La Modernización de México Luis Artagnan

Des Soc Pol y Econ de Mex Luis Artagnan Mtz Fdz Actividad 9 Foro

La Modernización de México, 1982-1994

¿En qué consistió el proyecto modernizador de la "Tecnocracia"?

Ante el fracaso estrepitoso de la administración de corte todavía “nacionalista” e intervencionista de López Portillo, se da entrada a los tecnócratas a la presidencia de México con Miguel de la Madrid (1982-88) y su proyecto modernizador de la tecnocracia basado en el modelo económico neoliberal que, dicho sea de paso, Carlos Salinas de Gortari vino a consolidar en su modalidad más agresiva y con beneficios personales tanto materiales como políticos que hasta nuestros días siguen influyendo fuertemente en la vida económica y política del país. Pero regresando al modelo neoliberal, es importante señalar que en esencia promueve el libre mercado como forjador y regulador de la economía al mismo tiempo que rechaza la intervención directa del Estado en ésta e inhibe los programas sociales por parte del Estado. (Este tema se detalla en el apartado sobre el Estado Neoliberal mexicano, más adelante)

¿Cuál fue la razón de la "Deuda externa y moratoria”?

En el caso de México, hay un factor fundamental que explica por qué tanto los tecnócratas como los banqueros consideraron que no existía peligro en un incremento adicional de la deuda externa, a saber, se trata de que desde 1976, que se descubrieron unos cuantos yacimientos gigantes de petróleo en el Golfo de México, con las ganancias del oro negro se consideró que seria factible pagar la deuda a pesar de que crecía aún más rápidamente que los ingresos por exportaciones. En principio, los directivos de estas entidades y de varios bancos mexicanos privados hicieron el cálculo de poder obtener fondos a bajo costo en el exterior para luego re-prestarlo a nivel doméstico a tasas más altas. Pero todo el juego financiero dependía de que no hubiese ni un alza súbita de intereses en el ámbito internacional ni una devaluación en México. Sin embargo, ambos procesos sí se dieron, el primero a partir de la subida de los intereses en 1981 y, luego, la doble devaluación de 1982 y 1983.

El nuevo presidente mexicano, Miguel de la Madrid, quien asumió el poder en diciembre de 1982 decidió aceptar estos actos de la administración de López Portillo pero, al mismo tiempo, quiso implementar un programa de austeridad y ajuste que iba a contrapelo de las políticas de su predecesor. Como consecuencia, su administración – y en particular el nuevo equipo de jóvenes tecnócratas que fueron encargados de implementar la política económica- se vio obligada a llevar a cabo una serie de políticas contradictorias, pues por una parte cargaba con el legado de un Estado económicamente fuerte e intervencionista y, por otra parte, tenía el objetivo de cumplir aligerar ese peso, promoviendo una rápida liberalización, al tiempo que se


cumplían con las metas financieras recetadas por el FMI, en particular el pago íntegro del servicio de la deuda externa. El costo financiero de estos diversos objetivos era extremadamente alto. En primer lugar, el pagar los intereses y amortización de la enorme deuda implicó que el gobierno de De la Madrid tuviera que disponer de virtualmente todos los ingresos netos de Pemex para satisfacer a los banqueros internacionales, sin posibilidad alguna de reinvertir estos fondos en el país. En segundo lugar, destinó fondos fiscales ordinarios para el programa de rescates que fue establecido para apuntalar a las empresas privadas mexicana endeudadas que fueron beneficiadas con esquemas muy favorables para obtener divisas fuertes con que reducir sus deudas. Pero la presión internacional para pagar la deuda fue constante, instrumentándose en primer lugar a partir de una serie de reestructuraciones y renegociaciones que han sido ampliamente documentados aunque no adecuadamente analizados en todas sus implicaciones. En primer término para evitar la bancarrota del gobierno mexicano y de sus acreedores, se instauró un programa conocido como "concerted lending", que consistió en que un conjunto de agencias públicas y privadas de los países más avanzados adelantaban fondos a México con el fin de cubrir el servicio de la deuda. En 1983, por ejemplo, el FMI adelantó una primera cuota de un paquete de 3.8 mil millones de dólares (a suministrarse en tres años); simultáneamente el Banco de la Reserva Federal y el Fondo de Estabilización del tesoro de los Estados Unidos proporcionaron otros 4 mil millones de dólares; finalmente se exigió a la banca privada internacional que colaborase con un crédito de 5 mil millones de dólares (que constituía en efecto un autopréstamo) para cubrir el pago de los intereses pendientes de la deuda externa mexicana. Sin embargo, este acuerdo no significó que se perdonaba deuda. Al contrario se fueron capitalizando los intereses con lo que la deuda total iba aumentando de manera rápida. Ello requirió una reestructuración en 1984, ya que los banqueros querían asegurarse que las autoridades mexicanas reconocieran la totalidad de sus débitos. El 7 de septiembre de 1984 se reestructuraron 48 mil millones de la deuda externa cuyo perfil de vencimiento se daba entre 1985 y 1990, por lo que se requería que se alargaran plazos para no llevar al país a la bancarrota. Por consiguiente, el secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, aceptó que el país pagaría la totalidad de los intereses sobre la deuda abultada pero que se daría un plazo más largo a las amortizaciones del capital.

