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ENFRENTARSEA UNA PESADILLALA DESAPARICIÓN DE PERSONASEN MÉXICO

“Yo pensaba que era nada más mi problema,pero ahora veo que somos muchos”Madre de Pamela Leticia Portillo durante una reunión de 70 familias de personas desaparecidas en el estado de Chihuahua,noviembre de 2010. Pamela Leticia Portillo desapareció en julio de 2010 en la ciudad de Chihuahua.

Entre 2006 y 2012 se registró en México a másde 26.000 personas como desaparecidas o nolocalizadas. No está claro cuántas continúandesaparecidas actualmente. Algunas sonvíctimas de desapariciones forzadas en las quehay funcionarios públicos implicados. Otras hansido privadas de su libertad por particulares obandas delictivas. Otras simplemente se fueronde casa sin avisarle a nadie.

A pesar del número escalofriante, lasautoridades han fracasado de manerasistemática en investigar y aclarar la granmayoría de los casos, incluso los muchoscientos de desapariciones en las que hayevidencia de detención o privación de lalibertad por parte de agentes del Estado obandas de delincuentes. El fracaso sistemáticopor parte de las autoridades federales yestatales de tomar en serio las crecientesdenuncias de desapariciones ha contribuido acrear un clima de tolerancia hacia estoscrímenes.

El número de desapariciones ha aumentado enun contexto de intensificación de los delitosviolentos y de las violaciones de derechoshumanos en el país. Según el Sistema Nacionalde Seguridad Pública, desde diciembre de2006 ha habido más de 65.000 homicidios, lagran mayoría en actos violentos relacionados

con carteles de la droga y otras bandasdelictivas pero, en algunos casos, comoresultado de operaciones policiales y de lasfuerzas de seguridad.

La impunidad es un patrón crónico y presenteen los casos de desapariciones forzadas y no seestán realizando los esfuerzos suficientes paradeterminar la suerte o el paradero de laspersonas desaparecidas, sancionar a losresponsables y garantizar el derecho a laverdad y la reparación.

Informe del Grupo de Trabajo sobre DesaparicionesForzadas o Involuntarias, Misión a México, diciembrede 2011 (A/HRC/19/58/Add.2)

Sin embargo, la determinación de las familiasde descubrir lo que les ha sucedidoverdaderamente a sus seres queridos haempezado por fin a generar cambios. Con elapoyo de organizaciones locales de derechoshumanos, los familiares de las víctimas, que amenudo se enfrentan a aislamiento, dificultadeseconómicas, trauma emocional, amenazas yhostigamiento, han conseguido finalmente quealgunas autoridades les presten atención.

Los gobiernos de los estados de Nuevo León yCoahuila fueron los primeros en reunirse confamilias y organizaciones de derechos humanospara debatir cómo derrumbar el muro de

impunidad, complicidad y desatención que hapropiciado el aumento de las desapariciones.Desde que asumió el poder en diciembre de2012, el gobierno federal de Enrique PeñaNieto ha dado varios pasos positivos parareconocer la magnitud de las desaparicionesque tuvieron lugar durante el gobierno anteriory para poner en marcha algunas medidasdestinadas a mejorar la búsqueda de lasvíctimas e investigar a los responsables. Noobstante, todavía no se ha reconocido el gradode implicación de agentes estatales en lasdesapariciones forzadas.

En estas páginas se examina la dimensión y lanaturaleza de las desapariciones en México, lospasos dados hasta la fecha para abordar estosdelitos y las demás medidas urgentes que lasautoridades deben adoptar para poner fin aestos abusos contra los derechos humanos.

¿QUÉ SON LAS DESAPARICIONES YLAS DESAPARICIONES FORZADAS?

La Convención Internacional para la Protecciónde Todas las Personas contra lasDesapariciones Forzadas, que México haratificado, define la desaparición forzada como“el arresto, la detención, el secuestro ocualquier otra forma de privación de libertad

Amnistía Internacional, junio de 2013 Índice: AMR 41/025/2013

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que sean obra de agentes del Estado o porpersonas o grupos de personas que actúan conla autorización, el apoyo o la aquiescencia delEstado, seguida de la negativa a reconocerdicha privación de libertad o del ocultamientode la suerte o el paradero de la personadesaparecida, sustrayéndola a la protección dela ley”.

En este documento, el término desapariciónalude a los casos en que hay indicios de que lavíctima fue privada de libertad y está enparadero desconocido, pero no existen pruebasde que haya agentes del Estado implicadosdirecta o indirectamente. En virtud de laConvención, los Estados tienen el deber deimpedir y castigar todos los actos dedesaparición forzada. Deben investigarigualmente todas las desaparicionesperpetradas sin la autorización, el apoyo o laaquiescencia del Estado y llevar a losresponsables ante la justicia. Dicho de otromodo, tanto en casos de desapariciones comode desapariciones forzadas, el Estado tiene laobligación de establecer el paradero de lavíctima, llevar ante la justicia a los autores ygarantizar que las víctimas o sus familiaresreciben reparaciones.

¿CUÁL ES LA MAGNITUD DE LASDESAPARICIONES Y DE LASDESAPARICIONES FORZADAS?En febrero de 2013, el gobierno mexicanopublicó extractos de una base de datos depersonas registradas como desaparecidas enlas procuradurías generales de justicia de los32 estados y del Distrito Federal y en laProcuraduría General de la República entrediciembre de 2006 y diciembre de 2012, quecoincide con el periodo de gobierno delentonces presidente Felipe Calderón.

La información publicada, que contiene 26.121registros, constituye un primer esfuerzoimportante en la recopilación de información detodo el país. Sin embargo, adolece de variasdeficiencias. La lista no sólo incluye personas alas que se cree que se llevaron por la fuerza,sino también personas no localizadas, es decir,personas que quizás se hayan ausentadovoluntariamente de sus hogares o que norecuerdan su identidad. No siempre se haneliminado de la lista las personas queposteriormente han aparecido, mientras quehan quedado excluidos muchos casos dedesapariciones y desapariciones forzadasdocumentados por organizaciones locales dederechos humanos. No obstante, aunque losdatos no ofrecen un panorama completo de

todos los casos, sí parecen confirmar unaconstante sistemática de desapariciones ydesapariciones forzadas que en gran medida elgobierno anterior había pasado por alto.

La lista demuestra la deplorable falta demetodología y procedimientos claros de lasautoridades para recabar datos fiables deámbito nacional sobre las desaparicionesdenunciadas. Estas deficiencias no sólo hanocultado la verdadera naturaleza y magnitud delas desapariciones, sino que también hansocavado gravemente las investigaciones sobredesapariciones, incluida la capacidad delocalizar e identificar a las víctimas.

El nuevo gobierno se ha comprometido a retirarde la base de datos los registros no relativos acasos abiertos de desaparición, aunque noqueda claro qué metodología se va a aplicar.

