajas innegables. No

obstante, este desarrollo, sin una política social definida y explícita, podría llegar a

tener un alto costo social, ya que no asegura, en sí mismo, mejorías en la

situación de los pobres. Por otra parte, las actividades económicas experimentan

ya limitaciones debidas a la calidad de los recursos humanos nacionales

disponibles, que impiden a la economía ser más productiva y más competitiva.

Por las anteriores razones estratégicas, y por la convicción profunda de que el fin

del desarrollo es la gente, el desarrollo social no puede seguir siendo residual en

términos de prioridad política y de asignación de recursos.

El interés gubernamental en el área social se concentró en años recientes en

aspectos organizativos y en el desarrollo de los derechos constitucionales que, si

bien recogen aspiraciones legítimas de mejoramiento y modernización, no se han

traducido en el fortalecimiento de los servicios sociales ni en el incremento

sistemático de su calidad y cobertura. Simultáneamente, se pretendió extender los

instrumentos del mercado y la libre competencia para el acceso y la prestación de

dichos servicios, pero no se prestó igual atención al mejoramiento de la calidad de

la oferta pública, de la cual dependen casi invariablemente los sectores sociales

más necesitados, ni se mejoró la ejecución presupuestal en las entidades

responsables del sector.

La debilidad tradicional de la política social se ha expresado también en la

carencia de un consenso social básico sobre las prioridades de largo plazo en



materia de desarrollo social. Por esta razón, hoy son igualmente legítimas ante la

opinión pública todas las demandas de servicios sociales y de subsidios estatales,

independientemente de la condición social del demandante y de la naturaleza de

su exigencia. En la práctica, los mayores beneficios han sido obtenidos por

quienes tienen mayor fuerza y capacidad para imponer sus reclamos, que no son

necesariamente los más necesitados.

El Gobierno se ha propuesto, entonces, un viraje sustancial en la política social,

para lograr que el desarrollo económico sea de los colombianos y que los

ciudadanos sean el principal capital de la sociedad. El bienestar colectivo y la

capacidad humana son el mayor activo de la sociedad y la base fundamental de

nuestra ventaja competitiva.

La política social se integrare con la política económica. Para el Gobierno, las

decisiones de política económica y de política social son estrictamente

inseparables y las decisiones de ambos frentes deben ser simultáneas e

interrelacionadas. Las decisiones económicas deberán considerar siempre su

impacto social y consultar a los voceros sectoriales. De esta manera, las

decisiones de política serán, a la vez, de índole social y económica. La integración

entre lo social y lo económico se deberá lograr por la vía privilegiada de los

mayores y mejores empleos y de un aumento en los niveles de educación del

conjunto de la población.

En este marco, el eje fundamental de las decisiones de política económica y

social será el crecimiento con equidad. El Gobierno reconoce su capacidad de



influir en la distribución de los recursos y con ello lograr impactos significativos en

la asignación, composición y uso de los activos de la sociedad, tanto físicos como

humanos. En consecuencia, se compromete a garantizar que el crecimiento

económico genere efectos redistributivos y a sostener las metas de desarrollo

social, aun en el caso de eventuales medidas de ajuste económico y restricción

del gasto público. Al reinvertir en el desarrollo humano la mayor parte de las

ganancias producidas por el avance económico, el Gobierno asegura

simultáneamente el bienestar ciudadano y el mejoramiento en la capacidad

productiva de la Nación.

El impulso a la equidad exige promover la disminución de las diferencias de

riqueza y de ingresos, de capacidad creativa y productiva, de calidad de vida y de

posibilidades de disfrute. También exige reducir la desigualdad entre las

comunidades y los géneros. La política social del Gobierno reconoce las

diferencias individuales y colectivas de la población y, al mismo tiempo, busca

construir condiciones mínimas igualitarias en las condiciones de vida y de

participación. De allí la idea de construir un conjunto de bienes y servicios

meritorios a los cuales tendrán acceso todos los colombianos, con el apoyo

financiero público cuando sus recursos no garanticen el acceso a ellos. Así, el

Gobierno, a través de su política social, asumirá su responsabilidad frente a los

derechos sociales de todos los ciudadanos y no concentrará la atención de sus

políticas en unos cuantos sectores sociales ni limitará su función a la

compensación de las víctimas de la competencia.



Los beneficiarios del desarrollo social serán, por lo tanto, todos los colombianos.

Es obligación del Estado atender las necesidades de todos los asociados. Este

principio de universalidad es básico para la construcción de una nueva sociedad,

y de un nuevo ciudadano con mayores capacidades de dominio sobre su vida, sus

recursos, su hábitat y sus relaciones con el Estado. Acorde con este principio, el

Gobierno avanzará significativamente en la universalización de las coberturas de

los servicios sociales básicos y de la seguridad social, y en el mejoramiento de la

calidad de vida de todos los colombianos. No obstante, será necesario prestar

atención especial a quienes tienen menos posibilidades de ejercer sus derechos;

por este motivo, el mayor énfasis del gasto público se dirigirá a los más pobres,

para proveer las condiciones mínimas de bienestar y participación.

El compromiso gubernamental con el desarrollo social equitativo es enfático.

Implica la modernización de los sistemas de prestación de servicios, la ampliación

de sus coberturas y el mejoramiento de su calidad. Los servicios podrán ser

prestados por entidades gubernamentales o privadas, pero el control y la

regulación serán siempre públicos, al igual que la financiación, cuando sea

indispensable para asegurar el acceso de los pobres a los activos productivos, a

los servicios y a la protección social. El mejoramiento de la calidad de los servicios

sociales será mecanismo indispensable para garantizar la equidad, de modo que

no se reproduzca el esquema tradicional de instituciones y servicios pobres para

la población pobre.

Para este efecto, la competencia y la dinámica propiciada por el mercado son

alicientes útiles. Sin embargo, es preciso reconocer que las desigualdades



económicas y sociales no permiten que el mercado sea un asignador eficiente y

equitativo de los recursos. La eficiencia no puede ser antagónica con la equidad.

Por tanto, en las determinaciones públicas primarán siempre consideraciones

para que el juego de mercado no comprometa la equidad ni restrinja el acceso y

la participación equitativa de los más pobres.

Es indispensable aumentar la inversión social e incrementar su calidad y

eficiencia. El Gobierno incrementará en tres puntos la participación del gasto

social en el PIB, simultáneamente con la adopción de criterios, programas y

mecanismos de evaluación y control para garantizar su óptimo aprovechamiento,

mediante el mejoramiento de la capacidad de ejecución de las instituciones y la

promoción de la participación ciudadana, elementos indispensables del buen

Gobierno.

El Gobierno no tiene dudas sobre la bondad de la descentralización de las

responsabilidades de ejecución de las acciones de desarrollo social, pero es

consciente también de los traumatismos inherentes al proceso de transición hacia

la organización descentralizada de los servicios sociales. La descentralización ha

encontrado restricciones en la capacidad institucional de los entes territoriales, en

la renuencia de entidades nacionales para transferir algunas competencias y en la

inercia de los sectores sociales. Se reconoce que los resultados de este proceso

no son automáticos ni inmediatos. Por ello, el Gobierno Nacional promoverá

decididamente la descentralización de los sectores sociales, conjuntamente con el

fortalecimiento y coordinación de los programas de asistencia técnica y apoyo al

desarrollo institucional territorial y con la profundización de los instrumentos

destinados a favorecer la equidad interterritorial. El Sistema Nacional de



Cofinanciación, a través del cual se canalizarán la mayoría de los recursos

nacionales de inversión social diferentes a las transferencias, será fortalecido

mediante actividades de capacitación, la reorganización de sus procedimientos y

la modernización institucional.

El Gobierno está convencido de la necesidad de adelantar las acciones de

desarrollo social bajo un enfoque de apoyo integral a las personas y a las

comunidades. La gestión dispersa de los diferentes sectores sociales reduce el

impacto y fracciona la participación ciudadana. La integralidad de la acción

gubernamental en el ámbito social estará asegurada mediante la coordinación

entre los diferentes sectores en todos los niveles del Gobierno, desde el campo

de las decisiones generales de política, la asignación de recursos y la definición

de prioridades hasta la gestión local. En lo fundamental será, mediante un gran

compromiso mutuo entre los niveles nacional, regional y local, donde la

construcción del nuevo ciudadano encuentra su máxima expresión. Bajo estos

principios, la gestión social deberá ser integral, en el marco de una sólida

especialización sectorial, indispensable para maximizar la eficiencia y el impacto

de las acciones.

Bajo los principios antes expuestos, el propósito esencial del Gobierno en materia

de desarrollo social es convocar al país a la construcción de un nuevo ciudadano

y una nueva sociedad. Para lograrlo, estimulará y promoverá la participación

activa de la comunidad en todos los ámbitos de la gestión social, desde la

definición de la política de largo plazo hasta el control de los proyectos en el

ámbito local. Con participación y control de la comunidad, el desarrollo social será



más legítimo, racional, eficiente y eficaz, y producirá mayor beneficio a todos los

ciudadanos. Esta es la base del buen Gobierno.

Las políticas públicas en materia social se concentran en ocho estrategias, que se

analizan en el resto de este capítulo: el desarrollo humano, que integra las

acciones en educación, cultura y recreación; la seguridad social integral; el

mejoramiento del hábitat; la política de equidad y participación de la mujer; el

apoyo al desarrollo de la juventud; la atención a las minorías étnicas; el apoyo al

desarrollo económico de los pequeños propietarios y a la economía solidaria; y el

acceso a la justicia, los derechos humanos y la seguridad ciudadana.

A través de la Red de Solidaridad Social se logrará el propósito de apoyar en sus

condiciones de vida a grupos de la población especialmente vulnerables y con

altísimas restricciones para acceder a los programas sociales públicos; se

generarán nuevos mecanismos de fortalecimiento de la generación y

transferencia de ingresos. En la Red de Solidaridad Social se articularán los

programas de empleo, nutrición, atención materno_infantil, vivienda y entorno,

apoyo a madres jefes de hogar y recreación dirigidos al 30% más pobre y

vulnerable de la población. Dicha estrategia prevé mecanismos de fácil acceso y

de acción integral para las comunidades urbanas y rurales más pobres,

ejecutados por entidades nacionales y territoriales, bajo la coordinación de una

gerencia adscrita a la Presidencia de la República.



Los programas que integran la estrategia de la Red de Solidaridad Social

utilizarán y reforzarán las estructuras institucionales y financieras existentes para

la gestión de los programas sociales: la articulación con los planes de desarrollo

municipales, el compromiso del apoyo departamental y el apoyo a las

comunidades y municipios para la preparación y presentación de los proyectos, la

promoción de la participación de la sociedad civil en la formulación, aprobación,

ejecución y seguimiento de los proyectos. Los programas específicos de la Red

de Solidaridad Social se describen en las secciones correspondientes de este

capítulo y, en materia de empleo, en el Capítulo 8 del Plan.

I. EL SALTO EDUCATIVO Y CULTURAL

A. La Educación: eje del desarrollo del país.

La Educación debe ser el eje fundamental del desarrollo económico, político y

social de la Colombia de hoy y del futuro. Además del valor intrínseco que tiene

una sociedad más educada, por medio de la educación se apropia, crea y difunde

el progreso científico y tecnológico, y se construye y transmite una ética de

convivencia y equidad que es sustento del desarrollo integral de una Nación.

El manejo adecuado del conocimiento, el desarrollo científico y tecnológico, y el

aumento de la productividad constituyen la base del crecimiento moderno y de la

competitividad. El desarrollo de las sociedades depende cada vez más del

conocimiento de los recursos naturales y de la disponibilidad de mano de obra. La

educación, en tanto transmisión, creación y reproducción del conocimiento, es



pieza fundamental del desarrollo humano sostenible. Los programas de ciencia,

tecnología y educación deben evolucionar paralelamente a mediano y a largo

plazo para que, debidamente orientados, se traduzcan en desarrollo y bienestar

social.

La educación debe contribuir al propósito nacional de formar un nuevo ciudadano,

participativo y tolerante, capaz de interpretar los códigos de la modernidad. El

concepto de educación debe extenderse más allá de las aulas, a oportunidades

diversas para el desarrollo integral de las personas y la construcción de una ética

civil que permita superar todas las inequidades, discriminaciones y autoritarismos

en las relaciones sociales. Debe promover valores y actitudes que reconozcan la

importancia del enfoque de género en la transmisión y producción del

conocimiento, mediante prácticas curriculares y pedagógicas que eliminen los

estereotipos de género, y vincularse intrínsecamente con el concepto de cultura,

pues la educación es esencial en la conservación y la renovación cultural. La

cultura y la recreación son factores que enriquecen las relaciones sociales y

permiten la expresión y reafirmación de la identidad nacional.

Para lograr lo anterior, se requiere de un cambio en la actitud de la sociedad ante

el tema educativo, a través de una movilización nacional en torno a la importancia

de la educación y su potencial como generadora de cambio. Esta movilización

debe darse alrededor del derecho a la educación como bien público, derecho

fundamental y factor esencial del desarrollo.



Con el fin de lograr las metas, se invertirán en el cuatrienio $12,6 billones, lo que

representará en 1998 una participación de 5.51% del gasto educativo y cultural en

el PIB. El 72% de este gasto se orientará a la educación preescolar, básica y

media (Cuadro 5.1) creado en el texto original.

1. La Educación Básica.

La universalización de la Educación Básica y el mejoramiento de la calidad de la

educación constituyen los retos principales del sector en los próximos años. Este

propósito sólo se alcanzará mediante esfuerzos sostenidos encaminados a

transformar las instituciones educativas, el modelo pedagógico y los procesos de

planeación, administración y evaluación.

Con las estrategias y programas del plan educativo se busca ampliar el promedio

de escolaridad de los colombianos de 5.5 a 6.9 años, mediante esfuerzos

encaminados a mejorar las condiciones de las instituciones para que todos los

estudiantes que ingresen a la educación permanezcan en el sistema por lo menos

hasta el noveno grado. Se mejorará significativamente la retención y la promoción

de los estudiantes y se abrirá la frontera de la educación secundaria a miles de

jóvenes.

Durante los próximos cuatro años se crearán 300.000 nuevos cupos en

preescolar y 600.000 en básica. Como resultado, se espera que en 1998 ingresen

al noveno grado 483.000 estudiantes, esto es, 132.000 adicionales a los que



habrían ingresado, de mantenerse las tendencias actuales de retención y

promoción.

El mejoramiento de la calidad de la Educación Básica es condición indispensable

para alcanzar esta meta. Para ello se ampliará gradualmente la jornada real

escolar de 3.5 horas diarias, se mejorarán las condiciones laborales de los

docentes y, con la participación de los municipios y del nivel central, se dotará con

textos escolares a todos los estudiantes de establecimientos oficiales. Además, se

pondrán en funcionamiento aproximadamente 2.100 bibliotecas y centros de

recursos educativos.

El acceso y permanencia de estudiantes de escasos recursos en la Educación

Básica permitirán una mayor equidad del sistema educativo. Con este fin se

otorgarán subsidios a más de 500.000 estudiantes pobres por año y se apoyará, a

través de la Red de Solidaridad Social, a madres jefes de hogar en el pago de los

costos educativos.

Para el logro de estas metas se pondrán en marcha estrategias para promover un

modelo pedagógico centrado en el aprendizaje, una organización educativa

centrada en la institución escolar, un modelo de asignación de recursos de

acuerdo con los resultados y una nueva manera de combatir la inequidad.

La innovación de los modelos pedagógicos, el aprendizaje y la creación de un

ambiente propicio para el desarrollo personal, ético y social de los educandos,

serán metas prioritarias del Proyecto Educativo Institucional (PEI) que elaborará



cada establecimiento con la participación de la comunidad educativa, constituida

por los educadores, los alumnos, los administradores, los padres de familia y

representantes de la comunidad. Los PEI serán el principal instrumento para la

planeación y la evaluación de cada institución y harán posible la participación y el

control social de la educación. El Ministerio de Educación dará las orientaciones

para la elaboración del PEI y apoyará a los departamentos en su responsabilidad

de dar asistencia técnica a los municipios para que en 1997 todas las instituciones

escolares cuenten con su Proyecto Educativo Institucional.

El mejoramiento de la calidad de la educación implica la mejor formación inicial y

continuada de los docentes. El Ministerio de Educación promoverá acciones

orientadas a la adecuación de los programas de las facultades de educación a los

requerimientos del sistema educativo. Por su parte, la capacitación a los docentes

en servicio estará asociada a los requerimientos del PEI y se orientará,

prioritariamente, al mejoramiento del desempeño del maestro en el aula.

Con el fin de mejorar las condiciones de entrada de los niños al sistema

educativo, se pondrán en marcha acciones interinstitucionales que permitan

mejorar la atención educativa de los niños beneficiarios de los Hogares

Comunitarios de Bienestar Familiar y de otros programas de atención a los

menores de cinco años. De la misma manera, se ampliará la capacidad del

sistema educativo para proporcionar a los niños un grado de educación

preescolar.



Además de aumentar el tiempo dedicado al aprendizaje, se pondrán a disposición

de los planteles públicos las dotaciones básicas que apoyen el proceso educativo.

Se dará especial prioridad al dominio, por parte de los estudiantes, de la lectura,

la expresión escrita, el razonamiento lógico y la solución de problemas. La

enseñanza de las ciencias se orientará a estimular en los niños el interés y la

curiosidad científica y a la comprensión de la manera como la ciencia y la

tecnología afectan la vida social. Colciencias y el Ministerio de Educación

promoverán la creación de corporaciones mixtas orientadas a la investigación y

desarrollo de procesos y productos pedagógicos que contribuyan al mejoramiento

de la calidad de la educación.

Con el fin de identificar los problemas e introducir oportunamente los correctivos

necesarios, se realizarán evaluaciones periódicas del rendimiento de los

estudiantes en las áreas básicas del currículo.

Los contenidos curriculares tendrán en cuenta la diversidad cultural del país. Los

programas de etno educación, los cuales rescatan valores y conocimientos

ancestrales y fortalecen la identidad cultural de los pueblos indígenas, serán

apoyados a través de la dotación de material bilingüe, la investigación y la

profesionalización de sus docentes. De igual manera, se tendrán en cuenta las

especificidades culturales de las comunidades afrocolombianas y raizales.

Como complemento a las actividades escolares se prevé la utilización intensiva de

los medios de comunicación, en particular del canal de televisión educativa y



cultural del Estado, mediante el cual se apoyarán los procesos educativos

escolares y extraescolares, la difusión de la cultura y la educación permanente.

La descentralización y la autonomía escolar, contempladas en la Ley 60 de 1993

y en la Ley 115 de 1994, son el marco de una nueva organización que tendrá

como centro y razón de ser la institución educativa. Se fomentará la creación de

instituciones escolares autónomas que ofrezcan, por sí mismas o mediante

convenios, por lo menos un grado de preescolar y nueve de básica y se dará

impulso al mejoramiento de los procesos de administración escolar. Para ello será

necesario promover la transformación de la cultura organizacional de las

instituciones escolares, que las convierta en organizaciones capaces de aprender,

de buscar y de procesar la información requerida para lograr el máximo

aprovechamiento de los recursos disponibles.

El municipio apoyará a las instituciones en el diseño y dotación de los espacios

físicos, el suministro de los equipos y la adquisición de textos y materiales. Así

mismo, proveerá, directamente o a través de terceros, servicios comunes a

planteles públicos o privados que no estén en capacidad de hacerlo.

Por su parte, el departamento prestará asistencia técnica al municipio para el

desarrollo pedagógico y de recursos humanos, el soporte administrativo para el

manejo de los recursos financieros y evaluará la gestión municipal. Las entidades

territoriales recibirán el apoyo necesario de la Nación, responsable de la dirección,

planificación, diseño, normatización, evaluación y seguimiento de los programas

educativos.



Se creará el Fondo Educativo de Compensación, que tendrá como objetivo

ofrecer nuevos recursos a los departamentos, con el fin de lograr una mayor

equidad en la distribución de las asignaciones regionales y compensar aumentos

en los costos de la educación asociados a la profesionalización del personal

docente. Se tendrá prioridad en la asignación a los departamentos y distritos que

demuestren mejoras en la eficiencia, la calidad de la educación y la distribución

territorial del personal.

Los subsidios estatales se orientarán de acuerdo con un nuevo modelo de

asignación de recursos, dirigido a premiar la eficiencia, así como los logros en

cobertura y calidad. Se identificarán, fortalecerán y difundirán las experiencias

administrativas y pedagógicas que hayan demostrado ser exitosas y cuyos costos

estén al alcance de las instituciones escolares. Estas innovaciones se divulgarán,

preferentemente, entre las instituciones que hayan alcanzado menores logros,

mediante mecanismos especiales de asistencia técnica, con prioridad en aquellas

regiones de menor desarrollo relativo en el campo de la educación.

Los subsidios estatales dedicados a promover la expansión de cobertura y la

calidad se distribuirán entre las instituciones escolares de acuerdo con los

resultados obtenidos, medidos a través de tres tipos de indicadores: la

información suministrada por las pruebas de logro, la ampliación de la cobertura

asociada a aumentos en eficiencia, y el número de estudiantes promovidos.

La Educación Básica, como servicio público de carácter universal, debe buscar

equidad, tanto en las oportunidades de acceso como en la calidad. Dadas las



diferencias que aún persisten en el acceso a la educación, se pondrán en marcha

programas para mejorar la situación de los más pobres. Para ampliar las

oportunidades de acceso a la Educación Básica, se mejorará la eficiencia de los

planteles oficiales, ampliando la infraestructura donde sea necesario, y se

contratará según el número de estudiantes atendidos, con instituciones privadas,

solidarias o mixtas, que estén constituidas como organizaciones sin ánimo de

lucro. A través de la Red de Solidaridad Social se otorgarán subsidios a madres

jefes de hogar cuyos hijos pequeños estén cursando primaria; la orientación de

estos subsidios obedecerá a criterios que garanticen la transparencia en su

asignación.

El salto educativo apoyará también programas especiales dirigidos a los adultos,

en particular los encaminados a disminuir la tasa de analfabetismo y facilitar su

acceso a la educación básica de acuerdo con las características específicas de

esta población.

En este marco se conformará una red de educadores populares voluntarios con la

vinculación del sector público, los gremios, la iglesia, las O.N.G. y la sociedad civil

en general, con el fin de adelantar programas específicos contra el analfabetismo.

2. Educación Media.

La Educación Media estará orientada a consolidar los conocimientos, habilidades

y aptitudes desarrollados en la Educación Básica, permitiendo al estudiante, al

mismo tiempo, profundizar en un campo del conocimiento o en una actividad



específica, de acuerdo con sus intereses y capacidades. El aumento de la

eficiencia y la expansión de la Educación Básica durante los próximos años, se

traducirán en un aumento de cobertura de la Educación Media a partir de 1998.

Las instituciones educativas orientarán al egresado de la Educación Básica en lo

relacionado con las oportunidades para continuación de estudios de Educación

Media o en el sistema de educación laboral.

El Ministerio de Educación establecerá y divulgará los criterios que sirvan como

base para que los establecimientos educativos organicen las distintas

modalidades de Educación Media, evitando la dispersión de recursos y la

proliferación de áreas de diversificación.

3. Educación Superior.

La Universidad juega un papel fundamental en las sociedades modernas como

responsable de la formación del capital humano necesario para responder a los

nuevos retos de los campos económico, político y social. En razón de sus

características, el incremento del potencial científico y tecnológico del país es

tarea que corresponde en buena parte a la Educación Superior. Para ello, el país

requiere de una Educación Superior con vocación investigativa y de comunidades

docentes estables.



Corresponde a la Universidad, como institución donde convergen y se difunden

las distintas disciplinas, la producción y transmisión de conocimientos, así como la

proyección de su trabajo y de sus saberes a la sociedad. La generación de

mayores conocimientos sobre la realidad social del país, y las investigaciones

dirigidas a dinamizar procesos de cambio en las estructuras sociales, son aportes

que debe hacer la universidad colombiana. El fortalecimiento de la ciencia y la

tecnología depende en gran parte de la capacidad de las instituciones de

Educación Superior para apropiar y generar conocimiento en las distintas áreas

del saber y para lograr su transferencia crítica a otros campos de la actividad

social. La relación entre el Sistema de Ciencia y Tecnología y la educación se

concreta en la formación de recursos humanos, en la generación de conocimiento

sobre la realidad social del país, en los proyectos de investigación realizados

conjuntamente con el sector productivo y en el desarrollo de respuestas científicas

y tecnológicas acordes con los requerimientos del desarrollo sostenible.

Al igual que los otros niveles educativos, la formación superior presenta serias

deficiencias de calidad. Además, el acceso a la educación superior es aún

insuficiente (la cobertura es de 11.5%) y la distribución de la matrícula es

inequitativa, puesto que el 83% de ésta pertenece al 40% de la población de

mayores ingresos.

La política de Educación Superior se articulará alrededor del mejoramiento de la

calidad de los programas, el acceso equitativo y el fortalecimiento de las

instituciones, en el marco de la autonomía universitaria.



La acreditación constituye el instrumento fundamental para mejorar la calidad de

los programas de Educación Superior. El Gobierno Nacional conjuntamente con el

Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), dará las pautas para que la

acreditación responda a necesidades sociales y académicas propias de cada

disciplina, siempre en la búsqueda de la excelencia. Los programas acreditados

tendrán prioridad en la asignación de recursos estatales para investigación

científica y tecnológica, así como de los provenientes del programa de crédito

educativo.

El ICFES se consolidará como la institución técnica de apoyo y fomento a la

Educación Superior, conjuntamente con el CESU. Además de mantener

actualizado el sistema de indicadores de la Educación Superior y divulgar la

información sobre la calidad de los programas, promoverá las investigaciones que

conduzcan al mejoramiento de la calidad y a la eficiencia de las instituciones en

este nivel. Igualmente, apoyará la labor periódica de seguimiento y evaluación de

los programas de las diferentes instituciones y facilitará, a instancias del CESU, el

trabajo de los pares en la acreditación de los programas e instituciones.

Una ampliación adecuada de la oferta educativa y un acceso más equitativo a los

cupos se conseguirán con el programa de crédito educativo mediante el cual se

otorgarán 66.000 créditos nuevos para préstamos destinados al pago de los

gastos educativos y de sostenimiento de estudiantes meritorios de escasos

recursos en todas las regiones del país. Por otra parte, las universidades

estatales introducirán medidas que aseguren mayor eficiencia y promuevan que



los costos educativos se distribuyan entre los alumnos de acuerdo con su

capacidad económica y la de sus familias.

Las instituciones estatales de Educación Superior deberán enfrentar los retos que

la modernización del país les plantea, adecuando sus sistemas financiero y

administrativo. Merecerá especial atención la constitución de un Sistema

Universitario Estatal que permita que las universidades aprovechen las ventajas

comparativas de otras instituciones dentro de una red de recursos y servicios. Las

instituciones que ingresen al Sistema, mediante la realización de proyectos

conjuntos, tendrán prioridad en la asignación de recursos.

Para hacer efectivas las alianzas con diversos sectores, se desarrollarán, en cada

una de las regiones, programas interactivos entre las instituciones de educación

superior, las empresas y las entidades territoriales, orientados a fomentar la

investigación, la asesoría y la formación y actualización de los recursos humanos.

El Estado garantizará el cubrimiento de los costos de funcionamiento de las

universidades estatales, conforme a los presupuestos de rentas y gastos vigentes

a partir de 1993, pero corregirá la asignación inercial de recursos, de manera que

responda a criterios de calidad, cobertura y desarrollo institucional. Además,

estimulará financieramente a las instituciones que generen sus propios recursos.

Se consolidarán líneas de crédito para financiar infraestructura y dotación de

instituciones de educación superior oficiales y privadas, a través de Findeter y del

Fondo para el Desarrollo de la Educación Superior, Fodesep. En las

universidades estatales se fortalecerá el Servicio de Bienestar Universitario para



impulsar los servicios de prevención en salud, librería, actividades deportivas,

recreativas y culturales.

B. La cultura, fundamento de la nacionalidad.

Colombia es un escenario donde interactúan diversas culturas. Esta riqueza se ve

amenazada por múltiples formas de intolerancia y violencia, así como por el

desarraigo social de amplios sectores de la población. Al mismo tiempo, el país

vive un proceso social y político participativo cada vez más sólido, que permite un

papel protagónico a las fuerzas sociales que representan un sentimiento nacional

de renovación, tolerancia y cambio.

La cultura es fundamento de la nacionalidad. Está, además, estrechamente

vinculada a la capacidad humana de innovar, de mejorar su manera de

comprender el mundo y de actuar sobre él. Las manifestaciones artísticas y

recreativas, los avances de la ciencia y la tecnología, así como los aspectos

organizacionales que caracterizan a la sociedad colombiana son todos factores

determinantes de la cultura colombiana. La investigación y reflexión sobre la

realidad del país son la principal fuente para consolidar la nacionalidad y la cultura

colombianas y para buscar el desarrollo de una sociedad más participativa y

equitativa.

El Salto Social requiere de un salto cultural como fundamento de una nueva

concepción de la convivencia, del respeto a la diversidad y de la paz. El tiempo de



la gente es también el del tránsito hacia una civilización que no es solamente

consumidora, sino creadora de cultura. Para lograr los objetivos de la política

cultural, los programas se orientarán hacia la reforma institucional y la

descentralización de la gestión cultural, el fomento y el estímulo a la creación y la

investigación, el acceso a los servicios y bienes culturales y la protección y

difusión del patrimonio cultural colombiano.

La política cultural debe promover la autonomía y el fortalecimiento de la

personalidad de todas y cada una de las regiones, etnias y comunidades, como

reflejo nítido y enriquecedor de la diversidad cultural. Para ello se fortalecerán la

organización y gestión del sector en sus diferentes niveles. La institucionalización

del Sistema Nacional de Cultura se logrará por medio de los Consejos Nacional y

Departamentales, de los Fondos Mixtos y demás mecanismos para la promoción

de la cultura y las artes, de los planes departamentales de desarrollo cultural y de

los sistemas de información y de conservación.

Con este propósito se conformarán, durante el cuatrienio, 36 Consejos

Departamentales y Distritales y se consolidarán redes regionales de servicios

culturales que integren museos, bibliotecas, archivos, casas de cultura, radios

comunitarios y centros de documentación.

La creación del Ministerio de Cultura, contemplada en el Proyecto de Ley General

de la Cultura, se considera como un mecanismo que evitará la dispersión de

entidades y de recursos oficiales y que dará al tema de la cultura la relevancia

que merece en el desarrollo del país.



Es tarea primordial apoyar la cultura sin intervenir en ella. Por lo tanto, el fomento

será asumido como una actitud por medio de la cual se protege, alimenta y

difunde la creatividad en la diferencia. El Estado establecerá estímulos y

promocionará la creación, la investigación y la divulgación de carácter cultural.

Para tal efecto establecerá becas y premios anuales y otorgará créditos para

artistas sobresalientes en el campo de la creación, la experimentación, la

formación y la investigación individual o colectiva; en las artes plásticas,

musicales, escénicas; en las expresiones culturales tradicionales; y en las artes

audiovisuales, la literatura y otras que surjan de la evolución social cultural. Se

ejecutarán planes de educación artística y cultural, haciendo énfasis en la

población infantil.

Durante el cuatrienio se otorgarán alrededor de 800 becas y 120 premios de

creación e investigación, y se llevarán a cabo planes especiales de fomento a la

lectura y democratización del libro. A través del programa de Talentos de la Red

de Solidaridad Social, se sufragarán los costos de instrucción y práctica de

actividades artísticas de jóvenes que hayan demostrado capacidades especiales

en alguno de los campos del arte.

Por otra parte, el Estado facilitará el acceso del ciudadano a las diferentes

manifestaciones artísticas y culturales, mediante programas institucionales o a

través de la concertación con el sector privado en actividades de promoción y

desarrollo cultural. Con tal fin, se crearán las condiciones para la circulación

efectiva de los productos artísticos y se acordarán medidas conducentes a la



utilización de los medios de comunicación públicos y privados para fortalecer y

difundir en forma masiva la programación cultural. De la misma manera, se

promoverá la popularización de la ciencia y la tecnología, con especial énfasis en

los niños y jóvenes, a través de actividades como clubes escolares de ciencias,

ferias de la creatividad y conferencias de divulgación, con el fin de integrarlas

firmemente en la cultura nacional.

Ante la evidente carencia de espacios para la actividad cultural, se hace imperiosa

la adopción de mecanismos para la recuperación, construcción y mantenimiento

de la infraestructura propia del sector a nivel institucional y privado. Merecerá

especial atención la restauración y ampliación del Museo Nacional, como

patrimonio histórico y artístico representativo de los diversos valores culturales del

país, para lo cual el Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios durante

el cuatrienio.

Se apoyará la actividad musical a través del fomento a las orquestas, bandas y

coros; la realización de festivales, congresos y salones de artistas; el trabajo de

los grupos estables de artes escénicas; la realización de ediciones y publicaciones

culturales y la dotación de al menos el 50% de las bibliotecas públicas existentes.

Igualmente, se creará el Centro de Documentación e Información Artística y

Cultural.

Además, se dará especial atención al cine, por su doble carácter de expresión

artística e industrial, fomentando y propiciando la difusión de la producción y de la

coproducción cinematográfica colombiana.



El patrimonio es la cultura como pasado, como memoria colectiva y como

herencia. La política de protección y difusión del patrimonio fomentará la

investigación en las áreas antropológica, bibliográfica, mueble, inmueble e

intangible. Se dará especial atención a la conservación de los monumentos

nacionales, a la restauración de obras patrimoniales que amenacen ruina, a la

capacitación del recurso humano especializado para este fin y a la divulgación de

dicho patrimonio. Se apoyará igualmente la labor de las Academias Nacionales

que constituyen actualmente el Colegio Máximo de las Academias Colombianas

conformado por las siguientes entidades: Academia Colombiana de la Lengua,

Sociedad Colombiana de Ingenieros, Academia Nacional de Medicina, Academia

Colombiana de Jurisprudencia, Academia Colombiana de Historia, Academia

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Sociedad Geográfica de

Colombia, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Instituto Caro y Cuervo y

Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Dichas Academias conservarán

su carácter de organismos consultores y asesores del Gobierno y podrán celebrar

contratos de prestación de servicios con organismos del Estado.

C. Recreación y deporte.

El acceso a las actividades deportivas, recreativas y culturales es determinante de

la calidad de vida y del desarrollo integral de las personas. La adecuada y

provechosa utilización del tiempo libre encuentra sus espacios de desarrollo en el

ejercicio de estas manifestaciones de la cultura contemporánea que nutren y



enriquecen las relaciones sociales y permiten una sana afirmación de la identidad

del individuo.

La limitada participación de los jóvenes, especialmente de las mujeres en

actividades deportivas y recreativas es particularmente preocupante. No existen

suficientes oportunidades para que la comunidad acceda masivamente a dichas

prácticas o para que quienes cuenten con mejores condiciones y talento puedan

desarrollarlas en esferas como el deporte competitivo y de alto rendimiento.

La ausencia de alternativas de recreación contrasta con la baja utilización de los

espacios y recursos físicos existentes y disponibles en los establecimientos

educativos, desaprovechados parte del día, durante los fines de semana y en

períodos de vacación. Debe señalarse que Colombia tiene un déficit de 9.10 m²

de espacio deportivo y recreativo por habitante con respecto a estándares

internacionales.

Los recursos financieros con los cuales se ha soportado la actividad lúdica en el

país han sido concentrados en proyectos de bajo impacto. A este hecho se añade

la precaria vinculación de la comunidad en la toma de decisiones sobre la

utilización de los espacios, los programas a realizar y la aplicación de dichos

recursos. La inversión se ha orientado, prioritariamente, hacia programas que

privilegian la élite de alta competición, en tanto que el marco institucional no ha

favorecido la integración efectiva de la población a actividades deportivas y

recreativas.



La reciente expedición de la Ley del Deporte crea el Sistema Nacional del Deporte

y garantiza el compromiso de la Nación y de las entidades territoriales en cuanto a

la financiación y cofinanciación de las actividades deportivas contenidas en los

planes de recreación y deporte. Así mismo, establece las funciones y

responsabilidades de los distintos niveles territoriales en materia de planeación,

fomento y ejecución de programas deportivos y recreativos.

Con los programas de recreación y deporte se busca una amplia participación de

la población en actividades recreativas y deportivas, mediante formas

organizativas que favorezcan primordialmente el deporte comunitario y el

formativo. Con el fin de mejorar la educación física y deportiva de los niños y

jóvenes, se promoverá la inclusión de objetivos y estrategias relacionadas con

estas materias en los Proyectos Educativos Institucionales. Se apoyarán, además,

los festivales escolares y los Juegos Intercolegiados Nacionales y Universitarios.

Será misión de Coldeportes crear las condiciones y promover la utilización

intensiva de los espacios existentes, organizados como Centros de Servicios

Deportivos, para incrementar la práctica del deporte, la educación física y la

recreación, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de

los colombianos. Para ello dará prioridad a programas y proyectos en los sectores

escolar, juvenil y comunitario. Durante el cuatrienio, las inversiones destinadas al

deporte comunitario y formativo se incrementarán hasta llegar al 50% de la

inversión total del sector.

Coldeportes adelantará acciones encaminadas a mejorar las 900 Escuelas de

Formación Deportiva existentes en 300 municipios del país, mediante actividades

que permitan elevar la calidad de la enseñanza de los fundamentos básicos de las



distintas disciplinas deportivas, y promover la incorporación de talentos al deporte

organizado. Todo esto irá acompañado de un proceso de capacitación de

licenciados y entrenadores deportivos, liderado por la Escuela Nacional del

Deporte.

Entre las acciones que desarrollará el Comité Olímpico Colombiano, se destaca el

programa 100 de Oro, el cual, al finalizar el cuatrienio, ofrecerá asesoría técnica y

científica, apoyo económico y orientación didáctica a 300 deportistas sin

posibilidad de patrocinio. Igualmente, en el deporte asociado, se creará un

sistema de estímulos especiales en educación, seguridad social, subsidios

económicos y oportunidades laborales para aquellos deportistas que se hayan

destacado con sus actuaciones en eventos internacionales oficiales y en los

correspondientes al ciclo olímpico.

Para aumentar la cobertura del deporte comunitario y de la recreación, se

realizarán campañas educativas y de información pública que logren un alto grado

de motivación para la práctica de la recreación y el deporte. Igualmente, se

promoverá la conformación de clubes o núcleos para el ejercicio y práctica de

estas expresiones.

Se fomentará la recreación y la práctica del deporte en los municipios. Con este

fin, el Gobierno Nacional, a través del Fondo de Inversión Social y de los

Programas de la Red de Solidaridad Social, cofinanciará la rehabilitación,

construcción y dotación de las áreas recreativas y deportivas. Coldeportes

brindará la asesoría técnica, desarrollará programas de capacitación técnica e



investigación, y propiciará los mecanismos de participación de las comunidades

en la gestión local y regional, procurando que los municipios formulen y ejecuten

su propio Plan de Desarrollo acorde con el Plan Nacional del sector.

II. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Como un instrumento para garantizar la integración y mejorar la equidad, se

desarrollará un Sistema de Seguridad Social integral, eficiente, universal y

solidario, que incluye la ampliación de la cobertura de servicios de salud, la

promoción de la salud y la prevención de enfermedades, así como el

mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios de atención curativa.

También se desarrollarán programas de protección social para los grupos más

vulnerables, especialmente la infancia, los jóvenes, las mujeres, la tercera edad y

los discapacitados.

A. Seguridad Social en Salud.

La situación de salud de los colombianos se encuentra en una transición

caracterizada por un mejoramiento progresivo pero desigual del estado de salud y

por la concurrencia de enfermedades transmisibles, crónicas y degenerativas, que

afectan, con mayor severidad, a la población más pobre. Además, el trauma y el

homicidio han tomado una inusitada preponderancia en el marco epidemiológico

general.



El acceso de la población al sistema de salud es limitado e inequitativo: sólo el

20% está cubierto por el régimen contributivo; 42% de la población no cubierta se

encuentra en situación de pobreza. El 20% de la población no logra ser atendido

por el sistema, principalmente por razones de costosy el 26% de los servicios

provistos por el sistema público de salud, particularmente los de cirugía, se dirige

a los grupos de mayores ingresos.

Las Leyes 60 y 100 de 1993 crearon un nuevo marco operativo, financiero e

institucional para el sector, estableciendo las bases para su organización

descentralizada y creando el Sistema General de Seguridad Social en Salud, con

el objetivo de pasar del modelo asistencialista al de seguridad social. La nueva

organización deberá asegurar la cobertura y protección universal en salud en el

año 2001. Las condiciones de la transición al nuevo sistema exigen una gran

transformación de la oferta pública, que representa el 81% del total, así como la

expansión de la oferta privada.

Las instituciones estatales de salud se caracterizan por una marcada

obsolescencia en la gestión y con grandes limitaciones en su capacidad

resolutiva. Además, no existe suficiente oferta de personal en ciertas áreas y su

distribución favorece más que proporcionalmente a las grandes ciudades; las

oportunidades para la actualización son limitadas y los incentivos para el

mejoramiento son insuficientes.

Los objetivos del Plan son: a) mejorar las condiciones de salud de la población; b)

ampliar la cobertura de la Seguridad Social; c) asegurar, durante el período de



transición, el acceso de los colombianos a los servicios integrales de salud a

través del Sistema General de Seguridad Social; d) promover el desarrollo

científico y tecnológico del sector, orientado a mejorar la prevención, el

diagnóstico y la atención en salud, así como al desarrollo de tecnología adecuada;

e) crear las condiciones para que la oferta institucional de salud se desarrolle

técnica, administrativa y financieramente, y se ajuste a las nuevas exigencias; f)

avanzar en el manejo descentralizado de los servicios de salud en el marco del

Sistema de Seguridad Social, y g) mejorar la calidad de los servicios.

Las acciones para mejorar las condiciones de salud de la población, deberán

contribuir a la disminución, en un 20%, de los años de vida saludables perdidos,

así como a la reducción de la mortalidad infantil en un 15% y de la tasa actual de

mortalidad materna en un 50%.

Durante el cuatrienio, se destinarán a programas de salud $12.4 billones, que se

financiarán con recursos provenientes de las transferencias a las entidades

territoriales, el situado fiscal, el Presupuesto General de la Nación, y las

cotizaciones al Régimen Contributivo. El gasto en salud se duplicará entre 1994 y

1998 y representará al final del período un 5.3% del PIB, lo que significa un

crecimiento real cercano al 100% (Cuadro 5.2) creado en el texto original.

1. Acceso universal y equitativo a servicios de salud preventivos y curativos.

El Gobierno impulsará la afiliación progresiva de la población a la Seguridad

Social y ofrecerá servicios a toda la población a través del Plan de Atención



Básica (PAB), garantizando una atención integral de salud, que dará prioridad a la

prevención y la promoción de ambientes sanos.

El Régimen Subsidiado requiere, para su pleno funcionamiento, la conformación

de Empresas Promotoras de Salud (EPS) que administren los recursos

destinados a subsidiar la afiliación de la población pobre. Mientras se conforman

estas empresas, las direcciones seccionales de salud desempeñarán esta función

y contratarán con las instituciones de salud públicas y privadas la prestación de

los servicios del Plan Obligatorio de Salud (POS) y las intervenciones

complementarias que se contemplen en los convenios con las entidades

hospitalarias.

Para 1998 el Régimen Subsidiado deberá haber afiliado como mínimo a 12

millones de pobres. Tendrán acceso al sistema, en condiciones equitativas, los

grupos de población más pobre y vulnerable y, entre ellos, especialmente las

mujeres, las jefes de hogar, las madres comunitarias, las madres gestantes y

lactantes y los niños, así como los discapacitados, los beneficiarios del programa

de auxilios para ancianos indigentes, las comunidades indígenas y los habitantes

pobres de las zonas rurales. Para impulsar el acceso al sistema se promoverán

formas alternativas de asociación de usuarios. Durante el período de transición se

garantizará la prestación de los servicios no asegurados a la población de bajos

ingresos y se sustituirán gradualmente los subsidios a la oferta por los subsidios a

la demanda.



A través del Programa de Atención Materno_Infantil (PAMI) de la Red de

Solidaridad Social, se brindarán servicios de Salud y complemento nutricional a

400.000 madres gestantes y lactantes y a sus hijos menores de un año. Este

programa y otras acciones del sector reducirán el número de niños nacidos sin

atención.

El Régimen Contributivo, por su dinámica y por la cobertura familiar, aumentará

en por lo menos 20% el número de cotizantes, y su población beneficiaria pasará

de 7.5 millones a 15 millones de personas. Este desarrollo requiere la

conformación de EPS, el fortalecimiento de las instituciones estatales que hacen

parte del sistema y la organización y ampliación de la oferta de Instituciones

Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

El Gobierno Nacional brindará apoyo técnico para la conformación de EPS

públicas territoriales y el Instituto de Seguros Sociales, como principal EPS pública

del Régimen Contributivo, hará los ajustes necesarios para atender

eficientemente a sus afiliados y beneficiarios a través de la red propia y

contratada de prestación de servicios de salud. La creación de IPS privadas,

particularmente del primer nivel, se promoverá a través de la línea de crédito IPS

del IFI, que funcionará por el sistema de redescuento o banca de segundo piso,

en modalidad subsidiada y no subsidiada, dando prioridad a aquellas que se

conformen a partir de la asociación de profesionales de la salud.

