Master de Estudios Contemporáneos de América Latina

ASIGNATURA DE HISTORIA ECONÓMICA.LAS REFORMAS NEOLIBERALES EN VENEZUELA.

Por Francisco José Tomás Moratalla.

INTRODUCCION.

En Venezuela, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos durante el final de los 70 y principios de los 80, no se experimenta la transición de un régimen autoritario a uno democrático. Durante dicho período, el país vive el cambio de una democracia "aparentemente" consolidada a otra que sufre sucesivas crisis y reformas, todavía no concluidas, cuya orientación ideológica deriva del liberalismo más acentuado a la actual defensa de un "nuevo" tipo de socialismo. Venezuela es un buen ejemplo de como la aplicación, más o menos ortodoxa, de las políticas económicas neoliberales durante los años 80 y 90, origina los procesos sociales y políticos de corte “progresista” y “revolucionario” de los primeros años del SXXI.

El presente ensayo analiza las estructuras económicas a que dieron lugar los intentos de aplicar el modelo neoliberal en Venezuela y las consecuencias a nivel super-estructural que de ellos se derivaron, produciendo los cambios culturales, políticos y sociales que vive actualmente el país. Dichos cambios están, sin duda, fuertemente determinados por las particulares características de un modelo de desarrollo nacional que presenta alta dependencia de la “renta petrolera”.

EL CASO VENEZOLANO

En Venezuela, durante los años 80 y 90, se aplicaron de manera estricta, aunque no plena, (Cavarozzi y Casullo, 2002) las recetas neoliberales del “Consenso de Washington”. Dichas medidas se concretaron en una serie de políticas

caracterizadas, como en el resto de la Región, por la búsqueda de la disciplina fiscal, la aplicación de políticas comerciales liberales, la priorización del gasto público en educación y salud, la apertura a la inversión extranjera, la reforma tributaria, las privatizaciones, las tasas de interés positivas determinadas por el mercado, la des-regulación, la aplicación de tipos de cambio competitivos y la protección a la propiedad privada (Del Campo 2009: 2).

Como ocurrió en la práctica totalidad de los países latinoamericanos, la aplicación de las medidas del Consenso de Washington actuaron como respuesta a la crisis de endeudamiento derivada del "Boom” de precios del petróleo experimentado durante los años 70s. En el caso de Venezuela ambas circunstancias, la crisis y las medidas aplicadas para superarla, llevaron al colapso de todo el modelo económico, político y social venezolano, base sobre la que, desde 1958, operaba una de las democracias, que se consideraban como, más sólidas de América Latina. Siguiendo a autores como Karl, dicho modelo estaba caracterizado, en lo económico y político, por un Estado altamente intervencionista e ineficiente, debido a la disponibilidad extraordinaria, aunque poco previsible, de los ingresos de la renta petrolera, un sistema de partidos cuya fortaleza se basaba en una sobresaliente presencia de las prácticas clientelistas y una economía de desempeño errático (En Roberts 2001: 187). Desde la perspectiva social el modelo se caracterizaba, como apunta Romero, por la consolidación de una “cultura rentista”, en la que los ciudadanos se habían acostumbrado a exigir las “primas mitológicas” que se suponían provenientes de la riqueza petrolera y en donde la “ilusión de la riqueza” estimulo la demagogia política y la alta resistencia de los sectores populares hacia las reformas económicas (En Roberts 2001: 187).

El punto de inflexión de la crisis, en la que tiene mucho que ver el declive de los ingresos petroleros de los años 80 y 90, se ubica, sin duda, en los violentos acontecimientos del "Caracazo" (1989) que desembocaron en dos intentos del golpe de Estado durante el año 1992, uno de ellos protagonizado por el Coronel

Hugo Chávez, y el ascenso al poder de éste último en las elecciones presidenciales del año 1998.

Como resultado del cambio en el escenario político y social se convocó, en el año 1999, a la Asamblea Nacional Constituyente y en ese mismo año se promulga la nueva Constitución de la República. A partir de ese instante se propone la aplicación de un nuevo modelo de Estado que, si bien, no abandona, en un primer momento, los postulados del modelo liberal de mercado, si introduce importantes cambios en la dirección contraria a las recetas neoliberales que se habían venido aplicando.