ENFRENTARSE A UNA PESADILLALA DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN MÉXICO

Índice: AMR 41/025/2013 Amnistía Internacional, junio de 2013

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Izquierda: Familiares de personas desaparecidasen el estado de Chihuahua participan en unamanifestación nacional en Ciudad de México elDía de la Madre, mayo de 2012.Portada: Dos madres se apoyan mutuamentemientras cuentan a Amnistía Internacional lascircunstancias de la desaparición de sus hijos.Estado de Coahuila, julio de 2011.© Amnesty International(Foto: Ricardo Ramírez Arriola)

¿QUÉ INVESTIGACIÓN HA LLEVADOA CABO AMNISTÍA INTERNACIONAL?

Amnistía Internacional ha entrevistado afamiliares, testigos y organizaciones dederechos humanos. Ha revisado expedientes alos que las familias han podido acceder, haanalizado las recomendaciones de la ComisiónNacional de los Derechos Humanos y hapedido información a las autoridades. A partirde los datos recabados y durante varias visitasa México desde 2010, Amnistía Internacionalha documentado 152 casos individuales dedesaparición en siete estados. La organizacióncree que, sobre la base de la informacióndisponible, en al menos 85 casos hay indiciossuficientes de implicación de funcionariospúblicos, lo que convierte la desaparición endelito de desaparición forzada tal como estátipificado en el derecho internacional.

En la gran mayoría de los casos restantes, hayindicios de falta de diligencia debida por partede las autoridades para localizar a la víctima,investigar las circunstancias de la desaparicióno respetar los derechos de los familiares.

Estos casos ilustran la constante dedesapariciones presente en los estados dondeorganizaciones locales de derechos humanostrabajan con familiares de las víctimas. Por

ejemplo, las ONG Fuerzas Unidas por NuestrosDesaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) yCiudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos(CADHAC) han documentado 297 y 369desapariciones en Coahuila y Nuevo Leónrespectivamente, pero sólo se ha determinadoel paradero de unos pocos. Sin embargo,incluso en estos estados, las cifras no dan unaidea del total de desapariciones, pues muchosfamiliares tienen demasiado miedo paradenunciar o no conocen a otras familias devíctimas o a organizaciones de derechoshumanos que puedan prestarles apoyo.

En varias reuniones mantenidas conautoridades federales y estatales, AmnistíaInternacional ha planteado sus motivos depreocupación sobre casos de desaparición ysobre el trato dispensado a las víctimas.

¿CUÁNDO COMENZARON LASDESAPARICIONES FORZADAS?

México tiene más de 700 casos dedesaparición forzada sin resolver que datan dela “guerra sucia” (1960 - 1980), cuando lasvíctimas eran detenidas por la policía o lasfuerzas de seguridad durante operaciones decontrainsurgencia lanzadas contra pequeñosgrupos armados en varios estados. Estos casos

nunca se han esclarecido y los responsables nohan comparecido ante la justicia.

Al no investigarse de forma íntegra y eficazestas graves violaciones de derechos humanos,se transmite claramente a los actuales autoresde desapariciones –ya sean agentes del Estadoo bandas criminales– que la desaparición es undelito que no tiene repercusiones para quien locomete.

En 2003, Amnistía Internacional documentó lasconstantes desapariciones y homicidios demujeres que desde hacía un decenio afectabana Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. En2009, la Corte Interamericana de DerechosHumanos falló contra México por no impedir nicastigar el secuestro y homicidio de tresmujeres jóvenes en el caso del “CampoAlgodonero”. Pese a que se han tomadoalgunas medidas para impedir y castigar laviolencia de género, persisten lasdesapariciones de mujeres y niñas y muchosautores de estos actos siguen gozando deimpunidad.



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¿DÓNDE OCURRENLAS DESAPARICIONES Y LASDESAPARICIONES FORZADAS?Según información recabada por AmnistíaInternacional, la mayoría de las desaparicioneshan tenido lugar en estados donde en losúltimos años ha habido elevados índices deviolencia delictiva y se ha intensificado lapresencia de la policía y las fuerzas deseguridad. Entre estos estados cabe mencionarTamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila,Michoacán y Guerrero.

Sin embargo, el hecho de que en estos estadosse registre un número mayor de casos tambiénpuede deberse en parte a la presencia deorganizaciones de víctimas y de derechoshumanos, que documentan los casos y prestanapoyo a las familias. En estados en que lapresencia de organizaciones de derechoshumanos es menor, los familiares de lasvíctimas han encontrado dificultades aún másinsalvables a la hora de emprender acciones.La base de datos oficial de personasdesaparecidas publicada en febrero pone demanifiesto que la mayoría de las denuncias sepresentaron en el Distrito Federal y en losestados de México Tamaulipas, Sinaloa, Jaliscoy Coahuila.

Uno de los factores del gran aumento de lasdesapariciones ha sido la negativa de diversasautoridades e instituciones a aceptar los casosque les presentaban los familiares de lasvíctimas. Por ejemplo, la red de comisionesestatales de derechos humanos se ha negadopor norma general a ayudar a las familias,sobre todo si éstas no podían demostrar laparticipación directa de funcionarios públicos, apesar incluso de que hubiese indicios de que lapolicía y la procuraduría no habían cumplidosus obligaciones jurídicas de emprenderinvestigaciones exhaustivas.

¿QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS?Cualquier persona puede ser víctima dedesaparición o desaparición forzada en México.

Los casos documentados por AmnistíaInternacional muestran que las víctimasproceden de estratos y profesiones muydiversos. La mayoría de las víctimas, pero notodas, son muchachos y hombres de entre 17 y50 años. Muchas víctimas recorrían un trayectohabitual cuando fueron obligadas a detenersepor hombres armados o por fuerzas deseguridad en controles. Algunas acababan desalir de casa para ir a una tienda cercana opara visitar a un amigo, pero nunca regresaron.

Otras se encontraron con actividadescriminales, en las que a veces estabanimplicados funcionarios públicos. En ciertoscasos, las propias víctimas eran agentes depolicía o soldados. En otros, la policía detránsito las obligó a detenerse por infraccionesde tránsito falsas y las entregó a bandascriminales o a otras fuerzas de seguridad.

El 29 de agosto de 2009, Brandon EstebanAcosta Herrera, de ocho años, viajaba en unvehículo con su padre y dos tíos a las afuerasde Saltillo (estado de Coahuila), cuando unoshombres armados los secuestraron. Enocasiones, las víctimas son mujeres ymuchachas jóvenes, como Guadalupe JazmínTorres Rivera, de 20 años, que fue secuestradaen su barrio de Apodaca (estado de NuevoLeón) el 15 de febrero de 2010. Otros, comoRicardo Peña Mejía y otros ocho ingenieros detelefonía que desaparecieron el 26 de junio de2009 en Nuevo Laredo (estado de Tamaulipas)parecen haber sido un blanco por suscompetencias técnicas. En otros casos se tratade trabajadores en viajes de negocios; personassecuestradas mientras buscaban a familiares,patrones o amigos que habían desaparecido; o,por último, migrantes mexicanos ocentroamericanos que intentaban llegar a lafrontera con Estados Unidos.