Adicionalmente, el Ministerio de Salud, en coordinación con las entidades

territoriales y las EPS, diseñará y pondrá en marcha el Plan de Atención Básica



(PAB), que contempla acciones dirigidas a la prevención de enfermedades

transmisibles y perinatales, al control de enfermedades crónicas y a la prevención

del trauma. Especial atención se dará a las campañas de prevención de

enfermedades de transmisión sexual (ETS) y al SIDA. Estas acciones se

apoyarán, además, con recursos que las EPS y el Fondo de Solidaridad y

Garantía destinen a estas actividades. El Ministerio de Salud y las entidades

territoriales, así como las distintas instituciones del Sistema de Seguridad Social

participarán activamente en las campañas preventivas contra la violencia y los

accidentes.

2. Mejoramiento de la calidad de la oferta pública de servicios.

Con este programa se busca mejorar la capacidad resolutiva de las instituciones

públicas de salud y ponerlas en condiciones de competir con las IPS privadas en

el Sistema de Seguridad Social. El Ministerio de Salud, en coordinación con las

Direcciones Seccionales de Salud, elaborará durante 1995 el catastro de los

hospitales públicos del país y el mapa sanitario, instrumentos que permitirán

orientar las inversiones según las principales necesidades en infraestructura y

dotación, así como la organización y funcionamiento de las redes de servicios. En

la financiación de este programa concurrirán recursos nacionales de

cofinanciación y recursos de las transferencias de inversión social.

Durante el período de transición también se dará prioridad al mejoramiento de la

gestión de la totalidad de las IPS públicas en todos los niveles de atención y a su

transformación en Empresas Sociales del Estado, mediante la implantación en



cada una de ellas de sistemas que permitan la utilización eficiente de los

presupuestos asignados y de los recursos que obtengan por la contratación de

servicios.

Complementariamente, el Gobierno Nacional establecerá los estímulos e

incentivos que permitan atraer y retener personal profesional en los niveles

prioritarios de atención y en las zonas apartadas y mejorar su desempeño. Las

IPS públicas, transformadas en Empresas Sociales del Estado, aplicarán los

incentivos al desempeño de su personal, con cargo a los recursos obtenidos por

la venta de servicios. Conjuntamente con instituciones especializadas, se pondrá

en marcha un Plan Nacional de Educación y Evaluación Continua.

Con el fin de impulsar la transformación de los hospitales públicos en Empresas

Sociales del Estado, el Gobierno Nacional dispondrá de los mecanismos y

recursos necesarios para sanear el pasivo prestacional del personal vinculado.

3. Gestión descentralizada y capacidad técnica del sector.

Este programa se orientará hacia el fortalecimiento de la capacidad de las

entidades territoriales para manejar los recursos y desempeñar adecuadamente

las competencias que la ley les asigna, con énfasis en la administración del

Sistema de Seguridad Social. Particular atención se dará a las acciones de apoyo

a la gestión, la planeación y la descentralización institucional, así como al

desarrollo de sistemas de información y monitoreo que permitan el seguimiento

permanente de la gestión de las instituciones del Sistema.



Al finalizar el período la totalidad de los departamentos y distritos, así como el

80% de los municipios, habrá obtenido la certificación para el manejo autónomo

de los recursos del situado fiscal. De la misma manera, la totalidad de las

instituciones hospitalarias públicas se habrá constituido como Empresas Sociales

del Estado.

El Ministerio de Salud implantará un modelo integral de evaluación, que permita

establecer el grado de avance de la descentralización y la capacidad

técnico_administrativa de las Empresas Sociales del Estado. De la misma

manera, se pondrá en marcha un sistema que permita el monitoreo de los

avances de la reforma a la Seguridad Social en Salud, el seguimiento financiero

de la subcuenta de compensación, el valor de la Unidad de Pago por Capitación

(UPC), el contenido del Plan Obligatorio, entre otros, con el fin de identificar las

dificultades e introducir los correctivos necesarios de manera oportuna.

4. Garantía de calidad de los servicios.

La calidad de los servicios de salud se promoverá a través de la puesta en

marcha de instrumentos de análisis del estado sanitario y evaluación de la

prestación de los servicios y de mecanismos que contribuyan a la mejor formación

de los recursos humanos y a elevar la capacidad de innovación e investigación del

sector.

Cada una de las instituciones del sistema deberá contar con comités internos de

garantía de calidad como herramienta fundamental para su continuo



mejoramiento, así como con sistemas permanentes de capacitación de su

personal, todo ello encaminado a fomentar una cultura de la calidad basada en el

compromiso de todos los actores con el mejoramiento continuo de los servicios a

las personas. También se implantará un sistema de acreditación para las IPS del

Sistema de Seguridad Social.

El control de calidad de los medicamentos será parte fundamental del sistema de

garantía de calidad y corresponderá su aplicación al Instituto de Vigilancia de

Medicamentos y Alimentos (Invima). Por su parte, el Ministerio de Salud y el

Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec) establecerán normas de

calidad para los equipos e instrumentos médico_quirúrgicos que se utilicen en el

país.

La Superintendencia Nacional de Salud creará el Sistema de Garantía de Calidad

y vigilará el cumplimiento de las normas establecidas para las instituciones del

Sistema de Seguridad Social: Empresas Promotoras de Salud e Instituciones

Prestadoras de Servicios. Para esto diseñará y aplicará los mecanismos de

vigilancia y control que garanticen la financiación y la correcta aplicación de los

recursos del sistema, así como la calidad de la prestación de los servicios. Con

base en indicadores de control de gestión, calidad de los servicios y satisfacción

del usuario, establecerá controles objetivos que aseguren la calidad de la

atención.

El Ministerio de Salud desarrollará un modelo mínimo de auditoría médica cuyo

objetivo sea la evaluación sistemática y objetiva de la atención clínica y los



protocolos mínimos, o guías de atención integral, que hagan posible el análisis del

cumplimiento de los procedimientos normatizados.

El Gobierno Nacional conformará una Misión para la evaluación del estado de la

educación en las profesiones de la salud y la correspondencia entre el perfil

profesional y las realidades epidemiológicas del país. Esta Misión formulará

recomendaciones que sirvan como base para las modificaciones curriculares, así

como de los requerimientos para la acreditación de los distintos programas. De la

misma manera, el Ministerio de Salud diseñará y difundirá instrumentos que

permitan una mejor selección de los profesionales que se vinculen a las

instituciones prestadoras de servicios, así como su permanente evaluación y la

formulación de planes de mejoramiento de los recursos humanos.

5. Ciencia y tecnología para la salud.

Conjuntamente con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de

Salud promoverá y apoyará la investigación básica y aplicada en áreas que

permitan mejorar el diagnóstico y la atención en salud y el desarrollo de la

tecnología adecuada para el sector, y su articulación con los avances y

aplicaciones del conocimiento a nivel internacional. De igual manera se

desarrollarán programas de investigación y recopilación de la medicina tradicional.

A través del Sistema de Ciencia y Tecnología, y con el apoyo del Ministerio de

Salud, se incentivará con becas y créditos educativos a profesionales

sobresalientes en el campo de la investigación básica y aplicada en el sector de la



salud. El Icetex apoyará la formación de postgrado en el país y en el exterior

mediante créditos condonables.

B. Programas para la niñez.

El bienestar de la niñez constituye una de las metas fundamentales del desarrollo

nacional. La Carta Política reconoce los derechos de los niños y establece que

éstos prevalecen sobre los derechos de los demás; sin embargo, aún miles de

ellos carecen de las oportunidades para hacerlos efectivos: no disponen del

conjunto de bienes y garantías fundamentales que son necesarios para vivir

dignamente, están marginados de los procesos de participación social y no

cuentan con referentes sociales e institucionales que los desafíen a utilizar su

creatividad en proyectos colectivos que beneficien a la sociedad.

Teniendo en cuenta que los niños y niñas de hoy serán los ciudadanos

colombianos del mañana, y que en ellos se fundamenta el verdadero cambio de la

sociedad, el Gobierno Nacional se propone crear una cultura en favor de la niñez

que, reconociendo las diferencias y la diversidad de la población más joven,

comprometa a las instituciones y a los diferentes sectores de la sociedad con su

supervivencia, desarrollo, protección y participación, para satisfacer sus

necesidades humanas básicas, lograr su desarrollo armónico e integral y

aprovechar al máximo su potencial. Este objetivo se logrará a través de: a)

movilización en torno a la niñez; b) programas de protección, desarrollo y

bienestar; c) programas especiales para menores en situación irregular; y d)

desarrollo institucional. El conjunto de acciones para la niñez durante el cuatrienio,

tiene un costo total de $2 billones (Cuadro 5.3) creado en el texto original.



1. Movilización en torno a la niñez.

El Gobierno Nacional y las administraciones territoriales promoverán la creación

de una conciencia social y comunitaria que beneficie a los niños, generando

actitudes y comportamientos de respeto, igualdad y equidad de género, valoración

y protección de los menores en la familia y la comunidad, dando especial

importancia a la participación de los niños y jóvenes como actores del desarrollo

social.

A través de los medios masivos y alternativos de comunicación, se informará y

motivará a la ciudadanía para que se comprometa con el mejoramiento de los

procesos de socialización y con el logro de niveles de bienestar más elevados

para la niñez, a la vez que prevenga la existencia de menores en situación

irregular. Se convocará la participación de la comunidad, en especial de los

padres de familia, para el ejercicio de la veeduría ciudadana como control de la

gestión pública en favor de la infancia.

El Gobierno también promoverá el desarrollo del conocimiento científico y

colectivo sobre la niñez, a través del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

Mejorará los registros institucionales, con especial atención en las estadísticas de

nacimientos, los registros de morbimortalidad infantil, la información sobre el

acceso y permanencia en el sistema educativo, y la información relacionada con

los derechos cívicos de los niños y niñas. Incluirá, además, módulos sobre el tema

en las encuestas socio_económicas y, a través de las entidades del Sistema de



Bienestar Familiar, impulsará la realización de estudios sobre los niños en

situación irregular, así como la identificación de modelos para su óptima

intervención.

2. Protección, desarrollo y bienestar de la niñez.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, entregará complemento

nutricional a mujeres gestantes y lactantes, y a sus hijos entre los 6 y 24 meses.

Se fortalecerán las acciones de educación en salud orientadas a disminuir la

morbimortalidad materna, perinatal e infantil, regular la fecundidad, prevenir el

embarazo precoz e impulsar la lactancia materna y la participación del padre en la

crianza. Estas acciones cubrirán a 630.000 personas y se complementarán con

las del Programa de Atención Materno Infantil, PAMI.

Para mejorar la calidad de la atención en los Hogares Comunitarios de Bienestar,

que atienden 890.000 niños, se aumentará, como parte de los programas de la

Red de Solidaridad Social, la ración alimenticia hasta satisfacer, en los próximos

cuatro años, el 100% de sus necesidades nutricionales. Las instituciones de salud

y el ICBF evaluarán periódicamente el estado de salud de los niños, así como su

crecimiento y desarrollo, remitiéndolos en caso necesario a las entidades

competentes. Con el sector educativo se adelantarán acciones para estimular el

desarrollo psicoafectivo y social de los menores, vinculando estudiantes de

carreras relacionadas con el desarrollo infantil y vigías de la salud de los colegios.

Para mejorar las condiciones sanitarias y evitar el hacinamiento en los Hogares

Comunitarios, se adecuará la infraestructura física de 2.844 Hogares



Comunitarios Múltiples, que funcionarán en instalaciones comunitarias,

preferencialmente con parques o espacios libres para la recreación de los niños.

Adicionalmente, a 140.000 niños, en edad preescolar del área rural, no atendidos

en Hogares Comunitarios, se les brindará un subsidio alimentario.

El estado nutricional de un millón de escolares se intervendrá suministrando un

refrigerio reforzado, como complemento alimentario que aporte el 20% de sus

requerimientos nutricionales.

3. Programas especiales para menores en situación irregular.

El ICBF, el Ministerio de Salud y las demás instituciones responsables de la

prevención y protección de menores maltratados o abusados sexualmente, que

ascienden en la actualidad a cerca de 850.000, integrarán una red de servicios

con el fin de identificarlos y darles atención oportuna. El ICBF ampliará sus

servicios de recepción de menores en emergencia, conformará equipos

interdisciplinarios de apoyo para los Defensores de Familia e impulsará a los

municipios para la creación y fortalecimiento de las Comisarías de Familia.

Para desestimular el trabajo de 500.000 menores de 14 años, el sector educativo

promoverá su escolarización; esta acción se reforzará con el otorgamiento de

subsidios a mujeres jefes de hogar con hijos en la educación básica. El Ministerio

de Trabajo y el ICBF efectuarán una búsqueda activa de menores que realizan

trabajos de alto riesgo, y vigilarán el cumplimiento de la legislación; con los entes

territoriales, impulsarán planes alternativos para modificar su actividad laboral.



El ICBF atenderá integralmente a 15.000 menores de la calle, fortaleciendo los

programas de medio abierto y medio institucional, promocionando la adopción y

crianza en hogares sustitutos, e impulsando su reinserción al medio familiar y

comunitario.

Para la rehabilitación de 14.500 jóvenes infractores, el ICBF coordinará la

realización de acciones educativas, de capacitación laboral y de seguimiento, y

promoverá la cofinanciación para cubrir temporalmente los gastos de los jóvenes

recién rehabilitados que no tengan recursos para vivir autónomamente. El

Ministerio de Justicia reforzará los equipos interdisciplinarios de los despachos

judiciales, impulsará la atención judicial permanente al menor infractor, notificará

su detención a la Defensoría del Pueblo y evitará su institucionalización

innecesaria.

El Programa Nacional de Protección y Asistencia Integral a las personas víctimas

y desplazadas por la violencia dará prioridad a la atención de los menores de

edad.

La legislación relacionada con todas las categorías de menores en situación

irregular será revisada por el Ministerio Público y el ICBF, quienes promoverán los

ajustes necesarios y velarán por su estricto cumplimiento.

4. Desarrollo Institucional.



Se redefinirán las competencias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar,

comprometiendo política, técnica y financieramente a las administraciones

territoriales en la planeación y ejecución de los programas dirigidos a esta

población, y promoviendo su inclusión en los planes territoriales de desarrollo. Por

otra parte, el ICBF impulsará los ajustes institucionales requeridos para cumplir

con sus funciones a nivel territorial; especialmente realizará modificaciones

administrativas, mejorará su capacidad de dirección, evaluación y asistencia

técnica a los municipios, y desarrollará instrumentos para elevar el nivel de

recaudo y las fuentes de financiación.

C. Tercera edad.

Las personas de la tercera edad, especialmente aquellas que se encuentran en

condiciones de pobreza, constituyen uno de los grupos más vulnerables de la

población. Para mejorar sus condiciones de vida, serán beneficiadas con acciones

que les permitan el acceso a servicios en salud, protección, vivienda y pensiones.

El desarrollo de estas acciones deberá ser una responsabilidad compartida del

Estado, la sociedad civil y la comunidad.

Los programas para la tercera edad estarán encaminados a vincular esta

población al Sistema de Seguridad Social, promover la generación de una oferta

local de servicios y crear una actitud de reconocimiento positivo de la vejez.

A través del Programa "Revivir" de la Red de Solidaridad Social, se apoyarán

240.000 ancianos indigentes. Este programa será complementado con planes de



atención que pondrán en marcha los municipios. Serán beneficiarios los ancianos

que, cumpliendo los requisitos definidos en la Ley 100 de 1993, se encuentren en

condiciones de pobreza o indigencia. La administración y ejecución del programa

será responsabilidad de los municipios y distritos, que podrán llevar a cabo la

administración directamente o a través de una entidad promotora (organizaciones

no gubernamentales o entidades especializadas).

Como complemento a "Revivir", se desarrollarán acciones que permitan mejorar

las condiciones de salud, nutrición, protección y vivienda de los beneficiarios del

programa. Los municipios prestarán servicios diurnos de atención a los ancianos

indigentes, a través de los cuales se garantizará soporte nutricional, actividades

educativas, recreativas, culturales y ocupacionales. El programa se desarrollará

en las viviendas o en espacios comunitarios existentes en los barrios. Será

apoyado por el ICBF y el Programa de Empleo Urbano de Emergencia, así como

con recursos del sistema de cofinanciación. Se podrán contratar actividades con

organizaciones no gubernamentales y comunitarias.

Los ancianos pobres serán beneficiarios del Régimen Subsidiado de Seguridad

Social en Salud. Los hogares en los cuales residan estos ancianos tendrán

preferencia para acceder a los subsidios de los programas que hacen parte de la

política de vivienda social.

Para mejorar el bienestar de los pensionados, el Ministerio de Trabajo expedirá

las normas necesarias para hacer efectiva su afiliación a las Cajas de

Compensación. Los pensionados se afiliarán voluntariamente con el 2% de su



mesada a la Caja que escojan. La afiliación se hará a través de las entidades

pagadoras de pensiones o de las Asociaciones de Pensionados, y los ancianos

tendrán derecho a todos los servicios de las Cajas con excepción del subsidio

monetario.

Se continuará apoyando el cambio hacia una nueva perspectiva del

envejecimiento, con proyectos que fomenten y fortalezcan nuevas relaciones del

viejo con la familia, y promuevan en la comunidad y en la sociedad una imagen

positiva del envejecimiento. Así mismo, se desarrollarán estrategias de tipo

masivo que apoyen el cambio de imagen del viejo.

Con el fin de garantizar que la población más pobre y con dificultades de inserción

en el mercado de trabajo cuente con una pensión cuando llegue a la tercera edad,

se pondrá en marcha el Fondo de Solidaridad Pensional. Se otorgarán subsidios a

más de 350.000 trabajadores del sector informal, tanto urbanos como rurales, los

trabajadores discapacitados y las madres comunitarias, que estén afiliados al

régimen general de seguridad social en salud y demuestren un nivel de ingreso

máximo de un salario mínimo.

Entre 1995 y 1998 el Fondo de Solidaridad Pensional contará con cerca de

$190.000 millones (Cuadro 5.4) creado en el texto original. Será financiado con el

1% de la nómina de los trabajadores que devengan más de cuatro salarios

mínimos, una contrapartida al menos igual por parte del presupuesto nacional, los

recursos que aporten las entidades territoriales para planes de extensión de

cobertura en sus respectivos territorios o los recursos que aporten agremiaciones



o federaciones para beneficio de sus afiliados, y las apropiaciones del

presupuesto nacional para el subsidio a los aportes de los trabajadores del

servicio doméstico.

El subsidio se otorgará por un período máximo, continuo o discontinuo, de 5 años

para los trabajadores urbanos y de 10 años para los trabajadores rurales, los

discapacitados y para las madres comunitarias mientras ellas ejerzan esta

actividad.

D. Prevención y atención a la discapacidad.

La política de prevención y atención a la población discapacitada tiene como

objetivos fundamentales el mejoramiento de la calidad de vida de esta población y

el logro de su integración social y económica. Para ello, se pondrán en marcha

acciones en educación, salud y trabajo.

Los programas educativos son el mecanismo más efectivo para la integración de

las personas discapacitadas. El Gobierno Nacional promoverá la integración de la

población discapacitada a las aulas regulares en establecimientos educativos que

organicen, directamente o por convenio con entidades gubernamentales y no

gubernamentales, las acciones pedagógicas necesarias para integrar académica

y socialmente a los discapacitados, en el marco de su Proyecto Educativo

Institucional (PEI). Además, cofinanciará los costos educativos de las personas de

cinco a quince años discapacitadas pobres que asistan a instituciones educativas

especializadas de carácter privado.



El Ministerio de Educación, a través del Instituto Nacional para Ciegos (INCI) y el

Instituto Nacional para Sordos (INSOR), orientarán sus recursos de inversión,

prioritariamente al desarrollo de metodologías y mecanismos de asistencia técnica

y capacitación, en sus respectivos campos de especialización, dirigidos al

mejoramiento de la atención educativa de la población discapacitada. De otro

lado, conjuntamente con el ICFES, facilitará a los discapacitados la presentación

de exámenes de estado y, con el Icetex, promoverá el acceso a créditos

educativos y becas para las personas discapacitadas.

En el área de recreación, Coldeportes promoverá y dará apoyo financiero a las

entidades territoriales para el desarrollo de programas de recreación y deporte

dirigidos a la población discapacitada.

Muchas de las discapacidades pueden evitarse. Para ello el Ministerio de Salud,

en los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, dará

especial atención a la disminución de la discapacidad o a la probabilidad de su

ocurrencia. Dichos programas se realizarán a través del Plan de Atención Básica

y el Plan de Atención Materno_Infantil de la Red de Solidaridad Social.

De otro lado, los discapacitados pobres serán beneficiarios del Régimen

Subsidiado de Seguridad Social en Salud y el Gobierno Nacional buscará la

ampliación de los beneficios incluidos en los Planes Obligatorios de Salud, para

que los discapacitados tengan acceso a tratamiento y rehabilitación.



Así mismo, los trabajadores discapacitados en situación de pobreza que se

encuentren afiliados a la Seguridad Social en Salud, tendrán acceso durante un

período máximo de 10 años a un subsidio del 70% de su cotización al Régimen

General de Pensiones, a través del Fondo de Solidaridad Pensional, y los

discapacitados que se encuentren en situación de indigencia y sean mayores de

50 años tendrán acceso al Programa de Auxilio para Ancianos Indigentes

"Revivir", de la Red de Solidaridad Social.

El Gobierno Nacional apoyará iniciativas legislativas que incentiven la vinculación

laboral de personas con limitaciones, y a través del SENA realizará acciones de

promoción de sus cursos de formación profesional entre ellos. Así mismo, los

discapacitados pobres que se encuentren desempleados serán beneficiarios del

Programa de Capacitación para el Trabajo con Subsidio al Desempleo.

Con el fin de motivar a las entidades territoriales al desarrollo de proyectos

urbanísticos que faciliten el transporte y el acceso de los discapacitados a los

espacios físicos e instalaciones públicas, el Ministerio de Transporte y el

Viceministerio de Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Ambiental del Ministerio

de Desarrollo, con el apoyo de la Vicepresidencia de la República, promoverán la

divulgación de las normas vigentes sobre diseño urbano y transporte, y el

desarrollo de proyectos locales de vivienda y diseño urbano que beneficien a la

población discapacitada.



Como complemento a estas acciones se apoyará la investigación conducente al

desarrollo, adaptación y difusión de tecnologías apropiadas; se desarrollarán

sistemas de información que permitan contar con diagnósticos actualizados e

indicadores para el seguimiento de los programas en beneficio de los

discapacitados, y se realizarán campañas masivas que contribuyan a crear una

cultura de respeto y apoyo a las personas con discapacidad.

La atención a la población discapacitada se desarrollará en el marco de la

estructura institucional vigente, bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la

República, y contará con el apoyo del Comité Consultivo Nacional de la

Discapacidad y grupos de enlace sectorial.

E. Cajas de Compensación.

En Colombia funcionan 67 Cajas de Compensación Familiar que constituyen un

instrumento esencial de protección y solidaridad para los trabajadores más pobres

del sector formal de la economía nacional. Ellas desarrollan programas de salud,

vivienda social, nutrición, educación, recreación, apoyo a microempresas y

subsidio monetario.

La política nacional en este sector se orientará hacia el fortalecimiento de los

mecanismos redistributivos del sistema, la mayor integración de las acciones de

las Cajas con los programas nacionales de desarrollo social, la ampliación de la

cobertura y el logro de la mayor eficiencia en la operación de las Cajas,

especialmente en los servicios orientados a los trabajadores de menor ingreso y

sus familias.



Con el fin de fortalecer los mecanismos redistributivos, se regularán los subsidios

aplicados a las tarifas de los programas que desarrollan las Cajas de

Compensación, con el fin que otorguen mayores beneficios a los trabajadores de

bajos ingresos y sus familias.

Se fomentará una mayor integración de las Cajas con las políticas nacionales de

desarrollo, especialmente fortaleciendo sus programas de salud, apoyo a la

microempresa, vivienda social y capacitación. Además, como parte del Sistema

Integral de Seguridad Social, las Cajas de Compensación podrán ofrecer el Plan

Obligatorio de Salud y planes complementarios que cubran tanto al afiliado como

a su familia.

La cobertura de las Cajas se ampliará en número de afiliados y se evaluarán

esquemas y propuestas para extenderlas a un mayor número de municipios. Para

ello, se impulsarán los mecanismos para que los trabajadores del sector informal,

microempresarios y pensionados se afilien al sistema con cotizaciones y

beneficios parciales, y se ampliarán gradualmente los servicios y la cobertura de

la Caja de Compensación Familiar Campesina.

Por último, la Superintendencia de Subsidio Familiar fortalecerá su acción de

vigilancia, para que las Cajas ejecuten oportuna y efectivamente sus recursos.



III. HABITAT, DESARROLLO URBANO, PREVENCION Y ATENCION DE

DESASTRES

El mejoramiento del nivel de vida de la población está estrechamente relacionado

con las condiciones del hábitat en que se desenvuelven sus actividades

cotidianas. Para mejorar el hábitat de las mujeres y los hombres más pobres,

caracterizado por la subnormalidad de los barrios donde residen, se

emprenderán, de manera simultánea e integral, cuatro estrategias que

enfrentarán directamente las principales expresiones de la subnormalidad:

hacinamiento y deplorable condición física de las viviendas, precario equipamiento

social e insuficiente cobertura de los servicios públicos. Estas estrategias se

desarrollarán articuladamente con el esfuerzo conjunto de la Nación, las

entidades territoriales y el sector privado.

La política de vivienda social urbana, más allá de la simple construcción aislada

de nuevas viviendas, propende por el mejoramiento integral del barrio,

garantizando que sean de buena calidad, cuenten con los servicios públicos

básicos y tengan el equipamiento social y la infraestructura física adecuados. El

plan de agua, a su vez, está orientado a incrementar de manera significativa el

número de viviendas con acueducto y alcantarillado, mejorando la calidad del

agua suministrada y haciendo uso eficiente y racional del recurso hídrico. Por su

parte, la política de apoyo al desarrollo de las ciudades tiene el propósito de

obtener un mayor impacto de las acciones del Estado, contribuyendo al

mejoramiento de la gestión y la planificación, para que el crecimiento de los

asentamientos y su equipamiento se realice de acuerdo con las particularidades y

necesidades de cada ciudad. Por último, para garantizar que las anteriores



acciones redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, se

prestará especial atención a la prevención y atención de desastres y la

rehabilitación de zonas subnormales.

A. Política de vivienda social urbana.

La Política de Vivienda Social Urbana focaliza el subsidio familiar de vivienda en

los estratos más pobres y vulnerables de la población, lo integra a la Red de

Solidaridad Social y lo articula a programas complementarios de mejoramiento del

espacio y de la infraestructura de servicios comunitarios, con el fin de promover

un desarrollo urbano integral y ordenado y mejorar las condiciones de vida de los

colombianos más pobres.

Los objetivos de la nueva política son: a) realizar 606.000 soluciones de vivienda

social urbana entre 1994 y 1998, el 72% de las cuales estará destinada a familias

con ingresos inferiores a dos salarios mínimos; 500.000 de estas soluciones

contarán con subsidios directos y el resto con programas especiales de crédito;

con este programa, se estima que el déficit de vivienda social urbana se reducirá

en cerca del 43; b) debido a los programas complementarios de entorno, el

número de familias beneficiadas será de 1.123.000; c) impulsar la participación

municipal y comunitaria en la ejecución del programa, y d) promover procesos de

reforma urbana que permitan habilitar tierras aptas para vivienda social, utilizando

los instrumentos definidos por la Ley 9a. de 1989.



1. Componente Integrado en la Red de Solidaridad Social.

El Programa de mejoramiento de la vivienda y el entorno se focaliza en

asentamientos subnormales de alta concentración de pobreza, donde el problema

central es la calidad de la vivienda. Se apoya en el subsidio otorgado por el Inurbe

y se complementa con recursos de los municipios, de los Fondos de

Cofinanciación y de la Red de Solidaridad Social. Se adjudicarán 258.500

subsidios y el municipio, con el apoyo de los Fondos, tendrá a su cargo las obras

de acceso al asentamiento, las redes de servicios públicos, grandes obras de

mitigación de riesgos y proyectos dirigidos a la adecuación de zonas verdes y

demás elementos del espacio público.

El Programa de vivienda nueva incluye viviendas mínimas o unidades básicas.

Para lotes con servicios, la Nación sólo apoyará proyectos que contemplen los

instrumentos de la Reforma Urbana. Se realizarán 158.000 soluciones de vivienda

nueva, apoyadas con subsidio para familias de menos de dos salarios mínimos de

ingreso.

2. Componente no cubierto por la Red de Solidaridad Social.

Las acciones previstas se dirigen a atender el déficit cuantitativo de vivienda de

los hogares con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos legales mensuales.

Con el apoyo del crédito, se realizarán 190.000 soluciones, de las cuales 84.000

se financiarán parcialmente con el subsidio familiar de vivienda.



3. Gestión de proyectos y asignación de recursos.

El municipio es la instancia que promueve la iniciativa del proceso, identifica y

formula los proyectos de mejoramiento, con la participación de la comunidad. El

Ministerio de Desarrollo Económico estimulará la acción de los municipios y

comunidades, y promoverá la gestión de las ONG y de entidades particulares de

reconocida experiencia en programas de este tipo.

Con el objeto de simplificar el procedimiento de asignación de recursos, se hará

un convenio entre los fondos de cofinanciación e Inurbe para que se realice el

estudio conjunto de los proyectos que prevean participación de los primeros,

dando prioridad a los Proyectos de Mejoramiento de la Vivienda y del Entorno.

4. Recursos para el programa y esquema institucional.

Los recursos para el Programa de Vivienda Social Urbana provendrán del Inurbe,

la Caja de Vivienda Militar, las Cajas de Compensación y los municipios. Los

fondos de cofinanciación y la Red de Solidaridad Social aportarán recursos para el

programa de mejoramiento del entorno. Además, se contará con los créditos

dirigidos a la población con ingresos inferiores a 4 salarios mínimos, otorgados a

través del Fondo Nacional de Ahorro, las corporaciones de ahorro y vivienda y los

sectores bancario y cooperativo.

Entre 1994 y 1998 se invertirán $2.5 billones: $1 billón no reembolsables, del cual

el 82% se destinará a la población con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos. El



61% de los recursos no reembolsables provendrán de la Nación, el 11% de las

Cajas de Compensación, el 16% de los municipios y el 12% de crédito de la

Findeter. (Cuadro 5.5) creado en el texto original.

El programa de subsidios se adelantará en el marco de la Red de Solidaridad

Social. Para profundizar el proceso de descentralización y lograr mayor eficiencia

y economía en el gasto social, el Inurbe hará parte integral del Sistema Nacional

de Cofinanciación, apoyándose en los departamentos y las unidades

departamentales de cofinanciación para la realización de las operaciones que

involucran a las entidades territoriales.

Para que el Inurbe pueda cumplir eficientemente las funciones en el marco de la

nueva política de vivienda social urbana, es necesario que esté separado

definitivamente de las operaciones que heredó del Instituto de Crédito Territorial.

Con tal propósito el Gobierno Nacional presentará al Congreso un proyecto de ley

para liquidar definitivamente el ICT, trasladando las funciones de recaudo de

cartera a entidades privadas.

B. Plan de Agua.

El Plan de Agua se ejecutará bajo el esquema de la responsabilidad local en la

gestión de los servicios, fortaleciendo el papel de la Nación en la planeación,

regulación y vigilancia. En este marco, el Plan busca: a) alcanzar coberturas

totales promedio de 90% en acueducto y 77% en alcantarillado en 1998,

beneficiando adicionalmente a 6.8 millones de habitantes con agua potable y 6.7

millones con sistemas de disposición de aguas residuales; b) elevar la calidad del



agua suministrada para la totalidad de los habitantes con servicio y disminuir la

vulnerabilidad de los sistemas, y c) consolidar el proceso de modernización

institucional del sector.

1. Ampliación de coberturas y mejoramiento de la calidad.

La ampliación y mejoramiento de la calidad del servicio de acueducto y

alcantarillado es responsabilidad de los municipios. Para el logro de las metas, la

Nación promoverá la formulación y ejecución de más y mejores proyectos que se

ajusten al marco técnico e institucional de las políticas sectoriales, para lo cual

apoyará a las administraciones locales a través de: a) programas de preinversión

para la identificación, evaluación y preparación de proyectos acordes con la

política nacional, a través de crédito y cofinanciación de Findeter y Fonade, y

aportes de los Corpes; b) asistencia técnica y capacitación a los prestadores del

servicio a nivel local en la preparación y ejecución de proyectos, con la

coordinación del Ministerio de Desarrollo, la participación de las entidades

territoriales y la vinculación del sector privado, para lo cual se conformará el

Sistema de Apoyo Interinstitucional a los Servicios de Agua Potable y

Saneamiento Básico (SAS), y c) financiación de más y mejores proyectos de

infraestructura, con el aumento de los recursos de crédito de Findeter y no

reembolsables a través de los Fondos de Infraestructura Urbana y DRI.

Como complemento al aumento de coberturas, se realizarán inversiones que

mejoren la calidad integral del servicio, garantizando un servicio pleno, eficiente y

confiable de agua potable y de disposición de aguas residuales. Para ello se



impulsarán los siguientes programas: a) mejoramiento de la calidad del agua,

para que en 1998 el 100% de los usuarios de las zonas urbanas y el 70% en área

rural, con servicio de acueducto, reciban agua apta para el consumo humano; b)

confiabilidad y control de pérdidas de agua, mediante la rehabilitación y

optimización de los sistemas, reduciendo el agua no contabilizada del 50% en

1994 al 33% en 1998; para esto, la asignación de recursos de crédito y

cofinanciación se condicionará a que los proyectos incluyan la macro y

micromedición, control de conexiones clandestinas masivas y de fugas, y

optimización y renovación de redes; c) protección de cuencas y uso racional del

agua, para garantizar la recuperación y mantenimiento de la productividad de los

sistemas hídricos con acciones desarrolladas en el marco del programa Mejor

Agua de la Política Nacional Ambiental; así mismo, para promover el uso racional

del agua, este programa será complementado con el fomento al uso de utensilios

de bajo consumo, y d) saneamiento ambiental, para reducir la generación de

efectos negativos en los cuerpos de agua receptores, a través del apoyo técnico y

financiero de la Nación a proyectos en grandes ciudades.

En el marco del programa de ampliación de coberturas y mejoramiento de la

calidad se promoverá la Investigación y Desarrollo Tecnológico en el sector de

agua potable y saneamiento básico, a través de las siguientes acciones: a) uso de

tecnologías apropiadas, a través del apoyo a la investigación orientada a

garantizar la optimización y el uso de tecnologías adecuadas para la prestación

de servicios de acueducto y alcantarillado en zonas dispersas, en el tratamiento

de agua para consumo humano y la optimización de procesos de tratamiento de

aguas residuales, y b) aprovechamiento y manejo integrado de las aguas

subterráneas, a través de la exploración y cuantificación de las fuentes en 70.000



km²; este programa será coordinado por Ingeominas y contará con la participación

de las universidades y del Ministerio del Medio Ambiente.

2. Modernización institucional.

La ejecución del Plan exige la consolidación institucional y modernización del

sector, basado en la descentralización, especialización funcional, promoción de la

competencia y participación del sector privado en la gestión de los servicios. Con

este fin, el Gobierno Nacional creará un marco tarifario que refleje el costo de los

servicios y focalice los subsidios en la población más pobre; definirá los criterios

de evaluación de las empresas que prestan el servicio para el seguimiento estricto

de sus planes de gestión; dará asistencia técnica a los prestadores del servicio

para su modernización, definiendo reglas que permitan la vinculación del sector

privado; y diseñará el plan estratégico del sector para orientar su desarrollo

integral en el largo plazo.

Las funciones de planificación y normatización serán obligación del Ministerio de

Desarrollo; la regulación y promoción de la competencia serán responsabilidad de

la Comisión de Regulación de Agua Potable; y las actividades de vigilancia y

control estarán a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos

Domiciliarios.

3. Esquema financiero.



Los requerimientos financieros para la ejecución del Plan ascienden a $1.83

billones de 1994, de los cuales 97% se dedicará a los programas de ampliación

de cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios. La Nación asignará

$443.000 millones como recursos no reembolsables de los Fondos de

Cofinanciación para la Infraestructura Urbana y DRI y aportes del Presupuesto

Nacional al Ministerio de Desarrollo Económico, y $322.000 millones como crédito

a través de Findeter y Fonade. Las transferencias de la Ley 60 de 1993 con

destinación exclusiva al sector de agua potable representarán $347.000 millones.

Además $405.000 millones provendrán de generación interna de las empresas y

$227.000 millones de crédito externo directo a las grandes ciudades. Por último,

$76.000 millones corresponden a la participación del sector privado en

inversiones de planes específicos, principalmente en Bogotá y Cartagena.

(Cuadro 5.6) creado en el texto original.

Para lograr un desarrollo adecuado de los proyectos y garantizar su financiación,

el Sistema Nacional de Cofinanciación podrá requerir la contratación de créditos

con Findeter como requisito para la asignación de recursos de cofinanciación,

cuando lo estime necesario. Así mismo, para lograr que el crédito a los municipios

sea realmente un apoyo financiero acorde con los períodos de maduración de las

inversiones de acueducto y alcantarillado, se diseñarán mecanismos de

financiación de largo plazo.

C. Política de apoyo al desarrollo urbano.



La iniciativa y decidida participación de las ciudades son indispensables para

integrar las políticas, complementar los recursos y esfuerzos nacionales y mejorar

la calidad de vida de la población. Por ello, el Gobierno Nacional desarrollará

estrategias para coordinar las políticas nacionales con las ciudades, fortalecer sus

administraciones y lograr un ordenado desarrollo urbano, respetando la

autonomía local.

En primer lugar, se fortalecerá la capacidad administrativa de las ciudades, para

que cuenten con mecanismos que les permita definir sus prioridades de desarrollo

y articular las estrategias nacionales a las particularidades locales. Para ello, el

Ministerio de Desarrollo apoyará las ciudades en el diseño de instrumentos de

regulación y normatividad urbana, manejo del suelo, planificación territorial,

desarrollo de proyectos de vivienda y entorno, y gestión de servicios públicos,

transporte y equipamiento.

Por otra parte, se proveerá a las ciudades de un marco legal e institucional que

oriente la acción de la administración local: planes de ordenamiento,

descentralización al interior de las ciudades, manejo del suelo, marco tributario

local, prestación de servicios públicos, transporte, medio ambiente, normas

mínimas de construcción, conservación y recuperación de zonas históricas y

patrimonio. Esta tarea la coordinará el Ministerio de Desarrollo, con el esquema

de Talleres de Consulta Urbana, para aplicar los principios de concertación y

participación regional y local.



Para la planificación urbana y el manejo del suelo se desarrollarán los principales

instrumentos establecidos en las leyes de Reforma Urbana y Orgánica del Plan de

Desarrollo, con énfasis en el ordenamiento de la ciudad. El Ministerio de

Desarrollo, con apoyo de la cooperación internacional, y en asocio con los

municipios, impulsará el desarrollo de proyectos que contemplen la utilización de

nuevas modalidades de planeación y gestión del suelo y mejoramiento urbano,

que se denominarán macroproyectos urbanos estratégicos.

Se promoverá la investigación para identificar, analizar y adelantar acciones para

el manejo específico de los problemas de las ciudades. Como complemento, se

diseñará y pondrá en operación un sistema de información que permita disponer

de estadísticas sectoriales, indicadores sobre la planificación urbana y de un

banco de experiencias sobre administración de las ciudades, con el propósito de

generar los instrumentos para orientar, coordinar y evaluar las políticas aplicadas

a nivel urbano.

Por último, un requisito fundamental para la ejecución de las políticas en las

ciudades es la consolidación de sus finanzas, de manera que puedan

complementar las acciones nacionales y orientar el desarrollo local. Los

Ministerios de Desarrollo y Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación

elaborarán programas para apoyar técnicamente a las municipios en aspectos

como actualización de bases gravables, nivel adecuado de tarifas, utilización de

fuentes de ingreso de gran potencial y mejor nivel de eficiencia en el recaudo y

administración de tributos.



Para adelantar la ejecución de la Política de Apoyo al Desarrollo Urbano, se

consolidarán tres niveles de coordinación: a nivel interministerial, mediante el cual

se articularán las políticas nacionales con el desarrollo urbano; a nivel del

Ministerio de Desarrollo, que se responsabilizará de coordinar la ejecución de las

acciones de política y realizar la interlocución con las administraciones locales; y a

nivel de las ciudades, en la medida en que las acciones descritas requieren de la

participación activa y directa de los gobiernos locales.

D. Prevención y atención de desastres y rehabilitación de zonas afectadas.

Las características geológicas, topográficas e hidrometeorológicas, el inadecuado

manejo ambiental, unido a la localización de asentamientos en zonas de riesgo,

hacen que el país sea propenso a ser afectado por inundaciones, deslizamientos,

avalanchas y otras catástrofes de origen natural y antrópico. Por consiguiente, es

necesario consolidar una estrategia para reducir la vulnerabilidad, mejorar la

capacidad de respuesta institucional y tomar las medidas preventivas frente a

desastres naturales.

En consecuencia, las acciones del Gobierno buscan garantizar un manejo

oportuno de los recursos técnicos, administrativos y financieros para la

prevención, atención de desastres y rehabilitación de zonas afectadas, así como

establecer responsabilidades institucionales que permitan cumplir con los

objetivos de las políticas.



Para mejorar las acciones de prevención, es indispensable profundizar en el

conocimiento de las amenazas naturales y artificiales, determinar las zonas de

riesgo, su grado de vulnerabilidad y formular las medidas para prevenir o mitigar

los efectos. Para ello, se adelantarán programas de investigación y evaluación de

amenazas naturales en sus diferentes aspectos, se elaborará el mapa de riesgos

y se impulsará la aplicación de medidas de control, protección y ordenamiento

físico, promoviendo la incorporación de estos componentes en los planes de

desarrollo territorial y ordenamiento urbano, de acuerdo con lo estipulado en la

Ley 9a. de 1989. De manera complementaria se ampliarán y mejorarán los

sistemas de vigilancia y alerta que monitorean el comportamiento de fenómenos

sísmicos, volcánicos, tsunamigénicos e hidrometeorológico. Esta tarea será

apoyada por los Ministerios de Gobierno y Medio Ambiente y por las entidades del

Sistema Nacional Ambiental.

Para garantizar una respuesta oportuna a la población afectada se aumentará la

eficiencia de la capacidad operativa de los organismos de atención de

emergencias, mediante la dotación de equipos, mejoramiento de las redes de

comunicación y de centros de reservas de provisiones y suministros. Se

incrementará la capacidad de acción de los comités regionales y locales para la

prevención y atención de desastres con programas de capacitación y articulación

con las entidades nacionales y territoriales responsables. El Fondo Nacional de

Calamidades contará con la solvencia financiera que asegure la disponibilidad de

recursos para complementar la atención ágil y eficaz de la población afectada por

un desastre.



Con el fin de superar las situaciones de desastre, se dará especial énfasis a la

rehabilitación de las zonas afectadas. En estos eventos, se agilizarán los

procesos de formulación de proyectos que involucrarán, con participación de la

comunidad y las entidades territoriales, la reconstrucción de vivienda,

infraestructura física y equipamiento social, acompañados de programas

productivos que aseguren la sostenibilidad de las familias afectadas.

La Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres es la instancia

coordinadora de las actividades anteriores. La investigación y evaluación de

amenazas y vulnerabilidad, y la elaboración de mapas de riesgo, contarán con la

participación del Ingeominas, Ideam, Igac y las corporaciones regionales. El

Ministerio de Educación y el Sena desarrollarán programas de educación,

capacitación e información pública, en coordinación con las entidades territoriales.

La Dirección Nacional coordinará, realizará el seguimiento y evaluará, con las

entidades responsables, los programas de rehabilitación.

IV. POLITICA DE EQUIDAD Y PARTICIPACION DE LA MUJER.

La Política de Equidad y Participación de la Mujer busca superar el, hasta ahora,

subgestimado papel de la mujer y el desconocimiento que ha jugado en el

desarrollo del país. Los logros alcanzados en educación, salud y participación

laboral, no han permitido resolver las desigualdades de género, lo cual les hace

más vulnerables, obstaculiza su pleno desempeño y propicia que no se reconozca

ni valoren su trabajo. Dicha subordinación lleva implícita una relación social que

en la práctica se traduce en que a la mujer no les son reconocidos ni respetados



plenamente sus derechos, lo que se presenta en forma más aguda a medida que

se desciende en la estratificación social.

La sociedad colombiana empezará a pagar la deuda social con la mujer. Los

programas prioritarios estarán orientados a crear una cultura de equidad entre

mujeres y hombres, y a brindar atención oportuna a las mujeres más necesitadas.

La perspectiva de género estará integrada en las estrategias económicas,

sociales y ambientales de El Salto Social, para garantizar que la mujer se

beneficie de los grandes programas de desarrollo.

