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LAS MENTIRAS DE CALDERON EN EL MENSAJE DEL CUARTO

INFORME DE GOBIERNO: DESARROLLO SOCIAL, SALUD,

EDUCACION, FINANZAS PÚBLICAS, COMPETENCIA Y

TELECOMUNICACIONES

Que dijo Calderón: Desarrollo Social

1.- Desarrollo social. Habló del programa Oportunidades, del que dijo que uno de cada tres habitantes pobres recibe este estímulo. Las nueve mil estancias escolares, los dos millones de viviendas y el millón 600 mil hogares pisos, de igual forma fueron resaltados, junto con los dos millones de adultos mayores que reciben 500 pesos al mes por parte del gobierno federal.

Que ha señalado la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de

Diputados:

Gasto ejercido en el sector. La clasificación funcional del gasto permite analizar la distribución de los recursos públicos con base en las actividades sustantivas que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en los ámbitos social, económico y de gobierno. Conforme a las actividades establecidas, el gasto clasificado en funciones de desarrollo social se ha caracterizado por mantener un crecimiento constante en el periodo 2005 a 2008, representado en promedio el 59.2% del total del gasto programable devengado, siendo esta la función a la que más presupuesto se le destina. Atraso comparado en materia de desarrollo social. El aumento en la atención económica de las familias de que dan cuenta las cifras en México, prácticamente no ha modificado la situación que tiene el país frente a otras naciones. El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ¿Crecimiento desigual?: distribución del ingreso y pobreza en los países de la OCDE publicado en 2008, menciona que en el caso de México, los beneficios públicos en efectivo a la población constituyen solamente un 5.8% de los ingresos disponibles del hogar, proporción que solamente es inferior en Corea. Aunado a ello, la distribución de los beneficios públicos en el país es la menos progresiva de todas las naciones de la OCDE. Con estos dos elementos se muestra que la retribución del gobierno a través de los beneficios en efectivo, tienen poco impacto en la desigualdad y la pobreza, contrario al otorgamiento de servicios públicos en salud, educación y vivienda que logran mitigar la desigualdad del ingreso más que en cualquier otro país de la OCDE, ya que estos servicios se

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distribuyen de manera más amplia y equitativa en comparación con los beneficios en efectivo. Sin logros reales en la lucha contra la pobreza. La Secretaría de Desarrollo Social señala que en México la pobreza se divide en tres tipos: alimentaria, de capacidades y patrimonial. Estas tres clasificaciones han mostrado en los últimos años un aumento significativo conforme a los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

En la pobreza patrimonial, es donde se ha registrado un mayor aumento de 2006 a

2008, puesto que en esos años se incorporaron 5.9 millones de personas pobres,

con lo que en 2008 existían 50.6 millones de personas que no contaban con un

ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades de salud, educación,

alimentación, vivienda, vestido y transporte, aún si dedicaran la totalidad de sus

recursos económicos a ese propósito. De los 50.6 millones en pobreza

patrimonial, 19.5 millones (38.5%) eran pobres alimentarios, es decir que no

tenían insuficientes ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos,

incluso si lo destinarán todo su ingreso para ese fin.

Pobreza Alimentaria. Se encuentra definida como la población que cuenta con un ingreso per cápita insuficiente para adquirir una alimentación mínima aceptable. En el Tercer Informe de Gobierno, se menciona que bajo esta modalidad en 2005 se situaban poco más de 18.9 millones de mexicanos, de los cuales 65.4% se encontraban en zonas rurales y el 34.6 en zonas urbanas. Esta tendencia se incrementó para 2008 a 19.4 millones de mexicanos, de los que

62.4% se ubicaban en zonas rurales y el 37.6 en zonas urbanas, los índice de

mayor pobreza se localizaban en 3 entidades federativas Guerrero, Oaxaca y

Chiapas, así como una pobreza más moderada en otras 9 entidades del Bajío,

Centro y Sureste del país.

De acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en

México 2008, emitido por el (CONEVAL), el incremento de la pobreza alimentaria

fue consecuencia del aumento de los precios de los alimentos, el bajo crecimiento

económico del país y de los salarios, que prácticamente no se han modificado en

varios años, provocando que el ingreso real per cápita disminuyera

considerablemente.

Pobreza de Capacidades. Es la población que puede cubrir sus necesidades básicas de alimentación; sin embargo, su ingreso per cápita no es insuficiente para realizar las inversiones mínimamente aceptables en servicios de educación y salud de cada uno de los integrantes del hogar. En 2005 se reportaban 25.6

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millones de personas en este segmento de pobreza, de las cuales el 59.8% se encontraba en zonas rurales y el 40.2 en urbanas. En 15 estados del país del Bajío, Centro y Sureste se concentraba los mayores índices de este tipo de pobreza. Para 2008 los niveles de marginación se incrementaron a 26.7 millones de personas, de los cuales el 56.1% eran rurales y el 43.9% urbanos, por lo que el incremento fue de 1.1 millones de personas más que padecieron este tipo de pobreza. Con esto se observa que como proporción de la población, 2.5 de cada 10 mexicanos no tuvieron acceso a los servicios de educación y salud. El DF, Jalisco y Estado de México observaron aumentos en los niveles de pobreza de capacidades y Guanajuato, Querétaro, Sonora y Yucatán, disminuciones, respectivamente. Pobreza Patrimonial. Se conceptualiza como la población que puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, educación y salud, pero su ingreso per cápita no le permite adquirir mínimos indispensables de vivienda, vestido, calzado y transporte para cada uno de los miembros del hogar. En 2005 se reportaban 48.8 millones de personas en pobreza patrimonial, de las cuales el 48.6% se encontraban en zonas rurales y el 51.4% en zonas urbanas. Los mayores montos de este tipo de pobreza se localizaban en 17 entidades federativas centro y sureste del país. Para 2008 el nivel de pobreza patrimonial se incrementó a 50.6 millones de personas, de las cuales, el 46.1% se encontraban en zonas rurales y el 53.6% en zonas urbanas, por lo que para este año se generaron en comparación con 2005, alrededor de 1.7 millones de nuevos pobres en menos de tres años, poco más de medio millón de personas al año. Desigualdad en el ingreso. La distribución del ingreso tampoco ha mejorado durante los últimos años. Conforme al último Informe de la OCDE sobre estadística Social y Medio Ambiente, México ha sufrido una caída significativa durante los últimos 10 años, puesto que la desigualdad en el ingreso y el nivel de pobreza continúan siendo de los más altos dentro del grupo de países que integran dicha organización: 1.5 veces superior a la de un país promedio de la OCDE y dos veces superior a la de países con baja desigualdad como Dinamarca. El ingreso medio del 10.0% de la población más pobre es inferior a 1.0 dólar en paridades del poder adquisitivo, nivel menor al de cualquier otro país miembro de la OCDE. Por su parte, la distancia entre el ingreso de la clase media y el del sector más rico es mayor que la de cualquier otro país. Según datos del Informe de Desarrollo Humano del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), México es uno de los países en donde la