5Izquierda: Tarjeta del Día del Padre hecha porBrandon: “Papá, quiero decirte que te quiero.Feliz Día del Padre.”Centro: Dibujo hecho por Brandon Acosta Herrera.El texto dice: “La mejor familia del mundo”.Abajo izquierda: Lourdes Herrera del Llano, cuyo hijode ocho años, Brandon, desapareció junto con supadre y dos tíos suyos el 29 de agosto de 2009.Abajo derecha: Cartel producido por la familiade Brandon.


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Se desconoce la suerte que han corrido lasvíctimas, pero muchas familias sospechan quevarias fueron reclutadas por la fuerza paratrabajar para bandas de delincuentes, que enocasiones operan en connivencia con la policía olas fuerzas de seguridad. Es posible que algunasvíctimas tengan vínculos con la delincuencia,pero incluso cuando esto se demuestra tras unainvestigación exhaustiva, el Estado no quedaexento de la responsabilidad de emprender unainvestigación completa para descubrir elparadero de la víctima y para garantizar elderecho de los familiares a conocer la verdad.

Muchos familiares han contado a AmnistíaInternacional que, cuando acudieron a lasautoridades para denunciar la desaparición desus seres queridos, los funcionarios afirmaronque la víctima debía estar implicada en unaactividad delictiva para ser el blanco de unabanda criminal. Por ejemplo, la familia deAlejandro Alfonso Moreno Baca, que desaparecióentre Monterrey y Nuevo Laredo el 27 de enerode 2011, recibió la siguiente respuesta derepresentantes de la comisión de derechoshumanos del estado de Nuevo León sin quemediara investigación alguna: “Está coludido tuhijo con las pandillas”. A la madre de ArmandoSalas Ramírez –que desapareció junto con su tío,Pedro Ramírez Ortiz, cerca de Torreón (estado deCoahuila) el 12 de mayo de 2008– le dijeron:

“Ellos andaban mal y ustedes no quierenaceptarlo”. Esta presunción se ha esgrimidoconstantemente para justificar la decisión de noemprender investigaciones y para disuadir a losfamiliares de solicitar que se investigue.

¿QUIÉN LLEVA A CABODESAPARICIONESY DESAPARICIONES FORZADAS?

Se los llevaron [unos delincuentes],pero cuando menos las autoridades cooperaroncon el crimen.

Familiares de Adrián Domínguez Rolón, agente de lapolicía federal desaparecido el 17 de febrero de 2011.

Al no registrarse adecuadamente lasdesapariciones ni llevarse a cabo investigacionesbásicas, en la gran mayoría de los casos nuncase llega a identificar a los responsables, y muchomenos se logra que rindan cuentas.

A menudo se culpa a las bandas delictivas,pero esta presunción casi nunca se basa enuna investigación exhaustiva. De hecho, lapolicía y las fuerzas de seguridad estáninfiltradas por bandas criminales y, enconsecuencia, muchos funcionarios públicoshan colaborado en las desaparicionesperpetradas por estas bandas.

En su informe de 2011 sobre México, el Grupode Trabajo sobre Desapariciones Forzadas oInvoluntarias afirma que: “Los casos dedesapariciones tampoco pueden adjudicarseexclusivamente al crimen organizado sin unaadecuada y completa investigación penal”.

Debido a la casi completa impunidad de quedisfrutan los autores de estos crímenes, losmotivos que subyacen a las desapariciones noestán claros. No obstante, los indicios disponiblesapuntan a diversos motivos posibles, entre ellos:rescate, extorsión, robo, error de identidad,ajustes de cuentas entre bandas, represalia porno cooperar con bandas, reclutamiento forzadoen bandas, trata de personas, interrogatorio desospechosos y detención de personas conpresuntos vínculos con bandas delictivas, oaterrorizar a comunidades para controlar barrios.

Con demasiada frecuencia, la negativa oficial ainvestigar o la ausencia de investigaciones hanobligado a las familias a investigar por sucuenta, a menudo poniendo en peligro su vida.

Ya no le mueva o le va a desapareceralguien más.

Advertencia de investigadores estatales a Laura MaríaOrozco Medina, cuyo padre y dos hermanosdesaparecieron entre 2009 y 2012 en Nuevo Zirosto,municipio de Uruapan (estado de Michoacán).



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En varios casos documentados por AmnistíaInternacional, familiares que recababaninformación recibieron advertencias demiembros de la policía local o de lasprocuradurías generales de justicia de losestados de que abandonaran la región si noquerían sufrir represalias. En ocasiones, lainformación facilitada por las familias a lasautoridades ha dado lugar a amenazas de losperpetradores, que no tienen reparos endemostrar sus estrechos lazos con funcionarioslocales. Debido a la connivencia defuncionarios públicos con redes criminales, enla práctica hay familiares de víctimas que hantenido que denunciar las desaparicionesprecisamente ante las personas de quienessospechan que están implicadas en ladesaparición. En un caso, los familiares de lavíctima contaron a Amnistía Internacional que,cuando intentaron denunciar la desaparicióndurante una reunión con funcionarios de altorango de la Procuraduría General de Justiciadel estado de Coahuila, un jefe regional les dijo:“Un riesgo que van a correr, porque de los queestamos aquí reunidos algunos pueden quesean del grupo delictivo los Zetas”.

En otros casos, militares y agentes de policíallevaron a cabo detenciones y desaparicionesforzadas durante operaciones quesupuestamente iban dirigidas contra bandas de

delincuentes. En junio de 2011, delante detestigos y familiares, miembros de la Marinadetuvieron a José Fortino Martínez Martínez,José Cruz Díaz Camarillo, Martín Rico García,Usiel Gómez Rivera, Diego Omar GuillénMartínez y Joel Díaz Espinoza en Nuevo Laredo(estado de Tamaulipas). Las autoridadesnavales han cambiado en repetidas ocasionessu versión de los hechos, pero han negadosistemáticamente toda responsabilidad en lasdesapariciones. No se ha vuelto a ver a losdetenidos desde entonces. La ComisiónNacional de los Derechos Humanos emitió unarecomendación en la que confirmaba indiciosde desaparición forzada perpetrada porelementos de la Marina. El 27 de junio de2011, Amnistía Internacional escribió alentonces presidente, Felipe Calderón, paraexponerle el caso, pero nunca recibió unarespuesta adecuada.