Políticas económicas del Estado

Con objeto de cubrir los crecientes déficit públicos del gobierno federal y de las numerosas empresas paraestatales, la administración de De la Madrid resolvió reducir radicalmente los salarios de los empleados públicos al tiempo que fue recortando programas sociales. Pero a pesar de las medidas adoptadas, el déficit


público siguió aumentando, ya que la brecha entre los abultados egresos financieros y los ingresos fiscales ordinarios se ahondó. A raíz de esta situación, la Secretaría de Hacienda tuvo a bien recurrir a dos fuentes de financiamiento a corto y mediano plazo. Como no podía obtener créditos en el exterior, dispuso de una gran parte del crédito manejado por la banca comercial (recientemente estatizada) y simultáneamente comenzó a emitir una cantidad muy considerable de deuda interna pero con tasas de interés exorbitantes. Entonces fue que numerosos prestamistas mexicanos hicieron su agosto, convirtiéndose pronto en algunos de los individuos más ricos del país: entre ellos pueden citarse, por ejemplo, los casos de Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú (actualmente principales propietarios de Banamex), quienes eran dueños de una pequeña casa de bolsa que ganó enorme cantidad de beneficios con el reclicaje de deuda interna. Y lo mismo puede decirse de Carlos Slim Helú (actualmente principal accionista de Telmex y el hombre más rico de Latinoamérica) quien también obtuvo grandes ganancias de las operaciones con papel gubernamental en esos años. Por otro lado, al tiempo que los tecnócratas de la administración de De la Madrid aseguraron el pago de las gigantescas deudas (externa e interna), comenzaron a instrumentar un programa de apertura de la economía mexicana. Comenzando con la entrada el GATT (General Agreement on Tariffs) en 1984, procedieron a liberalizar grandes sectores y a iniciar la privatización de buen número de empresas estatales, proceso que cobró dinamismo desde 1986. Para finales del sexenio, ya se habían vendido algunos centenares de empresas públicas, aunque algunas de las más grandes no se subastaron hasta la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Así, mientras se instrumentaban este paquete de medidas, el crecimiento económico se tornó negativo para luego recuperarse ligeramente en 1985 y luego caer en 1986 con el descenso abrupto de los precios del petróleo. Posteriormente, la economía siguió bastante estancada hasta 1990 cuando se produjo un renovado ingresos de capitales (gran parte de ellos capitales golondrinas, de inversores mexicanos que trajeron una parte de sus fondos de regreso para adquirir empresas estatales en venta). Ahora bien, es incorrecto argumentar que el programa implementado era simplemente una receta del Fondo Monetario Internacional. Era algo más: en primer término, constituía un plan bastante sistemático de parte de la nueva tecnocracia del gobierno mexicano de forzar la apertura de la economía nacional. En segundo término constituía un parte de un proyecto para asegurar buenas relaciones entre Washington y México con base al pago puntual del servicio de la gigantesca deuda. En este sentido, puede considerarse que la estrategia adoptada en este período- que vendría en llamarse la estrategia neoliberal- fue forjado con base a acuerdos estrechos entre tecnócratas mexicanos y norteamericanos, entre banqueros privados internacionales y el FMI.


El papel de la industria en los "Pactos económicos"

Ante la debacle económica de finales de 1987, el 15 de diciembre de ese año de la Madrid suscribió un Pacto de Solidaridad Económica (PSE) cuyos objetivos fueron:

PACTO DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA: 1987

Políticas de estabilización

Objetivos globales

Inflación Reducir a la mitad la registrada en 1987.

Política fiscal Estricta disciplina en el manejo de las finanzas.

Gasto público El gasto programado bajará del 22% del PIB al 20,5% en 1988. El superávit primario aumentará de 5,4% a 8% del PIB.

Políticas de ingresos Los PyTSP se ajustarán a partir del 16 de diciembre de 1987, permanecerán constantes durante enero y febrero y se ajustarán a partir de marzo. Ingresos adicionales de 1,4% del PIB.

Política cambiaria Será flexible, apoyará la reducción de la inflación y la competitividad.

Política salarial Los salarios vigentes aumentarán 15% y los salarios mínimos aumentarán 20% a partir de enero de 1988. La revisión salarial será mensual hasta alcanzar una inflación mensual de 2%.

Política comercial Continuará la sustitución de permisos previos por aranceles. El arancel máximo bajará de 40 a 20% y desaparecerá la sobretasa de 5% de impuesto a la importación.

Privatización Continuará la desincorporación de empresas públicas y de cambio estructural del gasto público (eliminando subsidios injustificados).

En la práctica el PSE funcionó sólo parcialmente. Si bien una gran variedad de artículos mantuvieron sus precios, subieron precisamente los más necesarios, es decir, los correspondientes a la canasta básica. Por ello, a la luz de los hechos el PSE provocó un efecto contrario al deseado, toda vez que aumentó el desempleo y con esto se agravó la pobreza.

Por su parte, los industriales vivirían una crisis grave debido a la apertura irrestricta de la economía mexicana desde fines del régimen de Miguel de la Madrid porque éstos cambiaron sus políticas de compras de insumos, adquiriendo una cantidad


siempre creciente de productos extranjeros para fabricar sus manufacturas, lo cual hizo imposible la competitividad además de que los empresarios adquirieron deudas que ya sea arrastraron durante años o, en el peor de los casos, tarde o temprano los hizo quebrar.

Pero, a pesar de la fallida política económica del PSE, la primera acción del entrante gobierno de Salinas fue refrendar en enero de 1989 al PSE, pero con las obligadas matizaciones que dieran a entender que el autor era ya otro. El nombre que recibió el nuevo programa fue el de Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), sin duda un modelo mucho más ambicioso que el anterior y que se presentó así:

Objetivos del Programa para la Estabilidad y el Crecimiento Económico PECE

Políticas de estabilización Objetivos globales

Inflación Consolidar el abatimiento de la inflación

PIB Será positivo y moderado.