La equidad tiene como uno de sus requisitos la igualdad de oportunidades entre

hombres y mujeres, en los espacios formales de la ley y en la vida cotidiana. Por

ello, la equidad y participación de la mujer deberá permear todos los sectores y

espacios de la sociedad, destacando su papel activo en el proceso de desarrollo

integral del país y superando el sentido puntual y asistencial de las acciones

tradicionales.

Para animar el cambio estructural en el largo plazo, el Estado promoverá una

nueva cultura de equidad de género y desarrollará un plan que contribuya a una

nueva ética ciudadana, basada en la igualdad de oportunidades respetando la

especificidad de los hombres y las mujeres, y en el respeto a la diferencia. Se

adelantarán campañas de sensibilización de funcionarios públicos, y a la

comunidad en general, sobre la planeación y ejecución de acciones con

perspectiva de género.



La mujer trabajadora es sometida a discriminación salarial y su acceso a cargos

de poder y decisión es reducido. Por esto, el Gobierno promoverá mecanismos e

incentivos encaminados a eliminar las diferencias salariales frente a la mujer en

igualdad de condiciones. Ninguna mujer podrá ser sometida a acciones

discriminatorias en el lugar de trabajo por su condición de género. Se adelantarán

acciones para promover una visión integral del trabajo y de su relación con la vida

familiar.

El Gobierno promoverá la discusión, creación y aplicación de los instrumentos

legales, jurídicos y culturales necesarios para prevenir y sancionar la violencia

intrafamiliar, así como la violencia y el acoso sexuales contra la mujer. Así mismo,

impulsará la modificación del régimen de la sociedad conyugal para que se exija

la doble firma en la venta de bienes inmuebles y el fortalecimiento de la estructura

institucional para la atención de los problemas de violencia contra la mujer, a

través de las Comisarías de Familia y los Jueces de Paz.

Los programas, especialmente dirigidos a mujeres pobres, contemplan la creación

y oferta de un paquete integral de servicios, mediante el acceso equitativo al

sistema de Seguridad Social en Salud y la atención prioritaria a 153.000 mujeres

jefes de hogares pobres, en los programas de la Red de Solidaridad Social; las

mujeres se vincularán a los programas de empleo de emergencia; se apoyará a la

mujer trabajadora con mayores coberturas y mejor calidad de los servicios de

atención a los niños en edad preescolar y escolar. También se impulsarán



reformas a la normatividad laboral, haciéndola más compatible con el cuidado y la

crianza de los niños.

El Presidente, asesorado por la Comisión Presidencial Asesora para la Equidad

de la Mujer, promoverá la institucionalización y sensibilización de la perspectiva

de género, mediante la formación de unidades asesoras en los Ministerios, las

entidades públicas y la sociedad civil.

V. POLITICAS PARA LA JUVENTUD

Los jóvenes representan un gran potencial para el desarrollo presente y futuro del

país, por lo cual el Estado asumirá compromisos que hagan posible su efectiva

integración a la sociedad.

En general, la población juvenil carece de suficientes oportunidades para su

desarrollo. Una gran mayoría de jóvenes está marginada de los procesos

educativos y la sociedad no les brinda alternativas para el uso creativo del tiempo

libre. La promoción cultural, la recreación y el deporte aún no logran convertirse

en instrumentos para su formación integral. Por otra parte, los jóvenes tienen

dificultades para insertarse al mercado laboral, lo que se refleja en altas tasas de

desempleo, que afectan especialmente a aquellos que pertenecen a hogares de

bajos ingresos.



Los problemas de salud más frecuentes en la población juvenil están asociados a

la violencia y el trauma, especialmente entre los hombres. Las mujeres son

afectadas primordialmente por problemas relacionados con su función

reproductiva, en particular las complicaciones del embarazo, el parto y el aborto.

Pese a los esfuerzos realizados desde el nivel nacional para diseñar políticas

encaminadas a ayudar a los jóvenes en su proceso de integración a la sociedad,

los municipios carecen de programas específicos dirigidos a esta población.

Con el fin de atender las necesidades específicas de los jóvenes, el Gobierno

Nacional y las entidades territoriales, con el apoyo de las ONG, adelantarán

acciones intersectoriales encaminadas a ampliar su participación en los

programas sociales y a ofrecer oportunidades para su desarrollo educativo,

laboral, cultural y recreativo.

La coordinación de la política para la juventud será responsabilidad del recién

creado Viceministerio de la Juventud del Ministerio de Educación Nacional. Este

Viceministerio fomentará la conformación de instancias territoriales que se

encarguen de la planeación de las acciones hacia la juventud en su respectivo

territorio, del diseño de estrategias y criterios de intervención, así como de la

coordinación, ejecución y seguimiento de los programas.

A través de estas instancias se deberán fortalecer los mecanismos de

participación y ampliar los espacios reales de actividad de los jóvenes (casas de

la juventud, clubes, polideportivos, parques y otros sitios de actividad), teniendo



en cuenta en el diseño de estas acciones la perspectiva de género. En

coordinación con las entidades respectivas, se ampliará la oferta de servicios para

los jóvenes, especialmente en lo relacionado con oportunidades de recreación,

turismo y deportes, impulsando iniciativas como los albergues juveniles y el

campesino. Se fomentará, además, su vinculación a actividades de interés social,

a través del servicio cívico en diversos campos.

Los jóvenes escolarizados encontrarán espacios de participación en el Gobierno

Escolar, cuya conformación es obligatoria en todos los establecimientos

educativos del país. Se espera, así, impulsar la participación de los jóvenes para

que se integren efectivamente a la comunidad educativa.

Los programas de educación sexual y los que se orienten a la prevención de la

drogadicción harán parte de los Proyectos Educativos Institucionales. A través del

Plan de Atención Básica se adelantarán campañas de promoción de la salud, con

énfasis en la salud reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión

sexual y el SIDA, así como en la generación de hábitos de vida saludables.

Por otra parte, se incentivará a los jóvenes no escolarizados para que ingresen a

estructuras educativas no formales que les permitan continuar enriqueciendo y

diversificando los conocimientos adquiridos previamente. Con el fin de motivar a

los desertores del sistema educativo para que concluyan la Educación Básica, se

reorientarán los actuales programas de educación de jóvenes y adultos,

fomentando el estudio independiente y en grupo, mediante estrategias flexibles y

con el apoyo de los medios de comunicación. Para aquéllos que opten por la



capacitación laboral, se prevé un incremento de la cobertura de los programas de

capacitación del Sena a 150.000 jóvenes, en horarios diurnos.

VI. PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS Y

RAIZALES

La diversidad étnica y cultural es una de las grandes riquezas de la sociedad

colombiana. Por ello, el Gobierno Nacional prestará atención al desarrollo y

consolidación de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades

afrocolombianas y raizales. En este contexto, se garantizará su participación en la

vida nacional, articulando las instituciones y los espacios de coordinación

existentes y creando los que sean necesarios para lograr el respeto de sus

particularidades sociales y culturales y sus propias formas organizativas.

Las estrategias nacionales para el logro de estos fines, involucran programas

sectoriales y territoriales que incluirán desarrollo humano sostenible, legalización

de tierras y territorios y vinculación a los grandes proyectos de desarrollo social y

económico.

A. Pueblos Indígenas

La política estará orientada a consolidar los derechos de estos pueblos,

reconocidos en la Constitución Política, relativos a su participación en la vida

nacional y en la adopción de decisiones que los afecten.



Para este efecto, se impulsarán: la diversificación cultural e institucional, a nivel

nacional, regional y local; los desarrollos legales referidos a sus derechos; el

reconocimiento a sus sistemas de control y regulación social propios, que incluyan

el establecimiento de las formas de coordinación de la jurisdicción especial

indígena con el sistema judicial nacional; el apoyo a sus propios sistemas

sociales, culturales y económicos; la conformación de las Entidades Territoriales

Indígenas; la continuación de la legalización de tierras y el saneamiento de los

resguardos indígenas; y la participación y articulación de las comunidades en los

programas económicos y sociales que los afecten, incluyendo el ordenamiento

ambiental nacional.

Para iniciar el proceso de diversificación cultural e institucional, se promoverá la

creación de las instancias necesarias de asuntos étnicos en el Ministerio de

Gobierno, las cuales coordinarán las relaciones sectoriales y territoriales

particulares existentes entre el Estado y estos pueblos.

En los desarrollos legales sobre los derechos de los pueblos indígenas, se

apoyarán iniciativas sobre principales temas sectoriales y territoriales concertados

con dichos pueblos.

Para el apoyo a sus propios sistemas sociales, culturales y económicos, se

definirán programas sectoriales y especiales referidos al fortalecimiento de sus

sistemas de identidad, a la recuperación y fortalecimiento de sus economías

tradicionales, al cuidado de los ecosistemas y el medio ambiente de sus



territorios, y al establecimiento de espacios y sistemas de relación intercultural con

la sociedad nacional, regional y local.

Para avanzar en el proceso de conformación de las Entidades Territoriales

Indígenas, se reglamentará lo concerniente a esta nueva división político-

administrativa, en el marco de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Así

mismo, se formularán el régimen de organización y funcionamiento de dichas

entidades y los mecanismos para el fortalecimiento de su gestión y su articulación

con otras entidades territoriales y niveles de Gobierno y administración, sobre la

base de sus propias formas de Gobierno. En este contexto, se trabajará en

acciones de desarrollo institucional para la mutua capacitación intercultural de las

autoridades y la definición y desarrollo de la diversidad cultural de la gestión

pública.

Para la continuación del proceso de legalización de tierras y saneamiento de

resguardos indígenas, se reglamentará la Ley 160 de 1994, con los propósitos de

concluir las acciones de titulación a las comunidades indígenas sobre sus

territorios, baldíos y tierras del Fondo Nacional Agrario. Además, se continuará

con el saneamiento de los resguardos mediante la adquisición de mejoras

situadas dentro de ellos; y se adquirirán otras tierras para constitución o

reestructuración de los resguardos indígenas.

Para lograr la participación de los pueblos indígenas en los programas

económicos y sociales que los afecten, se fortalecerán mecanismos de protección

y defensa de sus derechos humanos, se consolidarán los espacios legales de



participación existentes y se avanzará en los programas de diversificación cultural

y desarrollo institucional. De igual modo, se estudiarán y aplicarán las tecnologías,

conocimientos de gestión ambiental y de regulación social de desarrollados por

las poblaciones indígenas, y se impulsarán sus iniciativas de preservación,

aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales en sus territorios.

Se sentarán las bases para un mejoramiento en las condiciones de vida de los

pueblos indígenas, en el marco de sus planes integrales de vida; se pondrán en

marcha programas de apoyo a sus propios sistemas de educación y medicina

tradicional, y se diseñarán metodologías para que accedan, mediante proyectos

prioritarios definidos por las propias comunidades, a recursos del Sistema

Nacional de Cofinanciación.

En el marco general de la política de fronteras, se apoyarán programas

binacionales para atender los problemas sociales y económicos de los pueblos y

las comunidades que habitan en zonas fronterizas.

Por otra parte, se atenderá a las comunidades afectadas por la presencia de

cultivos ilícitos, de acuerdo con su diversidad cultural, mediante acciones que

permitan prevenir su siembra y reducirlos progresivamente.

Como instrumento fundamental para el impulso de estas acciones se actualizará y

consolidará la información demográfica sobre los pueblos indígenas. De igual

manera, se adelantará un programa especial de cedulación en las comunidades.



B. Comunidades afrocolombianas y raizales.

Las comunidades afrocolombianas y raizales históricamente han realizado

aportes sustantivos al desarrollo del país a través de su cultura, que se

caracteriza por la riqueza y diversidad, la contribución a la producción nacional y

la protección del medio ambiente. Estos grupos han dado claro ejemplo de

convivencia pacífica, de relaciones armónicas con la naturaleza, de solidaridad

ciudadana y de conocimiento profundo de los recursos naturales, aspectos que El

Salto Social pretende inculcar en el nuevo ciudadano colombiano.

El Gobierno Nacional, en coordinación con las entidades territoriales y con las

comunidades organizadas, pondrá en marcha políticas orientadas al desarrollo

social, conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de los

recursos naturales, y titulación colectiva de tierras. Los beneficiarios de esta

política serán las comunidades de ascendencia afrocolombiana del andén del

Pacífico, San Andrés y Providencia, el Caribe y los valles del Patía y Cauca.

Para su desarrollo social, se promoverá una educación más eficiente y pertinente.

El Ministerio de Educación, con las entidades territoriales y el Gobierno escolar de

los planteles educativos, mejorará la calidad de la educación básica y media de

estas comunidades, incorporando, en los planes de estudios, la capacitación de

los educadores, textos y conocimientos propios de su patrimonio cultural, y

apoyando el diseño y adopción de innovaciones pedagógicas. Para esto, con la

participación del Instituto Colombiano de Antropología, se estimulará la

participación de las comunidades en la elaboración de Proyectos Educativos



Institucionales y se asesorará a las secretarías de educación para su diseño y

puesta en marcha. Se espera, así, aumentar la escolaridad de estas comunidades

y ampliar gradualmente la jornada escolar. A través de la Red de Solidaridad

Social, se otorgarán subsidio a madres jefes de hogar pobres cuyos hijos estén

cursando primaria.

En educación superior, la estrategia operará en el marco del Sistema Universitario

Estatal para racionalizar los recursos humanos y físicos, y facilitar el intercambio

de docentes y la creación de programas académicos y de investigación de alta

calidad. Como complemento, en desarrollo de la Ley 70 de 1993, el Icetex

otorgará créditos subsidiados para estudios de pregrado y postgrado a

estudiantes destacados de ascendencia afrocolombiana, y también se apoyará el

trabajo de la Comisión Pedagógica de Comunidades Negras.

La estrategia de salud se orientará a garantizar la afiliación de la población al

régimen subsidiado. El Ministerio de Salud, con las gobernaciones y alcaldías,

prestará especial apoyo a las comunidades afrocolombianas y raizales para la

organización de los servicios contenidos en los Planes de Atención Básica -PAB-

y Obligatorio de Salud -POS-. Se cofinanciarán las acciones del PAB con énfasis

en la población dispersa y pequeños poblados.

Como parte integral de las condiciones de salud, se dará especial atención al

saneamiento básico de las comunidades a través de acciones articuladas en el

marco del Plan de Agua, el Plan Pacífico y el Plan Cólera, para elevar de manera

significativa las coberturas de acueducto y alcantarillado. El Plan Cólera, que



incluye 23 municipios del litoral pacífico, aumentará las coberturas de agua

potable y alcantarillado al 100% en las localidades de alto riesgo y donde

técnicamente sea factible hacerlo. En San Andrés y Providencia, el Gobierno

Nacional asignará los recursos que sean necesarios para garantizar coberturas

del 100% en acueducto y alcantarillado en 1998, así como una solución adecuada

a la disposición final de residuos.

Para elevar la capacidad de gestión de las instituciones públicas, especialmente

de las administraciones locales y los concejos municipales, se ejecutará durante

el cuatrienio un amplio programa de desarrollo institucional, que incluirá el apoyo

a los pequeños gremios privados como formas organizativas de la sociedad civil.

A través de este programa se ofrecerá asesoría permanente a los Gobiernos

locales en gestión, administración, planificación, gerencia estratégica, formulación

y bancos de proyectos. Su ejecución se hará a través de las oficinas de

planeación departamental, con el apoyo de la Consejería para el Desarrollo

Institucional, las universidades regionales y, en el caso del Pacífico, a través del

Plan Pacífico.

La política ambiental para las comunidades afrocolombianas y raizales está

basada, en primer lugar, en la protección y conservación de la biodiversidad, con

especial atención en los bosques tropicales del Pacífico. A través del Programa de

Protección de Ecosistemas Estratégicos se adelantarán investigaciones para su

identificación, conservación y adecuado manejo, y el Programa de Mares y Costas

Limpios promoverá la protección y uso sostenible de los recursos marinos y

costeros. Estas acciones se adelantarán a través del Ministerio del Ambiente,



Codechocó, CVC, CRC, Corponariño y Coralina, y se fortalecerán las acciones del

Proyecto Biopacífico.

El Gobierno Nacional garantizará la participación real y efectiva de las

comunidades organizadas en la discusión de la política forestal que se ejecutará a

través del Programa Ambiental y de Manejo de Recursos Naturales,

contemplando nuevos esquemas de concesiones y permisos para el

aprovechamiento sostenible de estos recursos. Además, se incorporará el estudio

y fomento del uso múltiple del bosque, con formas de aprovechamiento sostenible

distintas a las madereras. Se promoverá el uso de tecnologías limpias e integrales

en las actividades productivas con el fin de mantener la calidad del ambiente, y se

apoyará el empleo productivo en la perspectiva de recuperar áreas degradadas

por las prácticas forestales, mineras y agrícolas.

Especial atención merecerá la pequeña y mediana minería, para lo cual las

Corporaciones Autónomas, con el apoyo de los Ministerios del Medio Ambiente y

de Minas y Energía, desarrollarán mecanismos de asistencia técnica con el fin de

evitar la contaminación de cuencas y apoyar el uso de maquinaria adecuada.

Por último, el Incora con el apoyo del Igac, el Ministerio de Gobierno y el

Programa Ambiental y de Recursos Naturales, pondrá en marcha un programa

masivo de titulación colectiva de tierras baldías, mediante un trabajo conjunto con

las comunidades. La titulación se complementará con acciones en desarrollo rural

que adelantará el DRI, el Servicio de Asistencia Técnica prestado por las Umata y

recursos de crédito con el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías, que se



orientarán a financiar proyectos de inversión para el desarrollo agrícola y

pesquero de los pequeños productores.

El Gobierno Nacional promoverá, con especial énfasis, la protección de la

identidad cultural y la preservación del ambiente y los recursos naturales del

grupo étnico raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y apoyará los

esfuerzos para no aumentar inadecuadamente la densidad poblacional del

archipiélago, de acuerdo con el Decreto 2762 de 1991. Asimismo, fomentará las

acciones que permitan que la comunidad raizal participe plenamente de la vida

económica y social del departamento y en la toma de decisiones en los planes de

desarrollo de sus respectivas islas, especialmente los relacionados con el uso del

suelo y la preservación de sus tradiciones culturales.

Para garantizar acciones coordinadas y de impacto para las comunidades

afrocolombianas y raizales, se fortalecerá el Plan Pacífico, mediante el aumento

de sus recursos, con lo cual las inversiones de dicho plan llegarán a $110.000

millones en el período 1995_1999. Así mismo, se fortalecerán el Proyecto

Biopacífico y el Programa Ambiental de Manejo de los Recursos Naturales, para

lo cual se crearán instancias de coordinación nacional y regionales. Para la

población raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el

Gobierno Nacional dará solución a los problemas más importantes a través de

apropiaciones presupuestales, que en el cuatrienio llegarán a $130.000 millones,

sin incluir el situado fiscal y las transferencias municipales; estos recursos

equivalen, en términos reales, a más del doble de aquellos apropiados

históricamente a este departamento.



Por medio de la Comisión Consultiva de Alto Nivel y las Consultivas

Departamentales se concertarán proyectos previamente discutidos con las

comunidades. Se fortalecerá la Subdirección de Comunidades Negras del

Ministerio de Gobierno para que sea la instancia gubernamental que promueva la

defensa de los derechos y garantías de las comunidades afrocolombianas y

raizales.

VII. PEQUEÑA PROPIEDAD Y ECONOMIA SOLIDARIA

La pobreza rural y urbana está asociada en forma directa con el precario acceso

de los pobres a los recursos productivos y a los servicios y protección sociales. El

acceso a la cantidad y calidad suficiente de los recursos de producción,

financiación, tecnología, comercialización, información y capacidad técnica y

empresarial, es indispensable para que los pequeños productores participen

activa y productivamente en la sociedad y la economía, puedan cubrir sus

necesidades y sean actores de un desarrollo sostenible. El insuficiente acceso a

los recursos productivos y sociales conduce a una situación redundante de

pobreza y deterioro de la capacidad de producción, con consecuencias perversas

sobre las comunidades y la economía nacional.

El Plan apoyará a los pequeños productores, para hacer viable el acceso a los

recursos productivos y los servicios sociales. Por ello propone el desarrollo de

programas que beneficiarán ampliamente a los microempresarios y campesinos,

tanto hombres como mujeres. Igualmente, apoyará las iniciativas de la economía



solidaria, como reconocimiento a su papel integrador de pequeños propietarios y

productores, a su capacidad de unir voluntades e intereses económicos y

sociales, y a su potencial de participar con criterios equitativos en procesos que

conducen a mejorar la calidad de vida.

A. Plan Nacional para la Microempresa.

Las microempresas ocupan el 26% de los trabajadores asalariados, el 93% de los

trabajadores independientes y el 33% de los patrones; en ellas se concentra el

51% del empleo nacional.

El Plan Nacional para la Microempresa hace parte de las estrategias de apoyo y

desarrollo de los pequeños productores para la democratización de la propiedad,

la generación de empleo productivo, el crecimiento y la consolidación de estas

unidades y el fomento de su competitividad. Los programas para la ejecución de

este Plan incluyen un sistema integral de crédito, programas de servicios

tecnológicos y fortalecimiento de la organización institucional.

1. Finurbano: un Sistema Integral de Crédito.

A través del Finurbano se garantizarán amplias disponibilidades de recursos y el

acceso ágil y oportuno de las microempresas de todas las actividades económicas

urbanas y rurales, exceptuando las actividades de producción agropecuaria, a

recursos de crédito y servicios financieros (tarjeta de crédito, factoring y leasing),

por medio de un esquema centralizado de redescuento al cual tendrá acceso el



sector financiero institucional (bancos, corporaciones financieras, cooperativas

financieras de segundo grado y otras entidades) y otros agentes, como las

cooperativas de ahorro y crédito y las ONG que apoyan al sector

microempresarial.

El IFI contará en Finurbano con recursos de redescuento por $600.000 millones

para la microempresa durante el cuatrienio. Con estos recursos, se otorgarán

cerca de 700.000 créditos y se generarán más de 350.000 nuevos empleos. El

Instituto dispondrá de otros $600.000 millones para crédito a la pequeña y

mediana empresa a través de su programa Propyme. Adicionalmente, se

asignarán $23.894 millones para la recapitalización del Fondo Nacional de

Garantías, de tal forma que éste actúe como garante de segundo piso. Todos los

programas de microempresas que se desarrollen por el Gobierno Central serán

incorporados al Finurbano y se regirán por los parámetros establecidos en éste.

2. Programa Nacional de Servicios Tecnológicos.

Este programa apoyará a las microempresas en el proceso de gestión

administrativa y tecnológica. Consta de los servicios de información empresarial,

formación técnica, Centros de Desarrollo Productivo, comercialización e

información.

El Servicio de Formación Empresarial, con participación del Sena y las ONG,

desarrollará contenidos, métodos y medios de formación gerencial. Su costo

asciende a $79.484 millones, de los cuales el 50% será financiado con recursos



de presupuesto nacional. El SENA ofrecerá capacitación técnica para los

trabajadores de la microempresa, facilitará el acceso a los servicios tecnológicos a

los microempresarios y brindará asesoría técnico-pedagógica a las entidades de

capacitación que hacen parte del Plan Nacional para la Microempresa. Así mismo

el Plan fortalecerá el proceso de organización económica y gremial de los

empresarios de las microempresas.

Con participación de entidades privadas y el SENA, se promoverán 31 Centros de

Desarrollo Productivo y se fortalecerán los nueve Centros existentes, para ampliar

la formación técnica a la nueva mano de obra y a los trabajadores actuales,

brindar asistencia técnica puntual, alquilar maquinaria y brindar orientación en

materias tecnológicas, de diseño de prototipos, desarrollo de productos y auditoría

ambiental, entre otros servicios. Se invertirán recursos por $21.094 millones, el

77% proveniente de aportes del presupuesto nacional. En estos Centros se

podrán atender 28.000 usuarios por año.

Se fortalecerán las comercializadoras existentes y se promoverán 26 agencias

promotoras de comercialización. El costo de este programa asciende a $15.290

millones, el 83% financiado con recursos del presupuesto nacional y el resto con

aportes privados y regionales. Las comercializadoras y las agencias promotoras

podrán atender 48.000 microempresas por año.

Finalmente, se implantará el Sistema de Información Comercial para la

Microempresa y el Sistema de Orientación Tecnológica en todas las capitales de

departamento. Estos dos Servicios de Información atenderán 63.000 usuarios en



los cuatro años. El costo de este programa será de $3.595 millones, 83%

aportado por el presupuesto nacional.

En todos los programas que ofrece el Plan Nacional para la Microempresa se

dará especial énfasis a los tenderos y pequeños comerciantes, los cuales

cumplen una labor importante de intermediación, con un significativo beneficio

para un grupo importante de colombianos.

3. Organización Institucional.

La coordinación general del programa estará a cargo del Ministerio de Desarrollo

Económico. El Gobierno promovió la creación de una Corporación Mixta, que

actuará como instancia de concertación y coordinación del Programa de Servicios

Tecnológicos, será promotora de las acciones a nivel regional e interactuará con

Finurbano. El Estado contratará con la Corporación la ejecución cofinanciada de

los programas de apoyo que hacen parte del Programa de Servicios

Tecnológicos. La Corporación contratará con entidades públicas y privadas el

desarrollo de los proyectos.

B. DESARROLLO RURAL CAMPESINO E INDIGENA

El principal problema que afecta a los campesinos e indígenas colombianos es la

falta de acceso a servicios sociales y a recursos productivos suficientes para

obtener el ingreso que les permita satisfacer sus necesidades y retener

excedentes para ampliar la producción. A pesar del desarrollo alcanzado en



algunas zonas y de los aumentos de producción y productividad que se han

obtenido en diversas actividades productivas, esos logros no se han traducido en

desarrollo del espacio rural y de la población campesina e indígena. Como

consecuencia de lo anterior, los campesinos han visto deterioradas sus

condiciones de vida y se enfrentan a la falta de oportunidades económicas y de

servicios, facilitándose las circunstancias que propician la violencia política y la

delincuencia que impide establecer el clima de convivencia y tolerancia

indispensable para la construcción del progreso de la sociedad colombiana.

En consecuencia, la política de desarrollo rural ofrecerá a los campesinos e

indígenas los medios y condiciones que les permitan ampliar sus oportunidades

económicas y facilitar su acceso a los servicios básicos, para ubicarse en

procesos autosostenidos de cambio social y progreso económico, mediante

programas para dotar a los campesinos de recursos productivos suficientes,

fortalecer su capacidad técnica y empresarial y elevar su nivel de vida.

1. Reforma Agraria.

La política de Reforma Agraria, consignada en la Ley 160 de 1994, pretende

dinamizar el mercado de tierras, transfiriendo la decisión de compra a los

beneficiarios, para lograr una distribución más equitativa y una utilización más

eficiente de este recurso como factor de producción. El Estado otorgará a los

beneficiarios del programa un subsidio del 70% del valor de la tierra y asesorará

su compra; el 30% restante se financiará con créditos de largo plazo



redescontables en Finagro. En los cuatro años del Gobierno se redistribuirán un

millón de hectáreas a 70.000 familias.

Para ello se fomentarán inmobiliarias rurales privadas que ejecuten proyectos de

compra, parcelación y adecuación de tierras con fines de Reforma Agraria, para lo

cual el Incora y Finagro definirán los mecanismos de operación de los créditos, de

modo que, si los beneficiarios son sujetos de reforma agraria, la inmobiliaria

transfiera el subsidio y subrogue la deuda con Finagro.

Como medida para dinamizar el mercado de tierras y eliminar una causa

permanente de conflictos en el medio rural, así como para facilitar el acceso a la

financiación, se ejecutará un programa masivo de titulación de la propiedad rural

con una meta de 5 millones de hectáreas en 178.400 predios, se procederá a la

titulación colectiva de los territorios de comunidades negras y se continuará con la

ampliación y saneamiento de resguardos indígenas.

Para complementar los programas de dotación de tierras, se adjudicarán créditos

de producción garantizados por el Fondo Agropecuario de Garantías. Además, la

Caja Agraria otorgará préstamos para pequeños productores por $600.000

millones durante el cuatrienio, respaldados por el mismo Fondo. Adicionalmente,

destinará $30.000 millones para la financiación de actividades rurales no

agropecuarias, beneficiando a 10.000 familias.

2. Servicios productivos.



Los mecanismos diseñados para lograr la modernización agropecuaria, mediante

la creación de ventajas competitivas en el sector rural, beneficiarán de manera

prioritaria a los pequeños productores. Tales políticas incluyen adecuación de

tierras, desarrollo tecnológico, financiamiento, capitalización, comercialización y

servicios complementarios. Al final del cuatrienio se logrará una cobertura anual

de cerca de 510.000 usuarios de asistencia técnica agropecuaria; 18.500

beneficiarios de proyectos de pesca y agricultura y 12.300 mujeres campesinas

atendidas con proyectos específicos. En riego para pequeños productores, se

habrán adecuado 6.580 hectáreas, adicionales a aquellas que se beneficien del

Plan Nacional de Adecuación de Tierras y del Incentivo a la Capitalización Rural.

3. Servicios sociales.

Los campesinos contarán con acceso creciente a los servicios sociales de

educación, salud, seguridad social, vivienda, agua potable y saneamiento básico

con el fin de elevar sus posibilidades de progreso, integración social y

participación. Los principales instrumentos de esta estrategia son el

fortalecimiento municipal, la consolidación de espacios de participación y el

acceso al Sistema Nacional de Cofinanciación. Para tal efecto se fortalecerá la

participación de los pequeños productores en los Consejos Municipales de

Desarrollo Rural, como la instancia directa de participación de la comunidad, para

que cumplan con los objetivos de coordinar las acciones, racionalizar el uso de los

recursos destinados al desarrollo rural, y priorizar los proyectos que sean objeto

de cofinanciación.



Además de los componentes productivos _asistencia técnica agropecuaria,

pequeña irrigación, apoyo a la comercialización y desarrollo ambiental_ el

Gobierno Nacional, a través del Fondo DRI, destinará $633.870 millones (pesos

de 1994) entre 1995 y 1998 para cofinanciar programas de electrificación y

vivienda rural, acueductos, saneamiento básico y vías veredales.

Por otra parte, la Red de Solidaridad Social contempla subsidios alimentarios para

niños en edad preescolar no atendidos por el ICBF, auxilios para ancianos

indigentes y programas de empleo de emergencia rural. Finalmente, la acción de

la Caja de Compensación Familiar Campesina se orientará a la divulgación de las

políticas nacionales en esta materia y al fortalecimiento de la prestación de sus

servicios para extender el cubrimiento de los programas. Así mismo, ampliará y

adecuará sus servicios de salud y de seguridad social y, complementariamente,

desarrollará programas de salud comunitaria, salud ocupacional, capacitación,

recreación, asesoría, asistencia técnica, planes de vivienda de interés social,

capacitación de la comunidad y proyectos de comercialización de bienes básicos.

4. Programa de Vivienda en Zonas Rurales.

La política de vivienda rural de la Red de Solidaridad Social busca mejorar las

condiciones de habitación de las familias que viven en las zonas rurales, las

cuales presentan los índices de pobreza más altos del país, mediante la

instalación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado o soluciones

alternas de suministro de agua potable, evacuación de residuos líquidos y el

mejoramiento estructural de las viviendas. En menor medida, se asignarán

recursos para vivienda nueva y lotes con servicios. Este programa, que



comprende el otorgamiento de 300.000 subsidios durante el cuatrienio, será

ejecutado por el Fondo DRI y la Caja Agraria, en cofinanciación con los municipios

y las comunidades. (Cuadro 5.7) creado en el texto original.

5. Programa de Desarrollo Alternativo.

Con el fin de eliminar y prevenir el cultivo de productos ilícitos en zonas de

economía campesina e indígenas, el Programa de Desarrollo Alternativo, bajo el

liderazgo de la Presidencia de la República, hará la coordinación interinstitucional

para establecer las condiciones que faciliten a los campesinos e indígenas,

afectados directa o indirectamente por el problema, encontrar opciones lícitas de

generación de ingresos en condiciones económicas competitivas y

ambientalmente sostenibles. Con este fin, el Gobierno Nacional se ha propuesto

la meta de comprometer inversiones por US$300 millones en los próximos cuatro

años, las cuales se cofinanciarían por mitades con aportes de la comunidad

internacional.

6. Colonización.

La política de colonización se basa en la búsqueda de pautas de desarrollo

sostenible, que armonicen las metas de bienestar de la gente con las de

conservación y promoción del medio ambiente y el respeto por los territorios de

los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas y raizales. En este

sentido, en las zonas de frontera agrícola, el Gobierno constituirá Zonas de

Reserva Campesina, en los términos de la Ley 160 de 1994, para consolidar y



estabilizar económicamente a los colonos, a fin de detener el ciclo rutinario de

colonización. También buscará desarrollar opciones de producción que, partiendo

de la base actual de recursos del colono, propicien el cambio gradual de los

sistemas degradantes por sistemas de uso y aprovechamiento ecológica y

económicamente sostenibles.

C. La Producción Artesanal.

La producción artesanal utiliza tecnología tradicional en unidades familiares de

producción, con costos de capital de inversión inferiores a los de cualquier otro

sector. La actividad artesanal constituye para las familias una opción de ingresos

complementaria a las labores domésticas, agropecuarias y asalariadas. Alrededor

del 5% de la población trabajadora nacional está dedicada a la actividad

artesanal, de la cual el 74% es femenina y el 80% está localizada en el sector

rural, donde representa la segunda ocupación laboral después de la agropecuaria.

La producción artesanal representa cerca del 0.4% del PIB.

El gran vacío del sector artesanal colombiano es la falta de organización

empresarial, aspecto que no ha permitido la reducción de costos y el desarrollo de

productos susceptibles de ser comercializados en escala apreciable en mercados

externos. La ausencia de organización empresarial para la comercialización, no

hace posible que el valor generado sea retenido localmente. Además, el

inadecuado uso de los recursos naturales del país y la presión que se está

ejerciendo sobre algunas especies vegetales empleadas en la producción

artesanal, constituyen un factor negativo de importancia en el impacto ambiental



de los ecosistemas donde se asientan los núcleos artesanales. La capacitación,

asistencia técnica y asesoría se dificultan igualmente por la débil organización.

Se incursionará en el fortalecimiento de la organización empresarial de la

producción artesanal, para lo cual se aplicarán metodologías que contemplen la

planeación participativa, con el fin de aunar esfuerzos e inversiones al rededor de

gestiones empresariales integradas que conduzcan a la intervención del productor

artesanal en los diversos momentos del ciclo de producción. Artesanías de

Colombia, mediante convenios con el Sena, alcaldías, gobernaciones y el sector

privado, brindará asistencia técnica para adecuar el producto artesanal a las

tendencias del mercado internacional mediante programas de diseño, materias

primas, calidad, costeo, gestión empresarial y comercialización; fomentará la

creación de centros de desarrollo tecnológico para mejorar los procesos

productivos que faciliten la penetración de mercados nacionales o internacionales

con demandas cualificadas que favorezcan la diferenciación del producto; y

promoverá, en conjunto con el Sistema Nacional Ambiental (SINA), la

recuperación de especies vegetales utilizadas como materia prima que están en

vías de extinción.

Artesanías de Colombia apoyará la creación de la Escuela de Artes y Oficios en la

ciudad de Bogotá, para perfeccionamiento y actualización de los artesanos,

mediante esfuerzo con el sector privado.

Se continuarán impulsando las campañas de divulgación sobre las artesanías, así

como el fomento e intercambio de experiencias de artesanos en el país y en el



exterior, mediante la financiación de estudios técnicos y pasantías. Artesanías de

Colombia creará un sistema permanente de información al artesano y contribuirá

en la consolidación y manejo estadístico de información sobre el sector.

Igualmente, se seguirán realizando las Ferias Internacionales de Expoartesanías.

Artesanías de Colombia, conjuntamente con la Red de Solidaridad Social y el

Fondo DRI, ejecutará programas para la mujer artesana en zonas de conflicto

armado para mejorar sus condiciones de vida.

Además, los artesanos contarán con acceso a todos los programas del Plan

Nacional de la Microempresa y, en cuanto a las características propias de

tecnología y comercialización, se contará con contenidos particulares. Artesanías

de Colombia impulsará los proyectos especiales en infraestructura de servicios

técnicos y comerciales, organización gerencial y productiva. Las acciones

contempladas podrán ser ejecutadas con la participación del sector privado, a

través de las ONG. De esta manera, el apoyo al desarrollo integral del sector

artesanal, permitirá mantener las raíces ancestrales, precolombina y colonial, así

como resaltar la diversidad étnica y cultural de las distintas regiones del país.

D. Pequeña Minería.

La pequeña y mediana minería genera más de 50.000 empleos directos,

contribuye al abastecimiento de los mercados locales y provee gran parte de las

necesidades industriales en materia de carbón, materiales de construcción, oro y

esmeraldas. A pesar de su importancia, su desarrollo es antitécnico, de alto



deterioro ambiental, grandes problemas sociales, serios problemas de orden

público y escaso control y apoyo por parte del Estado.

Para atender esta situación y lograr el adecuado desarrollo de esta actividad, se

promoverá la legalización y conformación de organizaciones solidarias para la

pequeña minería. A través de éstas se emprenderán programas de reconversión

tecnológica, titularización de explotaciones, seguridad, higiene y salvamento

minero, manejo y conservación del medio ambiente, divulgación y capacitación

tecnológica y ambiental. Especial énfasis tendrá el desarrollo de actividades que

agreguen valor a los recursos mineros, tales como la joyería del oro y el tallado de

esmeraldas.

La gestión ambiental se dirigirá a disminuir los impactos ambientales actuales de

la minería localizada en las áreas más críticas y especialmente en explotaciones

de minerales como el oro, carbón, calizas y piedras preciosas. Con la

participación del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Medio Ambiente y

las entidades del Sistema Nacional Ambiental _SINA_, se formulará un

diagnóstico ambiental y un plan de ordenamiento de la actividad minera, que

tendrá en cuenta las condiciones y alternativas socioeconómicas de la población

comprometida.

Así mismo, el Ministerio del Medio Ambiente, conjuntamente con el Ministerio de

Minas y Energía y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca,

adelantará los estudios necesarios para identificar áreas compatibles con la



actividad minera en la Sabana de Bogotá y para formular su Plan de

Ordenamiento Minero.

La realización de estos programas demandará recursos superiores a los $20.000

millones durante el cuatrienio, los cuales se ejecutarán a través del Ministerio de

Minas y Energía, Ecocarbón, Mineralco y las entidades del SINA. Estos recursos

se complementarán con las líneas de crédito que el fondo de metales preciosos

ofrece para el oro y el platino y, la FEN y el IFI para la pequeña y mediana minería

del carbón.

E. Sector Solidario.

El sector solidario es una opción estratégica especialmente para los grupos

sociales que no han tenido acceso a los recursos productivos y a quienes es

necesario incorporar a los procesos de democratización de la propiedad y

redistribución de la riqueza. En dicho sector se combinan la eficiencia y eficacia

de la empresa privada con el interés social. Tal opción facilitará las diversas

expresiones de participación ciudadana y comunitaria; dinamizará la articulación

del sector privado para el logro de los objetivos de política social y permitirá hacer

más eficiente el gasto social.

El sector solidario se integrará a la ejecución de los programas prioritarios de

política social, económica y de desarrollo ambiental. Para ello las organizaciones

del sector tendrán acceso a proyectos de cofinanciación de vivienda y desarrollo

rural, podrán ser intermediarias de crédito para las microempresas y desarrollar



proyectos de capacitación para microempresarios; participarán en la formación de

empresas para actividades de mantenimiento vial y podrán ser contratadas para

la ejecución de proyectos sociales.

Las políticas para el sector solidario buscan, en primer lugar, un reordenamiento

institucional que incluya al Departamento Administrativo Nacional de

Cooperativas, Dancoop, y que responda a la integralidad y ni necesidades del

sector, mejorando al mismo tiempo las acciones de control y vigilancia. En este

proceso se contará con el concepto de los diversos sectores interesados.

En segundo lugar, se fomentarán las empresas asociativas, como expresión de la

democratización de la pequeña propiedad, con el propósito de fortalecer la

participación de nuevos actores en los mercados, en condiciones competitivas.

Finalmente, y para contribuir a mejorar sus condiciones de incorporación al

mercado y al Plan Nacional de Desarrollo, se establecerá el Programa de

Desarrollo Empresarial Participativo, con el cual se promocionará la articulación

de pequeños productores en empresas asociativas y el acceso de éstas a los

diversos momentos del ciclo productivo. La integración, sobre todo en el nivel

local, permitirá que se rompan los efectos perversos de procesos de transferencia

permanente de valor a otras áreas de la economía, sin beneficio alguno para el

pequeño productor.



Con el apoyo al sector solidario se facilitarán los procesos de consolidación de la

sociedad civil y se construirán estrategias alternativas para enfrentar el mercado,

elevar la calidad de vida de amplios sectores de la población y propiciar manejos

comunitarios de desarrollo sostenido.

VIII. JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

La Constitución Política le señala al Estado la responsabilidad de garantizar,

además de la prosperidad general, el ejercicio pleno de los derechos y deberes, la

participación ciudadana, la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. El

desafío consiste en la ejecución de una política que facilite el desarrollo del nuevo

ciudadano, colocándolo en pie de igualdad, independientemente de su sexo, raza

o sector social, frente a las instituciones, instancias y procesos básicos para el

funcionamiento del país.

La modernización de la justicia y la vigencia plena de los derechos son, para el

Gobierno Nacional, los fundamentos mismos de la construcción de una paz

verdadera y duradera.

La justicia y la seguridad, por su calidad de bienes colectivos esenciales, son

responsabilidad directa y exclusiva del Estado. Por esa razón, el Plan de Justicia y

Seguridad Ciudadana será dinamizado armónicamente por las tres ramas del

poder público a fin de garantizar la efectividad del sistema de derechos y

libertades, y ofrecer las condiciones para obtener, al menor costo posible, una

pronta y cumplida justicia. En breve, el fortalecimiento de la Rama Judicial, la



vigencia plena de los derechos humanos, la participación y la seguridad

ciudadana concretan la política del Estado para el desarrollo de la ciudadanía.

A. Justicia para Todos.

El sistema judicial se ha distanciado de las realidades del país;

consecuentemente, ha perdido capacidad para tutelar en forma eficaz el

cumplimiento de las obligaciones formales en la sociedad. Esta situación es causa

de múltiples perturbaciones, incluyendo la prolongación de los conflictos y la

postergación de su solución, así como la pérdida de adhesión a las normas y

procedimientos y, en ocasiones, la indiferencia e insolidaridad de la ciudadanía

con la administración de justicia.

Como consecuencia, se incrementan los hechos punibles, las conductas violentas

y la impunidad con todas sus secuelas. Igualmente origina, por la inseguridad en

el cumplimiento de las obligaciones, un incremento importante en los costos de la

actividad económica por los requerimientos adicionales de información y garantías

de cumplimiento.

De la autonomía de la Rama Judicial del Poder Público surgen las estrategias y

programas para remover los obstáculos que enfrenta la Justicia, tales como la

lentitud, la congestión y la necesidad de ajustar la normatividad sustantiva y

procedimental a las relaciones del nuevo contexto del desarrollo y la ciudadanía.



La Administración de Justicia será más dinámica y eficiente de modo que, a

mediano plazo, esté en capacidad de resolver, sin recursos ni procedimientos

extraordinarios, y dentro de los términos legales establecidos, los procesos que le

sean encomendados. Para alcanzar este objetivo, es necesario concentrar la

acción del Estado en el apoyo técnico y humano al Sistema Judicial, la ampliación

del acceso a los servicios judiciales, la prevención del delito, la atención de las

víctimas y el desarrollo de una política carcelaria humanista y eficaz. (Cuadro 5.8)

creado en el texto original.

1. Apoyo Técnico y Humano al Sistema Judicial.

Se creará una estructura gerencial que le permita a la Rama Judicial incrementar

la efectividad del sistema mediante instrumentos técnicos de organización,

planeación, control y evaluación de gestión, manejo de información y

racionalización de archivos. En forma complementaria, se desarrollará la

tecnología judicial para el cumplimiento de diferentes labores, particularmente en

los servicios auxiliares de apoyo. Igualmente, se hará énfasis en la formación y

profesionalización del recurso humano a todo nivel.

Para tal efecto, se desarrollará la capacidad para convertir las políticas y objetivos

en metas alcanzables; se identificarán, evaluarán y, si es del caso, redistribuirán

los recursos que actualmente se asignan para la administración de justicia; se

facilitará la organización tendiente a agilizar la operación de los despachos

judiciales en el país mediante la provisión de los recursos humanos, físicos y



tecnológicos requeridos; y se conformará un procedimiento para el seguimiento y

evaluación de la gestión del sistema judicial.