LA CRISIS DEL MODELO DE DESARROLLO VENEZOLANO.

Desde el año 1958, fecha en que se firma el “Pacto de Punto Fijo” que supone la transición de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez a un régimen plenamente democrático, Venezuela se caracteriza, en lo político, por presentar un largo período de estabilidad fundado sobre la base de “un modelo de democracia política de baja intensidad, donde el bipartidismo colonizó casi todos los espacios de la vida social” (Uharte Pozas, 2008: 132). Al mismo tiempo, desde la perspectiva social, se lograron notables “avances en educación, salud, nutrición, pobreza, empleo y remuneraciones, a pesar de que se evidenció un retroceso progresivo de las rentas de trabajo frente a las rentas de capital en el reparto del ingreso nacional” (Uharte Pozas, 2008: 132).

La estabilidad política y social de Venezuela, notable si la comparamos con el contexto de la Región durante las décadas de los años 60s y 70s, tenía su base en el ámbito económico, con las posibilidades que ofrecía la renta petrolera; y fue precisamente en el ámbito económico donde se originó la fractura de la estabilidad alcanzada. De este modo, para “mediados de los ochenta cuando la profundización de la crisis del modelo de acumulación basado en la renta petrolera, afectó a una mayoría absoluta de la población venezolana,

sistemáticamente excluida de los beneficios materiales y simbólicos del modelo de desarrollo, la pobreza como fenomenología social y política se hizo visible” (Contreras, 2004: 112). Pero, ¿cómo se produjo la crisis del modelo de acumulación basado en la renta petrolera?. La respuesta la encontramos tanto en el difícil contexto económico mundial y regional del momento, que tendrá también su reflejo en la realidad económica de Venezuela, como en los programas de ajuste aplicados para superar la crisis.

El contexto regional.

Siguiendo lo planteado por Palazuelos, a finales de la década de los 70 una combinación de factores externos e internos comenzaron a condicionar de manera negativa la evolución económica de las economías latinoamericanas, haciendo más intensos sus desequilibrios internos hasta llevarlas al "choque externo". (Palazuelos 1998: 10). Para este momento los países de América Latina se habían endeudado más de lo sostenible y la banca internacional había prestado sin tener en cuenta los básicos indicadores de riesgo propios del negocio financiero (Macías 2008?: 1). Como consecuencia de lo anterior las economías latinoamericanas se enfrentaron a una progresiva, pero rápida, intensificación de las restricciones externas. Se hizo cada vez más difícil el acceso a nuevos créditos del exterior, se produjo una notable subida de los tipos de interés reales, unido al deterioro de los términos de intercambio y el estancamiento de la demanda de productos primarios por parte de los países desarrollados (Macías 2008?: 5). Esta acumulación de factores tuvo consecuencias nefastas para las economías latinoamericanas que, a partir del año 1982, cuando México suspende el pago del servicio de su deuda, entrarán en una profunda crisis. La respuesta a la crisis será, en primera instancia, con medidas de corto plazo para lograr la estabilización macro-económica que inmediatamente dieron paso a reformas estructurales de clara orientación neoliberal. Venezuela no será una excepción a esta situación generalizada, aunque su alta dependencia de la renta petrolera dará lugar al modo específico en que se desarrolla la crisis y a sus particulares y graves consecuencias.

Las medidas de ajuste de Herrera Campins y Lusinchi.

Los problemas comienzan a manifestarse con la drástica caída de los precios del petróleo para finales del año 1981, aunque “el origen simbólico de la crisis se sitúa el 18 de febrero de 1983, en el denominado ʻviernes negroʼ, cuando se efectúa la devaluación del bolívar” (Uharte Pozas, 2008: 131) durante el mandato del Presidente Herrera Campins (1979-1984). La disminución de los ingresos del Estado originados en la industria petrolera se paliarán, en primera instancia, con el aumento del endeudamiento exterior. Al mismo tiempo se producirá una constante y creciente fuga de divisas que, como afirman autores como Caballero, alcanzará “la cifra record de ocho mil millones de dólares” (En Huarte Pozas 2008: 131). Como consecuencia de la moratoria mexicana, el creciente endeudamiento externo y el alza de las tasas de interés, el gobierno de Campins se verá obligado, como afirma Levine y Roberts, a devaluar la moneda y establecer un sistema controlado de cambios para evitar la fuga masiva de capitales privados (En Contreras, 2004: 112).