Política fiscal Será congruente con el abatimiento de la inflación y sentará las bases para la recuperación gradual y sostenida del crecimiento económico.

Deuda Renegociar la deuda externa para transferir menos recursos para volver a crecer.

Gasto público El superávit primario será de casi 8% del PIB.

Política de ingresos No aumentará la electricidad, la gasolina y el gas doméstico. Pero aumentarán aquellos que presenten rezagos considerables y que den lugar a subsidios poco justificados.

Política monetario - financiera Será congruente con los objetivos del programa.

Política cambiaria Se abandona el tipo de cambio fijo y habrá un deslizamiento de un peso diario de enero de 1988 a julio de 1989.

Política salarial El salario mínimo aumentará 8% a partir del 1 de enero de 1989.

Política comercial Se modificará la estructura de los aranceles a la importación para disminuir la dispersión actual y eliminar distorsiones por los diferenciales vigentes.

Desregulación Se buscará a nivel nacional la desregulación económica, sobre todo en el transporte y el sector finaciero.

Ambiente Para evitar el deterioro ambiental se adoptarán las medidas necesarias con los gobiernos estatales y mundiales.

Ahora bien el PECE atravesó por diversas etapas, estas fueron las siguientes:

Concertación Fechas de Vigente Precios Tipo de cambio Salarios Finanzas públicas


económica anuncio hasta

PECE I 12/XII/1988 31/VII/1989 Aumento en precios y tarifas

rezagadas

Ajuste diario de un peso a partir

de 1/i/1989

Alza de 8% en los salarios mínimos

Profundización en la desregulación

económica

PECE II 18/VI/1989 31/III/1990 Sin cambios Ajuste diario de un peso

Alza de 6% a los salarios mínimos

Finanzas públicas sanas

PECE III 3/XII/1989 31/VII/1990 Aumentan 6% las gasolinas

Ajuste diario de un peso

Alza del 10% a los salarios mínimos

desde 4/XII

Finanzas públicas sanas

PECE IV 27/V/1990 31/I/1991 Aumentos en energéticos entre

6 y 12%

Ajuste diario de 0.80 ctvos. a partir de 12/V

Sin cambios Finanzas públicas sanas

PECE V 11/IX/1990 31/XII/1991 Aumentos a la gasolina, luz,

diesel y gas en 10%

Ajuste diario de 40 ctvos. a partir

del 28/V

Alza de 18% a los salarios mínimos

desde el 16/XI

Profundización en la desregulación

económica. Alimentos y

medicamentos, 0% de IVA

PECE VI 10/11/1991 31/I/1993 Aumentos a gasolina Nova 65%, Magna 25%, Diesel 9,7%, gas

licuado 2,4%, luz 20,2%

Eliminación del control de cambios y

reducción a 0.20 ctvos. diarios

Aumento de 12% a los salarios

mínimos a partir de 1. Este ajuste

no será aplicable a los contractuales

Se establece tasa única de 10% en el pago del IVA, con excepción de las franjas fronterizas

y zonas libres

PECE VII 20/10/1992 31/XII/1993 Ajuste gradual en electricidad de baja tensión

Aumenta el deslizamiento del tipo de cambio de N$ 0.0002 a N$

0.0004

Aumento de salarios mínimos

no superiores a un 10%

Disciplina fiscal al fin de lograr las

metas del Presupuesto Programado

PECE VIII 1/X/1993 31/XII/1994 Reducción de tarifas eléctricas de

uso doméstico y comercial que no se superior a 5%

durante la vigencia del pacto.

Se mantiene el deslizamiento

del tipo de cambio de N$

0.0004

Los ingresos equivalentes a un

salario mínimo aumentan entre 7,5% y 10,8%

Disminución del impuesto sobre la

renta para empresas de 35 a

34%

La segunda estrategia del neoliberalismo populista de Carlos Salinas de Gortari fue crear el Programa Nacional de Solidaridad PRONASO. Con esta idea se estipuló quién en lo subsecuente tendría que competir para sobrevivir, y quién sería vastamente subsidiado aunque en absoluto fuera competitivo. El PRONASOL fue un instrumento arbitrario que al mismo tiempo era susceptible de ser apreciado como favorecedor del neoliberalismo, y solidario con los menos favorecidos.


Sin embargo, con diferencia, el escenario que más atención robó durante el sexenio de Salinas fue la negociación y finalmente firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. En congruencia con la ideología neoliberal era lógico que se pretendiera crear el tejido suficiente para que el país entrara de lleno en el contexto de la competitividad económica internacional. La realidad era que el país difícilmente podría competir con cierto grado de éxito con el exterior, y en especial con Estados Unidos, sobre todo porque la base industrial, tecnológica y también en lo referente a las cuestiones administrativas, los parámetros eran completamente distintos. Aunque reconocidamente la diferencia mayor no estribaba en lo anterior, la complicación era que los mexicanos ideológicamente no estaban preparados para competir, pero la culpa no les era imputable del todo, había una razón. Durante décadas la política sobre-proteccionista no obligó a tener que prepararse para poder vender, para poder ser comprado, sino que prácticamente la compra y la venta estaba garantizada. Los productos, aun de baja calidad o sin cubrir las normas mínimas de calidad internacionales, tenían salida. Y más allá, el mercado laboral no era precisamente el escenario en el que se desarrollaran líderes internacionales, ideológicamente hablando. Con la liberalización de la economía, y por ende de los mercados, incluso el laboral, la situación cambió radicalmente.