En al menos tres casos documentados deejecuciones extrajudiciales perpetradas porpersonal militar, las autoridades militares hannegado reiteradamente tener cualquierconocimiento de las víctimas, que habían sidorecluidas, torturadas y asesinadas y cuyosrestos habían sido ocultados. El hecho de quehaya salido a la luz lo que les ocurrió a lasvíctimas –Jethro Ramsés Sánchez Santana,Saúl Becerra Reyes, Miguel Alejandro Gama

Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de laFuente– y de que éstas ya no formen parte dela larga lista de desaparecidos ilustra la valentíay la persistencia de las familias y los testigos,que obligaron a las autoridades a investigar conmás exhaustividad y a exponer laresponsabilidad de militares. (Para obtenermás información sobre estos casos, véanseCulpables conocidos, víctimas ignoradas:Tortura y maltrato en México,AMR 41/063/2012; y Nuevos informes deviolaciones de derechos humanos a manos delejército, AMR 41/058/2009.)

En otros casos, en los que las personas fueronvistas por última vez bajo custodia de lasfuerzas armadas o la policía, pero cuyoparadero nunca llegó a descubrirse, lasautoridades responsables no han reconocidolos hechos como desaparición forzada pese aque las víctimas siguen desaparecidas. JehúAbraham Sepúlveda Garza olvidó llevar sudocumento de identidad al ir a una tienda de lazona el 12 de noviembre de 2010 en San PedroGarza (estado de Nuevo León). Fue detenidopor la policía municipal, transferido a lacustodia de la policía judicial y luego trasladadoa una base militar administrada por personal dela Marina para ser interrogado. No se le havuelto a ver desde entonces. El personal de laMarina y la policía niegan toda participación en


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Izquierda: A la izquierda, Mireya VillarealSalinas. Sus hijos, Lauro y Jorge CantúVillareal, desaparecieron el 14 de junio de2010 en Torreón (estado de Coahuila). A laderecha, Blanca Martínez, defensora dederechos humanos.Junto a estas líneas: María del Carmen RamírezOrtiz muestra todos los pasos que ella y sufamilia han dado en busca de su hermano,Pedro Ramírez Ortiz, y de su hijo, ArmandoSalas Ramírez, que desaparecieron en Torreón(estado de Coahuila) en mayo de 2008.


la desaparición forzada. En el momento deredactarse este documento, cuatro agentes dela policía judicial detenidos en relación con eldelito habían quedado en libertad en virtud deun recurso de amparo. En otros casossimilares, se ha torturado a sospechososdetenidos por la policía y las fuerzas armadas, yposteriormente la procuraduría los ha remitidoa detención preventiva sin cargos (arraigo) sinacceso al mundo exterior ni a la familia durantevarios días antes de presentarse contra elloscargos penales graves.

En ocasiones, las autoridades han aducido quemiembros de bandas criminales han simuladoser agentes de policía o de las fuerzas deseguridad para llevar a cabo un secuestro, peroestas afirmaciones nunca se hanfundamentado. José Ángel Alvarado Herrera,Nitzia Paola Alvarado Espinosa y Rocío IreneAlvarado Herrera fueron detenidos el 29 dediciembre de 2009 en el municipio deBuenaventura (estado de Chihuahua) porhombres fuertemente armados que llevabanuniforme militar. Sigue sin conocerse elparadero de ninguno de los tres. Las fuerzasarmadas negaron que hubiese militaresimplicados en las detenciones. En junio de2011, la Comisión Nacional de los DerechosHumanos emitió una recomendación sobre elcaso en la que afirmaba que había suficientes

indicios de responsabilidad militar(Recomendación 43/2011). Sin embargo, lasfuerzas armadas siguieron negando tenercualquier constancia del caso, que se hapresentado ante la Comisión Interamericana deDerechos Humanos. A resultas de lasdesapariciones y de las amenazas querecibieron posteriormente los familiares, laCorte Interamericana de Derechos Humanosdictó medidas provisionales por las que seexigía a las autoridades que garantizasen suseguridad y estableciesen el paradero de losmiembros desaparecidos de la familia Alvarado.

¿QUÉ LES OCURRE A LAS FAMILIAS?La incertidumbre de no saber ni qué pasó conellos, eso hace que también se sufra de unamanera terrible.

Familiar de Sergio Ramírez Miranda, secuestrado el27 de julio de 2008 en un campo de fútbol porhombres armados que se cree pertenecían a la policíaestatal de Iguala (estado de Guerrero).

La desaparición de un ser querido tiene unefecto devastador en la familia. La ausenciainexplicada deja a los afectados en laincertidumbre, asediados por los miedos sobrelas penurias por las que aún puede estarpasando su hijo o hija, padre o madre,hermano o hermana, y temiendo lo peor. El

Comité de Derechos Humanos de la ONU haconcluido que los familiares que sufrenangustia y estrés a resultas de la desapariciónforzada de un ser querido son también víctimasde la violación del derecho a no ser sometido atortura o tratos crueles, inhumanos ydegradantes.

Muchas familias no sólo se enfrentan a estasconsecuencias psicológicas tan hondas, sinoque además tienen que lidiar con un descensorepentino y pronunciado de los ingresos y de laprestación de servicios sociales, como atenciónde la salud y vivienda, asociados al trabajo de lavíctima. Algunas familias han tenido quecombatir el estrés añadido de madres obligadasa tomar múltiples empleos o hijos queabandonan la educación para encontrar untrabajo que les ayude a llegar a fin de mes.

Aunque hay miles de familias en esta situación,poco se ha hecho para abordar el largo,complejo y costoso proceso por el que tienenque pasar los familiares para que se reconozcajurídicamente a la víctima como ausente ofallecida, de modo que las familias puedanacceder a prestaciones sociales y otrosservicios básicos. El gobierno anterior creó unorganismo destinado a prestar apoyo a lasvíctimas de delitos y actos violentos: laProcuraduría Social de Atención a las Víctimas


8 Abajo: Rubén Limón, de 17 años, fuesecuestrado y desaparecido por una bandacriminal respaldada por la policía municipalde Saltillo (estado de Coahuila) el 13 de marzode 2011, junto con José Juan Espericuetay Jesús Fernando Castillo Gallegos.Derecha: José Juan Espericueta con su esposay sus hijos.


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de Delitos (PROVÍCTIMA). Sin embargo, ciertosfamiliares de víctimas han afirmado que se lesprestó poca ayuda y algunos incluso declararonhaber recibido presiones para que aceptasenque su ser querido estaba muerto. Estasituación no sólo causó más estrés, sino queponía de manifiesto que la prioridad era reducirel número de personas que constaban comodesaparecidas, y no apoyar a las familias.

