LAADMINISTRACiÓN Y EL PLURIPARTIDISMO · necesaríamente el punto de vista del Instituto Nacional...
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LA ADMINISTRACiÓNY EL PLURIPARTIDISMO
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA, A.C.REVISTA DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
José Chanes NietoDirector
ISSN 0482-5209Certificado de Licitud de Titulo 2654Certificado de Licitud de Contenido 1697
No. de Reserva 649-89Publicación cuatrimestralRegistro número 1021009Características 212041801
EdiciónComité Editorial© Revista de Administración PúblicaInstituto Nacional de Administración Pública, A.C.Km. 14.5 Carretera libre México-Toluca, Col. Palo AltoCP 05110, Delegación Cuajimalpa, México, D.F.Tels. 5706845 Y570 71 40Número 96, diciembre, 1997Impreso y hecho en México
Los artículos que aparecen en esta obra sonresponsabilidad de los autores y no expresannecesaríamente el punto de vista del InstitutoNacional de Administración Pública, A.C.
México, 1997
Se autoriza la reproducción total o parcial de esta obra,siempre y cuando no sea con fines de lucro
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Presentación . . . . . . . . . . . . . . . .
La participación social y la administración pluralYolanda de los Reyes Alvarado
Estado, régimen y sistema político(Nuevas pautas para la administración pública mexicana)Hilda Aburto Muñoz
IX
1
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La carrera administrativa en México, entre la policy y la política 35amar Guerrero Orozco
La administración pública y el régimen de la política plural 69Fernando Serrano Migallón
México: dos regímenes políticos sobrepuestosOctavio Rodríguez Araujo
La administración pública en tiempos de cambio políticoMaría del Carmen Pardo
La paradoja de San Lázaro .Alfredo Ling Altamirano
83
103
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Pluralidad política y administración pública. Los retos del cambio 141Juan Miguel Ramire; Zozaya
La libertad y la reforma del EstadoPedro G. Zorrilla Martine;
Resúmenes .
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163
El tema de la democracia, que ha sido permanente en la historia de nuestropaís, ha adquirido en los últimos años el predominio en el debate sobre los
asuntos públicos. La transformación de la sociedad mexicana, entre otros factorespor una mayor información y por más amplias posibilidades de participación política, ha modificado las tendencias electorales y ha favorecido la conformación pluripartidista de los distintos órdenes de gobierno.
En la LVII Legislatura del Congreso General ningún partido logró la mayoría absoluta de diputados y ese hecho, por primera vez desde hace tiempo, ha abiertosenderos innovadores a las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo federales. En efecto, como resultado de los pasados comicios del seis de julio, laCámara de Diputados quedó integrada con una novedosa correlación de fuerzasque modifica el papel de los partidos políticos, facilita el equilibrio entre los órganos del ejercicio del poder público nacional y abre oportunidades para que el Legislativo cumpla más ampliamente sus facultades sobre la administración pública.
Como en cualquier otro país, la administración mexicana ha venido incorporandoen sus diversas etapas las modificaciones ocurridas en las orientaciones de cadaperiodo de gobierno. Hoy, ante el fortalecimiento del carácter pluripartidista delrégimen político mexicano, deberá transformarse para cumplir su cometido en laprestación de servicios públicos y en la gestión de los asuntos del Estado con honradez y con la mayor calidad y eficacia, para responder también a los requerimientos de una sociedad fortalecida, diversificada y más vigilante.
La composición pluripartidista de los poderes legislativos federales y estatales,como la de los ayuntamientos, implica variaciones no sólo políticas. Las administraciones federal, estatales y municipales deben corresponder en su organización yfuncionamiento a estos tiempos nuevos. La creciente legitimidad de los procesoselectorales para la elección de los órganos de gobierno y el abandono de formasde legitimidad anacrónicas obligan a las respectivas administraciones a prepararsepara ir acogiendo los cambios que se sucedan sin caer en la parálisis, en la merma
de la calidad y de la prontitud con que deben cumplir las tareas a su cargo, en eldespido injustificado de sus servidores, al aplicarse un sistema basado en la pertenencia a un partido en lugar de uno fundado en la valoración de los méritos. o enla falta de continuidad en las obras y en los servicios públicos.
Para esclarecer el momento presente y desentrañar sus implicaciones para las administraciones públicas, nuestro Instituto ha considerado oportuno difundir estudios de investigaciones y de expertos en administración pública y en política.Esperamos que estas aportaciones sean punto de partida para otras que contribuyan al avance democrático y a la mejoría permanente de nuestras instituciones.
La participación social y la administración plural
De los Reyes Alvarado, Yolanda
Se analiza el impacto de los cambios políticos y la influencia de la participaciónsocial en la administración pública, y pretende responder si, efectivamente, sepuede hablar de una administración plural a partir de la conceptualización de estosdos elementos. Por otra parte, hace una descripción de la relación entre el PoderEjecutivo y el Congreso General, a fin de mostrar los problemas que implica larelación para el proceso de transición hacia una democracia política con una administración plural en el país. Finalmente, resalta la necesidad de profundizar losprocesos de descentralización y apertura en las organizaciones sociales, de modoque incidan en el desarrollo de políticas públicas efectivas que procuren adecuar elaparato administrativo a las nuevas circunstancias y exigencias de la sociedad mexicana.
Social participation and plural administration
De los Reyes Alvarado, Yolanda
She analyzes the impact of political change and the influence of social participation in the public administration, and attempts to answer if we can speak of a plural administration based on the conceptualization of these two elements. On theother hand, she describes the relationship between the Executive Power and theGeneral Congress, in order to expose the problems that such relationship impliesfor the transition process towards a political democracy given a plural administration in the country. Finally, she emphasizes the need to deepen the decentralization and opening process in the social organizations, in arder to impringe on thedevelopment of effective public policies that adequate the administrative machinery to the new circumstances and demands of the mexican society.
La participación socialy la administración plural
Yolanda de los Reyes Alvarado*
¿Qué es la administración plural?
Esta interrogante la planteo de inicioporque no estoy convencida que la
administración, por lo menos en nuestro país, pueda ser plural. Una cosa esque el Congreso esté integrado por representantes extraídos de distintos partidos políticos y otra muy distinta esque la administración pública; comoinstrumento del Poder Ejecutivo, seaplural. De hecho la administración pública es una variable dependiente deltipo de gobierno y del régimen político.Al cambiar alguno de ellos, necesariamente implica ajustes al régimen administrativo.
En los siguientes apartados se analizaráel impacto de los cambios políticos, yla influencia de la participación socialen la administración pública. Se trataráde dar respuesta a si efectivamente sepuede hablar de una administración
* Investigadora y consultora.
plural como respuesta a estos dos elementos.
1. La administración, el régimende gobierno y el sistema político
En nuestro país, en los últimos 70 añosno podemos hablar de un cambio de régimen político, sin embargo, las adecuaciones a la administración se handado como resultado de los programasde gobierno que se inventan cada seisaños, al cambio del titular del Ejecutivo. Cada presidente pretende aplicar supropio modelo y en la medida de lo posible, borrar o desacreditar la imagendel anterior.
Así tenemos, con Calles, la creación delas principales instituciones públicas;con Cárdenas un modelo de política nacionalista, más acorde con los principios de la revolución; con Alemán, elfomento a la industrialización y la apertura a las inversiones extranjeras; con
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Echeverría, el concebir al Estado comorector de la economía. En esta etapaviene la expansión del sector paraestatal, pues con el pretexto de preservarfuentes de empleo, el Estado adquieretodo tipo de empresas desde hoteleshasta fábricas de bicicletas; desde plantas de fertilizantes, hasta empresasconstructoras de ferrocarril.
Con López Portillo, se promueve elproceso de desconcentración de las secretarías y se nacionaliza la banca; conMiguel de la Madrid, empieza aimplantarse el modelo neoliberal queimplica, entre otras cosas, el adelgazamiento o redimensionamiento del aparato público. Vienen los grandesajustes para tratar de reducir las dependencias centrales y la privatizacióndel sector paraestatal. Con Salinas, estapolítica se fortalece y se lleva a los extremos, suprime parte de las instituciones de protección social, elimina lossubsidios y apuesta a que el libre mercado se va a hacer cargo de equilibrarla economía y que el sector privado vaa invertir para atender servicios públicos fundamentales.
Mauricio Merino afirma que: "La continuidad revolucionaria se ha resueltoen una constante reforma administrativa que, sin embargo, no ha sido capazde volver hacia el origen de la confusión entre ideas liberales, derechos sociales, y el deseo de hacer crecer alpaís con la lógica del capitalismo, pero
al amparo del predominio estatal en laeconomía. "
En ninguna etapa ningún gobierno "haabandonado la idea de que los grandescambios pasan necesariamente por lareforma y la conducción de la administración pública: sea para modificarla,para acrecentarla o aun para reducirla"
"Detrás de las herramientas administrativas que sirven para ordenar las tareasdel gobierno, están los propósitos políticos que les dan sustento y éstos, a suvez, tienen que ver con las aspiracionesy las necesidades reales de una sociedad organizada. Perder de vista esa relación podría ser riesgoso: la solaaplicación de criterios técnicos no essuficiente para organizar las redes internas de un Estado. Hace falta teneren cuenta la circunstancia, el tiempo enel que se vive, y, sobre todo, reconocerque los objetivos fundamentales no están dentro de la propia administraciónsino fuera de ella" .J
No entraré aquí en mayores detalles,simplemente quisiera dejar apuntadoque estos cambios sexenales de políticaeconómico-social han repercutido siempre en la estructura gubernamental. Elaparato público ha cambiado en todosestos años; secretarías van y secretaríasvienen; se redistribuyen funciones, sesuprimen, se fusionan; se transformano desaparecen organismos y empresaspúblicas. En pocas palabras, la admi-
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nistración se modifica. Esto no quieredecir que se mejore o se vuelva máseficiente, más eficaz para resolver losproblemas que aquejan al país.
Simplemente hay que precisar que loscambios de gobierno, aún dentro delmismo régimen político, implican transformación del régimen administrativo.
Las modificaciones en la administración pública se han venido dando sinun régimen político "plural" o democrático. Simplemente se dieron por decisión del Ejecutivo, quien instruye alLegislativo para que apruebe, sin mayor oposición, el marco jurídico que ledé tinte de legalidad a los cambios querequiere el modelo de cada presidente.
Aun cambiar la Constitución no ha sidoproblema. Los Congresos locales, aligual que el Congreso de la Unión, obedecen la misma lógica. Rara vez secuestionan o se oponen a una iniciativadel Ejecutivo, generalmente se apruebanpor mayoría. Durante décadas, ésta hasido la tónica: simbiosis entre Ejecutivoy Legislativo; ausencia de un equilibrioreal de poderes; supremacía del Ejecutivo sobre cualquiera de los otros dos poderes y órdenes de gobierno.
2. La relación entre elEjecutivo y el Congreso
En teoría, el Estado moderno se ha caracterizado por una división y equili-
brio de poderes. En la práctica ha sidodifícil lograrlo. En nuestro país, en diversos momentos, se ha dado una luchaentre el Ejecutivo y el Poder Legislativa. De hecho la Constitución de 1917fue de alguna manera una consecuenciade la lucha entre el Ejecutivo y el Congreso que se desarrolló durante el siglopasado. Según señala Emilio Rabasa enun trabajo publicado en 1912, la Constitución de 1857 le dio amplios poderesal Congreso, por encima del Ejecutivo.Su tesis central plantea que el excesode poder del Congreso entre 1857 y1876 fue una de las causas principalesde la inestabilidad política que caracterizó esos años.
Para Rabasa, esta tendencia llevó alCongreso a emprender una política invasora y agresiva en contra del Ejecutivo, cuyo resultado fue una serie deconflictos políticos que colocaron alpaís entre el absolutismo presidencial yel despotismo anárquico del Congreso.'
Daniel Cosía Villegas, en su artículo"Vida Real y Vida Histórica de laConstitución de 1857", sostiene queRabasa fue el responsable de restarle alCongreso ese espíritu democrático ycon ello constituir el poder dictatorialdel Ejecutivo. Añade que la aportaciónde Rabasa a la Constitución de 1917fue la necesidad de formar un PoderEjecutivo que fuera administrativamente importante y que contrarrestara elpoder del Congreso.
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Hago esta disgregación porque pareceser que la historia se repite y que loque vamos a vivir los próximos años esesa lucha entre el Congreso y el Ejecutivo. ESIO no quiere decir que estemosen la misma situación y con el mismomarco jurídico que en 1857. Pero sí estamos en una siruación inédita en lasúltimas décadas, en que en la Cámarade Diputados ya no hay una mayoríaabsoluta del partido oficial y que losrepresentantes de los otros partidos sehan convertido en mayoría .
Ante esta situación ¿la administraciónpública está preparada para enfrentarseo reaccionar ante las nuevas circunstancias políticas? ¿seguirá prevaleciendo la voluntad del Ejecutivo y sumodelo de país?, ¿podrá la nueva configuración de la Cámara modificar elrumbo e imponer un modelo económico y una política social diferente?
3. La transición democráticay la administración plural
El 6 de julio de 1997 representa unnuevo parteaguas para este país. El resultado de las elecciones va a producircambios que todavía no es posible vislumbrar en la totalidad de su alcance.En estas últimas semanas se ha tenidouna muestra de las batallas que se avecinan dentro del propio Congreso y lasque seguramente se van a dar, en un
futuro no muy lejano. entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entre algunos delos posibles cambios que se avizoran.se mencionarán algunos a guisa deejemplo:
El presupuesto, como expresión financiera de un programa de gobierno va atener que ser consensado con las distintas fracciones parlamentar ias. Este poder del Congreso para modificar yautorizar el presupuesto puede tenergraves consecuencias para ajustar, rectificar o cambiar el modelo económicodel país y las prioridades de los últimos15 años.
Las iniciativas que envíe el Ejecutivo ala Cámara ya no van a ser aprobadassin cuestionamiento. Van a ser discutidas ampliamente y en muchos casosmodificadas a fondo. y aun cabe la posibilidad. de que sean rechazadas. Porotra parte. las iniciativas de los distintos grupos parlamentarios no van a sercongeladas cuando no sean del agradodel Ejecutivo, como ocurría anteriormente . Pueden ser aprobadas, aún encontra de la opinión del Presidente osus secretarios.
El ejercicio del presupuesto también vaa implicar cambios. El sector públicotendrá que cuidar aun más el cumplimiento de los programas a los que secomprometió e instaurar medidas queaseguren una mayor disciplina presupuestal. El Congreso seguramente ejer-
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cerá SU derecho de llamar a cuentas alos en otra época "impolutos funcionarios" que iban a la Cámara a que se lesaplaudiera, y no a que se les reclamara,exigiera, o aun, exhibiera. El controldel ejercicio del presupuesto es en verdad un coto al poder del Ejecutivo.
Con esta nueva correlación de fuerzasentre Congreso y Ejecutivo, esperamosque no vayamos a pasar de la "República Imperial" a la que se refiere Enrique Krauze, a la "Dictadura delCongreso". El país necesita el equilibrio entre Poderes, no la supremacía deuno en relación al otro.
México es cada vez más plural. Laoposición gobierna ya en 7 entidadesfederativas, las más pobladas del país,que representan el 31.35% de la población, y en 18 capitales donde se concentran cerca de 20 millones demexicanos. Sería interesante hacer unestudio para conocer el tipo de cambiosque están haciendo los Congresos locales y los gobiernos de oposición, en elaparato administrativo y en las políticasde gobierno en materias tales comoeconomía, política social y cultural. Ensuma, es importante saber si el cambiodemocrático conlleva modificacionesde fondo o si es más de lo mismo.
El cambio por el cambio no necesariamente significa mayor eficiencia yeficacia del gobierno, o mejor atención a las demandas y necesidades de
la ciudadanía. Sin embargo, hay esperanzas de una mejoría importante, enla medida en que exista una verdaderalucha por el poder. Teóricamente losgobernantes tendrían que ser mejorespara que el partido en el poder obtuviera "buenas calificaciones" que sereflejen en los siguientes procesoselectorales. La sociedad puede "castigar o premiar" a los malos o buenosgobernantes. En este sentido, los ciudadanos adquieren un poder que antesno ejercían.
Merino comenta atinadamente que:"Lo fundamental no está tanto en el
cambio de mandos, cuanto en la modificación de las prácticas que han concentrado el poder; nada asegura que eltriunfo de un partido de oposición genere el rompimiento del centralismo nique garantice, por sí mismo, la instauración de procesos inversos, en favorde una mejor distribución regional ysocial de la autoridad. Por el contrario, la necesidad política de consolidarun mando nuevo podría retrasar, bajoesa hipótesis de sustitución partidista,los pequeños procesos que han ayudado a desplegar, al menos, una primeraidea sobre la importancia de atemperarel dominio central. Tal como está planteada la contienda, los partidos hanempleado su fuerza regional, más bien,para competir por el centro; pero no lahan usado para diseñar las bases de unacuerdo que vea en estados y municipios el verdadero comienzo de una
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transición de mayor arraigo. capaz dehacer avamar la democracia sin desgajar la estabilidadpolítica nacional.. . 'J
La transición democrática en la que seencuentra inmerso el país implica la necesidad de que los partidos políticos semodernicen y se asuman como miembros de una sociedad plural, más alláde sus diferencias. Se requiere que lleguen a consensos básicos sobre el funcionamiento político, económico ysocial del país. Se requiere definir lasreglas de la nueva democracia y queéstas sean aceptadas y respetadas portodos.
Este nuevo camino democrático debetrascender más allá del nivel federal.Esto es , tiene que cambiar radicalmente la tendencia centralista e iniciar una verdadera redistribución delpoder entre los estados y los municipios. Es este nuevo pacto federal elque va a asegurar el éxito de la transición democrática.
Los municipios , al estar tan cerca dela comunidad, a pesa r de sus escasosrecursos, han jugado un papel primordial en el control político y la estabilidad socia l. Sin embargo, es tiempo derevertir el proceso de construcción dela democracia para que en lugar deque bajen las disposiciones y fluyanlos recursos desde el centro, se construya la democracia de abajo haciaarriba .
Esto es, a partir de la comunidad y desu vinculación con las autoridades municipales. Aceptar este cambio implicaría iniciar un profundo proceso dedescentralización y democratización.
4, Descentralización ydemocracia
La administración se tiene que preparary adecuar a la nueva realidad del país.Un aspecto que se tiene que considerares que al hablar de gobierno se está haciendo referencia a tres niveles distintos: federal, estatal y municipal. Portanto, los cambios se tienen que reflejaren cada uno de ellos.
El gran viraje que tiene que dar la administración federal es que si quiere resolver los problemas a profundidad yatender a la comunidad, tiene que redistribuir el poder . Lo tiene que hacertanto a nivel estatal como a nivel municipal. La transición democrática, juntocon los avances tecnológicos y con losmedios de comunicación existentes, nojustifican que decisiones y asuntos queatañen a la comunidad, los resuelva lafederación. Ésta tiene que llevar a cabouna efectiva y profunda descentralización. No como el remedo que se ha hecho hasta la fecha, que lo único que halogrado es convertir a los estados enadministradores de recursos y programas federales.
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Los procesos descentralizados se estáncomplicando más porque las instituciones locales qne se "federalizan" qnedansujetas a un doble régimen administrativo. Por un lado tienen que aplicar lanormatividad federal, y por otro la estatal, según sea el origen de los recursos que ejercen. Este doble juegoprovoca la constante participación delas dependencias y entidades federalesen los servicios "federalizados".
La desconfianza a soltar el control y laresistencia a compartir el poder, provocan esta maraña. Se descentralizan lasatribuciones y la responsabilidad y dealguna manera los recursos, aunque éstos se siguen manejando como subsidios de la federación a los estados y nocomo participaciones.
El personal, aunque se transfiere, siguesiendo federal, ya que hay que "respetar los derechos laborales y la titularidad de los sindicatos nacionales", tal esel caso de salud y educación. Por otraparte, la normatividad sustantiva y loslineamientos programáticos continúansiendo federales. El personal especializado y el apoyo técnico se quedan centralizados. ¿Cómo van a poder cumplirlos estados sus nuevas atribuciones sincontar con estos apoyos? o ¿dependerán siempre de la normatividad y tecnología del centro?
No es conveniente seguir operando así.Es imprescindible que la federación
busque los mecanismos para transferirrealmente el poder, sin perder el control de los aspectos que son nacionales.Los gobiernos estatales y municipalesque emergen de partidos de oposicióncada vez protestan más y se revelanpor esta tutela federal.
En los tres niveles de gobierno es imprescindible tomar en cuenta a la sociedad, sobretodo a nivel del municipiodonde las autoridades están más cercade la comunidad, y de sus necesidades.En donde el liderazgo social y el político administrativo se confunden.
En la medida que siga constreñido elmunicipio; que no tenga recursos; queno pueda responder a las demandas desu comunidad y que las decisiones sigan centralizadas, se van a seguir incrementando las presiones con marchasy plantones en la capital del país, paraque la federación resuelva sus peticiones. Estos problemas se van agravarpor la participación, cada vez mayor,de organizaciones sociales y de los distintos partidos políticos que aprovechanestas movilizaciones para sus propiosfines.
5. Las organizaciones socialesy la transformación política
La tecnocracia empeñada en sus batallas económicas y el retiro del gobierno
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de su función tutelar, han dejado desprotegido a un sector importante de lapoblación. Ante este vacío, la sociedadcivil ha ganado terreno. Se ha empezado a organizar y a ocupar los espaciosque abandona el gobierno.
La administración ha ido cambiandohacia donde han querido los tecnócrataseconomistas, pero no hacia donde lapoblación y la sociedad lo demandan.
Ha habido ajustes al aparato administrativo, sobretodo en el desmantelamiento de las instituciones con algunafunción social. ¿Qué ha pasado conCONASUPO y sus filiales? ¿Dónde estánlas empresas y organismos que dabanapoyo al campo y a las áreas rurales?¿qué pasa con los programas de vivienda? ¿Los huecos que han dejadoestas instituciones, han sido cubiertospor el mercado, según la doctrina neoliberal? ¿Qué va a pasar con la seguridad social y la atención médica? ¿Elsector privado va a poner consultoriosy clínicas u hospitales en zonas ruralesy marginadas?
No hay respuestas claras a estas interrogantes. Lo que sí es una realidad esque el mercado no ha satisfecho estasnecesidades y que los programas queha tratado de instrumentar el gobiernopara combatir la pobreza, no han sidoeficaces ni suficientes. Es un hecho quela pobreza se ha agudizado y que ladistribución de la riqueza se ha polari-
zado. Los ricos son cada vez más ricosy los pobres más pobres.
Si bien la sociedad se está organizando,no se puede hablar de una organización.En realidad están surgiendo múltiplesorganizaciones sociales fragmentadas yque plantean distintas demandas. Hay detodo, ecologistas, pro-vida, contra losbancos, protectoras de animales, vendedores ambulantes, invasores profesionales de terrenos, defensores de derechoshumanos, contra la corrupción, gruposindígenas zapatistas, grupos de extremaderecha, guerrilleros, etc. No hay campo en donde no exista ya un grupo organizado, presionando al gobierno porrespuestas ad-hoc a sus necesidades.
La sociedad civil se ha ido fragmentando en una gran variedad de organizaciones sociales y en movimientospopulares, urbanos o rurales. Al respecto, Foweraker señala en su estudiosobre los movimientos populares enMéxico, que éstos no expresan el nacimiento de la sociedad civil, sino másbien el surgimiento de asuntos políticosen la sociedad civil. Estos movimientosno pueden.existir separados de sus relaciones con el sistema político. Requieren algún tipo de negociación con elEstado por lo que necesitan de unagran capacidad de gestión así como lahabilidad de plantear sus demandas.4
Se trata de una acción colectiva queviene de la sociedad, al margen del go-
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bierno y de los partidos políticos. Sibien existe interacción entre organizaciones sociales y partidos políticos, éstos no las controlan. Su vinculación esesporádica, tenue, no dependiente delsistema.
La administración plural debiera seruna respuesta a esta realidad que hoypor hoyes inabarcable bajo modeloscorporativos y envolventes del pasado.¿Cómo adecuar la administración a esarealidad compleja y fragmentada?
Una posible respuesta, corno ya se comentó en el anterior apartado, es descentralizar, hacer más efectivos a losgobiernos locales, estatales y municipales. No es posible seguir pensando quelos problemas se van a resolver en elcentro. La tradición centralista y la deficiente federalización han hecho quelas autoridades locales estén atadas yno puedan responder a estas demandas.Las organizaciones sociales requierenrespuestas concretas, rápidas y acordesa su tamaño.
Esta necesidad de resolver las demandas de la comunidad, plantea cada vezmás, con mayor claridad, la necesidad de una mayor descentralizaciónpara que los asuntos se resuelvan donde ocurren. No en el centro, ni por elfuncionario omnipresente. Aquí esdonde se une la participación comunitaria y la representatividad. Un gobierno representativo elegido de
manera democrática no solo es máslegítimo, sino más sensible a las necesidades y reclamos de la ciudadanía.
La administración plural puede ser unarespuesta a la fragmentación, pero implica un gran reto. El aparato administrativo tiene que adecuarse a estasnuevas circunstancias. Las decisionesno pueden ser unilaterales de los funcionarios encerrados en sus oficinas.Requieren ahora encontrar mecanismospara hacer partícipe a la sociedad, atender a las demandas de los grupos organizados, buscar consensos con lospartidos políticos y con la sociedad. Eléxito de la gobernabilidad se va a darprecisamente con la participación organizada de la sociedad.
¿Cuántos proyectos, en los últimosaños, se han venido abajo porque no sele explicó a la sociedad, y no se letornó en cuenta (tren elevado para conectar DF y Edo. de México, Club deGolf en Tepoztlán, la torre del grupoCarso en Cuicuilco, la construcción deestacionamientos subterráneos en diversas zonas de la ciudad, etc.)?
Antes también había oposición a ciertosproyectos (Laguna Verde), pero la existencia de un solo partido político en elpoder, permitía la torna de decisionesautoritarias sin la necesidad de consultaro buscar consensos. Hubo muchas protestas, pero no fueron atendidos los reclamos de la sociedad.
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Ahora, con la pluralidad, es más difícilgobernar. Hay que consensar decisiones, tomar en cuenta puntos de vista degrupos disidentes y de otros partidos ogrupos sociales. Ojalá los políticos ylos administradores públicos se dencuenta de estos cambios y no se vaya acaer en un inmovilismo por el endurecimiento de posiciones de ambos actores: la sociedad y el gobierno.
Por el contrario, es indispensable aprovechar esta energia social y sumarla alos esfuerzos del gobierno. Tanto losadministradores públicos como los políticos deben tener la suficiente sensibilidad para desarrollar políticas públicas yadecuar el aparato administrativo a lasnuevas circunstancias políticas y a lasexigencias de esta sociedad plural.
6. Administración plural comorespuesta a la comunidad
La necesidad de hacer partícipe a lasociedad en las decisiones del gobiernoque le atañen, hace necesario reinventar el gobierno. David Osborne y TedGaebler después de analizar el gobierno de muchas ciudades en el mundo,independientemente del régimen político, llegan a la conclusión de que ya nose puede pensar en resolver los problemas de la comunidad, sin la participación activa y organizada de lasociedad.
Esto no significa de ninguna maneradebilitar el papel del gobierno.
No se trata de que se necesita ". ..más omenos gobierno, sino de que necesitamos un gobierno mejor... necesitamosmejor gestión de gobierno ... La gestiónde gobierno es el proceso por el cualsolucionamos colectivamente nuestrosproblemas y satisfacemos las necesidades de la sociedad. El gobierno es elinstrumento que utilizamos para ello.El instrumento está obsoleto. El proceso de invención ha comenzado ... necesitamos una perestroika. "5
Esta necesidad de reinventar el gobierno se refuerza por el impacto que lacompetencia global ha producido en él.No todos los gobiernos han comprendido este impacto. Se aprecian los efectosque ha tenido en la industria, o en lacomercialización, pero poco se ha hecho por precisar sus efectos en la administración pública.
"Para tener éxito en el mercado globalsupercompetitivo de hoy en dia. lascorporaciones necesitan que los distintos factores de producción sean de lamejor calidad posible; los obreros másformados, la investigación más avanzada. el capital más barato y la mejor infraestructura. Todo esto hace que losdiversos papeles del gobierno en tantoeducador, formador. financiador de investigación científica, instaurador dereglas y operador de infraestructura
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sean hoy mucho más importantes quehace treinta años... ".6
Plantean la necesidad de redefinir elgobierno partiendo del principio de quees necesario diferenciar y separar entrela función del gobierno para tomar decisiones, y conducir los esfuerzos colectivos y la operación de los servicios.Con esta distinción se facilita definirlas tareas propias del gobierno que sonintransferibles y las que se podríancontratar con el sector privado y con elsector terciario' o social. En el anexo 1se presenta una tabla en la que los autores hacen una serie de recomendaciones de la división de tareas másapropiadas para cada sector: Es interesante, porque no señalan áreas exclusivas para cada uno de ellos, sino lainteracción de los mismos.
En su libro estos autores comentan queel papel del gobierno es librar de obstáculos el camino para lograr esa participación de la comunidad. Señalan que elgobierno debe de dar varios pasos, porejemplo:
".. .puede eliminar los obstáculos alcontrol de la comunidad; alentar a lascomunidades organizadas a que asuman el control de los servicios; aportardinero para nuevas inversiones, formación y asistencia técnica; y movilizarlos recursos necesarios para enfrentarlos problemas relativos al control delas organizaciones comunitarias. n
"Las organizaciones públicas puedencrear todo un abanico de oportunidades, que las diferentes comunidadespueden aprovechar en la medida enque estén preparadas para ello... "8
El papel de los gobiernos sigue siendoimprescindible. Si bien pueden dejar deproporcionar ciertos servicios, "... siguen siendo responsables de que se satisfagan las necesidades. Cuando losgobiernos renuncian a esta responsabilidad de dirección, a menudo sobreviene el desastre." 9
Por tanto, el gobierno debe de prepararse para reforzar su capacidad de dirección, de organizador, de promotor,de gestión, y de regulador, capaz deresponder a las demandas de una sociedad plural y participativa.
Conclusión
En el anexo 2 se presentan dos esquemas muy generales de las características de la participación social en unrégimen de partido dominante (PRI) ylos cambios que se pueden generar enun régimen plural. En los tres cuadrosque acompañan estos esquemas se comparan las características de cada uno,haciendo referencia a los aspectos políticos, a las relaciones entre Congreso yEjecutivo, a los aspectos de centralización versus descentralización y final-
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mente los aspectos sociales. De algunamanera estos cuadros y esquemas tratan de sintetizar de manera muy general, los planteamientos de este artículo.
Finalmente, a manera de conclusión, sepuede afirmar que se requiere construiruna administración plural, en los tresniveles de gobierno, como respuesta ados condicionantes: transición democrática y sociedad participativa.
Bibliografía
Escobar, Arturo y Alvarez Sonia. TheMaking of Social Movements in LatinAmerica. Restview Press, E.U.A.,1992.Foweraker, Joe y Craig, Ann. PopularMovements and Political Change inMexico. Lynne Rienner Publishers,E.U.A., 1990
Merino, Mauricio. Fuera del Centro.Universidad Veracruzana. México,1991.Osborne, David y Gaebler, Ted. LaReinvencián del Gobierno. Ed. Paidós.España. 2a. Reimpresión, 1997.Rabasa, Emilio. La Constitución y laDictadura. México, 1912.
Notas
1 Mauriclo Merino, Fuera del Centro. pp.3! 32'.2 Emilio Rabasa, La Constitución y la Dictadura,p.l11.3 Merino, op. cit., p.188.4 loe Foweraker, Popular movements an.d PoliticatChangein Mexieo, pp 5 Y6.5 David Osbome, Too Gaebler, La reinvención delgobierno, p. 546 Ibídem, p. 687 Este sector" ...estáformado pororganizaciones depropiedad y control privados. perocuyaexistencia ríene porfinalidad la satisfacciónde necesidadespúblicaso sociales y no la acumulación de riqueza privada.."p.79g Ibídem. p. 1159 Ibídem; p. 117
Anexo 1TAREAS MÁS APROPIADAS PARA CADA SECTOR
(E = eficaz; 1 = ineficaz; O = depende del contexto
PÚBLICO PRIVADO TERCIARIO
Más apropiada para el sector público-Gestión política E 1 O '"-Normativas E 1 O tn
<-Respaldo a la equidad E 1 E
u;;'
-Prevención de la discriminación E O O t;
-Prevención de la explotación E 1 E "'1;-Promoción de la cohesión social E 1 E zZ
Más apropiadas para el sector privado U;...;
-Tareas económicas 1 E O ~-Tareas de inversión 1 E O '"'5·-Creación de beneficios 1 E 1 z
"-Promoción de autosuficiencia 1 E O c·Ol
~Más apropiadas para el sector terciario ;;-
-Tareas sociales O l E-Tareas que requieren trabajo voluntario O 1 E-Tareas que generan pocos beneficios O 1 E-Fomento de la responsabilidad individual 1 O E-Fomento a la comunidad O 1 E-Fomento del compromiso con el bienestar de los demás O 1 E
Fuente: Osborne y Gaebler, La reinevención del gobierno, p. 466. -w
Anexo 2PARTICIPACIÓN SOCIAL EN UN ESQUEMA DE PARTIDO DOMINANTE (pRI)
PARTIDOS DE CONGRESO CONGRESOOPOSICiÓN SIN MAYORíA ~ APRUEBA
RECURSOS pRI INICIATIVASINICIO
., Ir ., r , IrJ ~ , r
EJECUTIVO EJECUTIVO ADECUA DESARROLLADESIGNA NO HAY LUCHA
~RITUAL
~DEFINE APARATO pOLíTICA
CANDIDATOS A ELECTORAL ELECTORAL POLfTlCA y • ADMINISTRATIVO • SOCIALPUESTOS DE PRESUPUESTO A SUS PATERNALISTAELECCIÓN NECESIDADES
., Ir~ iL , Ir
PRI REALIZAAPOYA
~CAMPAÑA CON ESTADOS SOCIEDAD SUFRE -DECISIÓN APOYO SUPEDITADOS A o SE BENEFICIA
OFICIAL LA FEDERACiÓN DE MEDIDAS ~
.. Ir ,~ ,rUTILIZA MUNICIPIOS .¡ SOCIEDAD
ORGANIZACIONES ESCASOS CIVIL PROTESTASOCIALES RECURSOS
PARA ...RESOLVER
DEMANDAS NO ES ATENDIDAo ES REPRIMIDAo SUS LíDERES
COPTADOS
- ..Preslcna :
Anexo 2GOBIERN O PLURAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
- MODIFICA oRECHA ZA -
INICIATIVAS PROMULGA- LEYESMODIFICA
PROMUEV E POLínCAS- INICIATIVAS -PROPIAS
-s::¡-c'"....Zw
~e
-
CONSULTA IPROMUEV E~RTICIPAC IÓN
ATI ENDENDEMANDASSOCIEDAD
EJECUTIVOA DECUA _
ADMINISTRACiÓN
SOC IEDADCIVIL SE
ORGANI ZA
DEFINEPOLlTlCASPROPONE
INICIATIVAS
I
ESTADOS YMU NICIP IOS
FORTALECIDOS,.ADECUA N
ADMINISTRAC iÓN
EJECUTIVOPRI
CONGRESOPLURAL
GOBIERNOS YCONGRESOS f---+l
LOCALESPLURALES-- -- -
--LUCHA _ ELECC IONES _
EL ECTORAL RENlDAS _0-
OTROSPARTI DOS CON
RECURSOSIFE
PRIRECURSOS IFE
APOYO OFICIALLIMITADO
oÜ'¡g
INCORPORAN ALA COMUNIDAD
Anexo2PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN PLURAL
Participación social en un esquema de partido dominante(PRI)
Proceso Electoral
1. Partido oficial dominante y partidos de oposicióndisminuidos.
2. Aparato administrativo y recursos a disposición delpartido, sobretodo durante procesos electorales.
3. No hay lucha electoral.4. Oposición reprimida o menguada.5. Preeminencia del Ejecutivo sobre los otros poderes.
Relación Congreso I Ejecutivo
6. PRI/Ejecutivo/Congreso representan una unidad.7. Congreso de mayoría del partido dominante. Aprueba y
aplaude iniciativas del Ejecutivo. Congela iniciativasde laoposición.
8. Gobiernos estatales y municipales. así como congresoslocales y ayuntamientos, extraídos del partido dominantey supeditados al Ejecutivo.
9. El Ejecutivo define su plan de gobierno de acuerdo con supropia visión de país. Toma lo que le conviene de losplanteamientos de los distintos sectores.
10. Administración pública ad-hoca las políticas delEjecutivo.
Participación socla1 en Wl esquema de gobierno plural
Proceso electoral
1. No hay partido dominante.2. Financiamiento equitativo a todos los partidos a través del
[FE.3. Hay una verdadera lucha electoral.4. Fortalecimiento de diversos partidos.5. Equilibrio de poderes.
Relación Congreso I Ejecutivo
6. Congreso plural. independiente. no supeditado alEjecutivo.
7. Gobiernos y congresos locales extraídos de diversospartidos. independientes del Ejecutivo.
8. El Congreso plural puede reorientar la política delEjecutivo a través del presupuesto. al modificar lasiniciativas que éste envíe, o bien, al aprobar sus propiasiniciativas.
9. La administración pública tiene que ser reorganizada yencontrar los mecanismos para atender a un congresoplural, a las organizaciones sociales y a la sociedad ensu conjunto.
Anexo 2PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN PLURAL
Participación social en un esquema de partido dominante(PRI)
Centralización versus Descentralización
11. Centralismo. Dádivas a los gobiernos locales. Presupuestodistribuido y controlado desde el centro. Convenios de"coordinación" entre la Federación y los gobiernoslocales en diversas materias: fiscal, ambiental,conrraloría, entre otros.
12. Los gobiernos locales fungen como administradores de losprogramas y recursos federales.
13. Proceso de descentralización simulado.14. Municipios sin recursos para atender demandas de la
comunidad.15. La desconcenrración de secretarías y entidades fortalece a
éstos, en demérito de los gobiernos locales.
Participación social en un esquema de gobierno plural
Descentralización versusCentralización
10. La administración federal no puede ella sola atenderlos reclamos de la comunidad. Requiere "compartir" elpoder. Esto es, descentralizar de verdad, no de ficción.
11. Se replantea el rol del gobierno. Se descentraliza. sedefine qué compete a cada nivel.
12. Se distribuye el poder y los recursos sin menoscabo delpoder del Estado y sin fragmentar la unidad nacional.
13. Se redefine en los tres niveles de gobierno, qué lecorresponde al sector público, qué al sector privado.y qué a la sociedad y a las organizaciones sociales.
Anexo 2PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN PLURAL
Purtícipactón social en un esquema de partido dominanle(PRI)
Aspectos Sociales
16. Política social patemalisra. Concede beneficios socialesa cambio de apoyo político incondicional.
17. Parte del aparato público federal y paraesratal, sobretodoel dedicado a programas sociales, se ha desmantelado.
18. Sector privado protegido. Exige al gobierno garantías,contratos, obras y privilegios. Fomenta corrupción parano cumplir con disposiciones legales.
19. Líderes sociales cooptados por el partido oficial a travésde sus distintos sectores (obrero, campesino y popular).
20. Corporativismo. Centrales y sindicatos controlados.21. Brotes de protesta reprimidos o compra de líderes.22. Sociedad civil no organizada. Movimientos populares
manipulados para apoyar medidas o para golpeardisidencia.
23. Las limitaciones y falta de recursos de los gobiernosestatales y municipales para resolver demandas sociales,originan protestas y marchas en el DF. El Cenrro sigueinterviniendu para resolver problemas locales.
Participación social en un esquema de gobierno plural
Aspectos Sociales
14. Surgimiento de grupos sociales organizados, unidos porcausas comunes, y muy combativos, como resultado de lapolítica neoliberal.
15. La sociedad organiza, lucha por ser escuchada y presionaa los partidos, al Congreso y al Ejecutivo para que susdemandas sean atendidas.
16. Las organizaciones sindicales y los partidos políticos sonrebasados. Las organizaciones sociales prefieren trabajarde manera independiente y no tener una liga directa o seridentificadas con ellos.
17. El gobierno se ve obligado a incorporar a la comunidaden la toma de decisiones y en compartir la prestación decienos servicios.
18. La administración pública tiene que adecuarse a fin depoder hacer frente al doble reto: Congreso plural y grupossociales organizados.
19. Se requiere "reinventar el gobierno", que significacompartir el poder, descentralizar facultades y recursosa los gobiernos locales, sobretodo a nivel municipal yatender a la comunidad, no con un afán parernalista. sinocon un espíritu de corresponsalidad.
Estado, régimen y sistema político(Nuevas pautas para la administración pública mexicana)
Aburto Muñoz, Hilda
Artículo que propone un marco de análisis objetivo acerca de la posición en quese encuentra México en tres aspectos: 1) el proceso de reforma, 2) la formulaciónde pluralidades para la función administrativa del Estado y 3) las tareas del gobierno. Para ello, inicia su análisis en 1985 cuando suceden los primeros espaciosy acciones de modernización del aparato público, los cambios al régimen político,la destrucción de instituciones y la agonía del sistema político reinante desde1929. Los cambios ocurridos en esas esferas, así como el reconocimiento objetivode los límites de la reforma del Estado, son la fase fundamental de su marco deanálisis, donde resalta la necesidad de precisar la dirección de los objetivos de lareforma y su funcionalidad. Finaliza identificando la dimensión y profundidad dela crisis del sistema político actual.
State, govemment and polítical system(New standard for mexican public administration)
Aburto Muñoz, Hilda
This paper proposes an objective analysis framework concerning Mexicos statusin three different aspects: 1) the reform process, 2) the formulation of pluralitiesfor the State's administrative function and 3) the government's tasks. She beginsher study in 1985 when the first actions towards the modernization of the publicsystem occur, changes to the political regime are felt, institutions destroyed andthe political system's agony prevailing since 1929 is definitive. Changes occurredon these spheres, as well as the objective acknowledgment of the State's reform limits are the basis of her analysis, emphasizing the need to determíne the directionof the reform' s objectives and their functionality. She finalizes by identifying thedimension and profundity of the political systems present-day crisis.
Estado, régimen y sistema político(Nuevas pautas para la administración
pública mexicana)
Hilda Aburto Muñoz*
El Informe del Banco Mundial de1997 lleva un sugestivo título: "El
Estado en un Mundo en Transformación". No solo el encabezado sino sucontenido expresa que a la vuelta demás de diez años de reformas económicas, particularmente en los países envías de desarrollo, se vuelve la miradaal tema del Estado. La contundenciadel diagnóstico abre de nuevo la discusión sobre un asunto crucial que haceapenas seis u ocho años, las corrientesmercado-céntricas pensaron que quedaría definitivamente sepultado. El documento afirma: "Han fracasado losintentos de desarrollo basados en elprotagonismo del Estado, pero tambiénfracasarán los que se quieran realizar asus espaldas. Sin un Estado eficaz eldesarrollo es imposible"1
El tono del Banco Interamericano deDesarrollo es similar y abunda en elpronóstico de que los países de la re-
*S~-cretaria Técnica. Fondo Mixto México-España
gión latinoamericana sólo podrán crecer cuando mucho a una tasa del 4% sise mantienen las políticas económicasdel presente; a un 5.5% si se profundizan las reformas sobre la misma tendencia, pero ello sería insuficiente paracontrarestar de manera efectiva losprincipales obstáculos al desarrollo. Enconclusión, sólo realizando dos acciones de gran profundidad podrán revertirse estas proyecciones: a) inversión encapital humano y b) reforma radical delsistema institucional del Estado.'
Comienzan también a salir a la superficie un buen número de balances ydiagnósticos acerca de los efectos alcanzados en países como el nuestro; sehabla de una "fatiga" de reforma y secuestionan sus efectos en la parte másimportante, el mejoramiento en la calidad de vida de la población.
Un vocero autorizado de una de lasconsultorías reconocidas a nivel internacional como Kissinger Associates ex-
20 HILDA ABURTO MUÑOZ
presa los problemas que ha dejado lareforma en la región:
• "La reforma económica fue "vendida" exageradamente como un elíxirque curaría todos los males.
• El proceso de reforma fue diseñado(aunque al azar) de manera que proporcionaron los beneficios más grandes y más visibles a la clase alta.
• Los beneficios de las reformas de losaños ochenta se vieron interrumpidospor el "efecto tequila" de 1994.
• La rápida liberalización comercial secombinó con poderosas fuerzas deglobalización de manera que han recreado el dilema europeo: crecimiento sin creación de empleos.
• Los políticos que idearon las reformas económicas o han sido desacreditados o permanecieron en el poderdemasiado tiempo.
• Las reformas económicas y políticasaún tienen que ser extendidas a lossistemas judiciales, que siguen siendo los bastiones de corrupción y protectores del viejo orden, socavandola legitimidad del proceso mismo dereforma." 3
Los impactos de estas expresiones provenientes de organismos financieroscuya fuerza es indiscutible, aunado a la
reflexión obligada sobre el papel quetendrá que desarrollar la administraciónpública mexicana a la luz de un nuevomarco de relaciones políticas fundadasen la pluralidad, traerá (ojalá no muytarde) una discusión seria y objetivaacerca del punto real en que nos encontramos en México en el proceso de reforma, y, la formulación de prioridadespara la función administrativa del Estado y para las tareas de gobierno.
