www.minjusticia-ddhh.gov.ec BOLETÍN # 01

Los servicios gratuitos de atención ciudadana Infórmate sobre la asesoría jurídica que ofrece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para resolver los problemas legales.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS • JUNIO 2010

Justicia Derechos

La rehabilitación social se humaniza

en el país El trabajo conjunto

con los internos funciona

Pág. 4

Los reclamos para pensiones alimenticiasLa Defensoría Pública tiene servicios gratuitos para asesorar a las madres, a los adolescentes mayores de 15 años y a las personas con capacidades diferentes que demandan alimentos del padre.

Una justicia democrática, eficaz y oportunaEl Ministerio de Justicia garantiza el acceso a la justicia, la plena vigencia de los derechos humanos e impulsa la creación de leyes procesales y penales, para el fortalecimiento de la gestión institucional del sistema de justicia.

Pág. 3

Pág. 6

Pág. 8

Pág. 6La MediaciónUna propuesta rápida y económica que se utiliza para solucionar los conflictos de pareja, de familia, de vecinos, de la comunidad, de alquileres, comerciales, laborales y hasta algunos casos penales.

"El viejo Estado solo destinaba 32 abogados

para atender de forma gratuita a millones de personas que en

Ecuador no podían pagar un defensor

privado. Esta realidad hoy es parte del pasado.

Conscientes de que los Derechos Humanos y

la Justicia deben ser para todos, el Presidente

impulsó la creación de la Unidad de Defensa

Pública Penal."

José SerranoMinistro de Justicia

Ministro de Justicia y Derechos Humanos: José Serrano Salgado • es una publicación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Ecuador • Coordinación: Departamento de Comunicación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos • Fotografías: Ministerio de Justicia y entidades adscritas y www.un.org

• Entidades adscritas al Ministerio: Projusticia • Defensoría Pública • UTCCRS • Concepto gráfico y diseño: Gestión Creativa - info@gestioncreativa.net - 3823022• www.minjusticia-ddhh.gov.ec • comunicación@minjusticia-ddhh.gov.ec

EDITORIAL

Hasta hace tres años, la realidad de los derechos humanos y el acceso a la justi-cia en el Ecuador era el fiel reflejo de las

desiguales relaciones que imperaban en nuestra sociedad, colmada de anacronismos.

Solo quien tenía dinero o influencias podía garantizar sus derechos o acceder a la Justicia. El resto de ciudadanos, es decir la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, que constaban so-lamente en las estadísticas, evitaban o al menos desconfiaban de quien les hablara de la justicia.

Y ese recelo tenía su plena justificación. Los malos tratos y la corrupción no eran extraños en los tribunales y demás instancias judiciales. A ello se sumaba el credo neoliberal que plantea-ba un costo monetario por todo servicio. Ese umbral era prohibido para los pobres, quienes casi que nunca se atrevían a traspasarlo, aunque sus demandas fueran justas y apremiantes. Creían que la justicia era un privilegio que les estaba vedado por su condición y origen.

En ese contexto, la Justicia, entendida como la sanción o el castigo, solamente afectaba a los pobres, indígenas y afroecuatorianos. Nunca o en muy pocas excepciones, la justicia castigaba a los poderosos, de “apellidos ilustres" y con buenas relaciones políticas y económicas.

Pero esta realidad hoy está cambiando. Conscientes de que los derechos humanos y la

justicia deben ser para todos y todas, sin impor-tar su poder adquisitivo, diferencias sociales o de cualquier otra índole, el Gobierno Nacional creó en septiembre del 2007 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Desde el Ejecutivo, esta Secretaría de Estado garantiza que el acceso a la justicia, la rehabili-tación social y la plena vigencia de los derechos humanos sean hechos cotidianos y no privile-gios de unos pocos o en el peor de los casos, herramientas de venganza y persecución política usada contra quienes cuestionaban el poder.

Todo ello se respalda, a su vez, en la nueva Constitución que se redactó en Montecristi y que el pueblo ecuatoriano aprobó mayoritariamente en las urnas en septiembre del 2008, y en el Plan Nacional para el Buen Vivir (Sumak Kawsay).

Justamente, con el cumplimiento del objetivo nueve de este Plan, el Gobierno de la Revolución Ciudadana se compromete a garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas el respeto a los derechos humanos y el acceso a la Justicia.