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diferencia de ingreso entre el 10% más rico de la población y el resto, es mayor, ubicándose entre las sociedades más desiguales del mundo. Déficit de cobertura en la dotación de los servicios básicos. De acuerdo con el ll Conteo de Población y Vivienda 2005, el 32.5% de las viviendas habitadas en México carecen de agua entubada. El 8.6% de las viviendas ubicadas en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación, no cuenta con el servicio de energía eléctrica. Además, existían 513 mil 733 viviendas con piso de tierra, ubicadas en localidades mayores a 15 mil habitantes. El 20.5% de las viviendas habitadas en municipios de muy alta y alta marginación no cuenta con servicio sanitario. Estos indicadores revelan el elevado rezago que en la materia enfrenta el país. Por si lo anterior fuera poco, recientemente se informó que en el último trimestre de 2009 creció 6.8 por ciento –3.2 millones de personas–, en comparación con 2008, la población que carecía de recursos suficientes para adquirir la canasta alimentaria básica con su ingreso laboral, revela el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Refiere que en 2008 había 48.8 millones de mexicanos –45.8 por ciento– con algún grado de inseguridad alimentaria. Si se parte de estas cifras, con el aumento de 6.8 por ciento de la población que no podía adquirir la canasta alimentaria, en 2009 había 52 millones en esa situación.

El Coneval precisó que en el primer trimestre de este año hubo una baja de 2.7 por ciento, lo que significa que, con base en los datos de inseguridad alimentaria, 50 por ciento de la población no alcanza a adquirir la canasta básica.

A principios de año en las zonas rurales la canasta básica costaba 697.36 por persona al mes, y en las urbanas 985.61 pesos.

Respecto de las Auditorias que realizo el Auditor Superior de la Federación se ha concluido lo siguiente: Programa de atención a los adultos mayores de 70 años y más en zonas rurales. La ASF constató que SEDESOL carece de indicadores e información para valorar la reincorporación de la población beneficiada a la vida familiar y comunitaria mediante redes sociales. Asimismo, se observaron deficiencias de operación como la no integración del padrón de beneficiarios de acuerdo con la normativa y la existencia de expedientes incompletos en un 49.5%. El programa otorgó subsidios por 8,922.1 millones de pesos, como resultado de la entrega de quinientos pesos mensuales a 1.8 millones de personas.

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Respecto de la integración del padrón, se determinó que no se procedió conforme a los lineamientos normativos, lo que propició la inclusión de 517 beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, por lo que se duplicaron los apoyos. Asimismo, se observó que las cifras del presupuesto ejercido reportadas por la SEDESOL en la Cuenta Pública, difieren con los registros contables. No existen esquemas información socioeconómica integrados, que permitan identificar a la población en condiciones de pobreza y canalizar los recursos a la misma; se integraron redes sociales en 95% de las localidades que atiende el programa, pero se atendió a únicamente 13% de las localidades, y en ellas únicamente se capacitó a los promotores sociales. Algunas de las conclusiones de esas auditorías son: baja calidad y escasa cobertura de los servicios, así como dispersión de esfuerzos como reflejo de que los objetivos y lineamientos de la política social hacia estas comunidades no están debidamente integrados y coordinados. El dictamen fue de opinión con salvedad. Programa de Guarderías y Estancias Infantiles (PGEI). Auditoría de desempeño. Se determinó que en la Cuenta Pública 2008 no se presentaron los dos indicadores de desempeño que le fueron aprobados en el PEF; tampoco se estableció ninguna meta anual para medir los avances en el cumplimiento de los objetivos del PGEI. No se consideraron las disposiciones legales y normativas relacionadas con la prestación del servicio de cuidado infantil, las condiciones físicas y estructurales de los inmuebles, ni los aspectos de salud, educación y protección civil a los que debió ajustarse la prestación orientada al cuidado y atención de los niños. Se constató el ejercicio de los 1 mil 711.0 millones de pesos reportados en la Cuenta Pública 2008, monto mayor en 14.1% a los 1 mil 499.2 millones de pesos aprobados en el PEF, como resultado de las ampliaciones líquidas que autorizó la SHCP. El dictamen fue de opinión con salvedad. Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Fideicomiso Jóvenes con Oportunidades. Auditoría especial. No se cumplió con la normativa para el trámite de alta del acto jurídico en el submódulo de Programa Reglas de Operación, y tampoco se dio de baja la clave de registro presupuestario del acto jurídico; y no existe control sobre los pagos realizados a los beneficiarios con recursos del fideicomiso. Asimismo, se determinó que no existe control sobre los pagos realizados a los beneficiarios con recursos del fideicomiso, y el cumplimiento de la meta fue inferior al 50.0%, en relación con las cuentas formalizadas.

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La ASF determinó que no fue posible garantizar que el total de los recursos llegasen a los beneficiarios, ni que representaran mejoras en el nivel de vida de los jóvenes, ni coadyuvaron a superar las condiciones de marginación y pobreza extrema, que son los principales objetivos del programa, por lo que no se justifica la permanencia del fideicomiso. El dictamen fue de opinión negativa. Balance de la Revisiones del Auditor Superior: (Desarrollo Social) Llamó la atención el elevado porcentaje de revisiones que tuvieron dictamen con opinión negativa, lo que pone en evidencia la gravedad de las irregularidades determinadas por la ASF y revela las fallas que están teniendo los programas en materia de desarrollo social. De hecho, esta puede ser una de las causas por las que los programas de combate a la pobreza no han tenido los resultados esperados, ya que la baja calidad del gasto con que se aplican ha generado que los rezagos se acumulen y las condiciones de vida de esos estratos de la población no mejore. Que dijo Calderón: (Salud) 2.- Salud. Calderón reiteró que la Cobertura Universal de Salud y el Seguro Popular son las apuestas de su administración. Durante su informe reveló que se incorporaron 37 millones al Seguro Popular. Recordó que al principio de su mandato se instauró el Seguro Médico para una Nueva Generación , el cual ya tiene tres millones 600 mil niños, quienes nacieron en este sexenio. Calderón enumeró que un millón 300 mil mujeres embarazadas fueron atendidas en el sector público; mil 800 hospitales fueron rehabilitados y se facultaron mil 400 unidades móviles.