La presente colaboración propone unmarco de análisis para iniciar este esfuerzo.
Se puede establecer el año de 1985como el inicio de los procesos de cambio que modificaron el rumbo de losasuntos públicos en México.
Posiblemente alguna voz muy acostumbrada a la periodización sexenal quetradicionalmente se ha hecho de la vidapolítica preferiría registrar el de 1982como el punto de arranque en la transformación de la vida pública. Es ciertoque el cambio lleva la marca del régimen presidencial, pero también habríaque recordar que los dos primeros añosde gobierno del Presidente Miguel dela Madrid el país se debatió entre laspresiones internas y externas de unacrisis financiera muy profunda; en elencuentro de fórmulas accesibles parareestructurar la deuda externa que a fines de 1982 se volvió inmanejable, y,que ese período inicial en la adminis-
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 21
tración pública se dedicó a diseñar todasuerte de respuestas a una crisis pertinaz, que había comenzado su gestacióndesde la década de los 70.
Sin embargo, los diversos espacios delaparato estatal comenzaron su transformación a partir de 1985: Las primerasacciones para introducir el concepto derentabilidad en las empresas públicas;los intentos de "modernización" del aparato público que en términos del BancoMundial se impulsaron como "Programas de Reestructuración" y que al finaldel sexenio se conocerían como el"cambio estructural"; el ingreso de México al GATT y la asunción del principiode finanzas públicas sanas para podercumplir con la exigencia del FMI de reducir el déficit del sector público respecto al PIB de un 17% aI5%.
En los ámbitos de la administración pública, 1985 marcó la aplicación del primer esquema de reducción del empleopúblico y la supresión de un númerosignificativo de direcciones, unidades ocoordinaciones encargadas de las funciones de organización y métodos, decontrol de gestión, de planeación y asesorías, entre otras. Aunado a los sucesivos recortes presupuestales, decretosy circulares normando una nueva austeridad, que durante los siguientes añosse convertirían en estilo administrativocotidiano, poco a poco se fueron perfilando nuevas facetas y habilidades dentro de la administración pública que
suplantaron a los hábitos producidospor un elevado gasto gubernamental, ala vez que una política de desincorporaciones cambiaría su perfil y su destino.
En lo político se gestaron también modificaciones importantes. Propiamentela etapa presente de competencia electoral se abre con las elecciones en elestado de Chihuahua, en donde el Partido Acción Nacional, entonces comofuerza opositora, cuestionaba los resultados electorales; se gestaba también unnuevo Código Federal Electoral quetendría corta vida al convertirse en elCOFIPE unos años después, y como unhecho al que entonces no se le daríauna gran significación, el partido en elpoder tuvo su primera escisión de laépoca contemporánea. El corporativismo, institución casi sacralizada que caracterizaba las relaciones políticas de yhacia los sindicatos, comenzó a experimentar por un lado, las perversiones desu propio agotamiento mientras que porel otro, los embates de la "modernización" en empresas públicas y privadas iniciarían su desactivación comoagente primordial del sistema políticode la posrevolución.
Para la gran mayoría de ciudadanos yen tanto que los cambios no habían sidoni anunciados y mucho menos consensuados, la percepción era que se tratabade acciones tendentes a ordenar asuntospúblicos que se habían salido de suscauces.
22 HILDA ABURTO MUNOZ
Pocos especialistas inclusive, pudieronen esos años que sucedieron a 1985,calibrar que. en lugar de medidas dereordenamieuto, se trataba de accionespor la parte gubernamental y por la sociedad política. que en conjunto y corto tiempo. traerían una profundatransformación como la que hoy experimentamos.
En efecto, se trataba de una modificación estructural del Estado que en elfluir de su avasalladora corriente traería también cambios al régimen políticoen la parte electoral, destrucción deinstituciones relevantes y la agonía delsistema político que desde 1929 habíaotorgado la estabilidad y legitimidad alejercicio del poder.
He querido referirme a estos conceptosporque como en todo proceso de cambio ha sido una práctica común la confusión de términos y su utilizaciónindistinta para referirse a la crisis y latransición democrática. La confusiónaumenta en la medida en que se incrementa el "boom" informativo y proliferan los actores políticos anunciando ydemandando "una reforma del gobierno". "reforma del Estado" , "reformade la administración pública" cambiosen el sistema político, actualización delrégimen político, "refundación del Estado", "rediseño del sistema político" .
Si nuestro objetivo es clarificar lasnecesidad es y requerimientos de la
administrac ión públi ca a partir de losrecientes cambios políticos. no esocioso tratar de aportar un marco referencial que enuncie los cambiosocur ridos en estas esferas. Solo asípodremos visualizar con objet ividaduna administración pública que marche acorde con la nueva realidad quehoy vivimos los mexicanos.
Por otra parte, el camino para la consolidación de la vida institucional mexicana tendrá que realizarse una vez quecon obje tividad se reconozcan los límites de la Reforma del Estado. hastadónde llega el deterioro institucional ,qué instituciones han dejado de ser funcionales para una realidad distinta. cuáles de ellas hay que reformar, cuálesconstruir por primera vez, en qué consistieron las modificaciones al régimeny de qué dimensión y profundidad es lacrisis del sistema político.
Por tratarse de la institución que albergaa todas las demás. tendríamos que comenzar por revisar los contenidos de laReforma del Estado. particularmenteporque es común escuchar que hay queproceder a su reforma (el mismo PlanNacional de Desarrollo 1995-2000 se refiere a ella). Quedan las interrogantes:
¿Hay que proceder a diseñarla? O bien.¿Ya se llevó a cabo y hay que profundizarla? Posiblemente las dos preguntasson producto de dos apreciaciones diferentes sobre el mismo tema.
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 23
Es un hecho que durante los últimosaños hubo un proceso de cambio muyprofundo en el Estado, que en el sexenio de 1988-94 se le denominó Reforma del Estado. Lo que habría queprecisar es que sus objetivos se dirigieron a la esfera económica, superficialmente a la administración pública y queen lo político sólo se modificó la parteelectoral del régimen, con grandes resistencias para abrir y diversificar loscanales de expresión y participaciónpolítica.
En lo económico dos aspectos la caracterizaron. En primer término se afectóla propiedad: pública, social y privada.Al moverse los límites de la propiedadhubo en consecuencia una modificación de los centros de poder, que setrasladaron de la esfera del Estado ydel Gobierno hacia otros espacios privados que rápidamente cubrieron losvacíos producidos por el retiro de laactividad gubernamental. Por ello sepuede afirmar que la Reforma del Estado modificó las relaciones de poder.En segundo lugar, la reforma se encaminó a modificar el papel del Estadocomo conductor del desarrollo y enconsecuencia a abandonar la funciónde tutelaje de los grupos populares quese había ejercido por los gobiernosposrevolucionarios .
La estrategia seguida, condujo a la eliminación de reglas, políticas e instrumentos que habían regulado el
intercambio político y económico entrelos agentes públicos y con el propiogobierno.
Es preciso anotar aquí que este procesosignificó la abolición en algunos casos,omisión o indiferencia en otros, de lasinstituciones que regulaban la vida social del país desde varias décadas atrás.Sin dejar de reconocer que algunas deestas instituciones requerían actualización O su sustitución, no se realizó eltrabajo de diseño y construcción de lossustitutos.
Al ser el Estado la institución políticapor excelencia, la estructura que dasustento al resto de las instituciones, enlos últimos doce años ha pasado por unproceso de desarticulación que inevitablemente ha conducido a su debilitamiento, consecuencia del deterioro deotras instituciones.
No está claro aún si este efecto final seprevió con todas sus implicaciones,pues en los tiempos de euforia por latransformación se presentó a la sociedad como una especie de reivindicaciónde la superioridad del mercado sobre elEstado, como el mecanismo óptimo deasignación de recursos en la sociedad.Se aseguraba que la transferencia de recursos, propiedades y servicios a losparticulares traería un ajuste más eficiente de las relaciones entre empresarios, trabajadores y consumidores.
24 HILDA ABURTO MUÑOZ
Lo anterior constituyó el primer impulso para que el país se inscribiese en lasnuevas coordenadas de la globalización, aunque la ausencia de un trabajomás fino hacia el mercado interno (político y económico) comenzó a desprender efectos en cascada que revelaban lanecesidad de trabajar en paralelo sobreel rediseño institucional.
El nuevo marco de apertura hacia elexterior exigía también realizar ajustesimportantes a la administración públicay todos conocemos los impactos queesta reestructuración tuvo en la reducción del tamaño del sector público.Los cambíos en la administración pública se concentraron en una operaciónquirúrgica, pues si bien se publicaronprogramas de desregulación y de simplificación, en los hechos no se tradujeron mayor eficiencia y eficacia de lafunción públíca. Hay que destacar sinembargo, que en el ámbito de descentralización hacia estados y municipioshubo avances y modificaciones legalessignificativas, si bien insuficientes paradotar a los poderes locales de la capacidad financiera necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
He querido referirme a esta etapa aunque sea de manera muy rápida porquelos impactos de esta Reforma del Estado los vive hoy la administración pública y la sociedad mexicana. Esfrecuente escuchar la necesidad de reconstruir el régimen político, el sistema
o el aparato administrativo sin repararen que si no se termina de adecuar elimpulso inicial de la reforma descrita,los esfuerzos en estas áreas podrían enfrentar obstáculos insalvables.
¿Por qué hay que plantear antes el problema del Estado al ponderar los nuevos retos de la administración pública?
En primer término porque ésta es laconcreción del andamiaje estatal y si noestá resuelto el problema del Estado (elEstado deseable y el Estado posible), secorre el riesgo de hacer en la esfera administrativa modificaciones cosméticasque sólo complicarán más los asuntospúblicos.
En segundo lugar porque la administración pública y la función del gobiernorepresentan las instancias más próximasal ciudadano y es a éste precisamente aquien se dejó al margen de las modificaciones antes descritas.
Si analizamos las características quetuvo la reforma en la mayoría de lospaíses miembros de la OCDE encontraremos el componente de las iniciativasy participación ciudadanas al lado delos objetivos de calidad, administraciónfinanciera sana, desregulación, privatizaciones e ingredientes para las mejoras en competitividad.
Desde la óptica con que se emprendióla reforma de los últimos años, se trata-
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 25
ba de lograr el retiro del Estado de laactividad económica y de anular su papel protagónico y omnipresente comoconductor del desarrollo, justamenteporque ese papel se había pervertido.Además, México debía iniciar ese tránsito para mantener su viabilidad comopaís en un nuevo entorno globalizado,Pero nunca se planteó ni mucho menosse debatió o se sometió a un consensola segunda parte del proceso: ¿A quiénhabía que traspasar esa enorme dotación de poder que perdería el Estado?
En términos muy genéricos, abstractos,el objetivo sólo se expresó en la fórmula "más sociedad y menos Estado",aunque la ciudadanía que es la que conforma a la sociedad nunca emitió acusede recibo de facultad alguna.
En el sentido más estricto de las semillas de la representación política, en lateoría y en la historia de las derñocracias contemporáneas nadie discute oduda sobre los orígenes del poder estatal y de la autoridad gubernamental.Ambos son el producto y depositariosde un poder que emana del pueblo. Deahí que una disminución del poder delEstado no puede pasar a terceros poractos de voluntad individual sino queha de ser devuelto a quienes lo otorgaron: los ciudadanos."
Los procesos de Reforma del Estadollevados a cabo en México y en variospaíses latinoamericanos brincaron esa
fase fundamental que en otros países síse cumplió. En nuestro caso, vivimosuna desestatización que traspasó el poder del Estado a los grupos económicosmás poderosos y muy reducidos en número, por lo que pasamos de monopolios estatales al fortalecimiento demonopolios privados.
Como señala Ozlak en un analítico ensayo' las experiencias de Reforma delEstado en nuestros países sólo plantearon la fórmula de "menos Estado" perono la más importante, la de un "mejorEstado", aún y cuando la idea de queun aparato estatal más reducido puedaconsiderarse como primera condiciónpara alcanzar un "mejor Estado".
De esta forma, se puede decir que enMéxico cumplimos con la primerafase de la reforma estatal, que ciertamente como refiere el autor, fue lamás fácil y además, espectacular. Sinembargo, no se ha diseñado la segunda, que algunos llaman "post-operatoria" si pensamos que la primera, deamputación, se ejecutó a través de políticas de desincorporación de entidades paraestatales en la que el Estadoredujo sus funciones, desprendiéndosede instrumentos económicos y políticos y de sus brazos administrativos;proceso que se hizo acompañar de laapertura externa, tratados de libre comercio y liberalización de un gran número de espacios en la vidaeconómica.
26 HILDA ABURTO MUÑOZ
El caso de México se separa de otrasexperiencias por las peculiaridades desu sistema político que por casi sietedécadas le otorgó estabilidad y consecuentemente gobernabilidad al interiorde los ámbitos estatales.
Para la época en que se inició la Reforma del Estado (1985), el sistemapolítico había ya brindado al país sumisión histórica fundamental: Permitió en un país pacificado después deuna revolución, construir un procesode desarrollo y lo nutrió de instituciones (como reglas del juego) que ordenaron los cauces de la acción política.Tal vez su mayor aportación desde elpunto de vista institucional consistióen dotar de certidumbre a todos losactores políticos en la medida en quelos cauces y normas para la participación (si bien muchas de ellas no estaban escritas) ordenada de los grupospolíticos y sociales eran suficientemente claras y respetadas 6
Durante esas décadas, la administración pública transcurrió en un clima deestabilidad que prohijó reformas y adecuaciones muy importantes que se corresponden con el auge de las cienciasadministrativas e inclusive la consolidación de este Instituto Nacional de Administración Pública.
En correspondencia con el presidencialismo anidado en el sistema político, laadministración pública se caracterizó
por tener un conjunto de controles exclusivamente verticales provenientes dela Presidencia de la República.
Si bien es cierto que el régimen político que adoptamos desde el siglo pasado estableció la División de Poderesy otorgó facultades al Poder Legislativa, después del período del Presidente Obregón, que encontró diquesimportantes a su ejercicio entre lafunción legislativa, lo cierto es quelos presidentes y sus administracionespúblicas subsecuentes anularon en lapráctica la función de rendición decuentas horizontal a la que hoy estásujeta la gestión gubernamental con lanueva pluralidad de la Cámara de Diputados.
En efecto, en México contamos con unrégimen político desde hace más decien años que consagra la división depoderes, el Federalismo y de maneramuy precaria las relaciones entre lospoderes, pero por efectos de las guerras y la dictadura de Díaz por unlado, y del sistema político ya este siglo por el otro, ha tenido una raquíticaaplicación.
Reconsiderando los impactos de la Reforma del Estado emprendida hace 12años, es preciso anotar que ya entoncesel sistema político requería cambiosimportantes. Al no realizarse éstos,sino por el contrario, efectuar una reforma de estricto corte economicista y
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financiera e intentar mantener comoantaño, muy controlados los caucespara la acción política, los efectos ocurrieron en la forma en que los hemospresenciado en los últimos años: acciones erráticas, explosiones violentas, soluciones de corto plazo, concertacionesde última hora; inclusive los mexicanosno hemos podido evaluar lo suficientelas reformas electorales porque siempreestamos ante el advenimiento de unanueva.
Hoy, con la distancia que da el tiempoy recuperando las experiencias históricas es claro para la mayoría de los expertos que no se podía liberalizar laeconomía sin liberalizar la política y laparticipación ciudadana en un régimendemocrático. Si de dictaduras militaresse tratara, la experiencia chilena es unode los capítulos más amargos de losprocesos de liberalización económicacontemporáneos sin la correlativa liberalización política.
En el contrapunto de la dirección deseada para el cambio, la Reforma delEstado en México jugó el papel de catalizador para desatar una crisis terminal y muy rápida del sistema político.Los problemas financieros, la caída enel poder adquisitivo del salario y el desempleo hicieron también su contribución.
Es importante volver a la diferenciación de categorías planteada al inicio,
porque en el transcurso de los últimosaños hemos vivido la desarticulacióndel Estado y la pulverización del sistema político mientras que las políticas(en lo político) se han enfocado a realizar adiciones al régimen político en loelectoral y en los últimos años en elPoder Judicial. Otra respuesta, aunquecon limitaciones, ha sido la integraciónde la Comisión Nacional de DerechosHumanos y las respectivas Comisionesconformadas en las entidades federativas. Esta última ha sido la única facetaque incide directamente en la vida delciudadano y está sujeta todavía a nuevos enfoques y afinaciones.
El balance sin embargo coloca a México frente a las siguientes tareas, algunas derivadas de los cambiosocurridos, otras para enfrentar el futuro:
1) Realizar la segunda fase de la Reforma del Estado. Ello implica el diseñode nuevas instituciones y el fortalecimiento de otras, para restaurar en elEstado lo que le es propio.
Una de las fuentes de legitimidad delEstado reformado radica en la forma enque se lleve a cabo la prestación de bienes y servicios a la sociedad. Esta escada vez más demandante y la paradojaestriba en la escasez de recursos y en elhecho de que si no dispone del poder yde la capacidad institucional para pres-
28 HILDA ABURTO MUNOZ
tar los servicios, éstos no se pueden generar.
Es el caso de la seguridad pública, función de la que aún el "Estado mínimo"no se puede desprender porque es laúnica institución que puede realizar laarticulación social para ordenar la vidade los particulares .
Esta fase a diseñar tendrá que abocarseal incremento de la eficacia de la estructura estatal , la que no puede aislarse de los efectos en el nivel societal. Sila primera fase dejó en el camino elproblema del bienestar social, la segunda lo tendrá que asumir como objetivoprincipal.
2) La siguiente gran tarea está en el nivel del régimen politico, cuya reforma 'debe ser consecuente al plantear la delEstado. El régimen politico en estosaños se fue adecuando en la parte electoral fundamentalmente por la presiónde los partidos políticos. La imprevisión de que en una trayectoria lógica,los partidos, después de la competenciaelectoral llegarían a los espacios legislativos, nos coloca en la situación presente de ausencia de normasactualizadas que al interior del PoderLegislativo le den fluidez a la política ya los proyectos camarales.
La actualización del régimen deberáatender de manera especial al PoderLegislativo, pero también a los víncu-
los y relaciones de éste con la sociedad. De no baja r hacia el ciudadano correríamos el riesgo de consolidar lapartidocracia y olvidarnos de la democracia representativa.
Si se pretende avanzar en la llamadatransición democrática, que por otraparte es ya un requisito que suavementeimponen los organismos internacionalesy las coordenadas de la globalización,será necesario abrir un nuevo capítuloen el ámbito del régimen politico referente a las relaciones entre los Poderesde la Unión. Incorporar en la llamadaagenda de la reforma un sistema institucional de pesos y contrapesos entrelos poderes y en los tres órdenes de gobierno del Federalísmo.
El haber asumido la división de poderes en nuestro régimen sólo nos marcalos ámbitos de competencia pero no determina ningún esquema de rendiciónde cuentas horizontal.
Así por ejemplo, la figura del veto presidencial no está formulada pero existen un número indeterminado de"formas equivalentes al veto"; las cornparacencias de los Secretarios ante elPoder Legislativo parecería que se asemejan a una rendición de cuentas peroen realidad no lo son, porque su dependencia jerárquica es del titular delPoder Ejecut ivo y no son nombradospor el Poder Legislativo como ocurriríaen un régimen parlamentario. En con-
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secuencia, de su celebración no se desprende ninguna acción, ni de carácterjurídico ni administrativo y en los últimos años se han convertido en arenaspara el esgrima político con un altocosto en tiempo y recursos.
La aprobación del Presupuesto deEgresos de la Federación por la Cámara de Diputados representa otro nudosin respuestas institucionales, que además de consumir una elevada dosis deenergía de la nación, como muchosotros asuntos de la agenda parlamentaria que vivimos en este año, se dejan alas capacidades de negociación individual que muestren los actores políticosen el último momento.
Ejemplos como los mencionados dancuenta de ausencias importantes en lavida institucional a la vez que reflejanla desarticulación estatal y la insuficiencia del régimen.
De no hacerse un inventario y la agenda respectiva para adecuar la estructura, funciones e interrelaciones de losórganos de gobierno, se dejará la vía libre para que los espacios estatales seconviertan en rehenes de una lucha política inmediatista por alcanzar su control.
La diferenciación entre los países queviven un sistema institucional modernoy los que no lo han alcanzado en lostérminos que lo refieren los organismos
internacionales citados al inicio, radicaen transferir los espacios de la contienda política personalizada (dependientede capacidades plásticas), con respuestas siempre cambiantes para cada casoy circunstancia, a la convivencia ordenada que ofrece soluciones institucionales. Se trata, ni más ni menos, delingrediente que propicia la sensaciónde certidumbre en la vida social.
3) El tercer nivel de reconstitución tendrá que hacerse en el nivel del sistemapolítico partiendo del diseño de lasnuevas reglas que ordenen la vida política y la participación ciudadana. Elsistema anterior se diseñó "desde el poder para legitimar el ejercicio del poderque habían obtenido los grupos revolucionarios". El nuevo sistema tendráque construirse sobre un régimen político ampliado que considere las formasfluidas que se dan en las democraciascontemporáneas (plebiscitos, referéndum, derechos administrativos y delciudadano) así como la inclusión de losnuevos actores en la vida pública, conun marco de derechos y responsabilidades.
Los esfuerzos para iniciar la segundafase de la Reforma del Estado, debieran centrarse en su reconstitución, queno puede ser sino a través de fortaleceral Estado. No en el sentido de unavuelta al estatismo, que en la actualidadya nadie plantea ni tendría viabilidad,sino en una refundación de las nuevas
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instituciones que le permitan ejercersus funciones sustantivas: la cohesiónde intereses diversos hacia objetivoscomunes, la defensa del interés nacional y la protección y defensa de la seguridad de los individuos. Estas tresfunciones estatales, que son incuestionables desde cualquier perspectivaideológica; hoy se llevan al cabo demanera insuficiente y toda explicaciónseria de la situación contemporáneatendría que remitirse a ello.
Plantear las adecuaciones que hoy requiere la administración pública paraenfrentar los desafíos y presiones a queestá sujeta será insuficiente si no se levincula con la función estatal sustantivade la que forma parte.
Las funciones de la administraciónpública, paradójicamente, han aumentado al parejo de la disminución en sutamaño y de una reducción en sus recursos, pero las nuevas condiciones leexigen, además de la eficiencia y eficacia que tradicionalmente buscamos,un papel muy firme y objetivo en laconciliación entre las demandas de estabilidad, crecimiento económico yequidad social.
En lo que respecta al sistema político yal régimen, el primero como un conjunto de prácticas y normas no escritasy el segundo como el conjunto de normas e instituciones formales, y que enlos dos casos ofrecen los cauces orde-
nadas para la participación social, espreciso reconocer también la necesidadde un trabajo revisor de las modificaciones habidas. Ambos inciden de manera muy directa en la funciónadministrativa gubernamental y por ellose requiere un esfuerzo analítico colectivo que sin duda rebasa esta colaboración.
La administración pública mexicanaque tradicionalmente ha sido una cajade resonancia del sistema político havivido a lo largo de estos doce años severas convulsiones que cada vez le aumentan la dificultad de alcanzar susobjetivos primarios: Eficacia en elcumplimiento de sus metas, atender lademanda social y la prestación de servicios públicos. Comenzó a estar sujetaa la tensión de dos requerimientos inadecuadamente planteados porque hastala fecha no ofrecen solución al problema de fondo y con frecuencia son excluyentes.
Por un lado, el intento de diseñar yaplicar políticas acordes con la reformaeconómica y fiscal (la solución técnicaque invariablemente se expresaría enmayores ingresos y menores egresos,imperando el criterio de rentabilidad yretiro del proteccionismo estatal) y porel otro, respuestas improvisadas, deemergencia a las presiones políticas degrupos que día con día se multiplican einclusive radicalizan la exigencia de
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atención, serVICIOS, tratos preferenciales, y/o apoyos financieros.
Así, el temor a la politización de lasdemandas sociales; la negociación forzada con nuevas organizaciones y grupos autónomos o partidistas; medios decomunicación que por sus intereses políticos o por haberse beneficiado de lanueva apertura se han sacudido tutelasy compromisos del pasado, así comolas grandes sumas de recursos no presupuestados que el aparato público alfinal tiene que destinar para el apaciguamiento de conflictos, todo ello, enconjunto, constituye la atmósfera en laque se lleva a cabo el servicio público,lo que se acentúa en aquellas dependencias que atienden de manera directaa la población.
El resultado el día de hoyes que tenemos una administración pública máscompleja que en el pasado; más politizada, porque no se han podido aislarlas soluciones técnicas de sus efectospolíticos. Adicionalmente soporta losincrementos de costos cada vez que hayque "matizar", recomponer o adecuarlas líneas iniciales de un buen númerode decisiones.
A lo largo de los últimos años, con mayores o menores impactos, este ha sidoel contexto de las tareas administrativas. Sin embargo, el tratamiento delconflicto político (excepto en la parteelectoral) no había alcanzado a la fun-
ción pública en lo jurídico-formal yaocurre en el presente.
La nueva correlación de fuerzas político-partidistas como resultado de los comicios del 6 de julio del 97 afectará demanera distinta al trabajo en la administración pública. En primer lugarporque la gestión de la ciudad sede delos poderes está a cargo de un partidode oposición. Ello abre un conjunto denuevos espacios y relaciones administrativas con los tres poderes federales ycon los órdenes estatales y municipalesde las áreas conurbadas y vecinas.
En segundo lugar, en lo que respectaal Poder Legislativo, el inicio de la57 legislatura destacó las insuficiencias del régimen político en lo relativo a las relaciones entre éste y elPoder Ejecutivo.
La modificación más perceptible parala administración pública es que a partir de este año, el Poder Legislativo(primero a través de la Cámara de Diputados y en próximas legislaturas posiblemente en el Senado) podría ejercermodificaciones importantes al diseñode las políticas públicas y en particular,un control horizontal de las finanzaspúblicas en las distintas fases del proceso presupuestal, a saber la aprobacióndel Presupuesto de Egresos de la Federación y la revisión de la Cuenta Pública por la Contaduría Mayor deHacienda.
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Mal haría el aparato administrativo siúnicamente se prepara para estos dosmomentos del proceso presupuesta!.Por las características que ha tenido latransformación del país es previsibleque los cambios enunciados anteriormente en el nivel de relaciones estatales. de régimen y de sistema político sevayan desencadenando paulatinamentehasta desembocar inclusive en una estructura de gobierno diferente en lostérminos en que ya visualizan algunosexpertos contemporáneos.
La tarea urgente e inmediata en esteámbito es la integración de equipos especializados abocados exclusivamenteal diseño de una gestión gubernamentalágil y adaptativa que tenga la virtud deir asimilando los cambios que vendráncon el fin de aportar políticas. soluciones y respuestas acordes a las tendencias contemporáneas de los gobiernos.
Como una tendencia generalizada estaría por un lado. la participación ciudadana y por el otro. la de una visiónrenovada de rendición de cuentas entreórganos de gobierno. que rebasa elpostulado simple de la división de poderes.
Además de que en adelante será partede las presiones de organismos internacionales para un rediseño institucionales tiempo de que los mexicanos encontremos nuestras propias respuestas a interrogantes como las siguientes:
¿De qué se ocupa el Estado?
¿Quién decide de qué debe ocuparse elEstado?
¿Cuál es el estado del Estado?¿Cuáles son los mecanismos idóneos derendición de cuentas del Poder Ejecutivo?
¿En dónde deben ubicarse los órganosde control del Ejecutivo?
¿lIay límites al Poder Legislativo?
¿Cómo controlan los ciudadanos al Poder Legislativo?
¿En qué se funda la autonomía de lasautoridades monetarias?
¿Qué instancias deben ser autónomas?
¿Autónomas respecto de quién?
¿Del Ejecutivo, del Legislativo. de losciudadanos?
¿Puede y debe la sociedad ser consultada para asuntos cruciales mediante unmecanismo distinto de los procesoselectorales?
Las respuestas a todas estas interrogantes dan cuenta de la dimensión de la tarea del presente y de los años porvenir. Sólo resta expresar una certeza .el desvanecimiento de la ilusión de que
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el advenimiento del "Estado mínimo"significaba una postura más cómodapara la gestión gubernamental en la queya habría muy poco por hacer.
Notas
1 Banco Mundial. El Estado en un Mundo en Transformación. Informe sobre el Desarrollo Mundial.t997. Washington D.C.. 1997 p.26.
2 Banco Interamericano de Desarrollo. América Latína tras una Década de Reformas Estructurales. Inforlile de Progreso Económico y Social, !I, WashingtonD.C., 1997.
3 Atan Stoga. El Futuro de la Reforma. Diario Reforma. 20 de octubre de 1997, p. 22.
4 Adam Przeworski hace un cuidadoso análisis deltema en "Democracia y Representación" (versión escrita) Conferencia Magistral presentada en el Il Congreso Interamericano del CLAD sobre la Reforma delEstado y la Administración Pública. Isla de Margarita,Venezuela. 17 de octubre de 1997, pp. 2-10.
5 Osear Ozlak. "Estado y Sociedad: Nuevas reglas delJuego?" Reforma y Democracia. Revista del CentroLatinoamericano de Administración para el Desarrollo(CLAD). Caracas, octubre de 1997. No. 9.
6 Enfoques como el de Dcuglas Nurth aportaron unamplio desarrollo sobre la importancia de las instituciones. Vid. Instituciones, Cambio Institucional y DesempeñoEconómico. Edit. ¡;CE. México, 1993.
La carrera administrativa en México. Entre la policy y la política
Guerrero Orozco. Ornar
Explora el pasado y presente del servicio público mexicano. así como diversas experiencias en la materia en algunos países desarrollados. En la etapa que corre de1756 a 1821 existió la carrera administrativa en México, misma que se caracterizaba por la estabilidad y el mérito, lo anterior respaldado por la figura jurídica de"propiedad de empleo". Su extinción inicia en 1824 y culmina en 1855 con la Leyde Presupuestos, que suprime los cargos de propiedad, con lo que inicia la involución de dicha carrera en contraste con el resto del mundo. Señala los aspectos másrelevantes de las carreras administrativas de Estados Unidos, Inglaterra, Francia,España y Alemania. Al final aborda la agenda política de la carrera administrativaen México, a partir del Programa de Modernización de la Administración Pública1995-2000, donde destaca la calidad del diagnóstico, así como las limitaciones dela Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
The administrative career in Mexico; between policy and politics
Guerrero Orozco, Ornar
This paper explores the past and present of mexican public administration, as wellas various related experiences in sorne industrialized countries. In the period 1756to 1821 the administrative career existed in Mexico, characterized by stability andmerit, and supported by the legal figure of "employment property". Its extinctionbegins in 1824 and culminates in 1855 with the promulgation of the Budget Lawthat suppresses the property charges, the career begins then it's involution as opposed to the tendency in the rest of the world. It discusses the most relevant aspects of the administrative career in the United States, the United Kingdom,France, Spain and Germany. Finally, it discusses the political agenda of the administrative career in Mexico, based on the Program for the Modernization of thePublic Administration 1995-2000, and emphasizes the diagnosis quality and the limitations of the Federal Law for Public Servants Responsibilities.
La carrera administrativa en México,entre la policy y la política
Ornar Guerrero Orozcor
México ha cambiado significativamente a partir del 6 de julio de
1997. Los motivos son sobradamenteconocidos, para que aquí abundemossobre el asunto. Baste pues con que señalemos que hoy en día, ha dejado deexistir un sistema partidista cuasi-únicoy que emerge vigorosamente un régimen pluripartidista, cuya significativapresencia se hace sentir en el Congresode la Unión.
El objeto de este artículo consiste enexplorar el futuro deseable del servicio público mexicano, ante las nuevascondiciones políticas. En particular,se aborda a la carrera administrativay la deseabilidad de implantación ennuestro país, luego de casi 150 añosde que fue extinta; y se consideran demanera central los problemas de surelación con la Policy del Estado y lapolítica partidista.
* Investigador de la Universidad Nacional Autónomade México y miembro del Consejo Directivo delINAP
Extinción de la carreraadministrativa en Méxicoen el siglo XIX
México es desde muchos aspectos unaexcepción en el desarrollo de la administración pública mundialmente considerada, y así ocurre igualmente con elservicio público, pues en contraste aotros países, no ha ocurrido una evolución progresiva de la carrera administrativa, sino su dramática involución.
Contra lo que generalmente se piensa,en el sentido de que en México no haexistido la carrera administrativa, efectivamente sí la hubo y ella expiró gracias a decisiones deliberadas de gobiernos sucesivos, los cuales, aún consignos ideológicos diversos, se unificaron en tomo a extinguir un servicio público profesionalizado. Las consecuencias, graves por cierto, aún se dejansentir. Empero, los nuevos tiempospueden ayudar a enmendar semejanteerror histórico.
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El desarrollo de la carrera administrativa en México, cuya primera etapaabarcó de 1756 a 1821, obedeció tantoal crecimiento cuantitativo del serviciopúblico, como a su gradual profesionalización. En el último año mencionado,dentro de la masa total de un serviciopúblico que incluía operarios, custodios, mozos de oficio, ordenanzas yporteros, además de aquellos otros destinados al desempeño de oficina -oficiales y escribientes-, que sumabanalrededor de 500 personas, todos estaban desempeñándose dentro 'una carrera administrativa. Había cuajado, pues,un proceso fundado en la estabilidad yel mérito, se trataba de un cursushonorem profesional dentro de los tiempos ylas ideas de entonces.
El nivel más alto de crecimiento delservicio público ocurrió de 1765 a1805, año en que se estabilizó y frenóel aumento de personal por motivo dela decadencia española que se generalizaba, así como porque la burocraciaborbónica alcanzó madurez y quietud altenor de su grado de desarrollo. En lavíspera de la Guerra de Independencia,la Nueva España había concluido laetapa de madurez del ciclo de formación del servicio público, que había cubierto más de medio siglo. Además, lapolítica de reforma implantada por losbarbones significó la institucionalización del servicio público y la vigenciadel sentido del deber hacia el Estado,de modo que la burocracia tendió a
adherirse a esta política y hacer delcargo una responsabilidad pública yuna carrera profesional.
Hasta 1821, la mayoría de los servidores públicos se habían formado bajo elconcepto institucional de servicio y estaban desligados de los intereses de laoligarquía novohispana, principalmentelos comerciantes y el clero, y su inclinación era la conservación de su empleo. Esto explica porqué en ese añohabía muchos funcionarios con más de30 años de servicio, otros con 25 años,y muchos con 20, 15 Y 10 años de carrera administrativa.
Aquí damos lugar a una disquisición:en un artículo publicado en 1954, eladministrativista británico WilliamRobson escribió lo siguiente:
"el servicio civil es una de las posesiones más valiosas de la nación británica.Nosotros podemos mostrar nuestraapreciación sobre sus méritos, por elesfuerzo continuo de su mejoramiento",1
Esa expresión, sin embargo, podría sersuscrita por cualquier profesante o profesor de un país europeo, lo mismo quede los pueblos angloamericanos e inclusive de Iberoamérica; pero no en Méxica. En la historia administrativa de lamayor parte de los pueblos altamentedesarrollados, es apreciable cómo, através del derecho, se fue abriendo
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paso progresivo el desarrollo de la carrera administrativa. En México, empero, podremos apreciar cómo pormedio del derecho se fue abriendo pasoa una involución regresiva de la carreraadministrativa, hasta culminar con suextinción.
Inició la Extinción de laCarrera Administrativa en 1824
En efecto, el mismo año en que se extingue todo vestigio del régimen monárquico: 1824, arranca el proceso dedestrucción de la carrera administrati-va.
El México republicano, impulsado porprincipios y valores políticos provenientes de ideas liberales, impuso criterios al servicio público hasta entoncesdesconocidos. Uno de ellos, que ha tenido un efecto muy negativo en la historia de la administración públicamexicana, fue la absoluta libertad denombramiento y remoción como facultad del titular del Poder Ejecutivo.
En ese año, recién establecida la República federal, el nuevo régimen redistribuyó las competencias gubernamentalesentre la Federación y las partes de lamisma: los estados. Bajo esta nuevaconfiguración gubernativa, las entidades federativas estarían en condición dedesignar a nuevos servidores públicos
que no gozaran de propiedad de empleo.? Sin embargo, en agosto 18 deese año, la Secretaría de RelacionesExteriores e Interiores centralizó el régimen del servicio público, decretandoque todo nuevo nombramiento se solicitara primero al Gobierno federal." Lacausa expuesta por su titular, LucasAlarnán, fue que se podría provocaruna lesiva acumulación de cargos públicos. A partir de entonces, se impidióque cada estado pusiera íntegra su propia planta de servicio público y seguirsus sendas de desarrollo diverso.
A mediados de 1829 se comenzó dellenó la estrategia de desmembramientode la carrera administrativa, en uno delos ámbitos donde estaba más arraigada: el sector hacendario, iniciándose elrecurso conocido como de cesantía. Elgobierno federal dispuso que los servidores públicos de los estados fueran declarados cesantes por la Federación, sifueron separados de sus cargos.' Encontraste, los servidores que permanecieron en los puestos de Jos gobiernosde las entidades federativas, fueron declarados cesantes de la Federación ypor lo tanto sujetos a despido en los estados, salvo aquellos que obtuvieran lalicencia respectiva de la Federación,pero siempre y cuando no ocuparan enlos estados puestos vitalicios; es decir,su nuevo nombramiento no daba garantía de estabilidad de empleo. Finalmente, en caso de cesantía en los estados,la Federación los volvería a emplear
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con preferencia a otras personas queformaran parte del servicio público; esdecir, cesantes efectivos, pensionistas onuevos aspirantes.
El problema de los cesantes, hacia abril18 de 1837 había alcanzado efectosmuy lamentables para los servidorespúblicos que sufrían esa condición, sibien para entonces también la desocupación se había hecho efectiva paraquienes habían gozado de estabilidadlaboral, por detentar cargos en propiedad. El gobierno dispuso que sólo seles pagara la cuarta parte del sueldo aquienes fueran cesantes sin ocupación,o quienes disfrutaran de licencia temporal para dedicarse a sus asuntos particulares, en tanto se les volvía acolocar.5 Por su parte, los servidorespúblicos que tuvieran un puesto en propiedad y hubieran quedado sin ocupación, y que acumularan 15 años deservicio y menos de 25, se les cubrió latercera parte; dos terceras partes a losque tuvieran de 30 a 40 años; y todo elsueldo si cumplían los 40 años de servicio.
El derecho de cargo se vio de tal modomermado de manera sensible, principalmente para quienes tenían menor antigüedad. Aunque persistió tal derechopor cuanto a salario, para quienes tenían más tiempo de servicios, ciertamente la condición de cesante ganabaterreno a medida que la antigüedad decrecía.
Pero no tardó mucho para liquidar elprincipio de la seguridad de cargo: lapropiedad, pues en mayo de 1838 seautorizó al Presidente de la Rep úblicapara remover libremente 'a todos losempleados de las Secretarías de Estadoque no merecieran su confianza. Aunque esta disposición sería derogadaposteriormente, estando vigente en1838 fue causa de gran preocupaciónno solamente entre los servidores públicos, sino también entre algunos Secretarios de Estado; tal como lo manifestóAntonio Romero, titular del Ministeriode lo Interior, quien aludiendo la necesidad de que le aprobaran la nuevaplanta del Ministerio, invocó a la experiencia en el servicio público como "lamejor reguladora de la utilidad de lascosas" ,6
Una de las pocas medidas que obrarona favor de la carrera administrativa, apesar de las condiciones que conjuraban en su contra, fue la supresión delcarácter estamental que disfrutaban laspersonas que, sin ocupar un cargo público, usufructuaban la dignidad funcionarial ex oficio. Se trataba 'depersonajes que fungían como servidores públicos honorarios y gozaban detratamiento oficial, honores y fueros.Gracias a dicha extinción, estas personas se convirtieron en sujetos de lostribunales comunes. Esta sana disposición, decretada en 1847, fue derogadapor Antonio López de Santa Anna en1853.'
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El proceso de extinción de la carreraadministrativa presagió, pero el modoen que se estaba implementando en1848 hizo menos vejatoria la condiciónde los servidores que sufrían la condición de cesantes y jubilados. i Sin embargo, en este mismo año, ManuelPayno, Secretario de Hacienda, propuso la supresión total de la propiedad delos empleos para eliminar de tajo elproblema de los cesantes.
Para entonces, el favoritismo, lasclientelas y la empleomanía, se habíanapoderado de las oficinas públicas, fuesuprimido el sistema de meritorioscomo procedimiento de ingreso al servicio y se fracturó la escala para losascensos. Igualmente, sucesivos gobiernos habían dispuesto de los fondosdel Montepío de Ministros y Oficinas,que era de antaño un patrimonio de losservidores públicos. Esta situación fueun atropello a los derechos legales adquiridos por los trabajadores del gobierno y sólo restaba la amputación delderecho de propiedad de empleos. Laeliminación de este derecho, tal comoocurrió, dejó en la calle a los muchosservidores públicos y dio paso a unejército de aspirantistas que llenaronmuy pronto las vacantes.
El diputado Francisco Carbajal estabaseriamente preocupado por la devastación de la carrera administrativa.Contra Payno, alegó que después de
haberse desempeñado durante variosaños en el servicio público en diversas oficinas, fue testigo presencial deque la propiedad ni la escala han perjudicado al servicio. Todo lo contrario, la propiedad se instituyó paragarantizar a la administración públicabuenos empleados, "como se notabaen tiempos del gobierno español, enque esa propiedad era más respetada".? Entonces se ascendía por unaescala rigurosa y el despido sólo eraposible por causa justificada. Ahorael servicio público había sido ocupadopor personas que creen que puedenser presidentes y ministros, y másmodestamente empleados, y "quepara servir en las oficinas no se necesita aprender nada". Con respecto a lapropiedad, explicó que ésta significasolamente la garantía de estabilidad,es decir, los empleos de propiedaderan aquellos conferidos como cargospermanentes con base en un contratosignado por dos voluntades, que obligaban al empleado a no abandonar elpuesto, y al Gobierno a no despedirlosin causa justificada. En su condiciónde representante popular, Carbajalelaboró un proyecto de ley en el quepropuso el respeto a la propiedad y laescala, y la nulidad de los nombramientos al margen de esta última,además que la provisión de nuevosempleos debían someterse a reglas deingreso. Desafortunadamente, el Congreso prestó oídos sordos a su propuesta.
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El Secretario de Relaciones Exteriorese Interiores en aquellos días, José María Lafragua, opinaba del mismo mododebido al notorio desorden vigente enlos negocios de la administración pública, principalmente producto de la ineptitud, abandono y carencia de probidadde muchos empleados; y la necesidadde establecer la amovilidad de los servidores públicos entrantes -no los quecontaban con propiedad de cargo- ysujetar a juicio político a quienes se hicieran acreedores a ello. 10 Proponía,asimismo, aplicar un examen de conocimientos y aptitudes a los empleadospara, entre los que estaban activos,purgar a las oficinas de tanto ignorante.Por su parte, a los servidores públicosfuturos se les exigirían los conocimientos necesarios, cuando menos tenerbuena caligrafía, saber de contabilidady dominar un idioma.
La Secretaría de Relaciones exigía entonces conocimientos especiales paralos servidores públicos de lo exterior.Lafragua se preguntaba: "¿por qué si aun abogado se le exige el conocimientode las leyes, no se ha de exigir a unempleado del Ministerio de Relacionesel de idiomas vivos, de la geografía ydel derecho de gentes?"11
El proceso de supresión de la carreraadministrativa prosperó a mediados de1852, cuando se facultó al Ejecutivopara extinguir las oficinas que juzgara
prescindibles y reducir las plantas enbeneficio de la economía de gastos.Todos los puestos provistos antes deesta fecha se conservaron en propiedad, salvo que las oficinas donde laboraran los empleados del caso fueransuprimidas, pasando entonces a la condición de cesantes." Dicho de otromodo, debido a que solamente se mantendrían en sus cargos los servidorespúblicos con derecho de propiedad cuyas oficinas permanecieran, fueron cesados aquellos otros que aún gozandode dicha propiedad, tuvieran el infortunio del despido junto con la aboliciónde su órgano de trabajo. La manga ancha con que se podía optar por suprimir esta u otra oficina, hizo letramuerta el derecho de propiedad y laestabilidad de cargo.
Complementariamente se dispuso quelos cargos provistos a partir de la fechaadquirieron el carácter de amovibles,toda vez que se exentó a sus ocupantesde cotizar al Montepío de Ministros, entanto que los funcionarios en activocontinuarían cubriendo la cantidad pagada en el puesto anterior, en caso depromoción. Con esta medida, los servidores públicos recién ingresados no adquirían derecho de pensión alguna.Resulta toda una paradoja que, comocontraparte al debilitamiento de la estabilidad del personal público, base de lacarrera administrativa, se estatuyeranrequisitos de ingreso basados en la aptitud y el mérito. l J
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En septiembre y octubre del año antesreferido, se decreIÓ la remoción de laspersonas que gozaran simultáneamentedel mismo sueldo, declarandóseles jubilados o cesantes según los años deservicio, con el objeto de ser posteriormente reingresados al servicio, de serel caso, o permanecer fuera de él conla pensión correspondiente. 14 Pocodespués se ordenó que la persona quegozara de dos o más sueldos, permanecería sólo con el que era mayor. Elproyecto de estas medidas era el deahorrar gastos al erario y, al mismotiempo, lograr mejor calificación deaquellos otros empleados de nuevo ingreso: los meritorios, recién restituidos.