En Nuevo León, gracias a la presión firme de lasociedad civil, las autoridades han empezadopor fin a investigar algunos casos seriamente,por lo que en ocasiones han puesto aldescubierto información extremadamentedolorosa. Varias familias han tenido que hacerfrente a relatos demoledores por parte desospechosos, incluidos agentes de policía,sobre cómo mataron a las víctimas y sedeshicieron por completo de los cadáveres. Laausencia de restos o de pruebas materiales delos delitos sigue generando una incertidumbre yangustia intensas.

En 2011, el Movimiento por la Paz con Justiciay Dignidad emprendió una campaña nacionalcontra la violencia y la impunidad. Muchosfamiliares de desaparecidos han participado enla campaña y han respaldado el Movimiento,cuyos líderes también han desempeñado unafunción importante de apoyo a los familiares de

las víctimas en su reivindicación de que losgobiernos reabran casos de desaparición.

En 2012, el Congreso aprobó la Ley General deVíctimas, cuyo objetivo era otorgar mayorreconocimiento jurídico a los derechos de lasvíctimas, incluido el derecho a la verdad, lajusticia y las reparaciones. La Ley tambiénestablecía más claramente la obligación delEstado de investigar los delitos y las violacionesde derechos humanos. Aunque la Ley no esuna garantía de un mejor acceso a la justicia,supondrá un avance importante si se aplicaeficazmente.

¿QUÉ RIESGOS CORREN FAMILIARESY DEFENSORES Y DEFENSORASDE DERECHOS HUMANOS?

Mejor dejarlo porque, si no, te puede pasarlo mismo.

Palabras de un agente del ministerio públicoa la esposa de un pintor de casas desaparecidoen Nuevo Laredo.

La policía y la procuraduría a menudo sugieren alos familiares de los desaparecidos que se vayande la zona y que dejen de investigar. Aunque aveces este mensaje se transmite como un meroconsejo, la amenaza subyacente es clara.

El 21 de noviembre de 2011, NepomucenoMoreno Núñez, destacado miembro deMovimiento por la Paz con Justicia y Dignidad,fue asesinado por disparos mientras conducíapor la ciudad de Hermosillo (estado de Sonora).En octubre, unos hombres armados habíanvisitado su casa y le habían advertido que lomatarían si seguía pidiendo justicia para suhijo, Jorge Mario Moreno León, secuestrado enjulio de 2010 en Ciudad Obregón (estado deSonora) y que sigue en paradero desconocido.Se sospecha que están implicados en elsecuestro una banda delictiva y agentes de lapolicía local.

Se ha amenazado e intimidado con frecuenciaa los familiares de las víctimas para disuadirlosde buscar la verdad y tratar de obtener justicia.Victoria Bautista Bueno y Coral Rojas Alarcónrecibieron amenazas de muerte telefónicas traspedir justicia por la desaparición forzada de suspadres, Eva Alarcón y Marcial Bautista, quetuvo lugar el 7 de diciembre de 2011 enTecpán de Galeana (estado de Guerrero).Según testigos presenciales, hay agentes de lapolicía judicial del estado implicados en ladesaparición. Las dos mujeres han recibidoprotección, pero no se ha identificado ni llevadoante la justicia a los autores de las amenazas nien este ni en otros casos.


9Abajo: Familia de José Ángel Alvarado Herrera,Nitzia Paola Alvarado Espinosa y Rocío IreneAlvarado Herrera, primos que desaparecieronen Buenaventura (estado de Chihuahua) endiciembre de 2009 tras ser detenidos por lasfuerzas armadas. Los familiares han recibidovarias amenazas para que dejen de pedirjusticia.


¿CÓMO ABORDA LA LEGISLACIÓNMEXICANA LA DESAPARICIÓNY LA DESAPARICIÓN FORZADA?No existe una política pública integral y marcolegal que se ocupe de los diferentes aspectosde prevención, investigación, sanción yreparación de las víctimas de desaparicionesforzadas.

Informe del Grupo de Trabajo sobre DesaparicionesForzadas o Involuntarias, Misión a México, diciembrede 2011 (A/HRC/19/58/Add.2)

La legislación federal contiene una ley quepenaliza la desaparición forzada, pero que nocumple las normas internacionales.

Sólo 13 estados han aprobado leyes estatalesque tipifican como delito la desaparición. Peroincluso cuando se ha aprobado una ley de estaíndole, casi en ningún caso cumple las normasinternacionales. En concreto, la definición deldelito no incluye ninguna referencia a laautorización, el apoyo o la aquiescencia defuncionarios públicos. Nuevo León es laexcepción. Tras la presión ejercida por lasociedad civil, en 2012 se aprobó una ley deámbito estatal que penaliza la desapariciónforzada de conformidad con las normasinternacionales.

Los restantes 19 estados no incluyen el delito dedesaparición en su legislación, únicamente losde secuestro o privación ilegal de la libertad.Estos delitos no reúnen los criterios de ladesaparición forzada, crimen de derechointernacional que, cuando se comete comopráctica generalizada o sistemática, constituyeun crimen de lesa humanidad. Pese a ello, elhecho de que no se haya tipificado ladesaparición forzada como delito concreto nosirve de justificación para dejar de perseguir alos autores de otros delitos.

¿HA COMPARECIDO ALGUIEN ANTELA JUSTICIA POR DESAPARICIÓNFORZADA?

El caso de mi hijo es una desaparición forzadaporque fue un servidor público quien lo detuvoy quien negó el paradero de mi hijo.

Madre de Israel Arenas Durán, desaparecido enMonterrey (Nuevo León) el 17 de junio de 2011.

Pese a los amplios indicios de implicación deautoridades municipales, estatales y federales endesapariciones forzadas, sólo se tiene constanciade dos sentencias condenatorias desde 2006.

Según la Procuraduría General de la República,entre 2006 y enero de 2012 sólo hubo dos

procesamientos de ámbito federal pordesaparición forzada que se saldaron consentencia condenatoria; ambos casos estabanrelacionados con delitos cometidos en 2009.Este dato coincide con la información publicadapor el Instituto Nacional de Estadística yGeografía (INEGI), según la cual sólo se dictóuna sentencia condenatoria tras lacorrespondiente declaración de culpabilidadpor desaparición forzada en 2009 y otra en2010. En las jurisdicciones estatales no hahabido procesamientos ni declaraciones deculpabilidad por desaparición forzada.

En su informe de actividades de 2012, laComisión Nacional de los Derechos Humanosinformó de que se estaban investigando 2.126casos de desaparición forzada y de que habíarecibido quejas de familiares en relación con565 personas registradas como desaparecidaso no localizadas. La Comisión emitió cincorecomendaciones sobre casos de desapariciónforzada en 2012 y tres en 2011. Ninguna hadado lugar a sentencias condenatorias.