Nunca más la negación de los derechos y la impunidad como normas de convivencia entre iguales, porque ahora el Estado protege por igual a hombres y mujeres, a niñas, niños y adoles-centes con una visión incluyente, intercultural, solidaria, imparcial, democrática, intergeneracio-nal y transnacional".

La justicia ya no es más un privilegio

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

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E l Ministerio de Justicia y Derechos Hu-manos llenó un vacío institucional. En el Ecuador no había una institución es-tatal que promueva políticas peniten-

ciarias y criminológicas, ni que fomente la justicia como un servicio público, eficiente y de calidad. Ecuador era uno de los pocos países de América Latina que no tenía un Ministerio de Justicia.

El presidente de la República, Rafael Correa, con Decreto Ejecutivo No.748, del 14 de no-viembre del 2007, creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde el Poder Ejecutivo, hoy existe una institución que garantiza la segu-ridad jurídica de las personas, como estipula la Constitución de la República.

La presencia de esta Cartera Estado responde a la necesidad de que la Justicia y la Rehabilita-ción Social necesitan de un trabajo coordinado y conjunto de todos los operadores del sector, para optimizar los planes y los proyectos de la Función Judicial, el Ministerio Público y la Direc-ción Nacional de Rehabilitación Social y otras instituciones relacionadas con el tema.

El Ministerio de Justicia y Derechos Huma-nos es responsable de atender las demandas ciudadanas en cuanto a la cobertura y calidad del servicio de justicia. Esta Secretaría de Estado, a través de los servicios gratuitos otorga un abogado a quienes no cuenten con recursos económicos para la contratación de un profe-sional privado. También orienta a la ciudadanía sobre los organismos competentes para atender sus respectivas peticiones y las acciones para resolver sus problemas de índole legal.

Otra de las tareas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es impulsar proyectos rela-

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NUESTRO MINISTERIO

cionados con el mejoramiento de la administra-ción de justicia y la implementación de métodos alternativos de solución de conflictos.

Además, debe garantizar el acceso a la justi-cia y asegurar la vigencia efectiva de los derechos humanos, que están consagrados en la Carta Política y en los tratados internacionales.

Este Ministerio respeta la independencia de la Función Judicial. No interfiere ni resuelve pro-cesos judiciales, tampoco dicta sentencias.

El Ministerio de Justicia tiene seis subsecretarías:

Subsecretaría de Derechos Humanos y • Coordinación de la Defensa Pública.

Subsecretaría de Coordinación de • Rehabilitación Social.

Subsecretaría de Coordinación • Interinstitucional.

Subsecretaría de Desarrollo Normativo.•

Subsecretaría del Litoral.•

Subsecretaría de Planificación.•

También tiene tres instituciones adscritas:

Unidad Transitoria para la Construcción • de Centros de Rehabilitación Social.

Unidad de Gestión de la Defensa Pública.•

Unidad de Coordinación para la Reforma • de la Administración de Justicia - Projusticia

José Serrano Salgado

J osé Serrano, cuencano, de 39 años. Se graduó de Doctor en Leyes en la Universidad del Azuay. Estudió un postgrado en Gerencia de Proyectos

en la Universidad San Francisco.El 5 de abril del 2010, el presidente Rafael Correa

lo nombró Ministro de Justicia y Derechos Humanos. El Secretario de Estado se propuso concertar y construir políticas públicas para que la justicia sea más ágil y ofrezca respuestas rápidas a las demandas ciudadanas.

El ministro Serrano tiene una larga trayectoria en la función pública. Ha sido Ministro de Trabajo y Empleo, Secretario de Transparencia y Gestión; Subsecretario de Minas y Petróleos (2007); Subsecretario de Trabajo y Empleo de la Sierra y Amazonia; y delegado del Presi-dente al Consejo Administrativo del Fondo de Inversión Social de Emergencia, entre otros. (FISE).

El Ministro también ha recibido varias condecora-ciones por su trabajo como: Mérito Nacional en el gra-do de Gran Cruz, que le entregó el Gobierno Nacional por fortalecer el diálogo social tripartito entre trabaja-dores, empleadores y el entonces Congreso Nacional, para la aprobación de la Reforma al Código del Trabajo en materia de intermediación y tercerización laboral; y la reforma al Código en materia de Erradicación de Trabajo Infantil y de Inserción Laboral para Personas con Capacidades Especiales. También obtuvo el Premio al Mérito Industrial, que le otorgaron por su contribución al progreso de las diversas actividades productivas del país.