2. Acceso a los Servicios Judiciales, Administración de Justicia y Derecho.

El Estado facilitará el acceso a la vía judicial y promoverá diferentes alternativas

para el tratamiento de los conflictos. Instituciones populares como la participación

ciudadana, o individuales como las acciones de cumplimiento, son vías

complementarias para la protección de los derechos, las cuales se fortalecerán

mediante un sistema de orientación a los ciudadanos, tanto hombres como

mujeres, sobre el conocimiento y ejercicio de sus derechos. Un mayor acceso

también implica reducir el excesivo distanciamiento entre las normas legales y lo

cotidiano, atenuar el ritualismo y la casuística e introducir un sistema referencial

que haga fácil consultar las normas y la jurisprudencia.

Un mayor acceso a la justicia conlleva plantear una concepción de la justicia

acorde con los nuevos órdenes jurídico, político, social y económico; e incorporar

al sistema aquellas instancias alternativas a la vía judicial que la Constitución

señala para administrar justicia en forma plena o restringida: las autoridades

indígenas y administrativas, los jueces de paz, y los notarios, entre otros.

3. Prevención del Delito y Atención a las Víctimas.



La prevención del delito constituirá el eje de la política criminal, haciendo énfasis

en la investigación de las causas del delito, sus soluciones, la atención de los

menores infractores y la resocialización del delincuente.

Se diseñarán y desarrollarán estrategias que ofrezcan a las víctimas de acciones

delictivas formas ágiles para atender la emergencia que se produce como

consecuencia de la lesión sufrida en cuanto a asistencia médica, legal y

sicológica. Se dispondrá de asistencia legal por parte de la Defensoría del Pueblo

de modo que, sin que se pierdan elementos indispensables para la investigación,

no se agrave la situación de la víctima. Especial atención tendrán los casos en los

que resulten víctimas los menores de edad.

Este programa permitirá disminuir la impunidad, el atraso judicial y desarrollar una

acción enérgica, amplia y coordinada para la investigación del delito; profundizar

la investigación socio-jurídica con particular énfasis en los fenómenos

relacionados con el delito; y prevenir y disuadir las conductas punibles en razón al

riesgo creciente de identificación, detención y procesamiento de los autores,

mediante la formulación de una política criminal.

4. Detención, Cumplimiento de Pena y Rehabilitación.

El objetivo de la política carcelaria y penitenciaria será la prevención del delito a

través de la rehabilitación y resocialización del individuo que ha delinquido. Para

ello se diseñará y pondrá en marcha el Sistema de Tratamiento Progresivo y se



desarrollarán, en cooperación con el sector privado, modos alternativos de

reinserción de los reclusos a la sociedad. Para atender el hacinamiento y

sobrecupo de cárceles y penitenciarías, se actualizará el censo carcelario, se

redistribuirá la población reclusa y se acelerará la decisión judicial sobre la

situación de los sindicados. Finalmente, se adelantará un programa de

construcción y remodelación de centros de reclusión.

5. Evaluación y Seguimiento.

El Gobierno Nacional asegurará el crecimiento real de los recursos asignados a la

Rama Judicial para el cumplimiento de los programas enunciados en este Plan.

Por su parte, es necesario que la Administración de Justicia disponga de

mecanismos para desarrollarse y diagnosticarse, escuche los reclamos del

ciudadano e informe a todo el país los resultados de su gestión.

B. Derechos Humanos.

Los derechos humanos conforman una integralidad que comprende ámbitos

políticos, económicos, sociales y culturales. Uno de los aspectos relevantes del

desarrollo nacional es la reducción de los altos niveles de violencia. La violencia

no es compatible con una visión del desarrollo que centra su atención en la

promoción de las posibilidades culturales y productivas del ser humano en el seno

de una sociedad de solidaridad y convivencia.



La gravedad de la violencia política no radica en su peso cuantitativo sino en el

nocivo mensaje que difunde sobre la supuesta legitimidad de la violencia para

imponer valores o intereses propios. La violencia guerrillera, en particular, causa

graves daños a la infraestructura productiva nacional, desestimula la inversión en

el agro e incauta cuantiosos recursos a través del secuestro y la extorsión, para

convertirlos en medios de guerra contra el Estado. Cuando se ejerce por fuera de

la ley, la actividad de los agentes y servidores públicos disminuye la legitimidad

del Estado y le acarrea al país efectos adversos, económicos y políticos, en los

escenarios internacionales.

Para superar la situación de violencia política y la violación de los derechos

humanos, el Gobierno pondrá en práctica una política que permitirá avanzar en la

regularización del conflicto armado interior mediante la aplicación de las normas

del derecho internacional humanitario; en la superación de la impunidad en las

violaciones contra los derechos fundamentales; en la erradicación del

paramilitarismo; en la atención a los desplazados por la violencia política; en la

educación en derechos humanos a la población en general y a la fuerza pública

en particular; en la promoción de una actitud ciudadana de respeto por los

mencionados derechos; y en el establecimiento de relaciones constructivas con

los organismos nacionales e internacionales que trabajan sobre el tema.

El Gobierno Nacional se propone, en consecuencia, desarrollar instrumentos

legales y programas de protección y promoción. El desarrollo de esta política se

basará en un seguimiento sistemático de la evolución de la situación de derechos

humanos en el país. Se procurará avanzar en la aplicación de la Carta de



Derechos contenida en la Constitución Política y se procurará completar el

proceso de incorporación al ordenamiento jurídico colombiano de las

disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho

humanitario.

En materia de protección a las violaciones de los derechos humanos, se creará a

nivel nacional una red informática de transmisión de datos entre entidades con

competencia para la investigación y control de dichas violaciones, que permita

una eficaz atención y trámite de quejas. Esta red facilitará el diagnóstico y el

análisis de la situación, a partir de la consolidación de información estadística.

Se procurará dar agilidad a los procesos judiciales y disciplinarios relacionados

con hechos especialmente atroces de violación de derechos humanos, mediante

propuestas legislativas y de reforma institucional, y se atenderá con diligencia la

marcha de los procesos que se ventilan ante los organismos

intergubernamentales con jurisdicción sobre Colombia, buscando que el

desarrollo de los mismos tenga un impacto interno en la lucha contra la

impunidad. Se identificarán y enfrentarán con políticas específicas las dinámicas

especialmente graves de violación de los derechos fundamentales que

correspondan a patrones sistemáticos de agresión, a nivel nacional o regional,

particularmente contra las mujeres y niños desplazados por la violencia.

Por otra parte, se adoptarán o fortalecerán programas y medidas institucionales

para la protección de testigos en procesos de violación de los derechos humanos

y de personas en situación de riesgo o amenazadas en su vida o integridad



personal por causas ideológicas o políticas. Se impulsarán programas para la

centralización de información sobre personas desaparecidas y cadáveres NN, y

se adelantarán acciones sistemáticas de búsqueda de desaparecidos por móviles

políticos. Se impulsará la consolidación de instituciones locales de protección

como las Personerías Municipales, las Oficinas Locales Permanentes y los

Comités Municipales de Derechos Humanos; se fortalecerán las instancias de

control interno en los organismos de seguridad del Estado y se crearán Oficinas

de Derechos Humanos en todas las guarniciones militares y de policía; y se

apoyarán las labores del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia para

la recepción de información sobre detenciones y capturas, visita a los centros de

detención y constatación de las violaciones al derecho internacional humanitario.

Se dará especial atención a los procesos de concertación y movilización social

para el desmantelamiento de panoramas regionales y sociales específicos de

violencia y violación de los derechos humanos.

El desplazamiento forzado por razones asociadas con la violencia, en particular la

de carácter político, deja múltiples y complejas consecuencias sociales, culturales,

económicas y sicológicas en la población afectada. La población desplazada y

víctima de la violencia, caracterizada por su estado de indefensión, aislamiento y

marginalidad social demanda, en el marco de una política de paz y rehabilitación,

una acertada combinación de estrategias integrales de asistencia, prevención y

protección. Para tal fin se diseñará, dentro de los mecanismos de desarrollo social

y productivo contemplados en el presente Plan, un programa nacional de

protección y asistencia integral que comprenda la prevención del desplazamiento,

la atención humanitaria de emergencia a las poblaciones desplazadas, estrategias



para la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas y la generación de

empleo. En aquellos casos en donde el retorno de la población desplazada sea

imposible, se diseñarán alternativas de reubicación y reinserción social y laboral

en otras zonas agrarias o urbanas. Este programa tendrá como criterio la

participación de la comunidad, el tratamiento descentralizado, la perspectiva de

género y generacional y la coordinación del trabajo de planeación y ejecución

entre el Estado, las ONG y los organismos internacionales.

En el compromiso por garantizar el bienestar general de la población más

vulnerable, el Gobierno emprenderá acciones y programas orientados a proteger

a los menores trabajadores y maltratados. Se otorgará prioridad a la lucha por la

vigencia de los derechos de los niños y las niñas y la inversión en el desarrollo de

la niñez.

En materia de promoción y difusión, el Gobierno promoverá a todo nivel la

formación y movilización de los colombianos en torno a una ética para la vida, la

convivencia y el respeto de los derechos humanos. Se diseñará y promoverá la

aplicación de modelos de escuela, currículo y proyectos pedagógicos

complementarios orientados a realizar tales propósitos. Se fortalecerá la

educación de los miembros de la fuerza pública en relación con los derechos

humanos y con el derecho internacional humanitario. Se desarrollarán programas

de pedagogía no formal sobre esos temas a través de instrumentos de

comunicación masiva y, en zonas de conflicto político y social, a través de

esquemas educativos, descentralizados y participativos, dirigidos a las

autoridades locales y a las comunidades.



Los programas a que se ha hecho referencia se desarrollarán a través de diversas

entidades estatales, coordinadas por la Consejería Presidencial para los Derechos

Humanos.

C. Seguridad Ciudadana.

El Plan de Seguridad Ciudadana compromete la concurrencia de la ciudadanía y

las autoridades nacionales, departamentales y municipales en el trámite pacífico

de los conflictos, en las acciones preventivas para combatir el delito, y en la

protección, promoción y defensa de los derechos humanos.

El homicidio afecta fundamentalmente a la juventud y esto erosiona la esperanza

del país para lograr un futuro mejor. Por lo demás, la enorme incertidumbre social

sobre los derechos, los bienes y las personas se manifiesta en el deterioro

colectivo de la calidad de vida. El Plan para la Seguridad Ciudadana reconoce que

existen múltiples estrategias a través de las cuales puede actuar el Estado para

combatir la inseguridad. En este aparte se desarrolla lo pertinente a la Policía

Nacional.

La modernización de la Policía Nacional, a partir de la Ley 62 de 1993, está

dirigida a disminuir los índices de delitos y a armonizar las relaciones entre ésta y

la sociedad. Esta reforma formaliza su carácter civil, introduce estrictos

mecanismos de control a través del Comisionado Nacional para la Policía y busca

proveer un servicio transparente, eficaz y efectivo.



La Policía, en el marco de su modernización, desarrollará programas para

acercarse a la comunidad, fortalecerse institucionalmente y profesionalizar a sus

miembros. De forma complementaria, desarrollará un programa de bienestar de

sus miembros en torno a la salud, vivienda y educación.

1. Acercamiento a la Comunidad.

El acercamiento a la comunidad tendrá como fin reestablecer la confianza

ciudadana principalmente sobre la integridad física, el patrimonio y la convivencia

pacífica. De forma complementaria, se establecerán mecanismos de participación

activa de la ciudadanía, los cuales incluyen, entre otros, veedurías y los servicios

prestados por los auxiliares bachilleres.

El Sistema de Participación Ciudadana y la Red Nacional de Quejas tienen como

meta incorporar a la comunidad a una cultura de solidaridad basada en la

educación y la prevención. Este proceso requiere del asocio decisivo de la

ciudadanía y de las autoridades departamentales y municipales para maximizar

los esfuerzos que garanticen la seguridad de todos.

2. Fortalecimiento Institucional de la Policía Nacional.

La función policial estará encaminada a disminuir la delincuencia común, los

delitos económicos y el contrabando. Así mismo, en un marco internacional, se



continuará la lucha contra el narcotráfico, se desarrollará la vigilancia ambiental y

se hará énfasis en la prevención de los delitos contra los derechos humanos.

Para cumplir estos objetivos se consolidará la modernización de la Policía,

aumentando su cobertura y capacidad de respuesta con el fin de hacer accesibles

los servicios de vigilancia a todos los ciudadanos. La Policía incrementará en

20.000 el número de efectivos profesionales, así como el cubrimiento de las

estaciones para las zonas rurales y urbanas; así mismo, aumentará la inversión

en transporte y comunicaciones.

Las nuevas áreas de acción policial y la modernización de la entidad requieren de

la actualización de la Policía. Con este fin, se brindará formación y capacitación

por áreas específicas de la organización. El plan de capacitación y los programas

de estudio de la entidad incluirán, entre otros, el análisis de los espacios,

procesos y mecanismos de participación, los derechos humanos y los asuntos

ambientales.

De forma complementaria, se introducirán indicadores de gestión y resultados

para las diferentes especialidades con el fin de aumentar su efectividad. Las

acciones de cambio institucional estarán dirigidas a fortalecer la planeación, el

control interno, la administración financiera, la desconcentración regional, y a

darle eficacia y celeridad a los procesos operativos y administrativos.

3. Profesionalización.



El Gobierno Nacional impulsará el desarrollo de la estructura interna de la Policía

Nacional conforme a lo dispuesto en la Ley 62 de 1993. Para ello, adelantará las

gestiones necesarias para poner a tono los Estatutos de Carrera y Disciplinarios,

de forma que aseguren la profesionalización y la promoción del personal. Este

proceso requiere del diseño de indicadores de gestión y resultados, que incluyan

la evaluación del desempeño individual respecto a las metas de la institución, lo

cual significa una tecnificación en el proceso de selección y ascenso.

4. Bienestar y Seguridad Social.

El programa para mejorar el bienestar del personal de la Policía estará dirigido

principalmente a la vivienda propia y fiscal. Los servicios de salud se presentarán

a través de los organismos de salud para la Fuerza Pública, y los de educación y

recreación por medio del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la

Policía.

CAPITULO 6

COMPETITIVIDAD PARA LA INTERNACIONALIZACION

El proceso de apertura ha hecho evidente las fortalezas y debilidades de la

estructura productiva colombiana. Para superar estas últimas y consolidar dicho

proceso, el Gobierno pondrá en marcha una ambiciosa estrategia de

competitividad para la internacionalización, que sea el producto de un esfuerzo



concertado entre los sectores público y privado, orientado a diseñar estrategias

tecnológicas, productivas, comerciales y de infraestructura conjuntas, que

permitan aumentar y utilizar eficientemente los recursos productivos y generar

ventajas comparativas sostenibles. Esta estrategia deberá dinamizar la

generación y calificación de puestos de trabajo, contribuyendo decisivamente al

objetivo central del Plan de Desarrollo de mejorar las condiciones de empleo de la

mayoría de la población.

Esta estrategia concibe la competitividad en forma amplia, como la capacidad de

una sociedad para hacer frente al desafío de la economía global y, al tiempo,

incrementar sus niveles de bienestar. Esta concepción se expresa en cuatro

criterios generales. En primer lugar, reconoce que, en el mundo moderno, las

ventajas competitivas, especialmente aquellas que más contribuyen a dinamizar

las exportaciones agroindustriales, manufactureras y de servicios, son en gran

medida creadas. Es decir, no surgen en mayor medida de la disponibilidad de

recursos naturales o de mano de obra no calificada, sino de factores que son el

resultado del propio proceso de desarrollo y pueden ser, por lo tanto, moldeados

por agentes públicos y privados.

En segundo término, esta visión reconoce que el esfuerzo por crear una

economía más competitiva debe abocarse en forma integral. En efecto, la

competividad no es sólo el producto de las acciones que lleva a cabo cada

empresa a nivel individual; es también el resultado del entorno sectorial y global

en el cual se desenvuelve. Las ventajas competitivas dependen de la capacidad

de captar, adaptar y generar tecnología; mejorar constantemente el capital



humano; de diseñar estructuras y estrategias empresariales dinámicas; de

explotar las complementariedades entre empresas que hacen parte de cadenas

productivas, y entre dichas empresas y aquellas que les prestan servicios; de

desarrollar una infraestructura eficiente; y de diseñar un contexto regulatorio

apropiado para las acciones de las empresas.

En tercer lugar, esta concepción indica que los esfuerzos por promover la

competencia en los mercados de bienes y servicios y superar las restricciones a la

libre movilidad de factores productivos deben estar complementadas con políticas

sectoriales activas, orientadas a superar los obstáculos que los agentes privados

encuentran en cada sector para lograr mayores niveles de productividad. La

construcción de ventajas competitivas estables no es, así, un resultado

automático de la política comercial y de la liberación de los mercados internos;

requiere también de acciones sectoriales orientadas a facilitar a los distintos

sectores su integración al nuevo modelo de desarrollo. Estas acciones deben

reflejarse en planes estratégicos orientados a superar restricciones institucionales

o regulatorias que afecten la actividad sectorial; a redefinir el alcance de políticas

crediticias o de fomento de las exportaciones en función de objetivos sectoriales;

a diseñar estrategias de reconversión productiva; a generar procesos dinámicos

de transferencia tecnológica e innovación; y a generar procesos de integración de

cadenas productivas e intersectoriales que eleven los niveles de productividad de

los distintos sectores involucrados.

Por último, esta visión exige un esfuerzo especial por conjugar acciones públicas

y privadas y, por ende, debe ser el resultado de una activa concertación, tanto a



nivel nacional como regional. Este es el único medio para acopiar la información

necesaria para la toma de decisiones y para definir los objetivos, las estrategias y

los compromisos precisos entre los actores públicos y privados que se traducen

en acuerdos para mejorar la competitividad.

Esta concepción tiene en cuenta las lecciones de aquellos países que han logrado

insertarse con éxito en la economía global. Su expresión más clara han sido los

Consejos de Productividad de los países asiáticos de rápido desarrollo, donde la

planeación sectorial conjunta entre los sectores público y privado, especialmente

de las ramas industriales, ha sido un elemento esencial de sus exitosos procesos

de inserción a la economía internacional. En Colombia este esquema de trabajo

entre sector público y privado buscará ser la norma para el trabajo en todos los

sectores de la economía.

Estas concepciones son la base de la estrategia de competitividad que

garantizará el tránsito de la apertura a una verdadera internacionalización de la

economía colombiana. Esta política será coordinada por el Consejo Nacional de

Competitividad y tiene cinco programas especiales: la Política Nacional de Ciencia

y Tecnología, el Plan Estratégico Exportador, la Política de Modernización

Agropecuaria y Rural, la Política de Modernización Industrial y la Estrategia de

Infraestructura para la Competitividad. El desarrollo del capital humano permea

también varios elementos de esta política; sin embargo, sus elementos

fundamentales se desarrollan en los Capítulos 5 y 8 del Plan.

I. EL CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD



El Consejo Nacional de Competitividad es el instrumento institucional que

orientará esta estrategia. El Consejo está presidido por el Presidente de la

República y tiene una amplia participación del alto Gobierno y los sectores

empresarial, laboral y académico. La Coordinación Ejecutiva la ejerce la

Consejería Económica y de Competitividad de la Presidencia de la República y la

Secretaría Técnica está a cargo de la Unidad de Desarrollo Empresarial del

Departamento Nacional de Planeación con el apoyo del Consejo Gremial Nacional

y las Corporaciones Calidad, Coinvertir y Colombia Internacional. El Consejo

desarrollará tres frentes de trabajo.

1. El diagnóstico de la situación del país y la identificación de iniciativas de

particular interés para el desarrollo de una economía más competitiva. Esta tarea

se realizará a través de Comités Asesores en cinco áreas críticas: (a) cultura de la

competitividad, gestión, productividad y calidad; (b) tecnología; (c) formación de

recursos humanos; (d) infraestructura; y (e) desarrollo de un marco institucional,

legal y regulatorio propicio.

2. La promoción de Acuerdos Sectoriales de Competitividad. Estos acuerdos

estratégicos son el instrumento sectorial fundamental de la estrategia de

competitividad. Serán negociados en el marco de los Planes Estratégico

Exportador, de Modernización Agropecuaria y Rural y de Modernización Industrial

con la participación de empresarios, trabajadores y el Gobierno. Contemplarán

acciones conjuntas y compromisos específicos de las partes en una o varias de

las siguientes áreas:



a. Definición de una estrategia de generación y difusión de tecnología para el

sector, que incluya tanto tecnologías duras como procesos organizacionales,

informáticos y comerciales.

b. Formación de recursos humanos especializados.

c. Promoción de las exportaciones del sector, incluido el desarrollo de canales

apropiados de comercialización en los distintos mercados objetivo.

d. Superación de problemas crediticios que pueda enfrentar el sector o de

obstáculos para hacer mejor uso del mercado de capitales, incluido el diseño de

programas crediticios especiales de reconversión y relocalización.

e. Solución de problemas asociados a la integración inadecuada de cadenas

productivas o de éstas con cadenas de comercialización y de provisión de

servicios.

f. Superación de restricciones institucionales o regulatorias que afecten la

actividad sectorial.

g. Solución a problemas específicos de infraestructura.

h. Análisis de problemas de contrabando o competencia desleal que enfrente el

sector.



Este instrumento realza el carácter de socios que tienen los sectores público y

privado en el contexto de la apertura económica. En el marco de estos Acuerdos

se especificará la forma como los sectores productivos harán uso de los

instrumentos generales de carácter transversal que diseñe el Gobierno Nacional,

entre ellos tres que incorporarán un claro componente de apoyo: al desarrollo

tecnológico, la formación de recursos humanos y la promoción de exportaciones.

3. El diseño de una Estrategia Nacional de Competitividad, con un claro objetivo

de largo plazo (Visión 2025), que permita articular el proceso de crecimiento y

articulación de la economía al mercado mundial en el marco del desarrollo

humano y del desarrollo sostenible.

El Consejo Nacional de Competitividad pondrá en marcha instancias regionales a

través de las cuales los sectores productivos de distintas regiones del país

puedan articularse con los programas que a nivel nacional promueva el Consejo.

II. LA POLITICA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Esta política desarrollará y ampliará el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología

con el propósito de integrar firmemente la ciencia y tecnología a los diversos

sectores productivos, comerciales y de servicios, buscando incrementarles su

competitividad y mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población. Esta

política contiene cinco estrategias básicas:

A. Desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional en ciencia y tecnología.



El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, es el instrumento básico de

planeación estratégica, programación y asignación de recursos a través de sus

Consejos Nacionales y Regionales. Para su fortalecimiento se ampliará su

capacidad de asignación de recursos, tanto a nivel global como sectorial. Se

busca, así, romper la fragmentación en la asignación de recursos que caracteriza

el esquema actual y que impide que se orienten hacia las instituciones de mayor

calidad y dinámica. Ello exige un fortalecimiento de las Secretarías Técnicas de

los respectivos Consejos que hacen parte de los Ministerios y de COLCIENCIAS.

Se desarrollará, además, la legislación de ciencia y tecnología, con el fin de

promover las corporaciones mixtas de derecho privado y otros mecanismos de

asociación entre el Gobierno y el sector productivo.

Esta estrategia comprende tres programas adicionales. El primero de ellos es el

de formación de recursos humanos para la investigación y el desarrollo

tecnológico, que involucra la formación de 2.000 investigadores y científicos a

nivel doctorado en las distintas áreas de las ciencias naturales y sociales y las

ingenierías; la creación y consolidación de programas nacionales de doctorado;

becas para pasantías en el exterior; y el fortalecimiento del programa de

estímulos a los investigadores. El segundo programa es el de creación y

consolidación de centros de investigación, que busca crear 25 nuevos centros

académicos y 250 nuevos grupos de investigación en las Universidades;

desarrollar redes de investigación; apoyar la creación de centros regionales;

utilizar crecientemente la modalidad financiamiento por programa, para dar mayor

estabilidad a los equipos de investigadores; y apoyar la creación de fondos de



capital de los centros de investigación ("endowments"). El tercero es el programa

de integración a las redes y programas internacionales de investigación y

desarrollo tecnológico, mediante la financiación de la participación de centros

colombianos en redes internacionales, la ampliación de la cobertura de la Red

Caldas que hace partícipes a científicos colombianos residenciados en el exterior

en la investigación nacional, el apoyo a iniciativas como el programa Bolívar que

busca promover iniciativas de internacionalización del sector productivo teniendo

como eje la innovación y la conexión de los centros de investigación y de

desarrollo tecnológico a INTERNET.

B. Innovación, competitividad y desarrollo tecnológico.

El propósito esencial de esta estrategia es desarrollar "redes de innovación" que

le brinden apoyo a las empresas a través de la investigación, información y

servicios tecnológicos, y promuevan su interacción con Universidades y otras

entidades generadoras de conocimiento, o alianzas estratégicas con empresas

innovadoras.

El sistema descansa sobre el apoyo a las instituciones de desarrollo tecnológico a

través de un sistema integral de financiamiento. El instrumento institucional

fundamental son los Centros de Productividad y Desarrollo Tecnológico, ya sea de

naturaleza sectorial o regional. Se aspira a que dichos centros cubran una o

varias de las tres funciones tecnológicas básicas: investigación, capacitación y

servicios tecnológicos (consultoría en temas tecnológicos, manejo de redes de

información, metrología y certificación de calidad, etc). Cuando sea posible, se

fomentarán los "centros_red", que permiten utilizar capacidades de investigación y



servicios tecnológicos ya existentes. Otros instrumentos importantes son los

Sistemas de Diseño Industrial, las Incubadoras de Empresas, los Centros de

Información Tecnológica, las entidades de intermediación de la oferta y la

demanda de tecnología, y los programas de capacitación y asistencia técnica en

gestión tecnológica.

El apoyo integral a los centros tecnológicos se brindará mediante cinco

instrumentos diferentes: (1) la contribución de capital semilla a corporaciones

mixtas que correspondan a cualquiera de las instituciones tecnológicas

mencionadas, por parte de COLCIENCIAS, los Ministerios y las Universidades y

empresas públicas; (2) el Fondo de Cofinanciación para la Innovación y el Cambio

Técnico, que cofinanciará, a fondo perdido, el 50% de los proyectos de

investigación tecnológica de los Centros de Productividad y Desarrollo

Tecnológico, las Universidades y los centros académicos de investigación que

contrate el sector productivo; (3) los incentivos tributarios de la Ley 6a. de 1992,

que serán revisados con el fin de incrementar su cobertura y agilizar su trámite;

(4) las líneas de crédito para desarrollo tecnológico de COLCIENCIAS, el IFI y

otras entidades; y (5) los convenios que realice el SENA para financiar el

componente de capacitación de las instituciones mencionadas. También se

impulsará el proceso de descentralización de la capacidad de generación y uso de

conocimiento, a través de Programas Regionales de Desarrollo Científico y

Tecnológico que articulen las infraestructuras existentes y respondan a las

necesidades de cada región. Para este propósito se conformarán Centros

Regionales de Capacitación e Investigación Científica y Tecnológica (INNOVAR).

Estos centros deberán articularse con la estrategia educativa, apoyando

fundamentalmente la educación post básica.



Como instrumentos complementarios, se pondrá plenamente en operación el

Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología y se consolidará la

legislación sobre los derechos de propiedad intelectual, asegurando que dicha

legislación no se convierta, a través del mayor costo de la tecnología para las

empresas colombianas, en obstáculo para el progreso científico, tecnológico y

socioeconómico del país.

C. Fortalecimiento de la capacidad para mejorar los servicios sociales y generar

conocimiento sobre la realidad del país.

Esta estrategia contiene dos programas básicos. El primero está orientado a

mejorar la prestación de servicios sociales, tanto por parte del sector público

como del privado, mediante mejores técnicas de diagnóstico de los problemas

existentes, la investigación en métodos de gestión y técnicas de prestación de

servicios, y el estudio de mecanismos de participación ciudadana. El segundo

está dirigido a mejorar la investigación sobre la sociedad colombiana orientada a

dinamizar procesos de cambio social, desarrollar una cultura política participativa

y consolidar una capacidad de convivencia y consenso social.

D. Generación de conocimiento para el desarrollo sostenible.

Esta estrategia involucra dos programas. El primero se orienta a desarrollar y

fortalecer la capacidad científica nacional para el conocimiento de los



ecosistemas, con las siguientes acciones: puesta en marcha de los centros de

investigación adscritos al Ministerio del Medio Ambiente; fomento de la

investigación en éstos y otros institutos de investigación sobre ecosistemas y

biodiversidad; financiación de programas de investigación en ciencias básicas

complementarias, tales como la biotecnología y bioseguridad; impulso al

desarrollo de tecnologías y sistemas de producción sostenibles; recuperación y

aplicación del conocimiento de las comunidades tradicionales; y desarrollo de

normas de propiedad intelectual apropiadas para el sector, que protejan entre

otros aspectos los derechos nacionales y de las comunidades tradicionales

consagrados en la Cumbre de la Tierra de 1992. El segundo es un programa de

estudios ambientales urbanos, orientado a desarrollar patrones de urbanización y

prestación de servicios urbanos sostenibles a largo plazo.

E. Integración de la ciencia y la tecnología a la sociedad y la cultura colombiana.

A través de esta estrategia se busca mejorar los sistemas de enseñanza de las

ciencias básicas; poner en marcha programas de popularización de la ciencia y la

tecnología (museos interactivos y material de divulgación) y de actividades

científicas juveniles; fomentar el uso de la informática con fines educativos y

articular el país a redes de información. Se buscará, así, incorporar firmemente la

ciencia y la tecnología a la cultura y fomentar procesos generalizados de

innovación en el conjunto de la población.

En los primeros años de la década actual, el gasto total en investigación científica

y tecnológica ha oscilado en torno al 0.5% del PIB, de los cuales O.2% del PIB



corresponden a aportes del presupuesto nacional para inversión en ciencia y

tecnología; el resto está constituido por los programas de transferencia de

tecnología, la cooperación técnica internacional, la inversión privada en desarrollo

tecnológico y los costos de funcionamiento del sistema. El Plan propone elevar el

gasto total en ciencia y tecnología al 1% del PIB a finales de la Administración,

para lo cual prevé un aumento en los aportes del presupuesto para inversión al

0.2% del PIB en 1995 y 0.5% en 1998.

III. EL PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

El eje de la política de internacionalización es el desarrollo exportador. Una

apertura sin dinamismo exportador puede justificarse como una medida de

estabilización macroeconómica pero nunca como una estrategia de desarrollo.

Por este motivo, el retorno a tasas mayores de crecimiento exportador es

prioridad básica de la política de internacionalización.

Algunos de los factores que han afectado adversamente la actividad exportadora

en los últimos años (el lento crecimiento de algunos mercados internacionales o el

neoproteccionismo) están por fuera del alcance de la política económica

colombiana. Otros son analizados en secciones diferentes del Plan: la política

cambiaria ha sido considerada en el capítulo relativo a la política macroeconómica

(Capítulo 3); la política de capital humano se desarrolla en los Capítulos 5 y 8 y

aquella relativa a la infraestructura se analiza más adelante en este Capítulo. En

esta sección se detallan las cinco estrategias básicas que hacen parte del Plan

Estratégico Exportador.



A. Acuerdos sectoriales de competitividad.

Los Acuerdos Sectoriales de Competitividad serán el marco institucional para

analizar y concertar conjuntamente, en cada sector, acciones integrales para el

desarrollo exportador. Estos Acuerdos contemplarán el tipo de políticas internas a

las cuales hemos hecho alusión en la sección relativa al Consejo de

Competitividad (programas de desarrollo tecnológico, capacitación de mano de

obra, etc.), así como acciones particulares en el frente exportador: readecuación

de los instrumentos de apoyo a la actividad exportadora, programas de promoción

y comercialización internacional, defensa contra el neoproteccionismo y

superación de cuellos de botella de infraestructura específicos (cuartos fríos,

bodegas especiales), entre otros. En el marco de las estrategias del Consejo de

Competitividad, el Ministerio de Comercio Exterior tendrá a su cargo la

negociación de acuerdos para sectores netamente exportadores productores de

bienes y servicios, con la participación de los Ministerios sectoriales respectivos.

En otros sectores, participará en los acuerdos que promuevan los Ministerios de

Desarrollo Económico y de Agricultura y Desarrollo Rural.

B. Impulso a las negociaciones internacionales.

Los acuerdos comerciales son una herramienta poderosa para garantizar la

permanencia de las exportaciones colombianas en el mercado internacional, ya

que disminuyen el riesgo de la actividad exportadora y permiten avanzar mas

rápidamente en la armonización de gran cantidad de materias que afectan el

comercio internacional (normas técnicas, políticas agrícolas e inestabilidad de



tipos de cambio cruzados, entre otros). Por este motivo, siguiendo claros

principios de reciprocidad y cumpliendo los compromisos adquiridos, el Gobierno

profundizará los acuerdos existentes y adelantará nuevas negociaciones que

permitan ampliar los mercados para las exportaciones colombianas. Estas

negociaciones se llevarán a cabo en estrecha coordinación con el sector privado,

con el fin de evaluar las sensibilidades del país frente a cada acuerdo y diseñar

los mecanismos que permitan a los sectores afectados adaptarse a ellos.

En este marco, se llevarán a cabo las siguientes acciones: (1) se seguirán

adelantando negociaciones con Venezuela para superar la coyuntura adversa que

enfrenta el comercio binacional; (2) se continuarán aquellas orientadas a

consolidar la integración andina; (3) se pondrán en marcha los acuerdos del

Grupo de los Tres y con el CARICOM; (4) se concluirán las negociaciones con

Centro_américa; y (5) se iniciará el proceso de evaluación y análisis de las

negociaciones con MERCOSUR. PROEXPORT, en coordinación con el Ministerio

de Comercio Exterior, pondrá en marcha una campaña para difundir estos

acuerdos, sus ventajas y alcances.

La integración hemisférica es, obviamente, la fase final del dinámico proceso de

acuerdos subregionales que viene experimentando el continente. El Gobierno

apoyará, por lo tanto, un proceso de discusión nacional en torno a la integración

hemisférica, convenida en la Cumbre de las Américas de 1994, y la adhesión al

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.



Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y PROEXPORT fortalecerán la

difusión y utilización de las preferencias otorgadas por los Estados Unidos y la

Unión Europea (ATPA y PEC). El Ministerio de Comercio Exterior, en coordinación

con PROEXPORT y las representaciones diplomáticas de Colombia en la región

de la Cuenca del Pacífico, diseñará y pondrá en marcha una estrategia para

dinamizar los flujos comerciales y financieros con los países de esa zona

económica.

C. La unidad especial contra el Neoproteccionismo.

Muchos sectores de exportación del país vienen experimentando con rigor

creciente los efectos del neoproteccionismo, que se ha reflejado en el

establecimiento de cuotas, derechos antidumping y restricciones técnicas,

sanitarias y ecológicas, muchas de ellas injustificadas. El Ministerio de Comercio

Exterior creará, a partir de recursos humanos ya existentes, una Unidad Especial

contra el Neoproteccionismo, que tendrá las siguientes funciones: (1) generar y

difundir internamente información sobre prácticas restrictivas en mercados

internacionales (incluidos los países vecinos); (2) estudiar las opciones más

adecuadas de defensa de los intereses de los exportadores colombianos

afectados por dichas prácticas; (3) coordinar con la Embajada de Colombia ante

la Organización Multilateral del Comercio y otras embajadas la defensa de dichos

intereses; (4) coordinar con otras entidades (Superintendencia de Industria y

Comercio, ICONTEC, ICA, INPA, y el Ministerio del Medio Ambiente) las

negociaciones orientadas a superar las barreras técnicas, sanitarias y ecológicas;

y (5) cofinanciar la defensa de los exportadores afectados por dichas prácticas,

según criterios definidos por la Junta Directiva de PROEXPORT.



D. Ampliación de los esquemas de fomento a las exportaciones.

1. CERT y devolución de impuestos indirectos (draw back).

El país adquirió en el marco de la Ronda Uruguay del GATT el compromiso de

desmontar los subsidios a la exportación de productos manufacturados, en un

plazo amplio (hasta el año 2003). Aunque el nivel promedio del CERT no excede

por un margen importante el monto justificable como devolución de impuestos

indirectos, en varios sectores los incentivos actuales tienen un componente de

subsidio. El Gobierno analizará, por lo tanto, la conveniencia de iniciar la

aproximación a un sistema de devolución de impuestos indirectos. Los recursos

fiscales que se liberen serán reasignados, en cualquier caso, al sector exportador

para financiar otras labores de fomento. El Gobierno también mantendrá el CERT

como un mecanismo temporal de apoyo a productos en crisis, como se hizo

recientemente en el caso del banano.

2. Crédito.

El Banco de Comercio Exterior, BANCOLDEX, mantendrá la dinámica de sus

líneas tradicionales y seguirá diversificando los productos financieros que ofrece.

En particular, ampliará las líneas de crédito para compradores en el exterior

(crédito directo, fondeo de cartas de crédito y descuento de documentos) y

diseñará nuevas líneas en las siguientes áreas: a) financiamiento de la

participación de la industria nacional de bienes de capital en licitaciones



nacionales e internacionales, en condiciones competitivas con las de los patrones

internacionales, para lo cual se destinará un monto anual de $5.000 millones del

Presupuesto Nacional; b) crédito para la constitución de redes de comercialización

internacional y para la adquisición de las ya existentes; c) financiación de la

exportación de servicios; d) apoyo a inversiones colombianas en el exterior que

tengan efectos sobre las exportaciones colombianas; y e) cofinanciación de obras

de infraestructura con claros efectos sobre la actividad exportadora (adecuación

de puertos de embarque y bodegas en los aeropuertos, redes de frío).

3. Seguro de exportación.

SEGUREXPO consolidará y ampliará sus líneas existentes sobre riesgos

comerciales, políticos y extraordinarios, y hará una amplia difusión de sus

servicios.

4. Promoción.

PROEXPORT consolidará el exitoso modelo de apoyo al mercadeo internacional

a través de las "Unidades de Exportación"; con el fin de dar una solución más

integral a los problemas de los exportadores, éstas harán parte de los Acuerdos

Sectoriales de Competitividad. Para ampliar la cobertura de los servicios que se

prestan a través de los Centros de Atención al Exportador (CAE) únicamente en

Bogotá, PROEXPORT diseñará un sistema similar de servicios en otras ciudades

apoyado en los gremios y las Cámaras de Comercio; a través de este servicio, se

suministrará información sobre aquellos que ofrecen otras entidades, como

BANCOLDEX y SEGUREXPO. Por otra parte, en estrecha colaboración con los



agregados comerciales y con las Embajadas de Colombia, deberá ampliar sus

servicios a los exportadores en materia de información sobre nichos de mercado,

oportunidades comerciales, licitaciones internacionales, preferencias unilaterales y

normas técnicas exigidas en los países de destino. PROEXPORT continuará

cofinanciando, con sus propios recursos, estas labores; el Gobierno Nacional

aportará, a partir de 1996, $14.775 millones anuales del Presupuesto Nacional

para que PROEXPORT pueda apoyar las actividades de promoción y la

ampliación de sus servicios.

5. Información.

El Ministerio de Comercio Exterior, a través de PROEXPORT y de entidades

privadas interesadas, promoverá el desarrollo de redes de información sobre

mercados internacionales, preferencias arancelarias, otros requisitos a la

importación en los mercados de destino y servicios al sector exportador,

incluyendo el acceso a redes internacionales existentes. Adicionalmente se

estudiará la posibilidad de que los Trade Points asuman funciones operativas.

6. Servicios de certificación.

Se incentivará la creación de entidades especializadas en la difusión y

certificación de normas internacionales de calidad o de normas nacionales de

excelencia, incluidas aquellas de carácter ambiental.

7. Zonas Francas.



El Gobierno mantendrá el esquema de las zonas francas privadas establecido por

la Administración anterior. Vigilará el cumplimiento de las normas vigentes, pondrá

en funcionamiento un sistema de información sobre sus operaciones de comercio

exterior y apoyará las tareas de mercadeo y promoción de las zonas en el

exterior. Conjuntamente con la Unidad Administrativa Especial que se encarga del

seguimiento y control eficaz de las zonas, se crearán dos comités, uno para las

Zonas Francas Industriales y de Servicios y otro para las de Servicios Turísticos,

que servirán de foro de discusión de las políticas de funcionamiento, control y

promoción de ellas. El régimen de Zona Franca Comercial se mantendrá

únicamente para los usuarios que tienen contratos vigentes, hasta el vencimiento

de los mismos.

8. Plan Vallejo.

Se harán esfuerzos adicionales para mejorar la operatividad del Plan Vallejo y

para ampliar su cobertura en los pequeños y medianos exportadores y su

aplicación al sector servicios. Para los primeros, se promoverá el llamado "Plan

Vallejo Cooperativo", actualmente en experimentación, mediante el cual los

exportadores pequeños y medianos se asocian para beneficiarse del programa

con menores costos operativos.

9. Comercializadoras internacionales.



Con el propósito de buscar una activa participación de los comerciantes en los

procesos de exportación, se mantendrá la política de agilización, simplificación de

trámites y requisitos para la autorización y registro de las nuevas

comercializadoras, que ha permitido que el número de ellas se quintuplique desde

1991, contando ahora con 102 organizaciones de esta naturaleza.

E. Exportación de servicios.

La inclusión del sector servicios a la política de exportaciones es una de las

prioridades de la Administración. Con este propósito, el Gobierno extenderá

paulatinamente al comercio de servicios los mecanismos de promoción

tradicionalmente aplicados al comercio de bienes se extiendan al de servicios,

revisará los vacíos que tengan las normas vigentes sobre la materia y diseñará

nuevos instrumentos específicos para el sector. En tal sentido, pondrán en

marcha las siguientes acciones: 1 adopción de una nomenclatura y una

metodología que permitan desarrollar un sistema de información adecuado sobre

la exportación de servicios; 2 creación de un registro de exportadores de servicios

y establecimiento de mecanismos de control, para que los exportadores

registrados se puedan beneficiar de una menor retención en la fuente sobre el

reintegro de divisas, que actualmente es de 10%; 3 instrumentación del Plan

Vallejo Servicios, impulso de las Zonas Francas Turísticas y análisis de la

factibilidad de otorgar el CERT para exportadores de servicios debidamente

registrados; 4 fortalecimiento del régimen de Zonas Francas Industriales de

Servicios Tecnológicos, como mecanismo de promoción de las exportaciones de

servicios tecnológicos; 5 adecuación de los instrumentos de crédito de

BANCOLDEX e IFI para apoyar la exportación de servicios; 6 utilización de los

esquemas desarrollados por PROEXPORT o mecanismos específicos para el



sector de servicios, tales como los Fondos de Promoción Turística; 7 difusión de

las oportunidades y ventajas de los acuerdos internacionales en el sector

servicios; y 8 concertación con las organizaciones médicas, de consultores e

ingenieros de mecanismos especiales de fomento a las exportaciones de servicios

profesionales especializados.

En la política de promoción de las exportaciones de servicios se dará prioridad

especial al turismo. En tal sentido, los Ministerios de Comercio Exterior y de

Desarrollo Económico formularán planes específicos para estimular el turismo

receptivo en el marco de un Acuerdo Sectorial de Competitividad del Turismo, que

se concerte con los empresarios del sector. Adicionalmente, con el propósito de

garantizar el marco propicio para el desarrollo del sector, el Gobierno presentará

al Congreso un proyecto de ley marco de la actividad turística.

IV. POLITICA DE MODERNIZACION AGROPECUARIA Y RURAL

No obstante el crecimiento y la tecnificación que ha registrado la producción

agropecuaria en las décadas pasadas, en la sociedad rural colombiana continúan

prevaleciendo el empleo precario, los bajos ingresos, la violencia y la inseguridad.

El Gobierno fortalecerá las políticas y los instrumentos de apoyo económico a la

producción y pondrá en marcha al mismo tiempo una ambiciosa política social

dirigida a generar cambios significativos en las condiciones sociales en las cuales

se desenvuelve la actividad agropecuaria y en el nivel de vida que predomina en

las áreas rurales del país.



En lo político, en buena parte del territorio rural colombiano imperan condiciones

de violencia. En lo social, los indicadores disponibles, referidos a condiciones de

educación, salud, calidad de vivienda e ingresos, muestran que la brecha

rural_urbana es significativa e incluso creciente, con el agravante de que la mitad

de los pobres del país y más de las dos terceras partes de los indigentes se

localizan en las áreas rurales. En lo económico, las características principales de

la actividad agropecuaria son la escasa movilidad de los factores de la

producción, y las imperfecciones en los mercados de dichos factores y de los

productos agropecuarios. No menos importante, el estilo de desarrollo agrícola ha

tenido efectos que degradan la base de recursos naturales y generan tensiones

ambientales que desbordan el ámbito de la producción agropecuaria. A ello se

une el que las actividades agropecuarias se caracterizan por mayores niveles de

riesgo debido a factores meteorológicos, biológicos o de mercado que producen

grandes fluctuaciones de precios e ingresos, no asociados a factores económicos.

Finalmente, como se ha hecho evidente en los últimos años, el sector agrícola y

ganadero es muy sensible a las políticas macroeconómicas, en especial a la

evolución del tipo de cambio.

Las observaciones anteriores se resumen en falta de equidad en la distribución

social de los beneficios y costos del desarrollo, baja competitividad de la

estructura productiva y amenazas a la sostenibilidad a largo plazo de los procesos

de crecimiento y desarrollo del sector agropecuario y pesquero.