Que ha señalado la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de

Diputados:

Gasto ejercido en el sector. Durante el periodo el gasto en salud creció a una tasa media anual del 3.4%, convirtiéndose en el rubro que tuvo la menor expansión dentro de los sectores que conforman las funciones de desarrollo social. De hecho, su proporción respecto del gasto programable del sector público descendió del 15.1% al 13.2% en ese periodo, respectivamente.

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El bajo dinamismo que observaron las erogaciones en materia de salud fue resultado de una política gubernamental que incentivo en mayor medida los programas de seguridad y desarrollo social. De hecho, si se considera el gasto en funciones de desarrollo social, se puede constatar que mientras en 2005 de cada 100 pesos gastados por el gobierno, casi 26 se canalizaban a los programas de salud, para 2008 esa proporción se redujo a 22 pesos de cada 100, una caída significativa teniendo en cuenta los problemas de salud que se han acentuado en el país en los años recientes. Cobertura de los servicios de salud. Como se señaló, los servicios de salud se otorgan en dos tipos básicos de instituciones públicas de salud: las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina) y las instituciones dedicadas a atender a la población sin seguridad social. De acuerdo con datos de la OCDE, los servicios de salud en México tienen una cobertura del 82.5% de la población, una de las coberturas más bajas en el conjunto de esas naciones, que por lo regular rebasan el 95% y más de la mitad de los casos alcanzan el 100.0% de su población. Ante esta falta de cobertura, el Gobierno ha impulsado en los últimos años la protección a la población de estos servicios, con la incorporación del seguro popular cuya finalidad es complementar los servicios de salud.

Sin embargo, aún existe población que no tiene acceso a los servicios de salud, sobre todo en las zonas más marginadas del país, que muchas de las veces son las más alejadas, Mejoras en salud Infantil, pero aún lejos de promedios internacionales. Los indicadores de salud infantil muestran una mejoría en los últimos años, misma que refleja un avance social en la materia, ya que la mortalidad por enfermedades diarreicas en niños menores de 5 años se redujo de 17.7% en 2005 a 14.4% para 2008; igualmente, la mortalidad por deficiencia nutricional pasó de 8.2% a 6.3% y, por su parte, la mortalidad por infecciones respiratorias también descendió de 8.2% a 6.3%, respectivamente. A pesar de esta disminución en los índices de mortalidad infantil, México sigue siendo uno de los países que registran el mayor número de muertes en este sector de la población. De los países que integran la OCDE, en 2006 el país registraba alrededor de 18.1 muertes por cada mil niños, ubicándose en los últimos lugares, superando únicamente a naciones como Turquía (22.6), China (24.3) y Brasil (25.0), además de registrar casi 13 muertes más que el promedio de la OCDE.

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Insuficiente calidad en los servicios de salud. Uno de los principales objetivos trazados en la presente Administración es promover una mayor calidad en los servicios de salud, con la finalidad de elevar el trato digno y adecuado para los enfermos y sus familiares, así como brindar en todas las instituciones de salud servicios más efectivos. Esta calidad también debe involucrar aspectos técnicos de la atención, el abasto oportuno de medicamentos, el trato digno a los pacientes y mayores oportunidades de realización profesional a médicos, enfermeras y aquellos que participan en los procesos de atención. En este sentido, en el periodo no se ha logrado mejorar sustantivamente los niveles en la calidad de atención de los servicios de salud. Conforme al Sistema Nacional de Indicadores en Salud (INDICAS), se han registrado avances marginales en lo referente a la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud sobre su tratamiento médico y la disminución de los tiempos de espera, mientras que la satisfacción sobre la información de su diagnóstico se observa notablemente disminuida

Que dijo Calderón: (Educación) 3.- Educación. En el informe se resaltó el concurso de 60 mil plazas para maestros en educación básica, la construcción de 885 escuelas de educación media superior. Calderón aseguró que se amplió a 30% el acceso a las universidades.

Que ha señalado la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de

Diputados:

Calidad educativa. El término calidad educativa ha tenido diversas acepciones y enfoques y no existe consenso pleno en una de ellas. Las propuestas que se han publicado a lo largo de los años, reflejan el interés de los factores que participan en los procesos educativos y la dificultad de integrar todas las facetas que involucra la mejora de la educación. Dentro de estas propuestas, llama la atención la de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que desde al año pasado advirtió que para 2010 la educación en México corría un grave riesgo ante el anunciado recorte presupuestal. Además, el organismo colocó al país en una lista de naciones con “bajo desempeño en el sector educativo” en 2008, junto a Congo, Sudán, Paquistán, San Vicente, Camerún, Kirguistán y Kenia. En el estudio “Impacto de la crisis financiera y económica global en el sector de la educación”, la UNESCO menciona que esos países ejercerían para 2008 recursos

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menores a los de 2007, lo que significará un retroceso en la calidad de la enseñanza y en las oportunidades educativas a nivel de secundaria y universidad. En el informe se advierte que se presentaría un nuevo fenómeno de abandono escolar: una parte de las familias “intentará escapar de las escuelas públicas de baja calidad” para emigrar al sistema privado. En cambio, entre los más pobres, quizá algunos padres “tengan que sacar a sus hijos del sistema educativo y mandarlos a trabajar en la economía informal”. Por otro lado, los resultados de la evaluación en México del Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) 2006 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), dieron a conocer que el 50.0% de los evaluados se ubicó en los niveles uno y por debajo de uno, los más bajos, en las habilidades científicas, matemáticas y de lectura. Del total de los países miembros, menos del 1.0% logró colocarse en el máximo nivel de las tres competencias evaluadas. Con estos datos, México se ubicó entre los últimos lugares no sólo en ciencias, sino también en las competencias lectoras y de matemáticas de las 30 naciones integrantes de la OCDE, además de ocupar el lugar 49 de los 57 países evaluados. En ciencias, la media de desempeño de México fue de 410 puntos, al igual que en lectura, por lo que en ambas se ubicó en el nivel 2, mientras que en matemáticas la media fue de 406 puntos, que coloca al país en el nivel uno, cabe señalar que el nivel 2, según la OCDE, es el mínimo necesario para que un escolar pueda seguir estudiando en grados superiores. Esta prueba fue aplicada a 37 mil 706 jóvenes de 15 años, de escuelas públicas y privadas independientemente de su grado académico, aunque más del 70.0% tenía el nivel de bachillerato. Por otro lado, de acuerdo al Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 2007-2010, en el bienio 2007-2008, México ocupó de entre 131 países, el lugar número 95 en lo que a calidad en educación primaria se refiere; en el segundo bienio 2008-2009 el lugar 116 entre 134 países, y en el tercero, 2009-2010, el lugar 115 entre 133 países. En cuanto a la calidad en el sistema educativo superior y de capacitación, en el primer bienio el país se ubicó en el lugar 92, en el segundo bienio en el 109 y en el tercero en el 115. En calidad de matemáticas y ciencias, ocupamos el lugar 113, y en el segundo y tercer bienio el 127 de 133 países analizados. Los indicadores del Foro confirman el elevado nivel de gasto que se destina a estas funciones, en donde México se ubica en el lugar 33 en el primer bienio, el 31 en el segundo y el 25 en el tercero, por lo que la tendencia nos indica que cada