Ha sido activista y defensor de los Derechos Humanos e invitado especial en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José (Costa Rica). Ha dic-tado conferencias sobre el tema en la Fundación Sueca American University, en la Columbia University y para el Gobierno de Kenia, entre otros temas importantes.

Se graduó de Doctor y Abogado de los Tribunales de Justicia, en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Azuay.

Articulista y coautor de varias publicaciones de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Abogado coordinador del Área de Justiciabilidad del Centro de Derechos Económicos y Sociales.

acogen a 1.258 y 585 internos, respectivamente. Además, 53 ppl estudian carreras universitarias. 757 internos participan activamente en las jorna-das culturales, como el proyecto Cine Consenti-do “Pelis pa´la pipol”. El proyecto Sensibilización y Expresión Artística en los CRS involucra a 2.950 internos. Otros 1.257 ppl realizan tareas deportivas y recreación.

En lo Laboral, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) capacitó a 2. 586 internos en diferentes oficios. Se imple-mentó el proyecto Piloto de Huertos Orgánicos, Lombricultura y Avicultura, en los centro de rehabilitación social de Guayaquil, Archidona, Riobamba, Azogues y Bahía.

También está el proyecto de Talleres de Producción Textil en los centros de rehabilitación social femeninos de Guayaquil y Quito, que benefician a 167 personas. Así como se realiza el

La labor en los campos de la salud, de la educación, del trabajo y de la recuperación de los vínculos familiares mejoran las condiciones de vida de los internos.

Cuatro ejes marcan la rehabilitación de las personas privadas de su libertad

E n Ecuador la situación de las personas privadas de la libertad (ppl) ha sido uno de los problemas más difíciles

de resolver. Por esta razón, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha pues-to en marcha políticas públicas que buscan mejorar la situación al interior de los centros penitenciarios. Pero, sobre todo, aspira a brindar un sistema real de rehabilitación social para que, luego de cumplir sus condenas, los internos se reinserten exitosamente en la sociedad ecuatoriana.

El plan de políticas públicas se aplica en 38 de los 53 centros de pri-vación de la libertad que existen en el Ecuador. Estos programas van dirigidos a las personas privadas de la libertad que han sido sentenciados.

El plan tiene cuatro ejes: Salud, Edu-cación, Laboral y Vínculos Familiares, de los cuales ya se tienen los primeros resultados positivos.

Por ejemplo, hasta el momento, 47.314 internos han recibido aten-ción médica; mientras que 3.396 se sometieron a exámenes de VIH Sida. Según los estudios, la incidencia de los internos infectados con el virus es del 0.7%, un porcentaje inferior a la media nacional de 0.9 a 1%.

Además, se vacunó al 100 por ciento de los ppl contra el tétanos, la difteria y la hepatitis. También se trabajó en la prevención de la influenza AH1N1 y se incluyó en el tratamiento de dro-godependencia a 42 personas privadas de libertad en el programa especial Comunidades Terapéuticas.

En el tema de educación las accio-nes son numerosas. Por ejemplo, en las unidades educativas de los centros de rehabilitación social hay 180 docentes del Ministerio de Educación. Se ins-talaron 30 escuelas y 20 colegios, que

El Proyecto de Huertos Orgánicos ha brindado una nueva oportunidad laboral a los participantes.

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TEMA CENTRAL

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“Sin guías penitenciarios y ayuda mutua”

El pabellón de rehabilitación de inter-nos (Penitenciaría del Litoral) con problemas de adicción a drogas es amplio y muy bien iluminado. Tiene una sala de televisión que se convierte en sala de conferencias, de videos y de terapias de reflexión.

Taller de Metalmecánica en el Centro de Varones de Guayaquil, del cual son parte 73 internos.

Por último, está el tema de Vínculos Familia-res que, hasta el momento, ha beneficiado 314 familiares de ppl en los centros de rehabilitación social femenino y de varones de Quito, N° 1, 2 y 3, de Esmeraldas y de Ambato. Ellos han sido capacitados en temas jurídicos.

De igual manera, 119 familiares de los inter-nos han recibido formación en temas producti-vos, 150 en desarrollo humano y motivación, y se han conformado tres Comités de Familiares y Amigos, en Ambato, Quito y Esmeraldas.

Hay 12 dormitorios, para ocho personas cada uno, con un baño. Tienen una cocina, construida con autogestión de los pacientes, y una oficina equipada con una computadora. Además, hay una lavandería y un baño social.