Al mismo tiempo, como otra paradojaa la merma de la carrera administrativa, se mandó que en el ramo hacendario se buscaría "la verdadera yexclusiva profesión de los individuosque a ella se dedican"." En lo general, se exigió que los meritorios supieran escribir y leer con propiedad,y dominaran la gramática castellana,aritmética y geografía, conocimientosexigidos a los escribientes. Para losoficiales de contabilidad se dispusoque estuvieran preparados en partidadoble y el sistema de cuenta y razón,en tanto que a los oficiales de correspondencia que dominaran, además,elementos de derecho constitucional yadministrativo, y literatura. Finalmente, para el ejercicio de cargos fa-
cultativos se exigía la aprobación deun examen de ingreso.
Culminación del Deceso de laCarrera Administrativa en 1855
En diciembre 31 de 1855, dentro de laLey de Presupuestos, se dio el paso definitivo para suprimir los cargos depropiedad, convirtiéndolos propiamenteen comisiones revocables en todo momento. Con esta medida, los empleadosterminaron por perder la inamovilidadque les aseguraba estabilidad, ascensospor escala, sueldos y pensión para viudas y huérfanos. Por extensión, aunquedicha Ley no lo mencionaba, se canceló el Montepío de Ministros y Oficinas,debido a que sus fondos habían sidoutilizados por la hacienda pública.
Fue de tal modo que, con fecha diciembre 31 de 1855, fue expedido el certificado de defunción de la carreraadministrativa en México.
En opinión de un servidor público delarga trayectoria en las labores administrativas de nuestro país, el gobiernohabía roto un lazo contractual de antigua data. La configuración de un contrato entre el Estado y el servidorpúblico, para establecer la relación detrabajo, se remontaba a la Recopilaciónde Indias durante el Virreinato; y menos antiguamente a la Constitución de1824, además que disposiciones de
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abril 17 de 1837 y febrero 11 de 1854así lo habían ratificado." Según el autor de la fuente citada, J. Piquero, lasupresión de la propiedad fue llanamente la expresión unilateral de una delas voluntades, en las que se basa elpacto suscrito entre el servidor públicoy el Estado. Hay que recordar que esemismo argumento fue invocado por eldiputado Carbajal.
La propiedad de empleo había significado, sustancialmente, permanencia ypromoción por escala con base en honradez, aptitud y dedicación, es decir,por méritos, además de protección alservidor público en caso de un cambioa cargo menor, aún con sueldo máselevado, pues el honor del servicio esprimero que la condición pecuniaria."Asimismo, entrañaba que, de conformidad con los años de servicio, teníaderecho de pensión y que en caso desupresión de su oficina de adscripcióngozaba de derecho a pensión. En fin,que disfrutaba de licencias con goce desueldo por motivos de enfermedad y sele daria el trato respetable que el ejercicio de su función exige.
La Ley de diciembre 31 de 1855 suprimió al Montepío de Ministros y Oficinas, desamparando a muchos servidorespúblicos. Pero como la amenaza de suextinción fue patente a lo largo del sigloXIX, quizá esto inspiró a Luis Riquelmepara proponer desde 1837 un Proyectode Suscripciones Voluntarias para los
Empleados Civiles de la República Mexicana, para el beneficio de viudas yhuérfanos, pero que se extendía a padres, herederos y legatarios."
El proceso de extinción de la carreraadministrativa fue el siguiente: se comenzó en los albores del México independiente con el instrumento de lajubilación forzosa, luego se recurrió alexpediente de la cesantía y finalmentese decretó la movilidad. El resultadofue que en poco más de 30 años, se suprimió una institución que consumiómás de 70 años de construcción y quehabía demostrado su utilidad y valorsocial.
La carrera administrativa también habíaestablecido deberes formales de los servidores públicos hacia el Estado, principalmente relativos a su formación: apartir de la condición de meritorios, losservidores públicos se acomodabanadecuadamente a la conducta de los negocios del Gobierno, se ajustaban a lasnormas de trabajo, se obligaban a unainstrucción y capacitación continua, yguardaban discreción con respecto a laslabores de la administración pública.Existía, pues, un código que conductaque fue abolido junto con la carrera administrativa.
En el año de 1887 se estaban sufriendolos efectos de la destrucción de la carrera administrativa: las oficinas públi-
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cas habían sido ocupadas por inexpertos, merced al favor, y para suplir lasdeficiencias se habían convertido "enplanteles de instrucción", como lo hizonotar un contemporáneo que había servido en la administración pública durante 16 años. Muchos empleadoscarecían de conocimientos mínimos, tales como saber leer, escribir y contar,además de desconocer de gramática,lógica e ideología, lo mismo que dehistoria, geografía, economia política,conocimientos indispensables para elejercicio de los cargos públicos.!?Igualmente, tampoco sabían acerca dela Constitución federal ni de la organización administrativa dentro de la quese desempeñaban, ni detentaban un título profesional que avalara su condición de servidor público.
Habida cuenta que muchos servidorespúblicos eran incapaces para desempeñarse con eficiencia, y que las oficinaspúblicas no constituían planteles de enseñanza, Alberto Díaz Rugama escribió su Guía Práctica para losEmpleados Civiles en la RepúblicaMexicana, con el objeto de facilitar suformación como servidores públicos."Además de los conocimientos ya consignados, sugería que los empleadosdominaran lo que llamaba la Bibliotecadel Empleado, y que estaba integradapor la Constitución federal y las leyesprincipales, tanto fiscales como civilesy mercantiles, además de un mapa del
país, un libro de historia patria y unDiccionario de la lengua española. Enlo particular, los funcionarios del servicio exterior debían conocer el Reglamento del Cuerpo Consular y lalegislación del ramo.
Otros países, tal como lo vamos a observar, han seguido una tradición progresiva que ha colaborado a construirla carrera administrativa, para lo cualel ingrediente nutritivo que más vigorle ha ofrecido es la política.
En efecto, a mayor civilidad y másenergía de la acción de los partidos ylas fuerzas políticas, más grandes sonlas potencias que sustentan una administración pública eficiente, profesionaly democrática. Veamos por qué.
Profesionalizaciónadministrativa y democracia
Aún hay algunas personas que piensanque la profesionalización del serviciopúblico está reñida con la democracia,y que existe un espacio excluyente entre una vida política libre y abierta, yuna carrera administrativa eficaz y racionalizada. La experiencia del serviciopúblico moderno, sobre todo en paísesque disfrutan de una vida política plenay activa, prueba todo lo contrario.
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El Imperativo de laImplementabilidad de losAsuntos del Estado
Uno de los incentivos del nacnmentode la carrera administrativa, consistióen la diferenciación y desarrollo de loadministrativo dentro de los asuntosgubernamentales. Hay pues, un incentivo del Estado moderno que estimula lacontinuidad de los negocios públicos yel requerimiento de estabilidad para susservidores.
Tratándose de administración pública,todo en ella está preñado de estatalidad.De hecho, lo administrativo es un fenómeno tan antiguo como el Estado, perofue hasta el siglo XVIII que obtuvo ladiferenciación y singularidad que la definió dentro del mundo gubernamental.Este proceso dio comienzo cuando loque entonces era la administración pública, a saber, la policía, fue definidaen el seno de lo gubernativo.
En Alemania, Juan Enrique van Justidefinió dicho concepto, cuando explicóque la voz Policía (Policy) tenía dossentidos diferentes, uno estricto, otrolato. El primero, "comprende todo loque puede contribuir a la felicidad delos ciudadanos, y principalmente a laconservación del orden y de la disciplina, los reglamentos que miran a hacerles la vida más cómoda, a procurarleslas cosas que necesitan para subsistir".
Con respecto al segundo, afirmaba que"se comprende bajo el nombre de Policía, las leyes y reglamentos que conciernen al interior de un Estado, quetiran a afirmar su poder, a hacer unbuen uso de sus fuerzas, a procurar lafelicidad de los súbditos" .21
Antes del siglo XVIII, lo administrativo había estado confundido con otrasmaterias gubernativas, tales como lajusticia, la economía, las finanzas y losasuntos políticos en general. Por estemotivo, cada organización del gobiernotenía una índole plurifuncional y realizaba al mismo tiempo actividades administrativas, jurisdiccionales yfinancieras. Quizá el antecedente másantiguo de la personificación de un entepropiamente administrativo, lo sea laSecretaría del Despacho de España establecida en 1621 para la "resoluciónde consultas y el manejo de papeles" 22
Hay que destacar que el concepto mismo de Despacho surgió del propio oficio, más que disposiciones formalesprevistas de antemano, debido a la exigencia de implementación de los asuntos corrientes de la administraciónpública. Se trata de una dependenciaesencialmente administrativa, con unfuerte acento gestionador.
Durante el siglo XIX la policía setransformó en administración pública,y del tal modo se comenzó a desarrollar la materia administrativa dentro delos asuntos gubernamentales. Tal como
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lo explicó un pensador: "administrandose lleva con regularidad de los servicios públicos. Estos servicios determinan la materia administrativa (... ) losservicios públicos que determinan a lamateria administrativa corresponden alas diversas necesidades sociales colectivas o sociales" 23
La materia administrativa ha consistidode antaño un campo del Estado, cuyoreferente definitorio esencial es su naturaleza pública, a partir de la cual habrotado la carrera administrativa comoeje de la implementabilidad de losasuntos del Estado, a través del servicio público.
Es frecuente, con mucha razón, que lostrabajos sobre el servicio público comiencen con la experiencia de Alemania, país donde lo administrativo fuedefinido primigeniamente. Ello obedece, por consigniente, a que es la cunadel funcionario moderno y de la carrera administrativa. Tal como lo argumentó Otto Hintze:
"Alemania es el país clásico de los funcionarios en el mundo europeo, lo mismo que China en Asia y Egipto en laantigüedad" 24
Lo antedicho se debe a que, desdeprincipios del siglo xx, el derecho alemán de funcionarios ya era el más desarrollado de Europa y el mundo.Alemania es el suelo fértil donde se re-
alizó la más fuerte penetración de laidea del funcionario con base en la noción de Estado de derecho, y donde tuvieron su desarrollo original lossentimientos de lealtad y proteccióndel servicio público.
En el siglo XVIII, los funcionarios engeneral eran denominados servidoresreales (Konoglicne Bediente), pero hacia finales de la centuria se generalizóla denominación de servidor del Estado(Staaisdienery. Hoy en día se usa la expresión funcionario (Beamter), cuyouso se remonta al siglo XIX.2S Sin embargo, desde finales del siglo XVIII comenzaron a engendrarse en el seno delEstado de policía, las nuevas ideas delEstado de derecho, dentro de las cualeslos funcionarios se esforzaron por asegurar jurídicamente su estabilidad, conarreglo a un derecho de los funcionarios propio." A partir de entonces, losservidores públicos en el mundo disfrutan de un conjunto de garantías para elejercicio de sus funciones.
Probablemente la lucha más dramáticaque se haya librado a favor de establecer las bases de la implementabilidadde los asuntos estatales, a través de lacontinuidad de la administración pública, se realizara en los Estados Unidos.Aquí, la exacerbación de la políticapartidista predominaba sobre la Policyde Estado desde los inicios de su vidaindependiente.
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Desde muchos aspectos, en los EstadosUnidos persiste la idea jeffersoniana deservidor público como fiduciario popular, pues así se razona que sólo puedenprevalecer los principios democráticosen el ejercicio de la administración pública." Desde 1820 se aplicaron estasideas al servicio público, haciéndoseque los funcionarios financieros rindieran cuentas cada cuatro años y, deacuerdo con su desempeño, se les ratificara o despidiera. Posteriormente,desde 1828, Andrew Jackson hizo extensivo el sistema de rotación de cargosque sentó las bases para el sistema debotín (Spoil System). A partir de entonces, bajo un criterio de supuesta igualdad democrática, todo ciudadano fuejuzgado como apto para desempeñarlos cargos de la administración pública,como secuela del triunfo del partido desu militancia.
De acuerdo con el pensamiento de Tomás Jefferson, el "gobierno general podrá reducirse a un organismo simple ypoco costoso; una cuantas funcionessencillas, a cargo de unos cuantos funcionarios" 28 No hay motivo, pues,para no pensar que los empleos de unGobierno así fueran tan sencillos quecualquier ciudadano pudiera ejercitarlos. Esta era la noción primigenia delsistema de botín, que además juzgabaque en la medida en que se prolongarael período de desempeño de un cargo,el servidor público tendía a divorciarsede la voluntad popular. En el grado que
existiera un sistema de rotación de cargos, el incentivo de su ocupación fortalecía a la democracia, al fortificar a lospartidos políticos.
El desarrollo del sistema de botín tieneun significado estrictamente histórico,dentro del período de vida estadounidense de entonces. Uno de los sucesosmás representativos de aquella época,es el declive parlamentario ante el ascenso presidencial, que hace que laconducción de los partidos pase de loslíderes del Congreso, al Jefe del Ejecutivo. Esto provocó paralelamente que elrégimen político se convirtiera en una"máquina plebiscitaria" donde el titulardel Ejecutivo tiene a su disposición todos los cargos. De un sólo golpe, laelección presidencial ofrecía como premio por la victoria partidista, un ricobotín de las prebendas. "El spoilsystem, elevado por Andrew Jackson ala categoría de principio sistemático,no hace más que sacar las consecuencias de esta situaciónn .29
Los partidos políticos estadounidenses,sin embargo, carecían de convicciones,eran meras organizaciones a la caza decargos con programas de gobierno instantáneos, propios de cada elección.Por consiguiente, el aspecto esencial ymás cálido de la lucha política se realizaba en el seno de los partidos con miras a obtener la nominación, pues elPresidente disponía entre 300 y 400 milnombramientos de la administración
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pública. Esta situación, aberrante porprincipio, tiene una explicación razonable: "en los Estados Unidos, el sistemade botín, desarrollado de esta manera,ha sido posible porque la cultura norteamericana con su juventud, podríatécnicamente permitirse una administración puramente diletante (... ). Unacorrupción y desgaste no igualados sólopodían ser tolerados por un país conoportunidades todavía ilimitadas" 30
Sólo esto puede explicar cómo fue queuna situación tal, donde la administración pública estaba en manos de alrededor 400 mil hombres de partido, cuyaúnica cualificación era haber sido útilesa él, se conservara estando plagada detan grandes lacras.
Un servicio público semejante, empapado de corrupción, fácilmente podíainstitucionalizar cualquier perversión yasí ocurrió: la atribución de cargos nosólo se hacía con base en los serviciosprestados al partido, sino también acambio de dinero bajo tarifas establecidas y aceptadas, que mucho recuerdanla venta de cargos en Europa durante elsiglo XVII y aún en el XVIII.
El sistema de botín, tal como fue concebido y evolucionó desde 1828, respondía plenamente a la idiosincrasiaestadounidense. Sin embargo, llevabaencubado en su seno la semilla de sudestrucción, y su índole partidista derivó en corrupción y hasta en una situación escandalosa que reclamó una
reforma de fondo. Hacia mediados de1800 se intentó introducir algunoscambios que mejoraran el reclutamiento de funcionarios, como la celebración de exámenes de ingreso, pero seconservaba un sistema establecido queincluso obligaba a los servidores públicos a deducir parte de su sueldo parapagar los gastos del partido 3 t En favordel sistema de botín se debe decir quelos estragos al servicio público, secompensaron con la fortificación delos partidos y la ampliación del sufragio popular.
Durante el gobierno de Abraham Lincoln se exploró la posibilidad de unareforma al servicio público, auscultándose el régimen de función pública enFrancia, en tanto que en 1868 se propusieron cambios con base en el modelo británico. Finalmente, durante laadministración de Ulysses Grant se estableció la Junta Asesora del ServicioCivil, después llamada Comisión delServicio Civil, a través de la cual se estableció el sistema de méritos. El empujón final que impulsó el proyecto dereforma del servicio civil, fue el asesinato del Presidente James Garfield pormano de Charles Guiteu, frustrado aspirante al cargo de cónsul en París,puesto al que dijo que tenía derechopor servicios en campaña. Era el añode 1880.
Esta situación se hizo insoportable. Finalmente, en enero 16 de 1883, los Es-
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tados Unidos ingresaban en la modernidad administrativa al expedirse el ActaPendleton, así llamada en honor de suprincipal animador, el Senador GeorgePendleton, líder de la Liga de Reformadel Servicio Civil Nacional.
En contraste con el sistema de botín,un producto típico de la idiosincrasia ytradición estadounidense, el sistema deméritos no tiene ninguna originalidadangloamericana pues está fundado sustancialmente en la experiencia británica. Esto es visible, primordialmente,en la estrategia de imparcialidad política, los exámenes prácticos y seguridadde cargo. Sin embargo, en contraste alesquema insular, en los Estados Unidosno se formó de entrada un servicio civil superior, sugerido desde 1953-1955por la segunda Comisión Hoover. J2
El desarrollo del servicio civil estadounidense ha sido lenta: la segunda granreforma, luego de la Ley Pendleton,fue promovida hasta la época del Presidente James Carter para establecer alServicio Ejecutivo Superior.
El imperativo de implementación de losasuntos del Estado, también ha ido ganando terreno en un país donde el desarrollo de la carrera administrativa eraresistido por una fuerte tradición autodidáctica: el Reino Unido. La mayorparte de las estrategias de formaciónprofesional para el servicio públicoconfían en los sistemas formalizados de
enseñanza, sea a través de escuelasprofesionales de formación, sea pormedio de las universidades, o por conducta de la colaboración de ambas.Hay, sin embargo, una excepción aesta regla y tal excepción conspicua es,entonces, el Reino Unido.
"En los albores del siglo XIX la administración británica constituía un semillero de nepotismo y padrinazgopolítico que ofrecia un penoso contrastecon las burocracias de los gobiernosabsolutistas"33 Tal es el más fiel de losretratos del personal público británico,entes de la instauración del servicio civil. En efecto, como lo explicó OttoHintze:
"El entusiasmo del siglo XIX por la administración autónoma y su sobrevaloración frente a la muy calumniada,pero, no obstante, indispensable burocracia, que trajo consigo el romanticismo administrativo, no debe engañarsobre el hecho de que la administracióninglesa, en cuanto administración indolente y diletante de honoratiores, habíaquedado en el siglo XVIII muy atrás delas continentales" .34
Una vez superando su añeja tradiciónantiburocrática y atenuando el romanticismo administrativo que alimenta suservicio público, hoy en día el ReinoUnido cuenta con su acreditado servicio civil, en cuya cima se desempeña laClase Administrativa. Su reclutamiento
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privilegia la enseñanza universitaria noespecializada, y al efecto se realiza unexamen de admisión, cuyo complemento es una entrevista que ausculta la personalidad de candidato y que está acargo de la Comisión del Servicio Civil. A mediados de la década de los 50,alrededor de la mitad de sus efectivosprocedían del sistema universitario, entanto que la otra mitad había ingresadoprocedente de otras clases."
El desarrollo de este tipo de cuerpos defuncionarios era observado en los Estados Unidos, en la época del sistema dehotín, como un espécimen aristocráticorefractario a los deseos populares conrespecto a la administración pública democrática. Hoy en día, de manera análoga, pudiera pensarse que suestablecimiento y perpetuación soncontrarias a la vida democrática. Observemos qué tan cierta es esta apreciación.
La Clase Administrativa constituye uncuerpo superior de servicio público,una élite en el sentido paretiano del término: los mejores entre los mejores.Ella detenta un cierto aire londinensepor estar en la capital del Reino Unidola mayor parte de las oficinas donde labora, aunque algunos de sus miembrosdespachan en Edimburgo o Cardiff.También es cierto que ella es unamuestra fiel de la clase media británica,pues a pesar de que un 75 % de susefectivos procedían en 1955 de Oxford
y Cambridge, el resto solamente habíaestudíado el bachillerato, como sigueocurriendo hoy en día. Pero estando yadentro del servicio, muchos jóveneshan sido becados para ingresar en dichas universidades y después concursarpara integrarse a la Clase Administrativa. Tal como lo expresan Mackenzie yGrave, "de todas formas, el servicio civil nunca ha sido (como en el extranjero) un servicio snob: nadie entra porrazones de prestigio, sino por un sueldo y un puesto" 36
Esta Clase fue constituida para cumpliruna misión de Estado sumamente relevante: fungir como el brazo derecho delos gobiernos elegidos por sufragio ycon carácter de partidista, para participar a su lado en asuntos de alta políticasin asumir una posición de partido. Sinintervenir en política de partido, susmiembros deben hacer Policy de Estado al fungir como titulares de Subsecretaría o Subsecretaría Adjunta, obien, de Secretario Particular de unMinistro; y colaborar en la formaciónde proyectos y programas de Gobierno.Un funcionario tal, no cabe duda, requiere una formación que le permitaauxiliar al Gobierno elegido en asuntosde Estado, sin comprometerse en tendencias partidistas que lo sitúen al margen de la institucionalidad. Una tareadifícil, no cabe duda, pero necesaria.
Más puntualmente, la Clase Administrativa participa con los ministros en la
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hechura de Policy y colabora en la preparación de la legislación que será promulgada." Igualmente, realiza lasrespuestas a cartas oficiales y los cuestionamientos formulados en el Parlamento, del mismo modo que ladocumentación necesaria para que losministros intervengan en los debatescamarales. La Clase Administrativa organiza y conduce los altos asuntos públicos en cada Ministerio, y participaen las negociaciones efectuadas conotros Ministerios en materias de su incumbencia.
La Clase Administrativa, pues, estáabierta a todos aquellos estudiantes cuyas calificaciones superiores avalen suderecho de ingreso al servicio público,aunque los egresados de Cambridge yOxford sean quienes preponderen. Finalmente, todos los aspirantes debencumplir pesadas pruebas de ingreso, deaplicación general, que no admite excepciones.
El proceso de reclutamiento de la ClaseAdministrativa británica está muy lejosde analogarse a un sistema oligárquicode sección discriminatoria del serviciopúblico, como el que encarnó la Escuela Libre de Ciencias Políticas de París.
La Escuela Libre de Ciencias Políticasestuvo activa entre 1871 y 1945. La derrota de Francia ante Prusia en 1870,trajo consigo la revisión, entre otrosrenglones, del sistema educativo. Para-
lelamente, un grupo de personas particulares optaron por instituir un establecimiento privado al margen del sistemaeducativo oficial, cuyo objeto fue laformación de los altos dirigentes delpaís: políticos, funcionarios y empresarios. Tal fue el origen de la Escuela,fundada en 1871. Entre sus catedráticosse encontraban Albert Sorel, AndréSigfried y Leroy-Beatiau,
La influencia del plantel fue ciertamente de gran rango en la vida administrativa francesa, pues entre 1900 a 1934pasó por sus aulas el 96% de los candidatos admitidos en el Consejo de Estado; el 98% de los que ingresaron en laInspección de Finanzas; el 89% de losaspirantes al Tribunal de Cuentas y el88% de los funcionarios admitidos enel Ministerio de Asuntos Extranjeros. 38
Sin embargo, la Escuela fue objeto decontinuos debates políticos en la opinión pública francesa, principalmenteentre los partidos políticos, que impugnaron en la década de los treinta el queen el mismo establecimiento educativose formaran los servidores públicos ylos empresarios y banqueros privados,toda vez que le achacaban su lejanía delas clases pobres de la sociedad francesa. En suma: se juzgaba que este centroeducativo era opuesta a las institucionesdemocráticas.
Pero el pecado más grande cometidopor ese establecimiento, fue que duran-
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te la Segunda Guerra Mundial los funcionarios públicos que habían egresados de sus aulas colaboraron con laocupación alemana. No fue casual queuna vez liberada Francia y retornada lapaz al país, la Escuela fuera suprimiday sustituida por el Instituto de EstudiosPolíticos, que se incorporó a la Universidad de París y se le dotó de una amplia autonomía.
La tradición republicana ofrece caminos más anchos a convivencia entreprofesionalización y democracia, alejándose del extremo norteamericanodel sistema de botín y la oligarquización del servicio público por el monopolio de un plantel particular clasista,como lo fue la Escuela Libre de Ciencias Políticas.
La Carrera Administrativacomo Fórmnla deIgnalación Social
La Carrera Administrativa constituye,de antiguo, el proceso de igualación social más notable que democratizó a laadministración pública. Antes del sigloXVIII, cuando estaban vigentes los fueros, las inmunidades y los privilegiosestamentales, el ingreso a los cargosadministrativos estaban regidos por ladesigualdad del origen social. En contraste al Estado de derecho, que proclama la igualdad social, las rémoras
feudales enquistadas en el absolutismotemprano perpetuaban la desigualdadcomo forma de vida social, y privilegiaban la jerarquización social con baseen la sangre y la cuna. La Ilustración yel racionalismo auspiciados por el despotismo ilustrado a partir del sigloXVIII, tuvieron un efecto progresivode hondas repercusiones en la Europa yprincipalmente en Alemania.
En 1727 se instituyó la Profesión enEconomía, Policía y Cameralística, enlas Universidades de Halle y Frankfurtdel Oder, con la finalidad de servir desemillero y puerta de ingreso al servicio público prusiano. A partir de entonces, Prusia abandonó los criteriosestamentales de ingreso a la administración pública, aboliendo las franquiciasfundadas en la sangre y la cuna, yabriéndola al mérito y la capacidad. Sehabía iniciado la democratización de laadministración pública, vía que despuéssiguió la mayor parte de los países dealta civilidad.
La apertura al mundo de las igualdadespolíticas a partir de la RevoluciónFrancesa ensanchó el abanico de losderechos de los funcionarios como tales, consolidándose dentro de nuevostiempos en los cuales se combatía todotipo de discriminación. Francia estableció primigeniamente el principio delmérito como una divisa democráticadel servicio público: la Declaración delos Derechos del Hombre y el Ciudada-
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no en 1789, en su artículo VI, decret óel derecho de admisibilidad a los empleos públicos para todos los ciudadanos . sin más distinción que suscapacid ades y talentos. La aplicacióndel tal princ ipio previno toda segregación por motivos religiosos, políticos yét icos , y decret ó la igualdad de sexospara el ingreso a la administración pública. "
Tal como lo adelantamos , hasta 1945la formaci ón de los funcio nari os franceses era segregativ a e incompleta ,pues la antigu a Escuela Libre deCiencias Polít icas sólo ofrecía un conjunto de curso s y conferencia s destinados a los altos se rvidores públicos;y era inacces ible a los estud iantes queresidían fuera de la cap ital .v' Igualmente , las un iver sidades fr ance sassólo brindaban un lugar suficiente a laenseñanza de las ciencías po líticas ysociales , pero no un aprendizaje administrativo adecuado para introducira los servido res gubernamentales a lafunción públic a. En fin, los estudiosuniver sitarios favorecían los procedi mient os de reclutam ient o estamental yplutocrático de los grandes cuerposfun cionariales, y marginaban a los jóvenes carentes de fortuna.
Por cuanto a la admin istra ción francesa , ella denotaba la indiferenciación detareas, desperdicio de energías, gestióntorpe de los servidores encargados dela ejecución cotidiana de las decisiones
y la marcha normal de los asuntos, y elconfinamie nto de los jóvenes redactoresa funciones a las cuales no aplicaban sucultura y aptitudes . El nuevo sistem areorganizó de raíz a la función púb lica.multip licó los Institutos de Estudios Políticos, estableció a la Escuela Nacionalde Administración (ENA) y fundó alCentro de Altos Esrudios Administrativos.
De tal modo, el sistema de formac iónimperante en Francia comenzó a giraralrededor de la Escuel a Nacional deAdmin istración , un centro gubernamental de altos estudios cuyo propósitoes complement ar la formación precedente de los programas un iversitarios ypreparar a cursantes a través de la enseñanza admini strativa . Al mismotiempo, cor rige los defectos del reclu tamiento administra tivo y democratiz alas oportun idades de empleo en el pais.En fin . ofr ece a los funcionarios públ icos una formación humanística , perocon sentido administrativo de Estado .Su misión es, brevemente hab lando,mejorar a la administra ción públicafrancesa a través de la educación administrativa de l ser vidor p úblico.t'
Como su antecesora , la Escuela de Administración Públic a (1848-1849), unprincipio inmaculado de la ENA ha sidola imparci alidad política , pues la formación se ciñe a la enseñanza administrativa que contribuye a entender el
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papel del funcionario público dentrodel Estado.
Los concursos constituyen una partesustancial de democratización del servicio público francés, a través de la promoción interna. Su mejor ejemplar esel concurso fnncionarial de la ENA y elciclo de preparación del concurso."Sin embargo, el sistema de perfeccionamiento tiene una limitación para lademocratización del servicio público, através de las promociones en el concurso funcionarial. Antes de la creación dela ENA, en algunos casos, un empleadopodía llegar a ser director; ahora, a pesar de la ENA, un funcionario que haingresado en una categoría inferior esmuy probable que ahí permanezca todasu carrera. Ello obedece a que despuésde 1945, la precisión de las normas yprincipalmente la exigencia de grados ytítulos, han limitado la flexibilidad yapertura del sistema de promociones.Son muchas las voces las que reclamanla conveniencia de matizar estas normas, para mejorar la promoción interior.
La ENA es una institución influyenre:en la época del Presidente Giscard D'Estaing, se desempeñaban dentro delGabinete 34 de sus egresados, del totalde sus 43 integrantes.
Junto al concurso interno para funcionarios activos, la ENA dispone delconcurso abierto para graduados uni-
versitarios, entre ellos los egresadosde los Institutos de Estudios Políticos,de manera similar al sistema británico. Existe otro proceso de reclutamiento, un concurso llamado terceravía de acceso, que facilitó un ingresomás generoso y popular, instituidoen 1983. Esta opción contribuyó significativamente a reforzar la democratización de la ENA y a sudiversificación social, pues abrió suspuertas a hijos de trabajadores y empleados a los grandes cuerpos que integran a la función pública francesa.A través de la tercera vía, también ingresaron los normalistas a la Escuelaa partir de 1985 4 3
Un grupo denominado club NuevaFrontera se manifestó favorable a unareforma de la Escuela Nacional de Administración, haciendo en 1986 unapropuesta encaminada a valorizar nuevamente la idea de su fundación.?' Alrespecto, propuso recuperar plenamente el proyecto de fungir como un focode permeación social que continuaraar.nonizando el reclutamiento de losmiembros de los grandes cuerpos y quereclutara a los alumnos con mayor grado de cultura, así como el proveer dehomogeneidad a la formación funcionarial a través de una enseñanza común.
Junto con el prejuicio democrático contra la profesionalización del serviciopúblico y los romanticismos administrativos de hoy en día, existe el equívo-
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co pensamiento de que la carrera administrativa constituye un peligro naturalde estamentación de la administraciónpública. Cualquier amenaza al respectoes evitable cuando los derechos de losfuncionarios y el diseño administrativode los cuerpos funcionariales, como laClase Administrativa británica, se regulan adecuadamente en la legislación delcaso.
Un ejemplo, quizá exagerado pero ciertamente ilustrativo, lo constituye la experiencia española. Con base en la Leyde Medidas para la Reforma de la Función Pública, de agosto 2 de 1984, fuesensiblemente reformada la carrera administrativa y conservada la organización corporativa, pero con sustancialescambios. Dicha Ley, que mantuvo alos cuerpos de funcionarios, contiene almismo tiempo una serie de medidaspreventivas para impedirles que seadueñen de algunos sectores de administración pública, mediante una ocupación ininterrumpida y exclusiva depuestos por sus miembros. Estas medidas, un tanto cuanto obsesivas, parecieran extremar la desconfianza en elservicio público, más que suscitar unespíritu de crédito y familiaridad entreel funcionario y la organización administrativa.
En efecto, se prohibió que los cuerposy escalas de servidores públicos tenganfacultades, funciones o atribucionespropias de los órganos de la adminis-
tración pública. Se dispuso que las relaciones de puestos de trabajo únicamente puedan determinar los cuerpos oescalas de funcionarios, que desempeñen los puestos a los que correspondeel ejercicio de dichas funciones. Con elmismo objeto, se determinó que lospuestos de trabajo serán de adscripciónindistinta para todos los funcionarios dela administración civil del Estado y susorganismos autónomos, así como losservidores públicos dedicados a la seguridad social. Igualmente, sólo pueden adscribirse puestos con carácterexclusivo, a funcionarios de un determinado cuerpo o escala cuando esaadscripción derive necesariamente de lanaturaleza y la función que será desempeñada en ellos, y así lo consienta elgobierno español.
Estas disposiciones defensivas, queintentan garantizar que no se confunda la organización de la administración pública y los cuerpos defuncionarios profesionales, tambiénpreviene contra la virtual estamentación de los mismos. Al efecto, se implantaron una serie de medidasconducentes a promover la movilidadde los funcionarios entre los sectoresde actividad." Fue establecida la movilidad de los servidores públicos entre las distintas administracionespúblicas, de manera tal que los puestos de trabajo de la administración delEstado y de las comunidades autónomas sean cubiertas por funcionarios
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de ambas. Esta movilidad se hizo extensiva a los servidores públicos de laadministración local, que se puedendesempeñar en puestos de organizaciones administrativas distintas a lasde origen y administración de su comunidad autonómica.
El igualitarismo constitucional que favorece la opción ciudadana al serviciopúblico, sin más divisa que el mérito,junto con el desarrollo de la carrera administrativa profesional constituye unaliado fiel de la democracia y la vidapolítica libre; y, como el Ave Fénix,puede ayudar a perpetuar una culturademocrática del servicio público y contribuir a su restauración después delpaso de años oscuros.
Alemania, tal como lo observamos, esel país de los funcionarios y así lo hapermitido refrendar a lo largo de suhistoria y particularmente en épocasmás recientes.
El derrumbe de la República de Weimar en el año 1933, dejó ver descarnadamente cuánto la organización políticade la sociedad seguía atrapada en laconfiguración establecida desde los díasdel Estado prusiano y que se había desplomado desde finales de 19184 6 Igualmente, la función pública correspondía,por cuanto a su régimen jurídico, al derecho de funcionarios heredado por elextinto régimen imperial. La Constitución de Weimar reguló el derecho fun-
cionarial, incluso en los estados, tomando como base los principios vigentes desde mediados del siglo XIX y queconstituían los elementos más sólidosde ese derecho.
Tras la debacle de la República, el servicio público fue regulado uniformemente en todo el Tercer Reich pormedio de la Ley de Funcionarios deenero 26 de 1937.47 Previamente fueron derogadas la Ley de Funcionariosdel Reich y las leyes de funcionarios delos Lander (estados), y reemplazadaspor la citada Ley y por la OrdenanzaDisciplinaria de los Funcionarios delReich.
Ambas disposiciones constituyen ejemplos dignos de los absurdos de la desigualdad sociai, propios del racismo,pues si bien es cierto que conservaronparte de la ancestral escuela del servicio público alemán, requerían tambiéncualidades inusuales. Así, por un lado,se exigía que el aspirante tuviera la nacionalidad alemana y la formación universitaria, y por el otro, que de manerainexcusable fuera de la raza aria y queapoyara sin reservas al Estado nacional-socialista.
El nazismo amenazó también a la estabilidad de cargo, pues tanto el Führer,como el canciller del Reich, tenían lafacultad de separar definitiva o temporalmente a cualquier funcionario queno ofreciera la garantía de apoyo ilimi-
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tada e incondicional. En abril 26 de1934 se dotó al Führer del poder paradestituir a cualquier funcionario porviolación de sus deberes, sin necesidadde atender ningún procedimiento judicial. Tal como 10 ha manifestado CarlUle, este "acuerdo habría supuestoprobablemente el fin del funcionariadoprofesional alemán en su configuracióntradicional, si el nacional-socialismohubiera sobrevivido a la guerra". 48
Afortunadamente para ese funcionario,para Alemania y para la humanidad, elnazismo fue extinto y esperamos quepara siempre.
La carrera administrativa, pues, tieneuna relación diversa con la democraciasegún se trate del país del caso. Empero, como la carrera administrativa estáconstituida por un DNA llamado política, sea producida por el Estado o la voluntad popular, su función ante mundoabierto y democrático tiende a ser fructuosa y de elevada utilidad. Todo consiste en los arreglos que al respecto sehagan.
Pero si existiera alguna duda acerca dela convivencia entre la administraciónpública y la democracia, su fraternalhermana: la administración de justicia,puede auxiliar en el reforzamiento delos argumentos.
Uno de los motivos más poderosos quedieron vida a la carrera judicial en el
mundo, y que constituye su esencia, esel imperativo de la independencia delos juzgadores. Se trata de un principiopolítico que atañe, por igual, a los jueces y los tribunales, y es proclamadocon énfasis por las constituciones delos países democráticos.:" De manerasimilar a los servidores públicos de lointerior y lo exterior, ese principio requiere un estatuto jurídico especial queotorgue las garantías de desempeño alos juzgadores. Los jueces y magistrados deben contar con determinadas garantías, que aseguren que el ejerciciode su función estará sometido únicamente a imperio de la ley.
En los países en los cuales existe lacarrera judicial, la selección y promoción de los jueces constituye el mejorindicador del grado de independenciaalcanzado por el Poder Judicial, antelos otros Poderes. Siendo así, en lacarrera predominan los factores de laimparcialidad, capacidad y mérito,sobre aquellos otros debidos al favor,el oportunismo político y las clientelas.
La carrera judicial coadyuva a alcanzarmayor grado de independencia judicial,como es observable en países comoChile, donde se logró recientementeque la judicatura estuviera aislada delos asuntos polítícos.v La independencia judicial, sin embargo, requiere un equilibrio con la noción deresponsabilidad pública.
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La carrera judicial española se remontaa octubre de 1840, cuando fue establecida para hacer que la administraciónde justicia protegiera efectivamente laseguridad personal, la propiedad yotros derechos individuales. Uno de losfundamentos que le dio vida, fue garantizar la independencia judicial a través de la inamovilidad de jueces ymagistrados. En el decreto respectivose mandó que los servidores judicialesque se encontraran ejercitando cargosen la administración de justicia, fueranperpetuos o temporales, permaneceríanen los mismos y no fueran depuestossalvo por sentencia ejecutoria." Tampoco serían suspendidos, salvo por orden judicial o disposición real conmotivos fundados.
La administración de justicia, cuyo papel es muy principal en el equilibro delos poderes, se ha profesionalizado apartir de la carrera judicial, para a través de la independencia de los juzgadores efectivamente realizar su funciónjudicial.
Hemos comenzado con México y conMéxico concluimos este trabajo.
Agenda política sobre laCarrera Administrativaen México
Hasta hace poco parecía innecesarioque los servidores públicos procedieran
de una asociación política diversa alPartido Revolucionario Institucional,pues desde su fundación, el PRI habíasignificado una fuente de seguridad laboral para ellos. Igualmente, hasta hacepoco, escasísimos gobiernos estatales ylocales estaban en manos de partidosopositores.
Recientemente, sin embargo, los gobiernos de oposición han proliferado,el Distrito Federal es regido por elPartido de la Revolución Democráticay la Cámara de Diputados es encabezada por un bloque opositor que despojóal PRI de su ancestral dominio. Lascondiciones políticas alientan, por consiguiente, que ante la alternancia política, lo administrativo debe obtener lacontinuidad que solamente le puedebrindar un servicio público estable, através de la carrera administrativa.
Tal como es sabido, toca al Congresode la Unión expedir la disposición másimportante de la administración públicafederal: su Ley Orgánica; y en mi entender, puede igualmente corresponderle una Ley sobre el Servicio Civil, puesel Ejecutivo Federal se ha propuestocrear y desarrollar la carrera administrativa en México.
Tomando conciencia de problemas queaquejan al servicio público, en el Programa de Modernización de la AdministraciónPública 1995-2000 (PRüMAP),
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de mayo 28 de 1996, se planteó entreotros subprogramas, uno referente a ladignificación, profesionalización y éticadel servidor público.
He aquí sus trazos generales, referentesal servicio público:
Una de las partes más importantes delPrograma, comprende un diagnósticode la administración pública mexicana,que se puede calificar como objetivo yrealista; cuya sección dedicada al servicio público externa la carencia de "unaadministración adecuada para la dignificación y profesionalización de los servidores públicosv.v En particular, sedestaca la ausencia de la dignidad decargo para quien se desempeña comoservidor público, debido a la falta deefectivos mecanismos de reconocimiento e incentivación para que el ejerciciosea honrado, leal, esforzado y creativo.La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles se limita a los trabajadores de base, así como a quieneslaboran bajo el cobijo del apartado Bdel Artículo 123 constitucional. Otroproblema observable, es que a pesar deque las dependencias del Ejecutivo federal realizan funciones muy diversas,merced a la variedad de perfiles profesionales requeridos al respecto, se siguen aplicando criterios uniformes porcuanto a remuneraciones, horarios detrabajo, organización laboral y escalafones.
Por cuanto a la profesionalización delservicio público, los avances sólo sonperceptibles en ámbitos singulares, tales como el servicio exterior, el servicio profesional electoral, la carreramagisterial y el servicio profesionalagrario, además de la profesionalización del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
El saldo de este deficitario de profesionalización consiste en la inseguridad deempleo, la insatisfacción personal delservidor público y la ausencia de flexibilidad para la elevación del desempeño. Lo anterior es aplicable tanto a losservidores públicos sindicalizados,como los que no 10 están, puesto quelos primeros tienen estabilidad de empleo, pero un horizonte promocional limitado; en tanto que los segundos, quedetentan cargos de lata responsabilidad,cuentan con salarios elevados, peroinestabilidad de empleo.
Tampoco existe un programa generalde capacitación, sino un conjunto decursos aislados y frecuentemente sóloaplicados inmediatamente, no existeevaluación de rendimiento ni el modode saber qué conocimientos y habilidades se requieren para desempeñarse enpuestos específicamente al cargo que seocupa.
En el diagnóstico referido se enfatiza elpredominio de la tasa de cambio sobrela tasa de continuidad, en la permanen-
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cia en el servicio público, con el resultado negativo de pérdida de memoriainstitucional tan necesaria para la continuidad de los negocios públicos. He aquíla causa de la burocratización, la lentitud y los costos del servicio público.
La Ley Federal de Responsabilidadesde los Servidores Públicos solamenteimplica un código de conducta escueta,que es insuficiente para estimular ynormar la conducta moral de los servidores públicos.
Con base en el diagnóstico referido, elPROMAP se propone hacer más rigurosala selección del personal, usándose lasdivisas de la probidad y la capacidad:fortalecer la capacitación como basedel desarrollo de aptitudes, habilidadesy actitudes de los servidores públicos;establecer opciones para una "carreraen el ámbito de la administración pública"; incentivar un desempeño eficiente,honrado y responsable; y viabilizar laseguridad de retiro.
Dicho Programa se plantea establecerel "servicio profesional de carrera en laadministración pública", para garantizar la adecuada selección, desarrolloprofesional y retiro del servidor público; e impulsar una cultura ética de honradez, eficiencia y dignidad, parafavorecer los principios de probidad yresponsabilidad. La profesionalizaciónabarcará los procesos sustantivos, administrativos, regulatorios y de control,
que sean comunes a la carrera administrativa que será establecida.
Los objetivos se han traducido en líneas de acción, a saber: sistemas de selección, actualización de conocimientosy habilidades; sistema integral de recursos humanos; mejores perspectivasde desarrollo, fortalecimiento de valores cívicos y éticos, y efectividad de lafunción de investigación y fincamientode responsabilidades. Al efecto, a partir de este año de 1997, está previstoevaluar las aptitudes necesarias para elservicio público, e iniciar una selecciónmás rigurosa a través de cursos obligatorios y exámenes. Desde 1996 se impartirían cursos de capacitación parapotenciar habilidades administrativas ytécnicas para el desempeño de los puestos actuales, así como la aplicación deevaluaciones periódicas para garantizarun adecuado desempeño del servidorpúblico. A partir de 1988 se cubriríanlas plazas vacantes atendiendo la igualdad de oportunidades, y se aplicaríancriterios de perfil deseable, mérito ycapacidad. Los estímulos, igualmente,estarian supeditados a la evaluación,desempeño y productividad.
La Secretaría de Hacienda realizaríalos proyectos de ordenamientos paraestablecer la carrera administrativa, "amás tardar en 1997". Finalmente, seinspiraría un cumplimiento cabal delArtículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, don-
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de se plantea un código ético de conducta, y se revisaría la legislación referente a la disciplina de los servidorespúblicos.
A primera vista, resulta claro que setrata de un proyecto de alcance inmediato, pues no comprende la expediciónde un estatuto, ni la carrera administrativa, ni el desarrollo de cuerpos funcionariales, ni el establecimiento de unacomisión de servicio civil; tampoco secontempla crear una escuela profesional de servicio público.
Sin embargo, en funcióndel enorme problema a que se enfrente, el PROMAP puede constituir un comienzo prometedor.
Es aquí donde puede entrar en acciónel Congreso de la Unión, ahora integrado de manera efectivamente multipartidista, para colaborar con el poderEjecutivo para establecer a la carreraadministrativa. Hay mucho camino porrecorrer, comenzando por la realización de necesarias reformas a la Constitución Política de nuestro país.
Debemos recordar que los funcionariosfederales tienen únicamente las facultades que son expresamente concedidaspor la Constitución; es decir, que sudesempeño no obedece a un arbitrio ilimitado, sino a competencias expresamente determinadas por principio. Estoevita el ejercicio de un sentido estamental de cargo, por el cual el servidor
público pudiera juzgar como infinito suabanico de posibilidades de acción. ElArtículo 124 constitucional, por consiguiente, constituye una de las piezasangulares del servicio público porqueestablece, por principio, que las funciones públicas están expresamente delimitadas.
La Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos consagra los requisitos, los derechos, las obligaciones ylas responsabilidades para los servidores públicos, y define como tales a losfuncionarios, empleados y a toda persona que desempeñe un empleo, cargoo comisión en la administración pública(Art. 108). Al efecto, por principio,todo ciudadano tiene la prerrogativa deser nombrado en cualquier empleo ocomisión, teniendo las cualidades quemande la ley (Art. 33), estableciéndosede este modo el mérito como divisa deingreso al servicio público. Pero aúnno se ha configurado el mecanismo institucional, que haga aplicable el principio de méritos53
El Programa de Modernización de laAdministración Pública constituye unprincipio para la implementación de lacarrera administrativa, pues ese instrumento diseñado por el Ejecutivo federal hará necesario que se altere unaimportante disposición constitucional.Me refiero a la facultad del Presidentede la República para nombrar y remover libremente a los secretarios del
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despacho y demás empleados de launión, cuyo nombramiento o promoción no esté determinado de otro modoen la Constitución o en las leyes (Art.89, fracc. II). Debido a que los otrosmodos de nombramiento de los servidores públicos son los menos, siendopues excepción y no regla, dicha potestad presidencial se ejercita de manera omnímoda. Un poco más adelanteme referiré a este asunto.
Igualmente, la Constitución manda quela designación del servidor público sehaga mediante sistemas que permitanapreciar los conocimientos y aptitudesde los aspirantes, y ordena que al efecto se establezcan escuelas de administración pública (Art. 123, apartado b,frace. VIII). Ambos mandatos aún nose cumplen, pues no se ha generalizadoel sistema de méritos, toda vez que losplanteles universitarios de administración pública han sido establecidos paraotros propósitos, no para dar cauce almandato constitucional.
También la Constitución Política ordena que todo servidor público debe administrar con eficiencia, eficacia yhonradez, los recursos económicos deque dispone para satisfacer los objetivos a que está destinada su aplicación(Art. 134); igualmente, dichos servidores deben desempeñarse con legalidad,honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia (Art. 109, fracc. III). Sin embargo, aún no existen las disposiciones
ni las instituciones que sirvan paraaquilatar el grado de desempeño de losservidores públicos, para cualificar sueficiencia y eficacia, ni tampoco la legalidad, lealtad e imparcialidad con quesirven a la ciudadanía.
La Constitución también trata de lasresponsabilidades de los servidores públicos. Aquí me ceñiré a la responsabilidad administrativa, que se refiere alas sanciones administrativas de los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez,lealtad, imparcialidad y eficiencia quedeben observar en el desempeño de susempleos, cargos o comisiones (Art.109, fracc. IlI). Hay que observar queentre las causas de responsabilidad administrativa, se encuentran las deficiencias en el desempeño de labores.Dichas sanciones consisten en suspensión, destitución e inhabilitación, asícomo en sanciones económicas (Art.113). Sin embargo, como lo adelantamos, no se han establecido los mecanismos ni instituciones que permitanaquilatar las deficiencias de desempeño, pues México carece de la carreraadministrativa como un régimen generalizado.
Tal como es observable, por un lado,la Constitución requiere ser reformadapara viabilizar el establecimiento de lacarrera administrativa; por el otro, ellacontiene disposiciones que simplementese requieren implementar.
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Vamos a considerar algunos de los temas de mayor interés.
Comienzo por el principio, por el nombramiento de los servidores públicos.El establecimiento de la carrera administrativa demanda un acotamiento dela facultad presidencial de nombramiento, de modo que en lugar de brindarle la potestad para nombrar yremover libremente a los servidorespúblicos cuyo nombramiento o promoción no esté determinado de otro modoen la constitución o en las leyes; se deben limitar los nombramientos que puede realizar de un modo determinado yúnico. Una variación semejante, contralo que pudiera pensarse, no debilitaríael poder presidencial, sino que lo fortalecería, porque daría mayor peso institucional al Ejecutivo, estaría a salvodel asedio clientelar de buscadores depuestos, podría hacer los nombramientos de manera más personal y próxima,y abriría un enorme caudal de cargospara ser ocupados por el mérito, la aptitud y la capacidad. En suma, el Presidente de la República coadyuvaría demanera principal en hacer a los funcionarios y empleados públicos, verdaderos servidores del Estado.
En abono de lo anterior, hay que señalar que es posible que los servidorespúblicos representen hoy en día el 5%o 6% de la población de cualquier país,en promedio, y que su nombramientoconstituye un asunto de interés público
de primer orden. Los países de democracia madura han establecido como regla a la igualdad ciudadana ante loscargos públicos, haciendo uso de procedimientos objetivos de selección e ingreso, en tanto que los nombramientosde libertad plena constituyen la excepción.
En segundo lugar, me refiero a la categoría del servidor público, que de conformidad con la tradición mexicanaposrevolucionaria, se ha desenvueltodentro de las disposiciones laborales.Aquí, juzgo que el Congreso de laUnión podría considerar un cambio deámbito constitucional del servicio público, pues sus integrantes desempeñanfunciones públicas y su estatuto debesituarse dentro del derecho administrativo de manera principal, salvo aquellos trabajadores del Estado dedicados alabores de producción y prestación deservicios mercantiles y similares.
En tercer lugar trato de los procesos deselección, que requieren un sistemainstitucional que norme los concursosde ingreso. Al respecto, es menester elestablecimiento de una comisión delservicio civil dedicada a la administración de los concursos, las pruebas y losexámenes, y que fije los estándares dedesempeño exigidos y el modo cómo sedeben satisfacer; que aquilate la validezde grados y títulos; y que solicite la intervención de las instituciones universitarias para que colaboren al efecto.
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En cuarto lugar me refiero al establecimiento del centro de enseñanza, talcomo lo manda la Constitución, quedebe ser una escuela instituida por elEjecutivo federal como un plantel decomplementación y aplicación. Debetratarse, pues, de una escuela de formación y perfeccionamiento de los servidores públicos, cuyo destino seaocupar los cargos de la carrera administrativa y, por consiguiente, colaborar en la selección y formación de losnovicios; y capacitar continuamente alos veteranos. Una escuela tal deberárecibir a los egresados del sistema universitario que hayan aprobado los exámenes de ingreso y brindarles laformación administrativa, es decir, ladotación de capacidades de desempeñoespecíficas para ejercitar las funcionespúblicas.
Hay quienes han pensado que el Instituto Nacional de Administración Pública debería asumir esta función, ayer yhoy. Tal era el concepto de LucioMendieta y Núñez, cuando propuso enlos años 30 que esa institución se dedicara a la formación de los servidorespúblicos. Empero, de seguirse esa vía,el INAP debería establecer una escuelapropiamente dicha, dependiente de él,con base en el diseño de los plantelesuniversitarios y sus sistemas de acreditación; o bien, convertirse él mismo enuna Escuela de Administración Pública. En este último caso, dejaría a susmiembros en calidad de expósitos,
pues el INAP es una asociación civil.Parece que la mejor solución, es que elgobierno mexicano instituya una escuela profesional de servicio público yque el INAP, recuperando su esenciaprimigenia: que explore mediante investigaciones los problemas administrativos nacionales e internacionales,que difunda el saber, y que congreguea profesionales y académicos de la administración pública.
En quinto lugar, trato al tipo de servidor público que deberá ingresar a la carrera administrativa. Este servidorpúblico deberá integrar cuerpos de funcionarios generalistas, cuyo ejercicio serealizará de manera horizontal a travésde las distintas Secretarías de Estado yocuparan cargos de elevada responsabilidad, cuyo perfil de desempeño es eldiseño y hechura de política, la planificación, la coordinación, la dirección, yla evaluación del desempeño gubernamental.
Finalmente, considero al Estatuto de laCarrera Administrativa, una disposición de rango tan elevado como la LeyOrgánica de la Administración Pública,que podría ser expedida por el Congreso de la Unión y que contendría lospuntos antes anotados, además de otrosno considerados aquí.
Ciertamente habrá personas que se preguntarán acerca de las ventajas de lacarrera administrativa: yo solamente
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me referiré a dos, entre otras muchas:una es la posibilidad de exigir responsabilidad de desempeño al servidor público , de los actos administrativos querealiza; la otra es la capacidad de ciudadano para poder aquilatar la eficiencia del servicio público, a través deestándares de rendimiento objetivos,transparentes y públicos .
Qué mejores frutos se pueden ofrecer auna ciudadanía que optó por el cambioy que desea que los servidores públicos, en efecto, estén a su servicio .
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66 aMAR GUERRERO OROZCO
derogación de esta Ley se efectuó enagosto 12 de 1853.
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Notas
I Robson, William. "Recent Trends in Public Administration". The Polítical Quarterly. Vol. 25. 1954. p.346
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2Se entendía por propiedad de empleo un derecho distimo al patrimonio, y por consiguiente, no era heredado ni heredable; simplemente consistía en unafranquicia de "permanencia, garantizada por la ley".Carbajal, Francisco. "Discursos del diputado Francisco Carbajal sobre la Propiedad de los Empleos. PlanGeneral de Reformas de Oficinas, y Proyecto de Leypara restituir a sus destinos a los Empleadosque no siguieron al Gobierno a Querétaro". México, Imprentade Ignacio Cumplido. 1848.
3 "Decreto sobre el nombramiento de empleados porestados de la Federación", de agosto 18 de 1824. Disposiciones a que se refiere la prevención octava de lacircular de esta fecha sobre declaración de cesantías(fechas en agosto 18 de 1824, mayo 23 de 1829 y junio 30 de 1838)". México, Archivo General de la Nación. Biblioteca, Impresos Caja 13 sobre Legislación(Disposiciones sobre Empleados).
4 "Decreto sobre cesantes de los estados de la Federación", de mayo 23 de 1829. "Decreto sobre Cesantes,Licenciados y Empleados desocupados con Propiedadde Empleos", de abril 18 de 1837. [bid.
s "Decreto sobre Cesantes, Licenciados y Empleadosdesocupados con Propiedad de Empleos", de abril 18de 1837. lbíd.
6 Memoria del Ministerio de lo Interior de la República Mexicana, signada por Antonio Romero en enero12 de 1838. México, Imprenta del Águila. 1838. p. 2.
7 "Ley sobre que no se confieran Empleos Civiles oMilitares, Honorarios, y que el tratamiento a los Funcionarios Públicos sea sólo en Negocios Oficiales", deenero 27 de 1847. Derecho Internacional Mexicano.México, Litografía de Filomena Mata. 1899. ParleI1I, pp. 299-300. La mencionada derogación de estaLey se efectuó en agosto 12 de 1853.
8 "Prevenciones sobre el modo de conceder Cesantíasy Jubilaciones", de junio 30 de 1848. Ibíd, pp. 300301.
9 Carbajal, ohra citada.
10 Memoria de la Primera Secretaría de Estado y delDespacho de Relaciones Interiores y Exteriores, signada por José María Lafragua en diciembre 14 de1846. México, Imprenta de Vicente García Torres.1847. p. 178.
II/bíd.
12 "Decreto por el que se declara la amovilidad de empleos, de mayo 21 de 1852". México, Derecho Internacional Mexicano, tomo I1I, pp. 303-304.
13 tu«
14 "Decreto de septiembre 21 de 1852, sobre Prevenciones respecto de Empleados y sobre las Cualidadesde los meritorios para ser Admitidos en las Oficinasdel Supremo Gobierno". "Decreto de octubre 5 delmismo año sobre que los Empleados no puedan percibir dos o más Sueldos". Secretaría de la Presidencia.La Administración Pública en la Época de Juárez.México, Secretaría de la Presidencia. 1973. Tres tomos. Tomo 1, pp. 288-292.
ISlbíd.
[6 Piquero, J. Amovilidad de los Empleados en los diferentes Ramos de la Administración Pública. México,sin datos editoriales. 1856-1858.
17 [bid.
re Riquelme, Luis. "Proyecto de Suscripciones Voluntarias para los Empleados Civiles de la RepúblicaMexicana". México, Impreso por Juan Ojeda. 1837.
19 Díaz Rugama, Alberto. Guía Práctica para los Empleados Civiles en la República Mexicana. México,Imprenta El Socialista. 1887.
20 [bid.
2[ Justi, Johann Heinrich Gottlob van. Elementos Generales de Policía. Barcelona, por Eulalia Piferrer,Viuda, Impresora del Rey nuestro Señor. Plaza delÁngel. Año 1784. p. XI. [Hay una edición reciente,publicada por el Instituto de Administración Públicadel Estado de México, con el título de Ciencia del Estado (Toluca, 1996)].
22 Escudero, José Antonio. Los Secretarios de Estadoy del Despacho. Madrid, Instituto de Estudios Administrativos. Cuatro tomos. Tomo 1, p. 254.
23 Oliván, Alejandro. De la Administración Públicacon Relación a España. Madrid, Instituto de EstudiosAdministrativos. 1954. p. 79.
68 aMAR GUERRERO OROZCO
24 Hinrze, Otto. "El Estamento de los Funcionarios".Historia de las Formas Políticas. Madrid, Revista deOccidente. 1966 (1911). p. 224.
25 lbíd, p. 220.
26 Nieto, Alejandro. El Mito de la AdministraciónPrusiana. Universidad de Sevilla. 1962. p. 200.
27 Raro Bélchez, Guillermo. Aportaciones para la Reforma de la Función Pública en México. Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública. 1988. p.114-117.
28 Jefferson, Tomás. Escritos Políticos. México, Diana. 1965. p. 147.
29 Weber, Max. "La Política como Vocación". México, Revista de Ciencias Políticas y Sociales. Año V,núms. 16 y 17. 1959. p. 454.
JO [bid.
31 Haro, obra citada, p 17.
32 ¡bid, pp. 122-128.
33lbfd, p. 145.
34 Hintze, Orto. "Instituciones Estamentales de Occidente". Historia de las Formas Políticas, Madrid, Revista de Occidente. 1968. p. 98.
35Haro, obra citada, pp. 100-111.
36 [bid. pp. 108-109.
37 [bid. p. 163.
38 Debbasch, Charles. Ciencia Administrativa. Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública.1981. p. 359.
39Haro Bélchez, obra citada. p. 200.
40 Bertrand, André et Marceau Long. "L'Einsegnement Superieur des Sciences Admínistratives". RevistaInternacional de Ciencias Administrativas. Vol.XXVI, núm. 1. 1930. 1960. pp. 5-24.
41 Muñoz Amate. Pedro. Introducción a la Administración Pública. México, Fondo de Cultura Económica. 1957. Dos tomos. Tomo 11, p. 72.
41 Debbasch. Charles, obra citada, p. 361.
43 Kesler, Jean Prancois. "La Réforme de I'ENA". LaRevue Administrative. Nov.-Dec. 1986. pp. 535-542.
44 N. F. "Por una Réforme de L'ENA". La Revue Administrative. Mar.cabr. 1986. pp. 111-114.
45 Alvarez Alvarez, Julián. "La Carrera Administrativa en España". Quito, Administración de Personal yCarrera Administrativa en América. 1986. 149-150.
46 Ule. Carl. La Reforma Administrativa en Alemania.Madrid, Escuela Nacional de Administración Pública.1967. pp. 21-22.
47 Ibid, p. 24.
48 [bid.
49 Casteíló-Tárrega, Juan José Marí. "Preparación,Selección y Promoción de Jueces. Varios, Justicia ySociedad. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. 1994. pp. 135-136.
50 Correa Sutil, Jorge. "Capacitación y Carrera Judicial en Hispanoamérica". Varios, Justicia y Sociedad.México Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.1994. p. 181.
51 "Decreto de la Regencia declarando la Inamovilidadde los Magistrados y Jueces", de octubre 16 de 1840.Gabaldón López, José. La Organización de la Justiciaen la España Liberal (Los Orígenes de la Carrera Judicial: 1834~1870). Madrid, Editorial Civitas. 1991.pp. 286-287.
52 "Programa de Modernización de la AdministraciónPública 1995-2000~. Diario Oficial de la Federación.México, mayo 28 de 1996.
53 Chanes, José. Administración y Política. Facultadde Derecho, Universidad de Guanajuato. 1997. pp.27·37. Buena parte de mis reflexiones en los párrafossiguientes, están inspiradas en esta obra.
La administración pública y el régimen de la política plural
Serrano Migallón. Fernando
Recapitula diversas tesis que manejan la necesidad de replantear el funcionamientode la administración pública a partir de las nuevas condiciones políticas que hansurgido en México desde las elecciones de julio de 1997. Resalta que en Méxicose ha iniciado una nueva etapa política, como resultado de una mayor presenciaplural en los órganos de decisión, además de haber incrementado su fortaleza interna al aumentar su capacidad para responder a las demandas de una sociedadcompleja. Del mismo modo, analiza cómo valorar el diseño de políticas públicascon base en la distribución de prioridades dentro de la vida social, considerada como una variable de suma importancia para el desarrollo integral de México.
The public administration and the regime ofpolitical plurality
Serrano Migallán, Fernando
This work recapitulates various thesis proposing the need of a revision of the public administration's function in view of the new political conditions in Mexico asa result of the federal elections of july, 1997. lt emphasizes the fact that Mexicohas entered a new political era, as a result of a more plural presence in the decision-making organisms, as well as the fact that the country has improved its internal solidity by increasing its capacity to respond to the demands of a complexsociety. Moreover, it analyzes the way to appraise the design of public politics based on (he distribution of priorities in the social life, considered a very importantvariable for the integral development of Mexico.
La administración pública y el régimende la política plural
Fernando Serrano Migallón*
M éxico se encuentra en una nuevaencrucijada histórica. La vida
política nacional está a la puerta denuevas prácticas y discursos. La tendencia señalada desde hace varios años,en la cual se podía apreciar el gradualsurgimiento de fuerzas sociales antesdesconocidas o sin presencia activa,que desean su representación en lo político y lo social, han moldeado un nuevo perfil de los grupos y partidos quecomparten el ejercicio del poder político. La presencia multipartidista en losámbitos Legislativo y Ejecutivo, tanto anivel federal como local y municipal,plantean la necesidad de un nuevo examen de la forma en que la administración pública debe acruar en laperspectiva de la convivencia plural enla política y en su paulatina diversificación.
Existe un riesgo material de confundirla acción de la administración pública y
* Director General del Instituto Nacional de! Derechode Autor.
la acción política. Este riesgo aumentaen la medida que la realidad política,en un momento histórico y en un lugardeterminados, es principalmente monolítica, es decir, cuando un grupo detenta la representatividad de la sociedad ensu conjunto, pero también, este errorse pone en evidencia cuando en la vidapolítica inciden diversos grupos quepueden ser reconocidos como representantes de grupos ciudadanos y de organizaciones. Al observar este fenómeno, puede deducirse con facilidad queexisten diferencias substanciases entrela administración y la política. En ungrado de cultura política, más o menosavanzada, la administración cumple suobjeto con cierta independencia respecto de la acción política de los agentesque se adjudican la representatividad yla legitimidad que la sociedad les haconferido y re.conocido. No como realidades separadas y fuera de sus muruasinfluencias, sino como dos manifestaciones de la vida pública dirigidas a satisfacer necesidades diversas.
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Por administración pública puede entenderse tanto la actividad de gestióndel Estado, como el órgano que ejercela propia administración. La primera delas acepciones se sustenta en una ideamaterial de la acción de administrar,mientras en la segunda, se recurre a uncriterio orgánico funcional. Una primera definición puede describir a la administración pública como la actividad delEstado que se dirige a la gestión de satisfactores a las necesidades comunesde la sociedad, y por extensión al órgano del gobierno del Estado que se encarga de dicha gestión proveyendo delos elementos para cubrir las necesidades de la sociedad. 1
La administración pública es una respuesta de la sociedad, políticamente organizada, al reto que representan lasnecesidades comunes de los individuosy grupos que conforman la dinámica dela convivencia social. Existe administración pública donde existe una sociedad que ha evolucionado hasta laconformación política que es el Estadocontemporáneo.
Una parte fundamental del panoramapolítico contemporáneo, es la divisiónfundamental entre la vida del individuo, en su esfera privada y su actividadparticular, y la acción pública del Estado. Ambas esferas tienen sus propiascaracterísticas y sus propias normas,para el particular siempre aplican el régimen de la libertad que la ley le con-
fiere y le protege, a ella están ligadosconceptos como la autonomía de la voluntad y la personalidad jurídica; mientras, en materia de la actividad pública,está regida por el principio de legalidad, sus términos fundamentales son lacompetencia y el régimen de facultadesque sólo la Ley puede conferir.
En los primeros tiempos de la organización política estatal, la acción del gobierno de un Estado se limitaba a lasimple guardia de las libertades particulares, sin mayor función que la vigilancia de los actos de los propiosparticulares y de sí mismo; sin embargo, diversos hechos históricos y económicos, como las guerras mundiales ylas depresiones económicas, hicieronvisible que la acción del mercado y laactividad particular que, por su naturaleza, carece de programa respecto de laorganización social, no eran suficientespara satisfacer las necesidades colectivas, por lo tanto, se hizo necesario quela administración pública ampliara sumarco de actividades. Esta expansiónde actividades supuso una natural invación de las tareas que anteriormente estuvieron reservadas a la actividadparticular.
De la naturaleza de ambos regímenesde actividad surgen diferencias substanciales. Por una parte, la actividad particular, para subsistir y para tenersentido, debe abocarse a la obtencióndel crecimiento y de la ganancia econó-
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mica, es decir, ser rentable y preferentemente lucrativa, no así la administración pública, que se dirige a lasatisfacción de necesidades sociales ypor lo tanto no está animada por la noción de la ganancia económica, existeun error de concepción en la tendenciaque quiere asimilar a la administraciónpública con la empresa. Si bien, desdeluego, es deseable que en lo posible y,en las ramas en que esto puede ser, laactividad pública conserve, por lo menos, un nivel de equilibrio financiero.
Por otra parte, otra de las características que definen y diferencian ambos ramos de la actividad dentro de la vidadel Estado, responde a la fundamentación jurídica de las mismas. Por unlado, el régimen de libertad y de compromiso voluntario a que está sujeta ala actividad privada, la Leyes un margen de acción donde todo está permitido salvo aquello que la legislación y lareglamentación expresamente prohibe,en ella la voluntad de las partes paracomprometerse hace las veces de leyentre las partes, consagrada en el principio romano de que res inter aliasacta, es decir, que los actos jurídicossólo surten efectos entre las partes queactúan en su conformación. Mientras,para la actividad de la administraciónpública, la Ley, particularmente laconstitucional, son la causa eficiente desu existencia y la delimitación de losactos que puede realizar, en sentidocontrario a los particulares, a la admi-
nistración pública sólo le están permitidos los actos para los que la Ley la faculta, fuera de los cuales no tienepresencia jurídica efectiva. Pero, debido a esta naturaleza jurídica y al objetode su actividad, los actos de la administración pública afectan a todos los individuos de la sociedad y, ligada como loestá, al poder político del Estado, comparte con él las características de suimperio, el uso de la fuerza pública yla coercitividad de sus decisiones, elementos que na corresponden a los particulares.
Esta referencia necesaria entre la actividad de la administración pública y elpoder político del gobierno del Estado,nos hace reflexionar sobre las dos distintas facetas del Poder Ejecutivo delEstado contemporáneo. Corresponde alPoder Ejecutivo la aplicación de las leyes "en casos particulares y sin quemedie previamente un conflicto de intereses",2 respecto de su actividad política, distinta de la administrativa,comenta Rivero "Gobernar es tomar lasdecisiones esenciales que comprometenel futuro de la Nación: una declaraciónde guerra, la decisión en favor de unadeterminada política económica"." Estaprimera actividad es la que, propiamente podemos llamar política, la degobernar, que significa conducir el destino del Estado.
Íntimamente ligada a la función gubernativa del Estado, la tarea administrati-
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va abarca muchas esferas de la vida comunitaria. Dirigida a la satisfacción delas necesidades públicas, refiere su función a los más diversos campos de lavida cotidiana, sin embargo, sólo algunos de ellos tienen relación directa, opor lo menos cierta trascendencia, en laesfera de lo político y lo gubernativo.La mayor parte de sus actividades seperfilan a la prestación de servicios deconsumo cotidiano, seguridad pública,educación, sanidad, comunicaciones yenergéticos, por ejemplo. Dichas actividades sólo adquieren dimensión dentro de la esfera de la actividadgubernativa del Estado cuando se constituyen en elementos que definen ciertapostura política o se entienden dentrodel marco de las decisiones fundamentales para la vida del Estado como entidad políticamente constituida.
Desde luego, existe una relación intrínseca entre política y administración pública. Así, la existencia de un régimendemocrático amplía las expectativas departicipación dentro de la administración de los bienes y la prestación de losservicios que corresponden al Estado,aumenta su contabilidad y transparencia al sujetar al administrador a loscontroles constitucionales que rigen suactividad; por otra parte, en regímenesautoritarios o dictatoriales, dichos controles son más obscuros pues identifican al poder político con la funciónadministrativa, constituyendo, en casosextremos, a la prestación del servicio
como una prebenda del político en ejercicio del poder.
A propósito de esta separación entre laadministración pública y la tarea político gubernativa del Estado, GeorgesVedel, conceptúa a la administración"como el conjunto de actividades delgobierno y de las autoridades descentralizadas ajenas a la conducción de lasrelaciones internacionales y a las relaciones entre los poderes públicos ejercidas bajo el régimen del poderpúblico"." A partir de este comentariopodemos fijar dos apreciaciones fundamentales. Por un lado, la idea de quela administración pública no influye, oaún mejor, no tiene trascendencia porsí misma, en las relaciones internacionales del Estado, como sujeto de Derecho Internacional, ni en las relacionesdel poder público en cuanto a poderpolítico, pero además, por el otrolado, la existencia de autoridades descentralizadas, auténticas personas jurídicas de derecho público y verdaderosintegrantes del poder del Estado, peroque no comparten la función políticadel mismo.
La expansión de lo público dentro de lavida comunitaria del Estado, es un fenómeno constante a partir de la postguerra. Este fenómeno trae consigo lanecesidad de que la administración pública se especialice en cuadros profesionales con mayor perfeccionamientotécnico. Este cuadro, que conocemos
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como la descentralización de la administración pública, responde a la necesidad de prestar servicios cada vez máscomplejos por su detalle técnico, financiero o profesional; las entidades quese generan para satisfacer dicha necesidad comparten la naturaleza pública delEstado, pero poseen también personalidad y patrimonio propios. Por su propia naturaleza y, por haber sidocreadas por el Estado con fines exclusivamente técnicos, se encuentran siempre distantes, en su funcionamiento, delos vaivenes inherentes a la política.Es en este ramo de la administraciónpública donde puede verse con mayorclaridad la división formal y materialentre política y administración.
El fenómeno de la descentralización dela administración pública, tiene dos facetas importantes. Manifiesta la expansión del Estado occidental hacia áreasde la actividad humana anteriormentereservadas en exclusiva a los particulares, ampliando el ámbito de lo público,entre estas áreas se cuentan la protección de los ecosistemas, la explotaciónde los recursos naturales y la distribución de sus materias primas y productos, la redistribución del ingreso y, engeneral, la conducción de la economía.Asimismo, denota una clara tendenciaa la estructuración y permanencia deplanes y programas que permitan salvaguardar la prestación de los serviciospúblicos más allá de la presencia o ausencia de determinado grupo de poder
en el ejercicio legítimo de la autoridad..es decir, constituye como una prioridadestratégica en el desarrollo del Estado ysu progreso, el que los servicios públicos obedezcan más a criterios técnicosde rentabilidad y eficiencia, que a discursos ideológicos o cuotas de poder.
Desde luego, una presencia cada vezmayor del Estado en la vida social refleja una expansión del aparato burocrático, aunque esto no estédirectamente relacionado con la mayoro menor presencia del Estado dentro dela actividad económica, competitiva, esdecir, no debe ser entendido sólo dentro de los estrictos márgenes de unaconcepción liberal o estatista de la economía, sino al mayor grado de regulaciones administrativas y presencia deentidades dentro de las actividades privadas.
Conviene hacer esta distinción fundamental entre la faceta gubernativa delquehacer público y la esfera de la administración pública, por la importancia que ésta última tiene en la vidacotidiana de los ciudadanos. Tomandoen cuenta el principio de la división depoderes, que anima al Estado Occidental contemporáneo, la función de creación del orden jurídico, a cargo delPoder Legislativo, y la de dirimir losconflictos entre ciudadanos y entre éstos y el poder público, como corresponde al Poder Judicial, corresponde alPoder Ejecutivo la aplicación de las le-
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yes y las normas, aun sin que medie interés de parte de los ciudadanos y, enocasiones, en contra de la voluntad deellos mismos. Es esta función del Ejecutivo la que afecta de modo más cercano y directo la esfera de derechos delciudadano, es acaso el poder que máspresente está en la vida cotidiana de lacomunidad. Esto se traduce en la necesidad de establecer con claridad las diferencias fundamentales de la actividadpolítica y la actividad administrativadel Ejecutivo, definir aquellas actividades que responden al interés político dela República y, que en tal sentido, merece ser conducida por políticos propiamente dichos, es decir, por personascon la sensibilidad y el oficio gubernativo que la actividad amerita, y aquellasotras que responden al sentido técnicoy pragmático de la administración delos bienes y servicios abocados a la satisfacción de las necesidades públicas.y un. tema de la mayor trascendenciaque agudiza el análisis, la presencia deun gobierno plural, integrado por diversas fuerzas políticas representativasde distintos grupos de ciudadanos y deinterés.
América Latina en general y, Méxicoen lo particular, se han visto envueltosen nuevas dinámicas políticas y económicas a partir de la década de 1980. Sibien la evidencia muestra que los gobiernos del área se inclinaron a proponer soluciones económicas comorespuesta a sus graves problemas de
subdesarrollo y deficiente redistribución del ingreso, a la larga, se encontraron ante la perspectiva de buscaralternativas políticas que fueran másrepresentativas de sociedades cada vezmás complejas y demandantes. Algunospaíses transitaron de la dictadura a lademocracia, ya mediante la conciliación con grupos armados y subversivos, o bien, mediante la transiciónpacífica. Otros más, entre los que seencuentra México, realizaron una adaptación paulatina correspondiente a losnuevos grupos e intereses políticos. Elsaldo general latinoamericano fue el dela adopción de la democracia como método de gobierno y de la pluralidadcomo forma de representación social.
Desde luego, existe una acción recíproca entre las fuerzas sociales y la accióngubernativa del Estado. Esto se traduceen la concepción y actualización de determinadas políticas de administraciónpública. Eduardo Andrade, resume esarelación de este modo, "el Estado interviene o actúa en un cierto momento otoma una acción concreta por razón delas fuerzas sociales en juego, de cuyaacción aparece como resultante cadamedida que el Estado adopta. Esasfuerzas que se manifiestan en el senode la sociedad, determinan su acción".5
Este panorama presenta dos niveles deacción claramente diferenciados, porun lado, la acción que determina laspolíticas dentro de la administración, es
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decir, la fijación de prioridades, deagendas con temas sociales, económicos, de seguridad o servicios; en loscuales la mano del político se distinguepor fijar programas que seleccionan determinadas conductas públicas, inhibenotras y posponen algunas; y por otrolado, la acción administrativa propiamente dicha, que se traduce en la actividad de brindar los servicios, producirlos bienes o controlar las actividades,de acuerdo con la agenda y prioridadespreviamente fijadas. En la primera, lapluralidad política, como forma de representatividad política, juega un papelde importancia vital, especialmente enel establecimiento de las prioridades yen la proposición de salidas a los problemas prácticos, pero en la segunda,nos estamos refiriendo a un nivel pragmático, a una actividad, la más de lasveces, técnica y especializada.
El propio Andrade reflexiona en el sentido de que, "es entonces el conjuntode factores sociales, la correlación defuerzas en el proceso social, lo que determina la acción que ha de asumir elEstado, combinado con lo que podemosconsiderar el interés del propio Estado,pero no como un ente abstracto, sinocomo un conjunto de personas que aspiran a mantener la conducción delaparato estatal y que sopesan cuál delas medidas que puedan tomar redituarámayores beneficios para su propia posición en el interior del sistema que elEstado constituye. "6 Esta idea, susten-
tada en la observación de la realidaddel juego de poder que se desarrollaentre los partidos políticos; ofrece unavisión heterodoxa de la política entendida en el sentido clásico del arte degobernar a los hombres y administrarlos bienes de la cosa pública. Desdeese punto de vista, deslindar los límitesentre la administración pública y la política, en cuanto a sistema de conducción social.
La idea de que exista un grupo de individuos que detenten el poder del Estadoy, en tal sentido, se visualicen a sí mismos con el deber y el derecho a sostenerse en tal posición, ya de modoindefinido como en una monarquía ouna dictadura, o sujetos a un períodoconstitucional, como en una democracia republicana, plantea la situación deque el propio gobierno del Estado es,así mismo, una fuerza más dentro delconcierto social y no sólo el concertador de las fuerzas que conviven al interior de la comunidad. Este fenómeno,conocido como la autonomía relativadel Estado, se fortalece cuando existendiversas fuerzas políticas que convivenen el ejercicio del poder. Cada una deestas fuerzas utiliza su mayor o menorinfluencia para lograr la prevalencia desus programas y discurso ideológico,esto es, favorece o inhibe ciertas políticas de acuerdo con su estructura, ideay cuota de poder. La administraciónpública, por el contrarío, ofrece un panorama, digamos, más uniforme y apo-
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lítico, tiene una sola fuente esencialque es el margen legal y constitucionalde su competencia, así como está animada por el afán de proporcionar a lacomunidad los satisfactores que requiere para su supervivencia y convivenciapacífica.
Es claro, sin embargo, que esta autonomia relativa del Estado, está sujeta afuertes controles sobre su capacidad deacción. La relatividad de la autonomíaradica en dichas manifestaciones depresión social y política, algunas por ladinámica propia de los partidos políticos y grupos de presión representativosde la sociedad, otras más por la sociedad civil organizada y desde luego, lasmás importantes en el sistema democrático, que son las de la presión electora!. Volviendo al análisis de Andraderespecto de la autonomía relativa delEstado, su opinión parece adecuada enel siguiente sentido, "la autonomía relativa del Estado para la toma de decisiones está condicionada, en buenamedida, por el grado de democratización que permita a las distintas fuerzassociales manifestarse de diferentes formas."?
Sin embargo, la prestación de los servicios, la producción de los bienes y, engeneral, el adecuado funcionamiento dela administración pública redunda, necesariamente en una sociedad demandante y estratificada, en una nuevapresión sobre el sistema político. Un
sistema político, hegemónico o de partidos, que resulta incompetente paramantener, de manera funcional, el aparato de la administración pública, enfrenta una presión más dentro de suesquema político. La demanda del correcto y transparente funcionamiento dela administración pública es común enlas sociedades democráticas, se perfilacomo un interés prioritario para la buena marcha del Estado y señala la existencia de un mínimo de funcionalidaddel gobierno aún en situaciones de transición, como el cambio de grupo gobernante, o en crisis políticas en grandeo pequeña escala.
Una diferencia más entre la funciónpolítica del gobierno del Estado, ensu papel de rector de la vida públicay, la tarea de administración pública,radica en que sólo la función gubernativa está sujeta a las presiones queprovienen de fuerzas externas al propio Estado, no sólo de gobiernos extranjeros y entidades internacionales,sino de fuerzas tales como empresas ygrupos económicos privados internacionales y transnacionales, grupos religiosos o movimientos ideológicos.Estas presiones actúan, de modo directo en el poder político del Estado,determinando en cierta medida la configuración de su agenda y decisiones,pero no repercute, sino de modo indirecto en la función de la administración pública, es decir, sólo mediantereflejo de las políticas que ha deter-
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minado sin que pueda aducirse que lasituación internacional o externa haimpactado de manera propia en laprestación del servicio general de administrar lo público.
Desde el punto de vista que, la íntervención del Estado, en la vida y esferajurídica particular de los habitantes delterritorio en que se ubica, correspondea su propia naturaleza, no puede hablarse de un Estado libre de intervención en tal esfera o un Estado noadministrativo. Sin embargo, la presencia del Estado que administra y proporciona satisfactores a necesidadespúblicas tiene su legitimación en losbeneficios que pueda llevar a los ciudadanos, referido al mejoramiento y sustento del nivel y calidad de vida, desdeesta óptica resulta evidente que los grupos sociales, representados en los órganos del poder, pueden convertirse enefectivas presiones para que se actúe demodo que los beneficie y, su corolario,"en la medida en que haya menos posibilidad de expresión democrática, seránlos grupos más pequeños y privilegiados los que tengan mayor fuerza paradeterminar la acción del Estado".8 Estesería un esquema fundamental de la interrelación entre la pluralidad políticaen el gobierno del Estado y la administración pública.
Algunos investigadores del fenómenopúblico han propuesto la reinvencióndel gobierno," a raíz de estas situacio-
nes políticas y administrativas. Esprobable que esta sea una visión todavía aventurada, sin embargo, es naturalque algunas situaciones innovadorasdentro de la escena política fuercen alEstado a adquirir nuevas conductas,por ejemplo, la necesidad de eficienciaeconómica propia de una sociedadcompetitiva, la creciente demanda dedesarrollo social y de democratizaciónpolítica y el fortalecimiento de la sociedad civil y de su participación.
La vigencia de la pluralidad política enel gobierno del Estado trae consigo lanecesidad de evaluar nuevas formas derespuesta para los retos de la administración pública.
A partir de las diferentes dinámicas quehemos señalado para la función gubernativa y política del Estado, frente a latarea de la administración pública y, tomando en cuenta el panorama particular de la pluralidad política dentro delgobierno del Estado, situación ahorareal en México, se hace necesaria ladeterminación de estructuras administrativas que permitan una mayor movilidad del sector público en su carácteradministrativo, es decir, la cada vezmenor presencia de conflictos y tomade decisiones de carácter rutinario yburocrático; en la esfera del mando político, se sigue detentando, desde luego, el monopolio de la fijación de laspolíticas públicas.
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Esto supone la fijación de adecuadaspolíticas en materias tan diversas comola salud, la seguridad o la educación,que se ven fortalecidas por el diálogodemocrático, pero que, en el momentode llegar a la administración pública yentrar en contacto con el ciudadano, requiere que la propia administración pública se convierta en un centro decaptura de información útil para el diseño de las políticas. Kliksberg propone algunos ejemplos en este sentido,"Ayes (Ghana) subraya la tremendacomplejidad del proceso de la políticapública. Kyosti Pekonen hace énfasisen la falta de representación entre gobierno y sociedad, y propone "un modelo de representación interactiva muyimportante en sociedades modernascomplejas". B. Guy Peters delinea lostrazos de un 'Estado participatorio'.Turo Vortanen (Finlandia) resalta lanecesidad de apoyar la coordinación enel proceso de la política pública mediante sistemas e información interorganizacional; Xu Zhenhuan (China) veal mejoramiento de las coordinacionesgubernamentales y empresas estatalescomo parte integral de las reformas porintroducir. Marcel B. Weenswijk's sededica a los sistemas actuales de evaluación demostrando que fallan en encontrar la complejidad y la ambigüedaddel proceso de implementación de políticas, y Paula R. Bilinsky destaca, entre otros errores de los mismos, el queprivilegien medir indicadores macroeconómicos y no estándares de vida."10
El replanteamiento de la funcionalidaddel Estado mexicano, a las puertas deun nuevo escenario político, caracterizado por la pluralidad política, es unaoportunidad para rediseñar nuevas políticas de administración pública. La descentralización de la administración, porejemplo, es un camino por donde ya seha transitado con éxito. El fenómenode la descentralización, no sólo regional, sino técnica y por servicios, es yageneralizado y, si bien, como señalaGérard Marcou, "la descentralizaciónno necesariamente promueve la democracia", también es cierto que permiteuna cercanía mayor de la administración pública con la realidad social y lasnecesidades públicas que pretende solucionar, asimismo, significa un mayorgrado de especialización técnica en loscuadros de servidores públicos, dimensionándolos con precisión fuera de lascorrientes políticas del momento alafianzarlos en posiciones y escalafonestécnicamente definidos.
Sin embargo, dentro de la cadena de ladescentralización, la pluralidad políticacumple también ciertos efectos. Así,impide que no sólo las élites localestengan influencia o participación realen la prestación de los servicios, sinoque, aumentada la representatividad delos órganos que determinan las políticas públicas, coadyuva a que cada vezmás los ciudadanos estén cerca de lagestión administrativa. La pluralidadpolítica, cuando se trata de un hecho
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relacionado con el avance de los fenómenos democráticos, previene contra loque Marcou señala, "la autonomía localpuede derivar en la confiscación de poder y, consiguientemente, de los recursos que vienen con él por un grupopolítico o social dominante"."
En el fondo, la cuestión de la mayor omenor independencia de la administración pública del sector gubernativo político del Estado o, en otros términos,de la manera en que las diferencias deambas funciones del Estado hacen funcional la tarea de gobernar y administrar, plantea un nuevo concepto deEstado, cada vez menos monolítico y,cada vez, más flexible, más parecido auna relación de redes que a una pirámide como tradicionalmente se le ha concebido. Esto significa la sustitución delas antiguas pirámides burocráticas,propensas al dispendio de los bienes ala lucha burocrática por cuotas de poder, al menos en niveles de decisiónadministrativa, cuando no política, porun sistema de redes de instituciones relacionadas cuyos valores son el servicio, la eficiencia, el manejo óptimo dela información y la coordinación. Estenuevo paradigma, no convierte, comoalgunos pretenden, al Estado en unaentidad de tipo gerencial, pues no pierde de vista su objetivo esencial, que esla satisfacción de las necesidades públicas, sino que limita la función de la llamada tecnocracia, al cumplimiento desus labores fundamentales, dejando en
exclusiva al sector político democráticola determinación de las políticas públicas.
Desde este punto de vista, es probable,que las antiguas estructuras weberianasde la burocracia, hayan cumplido sucielo histórico, ya que su rigidez puedemenos como respuesta ante una situación de incertidumbre y cambiocontinuo dentro de las sociedades contemporáneas, fenómeno que se ve agudizado cuando existe la pluralidadpolítica en el gobierno del Estado.Debe contarse, entonces, con la concertación de las fuerzas políticas, a través de la actividad democrática, comoun elemento de flexibilización de lasfunción administrativa del Estado.
En esta idea del nuevo diseño de laspolíticas, y de la nueva administración pública, en el marco de la pluralidad política, conviene referirse a lanecesidad de la recuperación de la credibilidad del Estado dentro de la vidasocial. La credibilidad del gobierno delEstado se erosiona cuando la poblaciónpercibe, de modo real o al menos aparente, ineficiencias en la prestación delos servicios, errores en la determinación de las políticas públicas o crisis deautoridad en la vida del Estado. La primera de estas cuestiones puede ser atacada desde el exclusivo marco de tareas del administrador público, pero lasdos últimas requieren, necesariamente,de la acción conjunta de todo el cuerpo
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del gobierno del Estado. Un Estado quese retroalimenta con la información querecibe de sus prestadores de serviciosbásicos, con el contacto de una administración basada en el ciudadano comocentro de su actividad y que tiene líneas contables dentro de la determinación de sus políticas públicas, es un Estado que puede aprender de sus propioserrores y corregirlos con una velocidadaceptable, es, como se diría en la terminología contemporánea, un Estadointeligente, ávido de recuperar y acrecentar su credibilidad.
Cada Estado debe elaborar su propiaagenda de prioridades en materia depolíticas públicas. Esto vuelve a situarnos otra vez dentro de la órbitadel nivel político-gubernativo, del poder público del Estado, aunque desdeluego; al menos en los países en víasde desarrollo o, con cuadros recurrentes de crisis económicas, a veces atribuibles a los procesos deinauguración del desarrollo, existennecesidades básicas que resultan típicas. Entre ellas la reversión de lastendencias demográficas centralizantes en uno o pocos focos urbanos, locual incide de modo directo en la incorrecta distribución poblacional; ellogro del desarrollo regional deacuerdo con los recursos naturales yhumanos de cada área; la ordenacióndel territorio nacional de modo que lapoblación y la infraestructura esténcorrectamente relacionadas, y fortale-
cer la descentralización de los servicios públicos.
Desde luego, la mayoría de los elementos de esta agenda, versan sobre asuntos evidentemente económicos. Dehecho, los procesos de democratizaciónen el área latinoamericana, antes de acceder a lo político, estuvieron precedidos por fuertes programas económicos,con mayor o menor éxito. Pero, nopuede lograrse la reforma del Estado sino es a través de fundamentos políticosy esa, es una lección que ha costadomuchos años de desarrollo a nuestraárea e, incluso en algunos países, graves conflictos sociales. Existe entoncesuna agenda básica que sustenta la determinación de las políticas públicas,esta agenda fundamental se refiere apresupuestos políticos relacionados conla democratización de la sociedad, entre sus productos se encuentra, desdeluego, la pluralidad política dentro delas cúpulas de toma de decisión al interior del Estado.
Los elementos de esta agenda de pluralización y democratización, que incidede modo directo en el modo en que laadministración pública presta sus servicios, puede componerse de elementostales como la democratización de la sociedad a través del incremento de losmecanismos de participación de losgrupos sociales de base y no sólo partidos políticos; la racionalización del Estado mediante el diseño de estrategias
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integrales y no sólo de decisiones sectoriales aisladas, y la igualación del desarrollo económico al interior delterritorio del Estado; la optimizaciónen la prestación de los servicios públicos.