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vez ocupamos un mejor lugar en el gasto erogado, pero empeoramos en calidad educativa. Insuficiente Cobertura Educativa. La calidad y la eficiencia en un sistema educativo también se observa a través de la cobertura. Los avances en este sector sólo podrán considerarse como tales en la medida en que una escuela o un sistema educativo logre que los niños y jóvenes en edad escolar acudan a la escuela y permanezcan en ella, al menos durante el periodo considerado obligatorio que, en el caso de México es hasta la secundaria. La cobertura de la educación en el país es un indicador que requiere para su construcción, de varias líneas de información, entre las que destaca la dinámica de la matricula escolar y el crecimiento de la población en edad de demandar estos servicios. De esta información se derivan las previsiones sobre los recursos humanos, materiales y financieros que han de ser dirigidos para satisfacer los objetivos de cobertura. Solamente en el ciclo escolar 2007-2008, en la República Mexicana se registró una matrícula de 33.3 millones de alumnos dentro del sistema escolarizado, mientras que la demanda potencial, es decir, la población que se encuentra en condiciones de solicitar servicios educativos en un rango de 4 a 24 años de edad fue de 44.0 millones, por lo que la demanda no atendida en dicho ciclo ascendió a 10.6 mexicanos, que representan el 24.0% del total de la población solicitante. Otro indicador de cobertura educativa lo representan las personas que participan en la educación después de la formación obligatoria, que se encuentra entre la población de 15 a 19 años. Este sector indica las personas que estarían en condiciones de aspirar a mejores niveles de formación y consiguientemente a una mejor ocupación en el sector productivo. Para el caso de México, esta cobertura resulta insuficiente en comparación con los estándares internacionales, ya que a nivel internacional se muestra una cobertura de poco más del 80% en promedio en la educación media superior y superior entre los países miembros de la OCDE, en donde México es el penúltimo país con el índice más bajo de cobertura en población de entre 15 y 19 años (50.1%), puesto que solamente se atiende a la mitad de los jóvenes en este grupo de edad, en comparación con Brasil que atiende al 75.2%, España 80.4%, Canadá 81.1%, Francia 85.7% Alemania 88.1% y Bélgica 94.4%. Baja Eficiencia Terminal. Un sistema educativo que no logre alcanzar los objetivos determinados, no puede considerarse eficaz, toda vez que el desarrollo regular y el abandono escolar, repercuten y constituyen las dimensiones que la describen. Por otro lado, es primordial conocer en qué magnitud el Sistema Educativo Nacional logra que los estudiantes incorporados concluyan sus estudios (eficiencia terminal).

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Durante el ciclo escolar 2007-2008, la cobertura por nivel educativo se dio de la siguiente manera: En el nivel preescolar se registró una cobertura de 76.4% y una eficiencia terminal de 100.0%; en primaria, la cobertura fue de 95.1% con eficiencia terminal de 92.2%; en secundaria la cobertura fue de 94.2% con una eficiencia terminal de 78.4%; en Educación Media Superior la cobertura disminuyó a 60.9% y la eficiencia terminal a 59.6%; y finalmente, la Educación Superior tuvo cobertura de 26.7% con eficiencia terminal del 50.0%. Como se puede observar, en la medida que aumenta el nivel educativo, disminuye el porcentaje en cobertura y en eficiencia terminal. El problema se comienza a presentar a partir de la Educación media superior, en donde por cada 10 alumnos sólo logran terminar 6, esta relación se complica para la educación superior en la que de cada 10 alumnos sólo 5 logran concluir. Actualmente casi todos los alumnos terminan la primaria; sin embargo, por cada 100 alumnos que ingresa a primaria solamente 87 ingresan a la secundaria; 60 a la Educación Media Superior; 27 a la Educación Superior y solamente 13 logran acceder a estudios de Posgrado. Adicionalmente existen factores externos que complican la eficiencia terminal en el sistema escolarizado o la falta de cobertura de los servicios, tales como la excesiva cantidad de jóvenes que migran hacia Estados Unidos en busca de oportunidades laborales o la tendencia en aumento de los jóvenes que no estudian, ni trabajan, muchos de los cuales en su mayoría no han concluido la educación básica. Asimismo, existen diversos factores como las condiciones de pobreza y la percepción de bajos ingresos, que obligan a segmentos importantes de la población a tener poca oportunidad de acudir a centros educativos. Rezago en infraestructura educativa. La infraestructura educativa presenta desigualdades y atrasos tanto en sus distintos niveles como en las diferentes regiones del país. Ante este panorama, es urgente que en el país se establezcan acciones que promuevan mejores condiciones de calidad, seguridad y pertinencia de la infraestructura escolar, sobre todo si se considera que el crecimiento poblacional es constante y que cada vez se incrementará la demanda de servicios educativos, sobre todo los de la educación media superior. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el 33.7% de los planteles de educación primaria en el país, presenta algún tipo de fisuras en su infraestructura, dentro de los cuales la gran mayoría se localiza en planteles rurales, comunitarios e indígenas. En febrero de 2010, el doctor Jose Narro Robles, informó que de los 115 mil 376 estudiantes que presentaron examen de ingreso, únicamente fueron seleccionados 10 mil 350, únicamente el 8.9%.