Sin embargo aunque la caída de los precios del petróleo precipitaron la crisis, las causas profundas del mal desempeño económico se deben situar, como afirman Sonntag, González Casanova y Roitman, entre otros autores, en el agotamiento definitivo del modelo de desarrollo basado en la Industrialización con Sustitución de Importaciones (ISI) que venía produciéndose con anterioridad (En Uharte Pozas, 2008: 131). Para finales de los años 70s, tal y como afirma Sonntag, el modelo mostraba ya síntomas definitivos de agotamiento con tasas de crecimiento cercanas o por debajo del cero por ciento, incremento de la inflación y del desempleo, así como el cierre de empresas medianas y pequeñas (en Uharte Pozas, 2008: 131). El desarrollo del Modelo de ISI en Venezuela estaba basado en el desarrollo de las industrias mineras o extractivas y consistía en utilizar la acumulación de la renta petrolera para promover sectores económicos alternativos y/o complementarios a la Industria Petrolera; estrategia que podrían resumirse en

la famosa máxima de “Sembrar el Petróleo”, acuñada por Arturo Uslar Pietri, en el lejano año de 1936.

Al asumir la presidencia Jaime Lusinchi (1984-1989), se anuncia la adopción de un “paquete económico” que se podría calificar como “heterodoxo”, pues “mantiene un rol activo del Estado en la inversión y regulación económica, no está directamente vinculado al FMI, y confiere mayor importancia y prioridad a los tópicos de la distribución y el empleo que los programas ortodoxos” (López Maya, Lander 2001: 235). Entre las medidas destacadas del paquete se produce una nueva devaluación del bolívar, medidas compensatorias no salariales para aminorar el impacto del ajuste, profundización del sistema de administración de precios y aumento de la gasolina e hidrocarburos. Al mismo tiempo se toman también medidas de estimulo a la producción como la bajada de los tipos de interés, el incremento en un 10% de la nómina de las empresas, y el pago de las deudas internas del Estado, especialmente las contraídas con los sectores productivos nacionales (López Maya, Lander 2001: 235). El objetivo de estas medidas era el de lograr la re-financiación de la deuda externa lo que finalmente fue alcanzado.

El camino de naturaleza heterodoxa, que había comenzado con la aplicación de las medidas económicas adoptadas, se confirma con la presentación del VII Plan de Nación en el que se propone una triple estrategia, social, política y de crecimiento, para superar el agotamiento del modelo de desarrollo venezolano. El Plan enfrentó la inmediata oposición de diversos sectores, entre ellos el empresarial lo que llevó a su sustitución por un Plan Trienal del Inversiones que “centra su estrategia económica en el refinanciamiento y pago de la deuda externa” (López Maya, Lander 2001: 236).

Pese al logro del refinanciamiento de la deuda, los problemas no habían hecho más que empezar, pues para Diciembre de 1986 el gobierno de Lusinchi volvió a devaluar la moneda, como medida para equilibrar la balanza de pagos ante la

fuerte reducción de los precios del barril de petróleo en el mercado internacional. “La acción del gobierno a partir de esta fecha se caracterizará, aún manteniendo algunos de los rasgos del paquete de 1984, por la expansión del gasto fiscal con el objetivo de terminar el mandato con altos niveles de popularidad, y asegurar el triunfo electoral del partido de gobierno. Esto trajo como consecuencia una merma excesiva de las reservas internacionales, la cual, en combinación con otros desequilibrios económicos, llevó al Presidente a declarar una moratoria del pago de la deuda en enero de 1989, un mes antes de finalizar ese período gubernamental” (López Maya, Lander 2001: 237).