La superposición de estas dos agendas,una política fundamental y otra de carácter principalmente técnico, administrativo y económico, suponen de hechouna mayor diferenciación entre las funciones políticas y administrativas delpoder público del Estado. Sin que, desde luego, dejen de encontrarse íntimamente relacionadas.
Como muchos autores han analizado,no parece existir una relación directaentre democracia y crecimiento, aunque un ambiente democrático parecemás idóneo que uno dictatorial para satisfacer las necesidades políticas de unasociedad avanzada. En materia de desarrollo administrativo, parece existir unarelación similar. Nzouankeu, comentaque "la descentralización es el complemento necesario e indispensable de lademocracia pluralista; la extiende y lepermite alcanzar sus objetivos"." Sinembargo, una afirmación como ésta nopuede ser entendida de modo absoluto.No es sólo la descentralización, y laafinación técnica de los órganos encargados de la administración pública, lasdemandas propias, en esfera administrativa, de una sociedad democrática ypolíticamente plural. Pero parece más
cercano a la realidad el que una sociedad, conforme avanza en su sistemapolítico democrático, requiera de formas más ágiles de administración públicas ante una evidente marcha en lacomplejidad de las necesidades a satisfacer.
La eficiencia y buena marcha de la administración pública de un Estado nopuede suponerse como un efecto de lademocracia. La pluralidad política,como régimen de representatividad, social y política, avanzado; no corresponde necesariamente a niveles mejores enla prestación de los servicios públicos;pero la noción y experiencia de unavida democrática dentro del Estado sírequiere de mejores y más modernosmétodos de administración pública tanto por la mayor demanda de serviciosasí como por la complejidad de las demandas de una sociedad avanzada. Enotras palabras, la dinámica de una política democrática y plural, plantea la necesidad de diseñar políticas públicas delargo y mediano plazo que gocen deuna mayor autonomía de la dinámicapolítica de enfrentamiento entre losgrupos que comparten el ejercicio delpoder público y, al mismo tiempo, exige un mayor nivel de perfeccionamiento técnico y administrativo en loscuadros de servidores públicos demodo que las necesidades básicas de lasociedad sean satisfechas para no constituirse en nuevos factores de juego político.
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A parIir de que México ha iniciado unanueva etapa de su vida políIica, comoresulta de una mayor presencia pluralen los órganos de decisión políIica,conviene hacer un examen del funcionamiento de la administración pública,su fortaleza dentro del margen de la autonomía relativa del Estado y su capacidad para responder a las demandas deuna sociedad compleja. Este análisispuede representar una valoración parael diseño de políIicas públicas adecuadas a partir de la correcta distribuciónde prioridades dentro de la vida social;sin duda, esta es una las más importantes tareas a que está llamada la nuevarealidad políIica de nuestros tiempos,de su satisfacción depende, en ciertamanera, el avance hacia el desarrollo.
Notas
J Pueden verse algunas otras definiciones en: Diccionario Jurídico Mexicano, UNAM, Porrúa. México.1986, Tomo 1. Rivera, lean. Droit Administratif. Précis Dalloz. París. 1980. P. 9 YOsomio Corres, Francisco Javier. La administración pública en el mundo.UNAM. México. 1986. P. 4.
2 Osormo Corres, Francisco Javier. La administraciónpública en el mundo. UNAM. México. 1986.P. 6.
3 Cfr. Rivera, lean. Drou Administratif, p. 1t. Citadopor Osomic Corres. Francisco Javier. Op.Cit.• p. 6.
4 Cfr. Droit Administratif, Vedel, Georges. PUF, París. 1980, p.3R. Citado por Osonuo Corres. FranciscoJavier. Op. Cit. p. 9.
5 Andrade Sánchez, Eduardo. La Intervención del Estado en la economía. UNAM. México. 1986, p. 17.
6 Andrade Sánchez, Eduardo. Op. Cu., p. 17
7 Andrade Sánchez. Eduardo. Op. Cit., p. 19
Il Andrade Sánchez, Eduardo. Op. Cít., p. 29
9 Véase D. Osborne y T. Gaebler, ReínventingGovernemenr: How the Entreprencuriat Spirit is Transforming {he Pubhc Sector. Addison-Wesley Pubhshing.1992.
JO Kliksberg, Bernardo. El rediseño del Estado.INAP. FCE. México. 1994, p. 31
11 Kliksberg, Bernardo. El rediseño del Estado. Op.Cit., p. 32.
12 Marcou, Gérard. "Democratization and Descentralization of the State". citado por Kliksberg, Bernardo.El rediseño del Estado. Op. Cit.. p. 33.
13 Nzouankeu, Jacques Mariel. "Descentralización ydemocracia en África". En Kliksberg, Bernardo. Elrediseño del Estado. Op. Cit., p. 114.
México: dos regímenes políticos sobrepuestos
Rodríguez Araujo, Octavio
El artículo tiene por objetivo describir y analizar las dos corrientes políticas gestadas en el seno del partido oficial, mismas que han dado forma, a partir de 1920, alos procesos económicos y políticos que ha vivido México hasta la fecha. Dichascorrientes se identifican como "populista-autoritaria", presente desde AlvaroObregón hasta José López Portillo, y "tecnocrático-neoliberal", de donde han surgido los tres últimos gobiernos del Estado mexicano. Describe los hechos que hancaracterizado a cada una de ellas durante los procesos de cambio político y económico gestados en México, así como los problemas de orden estructural que hanllevado a ambos regímenes a una crisis política, expresada en el cuestionamientode las formas de dominación que el gobierno ha ejercido para mantener el Estadode derecho.
Mexico: Two superimposed política! regimes
Rodríguez Arauja, Octavio
The articles purpose is to describe and analyze the two political tendencies createdin the core of the official party, which, starting in 1920, have directed the economical and political processes in Mexico up to the present day. These tendenciesare identified as the "populistauthoritarian", lasting from the regimes of PresidentsÁlvaro Obregón through José López Portillo, and the "technocratic-neoliberal",from which the last three governments of the mexican State have arisen. It describes the deeds that have characterized each of them during the processes of political and economical change in Mexico, as well as the structural problems that haveled both regimes to a political crisis, as expressed in the questioning of the domination forms employed by the government to keep the state of law.
México: dos regímenespolíticos sobrepuestos
Octavio Rodríguez Araujo*
L as elecciones del 6 de julio de1997' han alterado, por sus resul
tados, parte de las bases del régimenpolítico mexicano, en realidad de losdos regímenes sobrepuestos que caracterizan al México de estos tiempos.Dialécticamente, los resultados electorales del 6 de julio son, a su vez, producto en cierto modo de la crisis de losregímenes mencionados.
Del párrafo anterior se desprenden tresexplicaciones necesarias. 1) Entiendopor régimen político (que no gobierno)una forma de existencia del Estado quedepende de la correlación de fuerzassociales y políticas en un país y en unmomento dados. 2) Los dos regímenessobrepuestos a los que me refiero son:a) el que ha caracterizado políticamentea México desde los tiempos de Obregón (1920-24), y que, genéricamente,denominaré populista autoritario', y b)el que han configurado los gobiernos típicamente neoliberales (1982 a la fe-
* Profesor-investigador de la UNAM.
chal y que llamaré tecnocrático neoliberal (que es también autoritario). 3)Los dos regímenes están en crisis: elpopulista autoritario, porque si bien hasido sustituido en buena medida y a nivel presidencial (en un país presidencialista) por otro, no ha muerto odesaparecido del todo, y el tecnocráticoneoliberal porque sin haberse consolidado ya se percibe la necesidad de modificarlo porque el neoliberalismo,como modelo ideológico-político implantado mundialmente y adoptado enMéxico, de continuar, provocará consecuencias que pudieran ser (algunas yalo son) irreversibles y gravísimas parala mayoría de la población y, por lomismo y potencialmente, para los poderes constituidos (en los países centrales yen los periféricos como México) ypara los intereses económicos que representan.
I. El antiguo régimen
El régimen populista autoritario no fueuno en todo momento o, si se prefiere,
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tuvo modalidades propias en distintosperiodos. Como tal, podría decirse quedesde el gobierno de Álvaro Obregónhasta el de Luis Echeverría (1970-76)se mantuvo, pero los grados de populismo y su orientación no fueron siquiera semejantes en todo momento,aunque se quisiera dar esa impresióncon ciertas medidas, como fuera elcaso del reparto de tierras durante elgobierno de Díaz Ordaz (más de 24 millones de hectáreas de tierras estériles einútiles para la agricultura') o de lafama obrerista de Miguel Alemán quienen realidad fuera uno de los grandesimpulsores del capital industrial a costade los niveles de vida de los trabajadores. En rigor, no todos los gobiernosdel periodo mencionado fueron populistas, pero sí intentaron parecerlo ycontaron para el efecto con las organizaciones corporativas de campesinos yde trabajadores urbanos controladas poraparatos del gobierno, normalmentepor la presidencia del país y, desde luego, con el apoyo y el discurso del partido oficial.
El régimen populista autoritario ha tenido, en mi interpretación, dos modalidades principales claramente definidasy sucesivas: 1) una modalidad bonapartista, que podría ubicarse en el periodocomprendido entre 1920 y 1940, Y 2)la modalidad de una democracia autoritaria en la que se mantienen formas bonapartistas pero sin su contenidoesencial.
La modalidad bonapartista, en unaapretada síntesis', se caracterizó: 1)por su origen, en que fue resultado deuna crisis de gran magnitud (la Revolución de 1910) y porque ninguna de lasclases sociales estaba en condiciones deasumir el poder o de influir determinantemente en él; 2) porque un grupopolítico-militar, formado al calor de larevolución, tomó el poder sin identificación directa con una clase social particular aunque propiciara un modelodominante basado en la propiedad privada de los medios de producción,manteniendo una relación de apoyo/control con los trabajadores y undiscurso claramente populista aunque, aveces (1926-1934), la actitud gubernamental fuera francamente de derecha yen favor de privilegios a sectores de lanueva burguesía asociada con el poder-principalmente- de Calles (el "JefeMáximo").
La modalidad de la democracia autoritaria', en el caso mexicano, se dio apartir de que una de las clases sociales,en concreto la burguesía, comenzó a tener suficiente fuerza como para determinar, obviamente en su favor, laspolíticas públicas, y no, como ocurríatodavía en el Cardenismo, como unproyecto "a pesar" de la burguesía que,como clase, estaba en proceso de reestructuración, si no de formación en larealidad posrevolucionaria. Este periodo comenzó, definiéndose poco a pococon mayor claridad, en los años de la II
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Guerra mundial, llegando a su plenituden la llamada década mundial del desarrollo, que en México fue conocidacomo la etapa del desarrollo estabilizador (aproximadamente de 1959 a 1970,aunque la recesión mundial iniciara en1967).
Las características principales y comunes del largo régimen populista autoritario (en las dos modalidades descritas)fueron intervencionismo estatal (nosólo en la economía); crecimiento constante de la administración pública (másallá de las necesidades de gobierno);dominio absoluto del Poder Ejecutivo(presidencialismo con facultades incluso metaconstitucionales); centralismopolítico a costa de las libertades de losmunicipios y del federalismo contemplado en la Constitución; corporativismo como forma fundamental de la organización de la sociedad y de relacióncon el poder central; libertades acotadas, tales como las de expresión, asociación, de prensa, de manifestación;ausencia de respeto a los derechos humanos; corrupción en todos los nivelesde gobierno y de la administración pública y, por si no fuera suficiente, elecciones fraudulentas y manipuladas entodos los niveles de la representaciónpolítica, además de una política sistemáticamente clientelar del partido oficial hacia los ciudadanos.
A cambio de estos vicios característicosdel sistema, en general se sostuvo un
índice sostenido de crecimiento económico con una tasa de desempleo relativamente baja. Dicho crecimientoeconómico, que se mantuvo a un promedio anual de aproximadamente 6 porciento desde 1935, no se tradujo enmejores salarios para los trabajadores,ni siquiera a partir del take off industrial favorecido por la II Guerra mundial. Las ínconformídades generadaspor el deterioro de los niveles de vida,sobre todo de los trabajadores de la industria y de los servicios tradicionalesen la década de los 506, fueron resueltas por la vía de la represión más quepor la negociación política.
Otra característica de los gobiernos deeste periodo fue, a pesar de que hubomomentos y aspectos de subordinacióna los dictados de Washington, el nacionalismo, tanto económico como cultural e ideológico'. Había una nociónclara de la defensa del Estado-nación y,por lo mismo. de la nacionalidad fincada en los valores tradicionales rescatados de la historia de México, aunqueésta no siempre fuera correctamente interpretada.
El arreglo de partidos políticos, en esteperiodo, sobre todo a partir de 1922,cuando Obregón logró la subordinaciónde las fracciones partidarias en la Cámara de Diputados en contra de los carrancistas", estuvo sujeto a los condicionamientos, en la línea y en ladisciplina, del jefe del Ejecutivo en tur-
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no. Una vez creado -{!esde el poderel Partido Nacional Revolucionario(posteriormente PRM y luego PRI), laselecciones se organizaron para favorecerlo, lo que no significaba otra cosaque favorecer al gobierno y, en general, a la gente del Presidente de la República (con la salvedad del periododominado por Calles conocido como"el Maximato"). Los partidos opositores, que por supuesto los hubo, fueronimpedidos en su crecimiento manipulando los resultados electorales desde elnivel de municipio hasta el poder central, desde las legislaturas locales hastala federal.
El pluripartidismo existente en México,percibible a partir de los años 40, fuemás formal que real, puesto que eracontrolado incluso cuando se necesitabaque hubiera oposición. Así, por ejemplo, cuando el naciente Partido Revolucionario Institucional lanzaba a MiguelAlemán (quien era reputado comohombre de derecha) a la Presidencia(1946), el gobierno saliente se encontrócon que no había oposición pues Acción Nacional (fundado en 1939) nopresentó candidato, por lo que, a lanueva ley electoral se le añadió un artículo transitorio que, por esa única vez,permitiera el registro de partidos, incluido el Comunista Mexicano (en crisis desde 1940), que no reunían losrequisitos cuantitativos de la ley o,peor aún, se impulsó, sobre la marcha,la candidatura de otro hombre del régi-
men, pero a la derecha de Alemán(Ezequiel Padilla), mediante el efímeroPartido Democrático Nacional. Fueclaro, entonces, que el régimen político, cuando le fuera conveniente, auspiciaba la presencia de la oposición, de lamisma manera que la obligaba a desaparecer, como ocurrió con el PartidoFuerza Popular en 1949 o con la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano entre 1952 y 1954.
En ese periodo el partido del régimen yla administración pública dependientede los Ejecutivos federal y estatales,principalmente, eran dos instancias depoder compartido y con frecuenciacomplementario. Quienes ocupabancargos de elección popular, al terminarsu gestión pasaban a formar altos puestos en la administración pública, y viceversa (salvo quienes eran castigadospolíticamente). El presidente del partido, y por lo tanto los puestos de mayorjerarquía, eran (y son todavía10) nombrados por el Presidente de la República, jefe del Ejecutivo y, por lo mismo,de la administración pública federal. ElPRI, entonces, era una especie de escalera de ascenso al poder (la única) endonde se hacía la política en México,pese a su heterogeneidad en sus filas ya la existencia de grupos en su interior.Por la existencia de éstos en el partido,podría decirse que las pugnas de grupoequivalían a las de partidos dentro deun gran partido. Pero al depender lavida del partido, así como los ascensos
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políticos, del jefe del Ejecutivo federal,el Presidente de la República era intocable durante su mandato, asumiendofacultades de poder que rebasaban conmucho las atribuciones conferidasconstitucionalmente.
La oposición nunca tuvo posibilidades,hasta antes del gobierno de Salinas deGortari (1988-94), de ocupar una gubernatura estatal o de contar con mayoría en el Congreso de la Unión o en loscongresos estatales. Las diversas reformas electorales, previas a la realizadapor López Portillo en 1977, fueron,primero, para evitar que la oposiciónfuera competitiva (como fue el caso dela reforma de 1954 con dedicatoria alHenriquismo!'), y posteriormente paradarle a los otros partidos entrada relativa a la Cámara de Diputados bajo fórmulas muy precisas que impedían, defacto, que la oposición pudiera obtenermayoría absoluta en relación con elPRI (fue el caso de las reformas de1964, "diputados de partido", y de1973, supuestamente para auspiciar elregistro de nuevos partidos opositoressin posibilidades de ser realmente competitivos).
Este control del jefe del Ejecutivo enturno sobre el partido del régimen, sobre el proceso electoral en su conjuntoy sobre el poder Legislativo, permitieron también el control absoluto del poder Judicial, puesto que de la Cámara
de Senadores depende aprobar o no laspropuestas que hiciera el Presidente dela República para la constitución de laSuprema Corte de Justicia de la Nacióny, por extensión, de las instancias quede ésta dependen.
El círculo de poder del antiguo régimenno puede cerrarse sin incorporar dosvariables más que no por ser tratadas alfinal son menos importantes: los empresarios y los trabajadores (rurales yurbanos).
Durante el bonapartismo el capital necesitó de los apoyos estatales para formarse, crecer o desarrollarse, según elcaso. Con la coyuntura de la II Guerramundial el capital industrial se convirtió en el eje de la acumulación de capital en México y en otros países deAmérica Latina como Brasil y Argentina. Contó con el apoyo de los gobiernos del régimen, no sólo con obras deinfraestructura desarrollados por éstos,sino con exenciones fiscales más queatractivas para el capital (exención deimpuestos a las industrias nuevas y necesarias) e, igualmente importante, conel control de las organizaciones de trabajadores impidiendo huelgas y sindicatos autónomos, como fue el caso delas represiones de 1947 y de 1956-59,incluso con militares, a los trabajadoresprincipalmente ferrocarrileros. Con estos controles, los gobiernos de la segunda posguerra permitieron que lossalarios reales de los trabajadores dis-
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minuyeran, de 1939 a 1948, a menosde la mitad y que la recuperación delnivel de 1939 se alcanzara hasta196712
En otros términos, los gobiernos delperiodo de la democracia autoritaria favorecieron claramente al capital en perjuicio de los trabajadores, pero almismo tiempo fortalecieron a la burguesía como clase perdiéndose así laposibilidad de mantener la forma estatal que hemos caracterizado como bonapartista, forma que comenzó adeclinar con la II Guerra sin perder algunos rasgos, más como estilo de ejercicio del poder que como esencia delrégimen.
11. La crisis del antiguo régimen
Aunque hubo varias crisis políticas enel régimen populista autoritario, éstasno definieron la crisis del régimen pesea que muy probablemente influyeron enésta. Pero la crisis del antiguo régimen,si bien puede interpretarse como unacrisis política más, fue de gran magnitud y, al parecer, definitiva, pese aque, como se dijo al principio, el antiguo régimen no ha muerto del todo."Una crisis política es expresión delpoder político cuando otras fuerzas ponen en contradicción e incluso en riesgo de modificación fundamental las
formas o los modos de dominación(que incluyen la dominación económicay la ideológica), o la dinámica de lasformas de dominación que el Estadoejerce para mantener el statu qua, quees su principal y genérico objetivo encualquier nación moderna. "13
Las principales fuerzas externas al poder político institucional que puedenponerlo en crisis son: 1) exógenas: lasfuerzas económicas dominantes del capitalismo mundial o de una potenciaextranjera, y 2) endógenas: las clasessociales que en su lucha ponen en crisislos modos de dominación que permitenque un régimen político --como lo hedefinido, y por extensión el Estado-garantice la estabilidad necesaria parala acumulación de capital en un momento dado.
Las crisis políticas previas a la CrISIS
del régimen, fueron básicamente provocadas por razones endógenas. Encambio, la crisis del antiguo régimen yla sobreposición del nuevo régimen,tiene una mayor explicación en lo exógeno y en los cambios substancialesque ha sufrido la acumulación de capital conocida actualmente como globalización (o mundialización) de la economía en el marco del neoliberalismo.
Se dijo al principio que por régimenpolítico (que no gobierno) se entiendeuna forma de existencia del Estado quedepende de la correlación de fuerzas
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sociales y políticas en un país y en unmomento dados. Estas fuerzas socialesy políticas, por supuesto, pueden serexternas, internas o mixtas (asociaciónde capitales transnacionales y nacionales). En las crisis políticas previas a lacrisis del antiguo régimen las fuerzassociales y políticas internas fueron lasque amenazaron las formas o los modos de dominación existentes y básicospara el funcionamiento del régimen.Las fuerzas sociales y políticas que hanpuesto en crisis al antiguo régimen sonfuerzas económicas, principalmente,que han venido determinando no sólolas formas de acumulación de capital aescala mundial sino el papel de los gobiernos en los Estados-nación que seintenta destruir --{;omo tales- para facilitar el modelo neoliberal que no admite más fronteras que las de los paísesdominantes y hegemónicos, EstadosUnidos a la cabeza."
Dicho de otra manera, las crisis políticas previas a la crisis del antiguo régimen fueron producto de la lucha declases, y la solución que le dio el régimen, autoritario como se ha dicho, fuela represión incluso militar (1947,1956-59, 1968 Y 1976, principalmente!'), además de la escalada militar yparamilitar (la Brigada Blanca, señaladamente) en contra de los movimientosguerrilleros de los años 70 que, pese ala amenaza que representaron para elsistema, no provocaron una crisis política por no haber puesto en peligro los
modos de dominación característicosdel régimen hasta ese momento.La crisis del régimen, del antiguo régimen, tiene un origen mucho más complejo que las previas crisis políticas.Está relacionado, internamente, con lospromotores y convencidos de la mundialización económica (los tecnócratasnacionales); con la transformación delmodelo económico mundial y su marcoideológico: el neoliberalismo; con lacrisis económica (yen otros órdenes)que se inicia a mediados de los años70, y con los efectos que esta crisiseconómica provoca en la sociedad entérminos de cohesión, solidaridad y espíritu de lucha.
Los tecnócratas han existido en tiempos previos al que estamos analizando, pues son producto de lascondiciones que privan en ciertos momentos del desarrollo de las fuerzasproductivas en la sociedad. Unos sonmás funcionales que otros a la situación del momento, pero son predicado del sujeto y no el sujeto mismo.Los tecnócratas, entonces, son resultado (funcional, la mayoría de las veces) de una cierta dinámica deacumulación de capital después de unproceso de pérdida de legitimidad ycredibilidad de un régimen, en el casomexicano del régimen posrevolucionario que he denominado populistaautoritario y que demostró sin ambages su verdadero rostro y sus limitaciones ante la opción política no
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represiva en 1968, concretamente el 2de octubre de ese año.Es de tal magnitud la irracionalidad delsistema capitalista, que en un momentodado conviene sustituir la imagen delhombre fuerte, carismático, por la delhombre o del grupo técnicamente apto,que científica y técnicamente, por lomenos en teoría, va a resolver las cosas; es decir, la sustitución del "sabiopolítico" por quien o quienes puedenresolver no intuitiva sino científicamente los grandes problemas de la "sociedad moderna y compleja", también enteoría.
La llegada de los tecnócratas al poderno fue producto de negociaciones internas (nacionales) entre los gruposeconómicos, las clases sociales y elgobierno, sino consecuencia de situaciones objetivas que permitieron u"obligaron" (dirían los gobernantes deentonces) una intervención más fuerteque nunca antes del Fondo MonetarioInternacional, el Banco Mundial y elBanco Interamericano de Desarrollo.Estas situaciones objetivas fueron elendeudamiento externo, la petrolización de la economía (que favoreció laespeculación en lugar de la inversiónproductiva), el déficit fiscal (que erasuperior a los 150 mil millones de pesos en el último año del gobierno deLópez Portillo), la creciente inflación, agotamiento de las reservas internacionales de la banca central(propiciado entre otras razones por la
volatilidad de los petrodólares y lafuga de capitales que auspiciaban lascrecientes devaluaciones) y, por supuesto, las devaluaciones del pesoante el dólar. En consecuencia, aumento de precios de bienes y servicios públicos, reducción del sectorpúblico y del gasto social y deterioromuy considerable del poder adquisitivo de la mayoría de la población, entre otras razones porque en elgobierno 1976-82 se inició la imposición de topes salariales por debajo dela inflación (que se mantiene hasta lafecha), como parte de la política pública para garantizar las ganancias delcapital. Incluso durante el breve augepetrolero los salarios reales se ubicaron al nivel de 1970 mientras que elcosto de la vida se sextuplicó en elmismo periodo.
La incapacidad del gobierno mexicanopara pagar la deuda externa (o siquierael servicio de ésta) o adquirir nuevospréstamos, su incapacidad también paragarantizar la circulación monetaria, elahorro interno y cubrir el déficit presupuestal, lo llevó a aceptar las recomendaciones del FMI ' 6 y de institucionesrelacionadas; es decir, de los capitalese intereses dominantes ya en la economía mundial. Con estas aceptacioneslos tecnócratas de la recién creada Secretaría de Programación y Presupuesto, de la Secretaría de Hacienda y delBanco de México, se perfilaron comola fracción triunfante, políticamente, y
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la que, supuestamente, salvaría al paísde la irracionalidad económica. Lostecnócratas serían funcionales a las necesidades del capital dominante en elmundo y al papel dado por los mercados a México en la nueva división internacional del trabajo en la lógica delcambio estructural.
En el gobierno de López Portillo sepudo percibir suficientemente la crisisdel antiguo régimen, acelerada por lareconversión del capital a escala mundial a partir de la declaración de Nixonsobre la no convertibilidad del dólar estadunidense (1971) Yde la crisis económica iniciada a mediados de los años70 (la crisis del petróleo). La pugna entre tecnócratas y neokeynesianos, dentro del gobierno, se hizo más queevidente en las contradicciones entre elPlan Global, eficientista y miope porcuanto a sus efectos sociales, y el Planlndustríal elaborado bajo criterios de laescuela de Cambridge y con base enpropósitos de mayor empleo y mejoressalarios)'. Estas diferencias se expresaron también en el seno del PRI, comolo demostró la carrera interna por lasucesión presidencial y, por supuesto,en las filas de las corporaciones obretasy campesinas oficialistas que se vieronfragmentadas internamente por corrientes democratizantes que formaron frentes contrarios a las políticas degobierno. Asimismo, en términos formales, se vio el deterioro del régimenen las elecciones al resultar Miguel de
la Madrid el candidato presidencial quemenor votación tuvo en la historia delPRI, sólo opacado por su sucesor, Salínas de Gortari, quien estuvo todavíamás abajo, pese al gran fraude que lollevó a la presidencia del país.
La tecnocracia, en general, no teníamilitancia política en los partidos, eneste caso en el PRI; por lo mismo, conmuy raras excepciones, no ocupó cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, por ejemplo. Elúltimo presidente de México que fuesenador y diputado fue Gustavo DíazOrdaz (1964-70). A partir de Echeverría, con la excepción de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial delPRI asesinado en marzo de 1994, loscandidatos a la presidencia por el PRI
salieron de las filas de la administración pública "sin haberse ensuciadolos zapatos" --como dicen los mismos priístas no tecnócratas.
Con el triunfo de los tecnócratas en lospuestos más altos del poder, incluida laPresidencia de la República, los viejospolíticos han sido desplazados o considerados no funcionales a las "necesidades" de la modernización y, por lotanto, sustituidos en los cargos importantes de la administración pública. Si aesta situación se le agrega el llamado"adelgazamiento del Estado" que significó la privatización de empresas públicas y la disminución de puestos en laadministración pública federal, las
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oportunidades para vivir del presupuesto fueron cada vez menores, en comparación con los tiempos del ampliointervencionismo estatal y del crecimiento ciertamente desmesurado delsector público, provocando insatisfacciones, inconformidades. y oposicionessoterradas en el interior del Revolucionario Institucional.
La construcción de un nuevo iégimen,impulsada por los tecnócratas en el poder, terminaría por acelerar la crisis delantiguo que, en el modelo de acumulación dominado mundialmente por laideología neoliberal, es, debe decirse,disfuncional y, al margen de este modelo, obsoleto --al no responder ya alas demandas de la población mayoritaria del país, entre aquéllas, a la democracia en todas las instancias y no sólola electoral.
III. El nuevo régimen, en crisisantes de consolidarse
Se ha mencionado al principio que enla actualidad hay dos regímenes políticos sobrepuestos en México. Al nuevole he llamado tecnocrático neoliberal yha estado configurado por gobiernos típicamente neoliberales desde 1982. Seha sobrepuesto al anterior por una razón sencilla de entender: si bien lostecnócratas han querido imponer unnuevo régimen, funcional al modelo
económico que defienden, los interesescreados -dentro del sistema- a lolargo de más de 60 años se resisten,como es lógico, a su desaparición.Pero, además y aunque pudiera parecerextraño, no todos los políticos y funcionarios públicos del nuevo régimencoinciden con las políticas económicasy sociales que se han impuesto en losúltimos años, y menos cuando se hanvisto los efectos de estas políticas en elempleo, en el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos y en la soberaníadel país.
El modelo econormco que defiendenlos tecnócratas es la relativa mundialízación de la economía en el marcoideológico-político del neoliberalismol'. Éste es un patrón superestructural necesario para garantizar losrequerimientos de la llamada globalización de la economía que es, como lodemuestran Hirst y Thompson'", unmito ya que las compañías genuinamente transnacionales son relativamente raras puesto que la mayoría de lasgrandes firmas son de base nacional yde relaciones comerciales multinacionales20 Otra característica que cuestionaseriamente a la globalización es que lamovilidad del capital no ha producidouna transferencia masiva de inversionesy de empleo de los países desarrolladosa los subdesarrollados, sino que la inversión extranjera directa está altamente concentrada entre las economíasindustriales avanzadas, y el llamado
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Tercer mundo permanece marginadotanto de las inversiones como del comercio, considerándose por separado ala pequeña minoría que forman losnuevos países industrializados. Enotros términos, el comercio, las inversiones y los flujos financieros estánconcentrados en la tríada Europa, Japón y Estados Unidos'! , permitiendoque estos países tengan la capacidad deejercer fuertes presiones de gobiernosobre los mercados financieros y otrastendencias económicas. Si pudiera hablarse de globalización, tendría quepensarse más bien en el terreno financiero, pues gracias a la desreglamentación casi universal de los mercadosde capitales y de las monedas, son muypocos los países que pueden ubicarse almargen.
Pero la relatividad de la globalizaciónde la economía no la quieren entender,según toda evidencia, los tecnócratasmexicanos. Piensan, parece, que lasventajas de la globalización, que ellossuponen de verdad mundial, van a alcanzar a las economías de nuestros países, cuando que en realidad lo que seestá logrando es la destrucción de launidad constitutiva del Estado y de loscapitales nacionales a la vez que se hanacentuado las desigualdades sociales yeconómicas --tanto en cada país comoen el campo internacional-- por la víadel desempleo masivo y de recortespresupuestales del gasto público, sobretodo socíal-' . Estas desigualdades so-
ciales, sectoriaies y regionales hanobligado a los gobiernos a adoptar medidas crecientemente autoritarias queniegan en la práctica los valores del liberalismo que dicen defender. La democracia, como les conviene pensarla,se reduce a una democracia de élites ycircunscrita al campo electoral en elque los partidos son privilegiados desdeel poder como formas de organizaciónabstracta de la sociedad, mientras queésta es inhibida, por diferentes mecanismos, en sus intentos de organizacióny participación democrática en asuntosde su competencia e interés.
Los gobiernos del neoliberalismo hanprivilegiado la economía sobre la política, pero algo no les ha salido bien,pues la economía ha sido un fracasosalvo para los grandes capitales en México; es decir y por igual, nacionales yextranjeros, pero siempre los más grandes. La apuesta, en la lógica de la globalización económica, ha sido a laeconomía externa y a las inversionesdirectas de capital. Para lograr estascondiciones se ha sacrificado el nivelde vida y las expectativas de la mayoríade los mexicanos, como bien se reconoce incluso a nivel presidencial.
La crisis económica, que ha sido delarga duración, ha permitido, por unlado (como toda crisis) la concentración de capitales (22 supermillonariospara 1994 sobre los dos que existían en1991, por ejemplo), y por el otro lado,
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la indefensión de la sociedad mayoritaria y, por lo mismo, su depauperaciónacelerada y a niveles nunca vistos desde la crisis de 1929. Esta indefensiónde la sociedad la he tratado de explicar(en otros escritos-') por la misma crisisy uno de sus efectos inmediatos y másdevastadores: la individualización de lasociedad; es decir la pérdida de cohesión como tal, de solidaridad entre susmiembros, de acuerpamiento inclusoentre las que pudieran ser clases sociales específicas. Esta sensación de naufragio ha propiciado actitudes de"sálvese quien pueda", y los tradicionales egoísmos individualistas de la sociedad civil de que hablaba Hegel hanaflorado como nunca antes.
Gracias a esta individualización, acentuada por el peligro real del desempleomasivo, que rebasa con mucho al concepto de "ejército industrial de reserva"(puesto que éste quería decir que podrían ser empleados, mientras que ahora no hay ni habrá empleo para muchosque lo han perdido o que aspiran porprimera vez a tenerlo); gracias a estaindividualización, decía, se ha podidogolpear a las organizaciones de trabajadores existentes, desapareciendo algunas, disminuyendo sus contratoscolectivos de trabajo en otras o, simplemente, no permitiendo que se formen sindicatos (como es el caso de lasmaquiladoras). Al no haber organización siquiera defensiva de los interesesde los trabajadores, los salarios han po-
dido ser disminuidos como en pocospaíses en el mundo, al extremo de queel director del FMI llegara a declarar(cito de memoria) que en ningún otropaís la población hubiera podido soportar las políticas de austeridad impuestaspor el gobierno mexicano. En el mismosentido se expresó el New York Times,periódico del que nadie sospecha tendencias izquierdistas, con el siguientetexto: "El grado de disparidad del ingreso en México está entre los peoresdel mundo y continúa creciendo en forma aberrante. Excluyendo a los paísesafricanos, México tiene el abismo másgrande entre ricos y pobres, según estadísticas de la ONU y del Banco Mundial. El 10 por ciento de los ricoscontrolan el 41 por ciento de la riquezadel país, mientras que la mitad de lapoblación total recibe sólo el 16 porciento del ingreso nacional".24
La traducción política de esta dramáticasituación ha sido la pérdida de legitimidad de las organizaciones sindicales y,por extensión --ya que la mayor partede éstas forma parte del PRI--, la legitimidad del partido oficial.
Si bien por varios años el deterioro delPRI se observaba en el crecimiento dela abstención electoral y muy pocos votos para la oposición, con el tiempo,aunque la abstención siguiera creciendo, la oposición comenzó a ganar votose, inversamente, el PRI a perderloscada vez más. El punto de aceleración
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de este fenómeno fue la situación económica al final del gobierno de Miguelde la Madrid, el famoso sexenio decrecimiento cero, como le llamaran algunos economistas.
Miembros conspicuos del PRI, entreellos uno de sus expresidentes, tuvieronotra visión de lo que debería ser el desarrollo del país y, al ser bloqueados ensus intenciones políticas dentro de supartido, se salieron de éste para formarla oposición electoral más exitosa en lahistoria posrevolucionaria del país: elFrente Democrático Nacional. EsteFrente fue posible, entre otras razones,porque la insatisfacción generalizada dela población con la economía del país(devaluaciones, inflación galopante, especulación monetaria, cero crecimientoeconómico y disminuciones muy significativas en los niveles de vida) repercutió en partidos de tradicional apoyoal gobierno en turno (PPS, PARM, PST yotros todavía más pequeños) volviéndolos por primera vez opositores reales-'en la elección de 1988.
El triunfo del FDN, escamoteado por elgobierno mediante el sistema de cómputo e impidiendo "la autopsia delcuerpo del delito" (quemando alrededorde la mitad de las cajas electorales), yel aumento de votos en favor del Partido Acción Nacional, fueron factoresque harían surgir un desusado interéspor las elecciones como vía al poderpara desde éste intentar cambiar los
destinos del pueblo mexicano en unadicotomía, todavía no resuelta, entreneoliberalismo y algo distinto que, sóloen la superficie. pareciera ser una vuelta al populismo, al corporativismo y alintervencionismo estatal, pero que noes tal.
La elección presidencial de 1988 fue,aunque no se lo propusieran su protagonistas, el parte aguas de la historiaelectoral de México-" y el cambio deun sistema de partidos a otro para darlugar a una nueva fase partidaria-electoral que es, sin lugar a dudas, la quevive el país en estos momentos. Esdecir, se pasó del -formalmente hablando- pluripartidismo con partidodominante, a un arreglo de pluripartidismo en el que el PRI no parece tenerya los elementos suficientes para recuperar su antiguo papel dominante.En otros términos, la política "de carro completo" del pasado ha cedidolugar a elecciones francamente competitivas en las que es cada vez másdifícil falsear los resultados o trucarel proceso.
Es así que la sobreposición de dos regímenes, uno obsoleto que todavía no desaparece del todo y otro queparadójicamente entra en crisis antes deconsolidarse, sobre todo a partir de los"errores de diciembre" de 199427 , determinaría en buena medida la crisisdel PRI pues, como bien se sabe, ésteha dependido -y así fue concebido-
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de un régimen que desde el gobierno seha querido sustituir por otro, el actual.
En otras palabras, al cambiar el régimen, al ser sustituido por otro, su partido, el del régimen anterior, tenía queresultar disfuncional, tanto como lo es,guardando las proporciones debidas, elcorporativismo sindical a las necesidades de las empresas modernas y de lasmaquiladoras en el modelo postaylorista y posfordista del presente. La "cabaldisciplina" del PRI al gobierno en turno, disciplina que no puede obviarsedado el peso de la figura presidencialen el partido y en la política general delpaís, llevó al PRI incluso a cambiosideológicos -sin consenso- por iniciativa del entonces presidente CarlosSalinas de Gortari (el liberalismo social), para regresar al nacionalismo revolucionario durante el gobierno deErnesto Zedilla, en la XVII Asambleadel partido. Pero la readopción de laantigua pauta ideológica sólo fue partede la catarsis priísta en que se convirtióla asamblea, ya que en los hechos, conbase en la disciplina que emana de lapresidencia del país, el neoliberalismoes la ideología dominante, lo que nosignifica que sea asumida por todos lospriístas.
IV. A manera de conclusión
En la lógica de la sobreposición de dosregímenes en crisis, con promesas in-
cumplidas del actual gobierno, comopor ejemplo el "bienestar para las familias" que nadie ve, la oposición partidaria ha ganado una enorme presenciaque antes no tuvo. Tanto el PAN comoel actual Partido de la Revolución Democrática compiten, con crecientes posibilidades de triunfo, con el cansadopartido oficial, como ha sido demostrado en las elecciones de 1997, cuando,por primera vez desde 1929, año defundación del partido oficial, éste perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y, también por primera vez en lahistoria posrevolucionaria de México,se elige al gobernante del Distrito Federal triunfando la oposición con elotrora satanizado (por Salinas de Gortari) candidato presidencial del FDN.
Pero esta oposición cada vez más competitiva ha tenído costos políticos e ideológicos, especialmente en su flancoizquierdo. La izquierda, para podercompetir electoralmente, ha tenído quedistanciarse de posiciones ideológicasque la definían en el pasado y ha renunciado a representar a clases y sectores declase que tradicionalmente la distinguíande los antiguamente llamados partidosburgueses. La razón de estos cambios essimple: las definiciones ideológicas y larepresentación de ciertas clases sociales(trabajadores y campesinos, por ejemplo) excluyen a otras clases sociales, ytal exclusión se expresa en votos (en realidad en no votos) con el consiguienteriesgo de no poder competir con partí-
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dos con mayor apariencia de pluriclasistaso Por lo tanto, la izquierda, para poder competir electoralmente, devinoplural en su composición y en sus planteamientos, indefinida ideológicamente,ambigua en sus propuestas y, en consecuencia, semejante en muchos aspectosa sus adversarios.
El único punto que distingue en estosmomentos a la izquierda, concretamente al PRD del PAN y del PRI, es que elprimero se propone "quitarle las aristasfilosas al programa neoliberal"28 , esdecir un cambio más o menos sustancial en la política económica para quemejore la calidad de vida de los mexicanos y no nada más la de los supermillonarios y sus socios de segundo nivel.De otra manera dicho, el proyecto perredista, a diferencia de los proyectosdel PRI y del PAN, es en cierto modoantineoliberal, lo que supone una mayor intervención estatal en la economía, para regularla e imprimirleorientación a las inversiones como ocurre en los principales países desarrollados (Japón y Estados Unidos de manerasobresaliente), mejorar la planta delempleo, fortalecer la economía en elcampo con sentido popular, aumentarsalarios, y mantener la seguridad socialy la gratuidad o el subsidio de serviciostradicionales que han formado parte delingreso indirecto de millones de mexicanos, y que ahora han perdido o estánen vías de perder.
Pero los cambios en las políticas públicas en un sentido no neoliberal sólo serían posibles bajo dos presupuestos nonecesariamente excluyentes: que la sociedad se organizara de tal manera quepresionara al gobierno tecnocráticopara cambiar su política (lo que, segúntoda evidencia, no está dispuesto a conceder el presidente Zedíllo-? ), o que enlas elecciones del año 2 mil la oposición antineoliberal ganara la Presidencia de la República, que es la únicaposición de poder en México dondepuede dictarse, al menos formalmente,la política económica y, por lo tauto, elrumbo del país --mientras el presidencialismo siga siendo característica dominante del sistema mexicano.
La sociedad ha tratado de organizarse yuno de los impulsos más significativospara esta organización ha surgido, paradójicamente, de una fuerza armada,clandestina e ilegal: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con sus diversas iniciativas en este sentido, desdela formación de la Convención Nacional Democrática (agosto de 1994) hastala propuesta del Frente Zapatista de Liberación Nacional (enero de 1996) yque habría de traducirse en su congresofundacional a mediados de septiembrede 1997. Pero, lamentablemente, la organización de la sociedad no será tareafácil, entre otras razones por su heterogeneidad y los muy diversos interesesde sus miembros que, mientras la crisisno sea remontada, mantendrán posicio-
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nes individualistas en la mayoría de loscasos como fórmula de sobrevivenciaimpuesta por los estragos de las políticas neoliberales.
La ausencia de fuerza en la sociedad,como presión organizada para revertirlas gravísimas consecuencias socialesde las políticas neoliberales, más la ambigüedad ideológica de los partidos políticos y el hecho mismo de quecoparticipen en una supuesta transicióndemocrática que es sólo de élites, sonfactores que no permíten visualízar unaalternativa clara a los dos regímenessobrepuestos.
El gobierno, en el nuevo régimen, haperdido los modos tradicionales de control y dominación de la sociedad, al extremo de tener que recurrir cada vezmás a la presencia de las fuerzas armadas, pero, al mísmo tiempo, no ha podido (o querido) resolver las contradicciones extremas que sus políticasneoliberales han provocado en la sociedad. La aparente salud del país, en términos socioeconómicos, sólo existe enlas estadísticas macroeconómicas, porque al nivel de la población mayoritaria, que incluye a las empresas no competitivas a escala mundial (que son lamayor parte de las empresas del país),la crisis del modelo es evidente y no seve mejoría para los próximos 20 años,como implícitamente lo ha reconocido
el presidente Zedilla en su tercer informe de gobierno de septiembre de 1997.
Ni la vuelta al pasado ni el mantenimiento del presente, parecería ser unaapreciación válida de reflexión. Pero¿qué alternativa existe? Cuando se conozca con relativa precisión esta alternativa, se sabrá qué régimen ocupará ellugar de los que aquí hemos íntentadodescribir y analizar. La reflexión sobreeste punto, sobre la alternativa al neoliberalismo, es mundial, como lo demuestran no sólo los libros y artículosque se están publicando en todo elmundo, sino también los cambios habidos en la composición de casi todos losgobiernos de Europa. Lo que es un hecho es que un modelo de acumulacióncon tendencias a excluir a dos terciosde la humanidad de una vida digna, nopodrá subsistir por mucho tiempo.
Notas
1 Las características sobresalientes de estas eleccionesfueron: 1) por primera vez en la historia de Méxicofue electo el jefe del gobierno del Distrito Federal porsufragio directo, universal y secreto y. además, dichotriunfo recayó en unpartido de oposición de centro-izquierda, el Partido de la Revolución Democrática, y2) por primera vez desde la fundación del partido oficial, éste no obtuvo la mayoría absoluta en la Cámarade Diputados.
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2 No se pasa por alto en esta connotación que en lahistoria se han registrado populismos de izquierda yde derecha y que, por lo mismo, no caben en la misma orientación el populismo de Lázaro Cárdenas (México), que el de Domingo Perón (Argentina) o el deGetulio Vargas (Brasil), pero esta distinción no es significativa para los fines de este ensayo. Para mayordesarrollo véase Críticas de la Economía Política(Edición Latinoamericana), México, Ediciones El Cahallito, NU 20-21, julio-diciembre de 1981, "Los populismos" .
3 José Blanco, "Génesis y desarrollo de la crisis enMéxico, 1962-1979", Investigación económica, México. FE-UNAM, núm. 150, ocr.cdic. de 1979, Cuadro16, p. 48,
4 Para mayor desarrollo puede consultarse OcravioRodríguez Araujo, La reforma política y los partidosen México, México, Siglo XXI, lI a edición, 1991.pp. 20-23.