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En los últimos 20 años, como consecuencia del abandono de la educación superior por parte del estado, la participación de escuelas privadas en la matricula nacional de ese nivel ha crecido del 16 por ciento al 37 por ciento Balance de la Revisiones del Auditor Superior: (Educación) SEP. Auditoría de Desempeño al Programa Escuelas de Calidad (PEC). Se constató que después de 8 años de operación del programa, la SEP no tiene clasificado ningún centro educativo como escuela de calidad, de acuerdo con las características establecidas en las Reglas de Operación; la SEP estableció indicadores y metas para medir y evaluar solamente uno de los tres objetivos del PEC, y los indicadores establecidos en las Reglas de Operación del programa no fueron congruentes con los propuestos en la Matriz de Indicadores de Resultados. De igual forma, la ASF realizó un estudio de impacto y determinó que los avances en el logro educativo de los alumnos de escuelas incorporadas al PEC fueron poco significativos. En materia presupuestal se constató que la SEP erogó para el PEC 1 mil 254.0 millones de pesos, de los cuales 1 mil 199.3 millones de pesos (95.6%) se depositaron en el Fondo Nacional Escuelas de Calidad y 54.6 millones de pesos (4.4%) se destinaron a la operación y administración del programa, por lo que los recursos ejercidos en 2008 no se ajustaron a los porcentajes señalados en el contrato. Se dictaminó opinión con salvedad. Programa E001 “Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria”. Auditoría financiera y de cumplimiento. Del programa Prioritario E001 “Enciclomedia, 5° y 6° Año de Primaria”, la SEP realizó transferencias de recursos a otras unidades administrativas y órganos desconcentrados, para cubrir servicios personales y gastos de operación e inversión. Estos movimientos se han hecho una práctica constante con la finalidad de reasignar recursos en otras unidades administrativas y partidas de gasto que originalmente no se programaron en el presupuesto, y por ende la Cámara de Diputados desconoce el destino final de los recursos. Asimismo, se reportaron como ejercidos 1 mil 300.0 millones de pesos, los cuales a la fecha de la conclusión de la auditoría (octubre de 2009), no habían sido devengados y se encontraban depositados en la TESOFE a favor de la SEP. Asimismo, se efectuaron erogaciones indebidas por 146.8 millones de pesos para la renta de equipos, ya que los prestadores del servicio incumplieron su compromiso de mantener en condiciones óptimas los componentes de las aulas, sin que por ello se les hubieran aplicado las sanciones y penas convencionales correspondientes. Que dijo Calderón: (Hacienda y Finanzas Públicas) Finanzas Públicas El Presidente presumió que se realiza un manejo responsable de las finanzas públicas con la reducción de sueldos de altos

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funcionarios por hasta 134 mil mdp. Destacó que se elevó a 31 millones de contribuyentes la base tributaria y las tasas de interés que se mantuvieron a la baja.

Que dice la información de la SHCP:

De acuerdo con Información de la SHCP, el gasto corriente se ha incrementado, en 2007 aumentó en 154 mi millones de pesos, en 2008 creció 190 mil millones de pesos màs, y en 2009 fue de 150 mil millones: en tres años el gasto corriente aumentó en casi 500 mil millones de pesos.

Datos del Informe de Finanzas Públicas de la SHCP, al mes de Junio de 2010, muestran que el pago de salarios, “servicios personales” fue de 375 mil 916 millones de pesos, cifra superior al mismo periodo del año anterior, mientras que la inversión pública directa fue de 160 mil millones de pesos, es decir menos de la mitad.

Costo Bruto Total

Nivel Numero de Plazas Nomina de funcionarios

Sueldo Prestaciones Total Anual Mensual

Presidente 2,502,851.0 826,299.0 3,329,150.0 277,429.2 1 3,329,150.0

Secretario 2,461,464.0 791,969.0 3,253,433.0 271,119.4 762 2,479,115,946.0

Subsecretario 2,441,855.0 779,645.0 3,221,500.0 268,458.3 1,011 3,256,936,500.0

Oficial Mayor 2,325,066.0 745,969.0 3,071,035.0 255,919.6 354 1,087,146,390.0

Jefe de Unidad 2,388,545.0 762,419.0 3,150,964.0 262,580.3 1,212 3,818,968,368.0

Director General 2,062,816.0 665,873.0 2,728,689.0 227,390.8 710 1,937,369,190.0

Director General Adj. 1,802,643.0 589,753.0 2,392,396.0 199,366.3 6,845 16,375,950,620.0

Director de Area 1,144,254.0 394,462.0 1,538,716.0 128,226.3 38,427 59,128,239,732.0

Promedio/Suma 2,141,186.8 694,548.6 2,835,735.4 236,311.3 49,322.0 88,087,055,896.0

Costo Promedio Bruto 2009

Costo Bruto Total

Nivel Numero de Plazas Nomina de funcionarios

Sueldo Prestaciones Total Anual Mensual

Presidente 2,502,851.0 821,968.0 3,324,819.0 277,068.3 1 3,324,819.0

Secretario 2,461,464.0 812,128.0 3,273,592.0 272,799.3 760 2,487,929,920.0

Subsecretario 2,261,465.0 812,128.0 3,073,593.0 256,132.8 1,013 3,113,549,709.0

Oficial Mayor 2,325,066.0 771,591.0 3,096,657.0 258,054.8 357 1,105,506,549.0

Jefe de Unidad 2,388,545.0 791,478.0 3,180,023.0 265,001.9 1,200 3,816,027,600.0

Director General 2,310,000.0 767,858.0 3,077,858.0 256,488.2 715 2,200,668,470.0

Director General Adj. 1,567,516.0 538,856.0 2,106,372.0 175,531.0 6,860 14,449,711,920.0

Director de Area 1,144,255.0 410,037.0 1,554,292.0 129,524.3 38,495 59,832,470,540.0

Promedio/Suma 2,120,145.3 715,755.5 2,835,900.8 236,325.1 49,401.0 87,009,189,527.0

DATOS DEL PEF 2010

Costo Promedio Bruto 2010

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En materia de ingresos públicos, ya hemos señalado en documentos anteriores, que las grandes empresas difieren impuestos y al mes de junio le deben al fisco 130 mil millones de pesos.

Así se observa que al primer semestre de 2010, 30 empresas entre las que

destacan: Cemex, Telcel, Telmex, Grupo México, Kimberly Clark, Femsa, Bimbo,

Grupo Carso, Grupo Posadas, Grupo Maseca, Walmart, Grupo Saba,Ahmsa,

Grupo Alfa, Grupo Bachoco, Grupo Gigante, Grupo Herdez, Grupo La Moderna,

Grupo Televisa, Grupo Inbursa, Peñoles, Palacio de Hierro, y Liverpool, entre

otros, obtuvieron ingresos por 1 billón 14 mil 983 pesos, y sin embargo

pagaron impuestos por sólo 45 mil 374 pesos; es decir el equivalente al

4.46% de sus ventas o ingresos; proporción muy inferior a lo que pagó una

pequeña o mediana empresas y muy inferior a lo que pagaron los mexicanos

“de a pie”.