En consecuencia, los objetivos de la política agropecuaria y pesquera se

encaminan a hacer frente a la interdependencia de los fenómenos políticos,

sociales y económicos señalados anteriormente, buscando promover condiciones

de equidad social, competitividad económica y sostenibilidad del desarrollo. En

este orden de ideas, la estrategia consiste en promover la modernización de la

sociedad rural y de la actividad agropecuaria y pesquera, bajo un marco de

internacionalización de la economía y de perfeccionamiento de las herramientas

de defensa de la producción nacional frente a mercados internacionales altamente

distorsionados. Para el logro de estos objetivos, el Gobierno promoverá la

concertación con el sector privado (Acuerdos Sectoriales de Competitividad) y un

contexto institucional de descentralización y participación comunitaria para la

ejecución de la política.

Lograr y afianzar la competitividad a mediano y largo plazo de la estructura

agraria constituye un objetivo fundamental de la política sectorial. Con esta

perspectiva, sus estrategias proporcionan las condiciones y los incentivos para, en

primer lugar, desarrollar una estructura económica basada en la producción de

bienes comercializables de alta elasticidad_ingreso de demanda, orientados a

mercados dinámicos y de alto poder adquisitivo y para los cuales el país posea

condiciones naturales favorables; en segundo lugar, proteger las actividades

productivas agrarias en el mercado interno y en el internacional cuando la

producción nacional sea eficiente pero su competitividad se encuentre

amenazada por distorsiones del mercado; y, en tercer lugar, reconvertir en forma

gradual las producciones en las cuales el país no posee ventajas comparativas y

tienen que enfrentar, además, mercados internacionales distorsionados por los

subsidios y el proteccionismo que practican las naciones más industrializadas.



Esa estrategia implica incorporar en los criterios para el desarrollo y aplicación de

los instrumentos de la política los siguientes principios, hasta ahora no usuales en

nuestro medio: 1 la producción debe estar orientada por el mercado, antes que

por la vocación natural del suelo; 2 debe favorecerse la especialización regional

de la producción, con el fin de facilitar el logro de economías de especialización y

de escala; 3 las actividades agropecuarias deben ser concebidas como parte

integral del sistema agroindustrial que conforma sus cadenas de agregación de

valor; 4 debe impulsarse una estructura agroempresarial cada vez más integrada

vertical y horizontalmente, dando prioridad a la integración de los agricultores

hacia adelante en las cadenas de valor, para estar en mejores condiciones de

aumentar la eficiencia y controlar los procesos de mercado.

A. Desarrollo tecnológico agropecuario y pesquero.

El Gobierno ampliará la capacidad de generación, transferencia y adopción de

tecnologías que promuevan la modernización del sector, fortalezcan sus ventajas

competitivas y contribuyan al logro de la sostenibilidad en la producción.

Para lograrlo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural retomará el liderazgo

en el diseño de las políticas de investigación y desarrollo tecnológico del sector.

Para ello se fortalecerá el Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo

Tecnológico Agropecuario y Pesquero, presidido por el Ministro de Agricultura y

Desarrollo Rural, y se ampliarán sustancialmente los recursos presupuestales

destinados a la investigación y difusión de tecnologías en el sector.



Se impulsará el sistema de Centros de Productividad y Desarrollo Tecnológico en

las áreas prioritarias de producción, poscosecha y comercialización, incluidas las

actividades pesqueras y agrícolas. En particular se fortalecerá y consolidará a

CORPOICA, como instrumento fundamental de la política y del sistema nacional

de investigación y desarrollo tecnológico agropecuario. Así mismo, se consolidará

el Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria, SINTAP,

mediante el fortalecimiento de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica

Agropecuaria, UMATAS, y la ejecución del Programa Nacional de Transferencia

de Tecnología Agropecuaria (PRONATTA).

En este marco, el Gobierno impulsará programas de investigación y desarrollo en

tecnologías para la mecanización de sus labores agrícolas y de poscosecha,

especialmente en zonas de ladera, donde se localiza la mayor parte de la

agricultura y los agricultores del país. Dará también especial atención a

actividades promisorias para la reconversión productiva, como la piscicultura y la

acuicultura en general, para lo cual se apoyará la consolidación institucional del

Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA, y se fortalecerá al Centro

Nacional de Investigación en Acuicultura, CENIACUA.

Una condición para mantener la competitividad en el largo plazo es la

sostenibilidad de los procesos de producción. La política agraria fortalecerá la

capacidad nacional para ejercer un manejo sostenible de los recursos disponibles

en el medio rural. Para esto se fortalecerá la capacidad nacional para caracterizar



y evaluar la potencialidad económica de sus recursos naturales y para realizar

una labor permanente de identificación, evaluación y monitoreo, con el fin de

descubrir nuevas oportunidades económicas y prevenir los riesgos de

degradación. Se promoverá el ordenamiento del uso de los recursos sectoriales,

en el marco del proceso más amplio de ordenamiento ambiental del territorio.

Se incentivará igualmente el desarrollo y adopción de prácticas sostenibles

(manejo integrado de plagas, fertilización orgánica, variedades y razas resistentes

a plagas, etc.) y la realización de acciones de protección y recuperación de

recursos. Por último, se propiciará el desarrollo de mercados para productos

agrícolas y pesqueros producidos en forma sostenible, acción que será

complementada por el mejoramiento de la capacidad institucional para el montaje

y operación de esquemas ágiles de certificación y verificación de sanidad y

calidad, según normas internacionales.

Por último, se buscará una mayor integración al sistema internacional de

investigación y desarrollo tecnológico y el apoyo a iniciativas de financiamiento

regional. Colombia consolidará su vinculación al Grupo Consultivo Internacional

de Tecnología Agropecuaria, a través de convenios con el Centro Internacional de

Agricultura Tropical, CIAT, con el fin de multiplicar la capacidad del sistema

nacional de investigación tecnológica e influir en la agenda internacional de

investigaciones agropecuarias.

B. Adecuación de tierras.



Con miras a superar los obstáculos que no han permitido avanzar con la agilidad

y eficiencia requeridas en la educación de tierras del país, se ha redefinido la

acción del Estado en esta materia, facilitando una mayor intervención e ingerencia

del sector privado en los proyectos.

La política de adecuación de tierras se llevará a cabo con la participación activa

de los usuarios desde la identificación del proyecto hasta la administración del

mismo. El sistema de recuperación de las inversiones en los distritos incorporará

un elemento de subsidio en las obras principales y secundarias. Este apoyo será

mayor para los usuarios medianos y pequeños, los cuales podrán contar, además,

con un subsidio para las obras prediales. La ejecución de la inversión estará a

cargo de los organismos públicos y privados que autorice el Consejo Superior de

Adecuación de Tierras, los cuales podrán ejecutar directamente, por concesión,

autoconstrucción o contratando firmas especializadas.

Por otra parte, para fomentar la adecuación predial en proyectos individuales, los

productores contarán con acceso al Incentivo a la Capitalización Rural que

maneja FINAGRO y que otorga subsidios proporcionales al valor de las

inversiones.

Durante el cuatrienio, se espera adecuar unas 200.000 hectáreas, de las cuales

40.000 corresponden a pequeño riego, 110.000 a proyectos de mediana y gran

irrigación y 50.000 a rehabilitación de distritos ya existentes. En pesos de 1994, la

inversión en este programa asciende a 448.175 millones.



C. Capitalización y financiamiento.

Los lineamientos en materia crediticia están orientados a garantizar recursos

suficientes para la financiación de las actividades agropecuarias y pesqueras,

mejorar las condiciones de acceso a financiación para los pequeños productores y

fortalecer el crédito como herramienta para la capitalización del campo. En este

contexto, se diseñarán mecanismos que faciliten y aseguren el acceso de las

pequeñas productoras campesinas al crédito.

La Caja Agraria continuará siendo un instrumento esencial de la política sectorial,

como banco de desarrollo agrícola, industrial y minero, con claros objetivos

sociales, políticos y económicos, orientado al campesino y al pequeño

empresario. La entidad podrá desconcentrar y descentralizar sus servicios y

actividades de banca, seguros, fiducia, telecomunicaciones, inmobiliarios,

procesamiento de datos, sistematización y arrendamiento financiero, que podrán

ser prestados directa o indirectamente. Para lo anterior, la Caja Agraria podrá

crear empresas filiales, de su total propiedad o en asocio con otras empresas

públicas y privadas. El Gobierno Nacional estudiará el mecanismo institucional

apropiado para que la actual Unidad de Seguros pueda, mediante reservas

adecuadas, asumir total o parcialmente los riesgos de sus propias operaciones,

bienes e intereses de la entidad.

De otro lado, el Gobierno garantizará, mediante aportes de capital o el

otorgamiento temporal de capital garantía, el patrimonio técnico mínimo requerido



para el funcionamiento de la Caja Agraria, acorde con las necesidades de

desarrollo del sector. Así mismo, gestionará ante las autoridades competentes la

reducción del encaje de depósitos oficiales hasta nivelarlos con el vigente para los

depósitos privados. Igualmente, analizará la conveniencia de sectorizar los

sistemas de calificación, evaluación y provisión de cartera, para adecuarlos a las

especiales condiciones en las cuales se desarrollan las actividades agropecuarias

en Colombia. Las cantidades de dinero que, de conformidad con las disposiciones

legales vigentes, deben consignarse a órdenes de los despachos de la Rama

Judicial, deberán consignarse, a partir de la privatización del Banco Popular, en la

Sucursal de la Caja Agraria de la localidad del depositante. Por otra parte, el

Gobierno estudiará el mecanismo apropiado para sanear el pasivo pensional

acumulado de la entidad.

La dificultad de acceso al crédito por parte de los pequeños productores ha sido

un problema crónico del sector. El fortalecimiento de la Caja Agraria estará

complementado, por lo tanto, por el diseño de formas alternativas de crédito,

preferencialmente a través del sector solidario. Así mismo, se descentralizará la

operación del Fondo Agropecuario de Garantías y se adoptarán mecanismos para

compensar a la Caja Agraria y demás intermediarios el mayor costo en la

colocación de créditos a pequeños productores.

A través del uso del crédito para financiar proyectos de inversión que contribuyan

a la capitalización y modernización del agro, se otorgará el Incentivo a la

Capitalización Rural, el cual se hará extensivo a los proyectos de pesca y

acuicultura. Para lograr un uso intenso de este instrumento, el Gobierno



adelantará una amplia campaña de divulgación. Este incentivo se usará también

para impulsar la renovación del parque de maquinaria agrícola y promover el uso

de tecnologías de mecanización acordes con la conservación del suelo y las

características de la agricultura tropical.

Con el fin de moderar el efecto de las fluctuaciones cíclicas de la producción

ganadera sobre los ingresos de los productores, se utilizará el crédito como un

instrumento para regular la inversión y la extracción en esta actividad. Mediante la

adaptación de las condiciones financieras (plazo y forma de amortización), se

estimulará a los ganaderos a utilizar el crédito para reducir la extracción cuando

los precios tiendan a disminuir, y a reducir su endeudamiento cuando los precios

estén aumentando.

D. Comercialización y agroindustria.

El sector agropecuario y pesquero recibirá un tratamiento especial en las

negociaciones comerciales internacionales, orientado a garantizar mercados para

los productos del sector y evitar, al tiempo, que se generen condiciones

distorsionadas de competencia. El Gobierno mantendrá, además, una política de

protección selectiva para los productos sensibles del sector, empleando los

mecanismos de salvaguardia, convenios de absorción y utilizando activamente los

instrumentos existentes contra la competencia desleal. Las medidas de protección

se aplicarán con el criterio de contrarrestar las distorsiones del mercado y no para

compensar situaciones de ineficiencia económica.



Por otra parte, en el marco del Plan Estratégico Exportador, se creará, en asocio

con el sector privado, una Promotora de Empresas Agroexportadoras que

promueva, mediante el aporte de capital de riesgo, proyectos agroindustriales y

pesqueros de gran impacto regional. Con el fin de apoyar el ingreso de nuestros

productos agropecuarios a nuevos mercados externos, se diseñarán, a través de

PROEXPORT, mecanismos para reintegrar y cofinanciar gastos en que incurran

las empresas para promover y consolidar posiciones en dichos mercados. De otro

lado, se emprenderá la promoción de una cultura de calidad que incluya, entre

otros, la certificación de calidad y la expedición de sellos de viabilidad ecológica

de nuestros productos de exportación, a través de la Corporación Colombia

Internacional y otras entidades. Además, se fortalecerá el sistema nacional de

prevención y control sanitario, mejorando sustancialmente la capacidad técnica y

operativa del ICA.

En el frente interno, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, actuará como

comprador de última instancia, preferencialmente en zonas marginales. Sustituirá

gradualmente la intervención en el mercado de físicos por un sistema de

administración de incentivos y subsidios a la comercialización. Así mismo, se

fortalecerá al Fondo EMPRENDER para financiar preinversión y participar con

capital de riesgo en la creación de empresas de comercialización y transformación

que beneficien a pequeños productores.

A través del Fondo EMPRENDER y del Incentivo a la Capitalización Rural, el

Gobierno Nacional fomentará, en asocio con los Gobiernos regionales y los



gremios del sector, el desarrollo de una capacidad adicional de acopio de leche

en frío, de pulverización de leche y de comercialización de carne en canal.

El Gobierno promoverá, además, la constitución de Fondos de Estabilización de

Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros, especialmente productos de

exportación sujetos a fuertes ciclos internacionales de precios, aportando el

capital semilla a dichos Fondos.

Con el fin de introducir mecanismos de competencia y hacer frente a estructuras

oligopsónicas en el mercado interno, el Gobierno apoyará a la Bolsa Nacional

Agropecuaria y facilitará su incorporación a sistemas de rueda con enlace

internacional. En este marco, mantendrá los incentivos tributarios a las

transacciones realizadas a través de la Bolsa y creará una línea de redescuento

en FINAGRO para financiar el pago de contado a los agricultores que participen

en dichas transacciones.

Adicionalmente, se promoverá el establecimiento de un sistema de información

moderno para el sector. En particular, el DANE generará y difundirá las

estadísticas de producción, precios y volúmenes transados, y se diseñarán

módulos de inteligencia de mercados y de información forestal y pesquera.

E. Manejo de riesgos.

En el marco de la dinamización de la Bolsa Nacional Agropecuaria, se crearán

mecanismos para la cobertura de riesgos mediante el desarrollo de mercados de



futuros, cámaras arbitrales, opciones y pactos de retroventa, entre otros. Como

una estrategia para la prevención y el manejo de riesgos y desastres, se pondrá

en marcha el seguro agropecuario y se diseñará un sistema de prevención de

riesgos naturales, ambientales y sociales y de manejo de crisis en el sector.

F. Desarrollo institucional.

En materia institucional, se adelantará una labor de evaluación y readecuación de

las entidades del sector, que permita realizar la política y lograr los objetivos

planteados en cada uno de los programas, profundizar los procesos de

descentralización y participación ciudadana, y fortalecer la capacidad de gestión

sectorial de las entidades territoriales en temas de su competencia. (Ver cuadro

No. 5.7) creado en el texto original.

V. LA POLITICA DE MODERNIZACION INDUSTRIAL.

El desarrollo industrial ha demostrado ser el motor fundamental de crecimiento de

las economías en desarrollo que han basado su expansión en una inserción

dinámica en la economía mundial. Sus virtudes son ampliamente conocidas: es un

canal fundamental de generación y transmisión de cambio técnico; es un

poderoso generador de externalidades hacia otros sectores de la economía; está

sujeto a economías de escala estáticas y dinámicas que se traducen en aumentos

en productividad; y, por último, enfrenta mercados mundiales amplios y más

dinámicos que aquellos característicos de las materias primas.



En el caso colombiano, la industrialización fue un poderoso motor de desarrollo

económico entre la década del treinta y mediados de los años setenta. Desde

entonces, el sector industrial ha mostrado un anquilosamiento estructural, que se

ha reflejado en el estancamiento del coeficiente de industrialización. Como

resultado de ello, la industria manufacturera se caracteriza todavía por el

predominio de ramas productivas maduras con tecnologías estandarizadas. El

escaso desarrollo que han tenido las ramas productoras de bienes de capital se

ha concentrado en los bienes menos intensivos en tecnología. La estructura

exportadora industrial, aunque dominada por sectores intensivos en recursos

naturales y mano de obra no calificada, tiene también algunas industrias

estandarizadas intensivas en capital.

El rápido aumento del coeficiente de exportaciones, que sustentó un importante

proceso de recuperación industrial desde mediados de los ochenta, se interrumpió

en 1991. En contra de todas las expectativas que había generado el proceso de

apertura, el desempeño del sector, aunque positivo, se centró desde entonces en

el mercado interno, gracias al fuerte crecimiento de la demanda generada por el

auge de la construcción y, en menor medida, al espectacular crecimiento de la

demanda de vehículos. El estancamiento de las exportaciones y la competencia

de importaciones masivas en condiciones distorsionadas de precios y el

contrabando han afectado negativamente algunas industrias tradicionales, en

muchas de las cuales el país había demostrado en el pasado ventajas

competitivas.



La política industrial del cuatrienio buscará, por lo tanto, sentar las bases para una

nueva etapa de la industrialización en Colombia, basada en la penetración

creciente en los mercados internacionales, la ampliación progresiva de la

demanda interna y la incorporación de mayores contenidos tecnológicos en los

procesos productivos. Esta política tiene como eje las acciones en materia

tecnológica. Involucra también acciones estratégicas para el desarrollo industrial y

una política de promoción de la competencia. Su instrumento básico de acción

serán los Acuerdos Sectoriales de Competitividad.

A. Programa de apoyo al desarrollo tecnológico industrial.

1. Fomento integral de los Centros de Productividad y Desarrollo Tecnológico.

Como se señaló al detallar la política de ciencia y tecnología, el Gobierno

promoverá estos centros a través de un sistema de apoyo integral que incluye

contribuciones de capital semilla, cofinanciación de la investigación, incentivos

tributarios y créditos. Estos centros tendrán a su cargo las funciones de

investigación tecnológica, capacitación y servicios tecnológicos. En la medida de

lo posible, se fomentará la creación de "centros_red", que permitan optimizar la

capacidad tecnológica ya existente. Como apoyo al talento nacional en software e

ingeniería, el Consejo Nacional de Industria y Calidad creará el Premio Nacional a

la Innovación Tecnológica, el cual premiará los proyectos más innovativos y de

mayor logro en incrementos de productividad.

2. Difusión y fortalecimiento del diseño industrial.



Un segundo componente de política tecnológica es el fomento al diseño industrial.

Para ello se propone crear un Sistema Nacional de Diseño, bajo la coordinación y

recursos del Ministerio de Desarrollo Económico y con el concurso de

universidades, gremios y empresarios. Este sistema tendrá a cargo la realización

de campañas en promoción del diseño, el fomento de consultorías y auditorías en

esta materia y la capacitación de recursos humanos. Como estímulo, se

entregarán anualmente Premios al Diseño Industrial.

3. Servicios de información tecnológica.

El Gobierno creará y fortalecerá Corporaciones de Transferencia de Tecnología,

como organismos de coordinación de los esfuerzos públicos por desarrollar

sistemas modernos de información y transferencia de tecnología. En este

proyecto el Gobierno promoverá una participación activa del sector privado en su

dirección.

4. Normalización, metrología y control de calidad.

Los atrasos en metrología, normalización y control de calidad se subsanarán

mediante la puesta en marcha del Centro de Control de Calidad y Metrología a

cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la implantación del

Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología, que reglamenta

las Redes Nacionales de Laboratorios de Pruebas y Ensayos y de Certificación.

Ello se complementará con un programa agresivo de adopción voluntaria de

normas técnicas internacionales (como las ISO9000, IEC, ITU, etc). La capacidad



de gestión administrativa y de la calidad de las empresas colombianas se apoyará

mediante el Programa de Gestión por la Productividad, que continuará

desarrollando la Corporación Calidad bajo la dirección del Consejo Nacional de

Industria y Calidad.

5. Plan de sistematización manufacturero.

Como apoyo a los esfuerzos de adopción de tecnología de sistematización, el

Ministerio de Desarrollo llevará a cabo actividades de sensibilizaciónde las

bondades del empleo de estas tecnologías (CAD_CAM, CIM, máquinas de control

numérico). Para el éxito de esta acción, se apoyarán, a través del Fondo de

Cofinanciación para la Innovación y el Cambio Técnico, la elaboración de planes

de sistematización de las empresas que sean contratados con los Centros de

Desarrollo Tecnológico y centros académicos, y se financiará con las líneas de

crédito para el desarrollo tecnológico, las consultorías tendientes a asesorar a los

industriales en la compra de equipo, instalación, adecuación y distribución de

tecnologías de sistematización.

6. Propiedad intelectual.

En materia de propiedad industrial, se trabajará en la reglamentación de las

normas vigentes, se continuará apoyando el proceso de modernización del

registro de marcas y patentes y se capacitará el personal que labora en este

campo, en particular en la Superintendencia de Industria y Comercio y entidades

conexas. El Gobierno promoverá, además, la creación de un sistema de



información sobre patentes, que incluya aquellas otorgadas por la

Superintendencia.

7. Desarrollo y fortalecimiento de recursos humanos.

Para lograr una mayor interacción entre los programas del SENA y las

necesidades de los sectores del comercio interno y de La industria, es esencial el

adecuado funcionamiento de los Comités Técnicos de Centros creados por la Ley

119 de 1994, en los cuales tienen participación el Gobierno, los trabajadores, los

empresarios y las universidades. Para ello, se emplearán los convenios de

cooperación entre el SENA y las entidades privadas, especialmente los Centros

de Productividad y Desarrollo Tecnológico. El sector productivo participará del

programa de formación en el exterior de científicos e ingenieros, incluyendo los

programas de pasantías y cursos de corta duración.

8. Protección Ambiental.

El Gobierno Nacional establecerá instrumentos económicos que promuevan la

adopción de tecnologías ambientalmente sanas y la optimización de prácticas

productivas, con miras a minimizar la contaminación industrial, hacer uso eficiente

de los recursos naturales, modificar patrones de consumo y evitar que las

exportaciones industriales se vean afectadas por regulaciones ambientales en

mercados de destino. En tal sentido, se estimularán las iniciativas de transferencia

de tecnologías limpias y la adopción en el sector manufacturero de códigos de

conducta voluntarios para la protección ambiental.



Para lograr estos propósitos, el Gobierno promoverá la creación de centros de

transferencia de tecnologías limpias que presten servicios de asistencia e

información técnica. El Ministerio del Medio Ambiente y el Departamento Nacional

de Planeación participarán en los Acuerdos Sectoriales de Competitividad para la

concertación de objetivos y compromisos sectoriales en materia de protección

ambiental.

B. Desarrollos estratégicos.

1. El papel del IFI.

El IFI será el instrumento financiero esencial para el fomento del desarrollo

industrial. Al trasladar al IFI las líneas de redescuento que actualmente maneja el

Banco de la República, el Instituto se convertirá en la cabeza del sistema de

financiamiento industrial. Con tal propósito, se transformará en un breve plazo en

banco de segundo piso. En el ejercicio de sus funciones como banco de

redescuento, dará prelación al otorgamiento de líneas de crédito de mediano y

largo plazo. Tendrá, además, a su cargo los programas de democratización del

crédito dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas.

En sus inversiones de capital de riesgo, el IFI dará prioridad a inversiones en

empresas industriales y al desarrollo de canales de comercialización internacional.

Las inversiones en empresas manufactureras estarán orientadas hacia aquellas



que tengan ventajas estratégicas para el desarrollo industrial del país: empresas

con contenido tecnológico, particularmente en el sector de bienes de capital, y

aquellas que contribuyan a consolidar las cadenas productivas existentes,

generando encadenamientos o externalidades especiales que aumenten la

competitividad de las empresas en operación. El IFI sólo invertirá sobre la base de

una participación minoritaria y con una clara estrategia de entrada y retiro,

previamente convenida. La venta de participaciones del Instituto en empresas se

realizará, preferencialmente, a través del mercado de valores.

El IFI deberá así mismo, contribuir a que la pequeña, mediana y gran industria

aprovechen plenamente los beneficios de las innovaciones financieras, apoyando

la emisión de papeles comerciales y la titularización de activos de estas

empresas, invirtiendo en fondos de capital de riesgo y asumiendo posiciones

propias en la compra de acciones de estas compañías.

2. Red nacional de subcontratación.

La subcontratación ha sido un instrumento esencial en el desarrollo del Sudeste

Asiático, como mecanismo de integración de las pequeñas y medianas con las

grandes empresas, y como fuente de aumentos en productividad por la vía de la

especialización. El Ministerio de Desarrollo con el apoyo financiero de

COLCIENCIAS y la participación de entidades regionales, desarrollará una Red

Nacional de Subcontratación, cofinanciando las iniciativas orientadas a crear

Bolsas de Subcontratación en distintas zonas del país y su integración a la Red.



3. Fomento de nuevas empresas: las incubadoras de empresas de base

tecnológica y los bancos regionales de proyectos.

El Ministerio de Desarrollo, el IFI y COLCIENCIAS participarán en el fomento de

las incubadoras de empresa de base tecnológica, en asocio con gobiernos

regionales y locales, empresas, universidades y fundaciones interesadas. Por su

parte, el Ministerio de Desarrollo con el respaldo financiero del IFI, fomentará y

respaldará con recursos propios la creación de bancos regionales de proyectos de

inversión y promotoras regionales de proyectos. En estas iniciativas, se trabajará

conjuntamente con el sector privado, se asegurará la articulación de los Bancos

Regionales de Proyectos en una Red Nacional de Bancos de Proyectos de

Inversión y se vinculará activamente a COINVERTIR en la promoción en el

exterior de los proyectos interesados en vincular capital y tecnologías o en realizar

alianzas con empresas del exterior.

4. El desarrollo de la industria de bienes de capital.

El desarrollo de la industria de bienes de capital es elemento central del cambio

estructural que necesita la industria nacional para dar el salto tecnológico. Los

elementos del programa de apoyo al desarrollo tecnológico expuestos se

constituyen en la base de acciones a desarrollar en esta industria. Sin embargo,

se requiere de un apoyo más específico dada la naturaleza y características de

este sector. Por ello, el Gobierno ha adelantado acciones como la creación de la

Comisión Mixta de Bienes de Capital (Decreto 2784 de 1994), la cual trabajará en

el marco del Acuerdo Sectorial de Competitividad de la cadena siderúrgica,

metalmecánica_automotriz. Así mismo, los Ministerios de Comercio Exterior y



Desarrollo Económico, en coordinación con la Comisión Mixta, desarrollarán

mecanismos para aprovechar las ventajas que ofrecen los acuerdos de

integración y libre comercio en materia de compras oficiales. BANCOLDEX

desarrollará líneas de crédito en condiciones internacionalmente competitivas

para apoyar la participación de empresas nacionales productoras de bienes de

capital en licitaciones nacionales e internacionales.

C. Promoción de la competencia.

El Gobierno, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, empleará

los mecanismos existentes en la Ley 155 de 1959 y el Decreto 2153 de 1992 para

evitar el abuso de posiciones dominantes en el mercado. Se armonizarán las

políticas que en materia de promoción de la competencia lleva a cabo la

Superintendencia con aquellas que desarrollan las Comisiones Reguladoras de

Energía y Gas, Telecomunicaciones y Agua Potable. Finalmente, el Gobierno

analizará la conveniencia de promover una nueva norma legal que transforme las

existentes en un verdadero Estatuto de Promoción de la Competencia como

aquellos que han desarrollado otros países.

D. Inversión extranjera y comercio exterior.

La inversión extranjera desempeña un papel clave en el desarrollo industrial.

Como se señaló en el Capítulo 3, el Gobierno mantendrá la apertura a la inversión

extranjera y fomentará la suscripción de nuevos acuerdos de protección a la

inversión consistentes con las normas constitucionales y legales sobre



expropiación. Con el fin de fomentar la inversión extranjera, fuera de las labores

de difusión genérica de las oportunidades de inversión en Colombia,

COINVERTIR participará en la promoción de alianzas estratégicas, franquicias y

licenciamiento de tecnología entre inversionistas extranjeros y nacionales. La

promoción de las zonas francas del país en el exterior deberá constituirse

igualmente en un canal importante de atracción de nuevos inversionistas

extranjeros.

Como se señaló en el Capítulo 3, el Gobierno adoptará medidas para evitar los

efectos del contrabando y la competencia desleal sobre los sectores productivos

colombianos. Igualmente, adaptará las normas existentes sobre salvaguardias

para adecuarlas a las normas del GATT sobre la materia y hará uso de ellas

cuando sea necesario para evitar los efectos desfavorables sobre los sectores

productivos nacionales.

E. Los acuerdos sectoriales de competitividad.

El Comité de la Apertura será el instrumento de promoción de los Acuerdos

Sectoriales de Competitividad del sector industrial, en el marco de las

orientaciones del Consejo Nacional de Competitividad. Estos Acuerdos harán

énfasis sobre las acciones de carácter interno en materia de desarrollo

tecnológico, formación de recursos humanos, nuevas inversiones estratégicas

que contribuyan a consolidar cadenas productivas, restricciones crediticias o de

acceso a mercado de capitales, así como regulaciones internas que obstaculicen

la actividad del sector. Con el concurso del Ministerio de Comercio Exterior,



involucrarán, además, una estrategia de promoción de exportaciones del sector u

otras acciones en el frente comercial.

VI. INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD

La competitividad y el ritmo de expansión de las actividades están limitados con

frecuencia por deficiencias en la infraestructura física del país en materia de

transporte, suministro de energía y comunicaciones. Según vimos en el Capítulo

2, Colombia presenta un atraso sustancial en comparación con otros países de

similar nivel de desarrollo en cuanto a densidad, especificaciones y mantenimiento

de la red de transporte y suministro de algunos energéticos como el gas. Registra

también un considerable atraso tecnológico e ineficiencias en el manejo del

transporte por contenedores y a granel, los servicios portuarios, la seguridad

aérea, el desarrollo de la telefonía celular y los servicios de valor agregado en las

comunicaciones, y en el uso educativo y cultural de la radio y la televisión.

Estudios internacionales recientes demuestran que la superación de estas

restricciones es pieza clave de la política de competitividad, ya que la

productividad y rentabilidad de la inversión privada están asociadas al acervo y

calidad de la infraestructura existente y de los servicios que de ellos se derivan.

El reto de la presente Administración es, por lo tanto, el de aumentar y modernizar

la infraestructura del país, reducir al mismo tiempo las ineficiencias actuales en la

prestación de servicios de transporte, energía y comunicaciones y garantizar la

viabilidad financiera, administrativa y física del sistema a largo plazo. Este gran

esfuerzo exige el concurso del sector privado, tanto en la realización de nuevas



inversiones como en la provisión de servicios, en un marco de competencia que

proteja a los usuarios. El plan de infraestructura contempla, por lo tanto, acciones

orientadas a: (1) aumentar los recursos de inversión, públicos y privados,

destinados al desarrollo de la infraestructura del país; (2) incrementar la eficiencia

operativa del sistema, mediante una mejor administración de las entidades

estatales que desarrollan la infraestructura y prestan servicios asociados a ella, la

descentralización de responsabilidades y el diseño de reglas claras para la

participación privada, y (3) a consolidar un marco regulatorio que proteja a los

usuarios y garantice un sistema tarifario eficiente, que refleje, a la vez, los costos

de la prestación de los servicios en todos los sectores. Dichas acciones se

realizarán dentro del marco que garantice la sostenibilidad y el cumplimiento de

las normas ambientales.

A. Sector Transporte.

El principal problema del sector vial colombiano es el avanzado estado de

deterioro de la red actual y de la mayoría de los puentes, que ha sido causado por

la ausencia de una política adecuada de mantenimiento. De la totalidad de las

carreteras pavimentadas del país, únicamente el 37% se encuentra en buen

estado. Esta situación ocasiona sobrecostos a los usuarios y exige la asignación

de recursos públicos cuantiosos para su rehabilitación. Adicionalmente, los

diseños actuales no corresponden a vías de mínimo costo, sólo permiten

velocidades lentas a los vehículos e inducen una alta accidentalidad.



Por otra parte, el esquema de contratación vigente no incentiva que las obras se

realicen en tiempos y costos mínimos, por lo cual existen proyectos que han

demorado siete años más de lo esperado y han costado cuatro veces más de lo

previsto inicialmente. Lo anterior ha repercutido en que la capacidad de ejecución

real sea bastante baja. La razón de lo anterior es la imposibilidad del Estado para

identificar, valorar y mitigar los riesgos financieros que resultan de acometer

proyectos sin la preparación y financiación adecuadas. Esta debilidad del

esquema de contratación se ha mantenido para los proyectos de concesiones

viales ya adjudicados, lo cual ha generado riesgos financieros cuantiosos para la

Nación, que podrían comprometer el éxito de este programa de expansión y

rehabilitación vial.

En el sector férreo, el principal problema es el mal estado de la red actual, el cual

fue ocasionado por una ausencia de inversión en mantenimiento de los antiguos

Ferrocarriles Nacionales de Colombia, sumado a los problemas financieros y

operacionales de dicha empresa. Sin embargo, después de cuatro años de

operación del nuevo esquema, en el cual Ferrovías es el encargado del

mantenimiento y rehabilitación de la red y las sociedades ferroviarias de la

operación, el estado de la red continúa en malas condiciones, que se reflejan en

un bajo nivel de confiabilidad. Lo anterior, en conjunto con un esquema de

operación que presenta ineficiencias y problemas regulatorios, ha llevado a que la

carga movilizada en 1993, 596.000 toneladas, fuera inferior a la movilizada en

1990, 840.000 toneladas, y a una cuarta parte de la movilizada durante 1980.



En el sector aéreo, es necesario modernizar y ampliar la cobertura de los

sistemas de control del espacio aéreo. La infraestructura aeroportuaria necesita

inversiones en mantenimiento y conservación de pistas y de inversiones que

maximicen la seguridad del sistema, tales como los cerramientos. Adicionalmente,

el marco institucional, con un esquema de planificación y de manejo contable

centralizado, no ha permitido que el esquema tarifario corresponda a un sistema

de recuperación de costos de los diferentes tipos de operaciones.

El país no cuenta con un sistema adecuado de transporte multimodal,

principalmente porque los modos complementarios al vial, tales como el férreo y

el fluvial, no se han desarrollado con la misma velocidad que el carretero. En el

modo fluvial, la falta de mantenimiento y de dragado ha reducido la navegabilidad

en los ríos. Así mismo, según hemos señalado, los problemas operativos e

institucionales del sistema férreo han ocasionado un bajo grado de movilización

de carga.

Por último, el esquema de monopolio estatal de los puertos ocasionaba

ineficiencias administrativas, operativas y de inversión, que se traducían en altas

tarifas para los usuarios y largos tiempos de espera en puertos. Con las reformas

introducidas, bajo las cuales los puertos son administrados a través de

sociedades portuarias regionales, mixtas o privadas, y operados a través de

empresas particulares, estos problemas han venido disminuyendo. Sin embargo,

todavía hace falta consolidar el esquema regulatorio para incentivar la eficiencia

portuaria y la competitividad tarifaria.



Las políticas del sector incluirán aquellas relacionadas con la mitigación del

impacto ambiental, definidas, para cada uno de los modos, por el Ministerio de

Transporte en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente. Dichas políticas

se aplicarán a la totalidad de los proyectos.

1. Sector Vial

Los altos requerimientos de rehabilitación y desarrollo de la red vial exigen

establecer un agresivo plan de inversiones, a través del cual se concluirán los

proyectos de rehabilitación, pavimentación y construcción de la red nacional,

troncal y transversal, que moviliza altos volúmenes de tráfico y que integra los

centros de producción y consumo entre sí y con los puertos principales, y las

grandes vías de integración nacional. Además, se garantizará el mantenimiento

de la totalidad de dicha red y recursos adecuados para emergencias y para

estudios y diseños de todas las inversiones. El Plan incluye la asignación de

recursos para construir los tramos y accesos faltantes de la red mencionada, para

avanzar en el desarrollo de proyectos (vías alternas y túneles) que permitan

disminuir los principales cuellos de botella que presenta la red troncal y

transversal actualmente y para mantener, rehabilitar y mejorar la red secundaria y

terciaria. El sector privado participará en la financiación, construcción,

rehabilitación y mantenimiento de la red estratégica de alto tráfico. Por otra parte,

la Nación apoyará a través del sistema de concesiones mixtas, aquellos proyectos

financiados por el sector privado que, debido a sus altos costos, así lo requerirán.

Esto evitará la necesidad de establecer tarifas de peaje excesivas.



A nivel nacional, para cumplir con los programas propuestos, se garantizarán los

recursos, incluyendo la participación del sector privado a través del esquema de

concesiones, para rehabilitar alrededor de 4.400 kms, correspondientes al 35% de

la red a cargo de la Nación. Así mismo, se dará mantenimiento a un alto

porcentaje de la red troncal y transversal. Por otro lado, se ampliarán cerca de

880 kms. de red a través de segundas calzadas de red troncal estratégica y se

construirán alrededor de 600 nuevos kilómetros de red de carácter de integración

regional. Las metas de construcción, incluyendo las ya mencionadas, superan los

2.700 kilómetros durante el cuatrienio.

Los proyectos correspondientes a la red troncal y transversal se detallan en el

Cuadro 6.1 creado en el texto original. La primera parte del cuadro indica las

inversiones en rehabilitación y construcción a cargo de INVIAS, así como el aporte

presupuestal a concesiones mixtas y a algunas variantes que cruzan algunas

ciudades, que en su mayoría serán cofinanciadas con los municipios respectivos a

través del Fondo de Infraestructura Urbana. La segunda muestra las inversiones

privadas previstas en concesiones nacionales.

La rehabilitación de la red troncal y transversal existente y la construcción de las

vías incluidas en el plan exigen cuantiosos recursos financieros $3.4 billones, que

de por sí excede el presupuesto de INVIAS del anterior cuatrienio en un 81%. Por

este motivo, aun dentro de márgenes ambiciosos de inversión pública, para

garantizar la culminación de un alto porcentaje de los proyectos, será necesario

contar con un mayor cubrimiento del sistema de peajes y un agresivo plan de

recaudo de contribuciones de valorización de vías construidas en los dos primeros



años del plan, con los cuales el INVIAS recaudaría $250.000 millones. Para

garantizar un mayor avance de las obras, el INVIAS y el Departamento Nacional

de Planeación diseñarán un programa adicional de recaudo de peajes y

valorización que someterán a consideración del CONPES.

Mediante el esquema de cofinanciación, se culminará el proceso de

descentralización de vías. A través del Fondo de Cofinanciación de Vías se

canalizarán recursos para garantizar el mantenimiento del total de la red a

transferir a las entidades territoriales (35.898 kms.) y para ampliar la cobertura de

las redes secundarias y, especialmente, de los caminos veredales (red terciaria).

El Plan de Inversiones incluye $886.500 millones a través del Instituto Nacional de

Vías y del Fondo de Cofinanciación de Vías que se distribuirán a las entidades

Territoriales como cupos indicativos, de acuerdo con las participaciones que se

indican en el Cuadro 6.2 creado en el texto original. Estas participaciones han sido

estimadas con base en la población pobre de los departamentos y distritos, la red

transferida y las necesidades viales asociadas al desarrollo agropecuario. Los

municipios, distritos o departamentos deberán presentar al Fondo de

Cofinanciación de Vías los proyectos respectivos. Los recursos necesarios para el

mantenimiento de la red transferida estarán detallados en rublos presupuestales

diferentes a los de rehabilitación y mejoramiento. Por otra parte, al menos el 15%

de los cupos deberá ser destinado a la red terciaria. Esta red contará, además,

con recursos adicionales de cofinanciación a través de un Fondo de

Cofinanciación a Vías Terciarias y del DRI.



En su conjunto, el plan contempla una inversión pública en carreteras cercana a

$4.4 billones que duplica la realizada en el período 1991_1994. Gracias a una

inversión privada de poco más de $1.8 billones equivalente al 29% del total de la

inversión total prevista durante el cuatrienio, los recursos destinados a carreteras

se incrementarán en un 180%, elevándose del 1.1 al 2.5% del PIB (Cuadros 6.3 y

6.6) creado en el texto original.

Las metas físicas de este ambicioso plan podrían verse derrotadas por los

sobrecostos que tradicionalmente ha tenido el desarrollo de la infraestructura vial

en Colombia. Por este motivo, es esencial fortalecer el esquema institucional, de

contratación y ejecución, tanto del sector central como de los entes territoriales.

En el marco de este proceso, se deberán reducir los costos y tiempos de

ejecución y se diseñarán sistemas gerenciales de planificación y ejecución en las

entidades del sector. Para ello, el Instituto Nacional de Vías deberá revisar los

contratos existentes, con el fin de manejar esquemas contractuales que reduzcan

el porcentaje de sobrecostos que asume la Nación, que limiten la extensión de los

plazos en el tiempo y, por lo tanto, que permitan garantizar la terminación de las

obras prioritarias. Adicionalmente, los contratos se ejecutarán prioritariamente a

través de encargos fiduciarios.

Todos los contratos nuevos se realizarán bajo un esquema en el cual los costos,

la duración del contrato y los sobrecostos que asume la Nación, entre otros

parámetros, serán propuestos por el contratista en la licitación. Así, el contrato

incluirá estos parámetros y se regirá por lo establecido en la Ley 80. Este

esquema se consolidará al contar con diseños de un nivel adecuado que permitan

al contratista asumir los riesgos que le corresponden. Para controlar los niveles de



ejecución, se establecerá un esquema gerencial de seguimiento de proyectos,

que evalúe periódicamente el cumplimiento de las metas físicas y la ejecución de

presupuesto.

Se revisará el esquema actual de concesiones, con el fin de evaluar sus

resultados. Se realizarán algunos ajustes en los aspectos técnicos, financieros,

contractuales e institucionales, con el fin de maximizar los beneficios del

esquema. Dichos ajustes se concentrarán en realizar contratos que minimicen las

incertidumbres en los costos y los plazos, para lo cual se deberá cambiar el

esquema de diseños y de las garantías asumidas por la Nación. Adicionalmente,

se deberá definir claramente el esquema de responsabilidades de cada una de las

partes y las acciones que constituyen incumplimiento del contrato.

Cada proyecto deberá cumplir con las normas ambientales. Por lo tanto, antes de

la apertura de las licitaciones, la entidad encargada deberá contar con los

requisitos ambientales correspondientes al proyecto.

Por último, se consolidará el esquema de descentralización vial, distribuyendo los

recursos de forma equitativa e incentivando la eficiencia en su asignación. Para

ello, se definirá una matriz de cofinanciación según categorías de departamentos,

que respetando la autonomía regional en la selección de proyectos, incentive el

mantenimiento de la red de carácter territorial (al requerir menores niveles de

contrapartida que para obras de construcción) y la construcción de caminos

vecinales de alta prioridad social.



2. Sector Férreo.

Las actividades del sector férreo buscarán la pronta rehabilitación de la red actual.

Para ello, se buscará instrumentar el sistema de contratación y ejecución que

permita realizar la rehabilitación en los tiempos y plazos mínimos, a través de un

esquema de participación del sector privado en la rehabilitación, mantenimiento y

operación de la totalidad de la red económicamente viable. A su vez, el

concesionario será responsable por el mantenimiento y operación de dicha red y

deberá incluir mecanismos que incentiven la utilización de la red ferroviaria y que

permitan el libre acceso a los operadores en condiciones fijadas en el contrato de

concesión. Para ello, se definirán cuáles son los tramos de red que son

económicamente viables para la operación privada. El esquema de concesión

deberá comenzar a operar para el primer tramo a comienzos de 1996. Dicho

tramo se definirá con base en las prioridades que se establezcan en los análisis

que se contraten para la implantación del esquema.

Con el esquema anterior, se rehabilitarán 1.900 kilómetros hasta 1998,

permitiendo transportar anualmente por lo menos dos millones de toneladas de la

carga de vocación ferroviaria. Se mejorarán los parámetros de operación,

incrementando las velocidades y llevando al mínimo el número de

descarrilamientos. Las anteriores acciones buscarán igualmente garantizar la

sostenibilidad financiera y operativa del transporte férreo. Se estima que de las

inversiones totales previstas en el período 1995_1998, por $540.000 millones, el

sector privado contribuiría con un 47% (Cuadro 6.3) creado en el texto original.



Mientras se realiza el proceso de concesión, Ferrovías deberá modificar el

esquema de contratación, reduciendo el número de contratos que maneja. Los

contratos que ya se encuentran en proceso de negociación o ejecución, serán

parte de la contrapartida de la Nación a los concesionarios. Igualmente, Ferrovías

deberá reestructurarse para asumir su nueva función de administración y

seguimiento de contratos de concesión. Lo anterior implica que deberá suspender

contratos de operación de equipos, eliminar todas las actividades que no sean de

carácter ferroviario y entregar a particulares actividades como la administración de

talleres. Mientras se realiza efectivamente el traslado a los concesionarios,

Ferrovías deberá contratar la atención de descarrilamientos y novedades con un

agente externo. La planta de personal deberá reducirse gradualmente a aquel

tamaño necesario para las labores de seguimiento y control.