Pese a la gravedad de la crisis a lo largo de este período, ésta no se entendió como el agotamiento definitivo del modelo rentista petrolero, de modo que siguiendo la tesis de Lander, “aparte de la devaluación de la moneda, fueron pocos los intentos de definir políticas coherentes en respuesta a la crisis, y la mayor parte de la década de los ochenta transcurrió con gobiernos sin rumbo, cuya ineficacia y corrupción impidió definir políticas ante una crisis económica que se profundizaba. (Lander 1994: 79). Para finales de la gestión presidencial de Jaime Lusinchi los indicadores económicos de Venezuela son clara muestra de la necesidad de un cambio profundo, pues “la inflación, históricamente de un sólo dígito, alcanzó niveles de 28% y de 29,48% en los años 1987 y 1988. Había un severo déficit tanto en la Balanza de Comercial como en la Cuenta Corriente. Las reservas internacionales mermaron en US $9505 millones entre 1986 y 19881, llegando a niveles peligrosos para la economía. En 1988, la deuda pública externa era de US $26586 millones. Para ese mismo año, el déficit fiscal global alcanzó un nivel de 15,1% del Producto Interno. Los déficits y los endeudamientos externos de las ineficientes empresas del Estado devoraban una proporción creciente del presupuesto público. La corrupción, el deterioro de los salarios y de todos los servicios públicos corroen la legitimidad del sistema político democrático que se había instaurado en el país en el año 1958” (Lander 1994: 80).

1. Cifras del Banco Central de Venezuela.

Del “Gran Viraje” de Pérez a la “Agenda Venezuela” de Caldera.

Cuando Carlos Andrés Pérez asume la presidencia en su segundo mandato (1989-1994), ya se habían dado, como se ha explicado, algunos intentos menores de reforma neoliberal de la mano de los presidentes Herrera Campins y Lusinchi, sin embargo “estos fueron “inconsistentes” y “heterodoxos” (López Maya, Lander 2001: 232-233). El primer ajuste “de naturaleza ortodoxa”, lo lleva a cabo Pérez.

La grave situación económica que atraviesa Venezuela al asumir el presidente Pérez su mandato, lo obligan a ¨desmarcarse¨ de sus promesas electorales y a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En dicho acuerdo Venezuela obtiene financiamiento a cambio de aplicar un programa de ajuste que supuso, tal y como quedó recogido en la Carta de Intenciones firmada con el Fondo: “a) restricción del gasto fiscal; b) restricción de los niveles salariales; c) unificación del régimen cambiario con paridad unitaria y flotante; d) tasas de interés flexibles y aumento inmediato de los niveles de las tasas de interés reguladas, eliminación de los créditos a tasas preferenciales para la agricultura, establecimiento de las tasas de interés por el mercado tan pronto como fuera posible; e) reducción de los controles de precios; f) postergación de programas de inversión de baja prioridad; g) reducción de los subsidios; h) introducción de un impuesto sobre la venta; i) ajuste de las tarifas de los bienes y servicios provistos por empresas estatales, incluyendo los precios de los productos petroleros en el mercado interno; j) reforma en el régimen comercial, incluyendo la eliminación de la mayor parte de las excepciones en las tarifas y liberalización de las importaciones; k) levantamiento de las restricciones de las transacciones internacionales, incluyendo la inversión extranjera y la repatriación de dividendos” (López Maya, Lander 2001: 237).

Las medidas recogidas en la Carta de Intenciones fueron coherentes, en su orientación neoliberal, con el VIII Plan de Nación, conocido como “El Gran Viraje” que proponía una reestructuración del modelo de desarrollo sobre la base de “un

“hexágono estratégico” constituido por: a) crecimiento sin inflación; b) competitividad internacional; c) conservación de los recursos naturales; d) cambio institucional; e) capitalización de los recursos humanos; f) compromiso social” (López Maya, Lander 2001: 238).

Pese a que el gobierno de Pérez estableció un programa de medidas sociales compensatorias de los efectos negativos de las reformas macroeconómicas, éste no logró detener el estallido social que tuvo su máxima expresión en los violentos acontecimientos del “Sacudón o Caracazo” durante los meses de Febrero y Marzo del 1989, así como los golpes de Estado del año 1992, que incrementarán la crisis hasta desembocar en la destitución del presidente Pérez y el establecimiento de un gobierno de emergencia para acabar el período de su mandato. Sin duda todos estos acontecimientos propiciaron, como afirma López Maya y Lander, la perdida de fuerza de las políticas de ajuste y reestructuración y su definitiva derrota política (López Maya, Lander 2001: 238), al menos de manera temporal.