Los objetivos iniciales del Tratado eran los siguientes:

Incrementar las oportunidades de inversión en los territorios de los países participantes.

Eliminar los obstáculos al comercio.

Proteger los derechos de propiedad.

Facilitar la circulación fronteriza de bienes y servicios.

Promover las condiciones de competencia.

Relación del Estado con empresarios, obreros y campesinos

A raíz de esta situación, la Secretaría de Hacienda tuvo a bien recurrir a dos fuentes de financiamiento a corto y mediano plazo. Como no podía obtener créditos en el exterior, dispuso de una gran parte del crédito manejado por la banca comercial


(recientemente estatizada) y simultáneamente comenzó a emitir una cantidad muy considerable de deuda interna pero con tasas de interés exorbitantes. Entonces fue que numerosos prestamistas mexicanos hicieron su agosto, convirtiéndose pronto en algunos de los individuos más ricos del país: entre ellos pueden citarse, por ejemplo, los casos de Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú (actualmente principales propietarios de Banamex), quienes eran dueños de una pequeña casa de bolsa que ganó enorme cantidad de beneficios con el reclicaje de deuda interna. Y lo mismo puede decirse de Carlos Slim Helú (actualmente principal accionista de Telmex y el hombre más rico de Latinoamérica) quien también obtuvo grandes ganancias de las operaciones con papel gubernamental en esos años.

Con respecto a los empresarios medianos y pequeños, estos habrían de salir perjudicados con las medidas adoptadas por los pactos económicos de ambos presidentes tanto en lo económico, por el trato preferencial dado a los grandes empresarios, como en lo laboral puesto que los sindicatos confrontaron al sistema así como a los industriales por medio de movilizaciones y demandas de mejoras salariales.

El sexenio salinista representó para los trabajadores la continuación de la política que, desde 1982, les despojó de muchas de las conquistas obtenidas a lo largo de más de 60 años de lucha organizada. Despidos selectivos y masivos, mutilación de contratos colectivos de trabajo, eliminación de prestaciones, limitación de las funciones sindicales, y represión de huelgas y luchas que en varios casos produjo presos, heridos y hasta muertos (como ocurrió en la Ford Motor Company con Cleto Nigmo Urbina).

Como resultado de esa política neoliberal desaparecieron más de 2 mil 900 contratos colectivos de trabajo, se liquidó el contrato ley de la industria textil de fibras duras –y otros que sólo existen en el papel–, fueron declaradas en quiebra empresas boyantes con el fin de eliminar sindicatos y secciones sindicales, proliferaron los “contratos de protección” y surgieron núcleos de trabajadores que –como los de las maquiladoras– se han constituido bajo los criterios del “obrero polivalente”, los círculos de calidad y el asalariado sin derechos elementales. Sin exagerar, este periodo presidencial, significó un auténtico desastre laboral y sindical.

En los nuevos tiempos del neoliberalismo, la dirección del Congreso del Trabajo (CT) dejó de ser, en la práctica, un interlocutor válido del movimiento obrero nacional ante el gobierno y los empresarios. Esta dirigencia –anquilosada, burocratizada y divorciada de la base obrera– se vio embarcada en una política errónea y


contraproducente, apoyando orientaciones modernizadoras que afectarían los derechos e intereses de los trabajadores, sin ofrecer sus propios proyectos.

Por otro lado, a lo largo de la discusión y negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en lugar de defender los intereses de sus representados, el CT se alineó de lleno con la administración salinista para concluir en un acuerdo desventajoso para los trabajadores asalariados y la nación. Los principales atractivos en la firma del famoso tratado fueron la fuerza de trabajo barata, el control gubernamental de los sindicatos y la despreocupación por el ambiente. El Congreso del Trabajo se colocó a la derecha del gobierno de Bill Clinton.

Para la clase obrera y la mayoría de los asalariados, la burocracia sindical ha significado, y significa, un verdadero lastre, ya que ha permitido que los salarios actuales en México estén por abajo de los pagados en países maquiladores como Taiwán, Surcorea y Hong Kong; que las prestaciones sociales disminuyan gravemente, y que las condiciones de trabajo empeoren cada vez más.

Pero, además de permitir al Estado y a los capitalistas actuar con entera libertad, los jefes del CT se inscriben dentro del sector más conservador del Partido Revolucionario Institucional, al oponerse militantemente a la democratización de la sociedad, y al perseverar en el corporativismo de las organizaciones sociales e impulsar el fraude electoral. Los jerarcas sindicales no sólo no organizan ni promueven la resistencia de los trabajadores, sino que reprimen las expresiones de la lucha obrera, como ocurrió en la Ford Motor Company, la Cervecería Modelo y la Compañía Hulera Tornel.

En febrero de 1991, el CT llegó a su primer cuarto de siglo sin haber logrado sus propósitos iniciales: transitar hacia la central única, aglutinar a los trabajadores en organizaciones por rama y sindicalizar a las enormes masas de asalariados “libres”.