Ese espacio está pensado para que no haya guías penitenciarios, sino solo pacientes (internos) que se ayudan mutuamente, explica el doctor Joselo Albán, coordinador general de los procesos técnicos, diagnóstico y tratamiento.

Actualmente 78 personas se benefician de estas instalaciones, que tiene capacidad para 96.

Para mayor información contáctanos en:

www.utccrs.gov.ec.

L a construcción de infraestructura penitenciaria eliminará el hacinamien-to, que es visible en los centros de rehabilitación social de Ecuador. Tam-

bién ofrecerá las herramientas para brindar la mayor cantidad de oportunidades a las personas privadas de libertad (ppl) en el camino hacia una verdadera inserción laboral y educativa.

Por eso, el presidente de la República, Rafael Correa, declaró en Estado de Emergencia, por grave conmoción, a todo el sistema penitenciario del país. Creó la Unidad Transitoria de Gestión Emergente para la Construcción y Puesta en Funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Social (UTCCRS), institución adscrita al Ministe-rio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene independencia económica.

La institución lanzó el modelo Urbanización Penitenciaria, un diseño arquitectónico-concep-

tual que permitirá, en un futuro cercano, tener centros con la infraestructura adecuada.

Este nuevo modelo arquitectónico está basado en un estudio minucioso de los modelos internacionales de centros de privación de liber-tad y rompe con el viejo diseño de “cárcel”, que se ve reflejado físicamente en el ex Penal García Moreno (Quito), por ejemplo.

El proyecto Urbanización Penitenciaria fue presentado en el Taller de Intercambio de Expe-riencias sobre la Mejora de los Sistemas Peniten-ciarios Iberoamericanos y Medidas Alternativas de Prisión, en Cartagena (2008). Los expertos latinoamericanos aplaudieron el trabajo que desarrolla el Ministerio de Justicia del Ecuador.

La UTCCRS, además, está encargada de manejar la infraestructura de los centros de adolescentes infractores (CAI) y de los centros de detención provisional (CDP).

INSTITUCIONES ADSCRITAS

A partir de este modelo se generaron variaciones en las que se incorporó el concepto de vigilancia intermitente (pabellones con celdas lineales), que privilegian el control y seguridad intermitente".

La reconstrucción penitenciaria eliminará el hacinamiento en los centros de rehabilitación social

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Los problemas de infraestructura son grandes. Por ejemplo, la mala condición de las instalaciones; la sobrepoblación y el hacinamiento; la insalubridad; el contagio de enfermedades; la mala ali-mentación; la violencia e inexistencia de programas educativos y laborales, entre otros, señalan los expertos en el tema.

Existe la necesidad de realizar una transformación integral al sistema, a través de la creación de una infraestruc-tura adecuada para incorporar los nuevos programas, planes y tratamientos de rehabilitación social, coordinados por la Subsecretaría de Rehabilitación Social.

La construcción y reestructuración de estos espacios colectivos permite que se cumpla con el ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad (ppl) en el país. También posibilitará la atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimen-ticias, recreativas y de salud integral.

La UTCCRS intervino en las edi-ficaciones de los actuales centros de rehabilitación social (CRS) para mejorar las condiciones de vida de las ppl, sus fa-miliares y los trabajadores penitenciarios.

Antes de la creación de la UTCCRS, solamente el 10% de la infraestructura en los centros de rehabilitación social recibía mantenimiento. Hoy el 36% de esta infraestructura ha sido remodelada lo que beneficia al 66% de las ppl.

Entre los trabajos que se realizaron están: el equipamiento de las cocinas, la instalación de las batería sanitarias, las lavanderías, la provisión de agua, el man-tenimiento del alcantarillado, la imper-meabilización de cubiertas. También se han construido 1.241 habitaciones, cifra que aún resulta insuficiente, pero que sí influyen positivamente en la reducción del hacinamiento en los CRS.

Vista panorámica del ex Penal García Moreno - Quito

La infraestructura actual y sus múltiples problemas

Diseño conceptual de los centros de rehabilitación

Filtro de seguridad para acceso al CRS

Unidades de producción agroindustrial

y agropecuaria

Unidades administrativas

Unidades de crecimiento futuro

Unidad habitacional para guías penitenciarios

Unidad de servicios médicosUnidades habitacionales de

personas privadas de libertad

Unidades productivas

Unidad de mujeres, Centro de Desarrollo Infantil de 0-3 años

L a mirada esquiva y desconfiada de Rocío se endurece aún más cuando recuerda el juicio en el cual -hace 18 años- la

edad que hoy tiene su hija Gabriela, se fijó una pensión de 100 sucres mensuales para los alimentos y la manutención de su niña.