Mas no conforme con lo anterior, estas mismas empresas presentaron

IMPUESTOS DIFERIDOS, por 130 mil 262.5 millones de pesos; cifra que

resultó superior en 2.8 veces a lo que pagaron de impuestos, esto es; que

por cada pesos de impuestos que pagaron, el marco jurídico y la

Consolidación Fiscal les permitió diferir, 2.8 pesos, lo que nuevamente a

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ninguna pequeña o mediana empresas o a cualquier ciudadano “de a pie” se

le permite.

Más aún y de hecho datos recientes de la Secretaria de Hacienda, para el primer semestre de 2010, revelan que mientras que las personas morales (empresas) es decir “todas las empresas del país” pagaron 125 mil 882 millones de pesos por concepto de ISR, los asalariados pagaron 155 mil 934 millones de pesos por este impuesto.

Que dijo Calderón: (Competencia y CLyF) Competencia. La extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) se debió a que la situación de la ex paraestatal era "insostenible" y como parte de medidas en contra de la opacidad en las empresas públicas. En este rubro Calderón resaltó la ley antimonopolios para incentivar la competencia entre las empresas.

Sin embargo no dijo que:

Luz y Fuerza:

Datos del tercer informe de gobierno y del SME establecen que 1354 usuarios

industriales consumieron 3,284 mwh en 2008 a los que se aplicó un precio

promedio de 1.035 pesos por kilowat hora, en tanto que Luz y Fuerza pagó a CFE

1.347 pesos por KWH es decir que existió una diferencia de 0.321 pesos por kwh

en contra de Luz y Fuerza, es decir, obligaban a luz y fuerza a vender más barato

de lo que le costaba adquirir la energía eléctrica de CFE, por ello es que las

transferencia del gobierno se incrementaban año con año.

Entre 1994 y 2008 el precio medio de la energía que Luz y Fuerza adquiría de la

CFE se incrementó en 871.64% en tanto que el precio al que vendía Luz y Fuerza

esa energía adquirida de CFE, se incrementó a los usuarios finales en 539.34%,

mientras que la inflación en el período señalado fue de 500.6%

Por si fuera poco, en 2008 la energía entregada por LFC en media tensión

(bombeo) se tenía que vender (por acuerdo de la SHCP), a 0.834 pesos por KWH,

y la entregada en Alta Tensión a la industria se vendía en 1.2357 pesos por KWH,

en cambio LFC adquiría de la CFE la energía a un precio de 1.347 pesos por

KWH. es decir, obligaban a luz y fuerza a vender más barato de lo que le costaba

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adquirir la energía eléctrica de CFE, por ello es que las transferencia del gobierno

se incrementaban año con año.

La CFE también recibe subsidios o transferencias de hecho durante el período

enero junio de 2009, el subsidio recibido por CFE para tarifas fue de 44 mil 458

millones de pesos, y el subsidio canalizado a Luz y Fuerza en el mismo lapso

(enero junio de 2009) fue de menos de la mitad 21 mil 038 millones de pesos

De acuerdo con datos de los Estados Financieros Auditados de LyFC se puede apreciar que entre 2003 y 2008 los ingresos por ventas fueron de 237 mil 935 millones de pesos, mientras que los costos fueron de 440 mil 49 millones de pesos, lo que no señaló por manipular las cifras es que esto se debe al precio desmedido a la que CFE le vendía la energía eléctrica a LyF y que esta tenía que vender a precios inferiores. El organismo no registraba un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, ya que si revisamos los estados financieros auditados de 2008, por concepto de pasivo laboral se acredita la cantidad de 102 mil 990 millones de pesos, cabe señalar que de este total, corresponden a personal en activo 80 mil millones de pesos Nuevamente con datos oficiales (sener, luz y fza y tercer informe se observa que: Durante 2008 el costo total de explotación fue de 107 mil 25 millones de pesos; de los cuales correspondieron a salarios y prestaciones 6 mil 846 millones de pesos (6.4%), Previsión Social (jubilaciones) 11 mil 664.8 millones de pesos (10.9%), Previsión Virtual (Pasivo Laboral) 16 mil 771 millones de pesos (15.7%), energía comprada a CFE, 60 mil 727 millones de pesos (56.7%), y Otros gastos, 10 mil 647 millones de pesos (10.3%). Esto quiere decir que el principal gasto de Luz y Fuerza era la energía comprada a CFE, que representaba el 60% de su gasto, aquí habría que señalar porque a Luz y Fuerza ya no se le dejaba generar electricidad, y en vez de ello la tenía que adquirir de CFE a un precio mas caro que al que lo podía vender. El pasivo laboral representaba sólo el 15% del costo de explotación. Entre 1995 y 2008 Luz y Fuerza recibió transferencias acumuladas por 247 mil 901.3 millones de pesos, de las cuales correspondieron a subsidios 148 mil 740 millones, es decir el 60% de las transferencias fueron por concepto de subsidio, ya que los 99 mil 160 millones de pesos restantes fueron para gastos de operación, esto significa un gasto neto de menos de 7 mil 627 millones de pesos por año. De acuerdo al tercer informe de labores de la SENER, se observa que en Luz y Fuerza las pérdidas de energía disminuyeron 2.1 puntos porcentuales al pasar de 32.7% en junio de 2008 a 30.6% en junio de 2009. En tanto que en la CFE aumentaron 0.27%.

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En lo que se refiere al tiempo de interrupción a junio de 2009 mejoró 9.9%, lo que significa una disminución neta de 10.8 minutos. Por lo que toca a las inconformidades de los usuarios en junio de 2009 fue de 10.35 inconformidades por cada mil usuarios, esta cifra era inferior a la registrada un año antes en junio de 2008, cuando fue de 13.4. Nuevamente se observa una manipulación de las cifras por parte de la SHCP. Las ventas por trabajador en junio de 2009 se ubicaron en 2.63 GWH, lo que significó un incremento de 2.33% con respecto al nivel de 2.57 GWH por trabajador registrado en junio de 2008, debido principalmente a la regularización de los servicios a usuarios. Por si lo anterior fuese poco, de acuerdo con la propia SENER, entre enero y agosto de 2009 se electrificaron 170 localidades integradas por 40 poblados rurales y 130 colonias populares, lo que benefició a 93 mil 370 habitantes. De hecho el numero de consumidores de Luz y Fuerza para junio de 2009 fue de 6.2 millones, lo que significó un incremento de 3.3% equivalente a 199 mil 245 usuarios, comparado con junio de 2008. Nuevamente se observa una manipulación de las cifras por parte de la SHCP. Durante el primer semestre de 2009 las ventas totales de energía eléctrica se incrementaron en 15 mil 749 GWH, esto representó un crecimiento de 3.9%, mientras que en el mismo período en la CFE disminuyeron 6.2%. Nuevamente se observa una manipulación de las cifras por parte de la SHCP.