Una versión ampliada del paquete neoliberal del Presidente Pérez fue la “Agenda Venezuela” del Presidente Rafael Caldera (1994-1999). Si bien durante los dos primeros años de su gobierno Caldera intentó desmarcarse de las políticas neoliberales de su predecesor, la grave crisis financiera que experimentó Venezuela el año 1994 obligó a Caldera a acudir nuevamente al FMI. En ésta ocasión la Carta de Intenciones firmada con el Fondo implicó las siguientes medidas: “a) aumento del precio de la gasolina y demás derivados de los hidrocarburos en el mercado interno; b) liberación de las tarifas de los servicios públicos; c) liberación plena del sistema de control de cambios, con la consiguiente devaluación del bolívar; d) incremento de las tasas de interés; e) aumento del porcentaje a pagar por el impuesto a las ventas; f) plan de privatización de empresas públicas; g) liberación de todos los controles de precios, quedando sólo controlados los precios de cinco artículos esenciales de la dieta del venezolano; i) creación de un fondo para la protección del sistema bancario; j) inicio de la discusión para la reforma del sistema de prestaciones sociales; k)

programas sociales focalizados para proteger a los sectores más vulnerables de la población” (Quintero, 1998: pp. 322-323 en López Maya, Lander 2001: 239).

Junto con las medidas de ajuste, el gobierno de Caldera presentó también un programa de reestructuración de la economía, en la “Agenda Venezuela”, marcado por importantes reformas en política fiscal, monetaria, cambiaria, financiera, laboral y social, todas ellas de clara orientación neoliberal. Un elemento muy importante de este proceso de reforma fue la revisión del sistema de prestaciones sociales en el año 1997. En dicha revisión se aprobó el pago anual de las mismas y no al cese de la actividad laboral. Al mismo tiempo, se inició un proceso de “Apertura Petrolera” caracterizada, como señala López Maya y Lander, por la privatización del sector, aunque éste no se llevó a cabo de manera abierta, sino mediante concesiones a empresas petroleras extranjeras, la revisión de la posición venezolana en la OPEP para hacerla favorable a la defensa de un modelo de producción marcado por las “leyes del mercado” y el aumento unilateral de la cuotas de producción venezolanas acordadas con la OPEP (en Uharte Pozas, 2008: 134).

Para este momento, mediados de los años 90, el balance del período de crisis y reformas no podía ser peor, pues como señala Roberts citando diversas fuentes, “el PIB per cápita era 20% por debajo de su punto más alto en los años 70 y esta torta económica disminuida se repartía de manera más desigual: mientras que la proporción del ingreso recibido por 40% más pobre de la población cayó de 19,1% en 1981 a 14,7% en 1997, el decil más rico aumentó de 21,8% a 32,8%. En 1996, el salario industrial real se encontraba a menos de 40% de su nivel en 1980, mientras que, en 1993, los gastos sociales del Estado per cápita eran 40% por debajo de su nivel en 1980. Entre 1984 y 1993 el porcentaje de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza aumentó de 36% a 62%, mientras que el porcentaje viviendo en pobreza extrema se triplicó, de 11% a 33%” (Roberts 2001: 197) .

En este sentido, “Si bien la resistencia popular a la Agenda en un principio fue menor que la confrontada por las medidas de ajuste de Pérez, la caída de los precios internacionales del petróleo a partir de octubre de 1997, a la cual contribuyó la política de apertura petrolera y expansión de la producción en Venezuela, jugó un papel relevante (junto con el deterioro acumulado de los indicadores económicos y sociales) en su derrota política, expresada en el triunfo de Hugo Chávez Frías en los comicios presidenciales de diciembre de 1998. Fue Chávez quien presentó al electorado la propuesta más alejada del neoliberalismo” (López Maya y Lander 2000: 240) y sin duda por fue por ello que su propuesta política triunfó. En este sentido los primeros años del Gobierno Chavista serán una vuelta, sin romper con el modelo liberal de mercado, a la consolidación del papel intervencionista del Estado y la propiedad pública de los principales recursos venezolanos: el gas, el petróleo y los minerales, así como una agresiva campaña de nacionalizaciones y de asistencia social a los más desfavorecidos.