La lucha social, particularmente en el campo, retornó al mismo nivel que tenía antes de la jornada electoral. Pero en forma más grave, porque a la derrota vino a sumarse la gestión gubernamental de la misma. La contraofensiva política de Salinas, que no descuidaba el impulso a su proyecto económico, se disparó "en un juego múltiple que ha agudizado la dispersión, la confusión, el desencanto y la disolución de los objetivos sectoriales del movimiento [campesino]", comprobaba Antonio García de León ya en diciembre de 1989.[19] La campaña cardenista había sido un abierto litigio por la hegemonía entre las grandes masas, obteniendo una especial respuesta en dos territorios distinguibles: en las zonas rurales y en los distritos de inmigración

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interestatal, reductos de una fuerte carga de inconformidad social. [20] Hacia ellos se dirigió preferentemente la embestida. Para operarla, Salinas puso a su servicio la capacidad, la experiencia, la formación y las relaciones que en la lucha social habían construido algunos cuadros provenientes sobre todo del maoísmo pero también de otras corrientes de la izquierda. La llamada política de concertación y dos instrumentos -el Consejo Agrario Permanente (CAP) y el Pronasol- fueron claves en esa operación. El Pronasol, como se sabe, sirvió como una organización clientelar y de manipulación de la miseria, tanto en las colonias populares como en las deprimidas zonas campesinas. El CAP, por su parte, logró cooptar -aunque se trataba de una cooptación inconsistente- a las principales organizaciones independientes que, con mucho esfuerzo, habían logrado sobrevivir: a la CIOAC, la UGOCP, la CNPA.

La cooptación era el resultado de un largo caminar sin encontrar otras salidas que no fueran el desgaste o la represión, del reflujo concomitante, del reciente fracaso electoral del cardenismo y de una lamentable confusión. Pero era doblemente trágica en el caso de la CNPA (Coordinadora Nacional Plan de Ayala), porque esta organización había surgido justamente del rechazo multitudinario a José López Portillo en un acto realizado en Cuautla para conmemorar, en 1979, el centenario del nacimiento de Emiliano Zapata. La primera acción de la CNPA -compuesta por campesinos indígenas y mestizos- consistió en oponerse con éxito al propósito gubernamental de trasladar los restos de Zapata al monumento a la revolución, en donde reposarían bajo el peso de la horripilante mole y al lado de los huesos de Carranza, el responsable de su asesinato. Ese combate por la historia -que en México no es sólo memoria viva sino realidad tangible- reactivó la imagen del general suriano y de sus ideales. Los campesinos recuperaban un mito en la figura legendaria de Zapata, arrebatándosela al régimen. Libre ahora, cabalgaría por los confines del país escapando del papel asignado de símbolo conmemorativo en actos oficiales y alimentando la esperanza campesina de tierra y libertad. En los años posteriores muchas organizaciones en el campo se autonombrarían zapatistas. Se trataba, consciente o no, de una auténtica elaboración o recreación histórica y cultural y no de una moda del momento. La tenacidad de la CNPA, además, logró que la conmemoración del asesinato de Zapata (el 10 de abril) se convirtiera en una jornada de movilizaciones campesinas. Así empezaron a llegar al Zócalo de la capital del país en manifestaciones a veces gigantescas. Pero el 10 de abril de 1989, en Cuautla nuevamente, en un acto del CAP, "las organizaciones independientes y oficiales desfilaron ante Salinas de Gortari". Se había cerrado el círculo: ese desfile, en el que participaba la CNPA, parecía la rendición final de los herederos de Zapata.

Llegamos así a un punto terminal. Todos los caminos estaban obstruidos y no conducían a ninguna parte. Durante un cuarto de siglo la lucha de los campesinos, de

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las organizaciones urbano-populares, de los obreros, de los estudiantes, la lucha electoral por la democracia no habían obtenido sino magros resultados. El deterioro de las condiciones de existencia, la carencia de tierras y de trabajo arroja a millones de mexicanos a las actividades de la economía informal, a hacinarse en los cinturones de miseria en las ciudades, a emprender la aventura difícil, riesgosa, denigrante y muchas veces mortal de cruzar la frontera. En ese punto Carlos Salinas impuso la reforma al artículo 27. Y de ese modo rompió el pacto constitucional con los campesinos indígenas y mestizos. De inmediato no pasó gran cosa. Rechazo del PRD a la contrarreforma, algunas protestas aisladas, voces críticas en contra. En Morelos varias organizaciones independientes (algunas lo eran nuevamente, porque no habían obtenido nada sustancial de su oportunista adhesión al salinismo) crearon un Consejo de Organizaciones Agrarias. En Ocosingo, el 10 de abril de 1992, 4 mil campesinos indígenas, escribe el subcomandante Marcos, "bailan frente a una gigantesca imagen de Zapata pintada por uno de ellos, declaman poemas, cantan y dicen su palabra [...] Los campesinos gritan que Zapata vive, la lucha sigue. Uno de ellos lee una carta dirigida a Carlos Salinas de Gortari donde lo acusan de haber acabado con los logros zapatistas en materia agraria, vender al país con el TLC y volver a México a los tiempos del porfirismo, declaran contundentemente no reconocer las reformas salinistas al artículo 27 de la Constitución Política".

Conflictos electorales

Se liberaron espacios dentro de la competencia política, como fue el caso en 1987 de la creación del Frente Democrático Nacional (FDN) por Cuahutemoc Cárdenas, quien se postuló para la presidencia de la república en las elecciones de 1988. Por otro lado se presento, también, como oposición el PAN clasificado como un partido de derecha con Manuel Cloutier en la candidatura a la presidencia. Así mismo, el partido oficial PRI presento a Carlos Salinas de Gortari, aunque debido a la perdida de legitimidad y a que el pueblo ya estaba deseoso de tener una transición, Carlos Salinas no tenia mucho apoyo del pueblo y este optaba por un mejor proyecto que fue el que presento Cárdenas. Por lo tanto, el PRI no quería aún dejar caer el régimen y formó una coalición con el PAN de centro izquierda que aglutinó a la oposición progresista.