Con respecto a los Monopolios, no dijo que:

El artículo 28 de la Constitución prohíbe los monopolios, pero en México hay grandes monopolios vinculados al poder que encarecen bienes y servicios, dañando la economía de sectores populares y de las clases medias, a pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes, que se ven obligados a comprar insumos a precios exagerados. Así, resulta inaceptable, por ejemplo, que los mexicanos paguemos por el cemento gris, 146 por ciento más que los estadunidenses; 17 por ciento más por teléfono de línea fija; 240 por ciento más por llamadas de larga distancia nacional; 256 por ciento más por electricidad residencial de alto consumo; 52 por ciento más por electricidad de alta tensión; 185 por ciento más por la tarjeta de crédito; 309 por ciento más por televisión por cable; 145 por ciento más por Internet de banda ancha; 176 por ciento más por crédito a la vivienda. Y todo ello, a pesar de que el salario mínimo en México es casi 10 veces menor que en Estados Unidos.

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En este país pobre se paga más que en las naciones ricas y con peores condiciones de servicio. Por ello, no podemos permitir que esto siga ocurriendo. México es una economía totalmente abierta y expuesta a la competencia del exterior y por lo mismo si no tiene precios competitivos no va a sobrevivir en la globalización. Prueba de ello, es, que las empresas con poder monopólico que operan en México tienen grandes utilidades, mucho mayores que las que tienen cuando invierten en otros países. América Móvil (Telcel) tiene en México un margen de utilidad de 50%, pero en sus ventas en Brasil apenas logra 25% y en Argentina 9 porciento. Cemex tiene ganancias en México de 40%, pero en Estados Unidos son de 31 porciento. Banamex tiene ganancias de 33%, cuando su matriz, Citigroup, tiene ganancias de 24% en Estados Unidos. Kimberly Clark tiene ganancias de 30% cuando a escala mundial sus ganancias son 20 porciento. Es bien cierto, que en el pasado, México se daba el lujo de mantener sectores protegidos, los cuales podían vender a precios mayores a los internacionales. Sin embargo, la mayor parte de esa protección fue eliminada a partir de los 80s; sin embargo, se mantuvo para sectores privilegiados. Esos sectores hoy son muy importantes para toda la economía. La única explicación de que estos productos y servicios se hayan encarecido es que ni el gobierno ni sus organismos reguladores han sido libres para actuar a nombre de la mayoría y en contra de esta situación.

Que dijo en materia de Telecomunicaciones:

6.- Telecomunicaciones. El decreto por el que se inicia la migración de la televisión análoga a la digital fue la nota del IV Informe de Felipe Calderón. En este punto, habló de las nuevas licitaciones de espectro radioeléctrico y de concesiones. Que no dijo: Que Televisa sigue recibiendo del gobierno federal prebendas y concesiones. En la reciente licitación 21 para asignar bandas en el espectro radioeléctrico, los titulares de la SCT, de la Cofetel y de la Cofeco maniobraron para que Televisa, aliada con Nextel, pagara sólo 180 millones de pesos por un espacio cuyo valor supera los 5 mil millones de pesos, cifra que otras empresas debieron entregar para la asignación de la misma cantidad de megahertz. El menos favorecido del

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duopolio, Ricardo Salinas Pliego, afectados sus intereses, presentó una demanda ante la Auditoría Superior de la Federación.

Luego de ocho meses de discusión entre la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y los participantes en la nueva licitación por el espectro de radiofrecuencias, el gobierno federal entregó a precio de ganga una parte de la concesión al binomio Televisa-Nextel, con lo que ocasiona un daño patrimonial al erario federal de aproximadamente 5 mil millones de pesos. Además, provocó un “bloqueo” en otra de las secciones de la subasta, lo que implicó una afectación a la hacienda pública por un monto similar.

Inconforme con la entrega de las radiofrecuencias a sus competidores, el Grupo Salinas –de Ricardo Salinas Pliego– por medio de Portatel del Sureste, SA, de CV (Iusacell), presentó el 19 de julio último una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de varios funcionarios del gobierno federal “por el posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal” en más de 4 mil 800 millones de pesos y por “una afectación de áreas estratégicas de la economía”.

En el documento de 40 cuartillas, la empresa exige que se investigue la licitación 21 emitida por Cofetel “para que, de resultar fundada la denuncia, se determinen los daños y perjuicios ocasionados a la nación” y se finquen responsabilidades a los funcionarios que participaron en la elaboración de las bases de licitación, su implementación y su final conclusión.

En su querella el Grupo Salinas argumenta que el gobierno entregó a la dupla Televisa-Nextel un bloque de 30 megahertz (Mhz) a un precio de 180 millones 300 mil pesos. En cambio, otras empresas que recibieron la concesión de un tramo igual –30 Mhz– debieron pagar por éste 5 mil 48 millones 300 mil pesos. Es decir, el mismo bloque de frecuencias (30) se le cobró a Televisa y su socio a un precio 28 veces inferior que al resto de los competidores.

Lo anterior significa que las autoridades federales vendieron los megahertz a precios diferentes y bajo condiciones distintas al dueto Televisa-Nextel que al resto de las competidoras: Telcel, Telefónica y Iusacell, con un millonario beneficio para la primera en detrimento de la hacienda pública.

En su columna “Cuenta corriente” publicada en Excélsior el 5 de julio último, la periodista Alicia Salgado reveló que a través de diversos oficios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió en febrero y marzo pasados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Cofetel les advertía sobre el diferencial de precio y el efecto negativo que eso representaba para el erario, por lo que sugería “igualar los pagos”.