3. Sector Aéreo

En el sector aéreo, las acciones se concentrarán en aumentar la cobertura y

modernizar el sistema de ayudas a la navegación y de control del espacio aéreo.

Se espera que la cobertura de radares, radioayudas y ayudas supere el 80% del

territorio nacional en 1998. Igualmente, se emprenderán acciones para garantizar

la seguridad del sistema integrado, mejorando la totalidad de las pistas que se

encuentran en mal estado, dotando de unidades de rescate a los aeropuertos que

lo requieran e instalando cerramientos en el 75% de los aeropuertos a cargo de la

Nación. Se construirá la segunda pista del aeropuerto. El dorado con la

participación del sector privado y se realizarán ampliaciones de las plataformas

actuales en los aeropuertos de Cartagena, Cali y Bogotá. Se realizarán



ampliaciones de terminal en los aeropuertos de Bogotá, Yopal y Mitú. Se estima

que no se requerirán nuevos aeropuertos ni obras adicionales de expansión de

pistas.

Parte de los requerimientos de inversión se financiarán a través de las

contraprestaciones que se cobrarán al entrar en operación las nuevas sociedades

aeroportuarias regionales, en las cuales podrá participar el sector privado, a

cambio de la administración y explotación de cinco aeropuertos de gran potencial

comercial que serán ofrecidos en concesión (Cali, Medellín, Cartagena,

Barranquilla y Bogotá). La contraprestación económica de estas concesiones se

compondrá de tres rubros: (a) un derecho anual por la concesión que alimentará

el Fondo de Compensación Aeroportuaria, fondo a través del cual se canalizarán

recursos para inversión, mantenimiento y gastos operativos en aeropuertos

estratégicos que son deficitarios; (b) un derecho fijo inicial que se destinará a

inversiones prioritarias en control del tráfico aéreo y seguridad, y (c) unas

inversiones que el concesionario deberá realizar en el propio aeropuerto. El resto

de aeropuertos serán entregados para su administración a las entidades

territoriales; dichas entidades contarán con el apoyo técnico de Aerocivil y los

recursos del Fondo de Compensación Aeroportuaria.

En el sector aéreo se desarrollarán programas de mitigación del impacto

ambiental. Se hará especial énfasis en la mitigación de la contaminación sonora

en las zonas aledañas a los aeropuertos.



Las funciones de la Aerocivil, a partir de la reestructuración y de la concentración

de funciones, serán la regulación y la seguridad del sistema aeronáutico y

aeroportuario, la administración del sistema de control del espacio aéreo, el apoyo

técnico a las entidades territoriales que administren aeropuertos regionales y la

administración del Fondo de Compensación Aeroportuaria. Para tal efecto, la

Aerocivil deberá fortalecer el componente técnico de sus funciones y adecuar el

tamaño, el nivel de entrenamiento y la estructura de su planta de personal.

Durante los cuatro años se harán inversiones en el sector por poco más de

$310.000 millones, de los cuales cerca de la mitad serán realizadas por el sector

privado.

4. Sector Portuario

En el sector portuario, se buscará continuar con los incrementos de productividad,

a través de inversiones en los puertos y sus accesos viales y de la implantación

de un esquema que permita un constante monitoreo del funcionamiento del

sector. Se adecuará el canal de acceso marítimo al Puerto de Buenaventura,

buscando incrementar sus niveles de profundidad y se realizarán los dragados de

mantenimiento en los Puertos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y

Tumaco. Para cada uno de estos proyectos se realizarán estudios de impacto

ambiental, siguiendo los parámetros establecidos por el Ministerio del Medio

Ambiente. Igualmente, la Nación mejorará los accesos viales a los puertos de

Buenaventura y Barranquilla. Además, se adelantará un seguimiento cercano al

comportamiento de la demanda y se continuarán los estudios y acciones



necesarias para garantizar una capacidad portuaria suficiente en los dos litorales,

considerando especialmente las alternativas existentes en la Costa Pacífica.

A través de la Superintendencia General de Puertos, se continuará con los

incentivos para mantener tarifas competitivas, la disminución de tiempos de

espera, el incremento de la competencia de las empresas operadoras y la

modernización de equipos. Igualmente, se realizará un seguimiento del

cumplimiento de los contratos con las Sociedades Portuarias en cuanto a la

modernización de equipos, recuperación y expansión de muelles y demás

instalaciones portuarias.

La Superintendencia adelantará, además, un programa en el que se establecerán

requisitos mínimos de equipos y tecnología a los operadores, con el fin de

alcanzar estándares internacionales de eficiencia en los servicios portuarios.

Adicionalmente, la entidad fomentará la capacitación, el entrenamiento y la

especialización de los recursos humanos en las diferentes actividades de la

administración portuaria.

Las inversiones requeridas durante el cuatrienio se estiman en $144.000 millones,

de las cuales el 45% serán realizadas por las sociedades portuarias privadas y

mixtas.

5. Sector Fluvial y Cabotaje Marítimo.



En el sector fluvial, se culminarán las labores de rehabilitación de la parte

navegable del río Magdalena, el cual moviliza cerca del 75% del total de la carga

fluvial. En particular, se garantizará la navegabilidad del río en el tramo

Barrancabermeja_Calamar y los accesos al mar Caribe (376 kms). Se

establecerán las condiciones financieras para realizar los dragados necesarios en

estos tramos, a través de la participación del sector privado. Se buscará, además,

fortalecer la navegabilidad en las arterias fluviales de los nuevos departamentos

(4.510 kms) y del litoral Pacífico, incluyendo la adecuación de los esteros que

permiten el transporte por cabotaje entre Tumaco y Buenaventura. Durante el

período 1995_1998 se destinarán $ 117.000 millones a este sector, de los cuales

$27.000 millones serán aportados por el sector privado.

Al recuperar los sistemas vial, férreo y fluvial, se crean las bases que dan

viabilidad a los centros de transferencia multimodal. El Gobierno Nacional

promoverá dichos proyectos buscando la participación privada en el

financiamiento y operación de los centros de transferencia.

6. Transporte Urbano.

Las principales ciudades del país presentan graves problemas en el

funcionamiento del sistema de transporte urbano, lo cual se refleja en la

congestión del tráfico, el incremento en los tiempos de viaje y la creciente

contaminación ambiental. Dicho sistema está afectado, además, por las escasas

inversiones en expansióny por el mal estado de las vías, que genera importantes

sobrecostos a los usuarios. En Bogotá, donde se concentra el 33% del tráfico

urbano, se presenta el peor estado de la malla vial del país, ya que sólo un 8% de



ella se encuentra en óptimo estado. Por último, el nivel de emisiones de tóxicos y

partículas es alto y no existe ningún mecanismo de control a éstas, con el

consiguiente perjuicio a la salud de los ciudadanos.

Para mejorar el estado de la infraestructura vial, la Nación apoyará el diseño de

una política de mantenimiento y la expansión de la malla vial a través del Fondo

de Cofinanciación de Infraestura Urbana. Para optimizar la operación del sistema

integrado de transporte, promoverá la implantación de diversas tecnologías como

las vías exclusivas para buses (Troncales) y la creación de un sistema de

asignación de rutas y de operación de la totalidad del sistema.

Para el caso de Bogotá, se requiere de acciones conjuntas en los aspectos de

infraestructura, institucional y de política sectorial, entre las cuales se ha previsto

la implantación del sistema de transporte masivo para Bogotá. Estas acciones se

enmarcan en la concepción de un Sistema Integrado, constituido por las vías

exclusivas para buses, el sistema de buses de servicio público colectivo, los

sistemas de vehículos no motorizados y el Metro, dependiendo de las

evaluaciones que al respecto realice la Administración Distrital. Con este

propósito, el Gobierno Nacional y la Administración Distrital apoyarán técnica y

financieramente los estudios de demanda, factibilidad y diseño del sistema

integrado de transporte. El Gobierno apoyará igualmente los programas de

transporte masivo de Cali.

Por último, se incentivará la utilización de combustibles más apropiados para el

transporte de pasajeros, a través de la adecuación de los vehículos de transporte



para la utilización de Gas Natural Comprimido (GNC), para lo cual se promoverán

líneas de crédito de fomento. Adicionalmente, los vehículos que se utilicen en las

troncales y en las vías exclusivas de buses deberán contar con la tecnología más

apropiada para el transporte de pasajeros, deberán estar adaptados

gradualmente para el consumo de gas como combustible y deberán estar dotados

de convertidores catalíticos para reducir las emisiones.

B. Energía.

En los últimos años, se lograron avances significativos en el desarrollo del

régimen legal y regulatorio, el saneamiento financiero y el ordenamiento

institucional del sector energético. A pesar de lo anterior, aún persisten

importantes problemas, que se concentran en la inadecuada composición en la

oferta de recursos energéticos, la ineficiencia en su uso, las distorsiones de sus

precios, las limitaciones en la infraestructura de producción y transporte, y vacíos

en los esquemas institucionales, regulatorios y financieros.

En el subsector eléctrico, es necesario continuar con las acciones tendientes a

corregir la inadecuada concentración de la demanda de energía eléctrica en el

sector residencial, la excesiva dependencia en los recursos hidroeléctricos, las

distorsiones en el esquema tarifario, los altos niveles de pérdidas de energía, y las

deficiencias en la gestión empresarial, especialmente en las empresas de

distribución. Además, se requiere consolidar el futuro esquema comercial de

electricidad, en el cual la separación de actividades de generación y transmisión

en ISA constituye un aspecto fundamental.



En hidrocarburos, se presentan importantes limitaciones en la infraestructura de

transporte, almacenamiento y refinación, una disminución inconveniente en las

actividades exploratorias, y un esquema institucional que no facilita el desarrollo

adecuado del subsector de gas y de las diferentes actividades asociadas al

subsector petrolero.

La política sectorial estará orientada, por lo tanto, a racionalizar el uso de los

energéticos, garantizar una oferta confiable y eficiente de los mismos, reducir sus

costos, aumentar la cobertura y proteger a los usuarios e incrementar la

contribución de las exportaciones a la economía del país.

El logro de estos objetivos, supone la consolidación de una política energética

integral que incluye: (a) la sostenibilidad ambiental, técnica, financiera y

administrativa del sector; (b) incentivos al uso racional de los recursos

energéticos, mediante sistemas apropiados de distribución y la aplicación de

esquemas tarifarios y de precios que reflejen los costos de producción, transporte,

y distribución; (c) un marco institucional, legal y regulatorio apropiado y un sistema

de información que permita a los diferentes agentes actuar en un mercado libre, al

tiempo que proteja a los usuarios de actividades monopólicas e incentive la

eficiencia a través de la competencia, y (d) el fomento al desarrollo científico y

tecnológico, especialmente en las áreas de planeamiento energético integrado,

formación de recursos humanos, desarrollo de nuevos combustibles, nuevas

tecnologías de conversión y normas de calidad.



En el marco de la política de racionalización en el uso de energéticos, se

fomentará el ahorro en el consumo, la promoción de gas como combustible de

uso doméstico en zonas rurales y urbanas, y la penetración del gas como

combustible en el transporte. En el sector eléctrico se promoverán programas

para el manejo de la curva de demanda del sistema y la cogeneración en el sector

industrial. Adicionalmente, se impulsarán programas para incentivar el uso de

energías no convencionales.

1. Electricidad.

El desarrollo de la infraestructura sectorial, contempla: (a) la reducción de la

vulnerabilidad del sistema de generación_transmisión, mediante el incremento del

componente de generación térmica y la consolidación de la red nacional de

interconexión a 500 KV; (b) la reducción de pérdidas de energía y mejoramiento

de la calidad, reforzando los sistemas de subtransmisión y distribución de las

empresas, y (c) la extensión de la cobertura del servicio al sector rural, barrios

marginales y zonas no interconectadas. De esta forma, de acuerdo con los

cronogramas de ejecución de obra previstos por el Ministerio de Minas y Energía

y con las acciones contempladas para el manejo de la demanda, la estrategia de

suministro de energía eléctrica asegura el cubrimiento de los requerimientos de

los próximos años.

Para finales de 1998, las obras de infraestructura sectorial incluyen la

disponibilidad adicional cercana a los 1.290 MW térmicos en el sistema de



generación, que equivale a un incremento del 12.8% de la capacidad del sistema,

alcanzando una participación del parque térmico del 30% de la capacidad total

instalada, con una combinación adecuada de recursos de carbón y gas; la

construcción de 1.100 kms. de líneas de 230/500 KV en la red nacional de

transmisión, pasando de 4.180 a 5.280 kms., y la instalación de 1.650 MVA de

nueva capacidad de transformación. En cuanto al sistema de distribución se

contempla extender el servicio a más de 700.000 nuevos usuarios, con lo cual la

cobertura del servicio de energía eléctrica será del orden de 6.7 millones de

usuarios en 1998,1O cual equivale a una cobertura superior al 90%. Los recursos

necesarios para estos desarrollos se estiman en $4.41 billones, de los cuales un

23% estarán representados por inversiones privadas, principalmente en

generación; gracias a ello, la inversión pública en el sector no variará

significativamente como proporción del PIB(Cuadros 6.4 y 6.6) creado en el texto

original.

El nuevo esquema regulatorio e institucional del sector promoverá la separación

de actividades de generación y distribución, la expansión de la generación con

una participación activa del sector privado, la libre competencia y un esquema de

precios que permita la sostenibilidad financiera del sector. Para garantizar que la

política tarifaria no afecte a los consumidores de bajos ingresos, se pondrá en

marcha el sistema de subsidios establecidos por las Leyes Eléctrica y de Servicios

Públicos.

Una mejora sustancial en la gestión empresarial se logrará mediante la

suscripción de acuerdos de productividad con cada una de las empresas. Tales



acuerdos contendrán indicadores de eficiencia, productividad y atención a los

usuarios. El Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, realizará un estrecho

seguimiento que permita corregir en muy breve plazo cualquier deficiencia.

El esquema institucional se complementa con la conformación de dos empresas a

partir de ISA. Una de ellas estará dedicada a la transmisión y al manejo del centro

de control, asegurando de esta manera la administración de la interconexión

nacional en una sola entidad estatal. Con los activos de generación se conformará

una "holding", con miras a incentivar la rápida introducción de competencia real

en este campo y facilitar la vinculación de capital privado.

2. Petróleo.

El desarrollo de la infraestructura petrolera, contempla el incremento en las

actividades exploratorias, la consolidación de la red de transporte de

hidrocarburos y el incremento de la capacidad de refinación y almacenamiento del

país. Para el período 1995_1998 se espera que se perforen cerca de 45 nuevos

pozos exploratorios al año; se eleve la producción de crudos de 569 KBPDC

promedio en 1995 a 895 KBPDC promedio en 1998; se incremente la capacidad

de refinación del país hasta cerca de 323 KBPDC anuales en 1998 (un aumento

del 30% en relación con la capacidad actual); y se incremente la capacidad de

transporte de la red de oleoductos y poliductos en 614 KBPDC, respecto a la

capacidad de 2.542 KBPDC en 1995. Las inversiones requeridas para estos

desarrollos suman durante el cuatrienio $6.99 billones, de los cuales cerca del



65% serán aportados por el sector privado (Cuadros 6.4 y 6.6) creado en el texto

original.

Para asegurar el adecuado abastecimiento de hidrocarburos, tanto para uso

energético como industrial, se seguirá promocionando la participación del sector

privado en actividades de exploración, transporte, almacenamiento, distribución,

refinación, comercialización y petroquímica. Con el propósito de garantizar las

metas en materia de inversión privada en las actividades exploratorias, el

Gobierno establecerá condiciones que permitan al inversionista niveles de

rentabilidad competitivos internacionalmente, especialmente en campos de menor

tamaño.

- De otra parte, se adelantará la reestructuración de Ecopetrol, dentro de un

criterio de especialización de actividades, buscando hacer más eficiente la

participación del Estado en los diferentes negocios del sector de hidrocarburos.

3. Gas.

El cubrimiento del servicio de gas domiciliario se extenderá a cerca de 1.200.000

nuevos suscriptores, para llegar a atender 1.9 millones en 1998. Para tal efecto, la

producción de gas se incrementará de 450 MPCD por año en 1995 a 644 MPCD

en 1998. Las inversiones necesarias durante los próximos cuatro años, por poco

más de $1.8 billones, serán realizadas casi en su totalidad por el sector privado, e

incluyen entre otras, las inversiones necesarias para la consolidación del sistema



de gasoductos, la exploración y explotación de los yacimientos de Opón y

Volcaneras, y la construcción de la segunda plataforma de Chuchupa.

Dentro de los programas de uso racional de energía, se incentivará la sustitución

de gasolina y diesel por GNC (gas natural comprimido) y GLP (propano) en el

sector transporte. De otra parte, para atender los problemas de suministro de

energéticos en el sector rural, se impulsará un programa de distribución rural de

gas propano, que se complementará con fuentes alternativas de energía y

briquetas de carbón.

Los desarrollos anteriores exigen un proceso de reordenamiento institucional, que

incluye la separación del manejo del gas de Ecopetrol, mediante la creación de

una empresa de dedicación exclusiva a la construcción y operación de

gasoductos, Ecogas, el otorgamiento y contratación de las áreas necesarias para

distribución, la implantación de contratos firmes de suministro de gas a plantas

termoeléctricas y el desarrollo del régimen regulatorio sectorial.

C. Minería.

Entre los principales problemas del sector minero se pueden señalar el limitado

conocimiento y gestión de los recursos naturales del país, la significativa debilidad

del Estado en la fiscalización y control de las actividades sectoriales, y los

considerables impactos ambientales negativos ocasionados por este sector.



Para atender esta problemática, se fortalecerá la estructura institucional del sector

consolidando el recién creado Viceministerio de Minas y el reordenamiento de

Ecocarbón y Mineralco. Por otra parte, se modernizarán los instrumentos para el

fomento y la financiación del sector, y se adelantará un programa permanente de

exploración e investigación que garantice el adecuado conocimiento del potencial

geológico minero.

Para promover la participación privada en las actividades sectoriales, se

actualizará el Código de Minas, se establecerán nuevas modalidades de

contratación y asociaciones de riesgo compartido, se revisará el esquema de

aportes a empresas industriales y comerciales del Estado, y se establecerán las

normas y disposiciones para el manejo ambiental de las diferentes actividades

sectoriales.

1. Carbón.

Teniendo en cuenta el gran potencial carbonífero del país, se adelantarán

acciones que garanticen el desarrollo integral del subsector. De esta forma, se

fortalecerán las actividades de exploración, asistencia técnica y protección del

medio ambiente, así como el desarrollo de la carboquímica y de nuevas

tecnologías de conversión de energía.

Para incrementar la capacidad exportadora del país, se facilitará el desarrollo de

obras de infraestructura de transporte y embarque de beneficio colectivo,

aprovechando el potencial del subsector para apalancar dichas obras con los



grandes volúmenes de carga que genera. Dentro de estas actividades se

contempla la cofinanciación de un estudio de factibilidad de un puerto marítimo

multipropósito para exportación. La inversión total en el sector ascenderá a $

165.000 millones durante el cuatrienio.

2. Otros minerales.

La estrategia para el desarrollo de la minería no energética, contempla el

fortalecimiento de los programas de asistencia técnica, manejo ambiental,

fomento y financiación, especialmente en la pequeña y mediana minería de

metales y piedras preciosas, minerales industriales y materiales de construcción.

Para contribuir al logro de estos objetivos, se fomentará la exploración y

explotación tecnificada de minerales, reforzando el apoyo del Estado al

Ingeominas en las actividades de exploración básica, evaluación de minerales

estratégicos, investigación científica y desarrollo tecnológico. Así mismo, con el

objeto de mejorar la rentabilidad de las operaciones mineras, se facilitará la

ejecución de las obras de infraestructura requeridas y el desarrollo de aquellas

actividades que agreguen valor a través de la transformación y comercialización

de minerales. La inversión en el sector ascenderá a $195.000 millones en el

período 1995_1998.

D. Telecomunicaciones.



La oferta de servicios de telecomunicaciones es insuficiente para cubrir, en

cantidad y calidad, los grandes incrementos de la demanda de servicios. En el

caso de la telefonía local, aun cuando se ha incrementado su cobertura, es

necesario atender 350 municipios del país que no cuentan con el servicio. Como

la oferta de líneas es insuficiente para atender la demanda, los usuarios deben

esperar meses para acceder a una nueva línea. Adicionalmente, los índices de

líneas que se dañan son elevados y los tiempos de reparación largos. Por otra

parte, en la actualidad no se prestan muchos de los servicios que se requieren

para acceder a los sistemas de intercambio de información globales, lo cual

genera desventajas al sector productivo frente a otros países en la cantidad y

calidad de servicios de comunicación.

Aunque una alta proporción de los hogares colombianos poseen al menos un

aparato de televisión (en Colombia existen casi 8 millones de televisores en

servicio), la oferta de televisión abierta se limita a dos canales nacionales, cuatro

canales regionales y a un canal de interés público de cobertura muy limitada, que

son insuficientes para satisfacer los requerimientos del público y no cubren la

totalidad del territorio.

En los servicios postales, se ha iniciado un proceso que llevará a un mercado en

competencia. Se han establecido numerosas empresas que prestan servicios de

mensajería en las principales ciudades y en las principales rutas interurbanas e

internacionales. Sin embargo, Adpostal está protegida por el establecimiento de

tarifas mínimas a sus competidores. En zonas apartadas del país, el servicio es

prestado únicamente por Adpostal en condiciones deficitarias, sin que se hayan



desarrollado mecanismos financieros para que la empresa pueda cumplir esta

función social.

Para que el sector de telecomunicaciones pueda contribuir al desarrollo de la

economía, es necesario que los usuarios puedan acceder a unos servicios

eficientes y de buena calidad. Para ello, las acciones gubernamentales se

concentrarán en aumentar el cubrimiento, modernizar la infraestructura y

diversificar los servicios.

El objetivo fundamental de la política del Gobierno es, por lo tanto, universalizar la

prestación de los servicios básicos de telecomunicaciones, con énfasis en los

programas de carácter social, que beneficien a los colombianos menos

favorecidos de las áreas urbanas y de regiones apartadas; se busca, así, que

todos los ciudadanos tengan al alcance los servicios que los integren al desarrollo

económico y cultural del país. Así mismo, se buscará fortalecer las

comunicaciones de larga distancia nacional e internacional y fomentar el

desarrollo de nuevos servicios de telecomunicaciones requeridos por la industria,

el comercio y la agricultura para su modernización.

Con estos fines, se permitirá la participación del sector privado en la prestación de

servicios de telecomunicaciones en un marco de competencia, fortaleciendo, al

mismo tiempo, a las entidades públicas a fin de adecuarlas al nuevo entorno del

sector. En el caso de la telefonía básica, se consolidará la regulación, buscando

redefinir el régimen tarifario y de subsidios, como base para permitir la

competencia en larga distancia nacional y la prestación de nuevos servicios.



En el caso de Telecom, se dará prioridad a la solución de los problemas que

limitan la competitividad de la empresa, en especial el pasivo pensional, mediante

esquemas que garanticen la viabilidad financiera de la entidad y el pago de las

obligaciones prestacionales a los trabajadores. Se dará especial importancia a la

restructuración del servicio de telegrafía, reduciendo sus sobrecostos

administrativos y haciendo más eficientes sus mecanismos de distribución, a

través de contratos con entidades especializadas. La conjunción de niveles de

inversión suficientes para modernizar la prestación de servicios y reformas

administrativas adecuadas deben garantizar en pocos años la viabilidad de la

empresa. Las inversiones de Telecom y las demás empresas públicas del sector

se realizarán mediante recursos generados internamente por ellas; donde se

requiera, podrá ser complementada por la inversión privada a través de

operaciones de riesgo compartido.

Las inversiones con cargo a recursos generales del presupuesto buscarán

incrementar la cobertura de las zonas marginadas a través del programa de

telefonía social, mediante el cual se cofinanciarán proyectos que lleven el servicio

de telefonía conmutada a los municipios que no cuentan con él, así como a los

usuarios de menores recursos de zonas urbanas y rurales deprimidas. Dentro de

este programa, se establecerán puntos de servicios de telecomunicaciones para

la atención al público, que serán manejados por la comunidad o por personas

particulares, en los que se prestarán una gran variedad de servicios (voz, fax,

correo electrónico, personal, entre otros). A través de estos puntos, se podrá dar

apoyo a los sistemas de salud, educación y seguridad en áreas como el



diagnóstico de pacientes, la elaboración de pruebas a nivel regional y el apoyo a

autoridades civiles y militares.

Bajo este esquema, se instalarán, en los próximos cuatro años, 3.5 millones de

líneas locales, de las cuales el 25% corresponderá a reposición de líneas

existentes (Cuadro 6.5) creado en el texto original. Para 1998, se tendrán 7

millones de líneas locales, de las cuales más del 85% corresponderá a tecnología

digital. A través del Fondo de Comunicaciones, se dará el servicio a 105.000

usuarios de menores recursos y se establecerán 5.000 puntos de Servicio de

Telecomunicaciones de Atención al Público en zonas urbanas y rurales. Con

estas acciones, el número de líneas por habitante se incrementará de 12 línea,

por cada 100 habitantes en 1994, a 18 líneas en 1998.

Con base en la Ley de Televisión (Ley 182 de 1995), que desarrolla los mandatos

constitucionales sobre el servicio de televisión, se garantizará el acceso igualitario

y ordenado a la prestación del servicio. Se mantendrá el interés público de la

televisión, fortaleciendo los canales de propiedad pública, mediante la revisión

total de su oferta comunicativa y la superación de sus ancestrales falencias

técnicas, económicas y financieras. De esta manera, el servicio será prestado, en

competencia, por canales privados y canales comerciales públicos fortalecidos, lo

cual permitirá que el público obtenga los beneficios de un sistema en

competencia, regulado por la Comisión Nacional de Televisión, organismo

autónomo e independiente de la operación de los medios. El canal cultural,

fortalecido y con cobertura nacional, se convertirá en un auténtico medio de

integración nacional.



En los servicios postales se reglamentará la competencia, estimulando la

ampliación de la cobertura geográfica de nuevos operadores y la aparición de

nuevos servicios. Adpostal deberá adecuarse a este nuevo marco de

competencia, reorganizándose técnica y administrativamente. El Fondo de

Comunicaciones financiará la prestación del servicio donde éste no sea rentable,

con los recursos obtenidos por el pago de concesiones de nuevos operadores.

En total, durante el cuatrienio se invertirán más de $3.6 billones en el desarrollo

del sector, de los cuales casi dos quintas partes corresponderán a inversiones

privadas. La inversión pública de entidades nacionales ascenderá a $1.2 billones.

De esta suma, $145.000 millones se destinarán a los programas de telefonía

social (Cuadros 6.5 y 6.6) creado en el texto original.

E. Inversiones totales.

Los elevados requerimientos del desarrollo de los sectores de infraestructura y

minería exigen inversiones cuantiosas en los próximos cuatro años. Se estima

que el doble efecto de la actualización del país en materia de transporte, energía

y telecomunicaciones, y los nuevos desarrollos petroleros exigirán inversiones por

$25 billones, un 115% más que en los cuatro años precedentes. Ello implica que

las inversiones en estos sectores deberán incrementarse en más de 4 puntos del

PIB, del 5.8 al 10.2%. El grueso de este crecimiento recaerá sobre el sector

privado, que deberá elevar sus inversiones en estos sectores del 1.5 al 4.5% del

PIB. Pese al énfasis otorgado a las inversiones privadas en estos sectores por el



plan, las urgentes necesidades en el frente vial y la participación del Estado en los

desarrollos petroleros, exigirán que la inversión pública aumente un 61%,

elevándose del 4.3 al 5.7% del PIB (Cuadro 6.6) creado en el texto original.

CAPITULO 7

DESARROLLO SOSTENIBLE

I. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

El objetivo de la política ambiental del Salto Social es avanzar gradualmente hacia

el desarrollo humano sostenible. Este se entiende como la ampliación de las

oportunidades y capacidades de la población, a través de la formación de capital

social, para satisfacer en forma cada vez más equitativa las necesidades de las

generaciones presentes, mediante un manejo prudente del patrimonio natural

manteniendo abiertas al mismo tiempo las opciones de bienestar a las

generaciones futuras. La política se orientará al mantenimiento de la renovabilidad

de los recursos, la reorientación de su utilización económica y la conservación de

la diversidad étnica y cultural de la nación.

Los principios y criterios de la política ambiental, consideran el ambiente como el

factor básico del desarrollo humano y de su sostenibilidad. El objetivo de un

desarrollo humano sostenible obliga a tener consideraciones ambientales en las



políticas de crecimiento urbano, industrial, agrario, de población, asentamientos

humanos y expansión urbana, comercio exterior y relaciones internacionales,

entre otras.

La política ambiental se desarrollará teniendo cuatro objetivos básicos: promover

una nueva cultura del desarrollo, mejorar la calidad de vida, adelantar una gestión

ambiental sostenible e impulsar la producción limpia.

La promoción de una Nueva Cultura del Desarrollo tiene como base los principios

del desarrollo humano sostenible e integra la formación de valores sobre la

conservación de los recursos naturales, la calidad del entorno, el desarrollo de

patrones apropiados de poblamiento, de sistemas de consumo y de tecnologías

ambientalmente sanas.

El mejoramiento de la Calidad de Vida comprende la solución de los problemas

ambientales que afectan a la población, en especial a los grupos más

desprotegidos, y la promoción de patrones de consumo sostenibles en todos los

grupos de la sociedad. Se reconocerá el papel estratégico de la mujer y el niño en

el desarrollo humano sostenible.

Una Gestión Ambiental Sostenible conducirá a aumentar la renovabilidad del

capital natural, prevenir el deterioro ambiental de los ecosistemas estratégicos

para el desarrollo nacional, proteger tanto la biodiversidad como la diversidad

cultural, así como fortalecer y consolidar la presencia internacional del país de

acuerdo con las prioridades e intereses nacionales.



La promoción de una Producción Limpia deberá conducir a reorientar las

tendencias no sostenibles introduciendo tecnologías limpias y sistemas de gestión

ambientalmente sanos en los procesos productivos.

El creciente deterioro del medio ambiente en Colombia exige una intervención

activa y efectiva del Estado, apoyada por la acción ambiental eficiente de la

sociedad civil y de los sectores productivos. Para el desarrollo de estas políticas,

el Estado cuenta con siete formas básicas de intervención: instrumentos

económicos, regulación directa, mecanismos administrativos, sistemas de

conciliación y arbitramento, instrumentos jurídicos, administración, e inversiones

para la conservación y restauración de los recursos naturales renovables.

Se dará énfasis al uso de instrumentos económicos, particularmente la aplicación

de tasas retributivas y compensatorias y tasas por el uso de los recursos

naturales. De manera complementaria, se establecerán incentivos económicos

para quienes contribuyan al aumento del capital social, conserven el entorno,

hagan uso eficiente de los recursos naturales y eviten la producción de sustancias

contaminantes. Las Corporaciones Autónomas Regionales podrán reglamentar

que un porcentaje de las tasas por uso de agua se otorgue en beneficio de las

personas naturales y jurídicas que mediante la conservación, garanticen la

renovabilidad del recurso hídrico. Los municipios podrán establecer en su

jurisdicción otro tipo de incentivos como a la conservación, tales como la

reducción del impuesto predial.



Como estrategias para el aumento del capital social, se utilizarán la concertación y

la participación ciudadana, la coordinación, concurrencia y subsidiariedad, el

desarrollo científico y tecnológico y la gradualidad.

La Concertación y Participación Ciudadana para el aumento del Capital Social es

necesaria en los procesos de planificación y gestión, control y evaluación, y en la

incorporación de lo ambiental en las políticas, programas y proyectos de todos los

sectores del Estado. A través de ella se busca crear espacios de diálogo y análisis

con la sociedad civil, así como con el sector productivo y las diversas instancias e

instituciones estatales.

Adicionalmente a los principios de Coordinación, Concurrencia y Subsidiariedad

definidos por la Ley 99 de 1993, se tendrán en cuenta los de Armonía Regional,

Gradación Normativa y Rigor Subsidiario de la misma ley, en lo concerniente al

ejercicio de las competencias ambientales de las entidades territoriales y a la

armonización e integración de las políticas, planes y programas ambientales que

transciendan los límites político-administrativos. Por tanto, el Ministerio del Medio

Ambiente, como entidad rectora del Sistema Nacional Ambiental, SINA, formulará

las políticas, normas, criterios, estrategias y programas que respondan a esta

visión, para garantizar un manejo integrado y coherente del medio ambiente. Con

excepción de los campos que señala la ley específicamente como competencia

del Ministerio del Medio Ambiente la gestión ambiental estará a cargo de las

Corporaciones Autónomas Regionales, las autoridades ambientales de los

grandes centros urbanos y los entes territoriales, dentro de su jurisdicción y

competencia. Se desarrollarán políticas regionales y locales específicas dentro del



marco de las políticas nacionales. Los planes de desarrollo regionales y locales se

articularán al componente ambiental del Plan Nacional de Desarrollo en especial

de acuerdo al artículo 45 de la Ley Orgánica del Plan (Ley 152).

El manejo sostenible del medio ambiente requiere del Desarrollo Científico y

Tecnológico que fortalezca el conocimiento y la comprensión del funcionamiento

de los ecosistemas, de los aspectos sociales así como del impacto de distintas

tecnologías sobre el medio ambiente. Con base en estas investigaciones se

desarrollarán y generarán conocimientos y tecnologías que permitan alcanzar los

objetivos de la Política Ambiental.

La Regulación y el Control son fundamentales para asegurar el cumplimiento de

la normatividad ambiental. El Estado establecerá normas y estándares de calidad

ambiental, y estándares tecnológicos de concentraciones de emisiones, teniendo

en cuenta los puntos de vista de los interesados. Si bien las medidas coercitivas

tendrán un papel importante, se complementarán con procesos de participación

de los diferentes actores del desarrollo. Se fortalecerán los mecanismos de

control social tales como las audiencias públicas, la intervención en los procesos

administrativos en trámite, el derecho de petición de información y las acciones

populares y de cumplimiento.

La Gradualidad es indispensable para poner en marcha las acciones asociadas

con muchas de las políticas y programas propuestos con el fin de garantizar en

particular un ajuste adecuado del sector productivo a las nuevas regulaciones.



II. AREAS DE ACCION Y PROGRAMAS

Para avanzar hacia el desarrollo humano sostenible, se llevará a cabo un Plan de

Acción orientado a promover una nueva cultura del desarrollo, mejorar la calidad

de vida, promover la producción limpia y lograr una gestión ambiental sostenible.

Las acciones se agrupan en dos frentes: acciones de mejoramiento ambiental y

acciones instrumentales.

A. Acciones de Mejoramiento Ambiental.

Los programas que se emprenderán en el mejoramiento ambiental son: la

protección de ecosistemas estratégicos, mejor agua, mares y costas limpias, mas

bosques, mejores ciudades y poblaciones, hacia una producción limpia y una

política poblacional.

Los objetivos del programa de Protección de Ecosistemas Estratégicos son

garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo

humano sostenible del país, prevenir catástrofes y garantizar la diversidad

biológica y cultural. Se adelantarán las investigaciones necesarias para la

identificación y caracterización de estos ecosistemas e iniciar su adecuado

manejo, para las Areas de Manejo Especial y Reservas Forestales se concertarán

acciones para la conservación, manejo y mantenimiento de su riqueza biológica y

cultural. En los Parques Naturales Nacionales se propenderá por el saneamiento

de los títulos de tenencia de la tierra. Se apoyarán las actividades de estudio,

manejo y uso sostenible de la flora, de la fauna silvestre y de la biodiversidad en

general como riqueza renovable del país.



La Corporación del Río Grande de la Magdalena, en asocio con el Ministerio del

Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales localizadas en la

cuenca del río, coordinarán la formulación de un plan de manejo del río

Magdalena con el fin de conservar y mejorar los servicios que éste presta,

mantener la calidad y disponibilidad del recurso hídrico y posibilitar la

disponibilidad del recurso ictiológico.

Dado que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina constituye

una reserva de la biósfera, se iniciará un proyecto piloto de desarrollo sostenible

en el Archipiélago, con participación de las comunidades raizales. Este proyecto

será cofinanciado por el Gobierno Departamental del Archipiélago, Coralina, los

Gobiernos Municipales y otras fuentes.

Se apoyará la creación de la Corporación Selva de Florencia (Caldas), para

conjugar los esfuerzos comunitarios, privados y públicos tendientes a salvar y

desarrollar integralmente esa gran reserva de biodiversidad y de agua.

El Programa Mejor Agua busca mantener la productividad de los sistemas

acuáticos, mejorar la eficiencia en el uso del agua, disminuyendo su desperdicio y

contaminación, proteger las cuencas, acuíferos y humedales, disminuir los riesgos

de morbimortalidad por consumo de aguas y contribuir a mejorar la calidad de

vida de la población. El Ministerio del Medio Ambiente, a través del IDEAM,

formulará y promoverá una doctrina de Manejo del Agua, orientada a modernizar

el manejo del recurso. El Gobierno armonizará la legislación en materia de



ordenamiento, oferta y calidad del agua. En colaboración con las Corporaciones

Autónomas Regionales y los entes territoriales, formulará y desarrollará la

conservación y recuperación de zonas de producción de aguas y microcuencas

que abastecen acueductos municipales. El Gobierno impulsará la adecuada

gestión en cuencas que cubren aproximadamente 300.000 hectáreas, con

repercusión indirecta en más de dos millones de hectáreas.

Las Corporaciones promoverán el uso de tecnologías apropiadas para el

saneamiento básico. Igualmente se promoverá que los municipios adelanten

acciones de control y tratamiento de sus aguas residuales. El Ministerio del Medio

Ambiente y las entidades que conforman el SINA, incluidas las entidades

territoriales, iniciarán un proceso de reducción gradual de la contaminación hídrica

en las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y Meta, mediante el respaldo a

proyectos de saneamiento ambiental en los principales centros urbanos y

poblaciones que vierten sus desechos a estas corrientes.

El programa de Mares Limpios y Costas Limpias adelantará acciones de

protección y utilización sostenible de los recursos marinos y costeros, así como de

mejoramiento ambiental de las zonas costeras y terminales marítimos más

contaminados del país, contribuyendo a preservar y mejorar las condiciones de

vida de las poblaciones costeras e isleñas. Este programa se adelantará a través

de las entidades del SINA, (en particular, Invemar y las Corporaciones Autónomas

Regionales. La Armada Nacional y Dimar).



Se diseñará y pondrá en marcha un programa de investigaciones marinas y se

elaborará un sistema de indicadores de calidad ambiental y del estado de los

recursos hidrobiológicos. Así mismo se apoyará la recuperación de los

ecosistemas de manglar y coral. El Ministerio del Medio Ambiente y el

Departamento Nacional de Planeación, gestionarán un crédito internacional para

un proyecto de manejo ambiental en la zona de influencia del Canal del Dique.

Los objetivos del programa Más Bosques son proteger el bosque natural,

incrementar el uso múltiple y aumentar la proporción de reforestación,

incentivando de esta manera la estabilización y mejora de las condiciones de vida

de la población que habita en tales zonas. Se definirá una política forestal con

base en los siguientes principios: hacer que el Estado capte un mayor porcentaje

de las rentas que corresponden al valor en pie del recurso; corregir su

subvaloración incluyendo los servicios ambientales que el bosque presta, y

eliminar los incentivos a la ineficiencia en los procesos de extracción y

procesamiento. Se establecerán nuevos esquemas de administración de los

bosques, incluyendo una reforma a las tasas de aprovechamiento forestal y el

sistema de permisos y concesiones.

El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales

liderarán la gestión para la prevención y el control de incendios forestales, y

brindarán capacitación a las Entidades Gubernamentales y Territoriales, y a la

ciudadanía.

Se fortalecerá la capacidad de las autoridades forestales apoyando la

investigación para el aprovechamiento, manejo integral y restauración del bosque



natural, y la reforestación con especies nativas. Se creará el Servicio Nacional

Forestal como entidad que apoyará la ejecución de los programas y proyectos

que conformen el plan sectorial de desarrollo forestal, y elaborará los planes

indicativos que orienten las inversiones públicas y privadas en materia de

reforestación, desarrollo sustentable de los bosques naturales y de la industria

forestal. Durante este cuatrienio, a través de Finagro con las Corporaciones

Autónomas Regionales el Gobierno impulsará la reforestación de 160.000

hectáreas mediante el certificado de incentivo forestal. Adicionalmente, y con el

objeto de alcanzar un mínimo de 40.000 hectáreas en plantaciones forestales de

carácter protector, el Gobierno Nacional establecerá, un sistema de cofinanciación

con el ente de gestión ambiental urbana y las Corporaciones Autónomas

Regionales.

El objetivo del Programa Mejores ciudades y Poblaciones es elevar la calidad de

vida y salud de los colombianos que habitan las ciudades, disminuyendo la

contaminación a través de la promoción de proyectos piloto de transporte urbano

sostenible y la recuperación del espacio público. Parte fundamental de este

propósito es la puesta en marcha de las Unidades Ambientales de los grandes

centros urbanos.

El Ministerio del Medio Ambiente asesorará a los municipios, en la definición de

políticas integrales e incentivos económicos para el desarrollo urbano sostenible

mediante la divulgación masiva de normas y apoyará la ejecución de Planes de

Acción Ambiental. El Gobierno Nacional avalará y cofinanciará proyectos de

saneamiento que incluyan el manejo de residuos tóxicos y patógenos. Se

promoverá un programa nacional de residuos sólidos y reciclaje que comprometa



la participación de los municipios, el sector productivo y la sociedad civil,

involucrando soluciones para toda la cadena de producción de basuras

incluyendo rellenos sanitarios y sistemas para el manejo de residuos peligrosos.

Se respaldarán empresas comunitarias de aseo y reciclaje. Se establecerán,

controlarán y monitorearán los estándares mínimos de calidad para residuos

sólidos y peligrosos, vertimientos y emisiones para fuentes fijas y móviles. Se

apoyarán los programas de sustitución y masificación de combustibles que

minimicen los aportes contaminantes y se pondrá en marcha un programa de

incentivos económicos para el control de la contaminación con tasas retributivas,

compensatorias y por uso de recursos naturales. Se impulsará la reubicación de

asentamientos humanos que se han desarrollado en zonas de alto riesgo. Para el

monitoreo de la gestión ambiental urbana se integrarán al Sistema de Información

Ambiental, la Red Nacional de Laboratorios Ambientales y la Red de Calidad

Ambiental.

El objetivo del programa Hacia una Producción Limpia es introducir la dimensión

ambiental en los sectores productivos y reorientarlos hacia formas de gestión y de

uso, tecnologías ambientalmente sanas, que aumenten la eficiencia en el uso de

recursos energéticos e hídricos, sustituyan insumos, optimicen procesos o

modifiquen productos y reduzcan la producción de desperdicios. En este sentido,

se concertarán planes ambientales sectoriales, propiciados por el Consejo

Nacional Ambiental, que coordinará las acciones intersectoriales.

La política ambiental para el Sector Energético se dirigirá principalmente al

manejo de la demanda final de energía mediante el aumento en la eficiencia



energética y el fomento de fuentes no convencionales, siempre y cuando sean

viables económicamente. En la generación de energía eléctrica, se dará prioridad

al control de las emisiones atmosféricas y manejo de residuos sólidos de las

plantas termoeléctricas y a la reforestación de cuencas aportantes a proyectos

hidroeléctricos.

El Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol promoverán programas ambientales

en el sector de hidrocarburos y gas, para lo cual reestructurarán y fortalecerán los

que actualmente adelantan buscando reducir los impactos ambientales de todas

las etapas de la producción petrolera. Se pondrá fuera de operación la planta de

producción de alquilos.

La política del Sector Transporte se dirigirá a incentivar la utilización de

combustibles más limpios y de sistemas de control de la contaminación

atmosférica, en especial se dará prioridad a la reglamentación de los niveles de

emisión por fuentes móviles, incluyendo altos niveles de exigencia en las normas,

en forma tal que, se exija el uso de convertidores catalíticos en vehículos nuevos.

El Ministerio del Medio Ambiente colaborará con las autoridades municipales y

nacionales responsables del tránsito y transporte, en la formulación de políticas

de transporte urbano que minimicen los efectos contaminantes e incentiven el uso

de sistemas de transporte masivo. Se continuará con los programas de

reformulación de la gasolina con aditivos oxigenados y se llevarán a cabo estudios

de factibilidad económica y ambiental sobre desulfurización de la gasolina.



La política para el Sector Minero se dirigirá a disminuir los impactos ambientales

actuales de la minería focalizándose en las áreas más críticas. Se formularán

planes de restauración y control de los impactos negativos de esta actividad que

incluyan la regulación directa con mecanismos de control, seguimiento y

monitoreo. El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía

formularán diagnósticos ambientales y planes de ordenamiento ambiental de la

actividad minera. Ecocarbón, Mineralco y otras instituciones del sector minero

ejecutarán el Programa de Atención a los Problemas Ambientales en la Pequeña

y Mediana Minería, con el objeto de mejorar la calidad de vida de los trabajadores

de las minas.