En los casos en que se identifica y enjuicia asospechosos, el delito que se suele imputar essecuestro o privación ilegal de la libertad,incluso cuando hay funcionarios públicosimplicados. Sin embargo, a partir de datosproporcionados en respuesta a peticiones de



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Arriba: Carlos (derecha) y José Luis GuzmánZúñiga fueron detenidos por las fuerzasarmadas el 14 de noviembre de 2008en Ciudad Juárez (estado de Chihuahua).Nunca se los ha vuelto a ver. Las fuerzasarmadas sólo han emprendido acciones contrasiete militares por una infracción menorde abuso de autoridad.


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información de Amnistía Internacional a lasprocuradurías generales de justicia y al INEGI,no es posible determinar cuántos casosregistrados como secuestro o privación ilegal dela libertad corresponden a desaparición odesaparición forzada.

Por lo que respecta a los casos del fuero militar,según el informe publicado en octubre de 2012por la Secretaría de la Defensa Nacional(SEDENA), desde 2006 sólo se ha abierto unainvestigación penal por desaparición forzada.

Hasta la fecha, no se han emprendido accionescontra los 17 militares que están sometidos ainvestigación. El modo en que la ComisiónNacional de los Derechos Humanos y laSecretaría de la Defensa Nacional hanabordado los casos indica que algunasdesapariciones forzadas se han tratado comodelitos menores de distinta índole. Por ejemplo,los hermanos Carlos y José Luis GuzmánZúñiga fueron detenidos por las fuerzasarmadas el 14 de noviembre de 2008 enCiudad Juárez (estado de Chihuahua). Nuncase les volvió a ver. Pese a los indicios dedesaparición forzada y a la recomendaciónemitida por la Comisión Nacional de losDerechos Humanos, las fuerzas armadas sóloemprendieron acciones contra siete militarespor una infracción menor de abuso deautoridad.

¿QUÉ MEDIDAS HAN TOMADOLA POLICÍA Y LA PROCURADURÍAPARA INVESTIGAR?

Hemos investigado más que ellos mismos.

Familiares de Juan Luis Lagunilla y Juan HernándezManzanares, agentes de la policía federaldesaparecidos en San Nicolás, Monterrey(Nuevo León), el 20 de febrero de 2011.

En la mayoría de los estados se ha impedido amuchos familiares de víctimas, al menosinicialmente, interponer una denuncia formalpor desaparición forzada, secuestro o privaciónilegal de la libertad al acudir a las autoridadespara comunicar la desaparición de su serquerido. Según el análisis hecho por unperiódico nacional, de las 26.121 denuncias depersonas desaparecidas o no localizadas, en el40 por ciento de los casos no se habíaniniciado investigaciones penales.

Numerosos familiares de víctimas contaron aAmnistía Internacional que los funcionarios senegaban a registrar los casos y les decían quevolviesen al cabo de 72 horas, o los enviaban aotras oficinas. Sólo a las familias que seencontraban en la inusual situación de poderproporcionar pruebas inmediatas de secuestroviolento perpetrado por personas identificadasles era posible presentar una denuncia formal.A quienes no podían facilitar esta información,registrar formalmente la desaparición les solíacostar meses e incluso años de esfuerzospersistentes.

En numerosas ocasiones, incluso cuando seemprendía una investigación formal, serealizaban pocas pesquisas relevantes y loscasos se archivaban o se dejaban inactivos sinque hubiese esfuerzos significativos por



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FUERO MILITAR

En 2012, la Suprema Corte de Justicia de laNación dictó sentencias, conformes con los fallosemitidos por la Corte Interamericana de DerechosHumanos, que determinaban que el fuero dejusticia militar ya no podía conocer de casos deviolaciones de derechos humanos. Sin embargo, elgobierno y los miembros del Congreso todavía nohan reformado el Código de Justicia Militar conarreglo a las normas internacionales de derechoshumanos para asegurar que la investigación, lainstrucción y el juicio de presuntas violaciones dederechos humanos cometidas por miembros delas fuerzas armadas se abordan únicamente en elsistema de justicia civil.

Centro: Romana Ortiz Reyes, cuyos hijo, PedroRamírez Ortiz, y nieto, Armando Salas Ramírez,desaparecieron en Torreón (estado de Coahuila)en mayo de 2008. A su espalda hay unaexposición de fotos de personas desaparecidasen el estado de Coahuila. Julio de 2011.Izquierda: Armando Salas Ramírez.


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hacerlos avanzar. Las familias cuentan que laúnica respuesta que recibían de laprocuraduría a sus solicitudes de informaciónsobre el progreso de las investigaciones era:“No, no hay nada nuevo”. Con frecuencia, lapolicía y la procuraduría exigen a los familiaresque proporcionen pistas y pruebas. La madrede un hombre desaparecido en el estado deGuerrero relató a Amnistía Internacional que unfiscal le había dicho: “Usted tiene la culpa porno buscar a su hijo”.

Daniel Cantú Iris desapareció junto con dosotras personas el 21 de febrero de 2007 cercade Saltillo (estado de Coahuila) cuando sedirigía a una cantera de mármol. Cuando sumadre, Diana Iris García, obtuvo por fin accesoal expediente, constató que no había registrode las investigaciones que los funcionariosafirmaban haber llevado a cabo durante 18meses. Dijo a Amnistía Internacional:“Creíamos sinceramente que la procuraduríaestaba haciendo su trabajo buscando […] peroen el expediente no aparece nada.”

Muchas familias entregan a los investigadoresinformación detallada –como el número deteléfono celular de las víctimas, el número de lamatrícula, datos bancarios, localización de

cámaras importantes de seguridad o datos deposibles testigos– creyendo que se usarán paraagilizar la búsqueda y que ayudarán aencontrar vivo a su ser querido. Sin embargo,gran parte de esta información no llega aincorporarse nunca a los expedientes. Lassolicitudes oficiales a otros órganos o aempresas privadas se cursan con meses deretraso, si es que llegan a cursarse, y sólo antela reiterada insistencia de la familia.

Héctor Rangel Ortiz desapareció tras serdetenido por la policía municipal en Monclova(estado de Coahuila) el 9 de noviembre de2009, junto con Irene Lugo Hernández y MiltonHugo Aguilar Torres. Ante las amenazas depolicía y fiscales, la familia solicitó ayuda a lasautoridades federales, pero éstas tampocoactuaron rápidamente a partir de la informaciónfacilitada por los familiares. Descorazonada porla inercia de las instancias oficiales, la familiaemprendió sus propias investigaciones y, segúnla información recibida, logró obtener, sietemeses antes que los investigadores federales,datos de teléfonos celulares que triangulaban laposible ubicación de los teléfonos de lasvíctimas aproximadamente en el momento desu desaparición. Pese a ello, sigue sinconocerse el paradero de ninguno de los tres.