5 Utilizo la expresión "democracia autoritaria" en elsentido que le da Mauro Volpi, La democrazia autoritaria (Forma di govemo bonapartista e V Repubblicafrancese), Bologna, 11 Mulino. 1979; es decir, comosucesión de una forma de bonapartismo que conservamuchas de las características distintivas de éste, sinser una democracia más o menos plena, como se entiende en la literatura actual sobre el tema.
6 Véase al respecto, Gutiérrez G., Esthela, L'Accumulation du capital et le mouvement ouvrier au Mexique: 1950-1960, Tesis de doctorado, Universidad deParís VIII, mimeo, París. 1983.
7 Incluso en los once años del "desarrollo estabilizadar", encabezado económicamente por el poderoso ylibera! secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena,éste declaró que la vinculación económica México-Estados Unidos "podría haber sido de absorción. No loha sido -vañadió-v. gracias al nacionalismo positivo deMéxico, derivado de su tradición cultural, de su historia y de los valores emanados de la Revolución ... ".Véase Antonio Ortiz Mena, Desarrollo estabilizador.Una década de estrategia económica en México, s.e.,s.f.
8 En la Cámara de Diputados dominaba, como fracción mayoritaria. el Partido Liberal Constitucionalista(carrancisra) y, para contrarrestarla, Obregón logró launión de las otras fracciones en contra de ésta, presu-
miblemente cooptando a los diputados mediante métodos de dudosa institucionalidad. Véase FernándezChristlieb, Paulina y Octavio Rodríguez Araujo, Elecciones y partidos en México, México, Ediciones ElCaballito, 1986, p. 17.
'} En el Maximato los presidentes de la República(Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L.Rodríguez) estuvieron subordinados al Jefe Máximo,Calles. Incluso los secretarios de Estado consultabancon Calles antes que con su jefe inmediato, el presidente en turno del país.
10 En septiembre de 1997 el presidente Zedillo nombró como presidente del PRI a Mariano Palacios, sinocultar a la opinión pública el origen de esta designación y a pesar de haber dicho que guardaría una "sanadistancia" de su partido.
1J Sobre el Henriquismo, puede consultarse OctavioRodríguez Araujo. "El Henriquísmo: última disidenciapolítica en México", Estudios políticos, México, CEPFCPS-UNAM, núms. 3-4, sepnembre-dlciembre de1975.
12 Pascoe P. Ricardo y Jeffrey Bortz N., "Salario yclase obrera en la acumulación de capital en México",Coyoacán, México, núm. 2, enero-marzo de 1978.
J3 Octavio Rodríguez Arauja, "Crisis políticas en México", Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, México, FCPS-UNAM, Núm. 124, abril-juniode 1986.
14 Una discusión sobre la intención de los capitalesque dominan el mundo de hoy de destruir los Estadosnación de los países subdesarrollados, puede verse enOctavic Rodríguez Arauja, "Política y neoíiberaíis0l0". Revista Mexicana de Ciencias Poliricas y Sodales, Año XLI, ocr-dic. de 1996, núm. 166, pp.113·129. Y más específicamente como estrategia contra el neoliberalismo, Octavio Rodríguez Arauja, "ElEstado-nación, ámbito necesario en la lucha contra elneoliberalismo y la rnundializacién económica", Vienro del Sur, México; núm. 8, invierno de 1996. pp. 5457.
15 Me refiero a la represión en contra del proyecto deformar una central única de trabajadores y el "charrazo" contra los sindicatos involucrados en esa iniciativa(1947), asimismo, contra los trabajadores de la educación, primero, y luego contra los ferrocarrileros y sus
\00 OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO
aliados en el movimiento de 1958 que culminó conuna represión militar a principios de 1959. En 1968 larepresión, también militar, fue contra el movimientoestudiantil popular y en 1976 contra la Tendencia democrática de los electricistas, impidiéndole que lograra sus propósitos de democratizar los sindicatos enMéxico.
16 Estas recomendaciones significaron, no sólo en México, privatización de empresas públicas. disminucióndel déficit público, reducción de la administración pública, disminución drástica de los gastos sociales, topes salariales y homogeneización hacia abajo de lossalarios, desmantelamiento de los sindicatos como asociaciones de defensa de los trabajadores, desregulación económica del Estado y apertura comercial y alas inversiones extranjeras. En síntesis, eliminar todoslos obstáculos que pudieran encontrar los flujos demercancías y de dinero.
J7 El primero postulaba una menor intervención delEstado en la economía, el segundo 10contrario.
18 Una importante discusión sobre la globalización dela economía, en la que los autores demuestran que enrealidad es relativa, en Hirst, Paul y Grahame Thompson, Globalization in Question, Cambridge, U.K., PoIíty Press, 1996.
19 Idem.
20Las 200 principales empresas del mundo se encuentran, geográficamente, en Japón (62), Estados Unidos(53), Alemania (23), Francia (19), Reino Unido (11),Suiza (8), Corea del Sur (6), Italia (5), y Países Bajos(4), según datos de Frederic F. Clainnont, Le mondediptomatíque, México, Edición mexicana, Afio 1,núm. 4, septiembre-octubre de 1997 (originalmente enFrancia, abril de 1997).
21 A este fenómeno Petrella le llama "Triadización".y menciona que "de los más de 4,200 acuerdos decooperación estratégica entre las firmas a escala mundial en el periodo 1980-89, el 92 por ciento fueronrealizados entre empresas de Japón, Europa Occidental y Estados Unidos". Ricardo Petrella, "Globalization and Intemationalizaticn. The dynamics of theemerging world arder", en Robert Boyer & DanielDrache (editors), States againsr markets, the limits ofglobahzation, Londres y Nueva York, Routledge,1996, p. 77. (Una versión en español del artículo de
Petrella, puede verse en Viento del Sur, México, núm.10, verano de 1997).
22 Al respecto, para el caso mexicano, puede verse elartículo de Armando Labra, "Economía de Estado, salario del miedo" en La Jornada Laboral, México, 25de septiembre de 1997, pp. 6~8, donde se compara laeconomía mexicana entre 1971 y 1981 con el periodo1982 a 1996, y se demuestra que no sólo ha disminuido la producción de riqueza sino que los salarios reales, el consumo por persona y el empleo handisminuido de manera alarmante, incluso por comparación con países que en t980 estaban en peores condiciones que México.
B Octavín Rodríguez Arauja, "Los partidos políticosy la sociedad civil", en Guttérrez, Esthela (dir.) El debate nacional, Tomo Il. en prensa.
24 Citado por La Jornada, 2117196.
2S Enfatizo la expresión "reales" porque sabido es quetanto la candidatura presidencial de Vicente LombardoToledano por el Partido Popular en 1952 como la deCándido Díaz Cereceda por el Partido Socialista delos Trabajadores en 1982, fueron en realidad oposiciones altamente dudosas por el papel que jugaron.
26 Hubo antes de 1988 otros momentos difíciles parael partido del régimen: la elección presidencial de1940 y la de 1952, ambos momentos provocados porcandidatos cismáticos del partido dominante, comotambién lo fue la elección de 1988. Sin embargo,mientras en aquellas elecciones hubo dudas sobre losresultados, puesto que no hay indicios suficientes parasuponer que el PRM y luego el PRI hubieran perdidoen favor de Juan Andrew Almazán y de Miguel Henríquez Guzmán, respectivamente, en 1988 las deducciones lógicas apuntaron hacia el triunfo del FDN.
27 Los llamados "errores de diciembre" que se manifestaron en primera instancia como una brusca devaluación del peso, significaron la revelación de unacrisis que durante el sexenio de gobierno de Salinas deGortari se había "ocultado bajo el tapete". Esta crisisfue de tal magnitud que el gobierno de Washington sevio precisado a gestionar, de diversas fuentes, unpréstamo a México por más de 50 mil millones de dólares para impedir el hundimiento económico de suvecino del sur.
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28 Declaración de Andrés Manuel López Obrador,presidente del PRD, registrada en La Jornada, 9/6/97.
29 En su tercer informe a la nación, Ernesto Zedillopropuso convertir su política económica, en términos
del modelo actual de crecimiento económico, en unapolítica de Estado, lo cual, de ser avalado por el Congreso de la Unión, sería la garantía de la continuacióndel neotiberalismo con apoyo de los partidos de oposición.
La administración pública en tiempos de cambio político
Pardo, María del Carmen
El propósito de este trabajo es destacar desde una perspectiva teórica cuáles seríanlos rasgos distintivos de una administración pública donde la construcción de políticas y la conducción de programas pasaría de manos de un partido a otro de signodistinto. Asimismo, analiza las propuestas para modernizar las administracionespúblicas de las grandes metrópolis, específicamente, la de la ciudad de México enel actual proceso de cambio político. El análisis plantea algunos dilemas que pueden presentarse al tratar de impulsar reformas en los aparatos administrativos delas ciudades para modernizarse, al tiempo que detalla los aspectos a los que se enfrentará el nuevo gobierno encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, entre los quedestaca el enfrentamiento entre descentralización y autonomía, los retos que implica la globalización, así como las disyuntivas de calidad vs. cantidad y eficienciavs. equidad en la prestación de servicios públicos.
The public administration in times ofpolitical change
Pardo, María del Carmen
The purpose of this work is to emphasize from a theoretical point of view whatwould be the distinctive features of a public administration in which the policyconstruction and program direction was to pass from the control of one party toanother of different tendencies. Moreover, it analyzes the proposals for the modernization of the public administration of large metropolis, specifically the one inMexico City in the current process of political change. The analysis includes sornedilemmas that might appear when trying to promote reforms leading to a modernization in the cities administrative apparatus, and deals with the aspects the newgovernment led by Cuauhtémoc Cárdenas will have to face, among which thesestand out: the confrontation between decentralization and autonomy, the challenges imposed by globalization, as well as the dilemma between quality vs quantity,and efficiency vs equity in the provision of public services.
La administración pública entiempos de cambio político!
María del Carmen Pardo*
En la década de los años ochenta lamayor parte de los países latinoa
mericanos han tenido que enfrentar serios problemas derivados de una crisiseconómica de magnitudes considerables. Una de las propuestas para hacerfrente a esa crisis se ha encauzado através de un proceso de alcances amplios, la llamada reforma del Estado.Algunos de los rasgos sobresalientes deese proceso relacionados con los aparatos administrativos públicos han sidotambién sendos procesos de desregulación, privatización, descentralización ysimplificación. Procesos englobados enuna caracterización más general, estoes, dentro de esfuerzos de modernización' administrativa.
Todo esto para lograr que el Estadoasuma de mejor manera sus responsabilidades y sobre todo para que los gobiernos puedan hacer frente a lascrecientes demandas de la población,
* Investigadora de El Colegio de México y miembrodel Consejo Directivo dellNAP.
teniendo que prestar servicios públicosde forma más eficiente, logrando mayor transparencia en las decisiones,obligándose cada vez más a evaluar lastareas realizadas incorporando mecanismos de rendición de cuentas y, algofundamental, haciendo partícipe a lasociedad en estos cambios. La meta sería favorecer los esquemas del ejerciciodemocrático del poder político y conello fortalecer las bases de legitimidadde Estado. Quizá lo que la transiciónpolítica está planteando es la necesidadde un cambio en la filosofía de la gestión administrativa pública y quizá también las bases para mejorar la actuacióndel gobierno que se reflejaría de manera directa en una mejor prestación delos servicios públicos.
La causa o causas han resultado en quela "tradicional referencia de un Estadosocial, democrático y de derecho, frutode un relativo aunque eficaz consensoentre las fuerzas políticas y los gruposde poder en la sociedad, sufre importantes quiebras (sic) en sus tres compo-
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nentes y en el propio consenso en tornoal mismo, si bien con diferencias notables en función de los países y sus circunstancias"2 El Estado de Bienestarno puede seguir dando respuesta; losrecursos financieros escasean de manera dramática. La democracia no lograarticularse a través del juego partidistay de los grupos de interés -particularmente los sindicatos-. Las institucionespolíticas del liberalismo no responden ala necesidad de canalizar demandas ciudadanas para transformarlas en políticas públicas legitimadas. J
Los procesos modernizadores, transformadores, adquieren, entonces, particular relevancia en tiempos decambío político, entendídos como momentos de la evolución social en el quese presentan fenómenos de alternancia.El propósito de este trabajo es destacardesde una perspectiva teórica cuálesserían los rasgos distintivos de la propuesta de una administración públicaque actuaría en un escenario políticoen el que la construcción de políticas yla conducción de programas pasaría demanos de un partido a manos de otrode signo distinto. Asimismo, analizarlas propuestas para modernizar las administraciones públicas de las grandesmetrópolis" y específicamente la de laciudad de México en donde un partidopolítico distinto (el de la RevoluciónDemocrática: PRD) al que la había gobernado el país durante los últimos sesenta años (el PRI) ganó los comicios el
pasado 6 de agosto en los que se eligiópor primera vez de manera directa alque será su primer gobernador. Asimismo este análisis se haría planteandoalgunos de los dilemas que pueden presentarse al tratar de impulsar reformasen los aparatos administrativos.
La llegada de un partido político designo político distinto debe significar laoportunidad para poner en marcha nuevas maneras de quehacer político y administrativo. Es obvio que el triunfoelectoral está relacionado con la voluntad de cambio que requiere la sociedady que este cambio debe verse materializado en acciones novedosas de políticay de políticas.
Lo global vs. lo local
La administración pública en las grandes ciudades para modernizarse debeiniciar procesos que deben acompasarse con dos tendencias que pueden resultar encontradas pero que de maneraparadójica presionan en una misma dirección: fortalecer esquemas democráticos. Por un lado inscribirse en lallamada globalización para tener lasventajas de los íntercambios a nivel,por ejemplo, de sistemas de información para la toma de decisiones. Peropor el otro, la inminente necesidad deponer en valor "10 local", a efecto depoder responder a la característica
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esencial de lo que es una administración directa, esto es, la que está cercay conoce de cerca los problemas de laciudadanía .
En el caso de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se señala que losprocesos de integración de grandesbloques subcontinentales han modificado en forma sustantiva la inserción territorial de las ciudades. En el caso delMercosur, Buenos Aires ha pasado detener como territorio de referencia los34 millones de habitantes y los 300 milmillones de dólares del Pffi de la Argentina, para pasar a formar parte deun espacio de 200 millones de habitantes con un PIB de más de 1.2 billonesde dólares. Ha dejado de tener el monopolio entre las ciudades de rango similar, para compartir un espacio conlas ciudades del corredor que va deSantiago de Chile a Bello Horizonte."La presión sobre las ciudades se incrementa por la transferencia de responsabilidades desde los nivelesnacionales y provinciales hasta el nivellocal. Buenos Aires pasó de ser unamunicipalidad a ser casi provincia, conresponsabilidades fundamentales enmateria de salud y educación".5
Globalización estaría significando, enalguna medida pérdida de soberanía;internacionalización, sin embargo,quiere decir con ciertas reservas, poder llegar a compartir experiencias entemas como el que nos ocupa: las es-
trategias de modernización puestas enmarcha en otros países. "Esta internacionalización de estrategias macroeconómicas y nuevos patrones degobierno y filosofías sobre la gobernabilidad puede influenciar ---desdepolíticas de ajuste estructural y préstamos (FMI., etc.), hasta micro-estrategias para la administración urbana"Nueva Administración Urbana (Banco Mundial), privatización y algunasotras. Esta "convergencia" internacional de lo que se considera buenasprácticas institucionales, requierencuidadosas consideraciones y adaptaciones en lugar de adopciones acríticas en gran escala.s
En la administración de las grandesciudades, al igual que en los otrossubniveles de gobierno, poner en valor lo local significa imprimir a lasacciones y tareas de gobierno mayory más clara intencionalidad política;esto es, conocer y hacer valer aquellas responsabilidades que tienen losgobiernos de las ciudades en relacióna los centrales y a aquellos de las circunscripciones que incluye (como esen el caso de México los de las delegaciones políticas) o con los que comparte problemas y debiera compartirsoluciones, y que también para elcaso de México se identifican comozonas metropolitanas. Es necesario,entonces, precisar los ámbitos decompetencia sin que esto signifiqueintroducir, como sucedía en el pasa-
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do, rigidez en el desempeño de las diferentes unidades administrativas.
Descentralización vs. autonomía
Una nueva relación entre los distintosniveles de gobierno, una verdadera relación intergubernamental con clara definición de zonas de competencia y dereglas de convivencia, implica en términos de administración moderna incluir, de manera reflexiva y en dondeconvenga, procesos de descentralización de atribuciones y de decisiones. "La descentralización y ladevolución cambian la relación entrevarios niveles de gobierno; en los Estados Unidos, por ejemplo, estos procesos desarrollados a partir de los añostreinta, fueron impulsados gracias a laaprobación del Acta de la SeguridadSocial. Con la aprobación de la reforma a los sistemas de seguridad socialde 1996, este cambio en la responsabilidad y autoridad se acompañaron derecursos presupuestales que terminaroncon sesenta años de garantías a nivelnacional de asistencia de la niñez y familias, y permitieron a los estados determinar de qué manera asistir a lasociedad y cumplir con el intento deCongreso de mover a las personasde los programas de asistencia al trabajo" .7 Descentralizar procesos decisoriossignifica generar espacios de poder conmayor grado de autonomía 10 que tam-
bién debe resultar en un mayor gradode responsabilidad. Debe existir, por 10tanto, no sólo la convicción de compartir la esfera decisoria, sino una consciencia clara de que se compartetambién la responsabilidad. Se puedentambién incluir procesos de devoluciónde esas atribuciones que, en otros momentos correspondió tener a los otrosniveles. Estos esquemas distintos de relación exigen de manera paralela revisión de la regulación que existe y delos marcos jurídicos que norman la administración de las ciudades. No esconveniente entrar a esta revisión si nose tiene una definición clara de la magnitud del compromiso y de las formas através de las cuales se puede cumplir.El dilema que plantea la descentralización es el de que, efectivamente a nivellocal se asumen mayores responsabilidades, al mismo tiempo que se planteala exigencia de que el gobierno (en todos los niveles) se reduzca e intervengamenos en la vida de los ciudadanos.
En los procesos de reforma puestos enmarcha en la ciudad de México en losúltimos años, estos temas consumieronuna buena parte de la propuesta modernizadora. Sin negar su valor, es necesario avanzar más para dejar atrás losaspectos formales y poder incluir cambios en el quehacer sustantivo. De laexperiencia que se vaya generando enlas tareas de gobierno, se pueden ir introduciendo las modificaciones formales que las sustenten. Sobre este
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aspecto aparecen puntos de vista divergentes, resultado de experiencias distintas: en algunos casos se está planteandola necesidad de llevar a cabo intensosprocesos de desregulación para superaresquemas normativos cerrados y atiborrados de reglamentaciones, en muchoscasos, ya obsoletas: éste resulta un insumo fundamental para poder actuarcon criterios más flexibles.' En otrosejemplos, lo que parece necesitarse esun esfuerzo de regulación, puesto queexisten vacíos normativos que entorpecen la adecuada actuación de la administración. "El poder del control fueutilizado en el pasado en forma abusivacomo oportunidad de corrupción en escala masiva" .'
En este sentido, los cambios a nivel dela tramitación de asuntos, la simplificación, sí puede ayudar a hacer masfluida la relación entre la administración y la ciudadanía, y, sobre todo, seconvierte en un preciado recurso paraerradicar prácticas de corrupción. Introducir cambios procedimentales puede tener un impacto positivo sin queéstos requieran de tiempos largos demaduración y consuman una buenacantidad de recursos.
Para contar con esquemas de relaciónintergubernamental en los que las reglas estén interiorizadas y sean resultado de decisiones consensuadas, tambiénhay que acompañarlos con nuevas fórmulas de coordinación. Es probable
que los mecanismos hasta hoy existentes respondieran a realidades que hansido superadas, lo mismo se podría decir respecto a los que deben existir parahacer más fluida la relación horizontalentre dependencias del mismo rango jerárquico. Se pueden perfeccionar losque ayudan a la relación vertical, perose descuida los que favorecen la horizontal. Si ésta no resulta fácil. muyprobablemente se esté entorpeciendotambién la intergubernamental. La administración de las grandes ciudades,en muchos casos está requiriendo autoridades intermedias que atiendan zonasgeográficas que se "comparten" conotras entidades. Este es el sentido dereflexionar en la utilidad de introducirlo que en México se ha identificadocomo autoridades metropolitanas. Estosupone esfuerzos no sólo de organización sino incluso de hacer compatiblesculturas organizacionales distintas. Esimportante señalar que en los procesosde modernización emprendidos enotros países se destaca, asimismo, lanecesidad de establecer nuevas relaciones y relaciones de naturaleza distintacon otros sectores de la sociedad: enalgunos ejemplos la prioridad se haotorgado respecto a los privados. 10
Cantidad vs. calidad
Por lo que corresponde a la relación dela administración con la ciudadanía, esnecesario pensar en un gobierno cerca-
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no que facilite la respuesta a la demanda, que es intensa tanto en cantidadcomo en calidad. Una de las reiteradasfórmulas para facilitar no sólo la participación de la sociedad sino su involucramiento, es la figura de consejos quefuncionen como órganos de consultapero en los que se pueden -incluso- diseñar soluciones. Esta necesidad decontar con la ciudadanía fue una fórmula reiteradamente planteada en lacampaña del ahora recién electo jefedel Departamento de Distrito Federal,el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.Para que esta participación resulte cualitativamente relevante deben introducirse mejores canales para que fluya,pero también de representación. En Latinoamérica y en particular en México,los consejos o las asambleas siguen teniendo un carácter deliberativo y consultivo, lo que hace que la autoridadsiga localizada en los responsables dela conducción de los gobiernos de lasciudades.
Respecto al tema de la privatizaciónque ha operado fundamentalmente enlo que concierne a algunos serviciospúblicos básicamente urbanos, comopor ejemplo, la recolección de basura,es necesario reflexionar en términos delos beneficios que se acarrearían condecisiones de esa naturaleza, pero también que pueden ir correspondiendo adistintas intensidades y momentos.Puede darse desde una privatización"intensa, pasando por la introducción
de mecanismos de coparticipación pública y privada hasta la concesión yadministración temporal de algunasáreas o sectores de la administración.En los Estados Unidos existen ejemplos de cómo se han puesto de acuerdopara colaborar en la solución de problemas urbanos, el sector público y elprivado. A pesar de que en ese contexto parecería una práctica más asimiladaa la cultura administrativa, se señalaque las universidades han servidocomo apoyos para convencer y proveerbases empíricas, en el sentido de queesta colaboración es útil y debe servircomo sustento en las recomendacionespara elaborar políticas públicas."Existen también ejemplos en los que sehan puesto en marcha procesos de consolidación impositiva que arroja resultados positivos. Lo que es importantees destacar que no cabe el traslado mecánico de procesos que pudieron haberresultado exitosos en la administraciónde los sectores privados. En el Departamento del Distrito Federal se inicióen 1995 un Programa de Modernización Administrativa que incluyócomo una de sus vertientes la puestaen marcha de una programa de calidady excelencia, al que se le hicieron lasadecuaciones necesarias para que respondiera a los objetivos que debían satisfacer tanto la autoridad en lasoficinas centrales como las de las delegaciones.'? El dilema que enfrentan yenfrentarán los gobiernos en las ciudades, es que se mueven en un escenario
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de atribuciones "ampliadas" gracias alas transformaciones que el gobiernocentral ha hecho de algunos servicios,pero contando con recursos escasos.De ahí que el reto sea administrar ygestionar en un ambiente austero, connuevas ideas.
Uno de los aspectos que resaltan en larevisión de las experiencias modernizadoras en las grandes ciudades enotros países, es la importancia concedida a las innovaciones tecnológicas. Eneste punto, otra vez, habría que reflexionar sobre la incorporación de tecnologías para gestionar de manera máseficaz. Pero quizá el aspecto a destacares que estos apoyos significan de manera muy fundamental, poder contar consistemas de información que permitanuna mejor y más oportuna toma de decisiones.
En un momento de transición política,es pertinente considerar que las estrategias de modernización administrativa para las metrópolis deben incluirredefiniciones de la misión de gobierno, que puede implicar que sea unomás emprendedor y que considere elfactor de la competencia en los términos que exigen los intercambios internacionales.
Eficiencia vs. equidad
Es necesario que la redefinición de sumisión contemple reconvertir la administración para hacerla más eficiente.
Esto debe traducirse en nuevas formasde gestión de los recursos financieros,para lograr hacer más con menos, hacer mejor con menos y si se desarrollaran, por ejemplo, mejores sistemasde recaudación fiscal, hacer inclusomás y mejor con más. Una condiciónque puede caber en la modernizaciónde algunas áreas o sectores de la administración de las ciudades, es la especialización que requieren materiascomo el propio manejo de recursos fiscales o el desarrollo urbano. Otro criterio es el de la flexibilidad que pareceentrar en contradicción con las formastradicionales de operación administrativa caracterizadas por los de la jerarquía y la centralización. 13
En los Estados Unidos existen iniciativas tanto a nivel de las universidadescomo de algunas fundaciones para apoyar lo que se ha identificado como"prácticas exitosas" (best practices) aefecto de tener un inventario de ellas Y'lograr que la actuación de la administración vaya paulatinamente mejorando. También las fundaciones hanapoyado trabajo de investigación queapunta en la misma dirección. De hecho en los últimos años se ha extendidola noción de "reiventar el gobierno",que ha sido incluso puesta en prácticaen algunos estados, particularmente enTexas, en donde el vicepresidente AlGore estableció la National Performance Review. "Esta noción ha sido puestaen práctica en el nivel federal y estatal
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y los tomadores de decisiones han intentado repensar la misión del gobiernopara mejorar, de manera deliberada, lacalidad de los servicios públicos".14
La reconversión de estructuras y procesos administrativos también debeacompañarse del de la cultura organizacional. Cabe plantear que es importante introducir estándares para medirel rendimiento y con esto facilitar, poruna parte la tarea de planeación y elestablecimiento de metas. Queda claroque la administración de las ciudadesha adolecido de la previsión y planeación para el mediano y largo plazos.Parece que su administración ha sidofundamentalmente de coyuntura y parael corto plazo. Se ha planteado, deigual manera, la necesidad de trabajarmás sobre resultados, lo que implicasituar en una perspectiva de mayor relatividad a esos ejercicios de planeación hechos en el pasado, en los que seprivilegiaba el trabajo sobre metas queresultaban sumamente agregadas. Estaagregación favoreció zonas grises enlas que la responsabilidad no quedabaclaramente establecida, lo que de manera obvia dificultó el establecimientode estándares para medir el rendimiento. Pero por la otra, introducir mecanismos que trasparenten las decisionesy permitan una oportuna rendición decuentas.
La modernización administrativa contodas sus bondades no puede ser consi-
derada como un fin en sí misma. Esnecesaria para darle viabilidad a lasciudades, lo que implica que cuentancon administraciones no sólo eficientessino que sirvan para los propósitos deequidad y justicia. Quizá sea en lasgrandes ciudades en donde los desequilibrios económicos y sociales se manifiesten en su forma más cruda y lainequidad en accesos a bienes y servicios adquiera dimensiones intolerables.La administración no puede ser instrumento de la racionalidad vacía de sentido social. Por ello, es que el recursohumano se vuelve la pieza más preciada en cualquier propósito modernizadory de cambio. La manera en la que sepuede tener una idea del enorme retoque enfrentan los gobiernos de las ciudades, es estableciendo un contraste entre los desafíos que recaen sobre ellos,las expectativas y las exigencias de losciudadanos y la capacidad de la administración para dar respuestas. Estecontraste permite intuir lo crítico yaún explosivo que puede resultar ungobierno que no asuma su compromisode manera honesta.15
Las reformas y cambios en los aparatos administrativos deben incluircomo tarea prioritaria la consideración de la ciudadanía, de los usuariosde los servicios públicos. Esto quieredecir que al ciudadano no debe entendérsele como administrado ni tampoco como cliente. La referencia en elprimer caso esconde un tono paterna-
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA III
lista y en el segundo, mercantilista.Debe, entonces, eliminarse la visióndel poder administrativo, sino la modernización del país seguirá siendo unanhelo histórico inalcanzable. La relación entre el administrador y el ciudadano sólo será de autoridad en loscasos estrictamente indispensables. Laconfianza, el respeto y el entendimiento que deben mediar esa relaciónsólo pueden originarse en la honestidad, la buena fe y la competencia. Yen algo que parece completamenteajeno a nuestra cultura político-administrativa: el reconocimiento del errorpor parte de quien detenta el poder,que será autoridad en la medida en laque se legitime con ese reconocimiento. Cuando se dé ese tránsito, los derechos ciudadanos dejarán de serpreceptos de carácter formal, paraconvertirse en vivencias, experienciasy soluciones reales.
Pero de igual forma, es necesario considerar de manera distinta a las personas responsables de la prestación de losservicios y de la atención ciudadana.La falta de una administración permanente -sobre todo la de una alta administración- puede ser justificada para elcaso de México con la ayuda de losmás variados argumentos, entre los quehan destacado la llamada autonomía sexenal, la exigencia de una fidelidadpersonal y varios preceptos constitucionales que conceden al jefe del Ejecutivo la facultad de nombrar una buena
parte de los responsables de los cargospúblicos, como era hasta hace muy pocos meses el del jefe del Departamentodel Distrito Federal. Dentro de las estrategias de modernización administrativa aparece, entonces, como prioritariala incorporación de mecanismos queayuden a contar con un cuerpo de funcionarios profesionalizados; esto es,que existan y se hagan transparentes losprocedimientos de ingreso, permanencia, promoción y despido; que premienla idoneidad del perfil profesional conla del puesto, que al mérito se le coloque por encima de otras consideraciones y que se garanticen condiciones detrabajo dignas y estables.
Un problema que se deriva de la necesidad de impulsar reformas y programas modernizadores es el queplantea quién toma las decisiones paraemprenderlos y cómo se toman. Existen reformas impuestas, inducidas,participativas. Sea cual fuere el nivelo sector en donde surge la iniciativadel cambio, lo que es necesario lograres que éste se consense entre los principales involucrados en su puesta enmarcha y recepción. Sin duda, esta situación no resulta sencilla y puede tomar tiempo. Sin embrago, los logrospositivos van a estar relacionados demanera directa con el grado en el quese logre contar con el apoyo de la mayor parte de los actores de estos cambios.
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Políticos VS. administradores
Para emprender reformas modernizadoras es necesario diferenciar las tareaspolíticas y las propiamente administrativas. En relación con ello, existenejemplos en los que los liderazgos queimpulsan programas de reforma no lohacen respondiendo a las plataformaspolíticas de algún partido. Las agendasde los partidos pueden o no incluir tópicos relativos a la modernizaciónde lagestión en las ciudades, e incluso estaspropuestas pueden tener distintos grados de apoyo dependiendo del conflictoque se pueda dar dentro del propio partido. De igual manera, es importantecalibrar los cambios que pueden ocurriren términos de las lealtades políticashacia un partido dependiendo del gradode compromiso que se adopte respectoa los temas, por lo demás sensibles, dela administración urbana, como puedeser la contaminación del ambiente, eluso del suelo y otros. Incluso puedenresultar que los programas de reformase conviertan en el punto de discordiaentre partidos de signo político distinto.Este hay que decir, no fue el caso de lacontienda electoral llevada a cabo durante el mes de agosto en la ciudad deMéxico.
Sin embargo, el administrador públicodebe hallarse en el centro mismo de laorganización y de la planeación si sequiere que las tareas y acciones tengan
un mínimo de congruencia con los fines que se persiguen bajo el esquemade asumir de manera diferente y novedosa la responsabilidad pública. El político amparado en la legalidad y en sulegitimidad es quién debe establecer lasmetas a lograr. Ahora bien, los procedimientos, métodos y técnicas, deberían ser la aportación racional del administrador al proceso y misión degobierno. Tal cosa no puede surgir dela aplicación mecánica de la decisión;el administrador debe, en su terreno,hacer gala de la misma imaginaciónque el político, puesto que la administración es un problema tanto de conocimiento como de sensibilidad y capacidad creativa. El administrador puedesepararse de su función especifica nopara acotar y disfrutar su pequeña parcela de poder, sino para suplir al político ahí donde no se encuentre. En países como México, en donde elfenómeno de la alternancia llegó apenasa la ciudad de México, sus frutos en laimposición de nuevas formas y modos,de una nueva administración están aúnpor cosecharse. De ahí que en la gestión cotidiana de la ciudad se encuentren excepciones; esta situación vuelveal administrador en un elemento crucial. Los derechos de los ciudadanospueden muy fácilmente volverse letramuerta.
El administrador público formará partede los procesos modernizadores (democratizadores) si es capaz de categorizar,
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ordenar y justificar sin demagogia alguna lo que se escapa de la regla. Debeactuar siempre guiado por su vocaciónde servicio, respetando al ciudadano.Debe, entonces, actuar políticamente,puesto que apegarse de manera irrestricta al manual de métodos y procedimientos, lo llevará a no lograr comprender la variedad e incluso dispersiónque requiere su propia actividad. Loque se requiere es administrar los cambios; el cambio, que por fortuna la política introduce todos los días; y paraadministrarlos debemos primero comprenderlos, porque esa política es precisamente el ciudadano.
El momento de la transición
Al concluir el proceso electoral que ledio el triunfo al ingeniero CuauhtémocCárdenas, el gobierno saliente encabezado por Osear Villarreal propuso laintegración de lo que se conoce comola Comisión de Enlace. Esta comisiónestá integrada por funcionarios del Departamento del Distrito Federal y porun grupo de personas designadas porel virtual jefe del gobierno de la ciudad de México que entrará en funciones el próximo 1 de diciembre. EstaComisión ha venido sesionando dosveces por semana y en esas reunionesde trabajo los funcionarios proporcionan información materializada en pla-
nes, proyectos, presupuestos, etc. EstaComisión significa una experienciainédita en el cambio de poderes de unaadministración a otra; incluso tratándose del mismo partido. Cuando inició sugobierno el actual regente, una de susprimeras decisiones fue la de proponeruna nueva estructura de organización.Se compatibilizó en nivel de las coordinaciones (que existían en número decinco) con el de las secretarías generales (que existían en número de cuatro),puesto que ambas tenían funciones dealta responsabilidad cuya práctica igualaba sus niveles jerárquicos. "Estareestructuración se hizo sin previo conocimiento; se hicieron reformas a laLey Orgánica del Departamento delDistrito Federal que la Asamblea deRepresentantes aprobó en el mes queel gobierno iniciaba su administración,diciembre de 1994. Esta reestructuración significó la posibilidad de reducirun 5% las plazas existentes hasta esemomento" .16
Para la gestión administrativa, la referida particularmente a recursos, existeen el Departamento del Distrito Federal la llamada circular número 1, cuyaexpedición corre a cargo de la Oficialía Mayor. Esta circular, se presume,será un recurso del que echará mano elnuevo gobierno para poder introducircambios administrativos que no requieren el tratamiento de ordenamiento legal. También se presume que la nuevaadministración pondrá el énfasis en la
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promoción social a diferencia del actual gobierno que la puso en la promoción económica. Para ello seráinteresante observar, de darse las condiciones para que se transfieran, laoperación de los servicios de educación básica en el Distrito Federal. Elgobierno de la ciudad cuenta actualmente con 230,000 servidores públicos. La transferencia de los servicioseducativos significaría que pasarían aformar parte de su personal, 200,000personas más.
De ahí que uno de los problemas quede manera particular se han discutidoen el seno de la Comisión de Enlacetiene que ver con la fuerza laboral delDepartamento del Distrito Federal, endonde existe un sindicato poderoso,además de los sindicatos de los organismos desconcentrados, (que suman untotal de 8) cuya combatividad es ya unarancia tradición, como es en el caso delde los Tranviarios o el del Sistema deTransporte Colectivo; esta fuerza laboral también incluye el personal del sector paraestatal del DDF (que estáintegrado por 12 unidades). Otra preocupación ha sido la referida a la procuración de justicia, ligado de manerafundamental al gravísimo problema dela inseguridad que vive la ciudad. Otrotema que preocupa es el de la relacióncon el sector empresarial: El gobiernosaliente estableció relaciones con empresarios de manera que se pudiera fortalecer el empleo en la ciudad; para el
nuevo, esta preocupación sigue teniendo importancia; sin embargo, no sesabe cómo podrán establecerse las mejores relaciones con un sector que haestado lejos de la opción política querepresenta el gobierno entrante. Finalmente tampoco se sabe con certezacómo enfrentará el nuevo gobierno laidea de establecer una relación permanente e intensa con la ciudadanía, talcomo lo planteó en campaña. Se hicieron llamados a la sociedad en términosde la necesidad de que colabore en lasolución de los múltiples y difícilesproblemas que aquejan a la ciudad; habrá que conocer la propuesta de losmecanismos que favorezcan esta corresponsabilidad. Existen algunas experiencias en las que se norma laparticipación para que sea capaz deejercer un control social sobre los recursos de los gobiernos, la redistribución de la participaciones fiscales, laampliación de competencias y las transferencias de infraestructura física y servicios, como en los casos de salud yeducación."
Desde el punto de vista de la reforma ala estructura se ha discutido la posibilidad de crear nuevas delegaciones, ideaque formó parte del Plan Maestro delDDF de 1987. Dividir en dos algunasdelegaciones que por su tamaño generan enormes dificultades para su funcionamiento, como es el caso de laGustavo A. Madero cuya poblaciónrepresenta el 40 % de la total del Distri-
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to Federal. Sin embargo, aunque estadivisión pueda ayudar habría que buscar otras salidas al grave problemade la ineficacia y corrupción que privanen las gestiones que se llevan a cabo enlas delegaciones. El personal de confianza que integra la mayor parte de estas circunscripciones forman de hechoun mercado laboral que al paso deltiempo ha ido generando todo tipo deinercias y vicios. Esta tarea que por sugravedad se vuelve prioritaria tendríaun positivo efecto en la relación del gobierno con la ciudadanía. Se puedenexpedir convocatorias abiertas para reclutar personal que satisfaga los requisitos y perfiles de los distintos puestos,de manera que se pueda de manerapaulatina ir sustituyendo al personalque, por razones de distinto tipo, nopodría caber en planes de una nuevaadministración.
Otro problema al que, sin duda, se enfrentará el nuevo gobierno, es el de laconcentración de atribuciones a nivelde las oficinas centrales. Este ha sidoun tema que ha formado parte del debate en los planes de reforma del gobierno de la ciudad. Sin embargo, hahabido, por una parte, necesidad decontrolar el trabajo de los delegados entérminos de equilibrios, debido en muybuena parte al hecho de que esos puestos han estado ocupados por personasque no necesariamente correspondíanal perfil requerido; y, segundo, porquees más que evidente que muchas dele-
gaciones no tienen la infraestructura ycapacidad administrativa necesariaspara haber hecho frente a las atribuciones, en el caso de haberlas hecho extensas. La manera como se podrá irdescargando a la oficinas centrales deresponsabilidades que operarían mejora nivel local, tendrá que ser gradual yen la medida en la que otras accionesvayan tomando lugar, como es la dehacer una mejor selección de los delegados.
Por ello, el tema de la profesionalización de la alta y media función públicaforma parte obligada de la nueva administración pública. La curva de aprendizaje de un funcionario de esos niveles(existen alrededor de 120 direccionesgenerales) está calculada que sea demínimo un año; este periodo de tiempoexige contar con sistemas de escalafónque premien, por ejemplo, la especialización que requiere muchos de lospuestos de la administración del DDF.
Esta profesionalización debe ser congruente con la programación y la elaboración de planes. En una unidadadministrativa de las dimensiones delgobierno de la ciudad, se ha dado unaacumulación de planes y programas,muchos de los cuales resultan francamente obsoletos. Por ello, la limpiezaque requiere la administración de personal debe ser congruente con una revisión detallada de los programasexistentes. Una vez hecho esto, el ciclose completará con la puesta en marcha
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de efectivos mecanismos de evaluaciónque logren corregir disfuncionalidades,antes de llegar al punto de la obsolescencia. En algunas experiencias enotros países existen, por ejemplo, institutos de capacitación que prestan susservicios a los gobiernos de las ciudades, como es el de Capacitación Municipal (ICAM) en Bolivia.
Las dimensiones de la ciudad de México justificarían la existencia de una unidad encargada de reclutar, seleccionary administrar la gestión relativa a lafunción pública requerida para ese particular gobierno. Este apoyo significaría dar pasos más seguros en laincorporación de una cultura basada enel mérito, que relegue la establecida abase de criterios clientelares y políticos, que en nada benefician el efectivodesempeño de los funcionarios.
Conclusiones
El cambio político está relacionadopara propósitos del gobierno que se estrenará en diciembre de 1997 en la ciudad de México, con la alternancia departidos. Esto sin duda es un importante cambio. Este cambio debe implicar,sin embargo, la oportunidad de poner aprueba nuevas formas de encarar lagestión de una gran ciudad, como la deMéxico; las experiencias en otros países pueden significar lecciones importantes en los necesarios procesos
modernizadores que hay que imprimira la administración y gestión públicas.
La "nueva administración", proceso encurso en muchas administraciones degrandes metrópolis y también en lanuestra, genera, sin embargo, dilemasque la experiencia práctica debe ir resolviendo. Para fortalecer procesos democráticos hay que hacer "convivir" demejor manera lo global con lo local.Parecerían movimientos encontrados;sin embargo, entendidos como dinámicas de un mismo propósito puede unoconvertirse en elemento dinamizadordel otro.
La tendencia hacia la descentralizaciónde atribuciones y funciones del ordenfederal al local, parecería un procesoirreversible. El dilema, es que los órdenes locales de gobierno deben asumir lafunción y la responsabilidad inherente aella. Sin embargo, no siempre cuentancon los recursos materiales y con la capacidad técnica necesaria para gestionar más tareas y de mejor manera, yaque tienen la presión ciudadana máscerca.
Asumir más responsabilidades no necesariamente implica hacerlo mejor. Eldilema es que la exigencia social es yaen el sentido de contar con una administración mas eficiente y con mejoresservicios públicos, dado que existe mayor conciencia de la calidad de ciudadano como contribuyente. La eficiencia
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se intenta garantizar por diversos medios, entre otros la incorporación deprácticas que tuvieron éxito en la administración privada, pero esto no resultauna garantía sino un insumo dentro deun conjunto más amplio de factores,que por momentos parecen atentar contra la pretensión de eficacia.
Esta situación se hace más patente respecto al contenido de equidad que debeseguir teniendo la administración pública. El dilema es que si se mueve bajoesquemas solo rentables y de racionalidad administrativa, muy probablementeesté sacrificando el equilibrio que debeprivilegiar entre la respuesta eficaz y laequidad en la cobertura.
No contar con sistemas permanentespara la media y alta administración pública puede justificarse de muchas maneras. Sin embargo, es una omisiónque ha repercutido en rendimientos negativos de la administración pública. Eldilema es imaginar sistemas que garanticen la aplicación de mecanismos deadministración y profesionalización dela función pública, que sirvan para mejorarla y no para enraizar sus vicios.
Notas
Una versión corta de este artículo se publicó en Prospeaiva. Año 3, número 8,1997.
2 El término modernización se utiliza en España (ypara propósitos de este trabajo) y en algún otro paíscomo parteaguas conceptualízador bajo el que se acogen todo ese conjunto de fenómenos de adaptación.Fenómenos que parecen intentar alumbrar un nuevoparadigma de gestión pública, una nueva forma depensar sobre la acción de gobernar y cómo ha de materializarse ésta. Manuel Villoria "Modernización. admínisrración y gobierno posburocrático", La nuevaadministración pública. Rafael Bañón y Ernesto Carrillo (comps.), Madrid, Alianza- Universidad Textos,1997, p.77. (el paréntesis es mío).
3 Ibíd, p.81.
4 Tomado de lbid. p.gt.
5 La caracterización de la modernización administrativa en las grandes metrópolis la elaboré tomando comobase los documentos y ponencias presentadas en el Seminario sobre Estrategias de Modernización Administrativa en Grandes Metrópolis, organizado por el DDFy el CIDE, del 25 y 26 de septiembre de 1997 en laCiudad de México.
6 Andrés Borthagaray, "Estrategias de ModernizaciónAdministrativa en la ciudad de Buenos Ares", ibid,s/p.
7 Peter M.Ward, "Managing the local while engagingwith the global: administration and modernization incontemporary latin america metropoli", paper prepared for the international Seminar, ibid, pp. 1-2.
8 Betty Jane Narver, "Innovation and reform in NorthAmerica Cities".
9 OCDE, Gobierno en transición. Reformas al sectorpúblico en países de la OCDE, Traducción hecha porla Dirección General de Modernización Administrativa del DDF, México, 1997, pp. 5-6.
10 Es el caso de la ciudad de Buenos Aires explicadoen la ponencia de Andrés Borthagaray, op.cit, s/p.
I Agradezco a la Dirección General de ModernizaciónAdministrativa del DDF el haberme permitido utilizar II OeDE, Gobierno en transición. op.,cit. p.7.los materiales del Seminario sobre Estrategias deModernización Administrativa en Grandes Metrópolis. 12 B.J .Narver, op.cit, p. 7.
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13 Véase el trabajo coordinado por David Arellano,Perspectivas y evaluación del Programa de Modernización del DF (1995-1997), México, eIDE. 1997.