En el Sector Industrial la gestión ambiental se dirigirá al establecimiento de

instrumentos que promuevan la reconversión industrial y la optimización de

prácticas productivas con miras a obtener procesos eficientes que minimicen la

generación de residuos. En esta dirección, el Gobierno estimulará la importación,

divulgación y transferencia de estas tecnologías limpias y apoyará la adopción,

por parte del sector manufacturero, de códigos de conducta voluntarios para la

protección ambiental. Las Corporaciones Autónomas Regionales prepararán

planes de acción para identificar los principales problemas de contaminación de

origen industrial en su región proponiendo planes de control ambiental para

reducir su impacto. Se establecerá un Centro de Tecnologías Limpias y se

apoyarán las Empresas Comunitarias de reciclaje, de lubricantes usados y otros

materiales residuales.



La política de producción limpia en el Sector de la Salud propenderá porque los

centros hospitalarios, clínicas, centros y puestos de salud adelanten programas

de manejo ambiental integral, particularmente de transporte, tratamiento y

disposición final de residuos hospitalarios y patógenos. De manera

complementaria, en los centros urbanos se promoverá un servicio especial de

aseo de desechos hospitalarios.

La política para el Sector Turístico se dirigirá en primer lugar a que los grandes

proyectos y desarrollos turísticos, establecidos en áreas de ecosistemas frágiles,

aprovechen y mantengan adecuadamente los valores ambientales, buscando el

mínimo deterioro. En segundo lugar, con el objeto de desarrollar el Ecoturismo, se

promoverá la realización de planes regionales de ordenamiento ambiental con

fines turísticos.

En el Sector Agropecuario se propenderá por mejorar la eficiencia ambiental de

las prácticas, procesos y tecnologías agropecuarias, en especial mediante la

promoción de la agricultura orgánica, manejo integrado de plagas y suelos y

recuperación de tecnologías de manejo sostenible. El Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural y el Ministerio del Medio Ambiente, promoverán la constitución de

áreas de Reserva Campesinas en zona de amortiguación del Sistema de Parques

Nacionales y reservas a favor de Organizaciones no Gubernamentales y

entidades privadas, como una forma de reorientar los frentes de colonización que

se dirigen hacia áreas de alta fragilidad ecológica. El incentivo de capitalización

rural se utilizará para promover el uso de tecnologías acordes con la conservación

del suelo. Se involucrarán consideraciones ambientales las políticas de reforma

agraria y adecuación de tierras. Se dará prioridad a la reglamentación del artículo



5 de la Ley 99, en especial los numerales 25 y 26 relacionados con la fabricación,

uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental

y con la expedición de regulaciones sobre distribución y uso de sustancias

químicas o biológicas utilizadas en actividades agropecuarias.

En el Sector Pesquero, el Ministerio del Medio Ambiente, conjuntamente con el

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, apoyará la acuicultura y fijará los

cupos globales de pesca. Se actualizarán las tasas de aprovechamiento pesquero

e igualmente se optimizará el sistema de otorgamiento de permisos.

El programa Hacia una Política Poblacional adelantará acciones de coordinación

interinstitucional para avanzar en la constitución de una política de población

sostenible que incida sobre las tendencias de las migraciones y asentamientos

humanos, especialmente, el control y orientación de las migraciones en el interior

del país para que se realicen dentro de condiciones de vida dignas, y acordes con

el ordenado desarrollo rural y urbano. Con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural, el Ministerio del Medio Ambiente formulará y establecerá políticas de

control de la colonización que incentiven el uso intensivo de tierras actualmente

no utilizadas en todo su potencial y, a la vez, desestimulen la expansión de la

frontera agrícola. En esta dirección se fortalecerá la dimensión poblacional en los

procesos de planificación adelantando un Plan de Investigaciones en Población y

Asentamientos Humanos.

B. Acciones Instrumentales.



Para alcanzar los objetivos establecidos se desarrollarán cinco programas:

educación y concientización ambiental, fortalecimiento institucional, información e

investigación, planificación y ordenamiento ambiental del territorio y cooperación

global.

El objetivo del programa Educación y Concientización Ambiental es fortalecer los

valores sociales acordes con el desarrollo humano sostenible, para la

construcción de un nuevo ciudadano, mediante programas de desarrollo cultural,

educación, capacitación ambiental y apoyo a la participación ciudadana,

involucrando el concepto de la ecología en su doble dimensión: la ambiental y la

humana, para restablecer la relación hombre-naturaleza y propiciar la

descontaminación de costumbres sociales que impiden contar con un clima

favorable para el mejor desenvolvimiento de la vida. Se incluirá el tema ambiental

en la vida escolar y en los programas y contenidos educativos, en los cuales las

mujeres serán reconocidas como actoras y beneficiarias de dichos programas. Se

fortalecerá el Programa Nacional de Educación Ambiental a través del cual se

capacitarán más de 5.000 docentes. Adicionalmente, se capacitarán 3.000

extensionistas, 1.650 profesionales funcionarios de las entidades del SINA, 800

alcaldes y representantes de la sociedad civil. Se brindará la formación ambiental

a los participantes en los programas del Servicio Ambiental, se realizarán

campañas masivas de educación e información ambiental y se apoyarán

Proyectos Ambientales Educativos del sector no gubernamental.

La meta del programa de Fortalecimiento y Puesta en Marcha del Sistema

Nacional Ambiental es estructurar y poner en funcionamiento las principales

entidades que lo conforman, según la Ley 99 de 1993 generando una cultura



institucional eficiente y comprometida. El montaje y la consolidación del SINA se

basarán en los principios de eficiencia, transparencia y flexibilidad, garantías para

el buen servicio al ciudadano y al sector productivo. Las entidades del SINA serán

orientadas por el Ministerio del Medio Ambiente, y se vincularán activamente al

Sistema de Evaluación de la Gestión Pública del Departamento Nacional de

Planeación. Se reglamentarán aspectos prioritarios de la Ley 99 de 1993 en

particular los artículos 42 y 43 referentes a tasas retributivas y compensatorias y

tasas por utilización de aguas y el artículo 5 en lo referente a la aprobación de los

estatutos de las corporaciones y las reformas que los modifiquen o adicionen. El

Ministerio del Medio Ambiente dará prioridad al cumplimiento del artículo 112 de

la Ley 99, para que el Gobierno Nacional conforme la comisión revisora de la

legislación ambiental y acelerará el proceso de reglamentación total de la ley.

Para la fijación de metas sectoriales que apunten al logro de los objetivos

ambientales y poblacionales, el Ministerio del Medio Ambiente y sus entidades

desarrollarán y fortalecerán los mecanismos de coordinación, concertación y

participación con las entidades públicas y privadas, los sectores

económico_sociales y la sociedad civil.

Se pondrá en funcionamiento el Sistema de Información e Investigación Ambiental

y Poblacional, como apoyo a las entidades del SINA y a la ciudadanía en general.

Sus tareas prioritarias serán brindar información confiable sobre factores

climáticos, hidrometeorológicos, ambientales, demográficos y sociales. El Ideam

será el nodo del Sistema Nacional de Información Ambiental.



En el campo científico se pondrán en funcionamiento los institutos de

investigación creados por la Ley 99 de 1993 (Ideam, Sinchi, Von Humboldt, Von

Newmann e Invemar), los cuales se ocuparán de la investigación sobre los

elementos biogeográficos del país, el conocimiento del patrimonio natural, el

control de la contaminación, el aprovechamiento sostenible y uso eficiente de los

recursos, la información y las metodologías para la planificación y la gestión

ambiental. La investigación ambiental en las Universidades, Instituciones del

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y los institutos de investigación

mencionados, será, financiada fundamentalmente a través del Sistema Nacional

de Ciencia y Tecnología.

La Planificación, el Ordenamiento Ambiental del Territorio, los estudios de impacto

ambiental y el diagnóstico ambiental de alternativas, serán instrumentos básicos

para la toma de decisiones sobre la realización de proyectos y la utilización de los

recursos naturales. Se redefinirán las actuales categorías de protección de

ecosistemas y unidades de conservación y manejo especial. El Ministerio del

Medio Ambiente, el Ideam, las Corporaciones Autónomas Regionales y el IGAC,

liderarán los procesos de desarrollo y consolidación de herramientas de

ordenamiento ambiental del territorio. Los procesos de planificación y

ordenamiento territorial se realizarán en concertación con los diferentes

estamentos de la sociedad civil, en particular con las autoridades representantes

de los pueblos indígenas, comunidades negras y raizales cuando se trate de sus

territorios.

III. FINANCIACION



La gestión ambiental para el cuatrienio se financiará con recursos del presupuesto

nacional, crédito externo, rentas administradas de las Corporaciones Autónomas

Regionales, rentas de las entidades territoriales, cooperación técnica

internacional, recursos de Organizaciones no Gubernamentales e inversiones del

sector privado. La inversión pública en gestión ambiental aumentará del 0.13 al

0.58% del PIB entre 1994 y 1998, para una inversión total en el cuatrienio cercana

a $1.24 billones (Cuadro 7.1) creado en el texto original. Los aportes del

presupuesto nacional alcanzarán un total de $510 mil millones durante el

cuatrienio.

Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, las

entidades ambientales de los grandes centros urbanos y los entes territoriales

contarán con rentas administradas por un valor de $657 mil millones. Para

sufragar gastos de funcionamiento, se propenderá porque las Corporaciones

utilicen parcialmente los recursos provenientes del cobro de las tasas retributivas

y compensatorias, o las tasas por uso de recursos naturales, particularmente las

del uso del agua y el aprovechamiento forestal. Para garantizar las metas de

inversión, se utilizará el sistema nacional de cofinanciación.

Las transferencias del presupuesto nacional a las Corporaciones Autónomas

Regionales y de Desarrollo disminuirán gradualmente en la medida en que el

Fondo Nacional Ambiental se fortalezca como instrumento de cofinanciación. Las

inversiones financiadas con apropiaciones del presupuesto nacional canalizadas

tanto a través del SINA como del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología,



darán prioridad a los proyectos de las Corporaciones de Desarrollo Sostenible y a

los Institutos de Investigación. Las Corporaciones Autónomas Regionales y de

Desarrollo sostenible ejecutarán prioritariamente las apropiaciones para proyectos

de inversión mediante convenios con las gobernaciones, municipios, juntas de

acción comunal veredales, Organizaciones no gubernamentales, centros de

investigación especializada y universidades. La cofinanciación de proyectos

ambientales de índole local se asignará buscando maximizar globalmente la

cuantía de recursos financieros de contrapartida por peso invertido del

presupuesto nacional para alcanzar las metas que se identifican en los diferentes

programas. Se fortalecerá la ejecución de programas que adelanten las

organizaciones no gubernamentales y comunitarias, a través del Ecofondo, con

los recursos provenientes de las reducciones de deuda bilateral y de cooperación

internacional.

Para acceder a recursos de inversión social del Sistema Nacional de

Cofinanciación, las comunidades y municipios podrán aportar, como

contrapartida, áreas de bosque o ecosistemas para su regeneración o

conservación, que se encuentren relacionados con los proyectos que se

pretendan adelantar.

CAPITULO 8

MAS Y MEJORES EMPLEOS



El logro de un crecimiento más alto y sostenido que se espera alcanzar en los

próximos cuatro años, unido a la ejecución de una nueva política social, crearán

las condiciones necesarias para la generación de más y mejores oportunidades

de empleo. No obstante, la presencia de desequilibrios estructurales en el

mercado de trabajo puede resultar en el desempleo de personas con baja

capacitación, al tiempo que escasea la oferta de trabajadores con un alto nivel de

calificación, situación que puede haberse acentuado con el proceso de apertura

económica. A estos desequilibrios se unen diferencias importantes en las

condiciones de empleo y remuneración por grupos poblacionales, sectores

económicos, tipo de organizaciones empresariales y regiones, que el crecimiento

económico y el libre funcionamiento del mercado no eliminan en forma

automática.

Por lo tanto, el Gobierno pondrá en marcha una política activa de empleo

orientada a garantizar que el mayor crecimiento y la apertura de la economía se

traduzcan efectivamente en un aumento dinámico del empleo. Esta política busca

crear oportunidades suficientes de trabajo productivo en condiciones dignas,

superar las situaciones precarias de empleo que sufre un porcentaje significativo

de la población, calificar el recurso humano teniendo como guía las necesidades

del proceso de internacionalización del país, y mejorar los mecanismos de

intermediación en beneficio de los trabajadores de menores ingresos y de las

pequeñas empresas. En particular, la ocupación femenina está sometida a ciclos

relacionados con la maternidad y requiere de apoyo y protección especial.

Las metas de la política son:



1. Generar durante los próximos cuatro años 1.600.000 empleos y mejorar la

calidad de los puestos de trabajo.

2. Acrecentar la competitividad y las condiciones de empleo en las pequeñas

unidades productivas, que por lo general son intensivas en el uso de mano de

obra.

3. Aumentar la calificación de la oferta laboral, de forma tal que los nuevos

puestos generados puedan ser ocupados sin causar desequilibrios estructurales,

mediante la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Formación Profesional.

Para facilitar este proceso y disminuir el desempleo friccional, se deben también

modernizar y ampliar los mecanismos de intermediación laboral.

4. Poner en marcha programas de capacitación que faciliten la incorporación al

mercado de trabajo de la población hoy excluida de este mercado.

5. Reestructurar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para fortalecer sus

funciones de formulación de políticas, monitoreo de los mercados de trabajo y

concertación sobre los grandes temas del sector.

I. POLITICA ECONOMICA Y CREACION DE EMPLEOS PRODUCTIVOS

La política macroeconómica, unida a la estrategia social y de competitividad,

permitirán mantener un ritmo de crecimiento promedio del producto interno bruto

del 5.7% entre 1994 y 1998. Con este ritmo de aumento, el número de empleos



se incrementará a una tasa promedio de 2.8% anual, generando, así, 1.600.000

nuevos puestos de trabajo durante el cuatrienio.

Se desarrollarán programas de modernización industrial por ramas productivas,

que permitan la competitividad creciente del sector en los mercados nacionales e

internacionales y una política de modernización de la pequeña y mediana

industria. Se estima que este sector generará 200.000 nuevos empleos en los

próximos cuatro años. Con el Plan de Modernización Agropecuaria se busca

superar la crisis del sector, desarrollar su vocación exportadora, adaptarlo a la

apertura y defender, así, el trabajo en el campo. Esta estrategia sectorial permitirá

generar 225.000 nuevos empleos y mejorar la calidad del empleo en el sector

rural. Ambos programas se apoyarán en el Plan Estratégico Exportador y en las

políticas orientadas a acrecentar el capital social. Se orientará, así, una

proporción creciente de la producción a los mercados internacionales.

De otro lado, el gasto público en infraestructura que se tiene previsto desarrollar

en estos cuatro años con el fin de aumentar la competitividad y generar mayores

tasas de crecimiento, unido al programa de vivienda de interés social, lograrán

también un efecto sectorial sobre la construcción. Se estima que en este sector se

generarán 115.000 nuevos empleos directos.

El crecimiento del producto en los anteriores sectores, unido al gasto público en

educación y salud, estimulará un aumento del empleo de 2.8% en el comercio y

de 3.7% en el resto de sectores no comercializables, fundamentalmente servicios

públicos, privados y del Gobierno. Ello conducirá a una generación de 330.000



empleos en comercio, 500.000 en servicios privados, 160.000 en los servicios del

Gobierno (cuya prestación puede ser pública o privada) y 10.000 en servicios

públicos domiciliarios. El Gobierno apoyará en forma directa estos esfuerzos,

mediante políticas dirigidas a ampliar los servicios sociales, y con programas

especiales dirigidos al pequeño comercio.

Se estima que la población en edad de trabajar crecerá a un ritmo anual del 2.1%

entre 1994 y 1998. Con un crecimiento dinámico del empleo como el previsto, del

2.8%, las mejoras en el mercado laboral podrán manifestarse de diversas

maneras: a través de descensos adicionales en el desempleo, de incentivos a

aumentar la participación laboral, o de mejoras en la calidad de los puestos de

trabajo. Debido a estas condiciones favorables, se espera una disminución en la

informalidad, un crecimiento en los ingresos de los trabajadores y una mayor

cobertura en seguridad social, lo cual permitirá que los beneficios del crecimiento

económico sean apropiados de una manera más equitativa por todos los

colombianos.

Por otra parte, con el fin de contribuir a lograr un empleo femenino en igualdad de

condiciones con el masculino, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de

Trabajo y la Consejería Presidencial para la Política Social, teniendo en cuenta

que la gran parte de los nuevos empleos serán ocupados por mujeres, fomentará

una mayor divulgación y apropiación por parte de las mujeres de las normas

jurídicas que evitan su discriminación laboral.



II. APOYO A LA PEQUEÑA PROPIEDAD Y A LA ECONOMIA SOLIDARIA:

GENERACION Y MEJORAMIENTO DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS

Como parte de la estrategia social y con el fin de aumentar el empleo y mejorar

sus condiciones, especialmente de los grupos más pobres tanto en zonas

urbanas como rurales y, también, acrecentar su acceso a los recursos productivos

y a los mercados, se desarrollará una agresiva política de fomento a la economía

solidaria y a la pequeña propiedad. Esta incluye el Plan Nacional para la

Microempresa, la Política de Desarrollo Rural Campesino, el Fomento a la

Artesanía, la Pequeña Minería y la Economía Solidaria, cuyos impactos en la

generación de empleo son ampliamente conocidos. Estos programas serán

responsabilidad del nivel local, pero contarán con el apoyo financiero y la

asistencia técnica del nivel nacional.

La política de desarrollo rural campesino se apoyará, además, en el plan de

empleo en zonas rurales de la Red de Solidaridad Social, el cual se desarrollará

en municipios con alta vocación agropecuaria, problemas críticos de insuficiente

demanda de trabajo y/o situaciones de muy bajos ingresos. Se fomentará el

desarrollo de pequeños proyectos de inversión social, de infraestructura, de

control sanitario y de obras públicas de alta prioridad, intensivas en el uso de

mano de obra no calificada. Además, se apoyará la capacitación y el tiempo

requerido para la elaboración de proyectos que permitan un mejoramiento de la

calidad de vida, de los ingresos o de la organización de las comunidades. Se

espera que, después de la fase inicial de apoyo a estos programas mediante los

planes de emergencia, éstos puedan continuar contando con fuentes alternativas



de financiación. Estos proyectos serán parte integral de los planes de desarrollo

municipal y contribuirán al logro de los objetivos allí trazados. Adicionalmente,

dado que algunas situaciones de emergencia laboral en las zonas rurales

comprometen áreas de varios municipios, se promoverá la presentación por parte

de los departamentos de proyectos de alcance subregional.

Los beneficiarios de este programa serán principalmente población pobre (de

hogares por debajo de la línea de indigencia), no calificada, afectada por el

desempleo y el subempleo. El costo total del programa entre 1995 y 1998 es de

$128.000 millones, de los cuales el 70% será aportado por el Gobierno Central

(Fondo DRI) y el 30% provendrá de recursos municipales de contrapartida. Este

programa es responsabilidad del Fondo DRI y de los municipios, en el marco del

Sistema Nacional de Cofinanciación.

Para apoyar las actividades del sector solidario, desarrolladas por comunidades

que habitan en zonas urbanas subnormales importantes, donde residen grupos de

población con ingresos por debajo de la línea de indigencia, se pondrá en marcha

el Plan de Empleo Urbano. Este Plan apoyará proyectos de servicios comunales y

sociales que permitan el desarrollo comunitario de la población, a través de la

elaboración y montaje de proyectos que eleven su calidad de vida, sus ingresos o

su organización y que conduzcan a la institucionalización de las organizaciones

comunitarias, y a mejorar su capacidad de concertación y de generación de

ingresos. En este tipo de proyectos se apoyarán también iniciativas de

organización y participación de los jóvenes. El Plan de Empleo Urbano incluirá



también proyectos para el mejoramiento de la infraestructura de los barrios

subnormales.

Todos los proyectos deben tener amplia participación comunitaria en su

identificación y desarrollo y hacer parte de los planes municipales.

El costo del Plan de Empleo Urbano en el cuatrienio 1995_1998, asciende a la

suma de $170.000 millones, de los cuales el 70% será aportado por el Gobierno

Central a través de la Red de Solidaridad Social y el resto provendrá de recursos

de contrapartidas municipales. El 30% de estos recursos se destinarán a

capacitación. El programa se ejecutará en el marco del Sistema Nacional de

Cofinanciación.

III. CAPACITACION PROFESIONAL E INTERMEDIACION LABORAL

La formación profesional es una estrategia fundamental para mejorar el

desempeño y las condiciones laborales de la fuerza de trabajo, combatir el

desempleo estructural y contribuir a solucionar los problemas de competitividad

que enfrentan algunos sectores productivos. Estas dificultades se asocian a

deficiencias en el uso de los recursos productivos, relacionados en forma directa

con las debilidades en la formación, con las limitaciones de calidad y cobertura en

los programas de capacitación y recalificación, y con la ausencia en el dominio de

las nuevas técnicas y tecnologías requeridas para competir con éxito en los

mercados mundiales.



El SENA, entidad orientadora de la formación profesional en el país, deberá poner

en marcha el Sistema Nacional de Formación Profesional, aumentar su cobertura

y hacer más relevante su formación, acercando su capacitación profesional a las

exigencias tecnológicas de las empresas colombianas considerando la

perspectiva de género.

Para aumentar su cobertura, el SENA volverá a dar énfasis en términos

cuantitativos y cualitativos a los cursos largos en sus centros (aprendizaje y

promoción), readecuándolos en su orientación, metodología y contenidos. De

19.000 alumnos en 1994 se aumentará a 30.000 en 1995 y 50.000 en 1998, sin

aumentar su infraestructura. Esto es posible gracias a los bajos índices de

utilización diurna de la capacidad instalada de algunos centros. Se dará prioridad

a las especialidades que desarrollen el aprendizaje de tecnologías transversales

que permitan al trabajador desempeñarse en distintos puestos de trabajo y en

diversas ramas de actividad. Se unificarán los modos de aprendizaje y promoción

que actualmente imparte el SENA y no será requisito indispensable contar con

beca o contrato de aprendizaje por parte de una empresa. También se ofrecerán

alternativas de medio tiempo, con módulos de aprendizaje dual concertados con

algunas empresas.

El SENA ofrecerá además dos tipos de cursos cortos. Los primeros serán cursos

cuyos contenidos corresponden a aspectos parciales pero terminales de cursos

largos o a componentes precisos de una tecnología. Estarán dirigidos a calificar

en aspectos más específicos a adultos que desean complementar su formación

para mejorar su desempeño laboral y sus ingresos, y a recalificar en trabajadores



ante perspectivas presentes o futuras de desempleo. Deben tener una

programación flexible y un proceso de inscripción y matrícula más ágil y continuo.

Los segundos serán cursos especializados en aspectos puntuales, que requieren

diseños cuidadosos para entrenar a personal de las empresas o a grupos

ocupacionales en tecnologías nuevas. Estos programas se realizarán mediante

convenios con los Centros de Productividad y Desarrollo Tecnológico o con otras

instituciones.

De otro lado, el SENA pondrá en marcha el Sistema Nacional de Formación

Profesional con participación de entidades formadoras del sector público y privado

y de las empresas del sector productivo cuando adelanten planes específicos de

capacitación. Las principales estrategias para ello son la suscripción de convenios

en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología, el reconocimiento de los cursos de

formación de otras entidades y una mayor y mejor relación con las instituciones

del sector educativo.

Los Acuerdos Sectoriales de Competitividad promovidos en el marco de

Competitividad (Capítulo 6) creado en el texto original, serán elementos

esenciales en la identificación de los requerimientos en materia de formación

profesional y servirán de base para el diseño de los programas de capacitación

del SENA y de los Centros de Productividad y Desarrollo Tecnológico. El SENA

seguirá atendiendo las necesidades de capacitación de sectores no vinculados a

estos Acuerdos.



En la conformación del Sistema Nacional de Formación Profesional se

desarrollarán convenios con los Centros de Productividad y Desarrollo

Tecnológico en los cuales se realizarán cursos de capacitación por sectores

productivos. Además, se realizarán convenios con empresas para la formación de

aprendices y para la calificación en temas específicos al personal vinculado a

ellas. Con el sector educativo se buscará una mayor articulación alrededor de los

programas de educación media técnica del Ministerio de Educación y con las

instituciones técnicas y tecnológicas de educación superior.

Con el fin de contribuir a solucionar problemas de desempleo, especialmente de

jóvenes y mujeres de áreas urbanas con niveles medios de escolaridad, quienes

para integrarse al mercado laboral requieren de políticas activas de empleo, el

SENA desarrollará, en el marco de la Red de Solidaridad Social, un programa de

capacitación para el trabajo con becas de mantenimiento. Con este programa se

facilita la capacitación y recapacitación de la fuerza de trabajo en función de las

nuevas exigencias que genera el proceso de internacionalización de la economía.

La beca estará a cargo del SENA. Los beneficiarios del programa serán

desempleados (aspirantes o cesantes), pertenecientes a los estratos

socioeconómicos 1 y 2. Estas personas se registrarán en los Servicios de Empleo

del SENA y tendrán que inscribirse en cursos de capacitación. Una vez terminada

la capacitación, se buscará su vinculación al sector productivo a través del

programa de intermediación laboral. De esta manera, se combatirá el desempleo

friccional, explicado por una inadecuada información, y el desempleo estructural,

relacionado con problemas de capacitación.



En los cuatro años se entregarán becas de sostenimiento por seis meses a

123.000 hombres y mujeres de bajos ingresos, de los cuales 86.000 serán

jóvenes y 37.000 cesantes. El costo total del programa asciende a $70.000

millones en los cuatro años, $36.400 millones en becas financiadas por el Fondo

de Becas del SENA, entidad que cubrirá, además, el costo de los cursos de

capacitación.

De otro lado, en desarrollo del Plan de Empleo Urbano de la Red de Solidaridad

Social, se diseñará un componente de capacitación para habilitar a hombres y

mujeres pertenecientes a los estratos 1 y 2, que por su nivel de calificación y sus

condiciones, normalmente no acceden a los cursos regulares del SENA.

Este componente del Plan de Empleo Urbano será responsabilidad del SENA en

el marco de la Red de Solidaridad Social, entidad que actuará como instancia

técnica de segundo piso, y elaborará un registro de entidades de capacitación

elegibles. Estos cursos tendrán componentes de capacitación técnica, pero

también de motivación, autoestima y actitudes laborales básicas. Al finalizar la

capacitación, los beneficiarios realizarán una práctica laboral de tres meses, con

lo cual se busca mejorar su posibilidad de inserción laboral.

Con este programa se financiará la capacitación y becas de mantenimiento para

50.000 personas. Se invertirán recursos por $50.000 millones (30% del total de

recursos del Plan de Empleo Urbano). El 70% de la inversión será realizada por la

Red de Solidaridad Social y el 30% restante será cofinanciado por las entidades



territoriales. Este programa priorizará su acción en las ciudades capitales e

intermedias.

El Sena estimulará el acceso de las mujeres y establecerá mecanismos para

vincularlas a cursos que les permitan una mejor inserción en el mercado laboral.

Además, con el objeto de reducir el tiempo de desempleo y mejorar la información

para ejercer acción directa y precisa sobre el mercado de trabajo, se ampliará la

cobertura y se modernizarán los mecanismos de intermediación laboral. Para ello,

el principal instrumento será la extensión de los Servicios Regionales de Empleo

del SENA, mejorando los flujos de información hacia los desempleados y las

empresas con vacantes y fortaleciendo los mecanismos para identificar las

necesidades de formación de los inscritos. La información recogida se utilizará

además para actualizar los cursos de capacitación profesional.

El SENA en los cuatro años apropiará recursos por $750.000 millones para las

labores de capacitación, recapacitación, intermediación laboral y aportes para la

actualización de los Centros de Desarrollo Tecnológico. Los recursos provendrán

prioritariamente de los aportes que hacen las empresas al SENA.

IV. EL TRABAJO COMO ESTRATEGIA BASICA DE CONVIVENCIA SOCIAL

Con la política de "Más y Mejores Empleos" se busca lograr para la población, no

solamente mayores ingresos, sino condiciones laborales que le permitan a las

personas su desarrollo integral, y una nueva concepción de empresa y de



relaciones obrero_empresariales, donde la persona y su participación con

responsabilidad en el quehacer de estas organizaciones.

Con el fin de alcanzar estas condiciones laborales, se promoverá una nueva

cultura empresarial, y de relaciones obrero_empresariales. Para ello, se

promoverán nuevas relaciones entre organizaciones de trabajadores y de

empresarios, con base en el respeto mutuo, unas condiciones de negociaciones

equitativas, la conciliación como mecanismo de resolución de conflictos y la

búsqueda de la eficiencia para lograr un uso óptimo de los recursos escasos. Se

impulsará, además, la concertación tripartita como mecanismo para afianzar la

internacionalización y la convivencia social.

V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como organismo encargado de la

política de empleo, capacitación para el trabajo, productividad laboral y seguridad

social, concentrará su labor en la formulación de políticas y normas legales, el

monitoreo de los mercados de trabajo, sus requerimientos de mano de obra y la

concertación sobre los grandes temas del sector. Por ello, será transformado en

un organismo técnico que oriente, coordine y supervise las políticas de empleo,

trabajo, capacitación de la fuerza laboral, previsión y seguridad social integral.

El Ministerio promoverá, además, el desarrollo de una nueva cultura de relaciones

empresariales y laborales y propiciará soluciones preventivas y de conciliación.



Pondrá en marcha la "Comisión Permanente de Concertación de Políticas

Salariales y Laborales", conformada de manera tripartita, con la función de

contribuir a la solución de los conflictos colectivos y a afianzar un renovado clima

en las relaciones laborales.

Con el fin de hacerle seguimiento al plan "Más y Mejores Empleos", se

conformará una comisión presidida por el Ministro de Trabajo, en la cual

participarán los Ministros de Hacienda, Desarrollo y Agricultura, el Director del

Departamento Nacional de Planeación, dos representantes de los gremios y dos

representantes de los trabajadores.

Así mismo, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Trabajo y

Colciencias, promoverán un gran esfuerzo investigativo dirigido a identificar los

problemas que enfrenta el mercado laboral, que sirvan de base para el diseño de

políticas específicas dirigidas a corregirlos.

CAPITULO 9

EL BUEN GOBIERNO

Colombia atraviesa una de las etapas más dinámicas de su historia en la

modernización de sus instituciones y de su vida política. Con la Constitución de

1991 se ampliaron e innovaron las formas tradicionales de gobernar y hacer

política. La descentralización, la participación ciudadana y el mejoramiento



continuo de la gestión pública son los elementos más importantes de esta

dinámica, que se constituyen en contribución fundamental para la construcción del

nuevo ciudadano.

De ello se desprende la posibilidad de lograr mayor eficacia y eficiencia de la

acción del Estado. Al mismo tiempo, se establece una relación más directa y

transparente con la sociedad civil. Los problemas y las necesidades de la gente

pueden comenzar a fluir hacia las instancias gubernamentales mejorando la

capacidad de respuesta del Estado en términos de soluciones adecuadas,

duraderas y efectivas.

Con la descentralización, el poder político y administrativo del Estado está cada

vez más cerca de la población. Mediante la participación ciudadana, la gente

puede ayudar directamente en la solución de los problemas que ellos conocen

más que nadie. A través de un sólido sistema de implantación de principios

gerenciales en los diferentes sectores de la administración pública, tanto la

sociedad civil como el gobierno pueden aprender a mejorar sistemáticamente sus

papeles en el desarrollo del país.

El dilema no es más o menos Estado sino mejor o peor Estado. La relación entre

Buen Gobierno y legitimidad es directa y no da lugar a equívocos. En la medida

en que el Gobierno funcione mejor y responda a las expectativas de la gente, la

legitimidad de nuestras instituciones será mayor. La descentralización,

participación y buena gestión, siempre asociados, permitirán que los ciudadanos

recuperen su credibilidad en el servicio público y en sus gobernantes.



La Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Nacional de Planeación,

coordinarán sus acciones para asegurar una adecuada forma de cooperación

institucional orientada a apoyar las estrategias para el logro del Buen Gobierno.

I. DESCENTRALIZACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La descentralización iniciada a mediados de la década pasada y afianzada con la

Constitución de 1991, es el fruto de un proceso político, concertado y participativo,

y constituye el pilar fundamental para alcanzar la autonomía territorial. La

transferencia efectiva del poder político, institucional y fiscal del nivel nacional

hacia los entes territoriales exige que cada uno de los niveles de gobierno juegue

un papel fundamental en el ordenamiento territorial del país, y de acuerdo con

éste, sea responsable del ejercicio de determinadas funciones, siendo todos en

conjunto socios de la empresa común del desarrollo.

La descentralización enfrenta en la actualidad una etapa de transición rápida y

compleja. La afluencia de competencias y recursos hacia las entidades

territoriales obliga a concentrar los esfuerzos en el desarrollo institucional, para

lograr que este nuevo diseño se traduzca en mayores beneficios para la gente. Se

trata de crear las condiciones institucionales para que departamentos y municipios

y las otras entidades territoriales, que se conformen en desarrollo de los

mandatos constitucionales, se fortalezcan para cumplir con los retos y prioridades

que contempla el Plan Nacional de Desarrollo Económico, Social y Ambiental, en



el marco de sus respectivas competencias. Por ello, durante el período de

transición, el Gobierno Nacional promoverá el afianzamiento de la

descentralización, mediante la planificación y puesta en marcha de un conjunto de

acciones diferenciales para consolidar la estructura del Estado y de cada uno de

sus niveles, de manera que se garantice mayor gobernabilidad, una gestión

pública descentralizada, democrática, participativa y cercana a la gente, y se

presten más equitativamente los servicios públicos y sociales. Para lograr este

objetivo, es fundamental el compromiso decidido del Gobierno Nacional, los

departamentos, los distritos, los municipios y la comunidad en general.

El Gobierno trabajará en el alcance de los siguientes objetivos específicos: (1)

impulsar el fortalecimiento de la capacidad de gestión y el ajuste institucional de la

Nación y las entidades territoriales, de acuerdo con sus distintas características,

para que puedan cumplir con sus responsabilidades y hacer un manejo eficiente

de sus recursos; (2) adecuar los procesos de cesión y adopción de las

competencias a la capacidad real de la Nación y de las entidades territoriales, en

el marco del ordenamiento territorial que establece la Constitución, y (3) ajustar y

fortalecer el sistema de financiamiento territorial para que responda de una

manera armónica y coordinada a las necesidades de cada uno de los niveles de

gobierno. Las estrategias, propuestas a continuación servirán para alcanzar los

anteriores objetivos.

A. Impulso al desarrollo institucional.



Esta estrategia se fundamenta en la necesidad de reordenar y fortalecer las

instituciones del Estado en sus niveles nacional, departamental, distrital y

municipal, de manera diferencial, con el propósito de que estén en capacidad de

ejercer sus competencias de forma eficiente, y que reúnan las condiciones

institucionales para participar y beneficiarse de la ejecución del Plan Nacional de

Desarrollo. En este sentido se logrará contar con un sector público moderno,

competente y eficiente, orientado a incrementar el compromiso y la vocación de

servicio del funcionario público y su relación con la ciudadanía.

La concientización lograda en los sectores públicos, sociales y políticos frente a la

necesidad del desarrollo institucional del sistema de gestión pública del país,

motivado por el proceso de descentralización, ha propiciado acciones desde el

nivel nacional, departamental, distrital y municipal, teniendo el reto de avanzar en

la racionalización del Estado, que las nuevas dinámicas de desarrollo del país

demandan; razón por la cual, se hace necesario definir mecanismos que permitan

un uso adecuado de estos esfuerzos en pro del fortalecimiento integral de la

capacidad de gestión de los distintos niveles de gobierno, en el marco de unas

metas comunes de desarrollo económico, social y ambiental.

Como parte de esta estrategia, se desarrollará el Programa de Impulso al

Desarrollo Institucional de la Nación y las Entidades Territoriales, el cual tiene por

objeto promover, de manera integral, coordinada y sistemática, el fortalecimiento

de la capacidad de gestión de los distintos niveles de gobierno, y sentar las bases

para la organización administrativa e institucional de las que se creen. De igual

forma, se fortalecerá y organizará el nivel nacional para la formulación,



seguimiento y evaluación de acciones más coordinadas, que garanticen un mejor

uso de los recursos destinados al desarrollo institucional y que contemplen la

activa participación de los departamentos en la asesoría y asistencia técnica a los

municipios.

Este programa trabajará en las siguientes áreas: (1) la integración y armonización

de los programas en marcha para el desarrollo institucional; (2) la definición de

líneas de asistencia técnica y financiera para la realización de acciones

estratégicas, diferenciales y coordinadas, encaminadas al fortalecimiento de la

capacidad de gestión de la Nación, los departamentos y las entidades locales, de

acuerdo con las diversas situaciones, necesidades y demandas que se presenten

en cada nivel; (3) el diseño y adopción de instrumentos para modernizar las

administraciones territoriales en su gestión interna administrativa y financiera, con

especial atención a las entidades territoriales de menor desarrollo relativo; (4) la

consolidación de los procesos de planeación, presupuestación, seguimiento y

evaluación; (5) el fortalecimiento de las entidades territoriales, en sus

dependencias sectoriales, de acuerdo con sus necesidades y demandas, y (6) la

consolidación de un sistema de información, alimentado básicamente por los

entes territoriales, sobre la base de sus iniciativas, que facilite la planificación de

las actividades orientadas al desarrollo institucional, dé cuenta del impacto de los

distintos programas y de los avances de cada entidad territorial en materia de

capacidad institucional, y se enmarque en el sistema de información territorial.

B. Creación del Ministerio del Interior.



Con el fin de articular institucionalmente la política territorial y consolidar el

proceso de descentralización, la Administración ha propuesto la transformación

del Ministerio de Gobierno en Ministerio del Interior. El nuevo Ministerio

coordinará, regulará y fortalecerá las relaciones de municipios, distritos,

departamentos, regiones y otras entidades territoriales con el Gobierno Nacional,

en la medida en que será el interlocutor político en los procesos atinentes a la

descentralización y el ordenamiento territorial, y coordinará el impulso al

desarrollo institucional de las distintas instancias del Gobierno a nivel regional.

Gracias a ello, el Gobierno Nacional aumentará su capacidad de apoyar,

coordinar y acompañar a las entidades territoriales, a través del nuevo Ministerio,

en el proceso de descentralización.

El Ministerio del Interior cumplirá el papel de cancillería de asuntos internos, por lo

cual será el responsable de dar una respuesta ordenada a las solicitudes que

presenten las entidades territoriales. Para ello conformará, junto con los

organismos pertinentes, el Sistema Integral de Impulso al Desarrollo Institucional,

que tenga en cuenta las interrelaciones entre unos y otros niveles de gobierno, a

fin de mejorar el proceso de modernización de las administraciones nacional y

territorial y apoyarlo en forma coherente e integral.

A nivel departamental, el Ministerio del Interior impulsará el fortalecimiento de los

departamentos como las instancias constitucionalmente llamadas a coordinar los

procesos de asistencia técnica, administrativa y financiera a los municipios y a

planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su jurisdicción. A nivel

municipal, se promoverán acciones canalizadas a través de los departamentos.



C. Ordenamiento territorial.

Uno de los principios de la descentralización es la mayor cercanía entre

ciudadanos, servicios y gobierno. La distribución de competencias administrativas,

políticas y fiscales entre los distintos niveles de gobierno, deben permitir la mayor

eficiencia en la provisión de los bienes y servicios públicos y un mayor control

ciudadano.

Sin embargo, muchas de las normas que rigen esta estrategia son recientes y

serán desarrolladas de manera que las acciones sectoriales se ajusten al papel

de cada nivel de gobierno en la estructura del Estado, con el propósito de que

sean consistentes con la dinámica territorial. En este proceso de desarrollo legal,

se tendrán en cuenta, de igual forma, los costos que implica asumir las nuevas

competencias en los departamentos y municipios, y generar incentivos y

compromisos para que los entes territoriales continúen con el proceso de

adopción de las responsabilidades que se les han asignado.

En consecuencia, se promoverá la consolidación del ordenamiento territorial,

teniendo en cuenta la heterogeneidad existente, respetando la autonomía de cada

entidad territorial, e impulsando la armonización de los diversos regímenes

territoriales. En este propósito es fundamental el liderazgo de la Vicepresidencia

de la República como instancia orientadora de la descentralización, del Ministro

del Interior como ejecutor de la política de descentralización y el decidido

compromiso de los mandatarios territoriales.



Como parte de esta estrategia, y con el fin de lograr la consolidación del proceso,

se desarrollará en la etapa de transición con un programa cuyo objetivo general

es conformar y poner en funcionamiento un esquema de coordinación,

seguimiento y evaluación de la descentralización, que permita el fortalecimiento

de la autonomía territorial, en la medida que se asuman sus respectivas

competencias.

La realización de este programa implica la formulación y realización de acciones

encaminadas hacia: (1) el diseño, conformación e implantación de un sistema de

información territorial; (2) el diseño y puesta en marcha de un sistema de control y

seguimiento de los recursos y evaluación de la gestión, adoptando los

lineamientos del Sistema Nacional de Evaluación de Resultados, y (3) la

programación, ajuste, seguimiento y evaluación a los procesos de distribución,

cesión y adopción de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.

D. Fortalecimiento fiscal.

Para que las entidades territoriales asuman sus competencias funcionales, e

impulsen su desarrollo y el de sus comunidades, la descentralización fiscal ha

avanzado en la redefinición del sistema intergubernamental de transferencias

(situado fiscal, participación municipal en los ingresos corrientes de la Nación y

cofinanciación), en algunos aspectos crediticios y en la redefinición del manejo de

recursos provenientes de las regalías.



Simultáneamente, la descentralización fiscal ha consolidado las bases para la

descentralización de las competencias funcionales, y por ende, de la decisión del

gasto. Se estima que los niveles departamental y municipal presentarán un

crecimiento del 11.5% promedio real anual en su gasto entre 1994 y 1998,

crecimiento superior al 5.7% estimado para el PIB en el mismo período. Este

incremento en el gasto se financiará, en gran parte, con los mayores recursos a

disposición de las entidades territoriales (Gráfico 9.1) creado en el texto original.

La participación en el gasto público total, por niveles de gobierno, refleja el avance

que se espera registrar en el período 1994_1998. En efecto, el nivel nacional

pasará de una participación de 60.8% en el gasto total a 58.85O en 1998,

mientras que los municipios pasan de representar un 22.4% a 25.3% en el gasto

total (Gráfico 9.2 ) creado en el texto original.

No obstante la mayor transferencia de recursos del nivel nacional al territorial, la

descentralización fiscal sólo podrá consolidarse en la medida en que las entidades

territoriales asuman sus nuevas competencias, ejecutando la inversión que

históricamente ha sido responsabilidad del nivel nacional, para lo cual será

necesario que fortalezcan sus ingresos propios con el objeto de solventar otros

gastos y poder estar en condición de destinar las transferencias recibidas de la

Nación en los sectores prioritarios de inversión que ahora les competen.

Para equilibrar, profundizar y consolidar la descentralización fiscal, se desarrollará

el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Financiamiento Territorial. Con su



realización se espera lograr una estructura de financiamiento sana y equilibrada,

acorde con las necesidades de financiación de los diferentes niveles de gobierno

y de conformidad con sus competencias funcionales. El desarrollo de este

programa se llevará a cabo teniendo en cuenta las disparidades que en materia

fiscal presentan las entidades territoriales entre sí y a su interior.

Para concretarlo y ponerlo en marcha, este Gobierno avanzará en la definición de

acciones conducentes a:

(1) Dotar de fuentes alternativas de financiamiento a las entidades territoriales,

especialmente a los departamentos, y de instrumentos que les permitan fortalecer

las fuentes actuales; con este propósito, el Gobierno Nacional presentará al

Congreso de la República proyectos de ley para reformar y modernizar la

estructura tributaria de las entidades territoriales.

(2) Mejorar la eficiencia en el recaudo de los tributos propios de las entidades

territoriales, así como en la vigilancia y control de las actividades que inciden en

su recaudo, y mejorar la eficacia de sus estructuras tributarias. Para ello, el

Gobierno Nacional consolidará un programa de asesoría, asistencia técnica y

capacitación, que propenda por el aumento de las capacidades de gestión de los

departamentos, distritos y municipios para administrar sus asuntos financieros, y

el diseño de indicadores que permitan hacer un seguimiento y control del

desempeño fiscal territorial.



(3) Revisar el sistema intergubernamental de transferencias, con el propósito de

conciliar: (i) los criterios y prioridades sectoriales del gasto con las necesidades

territoriales, de tal forma que los niveles de gobierno puedan ejercer una mayor

autonomía sobre sus recursos, y (ii) los criterios nacionales de distribución de los

recursos con las desigualdades y realidades territoriales (redistribución, equidad y

equilibrio). Con este propósito, el Gobierno Nacional promoverá la conformación

de un sistema mínimo de información territorial transparente, confiable y oportuno

que refleje, entre otros, los indicadores de las entidades territoriales sobre: las

necesidades básicas insatisfechas, la población y su dinámica, la capacidad

financiera, las ventajas competitivas y actividad económica, y la capacidad técnica

y administrativa.