Varios familiares contaron a AmnistíaInternacional que la procuraduría tardó meseso años en tomar muestras de ADN para realizarposibles identificaciones. En algunos casos, lasmuestras o los resultados de los análisis deADN se extraviaron, se archivaron en lugareserróneos o simplemente no se incorporaron alos expedientes, por lo que tenían querepetirse. En 2012, las procuradurías generalesde justicia notificaron a la Comisión Nacionalde los Derechos Humanos que había 15.921cadáveres sin identificar en morgues y fosas detodo el país.

La recopilación y el registro de datos correctosde los fallecidos y de las circunstancias de lamuerte, como análisis de ADN y otras pruebasútiles para la identificación y la investigación,son esenciales para cruzar la información de lasdenuncias de personas desaparecidas o nolocalizadas con datos de restos no identificados.Sin embargo, la ausencia de procedimientossistemáticos para realizar las autopsias, porejemplo, el registro, la comprobación y elalmacenamiento de datos relevantes, ha puestograndes obstáculos a este proceso.

Durante años, organizaciones de derechoshumanos y familiares, entre ellos las madres de


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migrantes centroamericanos desaparecidos entránsito por México, han pedido la creación deuna base de datos nacional fiable, respaldadapor la aplicación de procedimientosestandarizados. Tan sólo ahora se estánempezando a dar pasos para poner esto enpráctica. Es crucial consultar a expertosinternacionales y a la sociedad civil sobre lametodología, los procedimientos y elseguimiento para garantizar que losmecanismos adoptados son adecuados y gozande credibilidad.

EN DEFINITIVA, ¿DE QUIÉN ESLA RESPONSABILIDAD?

Se pierde el tiempo en que ‘yo te lo mando y túme lo regresas’. Es un juego en el que nadie sequiere hacer cargo.

Madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido el 21 defebrero de 2007 cerca de Saltillo (estado de Coahuila).

Los familiares que buscan a sus seres queridoshan tenido que enfrentarse a un sinfín deorganismos e instituciones –tales como lapolicía municipal, estatal, federal y judicial,procuradurías estatales y federales,procuradurías especializadas en delincuenciaorganizada, ejército, fuerza naval,

procuradurías militares, comisiones estatales dederechos humanos, Comisión Nacional de losDerechos Humanos, Procuraduría Social deAtención a las Víctimas de Delitos, tribunalesestatales y federales– para intentar que lasautoridades intervengan. Como explicó uno delos familiares de Armando Salas Ramírez yPedro Ramírez Ortiz: “Recorrimos dependenciatras dependencia”. En consecuencia, amenudo no está claro quién tieneresponsabilidad y autoridad, y los casos pasande unas manos a otras, sin que haya unreconocimiento explícito de quién debeasegurarse de que se emprendeninvestigaciones oportunas y eficaces.

Suele esgrimirse la duda de si son lasautoridades federales o las estatales quienestienen que ocuparse de las desaparicionescomo excusa para eludir la responsabilidad. Lamayoría de las desapariciones denunciadascompeten a las procuradurías generales dejusticia de los estados, a menos que losfamiliares puedan presentar pruebas queimpliquen a la delincuencia organizada, alnarcotráfico o a agentes federales, en cuyocaso la desaparición puede recaer en lajurisdicción federal. Las procuradurías estatalesa menudo son reacias a investigar y prefierensimplemente mantenerse al margen asumiendo

que la víctima debía de tener vínculos con ladelincuencia organizada.

En un momento dado, el caso de Daniel CantúIris se transfirió a la Procuraduría General de laRepública, pero luego volvió a las autoridadesestatales con la justificación de que las pruebasobtenidas por la procuraduría estatal queapuntaban a la participación de la delincuenciaorganizada eran insuficientes y obtenidas deforma irregular. La familia, cuyas expectativashabían aumentado ante la perspectiva de unainvestigación federal seria, volvió a depender deuna procuraduría general de justicia quedemostró reiteradamente no emprender unainvestigación completa. Otras instituciones,como las comisiones estatales de derechoshumanos, no han examinado adecuadamentela falta de diligencia debida demostrada por lasautoridades investigadoras. A consecuencia deello, con frecuencia se deja a los familiares delas víctimas sin acceso a un recurso efectivo y amerced de funcionarios de los que sospechannegligencia o, en algunos casos, connivenciacon los perpetradores.



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Izquierda: Daniel Cantú Iris, desaparecido a los23 años junto con dos compañeros en RamosArizpe, cerca de Saltillo (estado de Coahuila),el 21 de febrero de 2007. Era aficionado alciclismo y había ganado muchos premios. Sumadre, Diana Iris García, que ha luchado paraque se emprenda una investigación completade la desaparición, ha conservado intacto elcuarto de su hijo para honrar su memoria.Junto a estas líneas: Diana Iris García en lamarcha de las madres de los desaparecidoscelebrada en Ciudad de México el 10 de mayode 2013, Día de la Madre. Dijo a AmnistíaInternacional: “Por una búsqueda incansable,porque nos faltan a todos, por esocontinuaremos demandando su búsqueda”.


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¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL GOBIERNO?Ante la presión de familiares y organizaciones dederechos humanos, y tras las recomendacionesformuladas en 2011 por el Grupo de Trabajo de laONU sobre Desapariciones Forzadas oInvoluntarias, el gobierno ha anunciado varioscompromisos para combatir las desapariciones einvestigar casos anteriores. Por ejemplo, en febrerode 2013, después de que Human Rights Watchpublicase un informe sobre desapariciones, elsecretario de Gobernación anunció la creación deuna comisión especial y afirmó lo siguiente:

[V]amos a trabajar hacia el pasado en labúsqueda de las personas, pero vamos atrabajar mucho hacia el futuro para que esto novuelva a suceder, y si sucede, que exista lomínimo que debe de otorgar el Estado mexicanopara encontrar a las personas desaparecidas.

Sin embargo, el gobierno todavía no hareconocido el grado de implicación defuncionarios públicos en desaparicionesforzadas y prefiere referirse únicamente adesapariciones o secuestros cuyaresponsabilidad se imputa a bandas criminales.

Hasta la fecha, el gobierno federal ha tomadolas siguientes medidas:

� Ha promulgado la Ley General de Víctimas;� Ha publicado extractos de la base de datossobre personas desaparecidas o no localizadasy ha prometido crear una base de datosnacional de personas desaparecidas;� Se ha reunido con algunos familiares dedesaparecidos y se ha comprometido a elaboraruna estrategia de investigación y búsqueda devíctimas;� Ha establecido una unidad especial parainvestigar las desapariciones en laSubprocuraduría de Derechos Humanos de laProcuraduría General de la República;� Ha firmado un acuerdo con el ComitéInternacional de la Cruz Roja (CICR) parareforzar los procedimientos de búsqueda eidentificación;� Ha firmado un acuerdo con expertos forensesinternacionales para identificar los restos demigrantes centroamericanos desaparecidos;� Se ha comprometido a promover la adopciónde protocolos estandarizados sobre búsqueda ylocalización de víctimas de desaparición entodas las procuradurías generales de justicia.