El padre de la menor nunca reconoció a su hija ni tampoco la buscó. Ella nunca lo ha visto. Durante el juicio, el abogado del padre de la pequeña trató a Rocío como “una loca que atrapó al primero que pasaba por la calle y le atribuyó la paternidad de su hija”.

Con la dolarización, el monto de la pensión cambió de nombre y de monto: de 100 sucres a 4 dólares, cantidad que Rocío gasta para en pasajes de transporte para movilizarse de su casa a los consultorios legales y a los juzgados.

Actualmente, su caso es tramitado por una defensora pública que ya ha solicitado el alza de la pensión alimenticia y espera una resolución favorable del Juez, en pocos días.

Al día, decenas de casos similares se reciben en la Unidad de Defensoría Pública Penal, ente

adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que desde el 1 de marzo del 2010 asumió el patrocinio y la defensa de las madres que demandan alimentos para sus hijos.

El director Nacional de la Defensoría Pública, Ernesto Pazmiño, subrayó que este servicio es totalmente gratuito. El pedido pueden realizarlo la madre, el padre o la persona que esté a cargo del menor. Un juez de la Niñez y Adolescencia fija una pensión mensual de alimentos a favor de un niño, niña o adolescente para gastos de alimentación, vestido, educación, salud y vivienda.

También pueden solicitarla directamente las personas adultas de 18 a 21 años, que estudien, las mujeres embarazadas, los adolescentes mayores de 15 años y las personas con capacidades diferentes, que no puedan subsistir.

Recordó que, según con el Código de la Niñez y Adolescencia, el valor de la pensión depende de los ingresos económicos del progenitor, de la edad y y las necesidades del niño o adolescente. La pensión mínima es de

La Defensa Pública para reclamos de pensiones alimenticias

La Defensoría ofrece sus servicios gratuitos en todo el país.

Las personas interesadas pueden llamar, sin costo, al teléfono:

1800-DEFENSA (1800-333367)o a los teléfonos de Quito 3237524,

Guayaquil 04-2526409 y Cuenca 072 – 808773

USD 65,28 por cada hijo, cantidad que puede ser incrementada por el Juez, de acuerdo con las pruebas presentadas en el proceso legal.

Pazmiño invitó a las madres y demás personas que están al cuidado de niños, niñas y adolescentes a presentar su denuncia en la Defensoría Pública y solicitar asesoramiento para llenar los formularios, organizar la documentación y preparar la demanda. Los defensores están capacitados para brindarle un servicio inmediato y de calidad.

INSTITUCIONES ADSCRITAS

E n el Ecuador, en 1997 fue promulgada la Ley de Arbitraje y Media-ción. Un año más tarde, la Constitución de 1998 (Art. 191) reco-noció el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos

como mecanismos idóneos para la solución de conflictos. La nueva Carta Política, aprobada en Montecristi, refuerza esos temas.

En ese contexto, Projusticia, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha promovido proyectos como la creación de los centros de mediación en las cortes superiores de Justicia, de la Procura-duría General del Estado, de las municipalidades y comunidades. En este año, auspicia la creación de cinco centros en convenio con el Centro para la Investigación y el Desarrollo de los Movimientos Sociales (Cedime) en alianza con la Red de Defensores Indígenas.

La Mediación construye una cultura de paz

Una propuesta eficiente, económica y legalLa mediación es una alternativa diferente para solucionar los

conflictos, introduce una cultura de paz porque las personas evitan en el proceso un desgaste emocional y moral que comprometa su salud y buen nombre. Además, es una alternativa ágil y económicamente viable. Demora menos que el tiempo de un juicio y no se requiere de recursos cuantiosos. El mediador o tercero neutral colabora en la resolución de los conflictos por medio de la aplicación de varias técnicas que facilitan el diálogo entre las partes en disputa. Les conduce hacia la construcción de acuerdos sostenibles y, sobre todo, de mutua voluntad.

El resultado de una mediación contenida en el acta equivale a una sentencia ejecutoriada, situación particular del Ecuador.