14 OCDE, Gobierno en transición, op.cit, p.6.
158.1. Narver, op.cit .• p.S.
16 Andrés Borthagaray, op.cit, s/p.
17 Entrevista hecha a funcionarios del Departamentodel Distrito Federal, ocrubre de 1997.
18 Adhemar Guzmán Ballívian, "Proceso de modemízación en el municipio de La Paz-Bolivia", Seminario,op.cir, p.9.
La paradoja de San Lázaro
Ling Altamirano, Alfredo
Estudia el marco jurídico del gobierno interior del Congreso y las paradojas quesurgen luego de los resultados de las elecciones federales del 6 de julio de 1997.Además de comentar los aspectos administrativos que implica la conducción delCongreso, señala los órganos administrativos del mismo. Establece el alcance dela figura jurídica de "grupo parlamentario" y destaca el papel de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de reciente aparición y sus facultades deconducción que posibilitan una mayor equidad entre los partidos políticos. Aclaratambién lo infundado de las posibilidades de ingobernabilidad, las característicasdel bloque opositor y los arreglos parlamentarios después del Tercer Informe Presidencial, entre los que sobresalen los nombramientos y la designación de comisiones. Al final, plantea las posibilidades futuras del bloque opositor.
The San Lazaro paradox
Ling Altamirano. Alfredo
This article studies the legal frame of the Congress' internal government and theparadoxes arising from the results of the federal elections of the 6th of july, 1997.Apart from discussing the administrative aspects involved in the Congress' guidance, it points out to its administrative organs. It also establishes the reach of thelegal figure of the "parliamentary group" and emphasizes the role of the recentlycreated Internal Regime and Political Agreement Commission and its faculties thatlead to a higher equity among the political parties. It clarifies the groundlessnessof the possibilities for ungovernability, the characteristics of the opposition blockand the parliamentary compromises arrived at after the Third Presidential Report,among which the appointments and designation of Commissions particularly standout. Finally, it presents the future possibilities of the opposition block.
La paradoja de San Lázaro
Alfredo Ling Altamirano*
1. Análisis jurídico delgobierno interior del Congreso
R esulta conveniente y útil a la vez,repasar los preceptos fundamenta
les a que debe sujetarse el poder público; sobre todo, cuando uno de ellos, elLegislativo, se ha visto sometido afuertes presiones en los últimos días, araíz de una nueva conformación pluripartidista en la Cámara de Diputados,con características inéditas.
Los preceptos constitucionales
Nuestra Carta Magna, en su Artículo50 establece "El poder Legislativo delos Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una deDiputados y otra de Senadores". Mucho se ha debatido a lo largo de nuestrahistoria nacional sobre la convenienciao no de mantener un sistema bicame-
* Senadorpor Guanajuato del PAN.
ral; sin embargo, no es objeto de esteanálisis entrar a ese debate.
En la práctica, no ha funcionado realmente como un modelo de cámara revisora, pues son extraordinarios los casos-y también extraordinarias las causas- en que se ha devuelto a la Cámara de origen alguna minuta proyecto dedecreto revisada por la otra Cámara.
El propio ordenamiento en su Artículo77 establece: "Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra:
1. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior;II. Comunicarse con la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de laUnión, por medio de comisiones de suseno;III. Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interiorde la misma;IV ... "
Es evidente que el enunciado "sin intervención de la otra", deja manifies-
120 ALFREDO LING ALTAMlRANO
to el espíritu del constituyente parainstituir Cámaras independientes ensu régimen interior; lo mismo que lascomunicaciones que estableciere cadauna con el Presidente de la República.Asimismo, este numeral refiere la facultad de nombrar empleados de laCámara, en general, pero que el textoseñala como empleados de la secretaría de cada Cámara.
La secretaría de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, esparte de la Mesa Directiva, integradapor Presidente, Vicepresidente, Secretarios y Prosecretarios; de modo que lareferencia a la "secretaría", no puedeser considerada aisladamente de los demás miembros de la mesa, en este precepto constitucional. La especificaciónfuncional de cada integrante de la directiva deberá contemplarse en la LeyOrgánica del Congreso o en los reglamentos respectivos de cada una de lascámaras.
Sin embargo, la sola referencia a unasecretaría de la Cámara, en el textoconstitucional, abre la posibilidad queese cargo sea revalorizado en unanueva Ley Orgánica del Congreso;con la posibilidad de sustituir en unfuturo no muy lejano, la figura deOficial Mayor, que ha sido tradicionalen estos organismos de la administración pública.
Los preceptos legales
La Ley reguladora del Poder Legislativo es la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos del 14 de julio de 1994, misma quemodificó la dictada en mayo de 1979 yésta, a su vez, fue reformada en diciembre de 1981.
Este dispositivo consta de 113 numerales y diez transitorios; no obstante surelativamente reciente adecuación, requiere nuevamente reformas para atender y responder a las nuevas realidadesque se han presentado en el gobiernointerior del Congreso.
Los Títulos en que se clasifica este ordenamiento son los siguientes: DelCongreso, De la Cámara de Diputadosy de la Cámara de Senadores; en cadauno de ellos se desarrolla por separadolo referente a instalación, directivas,comisiones y grupos parlamentarios.
Existe también la Ley Orgánica de laContaduría Mayor de Hacienda, encumplimiento a lo dispuesto por lafracción XXIV del Artículo 73 de laConstitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos.
En su artículo lo. se recoge el preceptoConstitucional citado antes, referente alsistema bicameral.
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 121
Los preceptos reglamentarios
Existe solamente un Reglamento parael funcionamiento del Congreso, en lugar de los dos posibles; muy probablemente, porque el sistema bicameralno se ha practicado cabalmente en México.
El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgadopor el Presidente Constitucional Substituto, Abelardo L. Rodríguez y publicado en el Diario Oficial de laFederación el 20 de marzo de 1934. Hasido reformado en 9 ocasiones, la última de ellas, en noviembre de 1981; Ypor lo tanto, haría falta una nueva adecuación después de la realizada a laLey Orgánica del Congreso en 1994.La opinión generalizada de los legisladores federales es que sería conveniente, en lugar de reformar ese reglamentoúnico, de una vez separar los ordenamientos y aprobar por cada Cámara, supropio Reglamento para el GobiernoInterior.
Mientras eso ocurre, el Reglamento vigente consta de 214 artículos, agrupados en capítulos referidos a lainstalación de las cámaras, la presidencia y vicepresidencia, los secretarios yprosecreetarios, las sesiones, la iniciativa de leyes, las comisiones, las discusiones, la revisión de los proyectos deley, las votaciones, la fórmula para la
expedición de leyes, la Comisión Permanente, el Diario de los Debates, elceremonial, la Tesorería y las galerías.
Como puede deducirse, el funcionamiento específico de la Cámara de Diputados, ha tomado una dinámicatotalmente diferente al de la Cámara deSenadores; por lo cual, muchas seríanlas inconveniencias de mantener unmismo ordenamiento para ambas. Detal manera que, los asuntos relativos alCongreso Generala a la Comisión Permanente, deberán estar regulados porla Ley Orgánica y desaparecerán delReglamento.
2. El concepto administraciónen el Poder Legislativo
Con frecuencia se comenta erróneamente que la Administración Públicaabarca sólo el ámbito del Poder Ejecutivo; sin embargo, los otros dos poderes también son gobierno, atiendendesde sus respectivos ámbitos los asuntos públicos de su competencia; y pararealizar adecuadamente su función requieren desarrollar un proceso administrativo, con objetivos generales yespecíficos, con métodos y procedimientos claros, con planes y programasque faciliten el mutuo entendimientoentre legisladores y, sobre todo, conuna visión de Estado que facilite la división y colaboración entre poderes.
122 ALFREDO L1NG ALTAMtRANO
En el Poder Legislativo pocas referencias tenemos al respecto de los procesos administrativos internos; y se hadejado más al "estilo personal de gobernar" de quienes han transitado porlas distintas legislaturas como sus respectivos líderes, que caracterizado pormétodos derivados de las ciencias administrativas.
Aquí intentaré un planteamiento somero de los cuatro pasos de la administración clásica; planeación,organización,dirección y control.
Planeación
La pregunta obligada ¿Hacia dóndedebe orientarse la planeación de unaCámara legislativa? Seguramente obtendría tantas respuestas como objetivos partidistas existen. Pero esindudable que la visión de conjunto sobre los grandes temas nacionales, es loúnico que puede orientar hacia objetivos comunes; a pesar de la diversidad,debe prevalecer el marco fundamentaldel Bien Común.
Si por planeación entendemos el trazode un puente entre la realidad y el objetivo, el problema se vuelve doble en elámbito de una Cámara repleta de discrepancias; pues obviamente éstas abarcan tanto la evaluación de la realidad, osea el punto de partida del puente,
como el objetivo que sería el punto final del mismo. Si existen diferenciasrespecto a las apareciaciones que sobreel ser se tienen, no necesariamente éstas se muestren divergentes sobre el deber ser. El interés nacional no está adebate; antes bien, son las estrategiasdiversas las que dificultan los acuerdos.
En otras palabras, el "qué" es relativamente sencillo diseñarlo; el problemason los "cómos" podemos alcanzarlo.y el diseño administrativo de una Cámara como órgano deliberativo, escomplicado; no por el diseño en sí mismo, sino por la costumbre atrofiada de"partido dominante", donde precisamente la deliberación, había sido lo demenos importancia.
Así, la planeación en este caso, no implica el modelo de desarrollo político,ni mucho menos cultural de todo elpaís; pues ello implica una visión deconjunto y una política de Estado. Laplaneación, en este momento del PoderLegislativo se circunscribe exclusivamente al modelo de institución parlamentaria, donde se privilegie el diálogoentre los grupos y los legisladores,donde haya espacios y momentos suficientes para la discusión seria y profunda de los asuntos de la nación.
En otras palabras, el objetivo del diseño cameral es la deliberación. El frutode esa deliberación no puede ser prevista por modelo administrativo alguno,
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 123
porque se trata de la esencia misma deldesarrollo democrático del país.
Organización
Si el objetivo es deliberar con oportunidad y eficacia, un Poder Legislativodebe contar con estructura orgánica,con jefes y subordinados; sin embargo,en una Cámara de Diputados donde nohay un jefe sino quinientos, o en unaCámara de Senadores donde los jefesson 128; no puede hablarse de un diseño clásico de administración, es necesario regular las relaciones dentro deese pleno de legisladores; y de ahí surge la necesidad de establecer, mediantevoto universal, libre secreto y directode los integrantes de la asamblea de legisladores, una mesa directiva temporaly con facultades restringidas estrictamente a la conducción del pleno y a algunos otros actos de representaciónexterna; pero indudablemente que requiere de apoyos técnicos y parlamentarios para el desarrollo de su funcióncoordinadora.
La mesa directiva se concibe, pues,como un órgano plural, establecido enla Ley Orgánica del Congreso cuyotexto en el Artículo 21 establece: "LaMesa Directiva de la Cámara de Diputados se integrará con un Presidente,tantos Vicepresidentes como gruposparlamentarios de los partidos políticos
haya en la Cámara, cuatro Secretariosy cuatro Prosecretarios y será electapor mayoría y en votación por cédula" .
En la práctica, el Presidente habíasido casi siempre del partido mayoritario; y la pluralidad en los Vicepresidentes también se reflejaba en losSecretarios y Prosecretarios; la elección por cédula, después de acuerdosprevios se realizaba muchas ocasio_nes por medio de cédulas prefabricadas con base en los acuerdos delos coordinadores de los diferentesgrupos parlamentarios.
Además de la Mesa Directiva, el plenode la Cámara requiere de comisionesen las cuales apoyarse, para el estudiode los asuntos y la elaboración de losdictámenes respectivos; en ellas recaela responsabilidad delegada por laasamblea de legisladores con la finalidad de agilizar los trámites.
De conformidad con el Artículo 44 dela Ley del Congreso, "las comisionesde la Cámara estarán facultadas parasolicitar, por conducto de su Presidente, la información y las copias de documentos que obren en poder de lasdependencias públicas, así como paracelebrar entrevistas con los servidorespúblicos para ilustrar su juicio". Estoen lo que se refiere a la Cámara de niputados; porque en el caso de la de :;,,nadares, de conformidad con elArtículo 75 del mismo ordenamiento,
124 ALFREDOL1NG ALTAMIRANO
"las comisiones ordinarias tendrán a sucargo las cuestiones relacionadas con lamateria propia de su denominación yconjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis y dictamen de lasiniciativas de leyes y decretos de sucompetencia".
Como se desprende de este comparativo, en términos generales las comisiones desahogan los asuntos después deanalizados y regresan al pleno su dictamen para discusión y, en su caso, aprobación.
Dirección
El problema planteado es muy sencillo;si la Mesa Directiva es importante parael desarrollo y conducción de las sesiones, presidir los debates y convocar alas sesiones, entre algunas otras facultades; subsiste la interrogante sobre elmando administrativo en las oficinasrespectivas de los legisladores de cadapartido político.
Surge la necesidad de que los Diputados o Senadores, puedan agruparse ensus respectivas Cámaras, de acuerdo ala filiación política manifestada desdeel registro de sus candidaturas; y porpartido, integrar grupos parlamentarios. De esa manera, los legisladores,todos jefes, se ponen de acuerdo y delegan democráticamente en un coordi-
nadar del grupo su representación paraefectos de gobernabilidad interna delcuerpo legislativo.
Control
Para darle seguimiento a los acuerdostomados por el pleno de cada Cámara, resulta necesario un cuerpo administrativo que, en términos generalesrequiere conocimientos jurídicos fundamentales en cuestiones de procesolegislativo. Surge entonces otra necesidad: el personal de apoyo parlamentario; pues resultaría imposible quelos legisladores estuvieran al pendiente de este tipo de trámites administrativos.
3. Los órganos administrativosdel Congreso
En la Cámara de Diputados
Fundamental resulta para la transiciónde entrega-recepción; pero sobre todo,para darle continuidad institucional a laCámara de Diputados, la Comisión Instaladora. Se integra ésta por cincomiembros de la Legislatura saliente yes nombrada por el pleno de ella en suúltimo periodo de sesiones. Su nominación debe ser comunicada al Instituto
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Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Esta Comisión Instaladora recibe de laOficialía Mayor los expedientes electorales relativos a los Diputados de la siguiente legislatura, incluidos losrelativos a la asignación de curules porrepresentación proporcional, así comolos fallos del tribunal con relación a lasimpugnaciones presentadas.
El objetivo de esa documentación esque la Comisión Instaladora pueda expedir las credenciales de identificacióny acceso a los Diputados electos; asícomo citarlos a la junta previa que deberá realizarse dentro de los diez díasanteriores al inicio de la siguiente Legislatura.
Otro órgano de la Cámara es la MesaDirectiva, cuyas funciones administrativas podemos analízarlas para cadauno de sus integrantes; el Presidente,por ejemplo, puede requerir a los Diputados faltistas a concurrir a las sesiones; incluso, disponer con apoyo enlos numerales 63 y 64 de la Constitución, llamar a los suplentes o deseentarles las dietas respectivas, según seael caso. Asimismo, firma la correspondencia, preside las sesiones, representaa la Cámara en ceremonias y solicita elauxilio de la fuerza pública cuando esnecesario.
existencia del quorum, extiende las actas de las sesiones, rubrica leyes oacuerdos que expide la Cámara o elCongreso, abre e integra expedientesde los asuntos tratados en la Cámara,lleva un libro donde asienta en ordencronológico las leyes y decretos expedidos por el Congreso o la propia Cámara, vigila la impresión del Diario delos Debates, entre otras facultades.
En la práctica, los Diputados que integran la Directiva, son respaldados porun Cuerpo Técnico Profesional deApoyo, dependiente de la Oficialía Mayor, en los términos del inciso m) delArtículo 29 de la Ley Orgánica delCongreso; y del numeral 22 del mismoordenamiento.
Las diputaciones estatales y la GranComisión existen siempre y cuando selogre la mayoría absoluta en la Cámarapor un solo partido político; esto es,251 o más de los 500 Diputados queintegran una Legislatura. En ese caso,de cada entidad federativa se elige entre los Diputados de la mayoría absoluta a un coordinador, y cada uno deellos forma parte de la Gran Comisiónjunto con los dos primeros lugares dela lista plurinominal en cada una de lascircunscripciones electorales; y adicionalmente, aquellos Diputados que considere conveniente el coordinador deese grupo mayoritario.
Por su parte, el Secretario o, en su Como en la LVII Legislatura ningúncaso el Prosecretario, comprueba la partido obtuvo 251 o más Diputados,
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no existen, ni la Gran Comisión, ni loscoordinadores de las diputaciones estatales. De cualquier manera, las funciones de esta Gran Comisión fueronrestringidas por la actual Ley Orgánicaal ser modificadas sus facultades deconducción de los asuntos administrativos de la Cámara, con la creación de laComisión de Régimen Interno y Concertación pólitica.
La Tesorería es otro de los órganos establecidos por la normatividad reglamentaria para la administración de losfondos del presupuesto de la Cámara.Su titular es nombrado a propuesta dela Gran Comisión y otorga una fianzapara el manejo de esos fondos. Depende del Comité de Administración.
En la Cámara de Senadores
También en esta Cámara se integra unaComisión Instaladora cuya designacióntambién se comunica alIFE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de laFederación; y sus atribuciones y deberes, establecidos por el Artículo 60 dela Ley Orgánica del Congreso consistensintéticamente en transmitir los documentos de la Legislatura saliente, porinventario, a la Mesa Directiva de laLegislatura entrante.
Igualmente, cita a la junta previa a losSenadores electos, verifica sus identi-
dades, comprueba el quórum, y facilitala elección de la Directiva correspondiente a la Legislatura entrante.
La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores tiene facultades similares a lasdescritas en el caso de la Cámara deDiputados; sin embargo, existe una diferencia respecto al periodo que abarcan sus integrantes: "Artículo 65. LaMesa Directiva de la Cámara de Senadores...
... El Presidente y los Vicepresidentesdurarán en su ejercicio un mes y no podrán ser reelectos para esos cargos enel mismo periodo de sesiones ordinarias.
.. .Los Secretarios y prosecretarios durarán un año en su ejercicio"
En la práctica, se renueva mensualmente la Mesa Directiva, pues en estas condiciones se interpreta que un secretariocon un año de duración, tendría máspoder que el mismo Presidente de laDirectiva.
Las funciones y atribuciones de cadauno de los integrantes de la Mesa sonsimilares a los descritos para el funcionamiento de la Cámara de Diputados.
En el caso de la Cámara de Senadores,por conservar las tres cuartas partes dela Cámara en los términos de la elección federal de agosto de 1994, y ha-
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berse renovado solamente una cuartaparte, el Partido Revolucionario Institucional mantiene la mayoría absoluta; ypor lo tanto, sí existe la Gran Comisión.
La Gran Comisión en el caso de los Senadores, se integra por un Senador decada Estado, incluido el Distrito Federal y por los coordinadores de los grupos parlamentarios. Por esa razón, noexiste en el Senado una Comisión deRégimen Interno y Concertación Política; y por ende, también, la Gran Comisión realiza una serie de funcionesadministrativas en el Senado conformeal Artículo 93 de la Ley Orgánica delCongreso.
Entre otras, la Gran Comisión desarrolla las siguientes funciones administrativas: propone el nombramiento delOficial Mayor y del Tesorero de la Cámara y el de todos los empleados de lamisma, vigila el funcionamiento administrativo y provee lo necesario para elfuncionamiento de las comisiones porconducto de la Oficialía Mayor; y dirige los servicios internos para el eficazcumplimiento de las funciones de laCámara.
Pero en el Artículo 73 de la misma Leyamplía esas facultades: "La OficialíaMayor, la Tesorería, el Cuerpo Técni-
ca Profesional de Apoyo y demás dependencias de la Cámara de Senadorestendrán las facultades y obligacionesque señalen las normas reglamentariaso que les asigne la Gran Comisión".Esto significa que la Gran Comisiónpuede asignar facultades y obligacionesa las dependencias de la Cámara; esobvio el poder que ello encierra.
4. Los grupos parlamentariosen el Congreso
El régimen de partidos
En la mayoría de los sistemas democráticos del mundo, ocupa espacio importante el régimen de partidos; esto es,un modelo político capaz de encauzar yrepresentar las inquietudes de los ciudadanos por conducto de los instrumentos considerados idóneos como son lospartidos políticos.
Normalmente, cualquier ciudadano,por su propio derecho podría presentarsus aspiraciones ante el electorado paradirigir los destinos de la Nación, o paraocupar cualesquier cargo de elecciónpopular; sin embargo, este derecho enla actualidad, se encuentra encauzado olimitado, según el enfoque, al ejercicioque desee hacerse de la representaciónpartidista. Aquí se debate la figura delos candidatos independientes.
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Alcances jurídicos delpluripartidismo
Si la participación electoral fuese loúnico que en nuestro estado de derechose presenta como exclusivo por intermediación de los partidos políticos, nosería tan grave; pero cuando los grandes acuerdos nacionales son convocados por el Ejecutivo, considerandosolamente a los partidos, entonces empieza a acuñarse un nuevo concepto: la"partidocracia".
En muchas ocasiones, los acuerdos queabarcan la reforma del Estado, debenser iniciados a partir de las consultaslegislativas que se realizan entre losciudadanos, mediante foros de presentación de propuestas; y a través deellas, los legisladores, en comisionesplurales recogen las más importantes ylas transforman en ley.
En México, no ocurre eso; sino que elSecretario de Gobernación en sus oficinas de Bucareli realiza reuniones conlos dirigentes de los partidos y ahí serealizan las propuestas cuyos alcancesadquieren carácter de iniciativa quemuchas veces se presenta conjuntamente por los coordinadores de los gruposde legisladores; es decir, los acuerdosde los partidos se convierten prácticamente en reformas jurldicas.
No parece esta práctica ser lo más conveniente en un modelo donde el Poder
Legislativo busca rescatar su propiadignidad, independencia y funcionamiento respecto su propia dignidad, independencia y funcionamiento respectoa los otros dos Poderes de la Unión.Sin embargo, las costumbres y tradiciones presidencialistas, requieren de unatransición conducida armónicamentepor el Ejecutivo; es decir, se requierecierta dosis de presidencialísmo paradespresidencializar los asuntos que norequieren del Presidente. Y esto queparece más un trabalenguas que un postulado, resume en gran medida el puntoesencial de la transición democrática ennuestro país.
La figura jurídica"grupo parlamentario"
El grupo parlamentario surge como resultado de las manifestaciones partidistas múltiples, crecientes en las Cámaraslegislativas; sobre todo, a partir de laaparición de los Diputados de partido,primero; de Representación Proporcional, después; y recientemente con losSenadores de Primera Minoría o deRepresentación Nacional.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: "Articulo 70... La ley determinarálas formas y procedimientos para laagrupación de los Diputados, segúnsu afiliación de partido, a efecto de
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garantizar la libre expresion de lascorrientes ideológicas representadasen la Cámara de Diputados ... "
Como puede observarse, en la CartaMagna solamente se habla de las agrupaciones partidistas de Diputados, sinespecificar lo relativo a los Senadores;es en la Ley Orgánica del Congresodonde se establece la posibilidad de suestructuración para cada uno de los órganos legislativos.
En los Artículos del 31 al 37 de la LeyOrgánica del Congreso General de losEstados Unidos Mexicanos se establecela figura jurídica de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados;y en los Artículos del 94 al 99 del mismo ordenamiento, lo relativo a la Cámara de Senadores. En ambos casos sehace referencia al Artículo 70 de laConstitución, como posibilidad deagrupación de legisladores para faciliarlas tareas especificas de la Cámara ycoadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo; asimismo, para contribuir a la formación de criterioscomunes en las deliberaciones en queparticipen los legisladores.
Los grupos parlamentarios deben estarintegrados por legisladores de un mismo partido político; y se requiere unmínimo de cinco Diputados o de tresSenadores, para lograr la conformaciónde sus respectivas agrupaciones. Enambas Cámaras se requiere la presenta-
ción de documentación que refiera la libre adhesión del legislador a su gruporespectivo, así como lo referente alnombramiento de cada coordinadorparlamentario.
El Presidente de la Mesa Directiva, enla primera sesión del primer periodoordinario de sesiones; es decir, al comienzo de la Legislatura, realiza ladeclaratoria de la constitución de losgrupos parlamentarios y a partir de entonces, adquiere los derechos y obligaciones en términos de Ley.
Los grupos parlamentarios tambiénrealizan funciones administrativas internas de vital importancia; en el Artículo 37 de la Ley Orgánica delCongreso, para el caso de los Diputados; y en el Artículo 99 de la mismaLey, para el caso de los Senadores; seestablece la necesidad de contar conlocales adecuados en las instalacionesde cada Cámara, así como de los asesores, personal y los elementos materiales para el cumplimiento de susfunciones, atendiendo la cantidad desus integrantes y de acuerdo al presupuesto de cada Cámara.
Es decir, existe personal de la Cámaraasignado a cada una de las dependencias, tales como la Oficialía Mayor, laTesorería, el Grupo Técnico de ApoyoProfesional y la Contadurúría Mayorde Hacienda en el caso de los Diputados; sin embargo, cada grupo parla-
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mentario cuenta con asesores y personal que, paga el presupuesto de la Cámara, pero son reclutados y seleccionados según las conveniencias e interesesa afinidades ideológicas de cada grupode legisladores. Asimismo, la Cámaratambién debe dotar a las comisiones ordinarias de trabajo legislativo del personal suficiente para el desempeño desus funciones.
Los grupos parlamentarios no tienenpersonalidad jurídica propia; y por tanto, la contratación de su personal debeser revisada en los términos de la legislación laboral para garantizar la plenitud de sus derechos.
La figurajurídica"Gran Comisión"
Como hemos planteado más arriba, sondiferentes las figuras jurídicas de laGran Comisión en una y en otra Cámara; pues, mientras en la de Diputadosqueda restrirígida a un grupo parlamentario mayoritario cuando éste alcanzauna mayoría absoluta; fuera de ello solamente puede proponer a los integrantes de su partido político que habrán desumarse a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Mientrastanto, en la Cámara de Senadores seentiende integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios y porlos representantes de los Estados de la
Federación; y funge como Comision deconcertación para el gobierno interiorde esa Cámara.
La Gran Comisión, al igual que losgrupos parlamentarios, no cuentan conpersonalidad jurídica para obligarserespecto a sus propios empleados; porlo tanto se entiende, que quien les pagaes la Cámara y son las partidas del presupuesto de cada una de ellas las queprevén erogaciones para tales efectos.
Las comisiones legislativas
Las corrusiones legislativas son diferentes en cada Cámara, pues se agrupan según las características de losasuntos que en cada una de ellas sedesahogan; por supuesto, las de dictamen legislativo, por tratarse de unsistema bicameral, pueden ser consideradas homólogas.
En la Cámara de Diputados se clasifican las comisiones de la siguiente manera: una de Régimen Interno yConcertación Política, treinta y ocho deDictamen Legislativo, una de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda; y todas las de Investigación que serequieran; más las Jurisdiccionalescuando se presente el caso, lo mismoque las Especiales para atención y seguimiento de casos políticos de importancia nacional.
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En la Cámara de Senadores se establece la formación de las comisionesordinarias y de las especiales; las primeras son 26 y las segundas, tantascomo se acuerde para efectos transitorios incluyendo, por supuesto, las jurisdiccionales. A diferencia de laCámara de Diputados, en la de Senadores no se prevé la designación decomités y todas son Comisiones; a diferencia de aquélla donde funciona elComité de Administración o el de Bibliotecas e Informática.
Para los efectos de trabajos conjuntos, funcionan fuera de figura jurídicalas "conferencias" legislativas intercamerales; sin embargo, en el Artículo77 de la Ley Orgánica del Congresose establece "Se podrán crear tambiéncomisiones o comités conjuntos conparticipación de las dos Cámaras delCongreso de la Unión para atenderasuntos de interés común".
La Comisión de RégimenInterno y Concertación Política
Esta Comisión surge ante el reclamo dela oposición en la LV Legislatura paraevitar ser desplazados de las decisionesinternas de la Cámara de Diputados; yse crea solamente en ésta porque el reclamo fue establecido parcialmente yno se generalizó a ambas Cámaras.Ello motivó las restricciones a la GranComisión de la Cámara Baja.
La Comisión de Régimen Interno yConcertación Política, es el órgano degobierno de la Cámara de Diputados;se integra por los coordinadores de losgrupos parlamentarios y por otro tantode Diputados de la mayoría, cuandoésta exista; al no ser así, en el caso dela LVII Legislatura, los grupos parlamentarios están representados en ellaen forma igualitaria.
Las atribuciones de esta Comisión sonlas siguientes de conformidad al Artículo 45 de la Ley multicitada; suscribir acuerdos relativos a desahogarseen el Pleno de la Asamblea; proponera los integrantes de las Comisiones yComités, incluidas obviamente laspresidencias y secretarías de las mismas; proponer el proyecto de presupuesto anual de la Cámara; proponerla designación del Oficial Mayor, delTesorero, y los nombramientos de losDiputados que fungirán como Consejeros Electorales. Es decir, proponepero dispone siempre el Pleno de laCámara de Diputados.
5. Resultados políticos del6 de julio de 1997
Cifras generales
Las cifras generales aquí presentadas,son solamente de resultados electoralesy no necesariamente políticos; pero las
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repercusiones son de esta índole por lacomposición de la Cámara de Diputados en la LVII Legislatura.
El Partido Revolucionario Institucionalobtuvo 11 millones 427 mil 246 votos;el Partido Acción Nacional, 7 millones775 mil 401 votos; el Partido de la Revolución Democrática, 7 millones 514mil 650 votos; el Partido Verde Ecologista de México, 1 millón 114 mil 706votos; y el Partido del Trabajo, 754 mil961 votos.
Si estas cifras son analizadas como porcentaje relativo de la votación, se facilita el análisis; el PRI, 39.97%; el PAN,27,20%; el PRD, 26.29%; el PVEM,3.90%; y el PT, 2.64%.
Asignación de lugares
Considerando el número de Diputadosobtenidos por el principio de mayoríarelativa, más los asignados por el principio de representación proporcional,presento un cuadro que sintetiza lacomparación entre votos y curules.
Como puede observarse, el único partido cuyo porcentaje de curules es superior al porcentaje de votos, es elPRI; todos los demás, están subrepresentados. No obstante, los pesos relativos específicos de cada grupoparlamentario en la Cámara de Dipu-
tados, se considera a partir de las curules asignadas, sin importar la sobrea la sub representación de cada fuerzapolítica en la Cámara.
En la Cámara de Senadores, a partirdel 10. de noviembre la integraciónserá de la siguiente forma: al PRI corresponden 76; al PAN 33; al PRD 17;al PVEM 1; y al PT, 1.
Consecuencias jurídicas
En primer lugar, las consecuencias jurídicas están planteadas por la imposibilidad de integración de la GranComisión en la Cámara de Diputados.Mientras que en la Cámara de Senadores subsiste una proporción mayor de lamitad correspondiente al PR!. En la primera, ningún partido por sí solo, puedetomar decisiones, por carecer de mayoría absoluta; lo contrario ocurre en lasegunda.
Este cambio en la relación de fuerzaspolíticas en la Cámara de Diputados hadespertado más expectativas que lasque debiera; pues en realidad, la gobernabilidad no se pierde, toda vez que,las resoluciones se toman por el plenoy alguna de las propuestas debe salirvictoriosa, lo cual provoca algún resultado que obligue.
La ingobernabilidad se presentaría sino hubiera forma de tomar decisiones,
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Partido %de votos % de curules No. de diputados
PRI 39.97 47.80 239PAN 27.20 24.40 122PRD 26.29 25.00 125PVEM 3.90 1.60 8PT 2.64 1.20 6
pero no se da esa hipótesis, por lo tanto, queda descartada la ingobernabilidad. Lo que ocurre es, que lasdecisiones serán tomadas con otra óptica y no por designación externa al Poder Legislativo, como venía ocurriendoen los tiempos de partido dominante opartido mayoritario.
Consecuencias políticas
Las consecuencias políticas han sidomás importantes que las consecuenciasjurídicas; toda vez que, si el PRI perdió la mayoría absoluta en la de Diputados, la conserva en la Cámara deSenadores y en una buena parte de laslegislaturas estatales en el interior de laRepública.
Este contraste se ha prestado a manifestaciones marcadas con tintes revanchistas; por un lado, se acusa a laoposición de actuar en conjunto e imponerse sobre la minoría mayor que esel PRI; y por otro se advierte desde
otros ámbitos políticos que la mayoríaen el Senado pudiera ser utilizada comoun dique para impedir que la oposiciónde Diputados "se salga con la suya".
Los pronunciamientos políticos han llegado al extremo de amenazar con tratara la oposición en las entidades del paísde la misma forma como ésta trata alPRI en la Cámara de Diputados. Es decir, nuevamente vemos cómo los partidos tratan de manejar las situacionespolíticas en realidad, las consecuenciasjurídicas, no lo advierten de esa manera.
Consecuencias administrativas
Sin embargo, las consecuencias administrativas, al menos lo relativo al Presupuesto de Egresos, ha despertado unaalarma aún mayor; toda vez que se trata de una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, otorgada a ésta porla propia Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos en la fracción IV de su Artículo 74.
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Como en ese punto no hay posibilidadde contrapesos de la Cámara revisora,cabe preguntar si el Ejecutivo pudieranegarse a la promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación de dicho Presupuesto deEgresos en los términos de los diversos incisos del Artículo 72 de nuestraCarta Magna.
La mayoría de las opuuones coincidecon la respuesta afirmativa; sí, el Ejecutivo podría regresar con observaciones a la Cámara de Diputados, elPresupuesto de Egresos; y para enviarlo nuevamente al Ejecutivo se requerirían las dos terceras partes en lostérminos del inciso e) del mismo numeral 72; y como la oposición ni en suconjunto lograría tal proporción, no podría obligar al Presidente de la República a ejercer un Presupuesto deEgresos con el cual no estuviera deacuerdo.
Sin embargo, el asunto no se resuelveahí, pues al no haber Presupuesto deEgresos aprobado, una vez iniciado unejercicio legal, no podría ejercerse partida alguna y quedaría paralizada la administración pública.
Hay quienes opinan que podría ejercerse el Presupuesto del año anterior, peroesa solución requiere de sustento jurídico; y al parecer, no existe la previsiónen nuestro marco jurídico.
6. Los bloques partidistas
El bloque opositor en laCámara de Diputados
Ante la multiplicidad de consecuenciasjurídicas, políticas y administrativaspara el país, los Diputados pertenecientes a los grupos parlamentarios de lospartidos de oposición, se pusieron deacuerdo para lograr votaciones que pudieren superar al número de Diputadosde la minoría mayor, el PRI.
El llamado "bloque opositor" fue cuestionado sobre la legalidad de su conformación; lo cual los aludidos respondieron que independientemente de ladenominación "bloque" los Diputadospodrían ponerse de acuerdo para tratary resolver sus asuntos de acuerdo a suspropias convicciones. Asimismo, huboquien hizo referencia a la figura jurídica de "frente", contemplado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lugar de"bloque".
El tradicional mayoriteo de un partidodominante en el pasado, provocó eseacuerdo opositor; pues en la mayoríade los parlamentos del mundo, cadalegislador vota de acuerdo a los mandatos de sus electores y no necesariamente por lo de sus dirigentespartidistas; aquí en México los acuer-
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dos partidistas de unos, obligan a losde otros.
El bloque mayoritario en laCámara de Senadores
La mejor demostración de esos "bloques" partidistas resultó la advertenciade la mayoría en el Senado de la República; llegando incluso a la disidenciadentro de sus propias filas, originandola creación de un grupo sui géneris, denominado "Grupo Galileo"; el cual, sinrenunciar a su militancia partidista, esgrimió su derecho a disentir respetuosamente de la "línea" partidista paraasuntos de interés nacional.
Los acuerdos partidistas antesdel Tercer Informe Presidencial
También ha sido motivo de cuestionamiento si los Diputados electos, antesde tomar posesión, pueden tomaracuerdos y resoluciones que comprometen el gobierno interior de la Cámara. Evidentemente, esto requiere de unmás amplio análisis; sin embargo, enapresurada opinión, me parece que elmarco jurídico donde se movían los Diputados que habrían de entrar en funciones el 10 de septiembre, marcó loslineamientos que, a la vista de la nación entera, servirían de parámetropara calificar la actuación de los Diputados en los pasos previos a la propiainstalación de esa Legislatura.
Las más agrias discusiones se dieron entres vertientes; primero, el formato delInforme Presidencial; segundo, la citatoria de la comisión instaladora; y tercero, la elección de la Mesa lJirectiva.
En el primer asunto, los Diputadoselectos no podrían introducir por acuerdo, así fuera de toda la Cámara, modificación alguna; toda vez que elformato se incluye en términos de ley ycualquier modificación hubiera requerido cubrir todo el proceso legislativo,incluida la comisión revisora y la promulgación por el Ejecutivo. Es decir,no podría cambiar el formato y no habría interpelaciones.
El segundo punto, se complicó por causa del Presidente de la Comisión Instaladora nombrada por la LVI Legislatura, quien, sin haberse dado lossupuestos de una segunda convocatoria,la realizó, desconociendo la primerasin causa justificada. El resultado fueque, con apoyo en la firma del Presidente de la Instaladora, y con tres desus cinco integrantes, la Comisión Instaladora nombrada para tal efecto, sinla presencia del Presidente y Secretario, procedieron conforme a derecho; yla protesta fue tomada a los Diputadospresentes.
El tercer asunto, consecuencia del anterior, los Diputados, también como loestablece la Ley, procedieron a la elección de su Mesa Directiva; con la peculiaridad que su Presidente contestaría
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el Informe del Ejecutivo. Obviamentela nominación recayó en un Diputadode oposición, ante la ausencia de losDiputados del PRI.
Los arreglos parlamentariosdespués del informe
Fue más el estruendo que el fondo delconflicto; porque inmediatamente después de la ceremonia Presidencial, todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en programar lassubsiguientes directivas mensuales; y,lo más importante desde el punto devista de gobierno y administración dela propia Cámara, se logró el consensorespecto a la Presidencia e integrantesde la Comisión de Régimen Interno yConcertación Política.
Ello demostró que, cuando hay voluntad de fondo, se logran los acuerdos; loque OCurre muchas veces en el interiorde una Cámara deliberativa como lo esla de Diputados, surgen presiones ajenas al órgano legislativo que contaminan el ambiente y enrarecen el clima delas negociaciones internas.
7. Los nombramientos ydecisiones administrativas
Designación de comisiones
La designación de las presidencias enlas comisiones, resulta un falso debate,
porque ningún partido logra en el senode ellas la mayoría absoluta; y de nadasirve en la práctica tener la presidenciasi no se logra la mayoría de los votos almomento de los dictámenes.
Sin embargo, fue otro motivo de enorme controversia; misma que se resolviópor la vía de la "regla de tres" o deotra manera expresado, en proporciónde los Diputados de cada grupo parlamentario, fueron asignadas el númeroproporcional de presidencias en relación al número de miembros de cadabancada partidista. Así, el PRI logró27, el PAN 14, el PRD 14, el PT 2 YPVEM 2.
Igualmente en el Senado de la República, pero con mayor transparencia en laconcertación sobre este mismo asunto,la conclusión fue aceptable para todoslos grupos parlamentarios; donde el PRI
tiene 35, el PAN 15, el PRD 8; en función del número de Senadores en cadabancada.
Sin embargo, lo más importante es,desde el punto de vista administrativo,revisar ahora el perfil de cada presidente de comisión, para apuntalar aquelloscasos donde se requiera mejorar el apoyo profesional y técnico; de tal maneraque todas las comisiones puedan elaborar dictámenes de calidad.
Es indudable que la reestructuraciónorgánica de la Cámara de Diputados
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será de la A a la Z; toda vez que, porfuerza de la costumbre, quienes se venían desempeñando como Oficial Mayor, Tesorero o algunos funcionariosde la Dirección de Comunicación Social, aplicaban partidistamente su profesión, de tal manera que se requiereadecuar los nuevos perfiles imparciales para profesionalizar todo el ambiente burocrático de la Cámara deDiputados.
Bien podría aprovecharse este impulsode cambio para instaurar un servicio legislativo de carrera en la propia LeyOrgánica del Congreso, como ya loexiste en otras Leyes Orgánicas de laAdministración Pública. De esa manerapodría evitarse que cada Legislaturatenga que improvisarse nuevamente atodo el personal de las Comisiones y delas dependencias administrativas de laCámara. El pluripartidismo no debe estar reñido con los esquemas modernosde una Administración Pública con mayor contenido profesional y menos tendencia política partidista.
8. Conclusión
Los resultados de las pasadas elecciones federales del 6 de julio de 1997,dieron como resultado muchas posibilidades y pocas probabilidades. De estasúltimas puede desprenderse la Paradojade San Lázaro, la cual podemos sintetizar como "la oposición tiene el poder yla mayoría es oposición".
El tema de las coaliciones posibles, o eltema de las coaliciones perdurables, oel tema de los juegos de poder parcializado y de la ganancia distribuida, seránnociones que se convertirán en lenguajecomún dentro de las columnas políticasde los analistas.
El tema de la "coalición victoriosa"que puede ser una noción preelectoral yel concepto de la "coalición triunfante"que es un tema poselectoral, serán analizados por universitarios, politólogos ypolíticos.
Incluso las posibles injerencias del Poder Ejecutivo, tratando de "armar" escenarios internos del Legislativo. otratando de "desalentar o desmontar"las coaliciones opositoras. Lo monolítico de los bloques opositores, será probado por las estrategias desde, porejemplo, Gobernación, tratando de desmembrar por métodos que pueden irdesde la provocación, la cooptación, lacorrupción, la amenaza y otras.
Dependerá de la civilidad y conduccióndel bloque, que podrán asimilarse losembates, o bien, sucumbir ante ellos.
Democracia y pluralismo
Es evidente que el principal problemade la democracia directa es la toma dedecisiones. De aquí que surja de inme-
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diato, la necesidad de una democraciarepresentativa y proporcional.
Si la representatividad, principalmenteen la Cámara de Diputados, es fiel reflejo de la composición plural de la sociedad, entonces encontraremos laintegración de dicha Cámara, en grupos parlamentarios con un número deescaños proporcional a dicha composición social.
Durante muchos lustros y legislaturas,las desviaciones a dicha proporcionalidad que existieron, no fueron erroresdebidos a la naturaleza y composicióngeográfica de los distritos electorales,sino debido a la aún existente "cláusulade gobernabilidad" de la Cámara deDiputados, que esta vez no se aplicó,debido a que el partido político con unamayor cantidad de constancias de mayoría, no constituían, per se, una mayoría absoluta.
Sin embargo, llegado el momento detomar en cuenta todos los Diputados aque tiene derecho cada fracción, resultó obvio que hay mayor número deoposición y que, de ponerse de acuerdo-y de hecho, esto sucedió- puedenformar una mayoría absoluta; así seaartificialmente. El resultado de tal manera de entenderse, sería el mal llamado "bloque opositor".
El artificio para lograrlo no tiene secreto, pero mucho de voluntad política:
"considerar como iguales en opinionesy decisiones a las oposiciones". Sinembargo, el hacerlo, le da gobernabilidad a los partidos de oposición, perodesviándose de la proporcionalidad dela pluralidad social.
Tiene una ventaja el dicho bloque,dado que las demandas de las "partessociales" representadas en la Cámara,tiene igualdad de oportunidades de verprosperar sus demandas y reducirse lallamada desigualdad social.
Administración y régimen interior
Antiguamente, la gobernabilidad que sedaba por un método desleznable y, desgraciadamente, recurrente; antes de"negociar" alguna decisión interna, ocuando ésta se "entrampaba", se dabael llamado mayoriteo", consistente enejercer la fuerza del número.
Se confundía autoridad formal con gobierno interno y el poder de éste estababasado en el número. Hoy las cosasson diferentes.
Es difícil predecir la longevidad quetendrá el llamado bloque opositor; peromientras dure, se podrá avanzar haciael descubrimiento de nuevas formas derégimen interior. basados en primerainstancia en los números y, segundo,las razones y el juego de los mismospartidos, pero representados en desi-
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gualdades aritméticas en ambas cámaras. Así, por ejemplo, no es posible laexistencia de algún "bloque opositor"en el Senado; a menos que surgierandesprendimientos parciales del grupocon mayoría absoluta y que, dependiendo de lo que hiciesen dichos desprendimientos, como sumarse a otrosgrupos, o bien, permanecer independientes; permitirían tal vez crecer ala oposición y lograr dicho bloque mayoritario.
Dichos desprendimientos que amenazan, se pueden convertir en bloques depoder hacia el interior del partido mayoritario, mientras amenazan salirse.En caso de hacerlo, su presión se harásentir, entonces, hacia el interior delgrupo opositor, al cual le darian pragmáticamente la gobernabilidad. Seríanpues, el fiel de la balanza.
No es casualídad que el Grupo Galileose haya presentado en el Senado. Laimagen especular del fenómeno, en laCámara de Diputados, podrían ser loslegisladores independientes, que podrían negociar con unos (la minoríamayor) u otros (el bloque opositor), sustatus.
Lo que viene
Las consecuencias en el diálogo entrepoderes, a causa de la nueva composi-
ción pluripartidista en ambas cámarasdel Congreso de la Unión, nos debellevar a nuevas actitudes, especialmente, en el Ejecutivo.