La contienda entre Cárdenas y Salinas ciertamente fue cerrada. Pero también es cierto que el final era inesperado. Por su parte, Salinas pensaba que sería un trámite y Cárdenas una ilusión. Para sorpresa de ambos, el uno no creía en una casi inminente derrota y el otro en una posible victoria real. Pero antes de que se supiera el conteo definitorio del ganador el sistema fue acallado y la verdad quedó en el limbo. El caso es que después de las elecciones del 6 de julio de 1988, la contabilidad de votos efectuada en el seno de las comisiones locales y su traslado a las


computadoras de la Comisión Federal Electoral (CFE, ya extinta y, después de una restructuración a fondo, reemplazada por el IFE) fue desordenada y al principio perfiló un triunfo claro de Cuauhtémoc Cárdenas y la debacle de los partidos tradicionales PRI PAN. Sin embargo, la contabilidad se interrumpió, el sistema calló y se cayó, durante un tiempo prolongado, lo que dio surgimiento a la suspicacia que anunció el triunfo, “claro, contundente e inobjetable”, del aspirante priista. El listado de hechos que siguieron a la caída del sistema ha servido para la confección de diversos y numerosos libros, reportajes, libelos y toda clase de seudoliteratura que documentó el hecho político de mayor significación de la vida política contemporánea del país. Una de las consecuencias de esa lucha lo representó el movimiento que arrancó del control gubernamental la calificación de los procesos electorales, conjuntado en la extinta estructura de la Comisión Federal Electoral, cuyo último presidente –nombrado por el presidente Miguel de la Madrid– lo fue el polémico Manuel Barttlet Díaz. La oposición aprovechó la debilidad del gobierno salinista para transformar la caduca Comisión Federal Electoral bajo control gubernamental y estructurar un Instituto Federal Electoral ciudadanizado y despartidizado, con legalidad, legitimidad y credibilidad, capaz de organizar elecciones inobjetables para todos los protagonistas. La gran prueba para la nueva institución, que recién cumplió 22 años, lo representaron las elecciones presidenciales del año 2000, cuando bajo la jefatura de José Woldenberg organizó los comicios que dieron el triunfo a Vicente Fox, resultado que nadie impugnó y que otorgó al triunfador un gran bono electoral que desafortunadamente fue desperdiciado miserablemente.

Así que, de la esperanza inicial que representó la creación de un organismo autónomo del gobierno, donde los consejeros dejaron de ser los representantes de los dueños de los partidos políticos con registro para dar credibilidad a las elecciones, hoy nada queda.

La legitimidad

La dudosa victoria de Salinas de Gortari frente a Cuauhtémoc Cárdenas después de que se cayó y calló el sistema de la CFE y abalado por gobernación, dejó en la ciudadanía una enorme duda acerca de la legitimidad de Salinas, por lo que éste se apresuró a limpiar el desmán y lograr legitimarse a partir de tres acciones gubernamentales de gran impacto popular, a saber: la “aparatosa” aprehensión del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia La Quina, poco después el lanzamiento del Programa Nacional de Solidaridad y la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.


El primer acto demostraría el poder de someter a los poderosos, mientras que el segundo y tercero la otra cara del régimen, el de la “nobleza” para proyectar en todas direcciones nacionales y transnacionales la protección de los derechos de los mexicanos en tanto que seres humanos y dar apoyo, con el PRONASOL, a los menos favorecidos. Desafortunadamente, la fórmula dio resultado y a la vuelta del tiempo, Salinas sería visto como un presidente fuerte, modernizador, civilizado y generoso. La legitimación se había logrado.

Pero, más reveses le esperaban a Salinas que acabarían por desbaratar su imagen, no sólo de presidente legítimo, sino de persona honesta y responsable: los asesinatos de Ruiz Massieu y del candidato del PRI para la sucesión presidencial (Donaldo Colosio), el surgimiento del EZLN hacia el final de su mandato en contra del proyecto neoliberal y personal de Salinas y, una vez terminada su gestión, la aprehensión de su hermano por enriquecimiento ilícito volverían a destapar la cloaca de los Salinas y del sistema impositor e impostor del PRI que sólo aguantaría un sexenio más.

Dicho sea de paso, creo que, como varios politólogos lo manejan, sólo se trataría de un cambio de camisetas para engañar una vez más a la ciudadanía mexicana y pasar, según entiendo, a un plano de control del poder supra-partidista en coordinación con las oligarquías y algunos políticos clave y situarse en la clandestinidad desde donde se controlan más cómoda e impunemente las tendencias políticas y económicas del país. Una vez más, Salinas lograría imponerse a todos los poderes y estructuras y, por supuesto, burlar magistralmente a toda una nación.