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En esos oficios emitidos por la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Hacienda, a cargo de Juan Manuel Pérez Porrúa y por el subsecretario José Antonio Meade, se advierte, según Salgado, lo siguiente:

“Una desigualdad en el régimen de pago por el otorgamiento de concesiones correspondientes al uso, goce, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias de espectro radioeléctrico, generaría que el Estado percibiera una contraprestación menor a la que tiene derechos, conforme al valor real del espectro radioeléctrico. En este contexto es necesario IGUALAR los pagos que realizan quienes obtienen una concesión mediante el proceso de licitación pública.”

En la denuncia entregada a Juan Manuel Portal Martínez, auditor Superior de la Federación, se indica que los servidores públicos involucrados son el titular de la SCT (Juan Molinar Horcasitas) y el subsecretario de Comunicaciones de esa dependencia (Gabriela Hernández Cardoso), “por su participación activa y/o su omisión con respecto al diseño e instrumentación del proceso de licitación 21”.

También menciona a los integrantes de Cofetel –su presidente, Mony de Swaan Addati y a los cuatro comisionados que la integran: José Luis Peralta Higuera, Rafael Noel del Villar Alrich, Gonzalo Martínez Pous y José Ernesto Gil Elorduy– “por la emisión de las bases de licitación… en las que ilícita e ilegalmente se incluyen límites máximos de acumulación de espectro a los posibles interesados en participar en las mismas, así como por el diseño, instrumentación y conducción ilícita e ilegal del proceso de dicha licitación, abarcando cada uno de los concursos al efecto realizados”.

Asimismo, la demanda menciona al secretario de Economía (Bruno Francisco Ferrari García de Alba), “por la falta de supervisión y vigilancia de los procedimientos efectuados por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), en particular por su resolución que determinó imponer límites máximos de acumulación de espectro a los interesados en participar, bajo una supuesta medida protectora y promotora en materia de competencia”.

En la querella se menciona a los integrantes de la Cofeco y a su presidente (Eduardo Pérez Motta), por imponer los límites máximos “ocasionando, además de un efecto contrario a la competencia y a la libre concurrencia, el daño patrimonial a la hacienda pública federal”.

Los denunciantes consideran que los funcionarios aludidos violaron el artículo 134 constitucional en donde se establece que a través de las licitaciones se deben asegurar al Estado los mejores beneficios económicos.

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El grupo encabezado por Salinas Pliego también solicita la intervención de la ASF, pues dicha instancia está obligada a realizar una investigación ante la denuncia y “fincar las responsabilidades que procedan”.

En la denuncia se argumenta que de acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la ASF puede realizar investigaciones excepcionales cuando exista “un daño patrimonial que afecte la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes público federales o de las entidades paraestatales federales, por un monto que resulte superior a 100 mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal”. En este caso, se justifica plenamente la intervención de la Auditoría, pues la afectación asciende a poco más de 4 mil 800 millones de pesos.

En el mismo artículo de la ley se indica que la indagación se puede realizar cuando exista probable “afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía”.

En la Cámara de Diputados se sabía que el gobierno lanzaría la licitación de una nueva banda de frecuencias, la de 1710-1770/2110-2170 Mhz, por lo que el 20 de octubre de 2009 aprobó cambios a la Ley Federal de Derechos –impuestos que paga aquella empresa que obtiene una concesión del gobierno.

El 10 de diciembre de ese año, la Cofetel emitió las bases para la licitación 21, así como para la 20 (1850-1910/1930-1990 Mhz).

Desde el momento en que Cofetel lanzó la licitación 21 empezaron los problemas debido a que dicha instancia “modificó” y no respetó el llamado “Programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados que podrán ser materia de licitación pública” que la SCT autorizó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2008.

En este programa se estableció que para la banda 1710-1770/2110-2170 Mhz la licitación se haría en dos bloques de 20 Mhz y 5 bloques de 10 Mhz para cada una de las nueve regiones que existen en el país.

Entre los argumentos que dio el entonces titular de la SCT, Luis Téllez, fue que la citada banda “ha sido identificada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para prestar servicios móviles de tercera generación y tiene potencial de ofrecer servicios de banda ancha”.

A pesar de que ya existía ese programa avalado por la SCT, la Cofetel lo desatendió, lo reestructuró y el 23 de noviembre de 2009 publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para el procedimiento de licitación 20 y 21 a pesar de que la única facultada para publicarlo era la SCT.

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Así, la Cofetel que hoy encabeza Mony de Swaan redefinió la licitación número 21 en dos bloques de 30 Mhz cada uno –en lugar de los dos bloques de 20 Mhz cada uno– y estableció tres bloques de 10 Mhz –en lugar de los cinco bloques de 10 Mhz–, para cada una de las nueve regiones del país.

Esta acción de Cofetel fue avalada por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) que encabeza Eduardo Pérez Mota, el 8 de octubre de 2009. No sólo autorizó una reestructura de dos bloques de 30 Mhz, sino también la propuesta de establecer “un límite de acumulación de espectro de 80 Mhz en una misma región”. Se argumentó que esta era una “medida protectora y promotora en materia de competencia”. Con ello se garantizó que una sola empresa no podrá tener más de 80 Mhz.

Este hecho unido al malestar que generó entre los concursantes el cambio de bloques de 20 Mhz por dos bloques de 30 Mhz ocasionó el reclamo de las empresas participantes que sintieron afectados sus intereses.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la ASF “el límite de acumulación de espectro en combinación con la estructura de la licitación 21 en dos bloques nacionales de 30 Mhz, cada uno, propició de manera automática que se excluyera de participar en las subastas correspondientes de dichos bloques a empresas que actualmente operan en el mercado, como Telcel, Telefónica y Iusacell, y allanó el camino para que uno de sus bloques se destinara a la asociación conformada por el grupo de interés económico identificado como Televisa-Nextel a un precio muy por debajo de lo que el mercado está dispuesto a pagar por dicho bloque nacional”.

De ahí que el daño patrimonial al erario por el bloque por el que participó Televisa-Nextel no se limita a 4 mil 800 millones de pesos, sino que rebasa los 5 mil millones de pesos.

Y a esto deben sumarse los otros 5 mil millones de pesos que dejarán de entrar a las arcas gubernamentales por tener que declararse desierta la oferta del bloque de 30 Mhz. Ello, a consecuencia del famoso apartado que establece que un solo propietario no puede detentar más de 80 Mhz.

Pese a todo, el pasado 26 de julio la SCT emitió un comunicado en el cual sostiene que las licitaciones 20 y 21 continúan “ya que no existe impedimento legal alguno para la entrega de las concesiones a los ganadores de dicho proceso”.