Estos pasos son importantes, pero nosuficientes para garantizar que se pone fin a lasdesapariciones y la impunidad y que sedetermina el paradero de las personasdesaparecidas.

Sólo en los estados de Nuevo León y Coahuilalos esfuerzos concertados de familiares yorganizaciones de derechos humanos hanlogrado obtener algunos compromisos positivosde los gobiernos estatales para empezar aabordar las desapariciones. Estos frágilesprogresos no están más que en fases iniciales,pero es significativo que cuenten con laparticipación de familiares de víctimas yorganizaciones de derechos humanos. Sinembargo, otros estados que se encuentran ensituaciones igualmente graves, comoTamaulipas, Michoacán, Guerrero y Chihuahua,aún tienen que reconocer la grave negligenciade no haber abordado las desapariciones. Esvital que estos estados se comprometan deforma explícita a involucrar a familiares devíctimas y organizaciones de derechoshumanos como parte de sus responsabilidadesde impedir y castigar todas las desapariciones,incluyendo en especial, las desaparicionesforzadas.



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©CADHAC

LISTA DE REQUISITOS DE AINo a la impunidad de las desapariciones forzadas.Lista de requisitos para la aplicación efectiva de laConvención Internacional para la Protección deTodas las Personas contra las DesaparicionesForzadas (IOR 51/006/2011)



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Izquierda: Familiares de personas desaparecidasen Monterrey (estado de Nuevo León) semanifiestan para exigir a las autoridades unabúsqueda eficaz de sus seres queridos,investigaciones completas y rendición decuentas, junio de 2012.Centro y abajo: Marcha de las madresde los desaparecidos, Día de la Madre,10 de mayo de 2013, Ciudad de México.


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En 2011, el Grupo de Trabajo de la ONU sobreDesapariciones Forzadas o Involuntarias visitóMéxico y formuló varias recomendaciones,que proporcionan un marco para las accionesrequeridas. Los gobiernos federal y estatalestodavía no se han comprometido a cumplirplenamente estas recomendaciones. Lasorganizaciones de víctimas y los defensores ydefensoras de derechos humanos, entre ellosel Movimiento por la Paz con Justicia yDignidad, han establecido acciones prioritariasque las autoridades deben emprender.

Apoyen a Amnistía Internacional en pedira los gobiernos federal y estatales queemprendan acciones para:

� Armonizar la legislación federal y estatalcon las normas internacionales de derechoshumanos, entre otras medidas creando unaLey General sobre Desapariciones Forzadas.

� Tipificar, conforme a las normasinternacionales, la desaparición forzada comodelito separado en todos los estados y en lajurisdicción federal, de modo que se garanticeque todas las denuncias de desapariciones seinvestigan exhaustivamente, conindependencia de quién sea el presunto autor,y que el delito de desaparición forzada seenjuicia cuando haya indicios de implicaciónde funcionarios públicos, incluso cuando setrate de autorización, apoyo o aquiescencia.

� Asegurar que los funcionarios públicosacusados de no emprender investigacionesprontas, imparciales y exhaustivas sobredenuncias de desapariciones son investigadosy se les hace rendir cuentas.

� Garantizar que las detenciones efectuadaspor la policía y las fuerzas de seguridad seregistran de forma inmediata y con precisión y

que los sospechosos comparecen ante elministerio público sin demora. Elincumplimiento de este procedimiento deberádar lugar a investigación y sanción inmediatas.Asimismo, eliminar las órdenes de arraigo(detención especial preventiva).

� Reunirse con familiares de víctimas ygrupos de derechos humanos para acordar unplan de acción detallado de aplicación depolíticas públicas destinadas a impedir,investigar y castigar desapariciones y aelaborar parámetros y mecanismos deevaluación que permitan garantizar elcumplimiento de dichas políticas.

� Crear una base de datos detallada y fiablede ámbito nacional sobre personasdesaparecidas, que incorpore informaciónsobre ADN, así como una base de datos deámbito nacional sobre restos no identificados,de conformidad con las mejores prácticasinternacionales sobre localización eidentificación de víctimas de desaparición,incluidos migrantes.

� Establecer un mecanismo nacional debúsqueda rápida basado en protocolosestandarizados acordados para dar respuestasinterinstitucionales inmediatas, coordinadas yefectivas centradas en localizar vivas a lasvíctimas.

� Elaborar, implementar y supervisarprotocolos estandarizados de investigación, enconsulta con la sociedad civil, que garanticenla coordinación, cooperación y rendición decuentas de los organismos municipales,estatales y federales con el fin de asegurar quese llevan a cabo investigaciones prontas,exhaustivas y eficaces de todas lasdesapariciones denunciadas.

� Garantizar el derecho de los familiares delas víctimas a ser tratados con dignidad y aacceder a justicia y reparaciones, entre otrasmedidas aplicando plenamente la Ley Generalde Víctimas.

� Reforzar el derecho de los familiares acontribuir a las investigaciones y hacer unseguimiento de ellas (derecho decoadyuvancia), sin que recaiga sobre ellos lacarga de la investigación o de la recopilaciónde pruebas.

� Asegurarse de que los familiares tienenacceso a atención de la salud, vivienda y otrosservicios sociales, especialmente cuando ellimbo jurídico derivado de la desapariciónpueda llevar a que los miembros de la familiapierdan la prestación de esos servicios.

� Garantizar la seguridad de los familiares,testigos y defensores y defensoras dederechos humanos, que toda intimidación oamenaza se investiga plenamente y que sehace rendir cuentas a los responsables.

� Reformar el Código de Justicia Militar demodo que el sistema de justicia civil sea elúnico con competencias para investigar,instruir y juzgar toda denuncia de violación dederechos humanos cometida por miembros delas fuerzas armadas.

� Reconocer la competencia del Comité dela ONU contra la Desaparición Forzada pararecibir quejas individuales en virtud de losartículos 31 y 32 de la ConvenciónInternacional para la Protección de Todas lasPersonas contra las Desapariciones Forzadase invitar al Comité a visitar México.

Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por más de 3 millones desimpatizantes, miembros y activistas en más de 150 países y territorios, que hacencampaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos.

Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos losderechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y enotras normas internacionales de derechos humanos.

Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credoreligioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestramembresía y con donativos.

Índice: AMR 41/025/2013Spanish

Junio de 2013

Amnistía InternacionalSecretariado InternacionalPeter Benenson House1 Easton StreetLondon WC1X 0DWReino Unido

amnesty.org

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