Quien fue el primero en sentir dichoscambios en las formas y liturgias decomunicación, el Presidente Zedilla.Cambió el tradicional "Día del Informe" para convertirse en el "Día del comienzo de los trabajos del primerperiodo de sesiones del Congreso", conel evento del informe presidencial.Para demostrar que no sólo era retórica, dicha "ceremonia" se realizó el primero de septiembre, pero a las cincode la tarde, retomando lo marcado porel reglamento, cuando en todas las ocasiones habían sido a las once de la mañana, ignorando la norma.
Debemos recordar que la real politik;dentro de la Cámara de Diputados, incluye aglutinantes, catalizadores yalianzas, amén de lealtades, entre grupos que comparten áreas comunes, empleados de la Cámara, empleados delas fracciones, asesores internos y externos, los grupos informales dentro delos grupos, que algunas veces puedenser reconocidos cuando hay sesión plenaria y no solamente de comisiones internas. El folklore político los conocecomo los diputados del bronx o la burbuja. la cúpula...
Las protocoaliciones, que además delinterés general, pueden tener intereses
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particulares, legítimos o no, que los harán actuar centrífugamente dentro delos grupos parlamentarios. Serán loscoordinadores de tales grupos, los quemantengan -dentro de lo posible- lahomogeneidad para lograr, dentro delbloque opositor, la hegemonía o gobernabilidad del mismo.
Así, Van Neumann y Morgenstern predecían que todo grupo o partido político que no fuera necesario para vencer,dejaría de ser incluido en la coalición.Para nuestro caso, puede decirse quetales conceptos nos llevarán -casisiempre- a un bloque opositor quetendrá siempre, una precaria ventaja;
es decir, nunca tendrá ventajas cómodas y por ende, a estar en permanenteocupación de las artes y buenos oficiosde sus dirigentes y miembros.
Siguiendo el pensamiento de Leiserson,que desarrolló una Teoría del Regateo,nos lleva a pensar además, que de todas las coaliciones posibles, las másprobables son -entre otras- las quecontemplan un menor número de partidos o grupos. Lo que podría precisarsecon Riker, señalando que solamente seformarán coaliciones mínimas. El peligro de la precariedad será, casi indefectiblemente, de manera estructural ycontinua.
Pluralidad política y administración pública. Los retos del cambio
Ramire: Zozaya, Juan Miguel
Analiza algunos de los principales retos y oportunidades en la administración pública mexicana a partir del cambio político que produjeron los resultados electorales del 6 de julio de 1997. Señala la importancia de la participación ciudadana altiempo que revisa el marco teórico de la pluralidad política (Lijphart, Eckstein,Furnivall). Examina los resultados electorales de la votación del periodo en cuestión y concluye, entre otros aspectos, que la pluralidad tiende hacia una bipartidización de la competencia distrital, además de presentarse un pluralismo amplio anivel horizontal (entre los poderes del Estado) y muy desigual a nivel vertical (entre órdenes de gobierno). Concluye que el contexto posibilita a las institucionespolíticas mexicanas la posibilidad de compartir el poder y de lograr políticas públicas reales que tengan como sustento la participación ciudadana y métodos profesionales de gestión.
Polítical plurality and public administration. The challenges of change
Ramire: Zozaya, Juan Miguel
He analyzes sorne of the main challenges and opportunities of the mexican publicadministration after the political change that resulted from the election on july 6th,1997. He points out to the importance of the civic participation, as well as reviewsthe theoretical frame of political plurality (Lijphard, Eckstein, Furnivall). Heanalyzes the results from the election of the aforementioned period and concludes,among other aspects, that there is a trend of plurality towards the bipartidizationof the districtal competition. In the same way, he argues the existence of a widepluralism at a horizontal level (among the State's power) and a very unequal oneat a vertical level (among government's order). He concludes that such contextallows the mexican political institutions the possibility of sharing power and achieving real public policies based on civic participation and professional administration methods.
Pluralidad política y administraciónpública. Los retos del cambio
Juan Miguel Ramire; Zozaya"
Introducción
El tejido y la geografía política mexicana alcanzada en 1997 muestran
un pluralismo político promisorio - aunque a veces incierto-o Después de lasrecientes elecciones del 6 de julio casitodos saludan la llegada de un nuevopluralismo político, que anuncia unanueva forma de hacer política y endonde el logro de acuerdos y consensosse convertirá en una tarea básica de lasprincipales fuerzas políticas.
De este nuevo contexto político, elevento más importante quizás sea laexistencia de una Cámara de Diputadosrealmente autónoma e independienteque sirva como contrapeso a un poderejecurivo fuene y con poderes ilimitados . La constitución de un "bloqueopositor" mayoritario parece advertirlo prime ro.
Por otro lado, la victoria del PAN en algunas gubernaturas como Nuevo León
* Profes or de la Universidad Nacional Autónoma deMéxico .
y Querétaro (sumadas a las conquistadas en Baja California Norte, Chihuahua y Guanajuato), y el triunfo del PRDen el Distrito Federal, fortalecen laconvicción de nn pluralismo político enauge. En el ámbito local, el triunfo delos partidos de oposición en diversosmunicipios urbanos importantes en diferentes estados de la República ofreceun ambiente alentador para creer en unmosaico político nacional diversificadoy que dé lugar a un diálogo políticomás cercano a las realidades que vivela sociedad mexicana .
A raíz de estos cambios. el presente artículo intenta explorar algunos de losprincipales retos y oportunidades queeste cambio político plantea a la Administración Pública mexicana.
La participación ciudadanaen el cambio político
Como varios autores han comentado, laexper iencia que dejaron los sismos de
142 JUAN MIGUEL RAMÍREZ ZOZA y A
1985 fue una significativa participaciónsocial, que hasta ese momento sólo sehabía asomado a la escena nacional en1968 con el movimiento estudiantil. Apesar de responder a propósitos de organización diferentes, ambas experiencias sentaron un claro antecedente: laposibilidad de cambiar a través de laacción colectiva el estado de cosas.
En el plano político, esa participacióncristalizó en 1988, cuando la gente, ensu mayoría, se manifestó en favor deCuauhtémoc Cárdenas para ocupar laPresidencia de la República. El desenlace es de todos conocido, después deuna secuela de irregularidades, se reconoció el triunfo de Carlos Salinas,candidato del PRI, quedando marcadaesa elección en la conciencia ciudadana como la más competida -pero también como la más fraudulenta- detodas hasta entonces realizadas. Sinembargo, el saldo político fue un altodéficit de legitimidad, que hizo crecerla ira ciudadana contra el sistema político mexicano. Parte de la fractura política de! PRI, en esas elecciones fue lapérdida de una gubernatura: Baja California Norte.
Posteriormente, y como producto deesa participación social, que despuéstomó forma de participación ciudadana,empezaron a registrarse fenómenos detransformación política que afectaron laestructura institucional mexicana. Poruna parte, se crearon instituciones
como la Comisión Nacional de' Derechos Humanos, el Instituto FederalElectoral, Comisiones de Arbitraje Médico, entre otras. De alguna u otra forma la creación de estas institucionesrespondían a las presiones ciudadanasque reclamaban defensas contra la corrupción, la arbitrariedad, la impunidady el autoritarismo del gobierno.
Algunas de las instituciones que han jugado un papel relevante para encauzaresta participación ciudadana han sido,las instituciones electorales, ya que éstas han dado confiabilidad a las elecciones en todos sus niveles. En particular,el IFE ha mostrado ser una institucióneficiente a la hora de organizar comicios.' Eso quedó demostrado con latransparencia con la cual se realizaronlas elecciones de 1991, 1994 Y 1997.Esos éxitos no hubieran sido posiblessin la conformación de un servicioelectoral profesional, así como de unaestructura electoral que tiene presenciaen toda la República.
Por otro lado, el Poder Judicial hoy adquiere una imagen más imparcial antelos ojos de la sociedad. Básicamenteporque las formas de designar a su titular han cambiado, dándole mayor autonomía a este órgano. Por otro lado,con la reciente creación del TribunalElectoral del Poder Judicial de la Federación, se ha dado un paso adelantepara construir un orden institucionalelectoral con credibilidad.
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 143
En 1997 el Tribunal ha tenido un papeldeterminante en la resolución de conflictos poselectorales, a grado tal quehemos testificado cómo algunas de susresoluciones incluso no siempre estánde acuerdo con las decisiones tomadaspor el Consejo General del IFE2
Haciendo un balance preliminar -y ariesgo de errar- podemos observarque, en el trabajo del Tribunal Electoral del PJF no ha existido preferenciapor alguno de los partidos políticos enlo particular. Las resoluciones quetomó el Tribunal en el caso de las recientes elecciones para diputados enOcosingo, Chiapas, adjudicándosela alPRI, en Apaseo el Grande, Guanajuato,adjudicándosela al PRI en lugar delPAN, y en Acámbaro, Guanajuato, adjudicándoselo al PRD y no al PRI, demuestran, al menos provisionalmente,una imparcialidad en la ejecución de lajusticia electoral.
Pero la participación ciudadana se haextendido a otros espacios que hancontribuido a fortalecer el proceso incipiente de democratización mexicano, y que ha tomado forma endiversas agrupaciones ciudadanascomo Alianza Cívica o Causa Ciudadana, o en grupos de observadoreselectorales que desde sus trincherasvigilan que el desempeño de los actores políticos se lleve a cabo en estricto apego a las normas.
La presencia ciudadana también ha llegado a los medios de comunicación endonde ahora la gente puede expresarsede manera menos dosificada. Tambiénse puede apreciar que los medios decomunicación han contribuido con sustribunas a la promoción de las ideas,propuestas, programas y principios delos partidos políticos y a las demandasde la ciudadanía. Quizás también podemos hablar de que los medios sonmás democráticos.
Si bien es cierto que los avances sonconsiderables para democratizar al sistema político, también es evidente quealgunas instituciones electorales guardan un rezago de eficacia importante,es el caso de la Fiscalía Especial paraDelitos Electorales, que si bien recibedenuncias aún se halla lejos de resolverlas satisfactoriamente.
La pluralidad política
Antes de introducirnos en el aspectodel pluralismo partidista sería conveniente revisar el sentido del pluralismopolítico, es decir, de aquel pluralismoque involucra a la sociedad como untodo.
La noción más clásica del pluralismopolítico identifica a éste como una condición de la democracia. El pluralismorefleja la participación de todos y cada
144 JUAN MIGUEL RAMÍREZ ZOZAy A
uno de los grupos, estratos y demásformas de organización social en lasdecisiones que toma la autoridad paradefinir un camino.
Una de las nociones básicas que destaca del pluralismo tiene que ver conel tipo de sociedad de que se trate,Arend Lijphart establece que una sociedad plural es antes que nada unasociedad dividida, y acude a Ecksteinpara clarificar este término, éste último sostiene que existen "divisionessectoriales'? que pueden ser de naturaleza religiosa, lingüística, regional,cultural, racial o étnica. En la perspectiva de Eckstein los partidos políticos, los grupos de interés, los mediosde comunicación, las escuelas y lasasociaciones voluntarias se organizantambién en las divisiones sectoriales,donde los grupos de la población sonsectores de una sociedad plural.
En América Latina definir el pluralismo representa algunos problemas, yaque nuestros regímenes han sido considerados como autoritarios. Si como algunos teóricos sostienen existendiferentes tipos de democracia, entonces existen diferentes tipos de pluralismo. Por lo cual vincular autoritarismoy pluralismo requiere de la construcción de categorías de análisis muy específicas. Otro problema se presentacuando hablamos de sociedades plurales y sistemas de partidos, que en lateoría se orienta al debate de separa-
ción de poderes y régimen de partido,de dos partidos y multipartidos. Algunos autores han establecido tambiénotra relación entre el número de partidos y la estabilidad democrática.
Otro de los factores importantes de lassociedades plurales es el elemento cultural, según Furnivall "cada grupo sesostiene por su propia religión, su propio lenguaje y cultura, sus propiasideas y formas". Furnivall define a unasociedad plural como aquella en la quesecciones tan diferentes de una comunidad (viven) juntas, pero separadamente, dentro de la misma unidadpolítica"4
Por su parte, Lijphart advierte que esnecesario estar al tanto de las diferencias cualitativas y cuantitativas dentrode la amplia categoría de sociedadesplurales: diferencias entre diversas clases de divisiones sectoriales y diferencias en el grado en el que una sociedades plural.
Estos elementos del pluralismo políticoson muy importantes, puesto que siobservamos la composición cultural dela sociedad mexicana es fácilmente perceptible que en nuestro país existe unaamplia cantidad de grupos étnicos quese mantienen todavía marginados de lavida económica, política y social. Esmás, muchos de ellos, como en Chiapas están reclamando ahora una mayorparticipación en las decisiones políticas
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 145
a nivel nacional. Debemos entonces tener cuidado de no desatender tambiéneste tipo de pluralismo, por ocuparnosen exceso del pluralismo partidista,que, aunque importante, no olvidemosque los partidos políticos atraviesan, aligual que las instituciones estatales, poruna crisis de legitimidad que ha hechoque sus adeptos se alejen cada vez másde ellos."
Pluralismo político en México
El nuevo tejido político que ofrece elpaís ha adquirido dos formas: una pluralidad política vertical y otra horizontal.
Pluralismo Vertical
En un sentido "vertical" hoy existe unapluralidad política que se manifiesta enel hecho de que en los tres niveles degobierno -federal, estatal y municipalse observa una diversidad de gobiernosque se expresa en el acceso de partidospolíticos como el PAN y el PRD a espacios de gobierno que antes sólo eran de"uso exclusivo" para el PRL Con ello,la vieja estructura de poder centralistaempieza a desvanecerse. ¿en qué consiste esa diversidad en los tres nivelesde gobierno? Veamos.
En el gobierno federal, la -raquíticadiversidad fue la nominación por parte
del Presidente de la República, del panista, Antonio Lozano Gracia comoProcurador General de la República, alinicio de su sexenio. Aún y cuando fuedestituido dos años más tarde por elpropio Presidente, este acto marcó unhecho insólito en la forma tradicionalde componer un gabinete presidencial,en donde el requisito para acceder a élera la filiación al PRL Con ese nombramiento el Presidente quiso mostrar a laopinión pública su voluntad por mejorar la impartición de la justicia en México, que la gestión de Carlos Salinasse había encargado de desprestigiar conincidentes lamentables de crímenes políticos, narcotráfico, corrupción y violación a los derechos humanos.
En cuanto a los gobiernos estatales, lomás significativo han sido las victoriaspanistas en Baja California Norte,Guanajuato, Chihuahua, Guadalajara,Nuevo León y Querétaro, Así como latrascendente victoria del PRD en el Distrito Federal. Pero lo más importante,en este nivel de gobierno, no ha sido,el arribo al poder de un partido distintoal PRI, sino la existencia de auténticosgobiernos divididos. De esta manera,"...de 1989 a 1997, ocho estados de laRepública han vivido en distintos momentos bajo gobiernos divididos, en losque el partido del gobernador no cuentacon el control mayoritario del Congreso Local (esto es, con 50 por cientomás 1 de la Cámara): Baja California,Guanajuato, Baja California Sur, Chi-
146 JUAN MIGUELRAMiREZZOZAYA
(PAN).
El nuevo pluralismo que vive Méxicoaún presenta algunos problemas, prin-
Las declaraciones del líder de los diputados priístas en el sentido de que sugrupo parlamentario "no está tullido nimanco "7 y que el trato que la oposición le dé en la Cámara de Diputadosserá el mismo que el tricolor les daráen el Senado y en los Congresos Locales donde el PRI es mayoría, denota unenfrentamiento abierto por imponer adiestra y siniestra posiciones partidariaspor sí mismas, es decir, sin mayor reflexión de lo que la sociedad piense osienta.
Hacia la competitividad de lossistemas de partidos
y jos de la Cámara conflictos muy agudos con el partido oficial. Un hecho relevante fue la firma de un "Acuerdopara el Logro de la Independencia, Autonomía y Gobierno Democrático de laCámara de Diputados", por parte delos diputados que componen el denominado "bloque opositor". Pero sobretodo destaca el debate que generó el reparto de las presidencias y las secretarías de las principales Comisiones yComités, que dio como resultado que elPRD y el PAN asumieran la presidenciade la Comisión de Presupuesto y Cuen-ta Pública (PRD) y la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Por otro lado, en un sentido "horizontal" se ha dado un viraje fundamentalen la relación entre los poderes Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
huahua, Aguascalíentes, MéxicoCoahuila. "6 (véase anexo, cuadro a).
Estamos presenciando un nuevo tipo derelación que desplaza el viejo poderimperial mexicano, que desde variasdécadas ha caracterizado la forma dehacer política por parte del Presidentede la República. La subordinación delPoder Legislativo y el Poder Judicialal Ejecutivo está llegando a su fin.
El pluralismo de los partidos políticosreflejado en la composición de la LVII
Legislatura del Congreso de la Uniónya tuvo sus primeras reacciones.Constituidos en bloque opositor, elPAN, el PRD, el PVEM y el PT han aplicado su fuerza de mayoría en bloquepara tomar iniciativas que chocan conla mayoría relativa del PRI, dandocomo resultado, al inicio de los traba-
Pluralismo Horizontal
A nivel de los municipios también esnotorio el avance de los principalespartidos de oposición PAN y PRD, en algunos ayuntamientos importantes, tantopor su número de población como porsu poder económico, y en particular enayuntamientos considerados como lascabeceras de algunos estados.
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 147
cipalmente en lo que respecta al nivelde competencia de los partidos. Sibien, el PRI ha venido a menos (en laselecciones federales de 1994, apenaspudo rebasar el 50 por ciento de la votación; esto es, una votación del PRI de50.2 por ciento, del PAN de 25.8 porciento y de 16.7 por ciento del PRD8 ),a nivel nacional su votos lo mantienentodavía como partido hegemónico.
Diversos estudios han dado cuenta unacompetencia muy desigual entre partidos políticos, y en donde siempre,quien sale favorecido es el PRI. Guadalupe Pacheco, por ejemplo, ha identificado, con base en los resultados de laselecciones de 1994, seis diferentes subsistemas de partidos en los 300 distritosuninominales "... el grupo de distritosPRI-dominante (el PRI conserva una posición hegemónica); dos grupos de distrito donde el PRI aún conserva unaconsiderable ventaja pero ya menor, demodo tal que deja mayor espacio al desarrollo incipiente ya sea del PAN o delPRD (grupos PRI-(PAN) y PRI-(PRD); ungrupo, el PRI-plural en el que el PAN Yel PRD simultáneamente siguen de cerca la votación del PRI; por último dosgrupos de clara competencia bipartidista, en uno entre el PRI y el PAN, y enotro entran el PRI Y el PRD (Bip "PRIPRD" Y Bip. PRI-PAN)" 9 (Véase anexo,cuadro b).
Sin embargo, para el periodo 19941997 hubo modificaciones en las prefe-
rencias partidistas. Disminuyó en másde 5.8 millones el voto del PRI; aumentó el del PRD por más de un millón 700mil votos; aumentó el del PVEM, obteniendo arriba de un millón cien mil sufragios, y bajó el del PAN en un millónde votos.
El patrón de votación de la Oposlclonha sido el concentrar gran parte de surespaldo electoral en unas cuantas regiones. Este patrón según Berrueto, tiene dos expresiones "por una parte, seobserva una tendencia hacia la bipartidización de la competencia distrital.Con la excepción del Valle de México,en casi la totalidad de los distritos competidos, el PRI se enfrentaba, en realidad, a un solo adversario"!". Ensíntesis, la competencia partidista se hapolarizado. En el centro del país el PRDes la oposición del PRI. En el norte elPAN es la oposición del PRI.
Por otro lado, las votaciones a nivel federal y a nivel municipal resultan también contrastantes. Los partidos deoposición -PAN y PRD- ganan distritos, pero no ganan los ayuntamientoscuando están en disputa. Es más, en algunos ayuntamientos gobernados por laoposición, el PRI gana a nivel de distritos electorales.
Por lo que a nivel de elecciones deayuntamientos el PRI todavía tiene unaeficacia electoral muy amplia, que haceque la competencia sea más desigual en
148 JUAN MIGUEL RAMÍREZ ZOZA y A
este nivel de gobierno. Los datos proporcionados por Mauricio Herrera sonreveladores en este sentido, ya que demuestran que hasta principios de 1997,las posiciones ganadas por el PRI en relación a los partidos de oposición, a nivel de regidores de mayoría relativa,de representación proporcional y desíndicos procuradores, es todavía muydesequilibrada.'! (Véase anexo, cuadros e, d y e).
Por lo que toca a la competencia política, podríamos concluir eventualmenteque en México se presenta un pluralismo amplio a nivel horizontal y muy desigual a nivel vertical. Lo que haocasionado que se sigan preservandobastantes vicios de un sistema presidencialista autoritario.
Aún y cuando existe un sistema de derecho!", algunas autoridades no están alalcance del escrutinio público. Existentodavía viejas prácticas ligadas a la naturaleza de un Sistema político que desdibuja fronteras entre el gobierno y elpartido dominante.
Si bien es cierto que estamos apenas enlas puertas de un auténtico pluralismopolítico, sería conveniente realizar unanálisis más a fondo de las ventajas yde los retos que ofrece este nuevo escenario de cambio político en México.
Retos del pluralismopolítico sobre laadministración pública
La naturaleza actual de las institucionespolíticas mexicanas abre la posibilidadpara que exista un balance más equilibrado en la ejecución del poder en México. Se puede decir que hayposibilidad para compartir el poder,más que dividirlo.
La nueva correlación de fuerzas en laCámara de Diputados ha dado los primeros frutos de democracia real: las presidencias y las secretarías de las principales comisiones y comités, seránpresididas por la oposición. Ese actopor sí mismo refleja una condición saludable de la naciente democracia mexicana, que vaticina un seguimientomás detallado de las acciones de la administración pública para evitar en lofuturo hechos de corrupción, impunidad e ineficacia. Sólo en la medida enque el Legislativo funcione como un"gobierno por debate:"! se podrá desarrollar un trabajo coordinado entre éstepoder y el Ejecutivo Federal.
El prejuicio de que la oposición es unriesgo en el gobierno por la falta de experiencia es un mito que ha quedadorebasado. También el miedo a Una virtual ingobernabilidad14 que sería el producto de los gobiernos divididos haresultado ser una falacia, hoy tanto go-
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bernadores y líderes parlamentarios-priístas y panistas- han comprobado que no hay tantos problemas ni riesgos como muchos creían. La lección hasido nítida: la alternancia, la crítica y eldebate fortalece a las acciones del gobierno, no hay por qué huirles."
Hoy, con la composición plural delCongreso estamos cerca de lograr políticas públicas reales, en el más ampliosentido del término." Por principio decuentas, esta dinámica de contrapesosentre el Ejecutivo y el Legislativo podrá permitir darle fin a varias accionesdel Ejecutivo que se manejan en el piano de discrecionalidad presidencial. Lapartida secreta 17 es una muestra representativa de las metafacultades del Ejecutivo, fuerte que podría quedar atráscon el PRD al frente de la Comisión dePresupuesto y Cuenta Pública. Si existeuna discusión transparente de las políticas nacionales en las que participen, nosólo los partidos, sino todos los gruposinteresados en las mismas, entonces podemos referirnos a políticas públicas.En síntesis, esas políticas públicas deben ser entendidas como "...un procesode toma de decisiones realmente público, que tenga como sustento básico, laparticipación ciudadana, la flexibilidad,el respeto por las minorías, el desarrollo de técnicas y métodos profesionalesde gestión, etc. En resumen, transformar nuestra política gubernamental enpolíticas públicas" 18
La capacidad de absorción de estoscambios políticos por parte del gobierno del presidente Zedilla dependerá dela voluntad política que muestre paraconvivir en la alternancia política, porlo pronto ha dado gestos claros de queesto pueda ocurrir. La proposición hecha por Cuauhtémoc Cárdenas -jefeelecto del Distrito Federal- para conformar una Comisión de Enlace, mediante la cual se entregue toda lainformación con que cuenta el DDF sobre programas, obras y actividades encurso, así como su anuncio de queaprobará las propuestas que haga Cárdenas sobre quiénes estarán al frente dela Procuraduría General de Justicia delDistrito Federal y de Seguridad Pública(nombramientos que constitucionalmente se otorgan a discreción del jefe delEjecutivo), son gestos que alientan laconstrucción de una normalidad democrática sana.
Estos antecedentes hacen avanzar, enparte, la posibilidad de una auténticareforma del Estado. Sin embargo, esimportante recordar ¿hasta dónde podemos esperar que estos cambios en latextura política ayuden a resolver muchos de los grandes problemas que losciudadanos padecemos? La modernización política es importante, pero lamodernización económica también.No podemos esperanzarnos demasiadoen lo político, lo económico también esvital, de ello depende extender servicios públicos a la ciudadanía y por lo
150 JUAN MIGUEL RAMÍREZ ZOZAYA
tanto que el trabajo de la administración pública sea eficiente.
La pluralidad no sólo debe ser política,también debe reconocer la pluralidadsocial, y con ello la identificación delas necesidades de grupos que hoy endía reclaman un reconocimiento a su
especificidad cultural. Así la pluralidadademás de partidista, también debe seruna pluralidad con tintes de justicia social. Los problemas de Chiapas en estesentido, saltan a la vista, los pueblosindios reclaman su reconocimiento enla diversidad étnica para salir del atrasoeconómico y social en que se encuentran.
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PúBLICA
CUADRO A
CRONOLOGÍA DE LAS NUEVE LEGISLATURAS LOCALES EN LASQUE SE HAN PRESENTADO GOBIERNOS DIVIDIDOS, 1989-1997
AÑaDE ESTADO PARTIDO DEL LEGISLATURA
LA ELECCIÓN GOBERNADOR
1989 Baja California PAN XIII (1989-1992)1991 Guanajuato PAN LV (1991-1994)1992 Baja California PAN XIV (1992-1995)1993 Baja California Sur PRl VII (1993-1996)1994 Guanajuato PAN VI (1994-1997)1995 Chihuahua PAN LVIII (1995-1998)1995 Aguascalientes PRI LVI (1995-1998)1996 México PRI LIV (1996-1999)1996 Coahuila PRI LIV (1997-2000)
151
Fuente: Lujambio, Alonso, Estudio Introductorio. Poder Legislativo. Gobiernos Divididos en la Federación Mexicana, UAM-CNCPyAP, México. p. 14.
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CUADROB
NIVEL DE COMPETITIVIDADY SUBSISTEMAS DE PARTIDOS EN 1994
Subsistemas Oposición Muy compe- Competitivo Semicompe- No competi- Totalde partidos menos de titivo 10.1 a 20% titivo tívo
0% 0.1 a 10% 20.1 a 30% 30.1 % Y más
PRI
Dominante O O O O 57 57PRI (PRD) O O 9 14 22 45PRI (PAN) O 15 20 22 10 57
PRI
Plural 2 I3 39 24 7 85
Bípartidismo
PRI-PRD 5 8 4 O O 17
Bipartídismo
rlU-PAN 16 I3 O O O 29
TOTAL 23 49 72 60 96 300
Fuente: Pacheco, Guadalupe. La Sana Incertidumbre. Revista Vozy Voto, No. 49, marzo de 1997, p. 37.
CUADROC
REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA
PARTIDO CANTIDAD PORCENTAJE
PAN 1,395 12.56%PRD 928 8.37%PARM 23 _21 %PFCRN 5 .23%PPS 4 .04%PRT 3 .03%PT 69 .62%PRI 7,271 65.59%Consejos Municipales 19 .20%
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CUADROD
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
PARTIDO CANTIDAD PORCENTAJE
PAN 1,544 32.43%PRD 1,355 28.40%PARM 56 1.18%PFCRN 147 3.09%PPS 43 .90%PRT 8 .17%PT 216 4.54%PRI 1,242 26.04%OTROS 152 3.19%
CUADRO E
SÍNDICOS PROCURADORES
153
PARTIDO
PANPRDPARMPFCRNPPSPRTPTPRIConsejos MunicipalesOTROS
CANTIDAD
233214
6961
151,417
498
PORCENTAJES
10.12%9.29%
.20%
.39%
.26%
.04%
.65%61.53%
.17%17.28%
Fuente: Herrera, Mauricio, EstadoActualdel Pluralismo Políticoen los Municipios de México. Municipio Mexicano, No.2, mayo de 1997, pp. 13-14.
154 JUAN MIGUEL RAMÍREZ ZOZAYA
Bibliografía
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Argüelles, Antonio y Gómez, José(comps.) Hacia la Modernización de laAdministración Pública: Una Propuesta de la Sociedad, Porrúa, México,1995.
Gómez, Pablo, Los Gastos Secretos delPresidente, Grijalbo, México, 1996.
Lujambio, Alonso, Poder Legislativo.Gobiernos Divididos en la FederaciónMexicana, UAM-CNCPyAP, México,1996.
Martínez, Carlos y Ziccardi, Alicia,Política y Gestión Municipal en México, Cuadernos de Investigación Social,nS-UNAM, México, 1988.
Martínez, Héctor, Políticas Públicas oPolíticas Gubernamentales en el Casode México, mimeo, México, 1996
Revistas
Municipio Mexicano, No. 2, mayo de1997Nexos, No. 232, abril de 1997Nexos, No. 236, agosto de 1997
Revista Voz y Voto, No. 49, marzo de1997Revista Voz y Voto, No. 54, agosto de1997Revista Voz y Voto, No. 55, septiembrede 1997
Periódicos
Reforma, 13 de julio de 1997Reforma, 25 de mayo de 1997
Notas
1 Melgar. Ivonne, La Pluralidad Llegó para Quedarse. Entrevista con José Woldenberg, Sección Enfoque, Reforma. 13de julio de 1997.
2 Véanse por ejemplo, las órdenes de los magistradosdel Tribunal para que el Consejo General concedierael registro a tres agrupaciones políticas nacionales Agrupación Política Alianza Zapatista, ConvergenciaSocialistay Cruzada Democrática NacionaJ- a los cuales en primera instancia se les había negado.
3 Eckstein, Harry, Decision and Cohesión in Oemocracy: A Study of Norway, Princeton UniversityPress, Princeton, 1966. p. 34.. Cit. por Arend Lijpharto Democracia en las Sociedades Plurales. Ediciones Prisma. México. 1988. p. 4.
4 Fumivall, J.S., Colonial Poliey and Practice: AComparative Study of Burma and Neatherlands India,Cambridge University Press, 1948, p. 304.. Cit porLijphart. Ibídem p. 17.
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5 En este sentido sería muy conveniente que el Gobierno mexicano retomara las experiencias que el pluralismo étnico ha producido en algunas partes delmundo, como en Europa oriental y recientemente enCanadá.
6 Lujambio, Alonso, Estudio Introductorio, PoderLegislativo. Gobiernos Divididos en la Federación Mexicana. Congreso Nacional de Ciencia Política.UAM~Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública. México, 1996, p. 14.
7 Véase Bitácora Electoral, Revista Voz y voto, No.55, septiembre de 1997, p.40.
¡¡ Pacheco. Guadalupe. La Sana Incertidumbre, Revista Voz y Voto, No. 49, marzo de 1997, p. 37
9 Pacheeo, Ibídem p.3?
10 Berruetc, Federico, La Nueva Geografía del Poder. Revista Voz y Voto, No. 54, agosto de 1997, p.13.
1\ En el ámbito del gobierno municipal, la dispersióndel PRI con respecto a los otros partidos políticos esmuy grande. Aunque recientemente, algunos partidosde oposición han ganado municipios importantes, locierto es que el PRI sigue teniendo una posición hegemónica, quizás eso se deba a que desde que la oposición ganó el primer municipio en 1958 en San LuisPotosí, por parte de la Unión Cívica Potosína encabezada por el doctor Salvador Nava, tuvieron que pasarcasi treinta años para que la oposición tuviera triunfossobresalientes en este nivel de gobierno. Para un aná
lisis más detallado de estos primeros triunfos oposicionistas véase el trabajo de Carlos Martinez y AliciaZtccardi Política y Gestión Municipal en México,Cuadernos de Investigación Social, nS-UNAM, México, 1988.
12 Según Alberto Begné .el proceso de reformas hasido insuficiente. no sólo por la persistencia de viciosy deficiencias en el sistema electoral.. .sino sobre todopor la escasa atención que ha prestado a muchos de
los problemas que han impedido y siguen impidiendoel arribo a un efectivo gobierno de leyes. cuyos principios básicos, la garantía de los derechos fundamentales de la persona y la separación de poderes.opacados por las persistentes arbitrariedades en elejercicio del poder público y por la también persistente preeminencia de los ejecutivos sobre legisladoresy jueces, lo mismo en el ámbito federal que en losámbitos locales, apenas reflejan el creciente despliegue de la pluralidad". Véase Begné, Alberto Demoeracia y Ley. Nexos, No. 232, abril de 1997, p. 11.
13 Guerrero. Omar en: Hacia la Moderniracion de laAdministración Pública: Una Propuesta de la Sociedad, Antonio ArgueUes y José Górnez (comps.}, Porrúa. México, 1995. p. 28.
14 Aguirre, Pedro, he hecho un recuento de estos prejuicios políticos generados por la presencia de gct-icrnos divididos tanto en las democracias liberal .s comoen los regímenes latinoamericanos en: Presidentes VsParlamentos, Revista Voz y Voto. No. 54, .1 costo de1997. pp. 53-54.
15 Gobernadores como los panístas Francisco Barrio.Vicente Fax y el pritsta Jorge Carrillo han confirmadoen algunas entrevistas que los gobiernos divididos nogeneran ingobernabilidad, sino que fortalecenlas instituciones políticas .. Véanse las entrevistas que les realizó Fernando del Collado en su entrevista titulada ElAprendizaje Democrático, aparecido en la sección Enfoque del periódico Reforma del 25 de mayo de 1997.
16 Casar, María El Congreso que Viene. Nexos, No.236. p. IV.
17 Para un estudio más amplio de esta partida véase eltrabajo realizado por Pablo Gómez, Los Gastos Secretos del Presidente, Grijalho, México, 1996.
18 Martínez, Héctor, Políticas Públicas o PolíticasGubernamentales el! el Caso de México, mimeo, México. 1996, p. 31.
La libertad y la reforma del Estado
Zorrilla Martinez, Pedro G.
Teoriza sobre el liberalismo y su vinculación con la reforma del Estado. Menciona las características del liberalismo europeo y las diferencias con el surgido enMéxico, que contrario a aquél, no perdió las dimensiones éticas, culturales y políticas, al grado de que se intentó hacerlo compatible con la democracia y con elEstado de Derecho. Al abordar la reforma del Estado, apunta las condiciones quela impulsaron: el incremento de las demandas sociales, el desarrollo, el crecimiento de la administración pública y las transformaciones del entorno mundial. Porúltimo, señala las medidas para adaptar los principios básicos de la convivencianacional, entre los que destacan avanzar en la descentralización política, otorgarmayor autonomía al Poder Judicial y evitar concentraciones de poder político yeconómico.
Liberty and the State reform
Zorrilla Martinez, Pedro G.
This paper theorizes about the liberalism and its relationship with the State's reformo It mentions the characteristics of the european liberalism and the differenceswith the one that appeared in Mexico, which in contrast, did not lose its ethical,cultural and political dimensions, and was intended to be compatible with democracy and the Law State. In discussing the State reform, it points out to the conditions that supported it: the increase of the social demands, development, thegrowth of the public administration and the transformations of the global scene.Finally, it presents the actions needed to adapt the basic principIes of national coexistence, among which stand out the advancement in the political decentralizationprocess, the concession of greater autonomy to the Legal Power and the avoidanceof the concentration of political and economic power.
La libertad y la reforma del Estado
Pedro G. Zorrilla Martínez*
La lucha por la libertad
E l liberalismo, como tesis social condimensiones éticas, políticas y eco
nómicas, nació en el pensamiento occidental como resultado de la propiaevolución de las ideas, surgido de la lucha contra el absolutismo.
En efecto, en Europa el liberalismocombatió exitosamente contra el poderabsorbente, en favor de las libertades yde los derechos de los individuos.
Al triunfar la referida tesis, se hizo eldiseño de estructuras para asegurar queel poder político no volviera a ser objeto de abuso, no se ejerciera más de manera arbitraria y total.
Fundamentalmente, estos mecanismosfueron: unas atribuciones claramenteexpresas al poder, fuera de las cualesno debería emplearse; un catálogo de
* Miembro del Consejo Directivo del INAPe Investigador.
derechos individuales que delinearanuna esfera de autonomía individual,dentro de la cual el Estado no podríaintervenir; una división del poder, también con el propósito de limitarlo y dehacer que se dieran unos equilibrios yfrenos; finalmente, la garantía de unPoder Judicial autónomo, ante el quelos individuos pudieran dirimir sus controversias conforme a derecho y, sobretodo, enjuiciar actos de autoridad queestimaren contrarios al derecho. Normas con estas disposiciones constituyenlo que se llama Estado de Derecho. Portanto, éste es más que Estado legal, ydebe tener una materia como la surgidadel liberalismo original.
La evidencia de los postulados del liberalismo, más la circunstancia de haberse dado históricamente de maneraparalela a un gran desenvovimiento delcomercio, las finanzas y la industria,hizo que la tesis prácticamente se vaciara de su sustancia, salvo por lo querespecta al contenido económico; así,el liberalismo perdió, casi en forma to-
158 PEDRO G. ZORRILLA MARTÍNEZ
tal, sus dimensiones éticas, culturales eincluso políticas.
La historia del liberalismo en Méxicono es igual a la europea; en primer término, el liberalismo mexicano luchópor la independencia del país y por laconstrucción de un Estado laico; además, no se dio en México, en la magnitud con la que sucedió en Europa, undesarrollo económico, financiero y comercial. Por ello, quizás, el liberalismomexicano no perdió nunca las vertientes ética y social, o cuando menos noen la medida en la que esto se dio en elviejo contiente.
Esta versión del liberalismo mexicanosembró semillas que fructificaron durante la Revolución Mexicana, y que seexpresaron en los derechos socialesconsignados originalmente en la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos de 1917, fundamentalmentelos agrarios y obreros; después, vinieron varios otros derechos sociales.
Por lo que atañe a la idea de libertad,de aquella negativa, que significó unaautonomía individual en la que el Estado no podía entrar, se transformó enuna positiva, que autorizaba a los individuos y grupos sociales a pedir la intervención del Estado, para que con laparticipación de los interesados, seconstruyeran, en la realidad social yeconómica, posibilidades concretas,que hicieran efectivas las libertades
para los hombres y mujeres, realestambién.
Las opciones políticas, como consecuencia de lo antes referido y de loscambios en el pensamiento y en las circunstancias históricas, mostraron clarasdiferencias entre las consignadas en lasconstituciones mexicanas de 1857, Yde1917; esta última, como se dijo ya, estableció libertades reales, para los hombres situados en sus condicionessociales y económicas; atribuciones delEstado en el campo económico; derechos, específicamente en las materiasobrera y agraria, primero, y después enlas relativas a educación, salud, abasto,vivienda, ambiente y seguridad social,
El Artículo 27 de la Constitución hizoreferencia a la propiedad originaria dela Nación, a los bienes del dominio inalienable de la misma, a la propiedadprivada, y a las modalidades que la leypuede imponerle en interés público. Seconformó, al lado del derecho del trabajo, el derecho al trabajo.
Se evidenció, con todo esto, la necesidad de una dimensi6n ética del liberalismo, y la de hacerlo compatible conla democracia, en todos los 6rdenes.
Los derechos sociales, que son normasconstitucionales vinculantes, obligan alEstado a definir y a aplicar políticas enlas materias de los artículos que establecen dichos derechos sociales.
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 159
El derecho y los valoresy principios sociales
Tanto las opciones políticas fundamentales consignadas en la Constitucióncomo otros valores y principios sociales, que el derecho tiene la capacidadde portar y hacer vivir en la existenciacotidiana de la socidad, construyen elEstado de Derecho, que para serlo requiere de una forma que aporte orden,seguridad e igualdad jurídicos, y deunos principios y valores, a favor delos cuales se dé el orden y la seguridadmencionados.
Naturalmente, es condición indispensable para vivir el Estado de Derecho ydisfrutar así de la armonía y paz quepuede asegurar, el obedecer a las leyes,es decir, dotar de la eficacia al Estadode Derecho.
Es verdad que pueden darse, y de hecho se dan, conflictos entre libertad yjusticia, al igual que entre derechos individuales y sociales; pero esos problemas son similares a los que seproducen en la conciencia de la persona individual, y deben y pueden ser resueltos ante los hechos concretos. Loinadmisible sería incurrir en los erroresdel individualismo y el socialismo históricos, de hacer a un lado la dimensión social de hombre el primero, y laindividual y personal el segundo.
La armonía mencionada y la vitalidaddel Estado de Derecho y los valoresque trae consigo serían, al lado de undesarrollo económico justo, garantíasprincipales de que la política pueda alcanzar la finalidad que le es exclusiva,y que es la de asegurar la vida de laNación en el tiempo por venir.
Las demandas sociales,el desarrollo y el crecimientode la administración pública
Si faltara el presente apartado, no quedaría claro por qué en Méxíco, perotambién en muchos otros países delmundo, se habla de reformas al Estado,es decir, de replantear y mejorar las relaciones de la sociedad con el gobierno, de conformar mejor las defensas dela libertad ante el poder.
Se trata aquí de un relato de los acontecimientos de la última mitad del presente siglo, en el que las sociedades, yla mexicana desde luego, tomaron conciencia de su pluralidad, y cada gruposolicitó del Estado, y concretamente dela adminístración pública, la satisfacción de todas sus necesidades y exigencias. El Estado, crecientemente, se vioacosado por demandas sociales muynumerosas, inacabables, y muchas veces contradictorias entre ellas. En elafán de responder a dichas solicitudes,el Estado, sin marcar límites o pror.-
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dades, empleó más recursos econormcos de los que tenía, por una parte; porla otra, creció la administración pública, y se establecieron oficinas y reglaspara atender cada tipo de peticiones,hasta el punto de que la misma administración se salió de control; finalmente, funcionarios, frecuentementeimprovisados, cedieron a la tentacióndel clientelismo y el paternalismo, ymuchos se hicieron prepotentes, rígidos, autoritarios, o peor aún, cayeronen la corrupción.
Estos hechos, por supuesto, empezarona afectar cada vez más seriamente lasactividades y las libertades de los ciudadanos, hasta que el clamor de protesta fue tal que hubo de proyectarse unatransformación de las relaciones entrela sociedad y el gobierno, y una nuevaconfiguración del Estado.
La rigidez, la ineficiencia y la incomunicación administrativas, la omnipresencia del Estado, y adicionalmente lastransformaciones espectaculares del entorno mundial, llevaron a hacer elplanteamiento de reforma mencionado.
La reforma del Estadoy la Constitución
Es cierto que una transformación delEstado no podría ser con el fin de volver a la situación de acusada interven-
cion, hipertrofia y rigidez descrita antes, porque pronto habría otra vez undeterioro en el trato del poder con lasociedad.
Pero también es cierto que la forma nodebería proponerse para volver, aunmás atrás en la historia, al liberalismoindividualista y economicista que se dioen la realidad, es decir, a una tesis despojada de sus caracterísiticas éticas ysociales. Por otra parte, también seríaun error privar al Estado, en el casomexicano, de las funciones que le sonesenciales y lo legitiman; tal es el casode los derechos sociales, es decir, de laresponsabilidad estatal de asegurar undesarrollo social.
Lo que seguramente hay que diseñarson: unas medidas para adaptar losprincipios básicos de la convivencia nacional al tiempo actual; para perfeccionar la democracia; para flexibilizar a laadministración pública y aligerarla delo que, bien meditadamente, se considere exorbitante; para adecuarla al nuevo entorno mundial y adiestrarla paraemplear las más actualizadas técnicasde gestión, y los equipos modernos decomunicación e información; paraavanzar en la descentralización política,es decir, hacia un federalismo real;para sujetar más la vida social y política al Estado de Derecho, y para dotarde ple .• autonomía a los poderes judicíale. 'los que deben poder accederfácilJte todos los mexicanos.
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Los partidos políticos deben generarconfianza en los ciudadanos y es necesario crear condiciones para que losmedios de comunicación asuman másplenamente su responsabilidad social.
Han de evitarse riesgos de concentraciones de poder político y económico,y deben suprimirse los factores deinestabilidad de países en desarrollo,especialmente las luchas políticas sinreglas claras y con rasgos de rudeza,la improvisación de funcionarios públicos, la bancarrota de la haciendapública y el endeudamiento excesivo,derivados éstos de la pretensión de satisfacer sin límite todas las demandassociales.
México, en un mundo que se ha transformado sustancialmente en muy pocosaños, debe renovar y replantear sus políticas internacionales. Por lo que tocaal ámbito interno, ha de darse, indefectiblemente, un profundo respeto a losderechos humanos, que valen siempre,sin que puedan subordinarse o sujetarsea la terminación de algún proyecto económico o social, o a la superación dedeterminada situación.
Estos breves señalamientos podrán sugerir otras medidas y tareas que contribuirán, en México, a una reforma delEstado tal, que no lo desnaturalizaran,y sí que mejoraran de manera evidentelas relaciones de la autoridad con losindividuos y grupos sociales.
Revista de Administración Pública No. 96,La administración y el pluripartidismo
se terminó de imprimir en enero de 1998por Carlos Espinosa/Garamond editores,
Privo Avenida 11, núm. 3,Col. San NicolásTolentino, Vergel.
La edición en tiro constade 1,000 ejemplares
y estuvo al cuidado de laCoordinación de Investigación,
Documentación y Difusión del INAPDistribución a cargo dellNAP