La suspensión del juez Garzón

La acusación del Juez Garzón aún está por decidir

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido suspender al juez

de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón después de que el magistrado

del Tribunal Supremo Luciano Varela abriera el juicio oral contra él por

presunta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo, sabiendo

que carecía de esta competencia.

Grupo de economía y políticaBARCELONA

El encausamiento de Baltasar Garzón ha desatado una gran polémica entre sus partidarios y detractores en España.

Garzón pensaba que podía autorizar la investigación del cadáver del poeta García Lorca. Según el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, es una decisión que debe tomar el Juzga-do de Instrucción de Granada, no un juez de la Audiencia Nacional. La acusación popular, representada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, quieren pedir para Garzón la pena máxima del delito por haber estado declarado cosas que no son ciertas de la Guerra civil y El Franquismo, con una multa de 12 a 24 meses y la suspensión del empleo a cargo público de 10 a 20 años. En el juicio de Manos Limpias, concurren una serie de sucesos añadidos como mala fe procesal, abuso del Derecho, inseguridad jurídica y fraude de ley.

Durante la celebración del pleno que decidía sobre la suerte del implicado magistrado, familiares de víctimas del franquismo se concentraron frente a las puertas del Consejo general del poder judicial en apoyo de Garzón.

El mismo apoyo lo tuvo el juez cuando, tras conocerse la noticia de su suspensión cautelar, abandonaba entre lágrimas, los gritos y aplausos de sus compañeros.

El juez Garzón

Garzón tiene dos causas más abiertas en su contra, una de ellas

relacionada con el dinero que presuntamente percibió del Banco

Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre

2005 y 2006.

La tercera causa se refiere a su orden de intervenir las comunicaciones en

prisión entre imputados del 'caso Gürtel' y sus abogados defensores, uno

de los mayores escándalos de corrupción política de la historia

democrática española, que implica a dirigentes del Partido Popular (PP),

principal fuerza de la oposición.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la

Vega, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de

Ministros que respeta la decisión del órgano de gobierno de los jueces,

aunque ha recordado que "el proceso no ha concluido" y ha insistido en

que respeta la "presunción de inocencia" del magistrado.

Tendremos que esperar al próximo 21 de junio que la Audiencia Nacional

proponga sus candidatos para sustituir al magistrado Baltasar Garzón

mientras este se encuentra en comisión de servicios en La Haya como

asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En total han solicitado

el puesto vacante, 14 jueces de toda España.