ANALISIS Y CONCLUSIONES.

Como hemos visto en el presente ensayo, la sucesiva ola de reformas, basadas de manera más o menos ortodoxa en los postulados neoliberales, coincidieron en el tiempo con un grave deterioro de los principales indicadores sociales de Venezuela y una importante crisis política. Si bien el agravamiento de la crisis no resulta sorprendente, pues es similar al que sufrieron otros países de América Latina, sí resulta sorprendente su desenlace, con el colapso definitivo de una de las democracias más sólidas de la Región desde los años 50s.

Las tesis más extendidas propone que las medidas neoliberales "agravaron dos problemas provenientes del pasado: la crisis socioeconómica, con el progresivo deterioro de los indicadores básicos, y la crisis del sistema político, con el descrédito de sus instituciones (partidos, Congreso, Poder Judicial...)” (Ugalde Perez, 2008: 134). Sin embargo para otras posiciones como la defendida por

López Maya y Lander, la relación causa efecto entre medidas neoliberales y crisis socioeconómica no parece ser tan evidente y al menos, en ese sentido, “no resulta fácil determinar la responsabilidad de los planes de ajuste en el abismal retroceso social que vivió la sociedad (venezolana) en los últimos veinte años". Para esto autores es determinante el hecho de que “los distintos programas fueran interrumpidos a poco de iniciados” pues “si bien implicaron de modo directo el deterioro de algunos indicadores económicos y sociales (como por ejemplo la inflación, el tipo de cambio o el empleo formal), su interrupción no permitió que se desarrollaran plenamente y arrojaran los resultados positivos que sus promulgadores habían vaticinado” (López Maya, Lander 2001: 241). A lo anterior se añade además que Venezuela fue uno de los países de América Latina donde las reformas estructurales tuvieron un menor avance, si lo vemos desde un punto de vista comparativo, pues según el “Índice de Reforma Estructural” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Venezuela fue, después de Uruguay y México, el tercer país donde las reformas tuvieron una menor incidencia (Lora 2001: 23). En este sentido también es importante destacar que “en ninguno de los países con (fuerte) sistemas de partidos se llevó a adelante una reforma económica estructural plena con participación de los partidos. Ni en Uruguay, Colombia, Venezuela, o Costa Rica se impusieron matrices de definido estilo neoliberal” (Cavarozzi y Casullo, 2002). Siendo esto así, las preguntas que se imponen son dos: En primer lugar es necesario entender porqué se produjo el colapso total del pacto político y social surgido de los Acuerdos de Punto Fijo del año 1958, especialmente su muy sólido sistema de partidos, que había dado una larga estabilidad y prosperidad a Venezuela; en segundo lugar es importante aclarar si dicho colapso fue consecuencia directa y única de los intentos de reforma neoliberal o si bien confluyeron otros factores que potenciaron la crisis y sus efectos.

Si realizamos un análisis desde una perspectiva regional, es evidente que la crisis de la deuda, tal y como señala Macías, supuso un “marcado deterioro económico y social” que tuvo un “carácter sistémico, con responsabilidades en ambas

partes” (Macías 2008?: 3). La situación a la que se había llegado era insostenible y por lo tanto, siguiendo al profesor Macías: “La reforma fue necesaria para colocar a América Latina en una nueva trayectoria, que permitiese a la Región reencontrarse con el rápido crecimiento de las exportaciones y las bajas tasas de inflación”. (Macías 2008?: 5). No cabe duda que Venezuela no fue, en este sentido, una excepción. Ahora bien, aunque la reforma era necesaria e inevitable, la pregunta clave a responder era si también el tipo de reforma aplicada y los objetivos finales perseguidos con dicha reforma, eran inevitables y necesarios o si bien era posible haber pensado y aplicado otro tipo de medidas reformistas orientadas a otro tipo de objetivos, no tan enfocados, por ejemplo, a satisfacer los pagos de la deuda externa.