El Estado neoliberal

En resumen, las características que destacan del modelo neoliberal adoptado por el Estado mexicano son: a) En gran medida fue impuesto por el exterior y en especial por el Fondo Monetario Internacional. b) Es un neoliberalismo autoritario porque lo aplica el Estado sin consultar a los principales grupos económicos del país. c) Es centralizado porque el gobierno no toma en cuenta las necesidades y características económicas de las diversas regiones y estados del país. d) Favorece en primer instancia a los grandes capitales externos y en segundo lugar a los grandes inversionistas nacionales, especialmente del área financiera. e) Es un neoliberalismo incompleto porque no deja en libertad todas las fuerzas del mercado, el Estado ejerce controles y limitaciones en los aspectos que considera conveniente. f) El gobierno se convierte en juez y parte y decide qué bienes y servicios están sujetos a control y cuáles se liberan. g) Se basa en una apertura comercial indiscriminada, dejando sin ninguna protección a muchas actividades productivas y comerciales internas. h)


Depende en exceso del capital externo y en especial de la inversión extranjera, a la que tiene que darle muchas facilidades. i) Favorece una privatización y reprivatización de prácticamente todas las actividades económicas que realiza el Estado, sin tomar en cuenta las características de las empresas a privatizar, ni de los grupos adquirientes. j) Ha polarizado a la sociedad mexicana porque el ingreso se ha concentrado en muy pocas manos en tanto que la mayoría no cuenta con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades. k) Se basa en la corriente neomonetarista, la cual afirma que al resolver los problemas monetarios del país se ayuda a resolver todos los problemas económicos. l) Es injusto porque favorece a los grupos e individuos económicamente más poderosos en perjuicio de los millones de personas que se encuentran desprotegidos y que no tienen capacidad adquisitiva suficiente para intervenir ni en el mercado ni en decisiones económicas importantes. m) A través del neoliberalismo el Estado pretende impulsar la modernización del país sin tomar en cuenta las consecuencias negativas.

Liberalismo social y apertura económica

La apertura comercial y económica se concibe como un mecanismo a través del cual se rompen las barreras proteccionistas en nuestro país que obstaculizan el libre comercio y que permitían el mantenimiento de una planta improductiva e ineficiente, la cual, libre de toda competencia con el exterior, había creado una fuerte posición monopólica, lo que impactaba sobre el nivel de precios y una oferta inadecuada. Se supone, entonces, que la entrada de mercancías del exterior, de mejor calidad y a un precio más bajo, crearía las condiciones necesarias para producir la modernización y reconversión de las industrias nacionales que, al verse en desventaja respecto a la competencia, tomarían las medidas necesarias para no perder sus mercados. Al mismo tiempo, esto contribuiría a corregir las deficiencias de la oferta y a impedir que los empresarios siguieran trasladando a los consumidores los costos de su ineficiencia; esto es, que los precios bajarían. Por último, dentro de la estrategia global, se consideró incrementar las tasas de interés por encima del crecimiento inflacionario, con el fin de obedecer rendimientos reales y atractivos a los ahorradores, con el cual, a la vez que se fomentaba el ahorro interno, se contraería la demanda al disminuir la liquidez en la economía. Al mismo tiempo, las tasas activas de interés también se incrementaban, con el fin de restringir el crédito al consumo y la inversión, contribuyendo así la contracción de la demanda.

Conflictos sociales


Sin duda alguna, el gran protagonista de la disidencia social de este periodo es el EZLN. A principios de la década de los ochenta militantes de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) decidirían la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así, el 17 de noviembre de 1983, un grupo de personas entre los que se encontraban indígenas y mestizos, declaran formalmente constituida la formación de un ejército regular que el 1° de enero de 1994 saldría a la luz pública bajo la declaración de guerra al gobierno mexicano. Su inspiración política es el marxismo y el socialismo científico, y su estructura militar es la guerrilla. Su objetivo es a «subvertir el orden para hacer la revolución socialista y crear una sociedad más justa» (indigenismo).

A la sublevación zapatista se le debe también -entre otras consecuencias- una modificación de nuestra perspectiva histórica. Nos colocó en una situación privilegiada para ver, como un periodo entero al que corona, un cuarto de siglo de historia mexicana. Podemos ahora recorrerlo con mirada crítica y descubrir en él -quizás- algunos de los principales trazos que en su entrecruzamiento fueron tejiendo la trama y la urdimbre de donde surgieron las razones de la sublevación. Porque esas razones no se encuentran sólo en la voluntad guerrera de los pueblos indios sino fundamentalmente en los acontecimientos de la historia. México y el mundo han pasado los últimos 25 años inmersos en los sacudimientos de una profunda mutación. Y como parte de ésta los gobiernos del PRI decidieron apresurar al país para elevarlo a la modernidad. Precisamente cuando "lo moderno ha llegado a su fin" y desde sus ruinas emerge "la sociedad de la comunicación y del control".

Derechos humanos

Por decreto presidencial, CSG dio luz verde a la creación de la Comisión Nacional de los Derechos creada el 6 de junio de 1990 con el supuesto propósito de promover y vigilar que las instituciones gubernamentales cumplieran con sus obligaciones de defender y respetar los derechos humanos.

Y nada más lejos de cumplir con dicho propósito se lograría durante el salinismo. Asesinatos, desapariciones y represiones severas se vivieron sobre todo hacia finales del mandato de CSG. De hecho, la catástrofe humanitaria de una feroz y cruenta represión del levantamiento zapatista trastocó el corazón de cientos de miles de mexicanos y trascendieron las fronteras nacionales. Razón por la cual, CSG cambió 180º de dirección su política represiva en lo poco que quedaba de su administración.

Y como dijo el académico Héctor Morales, “los d.h. de los mexicanos sufrieron un grave deterioro durante el sexenio de CSG debido a las modificaciones impuestas en el modelo nuevo del Estado mexicano”


Participación de la sociedad civil

Al irse dando más espacios de poder, se logró tener un pluralismo liberalizado y el régimen fue perdiendo el control sobre los espacios políticos, ya que cada vez había mas participación de la sociedad civil tanto en el ámbito político como fuerzas de oposición a la “dictadura de partido”, como también, y sobretodo, en el ámbito civil de las Organizaciones No Gubernamentales, de las cooperativas o de las asociaciones civiles, etc.