(4) Reglamentar el Fondo Nacional de Regalías, de tal forma que: (i) sus efectos

no agudicen las desigualdades territoriales, (ii) su operación se fundamente en las

instituciones ya existentes, y (iii) se concilie con los procedimientos y criterios

básicos de otros esquemas de financiamiento territorial en marcha.

(5) Fortalecer el sistema nacional de cofinanciación, con: (i) la consolidación y

concertación de una metodología para establecer cupos indicativos por entidad

territorial y el establecimiento de una categorización de las entidades territoriales

para la definición de los porcentajes de cofinanciación; (ii) la definición,

divulgación y capacitación sobre metodologías y procedimientos simplificados y

unificados para la presentación y trámite de proyectos para cofinanciación; (iii) la

adecuación y consolidación institucional y operativa del sistema en todos los

niveles de gobierno, con énfasis en las Unidades Departamentales de

Cofinanciación, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación; y



(iv) la revisión de los convenios con las entidades territoriales, para garantizar su

ejecución ágil y oportuna.

(6) Aumentar la capacidad de negociación de las entidades territoriales de menor

desarrollo relativo, para gestionar y acceder a las distintas fuentes de recursos

(cofinanciación, crédito, sector privado, entre otras). Para ello, se consolidará en

el Programa de Impulso al Desarrollo Institucional de la Nación y las Entidades

Territoriales, la asistencia técnica y financiera en esta área.

(7) Asegurar, mediante planes de desempeño, que el nivel de endeudamiento de

las entidades territoriales sea consistente con las metas macroeconómicas, y que

la contratación del crédito, se realice con criterios de capacidad de

endeudamiento y de pago.

(8) Propiciar la eficacia del gasto territorial y su consistencia con los propósitos y

líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo, mediante la promoción y

consolidación de una Red de Bancos de Proyectos y el establecimiento de un

sistema nacional de metodologías e indicadores de seguimiento, evaluación de

gestión y resultados de la inversión territorial.

II. PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL

El desarrollo sólo puede emanar de las acciones, aspiraciones y conciencia

creativa y crítica de los propios actores sociales, que deben pasar de ser



considerados objetos de programas de gobierno a asumir su papel como sujetos

del desarrollo.

Uno de los cambios fundamentales de la Constitución de 1991 es el

reconocimiento de la función de la sociedad civil en la formulación, manejo y

evaluación de las tareas del Estado, al consignar la soberanía en el pueblo y el

sistema político como una democracia participativa. Los desarrollos legislativos de

los artículos constitucionales han creado un complejo mapa, de ámbitos de

participación, los cuales apenas comienzan a ser utilizados y, lograr coherencia,

quedando aún por legislar sobre unos y reglamentar otros.

Sin embargo, el corto horizonte temporal con el cual la sociedad civil han asumido

estas nuevas responsabilidades hace necesario el desarrollo de políticas y

acciones públicas que contribuyan a hacer efectiva la participación, y a apoyar el

desarrollo de organizaciones y capacidades de articulación de intereses que, por

su legitimidad, racionalidad y gobernabilidad, contribuyan a aumentar la

efectividad de ellas mismas y del Estado.

La esencia de la acción del Gobierno y del Estado es el bienestar de la sociedad

civil que, a su vez, debe asumir su rol protagónico como fuente de iniciativas y

como mecanismo de control frente a la gestión pública, contribuyendo a un buen

gobierno y a la participación de un nuevo ciudadano comprometido con el

desarrollo de su comunidad.



El compromiso con la participación ciudadana es definitivo como complemento de

un buen gobierno. Por ello, la transparencia de la información, la consulta de las

decisiones públicas, la rendición de cuentas y la inclusión de la audiencia de los

ciudadanos en los procesos de formulación y evaluación de la gestión pública es

una voluntad que el Gobierno Nacional reitera a cada una de las esferas del

Estado.

Para ser partícipes de este proceso, el nuevo ciudadano de hoy y de mañana, con

sus derechos y deberes políticos, civiles y sociales, las organizaciones políticas y

las civiles que incluyen a las organizaciones comunitarias, las de agregación y

articulación de intereses, las de los consumidores, las pro defensa de

reivindicaciones específicas y las no gubernamentales con capacidad de contribuir

a la puesta en práctica de los programas de desarrollo del Gobierno, y los

movimientos sociales, todos ellos miembros de la sociedad civil, contarán con

ámbitos de participación y apoyos específicos sin que se menoscabe su

autonomía o se reproduzcan en su interior los problemas que la sociedad civil

misma está llamada a resolver.

A. Desarrollo de la sociedad civil.

Tres elementos contribuirán al desarrollo de la sociedad civil y al éxito de los

procesos de concertación: el conocimiento de los ámbitos de participación, la

difusión de la información y el desarrollo de capacidades para la participación.

Para conocer los ámbitos de participación se establecerán, completarán y

difundirán los mapas institucionales y el marco legal que rodea a cada uno de



ellos, clasificado en sus componentes político, administrativo o económico,

sectorial, territorial, instrumental u orgánico, y por niveles, para que el ciudadano

clarifique y ejerza sus opciones de participación. El impacto de la

descentralización, su consolidación institucional y la legislación sectorial definen

un amplio espectro de espacios de participación que cada autoridad competente

debe ayudar a conocer, consolidar y respetar.

En segundo lugar, la difusión de información descriptiva, comparativa y analítica

que se requiere para participar en cada ámbito, debe generar las bases

cuantitativas y cualitativas que ayuden en la toma de decisiones, implantación,

evaluación y retroalimentación de la acción estatal. En tal información se indicará

la fuente, frecuencia, localización y su nivel de desagregación, para poder definir

en forma realista los objetivos y poder evaluar la gestión pública, tal como lo

propone el sistema nacional de evaluación de resultados. Para ello se apoyará la

labor del DANE, y de las otras entidades del Estado que producen información,

para que presenten estadísticas y evaluaciones sectoriales, territoriales y fiscales

oportunas y las difundan en forma regular y confiable para que los colombianos

puedan participar en todos los ámbitos de la vida ciudadana. Igualmente, se

concientizará a los servidores públicos de su responsabilidad legal con la

ciudadanía a este respecto.

En tercer lugar, se apoyará el desarrollo de capacidades del nuevo ciudadano,

tanto en su expresión individual como colectiva y en particular de las poblaciones

marginadas, para que participe efectivamente con información convertida en

conocimiento. La estrategia del Estado focalizará sus esfuerzos en la expansión y



consolidación de los ámbitos de participación ciudadana en aquellas zonas

periféricas, urbanas y rurales, y en el aumento de la capacidad de sus ciudadanos

y sus organizaciones, habilitándolos para cumplir las nuevas responsabilidades

consagradas en la Constitución y la ley y expandir la frontera de la paz. Este

desarrollo debe ampliarse para garantizar que las generaciones futuras de

ciudadanos vivan, en su socialización temprana, experiencias participativas en la

familia y en los planteles educativos. Además el Gobierno, bajo la coordinación de

la Vicepresidencia de la República, apoyará la formación de los servidores

públicos, promoviendo los conceptos de gestión, responsabilidad pública y

participación ciudadana.

Con los anteriores propósitos, en el Ministerio de Gobierno, el Fondo para la

Participación Ciudadana cofinanciará programas que hagan efectiva la

participación ciudadana, mediante la difusión de sus procedimientos, la

capacitación de la ciudadanía y de sus organizaciones para el ejercicio de las

instituciones y mecanismos reconocidos en la ley, así como el análisis y

evaluación del comportamiento participativo. El Fondo, en lo relativo a su

competencia, ejecutará la política de participación que ponga en marcha el

Ministerio de Gobierno en coordinación con la Vicepresidencia de la República.

Para tal fin concertará la acción pública y privada, y cofinanciará proyectos en

investigación y acciones efectivas de participación que realicen universidades,

ONG y demás organizaciones civiles y comunitarias. Las entidades públicas

comprometidas con acciones de promoción de la participación accederán a

recursos de inversión a través de la presentación de proyectos al Fondo de

Participación Ciudadana.



B. La consolidación de una estructura institucional de la sociedad civil.

La sociedad civil requiere consolidar la estructura jurídica que la enmarca. Para

ello, se impulsará la elaboración de la normatividad que regule los aspectos

pendientes de definición de los artículos 2, 39, 103 y 270 de la Constitución, con

el fin de construir canales de interlocución e interlocutores válidos frente al Estado

que representen los intereses sociales y a la vez organicen, canalicen y expresen

las iniciativas ciudadanas que hasta ahora hayan estado desarticuladas o

dispersas. Dentro del mismo contexto constitucional, y tomando adicionalmente

en cuenta el artículo 355, el Gobierno se propone expedir la normatividad

orientada a ampliar la capacidad de gestión y contratación de las organizaciones

civiles con el Estado, con el fin de que accedan a los mecanismos de

cofinanciación y se fomente su capacidad y desarrollo, de manera que ofrezcan

garantías tanto a los individuos como a la sociedad y al Estado. Igualmente,

estudiará la regulación jurídica de las formas de propiedad de los bienes

comunitarios o colectivos.

La participación debe permear los espacios de decisión, ejecución y fiscalización

de las inversiones públicas que tengan un impacto significativo sobre la

comunidad y su desarrollo. Para tal fin, mediante instrumentos legales se

estimulará y facilitará la acción de las veedurías ciudadanas y se dará estricto

cumplimiento a las normas que regulan el ejercicio de los derechos de petición e

información, entre otras.



Así mismo, se impulsará la reglamentación y utilización efectiva de las acciones

populares y las acciones de cumplimiento tendientes a garantizar los derechos

colectivos, así como la observancia de las leyes y actos administrativos.

Se conformará una comisión interinstitucional que se convertirá en interlocutor de

las ONG, las organizaciones comunitarias y demás organizaciones civiles, que

contribuirá a promover y coordinar con los diferentes ministerios y entidades

territoriales proyectos que puedan ser acometidos por ellas, y evaluará los

resultados de tales actividades en colaboración con las organizaciones nacionales

que las agrupen, para precipitar los procesos de aprendizaje y desarrollo

institucional que se plantean para la gestión pública y el buen gobierno. Esta

comisión estudiará un sistema de costeo de las actividades contratadas que

incluya los costos fijos y variables imputables al servicio, así como los incentivos

para estimular la consolidación de organizaciones de menor tamaño y que actúen

en zonas marginadas.

C. La participación política de la sociedad civil.

La democracia participativa implica el fortalecimiento de los espacios, las

estructuras y los mecanismos de articulación y agregación de intereses. Sin

embargo, garantizar la participación supone contar con actores que la posibiliten.

La ausencia de un verdadero sentido de ciudadanía hace que los mecanismos

constitucionales y legales, aunque útiles, sean insuficientes para garantizar que la

participación potencial se haga efectiva. Para crear un nuevo ciudadano se

requiere desarrollar una nueva cultura política que propicie desde los ámbitos



local y privado, una cultura democrática y participativa, de convivencia ciudadana

y de respeto a los derechos humanos.

En este contexto, la normatividad existente en materia de estatuto de los partidos,

voto programático, revocatoria del mandato y todos los mecanismos políticos

consagrados en la Ley 134 de 1994 -iniciativa legislativa y constitucional,

plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto- ofrece sin duda un amplio

espectro para la expresión política del ciudadano elector y de sus organizaciones.

No obstante, el Gobierno es consciente de que estos mecanismos no han sido

suficientemente utilizado por la ciudadanía, por lo que sus esfuerzos se

encaminarán a la promoción y socialización de los mismos.

Adicionalmente, con el ánimo de dotar de mayores garantías a los partidos y

movimientos políticos, particularmente a aquellos que no participan en el

Gobierno y a las minorías políticas, se impulsará la expedición de un estatuto

integral de la oposición.

Con el fin de mejorar la gestión y garantizar mayor transparencia y eficiencia en el

proceso electoral y en el reconocimiento de la ciudadanía, se apoyará a la

Registraduría Nacional del Estado Civil en un programa de modernización de los

sistemas de registro civil e identificación, de almacenamiento, administración y

operación de archivos y de inscripción de ciudadanos.



Por último y tomando en cuenta que la voluntad de consolidar en nuestro país la

democracia participativa no implica una negación, sino un enriquecimiento de la

democracia representativa, se estudiarán propuestas que, bajo criterios de

eficacia y eficiencia, contribuyan a incrementar la capacidad legislativa del

Congreso de la República, como mecanismo de participación y articulación de

demandas sociales.

III. GESTION PUBLICA

La eficiencia y la eficacia en todas las actividades del Estado permitirá una mejor

prestación de servicios y una mayor producción, potencializando los objetivos del

Salto Social y de la construcción del nuevo ciudadano. Para lograrlo, el Gobierno

introducirá modificaciones conceptuales, procedimentales e institucionales en las

actividades del Estado, para crear una nueva visión de la gestión pública

especialmente dirigida al cumplimiento de sus objetivos sociales.

Los conceptos fundamentales de esta nueva visión serán la planeación y la

evaluación de las responsabilidades y las actividades públicas, entendidas como

un proceso continuo y participativo de definición de estrategias en torno a unos

objetivos definidos y no únicamente como la etapa inicial de la gestión Pública.

Los conceptos presupuestales serán sustituidos por categorías estratégicas y

sobre el resultado de éstas habrá responsables específicos. Los programas de

gobierno se enmarcarán en un esquema que garantice la coordinación inter e

intra-institucional, y la toma de decisiones en los diferentes niveles del Estado se

apoyará en información pertinente que generará el Sistema Nacional de



Evaluación de Resultados de la gestión pública. Finalmente, la capacidad técnica

de la Administración se fortalecerá a través de acciones destinadas a mejorar la

gestión individual de las instituciones.

A. Creación de conceptos y categorías estratégicas.

Los programas, subprogramas y proyectos que en la actualidad constituyen las

unidades en las que se desagregan los presupuestos públicos, conformarán en

adelante unidades de gestión. Es decir, estarán subordinados a su carácter de

medios de acción para el logro de los objetivos establecidos por el Plan Nacional

de Desarrollo que, a su vez, tienen como fin solucionar problemas específicos de

la Nación.

B. Asignación clara de responsabilidades.

La nueva definición estratégica del Plan de Desarrollo no varía por sí sola la

concepción de gestión pública. Ello requiere además de la asignación específica

de responsables sobre resultados.

En consecuencia, se exigirá que los entes públicos definan su papel en el

desarrollo del país, enmarcado en la organización institucional del Gobierno, con

el objeto de lograr entidades públicas con finalidades claras y concretas. De esta

forma, podrá asignarse la responsabilidad sobre los resultados del plan a

instituciones y cargos específicos.



En segundo lugar, el Gobierno difundirá en forma oportuna y transparente los

lineamientos de política y sus implicaciones institucionales. De esta forma, los

directivos podrán tener mayor autonomía en las decisiones sobre los procesos

internos de las organizaciones y ser pública e institucionalmente claros

responsables del resultado de los objetivos que se les han asignado.

Estas acciones en torno a la responsabilidad de los funcionarios públicos ante la

sociedad civil y el Gobierno logrará, en adición a la acción decidida de vigilancia y

castigo de las entidades fiscalizadoras, reducir los niveles de corrupción

existentes.

C. Coordinación inter e intrainstitucional.

Para que el Plan Nacional de Desarrollo se articule como unidad de gestión,

requiere de un esquema gerencial que oriente su ejecución. Dicho esquema

supone necesariamente dos formas de coordinación complementarias. La primera

trasciende la estructura sectorial del Gobierno Nacional y permita que los

programas y subprogramas que se encuentran distribuidos en diferentes

entidades operen como verdaderas unidades de gestión. Para ello, y actuando

como gerente del Plan Nacional de Desarrollo, el Departamento Nacional de

Planeación, coordinará los programas del plan que involucren la participación de

diversos sectores, de tal forma que se asegure la consistencia y coherencia entre

ellos.



De otro lado, el ámbito de ejecución de la gestión requiere de la coordinación al

interior de cada una de las organizaciones del Estado que tendrá bajo su

responsabilidad acciones especializadas del Plan de Desarrollo, desarrollada por

el Ministro, Gerente o Director de entidad, apoyado por un sistema de información

gerencial asociado al Sistema de Evaluación.

D. Evaluar para aprender.

Cada momento de la gestión supone toma de decisiones y acciones encaminadas

al alcance de metas. Por ello la gerencia pública orientada a resultados le impone

al Gobierno Nacional la necesidad de convertirse en una organización basada en

información pertinente y oportuna. Para que este proceso sea eficaz se debe

contar con un sistema de evaluación que genere dicha información y lo alimente

en el tiempo.

El Sistema Nacional de Evaluación de Resultados se compone de una red de

autoevaluaciones complementado con evaluaciones externas e independientes a

las entidades. La red de autoevaluaciones se caracteriza por ser un proceso

interno de aprendizaje continuo, lo que garantizará su permanencia. Será puesto

en práctica a través de planes indicativos, instrumentos de medición de gestión

que serán la base del proceso de alimentación continua de la planeación. La

medición se hará a través del monitoreo de indicadores pertinentes, cuantificables

y evaluables que traduzcan los objetivos del Plan de Desarrollo. Las oficinas de

Control Interno tendrán la responsabilidad de garantizar la veracidad y

oportunidad de la información a través de control de procedimientos que

involucren a la organización entera en el proceso de autoevaluación.



Los análisis comparativos de los dos componentes del sistema permitirán medir el

grado de cumplimiento de los objetivos del Gobierno, establecer y solucionar

cuellos de botella para la ejecución, establecer criterios para asignación de

recursos, reproducir éxitos y corregir o evitar procesos fallidos.

La participación ciudadana, a partir de la difusión sistemática de resultados de la

gestión pública en los diversos sectores de la población nacional y local, será otro

componente esencial del proceso de evaluación. Igualmente existirá un

mecanismo de reconocimiento de méritos a la gestión que premie el buen

desempeño de los administradores del Estado con base en resultados obtenidos.

E. Capacidad técnica e innovación en el Estado.

La redefinición de los procesos de planeación, coordinación y evaluación

generará un sistema gerencial para la Administración Pública que debería

conducir a una mayor efectividad de la gestión del Gobierno. Sin embargo, elevar

la capacidad institucional de los organismos requiere de acciones

complementarias. En este campo, el Gobierno se comprometerá con reformas

tecnológicas y organizativas, innovaciones en la prestación de servicios y

desarrollo de una cultura de servicio público en los ciudadanos.

Con el objeto de adecuar las instituciones para enfrentar exitosamente los nuevos

retos que les imponen la Constitución y las leyes, se adelantarán



reestructuraciones institucionales. Por otra parte, se apoyará y se dará prioridad a

las iniciativas sobre innovaciones tecnológicas al interior de sus instituciones, en

especial las relacionadas con el procesamiento de información y las

comunicaciones dado que el buen gobierno sólo puede lograrse cuando el Estado

y la sociedad actúen cada vez con menores niveles de incertidumbre.

En este sentido se emprenderá la adecuación de la capacidad del DANE para

que, en coordinación con otros productores de información, con los principales

usuarios y con el DNP, desarrollen acciones de recuperación, actualización y

mejoramiento de la calidad de la información estadística agregada de mayor

interés nacional y desagregado por género cuando sea posible. Las acciones

estarán encaminadas a la implantación del Sistema Estadístico Nacional y al

incremento de las capacidades de análisis de los resultados, de divulgación y de

atención de las nuevas necesidades de información a nivel nacional y territorial.

Por otra parte, el Gobierno se comprometerá con un programa orientado a hacer

explícitos ante la ciudadanía los objetivos de servicio de las instituciones y crear

mecanismos de interlocución entre el usuario y las directivas sobre el

cumplimiento de dichos objetivos, a través del programa "Trato Hecho" liderado

por la Vicepresidencia de la República. Este programa permitirá elevar el nivel de

eficiencia en la prestación de servicios y producción de bienes, dotar de

herramientas efectivas al ciudadano para hacer valer sus derechos y expectativas

frente al Estado y desarrollar el concepto de responsabilidad de los directivos y

empleados públicos.



Con el fin de evaluar los resultados que produzcan las estrategias, políticas y

programas incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, su real impacto en la

sociedad y el logro de los objetivos formulados, se utilizarán, entre otros, los

siguientes indicadores: número y porcentaje de pobres; muertes violentas por

cada 10.000 habitantes y por año y el Indice de Desarrollo Humano, incluyendo

los ajustes por distribución del ingreso y disparidad entre los sexos.

Por último, con el fin de innovar la prestación de servicios públicos y pasar de un

Estado empleador a un Estado eficiente, se incentivará la participación del sector

privado a través de contrataciones, en aquellos casos en que se establezca su

ventaja comparativa en términos de eficiencia y efectividad.

F. Gerencia Social.

La política social, como eje de la estrategia de desarrollo del Gobierno, depende

de la capacidad de gestión de las entidades públicas y privadas responsables de

su ejecución.

Los programas y proyectos de inversión social se ubican en entornos con alto

grado de complejidad, definidos por múltiples ejecutores sectoriales y por diversos

grupos beneficiarios frecuentemente con intereses encontrados. Por esta razón,

las relaciones no se establecen de manera cierta sino que exigen mayores niveles

de flexibilidad y adaptabilidad.



La gerencia social es el conjunto de conocimientos que permiten conducir una

institución a la obtención de metas determinadas de desarrollo social mediante el

uso eficiente y racional de sus recursos. Así, para lograr el éxito en la ejecución

de El Salto Social, adquiere particular relevancia fortalecer en estos

conocimientos a quienes se encargan de la implantación de los programas o

proyectos sociales.

En este contexto, dado que la gerencia social debe tener en cuenta la

especificidad propia del sector, que no se logra abordar solamente con elementos

de gerencia o administración tradicional, la implantación de los principios de

gestión pública enunciados a lo largo de este capítulo se complementará con un

programa que involucrará las siguientes acciones: a) Incentivos a la implantación

del Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la Gestión Pública en las

entidades del sector social a nivel nacional y territorial; b) Organización de formas

no jerárquicas de coordinación inter e intrainstitucionales y sectoriales como son

las redes institucionales y de servicio; c) Difusión de técnicas que permitan la

formación de consensos para incorporar y encauzar la participación de la

sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de los programas y proyectos;

d) Adopción de formas de implantación adaptativa y no programada; e) Promoción

a la Excelencia en la Gestión del Desarrollo Social, que involucrará la difusión

permanente de alternativas de gestión, de experiencias especiales en diferentes

sectores y de indicadores sobre la evolución del desarrollo social a nivel nacional

y territorial; f) Evaluaciones periódicas y sistemáticas de gestión social basadas en

encuestas de satisfacción de usuarios, y g) Apoyo a proyectos específicos de

mejoramiento de gerencia social a través del Fondo de Inversión Social.



CAPITULO 10

AGENDA INTERNACIONAL

Los profundos cambios en los balances político, ideológico y económico que se

han experimentado a nivel mundial en años recientes, han acrecentado la

interdependencia de las naciones, generando una gran diversidad de actores,

intereses y escenarios de discusión y negociación. Esto impone la necesidad de

desarrollar una nueva agenda internacional, que haga partícipe al país de los

procesos de globalización e integración económica y le permita, al mismo tiempo,

participar activamente en las discusiones internacionales sobre medio ambiente,

derechos humanos, democracia, drogas ilícitas y lucha contra la pobreza, entre

otros. Estos temas tienen una relevancia creciente en el desarrollo social y

económico mundial. El país debe, por lo tanto, fortalecer su capacidad para actuar

a nivel global e incrementar su participación en los foros internacionales.

En este panorama de interdependencia y globalización, Colombia promoverá el

respeto de la libre determinación de los pueblos, la solución pacífica de

controversias, la soberanía y la integridad territorial, la no intervención en los

asuntos internos de los Estados y en general, de todos los principios del derecho

internacional, cuya atención y observación son garantía de la convivencia pacífica.

En este marco, Colombia entiende que las políticas sobre los temas globales

deben ser definidas por los Estados, y por la sociedad internacional en general,



no sobre la base de una mayor tolerancia hacia la intervención unilateral de los

países más poderosos en los más débiles, sino en el marco de esquemas de

cooperación que tengan el efecto de distribuir equilibradamente los costos que

implica alcanzar objetivos comunes en el tratamiento de tales asuntos. Los

procesos de globalización e interdependencia no justifican la intervención, sino

que hacen imperativa la necesidad de fomentar la cooperación internacional.

Colombia promoverá y apoyará aquellos esfuerzos encaminados a la

modernización y democratización de organismos internacionales. La ONU

enfrenta actualmente el gran reto de adaptar sus estructuras al nuevo esquema

internacional de la posguerra fría. Por ello, en conjunto con otros países del

mundo en desarrollo, nuestro país participará activamente en las deliberaciones

sobre la modernización de este organismo, mediante la definición y puesta en

marcha de una serie de reformas en sus métodos de trabajo y en sus

mecanismos e instancias de toma de decisiones.

En lo que respecta a la OEA, Colombia participará en el desarrollo de los

principales temas que coparán la agenda de la organización durante los próximos

años, en el marco del objetivo de redefinir las relaciones hemisféricas propuesto

en el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas de 1994 y que contempla las

metas de preservar y fortalecer las democracias, promover la prosperidad a través

de la integración y el libre comercio, garantizar el desarrollo sostenible y combatir

la pobreza.



La cooperación entre los países del Sur y el fortalecimiento de su capacidad de

negociación es indispensable para plantear una relación Norte-Sur que sea

constructiva y que, basada en la cooperación, promueva el desarrollo social de los

países en vía de desarrollo. Esta será la meta que, como Presidente del

Movimiento de Países No Alineados, Colombia buscará entre 1995 y 1998. Así

mismo, y con referencia al tema del comercio internacional, Colombia continuará

participando en la Segunda Ronda de Negociaciones del Sistema Global de

Preferencias Comerciales, con el fin de revitalizar y fortalecer la cooperación

Sur_Sur, estimular el crecimiento económico de los países en desarrollo y

garantizar su integración a la economía mundial. También es el propósito de

Colombia promover una modernización de los métodos de trabajo del movimiento

en aras de una mayor eficiencia en sus múltiples actuaciones.

En suma, con el objetivo de coadyuvar en la construcción de un sistema

internacional justo y equilibrado, lo que se pretende es contribuir a concretar los

procesos de reformas a que se han sometido los principales organismos

internacionales, con el objeto de buscar que las decisiones de la comunidad

internacional reflejen de manera apropiada las aspiraciones y los intereses de

todos los países, promuevan el establecimiento de un escenario en el que

imperen las libertades fundamentales del individuo, se fortalezcan la cooperación

internacional y el libre comercio.

I. AGENDA ECONOMICA



La integración económica ha avanzado en América Latina en los últimos años a

ritmos acelerados, modificando las relaciones comerciales y políticas de la región.

Apoyada en claros principios de reciprocidad, Colombia continuará liderando este

proceso e incentivando la participación de las empresas colombianas en los

crecientes flujos de comercio e inversión intrarregionales. En este marco, seguirá

apoyando el proceso de consolidación del Grupo Andino, la Asociación de

Estados del Caribe, continuará las negociaciones con los países del Mercado

Común Centroamericano, iniciará el proceso de negociación de vínculos más

estrechos con Mercosur, y cumplirá plenamente los compromisos de los acuerdos

de libre comercio con Chile y Caricom.

Con la aprobación en los Congresos de Colombia, Venezuela y México del

Acuerdo del Grupo de los Tres, y a raíz de la Secretaría Pro Témpore que

Colombia asume a partir de marzo de 1995, se buscará desarrollar el tratado

comercial para poner en práctica los objetivos económicos del convenio y para

impulsar las finalidades del mismo en materia política, social y cultural.

Adicionalmente, se buscará impulsar la vinculación de los proyectos del G3 con

las políticas de Colombia en la Asociación de Estados del Caribe, y en general

frente a Centroamérica y el Gran Caribe.

Colombia apoyará, además, la ampliación de la agenda de negociación en todos

los procesos, regionales y subregionales, particularmente los más avanzados,

para que vayan más allá del libre comercio de bienes y busquen la homologación

de las normas internas que afectan el comercio, la inclusión de temas relativos a



servicios, la protección mutua a la inversión, y en el caso del Grupo Andino, la

armonización gradual de políticas agropecuarias y macroeconómicas.

Adicionalmente, el Gobierno fortalecerá y ampliará las Comisiones de Vecindad,

que han resultado un importante instrumento para estrechar los vínculos con

países con los cuales tenemos una mayor proximidad geográfica. Este objetivo se

enmarca en el convencimiento de que la figura de las Comisiones de Vecindad

representa una instancia novedosa y pluralista de toma de decisiones en asuntos

de integración binacional, en la que Gobierno, empresarios, comerciantes,

inversionistas y otros sectores de la sociedad civil, ejecutan proyectos y definen

acciones concretas que hacen de la integración una realidad tangible. Con base

en este fundamento, se incluirá una agenda amplia para las Comisiones, que

fuera de los temas comerciales, aborde también el mejoramiento de las

condiciones de vida en las fronteras, el acercamiento cultural, la defensa de los

ecosistemas, la integración de los servicios públicos y sociales, la cooperación en

materia de orden público, la integración energética, entre otros.

Así mismo, el Gobierno buscará la aprobación y posterior aplicación de una ley

para Zonas de Frontera mediante la cual se garantizará que estas regiones

limítrofes sean un polo de desarrollo, que permita profundizar los procesos de

integración en los que participa Colombia y mejorar las condiciones de vida de sus

habitantes.

Para adquirir una coherencia global, los acuerdos binacionales y subregionales

deben dar paso a procesos más amplios, ya sea a nivel de América Latina o de

todo el Continente, que alcancen su consolidación antes del año 2005, fecha



prevista por los países del Hemisferio en la Cumbre de las Américas de 1994. En

ese sentido, el Gobierno apoyará negociaciones a nivel de la región que tengan

lugar en el marco de la ALADI u organismos similares. Iniciará, además, un

proceso de discusión nacional en torno a la negociación con los países miembros

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La integración hemisférica

debe concebirse en forma más amplia que la simple constitución de un área de

libre comercio de bienes, servicios y movilidad de capitales. En efecto, deben

incluirse mecanismos complementarios del libre comercio que propendan a la

convergencia gradual en los niveles de desarrollo de los distintos países del

Hemisferio. Como elemento esencial de este proceso de convergencia, los países

de mayor desarrollo relativo deben incentivar una más activa transferencia de

tecnología hacia los menos desarrollados. Este apoyo debe ser la contrapartida

de los mayores costos en que incurren los segundos al reconocer los derechos de

propiedad intelectual.

De otro lado, las relaciones comerciales de Colombia con la Unión Europea se

han incrementado en los últimos años hasta llegar a convertirse en el segundo

socio comercial de nuestro país. Para el Gobierno será, por tanto, prioritario

consolidar las relaciones, aumentando así el volumen de exportaciones a esta

importante zona. Mediante el Programa Especial de Cooperación (PEC), la Unión

Europea ha apoyado los esfuerzos del país en la lucha contra el narcotráfico. Este

instrumento debe servir para estrechar las relaciones con las naciones del viejo

continente, entre las cuales se difundirán activamente las políticas colombianas en

materia de desarrollo social, defensa y promoción de los derechos humanos,

democratización, modernización económica, lucha contra las drogas ilícitas y

protección del medio ambiente, entre otros. En este plano, se promoverá la



celebración de Acuerdos Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de la

Inversión Extranjera _BIT. Para tal efecto se impulsará la aprobación en el

Congreso del Acuerdo suscrito con el Reino Unido, se culminarán las

negociaciones con España, y se negociarán nuevos acuerdos con otros países

europeos. Además se buscará establecer un diálogo activo con Suecia, Finlandia

y Austria, nuevos miembros de la Unión Europea, y un mayor acercamiento a

otros países de Europa Oriental, incluidas las repúblicas ex soviéticas.

El Gobierno avanzará también en el establecimiento de mayores vínculos de

cooperación con los países de la Cuenca del Pacífico. Con este propósito,

diseñará una estrategia para acrecentar las relaciones comerciales con los países

asiáticos del área. Como parte de este proceso, el país participará activamente en

los nuevos organismos creados en la región, como el Consejo Económico de la

Cuenca del Pacífico (PBEC), el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico

(PECC) y en el futuro, el Foro de Cooperación Económica de Asia_Pacífico

(APEC). El Gobierno promoverá la vinculación de entidades públicas y privadas

con sus homólogas asiáticas. Estas acciones son necesarias pues, sin duda, la

Cuenca del Pacífico es la región de más alto crecimiento económico, tecnológico

y comercial del planeta.

El fortalecimiento del multilateralismo en materia de comercio y propiedad

intelectual es esencial para la defensa de los intereses de los países en

desarrollo. Por este motivo, la participación activa en la Organización Mundial de

Comercio, OMC, cuya adhesión fue aprobada mediante la Ley 170 del 15 de

diciembre de 1994, es un elemento esencial de la agenda internacional del



Gobierno. La OMC debe convertirse en el foro apropiado para la defensa de los

países en desarrollo contra el neoproteccionismo de las naciones industrializadas,

que ha comenzado a expresarse en conceptos tales como el "dumping social", así

como en el mecanismo para evitar que las presiones bilaterales sustituyan los

instrumentos de un orden económico multilateral en el cual el tamaño de los

países no sea elemento central de la negociación.

II. NUEVA AGENDA INTERNACIONAL

A. Perfil social de la política exterior.

Así como los temas económicos son de particular importancia en la agenda

internacional del país, es fundamental que la política exterior adquiera un perfil

social. Sólo así, será posible mantener y mejorar los logros obtenidos en materia

económica y continuar la consolidación de nuestra democracia.

Colombia liderará los procesos que permitan analizar y enfrentar aquellos

problemas sociales que exigen la realización de acciones coordinadas por todas

las naciones. En este marco, el país presentará, apoyará y liderará, en escenarios

internacionales como la Cumbre de las Américas, el Ecosoc, el Movimiento de

Países No Alineados, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, que se

realizarán en 1995 en Copenhague y en la Conferencia Mundial de las Naciones

Unidas sobre la Mujer, a realizarse el mismo año en Beijing, así como en

conferencias futuras de este tipo, propuestas relacionadas con la erradicación de

la pobreza, la creación de empleos, la ampliación de los servicios sociales y la

creación de redes internacionales de solidaridad social. Finalmente, Colombia



promoverá la puesta en marcha de los planes de acción que resulten de estos

eventos y de otros tantos que sean funcionales al cumplimiento del objetivo de

proyectar internacionalmente el modelo de desarrollo alternativo propuesto por el

Gobierno de Colombia.

B. Medio ambiente.

El liderazgo de Colombia en asuntos ambientales internacionales y el

fortalecimiento de la capacidad negociadora del país constituyen elementos

fundamentales de la política exterior, ya que permiten que el país participe en las

decisiones globales relacionadas con asuntos que como la supervivencia del

planeta, la biodiversidad, el tráfico ilícito de especies en peligro de extinción,

afectan sensiblemente los intereses nacionales.

La política exterior en esta materia se desarrollará en el marco de las

conclusiones alcanzadas en la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro de 1992 y

de otros acuerdos e iniciativas de cooperación internacional. Además, seguirá los

principios consagrados en la Ley 99, y en particular, el principio de

responsabilidades compartidas pero diferenciadas con respecto a los daños

globales, el reconocimiento de las contribuciones y servicios ambientales

prestados por Colombia a la comunidad internacional.

El Gobierno propondrá la adhesión del país a varios convenios internacionales,

entre ellos, la Convención Marco de Cambio Climático, el Convenio de Basilea

para el Tráfico de Desechos Peligrosos Transfronterizos, la Enmienda de



Copenhague del Protocolo de Montreal, el Convenio relativo a la Asociación

Interamericana de Información para el Cambio Global (IAI) y el Protocolo Relativo

a las Areas y Flora Silvestres especialmente Protegidas del Convenio para la

Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe.

Se promoverá, también, a nivel internacional, y en particular, a nivel andino, la

adopción de decisiones en torno al acceso de los recursos genéticos derivados de

la biodiversidad y de la bioseguridad. Se impulsará el Tratado de Cooperación

Amazonía y se informará a las comunidades asentadas en la Cuenca sobre los

avances del Tratado. En materia de asentamientos humanos, Colombia preparará

su posición para la Cumbre de Ciudades y Hábitat II. La favorable coyuntura que

otorga la Presidencia del Movimiento de los No Alineados será aprovechada por

los Ministerios de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Desarrollo.

Colombia desarrollará una estrategia explícita de cooperación internacional para

el medio ambiente que sea proactiva, de conformidad con los acuerdos de Rio de

Janeiro y con los lineamientos y prioridades de política ambiental del país y el

respeto a la soberanía nacional. Deberá promover la cooperación técnica y

financiera internacional en las siguientes áreas prioritarias: fortalecimiento

institucional, gestión ambiental urbana, control de la contaminación por fuentes

fijas y móviles, eficiencia energética, manejo de desechos tóxicos y peligrosos y

comercio y medio ambiente. Colombia también promoverá la transferencia de

tecnologías ambientalmente idóneas en términos concesionales. Se explorarán

nuevas formas de cooperación internacional como es el caso de la

"implementación conjunta".



Por último, la política internacional propenderá a que el comercio externo y el

desarrollo sostenible se apoyen mutuamente. Se rechazarán las medidas

unilaterales de carácter ambiental en el campo comercial, y se promoverán

nuevas oportunidades comerciales que resulten de los nuevos mercados verdes a

nivel mundial. El Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio del Medio

Ambiente promoverán a nivel subregional (G_3 y JUNAC) el establecimiento

conjunto de medidas que permitan armonizar requisitos ambientales de manera

concertada, con el fin de nivelar las desigualdades de competencia, originadas en

los diferentes estándares o normas ambientales nacionales.

C. Derechos humanos.

El consenso mundial en torno a la democracia ha fortalecido la concepción de los

Derechos Humanos como un asunto esencial de las relaciones internacionales y

como un fundamento imprescindible de la consolidación de la democracia.

Colombia cumplirá todos los compromisos suscritos sobre el tema y aplicará con

rigor el Protocolo II de la Convención de Ginebra sobre Humanización de la

Guerra, con el fin de proteger a ciudadanos inocentes, víctimas de la violencia.

El Gobierno trabajará igualmente a fin de que nuestra compleja situación interna

sea comprendida por fuera de las fronteras nacionales, para buscar e impulsar así

la cooperación de la comunidad internacional en el desarrollo de las políticas de



Derechos Humanos en campos como la educación, la capacitación y el

fortalecimiento institucional, entre otros.

Así mismo, la política exterior buscará el apoyo de los Organismos Internacionales

y las Organizaciones No Gubernamentales, para que su acción fortalezca y

complemente los esfuerzos del Gobierno en la normalización de la situación de

los Derechos Humanos.

D. Drogas ilícitas.

El Gobierno colombiano ha expresado en todos los contextos su rechazo a la

producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas, y su decisión de combatir

integralmente estos fenómenos en el marco del principio de la responsabilidad

compartida. Ha manifestado también que éste es, por esencia, un problema

multinacional, que sólo puede resolverse mediante acciones concertadas,

conjuntas, integrales y equilibradas por parte de la Comunidad Internacional,

atacando cada una de las fases de la cadena: la producción de materias primas,

la desviación de productos químicos, el tráfico ilícito de armas, el lavado de

dinero, el procesamiento, el consumo y la distribución al mayor y al detal. La

naturaleza misma de este fenómeno conlleva que los esfuerzos nacionales

aislados sean insuficientes.

El carácter global del problema requiere una solución igualmente global. Debido a

que los esfuerzos por erradicar todos los eslabones de la cadena internacional de



las drogas ilícitas no han sido igualmente intensos en todos los países, el

Gobierno continuará argumentando a nivel mundial que Colombia no puede ser el

país que principal y solitariamente se haga cargo de la lucha contra este

fenómeno, no solamente por razones de justicia sino por motivos de efectividad.

Colombia continuará participando activamente en los programas regionales

derivados de la OEA/CICAD y en las iniciativas internacionales basadas en los

lineamentos de la ONU/PNUFID, y liderará la propuesta de suscribir una

Convención Interamericana contra el Lavado de Dinero. Igualmente, exigirá que

los esfuerzos que realiza el país para combatir la producción y el tráfico de

estupefacientes formen parte de una estrategia global en la que estén

contempladas políticas de represión del consumo en los países desarrollados, así

como el control efectivo a las empresas de transporte y a los sistemas de aduana

a fin de controlar el comercio de mercancías ilegales tales como productos

químicos, armas, municiones y explosivos.

En el marco del principio de corresponsabilidad, el país solicitará el concurso de la

Comunidad Internacional para que, mediante acciones concretas, entre ellas las

preferencias comerciales y la cooperación en la financiación de los programas

derivados de la política de desarrollo alternativo, demuestren su solidaridad con el

esfuerzo realizado por el país en esta lucha mundial.

En suma, la política internacional de Colombia en materia de lucha contra las

drogas ilícitas, hace énfasis en la búsqueda de la cooperación, entendida ésta

como las acciones que comprometen a todas las naciones afectadas por el



problema, dentro de un mayor equilibrio en la distribución de los costos y

manteniendo la búsqueda de los intereses nacionales.

III. POLITICA FRONTERIZA

Las zonas de frontera del país se han caracterizado por su escaso desarrollo

económico y social, reflejado en el bajo nivel de vida de sus pobladores y en las

precarias relaciones que sostienen con los países vecinos. Su dinámica está

articulada a las relaciones de intercambio con las poblaciones fronterizas,

generando una alta vulnerabilidad a las políticas y a las coyunturas económicas

de los países vecinos. Estas circunstancias se han reflejado, en diversos

momentos, en condiciones económicas y sociales críticas para la población allí

asentada. Con el fin de enfrentar estos problemas, el Gobierno Nacional

promoverá reformas legales y adelantará acciones, institucionales, económicas y

sociales, orientadas a mejorar la calidad de vida de la población allí asentada y

fortalecer su condición de zonas de frontera.

Debido a las ventajas comparativas que esas regiones poseen en el marco de la

internacionalización y la apertura de la economía, las zonas de frontera deben

constituirse, en el mediano plazo, en los principales puntos de intercambio

comercial que adelante Colombia con los países vecinos. Con este objetivo, se

fortalecerá la infraestructura productiva y de servicios de los principales centros

fronterizos, para lo cual se estudiará la aplicación de medidas que estimulen la

inversión privada en las zonas, y se promoverá, igualmente, la consolidación de

los principales puertos que faciliten el comercio binacional.



En los nuevos departamentos fronterizos, donde la presencia del Estado es débil,

la Consejería para los Nuevos Departamentos, en coordinación con los Corpes de

la Orinoquía y Amazonía, apoyará con programas especiales de desarrollo

institucional y capacitación. Para las demás zonas, estas actividades serán

adelantadas por los Corpes, con la coordinación de la Vicepresidencia de la

República y la Consejería para el Desarrollo Institucional de la Presidencia.

Las acciones mencionadas, complementadas con otras actividades adelantadas

en el marco de las estrategias de "El Salto Social", redundarán en mejores niveles

de vida para sus pobladores y permitirán que estos centros sean interlocutores

válidos para el fortalecimiento de las relaciones fronterizas y de vecindad.

Por otra parte, para aprovechar el potencial de las zonas fronterizas se promoverá

la identificación, formulación y ejecución conjunta de planes, programas y

proyectos de carácter binacional para la atención de la población fronteriza y el

desarrollo de las regiones de influencia, en áreas como educación, salud,

vivienda, energía, telecomunicaciones, saneamiento, y conservación,

recuperación y aprovechamiento de los recursos naturales. Con este fin, se les

dará mayor reconocimiento a las comisiones binacionales, fortaleciendo la

participación de las administraciones locales y del sector privado de la zona.

Para complementar las acciones enmarcadas en la política fronteriza, el Gobierno

Nacional adelantará las acciones necesarias para el cumplimiento de las metas



propuestas, a través de la operacionalización del actual estatuto de fronteras o

mediante el impulso de la legislación o reglamentación adicional requerida. El

régimen especial para la frontera debe ser suficientemente flexible, para

responder a la heterogeneidad de estas áreas, y no debe implicar la creación de

nuevas entidades territoriales, que conllevarían una atomización de la inversión y

una mayor complejidad en la estructura administrativa del país.

IV. INTEGRACION CON LOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

Colombia tiene aproximadamente el 10% de su población en el exterior. La

integración de estos colombianos al desarrollo del país y la defensa de sus

intereses los hace parte integral de nuestra agenda internacional. Los lazos de

nuestros conciudadanos con su patria deben fortalecerse mediante el desarrollo

de los mecanismos de participación política previstos en la Constitución de 1991,

un sistema consular moderno y eficiente, y la consolidación de instrumentos de

participación en el desarrollo del país, tales como la Red Caldas, a través de la

cual los científicos colombianos en el exterior se vinculan al Sistema Nacional de

Ciencia y Tecnología.

El Gobierno prestará atención especial a los presos colombianos en cárceles

extranjeras y, mediante las representaciones consulares, vigilará que reciban un

debido proceso y les sean respetados sus Derechos Humanos. Los tratados de

repatriación de presos serán presentados para la ratificación del Congreso y de

manera simultánea se mejorarán las condiciones carcelarias en el País para

hacerlos efectivos.



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