Desde la perspectiva de las medidas una respuesta interesante es la planteada por la tesis de Palazuelo, en la que las medidas de choque aplicadas para enfrentar la "Crisis de la Deuda" supusieron, en la práctica, que "la reducción del gasto operará mucho más rápidamente que la reasignación de los recursos, con lo que los programas ortodoxos neoliberales llevan (llevaron) a las economías a recesiones económicas innecesariamente altas" (Palazuelos 1998). Es este sentido Venezuela tampoco fue una excepción pese a la fuerte oposición que enfrentaron los distintos gobiernos de la época para aplicar plenamente los programas neoliberales ortodoxos que habían acordado con los Organismos Financieros Internacionales.

Desde la perspectiva de los objetivos también resulta interesante destacar que, como señala Palazuelos, durante los años 90 "se apuesta por una “nueva especialización” productivo-exportadora, vinculada a los grandes mercados internacionales". Es decir que "A nivel industrial asistimos a un cambio fundamental en el patrón de especialización basado en el complejo metalmecánico hacia otro apoyado gradualmente en las ramas de alta densidad de recursos naturales, que han sido las ramas que han experimentado mayor expansión relativa y las que se encuentra más vinculadas al mercado externo a través de las

exportaciones, y las importaciones" (Palazuelos 1998). Venezuela tampoco escapa a esta tendencia, que en su caso particular significa una mayor dependencia del país con respecto a la Industria Petrolera.

En resumen, si bien es cierto que la crisis y los efectos de las reformas neoliberales para contrarrestarla, son factores fundamentales para entender el origen del “colapso venezolano” estos no son suficientes para explicarlo en su totalidad. Como señalan diversos autores, entre los que destaca Roberts, también hay otros elementos que "magnificaron" la percepción que la sociedad venezolana tenía sobre los problemas llevándola a buscar soluciones extremas, fuera del tradicional sistema institucional y de partidos. Roberts señala dos variables clave que fueron "el diseño de sus instituciones políticas", muy sólidas pero poco flexibles para adaptarse a un contexto cambiante como el generado por la crisis y "el impacto del petróleo en el desarrollo económico del país, su cultura política y en los patrones de la representación política" (Roberts 2001: 186). La alta volatilidad de la economía venezolana debido a la notable fluctuación de los ingresos petroleros, hizo además difícil estimar de manera precisa el monto de los ingresos fiscales y afectó notablemente la efectividad de los planes de ajuste en Venezuela (López Maya, Lander 2001: 231). Al mismo tiempo produjo que el bienestar de la población se hiciera más dependiente de la distribución por parte del Estado de los ingresos petroleros y estableció “un umbral de expectativas de ascenso y mejoramiento social, acompañado de una idea de Estado protagónico en la realización de esas expectativas, que es superior al de otros países de la región” (López Maya, Lander 2001: 232).

En este sentido, la fuerte dependencia venezolana de la renta petrolera hizo que "el sistema político venezolano, más que ningún otro del continente", se adaptara al modelo de desarrollo de la Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI) "modelo de desarrollo, impulsado por el Estado; y el agotamiento de ese modelo t ransformó las bases soc ia les y económicas de esa matr iz de representación" (Roberts 2001: 197). Además se produjo una fuerte oposición

social a la introducción de reformas que limitaran los beneficios sociales generados por la redistribución de la renta petrolera. Dichos beneficios habían sido canalizada a través de los lazos corporativistas y clientelares generados entre los partidos políticos tradicionales y la sociedad venezolana. Como afirma Roberts, "a la altura de mediados de los años 90, habían fracasado todos los programas, tanto ortodoxos como heterodoxos, para contrarrestar el declive económico, y el electorado optó por un populista insurgente que prometía barrer a la partidocracia y refundar la República" (2001: 197).

En definitiva, una visión global de todo el período de reformas analizado nos anima a pensar que Venezuela responde bien a la metáfora de las “fugas” propuesta por Cavarozzi y Casullo (2002), en el que el “patrón predominante” para resolver los “dilemas y cuellos de botella a los que se enfrentan las sociedades estado-céntricas” opera “a través del abandono de la formula vigente y su reemplazo por una radicalmente diferente”. Sin duda, estas “fugas”, en un país con enormes riquezas como Venezuela, tienen su razón de ser, como afirma Hugo Quiroga en la “superación del umbral de desigualdad social que es capaz de tolerar un sistema” y que están en la base de “las decepciones colectivas” que acaban destruyendo la “legitimidad del sistema” (En Cheresky, Pousadela, 2001: 53).

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