Todo ello para poder tener una participación activa y eficaz para lograr una mayor influencia en la toma de decisiones trascendentales en la vida del país, más allá del poder decisional de partidos y sistemas electorales. Lo cual, a su vez, contribuyó a profundizar el sentimiento de ilegitimidad política, ganando así espacios de liberalización, que posteriormente, y curiosamente, darían legitimidad a las siguientes elecciones dada una mayor participación ciudadana más preparada que, por su capacidad de demanda, provocaría una desestabilidad en el gobierno priista y sería la actitud civil necesaria para alcanzar eventualmente la transferencia y transición del poder político hacia la oposición y el fin del régimen de partido.

Conclusiones

La sociabilidad surgida de la revolución mexicana, cuya integración concluye el cardenismo, fue destrozada irremediablemente por la economía y la política ejecutadas por el neoliberalismo.

Periódicamente, por lo regular al final de cada sexenio, brotan coyunturas de emergencia económica. Así han transcurrido 25 años, bajo Echeverría, López Portillo, De la Madrid y Salinas-Zedillo. Ninguno de ellos se ha mostrado capaz ni interesado en promover las grandes reformas económicas y políticas sin las cuales será imposible renovar las bases de la economía y ascender a una nueva fase de desarrollo que beneficie a todos. En su negativa subyace un temor ineludible: no se puede sustituir el régimen existente sin demoler el aparato corporativo, el sistema de partido de Estado y el presidencialismo, lo que equivale a liberar a los trabajadores y a desmontar los mecanismos del fraude electoral, de la imposición y de la impunidad. Pero esas son las bases del autoritarismo que nos oprime y, como lo demuestra hasta la saciedad la experiencia histórica de un cuarto de siglo, no existe el menor atisbo de voluntad política, en los beneficiarios del régimen, de contribuir a su sustitución pactada.

Las acciones de cuatro presidentes (y las de Zedillo que seguirían el mismo curso) condujeron sin falla al agravamiento de la crisis, a la inflación, al incremento de la


deuda externa, a la caída del salario real, a una situación de catástrofe en el campo, a extender la pobreza, a una impresionante concentración de la riqueza social, a una vasta destrucción de recursos productivos (sobre todo de los fundamentales: el saber y la fuerza de trabajo humanos), al desempleo, al predominio del capital especulativo, a mayor dependencia del exterior, a una disminución de la soberanía nacional, al crecimiento de la delincuencia y de la inseguridad pública y a una ingente corrupción. El mismo guión se repite puntualmente: una fuga de capitales que implica el arrasamiento de las reservas determina la devaluación, la contratación de nuevos créditos y por ende un mayor endeudamiento, un programa de emergencia y la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Conclusión: un pequeño grupo -con la presumible participación del presidente en turno y los más altos funcionarios- se apropia de ese modo de una porción de la riqueza producida por todos, a quienes se nos pide sacrificarnos para pagar la nueva deuda y estabilizar la economía. Es un infernal círculo vicioso, al que se le añadió desde 1987, para enfrentar las presiones inflacionarias mediante una administración concertada de los precios, la firma de un pacto entre el gobierno y los supuestos representantes del empresariado, de los obreros y de los campesinos.

Fuentes: ¿Cuál fue la razón de la "Deuda externa y moratoria”?Marichal, Carlos. “Deuda Externa y Política en México, 1946-2000”www.oid-ido.org/IMG/rtf/CarlosMArichalDeudaExtMexico19462000.rtfPolíticas Económicas del Estadohttp://www.cuci.udg.mx/meim/pdfs/deuda-externa%20DE%20MEXICO%20DESDE%20LA%20REVOLUCION.pdfEl papel de la industria en los "Pactos económicos" http://www.monografias.com/trabajos16/deuda-externa-mexico/deuda-externa-mexico2.shtmlRelación del Estado con empresarios, obreros y campesinos Agencia Periodística de Información Alternativahttp://www.apiavirtual.com/2010/09/20/salinato-y-sindicatos-1988-1994/La legitimidad http://www.uaz.edu.mx/vinculo/webrvj/rev18-5.htmEl Estado neoliberal http://matefin1.blogspot.com/Liberalismo social y apertura económica http://www.eumed.net/libros/2008b/383/ANALISIS%20DEL%20PACTO%20DE%20SOLIDARIDAD%20ECONOMICA.htmConflictos electorales http://www.eumed.net/libros/2008b/383/ANALISIS%20DEL%20PACTO%20DE%20SOLIDARIDAD%20ECONOMICA.htmConflictos sociales


Rubén Jiménez Ricárdez. “Las Razones de la sublevación”http://membres.multimania.fr/revistachiapas/No3/ch3jimenez.htmlDerechos humanos “Balance de los DH en el sexenio de CSG, 1988-1994http://books.google.com.mx/books?id=5arveGczhPIC&pg=PA77&lpg=PA77&dq=derechos+humanos+salinas+de+gortari&source=bl&ots=mP7DzN2bwI&sig=WmUPB9vmyBeforEU5UFyjjzeABI&hl=es&ei=hwP9TLuHM4WksQOT55z3DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=derechos%20humanos%20salinas%20de%20gortari&f=falseParticipación de la sociedad civilhttp://www.fiiapp.org/uploads/descargas/participacion_1.pdf

La Modernización de México Luis Artagnan

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