¿Cómo funciona?Una persona puede solicitar una mediación en el centro que ofrezca

este servicio, antes o en cualquier etapa de un juicio, siempre y cuando no se haya dictado sentencia por un Juez. La aplicación de la mediación es posible en materias en las cuales la Ley permita a las partes negociar y buscar una solución.

Las materias que se pueden mediar son: conflictos de pareja; familia; disputas entre vecinos; de comunidad; arriendos; linderos; comerciales; laborales; contratos; acuerdos; socio ambientales, y algunos casos penales.

Centros de mediaciónEn el país hay 115 centros de mediación. La mayoría está en Pichincha

(31), Guayas (16) y Azuay (10). También funcionan en Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Francisco de Orellana, Galápagos, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Santo Domingo, Sucumbíos, Santa Elena, Tungurahua.

El precio de los servicios de mediación varía, algunos son gratuitos y otros tienen un tarifario en función de las materias que resuelven.

Para mayor información contáctanos en: www.projusticia.org.ec.

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Los implicados en la muerte de Marco A. Olivo se entregaron a la justicia ordinaria

Ecuador y Guatemala obtuvieron 180 votos para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las dos naciones reemplazan a Bolivia y Nicaragua, que terminaron su período.

El Consejo de las Naciones Unidas es una institución con 47 miembros, que se encarga de conocer, estudiar y resolver los problemas de violación a los derechos humanos que se producen en el mundo.

El organismo está conformado, además, por países latinos como Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Nicaragua, México y Uruguay.

Patricia Salazar, subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, explicó que la designación de Ecuador a ser parte de la máxima institución de derechos humanos en el mundo no es una coincidencia, sino, más bien, un reconocimiento al trabajo que ha realizado el Ecuador en ese tema.

El Ecuador obtuvo un puesto en el Consejo de DD.HH. de la ONU

Con la participación de 40 mujeres del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil arrancó el proyecto piloto “Multiplicando formadores en estilos de vida saludables”. Su propósito es impulsar una cultura antidrogas en los centros de rehabilitación de todo el país. La capacitación está enfocada en los efectos negativos que produce el consumo de drogas y en el daño que provoca en la salud física, mental y social de las personas.

De la población carcelaria del país, un 47 por ciento se encuentra privada de la libertad por tráfico de drogas, mientras que un 40 por ciento está por tenencia de drogas. Según lo que estipula la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuando una persona tiene más de 10 gramos de una sustancia ya se considera ilegal.

La campaña de prevención del consumo de drogas llegó a los centros de rehabilitación social

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INFORMATIVO www.minjusticia-ddhh.gov.ec

El Gobierno interviene el INDA para precautelar los derechos campesinos

El Gobierno, por medio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, intervino administrativamente en las dependencias del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (Inda). La

decisión se tomó para garantizar el bienestar de los campesinos, los pueblos y las nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, que denunciaron la violación de derechos en el manejo y adjudicación de tierras que maneja esa entidad. La intervención, que se efectuó el 25 de mayo, según José Serrano, ministro de Justicia, se ampara en un ACTO URGENTE, otorgado por el Juzgado Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha. El Ministro explicó que la medida fue para “evitar que, eventualmente, los funcionarios del Inda y otras personas ajenas a ella, borren, destruyan, manipulen, cercenen la información y los archivos que se encuentren a su cargo o en las delegaciones.

Rodrigo Escobar Gil, relator de la Organización de Estados Americanos (OEA) para los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, y las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recorrieron los centros de rehabilitación social de Quito.

La idea fue conocer de cerca las condiciones en las que se encuentran los internos. El Relator de la OEA visitó las áreas destinadas al dispensario médico,

la biblioteca, la guardería y los talleres de costura y artesanías. En esos escenarios habló personalmente con las personas privadas de libertad (ppl).

El Relator dijo que el Gobierno Nacional hace un buen trabajo para reducir el hacinamiento, pero recomendó mejorar la dieta alimenticia y la salud de quienes viven en los centros de rehabilitación social del país, eso logrará una rehabilitación social integral, dijo Escobar.

El relator de la OEA visitó los centros de rehabilitación social de Quito

Los presuntos implicados en el asesinato del indígena Marco Antonio Olivo, ocurrido el 11 de mayo en Zumbahua (Cotopaxi), se entregaron voluntariamente a las autoridades, el 27 de mayo en la comuna de Guantopolo, parroquia de Zumbahua.

En una operación conjunta entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la Policía Nacional, los involucrados Flavio Candelejo, Iván Candelejo, Wilson Chaluisa, Manuel Quishpe y Kléver Chaluisa, fueron trasladados al Centro de Rehabilitación Social 4, en Quito.

El caso se pretendió manejar bajo la Justicia Indígena, sin embargo, el Ministro de Justicia, José Serrano, afirmó que la Constitución y los derechos humanos de los ecuatorianos y ecuatorianas “están sobre cualquier proceso y que a eso deben someterse los ciudadanos sin distinción". Los involucrados denunciaron que recibieron maltratos y torturas por parte los familiares del fallecido y por los dirigentes de la comunidad de La Cocha.

El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, está empeñado

en mejorar el acceso a la Justicia. Por eso, impulsa políticas de ampliación para su democratización y la defensa de los derechos de los ecuatorianos. También

están en marcha programas de gestión eficiente con respaldo económico, material y tecnológico. Esta

Secretaría de Estado estableció varios servicios gratuitos para atender a la ciudadanía en todo el

país de acuerdo a estándares de calidad establecidos en la Constitución de la República.

SERVICIOS

E l Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, creó la Oficina Atención a la Ciudadanía

(OAC) para ofrecer una guía jurídica a la población sobre temas legales y procesales.

El Artículo 75 de la Constitución establece que: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses...”. Asimismo, el Art. 227 de la Carta Magna señala que “La admisnitración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación”.

En ese contexto, la Oficina de Atención a la Ciudadanía ejercita su obligación de atender e informar a los ecuatorianos y ecuatorianas con excelencia y calidez, sobre el quehacer del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Asesoría Jurídica Gratuita

La asesoría legal orienta a la ciudadanía sobre los organismos competentes para atender sus respectivas peticiones y las acciones legales con las que cuenta para resolver su problema. El equipo jurídico brinda asesoría jurídica, pero no patrocinio para iniciar o continuar procesos ante órganos jurisdiccionales o administrativos.

Procedimiento:Para acceder al servicio brindado por la Oficina de Atención a la Ciudadanía, la persona puede contactarse de las siguientes formas:

Verbalmente:1. El ciudadano o la ciudadana puede acudir personalmente a nuestra dependencia y exponer su caso ante cualquiera de los integrantes de la Oficina.

Por escrito:2. El ciudadano puede redactar una comunicación dirigida al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, exponiendo la parte principal del caso particular, y a través del debido direccionamiento interno, el caso llegará a conocimiento por la Oficina de Atención a la Ciudadanía y recibir la respectiva asesoría.

Telefónicamente:3. El ciudadano puede comunicarse telefónicamente con la Oficina de Atención a la Ciudadanía en Quito o Guayaquil y recibir la respectiva asesoría a través de este medio.

A través de correo electrónico:4. La ciudadanía en general puede elaborar sus consultas jurídicas a través del correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o a los correos electrónicos del equipo jurídico de Atención a la Ciudadanía en Quito y Guayaquil.

Dónde:Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Avenida Amazonas y Atahualpa, esquina, edificio adjunto al Ministerio deEducación, planta Baja, Quito Distrito Metropolitano.Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos del Litoral. Avenida Francisco de Orellana y Justino Cornejo, edificio Gobierno del Litoral, piso 13, Guayaquil.

Tiempo estimado de entrega:Las consultas escritas y por correo electrónico

que ingresan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se responden en un tiempo máximo de 15 días laborables, conforme lo determina la Ley de Modernización del Estado.

Las consultas verbales y telefónicas se contestan inmediatamente, salvo que el caso requiera un estudio más profundo. El servicio de Atención a la Ciudadanía no tiene costo. Sin embargo, la persona que requiera asesoría legal para un caso determinado, de preferencia, debe adjuntar el material documental o informativo necesario a fin de que la asesoría se desarrolle de mejor forma.

Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC)

CONTÁCTENOS

Teléfonos: En Quito, para la región Sierra y Oriente, 02-2923804, en Guayaquil, para la región del Litoral y Galápagos, 04-2681163

Correo electrónico institucional: info@minjusticia-ddhh-gov.ec

Correo electrónico Oficina de Atención a la Ciudadanía: atencionciudadania@minjusticia-ddhh.gov.ecEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla.

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Servicios de atención a la ciudadanía

Escritos Verbales TelefónicosElectrónicos Gabinetes Otras actividades

30%

17%

2%4%

29%

18%

Casos atendidos por la OAC enero a marzo 2010